JUAN PRO

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA

UNA HISTORIA DEL SIGLO XIX

Índice

PRÓLOGO, de Ramón Parada Vázquez

INTRODUCCIÓN

Sobre el Estado

Tiempo, sujetos, actores

Estado y nación

Acerca de esta obra

1. LA MONARQUÍA DE ESPAÑA

La Monarquía como proceso

La Monarquía jurisdiccional

El papel de las Indias

Del gobierno en el Reino de España

2. LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

Revolución y guerra

La invasión francesa y la reconstrucción de la Monarquía

Los liberales españoles y sus proyectos de Estado

La tercera vía: reformar la Monarquía

El fin de la Monarquía

3. EL ESTADO COMO REVOLUCIÓN CULTURAL

Nuevas doctrinas, nuevos lenguajes

El papel de los juristas

El Estado y la palabra

4. EL ESTADO COMO CONQUISTA: TERRITORIO, EJÉRCITO Y HACIENDA

La construcción del territorio

La construcción fiscal del Estado

Las consecuencias del sistema fiscal español: política y administración

Las medidas de la revolución triunfante

El Ejército nacional

Un imperio para la nación

5. EL ESTADO ADMINISTRATIVO

Política posrevolucionaria

Constitucionalismo y centralismo

Hacia el Estado administrativo

Derecho administrativo y práctica política

Las fuentes del Estado administrativo

6. LA CONSTRUCCIÓN DE LA BUROCRACIA

Una burocracia en tránsito: entre el Reino y la Nación

La reforma de la Iglesia española

El despliegue de la Administración pública

El funcionariado en acción

7. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL TERRITORIO

La lucha por instaurar la estadística

Censos y estadísticas públicas

La cartografía de Estado

8. EL CENTRO Y LA PERIFERIA, EL CIUDADANO Y LA NACIÓN

Madrid: una capital para el Estado

La Gaceta de Madrid

La nación y el ciudadano

Ciudadano, elector y contribuyente

9. EL ESTADO Y EL MERCADO

La construcción de un sistema económico y social

El mercado nacional

La unificación monetaria

Pesos y medidas

Las cuentas en orden

10. HACIA EL CIERRE DEL PROCESO

El Gobierno y los pueblos: un modelo de Estado no escrito

Logros y límites del Estado español

La prueba de la acción exterior

La crisis de finales del siglo XIX y los desafíos del XX

EPÍLOGO

A vueltas con la teoría

Los estados se construyen

BIBLIOGRAFÍA

CRÉDITOS

PRÓLOGO

La Fundación Alfonso Martín Escudero viene desarrollando una actividad de apoyo a la elaboración y publicación de libros sobre aspectos históricos, culturales y económicos relacionados con las instituciones del Reino de España. De ello son ejemplo, entre otras obras, las de Gabriel Tortella, Alejandro Nieto, Francisco Sosa Wagner, Enrique Orduña, Roberto Blanco Valdés, así como otros de ensayo político como el de Ignacio Astarloa o Juan Linz1. A esta colección se une este trabajo del profesor Juan Pro sobre la construcción del Estado español, que le invité a escribir, sorprendido y admirado por su excelente biografía de Bravo Murillo, uno de los políticos que más decisivamente coadyuvaron a la construcción del Estado liberal a imagen y semejanza del centralizado Estado francés.

Como administrativista, más atento a la creación, evolución y fracaso de las instituciones y técnicas de organización de los organismos públicos que a las luchas políticas que, básicamente, ocupan a los historiadores académicos, no gastaré el tiempo en elogios sobre el autor de este libro, que no los necesita, dada su ya muy sólida posición en la historiografía española, ni en subrayar los muchos aciertos de esta nueva aportación. Más bien aprovecharé para hacer algunas consideraciones —pensando más en los juristas que en los historiadores académicos, a los que estos temas aburren más que interesan— sobre algunos aspectos sobresalientes del proceso de construcción del Estado español y las consecuencias que ahora estamos viviendo y sufriendo como consecuencia del cambio de modelo a un Estado caóticamente descentralizado, como diremos, instaurado por la Constitución de 1978.

Los rasgos esenciales de nuestro modelo de Estado a finales del siglo XIX, como pone de manifiesto esta obra, eran ya los siguientes: un poder ejecutivo centralizado con claro dominio del Estado sobre municipios y provincias; predominio del poder ejecutivo sobre el poder judicial, desprovisto de competencias para juzgar a la Administración pública y a los servidores públicos; la gestión de los servicios públicos por burocracias seleccionadas en función del mérito y capacidad, servicios antes en manos de empleados «de quita y pon» por la clase política; y, en fin, la nacionalización de la Iglesia y su conversión en un servicio público estatal tras el Concordato de 1851, que, a diferencia de Francia, nos convirtió en un Estado confesional.

Como si fuera un edificio, los estados modernos se cimientan en un documento constitucional que describe las líneas maestras de su construcción. A este propósito el autor disiente de los que atribuyen este merito únicamente a la tan ensalzada Constitución de 1812, al señalar muy acertadamente que

la España actual, que conmemoró con alegría las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 con motivo de su bicentenario, se ve como heredera de aquellos acontecimientos, cuyo patriotismo está fuera de duda, ignorando que el Estado posterior, el que realmente se construyó en España, respondía a un modelo claramente distinto del que se esbozó en Cádiz. Respondía a un modelo posrevolucionario cuyo precedente inmediato era el proyecto afrancesado de 1808. La distorsión es consecuencia del nacionalismo historiográfico, comprensible, pero infundado. Hay que decir con toda claridad que el Estado español contemporáneo es tan heredero del modelo afrancesado de 1808 como lo pueda ser del modelo gaditano de 1812, si no más.

Y es que

el prejuicio nacionalista no puede ocultar los muchos aspectos apreciables que tenía aquel texto. No solo implantaba una primera monarquía constitucional ligada al cambio de dinastía, sino que con ello abría la posibilidad de un Estado de derecho, se asentaban una serie de libertades esenciales (especialmente la libertad de prensa), se creaban unas Cortes electivas, se afirmaba la igualdad ante la ley, se uniformizaba el territorio nacional y se ponían las bases para unificar el mercado nacional, la moneda, los impuestos, los códigos legales. Por encima de todo, la Constitución de Bayona reflejaba un sentido de Estado muy claro, llamado a hacerse realidad con el desarrollo de una Administración centralizada y capaz de actuar eficazmente en todo el territorio; algo que acabaría marcando el camino por el que se construiría efectivamente el Estado español años después, pero que en aquel momento no se pudo llevar a cabo por la situación de guerra y por el hecho de que la misma fuera finalmente desfavorable para la dinastía Bonaparte.

Una diferencia notable entre una y otra constitución es, sin embargo, la forma de entender la división de poderes, que no es unívoca como algunos simples suponen, sino diversa, con diferencias sustanciales, como históricamente está acreditado. Así, en la Constitución de Bayona están explícitas tanto la configuración del poder judicial como poder para juzgar a los particulares como su impotencia para enjuiciar los pleitos en que era parte la Administración o encausar a los servidores públicos. Pieza clave a estos efectos era el modelo previsto en aquella de Consejo de Estado, con competencias para dirimir los conflictos entre la Administración y los particulares y para otorgar autorización previa para iniciar procesos contra aquellos. Un entendimiento de la separación de poderes con dominio del poder ejecutivo que impuso sin contemplaciones la Ley de la Asamblea Constituyente francesa de 16-24 de agosto de 1790, la cual entendió las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo como prohibición absoluta a los jueces de interferir y conocer de los actos y las actuaciones administrativas: les fonctions judicaires sont et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne póurront, á peine de fourfaiture, troubler de quelque maniere que se soit operations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisson de leur fonctions. El Código Penal de 1791 da al principio nada menos que la garantía penal, al tipificar como delito la inmisión de los jueces en la acción administrativa. El sistema pasó a la Constitución de 1791 (Tít. III, Cap. Y, Art. 3.º) y de aquí a las constituciones posteriores, recibiendo su cuño definitivo en la napoleónica del año VIII. La radical descalificación de los jueces que este sólido principio constitucional refleja trae causa, como es conocido, del abusivo comportamiento de los famosos Parlamentos Judiciales del Ancien Régime.

Frente a la liberación, al modo francés, del poder ejecutivo con respecto al poder judicial, manifiesta en la Constitución de Bayona (Artículo 58.–«Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y judiciales, de la parte contenciosa, de la administración y de la citación a juicio de los agentes o empleados de la administración pública»), la Constitución de Cádiz deja sin resolver esta fundamental cuestión de las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo y la forma de solucionar los conflictos. El Consejo de Estado gaditano nada tiene que ver con el modelo de Consejo de Estado francés presente en Bayona, de modo que habrá que esperar a la Constitución de los moderados de 1845 y a la posterior Ley de creación del Consejo Real, después Consejo de Estado, para la recuperación de un modelo a la francesa —como el ya presente en Bayona— que libere a la Administración y sus servidores de los jueces y tribunales. Como dice el autor: «Este tipo de Justicia, privada de independencia y sometida a la Administración, procedía también de Francia y era uno de los componentes básicos de su específico modelo de Estado. Era la herencia de la obra revolucionaria de 1790, pasada por el tamiz de las reformas napoleónicas cuando empezó a instalarse en España en los años treinta y cuarenta del siglo XIX.» Y, en consecuencia, añadimos, habrá que esperar a la Ley franquista de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 y a la Constitución de 1978 para que el poder judicial recupere su plena jurisdicción para enjuiciar sin condicionantes la actividad de la Administración y encausar a los servidores públicos. Para valorar el cambio producido baste contemplar el espectáculo de la actual lucha contra la corrupción pública, en la que lo realmente sorprendente y novedoso no es tanto la grave corrupción que padecemos como la forma en que sus presuntos responsables son investigados (y, en algunos casos condenados) por jueces y fiscales, asistidos por una vanguardia de excelentes funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dependientes orgánicamente del propio poder ejecutivo investigado.

La creación de unas burocracias públicas, un funcionariado permanente, inamovible, seleccionado de acuerdo al principio de mérito y capacidad que reconocía ya la declaración de derechos y libertades francesa (art. 17), ha sido un elemento esencial para la creación de los estados modernos. De una burocracia publica permanente ni siquiera se libraron los británicos que, con Stuart Mill a la cabeza, crearon uno de los modelos burocráticos más ambiciosos y eficientes en 1865, el Civil Service. Algo que no se contempló en nuestras dos primeras constituciones. Sin embargo, mientras el Gobierno de Jose I ya asumió el modelo funcionarial con el Real Decreto de 1 de julio de 1809 sobre los retiros y reformas para los empleados públicos, por el contrario, sabemos, como ha advertido Arroyo Yanes, que el libre nombramiento y remoción de los empleados públicos fue la opción preferida para los gaditanos, salvo para los jueces y magistrados (art. 252). La estabilidad de los empleos no se postula del conjunto de empleados civiles, ya que, al aparecer vinculados a la función ejecutiva o de gobierno, ocupan puestos de confianza y por ello removibles. Esa es la opinión de Argüelles:

Los magistrados por sí son responsables del bien o autoridad, según prescriben las leyes, no así los demás empleados. Estos pueden ser removidos por el Gobierno según lo crea conveniente; mas aquellos no pueden serlo sino con causa justificada y de ahí la notable diferencia que resulta entre unos y otros destinos.

Y en otra oportunidad afirma:

Hay empleos que deben ser de provisión, si se quiere arbitraria, del gobierno. La responsabilidad, Señor, que ha cargado V. M. en el poder ejecutivo, ¿no es un motivo suficiente también para que se provea a su gusto a fin de saber por quién responder? Es un trabajo muy grande responder del desempeño de quien no se conoce ni casi se puede remover. Pues he aquí cómo un ministro debe tener algo de arbitrariedad, porque no siendo el empleado apto para desempeñar el encargo que se le ha confiado, debe quedarle al Ministro el arbitrio para removerle.

Pérez de Castro, diputado liberal moderado, sintetiza esta visión al precisar:

Del carácter de la Monarquía es que el Monarca provea los empleos y cargos públicos, porque la potestad ejecutiva lleva consigo esta atribución, debiendo competir al que administra el Estado nombrar los que han de ayudarle y servir bajo sus órdenes, a la manera que un amo elige y nombra a sus dependientes, y deja de tenerlos a sus órdenes cuando ya no merecen su confianza.

Por su parte, el conde de Toreno se oponía a la estabilidad negando que el empleo sea una propiedad:

Es un hecho que los empleados no tienen en sus destinos una propiedad; es una gracia que el Gobierno les concede, la cual puede quitársela cuando le parezca, o siempre que no cumplan con su obligación.

Los primeros administrativistas, pese a su afrancesamiento, igualmente defendieron la movilidad, el libre nombramiento y la libre revocación de los empleos. Oliván consideraba que los empleados son nombrados y separados por los ministros como consecuencia de la responsabilidad que deriva del ejercicio de sus funciones; aunque al Estado le interese que los empleados permanezcan mucho tiempo en sus destinos y carrera, la pretensión de que no pueden ser despedidos, sino en virtud de sentencia judicial, resultaría un error palpable, ya que no hay tribunal que pueda apreciar convenientemente las faltas administrativas de estos. Reconoce, sin embargo, Oliván que la movilidad desalienta a los funcionarios para adquirir los conocimientos profesionales necesarios. Javier de Burgos defiende, asimismo, la movilidad que permita a los ministros «separar, trasladar o destituir» a todos los que por los más varios motivos «no considere aptos para el servicio»; y, en fin, Posada Herrera dirá que «todos los empleados ejercen atribuciones de confianza y lealtad, y no podrán estar seguros los Ministros de la confianza y lealtad de sus subordinados si no se les permite la facultad de separarlos con entera libertad».

Habrá que esperar a la Constitución de 1837 para ver constitucionalmente reconocido el principio del mérito y capacidad para acceder a empleos públicos (art. 5) y a Bravo Murillo y su estatuto de los funcionarios de 1852 para la creación de los cuerpos generales de funcionarios y la puesta en pie de cuerpos especiales, uno por cada servicio público, que dotarían al Estado español de una sólida estructura burocrática antes instalada en el más puro spoil system. Y, en fin, habrá también que esperar a la Constitución de 1869 para asentar la primera piedra en la construcción de un poder judicial asentado en una carrera funcionarial meritocrática, también a imitación de la francesa. «El ingreso en la carrera judicial será por oposición», dirá el artículo 94, y sobre esa base la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial de Montero Ríos de 1870 iniciará la creación de la carrera judicial como un cuerpo de funcionarios con categorías diversas (jueces de entrada, ascenso y término, magistrados con iguales categorías y, finalmente, magistrados del Tribunal Supremo) en donde los ascensos responderían al modelo de escala cerrada, es decir, por rigurosa antigüedad, lo cual evitó la lamentable politización de la judicatura que, justamente, comienza de nuevo con la Ley Orgánica del Poder judicial de 1985.

No menos decisiva en la construcción de los estados modernos ha sido la creación de un Ejército y una Marina profesionales, nacionales y no mercenarios. Algo que comenzó ya en el siglo XVIII con la Academia de Guardias Marinas (1717) y el Real Colegio de Artillería de Segovia (1764); a los que seguirían en el siglo XIX las academias militares para las demás armas y cuerpos, a las que se accedería en función del mérito sin el requisito de la antigua exigencia de nobleza. Un proceso cuyo desarrollo obstaculizó, en la primera mitad del siglo XIX, la desestabilizadora institución militar-populista de la Milicia Nacional, copia gaditana de la instaurada por la Revolución Francesa y que se abandona en Década Moderada. A la profesionalización de la oficialidad hay que sumar la instauración del servicio militar obligatorio, de lo que da buena cuenta el libro de Juan Pro. Servicio militar que, no obstante su infamante discriminación en favor de los hijos de la burguesía, permitiendo la exoneración por pago de una cuota de sustitución, sirvió de forma decisiva para la creación de un espíritu nacional.

La masa burocrática al servicio del Estado liberal aumentó notablemente con la nacionalización de la iglesia tras el Concordato de 1851, que con la inclusión en la nómina del «culto y clero» convirtió, de hecho, en funcionarios del Estado a obispos y clérigos y a la Iglesia misma en un servicio público estatal; una jugada maestra que fortaleció al Estado liberal y que desactivaría de forma notable la amenaza carlista, pero que lastraría muy gravemente la neutralidad ideológica del propio Estado hasta la Segunda República, con la consecuencia, muy decisiva, de que tendría enfrente a la Iglesia en la Guerra Civil de 1936 junto con una parte del Ejército y de la Armada.

De los servicios públicos y las políticas que sirvieron esas burocracias civiles, eclesiásticas y militares da buena cuenta el libro de Juan Pro. Si algo echo en falta es una atención mayor a la puesta en pie, a imagen y semejanza del Francia, de la enseñanza media y universitaria que se cimentaron en el Plan Pidal de 1845 y en la Ley Moyano de 1857, un sistema educativo de excelentes institutos y universidades públicas que llegaría a nuestros días.

A resaltar la magistral descripción de la decisiva influencia que en la creación del Estado español liberal como un Estado administrativo protagonizaron la Ciencia de la Administración y el Derecho administrativo francés y su proyección sobre la obra de los administrativistas españoles y los políticos liberales moderados cuyos contenidos asumen como dogmas científicos.

Es manifiesto, en todo caso, que la viga maestra en la construcción del Estado español fue un riguroso centralismo, importado enteramente de Francia e indiscutido ya desde la Restauración gracias en buena parte al escandaloso y cruento fracaso del federalismo de la Primera República. Ciertamente, en la Constitución de Cádiz el centralismo a la francesa, siguiendo en esto a Bayona, es ya evidente con el reconocimiento de los municipios y provincias y su rigurosa subordinación al Estado. Una centralización articulada con la pieza fundamental del prefecto, que hereda la Constitución de Cádiz con la denominación de jefe político y después gobernador civil. Un centralismo que definitivamente apuntaló la Ley de Ayuntamientos de 1840 y toda la posterior legislación local. Y es que, como advierte el autor,

«el centralismo no era, en modo alguno, una idea reaccionaria, sino todo lo contrario. Lo que hizo el liberalismo en todos los países fue llevar la centralización hasta sus últimas consecuencias, como instrumento destinado a hacer realidad el principio de igualdad».

Más aún,

aunque en España muchos entendieran el federalismo como un mecanismo descentralizador, no lo es en sí mismo: en su origen, en la creación de los Estados Unidos, el federalismo fue un recurso centralizador para dar el salto de la laxa Confederación inicial de 13 Estados a una verdadera nación en 1787; y el mismo efecto centralizador del federalismo se ha reproducido en otras situaciones históricas, como en la unificación alemana de 1871.

El centralismo es ciertamente una fuerza centrípeta, concentradora del poder, mientras la descentralización lo es centrífuga que, llegado un punto, deshace, desvertebra, descoyunta la organización misma a la que se aplica, sea pública o privada. Parece ya una evidencia que la Devolution Act de 1998, con la creación de parlamentos en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ha puesto a Escocia en riesgo de salida de Gran Bretaña. Asimismo resulta evidente que la pretenciosa descentralización de la Constitución de 1978 ha servido para que la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco sembraran las bases culturales, políticas e institucionales necesarias para desafiar abiertamente al Estado con sus actuales y belicosas pretensiones soberanistas.

Por el contrario, recordemos que, gracias al centralismo, las organizaciones políticas europeas salieron, primero, de la Edad Media y crearon las monarquías nacionales; una evolución que sigue imparable a través de los procesos constitucionales del siglo XIX que dan lugar a Estados nacionales plenamente centralizados. Tal es el caso de Inglaterra, después Reino Unido, a partir de la Act of Union en 1707, y asimismo de Francia, de Bélgica, España e Italia. Recordemos también que, como señala Juan Pro, a través de un proceso centralizador federal, a partir del siglo XIX, Alemania se dota de un Estado nacional, de la misma forma que en el siglo XVIII, los Estados Unidos construyeron su república federal.

El cambio de paradigma, de exaltación de la descentralización y satanización del centralismo, se origina a raíz de la Segunda Guerra Mundial cuando, plenamente centralizados todos los estados europeos, arranca un proceso corrector. Un proceso que inaugura la Constitución italiana de 1946, que instaura las regiones autónomas. Después Francia, con los proyectos de descentralización política del general de Gaulle, cuyo fracaso le costó la Presidencia de la República, que modestamente continuarán las leyes descentralizadoras, bajo la presidencia de Mitterrand, en 1982. Una modesta descentralización que, sin abandonar el modelo centralista de Estado, crea 27 regiones (reducidas a 13 en 2015) sin poder legislativo, como simples colectividades territoriales (es decir igual que los municipios y departamentos) bajo la autoridad del prefecto de la región. Caso singular es el de Portugal que rechazó por referéndum, el 9 de mayo de 2007, una descentralización política a la española con comunidades autónomas. El no fue rotundo con un 63,51 por ciento.

Con el cambio de paradigma de la centralización a la descentralización, dominante desde la Segunda Guerra Mundial, guardan relación los excesos y perversiones de algunos Estados centralizados, cuyas administraciones cayeron en manos de partidos con ideologías totalitarias. Tal es el caso italiano con el fascismo y el franquismo en España. Al hundimiento del prestigio de la centralización colaboró en mayor medida el abuso en los países comunistas del denominado centralismo democrático. Un modelo de centralismo exaltado por Karl Marx, a raíz de la Comuna de París, en su obra La guerra civil en Francia (1871), y convertido por Lenin, en ¿Qué hacer? (1902) en la regla de oro de la organización de los partidos comunistas. Y, en fin, no olvidemos tampoco la equiparación malintencionada entre centralismo y jacobinismo, para hacer pasar la centralización como un «régimen de terror», el que implantaron en la Revolución Francesa los miembros del Club de los Jacobinos, al cual pertenecieron sanguinarios personajes como Danton y Robespierre, a los que después emularían los países comunistas.

Retornando al libro de Juan Pro, digamos que no va más allá, ni era su propósito, de mostrar el devenir del Estado liberal tras la Restauración y el proceso de su debilitamiento. Este comenzó, a mi entender, por la conjunción de la depresión nacional del 98, originada a raíz de nuestros desastres de las guerras coloniales que pusieron fin a nuestro otrora flamante imperio, con el floreciente optimismo de la burguesía catalana que alimentarían las políticas descentralizadoras de Antonio Maura, abriendo la primera brecha en el riguroso centralismo con la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914. Un precedente que condicionó la Constitución de 1931, la cual altera el modelo de forma sustancial, al convertir a las provincias en sujetos activos de una descentralización a la carta realmente esperpéntica: ¿acaso no lo fue dejar en manos de aquellas la configuración de la regiones autónomas mediante una unión voluntaria entre las que fueran limítrofes? (art. 1); ¿y qué decir del derecho de las provincias de separarse en cualquier momento de las regiones ya constituidas para acogerse de nuevo al seno del Estado centralizado que la Constitución supone que en todo caso habría forzosamente de subsistir como centro asistencial de acogida de las provincias disidentes de las regiones? Sí, parece increíble, pero ahí está el artículo 22: «Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central».

En todo caso ese estrafalario modelo de Estado descentralizado fracasó el 6 de octubre de 1934, cuando la única región autónoma a la sazón constituida, Cataluña, se rebeló contra la Republica y llevó al presidente Companys y a sus consejeros a prisión, condenados a treinta años de reclusión por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por un delito de rebelión militar. Una rebelión militar coincidente con la protagonizada en Asturias por el Partido Socialista, que reprimiría la Republica de la mano del general Franco que, el 18 de julio de 1936, encabezaría una nueva la rebelión militar en Marruecos.

Pero ni el fracaso del Estado integral con regiones autónomas ni el ya lejano pero trágico fracaso federal de la primera República de 1873 desanimaron a los voluntariosos constituyentes de 1978, que impusieron, aprovechando la inexcusable implantación de la democracia, que era lo único realmente sustancial, un modelo de Estado caóticamente descentralizado: comunidades autónomas con fueros (disposición adicional primera y disposición derogatoria 2) y comunidades autónomas sin fueros pero de distinta intensidad por razones lingüísticas. Un modelo que se impuso sin contemplaciones a golpe de Reales Decretos-Ley que establecieron preautonomías solo amparadas en las Leyes Fundamentales franquistas. De esta manera, el modelo de Estado descentralizado estaba ya prejuzgado y sembradas las autonomías regionales antes de la redacción y aprobación de la Constitución de 1978 que, además, lo perfiló a lo grande y definitivamente.

A resaltar que el mapa autonómico, lo que es insólito en una Constitución pretendidamente federal como la de 1978, y al igual que en la Constitución de 1931, no recoja el mapa federal, es decir, el nombre número y límites de los estados asociados, o comunidades autónomas. En todo caso, el mapa autonómico o federal que resultó de un confuso proceso es muy difícil de justificar: comunidades autónomas con ocho provincias —Andalucía—, cuatro uniprovinciales, encajes forzados de provincias como Segovia y León en Castilla y León; y Navarra, en el limbo, acosada entre el País Vasco y su propia identidad (Disposición transitoria 4.ª, de la Constitución Española). Más aún, tras la aprobación de la Constitución de 1978, la aprobación de algunos Estatutos se hizo sin el menor respeto a la voluntad popular. Sirva de ejemplo lo ocurrido con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, en realidad, rechazado mayoritariamente por el pueblo gallego, según las más elementales normas que rigen en democracia para la aprobación por referéndum de este tipo de normas cuasi constitucionales. Dicho Estatuto se dio por aprobado no obstante el 72 por ciento de abstención, que en Lugo y en Orense pasó del 80 por ciento, y ello a pesar de una desvergonzada propaganda institucional en favor de la aprobación del Estatuto gallego. Para el Gobierno, la aprobación solo requería la simple mayoría, de forma que hubiera sido suficiente el voto afirmativo de un solo gallego, el uno a cero, como en los partidos de fútbol, para la aprobación del Estatuto.

Los resultados negativos de esta experiencia están a la vista: el exacerbado activismo normativo de los diecisiete parlamentos autonómicos ha provocado una legislación que ha pasado de ser única para todos los españoles, como impuso la Constitución de Cádiz y como disfrutan todavía en la vecina Francia, a ser enmarañada y caótica. Una consecuencia de haber permitido que las competencias del Estado enumeradas en el artículo 149 pudieran ser compartidas con las comunidades autónomas si así se consignaba en los respectivos estatutos. Carencia también de una regla clara de prevalencia indiscutida de la norma estatal sobre las leyes autonómicas, presente en los estados federales. Este panorama legislativo desolador ha sido magistralmente descrito por Muñoz Machado:

La Constitución de 1978 hizo lo nunca visto. [...] lo que tiene de singular nuestra Constitución es que no define qué es una competencia exclusiva, ni excluye que en las materias-de competencia exclusiva del Estado también puedan tener atribuciones las Comunidades Autónomas si sus estatutos así lo deciden. Y así se puede concluir que «no sólo no existe orden alguno en el sistema normativo, [...] que por cada ley estatal hay otra autonómica con el mismo contenido [...] que la existencia de una ley estatal no sólo no marca un territorio indisponible a las leyes autonómicas, sino que éstas parasitan y devoran los mandatos del texto estatal, camuflándolo y, en su caso, insertándolo y trufándolo, veteándolo con otros contenidos sin que tal manipulación produzca consecuencias, ni alarmas de ninguna clase sobre la corrupción en que está inmerso el reparto legislativo de competencias2.

La inseguridad normativa extrema en la que estamos insertos origina un efecto perverso en nuestra economía, si se considera la perplejidad, y consiguiente retraimiento, que ocasiona a los eventuales inversores nacionales y extranjeros.

El panorama que Muñoz Machado describe sobre la ejecución de las leyes estatales —ejecución en todo caso precedida de la confusión originada por la referida invasión y pirateo y suplantación de la norma estatal por otras autonómicas— es también desolador:

Los constituyentes no dotaron al Estado de órganos propios para la ejecución de sus leyes e ingenuamente fiaron su ejecución a las propias Comunidades Autónomas sin prever, como ocurre en las constituciones de los países federales, efectivos y directos poderes de supervisión y control. Al final, el impotente Gobierno del Estado sólo dispone de ineficientes, por lentos e inseguros, recursos ante el Tribunal Constitucional y ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y cada vez son más las solemnes y publicitadas rebeldías de las Comunidades Autónomas al cumplimiento de las leyes estatales que les conciernen y no les satisfacen.

La elefantiasis burocrática que padecemos es asimismo un producto de la descentralización de la Constitución de 1978: además de los 17 parlamentos, por esa misma cifra se multiplicaron los consejos consultivos autonómicos, los tribunales de defensa de la competencia, los defensores del pueblo, las televisiones y radios públicas, escuelas de formación de funcionarios y policías, etc.; y no fue menor sino mayor pérdida el abandono del idioma común, el español, como lengua oficial, pérdida grotescamente visualizada en la ridícula traducción simultánea establecida en el Senado para que algunos senadores se desahoguen en vasco, gallego o catalán.

Al margen de la pérdida de la igualdad legislativa, única garantía eficaz de la unidad de mercado y de la igualdad básica entre los españoles, vigente, repito, desde la Constitución de Cádiz hasta 1978, la marea de la desigualdad se ha extendido a otros ámbitos por obra y gracia de la descentralización política. Los españoles son, ante todo, fiscalmente desiguales. Una desigualdad consecuencia, en primer lugar, de la originada por el reconocimiento en la propia Constitución de los fueros vascos y navarros. Consecuencia asimismo de los poderes fiscales reconocidos a las comunidades autónomas en forma de recargos sobre impuestos estatales, caso del impuesto sobre la renta, o de impuestos propios, como la imposición sobre el patrimonio y las herencias, inexistente en algunas comunidades y muy gravosa en otras. La desigualdad también se ha impuesto en la aplicación del principio de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, resultado de las barreras idiomáticas en función de las cuales los españoles de comunidades autónomas con idiomas autóctonos pueden acceder al empleo público de estas comunidades o de cualesquiera otras, mientras que los demás ciudadanos tienen de hecho impedido el acceso a las primeras. También se han introducido escandalosas desigualdades en la retribución de los funcionarios públicos, originándose agravios comparativos que fuerzan a subidas de salarios imposibles de satisfacer y a la desmotivación y huelgas en el sector púbico. Y, en fin, la desigualdad se hace cada vez más visible e insoportable en el disfrute de los servicios públicos como la sanidad o la educación, donde los contenidos y la calidad del servicio son notoriamente desiguales en función de la comunidad autónoma que lo presta.

A estas alturas parece obvio que, también por obra y gracia del Estado de las autonomías, la idea de pertenencia a una misma comunidad política, España, que realmente nació con la Constitución de 1812 y por vez primera nos hizo libres e iguales en el modelo de Estado liberal, está en ruinas. En otras palabras: si la Constitución de 1978 devolvió a los españoles la libertad es obvio reconocer que también les privó de la igualdad que disfrutaban y ha puesto en riesgo cierto la pervivencia misma del Estado descentralizado que diseñó y con ello la unidad de España que en él todavía se sustenta. Una consecuencia previsible de unas políticas culturales y educativas, con la complicidad del silencio estatal, empeñadas durante décadas en su deconstrucción u ocultamiento en favor del patriotismo regional, cuando no al servicio directo de la siembra del odio a todo lo español, hoy patente en el golpe de Estado a que ha conducido el Procés catalán, como antes pretendió por cruentos caminos el terrorismo vasco. Algo previsible, ya en 1978, si se tiene en cuenta que el diseño del Estado de las autonomías se hizo sobre la base de complacer a los partidos separatistas que protagonizaron la Transición con la entrada triunfal en Barcelona, el 29 de septiembre de 1977, de Tarradellas, el líder en el exilio de Esquerra Republicana de Cataluña. La descentralización extrema fue una prioridad constitucional que, además, contó con la traicionera colaboración de uno de los «padres de la Constitución» más decisivos: Miguel Herrero de Miñón, que consiguió imponer un modelo de descentralización caro a los nacionalistas y contrario a la ideología y proyecto de su propio partido, la UCD, en cuyo nombre estaba obligado a actuar: «Voté —confiesa en sus Memorias de Estío— con nacionalistas y comunistas frente a Fraga y mis dos colegas Cisneros y Pérez-Llorca. Con ello se daba un empate de votos que impedía la adopción de la nueva propuesta centrista3. Herrero se sintió —dice, pedante y cínicamente— «marginado pero triunfador», y nada mejor para festejar la felonía que cenar con Arzallus, el líder del separatismo vasco, en el Nuevo Club: «huevos escalfados con salmón, pularda a la pimienta verde y arroz pelaw, sorbete de fresas y café»4. Todo ello lo fraguó previamente ese padre constitucional en cenas con el propio Arzallus en la Taberna del Alabardero5. ¡Así se inscribe la Historia!; así, entre hechos consumados, traiciones, improvisaciones y el telón de fondo del terrorismo vasco, se diseñó el Estado de las autonomías. Con esos condicionantes es lógico que los padres de la criatura alumbraran un modelo, incomprensible, irracional, caótico e ineficiente si se compara con los modelos de estados federales vigentes.

Y para concluir: si la Historia sirve para algo, si realmente su utilidad radica en que es el único laboratorio de que disponen las ciencias sociales y, especialmente, la ciencia política, y no únicamente un entretenimiento para los historiadores y sus lectores con relatos del pasado, esta magistral obra de Juan Pro servirá para explicar, a cabalidad, cómo en épocas turbulentas se engendró el moderno Estado español; y también para entender por qué está a punto de descomponerse, y adónde es preciso apuntar para enderezarlo si todavía estamos a tiempo.

Madrid, diciembre de 2018
Ramón Parada Vázquez

1 Gabriel Tortella y otros: Cataluña en España: historia y mito (Madrid: Gadir, 2016), Alejandro Nieto: La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República: el 6 de octubre de 1934 en Barcelona (Madrid: Marcial Pons Historia, 2014), Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Mayor: El Estado fragmentado: modelo austro-húngaro y brote de naciones en España (Madrid: Trotta, 2006), Enrique Orduña Rebollo: Historia del Estado español (Madrid: Marcial Pons Historia, 2015), Roberto L. Blanco Valdés: El laberinto territorial español (Madrid: Alianza Editorial, 2014), Ignacio Astarloa: El Parlamento moderno. Importancia, descrédito y cambio (Madrid: Iustel, 2017); José Ramón Montero, Richard Gunther y Juan José Linz (eds.): Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos (Madrid: Trotta, 2007).

2 Santiago Muñoz Machado: Crisis y reconstrucción de la estructura territorial del Estado (Madrid: Iustel, 2013).

3 Miguel Herrero de Miñón: Memorias de Estío (Madrid: Temas de Hoy, 1993), 158.

4 Ibídem.

5 Ibídem, p. 164.

INTRODUCCIÓN

El Estado es una realidad de nuestro tiempo. Es incluso una realidad naturalizada, asumida de forma colectiva como inevitable. Y también una realidad invasiva, desbordante: que se hace presente en casi todas las facetas de la vida. Dos siglos de convivencia con el Estado, o mas bien en el Estado, nos han acostumbrado a su presencia; y hacen difícil imaginar un mundo alternativo, en el que la vida se organizara de otra manera, sin Estado.

Una perspectiva histórica un poco más amplia evidencia que esto no ha sido siempre así. El Estado es una configuración histórica relativamente reciente, que tiene un periodo de vigencia concreto. Por eso mismo, puede investigarse su origen y puede compararse con lo que existía antes. Ese sería el primer paso para mostrar que no hablamos de un objeto natural, sino construido.

Comprender la historicidad del Estado es un primer paso, además, para aproximarse a la paradoja de que hoy en día se encuentre en situación crítica. Una profunda crisis afecta al Estado español, desde luego; pero también al concepto de Estado-nación en un sentido más global.

Sobre el Estado

Este libro se ocupa de la cuestión del Estado: la construcción del Estado en España, desde una perspectiva histórica. Dos aclaraciones se imponen desde el principio con respecto al Estado como objeto de análisis: la primera, relativa al alcance del concepto de Estado que aquí se utiliza; pues se trata del Estado propiamente dicho, el Estado-nación contemporáneo, lo cual implica considerar que todas las formas de organización del poder político anteriores al siglo XIX no eran propiamente estados, aunque se pueda —y se deba— hacer alusión a ellas como antecedentes. La segunda aclaración es que Estado y nación son dos conceptos diferentes, aunque sin duda estrechamente relacionados; y es del Estado, no de la nación, de lo que habla este libro.

Mientras que el concepto de nación remite a una identidad compartida, a una comunidad imaginada, el concepto de Estado remite a un entramado institucional desarrollado para el ejercicio del poder. Pertenecen a esferas diferentes, cosa que en ocasiones se olvida; precisamente porque desde finales del siglo XVIII o principios del XIX se estableció un vínculo muy estrecho entre las instituciones que ejercen el poder y la comunidad imaginaria en cuyo nombre se ejerce ese poder. Estado y nación aparecieron así vinculados por la cuestión de la legitimidad; y gradualmente, el Estado nacional que había surgido en Europa occidental y en América fue desbancando a otras formas de Estado, como los imperios multinacionales, las monarquías autocráticas o las ciudades-estado, que pervivieron en continuo retroceso, como residuos del pasado, hasta que se extinguieron en el siglo XX. El Estado nacional se fue imponiendo, pues, como fórmula más eficaz de organización política, hasta extenderse por todo el mundo con los procesos de descolonización. Así llegó a tener sentido una denominación como la de Naciones Unidas para una organización en la que, como es bien sabido, están representados los estados soberanos y no las comunidades humanas del planeta.

Este último asunto reviste mayor importancia de la que pudiera parecer a primera vista. Por un lado, la consideración de este proceso de afirmación del Estado nacional desde una perspectiva de largo plazo implica que el caso de España se sitúa entre los países pioneros en esta fórmula: geográficamente inserta en el bloque de países de Europa occidental en donde se afirmó antes y de forma más continuada el Estado-nación, puede decirse que el de España es uno de los estados más antiguos y más estables. A lo largo del libro se analizará cómo y por qué.

En definitiva, Estado es uno de esos conceptos intrínsecamente discutibles, cuya enunciación implicará siempre, por sí sola, la alusión a un debate. A pesar de estos peligros, la cuestión del Estado debe ser abordada. Es un esfuerzo que, sin duda, merece la pena. En definitiva, el Estado no es un objeto cualquiera, sino un concepto que engloba un entramado de objetos capaces de estructurar la realidad de un país. Remitimos al lector al epílogo del libro para las cuestiones teóricas, a fin de no recargar esta introducción con una discusión que no es imprescindible para seguir el relato histórico de los capítulos que siguen.

Este libro parte de la idea de que el Estado es la forma específicamente contemporánea —es decir, propia de los siglos XIX, XX y XXI— de estructurar políticamente una sociedad. Las implicaciones de la construcción del Estado son tan amplias que no solo dan forma a la política institucionalizada, sino al conjunto de las relaciones de poder que recorren el espacio social; y, por lo mismo, extienden su impronta a las relaciones sociales, el sistema económico, la cultura y la configuración del territorio. Dicho de otra manera: la construcción del Estado ha sido el hilo conductor de la historia contemporánea pues de ese proceso se extrae una lógica que permite explicar muchos otros procesos históricos del mismo periodo. Con la conciencia de la centralidad que, por tanto, tiene la cuestión estatal, pero también con la seguridad de que no es el único punto de vista posible, y que hay otras perspectivas legítimas que han aportado y aportarán conocimiento relevante, este libro plantea la construcción del Estado como un paradigma alternativo para la historia contemporánea de España.

El centro de ese paradigma interpretativo que se propone es, pues, el concepto de Estado. Un concepto polémico, multidimensional y escurridizo, que se resiste a una definición consensuada. Para desbrozarlo, nos serviremos de las observaciones de dos autores de referencia, cuya obra se sitúa en los comienzos y en los finales del proceso histórico al que vamos a prestar atención: Kant, en el momento revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XIX; y Weber, en el momento en que puede darse por completada la construcción histórica de estados nacionales como el español, a finales del siglo XIX y en los primeros decenios del XX. Dos perspectivas sin duda complementarias para entender qué es el Estado, todavía hoy.

Probablemente, la definición más conocida y que goza de un mayor grado de reconocimiento, sea la que dio Max Weber: según él, el Estado sería «aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima».1 Sin embargo, de la definición clásica de Weber se escapan matices importantes para comprender la lógica de lo estatal. Estos matices tienen que ver con los riesgos de una excesiva objetivación o personificación del Estado. Objetivación, en el sentido de mirarlo como un objeto, una cosa de perfiles nítidos. Personificación, en el sentido de convertir al Estado en un actor de la historia. Estas tendencias asoman en los discursos que convierten al Estado en sujeto de frases que conllevan acción («el Estado hizo tal cosa» o «el Estado impidió tal otra»); y abren la puerta a una verdadera subjetivación del Estado, cuando se le supone —por lo general de manera no reflexiva— capaz de albergar sentimientos, deseos, temores…, en definitiva, cuando se identifica del todo con un ser humano (en frases como «el Estado quería que ocurriera esto» o «el Estado estaba decidido a impedir aquello otro»).

Esta atribución al Estado de perfiles materiales o incluso personales es una manifestación del pensamiento mítico, que en los tiempos modernos adoptó nuevas formas en respuesta a nuevas realidades y desafíos. Si en tiempos primitivos los mitos sirvieron para mitigar la angustia de la incertidumbre frente a las grandes fuerzas de la naturaleza que los seres humanos no podían controlar, y así nacieron las primeras religiones, en tiempos históricos más cercanos a nosotros la creación de mitos ha servido para conjurar mentalmente el temor frente a las nuevas fuerzas desatadas por la modernidad, igualmente amenazantes e incontrolables. La forma de construir las frases con las que nos referimos al Estado es solo un síntoma, revelador de un mecanismo de pensamiento que tiende a responsabilizar del curso de la vida social a oscuros espíritus como «el Estado», «el capitalismo» o «la burguesía». Así, según cuáles sean los temores que han atenazado a los contemporáneos en cada momento, se ha podido decir que «el Estado ha tratado de imponer la uniformidad lingüística», que «el Estado debe corregir las desigualdades», que «el Estado debe controlar la inmigración», etc.

Precisamente ahí radica la necesidad de limitar el concepto de Estado al Estado-nación contemporáneo, distinguiéndolo de cuantos precedentes y formas alternativas de organizar la comunidad política se dieron en tiempos anteriores. En esto puede ayudar la perspectiva de un autor singular como Immanuel Kant: por haber vivido en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX, a caballo entre el Antiguo Régimen y los nuevos tiempos que trajo la Revolución francesa, Kant tenía la perspectiva del cambio y reparó sobre algunas de sus claves. Decía en 1795 que «el Estado no es un patrimonio (…). El Estado es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer»; y aclaraba en una nota, por si el sentido de su afirmación no hubiese quedado claro: «Un reino hereditario no es un Estado».2 La distinción queda aquí formulada de manera explícita: los reinos del Antiguo Régimen —al igual que esos reinos compuestos a los que llamamos Monarquías— no eran Estados, por su carácter patrimonial; el Estado aparece en la Historia cuando se supera aquel sentido patrimonial del poder y se atribuye la soberanía a la comunidad misma en cuyo nombre se ejerce el poder.

Lingüísticamente, la diferencia se refleja en los usos comunes del término estado en los reinos de la Edad Media y de la Edad Moderna. El Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española daba en 1732 estas dos acepciones de estado, junto a otras siete derivadas del verbo estar:

País y dominio de un Rey, República, o Señor de vasallos.

Espécie, calidad, grado y orden de cada cosa: y por esso en las Repúblicas se distinguen, conocen y hai diversos estados, unos seculares y otros Eclesiásticos, y destos los unos Clérigos y los otros Religiosos, y de los Seculares proprios de la República, unos Nobles y Caballeros, otros Ciudadanos, unos Oficiales, otros Labradores, etc. y cada uno en su estado y modo de vivir tiene orden, reglas y leyes para su régimen.3

Es decir, que, por un lado, los estados eran las posesiones sobre las que ejercía su dominio un señor cualquiera, fuera este rey o no lo fuera. También las casas nobiliarias hablaban de sus estados; y, en ese sentido, el estado de un monarca no se diferenciaba sustancialmente del patrimonio de una gran casa aristocrática que tenía propiedades y señoríos sobre los que desplegaba su poder. Por otro lado, estado se usaba también en el sentido de estamento, es decir, para referirse a los distintos órdenes que existían en el reino y que se regulaban por distintas leyes aun habitando el mismo territorio: había estados o estamentos privilegiados —el estado nobiliario y el estado eclesiástico— y un tercer estado o estado llano, en el que quedaban agrupados cuantos carecían de privilegios. Tanto en un sentido como en otro, la palabra estado era un sustantivo común que se escribía en minúscula y que requería su uso en plural; a diferencia del moderno concepto de Estado, que tiene carácter estrictamente singular y exclusivo en un territorio, y que por lo mismo tiende a escribirse con mayúscula como nombre propio: el Estado (en cada país no hay más que uno, no puede haberlo).

Importa, pues, subrayar la diferencia entre los reinos y monarquías del Antiguo Régimen y el Estado de la Edad Contemporánea. Desde luego que el concepto se formó con materiales lingüísticos procedentes del pasado, aunque se los dotara de una nueva significación. En efecto, en los usos antiguos del término estado —reflejados en el Diccionario de Autoridades de la Academia— se encuentran dos elementos fundamentales para la construcción del concepto moderno: por un lado, la delimitación territorial del poder, presente en la primera acepción; por otro, la unidad del ordenamiento legal al que está sometida una colectividad, que aparece en la segunda acepción. La Revolución francesa, como la española, en lo que tuvieron de revolución lingüística, añadieron el requisito de la singularidad y reunieron en una las dos acepciones: Estado pasó a significar la entidad abstracta en cuyo nombre se ejerce el poder en un país soberano, definido este por un territorio estrictamente delimitado en el que no se reconoce otro poder superior ni inferior, y por la comunidad de ciudadanos que habitan en él, gobernados por las mismas leyes, representados en los mismos órganos de gobierno y dotados de los mismos derechos.

Por eso diría tempranamente Kant que el verdadero Estado, y el único acorde con el derecho de los hombres, es el que él llama republicano: aquel cuya constitución se establece en función de la igualdad de los ciudadanos, la unidad de las leyes y la libertad de los hombres; y eso significa una división de poderes y una amplia representación de los ciudadanos, de modo que no pueda caerse en el despotismo.4 Este es el verdadero Estado, el que surge cuando se supera la existencia de privilegios, la superposición de leyes diferentes en un mismo territorio; y que, al mismo tiempo, se aleja del sentido patrimonial de los reinos antiguos, de la personificación del poder en el monarca, del carácter privado del servicio personal al rey —sea en el ejército, en la marina, en los tribunales o en la recaudación de impuestos.

Los usos lingüísticos pueden, de nuevo, venir en nuestra ayuda para saber de qué hablamos cuando hablamos del Estado: si se puede hablar del Estado como sujeto de acciones, como si fuera un individuo con voluntad propia, es porque su constitución atribuye el poder a una o pocas personas, como en las monarquías absolutas del Antiguo Régimen, que no eran verdaderos estados; en cambio, si hay división de poderes, estos son tan diversos —y se equilibran entre sí de tal manera— que no es posible atribuir al Estado voluntad o sentimientos ni, por lo tanto, hacerle sujeto de frases activas. En cierto sentido, cuando se habla del Estado como si fuera ese sujeto que hace y deshace, que teme y desea, que traza planes y prevé situaciones —como ha sido corriente en el lenguaje político de los nacionalismos vasco y catalán en los últimos tiempos—, es para descalificar a tal Estado, en este caso el Estado español, reduciéndolo a la simpleza de un sujeto individual y equiparándolo en arbitrariedad con despotismos como los que caracterizan a las dictaduras, las autocracias o las monarquías absolutas. Un uso lingüístico comprensible en función de las intenciones políticas de los movimientos nacionalistas que lo han impuesto, pero inaceptable como manipulación de lo que verdaderamente significa un Estado en nuestros días.

Evidentemente, el Estado no es una persona, ni se le pueden atribuir la voluntad ni la conciencia que caracterizan a los seres humanos. Esta es una de las pocas cosas en las que estarían de acuerdo todos los especialistas en la materia. Tampoco es un grupo de personas (y ahí está la objeción que se podría hacer a la definición clásica de Max Weber, por usar el término «comunidad»).5 Resulta incluso difícil concebirlo como una cosa, siguiendo la inercia de los padres de las ciencias sociales, decididos a tratar las relaciones sociales como cosas a las que se pudiera dar un tratamiento objetivo similar al que practican las ciencias físicas y naturales.6

El Estado no tiene existencia material, aunque metafóricamente le podamos atribuir rasgos que implican esa entidad, como el peso, la densidad, el crecimiento, e incluso el ser objeto de construcción. Pero no es una cosa material, sino algo mucho más complejo. Porque es a la vez un entramado normativo e institucional y una construcción discursiva. No hay ningún otro objeto que tenga esas dos dimensiones, de manera que no es posible incluir al Estado en categoría alguna más amplia de fenómenos que lo englobe. El Estado puede ser visto más bien como un espacio, el espacio de lo público.

Tiempo, sujetos, actores

Según la visión adoptada en este libro, el Estado no es nunca un objeto totalmente acabado, sino que, como espacio o campo de fuerzas, se caracteriza por el dinamismo propio de algo que está en permanente transformación. De ahí que la perspectiva histórica resulte especialmente adecuada para dar cuenta de este campo de fenómenos de los que no puede abstraerse la dimensión temporal. No es fácil acotar un marco cronológico preciso para el que sea oportuno hablar de un proceso de construcción del Estado, ni en el caso de España ni en ningún otro. Siempre hay un antes y un después, porque los procesos de cambio que afectan a la estructuración de lo estatal son continuos. No obstante, sí pueden señalarse fases diferentes en esos procesos aparentemente continuos; y, en consecuencia, señalar hitos que permiten reconocer cuándo empiezan y cuándo terminan los procesos más específicos en los que puede segmentarse esta historia.

Hay que señalar, al menos, un comienzo y un final para este proceso de construcción del Estado en España, que da título al libro. Por razones que se explicarán en el capítulo 1, el comienzo se situará con el proceso revolucionario que puso en marcha la construcción de un Estado nacional entre 1808 y 1840. Ese momento histórico hace de parteaguas entre la Monarquía de España, que aún respondía en gran medida a lógicas dinásticas y jurisdiccionales características del Antiguo Régimen, y el Estado propiamente dicho, que empezaría a construirse sobre las ruinas de dicha Monarquía a partir de la Revolución. Señalar un final para este proceso de construcción del Estado resulta más difícil: la mayor parte de los componentes que definieron el nuevo Estado quedaron institucionalizados a lo largo del siglo XIX, con una fase especialmente intensa durante el reinado de Isabel II (1833-1868), verdadero núcleo duro de la construcción estatal; pero el proceso continuó, con la introducción de las últimas piezas importantes, durante el Sexenio revolucionario (1868-1874); y aún siguieron añadiéndose retoques y piezas menores bajo el régimen de la Restauración borbónica (1874-1923), la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) e incluso en la Segunda República (1931-1939), con una cadencia decreciente a medida que avanzaba el siglo XX. La construcción del Estado propiamente dicha es un fenómeno del siglo XIX, aunque en esto las denominaciones cronológicas son arbitrarias y no coinciden exactamente con el tiempo histórico: el largo siglo XIX español no comienza en 1801 ni termina en 1900, sino que, comenzando tal vez en 1808, se extiende al menos hasta la crisis de la Restauración, entre 1917 y 1931 (como el XIX europeo se admite que comienza con la Revolución francesa de 1789 y se prolonga al menos hasta la Gran Guerra de 1914-1918, en la que España no participó).7

La afirmación de que la construcción del Estado puede concebirse como un proceso histórico acotado en el tiempo —que podría ir de 1808 a 1874, 1898 o 1923— no es incompatible con la de que siempre que hablamos del Estado hablamos de una realidad histórica y, por tanto, en continua transformación. Lo que ocurre es que esa transformación tiene, durante un periodo determinado, un sentido predominante de construcción de algo nuevo (por mantener la metáfora del edificio a la que remite toda esta nomenclatura); y termina dando paso a otro periodo en el cual ya predominaba la confrontación sobre la reforma del Estado. En efecto, a partir de la tercera década del siglo XX, nadie dudaba que en España existía ya un Estado plenamente implantado: los debates y los conflictos dejaron de girar en torno a qué tipo de Estado construir para la nación, y pasaron a centrarse en cómo corregir determinadas características de ese Estado para responder a las nuevas demandas sociales. La crisis de la Restauración fue escenario de una confrontación en cuanto a si reformar el Estado en un sentido democrático o no, si descentralizarlo o no, si hacerlo laico o no, si reconocer las identidades regionales o no, si dotarlo de una política social abandonando la neutralidad en las relaciones entre patronos y obreros… Demandas de reforma cuya discusión marcó no solo la crisis del régimen de la Restauración, sino también el ciclo posterior de conflictos que pasa por la dictadura, la República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Pero eran siempre propuestas de reforma sobre un edificio estatal ya construido, cuyos rasgos estructurales se daban por establecidos desde hacía tiempo. No se hablaba ya de construcción del Estado.

El propio término construcción plantea algunos problemas que conviene evitar. La metáfora del arquitecto que diseña un edificio sobre plano y dirige su materialización con ayuda de obreros que siguen sus instrucciones es, obviamente, una distorsión de la realidad cuando se aplica a un proceso tan complejo como la construcción del Estado. En este proceso intervinieron muchos actores con diferentes grados de influencia en el resultado, a veces incluso de forma simultánea. Si siguiéramos con la metáfora, tendríamos que decir que hubo muchos arquitectos, varios planos del edificio incompatibles entre sí, y que hubo aparejadores, capataces y obreros que trabajaron con su propia idea de lo que había que construir. Esta reducción al absurdo nos muestra que el concepto de construcción tiene límites para describir la realidad, como toda metáfora.

La construcción del Estado no fue un proceso unidireccional, de arriba abajo. Aunque hubo unas elites dirigentes, a cuyos líderes y portavoces se puede identificar —hasta cierto punto— como los constructores del Estado, el fenómeno es colectivo, social y cultural. El proceso de construcción del Estado solo puede entenderse como resultado de la interacción entre esas elites de poder y una sociedad civil que también estaba en construcción; la negociación era continua; y los actores subalternos dispusieron siempre de un cierto grado de agencia.8 Esto no significa minusvalorar los componentes de dominación que hubo en la construcción del Estado: el Estado es un espacio de poder, en el que desempeñan funciones cruciales tanto la represión —recordemos el «monopolio de la violencia física legítima» de Weber— como la imposición hegemónica de una cultura y una visión del mundo.9

Estado y nación

La simbiosis entre Estado y nación ha sido tan íntima que ha llevado con frecuencia a confundir ambos conceptos. No puede extrañar que los constructores del Estado, en el siglo XIX, llamaran nacional a todo aquello que perteneciera o correspondiera al Estado. Y así, hablaran, por ejemplo, de bienes nacionales (para referirse a los que eran propiedad del Estado), ejército nacional, Hacienda nacional, etcétera. En su origen, estas denominaciones ponían el acento en distinguir lo nacional —ejército, Hacienda, patrimonio…— de lo real. Es decir, en separar las instituciones estatales de su vinculación personal al titular de la Corona, para hacer patente la distancia entre el nuevo Estado y la antigua Monarquía. Más adelante, la denominación de nacional fue adquiriendo otros matices: superada la necesidad de emancipar al Estado del servicio personal al monarca, de lo que se trataba entonces, al emplear el término nacional, era de señalar la generalidad de aquellas instituciones que abarcaban todo el territorio del Estado, frente a aquellas otras de ámbito menor (municipal, provincial o, andando el tiempo, regional).

Pero si bien esta tendencia a usar nacional como sinónimo de estatal tuvo su sentido durante el proceso de construcción del Estado contemporáneo, es más discutible la tendencia a confundir ambas realidades en nuestros días. En España hay un debate público tan intenso sobre la cuestión nacional, sobre la legitimidad de la nación española y de las identidades nacionales alternativas que se le enfrentan desde varias regiones, que cualquier análisis histórico sobre la construcción nacional nace determinado por los usos políticos que se puedan hacer de sus conclusiones en la actualidad. Es más, cualquier intento de abordar la cuestión del Estado —que hay que recordar que es algo distinto de la nación— corre el riesgo de ser leído en términos de lo que pone o lo que quita a cada una de las posturas en conflicto en torno a la cuestión nacional. De manera que, inevitablemente, cuando se dice Estado habrá quien lea nación y extraiga de ese equívoco sus propias conclusiones (normalmente preconcebidas).

La distinción entre estos dos órdenes de fenómenos, los que se relacionan con la construcción del Estado y los que se relacionan con la identidad nacional, resulta higiénica: ayuda a perfilar con mayor claridad la entidad de los fenómenos analizados, los encadenamientos causales que los explican, las alternativas históricas que existieron en un determinado horizonte de expectativas. Lo cual no significa que pertenezcan, de forma natural, a esferas separadas; por el contrario, existe una relación estrecha entre lo nacional y lo estatal, que conviene precisar y deslindar. De entrada, hay que subrayar que esa relación existe en la medida en que también la nación es construida, no natural: no existen en la historia identidades esenciales ajenas al paso del tiempo y a la voluntad de los actores que las definen, las reelaboran, se las apropian o las rechazan. No hay, por tanto, una nación natural y un Estado artificial.

Tampoco es cierto del todo que la nación pertenezca al ámbito evanescente de la cultura y las mentalidades, mientras que el Estado pertenece al ámbito tangible de lo institucional, jurídico y material. La dimensión cultural de la construcción del Estado es una de las claves para comprender este proceso histórico. El Estado, en última instancia, es una abstracción que se imprime en las mentes de los seres humanos; y esto ocurre como resultado de un proceso de aculturación en el que se asumen determinados conceptos, lenguajes y argumentos que solo tienen sentido en función de un entramado cultural más amplio, que explica el mundo de una determinada manera.

Dicho esto, que Estado y nación no son lo mismo, pero que están estrechamente relacionados, queda más claro de qué se trata en este libro (y de qué no). La historia de la identidad nacional española y de los modos en que esta ha sido cultivada desde el Estado, en paralelo al proceso mismo de su construcción, ha sido objeto de investigaciones históricas de gran calado desde que comenzara el siglo XXI. Durante muchos años había sido un tema postergado por los historiadores: por un lado, se estudiaban los nacionalismos periféricos (catalán y vasco sobre todo, otros en menor medida) con una intención poco disimulada de dotarlos de antigüedad y legitimidad histórica; por otro lado, se suponía que no existía un nacionalismo español, bien por no aportar a la identidad nacional española la misma fuente de legitimidad histórica, o bien por considerar que tal identidad era más natural o esencial, más auténtica en definitiva: como si fuera producto espontáneo de la historia compartida y no de especiales esfuerzos por construirla «desde arriba».

Desde finales del siglo XX, la investigación sobre la idea de España y sobre los modos en que se fue definiendo en el XIX desvelaron todo un mundo de acciones conscientes, decisiones políticas, ingenierías culturales: resultó que la identidad nacional española también era un fenómeno histórico y podía ser objeto de investigación histórica con resultados enormemente interesantes.10 La identidad nacional de los españoles ha sido tan construida como cualquier otra. Y en ese proceso el siglo XIX fue un periodo decisivo. No es casualidad: la definición, fortalecimiento y difusión de esa identidad resultaba crucial para el éxito de la construcción del Estado; y el Estado mismo, a medida que se fue consolidando, aportó los instrumentos más potentes para redefinir y afirmar una identidad compartida en todo el territorio nacional. Las limitaciones del proceso son hoy tan conocidas como sus logros, pues tanto unas como otros fueron notables.

Sin embargo, la construcción del Estado ha sido objeto de menos atención por parte de los historiadores. Tal vez por efecto del giro culturalista que experimentó la historiografía desde los últimos decenios del siglo XX, la nación ha interesado más que el Estado a autores, editores y lectores. Desde luego, podrían mencionarse autores que no han dejado de prestar atención a los temas relacionados con el Estado: la mayor parte de ellos serán citados en las páginas de este libro, a medida que la argumentación del mismo vaya pasando por los temas concretos que ellos han trabajado, y se apoye en sus aportaciones. Están entre ellos los clásicos de la historia política; y también los profesionales de toda un área de conocimiento institucionalizada, la historia del Derecho. Pero son mucho más escasos los intentos de contemplar en su conjunto el proceso de construcción del Estado español, y no desde la perspectiva formal de un proceso jurídico, ni como subproducto de la atención a las luchas políticas. En ese terreno específicamente histórico es donde se sitúa este libro, intentando explicar la construcción del Estado como un proceso global, con dimensiones políticas, jurídicas, económicas, sociales, espaciales y culturales.

Acerca de esta obra

Como se puede apreciar, la tarea se presenta complicada. No solo se aborda un objeto de estudio —el Estado— sobre el cual no existe una definición aceptada por todos; en cierta manera, algo que nadie sabe muy bien qué es. Sino que, además, se trata de un objeto en continua transformación, sobre el cual intervienen múltiples actores. Y se sitúa ese proceso en un marco temporal de difícil precisión, y en un ámbito temático pluridimensional, pues se trata a la vez de un fenómeno político, jurídico, social y cultural, con importantes connotaciones económicas e internacionales. La óptica elegida para abordar este estudio parte de la convicción de que ni el Estado ni la sociedad civil estaban construidos de antemano ni eran la variable independiente del proceso, sino que ambos se fueron configurando y condicionando mutuamente. Esa óptica exige cambiar y combinar las escalas de observación, que no pueden limitarse al marco nacional «macro», sino que implica prestar también atención a otras escalas —regional, local, individual, grupal…— y combinar las fuentes institucionales, la documentación del Estado mismo, con fuentes no convencionales que pongan de manifiesto la voz de los actores. Por último, las herramientas conceptuales útiles para este análisis proceden de varias disciplinas académicas: no solo de la Historia, sino del Derecho y las ciencias sociales y políticas; y a ellas hay que incorporar las categorías nativas, es decir, los conceptos con los que se manejaban los sujetos que intervenían en el proceso en aquel tiempo. Definitivamente, la tarea no es sencilla. Y no podrá completarse en un solo libro. Se trata aquí, por tanto, tan solo de esbozar las grandes líneas de un proceso infinitamente más rico y complejo, lleno de matices, poniendo el foco sobre un programa que sobrepasa las posibilidades de un solo investigador.

El contenido de este libro recoge mis investigaciones de más de dos décadas en torno a la construcción del Estado y a diversos aspectos concretos de ese proceso histórico. Varios de sus capítulos son deudores de trabajos anteriores más especializados en los que contemplaba el fenómeno general desde una u otra perspectiva concreta. Esos trabajos aparecen identificados en cada lugar mediante notas a pie de página. Otras partes del texto, así como el conjunto de la argumentación que sostengo en el libro, han sido objeto de cursos de doctorado y de máster a lo largo de estos años. Del diálogo con los estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid aprendí muchas cosas y a ellos debo gran parte de las preguntas que el libro intenta responder. Las deudas intelectuales y personales contraídas a lo largo de estos años serían innumerables. Pero al menos quiero agradecer el ambiente de trabajo y de estimulante intercambio académico creado en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Para la maduración de mis ideas han sido siempre de gran ayuda las discusiones mantenidas en el Seminario de Historia Social y Cultural Contemporánea de dicha universidad, así como el diálogo con los historiadores de la Hacienda pública contemporánea ligados a Arca Comunis; y en los últimos años, con los integrantes de la Red de historia de las culturas políticas en España y América Latina y del proyecto State-Building in Latin America del European Research Council.

Han sido innumerables las conversaciones académicas y los intercambios inspiradores. La maduración de mis ideas en torno al tema del Estado arranca de los años de trabajo con don Miguel Artola; y se cierra, más recientemente, en contacto con Juan Carlos Garavaglia. Entre ambos periodos, tengo que mencionar como interlocutores estimulantes a Manuel Pérez Ledesma, Francisco Comín, Juan Luis Pan-Montojo, Javier Donézar, Carmen García, Carmen de la Guardia, Juan Ignacio Marcuello, Jesús Izquierdo, Pablo Sánchez León, Florencia Peyrou, Hugo García, Juan Luis Simal, Darina Martykánová, Carlos Ferrera, José Babiano, Juan Zafra, Rafael Vallejo, Miguel Ángel Cabrera, Manuel Suárez Cortina, Mari Cruz Romeo, Carlos Forcadell, Ángeles Barrio, María Antonia Peña, Elisa Caselli, Mario Etchechury, Pilar López Bejarano, Elvira López Taverne, Pablo Rodríguez Solano, Juan Carlos Sarazúa, Evangelina de los Ríos, Claudia Contente, Raúl Fradkin y Jorge Gelman; todos ellos deben figurar obligadamente entre los agradecimientos por la generosidad de sus aportaciones, que superan con creces las señaladas en las notas del libro. Igualmente inspiradoras han sido siempre, desde mi estancia en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, las ideas de mis amigos Tamar Herzog, Jean-Frédéric Schaub y Zacarías Moutoukias. El apoyo y la ayuda de María Sierra van mucho más allá de lo académico, aunque también en este terreno hemos tenido un fructífero intercambio de ideas a lo largo de los años. No obstante, yo soy el único responsable de cuanto en este libro se dice y de sus posibles errores. Por último, agradezco a don Ramón Parada y a la Fundación Alfonso Martín Escudero su generoso apoyo y la paciente comprensión que han mostrado hasta la terminación del libro.

1 Max Weber, «La política como vocación (1918)», en El político y el científico (Madrid: Alianza Editorial, 1967), 81-179, la cita en p. 83.

2 Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: Alianza Editorial, 2016), 73-74.

3 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana: en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua (Madrid: Imp. de la Real Academia Española por la Viuda de Francisco del Hierro, 1732).

4 Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: Alianza Editorial, 2016), pp. 83-84, 87 y 111.

5 En ese sentido, es interesante la expresión de Guillermo O’Donnell, sin duda uno de los autores más lúcidos en el abordaje de la cuestión del Estado. Él se refiere a «los que hablan en nombre del Estado» para resaltar esa falta de entidad como sujeto o como objeto. Guillermo O’Donnell, Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa (Buenos Aires: Prometeo, 2010).

6 Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico (Madrid: Akal, 1997), 45-69.

7 La cronología elegida para este «largo siglo XIX» es la que resulta de las obras de Hobsbawm, de la Revolución a la Primera Guerra Mundial. Tal enfoque está presente en su trilogía sobre el XIX: Eric J. Hobsbawm, La era de la revolución, 1789-1848; La era del capital, 1848-1875; La era del imperio, 1875-1914 (Barcelona: Crítica, 2012). La idea —aunque no el término— estaba ya presente en el libro de 1944 de Karl Polanyi, La gran transformación (Madrid: La Piqueta, 1989).

8 Un ejemplo de interacción entre grupos dirigentes y mayorías sociales en la construcción del Estado puede verse en el libro de Gilbert Michael Joseph y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham-Londres: Duke University Press, 1994).

9 Se hace referencia aquí al concepto de hegemonía que acuñó a partir de 1926 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo: sobre la política y sobre el estado moderno (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003) (ed. original de 1949), pp. 135-136 y 161-162.

10 El autor fundamental en este tema ha sido, sin duda, José Álvarez Junco, Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX (Madrid: Taurus, 2001). Desde otro punto de vista, pueden señalarse los trabajos de Andrés de Blas Guerrero, La nación española: historia y presente (Madrid: Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2001); o los recogidos en Antonio Morales, Juan Pablo Fusi y Andrés de Blas (eds.), Historia de la nación y del nacionalismo español (Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores-Fundación Ortega-Marañón, 2013). La investigación ha continuado después, prolongando el cuestionario hacia el siglo XX, profundizando en el estudio de los símbolos nacionales y de la cultura nacional, en obras como las de Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (Barcelona: RBA, 2013); Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (Madrid: Tecnos, 2017); e Ignacio Peiró Martín, En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española (Madrid: Akal, 2017).

CAPÍTULO 1

LA MONARQUÍA DE ESPAÑA

En la mayoría de los escritos históricos sobre el Estado en España, este ha existido desde tiempos remotos: se puede hablar de un Estado carolingio o de unos estados musulmanes en la Edad Media;11 o, al menos, se identifica su nacimiento con el reinado de los Reyes Católicos, utilizando para la Monarquía de los siglos XV al XVIII el concepto de Estado moderno (en el sentido de que se desarrolla en la Edad Moderna). En este libro se sostiene, por el contrario, que el Estado español es un fenómeno originario del siglo XIX, y a ese siglo en concreto nos referimos cuando hablamos de su proceso de construcción.

Max Weber utilizó como «tipos ideales» tanto el concepto genérico de Estado como el de Estado moderno. Este último sería una fase superior, en la cual el Estado adquirió unas instituciones rutinarias, racionalizadas y formalizadas, de gran alcance sobre los ciudadanos; y, en consecuencia, penetró en el territorio mediante la dominación de tipo legal-racional que ejerce la administración. Ambos tipos ideales —Estado y Estado moderno— simplifican, en la teoría sociológica de Weber, un proceso continuo de racionalización de la vida política de los pueblos mediante la burocratización (con lo que se produce una identificación entre racionalización, modernización y burocratización). Esto significa aceptar la existencia de estados en la Edad Media e incluso en la Antigüedad, con un concepto muy amplio y poco exigente del Estado como equivalente de «comunidad política», siguiendo a cierta historiografía alemana sobre el tema.12 Para estos autores, por lo tanto, tiene sentido hablar de Estado moderno y de Estado contemporáneo, para diferenciarlos de otros anteriores.13

Para muchos historiadores actuales, el término Estado moderno sería redundante, pues solo a partir de la Edad Moderna el poder asumió en Europa occidental los rasgos que permiten caracterizarlo como estatal; mientras que en la Edad Media el control del territorio por los príncipes sería discontinuo, frágil y compartido con otras instancias de poder. Tales autores consideran que la historia del Estado en Occidente comienza con las Monarquías absolutistas de los siglos XV-XVI, del tipo de la Monarquía española de los Austrias y, luego, de los Borbones; de manera que habría un Estado del Antiguo Régimen y un Estado liberal contemporáneo, separados por un proceso revolucionario que hizo cambiar la definición del poder; pero ambos serían estados modernos, sin que pueda reconocerse como estatal ningún poder anterior.14

Sin embargo, los argumentos para no aceptar una extensión tan desmesurada del concepto de Estado son poderosos.15 Tanto el vocablo Estado como su significado actual tienen una trayectoria que no permite aplicarlos a cualquier época sin cometer un grave anacronismo. La aplicación del concepto de Estado a la Edad Media choca con rasgos evidentes de aquella época, como la debilidad del poder real, la indeterminación e inestabilidad de las fronteras, la dispersión normativa, la ausencia de una instancia centralizada de poder por encima de los señoríos y de las ciudades, o la falta de independencia del poder político con respecto a la Iglesia. Incluso en los siglos XV a XVIII, cuando se empleaba el término estado era con el sentido de un dominio territorial cualquiera, como los estados de un señor o de una casa nobiliaria, que en modo alguno entrañaban una aspiración de soberanía o de monopolio de la coacción (cuando no era el equivalente de «estamento», al hacer referencia al estado noble o al estado eclesiástico). De hecho, el poder de los príncipes modernos se hallaba aún sujeto —en mayor o menor medida— a todas las restricciones señaladas para la Edad Media.

Solo desde la Revolución liberal hubo verdaderamente Estado. Para empezar, antes de esa época no existía la separación entre Estado y sociedad civil que caracteriza al mundo contemporáneo: el propio proceso de construcción del Estado del que se trata en este libro consistió en acotar ese dominio separado de la lógica de la sociedad civil, en medio de grandes dificultades y resistencias; para periodos anteriores al siglo XIX, lo que encontramos en la organización del poder es una lógica inseparable entre lo social y lo político, constituyendo esto una prolongación de aquello. Únicamente a partir de la Revolución empezó a concebirse un ente abstracto en cuyo nombre se ejerce el poder, ente al cual denominar «Estado». Anteriormente, el poder se ejercía en nombre de una persona, el rey, y a su servicio personal se remitían todos los oficios de la Monarquía. Solo en la nueva época que abrió la Revolución se procedió a la unificación de jurisdicciones que hasta entonces se superponían sobre un mismo territorio: las jurisdicciones de la Corona, de la Iglesia, de los señores. Por último, solo a partir del siglo XIX se encuentra el tipo de control efectivo, denso y continuo del territorio que caracteriza al Estado.

No se trata de una disputa meramente terminológica, ya que la concepción de la Monarquía del Antiguo Régimen como si fuera un Estado tiene implicaciones profundas que alteran nuestra visión de aquella época y del cambio que se dio en el paso a la nuestra. En efecto, hablar de Estado moderno cuando nos referimos a la Monarquía de los siglos XV-XVIII implica suponerle un monopolio de la capacidad normativa que no tenía. Implica también suponer que había un Derecho público —que sería el de la Monarquía—, mientras que el Derecho de los señores tendría carácter privado. Implica el supuesto, además, de que los monarcas de la época y sus servidores encarnaban un interés público, al servicio del bien común, ignorando la lógica patrimonial que guiaba sus acciones: no solo de los reyes, inspirados por un sentido dinástico, sino también de los empleados de la Monarquía, que con frecuencia ocupaban cargos venales, en los que habían invertido unos recursos que deseaban rentabilizar. Por último, la idea de Estado moderno aplicada a la Monarquía hispana implicaría otro grave anacronismo, como es el suponer que existía el individuo como sujeto de la política y que se podía aplicar la idea de derechos individuales a tal sujeto; cuando hasta el siglo XVIII pervivían otras lógicas corporativas en la identificación de los sujetos.

Los historiadores del Derecho han realizado desde finales del siglo XX una lectura densa del discurso de teólogos y juristas —la doctrina del Derecho— que les ha permitido recomponer la alteridad del mundo del Antiguo Régimen: un mundo con culturas, lenguajes y mentalidades diferentes de los actuales, a los que es extraña la idea de Estado que se forjó en Europa con posterioridad (en los siglos XIX y XX). Aquella era una sociedad esencialmente corporativa, donde no estaba definido el individuo como sujeto. El poder no se concebía como creador de novedades, sino como mantenedor de un orden perfecto de origen sagrado; de ahí que la Justicia fuera la manera normal de ejercer el poder. Tener poder equivalía a ejercer jurisdicción: mandar, gobernar, administrar o legislar no era algo distinto de juzgar pleitos. El poder estaba fragmentado, de manera que había jurisdicción y, por lo tanto, ejercicio del poder en todo espacio de naturaleza jurídica. Y el reino era solo una más entre las corporaciones (ciudades, villas, estamentos, gremios…), que aglutinaba a las demás, pero sin disolverlas.

Comprender la alteridad de la Monarquía del Antiguo Régimen es fundamental para disolver el paradigma de la continuidad, en virtud del cual el Estado nacional contemporáneo se nos ha presentado como la culminación de un proceso iniciado con la aparición de las monarquías absolutas en los siglos XV al XVII. Según esa visión, el Estado de la Edad Contemporánea sería un perfeccionamiento del Estado embrionario conocido ya en la Edad Moderna, al que solo se añadiría la separación de poderes, el gobierno representativo, la garantía constitucional de las libertades individuales y una última mejora «tecnológica» en cuanto a la eficacia de los aparatos burocráticos. Se afirma, en esta línea, que la Edad Moderna fue escenario de un desarrollo de los aparatos burocráticos hasta donde permitían los recursos disponibles, los conocimientos de la época y las resistencias retrógradas que opusieron diversos grupos en defensa de sus propios intereses; pero la Monarquía habría tenido, al menos en el siglo XVIII, una clara vocación administrativa. La Monarquía absoluta del XVIII sería ya, pues, un Estado moderno: su autoridad tenía la consistencia del Estado contemporáneo; pero no era el Estado contemporáneo porque se hallaban concentrados en una sola mano los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— que la mentalidad actual ha naturalizado hasta considerar que sean, en esencia, tres categorías universales sustancialmente diferentes. Según esta visión evolucionista del Estado, que considera su historia como un proceso continuo, el Estado de los siglos XIX y XX heredó el poder, los aparatos burocráticos y la capacidad de actuación de la vieja Monarquía; y se limitó a desarrollarlos, perfeccionarlos y añadirles las garantías constitucionales (el Estado de Derecho y la separación de poderes).

Esa perspectiva de continuidad del proceso de modernización ligado a la construcción estatal resulta consoladora. Sostiene una visión de progreso continuo del cual seríamos beneficiarios los ciudadanos de nuestro tiempo. Supone que el desarrollo del Estado contemporáneo no contiene elemento alguno negativo, ni atisbo de despotismo o tiranía sobre los individuos. Toda limitación a la libertad vendría de antes, se había heredado de un Estado moderno que ya controlaba vidas y haciendas. De manera que el advenimiento del Estado-nación en el siglo XIX solo contendría elementos de liberación con respecto a un Estado absolutista anterior; y la afirmación histórica del Estado en los últimos tres siglos quedaría identificada, así, con un proceso continuo de emancipación con el cual sería estúpido no querer colaborar. Pero, además de ser ingenua, esta visión omite los elementos de ruptura que marcaron el proceso revolucionario, aquellos que hacen del Estado de los siglos XIX al XXI algo esencialmente diferente de las Monarquías anteriores. Y omite que en el proceso, a la vez que desaparecieron algunas formas antiguas de dominación, aparecieron otras nuevas.

No es casual que se haya llegado a ese resultado. La tradición historiográfica que ha llevado a ver de esa manera la historia del Estado es la del liberalismo decimonónico: la historiografía española, como el conjunto de las historiografías nacionales europeas, se constituyó en el siglo XIX al servicio del propio proceso de construcción del Estado; para legitimar ese proceso, se profesionalizó y se institucionalizó el oficio de historiador, dando lugar a relatos de historia de España compatibles con los principios y valores del nuevo Estado.16 La investigación y la enseñanza de la historia se formaron en esa matriz liberal, que creó el hábito de ver el pasado a través de categorías mentales específicamente creadas por el liberalismo del XIX para sus fines. La cuestión del Estado no es en esto una excepción, sino un caso paradigmático, dada la centralidad que la construcción misma del Estado tuvo en el proyecto liberal: aún perduran los supuestos básicos con los que los autores liberales de aquella época quisieron que se viera tanto la historia de España en general como la del Estado español en particular.

Sin duda, había algo de cierto en aquella concepción del Estado moderno: su relato da cuenta de la tendencia de la Monarquía de la Edad Moderna a disciplinar a la sociedad de una forma cada vez más intensa, utilizando para ello medios burocráticos de eficacia creciente (al contarlo en forma de proceso, salta a la vista la intensificación de ese disciplinamiento social y de ese desarrollo burocrático en el XVIII, si se compara con los siglos anteriores). Pero, al aceptar de forma acrítica ese relato historiográfico dominante, se están sobredimensionando aquellos aspectos de la Monarquía de los Austrias y de los primeros Borbones que anticipan o coinciden con rasgos característicos del Estado de los siglos XIX y XX, ignorando el peso de aquellos otros componentes que no apuntaban en esta dirección. Y no se está dando la suficiente importancia a las radicales diferencias entre aquella Monarquía y el Estado contemporáneo en cuanto a la concepción del poder político y en cuanto a la actuación de los aparatos de gobierno.17

La Monarquía como proceso

Comprender la Monarquía española como proceso histórico es fundamental para entenderla como sistema.18 La Monarquía española se formó entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, mediante un doble proceso: de agregación de territorios, por un lado, y de acumulación de poder en la Corona, por otro. En ambos casos, la guerra tuvo un papel fundamental para completar el proceso.

Si bien la agregación dinástica de territorios se hizo en gran parte como consecuencia de políticas matrimoniales, detrás de aquella forma premoderna de la diplomacia estaba siempre la fuerza de cada reino, su capacidad de condicionar las alianzas, cuando no la conquista propiamente dicha. La unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón por los Reyes Católicos en 1479 fue la culminación de procesos de agregación de reinos previos por parte de ambas coronas. El proceso estuvo acompañado siempre por la fuerza, más evidente en casos como la conquista del Reino de Granada (1492) o la anexión de Navarra (1512). Sobre todo porque, paralelamente, una mezcla de fuerza y negociación era utilizada para someter a la nobleza y las ciudades frente a unos monarcas dotados de más recursos a medida que ampliaban sus territorios. Los dos procesos se reforzaban mutuamente. Y cuando la agregación de territorios llegó a su punto culminante con Carlos V, al unificar la herencia de los Reyes Católicos con la de la Casa de Borgoña, simultáneamente el absolutismo monárquico alcanzaba también a vencer las últimas resistencias que le opusieron los comuneros en Castilla y las Germanías en Valencia.

De aquel proceso de formación surgió una Monarquía compuesta, de estructura confederal. La unificación se producía «por arriba», por la existencia de un monarca y una corte real común; pero «por debajo» subsistían las instituciones y los ordenamientos de cada territorio. Sin embargo, esto no significa que no existieran factores de unidad que, actuando a lo largo del tiempo, acabaran produciendo un grado de unificación efectiva mayor del que parecía indicar la constitución tradicional de las instituciones de la Monarquía.

En gran parte, la formación de la Monarquía, con la fórmula del absolutismo monárquico triunfante, había sido la forma de superar el estado de guerra casi permanente que se había conocido en la Baja Edad Media. El reinado de los Reyes Católicos vino a poner fin a largas guerras civiles, además de esas otras guerras peninsulares continuas que se daban entre los reinos cristianos y también de estos con los reinos musulmanes (estas últimas agrupadas en lo que solemos llamar la «Reconquista»). El sometimiento de la aristocracia al poder de la Corona fue un importante elemento de pacificación, aunque no el único. La desaparición de los reinos musulmanes de la Península, que eliminaba el factor de la guerra religiosa, fue otro de esos elementos. Tras la afirmación del poder monárquico a comienzos del siglo XVI, la guerra desaparece del interior de la Monarquía, y solo tendrá rebrotes esporádicos ligados a las resistencias contra la imposición del monarca extranjero y su nuevo programa imperial en 1520 (rebeliones de las Comunidades y de las Germanías), contra la uniformización religiosa y el sometimiento de la minoría musulmana (rebelión de los moriscos, 1568) y contra los intentos de integrar más a los reinos y hacerles contribuir por igual a los gastos de la Monarquía (alteraciones de Aragón en 1591, rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640). En ese proceso secular de afirmación del poder monárquico y de pacificación de los reinos, la Guerra de Sucesión (1700-1715) fue un conflicto mayor, dado que respondía a una crisis dinástica y a una guerra general entre las potencias por la hegemonía europea. Pero más que mostrar la persistencia de las tendencias contrarias al absolutismo monárquico, que quedaron entonces derrotadas por completo, esta guerra significó un paso más en la afirmación del poder de la Corona y la integración de los reinos de la Monarquía.

Para entonces, ya estaban muy debilitados los mecanismos tradicionales en los que descansaba la identidad de los reinos, en particular las Cortes. Estas asambleas medievales representaban al Reino ante el rey, con una función no tanto legislativa como fiscal: eran los representantes de las ciudades, de la nobleza y de la Iglesia los que, en la medida en que contribuían con sus aportaciones a los gastos de la Corona, estaban en disposición de negociar esas aportaciones y realizar, a cambio, peticiones al monarca. A medida que la Corona dispuso de otros mecanismos financieros, pudo prescindir de las Cortes, que dejaron de reunirse frecuentemente en los siglos XVI y XVII.

Mientras aquellos mecanismos antiguos se debilitaban, aparecían otros nuevos, que iban en la dirección contraria, de acrecentar el poder real. La Inquisición sería un ejemplo claro de esto, pues se trataba de la única institución de la Monarquía que se extendía a todos los territorios, con la sola excepción de Milán, Nápoles y los Países Bajos. Creada por los Reyes Católicos en 1478, la Inquisición española era una institución muy distinta de la Inquisición romana que existía en la Cristiandad europea desde el siglo XIII: se trataba de una red de vigilancia y de poder controlada por la Corona y no por el Papado. Su eficacia para ejercer un control social sobre los reinos peninsulares y americanos —además de Sicilia y Cerdeña— estaba ligada a la idea de que la unidad religiosa era vital para garantizar la unidad política. La expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1610 se dirigió a asegurar la cohesión de la Monarquía mediante el sometimiento a la ortodoxia de todos sus súbditos, sin permitir minorías ni disidencias. La lucha de la Inquisición para eliminar de raíz cualquier conato de aparición del protestantismo hizo que el fantasma de la guerra civil no reapareciera en la Península, como sí lo hizo en la Francia de las guerras de religión, por ejemplo. De la eficacia policial de la Inquisición para mantener a raya a los disidentes da cuenta el que se utilizara para perseguir a personajes como Antonio Pérez en el siglo XVI, o como Jovellanos y Olavide en el XVIII.

Si la formación de la Monarquía española había sido una forma de acabar con la «guerra de todos contra todos», pacificando un territorio de grandes dimensiones, eso no significó el fin de la violencia ni de la guerra como tal. Por un lado, porque la Monarquía era una superestructura institucional con escasa capacidad de control sobre la población en el conjunto de su extenso territorio; de manera que un cierto grado —limitado— de pacificación por arriba dejaba subsistir, por abajo, distintas formas de violencia marca de una sociedad conflictiva. Por otro lado, porque la Monarquía imponía la paz en el interior de los reinos que mantenía unidos; pero, a cambio, extraía sus recursos para encauzarlos hacia guerras exteriores de mayores dimensiones.

Como vio Norbert Elias en los años treinta del siglo XX, cuando aquel proceso secular estaba llegando a su culminación, en la historia de Occidente podía leerse un proceso de civilización que implicaba la renuncia progresiva al empleo de la violencia en las relaciones humanas.19 Ese proceso dio un paso de gigante con la sacralización de la figura del monarca, que imponía la renuncia a emplear la violencia en su entorno inmediato, creando un espacio cortesano donde las relaciones, incluso si eran de conflicto, tenían que someterse a una etiqueta de «cortesía». La lógica del autodominio, la sujeción a normas, la suavidad en el trato, la educación y las buenas maneras que caracterizaron a la corte de los grandes monarcas absolutos de los siglos XVI, XVII y XVIII fue como un faro resplandeciente para sociedades que a duras penas salían de la violencia cotidiana y de la ley del más fuerte. Aquel entorno insólito del que se suponía desaparecido el uso de la fuerza bruta realzaba la majestad del rey; pero, al mismo tiempo, marcaba un rumbo a seguir por cuantos quisieran elevar su condición. En aquel proceso educativo fue especialmente importante la atracción de la aristocracia hacia la corte real, porque no solo significaba separarla de sus estados patrimoniales en donde podían alimentar tentaciones de independencia y de tiranía local, sino que, al mismo tiempo, la sujetaba estrictamente al principio pacificador del servicio a un único príncipe soberano.20

Pero la corte tenía un ámbito espacial limitado, que era el del entorno inmediato del monarca: a partir de mediados del siglo XVI, con la estabilización de la corte en Madrid por Felipe II, eso significaba el palacio real —en aquel entonces, el Alcázar madrileño— y los sitios reales a los que el monarca se desplazaba ocasionalmente. Fuera de esos espacios seguía imperando en gran medida la fuerza. La Monarquía tenía medios limitados —y tal vez ni siquiera tenía la voluntad— para controlar las actividades y conductas de todos los súbditos en todo el territorio; lo cual, en ocasiones, ha llevado a discutir la oportunidad del concepto de monarquía absoluta (olvidando que es este un concepto jurídico y no una descripción de la práctica del poder). Las poblaciones de los distintos reinos de la Monarquía vivían bajo un grado de control limitado, que ejercían autoridades tradicionales como los señores y la Iglesia. Control indirecto, en cualquier caso; control que no impedía el uso de la fuerza en las relaciones interpersonales, ni en el seno de las familias.

El panorama de pícaros y bandoleros retratado en la literatura del Siglo de Oro refleja un alto grado de violencia, de criminalidad y de anomia, que las autoridades dejaban subsistir mientras no amenazara al orden de la Monarquía. Ni siquiera se intentaron implantar mecanismos represivos más eficaces, como los cuerpos de policía que aparecerían siglos después; con algunos alguaciles, la Santa Hermandad y la Inquisición era suficiente para evitar los desafíos más graves contra el orden. El único cuerpo permanente del ejército de la Monarquía era la Guardia Real, encargada de proteger el espacio de la corte. Para mantener en relativa paz el resto de la Monarquía bastaba con un sistema de jueces y tribunales que, apelando al derecho común —más que a la legislación real, que fue muy escasa hasta el siglo XVIII— resolvieran los conflictos arbitrando entre las partes. Por lo tanto, el grado de pacificación que supuso la creación de la Monarquía absoluta, con ser importante, tenía unos límites muy claros. La extensión al conjunto de la sociedad del tipo de relaciones pacíficas propias de la corte fue un proceso costoso. Para completarlo se requería la construcción de un Estado, con una burocracia capaz de llevar su acción a todo el territorio y con un sistema constitucional que le dotara de una nueva legitimidad ante la población.

Por otro lado, si bien la Monarquía absoluta consiguió poner fin a las guerras civiles e imponer un estado de paz en los reinos sobre los que extendió su poder, eso no significó que la guerra desapareciera del horizonte de los españoles en la Edad Moderna. Por el contrario, la Monarquía misma se convirtió en una gran maquinaria de guerra, pero de una guerra que se llevaba lejos, contra enemigos exteriores o para la conquista de territorios lejanos. Dos tipos de empresas permitieron a la Corona reforzar su poder mediante la práctica de la guerra y la extracción masiva de recursos para financiarla: por un lado, la conquista y la defensa de los dominios adquiridos en América; por otro lado, la lucha en Europa contra los protestantes y contra las otras monarquías rivales, Francia e Inglaterra. Los dos tipos de campañas se hacían en nombre de la religión, tanto si era para evangelizar las Indias como si era para frenar los avances de la herejía en el norte de Europa o, lo que venía a ser lo mismo, asegurar la hegemonía de la Monarquía católica en el continente. Fueron estos dos escenarios los que de forma más intensa reforzaron la identidad compartida de los súbditos de la Monarquía hispana: en América, ofreciendo una empresa común capaz de ofrecer grandes beneficios a los naturales de los reinos de España que quisieran participar en el comercio, la evangelización, la colonización o el gobierno de las Indias; y en Europa, enfrentando con un «otro» —inglés, francés, holandés, alemán…— a quienes por eso mismo tendían a identificarse como españoles con unos intereses comunes.21

A largo plazo, esta identificación de lo español con lo católico tendría múltiples consecuencias. La uniformidad religiosa casi total constituyó un logro de la Monarquía española: la dotó de unos reinos tempranamente pacificados, en contraste con la violencia interna de las guerras de religión en otros países de Europa. Tal vez esto redundó en una fuerza especial durante los siglos XVI y XVII; pero, paradójicamente, retrasó el surgimiento del Estado, por comparación con otros países en los que la división religiosa exigía de manera más urgente la erección de un poder arbitral que, respetado por todos, pacificara y cohesionara a la sociedad. Esto fue así particularmente en Francia e Inglaterra, pero podría aplicarse igualmente a otros países europeos. En España, una Monarquía católica era suficientemente representativa, neutral y legítima ante una población sin grandes fisuras religiosas. Mas, a la larga, esto significó también el retraso en el surgimiento de una identidad nacional que no consistiera fundamentalmente en la identificación con la religión dada por común. Los privilegios de los que históricamente ha disfrutado en España la Iglesia católica y la interferencia de la jerarquía eclesiástica en el gobierno son otros tantos legados de aquella época y de la equivalencia obligada entre ser español y ser católico, apostólico y romano.

La diversidad religiosa ha sido un factor histórico relevante en el origen del Estado moderno en Europa; y podría pensarse que, dada la unidad católica que impuso la Monarquía, este factor fuera irrelevante en España. Pero no lo es en modo alguno. Aquí entra en juego la posición geográfica de la Península y el efecto mutuo que cada una de las monarquías de Europa ha ejercido sobre las otras. La vecindad de monarquías como la francesa y la inglesa en Europa occidental ha sido un factor decisivo en la historia de España (y podría añadirse que en la de Portugal también). Los efectos que la pluralidad religiosa pueda haber tenido sobre el reforzamiento del poder en Francia y Gran Bretaña, y sobre la transformación en ambos países de la Monarquía tradicional en un verdadero Estado han repercutido sobre España como un desafío constante, en forma de amenaza tanto como de ejemplo. La emulación del poder con respecto a las formaciones políticas vecinas trajo hasta la Península Ibérica consecuencias que allí habían resultado de factores endógenos. Este proceso, por el cual se vivieron en España experiencias vicarias a través de la influencia francesa y británica, fue complejo y al menos de dos direcciones; pues también las restantes monarquías europeas bebieron de las experiencias y de las soluciones ensayadas en España. No se trata de un caso de países avanzados que muestran el camino a países atrasados; sino de reinos en conflicto permanente entre sí, cuya rivalidad les llevó a imitarse mutuamente tanto como a innovar para situarse en posición ventajosa. La disputa, la rivalidad y la eventual ventaja se medían en el terreno militar, en la capacidad para demostrar una fuerza comparable o superior a la de las otras monarquías; pero de ahí la competencia se extendía a campos como la fiscalidad, el comercio, la técnica naval y armamentística, la organización, las instituciones, la legitimidad, el discurso… Era todo el modelo global de organización de la Monarquía el que se hallaba tensionado por la competencia con los vecinos, no solo las fuerzas de guerra en sentido estricto.

La Monarquía jurisdiccional

El modelo global de gobierno de la Monarquía consistía en mantener el orden tradicional impartiendo justicia. Esto es, evitar que el equilibrio se rompiera de manera irreversible mediante una red de jueces y tribunales de justicia en los que se procurara resolver los conflictos que surgieran puntualmente. Esta concepción procedía de la Edad Media, cuando ejercer autoridad era tener potestad para resolver los conflictos eventuales a fin de mantener un orden establecido, cuya validez y carácter natural no se discutían. El sistema comenzaba por magistrados locales como los corregidores; y culminaba en las audiencias, grandes tribunales situados en las ciudades capitales de los distintos reinos. En la Corona de Castilla existían dos audiencias de categoría superior, que eran las chancillerías de Valladolid (siglo XIV) y de Granada (añadida en el siglo XVI).

Por encima estaban los consejos de la Monarquía, que asistían al rey en la tarea de gobernar sus reinos. La doctrina de la Monarquía absoluta imponía la apariencia según la cual estos órganos se limitaban a aconsejar al rey, sin tomar decisiones sobre los asuntos que se les sometían. Y, en efecto, cualquier decisión de un consejo estaba siempre sometida a la voluntad del monarca, si se pronunciara en sentido contrario. Esta ficción se mantenía mediante el procedimiento de la consulta: las decisiones de los consejos, tomadas a veces después de largas deliberaciones y de un estudio pormenorizado del caso, se emitían en forma de consultas, que se elevaban al rey para que este diera su parecer (en la práctica, para que las sancionara con su firma). Pero, en realidad, el volumen de los asuntos que exigían análisis y atención de la Monarquía imponía una especialización y una delegación de funciones, de manera que los consejos llegaron a ser los órganos superiores de decisión en los diferentes asuntos de su competencia, sin que el rey interviniera verdaderamente en la mayoría de estos asuntos. Algunos de estos consejos estaban especializados en los asuntos de un territorio, como el Consejo de Castilla —sin duda el más poderoso—, el Consejo de Navarra, Consejo de Aragón, Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo de Flandes y Consejo de Portugal; tales consejos expresaban el respeto a la personalidad de cada uno de los reinos o territorios incorporados, que no solo mantenían su ordenamiento legal anterior, sino también este órgano propio para gobernarse en el seno de la Monarquía. Otros consejos fueron especializándose por temas a medida que la Monarquía crecía en tamaño y complejidad, como el Consejo de Hacienda, Consejo de Estado, Consejo de Guerra, Consejo de Inquisición, Consejo de Órdenes Militares y Consejo de Cruzada. Componían lo que se ha dado en llamar un gobierno polisinodial, es decir, por medio de un conjunto de consejos. Un sistema poco sistémico, si se puede decir así, dado que los consejos no respondían a un plan global ni a una lógica común, sino a la acumulación, a lo largo del tiempo, de órganos similares, unos procedentes del Consejo Real, ya existente en los reinos anteriores, y otros creados para responder a necesidades concretas: necesidades que podían ser de tan distinto calado como gestionar todos los asuntos de América —Consejo de Indias— o los relacionados con la Bula de la Santa Cruzada (Consejo de Cruzada).

Los consejos tenían en común el carácter de órganos colegiados, con un presidente que adoptaba distintos nombres según el caso. Trabajaban de forma casuística, respondiendo a conflictos y necesidades concretas que se sometían a su consideración. Y deliberaban con los usos retóricos de la época, apoyándose en una abundante documentación escrita. De manera que pronto fueron vistos como órganos especialmente lentos, a los que faltaba la agilidad necesaria para responder a las urgencias que frecuentemente se planteaban en temas como la guerra, el gobierno de los dominios más alejados de la corte, etc. En definitiva, los consejos eran tribunales de justicia de alto rango, que resolvían conflictos haciendo uso de la jurisdicción que se les había otorgado sobre un cierto ámbito de asuntos. Su parsimonia era la característica de cualquier órgano judicial colegiado que deba pasar por los trámites de la audiencia a las partes, la información del derecho aplicable al caso, el examen detenido de los precedentes y la discusión de los pareceres de sus miembros, antes de emitir una resolución que, en sí misma, solía ser extensa, minuciosa y atenta a unas formas ritualizadas. Con frecuencia, la conclusión final del examen que los consejos hacían de los complejos asuntos que se les sometían era la de que «no conviene hacer novedad por ahora». Nada tenía de contradictorio este funcionamiento: en definitiva, los consejos constituían la máxima expresión del carácter jurisdiccional de la Monarquía española. Una Monarquía organizada para mantener sus reinos en equilibrio, sin introducir más novedades que las estrictamente necesarias para restaurar ese equilibrio cuando hubiera sido roto por algún motivo o estuviera amenazado de quiebra. Ni los consejos ni las audiencias ni el resto de los órganos de la Monarquía estaban llamados a otra cosa que a ejercer la jurisdicción, es decir, a impartir justicia entre intereses contrapuestos; no había nada que inventar ni innovar, ningún plan que implicara la transformación de la realidad.

Este sistema funcionó razonablemente bien durante siglos, pues sirvió para conservar la Monarquía. No obstante, su incapacidad para responder de forma ágil a desafíos concretos que imponía la realidad era manifiesta. Eran órganos parsimoniosos, burocratizados, extremadamente conservadores, cuyas decisiones se retrasaban indefinidamente y llegaban —a veces— cuando ya era demasiado tarde. Además, en los consejos de la Monarquía anidaban los intereses más conservadores de los distintos reinos, los de las elites de la Monarquía que se creían depositarias de un derecho preeminente a esta alta representación. Las grandes casas aristocráticas y la jerarquía eclesiástica estaban especialmente bien representadas en los consejos; y desde allí frenaban cualquier propósito de reforma que amenazara sus intereses o apuntara hacia algún mínimo cambio en la Monarquía misma. Por todo ello, ya desde la época de Felipe II, se empezaron a complementar los consejos con otros sistemas más ejecutivos, como fueron las juntas y las secretarías.

Las juntas no pasaron de ser expedientes excepcionales, especie de consejos nuevos de menor tamaño para resolver a gusto del monarca determinados asuntos urgentes que corrían riesgo de atascarse si se encomendaban a uno de los consejos establecidos (por ejemplo, la Junta de Noche, la Junta de Gobierno, la Junta Grande y las diversas Juntas de Medios). Las secretarías acabaron teniendo mayor calado a largo plazo, tal vez por su carácter unipersonal y por la tendencia que esto les daba a actuar de manera más ejecutiva y profesional. En la Monarquía de los Austrias, el rey se servía para gestionar los asuntos de unos secretarios de Estado (dos, uno para el Norte y otro para el Sur) y unos secretarios del Despacho (que no tenían puesto fijo, sino que eran llamados por el rey para despachar asuntos determinados). Aquella mínima estructura de secretarios demostró ser un auxiliar muy eficaz para la Monarquía, aunque hubo momentos en que la delegación de funciones en la figura del valido postergó la labor de estos secretarios. Tras el cambio de dinastía a comienzos del XVIII, las Secretarías de Estado y del Despacho se consolidaron como un entramado de órganos unipersonales al servicio del poder del monarca. En 1714 ya se habían estabilizado las cuatro secretarías «clásicas» que proporcionarían el entramado ministerial del «gobierno» del rey: la de Estado, la de Hacienda, la de Justicia y la de Guerra, Marina e Indias. Incluso hubo un momento, con el conde de Floridablanca, en que las cuatro secretarías fueron agrupadas en un órgano que las coordinara, como fue la Junta Suprema de Estado (1787-1792).

Los secretarios despachaban personalmente con el rey sobre los asuntos de gobierno. Y estaban respaldados por una oficina con empleados propios, la Secretaría correspondiente, el precedente remoto de los ministerios actuales. Aunque contenida en su crecimiento, esta vía de los secretarios constituía una alternativa administrativa al predominio del sistema jurisdiccional en el conjunto de la Monarquía. Permitía anticiparse a los acontecimientos y proponer políticas activas, en la línea del reformismo que caracterizó a los primeros monarcas de la Casa de Borbón. Pero nunca hizo desaparecer a los consejos como órganos supremos de la Monarquía; su poder dependía estrechamente de la confianza personal del monarca al que servían. No llegaron nunca a desafiar la constitución jurisdiccional de la Monarquía ni a poner en entredicho los procedimientos convencionales de gobierno, que implicaban inevitablemente ejercicio de jurisdicción.

El papel de las Indias

La Monarquía española era una Monarquía compuesta por agregación de reinos, según el estilo dinástico patrimonial imperante en la Europa de aquel tiempo. Pero tuvo un ingrediente especial que no tuvieron todas las monarquías de la época: América. La inclusión en los dominios de la Monarquía de un espacio de enormes dimensiones más allá del Océano fue un factor transformador para la Monarquía misma que no debe subestimarse.

Las Indias, en primer lugar, significaron una fuente de poder para la Monarquía, a la que aportaron recursos ingentes con los que alimentar su maquinaria de guerra. Tales recursos, que se concretaban en el flujo de metales preciosos hacia la Península y en el comercio monopolístico que canalizaba la Carrera de Indias, constituyeron la gran empresa común de los súbditos de la Monarquía, crucial para dotar de cierta unidad a los reinos y de un germen de identidad compartida a los españoles. Pero también, y es necesario recordarlo, el grueso de aquellos recursos redundaban directamente en el reforzamiento del poder de la Corona.

América fue, por tanto, un ingrediente adicional que reforzó el absolutismo monárquico. Por un lado, era una fuente de recursos que la Corona no tenía que negociar con los reinos en las Cortes, por lo que facilitaba la marginación de estas y permitía esquivar el otorgamiento de concesiones a cambio de servicios fiscales. Por otro lado, los llamados Reinos de Indias —que no eran colonias en el sentido actual de la palabra— constituían reinos sin pasado, en los que el monarca no estaba obligado a reconocer fueros ni ordenamientos anteriores, sino que podía imponer un orden plenamente acorde con los ideales monárquicos del momento. Así, por ejemplo, los reinos de Indias no estaban representados ante el rey en unas cortes como las que funcionaban —aunque marginadas gradualmente— en los reinos de Aragón, de Navarra y de Castilla. Tampoco disponían de leyes antiguas en las que se recogieran sus libertades. El territorio no estaba estructurado por corporaciones locales y señoríos que el rey tuviera que respetar. Y hasta la Iglesia, el mayor de los poderes alternativos en el viejo continente, estaba en América más estrictamente sometida a la Corona mediante el Patronato universal de Indias. Este patronato regio existía sobre el conjunto de la Iglesia en la Monarquía española; pero fue muy superior en Indias, por la aplicación de varios documentos papales que, a partir de comienzos del siglo XVI, implicaron a la Corona en la evangelización de aquellos territorios y en la extensión de la red eclesiástica por los dominios españoles del nuevo continente, a cambio de concederle un alto grado de control y de privilegios sobre la Iglesia americana.22

América fue vista desde el comienzo como una tabla rasa en la que la Monarquía española podía poner en práctica su mundo ideal: un laboratorio en el que experimentar las soluciones que tal vez hubieran resultado inconcebibles de haber sido la Monarquía solamente europea. Un mundo sin nobleza, sin señoríos y con una Iglesia completamente sometida, donde el poder real podía crear las ciudades desde cero y estructurar el territorio. El urbanismo de los españoles en América plasmó las costumbres heredadas de la Edad Media; pero también, y sobre todo, el utopismo del Renacimiento: se crearon «repúblicas de españoles» en ciudades de nueva fundación sobre planos racionalistas en damero que escenificaban la centralidad de la religión católica con la construcción de grandes templos ocupando lugares prominentes. Y tales ciudades se erigían en tutoras de un entorno más o menos amplio al que había que evangelizar y ordenar. Cabildos, gobernaciones, audiencias, capitanías generales y virreinatos estructuraban un espacio inmenso bajo la idea de sometimiento jerárquico directo al poder de la Corona. Sin el peso de la herencia «feudal», la compartimentación del territorio en circunscripciones aparecía como la técnica fundamental para su gobernación.

La inicial división territorial de la América española surgida de la conquista quedó en gran medida estabilizada hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII. Tres fueron las novedades principales que se introdujeron en aquel momento: por un lado, se aumentó y racionalizó la burocracia colonial, reestructurando el territorio con la creación de dos nuevos virreinatos (Nueva Granada, 1717; y Río de la Plata, 1777), la Comandancia de las Provincias Internas en la frontera norte (1776) y un sistema de intendencias que acabó extendiéndose por la mayor parte del imperio (desde 1764). Por otro lado, se revisó el funcionamiento del monopolio comercial español en Indias, descentralizándolo para dar juego a varios puertos peninsulares (1765) y abrir la posibilidad de un comercio directo entre los diversos territorios de la América española (1774), antes de decretar el libre comercio en 1778.23 Podríamos añadir, en tercer lugar, la extensión a América de la expulsión de la Compañía de Jesús de los reinos de la Monarquía en 1767, en un intento de poner coto al crecimiento de intereses eclesiásticos que empezaban a amenazar el monopolio del poder por la Corona.24 Todo ello con el objeto de aumentar el control de la Corona sobre América, intensificar la actividad económica y, en última instancia, aumentar la recaudación fiscal y el rendimiento general que la metrópoli obtenía de sus colonias.25

El éxito de las reformas borbónicas sería notable y serviría para mantener la integridad del imperio americano durante todo el siglo XVIII, al tiempo que mejoraban los ingresos de la Hacienda Real, declinantes en época anterior. Pero este aumento del control burocrático y de la extracción de recursos sobre los reinos americanos de la Monarquía no sería ajeno a la aparición de un malestar hacia el vínculo colonial entre la población criolla. Si bien no puede decirse que las reformas borbónicas causaran la independencia de América, fruto de una crisis general de la Monarquía en la que intervinieron otros factores, sí creó un nuevo estado de cosas en el cual se hizo más patente el sometimiento colonial. La rebelión de Tupac Amaru en Perú (1780-1781) demostró que el descontento existía también entre las masas indígenas y que el poder de la Monarquía descansaba en América sobre bases relativamente frágiles. Y cuando la Revolución francesa pusiera en circulación nuevas ideas y lenguajes de libertad, la doctrina anticolonial encontraría formulaciones autóctonas de los criollos hispanoamericanos, como las de Francisco de Miranda, José María España o Juan Pablo Viscardo, llamadas a tener consecuencias.26

La competencia con los imperios británico y francés había resultado crucial para que, en el reinado de Carlos III (1759-1788), se pusieran en marcha todas aquellas reformas. Ambos imperios europeos parecían obtener resultados mejores que el español sobre territorios más reducidos y, en principio, menos dotados de recursos productivos. Las economías de plantación que mantenían en el área del Caribe los británicos sobre todo, pero también franceses y holandeses, constituían un contraejemplo para la anquilosada economía tradicional del imperio español. Y a esa desventaja se quiso responder con una modernización económica y administrativa que intensificara el control y el rendimiento de los territorios americanos. La rivalidad económica iba de la mano con la amenaza militar constante, pues el siglo XVIII estuvo salpicado de episodios bélicos que mostraban el poderío de las grandes potencias europeas, especialmente Gran Bretaña por lo que respecta al mundo colonial. Los británicos habían sitiado Cartagena de Indias en 1741, y durante la Guerra de los Siete Años tomaron temporalmente La Habana y Manila (1762-1763).

En definitiva, fue la rivalidad de la Monarquía española con las monarquías francesa y británica la que estimuló la búsqueda de nuevas fórmulas, más eficaces, para sobrevivir en una carrera por el poder que ponía a prueba todas las fuerzas militares y, en función de ellas, la capacidad —fiscal, económica, demográfica y de gobierno— para movilizar recursos. Este factor fue fundamental tanto en la modernización de la vieja Monarquía hispana como en su crisis final y en la posterior construcción del Estado. Si desde la Península la amenaza más directa era la de Francia, que se materializaría con la invasión de 1808, en el espacio colonial esa amenaza venía sobre todo de Gran Bretaña. Tras un largo periodo de enfrentamientos, culminó también con el hundimiento de la flota española en la batalla de Trafalgar (1805) que, de hecho, cortó la posibilidad de seguir manteniendo un vínculo colonial intenso entre España e Hispanoamérica.

Del gobierno en el Reino de España

Es importante tener en cuenta que la lógica jurisdiccional no dejó nunca de ser la predominante en la constitución de la Monarquía española. Y ello a pesar de las transformaciones del siglo XVIII, ligadas a la instauración de la dinastía borbónica y al reformismo que respaldaron sus primeros monarcas en España; aquel reformismo tenía precedentes ya en los últimos años del reinado de Carlos II (1665-1700) porque respondía a necesidades urgentes de cambio y racionalización frente a los graves problemas que aquejaban a la Monarquía. Aparentemente, el reformismo tendió a primar la lógica «de gobierno» —la que podríamos equiparar al concepto actual de administración— frente a la lógica «de justicia». Así, a lo largo del siglo XVIII crecieron en protagonismo las Secretarías de Estado y del Despacho, cuyo carácter ejecutivo aseguraba una mayor eficacia y agilidad en las acciones de la Monarquía; y esas secretarías eran, en gran medida, órganos administrativos que contrastaban con la lógica judicial de los consejos. Aún más claro sería el caso de los intendentes, creados en el siglo XVIII para centralizar en la capital de cada provincia los asuntos de la Hacienda Real y, al servicio del crecimiento de esta, fomentar las actividades económicas y organizar el conocimiento estadístico y cartográfico del territorio. Esta figura, reglamentada en 1749, ha sido vista como el más claro precedente del gobernador provincial en la historia de España, en línea con figuras similares que el reformismo produjo antes en Francia y en Prusia.

Pero lo cierto es que la cultura común con la que se concebían todas las instancias de poder de la Monarquía, desde el corregidor hasta los consejos, pasando por las audiencias y chancillerías, se basaba en la idea de que los súbditos —cada cual según su condición y estamento— tenían derecho a un proceso en el que se discutieran las decisiones que pudieran perjudicarles o lesionar sus intereses. Y ni siquiera el intendente escapó a esa lógica, como muestra el que se estableciera la coincidencia en la misma persona entre la intendencia provincial y el corregimiento de la ciudad capital en donde tenía su sede; de otra manera, el intendente hubiera quedado totalmente desprovisto de autoridad, pues solo el corregidor disponía de la jurisdicción en el territorio correspondiente. Esta era una lógica común en la regulación de todo oficio de la Monarquía: siempre que se atribuían competencias que implicaban mandar, regular y disponer sobre algo, se tenía cuidado de que fueran acompañadas de la potestad para juzgar controversias, resolver conflictos y recursos.

Este mismo carácter jurisdiccional que mantuvo la Monarquía hasta su crisis final puede verse en la producción normativa. Las normas que regulaban el funcionamiento de la Monarquía y la vida de los súbditos de sus diferentes reinos procedían de fuentes diversas. Gran parte del Derecho que aplicaban los tribunales procedía de orígenes remotos, como las Partidas de Alfonso X, el Derecho romano o los fueros medievales. Había normas eclesiásticas con tanta capacidad de obligar como las que pudiera dictar el monarca. El absolutismo monárquico que se impuso desde el siglo XVI no implicó la desaparición de todas esas fuentes diversas del Derecho, ni tampoco de la concepción del poder como jurisdicción. Que el rey era absoluto quería decir tan solo que estaba solutus ab lege o legibus solutus, es decir, no sometido a ninguna norma superior a su voluntad: que no reconocía autoridad por encima (soberanía), ni instituciones que limitaran su poder, ni tan siquiera estaba obligado por las leyes que dictaran anteriormente sus antepasados o él mismo. Esto incluía la atribución al rey del carácter de intérprete del ordenamiento jurídico, que podría modificar libremente. Pero ese poder teórico no se canalizaba hacia el propósito de transformar las relaciones sociales, sino hacia el ejercicio de la gracia, que permitía al rey dispensar privilegios y excepciones sin atenerse a norma alguna.

Los monarcas absolutos fueron dictando un flujo de legislación creciente, que en el siglo XVIII alcanzó a ser continuo. E intentaron sistematizar, en la medida de lo posible, una legislación antigua abigarrada y llena de contradicciones, mediante la técnica de la recopilación del Derecho castellano: primero con la Nueva Recopilación —en tiempos de Felipe II— y luego, ya al final del Antiguo Régimen, con la Novísima Recopilación de 1805. No obstante, la legislación recopilada siempre fue solo una pequeña parte de la que circulaba y era aplicable, ya que las disposiciones nuevas no derogaban las anteriores.27 La demostrada capacidad legislativa de la Corona, sin embargo, no transformó en lo esencial el edificio de la Monarquía. Si se miran más de cerca las disposiciones legales de los monarcas del XVIII, se aprecia que la mayor parte de ellas tomaban la forma de disposiciones judiciales sobre casos concretos, cuya resolución procesal determinaba una conducta futura con arreglo a Derecho. Las medidas que adoptaban las autoridades eran provisionales hasta que, reclamadas por alguien, se discutían en una instancia judicial y esta las sancionaba con una resolución. Esta concepción del gobierno, que se ha llamado panjudicial, era común a las monarquías europeas continentales y a la inglesa. Todo acto de las autoridades de la Monarquía española, como de la francesa o la inglesa, se concebía como un acto judicial porque implicaba una cierta distribución de costes y beneficios, de donde resultaría un conflicto de intereses que solo podía ser resuelto mediante un juicio; y porque la finalidad de la autoridad pública era la de conservar el equilibrio entre las corporaciones que formaban el reino y los derechos de las mismas28.

En el siglo XVIII existió un conflicto agudo en la Monarquía entre la lógica de la justicia y la lógica de la administración. Por administración se entendía entonces la gestión económica sin capacidad coercitiva; pero para que un administrador pudiera mandar y obligar, tenía que recibir, además, jurisdicción, como ocurría con los intendentes. Los actos judiciales y administrativos, en definitiva, respondían a una lógica común. Y en ese sentido, el intendente es quizá el ejemplo más claro, pues su autoridad en temas de Hacienda y de policía derivaba del derecho que el rey le concedía para conocer de los litigios sobre esos asuntos con exclusión de los tribunales.29 Esto nos muestra que, en el fondo, la lucha era entre los titulares de una jurisdicción delegada —propietarios de oficios de la Monarquía— y titulares de jurisdicciones retenidas por la Corona, que las ejercía a través de magistrados nombrados y cesados libremente30.

Estos dos últimos puntos son relevantes. Por un lado, conviene recordar que gran parte de los oficios sobre los que descansaba la burocracia de la Monarquía hispana eran venales. Los oficios se tenían en propiedad, como cualquier otro negocio que su poseedor rentabilizaba en la medida de lo posible. Las dificultades financieras de la Monarquía hicieron que se incrementara gradualmente el volumen y alcance de los oficios enajenados a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Se vendían cargos de justicia, de Hacienda, cargos de gobierno en las Indias y en Italia, cargos militares, señoríos, escribanías, oficios municipales, inquisitoriales, títulos de nobleza y hasta certificados de limpieza de sangre.31 Habrá que recordar que esta era una característica sustancial de la Monarquía del Antiguo Régimen, que la distingue del Estado posterior en el que rige el principio de mérito en el acceso a los oficios públicos.

Por otro lado, la jurisdicción retenida por la Corona, que es la marca fundamental de los oficios en los que reconocemos una lógica de gobierno, estaban condicionados precisamente por esa circunstancia, que les daba una enorme fragilidad: eran cargos que el rey creaba, nombraba, regulaba y cesaba a discreción. Por lo que, cuando las circunstancias cambiaban o aparecían resistencias importantes, que incluso podían amenazar con salpicar al monarca, los titulares de estos oficios se convertían en «cabezas de turco», que pagaban con su caída en desgracia el atrevimiento de quien los había nombrado. Los secretarios de Estado y del Despacho estuvieron siempre expuestos a esta arbitrariedad: su cese fulminante, que interrumpía la labor de gobierno que hubieran iniciado, ponía a salvo la figura del rey cuando la impopularidad de las medidas reformistas se volvía preocupante. La suerte del marqués de la Ensenada en 1754, de Esquilache en 1766 y de tantos otros, sería indicativa de la extrema fragilidad de este poder delegado bajo la monarquía absoluta.

Hubo un terreno, sin embargo, en el que sí habría de avanzar a largo plazo una lógica administrativa o de gobierno que no entraba en colisión con la lógica jurisdiccional dominante en el conjunto de la Monarquía: fue en el ámbito local. En ese espacio se fueron desarrollando a lo largo del tiempo prácticas administrativas que se englobaban bajo la denominación de «gobierno político y económico de los pueblos».32 La doctrina jurídica que hacía compatibles estas prácticas con la jurisdicción delegada de la Corona hablaba de que las corporaciones habían cedido al príncipe la jurisdicción, pero se habían reservado el gobierno político y económico; por lo tanto, el rey no podía inmiscuirse en el gobierno de las corporaciones locales si no había queja de parte. A partir de ahí, se denominaría gobierno a lo relacionado con la gestión del patrimonio común, lo que no incluyera hacer fuerza o quebrar privilegios. El gobierno político y económico de los pueblos se regía por reglas distintas que la jurisdicción: estaba constituido por actos sin proceso, porque no implicaban controversia sobre derechos. Respondían al modelo del buen padre de familia, según toda una tratadística del paterfamilias que inspiraba la moral del Antiguo Régimen.33

Esta lógica de gobierno se fue acentuando en la Monarquía borbónica a lo largo del siglo XVIII, como alternativa reformista a los mecanismos tradicionales de la justicia, pesados y lentos, para seguir cauces más ejecutivos. Se imponía bajo la especie de que se trataba de procedimientos ágiles y eficaces, que superaban con más facilidad los obstáculos a la racionalización y de que el rey era el único intérprete legítimo del orden jurídico que estaba llamado a preservar; pero no cabe duda de que se trataba también de una opción política, en la medida en que la centralización del poder y el absolutismo regio encontraban en la lógica de gobierno un cauce óptimo para prescindir de la negociación con otros poderes, corporaciones e instituciones intermedias. La diferencia se establecía entre, por una parte, una lógica jurisdiccional en la que las decisiones se tomaban por órganos judiciales, tras escuchar a las partes y teniendo en cuenta los derechos e intereses de cada uno; y, por otra, una lógica de gobierno consistente en que las decisiones se adoptaban unilateralmente por los agentes reales y se imponían a los súbditos sin posibilidad de oponer razones o derechos preexistentes.

Esa práctica se fue codificando en manuales que, partiendo de la necesidad de poner orden y buen gobierno en los asuntos locales —aparentemente apolíticos—, sustentaban el desarrollo de una administración centralizada e intervencionista: obras del siglo XVIII, como las de Santayana (1742), Vizcaíno (1781) y Guardiola (1785).34 La síntesis de aquella tradición del «gobierno político y económico de los pueblos» fueron las monumentales Instituciones de Dou y Bassols, ya en el reinado de Carlos IV.35

El ejercicio de la lógica administrativa para ordenar el gobierno local quedó sistematizado en obras de los últimos años del periodo de Fernando VII, como la de Ortiz de Zúñiga y Herrera. Su libro Deberes y atribuciones de los corregidores se publicó en 1832 y constituye la última expresión doctrinal de aquel tipo de saber jurídico práctico.36 Es significativo que Ortiz de Zúñiga siguiera tratando de estos temas después del cambio de régimen y se uniera al aluvión de libros publicados en los primeros años cuarenta sobre Derecho administrativo y ciencia de la Administración. Y que lo hiciera con una obra dedicada a actualizar los saberes administrativos aplicados en el nivel local, adaptándolos al nuevo marco constitucional, pero también con otra que ampliaba el rango de aplicación del modelo de gobierno por administración al conjunto del Estado.37 Porque en ese desplazamiento, Ortiz de Zúñiga personaliza el salto que se dio en dos decenios desde las prácticas locales del gobierno político y económico de los pueblos hasta concebir, sobre esa matriz, un modelo de administración que serviría, ya a escala nacional, para fundamentar la construcción del Estado.

Esta evolución de la Monarquía española encuentra paralelismos en Europa, aunque cada monarquía respondía a circunstancias parcialmente distintas. El concepto general que englobaría en la Europa continental esa tendencia a incrementar el control social mediante una lógica administrativa sería el de policía. Dicho concepto incluía, en los siglos XVII y XVIII, la regulación e impulso del comercio, así como las demás tareas de mantenimiento del buen orden en las poblaciones: esto no significaba solo —ni principalmente— poner en pie los mecanismos represivos que hoy identificamos con la policía, sino muchos otros relativos al orden material de las calles, su limpieza, alumbrado, etc. Los ilustrados llamaban policía al buen orden de las ciudades, visible en el esmero de su urbanismo y de su aseo, pero entendida también como reflejo de un adecuado orden social, pacífica relación entre los grupos, educación y respeto a las instituciones.

Sin embargo, la penetración del concepto de policía en España fue superficial y se limitó a albergar bajo un nuevo vocablo nociones tradicionales de la Monarquía española, como era la ya mencionada del gobierno político y económico de los pueblos. El concepto de policía había venido apareciendo en obras españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII, como traslación de su uso en Europa continental, tanto en Francia como en Alemania.38 En ocasiones se había utilizado como sinónimo del buen orden de las ciudades que los gobernantes deben promover, por lo que incluía todas las funciones que en España se venían denominando de gobierno político y económico de los pueblos, sin añadir nuevos matices a aquel concepto tradicional. Otras veces, policía se usaba en un sentido más restringido, que se limitaba a las políticas de seguridad, sanidad y aseo de las ciudades, manteniendo el término de gobierno político y económico para el conjunto de la administración civil de nivel local. Ese significado restringido de la policía, distinto del que predominaba en Francia, fue de uso creciente a partir del motín contra Esquilache de 1766, cuando la vinculación del orden con el comercio —presente en autores como Campomanes o Bernardo Ward— dejó paso a visiones de la policía más vinculadas a la institucionalización del control social.39 Desde entonces, el término policía sería de uso más frecuente, pero ya referido de forma predominante al control institucionalizado del orden público.40

En definitiva, en España, como en otros países de Europa, hubo sin duda un proceso de fortalecimiento del poder real y de racionalización de su administración durante el siglo XVIII. Pero aquella centralización chocaba con algunos límites infranqueables, como la necesidad de preservar los privilegios estamentales y corporativos, el poder de la Iglesia o las jurisdicciones señoriales y municipales. Esto significó que los cambios que el reformismo de la dinastía borbónica trajo a la vieja Monarquía de los Habsburgo no fueran suficientes para convertirla en un verdadero Estado. La Monarquía mantuvo su constitución fundamental, de carácter jurisdiccional, al servicio de los intereses dinásticos. La construcción del Estado nacional del siglo XIX no fue, por tanto, una continuidad o un perfeccionamiento de un proceso iniciado anteriormente; sino un proceso nuevo, que sobrevino después de la profunda crisis que experimentó la Monarquía española a partir del hundimiento de la flota (Trafalgar, 1805), la invasión francesa de la Península, las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII (1808), la larga guerra que se inició entonces —conocida en la historiografía actual como la Guerra de la Independencia— y la rebelión de los dominios americanos desde 1810, que acabaría llevando a su emancipación irreversible como estados independientes hacia 1824.41

Todos estos cambios encierran una verdadera revolución, la Revolución española. Y esta revolución consistió, fundamentalmente, en poner en pie un estado nacional sobre las ruinas de la vieja Monarquía que se había hundido en una crisis irreversible. Será posible señalar algunos hilos de continuidad entre la Monarquía —que se ha descrito en este capítulo— y el Estado, que se analizará en los siguientes; pero no constituyen una misma organización política con dos fases que puedan explicarse la una como fruto de la reforma de la otra.

11 A los que se refieren, respectivamente, Manuel Torres López, España visigoda (414-711 de J.C.), Historia de España Menéndez Pidal, III (Madrid: Espasa-Calpe, 1940); y José Ángel García de Cortázar, La época medieval, Historia de España Alfaguara, II (Madrid: Alianza Editorial, 1973).

12 Otto Hintze, Gierke, Von Below, Heinrich Mitteis...

13 En esta línea habría que situar, además de los ya citados Torres López y García de Cortázar, a Alfonso García Gallo, Curso de Historia del Derecho español (Madrid: Gráfica Administrativa, 1946); Alfonso García Gallo, «La división de las competencias administrativas en la España moderna», en Actas del II Symposium de Historia de la Administración (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1971), 293-306; Luis García de Valdeavellano, Curso de Historia de las instituciones españolas: De los orígenes al final de la Edad Media (Madrid: Revista de Occidente, 1968); José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII) (Madrid: Revista de Occidente, 1972).

14 Entre otros, Francisco Tomás y Valiente, «El gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII», en La España de Felipe IV: el gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, Historia de España Menéndez Pidal, XXV (Madrid: Espasa-Calpe, 1982), 1-214; Miguel Artola, «El Antiguo Régimen», en Estudios sobre Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, vol. I (Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981), 149-166; Benjamín González Alonso, Gobernación y gobernadores: Notas sobre la administración de Castilla en el periodo de formación del Estado moderno (Madrid: Facultad de Derecho, 1974); Benjamín González Alonso, Sobre el estado y la administración de la Corona de Castilla en el antiguo régimen: las comunidades de Castilla y otros estudios (Madrid: Siglo XXI, 1981).

15 Aunque esta sea aún una postura minoritaria, la de reservar el concepto de Estado para la Edad Contemporánea, cuenta entre sus defensores con autores importantes. Por ejemplo, Javier Pérez Royo, Introducción a la teoría del Estado (Barcelona: Blume, 1980); Jesús Lalinde Abadía, El estado español en su dimensión histórica (Barcelona: PPU, 1984); Jesús Lalinde Abadía, Los medios personales de gestión del poder público en la historia española (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970); Bartolomé Clavero Salvador, «Institución política y derecho: Acerca del concepto historiográfico de “Estado moderno”», Revista de estudios políticos, n.o 19 (1981), 43-58; Bartolomé Clavero, «Tejido de sueños: la historiografía jurídica española y el problema del Estado», Historia Contemporánea, n.o 12 (1995), 25-47; Pablo Fernández Albaladejo, «La Monarquía de los Borbones», en id., Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 353-454.

16 Como el de Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos mas remotos hasta nuestros días, 30 vols. (Madrid: B. Industrial, 1850).

17 Una visión crítica del paradigma de la continuidad y del «Estado moderno» puede verse en Luca Mannori, «Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen», Revista Jurídica (Universidad Autónoma de Madrid), n.o 15 (2007), 125-146.

18 El mejor intento de realizar estos dos objetivos ha sido la obra de Miguel Artola, La monarquía de España (Madrid: Alianza Editorial, 1999).

19 Norbert Elias, El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1987).

20 Norbert Elias, La sociedad cortesana (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).

21 Antonio Feros, Speaking of Spain. The Evolution of Race and Nation in the Hispanic World (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017).

22 Bula Eximiae devotionis sinceritas (1501), bula Universalis ecclesia regiminis (1508), breve Eximiae devotionis affectus (1510).

23 Real Decreto de 16 de octubre de 1765 e Instrucción sobre la libertad de comercio a los vasallos, para que puedan hacerlo a las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6097. Real Cédula de 17 de enero de 1774 por la que se resuelve la apertura del comercio libre por el Mar del Sur de los efectos, géneros y frutos permitidos entre los reinos de Perú, Nuevo Reino de Granada, Guatemala y Nueva España, Biblioteca Nacional de España (Madrid), Mss. 10368, fols. 166v-171r; 117r-122v. Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias: de 12 de Octubre de 1778 (Madrid: Impr. de Pedro Marin, 1778).

24 Pragmatica Sancion de Su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos reynos à los Regulares de la Compañia, ocupacion de sus Temporalidades, y prohibicion de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa (Madrid: Imprenta Real de la Gazeta, 1767).

25 Agustín Guimerá (ed.), El reformismo borbónico: una visión interdisciplinar (Madrid: Alianza Editorial, 1996).

26 Josep Maria Delgado, «Las Indias españolas en el siglo XVIII y la emancipación», en Antonio Domínguez Ortiz (dir.), Historia de España. 8: Descubrimiento, colonización y emancipación de América (Barcelona: Planeta, 1990), 455-583; Joan del Alcàzar, Reformismo borbónico y revoluciones hispanoamericanas (Santiago de Chile: Universidad Nacional Andrés Bello, 1995).

27 La muestra más sistemática de la legislación dictada por la Monarquía española se halla en la base de datos de Legislación Histórica de España, dirigida por Miguel Artola, que reúne 35.355 disposiciones en su cuarta edición (http://www.mcu.es/archivos/lhe/).

28 Luca Mannori, «Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen», Revista Jurídica (Universidad Autónoma de Madrid), n.o 15 (2007), 125-146, esp. pp. 134-136.

29 Ordenanza de 13 de octubre de 1749, para el restablecimiento e instrucción de Intendentes de provincias y exércitos, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6098, pp. 53-110.

30 Luca Mannori, «Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen», Revista Jurídica (Universidad Autónoma de Madrid), n.o 15 (2007), 125-146, especialmente p. 136.

31 Antonio Domínguez Ortiz, «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», en Instituciones y sociedad en la España de los Austrias (Barcelona: Ariel, 1985), 146-183; Francisco Tomás y Valiente, La venta de oficios en Indias (1492-1606) (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1972); Francisco Andújar Castillo, El sonido del dinero: Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII (Madrid: Marcial Pons, 2004); Francisco Andújar Castillo y María del Mar Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero: Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011); Antonio Jiménez Estrella, «Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión», Cuadernos de Historia Moderna, n.o 37 (2012), 259-272.

32 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002).

33 Ignacio Atienza Hernández, «Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en Reyna Pastor (coord.), Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio (Madrid: CSIC, 1990), 411-458.

34 Lorenzo Santayana Bustillo, Govierno politico de los pueblos de España y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos (Zaragoza: Imprenta de Francisco Moreno, 1742); Vicente Vizcaíno Pérez, Tratado de la jurisdiccion ordinaria para direccion, y guia de los alcaldes de España (Madrid: Joachín Ibarra, 1781); Lorenzo Guardiola y Sáez, El Corregidor perfecto y Juez, exactamente dotado de las calidades necesarias y convenientes para el buen gobierno económico y político de los pueblos (Madrid: Imprenta y libreria de Alfonso Lopez, 1785).

35 Ramón Lázaro Dou y de Bassols, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado, 9 vols. (Madrid: Oficina de Don Benito García y compañía, 1800).

36 Manuel Ortiz de Zúñiga, Deberes y atribuciones de los correjidores, justicias, y ayuntamientos de España, 5 vols. (Madrid: Jordán, 1832).

37 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.a ed (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842).

38 Como muestran los trabajos de Benjamín González Alonso, «Las raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo español», en De la Ilustración al Liberalismo: Symposium en honor al profesor Paolo Grossi (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995), 157-196; Pablo Sánchez León, «Ordenar la civilización: semántica del concepto de policía en los orígenes de la ilustración española», Política y sociedad 42, n.o 3 (2005), 139-156; y Carmen García Monerris y Encarna García Monerris, «“Civilidad” y “Buen gobierno”: la “Policía” en el siglo XVIII», Saitabi, n.o 58 (2008), 393-422, https://doi.org/10.7203/saitabi..6246.

39 Pablo Sánchez León, «Ordenar la civilización: semántica del concepto de policía en los orígenes de la ilustración española», Política y sociedad 42, n.o 3 (2005), 139-156.

40 Por ejemplo, en Vicente Vizcaíno Pérez, Tratado de la jurisdiccion ordinaria para direccion, y guia de los alcaldes de España (Madrid: Joachín Ibarra, 1781); y en Ramón Lázaro Dou y de Bassols, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado, 9 vols. (Madrid: Oficina de Don Benito García y compañía, 1800). Podría señalarse como excepción la obra de Tomás Valeriola, Idea general de la policia ó Tratado de policia (Valencia: Benito Monfort, 1798), en realidad una mera traducción de una de las obras francesas fundamentales sobre esta materia, el Traité de la Police de Delamare (1705-1738).

41 La existencia de esta quiebra, presente en el análisis de Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1959), ha sido argumentada expresamente por Gloria Martínez Dorado, «La formación del Estado y la acción colectiva en España: 1808-1845», Historia social, n.o 15 (1993), 101-118.

CAPÍTULO 2

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

En este capítulo se trazará el marco histórico en el cual se plantearon, a partir de 1808, tanto la necesidad de construir el Estado nacional como la idea misma de que tal objetivo era posible y deseable. Ese marco vino dado por la guerra y la revolución, dos procesos estrechamente imbricados entre sí. El escenario de guerra fue casi permanente durante tres decenios, y de él derivaron necesidades acuciantes a las que había que responder; el escenario revolucionario se abrió en paralelo a la guerra, planteando propuestas nuevas que sustentaban opciones de cambio institucional como respuesta a los desafíos del momento. Ambos escenarios introdujeron los cambios que dieron lugar a la creación del Estado, según una lógica implacable en la que cada cambio exigía otros, hasta acabar produciendo una transformación revolucionaria en el sentido más amplio de la palabra. La guerra creaba las necesidades y la revolución creaba oportunidades y alternativas: un marco excepcional en el que se tomaban decisiones excepcionales. Ya que tales condiciones extraordinarias no volverían a darse en mucho tiempo, aquellos cambios acabaron consolidándose como transformaciones estructurales, al no repetirse el grado de necesidad acuciante preciso para introducir cambios tan profundos.

Puesto que la Revolución española se produjo con una apariencia intermitente, con avances y retrocesos sucesivos, el proceso se presenta complejo. A lo largo del capítulo se pondrán en conexión entre sí las actuaciones que tuvieron lugar en los periodos más intensamente revolucionarios —como el de las Cortes de Cádiz o el Trienio liberal— con aquellos otros en los que los cambios se decantaron con mayor parsimonia, como el reinado de José I o, incluso, los dos periodos absolutistas de Fernando VII.

Por supuesto, no todos los factores de este proceso eran endógenos ni exclusivos de España. El marco internacional aportaba también condicionantes que impulsaban y orientaban los cambios. La vecindad de Francia, foco primigenio de la revolución en Europa, tuvo consecuencias para traer a España tanto las nuevas necesidades como las nuevas ideas. Aparecieron así en la Península nuevas doctrinas; y, lo que tal vez sea más importante, nuevos lenguajes que vehiculaban una nueva visión de la realidad, incluso para quienes no podían o no querían leer los complejos textos doctrinales de los que venía aquel nuevo vocabulario. Lenguajes, doctrinas, ideas y nuevas situaciones políticas vinieron a alterar las estructuras en las que había vivido la Monarquía española durante largo tiempo; y eso significó la ruptura del vínculo tradicional entre la Monarquía y sus territorios americanos.

Por otro lado, el proceso por el cual los antiguos reinos de Indias se acabaron emancipando de la Monarquía española y comenzaron su andadura como naciones independientes fue decisivo también para la parte europea de esta Monarquía, en la Península Ibérica. De hecho, el cambio radical que significó para España dejar de ser cabeza de una Monarquía imperial con amplios dominios ultramarinos fue la clave de las transformaciones políticas que se produjeron en los años treinta y cuarenta del siglo XIX.

Revolución y guerra

El Estado español surgió de un proceso revolucionario: un cambio profundo que afectó a los principios y al diseño institucional, al discurso de legitimación y a las formas de ejercer el poder. En eso, el caso español no es diferente de lo vivido en la mayor parte de los países de la Europa continental y de América. En España se desarrolló una revolución liberal larga y compleja, con avances y retrocesos, pero comparable en todo a la Revolución francesa, la americana o las demás que la historiografía ha incluido en el ciclo de las revoluciones atlánticas del último cuarto del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Es oportuno, pues, llamar a este proceso la Revolución española, mejor que otras denominaciones alusivas al ideario que se identifica detrás del proceso (Revolución liberal), a los supuestos protagonistas y beneficiarios del mismo (Revolución burguesa) o a los conflictos armados que señalaron los momentos álgidos de confrontación al comienzo y al final del proceso (Guerra de la Independencia, primera guerra carlista).

La Revolución española se puso en marcha en 1808, como consecuencia de la invasión francesa de la península. Discurrió en paralelo a la que después se llamó «Guerra de la Independencia», pero que en su tiempo fue más comúnmente conocida como «guerra del francés». Fue interrumpida por dos veces, con la restauración de la monarquía absoluta bajo el reinado de Fernando VII, en 1814 y en 1823. Y entró en una fase definitiva tras la muerte de aquel monarca en 1833, de nuevo ligada a una situación de enfrentamiento civil como la que supuso la primera guerra carlista (1833-1840).

Fue este un proceso revolucionario en toda la extensión de la palabra: no por casualidad, los contemporáneos hablaron de la Revolución para referirse al cambio político radical que se produjo durante la Guerra de la Independencia. Al unir la guerra con el proceso revolucionario que esta había desencadenado y alentado, autores como el conde de Toreno destacaban los componentes de cambio de régimen y cambio estructural, de época, por encima de la resistencia patriótica contra los franceses (que sería el elemento que a la larga, elegiría privilegiar la historiografía española desde una óptica nacionalista).42

En los extensos territorios americanos de la Monarquía, ese elemento revolucionario, que cerraba el tiempo de vigencia de un modelo y dejaba abiertas las puertas para definir otro, fue aún más visible, dando lugar a las diversas repúblicas independientes de Hispanoamérica. Pero esa parte del proceso hay que considerarla también desde la perspectiva de la España peninsular, en la medida en que las guerras de emancipación de los dominios americanos fueron un componente más de ese marco bélico que determinó muchos aspectos de la Revolución española y de la construcción del Estado nacional en España. Es conocido —y se puede recordar ahora a modo de ejemplo— el hecho de que las tropas que se pronunciaron a favor de la Constitución de 1812 en Andalucía en 1820, bajo el mando de Riego, e impusieron a Fernando VII la aceptación de un régimen constitucional, estaban acantonadas allí para ser embarcadas hacia América, donde debían contribuir a sofocar la rebelión. También lo es que el grupo de militares fieles a Espartero que secundaron la apuesta de este por el progresismo y respaldaron las medidas revolucionarias decisivas adoptadas por ese partido en los años treinta, cuarenta y cincuenta, eran conocidos como los ayacuchos, en alusión al recuerdo de la batalla de Ayacucho (1824) que puso fin a la resistencia española en América y al aglutinante que suponía para tal grupo el haber participado en aquellas campañas.

En términos más generales, puede decirse que la cuestión de la rebelión americana y de la situación prácticamente constante de guerra que esta impuso a los sucesivos regímenes españoles entre 1810 y 1824, contribuyó a definir el marco en el que se desarrolló la Revolución. Si añadimos ese componente de guerra lejana a las otras guerras cercanas con las que comenzó y terminó el proceso revolucionario —la Guerra de la Independencia y la Guerra Carlista—, apenas quedan años de paz en todo aquel periodo; y serían años de falsa paz, salpicados por enfrentamientos armados de menor alcance, como los provocados por cada conspiración o pronunciamiento liberal, o por insurrecciones de tendencia absolutista, como la revuelta de los agraviados en Cataluña (1827).

Este marco general de guerra afectaba a las prioridades políticas y financieras, pero también a la lógica de confrontación y a la radicalización de los discursos. En un escenario así, la redefinición de las instituciones y la fundamentación del poder pasaban a ser cuestiones de vida o muerte; y muchas decisiones se tomaban bajo la presión de las circunstancias de la guerra, simplemente para sobrevivir. Es importante tenerlo en cuenta, porque ayuda a entender decisiones trascendentales adoptadas en aquellos momentos y cargadas de consecuencias para la posteridad.

La presión de la guerra autorizaba —o incluso obligaba— a adoptar decisiones drásticas que hubieran sido impensables en cualquier otra situación; decisiones que, una vez tomadas, no serían revisadas durante decenios, o tal vez durante siglos, puesto que no volverían a presentarse situaciones de necesidad tan apremiantes como aquellas. De este modo, algunos diseños procedentes de la época revolucionaria de la primera mitad del siglo XIX han pervivido a largo plazo como herencia «congelada» de los conflictos y las urgencias de un momento excepcional. Hubo, por lo tanto, en la construcción del Estado, un fenómeno de dependencia de la trayectoria (path dependence), por emplear una expresión procedente de la historia económica utilizada por científicos sociales para explicar la ampliación a largo plazo en la divergencia de los procesos históricos experimentados en distintos lugares a partir de pequeñas diferencias iniciales, como una bifurcación de caminos que llevan, al final, a destinos muy distantes entre sí.43

Este fenómeno, que liga entre sí revolución y guerra en los orígenes del Estado, es —de nuevo— común a muchos países. La guerra ha desempeñado un papel determinante en el estallido de las revoluciones por todo el mundo, así como en la definición de su curso, orientación y resultado final;44 y, consiguientemente, ha tenido un efecto de primer orden sobre la construcción de los estados.

La invasión francesa y la reconstrucción de la Monarquía

La primera consecuencia de la invasión francesa y de la guerra consiguiente, ya desde 1808, fue la de provocar el desmoronamiento de las instituciones de la Monarquía española. Las dudas sobre la legitimidad de las autoridades y sobre la legalidad vigente, a raíz de las abdicaciones de Bayona y de la instauración en el trono de la nueva dinastía Bonaparte, dieron lugar a una rápida descomposición de la Monarquía. Esta se aceleró cuando, en mayo y junio, para hacer frente a la invasión francesa, se formaron juntas que, en las principales ciudades, trataban de sustituir a las autoridades desacreditadas por la inacción o por la aceptación del cambio de dinastía, encauzando así la rebelión popular y evitando que se convirtiera en una revolución social de mayores proporciones. Aquellas juntas, por muy tradicional que fuera su composición y por muy conservador que fuera su comportamiento —que no siempre lo fue—, eran revolucionarias. Extraían su legitimidad de una ruptura radical con la legalidad vigente, desconociendo cualquier autoridad superior, más allá de la simbólica alusión a la lealtad a Fernando VII.45

Aquellas juntas provinciales, que empezaron declarándose soberanas, delegaron su poder más tarde —en septiembre de 1808— en una Junta central que constituyó el primer paso hacia la recomposición de un poder alternativo al que representaba el gobierno de Madrid, fiel al nuevo rey, José Bonaparte. Aquel gobierno, llamado afrancesado por sus adversarios, experimentó durante cinco años terribles dificultades para gestionar las instituciones heredadas de la Monarquía borbónica o siquiera para ejercer un control efectivo del territorio que le correspondía por la abdicación de Fernando VII y por la Constitución de Bayona (1808).46 En América, los tímidos intentos realizados para reclamar de los dominios españoles la obediencia a José I se saldaron con otros tantos fracasos, de manera que se dio por perdido aquel continente, siquiera fuera de forma temporal.47 El control de los mares por Inglaterra, en guerra contra Napoleón y sus aliados, impedía cualquier tentativa de enviar fuerzas que impusieran la autoridad del gobierno josefino en aquellos territorios; tanto más cuanto que la pérdida de la Armada en Trafalgar (1805) había dejado a España y a Francia incapacitadas para la acción en el mar.

Sin embargo, la dificultad del gobierno de José I para hacerse obedecer por la fuerza no se limitaba al espacio americano de la Monarquía, sino que era notoria también, aunque a otra escala, en la península misma. El ejército real había quedado disuelto y apenas había una facción del ejército a disposición de José I, que dependía para todo de las tropas francesas que le enviaba su hermano, el emperador. Aquellas tropas funcionaban según su propia lógica, como un ejército de ocupación, y sus generales obedecían directamente a Napoleón. En la medida en que este no siempre secundó las pretensiones del rey José y de sus colaboradores de constituir un gobierno nacional autónomo y aceptable para los españoles, la presencia militar francesa contribuyó más a completar la descomposición de la Monarquía española que a detenerla. Aparte de que este ejército tampoco sirvió más que temporalmente para lograr un control efectivo del territorio peninsular, acosado por la resistencia de las guerrillas españolas y finalmente derrotado por la ofensiva británica desde Portugal (1813).

Esta notoria incapacidad de la administración de José Bonaparte para reconstruir la Monarquía, hacerse obedecer y gobernar efectivamente el territorio, no significa que el episodio histórico del gobierno afrancesado carezca de importancia para la construcción del Estado. Al contrario: fue un episodio decisivo. A pesar de las condiciones materiales adversas, que hacían imposibles casi todos los intentos de los afrancesados, estos constituyeron un grupo altamente capacitado para pensar la cuestión del Estado. Los leales a José I pertenecían por lo general a las elites más cultas y mejor preparadas del país, y albergaban un proyecto de modernización desde arriba siguiendo criterios racionalistas y modelos europeos. El primero de esos modelos era, sin duda, el de la propia Francia, aunque en gran medida la influencia francesa reciclaba y transmitía hacia España lecturas de lo que se hacía en toda Europa.

Francia había experimentado desde 1789 un ciclo revolucionario que había resultado altamente destructivo, con episodios de violencia desatada que culminaron en los años del Terror (1793-1794). Por momentos, aquel proceso revolucionario había incluido graves alteraciones del orden social que eran vistas como el mayor de los peligros por las elites —incluso si hablamos de elites intelectuales, como es el caso. En la medida en que el ciclo revolucionario parecía haberse reconducido hacia el orden a partir del Directorio (1795) y, sobre todo, del golpe de Estado de Napoleón (1799), tales amenazas estaban ya conjuradas en Francia a la altura de 1808. Sin embargo, el régimen napoleónico había depurado la herencia de la Revolución, salvaguardando sus logros principales, que se resumían en la construcción del Estado. De eso se trataba, para los afrancesados españoles: de transportar a España directamente a la modernidad, con la implantación desde arriba de una versión del orden revolucionario descargada de sus aspectos más inquietantes y sin pasar por el violento proceso previo de ida y vuelta de la revolución y la contrarrevolución.48 A fin de cuentas, eso es lo que significa etimológicamente revolución: el giro o vuelta de una pieza sobre su eje, o de un astro siguiendo su órbita, para volver al punto de partida.

Los afrancesados, en la medida en que pertenecían en su mayor parte a elites letradas con ciertas inquietudes intelectuales, habían leído los escritos de la Ilustración europea y aspiraban a introducir en España reformas racionalizadoras como las que se esbozaban en esa literatura. La sumisión a la dinastía Bonaparte y al poder militar de Francia era solo el peaje que había que pagar para disponer de una fuerza que respaldara este programa frente al inmovilismo de las masas incultas del país, fanatizadas por el liderazgo de la Iglesia y fieles a la Monarquía tradicional, según entendían los afrancesados. Pero era un peaje asumible desde esta óptica, por cuanto Francia venía representando, desde un siglo antes, el foco de las luces, el país desde el que llegaba a España todo lo moderno, la cultura, el arte y el saber. Ahora, en 1808, el objetivo era trasladar a España el fruto maduro de la evolución secular de Francia, racionalizar la vida política, económica y social con la implantación de un Estado nacional; y hacerlo sin pasar por el «infierno» de la revolución.

El proyecto fracasó. Fracasó por múltiples razones —la fuerte resistencia encontrada en las clases populares, la deslealtad de Napoleón hacia el proyecto autónomo de los colaboradores de su hermano en España...— pero, sobre todo, en última instancia, por la derrota militar de Francia en el escenario global de la guerra en el continente. Sin embargo, ese fracaso, en el sentido de que no se dieron las condiciones para imponer el modelo reformista de los afrancesados durante el reinado de José I, no significó que aquel episodio se cerrara como un paréntesis sin trascendencia. Antes al contrario, la influencia del modelo afrancesado es perceptible en todo el proceso posterior de construcción del Estado. Fue una fuente inagotable de ideas, de soluciones, pero también de personal competente dispuesto a aplicarlas en el desarrollo de un modelo de Estado administrativo y centralizado que, por momentos, recordaría mucho al precedente afrancesado.49

Los afrancesados eran, en su mayor parte, ilustrados que habían colaborado con el reformismo de tiempos de Carlos III o, al menos, que simpatizaban con aquella línea de gobierno, a la que habían erigido en una especie de mito identitario que legarían a la España contemporánea. Por contraste, la época de Carlos IV en la que les tocó vivir la relacionaban con el estancamiento de las reformas, el atraso y la incapacidad gubernamental para impulsar programa alguno. De hecho, la novedad que identificaban con la figura mítica de Carlos III y su reinado —aunque bien habría podido atribuirse a Fernando VI también— era la de que hubiera un gobierno, en el sentido de que el rey y sus ministros sostuvieran abiertamente un programa político encaminado a la transformación de la realidad del país en una dirección concreta, en campos como la economía, las instituciones políticas, la educación, la ciencia, la cultura, las relaciones con la Iglesia, etc. El paso de una Monarquía jurisdiccional a otra basada en el gobierno y la administración significaba atribuir a la Monarquía —a la que en el lenguaje corriente empezaba a denominarse Estado— no solo la responsabilidad de resolver los conflictos manteniendo el orden tradicional, sino también la de modificar ese orden mediante las reformas necesarias para la mayor felicidad de los súbditos. Aquel planteamiento carolino, que sufrió un brusco tropiezo cuando el motín de 1766 demostró la fuerza del pueblo como factor político conservador, había seguido vivo, idealmente al menos, en los escritos de los reformistas; y el cambio de dinastía de 1808 ofreció a quienes creían en ese modelo la oportunidad de volver a ponerlo en marcha desde el poder.

El ingenio castizo del pueblo rebelde que se sublevó contra el gobierno de José multiplicó las denominaciones despectivas, desde las célebres de «Pepe Botella» o «el rey plazuelas» para el propio monarca, hasta la de afrancesados para quienes le sirvieron como rey legítimo. Sin embargo, había poco de esencialmente francés en el ideario y el programa político de aquellos reformistas, que más bien sostenían una propuesta paneuropea, eso sí, huyendo del rancio tradicionalismo católico de la España profunda.

Como cultura de elite, el afrancesamiento presentaba esa apertura a las novedades que venían de Europa, propia del cosmopolitismo de unas clases altas acostumbradas a aprender idiomas extranjeros —fundamentalmente el francés—, leer obras extranjeras, recibir de fuera a visitantes ilustres y viajar también ellos mismos fuera del país. Frente a este cosmopolitismo de los josefinos, los fernandinos, tanto si eran liberales —los de las Cortes de Cádiz— como monárquicos absolutistas, sostenían discursos articulados en torno a las ideas de patria y patriotismo. Era esta la frontera principal que dividía los campos políticos durante la Guerra de la Independencia: los afrancesados representaban un modelo cosmopolita, que se centraba en desarrollar un Estado, y fueron derrotados por un proyecto patriótico que daba prioridad a la construcción de una Nación (aunque luego ese campo se escindiera en varias corrientes ideológicas y múltiples proyectos nacionales en cada territorio). En algún momento, aquel choque de culturas políticas entre un elitismo cosmopolita —y en gran medida laico— y un patriotismo con más arraigo popular y más apoyo en las jerarquías tradicionales, se expresó como la contraposición entre lo filosófico y lo poético.50

El bando afrancesado era también el bando de la innovación racional contra el historicismo. Uno de los más claros exponentes de esa dualidad fue Alberto Lista, presbítero y escritor sevillano, quien, después de haber colaborado activamente con la Junta Suprema Central y de haber atacado en sus incisivos escritos a la Constitución de Bayona de 1808, decidió pasar al bando josefino por motivos estrictamente políticos. Tomó esa decisión en 1809, cuando la creación de la Regencia le convenció de que en el bando de los que se llamaban a sí mismos patriotas sería imposible sacar adelante el programa reformista en el que creía. Lista se dio cuenta muy temprano del peligro que suponía el historicismo con el que empezaba a revestirse el naciente liberalismo español, trasunto de un empirismo que casaba bien con la alianza establecida entre los «patriotas» y sus protectores británicos. La «Constitución histórica» de la que hablaban los patrocinadores de la convocatoria de Cortes, y a cuya recuperación y depuración apelarían las Cortes de Cádiz, no era posible por los defectos intrínsecos de la Monarquía tradicional; la continuidad jurídica con el Antiguo Régimen, a la inglesa, conduciría al fracaso de la revolución, a la mixtificación de la idea misma de Constitución.

Lista rechazaba esa ficción que identificaba las nuevas Cortes electivas y la nueva Constitución escrita como versiones modernas, apenas retocadas, de sistemas de representación y de protección de las libertades procedentes de los reinos medievales. Para Lista había que partir de la definición política de la nación de Sieyès, única verdaderamente liberal, y deshacerse cuanto antes de la peligrosa identificación entre nación y pueblo que solían hacer los patriotas: tan peligrosa era esa identificación tomando pueblo en su acepción de unidad cultural a la que se supone existencia natural —al modo de los románticos alemanes— como si se tomaba pueblo en el sentido de las masas pobres e incultas que protagonizaban los motines —esta segunda entidad, considerada esencialmente peligrosa, era la que alejaba del lenguaje del «pueblo» a todos los que temían que la alteración del orden degenerara en una verdadera revolución social.

Aquel pueblo, como actor político, se había manifestado contundentemente en 1766, en el llamado «Motín de Esquilache» (que fue más bien un motín contra el marqués de Esquilache). En aquel oscuro episodio, una movilización del pueblo urbano de Madrid y de algunas otras ciudades españolas había frenado los intentos reformistas de carácter modernizador y cosmopolita con los que se inició el reinado de Carlos III. Sin duda alentados por ciertos sectores del clero, los amotinados humillaron públicamente al rey y a sus ministros en nombre de las tradiciones españolas. Y, so pretexto de reivindicar la costumbre autóctona en el vestir, dieron al traste con las primeras medidas de liberalización económica y con el equipo reformador que el rey se había traído de su anterior experiencia en Italia. Los afrancesados, que se sentían herederos de Carlos III y de su programa reformador, estaban en las antípodas de los amotinados de 1766; y veían en ellos la personificación de la revolución popular a la que había que parar a toda costa, recurriendo a aparatos de policía, de administración, de buen gobierno, etc.; porque si el pueblo se rebelaba, el resultado seguro era el fin de las reformas y el triunfo del inmovilismo clerical.

La tarea urgente, en opinión de Lista, era la de poner en pie un gobierno fuerte, capaz de impulsar las reformas necesarias ejerciendo la autoridad del Estado, pero al mismo tiempo equilibrar ese poder con la libertad. Este equilibrio entre el orden y la libertad era la clave del constitucionalismo, una cuestión filosófica extremadamente compleja y difícil, que no podía dejarse en manos de las masas amotinadas ni del voto popular. Para Lista, ese difícil equilibrio solo podían encontrarlo personas sabias, personas de espíritu filosófico, como los autores en los que él se apoyaba (Montesquieu, Payne, Sieyès, Dickinson…). La suya era, pues, una propuesta elitista, pero no una apelación a las elites tradicionales de la sangre, de la religión o del dinero, sino a lo que un siglo más tarde se llamarían los intelectuales: una elite seleccionada por su formación y su capacidad cultural. De nuevo, los filósofos, aunque ni Lista ni ningún afrancesado de su tiempo osara autodenominarse así.

En España, las circunstancias del país añadían un matiz que en otras latitudes no tendría la misma relevancia: el peso histórico de la Iglesia católica como límite a cualquier intento de hacer realidad los principios revolucionarios de libertad e igualdad, o tan siquiera las más tímidas reformas de talante modernizador. Para los reformistas, tanto como para los revolucionarios, la gran tiranía que oprimía a los españoles desde siglos atrás, que les impedía ser libres y que les mantenía en la ignorancia, el atraso y la pobreza, no era de orden político, sino religioso: eran los poderes y privilegios seculares de la Iglesia católica, como denunciaría ácidamente otro eclesiástico sevillano, José María Blanco White.51 Por lo tanto, la lucha por la libertad en España tenía que adoptar formas distintas que en otras latitudes. Así lo entendieron los dirigentes intelectuales del movimiento afrancesado, como José Marchena: los verdaderos innovadores aquí eran los que se esforzaban por separar a la Iglesia del Estado y por reforzar este con autoridad y administración, para permitirle educar e ilustrar al pueblo, a despecho del inmovilismo del clero.52

La cuestión planteada era de la mayor relevancia y debido a ello estuvo en el centro del programa que los bonapartistas desarrollaron por toda la Europa continental, no solo en España. Para construir el Estado era imprescindible delimitar el espacio institucional de lo público, apartando de él a la Iglesia. La tarea no resultaba fácil porque en países como España la imbricación de las instituciones eclesiásticas en el entramado institucional de la Monarquía era tal que no se podía liquidar a esta sin recortar severamente a aquellas. De manera que la invasión de los Estados Pontificios por el ejército francés —primero en 1797 y de nuevo en 1808— no tenía por objeto una humillación gratuita del papa por el emperador, sino someter a un poder autónomo sin cuya colaboración hubiera resultado muy difícil seguir adelante en la tarea de construir un Estado en cualquiera de los países mayoritariamente católicos de Europa.

Es por esto por lo que en el proyecto de José I y sus colaboradores para España el catolicismo no desempeñaba un papel tan importante como en las Cortes de Cádiz. Por razones fundamentalmente tácticas, tanto la Constitución de Bayona —desde su artículo 1.º, que proclamaba un Estado confesionalmente católico— como la propaganda del gobierno de José insistieron en resaltar el carácter católico de la nueva monarquía constitucional; e hicieron todo lo posible por atraerse al clero mediante favores y campañas sistemáticas. Pero apenas pudieron disimular que esta aproximación a la Iglesia española era utilitaria, epidérmica, instrumental: se aceptaba la forma en que los españoles entendían la religión para poder gobernar España, pero dicha forma castiza del catolicismo era más bien un obstáculo a la obra reformadora por realizar que un componente real de la identidad del Estado. La propaganda josefina solía presentar a su gobierno como católico, pero contrario al fanatismo religioso del que eran víctimas los españoles desde siglos atrás. Así se expone en una obra de teatro de corte propagandístico que se estrenó en junio de 1810:

De Dios el brazo se alzará, y los hombres,

de tan ciegos errores convencidos,

bendecirán la mano de un Gobierno

humano, justo, religioso y pío,

que la sagrada religión respete

y que arranque la venda del fanatismo.53

Esta propaganda se esforzaba por contrarrestar la especie que difundía el clero patriota de que lo que se estaba produciendo era una guerra de religión. Para ello, enfatizaba la loa a la piedad del rey José y destacaba la obra de su gobierno como sostenedor del culto católico en España. Ocasionalmente, además, resaltaban el hecho de que la guerra que se estaba librando en España, como en toda Europa, era entre un país católico (Francia) y otro protestante (Inglaterra). Por esa razón, es más frecuente encontrar la alabanza de la religión católica en los textos afrancesados de lo que parecería lógico a la vista del orden de prioridades de sus protagonistas.

Junto a esta lucha por separar el espacio del Estado del espacio de la Iglesia, los afrancesados destacaron también en otro terreno esencial para la construcción estatal: la unificación jurídica del territorio. La lucha contra los privilegios y particularismos territoriales en España había sido iniciada, mucho antes de la invasión francesa, por la dinastía borbónica —desde los Decretos de Nueva Planta de 1707-1718— y por algunos de sus ministros y colaboradores. Durante el reinado de Carlos IV, Godoy y sus partidarios se habían distinguido como promotores de esa política de uniformización y centralización del poder, iniciando una ofensiva contra los fueros vascos y navarros. Pero, una vez instaurada en el trono la dinastía Bonaparte, se dieron las circunstancias para impulsar esa obra revolucionaria de manera más radical y sistemática. Así, Francisco Amorós escribía al rey José en 1808 sobre «el mal que ha producido que hubiese tantos aragoneses, andaluces, vizcaínos, castellanos y valencianos y tan pocos españoles verdaderos».54

De nuevo se trata aquí de un aspecto crucial de la construcción de un Estado nacional, haciendo tabla rasa de la diversidad de ordenamientos y privilegios que había caracterizado al Antiguo Régimen y a la Monarquía hispana. La unidad de fuero y la igualdad ante la ley constituían, en realidad, el núcleo principal del credo liberal, en cuya instauración fueron mucho más consecuentes y sistemáticos los afrancesados que su contraparte fernandina. La insistencia de la legislación josefina en la centralización del poder y la uniformidad administrativa eran las garantías que los revolucionarios franceses habían ideado para garantizar esa igualdad. Sin duda, como señalaba Lista, equilibrar ese componente autoritario del Estado con la protección de la libertad individual era el reto mayor que se presentaba a cualquier cuerpo constituyente, en cualquier parte del mundo.

Aquel proyecto de Estado afrancesado se plasmó inicialmente en la Constitución de Bayona de 1808, la primera constitución escrita de la historia de España. Y luego se desarrolló en multitud de leyes y decretos que reestructuraban aspectos concretos de las instituciones de la Monarquía o de la normativa reguladora de prácticas sociales, económicas y culturales. Aquellos decretos fueron reunidos en su mayor parte en el Prontuario que publicó el gobierno, cuya simple visión comunica la idea de una ingente labor legislativa, llena de reformas racionalizadoras en las que se esbozaba la construcción de un Estado nacional.

Junto a la Constitución misma, habría que destacar los primeros pasos hacia la uniformización y la organización racional del territorio. Primero fue la eliminación de las aduanas interiores en 1809, que apuntaba hacia la creación de un mercado nacional como preveía el artículo 116 de la Constitución.55 Es más, aunque en la práctica no se pasó nunca de la situación de provisionalidad que impedía al gobierno josefino actuar en los territorios americanos de España, la idea —recogida en el artículo 89 de la Constitución— era convertir a la totalidad del imperio español en una zona de libre comercio. Luego vino, en 1810, la división administrativa del país en prefecturas y subprefecturas, anterior a la que prepararon las Cortes de Cádiz y, posteriormente los liberales de 1822 y los tardo-absolutistas de 1833.56

El poder de la Iglesia fue contenido y separado del espacio público que debía ocupar en exclusiva el Estado, como titular de la soberanía: la Inquisición, en particular, fue abolida por un decreto de Napoleón durante su estancia en la península;57 se declararon extinguidas las órdenes religiosas y se nacionalizaron sus bienes.58 En la mayoría de estas medidas revolucionarias, que ponían fin a instituciones características del Antiguo Régimen, el relato historiográfico dominante otorga la primicia a las Cortes de Cádiz; en realidad, estas se limitaron a seguir un programa de cambios que previamente habían sido decretados desde el bando napoleónico, como sería el caso de la abolición de la Inquisición, seguida de la nacionalización de sus bienes para ser afectados a las necesidades de la Hacienda.59

La Constitución de 1808 definió por primera vez en España las instituciones de un Estado constitucional, concretamente un régimen de monarquía constitucional; se definieron para ello toda una serie de instituciones que resultarían duraderas en los sistemas políticos españoles del siglo XIX (y del XX). Para empezar, unas «Cortes o Juntas de la nación», con diputados electivos; y, a su lado, un Senado. También se introducía una novedad tan característica del mundo contemporáneo que a veces se imagina haber sido intemporal, como es el sistema de «pluralidad de votos» para la toma de decisiones en órganos colegiados como las Cortes. Esta última innovación, que por primera vez se regulaba en la legislación, daba probablemente forma jurídica escrita a un hábito que se había ido imponiendo en la práctica, aplicando la idea original del «voto» como expresión cualitativa de la voluntad individual de los miembros del organismo, no computable de manera aritmética. A esto se añadía la responsabilidad política de los ministros, pieza clave del constitucionalismo.

La definición del Estado se asentaba sobre una nueva concepción hacendística, que hubiera adelantado en varios decenios la modernización de las bases financieras del Estado español. De la clara noción del Estado que los afrancesados introdujeron en los usos jurídico-políticos de España da cuenta el que definieran con una nitidez nunca antes conocida el alcance del patrimonio de la Corona y, en consecuencia, concibieran la separación entre el Tesoro de la Corona y el Tesoro público (arts. 22 y 119 de la Constitución de 1808).

A partir de ahí, se organizaba la Hacienda pública por vez primera, en torno al concepto de Tesoro público y a su director general (título XII), implantando un presupuesto trienal de gastos e ingresos del Estado (art. 82) y una contabilidad anual de los ingresos y gastos del Estado (art. 120), supervisada por un Tribunal de la Contaduría general (art. 122) y sometida al control de las Cortes (art. 84). Al mismo tiempo, aparecía legalmente una deuda nacional, que en principio se formaría reuniendo las anteriores deudas reales, como empréstitos, juros y vales reales (art. 115).

La modernidad de la distinción entre la Hacienda Pública y el Patrimonio Real se calibra mejor al comprobar que los diccionarios de la Real Academia Española no contemplarían esa distinción hasta muchos años después: en 1837 todavía se mantenía la ambigua definición de la Real Hacienda como «los bienes de la corona ó del estado» indistintamente —definición que había aparecido en 1817—, considerando equivalentes los conceptos latinos de pecunia publica y fiscus regius. En 1843, sin cambiar la definición, el encabezamiento añadía a la Real Hacienda «ó Hacienda Pública». No sería sino en 1852 cuando se redujera la definición a la Hacienda estatal, manteniendo —eso sí— la ambigüedad que correspondía a un país monárquico: se simplificaba entonces la definición al eliminar toda mención a la antigua relación entre la Hacienda y la Corona: en adelante Hacienda Real, ó Hacienda Pública, son «las rentas del Estado».

La Hacienda era el núcleo central de la administración ya en tiempos de Carlos IV y lo siguió siendo en tiempos de José I, por el número de empleados —aproximadamente la cuarta parte del total de los que tenía la administración— y por su alcance a todo el territorio.60 Esto significa que las transformaciones que se introducían en ella constituían transformaciones vitales hacia la construcción del Estado en sí. Ya se han mencionado algunas de esas transformaciones realizadas en 1809, cuya importancia puede volver a subrayarse ahora: la supresión de las aduanas interiores, en particular las que separaban a las provincias forales, que quedaron así integradas en el espacio económico nacional; la equiparación, a efectos fiscales y financieros, de las provincias forales con las demás de la Corona de Castilla; también la desamortización, que incluía la nacionalización de los bienes de conventos y casas monásticas suprimidas. Estas medidas enfrentaban a los colaboradores de José I con obstáculos históricos tan persistentes en España como el poder de la Iglesia y los particularismos territoriales (en este caso, los del País Vasco y Navarra); no por el placer de medirse con adversarios terribles, obviamente, sino porque se trataba de persistencias del pasado incompatibles con la construcción de un verdadero Estado nacional. Cabe pensar, dada la decisión con la que se afrontaron ambos obstáculos desde fecha tan temprana, si en caso de haberse consolidado el cambio de dinastía, el futuro Estado español no hubiera quedado definido con mayor nitidez en cuanto a la separación de la Iglesia y en cuanto a la unificación legal y política del territorio.

Podríamos mencionar otras innovaciones fiscales menores, que no afectaban a la concepción de la Hacienda nacional, sino a la creación de figuras recaudatorias modernas que ayudaran a salir de la situación de insuficiencia en la que se halló la Hacienda española durante todo el reinado de Fernando VII. No merece la pena detenerse en cada una de las ideas fiscales de los hacendistas de José I, pero sí mencionar alguna, dada la importancia que en este terreno tenían las cuestiones «técnicas» para evitar la quiebra de las arcas públicas. Los afrancesados propusieron una nueva contribución, las Patentes industriales, que consistían en una cuota anual que debía pagar toda persona que ejerciera cualquier industria, comercio, arte o profesión (muchos años antes del Subsidio industrial y de comercio, que no se creó hasta 1845). Una de las mayores novedades de este tributo era su ámbito nacional, pues a diferencia de los impuestos heredados de la Monarquía borbónica, este debía pagarse con las mismas características en toda España.61

Los antiguos e inoperantes Consejos de la Monarquía fueron abolidos, acabando así con el modelo de monarquía jurisdiccional. En su lugar, se impulsó el desarrollo del aparato administrativo del Estado y la presencia de sus representantes en todo el territorio, implantando un nuevo tipo de Estado administrativo y ejecutivo, organizado en torno a los ministerios, que fueron ampliados en número y reforzados en competencias. Este Gobierno fortalecido apareció por primera vez como articulador de la Administración pública y ejecutor de un programa político de transformación global del país: por primera vez, el Gobierno se ponía en el centro del Estado. La reestructuración de los ministerios por el artículo 27 de la Constitución, además, resultaba novedosa: las cinco secretarías tradicionales de la Monarquía española pasaban a ser nueve, pues se añadían las de Negocios Eclesiásticos, Interior y Policía General, al tiempo que la de Marina e Indias se separaba en dos.

La mera multiplicación de los departamentos ministeriales anunciaba una voluntad de expansión y especialización de la Administración pública. Pero también era relevante el cambio en la terminología: dos ministerios cambiaban de nombre (el de Estado pasaba a llamarse de Negocios extranjeros —un claro indicio de que el nombre de «Estado» se reservaba para otro uso más genérico), y el de Gracia y Justicia simplificaba su nombre por Justicia (deshaciéndose así del concepto absolutista de la gracia). La aparición del Ministerio de lo Interior resultaría definitiva, a pesar de cambios relevantes en las competencias de dicho departamento, puesto que se trataba del predecesor del que en el siglo XIX se llamaría Ministerio de Fomento, titular de amplias competencias relacionadas con la economía, la educación, la ciencia y la cultura; mientras que las competencias clásicas del que después —y hasta hoy— se llamaría Ministerio del Interior, relacionadas con el orden público y la supervisión de los municipios, las desempeñaba el novedoso Ministerio de Policía General, cuyo nombre era todo un programa de gobierno.

Las competencias de estos dos ministerios nuevos resumían lo esencial del programa afrancesado: control autoritario del orden público y fomento intensivo de la riqueza y la ilustración del país. De hecho, había tal familiaridad entre los dos departamentos, se entendían como tan claramente complementarios el uno del otro, que la propia Constitución, en su artículo 29, preveía la posibilidad de refundirlos en uno solo en algún momento futuro. Era el programa soñado por los pensadores y reformadores del despotismo ilustrado, ahora convertido en instituciones y en acciones de gobierno concretas; y sería el programa de orden y progreso que sostendrían los positivistas de las décadas centrales del siglo XIX, tanto en el sur de Europa como en el sur de América. De estos dos ministerios, por lo tanto, emanarían los textos fundamentales para valorar el lenguaje y los discursos de los afrancesados españoles.

Resulta difícil negar que la Constitución de Bayona y el régimen de José I trajeron a España los principios básicos del mundo posrevolucionario en el que el Estado podía desarrollarse. Avanzando hacia una verdadera división de poderes, se proclamaba también —y de nuevo en esto era la primera vez en España— la independencia de los jueces (art. 97). El nuevo régimen proclamó la igualdad ante la ley, eliminó la tortura como procedimiento judicial (art. 133), abolió los mayorazgos y vinculaciones (arts. 135-139), estableció el principio de mérito en el acceso a los empleos públicos (art. 140), decretó la libertad de imprenta (arts. 45 y 145), la inviolabilidad del domicilio (art. 126), la igualdad ante el impuesto, la prohibición de las detenciones arbitrarias (arts. 127-132) y un conjunto de garantías para todos estos derechos y libertades individuales (por ejemplo, la garantía del Senado sobre la libertad de imprenta y la legalidad de las detenciones).

Además, el Gobierno afrancesado puso en marcha un conjunto de reformas que debían materializarse a más largo plazo, pero cuyo objetivo quedó fijado desde el comienzo, como la posibilidad del juicio por jurados (art. 106), la codificación del Derecho civil y penal (arts. 82, 96 y 113), la implantación de un único sistema de contribuciones para toda la nación —tanto en la península como en las colonias— (art. 117), la articulación de las monedas y los impuestos en un único sistema monetario y un único sistema tributario coherentes (art. 82), el desarrollo de un plan general de instrucción pública y la unidad de fuero del país, eliminando toda clase de privilegios, jurisdicciones especiales y fueros territoriales (arts. 96, 98 y 144).

La creación del Ministerio de Policía General que preveía la Constitución de Bayona fue una innovación de gran calado, pues, como su propio nombre indica, se trataba de crear en el Gobierno un departamento especializado en cuidar del «buen orden en la república» en todos sus aspectos. Hasta entonces, el mantenimiento de la seguridad y el orden público dependían de diversos tribunales de justicia, que en última instancia venían a depender del Consejo de Castilla; tales instituciones actuaban como órganos jurisdiccionales limitados a resolver los conflictos que se les planteaban y hacer cumplir sus propias resoluciones. La función de control del orden en el conjunto de España dependía, al mismo tiempo, de la Inquisición, con todo su sistema de familiares, tribunales, cárceles, censura de imprenta, incautaciones, etc. La abolición de la Inquisición y el paso de un gobierno por administración de justicia a un gobierno por administración, llevó a esta audaz invención que era el Ministerio de Policía.

El Ministerio de la Policía resumía en gran medida el espíritu del Estado bonapartista. Partiendo de aquel concepto francés, que sin embargo era bien conocido en España, la Policía se definía por las competencias que se atribuyeron al nuevo Ministerio en 1809: la «seguridad general del Estado», «todas las medidas que haya que tomar para mantener el buen orden y la tranquilidad pública», «el régimen de los pasaportes», «la policía interior de las prisiones», «la censura de los periódicos» y «las disposiciones de alta policía».62

El desarrollo administrativo de aquel Ministerio parece hoy una evidencia; pero eso solo indica el carácter precursor y moderno que tuvo para todo el mundo hispánico, pues en el momento de su creación, en 1808, constituía una novedad absoluta, cuya organización e implantación sobre el territorio había que inventar desde cero. En las dependencias centrales de Madrid, el Ministerio contaba con 26 empleados (contando a su titular, Pablo Arribas, y al único jefe de división, José Mamerto Gómez Hermosilla). En cada ciudad cabeza de prefectura —había 38— se instaló un comisario general de Policía, con doble dependencia, a la vez del Ministerio y del prefecto, el cual dependía orgánicamente del Ministerio del Interior. La red se completó con algunos comisarios más creados en ciudades que, sin ser capitales de prefectura, fueran de tamaño bastante grande, como ocurría frecuentemente en Andalucía. Cada comisario disponía de un conjunto de empleados en sus oficinas centrales —secretario, oficiales, escribientes— y una red de cabos y agentes que desempeñaban su servicio en las calles.63

La ciudad de Madrid fue excluida de este modelo general, por la importancia que tenía para la seguridad del Estado establecer en ella un control policial especialmente fiable. El Motín de 1766 había demostrado hasta qué punto las instituciones fundamentales de la Monarquía podrían quedar expuestas a la presión popular de la ciudad capital si no se establecían mecanismos para contenerla. Por ello, en lugar de un solo comisario, en Madrid se establecieron diez, asignándolos a los diez cuarteles en que se hallaba dividida la capital; y la coordinación entre ellos se encomendó a un intendente general, cargo que recayó en Francisco Amorós, consejero de Estado y afrancesado notorio. Para que esta policía de la capital pudiera desempeñar sus funciones con eficacia, se le dotó de una fuerza armada específica, todo un batallón de Infantería ligera y se dictó un Reglamento de policía para la entrada, salida y circulación de personas por Madrid.64

La lectura de este Reglamento y de la documentación toda relacionada con el Ministerio de Policía revela un designio completamente nuevo en la mente de los gobernantes del periodo josefino: la voluntad decidida de controlar estrictamente los movimientos de la población, las actividades de la sociedad, la circulación de ideas, etc., anticipándose en cuanto fuera posible a cualquier alteración del orden. El disciplinamiento de la sociedad, sometiéndola a un orden ideal definido desde arriba era la idea misma del Estado contemporáneo.

En cuanto al Ministerio del Interior fue efectivamente creado en 1809, por primera vez en España, tal como preveía la Constitución de Bayona.65 Sus amplias competencias procedían de asuntos administrativos y políticos encomendados hasta entonces al Consejo de Castilla; y respondían a una mezcla de lo que después volvería a llamarse con el mismo nombre y lo que se llamaría más tarde «Ministerio de Fomento», creado con ese nombre por vez primera en 1832, respondiendo a una iniciativa de los afrancesados que colaboraban en los últimos años con el gobierno de Fernando VII: administración, comercio, agricultura, industria, obras públicas, instrucción pública, hospitales, beneficencia… El nuevo ministerio se desarrolló bajo la dirección de José Martínez de Hervás, marqués de Almenara. Este contó con la colaboración de una pléyade de intelectuales y científicos, como el insigne matemático José María Lanz, autor del proyecto para elaborar un mapa general de España y de otro para crear un cuerpo de ingenieros civiles, proyectos ambos que no llegaron a realizarse.66

El Ministerio del Interior fue una fuente continua de innovaciones. Este Ministerio materializaba formas de actuación del Estado sobre la sociedad que resultaban completamente nuevas y que solo encontraban sentido en la medida en que Estado y sociedad empezaban a pensarse como esferas distintas. Así, por ejemplo, se crearon en aquel ministerio una Junta de Instrucción Pública, una Junta Suprema de Sanidad —en la que colaboraron los médicos más destacados de la España de la época— y una Comisión de Teatros.

En particular, los afrancesados llevaron a la Administración del Estado una especial prioridad por el fomento de la enseñanza, la educación, la ciencia y la cultura; tal vez siguiendo las preocupaciones pedagógicas de la Ilustración, o tal vez simplemente por la noción del Estado educador que albergaban aquellos intelectuales de elite que se pusieron al servicio de José I. La importancia concedida a la Instrucción Pública dio lugar al nacimiento de ese ramo en la Administración española, donde se quedaría definitivamente. En 1811 se creó la Junta de Instrucción Pública,67 luego copiada por los patriotas fernandinos en 1813, coincidiendo con el cambio de bando de tres de los eminentes intelectuales que la formaban: José Vargas Ponce, Francisco Martínez Marina y Martín Fernández de Navarrete. El primero de ellos escribió una importante obra sobre la instrucción pública como ramo de la administración del Estado;68 luego fue miembro también de la junta que formaron los patriotas, y parece ser el inspirador común de ambos proyectos educativos.69

La copia de la Junta afrancesada de Instrucción Pública por el bando fernandino permite considerar que fueron aquellos los innovadores en este terreno; y constituye un ejemplo temprano del modo en que el Estado liberal español fue construido asumiendo en muchos casos modelos, ideas, instituciones y propuestas que procedían de otros. Hay que tener en cuenta que la Instrucción Pública no fue, ni mucho menos, un componente secundario del Estado liberal, sino uno de sus símbolos más notables. Durante la primera mitad del siglo XIX, en muchos casos ese «otro» del que se copiaron los modelos fueron los afrancesados, cuyo proyecto había quedado ocluido por la derrota militar de la Francia napoleónica en el conjunto de la guerra europea; pero que había demostrado tener soluciones para algunas de las diferentes tareas que implicaba construir el Estado. Los afrancesados siguieron existiendo después de la derrota de 1813-1815 como un grupo más o menos reconocible en el exilio, especialmente en Francia; pero no podían liderar por sí mismos la realización de su viejo proyecto, puesto que la acusación de traidores a la patria había calado profundamente y contaminaba sus biografías de manera irreversible. Sus ideas serían, unas veces, aplicadas por otros, liberales o monárquicos con un pasado libre de sospechas en cuanto a la lealtad a la dinastía borbónica; otras veces serían ellos mismos llamados a colaborar en la tarea, pero siempre que hubieran sido afrancesados de segundo nivel, con un grado de compromiso discreto, y que aceptaran trabajar prácticamente en la sombra, como técnicos más que como verdaderos responsables políticos.70

En el terreno administrativo, el mayor logro del Ministerio del Interior fue el relacionado con la racionalización de las escalas territoriales de la administración, que se hizo en condiciones muy difíciles, respondiendo con éxito a la pretensión de Napoleón de anexionar al Imperio los territorios de la margen izquierda del Ebro. Esta reorganización consistió en dividir administrativamente el país en 38 prefecturas y 111 subprefecturas, estableciendo en cada una de estas demarcaciones una serie de instituciones homogéneas para asegurar en ellas la acción del Estado (Juntas de Prefectura, etc.); y establecer una red uniforme de municipalidades para la administración local, municipalidades que dependerían de los prefectos y que tendrían una estructura institucional homogénea (corregidor, regidores y junta municipal).71 Se trataba ya de la clásica estructura liberal centralizada en un Ministerio del Interior y expandida con instituciones análogas que sirven de correa de transmisión al gobierno, mediante un prefecto, unos subprefectos y unas municipalidades de nuevo cuño, a las que no se concede el carácter de órganos políticos autónomos en representación de la población local, sino de órganos administrativos que emanan y dependen del Gobierno central. Ni más ni menos que la estructura que adoptaría la administración territorial en España bajo la impronta de los moderados en los años 1840.

Este conjunto de reformas diseñaban una transición de la antigua Monarquía a un verdadero Estado nacional, revolucionaria por su contenido, pero no por su forma: la transformación respetaba aparentemente las tradiciones del país, se implantaba desde arriba por la autoridad soberana del monarca y limitaba el alcance de la transformación social al esbozar un modelo de orden jerárquico y autoritario. Las vías por las que tal simbiosis de orden y revolución se proyectó hacia el futuro y se hizo presente en el proceso posterior de construcción del Estado español fueron fundamentalmente dos: por un lado, el desafío que las reformas josefinas supusieron para sus adversarios fernandinos (y después cristinos o isabelinos), obligados a emularlas, ofreciendo desde el campo «patriótico» soluciones comparables, si no superiores, como si se tratara de una subasta; por otro lado, la experiencia josefina generó un grupo humano, los afrancesados, que tras pasar por la condena y el destierro, regresaron en parte a España y fueron colaboradores inestimables de regímenes tan diversos como el liberalismo templado del Trienio constitucional (1820-1823), la Monarquía absoluta de Fernando VII —en su último periodo, reformista— y la Monarquía constitucional de Isabel II, a cuyo servicio se introdujeron, especialmente en las filas del partido moderado.72

Ambas formas de influencia trasladaron en gran parte el experimento afrancesado a la corriente principal de la construcción del Estado. El influjo es muy importante, aunque la historiografía española ha tendido a minimizarlo, hasta el punto de no mencionarlo como una de las raíces principales del Estado español contemporáneo, sino como una especie de paréntesis sin consecuencias o, peor aún, un desvío, un resbalón histórico, que se corrigió de inmediato. La España actual, que conmemoró con alegría las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 con motivo de su bicentenario, se ve como heredera de aquellos acontecimientos, cuyo patriotismo está fuera de duda, ignorando que el Estado posterior, el que realmente se construyó en España, respondía a un modelo claramente distinto del que se esbozó en Cádiz. Respondía a un modelo posrevolucionario cuyo precedente inmediato era el proyecto afrancesado de 1808. La distorsión es consecuencia del nacionalismo historiográfico, comprensible, pero infundado. Hay que decir con toda claridad que el Estado español contemporáneo es tan heredero del modelo afrancesado de 1808 como lo pueda ser del modelo gaditano de 1812, si no más.

La primera de las formas de influencia a la que se ha hecho referencia, la de la emulación de las innovaciones afrancesadas por parte de sus adversarios, es fácil de comprobar por la cronología de las disposiciones de uno y otro lado. Empezando por la innovación radical que supuso el dotarse de una Constitución escrita que limitase los poderes del monarca, estableciese un Estado de Derecho, una asamblea representativa y unos derechos individuales: en el campo afrancesado, este paso estaba dado desde 1808, mientras que la Constitución del campo fernandino se demoró hasta 1812. Esto no ha impedido que la historiografía siga hablando de este segundo texto como la primera Constitución española. Así se enseña en los colegios. Si alguien discrepa y pone sobre la mesa lo evidente, la respuesta es que la Constitución de Bayona no es propiamente española, porque respondía a la influencia francesa, lo cual es cierto, aunque solo en parte. La Constitución de Cádiz tampoco hubiera sido posible sin la protección naval que los británicos ofrecían en aquella ciudad a quienes se opusieran al poder de Francia, su enemiga en la larga guerra que se prolongó hasta 1814; y en el contenido de aquella Constitución son visibles tanto el deseo de implantar una monarquía parlamentaria similar a la que tenía Gran Bretaña, como la copia de fragmentos de la Constitución francesa de 1791.

La Constitución de Cádiz, con todas sus innegables virtudes, era una respuesta a la de Bayona, que inició la historia del constitucionalismo español y creó el primer Estado constitucional del país. Las dos fueron elaboradas por españoles: por un lado, los aliados y protegidos de Francia; por otro, los de Gran Bretaña; y todo ello en el marco de una guerra generalizada entre las potencias europeas, en la que España había quedado anulada como potencia desde el comienzo. También se dice en ocasiones que la Constitución de Bayona no merece ser considerada como parte de la historia constitucional española por la brevedad de su vigencia, que además no fue efectiva en todo el territorio: argumento endeble si se tiene en cuenta que la Constitución de Bayona se mantuvo vigente por espacio de cinco años —de 1808 a 1813—, mientras que la de 1812 estuvo en vigor tan solo dos años, puesto que el 4 de mayo de 1814 fue anulada por el golpe de Estado absolutista que encabezó el propio Fernando VII al regresar a España. Cierto que hubo luego otros periodos de vigencia de la Constitución de Cádiz, aunque fueron igualmente efímeros: tres años y medio en 1820-1823 y menos de uno en 1836-1837. Los textos posteriores que conforman la historia constitucional de España no estuvieron vigentes por mucho más tiempo: el Estatuto Real estuvo en vigor solamente dos años (1834-1836), la Constitución de 1837, no llegó a ocho (hasta 1845); la de 1869, menos de cuatro (hasta 1873)…, y otros textos no llegaron siquiera a ser promulgados, como las nonatas de 1856 y 1873. Decididamente, la Constitución de Bayona, además de ser la primera, tuvo una vigencia homologable a la de los demás textos que se suelen incluir en el relato histórico del Estado constitucional en España.

Si seguimos el articulado de la Constitución de Bayona y el de la Constitución de Cádiz, sin olvidar la precedencia cronológica de la primera, veremos que muchas de las innovaciones que se le atribuyen a la segunda no lo eran tanto, en la medida en que replicaban las introducidas por la Asamblea de Bayona de 1808 —fuera con fórmulas idénticas, diferentes o incluso superiores—. Lo mismo se puede decir de muchas de las grandes reformas que, tanto las Cortes de Cádiz como el gobierno de José I fueron dictando para desmantelar el Antiguo Régimen. La excepción la constituyen aquellas medidas de más amplio calado revolucionario que las Cortes de Cádiz dictaron, encerradas en una ciudad sitiada y sin la presencia de un monarca que limitara su poder, las cuales sí iban ideológicamente más allá de la transformación moderada que querían realizar los afrancesados.

La otra vía por la que se hizo notar la influencia de los afrancesados fue la del reclutamiento del personal político y administrativo durante el proceso de construcción del Estado. Porque, efectivamente, en ese proceso se recurrió con frecuencia a reclutar a antiguos afrancesados, que proporcionaron su experiencia y sus conocimientos, trasladando y recuperando en parte lo aprendido durante el reinado de José I. Este fenómeno también ha tendido a dejarse en la penumbra del relato histórico oficial, como si los afrancesados, desterrados tras la derrota del ejército napoleónico y el regreso de Fernando VII en 1814, hubieran desaparecido entonces sin dejar rastro. No fue así. Muchos de ellos regresaron tras el pronunciamiento de Riego de 1820 y se pusieron al servicio del nuevo régimen constitucional que entonces se implantó. Entendían que este representaba la derrota del absolutismo real y del oscurantismo de los seis años anteriores, y permitía recuperar por otros medios el programa reformista de implantación de un Estado moderno. En la práctica, el grupo afrancesado que regresó del exilio durante el Trienio constitucional de 1820-1823 —ya que no todos regresaron— se aglutinó en el ala más conservadora del nuevo régimen, tratando de reforzar un liberalismo moderado que recordaba a la posición intermedia que ya habían sostenido en tiempos de José I.

El segundo golpe de Estado de Fernando VII, en 1823, volvió a dejar a los antiguos afrancesados sin espacio político aparente, tanto más cuanto que la restauración absolutista vino esta vez propiciada por una intervención militar francesa, los Cien Mil Hijos de San Luis. Pero, quizá precisamente por eso, la antigua vinculación a Francia y lo que esta había tenido de traición a la patria, pasó a resultar menos inconveniente en el nuevo periodo absolutista que se abrió. Y como, en todo caso, los problemas prácticos se le acumulaban a una Monarquía absoluta que se hallaba en bancarrota económica, deslegitimada y carente de ideas, el recurso a estos antiguos afrancesados para que aportaran soluciones no estaba descartado. Después de todo, muchos de ellos eran personas notablemente cultas y dotadas de una preparación técnica sofisticada, tenían experiencia administrativa y conocían de primera mano el funcionamiento del Estado francés; y, por supuesto, no eran peligrosos revolucionarios, sino conservadores acreditados, aunque atentos a las demandas de la modernidad. Resultaban colaboradores atractivos, no tanto para el rey en persona, cuanto para sus ministros, que buscaban desesperadamente la forma de sacar al régimen de su situación crítica. Colaboradores especialmente atractivos porque, además, su pasado afrancesado y su paso por el exilio les hacía dóciles a las directrices políticas que se les dieran desde arriba, pues sabían que con tal pasado difícilmente podrían aspirar a desempeñar puestos políticos de primer orden: siempre serían técnicos capaces al servicio de ministros libres de toda sospecha, colaboradores eficaces para diseñar reformas moderadas, sin pretender capitalizar políticamente en provecho propio los éxitos que se obtuvieran. Luis López Ballesteros, a quien Fernando VII encargó la difícil tarea de desenmarañar la Hacienda real sin aceptar ninguna alteración sustancial del marco impositivo que recordara al liberalismo revolucionario, recurrió para ello a antiguos afrancesados, como Javier de Burgos y Pedro Sainz de Andino.73

Los liberales españoles y sus proyectos de Estado

En el otro lado de aquel conflicto, en la España leal a Fernando VII, tampoco se dieron durante la guerra de 1808-1814 circunstancias favorables para mantener o reconstruir las instituciones de la Monarquía tradicional. Tras la formación de la Junta central, que auguraba al menos la emergencia de una instancia alternativa al régimen afrancesado, esta no pudo ofrecer resistencia militar efectiva a la campaña dirigida personalmente por Napoleón desde noviembre de 1808. Se vio obligada a huir a Sevilla y, finalmente, refugiarse en 1810 tras las murallas de Cádiz, ciudad-isla donde los británicos podían ofrecer protección naval. De este modo, la superioridad militar del ejército francés en tierra encontraba un límite. Aunque fuera bajo condiciones de asedio terribles, el exiguo espacio de la ciudad de Cádiz constituía un rincón de suelo español seguro para las autoridades rebeldes, desde donde pudieron mantener levantada la bandera de una legalidad alternativa a la de los Bonaparte. La Junta central se autodisolvió el 29 de enero de 1810, dejando paso a una Regencia que ejerciera como titular de la soberanía en ausencia de Fernando VII, a quien nominalmente se seguía guardando lealtad. En su nombre, y siguiendo un plan diseñado por la disuelta Junta central, la Regencia convocó elecciones para reunir en Cádiz unas Cortes que emprendieran la reconstrucción y redefinición de las instituciones españolas.

Naturalmente, aquella operación política revestía un componente de ficción, puesto que las autoridades refugiadas en Cádiz tenían aún menos capacidad de control sobre el territorio peninsular que el gobierno de José Bonaparte. Las decisiones que tomaran tendrían ante todo un valor simbólico; y tal vez más adelante, si se ganaba la guerra contra los franceses, una posibilidad de aplicación efectiva en el país. En todo caso, su valor simbólico es innegable, y su significado de ruptura con el pasado también lo es.

La asamblea parlamentaria que la Regencia reunió en Cádiz llevaba el nombre tradicional español de Cortes; pero a lo que más se parecía era a la cámara baja del Parlamento británico o a la reinterpretación moderna de aquella tradición de Monarquía parlamentaria que había hecho la Revolución francesa en 1791. Las Cortes de la Monarquía española nunca habían existido como Cortes españolas, sino como asambleas estamentales de cada uno de los reinos que componían la Monarquía: había Cortes separadas de Castilla, de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Navarra, aunque solo las de Castilla y Navarra habían sobrevivido en el siglo XVIII. Eran asambleas consultivas, que el rey reunía sin regularidad preestablecida para aprobar determinados impuestos a cambio de escuchar peticiones. Y, sobre todo, no tenían poder soberano para reformar las instituciones o transformar la constitución de la Monarquía. En la monarquía absoluta, como se ha visto en el capítulo 1, estas graves cuestiones eran prerrogativa de la Corona, que las canalizaba a través de los Consejos.

Por tanto, la convocatoria de Cortes fue una medida revolucionaria, adoptada en completa ruptura con la legalidad y con la tradición. Elegir una asamblea representativa del conjunto de España y permitir que abordara la definición política de la Monarquía era llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, aunque la ruptura se disimulara diciendo que todo se hacía en nombre de Fernando VII, reconocido como único rey legítimo, y apelando a la tradición inmemorial de representación del reino implícita en el nombre mismo de la asamblea, que se ha mantenido hasta hoy: Cortes. Las Cortes de Cádiz fueron revolucionarias por su origen y por su actuación, puesto que, una vez reunidas, adoptaron medidas inequívocamente encaminadas a liquidar la vieja Monarquía y erigir en su lugar un verdadero Estado nacional. Esta operación revolucionaria se plasmó fundamentalmente en la Constitución de 1812 y, complementariamente, en una sucesión de medidas de las Cortes que liquidaban las más significativas instituciones políticas y sociales del Antiguo Régimen. A título de ejemplo, se pueden mencionar los decretos de las Cortes que abolieron la censura de prensa (5 de noviembre de 1810), los señoríos (6 de agosto de 1811) o los Consejos de la Monarquía (17 de abril de 1812).

No obstante, los elementos conservadores también estuvieron presentes en la labor de las Cortes de Cádiz. Sus autores se empeñaron en resaltar los elementos de continuidad con la tradición española, que era la de la Monarquía católica, quizá por el vértigo de la ruptura revolucionaria con el pasado que sabían que estaban impulsando, quizá por razones estratégicas en el contexto de la guerra. Así, toda la labor de las Cortes, y muy particularmente la Constitución, se legitimó sobre la base de un discurso historicista que interpretaba esta labor en continuidad con tradiciones que venía a realizar plenamente. El parlamento nacional, elegido por sufragio universal, se suponía recuperación de las cortes que existían en los reinos de la Edad Media. Los derechos constitucionales de los ciudadanos se entendían como versión moderna de las libertades recogidas en los fueros medievales. Y la misma monarquía parlamentaria se presentaba como reedición del equilibrio entre rey y reino de tiempos pasados. Así pues, se ofrecía una lectura de la historia de España en la que había un pasado de libertades que llegaría hasta el siglo XV, torcido luego por la intromisión de una dinastía extranjera —los Austrias— que impuso el absolutismo a despecho de la resistencia que ofrecieron la rebelión de los comuneros en Castilla o las Germanías en Valencia. Según esa lectura, el absolutismo monárquico había mantenido a España sometida al despotismo y apartada de su constitución tradicional (las llamadas leyes fundamentales); y las Cortes de Cádiz venían a recuperar aquella trayectoria genuinamente nacional.74

Este planteamiento historicista fue sustentado por el discurso preliminar a la Constitución de 1812, cuyo autor principal fue Agustín Argüelles, aunque fue concebido por la Comisión constitucional como un preámbulo justificativo del contenido de la Ley fundamental y, por tanto, su representatividad sobrepasa la de un texto de autor individual.75 El discurso preliminar, elaborado en paralelo al articulado de la Constitución, fue leído ante las Cortes el 24 de diciembre de 1811. En él se recoge esta justificación historicista como doctrina oficial del nuevo Estado. Su desarrollo más sistemático se halla en el libro que publicó en 1813 Francisco Martínez Marina bajo el título Teoría de las Cortes.76

Sin duda, había en esta interpretación histórica forzada, que idealizaba la Edad Media peninsular, una intención propagandística. Se intentaba legitimar el cambio disfrazándolo de continuidad o, aún mejor, de recuperación de un pasado que nunca debería haberse perdido. Pero también había en este discurso algo de convicción; y, sobre todo, la hubo más a medida que avanzó el tiempo y que el historicismo arraigó como componente común del liberalismo español del siglo XIX. Las consecuencias eran importantes, porque la pátina de antigüedad que se daba a la Constitución por esa vía legitimaba cuantos elementos tradicionales se mantuvieran o se recuperaran en la construcción del Estado resultante.77

Ese Estado, desde luego sería monárquico, plenamente monárquico; lo cual implicaba dejar en manos del rey resortes de poder tan importantes como el veto que, a la postre, harían inviable el funcionamiento del sistema constitucional sin la colaboración leal del monarca. No había otra tradición a la que apelar que la monárquica; nada de pensar en repúblicas. Además de monárquica, borbónica, dado que la movilización patriótica que debía respaldar la lucha contra los franceses se hacía en nombre del rey ausente, Fernando VII y de su legitimidad monárquica en el sentido más tradicional. «El Rey de las Españas es el Sr. D. Fernando VII de Borbón, que actualmente reina» (art. 179).78 No hay que olvidar que Fernando VII, a quien se suponía prisionero de Napoleón y forzado con engaños y presiones a ceder la Corona española, había abdicado voluntariamente porque así le convenía para su bienestar personal; que había sido él quien había llamado públicamente a sus súbditos a que prestaran colaboración leal a la nueva dinastía Bonaparte, por más que luego persiguiera como traidores a quienes siguieron esas instrucciones; y que por entonces vivía propiamente como un rey en el castillo de Valençay, mientras los españoles fernandinos combatían por devolverle el trono en la terrible guerra —mitad guerra civil, mitad guerra internacional— que retrató Goya. Pues bien, paradójicamente, las Cortes de Cádiz se empeñaron en que tenía que ser este vástago de la Casa de Borbón el que ejerciera de restaurador de las libertades como monarca constitucional. Un papel para el cual Fernando demostraría, con el tiempo, que no era la persona adecuada. Y una opción que, por otra parte, era notoriamente incompatible con la idea de que el absolutismo constituía una planta exótica, traída a España por una dinastía extranjera: tan extranjeros habían sido los Austrias en el siglo XVI como los Borbones en el XVIII; y, de hecho, el absolutismo monárquico, esbozado durante los reinados de la Casa de Habsburgo en los siglos XVI y XVII, fue llevado hasta el extremo en el XVIII ya por los Borbones. La opción por mantener a los Borbones demostró ser un suicidio político para cuantos luchaban por las libertades y por un Estado representativo. Solo se justificaba por un cálculo político que sopesaba el interés de la legitimación tradicional para sustentar el giro político que traía la obra de las Cortes.

En la misma dirección conservadora hay que considerar otra de las características fundamentales de la Constitución de Cádiz, que es su carácter confesional. La Constitución se ancló fuertemente en la tradición católica, ya desde sus palabras iniciales: «En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad». Para especificar luego, muy pronto, que «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra» (art. 12).79 De nuevo aquí se presenta un enlace con el pasado, tal vez justificable si se piensa en términos estratégicos para hacer aceptable la Constitución, pero preñado de consecuencias para el futuro. La solemne constitucionalización de la religión católica apuntaba hacia el mantenimiento del poder de la Iglesia, que no era neutral en cuanto al modelo político ni en cuanto al tipo de sociedad que se iba a construir en España. La identificación de lo español con lo católico frenó el desarrollo de una identidad nacional de otro tipo. Y tampoco sirvió —como no lo hizo la apuesta por la monarquía borbónica— para garantizar la pervivencia del régimen constitucional ni para poner de su parte a los que así se pretendía ganar con halagos.

Otro terreno en el que la obra de las Cortes de Cádiz puede considerarse continuista es el de la administración de justicia. En este terreno, no solo no se introdujeron novedades sustanciales, sino que en cierto modo se dio ropaje constitucional a un conjunto de prácticas jurisdiccionales que venían del Antiguo Régimen y que suponían el funcionamiento ordinario de la Monarquía tradicional. Los historiadores del Derecho han puesto de manifiesto hasta qué punto el juramento constitucional, esencialmente corporativo, y la responsabilidad de los empleados públicos, hacen que en el corazón del texto de 1812 se encuentre una especie de constitucionalización de la monarquía jurisdiccional.80

Aparte de estos rasgos conservadores y del discurso historicista empleado para sustentarla, la Constitución rescató también y dio nuevo curso a otro elemento que se puede relacionar con la tradición hispana. Se trata de la relevancia dada a los entes locales, los municipios. Sin duda, existía una tradición localista española, que había sobrevivido a tres siglos de absolutismo monárquico. Las identidades locales seguían teniendo una fuerza enorme, comparable a la que proporcionaba la pertenencia a los distintos reinos o a la Monarquía que los unificaba a todos ellos. La condición de súbdito de la Monarquía se adquiría como consecuencia de ser reconocido como miembro de una comunidad local incluida en el territorio de dicha Monarquía.81 Pues bien, la Constitución de 1812 convirtió a esas comunidades locales en comunidades políticas, al dotarlas de ayuntamientos constitucionales electivos, que además estarían dotados de notable autonomía (Título VI). Esta democratización que la Constitución de Cádiz introdujo en el ámbito del gobierno municipal (ayuntamientos) y territorial (diputaciones provinciales) fue uno de los elementos característicos del modelo de Estado que diseñó el liberalismo revolucionario español. Un elemento que distingue claramente a este modelo del que sustentaba la Constitución de Bayona. Y que sería objeto de larga controversia política hasta mediados del siglo XIX.

Aparte de eso, lo que se encuentra en la Constitución de 1812 es el diseño de un nuevo sistema político, el que conocemos como monarquía parlamentaria. Un régimen en el cual la última palabra en la toma de las grandes decisiones políticas corresponde a una asamblea legislativa, llamada Cortes en el caso de España. Esa asamblea tendría carácter electivo, en principio con sufragio universal masculino, es decir, un derecho de voto muy extendido, pues no se le ponían límites censitarios; si bien el sistema de elección indirecta de los disputados en tres niveles —parroquia, partido y provincia— mitigaba el carácter democrático que en principio hubiera podido tener tal extensión del voto.

Por más que el discurso historicista oficial apoyase este sistema político en supuestas tradiciones medievales hispanas, es evidente que su referente más directo no era ese, sino la práctica de la monarquía británica desde la revolución del siglo XVII. Ese origen británico es la clave para la mayor parte de los elementos que caracterizan a la Constitución de Cádiz, como el origen francés pueda serlo para la Constitución de Bayona: monarquía, parlamento, vinculación entre la Iglesia y el Estado, ejercicio jurisdiccional del poder, autonomía local…, todo ello era coherente con el patrocinio británico del Estado que estaba surgiendo en Cádiz en las específicas condiciones de la guerra que Inglaterra sostenía contra el Imperio napoleónico. Desde el principio de la construcción del Estado español, en los albores de la Edad Contemporánea, pues, hubo dos modelos enfrentados, dos formas de entender la ruptura con el pasado; y ambos remitían a modelos europeos distintos, fundamentalmente los de Francia y Gran Bretaña.

La historiografía española de los siglos XIX y XX, construida —como las demás de Europa y América— desde una perspectiva nacionalista, ha querido hacer al Estado español contemporáneo heredero de la insurrección de 1808, las juntas y las Cortes de Cádiz, con ánimo de ignorar en el relato el reinado de José I y su régimen, por tratarse de imposiciones extranjeras. Sin embargo, el Estado español fue heredero de ambas experiencias, la del gobierno de Madrid y la del gobierno de Cádiz, la de la Constitución de 1808 y la de la Constitución de 1812: en ambas participaron activamente sectores de la población y de las elites españolas; ambas tuvieron sus compromisos con las grandes potencias europeas que por aquel entonces se disputaban la hegemonía, Inglaterra y Francia; y ambas dejaron su huella en la posterior evolución histórica del Estado.

En algún sentido, ambos fueron intentos fallidos de poner en marcha la construcción del Estado nacional en España. En los dos casos, el regreso de Fernando VII al trono determinó la interrupción brusca de esos intentos, la nulidad de todas las reformas llevadas a cabo y la persecución de quienes habían participado en su realización. Es cierto que la Constitución de Cádiz volvió a ponerse fugazmente en vigor por dos veces, en 1820 y en 1836; y, sobre todo, que funcionó como mito fundacional del liberalismo español, aunque sus soluciones concretas no siempre fueran respetadas después del giro posrevolucionario que supuso la Constitución de 1837. En ese sentido, podría decirse que fue algo más que un intento fallido, y que su legado para la historia posterior del Estado en España fue mayor que la del régimen de José I. Pero, sin ánimo de sopesar herencias que no se prestan a la cuantificación, habrá que tener en cuenta también que el liberalismo posrevolucionario recuperó del legado josefino soluciones institucionales relevantes, personajes que desempeñaron un papel importante en la construcción del Estado y, sobre todo, un concepto global del Estado más conservador y autoritario, más dado a la Administración y menos a la representación. Tal vez, a largo plazo, el Estado español acabaría pareciéndose más al esbozo que habían hecho los afrancesados que al de los constitucionales gaditanos.

Las dos experiencias del periodo 1808-1814 surgieron de dos lecturas diferentes de la Revolución francesa y de su desenlace en el Imperio napoleónico. La lectura gaditana miraba con admiración hacia los momentos iniciales de la Revolución francesa, anteriores a la República y al Terror; de hecho, sus adversarios les acusaron de pretender imponer a España una constitución copiada de la francesa de 1791. Esta lectura, más abierta a la influencia británica, dio lugar a una monarquía parlamentaria, basada en la protección de los derechos ciudadanos por medio de mecanismos representativos; estos se plasmaban en la supremacía política de un parlamento unicameral, complementada por el establecimiento de diputaciones provinciales y municipios también representativos de la población y dotados de autonomía en sus respectivos territorios.

La lectura afrancesada, en cambio, daba por fracasada la Revolución francesa a la luz de su radicalización y su deslizamiento hacia el Terror. Se trataba de evitar a España el proceso revolucionario completo, con su violencia desatada y su inversión de las jerarquías sociales, para obtener directamente el resultado modernizador que a la vecina Francia le había exigido pagar tan alto coste. Por motivos evidentes, dado que se trataba de definir el régimen de un Estado satélite del Imperio francés, era el modelo napoleónico el que se tomaba como guía. Y esto significaba una prioridad de la administración sobre la representación, buscando la afirmación del orden desde un gobierno central ilustrado y eficiente. Aquí los municipios quedaban reducidos a órganos administrativos locales sin autonomía política. Y el parlamento, que se concebía ya con dos cámaras, tenía poderes limitados frente al poder ejecutivo que encabezaba el rey.

Si las diferencias son claras, también lo son las semejanzas. No es la menor el que ambas experiencias echaran a andar dotándose de una Constitución escrita: la afrancesada primero, en 1808, y la gaditana después, en 1812. Ni que en ambas constituciones se pensara la nación española como una comunidad política trasatlántica, de la que formaban parte tanto los habitantes de la parte europea de España como de la parte americana. En los dos casos se diseñaron sistemas políticos monárquicos y constitucionales, basados en el balance entre un poder ejecutivo encabezado por la Corona y un poder legislativo de carácter representativo; aunque el equilibrio entre uno y otro poder fuera muy distinto en un caso que en otro. En la práctica, muchas de las disposiciones modernizadoras que José I decretó en su intento por mostrarse continuador del reformismo ilustrado del siglo anterior, fueron también adoptadas por las Cortes de Cádiz, que se consideraban a sí mismas como la única representación genuina de las aspiraciones de cambio de los españoles: los dos regímenes entraron en una espiral de emulación que, a la postre, dio lugar a medidas muy similares en ambos lados. En cualquier caso, más allá de las medidas concretas de unos y de otros, lo que importa retener es que desde los dos regímenes confrontados se inició la definición teórica de un Estado nacional que habría que construir una vez terminada la guerra; aunque las circunstancias no permitieron que aquellos dos diseños se implementaran en la práctica con la suficiente continuidad como para evaluar el tipo de Estado al que hubieran dado lugar.

La tercera vía: reformar la Monarquía

Tras la derrota de la Francia napoleónica en la guerra europea, los vencedores pretendieron imponer la restauración del Antiguo Régimen en el Congreso de Viena (1815). Sin embargo, como es sabido, la vuelta al orden de cosas anterior a 1792 se demostró imposible, tanto en España como en otros países.

Para empezar y por lo que respecta a España, es importante resaltar que la vuelta al orden anterior no fue plena ni siquiera como pretensión, puesto que el Congreso de Viena se desentendió de lo ocurrido en América, donde la rebelión contra las autoridades españolas había prosperado hasta hacerse difícil de contrarrestar en algunos territorios, especialmente en el Río de la Plata. Esta situación, que amenazaba con producir la completa independencia de los dominios americanos de la Monarquía, constituía un cambio de grandes proporciones para España; pero resultaba congruente con los intereses comerciales y políticos de Gran Bretaña. Los Borbones fueron repuestos en el trono, si bien un trono condenado por la rebelión americana a una futura reducción de sus dominios a la España peninsular y las islas. Aunque Fernando VII reclamó de sus aliados europeos una intervención para poner fin a la rebelión de sus dominios americanos, dicha pretensión no fue atendida ni era razonable que lo fuera: Austria, Prusia y Rusia eran potencias continentales sin intereses ultramarinos ni verdadera capacidad de intervención en aquellos espacios; en cuanto al cuarto integrante de la coalición vencedora, Gran Bretaña, que sí tenía una política mundial y una flota que le daba un gran poder de actuación a través del Atlántico, sus intereses iban en la dirección exactamente contraria a los de España, y de hecho apoyaba la independencia de las colonias españolas y portuguesas en América, que le abriría mayores posibilidades comerciales y de influencia política.

No hubo intervención extranjera para devolver a Fernando VII su control sobre la América continental, gravemente amenazado después de seis años de relajación del vínculo colonial y de dudas sobre las dos autoridades metropolitanas que se reclamaban legítimas: la de los emisarios de José Bonaparte —en general rechazados sin contemplaciones— y la de la Junta central, la Regencia y las Cortes, que a duras penas podían presentarse como continuadoras de la Monarquía tradicional. A falta de intervención extranjera, la recuperación del control sobre los territorios americanos se hizo depender de las fuerzas propias de España, que tenía en el continente americano contingentes militares muy reducidos y no disponía de una Marina de guerra digna de tal nombre. Hubo varios intentos de realizar expediciones desde España, recurriendo a la financiación de los comerciantes;82 pero el Río de la Plata se proclamó independiente en 1816, y desde allí se extendió la insumisión a Chile y Perú, mientras Bolívar extendía el foco rebelde de la Nueva Granada hacia Venezuela, Quito y Perú. La situación se demostró irreversible, pues los dos bastiones españoles desde el inicio de la conquista, México y Perú, acabaron proclamándose independientes por distintas vías en los años veinte, consumando del todo la emancipación de la América continental española. Por lo tanto, la restauración no fue tal desde el comienzo, aunque muchos reaccionarios de la época fueran incapaces de comprenderlo. El cambio en las dimensiones territoriales de la Monarquía, por sí solo, ya suponía un cambio radical del escenario en el que esta debía desenvolverse.

Esta imposibilidad de una vuelta atrás no era un rasgo exclusivo de España, desde luego: en ningún lugar de Europa se produjo un regreso completo a la situación anterior, puesto que algunos cambios resultaban irreversibles. Las experiencias vividas durante el periodo revolucionario no podían borrarse y ello requería adaptaciones para salvar lo esencial de aquellos regímenes anteriores que se pretendía restaurar. En el caso de España, Fernando VII decretó la ilegalidad de todo lo actuado en su ausencia, derogando de un plumazo las reformas realizadas no solo por el gobierno afrancesado, sino también por la Junta central, la Regencia y las Cortes.83

No obstante, incluso en aquel momento marcado ideológicamente por la noción de restauración absoluta, el rey se permitió introducir una excepción, en la medida en que convenía a sus intereses: la abolición de los señoríos, que habían dispuesto tanto las Cortes de Cádiz como el gobierno de José I, si bien no se decretó subsistente, sí se hizo subsistir en sus efectos. Las disposiciones adoptadas a este respecto por las Cortes de Cádiz —al igual que las del régimen afrancesado, aunque estas no fueran tenidas en cuenta— creaban una única jurisdicción de titularidad real, en detrimento de las jurisdicciones señoriales que tradicionalmente habían detentado algunas casas aristocráticas, instituciones eclesiásticas e incluso ciudades.84 Y para el gobierno absolutista de Fernando VII esta ampliación de la jurisdicción real, en detrimento de otros poderes —locales, nobiliarios o eclesiásticos— reforzaba el poder de la Corona y era bienvenida.

En la medida en que convenía para el reforzamiento del poder real, no se intentó restaurar el Antiguo Régimen en su integridad; pero las correcciones iban poco más allá que la mencionada, pues contra toda evidencia, Fernando y sus consejeros restablecieron sobre el papel todos los antiguos mecanismos de la Monarquía española. Muchos de aquellos mecanismos, como el sistema de gobierno por consejos o como la Hacienda real, habían dejado de funcionar en la práctica, y su restablecimiento formal era un contrasentido que abocaba al desastre.

Lo que no parecían comprender los consejeros de Fernando VII era que no se puede volver al pasado: quienes lo intentan, vuelven a crear las condiciones para que ocurra de nuevo lo que querían evitar (en este caso, la revolución). Ni tampoco entendían que esta evidencia universal se concretaba en la España de su tiempo en la dificultad de recuperar el control sobre los dominios americanos; de manera que el nuevo sistema de poder tendría que adaptarse a un cambio drástico en las dimensiones del territorio, de la población y de los recursos sobre los que se gobernaba. Los hechos acabarían convenciendo al rey y a su entorno de que era imprescindible realizar reformas para evitar el hundimiento completo de la Monarquía. Pero eso sería después de perder diez años en el intento.

En la primera restauración absolutista, de 1814 a 1820, apenas hubo reformas dignas de tal nombre. La Hacienda española estaba prácticamente en quiebra como consecuencia de las guerras, de la insuficiencia de los impuestos del Antiguo Régimen, el restablecimiento de los privilegios estamentales, la deslegitimación de los viejos tributos, la desaparición de las remesas de América, la mala gestión y la poca confianza que inspiraba la Hacienda española en los mercados crediticios internacionales. Apenas puede reseñarse otra cosa que el intento de Martín de Garay de aliviar la situación de la Hacienda real mediante una innovación conocida como los Cuadernos de la Riqueza en 1817.85

Aunque aquella operación no supuso una transformación profunda del régimen, ni tan siquiera del anquilosado sistema tributario, es interesante observar que la impulsó un ministro de pasado liberal, que había estado comprometido con el régimen gaditano;86 que su reforma consistía, poco más o menos, en recuperar una figura tributaria creada precisamente por las Cortes de Cádiz y, por tanto, con implicaciones revolucionarias, la Contribución directa de 1813; y que su aplicación resultó incompleta y dificultosa por la resistencia que opusieron los privilegiados al pago de una contribución directa que se recaudara mediante una investigación pormenorizada de los patrimonios de los contribuyentes.87

En definitiva, aquel intento pone de manifiesto las contradicciones del régimen absolutista, cuyos partidarios se hallaban atrapados entre la voluntad de mantener intactas las instituciones de la Monarquía y la necesidad de transformarlas para adaptarse a los nuevos tiempos. Con un territorio y una población mucho más reducidos, el sistema tributario tradicional dejaba de ser válido: ya no podía confiarse en una presión fiscal leve sobre un territorio extenso y de recursos abundantes, al modo de un imperio; sino que era preciso pasar al modelo del Estado-nación, que implica obtener los recursos exigiendo un compromiso fiscal más intenso a una población más reducida —con la particularidad de que esa población ha de ser cohesionada y movilizada para atender al esfuerzo que se le requiere, a cambio del cual exigirá derechos, libertades, participación política—. Los hechos, pues, fueron mostrando que el imperio español había terminado y que las soluciones liberales se imponían por sí mismas, para construir un Estado de base nacional.

No se trataba de un capricho del destino ni de obedecer a un curso inmanente de la Historia. Todo era mucho más contingente. La posición geográfica de España, en la vecindad inmediata de Francia, le había hecho medirse en fechas muy tempranas con el primer Estado-nación de los tiempos modernos: la Francia surgida de la Revolución. La Monarquía española se hundió por el empuje de Francia, capaz de movilizar recursos militares incomparablemente mayores a los de cualquier monarquía del Antiguo Régimen. Pero, tras ese hundimiento, la proximidad de Francia y el estrecho contacto con ella a lo largo del siglo anterior proporcionaban la oportunidad de seguir el mismo modelo para salir del marasmo en el que se hallaba la Monarquía española. El modelo pergeñado por los afrancesados y el de las Cortes de Cádiz iban en esa dirección, esbozando un futuro Estado nacional. La restauración absolutista significaba ignorar esas opciones e instalarse en la conservación de una Monarquía que hacía aguas por todos lados.

La cuestión americana era de singular importancia en este marco; y pudo funcionar como un espejismo para el gobierno de Fernando VII. En efecto, tras el fin de las guerras napoleónicas, en un clima de restauración de las autoridades tradicionales, los realistas recuperaron el control de la mayor parte de los territorios rebeldes de la América española. Solo en el Río de la Plata la situación parecía irreversible, puesto que la Junta rebelde disponía de fuerzas armadas muy superiores a las que pudiera movilizar España en la región, por la existencia de una milicia formada en Buenos Aires para defenderla de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. El movimiento restaurador, que a la altura de 1815 había devuelto a las autoridades españolas el control de la mayor parte de América, no llegó al Río de la Plata, donde se proclamó por primera vez la independencia formal de España en 1816.

El desafío que representaba la independencia del Río de la Plata podría tener repercusión en otras regiones de América si no tenía respuesta por parte española. Los preparativos para financiar y formar una expedición que retomara el control del Río de la Plata mostraron la incapacidad, la lentitud y las limitaciones de la Monarquía restaurada. Y cuando, finalmente, hubo unos barcos disponibles y un ejército concentrado para marchar a América, ese ejército se rebeló contra el régimen absolutista y se negó a embarcar. El pronunciamiento de Riego de 1820 constituyó un momento decisivo: por un lado, dio al traste con los planes de reconquista del Río de la Plata y alentó así la insurrección en el conjunto de la América hispana, que entraría en una fase definitiva hasta la derrota total de los realistas en 1824; la reducción de España a los territorios peninsulares y algunas islas quedaba consumada, imponiéndose aún más claramente la evolución hacia un Estado de base nacional.

Por otro lado, la insurrección militar fue una prueba más de la existencia en España de una abundante opinión liberal, que rechazaba el régimen absolutista y clamaba por la vuelta de la Constitución. Esa opinión liberal era fuerte en el ejército, al igual que en otros ámbitos de las clases medias y populares, como enseguida demostró la movilización en apoyo de los rebeldes en las ciudades de Andalucía y de otras partes de España. Contra esa movilización popular, liderada por gran parte de las elites intelectuales, profesionales y comerciales, poco podía hacerse que no fuera la represión violenta; pero el instrumento principal de esa represión, que era el ejército, también simpatizaba con las ideas liberales. No era ya el viejo ejército aristocrático del siglo XVIII, sino el ejército surgido de la Guerra de la Independencia y de las luchas americanas, en el que se ascendía por méritos y el componente plebeyo se había hecho dominante.

El pronunciamiento de Riego dio lugar al Trienio constitucional (1820-1823). Durante ese periodo, bajo el marco de la Constitución de 1812, que juró Fernando VII para no perder el trono, se volvieron a poner en vigor las medidas revolucionarias de las Cortes de Cádiz y aún se dictaron otras que desarrollaban el modelo liberal de Estado y de sociedad implícito en el texto constitucional. El periodo, sin embargo, fue tan breve e inestable que apenas pudo ponerse en pie ese Estado nacional de nuevo postergado. Las medidas del Trienio, sin embargo, quedarían como precedentes para gobiernos posteriores que recuperarían algunas de ellas y discutirían la pertinencia de otras, a las que buscarían alternativas.

Cuando, en 1823, Fernando VII recuperó el control de la situación apelando a una nueva intervención militar francesa, fue para abolir por segunda vez la Constitución de Cádiz y todas las reformas realizadas durante su vigencia. Volvía la monarquía absoluta, que tendría un último decenio de vida durante la que llamaron los liberales la Ominosa Década (1823-1833). De nuevo, sin embargo, el rey y su gobierno optaron por hacer una excepción importante en la restauración de la Monarquía tradicional. Esta vez se trataba de la Inquisición, quizá el símbolo más potente del Antiguo Régimen, de la «alianza entre el Trono y el Altar» y de la intolerancia contra la que se rebelaban los liberales. Como tal símbolo de represión y oscurantismo, había sido abolida tres veces: por Napoleón en los decretos de Chamartín de 1808, por las Cortes de Cádiz en 1813 y de nuevo por las Cortes del Trienio.88 Pues bien, Fernando VII renunció a reponer a la Inquisición en sus funciones cuando restauró el absolutismo en 1823, cediendo así a una de las condiciones impuestas por el duque de Angulema, jefe de la expedición militar francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, que le devolvió a Fernando su libertad de acción. Quizá no fuera una concesión muy dolorosa para Fernando VII, dado que la exigencia francesa le permitía eliminar a un poder incómodo y nunca totalmente controlado por la Corona, redundando en última instancia en un reforzamiento del poder real en detrimento de la Iglesia. También es posible que pensara que la Inquisición podría constituir un ámbito de poder autónomo favorable a los absolutistas más extremos, que le restara margen de maniobra. Pero, en todo caso, respondía a la mala imagen que la Monarquía española tenía en Francia y en el resto de Europa, una imagen de atraso y de cerrazón que tenía en la Inquisición su expresión más depurada.89

Este cambio aparentemente pequeño, el de no restaurar la Inquisición, tuvo consecuencias mayores. Por un lado, porque dio motivo para el distanciamiento entre el rey y el ala más dura del absolutismo en la corte, los llamados apostólicos, que encabezaba su propio hermano, Carlos María Isidro. El enfrentamiento de los absolutistas «puros» con Fernando VII fue creciendo gradualmente en intensidad, e incluso se plasmó en una insurrección armada, la rebelión de los agraviados (o malcontents) de Cataluña en 1827. Al acusar al rey de traicionar los principios de la Monarquía católica y de no respetar la tradición, los apostólicos le obligaron a buscar sus apoyos entre los moderados y reformistas, de manera que abrieron la vía del reformismo, por tímido que este fuera.

Por otro lado, la desaparición de la Inquisición como mecanismo de control imponía la búsqueda de fórmulas alternativas para desempeñar funciones como la censura de prensa o la investigación de los delitos. Y eso suponía introducir cambios en la estructura de poder tradicional. En 1824 se creó la Superintendencia General de Policía de Madrid, recuperando una institución que había existido durante algunos años en el reinado de Carlos III. La creación de la Policía era un paso en la modernización de la Monarquía, que se alejaba del antiguo objetivo de preservar la unidad católica y la pureza espiritual de la población, así como de la confusión de funciones entre Iglesia y Monarquía. El propio término de policía, como ya se ha visto, remitía a un concepto muy difundido en la doctrina francesa y alemana, que implicaba la búsqueda del buen orden en las ciudades, más allá de la mera represión. No por casualidad, un Ministerio de Policía se había creado en España por la Constitución de Bayona, precedente de esta recreación fernandina.

Esta vez, sin embargo, las reformas fueron más allá. Y aunque los gobiernos del último decenio del reinado de Fernando VII se emplearan a fondo en reprimir cualquier conato de conspiración liberal, al mismo tiempo estaban considerando reformas en el sistema de indudable significado liberal.90 En esas reformas, como ya se ha apuntado, desempeñaron un papel importante algunos personajes procedentes de las filas afrancesadas, a quienes el ministro López Ballesteros llamó para colaborar en la preparación de cambios que se querían presentar como esencialmente técnicos, administrativos más que políticos. Ciertamente, las reformas tributarias que introdujo López Ballesteros fueron retoques meramente cosméticos, que no consiguieron el objetivo de devolver el equilibrio a las cuentas públicas. Experimentos como la Contribución de Frutos Civiles o la de Paja y Utensilios —ambas de 1824— volvieron a demostrar que la quiebra de la Hacienda real era total y que para solucionarla habría que realizar reformas profundas que conllevarían cambios en el régimen político.

Pero otras reformas de la época de López Ballesteros sí tuvieron más éxito, en la medida en que apuntaron hacia la creación de una Administración pública moderna. La primera de ellas sería la clasificación de los funcionarios en 1827.91 La segunda, tal vez, la creación del Consejo de Ministros en 1832, que apuntaba hacia la centralidad que el Gobierno de la nación alcanzaría en el Estado durante los siglos posteriores.92 Y la tercera, la división provincial, que habitualmente se vincula a la obra de Javier de Burgos, puesto que se aprobó cuando este era ya el titular del Ministerio, después de la muerte de Fernando VII (y de la que se hablará en el capítulo 4, en relación con la definición del territorio).

No eran reformas aisladas. Se trataba de ofrecer la Administración como alternativa racionalizadora y moderna a la revolución que planteaba el liberalismo. Tal propuesta estuvo presente en autores como Pedro Sainz de Andino, Luis López Ballesteros y Javier de Burgos. En obras como la exposición que el primero de ellos elevó a Fernando VII en 1829, cuando era fiscal del Consejo de Hacienda y colaborador de López Ballesteros en el Ministerio; la que le presentó el segundo en 1830 proponiendo crear un Ministerio del Interior; y dos textos del tercero, la exposición que envió a Fernando VII desde París en 1826, y la instrucción que dio en 1833 a los subdelegados de Fomento, ya con María Cristina como regente del Reino. Textos de dentro y de fuera del régimen, de un lado y de otro de la divisoria que representa la muerte del último monarca absolutista en 1833.

En el primero de estos textos encontramos la propuesta de un sistema completo de organización de la administración civil en el que priman las ideas de centralización, jerarquía y cadena de mando.93 Frente al caos en el que se habían sumido las oficinas de la Monarquía tras la ocupación francesa, los dos paréntesis constitucionales, la quiebra de las arcas reales y, en general, la experiencia de la revolución y de la guerra, este experto recuperado del exilio le proponía al rey una receta para conjurar el peligro de hundimiento al que se veía abocado entre las amenazas cruzadas de las conspiraciones liberales y la disidencia interna de los monárquicos ultras. La receta era la administración: poner orden en la gestión de los asuntos, deslindar claramente las competencias, poner límite a los abusos y corruptelas, disciplinar a una burocracia ineficiente y ponerla estrechamente al servicio de los ministros del rey. Si bien las convenciones cortesanas le obligaban a fingir que no estaba proponiendo innovación alguna en las sabias y justas instituciones de la Monarquía, la propuesta no se limitaba a sugerir cómo poner orden en lo existente, sino que anunciaba un orden nuevo, potenciando el gobierno por administración frente a la constitución polisinodial y las prácticas jurisdiccionales de la Monarquía. Para ello empezaba por acuñar el concepto de administración de justicia, que sometía esta a la lógica administrativa, al tiempo que sugería sistematizar la legislación sujetándola a codificación (Sección primera, fols. 9-49); exponía luego un completo sistema de administración pública civil, entendida como la parte positiva y benéfica de la acción de gobierno, en contraposición a la dureza de los otros ramos administrativos: Hacienda, Justicia y Guerra (Sección segunda, fols. 50-85); y desgranaba finalmente el sometimiento uniforme a su idea de administración de las demás áreas de la acción estatal: Hacienda, ejército, marina y diplomacia (Secciones tercera, cuarta y quinta, fols. 86-257).

Un paso más dio en 1830 Luis López Ballesteros, secretario de Hacienda, al proponerle al rey la creación de un Ministerio del Interior: pieza clave del diseño administrativo en el que estaba pensando este grupo, un diseño en el cual resultaba esencial desplegar la idea ilustrada de policía e imponer una cadena de mando centralizada que conectara al Gobierno con los pueblos pasando por una instancia intermedia.94

El proyecto de crear un nuevo departamento ministerial en el Gobierno, que se ocupara de todas las formas de acción estatal sobre la economía —tanto de regulación como de estímulo—, venía de muy atrás. Pero fue López Ballesteros quien, en los últimos años de Fernando VII, convenció al rey de la necesidad de crear ese ministerio para dar impulso al crecimiento económico y, por esa vía, mejorar la recaudación de impuestos y quizá aliviar la penosa situación de la Hacienda. La medida fue trascendental para el futuro del Estado español: los ministerios —llamados en realidad Secretarías de Estado y del Despacho— eran los mismos desde hacía más de un siglo, los cinco departamentos clásicos de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda. Como se ha dicho, tan solo en periodos extraordinarios, como el reinado de José Bonaparte o los momentos de vigencia de la Constitución de Cádiz, se había experimentado con la creación de un Ministerio de la Gobernación —llamado en otros momentos del Interior—, antecedente directo de este de Fomento que se creó en 1832.95 La idea, por tanto, recordaba a precedentes liberales o afrancesados, por lo que resulta más llamativo que López Ballesteros consiguiera vencer las resistencias del rey y de la corte a su imprescindible creación. La creación de un sexto ministerio, el de Fomento, constituía una innovación mayor; tanto más si se tiene en cuenta que a partir de entonces sería este ministerio el que, desdoblándose una y otra vez, aseguraría el dinamismo de la estructura gubernamental para adaptarse a nuevas necesidades y funciones estatales.96

El nuevo ministerio se creó con la misión de promover y encauzar el crecimiento económico, por utilizar la expresión característica de los liberales de aquella generación, el fomento de la riqueza nacional. Su denominación exacta fue la de Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino.97 Pero no era, por decirlo así, un «ministerio de economía» moderno. Y no lo era por dos razones: la primera es que en aquella época el sistema económico no estaba definido claramente en sus fundamentos, sino en plena crisis; los mecanismos tradicionales de control de la vida económica, con precios tasados, monopolios comerciales, oficios en régimen gremial, etc., se mostraban ineficientes y estaban desprestigiados frente a las nuevas ideas que preconizaba la que luego se ha llamado escuela clásica de economía política. Por lo tanto, el nuevo ministerio no se limitaba a gestionar un sistema económico que funcionaba, sino que estaba obligado a redefinir el sistema, desmantelando el entramado mercantilista de regulaciones y construyendo un verdadero mercado nacional.

La segunda razón por la que el Ministerio de Fomento creado en 1832 no respondía a lo que hoy entenderíamos por un ministerio de economía tiene que ver con las tradiciones del Antiguo Régimen desde las cuales se dio sentido a su creación. Esas tradiciones habían recorrido Europa durante todo el siglo XVIII y remitían a conceptos como los de policía y gobierno político y económico de los pueblos, a los cuales se hizo referencia en el capítulo 1. El concepto de policía, que en otros países de Europa seguía incluyendo el cuidado del buen orden de las ciudades y, por extensión, de la sociedad, en España había quedado separado de su contenido económico y limitado a los mecanismos de prevención y represión para el mantenimiento del orden público. Sabemos que ese era el concepto de policía al que se había llegado en la España de Fernando VII porque así se utilizó para denominar la Superintendencia General de Policía en 1824.98 Aquella Policía del Reino, como sus precursoras en los reinados de Carlos III y Carlos IV —limitadas a la villa y corte de Madrid—, no reunía las competencias de fomento de la economía que implicaría el concepto original francés, acercándose más al sentido actual de la policía de seguridad.99 Aunque el concepto de policía había convivido en la España del siglo XVIII y de principios del XIX con el más tradicional de gobierno político y económico de los pueblos, no había calado en el análisis ni en el enfoque de los asuntos de gobierno, estructurado en torno a este otro concepto más localista, que resistió bien a la novedad.

El gobierno político y económico de los pueblos, sin embargo, era una tradición autóctona que acabó teniendo más recorrido. Se trataba de un conjunto de prácticas para el gobierno local, en las que primaba una lógica administrativa sin apenas asomo de la tradición jurisdiccional. Y ahí sí, se reunían en los mismos órganos y funciones tareas muy dispares, que incluían desde la regulación de las actividades económicas (comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca…) hasta la gestión de los servicios urbanos, el trazado de las calles, el impulso al comercio, la protección de las ciencias y las artes…, en fin, todo lo que significaba una labor de gobierno activa, que no se limitara a resolver conflictos y mantener lo existente.

El sistema de gobierno político y económico de los pueblos quedó sistematizado en obras de aquellos últimos años del periodo de Fernando VII, pues empezaba a verse en él una alternativa a los mecanismos jurisdiccionales de la Monarquía tradicional, obsoletos e inoperantes. Fue en particular una obra de Ortiz de Zúñiga de 1832 —ya mencionada en el capítulo 1— la que codificó aquel tipo de saber jurídico práctico.100 Suele presentarse esta obra como última expresión doctrinal de un saber del Antiguo Régimen; pero también se puede ver como el punto de partida de un nuevo orden de prioridades en materia de gobierno; pues, en última instancia, la guía para la construcción del Estado en los años siguientes la dio el salto de esta lógica de gobierno de lo local a lo nacional. De hecho, Ortiz de Zúñiga siguió tratando de estos temas después del cambio de régimen y se unió al aluvión de libros publicados en los primeros años cuarenta sobre Derecho administrativo y Ciencia de la Administración. La continuidad de la obra de este autor es un indicio de la continuidad que hay en el modelo político-administrativo que expone: diez años después de su obra de 1832 se esforzaría por actualizar los saberes administrativos aplicados en el nivel local, adaptándolos al nuevo marco constitucional y ampliando su rango de aplicación al conjunto del Estado.101

Fue la Constitución de Bayona la que dio carta de naturaleza legal en España al concepto de policía en 1808, al crear un ministerio con esa denominación —como se vio en un epígrafe anterior de este mismo capítulo—. Se trataba de la culminación de la lectura restrictiva del concepto, limitándolo a las funciones represivas y de control del orden público. La Constitución de Cádiz rompió en 1812 con el concepto francés y, al denominar de Gobernación del Reino a la Secretaría encargada del orden público, enlazó de forma más directa con la tradición hispana del gobierno político y económico de los pueblos. No solo por el término elegido para dar nombre al ministerio, sino sobre todo porque volvía a reunir en una misma mano las funciones de seguridad y las de impulso a la vida económica. No obstante, ni el esquema ministerial de José Bonaparte ni el de las Cortes de Cádiz se mantuvieron tras la desaparición de ambos regímenes.

La solución adoptada por los colaboradores reformistas de Fernando VII no fue la de las Cortes de Cádiz, que habían apostado por mantener un departamento gubernativo indiferenciado para todas las cuestiones de «interior», en la tradición española. La solución de aquel último gobierno del absolutismo fue más bien la de los afrancesados, que consistía en dividir las funciones gubernativas en dos alas, reservando el nombre de policía solo para las funciones de seguridad interior —como se hizo al refundar la Superintendencia de Policía en 1824, ya para todo el Reino y no solo para la capital— e introduciendo para las restantes la denominación de Administración, también de origen francés. Vemos, pues, que la cuestión de la policía reviste mayor importancia de la que pudiera parecer a primera vista, pues en torno a su definición —o más bien como negativo de la misma— se definió este otro concepto, verdaderamente fundamental para la futura construcción del Estado, que era el de Administración.

El nuevo concepto de Administración llegaba también desde Francia, ligado en particular a la difusión de la obra de Bonnin.102 Concebida en el marco del Imperio napoleónico, esta obra sentó los principios que guiaron el desarrollo del Estado bonapartista sobre la base del despliegue de su burocracia. El concepto de Administración sustituía aquí al de policía que se había utilizado en la Monarquía francesa del Antiguo Régimen, adaptando sus prácticas al marco de un Estado de Derecho. Bonnin alcanzó una gran difusión en toda Europa, con traducciones al portugués, al alemán y al italiano. En España hubo una primera edición en 1834, aunque sin duda la obra era conocida antes en su idioma original.103 La importancia de esta obra ha llevado a considerar a su autor como el padre de lo que en la época empezó a llamarse la «Ciencia de la Administración».104

Bonnin fue quien primero plasmó de forma explícita el lugar que se le asignaba a la Administración en el nuevo Estado surgido de la Revolución francesa y desarrollado durante el periodo napoleónico: un modelo de Administración densa y potente que empezó a ejercer su influencia en España antes de la definitiva implantación de un marco constitucional. Sus propuestas resultaban especialmente atractivas para los colaboradores de Fernando VII, que integraban aquella especie de «tercera vía» tecnocrática entre el mantenimiento a ultranza de la tradición absolutista y la opción del liberalismo revolucionario. Al abogar por crear una Ciencia de la Administración, lo que planteaba Bonnin era la posibilidad de sacar del debate político la mayor parte de las reformas y de las opciones administrativas, bajo la consideración de que eran materia técnica, de ciencia, que se debían dejar en manos de los expertos y no hacer depender de las ideas contrapuestas de los partidos.

Esta forma de elevar los saberes administrativos a la categoría científica y situarlos por encima de las luchas políticas resultó atractiva para los conservadores españoles, y especialmente para aquellos que se dedicaban al estudio de la Administración. El argumento de Bonnin era una aplicación particular del principio más general de Auguste Comte, con quien Bonnin mantuvo una estrecha amistad desde 1829 y de quien se consideraba orgullosamente uno de los primeros discípulos.105 Para el fundador del positivismo, en efecto, la totalidad de las cuestiones políticas y sociales deberían quedar algún día al margen de las confrontaciones partidistas, para ser objeto de soluciones científicas incontestadas, tan pronto como madurase la nueva ciencia social que preconizaba y fuese ejercida por una casta sacerdotal de gobernantes científicos sin ideología. Sin llegar tan lejos, Bonnin estaba proponiendo algo parecido, al elevar la dignidad del estudio de la Administración y otorgarle la legitimidad de lo científico, camino que haría de los administrativistas los guías de la construcción del Estado y de su actuación sobre la sociedad.106

La incorporación del concepto francés de Administración, ligado a la recepción de la obra de Bonnin, así como los inicios de su implementación en España al servicio de un proyecto político conservador datan, pues, del último periodo del reinado de Fernando VII. Tras la brecha abierta por los pioneros de aquellos años, la verdadera creación de una doctrina administrativista en España fue posterior y estuvo vinculada al auge del partido moderado durante el reinado de Isabel II. No es casualidad que autores como Javier de Burgos y Sainz de Andino, que sin duda hay que situar entre los precursores, pasaran a integrarse en las filas del partido moderado a partir de que este conquistara el poder, primero brevemente en 1834 y 1838, y luego de forma más estable en 1843.

La creación de la Secretaría de Fomento, que hemos relacionado con la actualización a escala nacional de la lógica del gobierno político y económico de los pueblos, pero también con la aparición de una idea de gobierno activo a través de la Administración, respondía a una propuesta de Javier de Burgos que canalizó López Ballesteros en 1830.107 La propuesta consistía en crear un ministerio que se encargara de la administración interior, aunque pasó por varias denominaciones sucesivas en los años siguientes, llamándose Secretaría de Fomento, de Interior y finalmente de Gobernación; bajo todas estas denominaciones se trataba, sin embargo, básicamente, del mismo ministerio.108 La idea fue siempre la misma: la de canalizar a través de este nuevo departamento ministerial la expansión de una Administración pública centralizada que, mediante el mecanismo expeditivo de lo gubernativo —como opuesto a lo jurisdiccional— asegurara el orden interior y fomentara las actividades productivas (de ahí los sucesivos cambios de denominación).

En la minuta de López Ballesteros en la que se proponía crear el nuevo y crucial ministerio, se esbozaba un diseño de Estado administrativo realmente innovador; en él se reconoce una anticipación del tipo de Estado que se desarrollaría en los años posteriores. La clave de aquel diseño consistía en imponer una cadena de mando centralizada que conectara al Gobierno con los pueblos pasando por una instancia intermedia: algún tipo de gobernador provincial diferenciado del jefe político que había previsto la Constitución de Cádiz.

Esa figura acabó siendo el subdelegado de Fomento, que crearía Javier de Burgos en 1833. Porque, efectivamente, una vez creado el Ministerio, tuvo dos primeros titulares fugaces y poco significativos —en la medida en que no dictaron disposiciones relevantes— hasta que el nombramiento recayó sobre Francisco Javier de Burgos. Este fue nombrado ministro de Fomento por la regente María Cristina poco después de la muerte de Fernando VII, en el marco de la operación destinada a asegurar la sucesión en la Corona para Isabel II.

Burgos, al igual que López Ballesteros, con quien había colaborado, también había anticipado su propuesta de Estado administrativo en una exposición que envió a Fernando VII en 1826 desde Francia.109 Una vez de regreso a España y puesto al frente de la Secretaría de Fomento, plasmó esta visión administrativa en la instrucción que dio para los nuevos subdelegados de Fomento al tiempo de establecer la división provincial de 1833.110 Las amplísimas competencias administrativas que otorgaba al subdelegado en su provincia le convierten en el antecedente directo del gobernador civil: un instrumento de centralización del Gobierno, que a través de estos 49 agentes canalizaba la comunicación entre el centro y la periferia, tanto para obtener información y recursos como para imponer normas, instrucciones y decisiones ejecutivas. El subdelegado sería el brazo ejecutor de un intervencionismo estatal que abarcaría múltiples facetas, desde la agricultura, industria y comercio, obras públicas, transportes y comunicaciones, hasta la beneficencia, sanidad e instrucción pública, pasando por la policía general, a la que se aludía con un sentido expansivo de competencias indeterminadas que implicaba el control general de la vida social. Pero, sobre todo, el subdelegado de Fomento ejercía el control gubernamental sobre los ayuntamientos que convertía a estos en órganos administrativos del Estado. Apenas había transcurrido un mes desde la muerte del último monarca absolutista y ya se estaban produciendo avances decisivos hacia la construcción de un Estado basado en la fortaleza de una Administración pública centralizada; una rápida evolución que no puede sorprender, dado que confirmaba tendencias apuntadas ya de forma clara en los últimos años del reinado anterior.

Junto a la creación del Ministerio de Fomento, la división provincial y la extensión por el territorio de los subdelegados de Fomento, hay que señalar otros logros del reformismo tardío que se impuso en el tramo final del reinado de Fernando VII. Uno de los más importantes sería el Código de Comercio de 1829. Este Código fue encargado a Pedro Sainz de Andino y tiene una importancia de primer orden en la historia española reciente. Por un lado, porque con él se avanzó tempranamente en la obra de la codificación del Derecho español, obra lenta y tortuosa: si bien existía un Código Penal desde 1822, la culminación del proceso con la promulgación de un Código Civil se retrasó nada menos que hasta 1889. La codificación, pues, fundamental en la construcción de un Estado de Derecho, fue iniciada durante el Trienio constitucional, pero continuó avanzando en este periodo reformista final del reinado de Fernando VII y recurriendo a la colaboración de notorios afrancesados (no en balde la idea misma de la codificación del Derecho remitía de forma ineludible al precedente napoleónico).

La codificación se inició por el Derecho mercantil porque en ese campo los obstáculos eran menores: crear un entorno jurídico seguro y favorable para los negocios no topaba con obstáculos comparables a los que representaba, por ejemplo, en el terreno del Derecho civil, la existencia en algunas regiones de derechos forales que se resistían a la uniformización. El Código de 1829, además, fue importante por su contenido, ya que, contra todo pronóstico, a pesar de proceder de un régimen absolutista en decadencia, era innegablemente moderno; respondía más a las ideas económicas de los liberales, adversarios del régimen, que a la tradición mercantilista propia de la Monarquía española. Sainz de Andino diseñó un entorno jurídico plenamente capitalista, definiendo las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y los márgenes de libertad de mercado característicos del nuevo sistema económico que propugnaban los liberales.111 Este fue un paso de gran importancia, en la medida en que la construcción del Estado y la construcción del mercado eran dos procesos paralelos que se reforzaban mutuamente.

El Código de Comercio no fue una medida aislada. Hay que recordar que por los mismos años el gobierno de Fernando VII estaba adoptando otras medidas que igualmente contribuían a redefinir las reglas del sistema económico creando un mercado nacional. Pensemos, por ejemplo, en el arancel de aduanas de 1825, que trazaba un perímetro proteccionista dentro del cual construir una economía nacional de nuevo cuño;112 o la creación en 1829 del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, destinado a hacer efectivo el control de ese arancel proteccionista mediante el empleo de una fuerza armada;113 o la Ley sobre delitos de contrabando de 1830, que iba en la misma dirección.114 Sin duda, todas estas medidas respondían a necesidades imperiosas creadas por la bancarrota de la Hacienda Real, y de ahí venían las razones con las que López Ballesteros convencía a Fernando VII de la necesidad de las reformas, no de una improbable conversión ideológica a la racionalidad liberal. El carácter represivo y las finalidades implícitas de estas disposiciones —aumentar la recaudación fiscal y frenar la salida de metales preciosos— ilustran sobre el estrecho margen en el que se movían los últimos gestores de la monarquía absoluta.

El fin de la Monarquía

29 de septiembre de 1833. En el momento de morir Fernando VII, la situación política era extremadamente complicada. Frente a la presión de los apostólicos en la corte, el rey había apostado hasta el final por la fracción monárquica más moderada para traspasar la Corona a su hija Isabel, situándola bajo la regencia de su madre, María Cristina, hasta que alcanzara la mayoría de edad. De manera inevitable, la regente tendría que buscar apoyo en la opinión liberal para hacer frente a la reacción de los ultras que, aglutinados en torno al hermano de Fernando VII, don Carlos, rechazaban cualquier transacción con el liberalismo y reclamaban el derecho de este a ocupar el trono. Esto significó una escisión dinástica, el carlismo, que se habría de prolongar durante todo el siglo y aún más allá, dando lugar a sangrientas guerras civiles. Para hacer frente a la insurrección carlista, María Cristina y sus consejeros tuvieron que moverse deprisa hacia un pacto constitucional que convirtiera a la reina niña, Isabel II, en bandera del liberalismo.

Pero mientras esa complicada coyuntura política evolucionaba, la construcción del Estado se movía a un ritmo mucho más lento. En realidad, las idas y venidas del reinado de Fernando habían implicado mucha pérdida de tiempo y energías en esta materia. Las instituciones que cada régimen definía, las abolía el siguiente; las reformas se hacían esperar o se dejaban sin aplicar una vez aprobadas; el estancamiento en la gran cuestión de la Hacienda provocaba tal escasez de medios que ninguna reforma verdaderamente ambiciosa tenía posibilidades de prosperar. Y así llegó el país a 1833 en una situación muy similar a la de 1808 en cuanto a la construcción material del Estado: las instituciones destruidas, la burocracia escuálida e inoperante, las arcas vacías, el Gobierno incapacitado para controlar el territorio. Esa fue la herencia que se encontraron los liberales cuando empezaron a llegar al poder en los años treinta del siglo XIX. Casi todo estaba por hacer. Y la labor de construir un Estado nacional tenía que ser revolucionaria o no ser, puesto que nada había que se pudiera reformar. En algunos campos había que empezar prácticamente desde cero. En primer lugar, había que hacerlo en aquellas materias que constituyen los fundamentos materiales de cualquier Estado: dotarse de un sistema financiero y de un ejército que pueda defender las fronteras de amenazas exteriores y hacer realidad el monopolio de la violencia física legítima en el interior del territorio que reclama como propio.

Por otra parte, las circunstancias del primer tercio del siglo XIX condicionaron la relación entre poder central y poderes locales de una manera que tendría consecuencias a largo plazo. Desde 1808 se había vivido un largo periodo de confusión, alternancias y vacío de poder, que en realidad tampoco terminaría con la muerte de Fernando VII; en la práctica, se prolongó al menos hasta el final de la Primera Guerra Carlista en 1840. Durante todo ese tiempo, el poder central se fue debilitando e incluso desapareció de forma intermitente. Los medios del Gobierno para hacerse obedecer se fueron disolviendo por falta de recursos materiales y por la ineficacia de las instituciones del Antiguo Régimen, que se restablecían una y otra vez sobre el papel, pero que resultaban anacrónicas, estaban deslegitimadas ante la población y carecían tanto de personal bien formado como de una organización racional. Ante esa demolición del aparato de poder de la Monarquía, sin que de momento fuera reemplazado por una burocracia de nuevo cuño, el poder de hecho fue asumido en los pueblos y ciudades por las oligarquías familiares que en cada lugar gozaban de influencia, relaciones, prestigio y medios propios.

En la práctica, por tanto, hubo un largo periodo de descentralización del poder entre 1808 y 1840. Descentralización de facto, no programada por nadie, que devolvió el poder a las autoridades locales por falta de otro nivel más alto que pudiera imponerse a ellas de manera eficaz. Las consecuencias de este desmenuzamiento del poder por el territorio fueron cruciales para la historia de España y condicionaron el proceso de construcción del Estado que se inició inmediatamente. En las colonias americanas, las oligarquías que se habían hecho con el poder in situ no volvieron nunca a la obediencia del poder central, consolidando la emancipación de nuevas naciones como Estados independientes.

En la Península Ibérica y en las islas que conservó España, la construcción del Estado pasaba por la negociación y la integración de las oligarquías locales, únicas que podían asegurar el control del territorio y la movilización de sus recursos. Hay que tener en cuenta que esa movilización de recursos no era un objetivo abstracto ligado a proyectos deseables a largo plazo, sino una necesidad urgente de cada día, porque había que recaudar impuestos para pagar al ejército y a los servidores públicos, así como reclutar soldados con los que hacer frente a las guerras: guerras coloniales, que se prolongaron hasta la segunda mitad de los años veinte, cuando cayó el último bastión español en Sudamérica —Chiloé, 1826— y fracasó el último intento de reconquistar México —Barradas, 1829—; y, sobre todo, la brutal guerra civil carlista, que dividió a la familia real, llevó la sublevación a grandes zonas del país y puso en contra del Estado constitucional naciente a gran parte de la Iglesia católica, con el apoyo de potencias extranjeras tan influyentes como el Imperio Austriaco.

A mediados de los años treinta, el poder de la Monarquía no podía caer más bajo: apenas ejercía control efectivo sobre más territorio que la ciudad de Madrid. Sus fuerzas armadas no conseguían contener la rebelión de los carlistas, por un lado, y por otro de las masas populares de las ciudades, que secundaban opciones políticas radicales de sentido contrario. El sistema fiscal heredado de la Monarquía llevaba años anquilosado y al borde de la bancarrota, situación que hubo que reconocer en 1836 declarando la suspensión de pagos de la deuda pública, aunque ello significara cerrar para España el acceso al crédito exterior.115 En aquel mismo año empezaba España a reconocer oficialmente la independencia de sus antiguos dominios americanos, aceptando el carácter irreversible de la pérdida del imperio, comenzando por México.116 La situación de hundimiento de todo lo que había significado la Monarquía española en el pasado se escenificó dramáticamente en 1837, cuando el pretendiente carlista al Trono se presentó al frente de sus tropas delante de Madrid y amenazó con tomar la capital, insuficientemente defendida.

Lo que se construyera en el futuro como Estado nacional tendría que ser algo nuevo, puesto que nada —o muy poco— quedaba del antiguo sistema de poder de la Monarquía. Y en la definición de ese nuevo Estado pugnaban desde el comienzo tendencias muy diversas. En el entorno cortesano, varios sectores se disputaban el control sobre la reina niña y sobre el Gobierno, lo que implicaría el control sobre la educación de la futura reina y de la futura nación. Sectores que iban desde el liberalismo monárquico y conservador que acabaría cuajando en el Partido Moderado, hasta el liberalismo progresista, más consecuente en la apuesta por el constitucionalismo, las libertades y el sistema representativo. Pero igualmente diverso era el magma de los movimientos revolucionarios populares, donde el alineamiento con los militares y políticos progresistas convivía con tendencias democráticas o abiertamente republicanas como las que acabarían confluyendo en la formación del Partido Demócrata (1849). Ni que decir tiene que el campo reaccionario estaba atravesado por disidencias de similar calado, aunque no aparecieran de forma tan notoria mientras la autoridad del pretendiente al trono, don Carlos, le dio un símbolo de unidad. Pero incluso durante la guerra ya resultaron evidentes las valoraciones desiguales de la cuestión territorial en la lucha por restaurar el Antiguo Régimen, de manera que el final negociado de la guerra en el Norte en 1839 a cambio de preservar algunos de los privilegios de las provincias vascas fue visto por otros sectores del carlismo como una traición a los principios fundamentales de su causa.

La construcción del Estado español, pues, partió de esa base, de un poder desmenuzado. Era una situación prácticamente confederal, en la que el Gobierno central no poseía aún medios administrativos para conocer el territorio, para obtener recursos de él o para hacer cumplir las normas, si no era a través de la mediación de poderosos locales con los que tenía que negociar. Este es el origen de la estructura clientelar del poder político y de los partidos en la España del siglo XIX, que culminaría en el fenómeno del caciquismo, denunciado durante la crisis de la Restauración. Pero antes de que ese tipo de denuncia hiciera aparición —en torno al movimiento regeneracionista y la crisis de 1898—, el caciquismo sirvió como instrumento para suplir la falta de medios administrativos propios por parte del Gobierno: la relación clientelar con los caciques locales y regionales permitió controlar el territorio, mantener el orden, reclutar soldados y recaudar impuestos; y solo cuando el Estado empezó a ser capaz de realizar todas estas funciones por sí mismo —hacia finales del siglo XIX— la realidad social y política del caciquismo comenzó a ser criticada duramente por quienes aspiraban a un modelo de Estado más moderno.117

42 José María Queipo de Llano, conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, 3 vols. (París: Librería Europea de Baudry, 1838).

43 Paul Pierson, Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004); Scott E. Page, «Path Dependence», Quarterly Journal of Political Science 1, n.o 1 (2006), 87-115, http://dx.doi.org/10.1561/100.00000006.

44 Theda Skocpol, Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).

45 Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1959); Miguel Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874) (Madrid: Alianza Editorial, 1974); Miguel Artola, Antiguo régimen y revolución liberal (Barcelona: Ariel, 1978).

46 Miguel Artola, Los afrancesados (Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1953).

47 Juan Pro, «El sueño afrancesado: imaginar la América española como periferia del Imperio napoleónico», en Pilar Díaz, Pedro Martínez Lillo y Álvaro Soto (eds.), El poder de la Historia. Huella y legado de Javier Donézar Díez de Ulzurrun, vol. I (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2014), 181-196; Miguel Artola, «Los afrancesados y América», Revista de Indias, n.o 9 (1949), 541-567.

48 Juan Pro, «Afrancesados: sobre la nacionalidad de las culturas políticas», en Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.), Culturas políticas: teoría e historia (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2010), 205-232.

49 Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001).

50 Jean-René Aymes, «La mise en cause des élites et, en particulier, des “philosophes” et des “savants” pendant la Guerre de l’Indépendance», en Las élites y la «revolución de España» (1808-1814): estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour (Madrid: Casa de Velázquez, 2010), 107-125.

51 José María Blanco White, Letters from Spain (Londres: Henry Colburn, 1822).

52 Juan Francisco Fuentes, José Marchena: biografía política e intelectual (Barcelona: Crítica, 1989); Emilio La Parra, «Los inicios del anticlericalismo español contemporáneo (1750-1833)», en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo (Madrid: Biblioteca Nueva, 1998), 17-68.

53 José María de Carnerero, «La novicia o La víctima del claustro: drama trágico en tres actos», 1810, Mss/15937, BNE (Madrid), cit. por Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001), 41.

54 Gérard Dufour, «Le centralisme des afrancesados», en Claude Dumas (coord.), Nationalisme et littérature en Espagne et en Amérique Latine au xixe siècle (Lille: Université de Lille, 1982), 11-24.

55 Real Decreto de 16 de octubre de 1809 para la supresión de aduanas interiores y su traslado a las fronteras de tierra y mar, en Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor don José Napoleón I desde el año de 1808, 3 vols. (Madrid: Imprenta Real, 1810), t. I, pp. 399-400. Previamente, Napoleón había ordenado este traslado de las aduanas a los puertos y fronteras en los Decretos de Chamartín: Extracto de la Minuta de la Secretaría de Estado de 4 de diciembre de 1808 por la que se suprimen las Aduanas y Registros existentes entre provincia y provincia y las Aduanas se establecerán en las Fronteras, Gaceta de Madrid, n.º 151, 11 de diciembre de 1808, p. 1569.

56 Real Decreto dado en Sevilla a 17 de abril de 1810 por el que se establece la división de los pueblos del Reyno en Prefecturas y demarcación de sus límites, Prontuario de las leyes, t. II, pp. 56-132.

57 Extracto de la Minuta de la Secretaría de Estado de 4 de diciembre de 1808 por la que se suprime el Tribunal de la Inquisición, Gaceta de Madrid, n.º 151, 11 de diciembre de 1808, p. 1567.

58 Real Decreto de 18 de agosto de 1809 por el que se suprimen las Órdenes Religiosas en España, Prontuario de las leyes, t. I, pp. 303-305.

59 En esta materia, por ejemplo, el decreto imperial de 4 de agosto de 1808 precede en casi cinco años al decreto de las Cortes de 22 de febrero de 1813.

60 Diego López Garrido, «La autonomía del aparato hacendístico en la transición al régimen liberal (notas para un estudio)», en Miguel Artola y Luis María Bilbao (eds.), Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1984), 355-372.

61 Real Decreto de 19 de noviembre de 1810 por el que se manda que no se pueda ejercer ningún arte, oficio ni profesión sin tomar una patente, en Prontuario de las leyes, t. II, pp. 257-276.

62 Real Decreto de 6 de febrero de 1809 en el que se señalan las atribuciones a la Secretaría de Estado y demás Ministerios, art. X, Prontuario de las leyes, t. I, p. 94.

63 Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001), 64-66.

64 Reales Decretos de 16, 17 y 18 de febrero de 1809, Prontuario de las leyes, t. I, pp. 112-133 y 135-138.

65 Real Decreto de 6 de febrero de 1809, Prontuario de las leyes, t. I, pp. 87-89.

66 José Ramón Bertomeu Sánchez, «La colaboración de los cultivadores de la ciencia españoles con el gobierno de José I (1808-1813)», en Alberto Gil Novales (coord.), Ciencia e independencia política (Madrid: Ediciones del Orto, 1996), 175-213, especialmente p. 195.

67 Real Decreto de 28 de enero de 1811, Prontuario de las leyes, t. III, p. 78.

68 José Vargas Ponce, (La) Instrucción pública único y seguro medio de la prosperidad del Estado (Madrid: Hija de Ibarra, 1808).

69 Anastasio Martínez Navarro, «Las ideas pedagógicas de José Vargas Ponce en la Junta creada por la regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública (ca. 1813)», Historia de la Educación, n.o 8 (1989), 315-322.

70 Juan Pro, «Los afrancesados españoles en el exilio y el papel de las Américas», en Jeanne Moisand, Delphine Diaz, Romy Sánchez y Juan Luis Simal (dirs.), Exils entre les deux mondes: migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle (Rennes: Les Perséides, 2015), 19-44.

71 Por el ya mencionado Real Decreto de Sevilla de 17 de abril de 1810, Prontuario de las leyes, t. II, pp. 56-132.

72 Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001).

73 Ambos habían colaborado con el régimen de José Bonaparte: Javier de Burgos había sido subprefecto de Almería, y Sainz de Andino, había sido secretario general de la Subprefectura de Jerez y subprefecto de Écija. Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001), 61.

74 Después de todo, hoy sabemos que todas las tradiciones son inventadas, todas proceden de innovaciones introducidas en algún momento concreto y con una intención. Esta corriente de invención de tradiciones será muy poderosa a lo largo de los siglos XIX y XX, y no solo en España, sino en toda Europa. Eric J. Hobsbawm y Terence O. Ranger (eds.), La invención de la tradición (Barcelona: Crítica, 2012).

75 Agustín Argüelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812 (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1981).

76 Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes ó grandes Juntas nacionales de los Reinos de Leon y Castilla... Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía Española... promulgada en Cádiz á 19 de Marzo de 1812 (Madrid: Imprenta de Fermin Villalpando, 1813). Especialmente en el «Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre el origen del Gobierno español» que, publicado anteriormente en aquel mismo año, fue reeditado como prólogo tanto en esta edición de 1813 como en la de 1820.

77 María Sierra, «Legisladores hereditarios: la historia como naturaleza en la ley liberal», en María Cruz Romeo y María Sierra (coords.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina, II: La España liberal, 1833-1874 (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons Historia-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), 23-50.

78 Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Cádiz, Imprenta Real, 1812, p. 65.

79 Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Cádiz, Imprenta Real, 1812, pp. 1 y 6.

80 Marta Lorente Sariñena y Carlos Garriga, Cádiz, 1812: la Constitución jurisdiccional (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007).

81 Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna (Madrid: Alianza Editorial, 2006).

82 Carlos Malamud, Sin marina, sin tesoro y casi sin soldados: la financiación de la reconquista de América 1810-1826 (Santiago de Chile: Centro Estudios Bicentenario, 2007).

83 Real Decreto de 4 de mayo de 1814: «… declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor o efecto, ahora ni en tiempo alguno como si no hubieran pasado jamás tales actos…».

84 Francisco J. Hernández Montalbán, La abolición del régimen señorial en el proceso revolucionario burgués (Valencia: Universitat de València, 1991), 185-188.

85 Real Decreto de 30 de mayo de 1817; Instrucción de 1 de junio de 1817; Real Decreto de 18 de febrero de 1818.

86 Nuria Alonso Garcés, Biografía de un liberal aragonés: Martín de Garay (1771-1822) (Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2009).

87 Juan Hernández Andreu, Orígenes de la fiscalidad contemporánea en España: la reforma de Garay (1817-1818) (Madrid: Delta, 2008).

88 Respectivamente por Decreto del Emperador de 4 de diciembre de 1808, Decreto de las Cortes de 5 de enero de 1813 y Real Decreto de 9 de marzo de 1820.

89 Emilio La Parra y María Ángeles Casado, La Inquisición en España: agonía y abolición (Madrid: La Catarata, 2013), 178-180.

90 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’état dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834) (Madrid: Casa de Velázquez, 2002).

91 Real Decreto de 7 de febrero de 1827 relativo á los empleados en la carrera civil de su Real Hacienda para que tengan clases conocidas, como sucede en las demás del Estado, y con arreglo á ellas se determinen los sueldos y distintivos que cada uno ha de tener en lo sucesivo, y el órden de sucesos, Gaceta de Madrid, n.º 21, 17 de febrero de 1827, pp. 81-82.

92 El secretario de Estado empezó a ejercer como presidente del Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 1832 y así empezó a firmar en los documentos oficiales de los últimos meses de aquel año, en que Fernando VII estuvo gravemente enfermo (Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1833).

93 Pedro Sainz de Andino, «Exposición al Rey N.S. sobre la situación política del Reyno y medios de su restauración» (Madrid, 1829), Manuscritos, 330/166, Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

94 Luis López Ballesteros, «Minuta de una exposición dirigida a S.M. el Rey por su Ministro de Hacienda Don Luis López Ballesteros en 10 de octubre de 1830, proponiendo la creación de un Ministerio del Interior y algunas importantes mejoras de Hacienda», s. f., Papeles Reservados de Fernando VII, caja 293, Archivo General de Palacio, Madrid.

95 La Constitución de Bayona introdujo cuatro nuevos ministerios, los de Negocios Eclesiásticos, Interior, Policía General e Indias, que por tanto existieron de 1808 a 1813. En los dos periodos de vigencia de la Constitución de Cádiz hubo, en realidad, dos ministerios de Gobernación, uno para la Península y otro para Ultramar (de 1812 a 1814 y de 1820 a 1823).

96 José María García Madaria, Estructura de la Administración Central (1808-1931) (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1982).

97 Real decreto del 5 de noviembre de 1832 mandando establecer la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento general del Reino Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S.M... 1827 (Madrid: Imprenta Real, 1828), t. 17, p. 237.

98 Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 13 de enero de 1824 mandando guardar y cumplir el Real decreto inserto para el establecimiento de la Superintendencia de la Policía del Reino, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Reales Cédulas, 3824.

99 La superintendencia de Policía había existido ya en tiempos de Carlos III (entre 1782 y 1792) y luego en tiempos de Carlos IV (entre 1807 y 1808), aunque en ambas ocasiones era una institución limitada a la ciudad de Madrid. Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 17 de marzo de 1782 por la que se dispone la creación de una Superintendencia General de Policía para Madrid y su Rastro, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Consejos, libro 1525, núm. 33; Real Cédula de 13 de junio de 1792 por la cual se suprime la Superintendencia General de Policía de Madrid y su Rastro (Gaceta de Madrid, núm. 51, 26 de junio de 1792, pág. 424); Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 13 de diciembre de 1807 por la cual se manda guardar y cumplir el Real Decreto en que se restablece la Superintendencia General de Policía de Madrid, su jurisdicción y su rastro, Biblioteca Nacional de España (Madrid), R/34927, p. 137.

100 Manuel Ortiz de Zúñiga, Deberes y atribuciones de los correjidores, justicias, y ayuntamientos de España, 5 vols. (Madrid: Jordán, 1832).

101 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.a ed. (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842); Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 3 vols. (Granada: Sanz, 1842).

102 Charles-Jean-Baptiste Bonnin, Principes d’administration publique pour servir à l’étude des lois administratives suivies du projet de ce code: et considérations sur l’importance et la nécessité d’un code administratif, 2.ª ed. (París: Clament frères, 1809); Charles-Jean-Baptiste Bonnin, Abrégé des «Principes d’administration» de C.-J.-B. Bonnin, publié d’après la troisième édition (París: Amable-Costes, 1829).

103 Charles Jean Bonnin, Compendio de los principios de Administracion, trad. D. J. M. Saavedra (Madrid: Imprenta de José Palacios, 1834).

104 Georges Langrod, «La ciencia de la Administración Pública en Francia: orígenes y contorno europeo actual y pasado», Revista de Ciencias Sociales I, n.o 3 (1957), 495-525.

105 Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual Biography, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), t. II, pp. 230-231.

106 Cipriano Flores Cruz, «Bonnin y la ciencia administrativa», Revista de Administración Pública (México), n.o 54 (1983), 547-556.

107 López Ballesteros, «Minuta de una exposición dirigida a S.M. el Rey por su Ministro de Hacienda Don Luis López Ballesteros en 10 de octubre de 1830, proponiendo la creación de un Ministerio del Interior y algunas importantes mejoras de Hacienda».

108 La Secretaría de Interior que había propuesto Burgos tuvo como nombre oficial el de Secretaría de Fomento cuando se fundó en 1832. Luego pasó a denominarse Secretaría de Estado y del Despacho del Interior por Real Decreto de 13 de mayo de 1834 (Gaceta de Madrid, n.º 84, 15 de mayo 1834, p. 385); y Secretaría de Gobernación del Reino por Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 (Gaceta de Madrid, n.º 347, 8 de diciembre 1835, p. 1386).

109 Javier de Burgos, Exposicion dirigida á S.M. el Sr. D. Fernando VII desde Paris en 24 de enero de 1826... sobre los males que aquejaban á España en aquella época, y medidas que debía adoptar el gobierno para remediarlos (Cádiz: Imprenta de Ana Benítez, 1834).

110 «Instrucción complementaria del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 aprobada por S.M., para gobierno de los subdelegados de Fomento en las provincias del Reino» (Gaceta de Madrid, 5 a 12 de diciembre de 1833).

111 Dionisio A. Perona Tomás, Notas sobre el proceso de la codificación mercantil en la España del siglo XIX (Madrid: Dykinson, 2015).

112 Real Orden de 8 de marzo de 1826 publicando el Arancel General de entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero, para gobierno de las aduanas del Reino de 19 de octubre de 1825, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6228, n.º 291.

113 Real Decreto de 30 de marzo de 1829 organizando el Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras para impedir el contrabando (Gaceta de Madrid, n.os 39-55, 31 de marzo a 7 de mayo de 1829).

114 Ley penal de 3 de mayo de 1830 sobre delitos de fraude contra la Real Hacienda (Gaceta de Madrid, n.os 61-85, 20 de mayo a 15 de julio de 1830).

115 Josep Fontana, La revolución liberal: política y hacienda en 1833-1845 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1977).

116 Tratado de paz y amistad, celebrado entre España y la República Mejicana en 28 de diciembre de 1836 (Madrid: Imprenta Nacional, 1838).

117 Juan Pro, «The Origins of State Bureaucracy in Nineteenth Century Spain», en Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux y Michael Braddick (eds.), Administrate, Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia (Newcastle: Cambridge Scholars, 2016), 132-167.

CAPÍTULO 3

EL ESTADO COMO REVOLUCIÓN CULTURAL

Este capítulo trata sobre la dimensión cultural de la construcción del Estado. Todo el edificio estatal se sostiene sobre la base de la legitimidad que los gobernados le conceden a esa forma de poder, a sus instituciones y sus representaciones; y tal legitimidad se apoya siempre en un entramado cultural determinado. Por eso, Pierre Bourdieu ha insistido en que la definición weberiana del Estado debería completarse, añadiendo que el Estado se caracteriza no solo por poseer el monopolio de la violencia física legítima, sino también el monopolio de la violencia simbólica.118 Esta violencia simbólica, ejercida por las instituciones del Estado durante su proceso de construcción y aun después, tiende a realizar una transformación mental en el interior de los gobernados, para que estos asuman con naturalidad la existencia del Estado y la actuación de este en múltiples ámbitos que afectan a sus vidas.

Para que el Estado nacional pueda existir es necesario todo un conjunto de operaciones que pertenecen al ámbito de lo cultural, en virtud de las cuales no solo se acepta la legitimidad del poder, sino que los ciudadanos adoptan una visión de la realidad mediada y condicionada en gran medida por el Estado. Estos acaban interiorizando una visión estatal de la realidad a través de la educación, del lenguaje oficial, de las representaciones simbólicas visuales y de muchas otras maneras sutiles de moldear la mente de los gobernados. Se interioriza una visión estatal del Estado; esto impide ver con claridad en qué consiste la dominación estatal, ya que algunas de sus manifestaciones están naturalizadas y ni siquiera se concibe otra forma posible de ser o de pensar las cosas. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la manera en que se presentan las estadísticas oficiales, o en las categorías mentales implícitas en los formularios burocráticos que los ciudadanos rellenan todos los días: hay que ser conscientes de los supuestos que se aceptan al tratar con esos documentos, que conllevan toda una visión del mundo.

Al término de este proceso de conformación estatal de las mentalidades colectivas, el Estado es ya una realidad mental tanto o más que una realidad institucional: es tanto interior o subjetivo como exterior u objetivo. Pero para llegar a ese resultado, ha sido necesario un proceso de cambio cultural, desde las formas no-estatales de convivencia y de institucionalización del poder hasta esta fórmula del Estado-nación, propia del mundo contemporáneo.

Toda institución requiere una definición de ella misma que la naturalice, que dé legitimidad y sentido a su existencia. Esto, que vale para muchas instituciones sociales —como las familias, organizaciones, clases, reuniones, etc.—, es válido también, y con más razón, para el Estado, esa institución de instituciones que ha llegado a ser en los siglos contemporáneos. En esa definición de la institución y del entorno que la rodea van implícitas clasificaciones, como resaltó Mary Douglas.119 De las instituciones es, pues, de donde los individuos reciben las clasificaciones que les ayudan a comprender el mundo y a comprender su propia posición en él. Esas clasificaciones son imprescindibles para economizar energía cognitiva, pues no es posible pensar continuamente en todo. Para poder pensar es necesario olvidar muchas cosas, simplificar los problemas y concentrarse sobre objetivos asequibles: las clasificaciones preestablecidas, sobre las que no nos preguntamos, nos permiten esto. Pues bien, el Estado ha llegado a ser en la Edad Contemporánea el gran proveedor de categorías mentales, clasificaciones y supuestos implícitos, dando forma a un sentido común sobre cómo funciona la vida; en esto, el Estado arrebató la primacía, a lo largo del siglo XIX, a otras instituciones como la familia, la comunidad local, la corporación o la Iglesia.

En definitiva, pues, puede concebirse la construcción histórica del Estado como una verdadera revolución cultural.120 Una revolución cultural porque la propia aparición del Estado generó una máquina potentísima de moldear las mentalidades; pero también porque algunos de esos cambios culturales que acompañaron a la construcción del Estado eran imprescindibles para que este pudiera ser aceptado y se consolidase. La nueva historia de las emociones, aún en proceso de desarrollo, apunta —además— hacia la inclusión en la idea de cultura de la dimensión afectiva y emocional de los actores históricos. En ese sentido, una comprensión cabal de las implicaciones profundas del cambio revolucionario que supuso la construcción del Estado nacional requeriría tomar en consideración la transformación del régimen emocional.121 Sin duda, hay resonancias emocionales intensas en el amor a la patria, en la vivencia vicaria del relato heroico de la historia nacional, en las conmemoraciones, en el boato con el que se rodeó a las instituciones del nuevo Estado, en el culto a la bandera, en la escenificación de desfiles y ceremonias públicas, en el apego a la seguridad que se supone que proporcionan al ciudadano las instituciones, las fronteras, el ejército… La instrucción pública y todo el entramado de museos e instituciones culturales del Estado naciente tenía una misión de transformación y custodia de la cultura nacional, al servicio de la construcción del Estado. Y era toda una nueva cultura, con un nuevo relato y un nuevo régimen de emociones, la que se creaba y se difundía como parte de la construcción estatal.122

Esa dimensión profunda de la construcción del Estado puede abordarse desde la historia cultural de lo político. Porque, sin duda, un fenómeno como la construcción de un Estado implica aspectos culturales; aspectos de tanta importancia como la definición del lenguaje, la apropiación y resemantización de las categorías con las que se piensa la vida, la creación de relatos sobre el pasado o la ordenación y denominación del territorio que se habita. Salta a la vista que todo ello no se limita a la adopción —o el rechazo— de una determinada identidad nacional. Desde la nueva historia de las emociones, podría decirse incluso que el proceso de construcción de un Estado implica una redefinición normativa del régimen emocional de la sociedad.123

En este punto, la historia cultural viene en auxilio de la historia política para mostrar los cambios de fondo que estaban haciendo posible —y, a partir de un cierto momento, necesaria— la construcción del Estado. Porque, efectivamente, los años 1808 a 1840, a los que se refiere este capítulo, fueron testigos de la crisis y el declive de las culturas políticas características del Antiguo Régimen. Pero también, por otro lado, en esta etapa fundacional emergieron las culturas políticas características del periodo histórico siguiente y, en particular, la cultura política liberal, raíz de múltiples culturas y subculturas que se irían diversificando a lo largo de toda la Edad Contemporánea.124

Nuevas doctrinas, nuevos lenguajes

La espuma de las luchas políticas impide en ocasiones tomar conciencia de las corrientes más profundas que mueven la historia. Con un ritmo más lento, pero inexorable, los cambios culturales crean el marco de posibilidad en el que se conciben las ideas, se enuncian los discursos, se desarrollan los debates y se estructuran las relaciones de fuerza. Para entender las transformaciones profundas que hicieron posible la construcción del Estado en España es preciso, pues, tomar en consideración los cambios en el lenguaje y en la cultura política que se estaban produciendo en medio del fragor de las armas, de las conspiraciones, los pronunciamientos y las conjuras.

Los reinados de José I y Fernando VII constituyeron el periodo de creación de las culturas políticas modernas en España, entendiendo por cultura política el sistema de significados a través de los cuales un colectivo humano se relaciona con el mundo, lo interpreta y da sentido a sus acciones.125 El lenguaje constituye un componente importante de este sentido de cultura, pero no el único, pues remite a toda una serie de recursos simbólicos de los que disponen los actores sociales en un momento y en un lugar determinados, en este caso, España entre 1808 y 1833.126 Fue entonces cuando empezó a aparecer un espacio público, un espacio de lo político propiamente dicho; y, por tanto, la posibilidad de que, sobre la base de los marcos culturales existentes y de su reformulación, aparecieran culturas específicamente políticas. La escisión entre lo público y lo privado, que hasta entonces habían permanecido confundidos en un mismo espacio, creó la posibilidad de que aparecieran culturas políticas compartidas por amplios sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo enfrentadas a otras, con las que otros grupos daban sentido al mundo. Fue este un periodo genético en el que se produjeron deslizamientos, préstamos y reelaboraciones culturales de lo antiguo, al tiempo que se insertaba en ello lo nuevo.127

Este cambio fue de la mayor trascendencia, pues sin la concepción de un mundo escindido entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad, hubiera sido impensable la idea misma de construir un Estado. Era, en gran parte, una concepción que procedía del mundo jurídico: gran parte del personal que intervino con cierto grado de protagonismo en la construcción del Estado venía de una formación jurídica. Los juristas proporcionaron el lenguaje, los conceptos básicos, las técnicas institucionales con las que el Estado fue planificado y erigido. El trasvase de lenguajes y discursos del mundo jurídico al mundo político proporcionó una cultura hegemónica que hizo posible la comunicación y el debate político en todo el siglo XIX. De esta cultura hegemónica, en cuyo centro y formando su núcleo duro estaba el mismo concepto del Estado, saldrían varias culturas o subculturas específicas de los distintos grupos políticos, diferenciadas por su vocabulario, su simbología, su argumentario específico, su relato del pasado, su panteón de héroes, sus mitos, sus utopías y sus temores.

La indagación sobre el sustrato cultural de la construcción del Estado no se agota, pues, con una concepción unitaria de la cultura política nacional, sino que es preciso añadir el elemento plural de las culturas políticas de partido en conflicto. La Revolución y la crisis de la Monarquía española vinieron acompañadas de una rápida erosión de las concepciones tradicionales sobre el origen, la naturaleza y las funciones del poder político, reemplazados por nuevas ideas. El resultado de esa colisión conceptual y política entre dos —o más— cosmovisiones fue no solo una nueva definición hegemónica de lenguajes y valores, sino también el surgimiento de la panoplia de culturas políticas que pueblan las primeras décadas del siglo XIX. Diversas culturas políticas que, en abierta pugna, se propusieron reorganizar la sociedad y el sistema político sobre nuevas bases. Algunas de esas culturas políticas eran de nuevo cuño, como es el caso de la liberal; otras surgieron como resultado de las circunstancias concretas generadas por la invasión francesa, como es el caso de los afrancesados; y otras, finalmente, constituían una reformulación y una actualización de viejas concepciones, como es el caso del realismo. Pero, haciendo el camino de vuelta con respecto al párrafo anterior, podríamos decir que esa diversidad de culturas políticas tampoco agota por sí misma el panorama cultural que daba sentido a la política de la época, ni mucho menos a la construcción del Estado. La existencia de elementos culturales comunes fue crucial para hacer posible la política moderna como marco de ejercicio del poder negociado y legitimado institucionalmente, y no como un mero campo de batalla entre posiciones irreconciliables abocadas a la confrontación violenta.

En cualquier caso, las diversas culturas políticas que se pueden identificar en aquel periodo no constituyen una traslación automática del mapa de corrientes y movimientos que protagonizaban las luchas políticas: no hay una correspondencia mecánica entre los partidos o bandos en disputa, por un lado, y las culturas políticas, por otro. Muchos elementos de la cultura política eran transversales y comunes a toda la nación o incluso a toda la Monarquía de la que se estaban desgajando tanto España como las repúblicas independientes que iban surgiendo en América; otros tenían un alcance local o regional, eran propios de un grupo social, una etnia o un credo religioso, o incluso tenían componentes generacionales o de género. Esos materiales de geometrías dispares daban sentido a las prácticas políticas de los diversos grupos, instituciones e individuos.

Entre las innovaciones culturales más destacadas de aquella época hay que señalar la aparición de una nueva concepción del sujeto político, que se movía entre la visión individualista del ciudadano —titular de derechos y obligaciones— y la nueva comunidad imaginada que era la nación. Todo otro sujeto, cualquier corporación intermedia, pasó a ser sospechosa de constituir una supervivencia feudal, opuesta a la felicidad de la nación en su conjunto y a la felicidad de cada uno de los ciudadanos que la integraban. Esta cosmovisión se nutrió de materiales elaborados en su mayor parte por los pensadores de la Ilustración en diversos países de Europa; pero cristalizó en la época de la Revolución francesa, en los debates que esta propició sobre la naturaleza humana y los atributos de los sujetos políticos. Los defensores del Antiguo Régimen tendían a considerar a los seres humanos incapaces por naturaleza para desempeñar funciones políticas activas y, por tanto, para trascender su condición de súbditos. Mientras que los partidarios de la Revolución sostenían que los seres humanos están capacitados por naturaleza para ejercer la soberanía política y, por tanto, merecen la consideración de ciudadanos en un sistema político representativo.128

Aunque la visión reaccionaria no desapareció nunca del todo, fue la concepción liberal la que se impuso, más allá de la victoria política, logrando una hegemonía cultural en todo el continente. Una vez que se asumieron mayoritariamente ideas como la existencia de derechos naturales de todos los hombres —todavía no de las mujeres—, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la inexistencia de un derecho divino de los reyes, la soberanía de la nación, la necesidad de limitar los poderes mediante una Constitución para que no degeneren en despotismo, que solo un poder representativo es legítimo… el lenguaje de los nuevos tiempos quedó definido. Y el marco en el que se moverían las discusiones —y en el que se construiría el Estado— sería el que proporcionaba el liberalismo: ese marco que se encuentra en las obras de autores como Canga Argüelles, Martínez Marina, Flórez Estrada o Luna y Montejo.129 Sus ideas se difundían a través de los catecismos políticos y de la prensa, instrumentos esenciales para la construcción de una opinión pública.

El cambio cultural que se estaba produciendo implicaba la difusión del concepto de derecho, entendido con minúscula y en plural —más frecuentemente empleado como los derechos— en el sentido de algo que se puede exigir porque es justo, y más concretamente una conducta que los individuos pueden exigir de las instituciones. Es lo que los juristas llaman un derecho subjetivo, en la medida en que corresponde a un sujeto que lo puede reclamar y ejercer; y se contrapone al Derecho objetivo, constituido por el orden jurídico que trazan las leyes y las instituciones. Sin duda, el concepto de derecho subjetivo fue una de las grandes innovaciones de la época de la revolución, y estuvo en la base del liberalismo y la modernidad occidental. La contraposición de este concepto universal de derecho al concepto de privilegio, propio de determinados estamentos y característico del Antiguo Régimen, sirvió para simbolizar todo el conjunto de cambios que la Revolución implicaba.

La idea de que los individuos tenían derechos y que, por lo tanto, podían exigirlos en pie de igualdad, puso en marcha reivindicaciones y empoderamientos que tal vez no estaban en la intención de sus creadores y difusores. Apareció un nuevo y potentísimo lenguaje de los derechos, que tuvo vida propia, independiente de las elites que lo inventaron. La idea de que el individuo puede ser portador de derechos con independencia de que una autoridad cualquiera se los conceda, y de que la acción política puede tener como objetivo legítimo el obligar a las instituciones a reconocer y respetar tales derechos, tiene tal fuerza movilizadora que ha seguido sustentando identidades y reivindicaciones políticas hasta la actualidad. El propio concepto de sujeto cambió en aquel momento, de significar el súbdito que está sometido a un poder o a unas normas, a significar el individuo que tiene derechos y puede ejercerlos, en definitiva, el ciudadano.130

La concepción de ese ciudadano dotado de derechos venía de una cultura jurídico-política específica, como era la del derecho natural, dado que la idea de derechos subjetivos no existía ni en el Derecho romano, ni en el Derecho canónico, ni en la tradición legislativa de la Monarquía española del Antiguo Régimen. Penetró en España lentamente y con dificultades, dada la dificultad con la que arraigó aquí la doctrina del Derecho natural, que en otros países de la Europa continental gozaba de más arraigo. Por ejemplo, la desconfianza hacia el derecho natural hizo que la Constitución de Cádiz no comenzara con una declaración de derechos, elemento que en su época ya se consideraba fundamento doctrinal de todo texto constitucional. Si bien hay derechos subjetivos de la mayor importancia expresados a lo largo del articulado de la Constitución de forma dispersa, no están sistematizados como tales derechos ni enunciados como naturales e irrenunciables, algo que sin duda hubiera resultado inaceptable desde la cultura dominante en España.

Otro terreno en el que los cambios del lenguaje nos aportan indicios del profundo cambio cultural que se produjo en los primeros decenios del siglo XIX es el de la patria y la nación. Aunque ambos términos existían desde mucho tiempo atrás, fue entonces cuando adquirieron su significado moderno. La patria fue el concepto movilizador por excelencia de la lucha contra los franceses: patria, entendida como la comunidad emocional por la que se ofrece el sacrificio, una comunidad dotada de una identidad y una historia propias, y vinculada fuertemente al territorio. Mientras que, paradójicamente, en el campo afrancesado se desarrollaba también una lógica de patriotismo, pero en este caso basada en la responsabilidad: el orden afrancesado se defendía en nombre de la felicidad de la patria.

El proceso constituyente de las Cortes de Cádiz dio protagonismo al concepto de nación, estrechamente relacionado con el de patria, pero más político. Siguiendo la estela de la definición clásica que diera Sieyès en los albores de la Revolución francesa, la nación pasó a concebirse como la comunidad de ciudadanos sobre la cual recae la soberanía: una comunidad que se define por la igualdad ante una misma ley, la representación en una misma asamblea legislativa y el gobierno en común por unas mismas instituciones. Curiosamente, al igual que ocurría con el concepto de patria, también en este caso los adversarios se apropiaban del mismo término, aunque dándole otras connotaciones: los antiliberales utilizaban igualmente el concepto de nación para representar a la comunidad de los súbditos de la Corona, pero separándolo de toda relación con la soberanía, la representación o la igualdad.131 En cualquier caso, la difusión que alcanzaron términos como nación y patria en la primera mitad del siglo XIX indica que ambos se hallaban en el corazón de la nueva cultura política dominante; si bien las guerras semánticas por precisar el significado exacto de ambos conceptos fundamentales revelan que había más de una lectura posible de lo que los nuevos tiempos debían traer a esa comunidad imaginada.

El cambio en la cultura política fue mucho más amplio y complejo, pues implicaría también una nueva interpretación del pasado, del papel de la religión en la organización de la vida, de la importancia de la educación… Pero cambios tan significativos como los apuntados, en torno a la redefinición del sujeto político e ideas como la de soberanía, ciudadano, derechos, patria y nación, son suficientes para esbozar en qué dirección iba el cambio. La cultura de los españoles se estaba transformando día a día; y lo hacía desde espacios insospechados, como eran la escuela, la prensa —ensanchada y diversificada a medida que se afirmaba la libertad de imprenta—, las Cortes —cuyos discursos eran, a su vez, amplificados y difundidos por la prensa—, los distintos tipos de sociedades públicas y secretas que proliferaron —origen de los partidos y asociaciones modernos—, los cafés —especie de Cortes en miniatura, donde, además de discutir, también se leía y se comentaba la prensa—, los salones y los nuevos espacios de sociabilidad, hasta las calles y plazas convertidas en lugares de memoria por los monumentos públicos y las denominaciones patrióticas.

No cabe desconocer, por otro lado, el carácter trasnacional que tuvo la conformación de aquella nueva cultura política: aunque adoptara características específicas en cada país, en cada región o ciudad, el cambio cultural se hizo en diálogo entre espacios diferentes. Las ideas y los lenguajes circulaban de un lugar para otro, y en cada lugar eran objeto de apropiación selectiva por los diferentes grupos, eran reelaborados y reinterpretados. El crecimiento explosivo de la imprenta permitió que fragmentos de nuevas propuestas culturales viajaran con facilidad a través de las fronteras, e incluso a través del océano, haciendo de la Revolución un fenómeno trasatlántico. Si el comercio y los viajes ayudaban en la circulación de las nuevas ideas, no puede desdeñarse el papel del exilio, pues las encarnizadas luchas políticas de la época llevaron a muchos miembros de las elites intelectuales a huir de un país a otro por razones políticas, y adquirir, en el lugar de refugio un conocimiento de primera mano de otras realidades, otras experiencias, otras ideas y lenguajes, que luego llevaban de vuelta consigo.132

En definitiva, se estaba dejando atrás toda una cultura basada en la resignación frente al desorden del mundo, que solo buscaba consuelo en la religión: aquella cultura que acumulaba siglos de antigüedad, basada en la repetición cíclica de lo tradicional y en el respeto reverencial a jerarquías como las de la Monarquía y la Iglesia, que ponían un cierto orden en el caos. Frente a ella, los filósofos de la Ilustración habían preconizado un planteamiento racionalista, confiado en las fuerzas de la propia sociedad para idear soluciones a los problemas, ordenar el gobierno de la forma más conveniente y asegurar un progreso acumulativo tanto en lo material como en términos de saber. La idea de Kant, que en 1784 creía llegado el momento de que la humanidad saliera de su minoría de edad, fue la base para una nueva cultura menos resignada, menos apegada a la tradición, y dispuesta a cambiar la realidad.133 El Estado sería, para esa generación, el instrumento con el que asegurar de forma sostenida esa transformación racional de la realidad. El cambio del lenguaje fue solo el principio.

El papel de los juristas

Es importante señalar el papel que desempeñaron los hombres de formación jurídica en la creación de esa nueva cultura política y, más en general, en los primeros pasos de la construcción del Estado. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo de la primera mitad del XIX, el papel de los juristas fue decisivo para poner los cimientos del nuevo espacio de lo público. Las transferencias de la cultura jurídica a la cultura política fueron de gran alcance. Argumentos y lenguajes se traspusieron de un lado a otro de esta frontera difusa entre Derecho y política. Hay abundantes pruebas de ello en los planes de estudio de las universidades, en los autores leídos y las obras de referencia —la mayoría de origen netamente jurídico— de las que los primeros políticos españoles extrajeron sus conceptos fundamentales y las ideas fuerza con las que organizaron su discurso y estructuraron el espacio público en el primer tercio del siglo XIX. Pero, más allá de este tráfico cultural entre juristas y políticos —que frecuentemente eran las mismas personas—, se puede identificar la creación de un habitus que determinó un sistema de disposiciones generales a pensar, decir y hacer las cosas de manera jurídica en el ámbito de la política decimonónica.134 Ese habitus jurídico fue fundamental para dar forma al Estado a largo plazo; y constituyó probablemente uno de los componentes comunes de la cultura política que podríamos llamar nacional, transversal a las diversas corrientes ideológicas y políticas de la época.135

En efecto, la presencia de los profesionales del Derecho entre los protagonistas de los episodios políticos más relevantes del reinado de Fernando VII fue muy notable. Entre 1808 y 1833 hubo en España 23 ministros que eran magistrados, nueve abogados, un fiscal y tres juristas del Cuerpo jurídico del Ejército. Solo los militares y los marinos —por razones bien conocidas— aportaron un número mayor de ministros; pero, al igual que en el caso de los diplomáticos, su presencia se dio mayoritariamente en los ministerios que corporativamente consideraban propios —respectivamente Guerra, Marina y Estado—, limitándose en gran medida a los asuntos de su competencia. Los juristas, en cambio, ocuparon toda clase de puestos, tanto al frente de los ministerios como en direcciones generales y secretarías de Estado. La preeminencia de los estudios de Derecho entre quienes llegaron a ocupar cargos ministeriales es abrumadora, cercana al 75 por ciento.136 Y su presencia fue aún más significativa entre los diputados de las Cortes de 1810-1814 y 1820-1823. En las Cortes de Cádiz había 44 abogados en 1812, lo que constituía un 16,6 por ciento del total de diputados con ocupación conocida (el segundo grupo en importancia, después de los eclesiásticos). En las Cortes del Trienio la cifra sería similar. No obstante, esa sería una cifra mínima, referida solo a aquellos juristas que declaraban la abogacía como principal ocupación para identificarse. Apenas caben dudas de que habría muchos otros diputados con formación jurídica entre los que se identificaban como regidores, funcionarios o hacendados y otros grupos, como el de los eclesiásticos, muchos de ellos formados en el Derecho canónico.137 A fin de cuentas, como se ha señalado, el Derecho era la formación superior conveniente para un caballero, una especie de formación genérica que se suponía que preparaba a los varones de buena familia para moverse en el espacio público (y aun para gestionar los intereses privados de su casa).138

Los juristas proporcionaron el grueso del personal civil que nutrió la clase política del primer liberalismo, y también tuvieron un peso importante en las filas de la Administración: esto fue así tanto en el reinado de José I como durante los periodos constitucionales y absolutistas del reinado de Fernando VII y después, pues la situación fue parecida en tiempos de Isabel II. Representaban la principal y casi única alternativa a la presencia de militares en los puestos de decisión. Los hombres del Derecho se postularon como especialistas exclusivos en el manejo de los saberes relacionados con instituciones y con normas, de manera que acabaron por monopolizar el discurso en el terreno de la reforma del Estado, que era el asunto que estaba en juego desde 1808 como consecuencia de la crisis de la Monarquía. Es cierto que para algunas áreas de la Administración, como la Hacienda o la Diplomacia, se requerían conocimientos especiales que aconsejaban poner tales responsabilidades en manos de quienes tuvieran experiencia práctica en el mismo ramo. Pero también en esos terrenos eran los juristas con frecuencia los que intervenían, dado que no existían en las universidades titulaciones específicas en temas como la fiscalidad ni las relaciones internacionales.

El Derecho, en la medida en que reclamaba ser el único saber con competencia legítima en materia de instituciones y de normas, se erigió en un tipo de formación genérica que capacitaba para el desempeño de cargos políticos o administrativos de cualquier tipo, incluidos los que requerían una preparación técnica más específica, como los de Hacienda, en los que no podría prescindirse de algunos conocimientos relacionados con la economía política, contabilidad, matemáticas, moneda y finanzas. De hecho, la economía política se implantó como disciplina universitaria ligada a los estudios de Derecho, de los que constituía un contenido complementario.

Puesto que el Derecho era la cantera de la que se podía obtener personal con formación para desempeñar cualquier tipo de cargos públicos, o aun para ocuparse de asuntos privados con cierta trascendencia pública, como era la gestión patrimonial de las grandes casas aristocráticas o burguesas, de él vino el lenguaje común de los caballeros, de las elites que hegemonizaban el poder a medida que se iban afirmando las instituciones de Estado y mercado características del mundo moderno. Los juristas de finales del Antiguo Régimen eran vistos —y se veían a sí mismos— como los profesionales competentes en todo lo relacionado no solo con la reforma de las instituciones, sino también con el gobierno de la sociedad. Nadie les disputó la hegemonía sobre lo público que reclamaron y adquirieron en el primer tercio de siglo. Fueron los profesionales natos de la administración y de la representación, que solo ocasionalmente compartían con canteras menores, como periodistas, eclesiásticos o profesores. Y desde esa posición dominante consiguieron hegemonizar el discurso sobre los asuntos públicos. En la medida en que la época conoció una explosión del discurso político, merced a la libertad de imprenta, a la propaganda electoral y al debate parlamentario, ese renovado flujo de discurso se expresó predominantemente en términos jurídicos, con conceptos, categorías y razonamientos que respondían a la formación recibida por los juristas.

Las universidades españolas habían formado tradicionalmente a los profesionales del Derecho en el conocimiento del Derecho romano y canónico, a los cuales se había añadido en el siglo XVIII el derecho patrio, esto es, la legislación de la Monarquía.139 Sin embargo, la gran innovación jurídica del Siglo de las Luces, que fue el Derecho natural, encontró muchas resistencias en España y no llegó nunca a arraigar profundamente. Los gobiernos reformistas de Carlos III habían intentado introducir en las Facultades de Leyes el Derecho natural y de gentes, siguiendo la corriente reformista europea. Esta doctrina aspiraba a descubrir racionalmente un orden natural que distinguiera lo justo de lo injusto más allá de la legislación concreta existente en cada reino. Era una antigua aspiración no exenta de resonancias religiosas, pues apelaba a la existencia de normas que están por encima del ordenamiento jurídico de cada país y de la voluntad de sus monarcas, normas que expresan el orden perfecto que Dios ha dado al mundo. El valor práctico del iusnaturalismo era claro cuando la idea de Derecho natural se aplicaba a la posibilidad de crear un derecho internacional y asegurar la paz entre los pueblos, por la vía de la afirmación de normas que, aun no estando escritas en ninguna ley, todos acatarían mediante la razón.

Más allá de esa función, sin embargo, el iusnaturalismo tenía también una lectura en clave interna, nacional: Pablo de Olavide lo reclamaba en 1768 como fundamento para una ciencia de lo político, pues proporciona el camino para comprender el legítimo interés del Estado y de los ciudadanos, el lugar que deben ocupar los diferentes poderes, las obligaciones del hombre ante la sociedad, el origen de los contratos y las normas que rigen las acciones humanas.140 En los últimos decenios del XVIII quedó claro que, en la medida en que atribuía a los seres humanos derechos naturales inalienables, permitía considerar tiránicos aquellos regímenes que conculcaran tales derechos; e incluso justificaba la remodelación de la comunidad política a la luz del derecho natural, es decir, la Revolución. Tanto la Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica como la Revolución francesa se legitimaron expresamente en nombre del Derecho natural. Y en los territorios americanos de la Monarquía española, lecturas de la situación de 1808 en clave iusnaturalista fueron las que sustentaron los movimientos de emancipación frente a la Monarquía española.141

De manera que no eran infundados los temores conservadores sobre el efecto potencial que tendría una renovación de la enseñanza del Derecho para hacer sitio a aquel Derecho natural y de gentes como la que se decretó en 1770.142 Esos temores determinaron grandes resistencias y una campaña contra el Derecho natural, especialmente efectiva desde que estalló la Revolución francesa en 1789.143 Hacia 1808 la mayoría de los juristas españoles no habían estudiado formalmente el Derecho natural; un derecho que, en cualquier caso, tampoco podía ser invocado ante los tribunales. Era un saber puramente teórico, que algunos conocían por sus lecturas, pero que solo valoraban los juristas de ideas más avanzadas; y todos temían sus posibles consecuencias revolucionarias.

La recepción del iusnaturalismo en España, aunque la hubo, convivió con resistencias escolásticas muy fuertes y con una reinterpretación católica de una doctrina, la del Derecho natural, que venía patrocinada por autores predominantemente protestantes. En toda la Monarquía, y especialmente en sus reinos americanos, se hicieron relecturas de los padres del Derecho natural y de gentes, que descargaban a sus doctrinas de gran parte del potencial revolucionario que podían tener. Esas relecturas hispanas del iusnaturalismo iban en un sentido menos individualista, que tendía a considerar a la nación no como un agregado de individuos unidos voluntariamente, sino como un agregado de reinos o provincias, con lo que la atribución de la soberanía a la nación admitía otras interpretaciones. La emergencia de este tipo de interpretaciones entre los juristas hispanoamericanos era coherente con la opción de apoyar sobre ellas la legitimidad de la independencia con respecto a España, considerando que los «pueblos» depositarios de una soberanía originaria eran cada uno de los reinos de Indias y no la población del conjunto de los territorios de la Monarquía española; pero la misma interpretación dio pie a que cada ciudad o provincia reclamara para sí la misma opción a proclamarse soberana, abriendo un proceso interminable de luchas civiles hasta la consolidación de las fronteras nacionales en Iberoamérica y abriendo paso, al mismo tiempo, para el desarrollo de fórmulas federales.144

En la península no tuvo la misma fuerza esa lectura que tendía a hacer depositarios de la soberanía a los «pueblos», identificados con reinos o provincias particulares de la Monarquía; pero tampoco estuvo ausente: cabe recordar la denominación de supremas que se dieron las juntas locales que organizaron en un primer momento la resistencia contra la invasión francesa. Esa denominación tenía el sentido de «soberanas» e implicaba que cada una de aquellas juntas había reasumido la soberanía a raíz de la crisis de 1808 y solo posteriormente la habían cedido a la Junta central. En ese sentido, el lenguaje soberanista de las juntas americanas, que algunas llevaron hasta sus últimas consecuencias, no era muy distinto del que encontramos en sus homólogas peninsulares, pues ambas formularon sus pretensiones desde una cultura jurídico-política común. Un entusiasmo particular por algunos autores relacionados con el iusnaturalismo, como Burlamaqui, Vattel o Filangieri lo encontramos también en los juristas del entorno afrancesado.145

El iusnaturalismo tuvo una vigencia especial durante las guerras de independencia, tanto las americanas como la que luego se llamó así en España. Una cierta versión hispana del iusnaturalismo vino a constituir durante algún tiempo una especie de sentido común que dio forma al imaginario político con nociones de origen jurídico que se filtraron hasta las páginas de los periódicos, los discursos de las asambleas y los escritos de propaganda. Es raro encontrar en estos discursos formulaciones doctrinales nítidas que encajen con los presupuestos del Derecho natural o que mencionen como autoridad a los autores más destacados de dicha corriente de pensamiento. Pero otros, como Emer de Vattel o Gaetano Filangieri, aparecen citados con relativa frecuencia; aunque a veces sea para ridiculizar el lenguaje del Derecho natural como una moda ridícula venida de fuera, como hace Cadalso en Los eruditos a la violeta.146

La que así circulaba era, sin embargo, la versión castiza de la doctrina del Derecho natural, menos individualista y pasada por el tamiz del historicismo, el catolicismo y el corporativismo tradicionales. Versión que hacía depositarios de los derechos naturales tanto o más a los pueblos que a los individuos, reconociendo un cierto esencialismo corporativo a los reinos, estados o naciones preexistentes.147 La circulación del Derecho natural como sentido común en la época de las revoluciones fue, sin embargo, diferente en la España peninsular que en la América hispana, debido a la desigual abundancia de letrados: en la península, con muchos más abogados, pesó la formación universitaria de estos, con todos los límites y filtros que imponía a las doctrinas iusnaturalistas; mientras que en la América española, donde había menos juristas, tales doctrinas transitaron por circuitos más informales y menos sometidos a las distorsiones y cortapisas de las universidades de la Monarquía.148

La doctrina del Derecho natural, en cualquier caso, aportó a la cultura política de la época componentes como la idea de un individuo titular de derechos inalienables con independencia del ordenamiento positivo, o como el contractualismo en la concepción de todo poder político legítimo.149 Lo que habitualmente se denomina la «influencia de la Ilustración» sobre el primer liberalismo, es fundamentalmente la recepción de conceptos políticos procedentes del iusnaturalismo.150 Y el iusnaturalismo era una doctrina jurídica, aunque algunos de sus autores la presentaran, ya desde el origen, como Derecho público, en el sentido de político, por cuanto en él encontraban desarrollo todas las cuestiones relativas a la política interior de los estados.151

Junto al iusnaturalismo, había otro enfoque que tenía un gran peso en la cultura jurídica y política hispana de la primera mitad del siglo XIX, como era el historicismo. De hecho, la facilidad con la que el estudio del Derecho patrio se había impuesto en el siglo XVIII frente al Derecho natural en la enseñanza de las Facultades de Leyes da un indicio de la prevalencia de aquel enfoque. El historicismo estuvo presente en las Cortes de Cádiz y en la presentación de la Constitución de 1812 como actualización de instituciones y libertades de los reinos medievales, y pervivió en la cultura política del liberalismo español durante todo el XIX. El historicismo jurídico, traspasado al discurso político, iba de la mano con el apego a las prácticas jurisdiccionales del Antiguo Régimen, que concebían el poder como ejercicio de la jurisdicción; y tal vez ese historicismo ayudó a que, bajo el manto de la Constitución y sus instituciones de corte liberal, pervivieran en gran medida ese tipo de prácticas y esa concepción de las instituciones políticas.152

Esto se aprecia también en el lenguaje que utilizaban los juristas-políticos del liberalismo español. Mientras que en Francia la forma de hablar característica de los juristas del Antiguo Régimen fue tajantemente rechazada por su extravagancia, como un componente más del «feudalismo» que se decía estar destruyendo, en España, en cambio, no hay rastros de esa autocrítica de los juristas con respecto al lenguaje oscuro y arcaizante que durante mucho tiempo había ayudado a preservar los arcana iuris. Al contrario, parece que fue en gran parte la lengua del Derecho ya existente la que conquistó el espacio de la política y condicionó el curso de la versión española de la Revolución; y si no lo hizo del todo, fue por la influencia que, desde fuera, ejercían modelos de pensamiento y de acción que venían del resto de Europa.

El oficio del jurista era, en la práctica, el de someter las acciones sociales —ya fueran individuales o colectivas— a procedimientos reglados. Los juristas profesionales se habían formado como especialistas en ordenar lo que de por sí es desordenado, poniendo en el gobierno de las familias, de los pueblos y del reino entero un cierto orden basado en la autoridad y el procedimiento. El Derecho romano, el Derecho canónico y el Derecho histórico español garantizaban la existencia de ese orden, el orden tradicional de la Monarquía, que había demostrado su capacidad para resolver los conflictos y mantener la paz social a lo largo de los siglos. Si bien la legislación del Antiguo Régimen encerraba multitud de contradicciones e irracionalidades, era una barrera probada frente al caos. Y de ahí el apego colectivo de los juristas a la vigencia de la legislación histórica (empezando por las Partidas) y del sistema institucional que la aplicaba (chancillerías, audiencias, consejos, etc.). La enseñanza universitaria del Derecho se orientaba hacia el ejercicio práctico de los oficios jurídicos más que hacia una comprensión profunda de los principios generales sobre lo justo y lo injusto. Ese aprendizaje práctico culminaba con la pasantía, que ponía a un futuro abogado al servicio de otro ya experimentado para que se iniciara en las prácticas del oficio que no pueden enseñarse de manera teórica. Esta forma de aprendizaje aumentaba el carácter reproductivo de las enseñanzas jurídicas, introduciendo un elemento de conservadurismo y de pragmatismo en la formación de todo futuro abogado, relator, procurador, fiscal, juez o magistrado.153

La práctica de los abogados del final del Antiguo Régimen, de hecho, implicaba, además de esa inclinación vocacional hacia el orden y hacia el conservadurismo, un oportunismo en el razonamiento, que era el tipo de habilidad profesional que ponían al servicio de sus clientes. La legislación de la Monarquía absoluta, por definición, no podía ser derogada y, por consiguiente, tenía carácter acumulativo. A lo largo de los siglos, esto había hecho que existieran, a disposición de los abogados y de los jueces y magistrados, muy diversas disposiciones sobre un mismo tema, que en ocasiones eran abiertamente contradictorias entre sí. Estas disposiciones, que podían tener origen en la Edad Media o en cualquiera de los reinados de la Casa de Habsburgo o de los primeros Borbones, se podían articular con principios procedentes del Derecho romano o de los cánones eclesiásticos. De manera que un abogado competente no tenía dificultad para engarzar argumentos legales que sostuvieran la causa de su cliente, cualquiera que esta fuera, recurriendo a un elenco muy amplio de fuentes y autoridades. El discurso brillante, incluso si se apoyaba en un sofisma, garantizaba el éxito y era lo que otorgaba prestigio a un abogado en ejercicio.

Esta forma de razonar, basada en la elegancia de un argumento convincente apoyado por citas de autoridades traídas de la historia, era característica de los juristas. Y la llevaron con ellos a la política. Los que dieron este paso no cambiaron su forma de entender el mundo y de luchar por obtener reputación. Siguieron argumentando, básicamente, en términos historicistas, y buscando en la elegancia formal del discurso y en la abundancia de precedentes, la irrefutabilidad de sus posiciones. Cuando para ello hubieron de recurrir a los argumentos del Derecho natural y de gentes, lo hicieron sin rubor; cuando tuvieron que apoyarse en Justiniano o irse hasta las Partidas, se encontraron cómodos también. Cuando tuvieron que pasar de pronunciar estos alegatos en los tribunales a hacerlo en las Cortes, el Congreso o el Senado, la estructura del discurso apenas cambió. Sobre la base de la retórica forense tomó forma la primera retórica política de la España contemporánea que, sin solución de continuidad, pasó de las disertaciones de las academias jurídicas y los alegatos en los tribunales a las primeras asambleas representativas en las que se debatieron cuestiones políticas: particularmente, a las Cortes de Cádiz y a las del Trienio constitucional.154

Los trasvases de la cultura jurídica a la cultura política en el primer tercio del siglo XIX se dieron fundamentalmente en el terreno de la construcción del Estado. Fue la cultura jurídica la que creó las condiciones de posibilidad para pensar el Estado mismo, desde el momento en que estableció la distinción entre lo público y lo privado, que constituye la matriz esencial de todo pensamiento político en los siglos XIX y XX. Este concepto de un espacio diferenciado como público, que es el ámbito propio del Estado, escindió el mundo en dos a partir de la Revolución francesa, y la escisión se extendió a España como un elemento imprescindible de cualquier posicionamiento liberal. La concepción de un campo público autónomo, que el pensamiento jurídico hizo posible, fue la que permitió pensar lo político. En adelante habría un espacio público, que sería el espacio de todo lo relacionado con el Estado y de todo lo denominado —en aquella época— nacional.

La distinción público/privado conllevaba un dualismo que se extendió como mecanismo lógico básico para organizar diversos aspectos de lo político. Por ejemplo, está en la base de la distinción entre el patrimonio real y el patrimonio nacional, a partir del cual podría organizarse toda una Hacienda pública moderna.155 Suponía todo un esfuerzo de abstracción, por el cual se desligaban los cargos y oficios (públicos) con respecto a las personas (privadas) que los desempeñaban, impidiendo la patrimonialización del poder que habían conocido los siglos pasados, con la venalidad de cargos y oficios o el carácter hereditario de las jurisdicciones señoriales. La abstracción jurídica lleva a concebir que la titularidad del poder pertenece al Estado y no a las personas que lo representan, un salto preñado de consecuencias políticas. Esta escisión dual del mundo que el Derecho traspasó a la política en los albores del siglo XIX tenía también implicaciones de género: en la medida en que había un espacio público y un espacio privado, lo público se pensaba reservado a los varones —y en particular a los caballeros, varones de una cierta posición social—, mientras que lo privado, compartido entre hombres y mujeres, era objeto de una estricta jerarquización a través del Derecho civil.

El cambio implícito en la separación público/privado conllevaba también un cierto desencantamiento del poder, que perdía la sacralidad de la que había estado rodeado en los siglos anteriores, para convertirse en un asunto humano; más concretamente, un asunto legal, que los juristas podían describir, definir, institucionalizar, gestionar y limitar como parte de los cometidos de su oficio. La Monarquía había sido, en gran parte, asunto de eclesiásticos —auxiliados también por juristas, sin duda—, mientras que en este periodo pasaba a ser un asunto humano, racional, ordinario.156

También correspondió a los juristas, en gran parte, desarrollar el nuevo concepto de nación, como equivalente de Estado. Esta fue una traslación a la cultura política de concepciones procedentes del Derecho natural y de gentes que había circulado entre los juristas hispanos durante toda la segunda mitad del XVIII (sobre todo de Vattel y Burlamaqui). Los viejos usos del concepto de nación —como los que se manejaban en las instituciones eclesiásticas o los que se utilizaban para referirse a las diferentes etnias de los esclavos africanos— quedaron desbordados por esta nueva visión que hacía nación de quienes compartían un mismo gobierno y unas mismas leyes. Este nuevo uso, que hacía de la nación una realidad jurídica y no lingüística ni étnica, encontró reflejo temprano en autores hispanos del XVIII como José Cadalso, Benito Jerónimo Feijoo o Andrés Bello157. Durante el Trienio constitucional (1820-1823) se dio en llamar nacional a todo lo relacionado con el Estado, como el Ejército nacional, el Tesoro nacional, los Bienes nacionales, el territorio nacional, etc.; y ese lenguaje perviviría en la trayectoria posterior de la España constitucional, hasta bien avanzado el siglo XX.

No obstante, aquel concepto «puro» de la nación política, creación de los juristas, que cabría equiparar al que formulara Sieyès para la Revolución francesa, tendría un fuerte impacto inicial y una corta vida, pues pronto se hibridaría con resabios historicistas. Resabios que procedían, tanto como las concepciones liberales de la nación, del pensamiento jurídico. Efectivamente, la forma jurídica de interpretar lo público está tan presente en la reformulación historicista de la soberanía y de las instituciones constitucionales como lo había estado en la inicial identificación entre nación y Estado.

Junto a la distinción público-privado, el concepto de Estado-nación y el pensamiento historicista, un cuarto elemento fundamental que la cultura jurídica aportó a las culturas políticas del XIX fue la idea del Estado de Derecho y su correlato, el principio de la legalidad de todo acto político. Con un pensamiento típicamente jurídico, la organización futura de la sociedad y su imparable camino hacia el progreso se concebían como consecuencia de la creación de una ley fundamental, la Constitución, adecuadamente concebida para garantizar la felicidad de la nación; a ello se añadía una técnica de jerarquía de las normas, con las adecuadas garantías, para hacer que toda Ley se adecuara al marco constitucional y todo decreto, orden o reglamento del poder ejecutivo se adecuara al marco trazado por las leyes. La propia división entre un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial revela esa visión del mundo jurídica, que hace de la ley el centro de la política, y que organiza las instituciones en función de la relación que cada una de ellas tiene con las leyes: elaborarlas, aplicarlas o vigilar su cumplimiento.

El quinto elemento cultural significativo que cabe señalar entre los trasvases de la cultura jurídica a la cultura política fue el concepto de Administración como materialización del Estado, minimizando así el alcance de las instituciones representativas. La tradición del gobierno político y económico de los pueblos, que los juristas habían incorporado a su práctica y a su discurso hasta conformar toda un área nueva del Derecho, dio lugar a estas fórmulas paradigmáticas del Estado en acción. La modernidad se entendió como la sustitución de un ejercicio jurisdiccional de la autoridad por otro de carácter ejecutivo, que no reconocía la necesidad de escuchar a las partes y que, por esa misma unilateralidad, resultaba más ágil y eficaz.158 La cultura de lo administrativo se impuso sobre la cultura jurisdiccional, primero entre los juristas, y luego alcanzando una hegemonía en la cultura política española contemporánea. Aquel desarrollo de reglas de gobierno que habían expresado en forma jurídica los reformistas del reinado de Carlos III, de Carlos IV, de José I y de Fernando VII acabó formando parte de la noción de Estado que compartieron las distintas familias políticas del liberalismo. Desde la perspectiva que así se asumió, construir el Estado nacional sería desarrollar una Administración pública, dotarla de medios burocráticos y hacer que llegara con su acción hasta los últimos rincones del territorio. La defensa de los derechos individuales, que había sido una alternativa inspirada en la práctica del liberalismo británico, quedó relegada a un papel secundario, encuadrando todo el sistema de jueces y tribunales bajo el significativo nombre de Administración de Justicia, que los convertía en un ramo más de la Administración, sometido a la misma lógica del gobierno.

Fue, pues, desde el mundo del Derecho desde donde se crearon las condiciones en las que pudieron ser enunciados y comprendidos los discursos que guiaron la construcción del Estado en la España del siglo XIX. No es posible, en esto, hablar de circularidad, de influencias mutuas entre lo jurídico y lo político, como las que pueden haber existido en todas las épocas y en todos los países: el carácter fundacional del periodo, en el que se estaban poniendo las bases de las culturas políticas modernas, se estaba creando el campo mismo de la política y se estaba fundando el Estado nacional, justifica la idea de unos condicionamientos más bien unilaterales que, desde el mundo del Derecho, se imponían hacia el mundo de lo político propiamente dicho.

Teniendo en cuenta el elitismo del mundo del Derecho, un entorno profesional que requería una formación reglada y que, por lo tanto, quedaba reservado para un sector muy restringido de la sociedad, hay que recapitular también el significado social que tenía la incidencia de los lenguajes y los marcos culturales específicamente jurídicos sobre la configuración del nuevo espacio político en formación. En la medida en que las culturas políticas que manejaron los primeros representantes políticos de la contemporaneidad venían moldeadas por formas de discurso y de argumentación características del Derecho, fueron culturas no compartidas por la totalidad de la población ni por todos los grupos sociales que la componían. Se trataba de un rasgo específico de las culturas políticas de las elites, no compartido por los grupos subalternos, en gran medida ajenos a la formación jurídica y a sus formas de hablar y de ver el mundo. Esto pudo influir en la inexistencia de un lenguaje común entre los dirigentes liberales —en general procedentes de las clases medias y altas—, que habían asumido la lógica de lo jurídico como vehículo de la política, y las clases populares del campo y de las ciudades, cuyos lenguajes y preocupaciones iban en direcciones bien distintas. Inexistencia de lenguaje común o de marcos culturales compartidos que explicaría la imposibilidad de soluciones políticas negociadas y abocaría a la resolución violenta de un tipo de conflicto político que era más propiamente social. La frontera de esta disposición cultural a pensar lo político jurídicamente no era ideológica, sino social: se trataba, en gran medida, de un habitus de clase, propio de unas elites con formación académica, que distinguía a esta de unas clases populares con las que no compartía lenguajes ni visiones del mundo, y a las que por lo tanto solo podía pretender dominar por la fuerza.

El Estado y la palabra

Los cambios de lenguaje y de visiones del mundo propios de la primera mitad del siglo XIX no solo reflejan las circunstancias sociales y políticas de la época, sino que —y esto es más importante— las hicieron posibles. Entidades tan abstractas como el Estado o la nación no pueden ni tan siquiera ser imaginadas hasta que no se ponen en circulación las palabras que las denominan y hay un cierto consenso sobre el significado que se les atribuye. Esta capacidad performativa del lenguaje es importante por lo que respecta al concepto de Estado.159

El desafío lingüístico venía al menos de 1789, de la Revolución francesa y el trastorno que desde ella se comunicó a la forma de referirse a lo político en todos los idiomas. El ciclo completo de la Revolución hasta el desenlace del episodio napoleónico en 1815, constituyó un momento de intensa renovación en el lenguaje político occidental, acompañando la creación de conceptos a la transformación de las instituciones y de las estructuras. Fue un momento de transfiguración general de las culturas políticas, en el que incluso las tendencias más inmovilistas tuvieron que adoptar discursos nuevos para tomar posición frente a realidades que, en gran parte, resultaban nuevas. Lógicamente, al ser Francia el foco principal de las transformaciones revolucionarias, fue también la lengua francesa la primera en experimentar la necesidad imperiosa de renovar el lenguaje. Desde París y el área francófona, los nuevos conceptos y su articulación en forma de discursos transitaron hacia otros idiomas, con los inevitables fenómenos de resemantización que suelen acompañar a la adopción de conceptos extranjeros en cualquier contexto cultural distinto de aquel en el cual se originaron.

La lengua española no fue, a este respecto, una excepción, sino más bien un caso paradigmático de adopción sistemática de conceptos franceses procedentes de los nuevos discursos revolucionarios; tanto más cuanto que la influencia cultural francesa sobre España había sido ya muy intensa desde la implantación de la dinastía borbónica en 1700. La aculturación de las últimas décadas del XVIII y primeras del XIX produjo, en realidad, la aparición de dos naciones compartiendo un mismo territorio, pero hablando idiomas diferentes y sosteniendo diferentes visiones del mundo: las elites cultas, con cierto grado de cosmopolitismo, atentas a las novedades que, en gran medida llegaban de Francia o a través de Francia; y la gran mayoría del pueblo, sin acceso a lo escrito, que se mostraba refractaria a las novedades extranjeras y transformaba sus formas de hablar con mucha más lentitud.160

La abundancia y difusión de los diccionarios bilingües francés-español y español-francés en las décadas finales del siglo XVIII e iniciales del XIX nos hablan de la intensidad de las relaciones entre los dos ámbitos idiomáticos: respondía a la necesidad de importar urgentemente el lenguaje político creado por la Revolución francesa para acompañar —o siquiera concebir— las innovaciones institucionales que traía la nueva era.161 El aprendizaje del francés constituía un componente básico de la formación de toda persona culta en el ámbito hispano, y se necesitaban instrumentos prácticos para la traducción y para la comunicación por la frecuencia de los viajes, las inversiones, las lecturas cruzadas…162 La invasión de la península por las tropas francesas y los seis años de ocupación no harían sino acrecentar esta necesidad de perfeccionar y actualizar las herramientas para la traducción, la interpretación y el aprendizaje del francés en España y —tal vez menos— del español en Francia; y la evolución posterior de los acontecimientos, con la práctica satelización de España con respecto a Francia en el siglo XIX, no desmentiría la tendencia apuntada, que quedó institucionalizada al implantar el francés como materia obligatoria de la enseñanza en la Ley de Instrucción Pública de 1857.

El lenguaje oficial era el que marcaban los diccionarios de la Real Academia Española, empezando por el Diccionario de Autoridades de 1726-1739, y siguiendo por las sucesivas ediciones del Diccionario usual en 1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852… Sin embargo, la Academia siempre fue muy por detrás de los cambios del lenguaje de su tiempo. Las innovaciones lingüísticas de la época revolucionaria se mantuvieron en su mayor parte fuera de estos diccionarios académicos hasta las ediciones de finales del siglo XIX (1884 y 1899).

La palabra Estado es un ejemplo significativo. El Diccionario de Autoridades resumía en 1732 los usos más importantes que este término tenía en el Antiguo Régimen, vinculados a la descripción del orden estamental (como ya se ha mencionado más arriba p. 34):

Especie, calidad, grado y orden de cada cosa; y por ello en las Repúblicas se distinguen, conocen y hay diversos estados, unos seculares y otros eclesiásticos, y destos los unos clérigos y los otros religiosos, y de los seculares propios de la República, unos nobles y caballeros, otros ciudadanos, unos oficiales, otros labradores, etc. y cada uno en su estado y modo de vivir tiene orden, reglas y leyes para su régimen (…). Se toma también por el País y dominio de un Rey, República o Señor de vasallos.

No obstante, añadía tres expresiones que nos aproximan más a los usos políticos del término bajo el Antiguo Régimen:

Estados del Reino: «son los tres que llaman también brazos dél, y tienen voto en Cortes, llamados para los negocios graves: el primero el Eclesiástico, que se compone de los prelados y dignidades eclesiásticas, el segundo de los Grandes y Nobles, y el tercero de las Ciudades que tienen esta regalía».

Materia de estado: «Es todo lo que pertenece al gobierno, conservación, aumento y reputación del estado del Reino y Príncipe».

Razón de estado: «La que se considera y atiende para la conservación, aumento y gloria del estado, y a que mira la política de los Príncipes».163

Sin embargo, por aquellas mismas fechas el término francés état tenía ya en Francia el significado de «Gobierno de un pueblo que vive bajo la dominación de un Príncipe, o en República»; y consiguientemente, eran de uso corriente en francés expresiones como Estado monárquico, aristocrático, democrático o popular, Estado grande, pujante o floreciente, reformar el Estado, derribar, trastornar o arruinar el Estado, el bien o la felicidad del Estado, minar los cimientos del Estado, las leyes fundamentales del Estado, un gran hombre de Estado, etc.164 Empleos del término état que apuntan hacia ese significado político están documentados en la lengua francesa desde el siglo XVII: como sinónimo de régimen político o forma de organización del gobierno aparecen, por ejemplo, en la tragedia Cinna o la Clemencia de Augusto de Corneille (1641), en la Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes de Bossuet (1688) o en Los caracteres de La Bruyère (1688); como equivalente de la extensión de un país sometida a una misma soberanía está igualmente en Corneille (Petharita, 1652) y en Racine (Alejandro Magno, 1655); con el significado de sociedad política también lo utilizan Corneille en Horacio (1640), Racine en Británico (1669) y Bossuet en La política sacada de las Sagradas Escrituras (1679); y, ya en el XVIII, Charles Rollin en su Historia antigua (1730-1738), Montesquieu en El espíritu de las leyes (1748) y Voltaire en Bruto (1730), La muerte de César (1735) y Semiramis (1748).165

Es decir, que en el siglo XVIII el término equivalente al español Estado en la lengua francesa había adoptado ya el significado moderno que lo aproxima a una concepción abstracta del aparato institucional del gobierno, con independencia de la forma —monárquica o republicana— que este adopte; o que incluso lo acerca a uno de los significados modernos de nación, en su sentido estrictamente político, sin connotación orgánica alguna de carácter étnico, cultural ni lingüístico. Teniendo en cuenta la proximidad etimológica de los términos Estado y État en sus respectivas lenguas (ambos procedentes del latín status y, en última instancia, del indoeuropeo stā), la resemantización del término castellano era inevitable en la medida en que los usos políticos e institucionales de Francia se empezaran a adoptar como modelos a imitar en España.166

Sería en la primera edición del diccionario de la Real Academia Española posterior a la Revolución francesa en la que se añadiría una acepción claramente política de estado como «El cuerpo político de una nación»; y entre las locuciones se añadiría la de hombre de Estado —que ya veíamos en el diccionario francés desde 1762— asimilada como sinónimo a «personaje u hombre de corte, político o cortesano».167 Este sentido del Estado como equivalente de país o nación —en sentido político— o como traducción romance de la res publica, empezó a ser común en los escritos de los ilustrados españoles desde 1792-1793:

Es verdad constante que qualquiera paso que se de en propagacion de los conocimientos científicos ó artísticos cede en beneficio del estado.168

No tuvo tanto aplauso otro librito que publicó cuando yo estaba en aquella ciudad en defensa de las ciencias, o de las luces y conocimientos, en respuesta a una nota del célebre abate Sabatier, en que parece las quiere hacer perjudiciales al estado, y a la sociedad.169

En 1793 lo encontramos en el título de la obra del eclesiástico jansenista Joaquín Lorenzo Villanueva Catecismo de estado según los principios de la religión (publicada en Madrid por la Imprenta Real), donde se hace una apología de la monarquía ilustrada y regalista.170 El propio Jovellanos empleó el término con profusión en obras escritas entre la Revolución francesa y la invasión napoleónica de España, por ejemplo:

Discutiré algunas cuestiones (…). Primera, si la instrucción pública es el primer origen de la prosperidad de un estado.

Sin actividad ni laboriosidad, sin frugalidad y parsimonia, sin lealtad y buena fe, sin probidad personal y amor público; en una palabra, sin virtud ni costumbres, ningún estado puede prosperar, ninguno subsistir.

De aquí es que aun suponiendo como ciertas, pues sin duda lo son, las imperfecciones de las sociedades, y aun suponiendo que algunas de ellas, en vez de modificar y perfeccionar, menguan en demasía, y acaso destruyen algunos de los derechos y obligaciones naturales del hombre; y aun suponiendo que toda sociedad debe cuidar de corregir sus imperfecciones, y que este saludable propósito debe dirigirse: primero, á la conservación de la mayor porción posible de los derechos y obligaciones naturales del hombre; segundo, á su mayor perfección posible; siempre será constante: primero, que á esta perfección se debe proceder no arbitrariamente y según el capricho de cada individuo, sino con acuerdo del jefe del estado y por los medios contenidos en el mismo principio de asociación, ó sea la ley fundamental.171

También encontramos el Estado como equivalente de lo que los revolucionarios del bando «patriota» denominarían luego Nación en la obra de un intelectual afrancesado, como sería Meléndez Valdés, quien hablando de los hospicios decía cosas como esta (en 1791):

Interesen en su favor al clero, y suenen con frecuencia en los púlpitos y el confesionario sus indecibles utilidades, y cuán gratos son por ellas sus bienhechores al estado y la Religión.172

La Constitución de 1808 es, a este respecto, un documento singular, por el papel de «bisagra» que desempeñó entre el viejo mundo y el nuevo en tantos aspectos, pero también en este del lenguaje empleado, en aquel año de metamorfosis general. La Constitución empleó estados todavía en plural, según el uso común en el Antiguo Régimen; pero lo vinculó a términos en cuya compañía adoptaba un sentido más moderno y más cercano a la noción actual de Estado, como eran constitución, ley fundamental y pueblo. Decía en el mismo preámbulo del texto constitucional el rey José I que decretaba «la presente Constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestros estados, y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos». Y en el artículo 4.º, al definir la titulación del monarca, volvía a juntar ambos términos declarándolo como monarca constitucional, ahora sí de un Estado, en singular: «… por la Gracia de Dios y por la constitución del Estado, rey de las Españas y de las Indias». En el artículo 17, refiriéndose a una hipotética Regencia, se habla de cómo habrán de resolverse en tal caso «los negocios del Estado». Y en el artículo 42 se menciona el concepto fundamental de «el interés del Estado». Tanto al referirse a la libertad de imprenta como a las detenciones arbitrarias, el límite que la Constitución establece para las libertades de los ciudadanos es solo el interés del «Estado» (arts. 42 y 47). En un mismo documento, la Constitución de Bayona, se aprecia cómo se estaba produciendo la transición del lenguaje antiguo —el de los estados en plural— al nuevo lenguaje, en el cual desempeñaba un papel de primer orden el concepto singular de Estado.

A partir de entonces, el término Estado pasó a ser aún más frecuente, y experimentó un deslizamiento semántico que, partiendo de un significado similar al de «país» (en sentido geográfico) o «nación» (como colectivo humano), pasó a incluir como matiz también la organización política de ese territorio y esa población. Así, por ejemplo, lo muestra un párrafo publicado en Madrid en 1809, en el cual se recuerda que en aquel momento no había en España otra Constitución que la de Bayona: «Constitución: se entiende la que se estableció en Bayona por el emperador Napoleón, para el estado que ha de tener España baxo el gobierno de José primero, su hermano».173

Poco después encontramos el término utilizado de nuevo en ese sentido, pero ya con mayúscula, práctica ortográfica que desde entonces ha servido frecuentemente para diferenciar el sentido jurídico-político del Estado de las otras muchas acepciones que la palabra estado puede tener como derivada del verbo estar. En aquel momento, además, la mayúscula asimilaba el modismo Estado a lo que antes se hacía con términos como Rey, Corona, Trono o Monarquía. Tal paso aparece en un escrito del mexicano Servando Teresa de Mier, eclesiástico secularizado tras ser perseguido por dudar públicamente de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y refugiado en la Francia napoleónica. Este militante de la causa emancipadora americana y crítico feroz de la Constitución de Cádiz, escribía en el mismo año 1812:

¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la Constitución Española a la cual debemos sujetarnos luego que aceptemos los artículos de la mediación? No hablemos de su calidad: verdaderamente es el parto de los montes. No hay en ella división de poderes, o falta el equilibrio que la mantenga. Un rey dueño de la fuerza armada y de las gracias y empleos en lo secular y eclesiástico será tirano desde que querrá serlo. El poder judiciario será su primer esclavo, porque aguarda de su real beneficencia las togas y los ascensos. La diputación septemviral permanente de Cortes desnuda de todo poder, no viene a ser sino una espía que el rey ganará, o mandará enhoramala. El consejo de estado será lo que ha sido, porque el rey le nombra, como Bonaparte su senado. Sin embargo éste, por sus atribuciones e inamovilidad tal cual de sus plazas, viene a ser el eje del Estado, o llámese el verdadero soberano, porque no es responsable a nadie, y es el canal de todo. Pero de esta academia de los cuarenta los doce serán americanos: es decir, que aunque superiores en número, siempre quedamos en la minoridad como colonos.174

Como se ve, el uso más propio de la palabra Estado —el que merecía la mayúscula— era el que se refería a la Francia de Napoleón, que el exdominico mexicano conocía bien, porque allí se había instalado desde 1801 y se ganaba la vida como traductor, intérprete y profesor de español. Su situación personal, pues, le había convertido en uno de esos intermediarios por los que transitaba la influencia lingüística y cultural de Francia sobre el mundo hispano.

Oscilando entre la mayúscula y la minúscula, encontramos también este uso decididamente político y moderno de la palabra Estado en las obras de Blanco White, un cosmopolita sevillano, buen conocedor tanto de la realidad francesa como británica que, a pesar de su estrecha amistad con algunos afrancesados notables, acabó decidiéndose por apoyar la rebelión de los patriotas fernandinos. Para Blanco White, el término Estado era imprescindible, dado su interés por la cuestión de la separación Iglesia-Estado: esta requería concebir un ente abstracto depositario del poder político y diferente de la Nación (como colectivo humano titular de la soberanía), que pudiera a su vez diferenciarse de ese otro ente abstracto, también configurado como un entramado institucional, que era la Iglesia. En 1813 escribía Blanco White:

Para que las penas eclesiásticas produzcan efectos civiles en los que han incurrido, es necesario que el Estado mire como suyas, y defienda las leyes eclesiásticas. Esto supuesto, me parece que está al alcance de la autoridad civil no castigar con sus penas a los infractores de una ley eclesiástica perjudicial al Estado, a quienes la Iglesia castigaría con las suyas. Es decir, a no mirar como suya, ni proteger, semejante ley. Pero ya es tarde, y basta lo dicho para conocer los diferentes modos que tanto la Iglesia como el estado tienen en su mano para aliviar esta carga, quitar este impedimento, y proteger a los infelices.175

Las vacilaciones en el uso de un término tan significativo como este terminaron en el Trienio Constitucional (1820-1823), cuando pasaron a ser de uso común en los debates de las Cortes conceptos especialmente vinculados al afrancesamiento, como estado o código. Por entonces, muchos de los antiguos afrancesados, exiliados en Francia al término de la guerra, habían regresado y se habían puesto al servicio del régimen liberal. Su participación fue especialmente activa en el ámbito de la prensa, que tanto contribuía a desarrollar y fijar el lenguaje político, difundiendo entre el público los nuevos términos y los nuevos significados de términos antiguos. Por un momento, apenas había ya diferencia entre los que hubieran sido antes josefinos o fernandinos —para desesperación de los más intransigentes de estos últimos—. Llorente los denominaba «constitucionales del año ocho» y «constitucionales del año doce».176

Lo que se imponía era una diferencia de criterio creciente entre liberales exaltados y moderados. El núcleo doctrinal básico de los liberales moderados, partidarios incluso de revisar la Constitución en un sentido más conservador, estaba cuajado de afrancesados como Lista —el más importante—, Miñano, Reinoso, Gómez Hermosilla, Ceán Bermúdez, Sainz de Andino, Javier de Burgos, Manuel Silvela…177 Eran estos los que estaban trayendo a España, de manera apenas disimulada, un nuevo tipo de doctrinas europeas de las que se habían imbuido durante su exilio: las del utilitarismo de Bentham y el liberalismo doctrinario francés, con las que empezaba a formarse en España una corriente de liberalismo posrevolucionario destinada a fortalecerse en el futuro. De hecho, parece que la principal de las empresas periodísticas afrancesadas en España, El Censor, estaba financiada por un sector de los liberales doctrinarios franceses.178

Desde sus atalayas en la prensa y en niveles subalternos de la Administración, los antiguos afrancesados —y sus nuevos aliados liberal-conservadores— estaban moldeando el lenguaje y la actitud política que compartían estos nuevos liberales templados: un alejamiento de las grandes abstracciones y de la exaltación juvenil que había presidido los inicios de la Revolución en España; se abandonaba aquel utopismo por el pragmatismo que exigía la construcción del Estado, la puesta en práctica del régimen constitucional y la acción de gobierno.179

De ese ideario centrista —entre el absolutismo monárquico y la exaltación revolucionaria— formaba parte esencial la sustitución de la política de ideas por la política de realizaciones, es decir, por la administración. Instituciones y reformas concretas serían el contenido del Estado, más allá de la concepción abstracta que pudiera plasmarse en un texto constitucional que los afrancesados, lógicamente, no sacralizaban como sus adversarios más radicales. Administración, Gobierno, Utilidad, Código… eran los términos que reflejaban este nuevo sentido del Estado, heredero del reformismo ilustrado. Pero también convergían todos ellos en el propio concepto de Estado, utilizado frecuentemente tanto en las Cortes como en la prensa. Inevitablemente, todo este discurso se compaginaba con una defensa del poder monárquico, que los afrancesados querían incrementar —paradójicamente, pues el rey era ahora Fernando VII— en una eventual reforma de la Constitución de 1812 que solo ellos se atrevían a proponer. Vemos el uso de la palabra estado, ahora ligada a la Corona como garantía del orden, en el más importante periódico de los antiguos afrancesados, El Imparcial, que dirigía Javier de Burgos:

Por la Constitución la persona del Rey es inviolable, puesto que es la primera cabeza del estado, puesto que su persona es sagrada y puesto que es la piedra angular del edificio constitucional, ¿cualquiera de las máximas de que trata este artículo no le quitaría el prestigio que tiene? pues quitándosele, es indudable que se trata de subvertir el estado.180

La palabra Estado adquiría todos sus perfiles modernos —como ya vimos al referirnos a Blanco White— cuando se trataba de ponerla en relación con la Iglesia, la otra gran organización con medios administrativos propios con la cual competía por el control de la sociedad española. Así aparece en una historia de la Compañía de Jesús escrita por un afrancesado en 1820, cuyo expresivo título la consideraba perjudicial «a la religión y al Estado».181

Cuando los antiguos afrancesados fueron reclutados como colaboradores «técnicos» por el gobierno reformista del último periodo absolutista de Fernando VII, al pasar de un régimen a otro llevaron como bagaje el mismo lenguaje estatista de sus orígenes. Así, uno de los afrancesados más notorios, el marqués de Almenara, elevó al rey en 1826 una Exposición que trata de los medios más convenientes para la organización de la Administración General del Estado, en la que proponía refundar el Consejo de Estado de tiempos de José I, «separando así los negocios judiciales o de interés privado, y los negocios administrativos o del interés general del Estado».182

A esas alturas, como vemos, el Estado era ya, en el uso corriente, el ente abstracto depositario del poder soberano de la nación, constituido tanto por la política como por la administración, que le dotaban de contenido institucional. Sabemos que este era un uso que había cundido antes entre los hablantes de la lengua francesa que de la española, y que en esta se adoptaba como efecto del influjo francés. De hecho, los diccionarios franceses perfilaron el término en ese sentido político-administrativo con antelación a los españoles. Para el diccionario de la Academia francesa, en 1835, Estado seguía siendo «la forma de gobierno de un pueblo, de una nación», definición similar a la de las ediciones del siglo XVIII; pero, junto a ella, se daban otras acepciones. Particularmente: «significa también el gobierno, la administración de un país, de una sociedad política»; y «se dice igualmente de un pueblo, en tanto que está constituido en cuerpo de nación, que forma una sociedad política distinta», de donde toman su sentido expresiones como servir al Estado, el Tesoro, la Marina del Estado, los intereses del Estado, etc.183 Además de estos significados de «forma de gobierno de un pueblo», «el conjunto de los ciudadanos considerado como un cuerpo político» y «la extensión de país sometida a un solo soberano político», en la Francia del siglo XIX está documentado también su empleo como «el gobierno, la administración suprema de un país» en la expresión «jefe del Estado» que utilizó en uno de sus poemas Pierre-Jean de Béranger (Los dos granaderos, 1814).184

En cambio en España, el uso político-administrativo de la palabra Estado, al que nos estamos refiriendo, no encontró acomodo en los diccionarios de la Real Academia en todo el siglo XIX. De la parsimonia con la que esta institución reconocía los usos establecidos en la lengua española, incluso en la lengua escrita y oficial, da cuenta el que un uso como el de denominar Ministerio de Estado a «el que entiende en todo lo concerniente a negocios o relaciones con otras potencias» no se incorporara hasta la edición de 1869, cuando su empleo data de más de cien años antes.185 Aún más tardía fue la incorporación del uso de este término en los estados federales de América, popularizado en España tras la experiencia de la Primera República: «En las repúblicas federativas, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del gobierno general».186

Pero a pesar de las resistencias académicas, todas las ramas de la familia liberal española se apropiaron, en mayor o menor medida, del término Estado como concepto-clave aportado por el lenguaje político afrancesado; y acabaron convirtiéndolo en un término ampliamente arraigado en el habla corriente de los españoles. La importancia de los matices implícitos en el uso que los afrancesados hicieron del término Estado radica en dos aspectos importantes: por un lado, que al utilizarlo estaban refiriéndose a un tipo de formación político-administrativa completamente nuevo, aunque lo denominaran con las palabras antiguas que tenían a su alcance; y, por otro lado, que la fuerza del nuevo uso de la palabra Estado venía precisamente del hecho de no presentarla como una innovación, sino subrepticiamente, amparándose en la coartada de ser ya un vocablo conocido de antaño, dejando que penetrase en los hábitos y en las mentes con la naturalidad de algo que no implicaba violencia ni permitía la discrepancia. A lo largo del siglo XIX, otras innovaciones, venidas en su mayor parte de Francia —como los usos modernos del término Estado—, aparecieron en textos literarios, periodísticos, políticos, legales, diplomáticos y de todo tipo. Su aparición en las ediciones finiseculares del Diccionario de la Academia sería solo el acto final de reconocimiento de un lenguaje ya consensuado, despojado de toda conexión con el partido josefino y así neutralizado políticamente. Era el lenguaje del Estado.

118 Pierre Bourdieu, Sobre el estado: cursos en el Collège de France (1989-1992) (Barcelona: Anagrama, 2014).

119 Mary Douglas, Cómo piensan las instituciones (Madrid: Alianza Editorial, 1996).

120 Philip Corrigan y Derek Sayer, The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution (Oxford: Blackwell, 1985).

121 William M. Reddy, The navigation of feeling: a framework for the history of emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); William M. Reddy, The invisible code: honor and sentiment in postrevolutionary France, 1814-1848 (Berkeley: University of California Press, 1997).

122 El proceso ha sido estudiado a partir del periodo de la Restauración por Ignacio Peiró Martín, En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española (Madrid: Akal, 2017).

123 William M. Reddy, The navigation of feeling: a framework for the history of emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

124 Juan Pro, «La construcción del Estado en España: haciendo historia cultural de lo político», Almanack, n.o 13 (2016), 1-30, https://doi.org/10.1590/2236-463320161301.

125 Miguel Ángel Cabrera, «La investigación histórica y el concepto de cultura política», en Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.), Culturas políticas: teoría e historia (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010), 20-83.

126 La «caja de herramientas» de la que habla Ann Swilder, «La cultura en acción: símbolos y estrategias», Zona abierta, n.o 77 (1996), 127-162.

127 Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (eds.), La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833, tomo 1 de Historia de las culturas políticas en España y América Latina, dir. por Manuel Pérez Ledesma e Ismael Saz (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons Historia-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014).

128 Miguel Ángel Cabrera, «El sujeto de la política: naturaleza humana, soberanía y ciudadanía», en Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (coords.), La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833 (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), 37-67.

129 José Canga Argüelles, Reflexiones sociales, ó Idea para la constitucion española, que un patriota ofrece a los representantes de Cortes (Valencia: Imprenta de José Estevan, 1811); Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes ó grandes Juntas nacionales de los Reinos de Leon y Castilla... Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía Española... promulgada en Cádiz á 19 de Marzo de 1812 (Madrid: Imprenta de Fermin Villalpando, 1813); Álvaro Flórez Estrada, Introduccion para la historia de la Revolucion de España (Londres: Imprenta de R. Juigné, 1810); Gonzalo Luna y Montejo, Censura de las Córtes y derechos del Pueblo Español y de cada uno de los miembros que le componen con respecto al Congreso Nacional y á los que le forman (Cádiz: Imprenta de Manuel Quintana, 1811).

130 Eduardo García de Enterría, La lengua de los derechos: la formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa (Madrid: Alianza Editorial, 1994). Siguiendo planteamientos anteriores, como los de Jacques Guilhaumou, La langue politique et la Révolution française: de l’événement à la raison linguistique (París: Méridiens-Klincksieck, 1989).

131 Coro Rubio Pobes, «Patria y nación», en Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (coords.), La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833 (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), 97-125.

132 Juan Luis Simal, Emigrados: España y el exilio internacional, 1814-1834 (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012).

133 Immanuel Kant, Contestación a la pregunta: ¿qué es la Ilustración? (Madrid: Taurus, 2012).

134 El concepto de habitus procede de la obra de Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Madrid: Taurus, 1991).

135 Juan Pro, «El Derecho y los derechos», en Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (eds.), La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833, tomo 1 de: Historia de las culturas políticas en España y América Latina, dir. por Manuel Pérez Ledesma e Ismael Saz (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons Historia-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), 69-95.

136 José Manuel Cuenca Toribio y Soledad Miranda García, El poder y sus Hombres: ¿por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998) (Madrid: Actas, 1998), pp. 139-143 y 151-162.

137 Jesús Cruz, Los notables de Madrid: las bases sociales de la revolución liberal española (Madrid: Alianza Editorial, 2000), 148.

138 François Héran, Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola del siglo XIX (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1980), 200-202.

139 A partir del Auto Acordado de 29 de mayo de 1741 (inserto en la Nueva Recopilación, 2, 1; y extractado en la Novísima Recopilación, 3, 2, 11).

140 Pablo de Olavide, Plan de estudios para la Universidad de Sevilla (Barcelona: Ediciones de Cultura Popular, 1969).

141 José Carlos Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: Sudamericana, 2004), 102-108.

142 Real Cédula de 24 de enero de 1770 por la que se manda se observen en las Universidades literarias de estos Reynos las reglas que se han estimado convenientes para conferir los Grados a los Profesores Cursantes en ellas, y los requisitos, Estudios, y Exercicios literarios que deben concurrir en los Graduandos, a efecto de impedir fraudes en la calificación de su suficiencia y aprovechamiento, con lo demás que dispone por regla general, Madrid, Don Antonio Sanz, Impresor del Rey Nuestro Señor y de su Real Consejo, 1770, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6555.

143 Antonio Jara Andreu, Derecho natural y conflictos ideológicos en la Universidad Española (1750-1850) (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1977).

144 José Carlos Chiaramonte, Raíces históricas del federalismo latinoamericano (Buenos Aires: Sudamericana, 2016).

145 Los diez tomos de la obra de Filangieri llegaron a traducirse al español y publicarse en el Madrid de José I: Gaetano Filangieri, Ciencia de la legislación, 10 vols. (Madrid: Imprenta de Ibarra, 1813). Y los cuatro de Vattel aparecieron publicados en Madrid a comienzos del Trienio Constitucional: Emer de Vattel, El derecho de gentes, ó Principios de la ley natural, aplicados á la conducta, y á los negocios de las naciones y de los soberanos, 4 vols. (Madrid: [s.n.], 1820).

146 José Cadalso, Los eruditos á la violeta, ó curso completo de todas las ciencias: dividido en siete lecciones para los siete dias de la semana (Madrid: Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1772): «Jueves, Cuarta lección: Derecho natural y de gentes».

147 José Carlos Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: Sudamericana, 2004), 81-83, cita como ejemplos de ese iusnaturalismo hispano a Antonio Sáenz, catedrático de Derecho Natural y de Gentes de la Universidad de Buenos Aires y autor de una obra sobre esta materia: Antonio Sáenz, Instituciones elementales sobre el Derecho natural y de gentes (curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-1823) (Buenos Aires: Universidad Nacional, 1939); y a Andrés Bello, autor de formación jurídica que escribió el primer tratado de Derecho internacional de América Latina en 1832: Andrés Bello, Principios de derecho de gentes (Madrid-Lima: Casa de Calleja, 1844).

148 Sobre la percepción de una abundancia de abogados en la España de finales del Antiguo Régimen, véase la Real Orden de 30 de septiembre de 1798, destinada a reducir su número (Novísima Recopilación, 5, 22, 30). El mundo americano donde, en cambio, escaseaban los juristas profesionales, ha sido descrito por Raúl Fradkin, «Coutume, loi et rélations sociales dans la campagne de Buenos Aires, XVIIIe et XIXe siècles», en Juan Carlos Garavaglia y Jean-Frédéric Schaub (dirs.): Loi, justice, coutume. Amérique et Europe latines (16e-19e siècles) (París: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005), 163-201; y Juan Carlos Garavaglia, «La justice rurale à Buenos Aires dans la première moitié du XIXe siècle. Structure, fonctions et pouvoirs locaux», en Juan Carlos Garavaglia y Jean-Frédéric Schaub (dirs.): Loi, justice, coutume. Amérique et Europe latines (16e-19e siècles) (París: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005), 137-162.

149 Francisco Vergara, Introducción a los fundamentos filosóficos del liberalismo (Madrid: Alianza Editorial, 1999), 59-96.

150 José Carlos Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: Sudamericana, 2004), 135.

151 Emer de Vattel, El derecho de gentes, ó Principios de la ley natural, aplicados á la conducta, y á los negocios de las naciones y de los soberanos, 4 vols. (Madrid: [s.n.], 1820).

152 Marta Lorente Sariñena y Carlos Garriga, Cádiz, 1812: la Constitución jurisdiccional (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007).

153 Johannes-Michael Scholz, El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España (Fráncfort: V. Klostermann, 1992).

154 María Cruz Seoane, «El diputado y el discurso en la España Contemporánea», Comunicación y estudios universitarios, n.o 10 (2000), 19-29.

155 Juan Pro, «Des finances royales aux finances publiques: le contribuable et l’administration dans le nouvel ordre fiscal (1833-1852)», en Anne Dubet (coord.), Les finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe- XIXe siècles) (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008), 291-305, especialmente pp. 293-294.

156 Eduardo García de Enterría, La lengua de los derechos: la formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa (Madrid: Alianza Editorial, 1994), pp. 102 y ss.

157 José Carlos Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: Sudamericana, 2004), 27-52.

158 Alejandro Agüero, «Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional», en Marta Lorente (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 19-58; Luca Mannori, «Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen», Revista Jurídica (Universidad Autónoma de Madrid), n.o 15 (2007), 125-146.

159 Miguel Ángel Cabrera, Historia, lenguaje y teoría de la sociedad (Madrid: Cátedra, 2001).

160 Juan Pro, «Innovación del lenguaje y policía de las costumbres: el proyecto de los afrancesados en España», en Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero (comps.): Las experiencias de 1808 en Iberoamérica (Alcalá de Henares-México: Universidad de Alcalá-Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), 231-249.

161 Claude-Marie Gattel, Nouveau dictionnaire portatif de la langue française, 2 vols. (Lyon: Bruyset aînée, 1797); Barthélémy Cormon, Dictionnaire portatif et de pronontiation, espagnol-français et français-espagnol à l’usage des deux nations, 2 vols. (Lyon: Cormon et Blanc, 1800); Claude-Marie Gattel, Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français, 2 vols. (Lyon: Bruyset aînée, 1803).

162 Gonzalo Suárez Gómez, «Avec quels livres les Espagnols apprenaient le français (1520-1850)», Revue de Littérature Comparée XXXV (1961), 330-346; Carmen Roig, «El Nuevo diccionario francés-español de Antonio de Capmany», en Francisco Lafarga, Albert Ribas y Mercedes Tricás (eds.), La traducción: metodología/ historia/ literatura. Ámbito hispanofrancés (Barcelona: PPU, 1995), 75-80; Juan Francisco García Bascuñana, «De Gattel y B. Cormon a Capmany y Núñez de Taboada: en torno a ciertos aspectos y procedimientos de la lexicografía bilingüe francés-español entre 1790 y 1812», en Francisco Lafarga (ed.), La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura (Lérida: Universitat de Lleida, 1999), 111-120.

163 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 1732, vol. III.

164 Académie française, Dictionnaire de l’Académie françoise, 4.a ed., 2 vols. (París: Chez la Veuve de Bernard Brunet, 1762), vol. 1: «État: Gouvernement d’un peuple vivant sous la domination d’un Prince, ou en République. État Monarchique, Démocratique, ou populaire, Aristocratique. État grand, puissant, florissant. Réformer l’État. Renverser, troubler, ruiner l’État. Le bien, la félicité de l’État. Sapper les fondemens de l’État. Ministre d’État. Secretaire d’État. Conseil d’État. Conseiller d’État. Maximes d’État. Les Loix fondamentales de l’État. C’est un grand homme d’État. Criminel d’État. Raison d’État. Crime d’État». Idéntica definición se encuentra en la 5.ª edición (1798).

165 Autoridades, todas ellas, citadas en Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (París: L. Hachette, 1872).

166 Juan Pro, «Estado y modernidad en el lenguaje de los afrancesados», en Manuel Pérez Ledesma (ed.), Lenguajes de modernidad en la Península Ibérica (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2012), 25-53.

167 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso, 3.a ed. (Madrid: Viuda de Joaquín Ibarra, 1791).

168 Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Extractos de la Juntas Generales celebradas por la Real sociedad Bascongada de los Amigos del País en la ciudad de Vitoria (Vitoria: Tomás de Torres y Navarro, 1792), 91. El subrayado es mío, en esta nota y en las siguientes.

169 Juan Andrés, Cartas del abate D. Juan Andrés a su hermano Don Carlos Andrés en que le comunica varias noticias literarias (Valencia: José de Orga, 1800), 73-74.

170 Joaquín Lorenzo Villanueva, Catecismo de estado según los principios de la religion (Madrid: Imprenta Real, 1793).

171 Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria sobre educación pública o sea, tratado teórico-práctico de enseñanza, con aplicación a las escuelas y colegios de niños, ed. original de 1801 (Madrid: Rivadeneyra, 1858).

172 Juan Meléndez Valdés, Discursos forenses (Madrid: Imprenta Nacional, 1821), 148.

173 Santiago González Mateo, «Vida trágica de D. Santiago González Mateo, job del siglo XVIII y XIX (1809)», ed. Galo Sánchez, Revue hispanique XCVIII, n.o 40 (1917), 295-405, especialmente p. 403.

174 Segunda carta de Fray Servando, de 1812, en fray Servando Teresa de Mier, Cartas de un americano a El Español (México: SEP, 1987).

175 José María Blanco White, Dialógos argelinos y otros ensayos (Sevilla: Alfar, 1992), 83-84.

176 Juan Antonio Llorente: Cartas de un español liberal habitante en París, 1820, cit. por Gérard Dufour, Juan Antonio Llorente en France (1813-1822). Contribution à l’étude du libéralisme chrétien en France et en Espagne au début du XIXe siècle (Ginebra: Droz, 1982), 231-233.

177 Antonio Elorza, «La ideología moderada en el Trienio Liberal», Cuadernos Hispanoamericanos, n.o 288 (1974), 584-650.

178 Sebastián Miñano y Bedoya, Sátiras y panfletos del trienio constitucional (1820-1823), ed. Claude Morange (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994), 26-29.

179 Juan López Tabar, Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001), 181-262.

180 El Imparcial, 7 de febrero de 1822.

181 Agustín Pérez Zaragoza Godínez, Memoria de la vida política y religiosa de los Jesuitas, donde se prueba que no han debido volver á España por ser perjudiciales á la religión y al Estado (Madrid: Imp. de Alvárez, 1820).

182 Archivo General de Palacio, Papeles Reservados de Fernando VII, t. LXX, núm. 9.

183 Académie française, Dictionnaire de l’Academie française, 6.a, 3 vols. (París: Didot, 1835), vol. 1: «État: Il signifie aussi, Le gouvernement, l’administration d’un pays, d’une société politique (…).

»ÉTAT se dit également d›un peuple, en tant qu›il est constitué en corps de nation, qu›il forme une société politique distincte. Servir l’État. Les lois fondamentales de l’État. Leurs enfants seront élevés aux frais de l’État. Le trésor, la marine de l’État. Réformer l’État. Troubler l’État. Le bien, la félicité, la gloire de l’État. Les intérêts de l’État. C’est un des États les plus riches, les plus puissants de l’Europe. Un État pauvre, obéré. Les soutiens, les défenseurs de l’État».

184 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (París: L. Hachette, 1872).

185 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 11.a ed. (Madrid: Manuel Rivadeneyra, 1869).

186 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 12.a ed. (Madrid: Gregorio Hernando, 1884).

CAPÍTULO 4

EL ESTADO COMO CONQUISTA: TERRITORIO, EJÉRCITO Y HACIENDA

En el capítulo 2 se hizo hincapié en el papel decisivo que tuvo la guerra —y la revolución que la acompañó— en el desencadenamiento y la orientación del proceso de construcción del Estado en España. Esto resulta especialmente visible en todo lo relacionado con el ejército y la Hacienda, recursos esenciales en este contexto. En el límite, todos los estados comienzan siendo poco más que un aparato de guerra constituido por un ejército y los medios financieros para reclutarlo, armarlo y sostenerlo.187 Esta lógica guerrera implícita en los orígenes del Estado se muestra también en la importancia que se da al control del territorio, como si de conquistarlo y ocuparlo se tratara.

En este capítulo se abordará la construcción histórica de los cimientos materiales del Estado, en torno al territorio y la Hacienda pública. Al afrontar este tipo de temas resulta insoslayable hacer referencia al paradigma que se ha llamado del Estado fiscal (fiscal State). Efectivamente, existe una rica tradición académica centrada en explicar la lógica militar y fiscal que ha habido históricamente detrás de la construcción de los estados. Es una tradición que desborda los límites de la historiografía propiamente dicha, pues ha estado presente también en otras disciplinas de ciencias sociales. Particularmente desde la sociología histórica hay que señalar la importancia de los trabajos de Charles Tilly, en los cuales ha trazado varios modelos históricos de estados en función de la manera en que movilizaban sus recursos. La forma que han acabado adoptando los estados en el mundo contemporáneo depende de un complejo proceso histórico en el que los diferentes grupos sociales se han movilizado y han luchado entre sí por el control de los recursos. Las guerras han sido el gran motor de este proceso a largo plazo, eliminando a los grupos menos eficientes en la obtención y manipulación de los recursos necesarios, y obligando a los demás a organizarse de determinadas maneras para ganarlas. El resultado ha sido el paso generalizado a formas de gobierno directas, con una intensa movilización de los recursos mediante mecanismos administrativos centralizados, eliminación de poderes políticos intermedios, concesión de derechos de ciudadanía, formación de costosos ejércitos permanentes, etcétera; es decir, el modelo moderno de estados nacionales que se ha ido implantando primero en Occidente y luego en todo el mundo. De manera que los sistemas fiscales —es decir, los sistemas mediante los cuales los diferentes estados extraen del territorio los recursos que necesitan para sostener su esfuerzo militar— son los que diferencian a largo plazo unas trayectorias históricas de otras; y esos sistemas, a su vez, dependen de características económicas, demográficas y sociales del territorio sobre el que cada estado se implanta.188

El paradigma del Estado fiscal ha tenido cierta preeminencia entre los historiadores de la Edad Moderna.189 Estos han prestado atención a la lógica por la cual las necesidades de la guerra llevaron a las monarquías del Antiguo Régimen a intensificar la extracción de recursos fiscales, y a la forma en que esta presión determinó cambios políticos y administrativos que acabaron transformando a las propias monarquías.190 También para el periodo contemporáneo se ha examinado esta explicación fiscal-militar de la construcción de los estados, aplicándola a espacios que estaban ausentes de los modelos sociológicos dominantes, como es América Latina.191

El núcleo fundamental del poder, constituido por un territorio, un ejército capaz de ocuparlo y una Hacienda para sostenerlo, puede prolongarse durante bastante tiempo, manifestándose en unas cuentas públicas en las que los gastos fundamentales son —por muchos años— los relacionados con estas actividades. El fenómeno resulta especialmente visible en los nuevos estados que surgieron de la descomposición de la Monarquía española en el continente americano.192 Pero si bien los estados surgidos de la emancipación de Hispanoamérica sirven como exponente más claro del fenómeno, este se dio también en la parte europea de la antigua Monarquía, es decir, en España. En el proceso de consolidación y desarrollo del Estado nacional se fueron añadiendo luego otros componentes institucionales, que ganaron peso a medida que pudieron desplegarse en tiempo de paz. Pero la huella de aquel origen militar y fiscal ha permanecido; esa reminiscencia se muestra de forma implícita en las tendencias militaristas y autoritarias de los estados, que ocasionalmente adoptan formas tan explícitas como los pronunciamientos y golpes de Estado, las dictaduras o los estados de excepción.

Desde estos supuestos, el capítulo se ocupa del reinado de Isabel II, especialmente en la época de las regencias que precedieron a su mayoría de edad, es decir, en el decenio 1833-1843. Fue en este periodo cuando se trazaron los planes de construcción del nuevo Estado en España, que quedaron ya perfilados como un programa cuya realización se extendería después a lo largo de varios decenios.

Ciertamente, en los reinados de José I y Fernando VII se habían dado pasos que, vistos retrospectivamente, parecen anticipar el resultado de la construcción del Estado en torno a la idea de Administración. Pero esta visión a posteriori podría caer en el anacronismo. Los horizontes de expectativa de los españoles de 1808-1833 eran otros: para unos, los revolucionarios liberales, asegurar el fin del despotismo mediante una Constitución y un sistema representativo que protegiera las libertades y los derechos de los ciudadanos; para otros, los reformistas que colaboraron con la Monarquía absoluta, resolver problemas inmediatos sin alterar la esencia de la Monarquía tradicional, y entre esos problemas inmediatos, el más urgente, que era sanear las arcas públicas. Ni unos ni otros pensaban propiamente en la construcción de un Estado. Este objetivo empezó a plantearse seriamente en los años treinta y cuarenta del siglo XIX, como una alternativa a la Monarquía tradicional —ya considerada irrecuperable— y a la Revolución —que había trastornado al país por espacio de toda una generación—. El Estado administrativo que se concibió en el periodo 1833-1843 y que se construyó a partir de entonces era una solución posrevolucionaria para detener el ciclo de revolución y contrarrevolución, sacar al país del clima de guerra civil e imponer un orden. No cualquier orden, sino aquel que fuera más acorde con los intereses y las visiones del mundo de los grupos más poderosos de la sociedad. En medio de luchas políticas sin fin, que reflejaban tanto distintas concepciones de la realidad como distintos objetivos e intereses sociales, el proyecto de Estado administrativo saldría adelante después, en la llamada Década Moderada (1844-1854).

Es importante observar el carácter duradero de algunas de las grandes decisiones que se adoptaron en este periodo, entre 1833 y 1845 aproximadamente. Por ejemplo, las relativas al sistema tributario, que perduraría hasta la segunda mitad del siglo XX; o la división del territorio en provincias; o el tipo de relaciones entre la Iglesia y el Estado que surgió de los procesos desamortizadores. Todas ellas fueron medidas fundacionales del Estado, que han tenido un alto grado de perdurabilidad. Esto tiene que ver con el carácter estructural de decisiones como estas, tan graves que solo pueden adoptarse en momentos de crisis profunda, en los que las amenazas exigen respuestas inmediatas y contundentes. Pasados los momentos críticos —y en gran parte fue el propio éxito de la construcción del Estado el que creó la estabilidad que impidió que volvieran a darse rupturas tan profundas—, ya no fue fácil concitar los consensos que serían necesarios para revisar las decisiones tomadas bajo condiciones de guerra o de revolución. La definición temprana de los fundamentos del Estado, por tanto, tardará en revisarse, o se reformará solo parcialmente, sin afectar a los fundamentos que el paso del tiempo va legitimando con la fuerza de la costumbre y con el prestigio de la longevidad.

La construcción del territorio

Puesto que tiene consistencia material, el territorio suele tomarse como una realidad natural, confundiéndolo con el espacio físico sobre el cual se asienta. Sin embargo, el territorio no es solo una realidad natural, sino históricamente construida. Resulta de la apropiación del espacio, su ordenación con arreglo a determinados criterios, su denominación, estructuración (con fronteras, capitales y jerarquizaciones administrativas) y representación (mediante mapas fundamentalmente, además de otros instrumentos como el catastro, el nomenclátor, los itinerarios, etc.). De manera que hay una construcción del territorio igual que hay una construcción del Estado; de hecho, aquel proceso forma parte de este. La construcción del territorio es un proceso histórico que involucra dimensiones científicas, políticas, económicas y culturales. Solo después de esa transformación histórica del espacio aparece el territorio como espacio estructurado por el Estado, en sentido político y administrativo; y, además, en la medida en que el proceso de construcción del Estado nacional fue paralelo —y complementario— al de construcción del mercado nacional, la construcción del territorio suponía la transformación del suelo en mercancía, objeto de apropiación privada en su mayor parte y susceptible de circular en el mercado.193

En la España de 1833 la construcción del territorio era conflictiva, como ya habían mostrado los diversos intentos de romper las lógicas de los reinos tradicionales de la Monarquía implantando una división provincial. La idea de racionalizar las divisiones político-administrativas a través de las cuales se canalizaba la acción del poder central sobre cada reino y sobre el conjunto de la Monarquía venía de muy atrás, pues se había intentado este tipo de operación varias veces durante el Antiguo Régimen: la creación de las intendencias en el siglo XVIII había ido acompañada de una remodelación de las provincias, uniendo unas y separando otras, para buscar cierta homogeneidad de superficie y de población que facilitara la acción uniforme de los intendentes. El racionalismo de la Ilustración empujaba en esa dirección, sobre la idea básica de que la homogeneidad y sencillez de las divisiones provinciales redundaría en una mayor eficacia del gobierno y un mejor control desde las instituciones centrales de la Monarquía.

Dos conceptos clave aparecen en los escritos de esa época. Por un lado, un concepto tradicional que no se abandonará nunca: la idea de ciudad capital, que implica que la técnica básica para estructurar el territorio ha de ser siempre la de poner espacios rurales más o menos amplios bajo la tutela de una ciudad. Se puede discutir cuáles deben ser las ciudades capitales, hasta dónde deben llegar las fronteras de cada provincia, su denominación, cuántos niveles sucesivos de divisiones y subdivisiones debe contener la jerarquización del territorio…, pero la idea fundamental de crear circunscripciones espaciales gobernadas desde una ciudad que ejerce la capitalidad nunca ha sido desmentida. El propio concepto de ciudad implica algún grado de capitalidad o de autoridad sobre el territorio circundante, sea de carácter eclesiástico —ciudad como equivalente de población sede de un obispo—, judicial, administrativo, político o militar. Esto era ya así desde una época en que la mayor parte de la población residía en entornos rurales.

La otra idea fundamental que aparece en las discusiones sobre la racionalización de la división provincial en el siglo XVIII, en cambio, no venía del pasado, sino que era en gran parte nueva de entonces. Respondía al papel que desempeñaba en el pensamiento ilustrado el concepto de la naturaleza y lo natural; como, por ejemplo, en la idea de derecho natural, o en el orden natural al que se refería Adam Smith, o el culto a la naturaleza en los escritos de Rousseau. Pues bien, también sobre el espacio geográfico se proyectó esta idea, buscando establecer fronteras naturales y regiones o provincias a las que se pudiera aplicar ese calificativo legitimador de «naturales». La idea de que la mejor división del territorio sería la que tuviera un carácter más «natural» tenía precedentes intelectuales en épocas anteriores, pero fue en el siglo XVIII cuando se impuso en la Europa de la Ilustración. También en España, en obras como las de Antillón.194 Esto implicaba que la técnica de la división territorial pasara a tomar como hitos para trazar las fronteras accidentes geográficos naturales, como ríos, cadenas montañosas, etc.; pero, gradualmente, implicaría una preferencia por las cadenas montañosas, sobre la base de que estas separan a las poblaciones más que los valles fluviales que, al menos en España, donde los ríos no suelen ser de gran caudal, unen más de lo que separan, pues articulan regiones con intensos vínculos culturales y económicos.

Los monarcas de la Casa de Borbón introdujeron, desde su instalación en el trono a comienzos del XVIII, reformas que dividían el Reino de España en 32 provincias. Se buscaba sobre todo una cierta uniformidad, eliminando provincias demasiado pequeñas y dividiendo las que resultaban demasiado extensas, para que el territorio asignado a cada una fuera fácilmente accesible para las autoridades instaladas en sus respectivas capitales. Sin embargo, España seguía siendo una Monarquía compuesta y el respeto a las fronteras y denominaciones de los antiguos reinos era un límite infranqueable para la Corona aún en aquella época. De manera que, en el conjunto de reformas que se produjeron entre 1717 y 1789, se corrigieron solamente los límites provinciales internos de la Corona de Castilla, convirtiendo en provincias a los antiguos reinos de la Corona de Aragón. El respeto a las tradiciones establecidas les impidió llevar más lejos la racionalización y eliminar la multitud de enclaves, provincias fragmentadas y límites abigarrados. Algunos intentos de reformas mayores, como los que patrocinaron Bernardo Ward y Francisco Cabarrús, no pasaron del nivel de proyectos.195

Fue la Revolución francesa, con su división del país en departamentos, la que sentó un precedente decisivo: el territorio se había convertido definitivamente en objeto de construcción política.196 Por un lado, incitó a la emulación de aquel ejemplo con nuevos intentos de división provincial que reforzaran el centralismo y la racionalización también en el Reino de España. De manera que en el reinado de Carlos IV se procuró algún tipo de racionalización, ligada a las necesidades de la Hacienda y al designio, expresado por el secretario de dicho departamento, Miguel Cayetano Soler, de «un gobierno en donde la acción del monarca se comunique con mayor rapidez a todas las partes del Estado». Para ello, entre 1799 y 1805, se reorganizaron las provincias castellanas, se crearon seis nuevas provincias marítimas y se dio salida al mar a Navarra en detrimento de Guipúzcoa.197

Por otra parte, sin embargo, el precedente francés ligaba la racionalización de las divisiones territoriales de la Monarquía a los ideales revolucionarios, lo cual la convertía en una reforma sospechosa para los partidarios de la monarquía absoluta. Esa significación política de la división provincial se hizo irreversible a partir de 1808, cuando fue practicada tanto por el régimen de José Bonaparte como por los liberales de las Cortes de Cádiz.

El Gobierno de José I dividió el país en 38 prefecturas —y 73 subprefecturas— en 1810, siguiendo el modelo francés y las propias ideas de afrancesados españoles como José de Lanz, Juan Antonio Llorente y Francisco Amorós.198 El detonante de aquella división había sido la incorporación por Napoleón al Imperio francés de los territorios al norte del Ebro; el Gobierno de José I no aceptaba aquella medida unilateral y quiso contrarrestarla decretando una división en prefecturas de todo el territorio español peninsular, incluyendo las zonas amputadas.199 Más allá de aquella motivación política inmediata, la división de 1810 respondía a planes largamente preparados, que veían en el establecimiento de una red urbana de prefecturas y subprefecturas la estructura territorial necesaria para desplegar la administración del nuevo Estado. Se definía administrativamente el territorio para canalizar la actuación de funcionarios públicos como los prefectos, que constituían la clave de una administración centralizada. Aunque su vigencia fue breve, aquella división prefectural contenía ya los principios de racionalidad y jerarquía que caracterizan a los estados nacionales.

En un nivel de aplicación menor quedó la división provincial elaborada por las Cortes de Cádiz poco después, en 1813, pues no llegó a aprobarse oficialmente. En este caso, sin duda, los precedentes franceses y, particularmente, la división de España en prefecturas por José Bonaparte, pesaban a la vez como modelos inspiradores y como contramodelos que había que superar sin exponerse a una excesiva identificación con ellos. La Constitución de 1812 había dado una gran importancia política a las provincias, a las que se otorgaba rango constitucional y se convertía en ámbito no solo administrativo, sino también político, en virtud de la creación de unas diputaciones provinciales electivas y relativamente autónomas (arts. 324-337). Para sustentar ese reconocimiento de las provincias como entidades políticas y, al mismo tiempo, crear un entramado homogéneo que sirviera al Gobierno para llevar su acción hasta la totalidad del territorio peninsular y las Islas Baleares, se encargaron trabajos de división provincial. La primera idea de tomar directamente los reinos y provincias del Antiguo Régimen se descartó en 1812. Luego se encargó a Felipe Bauzá una división de nuevo cuño, que se retrasó hasta el final de la Guerra de la Independencia. De hecho, la división en 29 gobernaciones que diseñó Bauzá fue presentada cuando los franceses ya habían sido expulsados de Madrid, en 1813.200

Se trataba de una división más historicista que la de los afrancesados; es decir, más respetuosa con las circunscripciones tradicionales heredadas del pasado. Para resolver el problema de la desigualdad de dimensiones entre algunas de estas circunscripciones históricas, se recurrió a establecer dos categorías de provincias: las mayores o de primer orden, que incluían en su seno provincias subalternas; y las de segundo orden, que por su menor tamaño no necesitaban tener subdivisiones.201 Los propios liberales fernandinos quedaron insatisfechos con aquel resultado, a medio camino entre la racionalización y la tradición. Por lo que, antes incluso de promulgar la división de Bauzá, se consideraron reformas como la que propuso el diputado Miguel de Lastarría, introduciendo ocho provincias más; o la que propuso el Consejo de Estado, igualando la categoría de todas las provincias y otorgando carácter independiente a las subalternas. Ambas reformas, ya de 1814, quedaron igualmente en proyecto, puesto que el golpe de Estado absolutista de aquel año dejó sin efecto el conjunto de la obra de las Cortes e impidió que se aprobara la división provincial.

Sin embargo, la idea fue retomada tras el pronunciamiento de Riego; y esta vez sí, durante el nuevo trienio de vigencia de la Constitución de 1812, se implantó oficialmente una división de España en provincias que tomaba como base los trabajos anteriores de Bauzá. De hecho, el Gobierno encomendó de nuevo los trabajos a aquel, junto con el ingeniero José Agustín de Larramendi. Dos años después, las Cortes aprobaron la división resultante, que quedó decretada en 1822.202 Si en el proyecto de 1813 se habían incorporado a la división territorial las Islas Baleares —circunstancia a la que tal vez no fuera ajeno el origen mallorquín de Bauzá—, en los trabajos de 1820 se incorporaron también las Islas Canarias, completando una concepción del territorio nacional destinada a perdurar. También se adoptó la última reforma del Consejo de Estado de 1814, creando una división uniforme, con un solo nivel provincial. En la división de 1822, por primera vez, se esbozaba una distinción entre una España metropolitana, constituida por la península y los archipiélagos canario y balear, que era la España que se articulaba en provincias, y un imperio, que se organizaba territorialmente con arreglo a principios coloniales.

En total, en la división de 1822 habría 52 provincias: las 50 peninsulares, más una sola provincia para cada uno de los archipiélagos de Baleares y Canarias. Los antiguos reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Galicia se dividían en cuatro provincias cada uno. Y aparecían provincias completamente nuevas, como las de Villafranca del Bierzo, Ávila, Chinchilla, Huelva, Almería, Lérida, Calatayud o Játiva. Ceuta quedaba asignada a la provincia de Cádiz, y Melilla, a la de Málaga. A pesar de tantas novedades, la división provincial no despertó especiales resistencias. Pero este objetivo de establecer una división provincial como base del nuevo Estado había quedado ya indisolublemente ligado al programa revolucionario de los liberales; por lo que, tras la segunda restauración absolutista de 1823 quedó de nuevo abolida y tuvo, por tanto, una vigencia muy corta —aún más corta que la división en prefecturas de José Bonaparte—. De hecho, su vigencia fue tan corta que no llegó a aplicarse en ningún proceso electoral a Cortes, ya que estas fueron disueltas en septiembre de 1823.

Estos fueron los precedentes sobre los que se abordó, en el periodo final del reinado de Fernando VII, la preparación de la división provincial que pasaría a la historia con el nombre de Javier de Burgos. Previamente habían existido otros proyectos impulsados por el reformismo que caracterizó a aquellos últimos años de la monarquía absoluta: principalmente, el proyecto de Larramendi de 1829.203 Finalmente, la división fue decretada en 1833 y ha pervivido en sus rasgos generales hasta la actualidad.204 Correspondió aprobarla al Gobierno de transición que, presidido por Francisco Cea Bermúdez, se extendió desde los últimos meses de Fernando VII hasta después de la muerte del monarca en septiembre de 1833, pues fue confirmado por la reina gobernadora María Cristina de Borbón, en quien había recaído la regencia por la minoría de edad de Isabel II. Javier de Burgos entró en aquel Gobierno como ministro de Fomento un mes después de la muerte del rey. Y dio el impulso definitivo a la aplicación de la división provincial —que ya había apoyado en 1822— como parte de una innovación más amplia, que consistía en introducir unos subdelegados de Fomento que extendieran la acción de la Administración central por todo el territorio.

Estos subdelegados de Fomento eran verdaderos gobernadores provinciales, encargados de trasladar las disposiciones del Gobierno a sus respectivas provincias, dirigir las dependencias de la Administración en la provincia, supervisar la acción de los ayuntamientos y elevar al Gobierno central la información necesaria sobre el territorio que se les encomendaba. Cambiarían de nombre muchas veces, transformándose en jefes políticos, gobernadores civiles y gobernadores provinciales según los momentos. Pero se trataría siempre de la misma figura, sin más que adaptarla a los distintos regímenes políticos que se sucedieron a lo largo de los siglos XIX y XX. En la práctica, esta figura del gobernador provincial sería decisiva para la construcción del Estado: pieza clave en la cadena de mando que iba desde el Gobierno en Madrid hasta cada pueblo o ciudad, eran los encargados de supervisar la acción de los ayuntamientos, en cuyas manos recaían muchas de las funciones administrativas que la Administración central tardaría decenios en poder asumir con sus propios medios. Además, los gobernadores desempeñaban dos funciones cruciales en un Estado como el que se empezó a construir por entonces, la función representativa (como organizadores de las consultas electorales, que muy pronto aprendieron a manipular) y la función represiva (como responsables del mantenimiento del orden en la provincia, frente a los muchos desafíos que surgirían en los años posteriores).205

La división provincial de 1833 se encontraba, pues, a medio camino entre el reformismo administrativo de los últimos años del absolutismo y el liberalismo templado hacia el que María Cristina y sus colaboradores sabían que debían transitar para salvar el trono de Isabel II. Una vez más, como en tiempos de los afrancesados de 1808-1813, la construcción de un Estado nacional sobre la base de una Administración centralizada se perfilaba como vía intermedia entre el liberalismo revolucionario puro —que seguía añorando la Constitución de Cádiz— y el absolutismo monárquico a ultranza, que en aquel momento tomaba las armas para defender los derechos dinásticos del pretendiente don Carlos. En muchos aspectos, la división provincial de Javier de Burgos tenía aquel aspecto intermedio, de síntesis. Desde luego, introducía una medida largamente demandada por la opinión liberal, racionalizando las circunscripciones administrativas y dotándolas de cierta homogeneidad. Pero, al mismo tiempo, lo hacía partiendo de los ensayos anteriores, como el de 1810 y el de 1822. De hecho, la división fue muy parecida a la del Trienio constitucional, sin más que cambiar dos capitales (Vigo por Pontevedra y Chinchilla por Albacete) y suprimir tres provincias (Villafranca del Bierzo, Calatayud y Játiva). Se aplicaban los principios de la Revolución francesa de buscar provincias compactas, de un tamaño intermedio, limitadas por accidentes geográficos naturales, y cuyo territorio tuviera fácil acceso a la capital. Pero no se llevaba esta lógica hasta sus últimas consecuencias, pues se respetaron en lo sustancial los límites de los reinos tradicionales, con la técnica de dividir el Principado de Cataluña en cuatro provincias, el Reino de Aragón en tres, el Reino de Galicia en cuatro, el Reino de Sevilla en tres, el Reino de Granada en otras tres, el Reino de Valencia también en tres, y conservar como provincias el Reino de Navarra, el de Mallorca, el Principado de Asturias, el Señorío de Vizcaya, el Señorío de Álava, la Provincia de Guipúzcoa, el Reino de Jaén y el Reino de Córdoba. Las Islas Baleares y las Islas Canarias se mantenían —como en 1822— integradas en la red general de provincias que constituían el territorio nacional, sumando un total de 49 provincias.

La división provincial fue completada en 1834 con un nivel inferior de divisiones territoriales, que fue el de los partidos judiciales.206 Creados, como su nombre indica, para extender por el territorio la administración de justicia, en realidad los partidos desempeñaron funciones mucho más amplias en el desarrollo del nuevo Estado. Constituyeron un escalón intermedio entre la provincia y el municipio para todas aquellas funciones del Estado que lo requirieran, no solo las de Justicia. Y ello significó que las cabezas de partido se convirtieron en capitales político-administrativas de un pequeño territorio, de escala comarcal, completando la red urbana que encabezaban la capital de la nación, Madrid, y las otras 48 capitales de provincia.

La organización del territorio nacional había constituido el primer paso para la construcción del Estado. Un paso de gran importancia, que proporcionaría la malla sobre la cual desplegar la acción de la Administración que iba a constituir la esencia del nuevo Estado. La red de la división provincial, complementada con los partidos, suministraba la estructura fundamental: 47 provincias peninsulares y dos provincias insulares constituían ese territorio nacional. La capitalidad de Madrid como centro en torno al cual giraba cualquier idea de territorio nacional no fue sometida a discusión, como no lo fue la Monarquía misma, que había ubicado su corte en la villa de Madrid desde el siglo XVI.

Tampoco suscitó debates ni conflictos de envergadura la definición de las fronteras nacionales, perímetro externo del territorio. Las correcciones mayores de las fronteras españolas habían concluido en el siglo XVII, con el Tratado de los Pirineos de 1659 —que definió en lo sustancial la frontera con Francia— y la independencia de Portugal en 1640. Desde luego, hubo multitud de ajustes menores después de esas fechas, en especial por lo que se refiere a la Raya con Portugal, modificada con la adquisición española de Olivenza tras la guerra de las Naranjas (1801) y la integración del Coto Mixto por el Tratado de Lindes de Lisboa (1864). También habría que mencionar, como cambios de fronteras, la entrega de Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht (1713), aunque Menorca volvería a manos españolas en 1756. Todas estas fronteras tienen, además de la historia reflejada en los tratados internacionales, otra historia menos visible, de convivencia sobre el terreno y de acuerdos y conflictos entre las poblaciones vecinas, que con frecuencia los gobiernos se limitaban a sancionar institucionalmente.207 En lo sustancial, las fronteras del Reino de España no se alteraron de forma significativa a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. En particular, no fueron alteradas en la época a la que se refiere este capítulo, en los años treinta del siglo XIX, cuando se estaba asimilando aún otro cambio mayor, cataclísmico en realidad, como era el paso de una Monarquía compuesta que se extendía por Europa y América a un Estado nacional que solo conservaba, como posesiones ultramarinas, las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Existían también modestas posesiones territoriales en el norte de África, Ceuta y Melilla, que en la división provincial de 1833 fueron inicialmente asignadas a la provincia de Cádiz.

Sea como fuere, no se puede minusvalorar la importancia de la división provincial de 1833 como núcleo duro de la definición del territorio nacional. Su perdurabilidad a largo plazo, verdaderamente llamativa en medio de la inestabilidad que afectó a los marcos políticos y normativos de todo tipo a lo largo de los siglos XIX y XX, constituye un indicio claro de esa importancia. Es cierto que, contra lo que suele suponerse, la división provincial ha sido objeto de múltiples correcciones posteriores, la mayor de ellas la división de las Islas Canarias en dos provincias —con capital en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria— en 1927. Pero ninguna de estas correcciones afectó en lo sustancial al esquema territorial trazado en aquel momento: la rectificación de los límites entre Sevilla y Córdoba y entre Zaragoza y Teruel en 1834, entre Valencia y Alicante y entre Cáceres y Badajoz en 1836, las rectificaciones de los límites de la provincia de Logroño en 1836-1837, nuevos ajustes entre Zamora y Valladolid en 1841, entre Toledo y Madrid y entre La Coruña y Lugo en 1842, el cambio temporal de la capital de Guipúzcoa a Tolosa entre 1844 y 1854, cambios entre Ciudad Real y Albacete en 1846, entre Madrid y Guadalajara y entre Sevilla y Huelva en 1850…, y el paso de Requena y Utiel de la provincia de Cuenca a la de Valencia en 1851, este último cambio más significativo, por cuanto rompía por primera vez de forma importante los límites de las antiguas coronas de Castilla y Aragón.208

La relevancia de la división provincial de 1833 y su resistencia histórica a pesar de los múltiples cambios posteriores que ha experimentado el país desde entonces han dado lugar a dos fenómenos históricos dignos de consideración: por un lado, la aparición de una cierta identificación de la población con sus provincias, que han acabado siendo delimitaciones territoriales interiorizadas por gran parte de la población, sobre todo en las regiones castellanas del interior de la Península y en Canarias; por otro lado, la crítica y la contestación a la estructura provincial de 1833 que, si bien existió desde el momento mismo de su aprobación, creció sobre todo a partir de los últimos decenios del XIX, en relación con los movimientos regionalistas y nacionalistas, especialmente en las zonas de la periferia peninsular con lengua propia. Ambos fenómenos pueden ser vistos como reflejo cultural del proceso de la construcción del Estado, del que la división provincial fue una pieza decisiva.

La construcción fiscal del Estado

El relato convencional de la revolución liberal, basado en las experiencias norteamericana y francesa, sitúa la problemática fiscal en el origen de ambas revoluciones. En el caso de la revolución española, en cambio, se suele dar más importancia a otros factores relacionados con la invasión extranjera y las discusiones sobre la legitimidad del poder. Esto ha llevado a dejar la cuestión fiscal en un segundo plano cuando se analiza la revolución española. Sin embargo, la centralidad del problema fiscal no puede obviarse al analizar el cambio de régimen: no solo entre los factores que hicieron inviable la continuidad de la monarquía absoluta, sino también entre los determinantes del curso que siguió la construcción del Estado-nación en España desde el inicio de la Revolución hasta mediados del siglo XIX.209

El cambio radical que supuso la fragmentación de la antigua Monarquía en diez estados nacionales independientes (España, México, Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay) implicó en todos ellos la necesidad de redefinir las finanzas públicas: había que crear sistemas financieros que respondieran a las necesidades planteadas y se adaptaran a los recursos disponibles en cada país. La creación de esos nuevos sistemas fiscales, lo que podríamos llamar la construcción fiscal de los estados, se hizo partiendo de dos pilares: por un lado, el sistema fiscal existente durante los tres siglos anteriores, la Hacienda Real de la Monarquía española, que era lo que verdaderamente había y funcionaba, por más que estuviera en crisis, y aportaba hábitos, lenguajes e instituciones arraigadas; y, por otro lado, los principios doctrinales del liberalismo, en cuyo nombre se hizo la revolución y se reformaron las instituciones (principios explícitos en los escritos de los economistas, pero sobre todo implícitos en los modelos tributarios que adoptaron los primeros estados revolucionarios).210

En la práctica, sin embargo, la reforma fiscal hubo de hacerse en condiciones de urgencia, marcadas por la extrema conflictividad política de la época, la penuria económica del Gobierno y la situación de guerra casi permanente; por lo que, a los dos factores mencionados —«lo que había» y los principios teóricos— habría que añadir un tercer factor, más influyente y más divergente que los anteriores: las circunstancias, la necesidad.211

El sistema fiscal de la Monarquía española en el siglo XVIII era el resultado de un largo proceso de acumulación de figuras tributarias concebidas bajo circunstancias históricas distintas y sin responder a un plan de conjunto. Ni siquiera las reformas racionalizadoras de los Borbones habían conseguido dar a este cuadro abigarrado de figuras impositivas la uniformidad y la eficacia necesarias para garantizar la suficiencia financiera de la Monarquía. El sistema estaba caracterizado por su carácter privilegiado, su dualismo y su diversidad: privilegiado, porque se podía quedar exento de los impuestos «comunes» si se pertenecía a alguno de los estamentos privilegiados (nobles y eclesiásticos) o a alguno de los territorios periféricos a los que se habían reconocido privilegios fiscales; dualismo, por la superposición, como mínimo, de dos sistemas fiscales imbricados entre sí, como eran el de la Monarquía y el de la Iglesia (si no estuviéramos simplificando la exposición, habría que hablar también de sistemas fiscales municipales y señoriales); y diversidad por cuanto las figuras tributarias y sus formas de aplicación variaban según el territorio, el estamento y el modo elegido para administrarlas (arrendamiento, encabezamiento, recaudación directa…).

Al final del Antiguo Régimen, durante el reinado de Carlos IV, la Hacienda española se hallaba aquejada de graves problemas de desigualdad y de insuficiencia. El sistema parecía capaz de alimentar los gastos de la Monarquía en tiempos de paz —como se había visto durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)—, pero resultaba a todas luces insuficiente durante los periodos de guerra, que se convirtieron en la situación normal desde el tercer Pacto de Familia (1761) y la consiguiente intervención en la Guerra de los Siete Años.

Se había intentado sin éxito mejorar el rendimiento de la Hacienda Real mediante la reforma y racionalización del sistema tributario existente. Tales reformas, las más audaces de las cuales se inspiraban en la utopía ilustrada de la única contribución que implementó el marqués de la Ensenada, se extendieron a lo largo de los reinados de Fernando VI y Carlos III; pero chocaron con los privilegios estamentales y territoriales, demostrando que la reforma fiscal era inviable si no venía acompañada de una ruptura del marco de la Monarquía absoluta, ruptura que necesariamente tendría un carácter revolucionario.

La otra vía de solución se buscó en la desamortización eclesiástica: apropiarse total o parcialmente del inmenso patrimonio que atesoraba la Iglesia católica en España. Aunque se suele vincular esta operación con la Revolución liberal del XIX, en realidad fue iniciada bajo la monarquía absoluta.212 Los liberales se limitaron a añadirle nuevas justificaciones doctrinales, en nombre de la libertad de mercado y de la propiedad privada.213 La ventaja de este recurso al patrimonio de la Iglesia era que solo despertaba oposición por parte de la Iglesia misma, no de otros grupos privilegiados. A cambio, tenía la desventaja de ofrecer solo una solución a corto plazo, unos ingresos extraordinarios para salvar la situación momentáneamente, pero no un recurso permanente para equilibrar ingresos y gastos. Sin embargo, esta desventaja desapareció cuando se empezaron a incluir en el proyecto desamortizador no solo los bienes de la Iglesia, sino también los impuestos eclesiásticos, con el traspaso del diezmo a la Hacienda pública. Esa sería la solución definitiva para modernizar la Hacienda española, a partir del final de la Primera Guerra Carlista en 1840: la abolición del diezmo eclesiástico y su sustitución por una contribución agrícola equivalente en beneficio del Estado.

Desde luego, a lo largo del siglo XVIII habían aparecido muchas críticas contra el modelo económico y fiscal de la Monarquía, incluyendo las de autores que prefiguraban en sus escritos algunas ideas que tomaría el liberalismo, como Campomanes y Jovellanos. Pero, por el momento, la opinión pública estaba silenciada por la censura de la monarquía absoluta: podían editarse escritos doctrinales y teóricos más o menos audaces, pero no ataques directos contra el orden financiero de la Monarquía. Las propuestas innovadoras largamente incubadas salieron a la luz cuando se hundió la Monarquía en 1808, ante la invasión francesa. Entonces aparecieron estas críticas a los impuestos del Antiguo Régimen en la Consulta al País de 1809, las Cortes de Cádiz y la prensa libre del periodo de guerra contra los franceses.

Las nuevas ideas fiscales que circularon en España entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX procedían de las dos grandes escuelas europeas de la época: la escuela clásica británica y la escuela fisiocrática francesa. La doctrina fiscal de la escuela clásica se basaba en los cuatro principios de Adam Smith. Según él, las finanzas del Estado debían basarse en impuestos recaudados en dinero y que cumplieran los principios de igualdad, certidumbre, conveniencia o comodidad en el pago y economía en la recaudación. Esto era, aproximadamente, un retrato en negativo de los impuestos de la Monarquía española.214 Posteriormente, McCulloch y John Stuart Mill concretaron el principio de igualdad ante el impuesto, relacionándolo con la capacidad de pago de los contribuyentes; fue así como el principio de equidad tributaria pasó al constitucionalismo liberal del XIX. Y lo hizo acompañado de un consenso, general entre los clásicos, según el cual los impuestos debían situarse al nivel más moderado posible para no desincentivar las actividades productivas.215

La mayoría de los clásicos, empezando por Adam Smith, mostraron su preferencia por los impuestos indirectos, siempre que no se gravaran los productos de primera necesidad. Esta preferencia se justificaba por la problemática que planteaba una opción por la imposición directa, que habría requerido la evaluación de la riqueza de los particulares. Temían que este tipo de evaluaciones llevaran al Gobierno a inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos. Sin embargo, a medida que avanzó el siglo XIX, acabó predominando la concepción de David Ricardo, más favorable a los impuestos directos. En efecto, Ricardo puso de manifiesto que los impuestos indirectos entorpecen la circulación comercial e incitan al contrabando, por lo que resulta menos perjudicial financiar el Estado con impuestos directos sobre las rentas de los ciudadanos.216 John Stuart Mill acabó aceptando esta postura, y añadió la conveniencia de los impuestos sobre la propiedad de la tierra, sobre la vivienda y sobre sucesiones.217

Pero, en realidad, en España fue mucho más influyente la escuela fisiocrática.218 Esta proponía la máxima simplificación de las finanzas estatales, que debían apoyarse sobre una única contribución. François Quesnay y sus discípulos sostenían que la agricultura era la única actividad verdaderamente productiva, por lo que esa única contribución debería gravar el producto neto de la agricultura, dejando libres de imposición las demás actividades.219 La idea fisiocrática inspiró el proyecto de Única Contribución de 1749 en la Corona de Castilla; pero fue transformada desde el comienzo, pues no recaería solamente sobre las actividades agrícolas, sino que sería un impuesto para gravar toda clase de rentas, actividades y contribuyentes.

La doctrina clásica británica era conocida en España desde la traducción de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1794.220 Esa influencia penetró también indirectamente, a través de las versiones de Jean-Baptiste Say que circularon por toda Europa durante el periodo napoleónico.221 También hubo un liberalismo genuinamente español, de autores que recogieron las enseñanzas de la escuela clásica y las reelaboraron, adaptándolas a la situación española222. Entre los autores españoles más relevantes que difundieron las ideas tributarias y económicas del liberalismo clásico destacan José Canga Argüelles y Álvaro Flórez Estrada.223 Pero hay que recordar que, aunque los dos participaron en la política española durante los periodos liberales de 1808-1814 y de 1820-1823, el texto más relevante de Canga Argüelles en materia fiscal no se publicó hasta 1825 y la principal obra económica de Flórez Estrada vio la luz en 1828, ambos en el exilio londinense.224

En realidad, la influencia de la doctrina clásica británica fue indirecta y difusa. Tuvo más influencia el modelo tributario francés; y no tanta la doctrina fisiocrática, desacreditada desde el fracaso final de la Única Contribución en 1776, como el sistema tributario que de hecho adoptó la Francia revolucionaria, solo lejanamente influenciado por las ideas de Quesnay, Mirabeau y Smith.

El sistema francés que ejerció una influencia determinante en España fue el sistema racionalizador de la Hacienda que estableció la Asamblea Constituyente en 1790 y que se fue completando en varias leyes posteriores hasta 1798. Era la respuesta a la quiebra del Antiguo Régimen que había hecho estallar la Revolución en 1789. Con él se universalizaba la tributación, acabando con los privilegios fiscales tanto de carácter territorial como estamental. Pero tenía un innegable sentido pragmático, ya que renunciaba a la máxima racionalización que habría sido establecer el impuesto único, para sustituirlo por una batería de contribuciones que gravaran las diferentes formas de renta. Nacieron así cuatro impuestos básicos —que acabarían llamándose les quatre vieilles—, entre los cuales destacaba uno, la Contribution foncière, ya que al gravar la agricultura se convirtió en la base de la financiación del Estado (tal vez se pueda ver en esta preeminencia un último resabio fisiocrático).225

Lo que el sistema francés fijaba fuera de toda duda era la preferencia por las contribuciones directas, debido a que no entorpecen el comercio, son menos regresivas y permiten aproximarse al principio de proporcionalidad recogido en la Constitución.226 El resultado fue que en el siglo XIX la Hacienda Pública francesa se apoyó fundamentalmente sobre las llamadas contribuciones reales o de producto; es decir, impuestos directos evaluados a partir del objeto que produce la renta en cuestión y con un tipo tributario único para cada clase de renta. La equidad fiscal quedaba así identificada, para los liberales continentales, con la proporcionalidad que consiste en que todo ciudadano contribuya a las arcas del Estado con un mismo porcentaje de sus ingresos. Este sistema fue el que más influyó no solo en España, sino en toda la Europa latina.227

Durante la Guerra de la Independencia, la Hacienda de la España contraria al gobierno de los Bonaparte funcionó, en la práctica, mediante la exigencia de contribuciones de urgencia, requisas de abastecimientos, etc. Esta misma situación de emergencia, sin embargo, propició la aparición de propuestas innovadoras en el plano teórico, como la Contribución Extraordinaria de Guerra que creó la Junta Central en 1810.228 La Contribución Extraordinaria de Guerra se basaba en ideas tan modernas como la universalidad e igualdad de los ciudadanos ante el impuesto. De hecho, respondía a la idea de una contribución general sobre la renta, inspirada por el Income Tax que se había creado en Gran Bretaña en 1799 para financiar la guerra contra la Francia napoleónica. También en esto influiría el hecho de que las autoridades de la España leal a Fernando VII, asediadas en Cádiz bajo la protección de la Armada británica, vivían un momento de máxima influencia inglesa. Si bien es cierto que las autoridades de aquel momento no pudieron implementar los medios para poner en práctica una verdadera contribución sobre la renta de las personas, sí parece destacable la modernidad del planteamiento ideal, que no volvería a formularse hasta la Segunda República —con la reforma de Carner en 1932— y que, de hecho, no se implantaría de manera eficaz hasta la reforma fiscal de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez durante la Transición a la democracia (1976-1978).

Lo que la Junta Central pudo hacer durante la guerra fue crear un procedimiento de urgencia para la recaudación de este impuesto, que consistía en utilizar el nivel de vida de las personas como indicador de su renta. Se reunirían unas juntas municipales que establecerían las cuotas individuales del impuesto, formadas por la justicia, el párroco, el síndico y dos «vecinos honrados» elegidos por el ayuntamiento de la localidad. Posteriormente, las Cortes de Cádiz renovaron aquella Contribución Extraordinaria, profundizando incluso en la doctrina fiscal original y añadiéndole nuevos elementos de modernidad, como la exigencia de declaraciones juradas de rentas de los contribuyentes, y una tarifa progresiva que aparecía por primera vez en la historia fiscal española (con tramos de renta a los que se aplicaban tipos tributarios crecientes, del 2,5 al 75 por ciento, nada menos).229

Un grado tan alto de innovación no podía dejar de despertar fuertes resistencias, especialmente pasivas: se exigía una contribución directa a un país que no estaba acostumbrado a pagarlas; perjudicaba a los grupos hasta entonces privilegiados, al decretar la igualdad ante el impuesto; e implantaba una tarifa progresiva que gravaba intensamente a los más ricos. Oponerse al pago fue fácil, dado que la recaudación del tributo con fidelidad a su diseño original habría requerido medios estadísticos y administrativos de los que no disponía el gobierno de entonces; en realidad, aquel gobierno ni siquiera controlaba el territorio, en gran parte ocupado por los franceses.

Ante la resistencia que encontraron, las Cortes adoptaron en 1813 una disposición fiscal menos innovadora y, por lo tanto, más aceptable para la época.230 Aquella disposición contenía tres decisiones relevantes: la primera, un principio de presupuesto del Estado, ya que se exigía que en lo sucesivo el gobierno elaborara cada año una estimación de ingresos y unos compromisos de gasto que fueran sometidos a la aprobación de las Cortes.231 En segundo lugar, se reformaban con un criterio pragmático las contribuciones heredadas del Antiguo Régimen, derogando solo las que más atentaban contra el principio de igualdad —como las Rentas Provinciales de Castilla, el Catastro de Cataluña, Equivalente de Valencia, etc.—, mientras que otras se mantenían, como las aduanas. Y en tercer lugar, se creaba una llamada Contribución Directa, que en teoría era un impuesto sobre la renta, pero en la práctica funcionaba como un impuesto de cupo.

La Contribución Directa era una cantidad que la Hacienda repartía en cupos entre las provincias, estas la repartían a su vez asignando cupos a los pueblos que las formaban, y en cada pueblo se repartía la cantidad a recaudar estableciendo cupos individuales que debían pagar los contribuyentes.232 Como fuente estadística de referencia para orientar el reparto, se emplearía el Censo de la Riqueza de 1799.233 Esto garantizaba la recaudación íntegra de un tanto alzado para el gobierno, pero obviamente produjo muchos conflictos en el reparto de los cupos, aparte de que los defectos del documento estadístico empleado como referencia sirvieron para legitimar las protestas y las resistencias contra el nuevo tributo.234 Lo importante es que con esta Contribución Directa de 1813 hacía su aparición el mecanismo de distribución de la carga fiscal que acabaría imponiéndose en el sistema fiscal español desde la reforma de Mon (1845) hasta la de 1976-1978.

Sin embargo, la Contribución Directa, en sí misma, tampoco llegó a entrar en vigor, ya que tras la restauración de Fernando VII como monarca absoluto se restablecieron las Rentas Provinciales de Castilla y sus equivalentes en la Corona de Aragón, sin más que revisar sus tipos al alza. Desmanteladas todas las reformas de los seis años anteriores, volvió a estar en vigor el sistema fiscal del Antiguo Régimen, ya en situación de bancarrota. Los acontecimientos políticos y militares de estos años, sin embargo, habían traído dos novedades de gran importancia: por un lado, la abolición de los señoríos, única reforma de las Cortes que mantuvo Fernando VII en 1814, y que permitió que la Hacienda Real absorbiera los antiguos impuestos señoriales; y por otro lado, la pérdida del control sobre gran parte de los dominios americanos de la Monarquía, que hizo que dejaran de arribar a la península las remesas de metales preciosos de los siglos anteriores (ya muy mermadas, no obstante, en los últimos años del reinado de Carlos IV). Esta última circunstancia terminó de romper cualquier sombra de equilibrio entre los ingresos y los gastos de la Corona, haciendo más urgente la necesidad de una reforma; sin embargo, cualquier reforma sustancial permanecía bloqueada por motivos ideológicos, en un momento de compromiso pleno con el inmovilismo de las instituciones tradicionales.

La Monarquía había visto descender sus ingresos procedentes de América, de 268,2 millones de reales al año de media en el periodo 1802-1804 a 24 millones en 1805-1814 y a cero desde 1815.235 Estos ingresos, que suponían más de un 25 por ciento de todo lo que percibía la Corona antes de perder la flota en la batalla de Trafalgar, tenían que ser sustituidos con algo. Desde el comienzo, la opción fiscal española fue muy clara: la nueva nación que surgía del desmoronamiento del imperio no podía financiarse con impuestos sobre el comercio exterior, dada la contracción del volumen del tráfico a la que se estaba asistiendo.236 La necesidad de buscar con urgencia nuevas fuentes de ingresos llevó a crear impuestos interiores, impuestos cuya definición precisa resultaría tan conflictiva que se extendió por espacio de treinta años, hasta la reforma de 1845. Pero la opción estaba tomada: mientras que la mayoría de las naciones independientes que iban surgiendo de la antigua Monarquía española en América basaban su financiación en gravámenes sobre el comercio —fundamentalmente el comercio exterior—, el Estado-nación que surgía en la parte peninsular de la Monarquía se financiaría con impuestos interiores —básicamente impuestos directos.

El conservadurismo fiscal de los gobiernos de Fernando VII provocó un gran aumento de la deuda del Tesoro, es decir, de los gastos del Estado que iban quedando sin pagar (sueldos, pensiones, etc.). En semejante escenario catastrófico, la necesidad de la reforma fiscal se hizo evidente incluso para el monarca y sus consejeros. De manera que el rey llamó a ocupar la Secretaría de Hacienda a Martín de Garay, un antiguo liberal de la época de la Junta Central y de las Cortes de Cádiz, pasando por alto sus antecedentes políticos con tal de que hallara una solución a los problemas fiscales.237

Garay creó una Contribución General, que venía a ser una nueva contribución directa sobre la renta, pagadera por toda clase de personas y en todos los territorios que le quedaban a la Monarquía.238 Para su reparto y recaudación se exigirían declaraciones personales a los contribuyentes, con las cuales confeccionaría la Administración unos llamados Cuadernos de la Riqueza.239 El sistema de averiguación de la renta, aprendida ya la lección de 1813, era esta vez más eficaz; y aunque el impuesto tenía una innegable factura revolucionaria, pues rompía todos los principios de la imposición tradicional, esta vez sí pudo implantarse, al contar con el respaldo de la autoridad de una monarquía absoluta sin posible contestación en las Cortes ni en la prensa. La resistencia de los privilegiados, no obstante, existió y se canalizó por otros cauces, hasta provocar la caída del ministro y el desmantelamiento de su reforma, volviendo la Hacienda al sistema tradicional.

Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, las autoridades del nuevo régimen liberal recuperaron, junto con la Constitución de 1812, la Contribución Directa de 1813 y la fórmula del presupuesto anual aprobado por las Cortes.240 El impulsor de esta nueva andadura de la Directa era el ministro de Hacienda del Gobierno de 1820-1821, José Canga Argüelles, que ya lo había sido en 1811-1812. Pero se trataba de una versión revisada de la contribución de 1813, que ya no sería un impuesto general sobre la renta —algo que, en la práctica, se había demostrado inviable en 1810, 1813 y 1817—, sino un impuesto sobre la propiedad de la tierra y las actividades agrícolas, más similar a la Contribution foncière francesa. Desaparecidas las circunstancias extraordinarias que habían potenciado la influencia británica sobre el liberalismo español entre 1808 y 1820, este pasaba a tomar como referencia para la construcción del Estado nacional más bien el modelo francés. Y en materia fiscal, este giro llevaba hacia la fórmula que finalmente se acabaría imponiendo en España, cuando se estabilizara el sistema tributario en 1845.

Para hacer posible esta nueva contribución directa estatal sobre la agricultura, se liberó parcialmente a las rentas agrícolas del peso de la fiscalidad eclesiástica que tradicionalmente habían soportado, al reducir el diezmo a la mitad (por el mismo Decreto de 29 de junio).241 Inmediatamente se planteó el gran problema de este tipo de impuestos: cómo obtener la información para un reparto equitativo. En Francia, la solución había sido el catastro, iniciado en tiempos de Napoleón y completado hacia 1850. Pero en España, ante la inexistencia de catastro y las dificultades para emprender una obra tan costosa, se recurrió a soluciones de emergencia, como la consulta de datos antiguos o la evaluación por comisiones locales más o menos arbitrarias: así se hizo en 1820 y así se siguió haciendo hasta el siglo XX. Esto desvirtuaba la proporcionalidad del impuesto, haciendo depender la carga fiscal de la capacidad de influencia política y de negociación de los contribuyentes. Lo que en aquel momento podía parecer una solución transitoria, se convertiría en un elemento estructural del sistema fiscal español, determinando que en el futuro el reparto de la carga tributaria se hiciera depender de las configuraciones del poder.242

Junto con la Contribución Directa, en el Trienio Constitucional (1820-1823) se implantaron también otras figuras tributarias, igualmente procedentes del modelo francés de «impuestos de producto», como un derecho de patentes —que venía a ser una contribución sobre las actividades industriales— y una contribución sobre las casas. El resultado final de estas reformas, visible en el presupuesto de 1822-1823, era que los ingresos se elevaban hasta los 562,8 millones de reales, pero no conseguían igualarse con los gastos, que eran de 664,8 millones. Por lo tanto, había un déficit del 18 por ciento; esto es 102 millones de reales, que había que cubrir con empréstitos.243 La reforma de la Hacienda no podía, pues, darse por terminada. La estructura de ingresos que mostraba aquel presupuesto hacía descansar el peso de la financiación del Estado en un 34,5 por ciento sobre los nuevos impuestos directos: 26,6 por ciento, la Contribución Directa (territorial); 4,4, la de Patentes (industrial), y 3,5, la de casas. Entre las contribuciones indirectas encontramos otro impuesto importante, los Consumos, que gravaban el comercio interior (17,7 por ciento); mientras que se reducían notablemente la renta de aduanas, los estancos, las remesas de América y las rentas eclesiásticas.244

En la práctica, los nuevos impuestos no llegaron a consolidarse por la interrupción de la experiencia liberal en 1823. Pero había quedado plenamente perfilado el modelo tributario que implantaría la reforma de Mon en 1845 y que perduraría hasta después de la muerte de Franco: unos ingresos basados en la contribución directa, con la contribución indirecta interior en un papel complementario; y, entre las contribuciones directas, un protagonismo de la tributación de las actividades agrícolas y ganaderas, repartida por mediadores políticos. Un modelo que, por cierto, anunciaba ya como característica estructural la insuficiencia para cubrir los gastos, con el consiguiente endeudamiento.

De momento, sin embargo, en 1823 la segunda restauración absolutista conllevó de nuevo la abolición de las figuras tributarias implantadas por los liberales. La situación de bancarrota a la que abocó aquella involución se quiso contener mediante nuevos intentos de reforma fiscal, esta vez sin romper el marco global de la Hacienda del Antiguo Régimen. Las reformas de López Ballesteros desde 1824 fueron, sin embargo, insuficientes para solucionar el problema, por el bajo rendimiento de las anticuadas contribuciones que introdujo: la de Frutos Civiles y la de Paja y Utensilios. Hubo que esperar a la muerte de Fernando VII en 1833 para que la transición hacia un régimen constitucional abriera las puertas a la reforma de la Hacienda en un sentido liberal. Pero aun entonces, la guerra civil de siete años que hubo de soportar el país hasta derrotar a los partidarios del absolutismo, retrasó la reforma fiscal, de modo que esta solo pudo abordarse cuando se dieron condiciones de estabilidad política como las que caracterizaron a la Década Moderada de 1844-1854.245

Entre 1833 y 1845 se produjeron una serie de cambios que prepararon el camino para la reforma tributaria que, finalmente, se aprobó en este último año. En primer lugar, hay que mencionar la suspensión de pagos de la Deuda Pública que tuvo lugar en 1836, ante el volumen que había alcanzado el endeudamiento del Estado. La suspensión que decretó Mendizábal cerró temporalmente los mercados internacionales de crédito para España, pero a cambio le dio un respiro al presupuesto, que no tuvo que soportar la carga de la Deuda hasta el arreglo de la misma por Bravo Murillo en 1851.

Un segundo paso decisivo fue la nacionalización de los bienes de la Iglesia y su venta en pública subasta a compradores particulares: las desamortizaciones de 1836 y 1841. Esta medida extraordinaria permitió cubrir el déficit durante unos años, hasta que la reforma tributaria tuviera lugar. También ayudó a reducir el volumen de la Deuda Pública en circulación, en la medida en que los títulos de deuda se admitían como pago en condiciones ventajosas para los compradores de bienes nacionales.

El tercer paso sería la definitiva desaparición de los impuestos eclesiásticos en 1841. La abolición del diezmo terminó de liberar a los contribuyentes de contribuciones no estatales y permitió la implantación de nuevos impuestos directos.

En cuarto lugar pueden mencionarse los diversos ensayos que aún se hicieron en este periodo para implantar impuestos directos, pues de cada uno de ellos se obtuvieron enseñanzas importantes para avanzar en esa dirección: la Contribución Extraordinaria de Guerra (1837), la Contribución Directa (1841) y las Matrículas Catastrales (1842).

Por último, el quinto y definitivo paso fue la abolición de las Rentas Provinciales y Equivalentes, Derechos de Puertas, Alcabalas y Cuarteles que llevó a cabo Juan Álvarez Mendizábal en 1843.246 Esta operación del líder progresista estaba destinada a crear un vacío fiscal que obligara al siguiente gobierno a emprender la reforma. Y fue un golpe político eficaz, pues, aunque Mateo Miguel Ayllón, sucesor de Mendizábal en el Ministerio, derogó aquellos decretos, el efecto ya estaba causado: la recaudación se resintió de la abolición previa, creando un estado de necesidad en el que los moderados no tuvieron más remedio que afrontar la reforma de la Hacienda Pública.

La reforma llegó por fin en 1845, siendo ministro de Hacienda Alejandro Mon y con el auxilio intelectual de Ramón de Santillán.247 El nuevo sistema fiscal no era tan nuevo, pues además de los precedentes que hemos venido mencionando, hay que recordar que se presentó como resultado de la refundición de las viejas figuras tributarias del Antiguo Régimen. Los progresistas no habían conseguido su objetivo de crear un impuesto general sobre la renta según el modelo británico; y en su lugar triunfaba el modelo de impuestos de producto proporcionales, de inspiración francesa, que patrocinaban los moderados. Siguiendo muy de cerca ese modelo, se crearon cuatro grandes impuestos: una Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería, que pronto pasaría a conocerse como Contribución Territorial (y que proporcionaba el 21 por ciento de los ingresos en el primer año del que hay cuentas fiables, 1850, con tendencia a crecer); una Contribución Industrial y de Comercio (2,7 por ciento); una Contribución de Inquilinatos, que desapareció poco después; y un Impuesto de Consumos, contribución indirecta sobre el comercio interior (11,5 por ciento).248

Dos peculiaridades de la reforma merecen ser comentadas, porque definen su significado histórico, un tanto paradójico. Por un lado, la reforma tenía un evidente sentido modernizador y realizaba aspiraciones largamente perseguidas por los liberales españoles: sobre todo, eliminaba los privilegios fiscales que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Se eliminaban los privilegios estamentales y corporativos y se unificaba el territorio nacional a efectos fiscales, al incorporarse los territorios de la Corona de Aragón al régimen tributario general del país. No obstante, había una limitación importante en esto, pues el final negociado de la guerra carlista hizo que se permitiera a las provincias vascas y a Navarra mantener sistemas fiscales propios, menos gravosos y más desiguales.

Por otro lado, la reforma no estableció mecanismos de relación directa entre la Hacienda Pública y los contribuyentes, ni indagaciones que proporcionaran al Gobierno información sobre las rentas y patrimonios de los ciudadanos. Las contribuciones recién creadas se distribuirían por cupos provinciales, locales e individuales, mediante procesos de negociación continua, controlados por mediadores dotados de poder a escala local, provincial o nacional.249 Además de suponer una renuncia a cualquier idea de equidad tributaria efectiva, esta forma de aplicar las contribuciones condujo a la larga a una petrificación de las bases tributarias, haciendo aparecer de nuevo el déficit y el endeudamiento, y poniendo límites a las posibilidades de expansión del Estado.

El equilibrio fiscal de las distintas unidades que formaban el imperio español, empezando por la propia España, había quedado desbaratado desde que se pusieron en marcha el proceso revolucionario y las guerras. Desde entonces, la cuestión fiscal se había vuelto prioritaria: no tanto como causa de las revoluciones, sino como consecuencia de estas. La búsqueda de soluciones para el desequilibrio de las cuentas públicas se hizo bajo la presión de la guerra y de la necesidad extrema. El resultado de aquella época de reformas no nació, pues, de la aplicación sistemática de ningún plan racional —fuera este de inspiración liberal o no—. Aunque tales ideas existieran como sustrato cultural en la mente de los que concibieron algunas de esas reformas, tuvieron que adaptarlas en función de la urgencia, las circunstancias, las oportunidades y los hábitos administrativos de la época. Todo ello condicionado por lo que podríamos llamar una cultura tributaria, resultante de las prácticas fiscales del siglo XVIII y de su percepción por los sujetos (tanto los contribuyentes como los empleados de Hacienda).

En el proceso de construcción de estados que siguió al hundimiento de la Monarquía española no se podía avanzar sin crear un sistema fiscal que aportara los recursos materiales necesarios para financiar el despliegue de la Administración Pública, la formación de un ejército y una marina, el sometimiento del territorio al poder central y la defensa de las fronteras. La definición de los sistemas fiscales contemporáneos se hizo en una fase temprana del proceso de construcción de los estados. Y luego tales sistemas experimentaron pocas reformas, por las dificultades especiales que supone modificar «en frío» un sistema fiscal ya establecido. Hay que destacar la importancia de esa fase genética en los sistemas fiscales del mundo hispano, cuyas características y problemas estructurales se han prolongado por mucho tiempo, en algunos casos hasta la actualidad. Las soluciones fiscales concretas adoptadas en cada país, en aquel momento inicial, fueron divergentes. Se partía de un marco político y jurídico común; se respondía en todas partes a un mismo desafío de modernización de las finanzas públicas en el contexto mundial de 1808-1825; se miraba hacia unos mismos modelos de referencia, tanto institucionales como doctrinales; pero se hacía desde circunstancias locales muy distintas, que determinaron diferentes opciones fiscales.

En España, el bajo rendimiento de los impuestos de aduanas impedía hacer de ellos la base financiera del nuevo Estado. La influencia ideológica del liberalismo francés contribuyó a afirmar la preferencia por un sistema basado en la imposición directa —el modelo tributario latino de impuestos de producto—, que se logró reformando el cuadro impositivo existente y sustituyendo a la Iglesia por el Estado como beneficiario del diezmo. La generalización de la imposición en dinero forzó la mercantilización de las economías campesinas y, tal vez, fue este uno de los factores que incidieron en la creación del descontento social del que surgió la resistencia antiliberal desde 1820.250 De ser así, el cambio fiscal —y en particular opciones como la expropiación de la Iglesia y la exigencia de contribuciones directas en dinero— habría contribuido a fortalecer las bases sociales del carlismo y las guerras que este movimiento sostuvo contra la implantación del régimen liberal en España. Si entre el campesinado el cambio fiscal tuvo tan mala aceptación, también encontramos reacciones entre la población urbana, pero en este caso sobre todo contra la imposición indirecta —los consumos—, cuyos símbolos e instrumentos de recaudación fueron atacados violentamente en cada movilización política del siglo XIX. Las resistencias antifiscales, por lo tanto, marcaron el paso al liberalismo en España. A esto hay que añadir los problemas de insuficiencia del nuevo sistema fiscal que se implantó, pues enseguida reapareció el déficit presupuestario, que se hizo permanente, y tuvo que ser resuelto recurriendo al endeudamiento y la inflación.251

Las consecuencias del sistema fiscal español: política y administración

Las consecuencias de las opciones fiscales tomadas entre 1810 y 1845 fueron decisivas a largo plazo. Y no solo para el futuro de la Hacienda, sino para el curso que tomó en general la construcción del Estado. Por un lado, al hacer descansar las finanzas públicas sobre las contribuciones directas, se sentaron las bases para desarrollar un vínculo directo y estrecho entre el contribuyente y la Hacienda, del cual se hablará en el capítulo 8. Por otro lado, las consecuencias del sistema fiscal que se impuso en España desde fechas tan tempranas fueron también de carácter administrativo, determinando en la práctica un modelo de administración. El sistema fiscal del Estado liberal español, que se definió en las fases más tempranas de su construcción en torno a una gran contribución directa de carácter proporcional destinada a gravar el producto de las actividades agrícolas y ganaderas, necesitó de una administración adecuada para aplicarlo. Y, por tanto, las características del sistema y de las figuras tributarias que lo formaban determinaron un modelo de oficinas y de empleados de la Hacienda Pública. Es más, no solo de la Hacienda, sino del conjunto de la Administración Pública española.

El Ministerio de Hacienda fue el organismo clave para el despliegue de la Administración central: el ministerio más importante en número de funcionarios civiles (17.369 en 1837, el 71 por ciento de la burocracia civil); disponía, además, de una fuerza armada propia, que le daba independencia y capacidad para hacerse obedecer (el cuerpo de Carabineros, con unos 13.000 o 14.000 hombres).252 Fue ordenado sistemáticamente entre 1845 y 1850 para adaptarlo a las necesidades del nuevo sistema tributario creado por la reforma de Mon. Y luego, el funcionamiento de este ministerio fue considerado tan exitoso cuando Juan Bravo Murillo terminó de ordenarlo como ministro de Hacienda, que él mismo lo convirtió en modelo para traspasar al resto de la Administración central española cuando fue presidente del Consejo de Ministros en 1851-1852.253

El modelo creado en Hacienda y que luego inspiraría la remodelación de los demás ministerios consistía en tres elementos principales: un organigrama, una figura de funcionario y una forma de trabajar. El organigrama que serviría como referente organizativo común para la Administración central española del siglo XIX tenía, en las oficinas centrales de Madrid, un ministro (llamado así oficialmente desde 1851, al dejar atrás el viejo nombre de secretarios de Estado y del despacho), un subsecretario, varias direcciones generales y, en los niveles inferiores, secciones y negociados. Esta estructura jerárquica se completaba con un sistema de contabilidad, un boletín oficial y un aparato jurídico propio del ministerio (que en Hacienda lo formaban el Tribunal de Cuentas y el Cuerpo de Abogados del Estado).254 El despliegue sobre el territorio lo aseguraba una red de 49 administraciones provinciales, que absorbían el grueso de los funcionarios del ministerio (más de un 90 por ciento trabajaban fuera de Madrid).

La figura del funcionario público se perfiló en 1852.255 Lo hizo Bravo Murillo, siguiendo modelos experimentados en la primera mitad del siglo, sobre todo en el mismo Ministerio de Hacienda.256 El sistema entonces creado se mantendría vigente en su totalidad hasta 1918, y en algunos aspectos hasta la época de Franco.

En cuanto a la forma de trabajar en los ministerios, hay que decir que la Administración no llegaba por sí misma hasta los ciudadanos, sino que se servía de las entidades locales, los ayuntamientos, como intermediarios. Lo que un ministerio hacía era coordinar las actuaciones de unos 9.000 ayuntamientos y entablar negociaciones con ellos. De esta manera se eludía la necesidad de controlar a quince millones de habitantes, lo cual habría requerido una Administración más numerosa, más profesional, mejor pagada y, en definitiva, más cara. Las oficinas de la Administración central, liberadas de la exigencia de tratar con los ciudadanos o controlarlos sobre el terreno, quedaban como mera coordinación de unas oficinas provinciales que, a su vez coordinaban a los ayuntamientos. En cualquier caso, el trabajo fundamental que se hacía en las oficinas centrales de la Administración era el de tramitar expedientes.257

Al mismo tiempo que el modelo tributario elegido determinaba un tipo de administración, también determinaba un cierto estilo en la relación entre los contribuyentes y el Estado. Estamos ante un sistema de extracción directa de recursos fiscales que, sin embargo, durante todo el siglo XIX evitó la relación directa entre el ciudadano-contribuyente y la Administración central. En su lugar se estableció un procedimiento de reparto de cupos «en cascada» que hacía primar las identidades locales y provinciales, así como la mediación jerárquica de los notables. Unas juntas locales negociaban los cupos tributarios y los repartían, mecanismo similar al que encontramos en otras tareas administrativas, como el reclutamiento militar, el levantamiento de censos de población o la confección de estadísticas.

Aquel mecanismo tributario de larga duración condicionó, sin duda, el tipo de ciudadanía en la que fueron educados los españoles del siglo XIX y, por tanto, los rasgos que definieron la identidad nacional. Cabría, también aquí, una comparación con el efecto que produjeron sistemas fiscales claramente distintos del español en otros territorios de la antigua Monarquía. De todo ello se volverá a hablar en el capítulo 8.

Las medidas de la revolución triunfante

El movimiento revolucionario del verano de 1835, que llevó al poder a los progresistas de Juan Álvarez Mendizábal, puso en marcha una oleada de disposiciones más audaces y de carácter más decididamente liberal que fueron clave para que pudiera construirse un Estado nacional. Unas medidas tomadas a despecho de la Corona y de su entorno cortesano, de la resistencia de la jerarquía eclesiástica y de la situación de guerra y de penuria financiera que vivía el país. Pero las medidas adoptadas entre 1835 y 1837 eran tan necesarias y de tal envergadura que ni sus adversarios pudieron desmantelarlas en los años posteriores. La más importante de todas ellas fue la llamada desamortización, es decir, la nacionalización masiva de los bienes de la Iglesia. El enorme patrimonio así obtenido, que la Iglesia católica había ido acumulando durante siglos, fue sacado en su mayor parte a la venta en pública subasta, saneando las arcas públicas y allegando recursos financieros extraordinarios con los que financiar la creación de un Ejército permanente y de una Administración civil incipiente, dos atributos esenciales de cualquier estado.

La operación encajaba perfectamente en los objetivos de la revolución liberal: por un lado, las tierras y las casas vendidas a particulares ampliaban la base social del liberalismo en España, creando una clase de compradores de bienes desamortizados cuyos intereses económicos quedaban ligados a la vigencia del régimen; por otro lado, los edificios nacionalizados y no vendidos —iglesias, conventos, monasterios, colegios…— constituyeron la primera red de edificios públicos en la que se albergaron cuarteles, oficinas de la Administración, ministerios y hasta las dos cámaras parlamentarias. El dinero obtenido por las subastas permitió reclutar, uniformar y armar a un ejército con el que se ganaría la guerra civil contra los carlistas. El saneamiento de la Hacienda pública y el patrimonio inmobiliario adquirido por el Estado abrirían la posibilidad de avalar empréstitos extranjeros con los que impulsar la acción estatal.

Esta trascendental reforma, verdadero núcleo de la revolución española, se completó con la abolición —entre 1837 y 1841— del diezmo eclesiástico, impuesto que había nutrido las arcas de la Iglesia desde la Edad Media. El diezmo venía siendo en los últimos tiempos el impuesto más pesado y más ineludible que pagaban la mayoría de los contribuyentes, recaudado con más eficacia que los de la Hacienda real gracias a la red de vigilancia y extracción que proporcionaban los curas párrocos. Su abolición y la consiguiente desaparición de una Hacienda eclesiástica independiente resultaban inexcusables para liberar de esa carga a los productores —en una economía predominantemente agrícola y ganadera— y permitir la imposición, en su lugar, de tributos estatales con los que configurar una verdadera Hacienda pública. Por último, la desamortización y la abolición del diezmo conllevaron una verdadera reforma de la Iglesia desde el Gobierno (de la cual se hablará en el capítulo 6).

La nacionalización del patrimonio eclesiástico, la exclaustración del clero regular y la abolición del diezmo terminaron por sublevar a algunos sectores de la Iglesia en contra de una revolución liberal a la que se había opuesto doctrinalmente desde el comienzo, aunque también hubiera muchos clérigos que participaron a título personal en diversos niveles y facetas de este movimiento. El boicot de la Iglesia al nuevo Estado español es menos conocido que el que lanzó, por ejemplo, contra la Francia revolucionaria o contra la unificación italiana; pero fue igualmente virulento, pues el apoyo del Papado y de la jerarquía eclesiástica a la revuelta carlista fue solo una más de las maneras en las que la Iglesia trató de acabar con las posibilidades de implantación del liberalismo en un país de mayoría católica.

Tras la derrota del carlismo, los gobernantes del nuevo Estado constitucional ligado al trono de Isabel II abrieron una vía de negociación. Como fervientes católicos, tanto la familia real como la plana mayor del Partido Moderado —que en definitiva era el partido organizado desde la corte y dirigido por la familia real misma— estaban muy interesados en obtener la reconciliación y las bendiciones de la Iglesia. La falta de legitimidad que implicaba el anatema lanzado desde la Iglesia contra el régimen de Isabel II podría haber acabado pasándole factura al restarle apoyos populares; pero, en todo caso, significaba un problema de conciencia para sus dirigentes, cuestión que no puede dejarse al margen al considerar los motivos por los que se abrió una negociación y se realizaron importantes concesiones a la Iglesia. La negociación fue más larga, dura y difícil de lo esperado; y no se concretó hasta la firma del Concordato de 1851, por el que Roma reconocía al nuevo Estado español.258

La abolición definitiva de los señoríos en 1837 completó la transformación abierta con la desaparición del diezmo, pues se eliminaban así, además de la Hacienda eclesiástica, las Haciendas señoriales que competían con la Hacienda real por la recaudación. La medida constituía una afirmación notoria del poder central y de la unidad nacional, tanto que había sido convertida por los liberales en un símbolo de su revolución, identificando la abolición de los señoríos con la abolición del feudalismo, en línea con el discurso de la Revolución francesa: por ello había sido decretada varias veces por los liberales, en 1811 y 1823, antes de la definitiva de 1837.259 Ciertamente, la abolición de los señoríos implicaba mucho más que una uniformización fiscal: implicaba también —y sobre todo— la unificación de las jurisdicciones, eliminando la justicia señorial en los territorios de señorío y estableciendo como atributo de la soberanía la existencia de una única jurisdicción definida sobre la base de los antiguos territorios de realengo.

1836-1837, pues, fue un momento crucial. El nuevo movimiento revolucionario que se produjo en el verano de 1836 hizo que la Corona se viera en peligro y aceptara las imposiciones de los revolucionarios. Esta vez iban mucho más allá de un cambio de Gobierno favorable a los progresistas, que los acontecimientos del año anterior habían demostrado fácilmente reversible tan pronto como se desmovilizaran los movimientos populares. Los amotinados pedían la Constitución: la única que había, la Constitución de Cádiz de 1812, que ya había estado vigente antes en dos momentos revolucionarios, en 1812-1814 y en 1820-1823; pero que esta vez definiría solamente un marco transitorio para celebrar elecciones y reunir unas Cortes constituyentes que redactaran un nuevo texto fundamental, más adecuado a los tiempos que corrían y al constitucionalismo templado que habían puesto de moda en Europa las revoluciones de 1830.260

Efectivamente, inspirándose en la Carta constitucional francesa de Luis Felipe de Orleáns (1830) y en la Constitución belga de 1831, pero también en la Constitución portuguesa de 1822 o la brasileña de 1824, los progresistas redactaron e hicieron aprobar la Constitución española de 1837, que veían como un intento de moderación aceptable para la Corona y para las fuerzas conservadoras, con las que esperaban asentar un régimen de consenso.261 No fue así del todo, pues el Partido Moderado forzó una revisión del texto constitucional tan pronto como accedió al poder, dando lugar a la Constitución de 1845, que reforzaba el autoritarismo gubernamental y el poder de la Corona. Posteriormente, los progresistas intentaron cambiar de nuevo el marco constitucional con un texto que no tuvieron tiempo de promulgar (la Constitución nonata de 1856) y otro que sí (la Constitución de 1869); y los conservadores volvieron a implantar una constitución acorde a sus principios en 1876. Hay, pues, toda una historia constitucional que acompaña a la construcción del Estado en España (un campo de estudio con abundante bibliografía). Pero, aunque los textos constitucionales son de la mayor importancia jurídica y política, no son el objeto de este libro, en la medida en que dicen muy poco sobre la construcción efectiva del Estado nacional. De hecho, toda la inestabilidad constitucional de la España del XIX es más aparente que real, pues por debajo del cambio continuo de textos constitucionales se descubre la permanencia de los trazos básicos de una monarquía constitucional, un estado unitario y un parlamento bicameral.262

El Ejército nacional

La creación de un ejército permanente es uno de los atributos más destacados de la formación de un Estado: es la clave del monopolio de la fuerza física legítima que permite afianzar las fronteras, imponer el orden en el interior y, en algunos casos, extender la influencia del Estado sobre un imperio colonial. La aparición del ejército permanente en España fue estrechamente ligada a los cambios de la primera mitad del siglo XIX que hicieron aparecer el Estado nacional. El Ejército Real del Antiguo Régimen no puede considerarse como un ejército permanente en toda regla: era poco más que la Guardia Real y pequeñas guarniciones en plazas fortificadas, a las que se añadían otras unidades mercenarias cuando lo exigían las coyunturas bélicas. Al frente de las tropas estaba una oficialidad aristocrática que no había recibido formación militar específica, y que se mantenía retirada en sus posesiones o en la corte en tiempo de paz. Desde 1734 existían, además, las milicias provinciales, que eran fuerzas de reserva no profesionales.263

Así pues, a finales del siglo XVIII, los que se llamaban Reales Ejércitos estaban constituidos por las tropas de la Casa Real, las de Continuo Servicio y las Milicias Provinciales: un conjunto abigarrado de tropas mercenarias y reclutas, profesionales y voluntarios, no sometidas a un mando único. Desde la Guerra de la Convención, en 1793, se organizaron además las milicias urbanas —luego llamadas milicia nacional— destinadas a mantener el orden en el territorio. La base humana de aquellos Reales Ejércitos de la Monarquía absoluta, englobaba una mezcla de mercenarios de cuerpos profesionales —tanto españoles como extranjeros— y de reclutas que cumplían servicio por cinco años en función de un sorteo (del que procede el nombre de quintos). Aquel ejército llegó hasta la Guerra de la Independencia, tras sucesivas reformas, regulado por la «Ordenanza de Godoy» de 1800.

El cambio en los modos de hacer la guerra durante el ciclo de las guerras de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico —de 1793 a 1814— se sintió en España de una manera directa y real, ya desde la Guerra de la Convención; y, con mayor intensidad y dramatismo, durante la Guerra de la Independencia. Bajo la presión de este último conflicto, entre 1808 y 1814, el Ejército empezó a transformarse, por la necesidad de seleccionar jefes y oficiales competentes, formados en la experiencia del combate y ascendidos por méritos de guerra al margen de sus orígenes sociales. Simultáneamente, las Cortes de Cádiz se esforzaron por romper con los fundamentos del Ejército Real del Antiguo Régimen y sustituirlo por un Ejército que pudiera llamarse con propiedad Nacional, lo cual les llevó a discutir intensamente los fundamentos ideológicos del nuevo sistema de conscripción militar. Este es uno de los pocos aspectos de la construcción del Estado en los que no influyó la experiencia del régimen afrancesado, manteniéndose la filiación con los precedentes del Antiguo Régimen a través de la supervivencia del ejército fernandino durante la Guerra de la Independencia.

Después de la guerra, los criterios conservadores del entorno de Fernando VII frenaron durante algún tiempo la necesaria transformación del Ejército Real en un Ejército nacional. Las reticencias del monarca y su Gobierno frente al ejército que salió de la Guerra de la Independencia, les llevaron incluso a desmovilizarlo hasta dejarlo reducido a proporciones insignificantes, al tiempo que alejaban de España a una parte sustancial del contingente, enviándola a luchar contra los rebeldes americanos. Pero la exigencia de modernización seguía vigente, ya que el estado de guerra se mantuvo de forma casi continua, primero por la amenaza renacida de la Francia napoleónica durante los «cien días» de 1815, luego por los intentos de recuperar el control de las colonias americanas hasta 1824, más tarde por la intervención en Portugal (1826) y la rebelión de los agraviados en Cataluña (1827). Y, ya de manera definitiva, cuando la guerra carlista de 1833-1840 impuso a los liberales la necesidad de movilizar un ejército de ciudadanos, un ejército masivo permanente al estilo de la Francia revolucionaria, la nación en armas defendiendo su libertad frente a la apremiante amenaza de un absolutismo que en 1837 se plantó a las puertas de Madrid.

El Gobierno progresista respondió al reto con la leva de los 100.000 hombres, verdadero punto de arranque del ejército moderno en España.264 Pero para hacer eficaz aquella movilización masiva de los ciudadanos —que habría de resultar decisiva para ganar la guerra—, fue preciso un gran esfuerzo de organización, en el que iba implícita la completa reestructuración del Ejército. Es cierto que la famosa leva ordenada por Mendizábal no alcanzó nunca la cifra de 100.000 reclutas que aireó la propaganda; ni lo pretendió siquiera, pues la operación encubría la intención de allegar ingresos extraordinarios a las arcas de una Hacienda exhausta mediante las redenciones en metálico, posibilidad que se ofrecía a los reclutas llamados a filas para eludir el servicio militar. Es cierto también que el modelo de ejército nacional fue solo una aspiración y una tendencia, que encontró muchos obstáculos, muchos problemas, excepciones y desviaciones en su realización práctica, hasta el punto de no plasmarse nunca plenamente en la realidad. Pero aun con todas esas matizaciones, lo que se estaba haciendo al movilizar, armar y encuadrar a aquellos soldados de 1837 era, de hecho, crear el Ejército nacional en España.

No es casualidad que el Cuerpo de Estado Mayor se creara en 1838, en el marco de la reorganización militar exigida por la leva de los 100.000 hombres y la urgencia de derrotar al carlismo, pues una de las claves para dar permanencia y estabilidad al ejército era la existencia de un Estado Mayor que se encargara de las tareas de organización y coordinación, tanto en la guerra como en la paz. Ese paso fundamental se había intentado ya, sin éxito, dos veces: la primera en 1810, acuciadas las autoridades de Cádiz por las necesidades de la lucha contra los franceses;265 y la segunda en 1821, cuando la idea del Ejército nacional había quedado indisolublemente unida a la concepción liberal del Estado.266 Durante los años siguientes se avanzó en la unificación de las fuerzas armadas en torno a ese modelo de ejército nacional: se disolvieron tanto la Guardia Real (1841) como la Milicia Nacional (1843), cuerpos de significación política contrapuesta, pero igualmente incompatibles con la unidad de las fuerzas armadas.267 El proceso culminó durante la Década Moderada, al transformarse las milicias provinciales en ejército de reserva, en 1846, y quedar la totalidad de las fuerzas de tierra sometidas al mando único del Ministerio de la Guerra, en 1850.

La base humana del nuevo Ejército Nacional así creado debían suministrarla los soldados reclutados para el servicio militar obligatorio, sin distinción de origen o condición, algo que el imaginario liberal identificaba como la máxima expresión de la ciudadanía cumpliendo su deber patriótico. Una vez superado el periodo de tejer y destejer que siguió a la primera restauración absolutista de 1814, los principios del Ejército nacional se plasmaron en el establecimiento regular del servicio militar obligatorio para los varones en 1837.268 En aquella fecha se estableció un sistema de reemplazos anuales, inspirado de cerca en el que habían concebido los liberales del Trienio en 1823 sin llegar a aplicarlo, que permitió que al año siguiente España dispusiera de un ejército de unos 265.000 hombres, cuando en 1820 apenas pasaban de los 45.000.269

Desde su implantación en 1837, el servicio militar pasó a ser una de las manifestaciones más visibles de la existencia del Estado nacional. Los procedimientos previstos para organizar el reclutamiento se convirtieron en parte del paisaje cotidiano de los pueblos y ciudades de toda España: procedimientos como el alistamiento anual de los mozos por los ayuntamientos al cumplir los 18 años, tallándolos para excluir a los que no llegaran a 1,60 metros de estatura; o como el acto del sorteo con extracción de bolas de un bombo sobre unos listados de mozos numerados, hasta cubrir el cupo.

Las ciudades se llenaron de soldados uniformados, alojados y disciplinados en cuarteles; la desamortización de los bienes de la Iglesia aportó al Estado muchos de los inmuebles que, destinados a cuarteles, dieron presencia física al Estado en las ciudades. Su importancia fue crucial, no solo porque transformaron el paisaje urbano, poniendo Estado —en forma de cuarteles— donde antes había Iglesia —en forma de conventos—; sino también porque los cuarteles fueron instalaciones destinadas al control social en un doble sentido: desde allí se controlaba el orden público, sacando las tropas a la calle para reprimir motines, algaradas y huelgas;270 y, de puertas adentro, allí se disciplinaba a los mozos procedentes de las provincias y de las clases bajas de la sociedad, sometiéndolos a un proceso de reeducación en los valores de la patria y el orden.

Junto con los mecanismos destinados a recaudar los impuestos, estos otros del servicio militar serían de los más relevantes en cuanto a la percepción del Estado por parte de los ciudadanos. No solo percepción, en el sentido de tomar conocimiento de la existencia y características del Estado; sino una verdadera interiorización del poder estatal, de sus lógicas administrativas y de su discurso patriótico. La interiorización de una lógica de Estado iba ligada a la experiencia del servicio militar para los varones jóvenes llamados a filas. Pero también para las familias de estos, que experimentaban la acción del Estado y sus justificaciones como una alteración notable de su vida cotidiana.

Al cumplir la edad reglamentaria, los mozos eran llamados por los ayuntamientos de sus pueblos y ciudades, utilizando el padrón municipal, para ser tallados y separar a los que tuvieran enfermedades o circunstancias personales que los hicieran inhábiles para el servicio. En el mes de abril de cada año eran enviados desde los pueblos a la capital de la provincia, donde ingresaban en el Ejército. La Caja de Reclutas los distribuía por los cuarteles, donde realizarían la instrucción. En junio, concluido el periodo de instrucción, los reclutas pasaban a convertirse en soldados, tras hacer el juramento de la bandera, y se integraban en compañías y batallones.

La creación del Ejército Nacional tuvo un efecto notable sobre la fisonomía del territorio y, más en particular, sobre el paisaje urbano. El Estado del siglo XIX apenas heredó de la antigua Monarquía unos cuantos cuarteles construidos en la segunda mitad del siglo XVIII, la mayoría de ellos en la corte y sus alrededores, las nuevas poblaciones y los principales puertos de la Armada. La instalación del nuevo ejército en cuarteles, pues, hubo de improvisarse durante los años de la Primera Guerra Carlista, bajo las condiciones de urgencia y de penuria financiera de aquel momento. La desamortización, iniciada entre 1835 y 1837, al mismo tiempo que la obligación del servicio militar, ofreció la oportunidad de utilizar los locales disponibles procedentes de la nacionalización de bienes de la Iglesia.

Fueron las Juntas revolucionarias de 1835 las que comenzaron la ocupación de conventos vacíos para instalar en ellos a la Milicia Nacional. Cuando se puso en marcha la quinta de los 100.000 hombres, las autoridades militares respondieron a las nuevas necesidades de alojamiento de las tropas instalándolas en conventos vacantes por la exclaustración del clero regular. Aunque todo el proceso tuvo un cierto grado de improvisación en los primeros momentos, respondía a previsiones gubernamentales explícitas, pues la obtención de «cuarteles cómodos y ventilados» figuraba entre los objetivos de la operación desamortizadora de Mendizábal, e incluso el empleo de antiguos conventos para alojar tropas había sido ordenado por el Gobierno en las instrucciones para llevar a cabo la leva de los 100.000.271

Más allá de los detalles sobre el modo de reclutamiento, alojamiento e instrucción de los soldados, los datos apuntados muestran cómo se produjo en la historia de España la creación de un Ejército nacional. El Ejército permanente, que no existía antes del siglo XIX, comenzó a formarse bajo el impulso de la Primera Guerra Carlista, utilizando los recursos humanos de las primeras levas masivas y los recursos materiales procedentes de la desamortización. Las reformas posteriores irían ajustando el modelo de ejército, para responder a las necesidades del Estado.

Un imperio para la nación

Una de las innovaciones fundamentales de 1837, que perduraría en el modelo de Estado español para todo el siglo, fue el cambio en la concepción de las posesiones coloniales que aún le quedaban a España: Filipinas, Puerto Rico y, sobre todo, Cuba, la joya de la Corona. La vieja idea de una Monarquía formada por reinos diversos en la Península y en las Indias había dejado paso con la Constitución de 1812 a la idea de la nación de ambos hemisferios: una nación española formada por los ciudadanos de todos los territorios españoles en la Península y en América, todos ellos representados por sus diputados en las Cortes, con los mismos derechos constitucionales y sometidos a la misma legislación.272 Pero aquel modelo no había funcionado, en la medida en que no fue suficiente para atraer a los criollos al seno de la nación imaginada; y después de la independencia de los dominios americanos, ya no tenía sentido mantenerlo.

Las Cortes dieron el primer paso autorizando al Gobierno a que, en contra de la integridad del territorio recogida en la Constitución de 1812 —temporalmente vigente en aquel momento—, negociaran con los representantes de las nuevas naciones americanas el reconocimiento de su independencia:

Las Cortes generales del Reino autorizan al Gobierno de S. M. para que, no obstante los artículos 10, 172 y 173 de la Constitución política de la monarquía promulgada en Cádiz en el año de 1812, pueda concluir tratados de paz y amistad con los nuevos Estados de la América española, sobre la base del reconocimiento de su independencia y renuncia de todo derecho territorial ó de soberanía por parte de la antigua metrópoli, siempre que en lo demás, juzgue el Gobierno que no se comprometen ni el honor ni los intereses nacionales.273

Sobre esa base, el Gobierno empezó reconociendo oficialmente la independencia de México mediante el Tratado Santa María-Calatrava de 1836, siete años después de que Isidro Barradas protagonizara el último intento español por reconquistar aquel país.274 Se daba así el primer paso hacia el abandono de cualquier pretensión de reconstrucción de los dominios españoles en el continente americano: la construcción del Estado constitucional se haría, definitivamente, sobre la base de un territorio metropolitano formado por la parte española de la Península Ibérica y los dos archipiélagos adyacentes de Baleares y Canarias, más las plazas de soberanía del norte de África. Los territorios ultramarinos de la antigua Monarquía sobre los que aún se mantenía el dominio español precisaban de una definición en este nuevo marco de Estado nacional, definición que resultó enormemente conflictiva en aquella coyuntura de 1836-1837, pero que se resolvió entonces de una vez por todas.275

Las Cortes constituyentes de 1836-1837 se enfrentaron a la cuestión política de dilucidar si España estaría constituida por todos los dominios de ambos lados del Atlántico, como habían establecido las Cortes de Cádiz, en continuidad con la Monarquía del Antiguo Régimen; o si la nación de los tiempos modernos debía romper con tal tradición histórica y considerarse limitada a la metrópoli europea: la Península e islas adyacentes. En tal caso, los territorios americanos y asiáticos que aún quedaban bajo dominio español pasarían a tener el carácter de colonias, distinguiéndose en el futuro entre la nación y el imperio. El asunto tenía implicaciones políticas inmediatas, puesto que en las Cortes había diputados que representaban a las llamadas —hasta entonces— provincias de Ultramar, como ya había ocurrido en las Cortes de 1810-1814, de 1820-1823 y de 1834-1836; y, en caso de decidir que tales territorios no fueran ya provincias de la nación, sino colonias bajo dominio de la misma, que no se regirían por la Constitución sino por leyes especiales, la presencia de aquellos diputados en las Cortes dejaría de tener sentido.276

La cuestión se planteó desde los primeros momentos de la legislatura, pues la lentitud de las comunicaciones de la época determinaba que los diputados de Ultramar tardaran en incorporarse a los trabajos de las Cortes y, por lo tanto, quedaran al margen de la discusión de aspectos fundamentales de la futura Constitución. Algunos ciudadanos protestaron contra esta circunstancia ante las Cortes, ya desde el 4 de noviembre de 1836, y pidieron que, en tanto se incorporaban a las Cortes los diputados elegidos por las provincias de Ultramar, ocuparan su puesto como suplentes los que las habían representado en las últimas Cortes del Estatuto Real.277 Lejos de atender aquella petición, las Cortes la pasaron a las comisiones de Legislación y Ultramar para que emitieran un dictamen conjunto que nunca llegó.

Mientras tanto, se puso en marcha una decisión definitiva sobre la representación de Ultramar en la sesión secreta que tuvo lugar el 16 de enero de 1837. La iniciativa correspondió a Vicente Sancho, un diputado extremadamente activo y representativo de la corriente mayoritaria del Partido Progresista, cercana al Gobierno de José María Calatrava. Formaba parte de la Comisión de reforma de la Constitución (y de otras varias), intervenía continuamente en los debates, e incluso llegó a ser por un tiempo presidente de las Cortes constituyentes. Por lo tanto, su iniciativa respondía al proyecto de conjunto que por aquel entonces albergaba el progresismo de definir un nuevo concepto de Estado nacional y, como si fuera la otra cara de la misma moneda, un nuevo régimen colonial. La combinación de Estado-nación e imperio colonial, ideada en aquellos momentos de triunfo del liberalismo progresista, pasaba por hacer que la Constitución solo fuera aplicable en la España metropolitana.

La proposición de Sancho dio lugar a un debate en el que se planteó si las provincias de Ultramar debían estar representadas tanto en aquellas mismas Cortes como en las siguientes que se eligieran con arreglo a la futura Constitución. Para dilucidarlo se formó una comisión especial, que dictaminó estableciendo una segregación política y administrativa entre la España metropolitana y sus dominios ultramarinos, de tal manera que la primera se rigiera por la Constitución que se estaba elaborando, mientras que la segunda se regularía por leyes especiales.278 Esta estructura de carácter imperial era común entre las potencias europeas y acababa con la originalidad española de concebir una nación extendida por territorios de varios continentes a cuyos habitantes se atribuían —teóricamente al menos— idénticos derechos y deberes constitucionales. La segregación se justificaba por las desiguales características de los territorios americanos y asiáticos con respecto a los europeos, que hacían que instituciones como la esclavitud parecieran inadmisibles acá y perfectamente legítimas allá. La igualdad de derechos y las diversas manifestaciones de la libertad de los ciudadanos que se pretendían para la España metropolitana habrían constituido un problema de aplicarse en las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas: habrían puesto en cuestión la supremacía de los españoles y su dominio sobre aquellos territorios, al tiempo que habrían dado un margen de actuación excesivo a los partidarios de la independencia, concediéndoles los beneficios de la libertad de prensa y de la representación política. Este último punto figuraba explícitamente en el dictamen de la Comisión especial, que terminaba diciendo que «no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias».

Se trataba, sin duda, de un acto político antijurídico, por cuanto se expulsaba de las Cortes a unos diputados elegidos con todas las garantías con arreglo a la legislación vigente. Este puro acto de fuerza política contra los españoles de Ultramar ilustra el carácter revolucionario de la medida y el poder de hecho que tenían las Cortes constituyentes; y no precisamente en decisiones de alcance menor, sino en la definición de los límites de la ciudadanía, la nación española y el régimen colonial tal como permanecería vigente hasta 1898. La discusión sobre las leyes especiales y la expulsión de los diputados de Ultramar comenzó el 7 de marzo de 1837: antes, por lo tanto, de que se empezara a discutir el texto de la nueva Constitución; y se prolongó hasta el 16 de abril, solapándose en cada sesión con los debates constitucionales. Esta circunstancia parlamentaria responde al hecho de que la construcción del Estado nacional precisaba de la segregación de las colonias hacia un régimen político, jurídico y administrativo especial, que podríamos llamar propiamente imperial.

Los diputados electos por la isla de Cuba intentaron parar el proceso firmando una exposición que fue presentada a las Cortes el día 27. En ella manifestaban «las razones de justicia que tenían las provincias de Ultramar para ser regidas por las mismas leyes políticas que las de la Península, y protestando contra toda medida que pudiera adoptarse en contrario».279 Pero la decisión estaba tomada y era firme: aquella protesta pasó a la Comisión especial, que se limitó a ignorarla, al reafirmarse íntegramente en el dictamen que había formulado el 10 de febrero.280

La discusión del dictamen sobre Ultramar fue ardiente; a fin de cuentas, estaba en juego la definición de la nación española y la cuestión de si los habitantes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas estarían incluidos en ella o quedarían sometidos a un régimen colonial.281 Incluso intervino en ella el ministro de Hacienda, Mendizábal, para declarar más allá de toda duda que el Gobierno progresista apoyaba el dictamen de la Comisión especial.282 En la discusión hubo quien propuso una tercera vía, considerando las diferencias que existían entre la situación de las tres colonias españolas y proponiendo que se mantuvieran dentro de la Constitución los territorios más desarrollados, en especial referencia a Cuba. Pero en ningún momento se permitió participar a los diputados electos por los territorios afectados. El dictamen se aprobó finalmente en dos partes: una relativa a que los territorios de Ultramar se rigieran por leyes especiales (150 votos contra 2) y otra a que los territorios de Ultramar no tuvieran representantes en las Cortes españolas (90 contra 65).283 La diferencia entre los dos resultados muestra que la expulsión de las Cortes de los representantes de Ultramar era vista como un atropello ilegal y antiliberal por muchos diputados; pero que, en cambio, existía un gran consenso sobre la cuestión de fondo de segregar el imperio colonial para avanzar más rápido en la construcción de un Estado nacional en la metrópoli.

En consecuencia, la Constitución de 1837 no sería aplicable en Cuba, Puerto Rico ni Filipinas. Los habitantes de aquellos territorios no tendrían garantizados sus derechos y libertades; y además quedaban privados de participación política en el Estado liberal que se estaba definiendo. Claramente, se les imponía un régimen de sometimiento colonial. Como compensación, se les prometían unas futuras «leyes especiales» que extendieran los beneficios del régimen liberal a aquellos territorios, pero sin desconocer sus necesidades específicas. Lo cierto es que tales leyes no llegaron a aprobarse en los ocho años en que permaneció vigente la Constitución de 1837. De hecho, los habitantes de las colonias estaban sometidos al régimen de arbitrariedad militar que dictaban capitanes generales como Miguel Tacón, gobernador y capitán general de Cuba desde 1834, que, por ejemplo, había impedido que se difundiera en la isla la proclamación de la Constitución de Cádiz a raíz de la revolución de 1836. El experimento de aquellos años —libertades constitucionales para la metrópoli y régimen militar para las colonias— se confirmó a largo plazo como un sistema, que los regímenes posteriores continuarían sin grandes cambios. Como es lógico, se produjeron reacciones, sobre todo en la isla de Cuba: movimientos reformistas, autonomistas o abiertamente separatistas, tanto los que buscaban la independencia como los anexionistas que proponían unir Cuba a los Estados Unidos. Los primeros todavía durante la vigencia de la Constitución de 1837, como la conspiración de la Escalera (1844). Luego vinieron otros, como las expediciones de Narciso López en 1850 y 1851. Estos movimientos expresaban la rebeldía de diversos sectores de la isla contra el régimen colonial, anunciando las insurrecciones de mayor alcance de 1868 y 1895. Pero, respondiendo a cada uno de estos movimientos, el régimen represivo de las colonias se endureció hasta que fue demasiado tarde para detener la descolonización de los tres territorios insulares.

La concepción de España había cambiado radicalmente con el salto que se produjo en 1836-1837, de ser pensada como una Monarquía imperial a ser pensada como una nación metropolitana que poseía un imperio colonial; y esta imagen pervivió hasta la pérdida del imperio en 1898.284 El cambio fue decisivo para fundamentar la construcción del Estado sobre bases estrictamente nacionales; y para añadirle unas colonias sometidas por la fuerza, sobre las que se implantaría un régimen extractivo mucho más intenso que el del Antiguo Régimen. Este componente imperial de la construcción del Estado era crucial para que la operación tuviera éxito, en varios aspectos: por una cuestión de prestigio, en el contexto internacional del siglo XIX, que legitimaba al nuevo Estado español tanto hacia el exterior como ante sus propios ciudadanos; como una empresa común, un país de emigración y de negocios fáciles que el Estado constitucional ofrecía a sus ciudadanos; también como espacio propio de los militares, donde podían ejercer una carrera militar activa y obtener ascensos y prebendas; hacia las colonias podían ser alejados aquellos militares cuya presencia cerca del poder inquietara a los gobiernos en cada momento. La incidencia del imperio colonial sobre la construcción del Estado sería permanente. Condicionó su política exterior y las relaciones entre los militares y el poder civil. Las colonias, además, fueron la base de grupos de presión muy activos que, en virtud de los recursos que podían movilizar, se mostraron capaces de incidir sobre la legislación metropolitana y frenar procesos de reforma que —como los iniciados en el Sexenio Revolucionario de 1868-1874— amenazaran a sus intereses.

187 Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro y Eduardo Zimmermann (eds.), Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado: América Latina (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2012).

188 El modelo está desarrollado fundamentalmente en Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados Europeos, 990-1990 (Madrid: Alianza Editorial, 1992). Aproximaciones similares pueden encontrarse en Michael Mann, Las fuentes del poder social, II: El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914 (Madrid: Alianza Editorial, 1997); Gianfranco Poggi, El desarrollo del estado moderno: una introducción sociológica (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1997); Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985); Charles Tilly (ed.), The formation of national states in Western Europe (Princeton-Londres: Princeton University Press, 1975).

189 El propio concepto de «Estado fiscal-militar» fue creado por un modernista, para aplicarlo al caso de la Monarquía inglesa: John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783 (Londres: Unwin Hyman, 1989).

190 Richard Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State in Europe c.1200-1815 (Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 1999); John R. Hale, War and Society in Renaissance Europe, 1450-1620 (Leicester: Leicester University Press-Fontana, 1985); Matthew S. Anderson, War and Society in Europe of the Old Regime, 1618-1789 (Leicester: Leicester University Press-Fontana, 1988); Jan Glete, War and the state in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden (Londres-Nueva York: Routledge, 2002); James D. Tracy, Emperor Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, and Domestic Politics (Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press, 2002); Juan Eloy Gelabert González, La bolsa del rey: rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona: Crítica, 1997); Rafael Torres Sánchez, El precio de la guerra: El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-1783) (Madrid: Marcial Pons Historia, 2013). James D. Tracy, Emperor Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, and Domestic Politics. (Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press, 2002).

191 Miguel Á. Centeno y Agustín E. Ferraro (eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain: Republics of the Possible (Nueva York: Cambridge University Press, 2013); Miguel Ángel Centeno, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America (University Park: Pennsylvania State University Press, 2002); Fernando López-Alves, State Formation and Democracy in Latin America, 1810-1900 (Durham: Duke University Press, 2000).

192 Juan Carlos Garavaglia, «La apoteosis del Leviathán: El estado en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX», Latin American Research Review 38, n.o 1 (2003), 135-168.

193 Paul Alliès, L’Invention du territoire (Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1980).

194 Isidoro de Antillón, Lecciones de Geografia Astronómica Natural y Política, 2 vols. (Madrid: Imprenta Real, 1804).

195 José Ignacio Cebreiro Núñez, Los orígenes de la división provincial en España (Madrid: INAP, 2012).

196 Marie-Vic Ozouf-Marignier, La formation des départements: la représentation du territoire français à la fin du 18e siècle (París: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1989).

197 Real Decreto de 25 de septiembre de 1799. Instrucción de 4 de octubre de 1799. Real Orden de 23 de enero de 1801. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondos Contemporáneos-Ministerio de Hacienda, libros 6102, 6103, 6105 y 8054. Reales Órdenes de 26 de septiembre de 1805 extendiendo el Reino de Navarra hasta la desembocadura del Río Vidasoa, quedando comprendidas dentro de sus límites la ciudad de Fuenterrabía y la villa de Irún, en Tomás González, Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas, copiados de orden de S. M. de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Simancas, y en los de las Secretarías de Estado y del Despacho y otras oficinas de la corte, vol. III (Madrid: Imprenta Real, 1829), 494-497.

198 Real Decreto de 17 de abril de 1810 por el que se establece la división civil de los pueblos del Reyno en Prefecturas, y demarcación de sus límites, en Prontuario de las leyes, t. II, pp. 56-132.

199 Decreto Imperial de 8 de febrero de 1810. Joan Mercader, José Bonaparte, rey de España (1808-1813): estructura del estado español bonapartista (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983).

200 Archivo del Congreso de los Diputados, leg. 77, n. 131.

201 Eduardo Garrigós Picó, «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen», en Miguel Artola (dir.), La economía española al final del Antiguo Régimen. Instituciones (Madrid: Alianza Editorial-Banco de España, 1982), 3-105.

202 Decreto LIX de 27 de enero de 1822 de division provisional del territorio español, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias (Madrid: Imprenta Nacional, 1820), t. VIII, pp. 186-247.

203 Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional: La división provincial (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996), 139-157.

204 Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 provincias y estableciendo los subdelegados de Fomento en las provincias del reino, Gaceta de Madrid, núm. 154, 3 de diciembre de 1833, pp. 657-658.

205 Arturo Cajal Valero, El gobernador civil y el estado centralizado del siglo XIX (Madrid: INAP, 1999).

206 Reales Decretos de 21 de abril de 1834 estableciendo la división de los partidos judiciales, Gaceta de Madrid, n.º 62, 23 de abril de 1834, p. 287. Subdivision en partidos judiciales de la nueva division territorial de la Peninsula é Islas adyacentes aprobada por S.M. en 21 de Abril de 1834 (Madrid: Imprenta Real, 1834).

207 Tamar Herzog, Fronteras de posesión: España y Portugal en Europa y las Américas (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2018).

208 Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional: La división provincial (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996), 169-189.

209 Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820 (Barcelona: Ariel, 1971); Josep Fontana, Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1973); Josep Fontana, La revolución liberal: política y hacienda en 1833-1845 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1977).

210 De ambos pilares ha dado cuenta en sus obras Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen (Madrid: Alianza Editorial, 1982), donde reduce a sistema las abigarradas y plurales finanzas de los reinos peninsulares de la Monarquía española y explica su evolución final; y Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados (Madrid: Alianza Editorial, 1986), donde mide las reformas tributarias de los liberales españoles con el rasero de los principios políticos a los que decían responder.

211 Juan Pro, «La construcción fiscal de los estados: el impulso de la contribución directa en España, 1810-1850», en Michel Bertrand y Zacarías Moutoukias (eds.), Cambio institucional y fiscalidad en el mundo hispano, 1760-1850 (Madrid: Casa de Velázquez, 2018), 91-107.

212 Estas desamortizaciones anteriores a Mendizábal fueron estudiadas hace años por Richard Herr, «Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV», Moneda y Crédito, n.o 118 (1971), 37-100; Richard Herr, «La vente des propriétés de mainmorte en Espagne 1798-1808», Annales, E.S.C. XIX (1974), 215-228; Richard Herr, La hacienda real y los cambios rurales en la España de finales del Antiguo Régimen (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991).

213 Francisco Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización en España (Barcelona: Ariel, 1971).

214 Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776) (México: Fondo de Cultura Económica, 1958), libro V, cap. II, parte II: « De los impuestos», pp. 726-728. Un análisis de su impacto en Luis Perdices Blas, La «Riqueza de las naciones» y los economistas españoles, Documento de Trabajo (Madrid: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 1991).

215 Denis Patrick O’Brien, Los economistas clásicos (Madrid: Alianza Editorial, 1989), 331-373.

216 David Ricardo, Principios de economía política y tributación (1817) (México: Fondo de Cultura Económica, 1973), cap. VIII: «Sobre los impuestos», pp. 114-117.

217 John Stuart Mill, Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social (1848) (México: Fondo de Cultura Económica, 1978), libro V, cap. II: «De los principios generales de los impuestos», pp. 686-704.

218 Ernest Lluch y Lluís Argemí, Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820) (Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, 1985).

219 François Quesnay, «Le tableau economique» y otros escritos fisiócratas (Barcelona: Fontamara, 1974).

220 Adam Smith, Investigacion de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, trad. José Alonso Ortiz (Valladolid: Viuda é Hijos de Santander, 1794).

221 En España, por ejemplo, Jean-Baptiste Say, Tratado de Economía política ó exposición simple del modo como se forman, distribuyen y consumen las riquezas, 3 vols. (Madrid: [s.n.], 1804); y, ya tras la restauración de Fernando VII, Jean-Baptiste Say, Cartilla de Economía política, ó instrucción familiar de como se producen, distribuyen y consumen las riquezas (Madrid: Cia. de impresores, 1816); Jean-Baptiste Say, Epitome de los principios fundamentales de la Economía Política (Madrid: Collado, 1816).

222 Un resumen y un análisis de las relaciones de los liberales españoles con la escuela clásica, en Francisco Comín, «Los economistas clásicos y los políticos liberales ante los problemas de la economía española (1808-1874)», en Enrique Fuentes Quintana (coord.), Economía y economistas españoles. 4: La economía clásica (Madrid: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1999), 621-703.

223 Sobre Canga Argüelles, pueden verse los trabajos de Palmira Fonseca Cuevas, Un hacendista asturiano: José Canga Argüelles (Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 1995); Carmen García Monerris, «Entre la economía política y la administración: el ideario del primer Canga Argüelles (1798-1805)», en Juan José Gil Cremades, Coral Seoane Vacas, Guillermo Vicente y Guerrero y Francho Nagore Laín (coords.), La configuración jurídico política del estado liberal en España (Huesca: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 1997), 203-215; Francisco Comín, «Canga Argüelles. Un planteamiento realista de la Hacienda liberal», en Enrique Fuentes Quintana (coord.), Economía y economistas españoles. 4: La economía clásica (Madrid: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1999), 413-439; Fernando López Castellano, «Economía política, administración y hacienda pública en Canga Argüelles», Revista Asturiana de Economía, n.o 32 (2005), 145-175. Y sobre Flórez Estrada, Charles Lancha, Alvaro Florez Estrada, 1766-1853 ou le liberalisme espagnol a l’épreuve de l’histoire (Grenoble: Université des Langues et Lettres, 1984); Juan Luis Pan-Montojo, «La imposición indirecta en el sistema de Mon-Santillán», en Francisco Comín y Rafael Vallejo (dirs.), La reforma fiscal de Mon-Santillán, ciento cincuenta años después, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1996), 101-118.

224 José Canga Argüelles, Elementos de la Ciencia de Hacienda (Londres: Imprenta de A. Macintosh, 1825); Álvaro Flórez Estrada, Curso de economía política (Londres: M. Calero, 1828).

225 Gabriel Ardant, Histoire de l’impôt. II: Du XVIIIe et XXe siècles (París: Fayard, 1972), 162-172.

226 Tanto en la Constitución francesa de 1791 (que en su título I garantiza como uno de los tres «derechos naturales y civiles: […] que todas las contribuciones serán repartidas entre todos los ciudadanos igualitariamente y en proporción a sus facultades») como en la Constitución española de 1812 (art. 339).

227 Enrique Fuentes Quintana, «El estilo tributario latino: características principales y problemas de su reforma», en José Luis García Delgado y Julio Segura (eds.), Ciencia social y análisis económico. Estudios en homenaje al profesor Valentín Andrés Álvarez (Madrid: Tecnos, 1978), 195-279.

228 Decreto de 12 de enero de 1810: Decreto de la Suprema Junta Gubernativa que manda que todos los habitantes de estos Reynos paguen un tanto proporcionado a sus fortunas y caudales, eximiéndose solo de este impuesto los que sean absolutamente pobres o meros jornaleros, y los que no tienen otros bienes que los sueldos de los empleados civiles o militares, e instrucción para que con arreglo a ella se verifique la imposición y exacción, Biblioteca Nacional de España (Madrid), Mss. 7249, núm. 5, fols. 37r-40r.

229 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 31-32.

230 Decreto de 13 de septiembre de 1813 suprimiendo todas las contribuciones impuestas sobre consumos y rentas estancadas y estableciendo un nuevo plan de Hacienda, en Coleccion legislativa de la Deuda pública de España, 10 vols. (Madrid: Imprenta Nacional, 1859), t. IX (1863), pp. 303-320.

231 Esto ocurría antes de que en Francia se formalizara plenamente el concepto de presupuesto en la Carta constitucional de 1814.

232 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 34-40.

233 Juan Polo y Catalina, Censo de frutos y manufacturas de España é Islas adyacentes, ordenado sobre los datos dirigidos por los Intendentes, y aumentado con las principales reflexiones sobre la Estatística de cada una de las provincias, en la seccion primera del Departamento del Fomento General del Reyno y de la Balanza de Comercio (Madrid: Imprenta Real, 1803).

234 Por ejemplo, José López Juana Pinilla, Exposición que el intendente de Guadalajara D. ------- dirige al augusto Congreso Nacional, manifestando la necesidad de establecer sobre bases sólidas el sistema general de Hacienda pública; y de suspender por ahora los efectos de la ley de 13 de septiembre de 1813, en que se suprimen las rentas provinciales y estancadas y se establece una contribución directa sobre los tres ramos de la riqueza territorial, industrial y comercial (Guadalajara: Imprenta Nacional, 1814).

235 Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: crecimiento y atraso económico en España (1780-1930) (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 78-79.

236 El producto de la Renta de Aduanas se redujo de una media de 162,2 millones anuales en 1802-1804 a 39,6 en 1805-1814, Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: crecimiento y atraso económico en España (1780-1930) (Madrid: Alianza Editorial, 1988).

237 Nuria Alonso Garcés, Biografía de un liberal aragonés: Martín de Garay (1771-1822) (Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2009), 425-503.

238 Real Decreto e Instrucción de 30 de mayo de 1817 estableciendo el procedimiento general para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino. Se fija la forma de realizar el repartimiento entre los ayuntamientos, responsabilidad de los oficiales de Hacienda y procedimiento de reclamación, AHN (Madrid), Reales Cédulas, núm. 2656, pp. 25-31.

239 Regulados por Instrucción de 1 de junio de 1817; y reformados por Real Decreto de 18 de febrero de 1818.

240 Decretos de Cortes LXX y LXXIX, de 29 de junio de 1821, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VII, pp. 253-255 y 345-355.

241 Esteban Canales, «Hacienda, Iglesia y diezmos durante el Trienio Liberal (1820-1823)», en Miriam Halpern Pereira, Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira y João B. Serra (coords.), O Liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX, vol. I (Lisboa: Sá da Costa, 1982), 201-219.

242 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992).

243 Decreto LIX de 27 de junio de 1821 autorizando al Gobierno para la realización de un préstamo, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VII, pp. 203-204. Decreto de 4 de julio de 1821 disponiendo los presupuestos de gastos para el año económico, que principia en 1.º de Julio próximo, y concluirá en fin de Junio de 1822, Gaceta de Madrid, n.º 217, 1 de agosto, pp. 1173-1175.

244 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 81-112.

245 Josep Fontana, La revolución liberal: política y hacienda en 1833-1845 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1977).

246 Real Decreto de 26 de mayo de 1843 suprimiendo desde 1.º Junio próximo el derecho de puertas, Gaceta de Madrid, n.º 3153, 26 de mayo, pp. 1-2. Real Orden de 30 de mayo de 1843 declarando que los derechos de alcabala y cuarteles se hallan suprimidos, Gaceta de Madrid, n.º 3160, 1 de junio, p. 1. Real Orden circular de 20 de junio de 1843 remitiendo el decreto de S.A. el Regente del Reino, en que se suprimen los impuestos de alcabalas, cientos, etc., Gaceta de Madrid, n.º 3190, 24 de junio, p. 1.

247 Sobre la reforma y su autor, Francisco Comín y Rafael Vallejo Pousada, Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882): pensamiento y reforma de la Hacienda (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002), especialmente pp. 281-338.

248 Reales Decretos de 23 de mayo de 1845, Gaceta de Madrid, 13 a 30 de junio. Las cifras, en Francisco Comín, Fuentes cuantitativas para el estudio del sector público en España (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1985).

249 Una explicación de los mecanismos de reparto de la Contribución Territorial puede verse en Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992), 74-94; y en Rafael Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001), 67-168.

250 Jaume Torras Elías, Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823 (Barcelona: Ariel, 1976).

251 Un análisis a fondo del déficit público, sus causas y consecuencias en la historia contemporánea de España, en Francisco Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), 2 vols. (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1988), vol. I: «El afianzamiento de la Hacienda liberal (1800-1874)». La evolución de la deuda, en Carlos Álvarez-Nogal y Francisco Comín (eds.), Historia de la deuda pública en España (siglos XVI-XXI) (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales-Arca Comunis, 2015).

252 Jacint Jordana y Carles Ramió, «Gobierno y Administración», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, vol. III (Bilbao: Fundación BBVA, 2005), 973-1026, especialmente p. 1004.

253 Juan Pro, Bravo Murillo: política de orden en la España liberal (Madrid: Síntesis, 2006), 204-220; Juan Pro, «Des finances royales aux finances publiques: le contribuable et l’administration dans le nouvel ordre fiscal (1833-1852)», en Anne Dubet (coord.), Les finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe-XIXe siècles) (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008), 291-305.

254 José María García Madaria, Estructura de la Administración Central (1808-1931) (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1982).

255 Real Decreto de 18 de junio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6572, 20 de junio, pp. 1-2.

256 Desde el Real Decreto de 7 de febrero de 1827 relativo á los empleados en la carrera civil de su Real Hacienda para que tengan clases conocidas, como sucede en las demás del Estado, y con arreglo á ellas se determinen los sueldos y distintivos que cada uno ha de tener en lo sucesivo, Gaceta de Madrid, n.º 21, 17 de febrero, pp. 81-82.

257 Como en su momento denunció Antonio Flores de Lemus en la «Memoria de la Dirección General de Contribuciones, año 1913», Revista de economía política, n.o 19 (1957), 1005-1098.

258 Brigitte Journeau, Eglise et état en Espagne au XIXe siècle: les enjeux du concordat de 1851 (Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2002).

259 Decreto de las Cortes LXXXII de 6 de agosto de 1811, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. I, pp. 193-196. Ley de 3 de mayo de 1823, Coleccion legislativa de la Deuda pública de España, t. 12 (apéndice), pp. 48-52. Ley de 26 de agosto de 1837, Gaceta de Madrid, n.º 1010, 6 de septiembre, p. 1.

260 Juan Pro, El Estatuto Real y la Constitución de 1837 (Madrid: Iustel, 2010).

261 En 1836, la imprenta del diario progresista El Eco del Comercio publicó en Madrid una Colección de constituciones en la que van puestas en castellano las de Francia, Bélgica, Portugal, Brasil y Estados-Unidos anglo-americanos con la española de 1812 y su discurso preliminar (Madrid: Imp. del Eco del Comercio, 1836). La recopilación incluía precisamente los textos mencionados, traducidos al castellano, además de la Constitución española de 1812. Fue un libro muy utilizado por los diputados en sus discursos en las Cortes constituyentes.

262 Miguel Artola, El modelo constitucional español del siglo XIX (Madrid: Fundación Juan March, 1979).

263 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, esp. pp. 512-515.

264 Real Decreto de 24 de octubre de 1835 declarando soldados a todos los españoles desde la edad de 18 hasta la de 40 años y mandando que se apronten luego 100.000 hombres, Gaceta de Madrid, n.º 303, 25 de octubre, pp. 1201-1202.

265 Decreto del Consejo de Regencia de 9 de junio de 1810 de creación del cuerpo de Estado Mayor General de oficiales, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza (Toledo), Ducado de Osuna, Cartas, 429, núm. 2.

266 Decreto XXXIX, de 9 de junio de 1821, Ley constitutiva del Ejército, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VII, pp. 138-159, especialmente los arts. 149-159, pp. 156-157.

267 Real Decreto de 3 de agosto de 1841 sobre la organización del ejército, Gaceta de Madrid, n.º 2484, 5 de agosto, pp. 2-3. Real Decreto de 18 de diciembre de 1843 suprimiendo las inspecciones y subinspecciones de la Milicia nacional, Gaceta de Madrid, n.º 3386, 22 de diciembre, p. 1. Real Orden del Ministerio de la Guerra de 1 de febrero de 1844 disolviendo la Milicia nacional, Gaceta de Madrid, n.º 3444, 18 de febrero, p. 1.

268 Ley de Ordenanza para el reemplazo del Ejército, de 2 de noviembre de 1837, Gaceta de Madrid, n.os 1129-1130, 1 y 2 de enero de 1838, pp. 1-2.

269 Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido: de la leva a la «mili»: (1700-1912) (Madrid: Biblioteca Nueva, 1996), pp. 154 y 161.

270 Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983) (Madrid: Alianza Editorial, 1983).

271 Real Decreto de 25 de enero de 1836 relativo á dar aplicación y destino útil á los conventos y monasterios de Madrid, Gaceta de Madrid, n.º 397, 26 de enero, p. 1. Real Orden e Instrucción de 27 de octubre de 1835 sobre el mejor modo de llevar adelante el armamento de 100.000 hombres. Josefina Bello, Frailes, intendentes y políticos: los bienes nacionales, 1835-1850 (Madrid: Taurus, 1997), 233-242.

272 Marta Lorente Sariñena y José María Portillo (eds.), El momento gaditano: la constitución en el orbe hispánico (1808-1826) (Madrid: Congreso de los Diputados, 2011).

273 Decreto de las Cortes 4 de diciembre de 1836, Gaceta de Madrid, n.º 744, 19 de diciembre, p. 1.

274 Tratado de paz y amistad, celebrado entre España y la República Mejicana en 28 de diciembre de 1836 (Madrid: Imprenta Nacional, 1838).

275 En este aspecto concreto tal vez pesó más el ejemplo británico —siempre presente en el imaginario de los progresistas— que el modelo francés. El Rid Yourselves of Ultramaria de Jeremy Bentham (1820-1822) puede tomarse como expresión de la preocupación por la debilidad que suponía la inserción de la América española en el sistema constitucional gaditano. Carlos Rodríguez Braun, «Libraos de Ultramar: Bentham frente a España y sus colonias», Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History 3, n.o 3 (1985), 497-509.

276 Juan Pro, El Estatuto Real y la Constitución de 1837 (Madrid: Iustel, 2010), 99-104.

277 Exposición firmada por José María Valdés Rodríguez y 44 ciudadanos españoles de los territorios de Ultramar, en DSCC, vol. 1, n.º 17, 4 de noviembre de 1836, p. 120.

278 Dictamen del 10 de febrero de 1837 de las comisiones de Ultramar y Constitución, proponiendo que las provincias ultramarinas de América y Asia sean regidas y administradas por leyes especiales. DSCC, vol. 3, Apéndice al número 112, 12 de febrero de 1837, pp. 1491-1493.

279 Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, vol. 3, n.º 127, 27 de febrero de 1837, p. 1810.

280 Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, vol. 3, Apéndice quinto al número 133, 5 de marzo de 1837, p. 1947.

281 Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, vol. 4, n.º 151, 11 de marzo de 1837, pp. 2307-2318; n.º 160, 5 de abril, pp. 2505-2512; n.º 167, 12 de abril, pp. 2692-2700; n.º 169, 14 de abril, pp. 2746-2756; n.º 170, 15 de abril, pp. 2778-2783.

282 Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, vol. 3, n.º 137, 9 de marzo de 1837.

283 Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, vol. 4, n.º 171, 16 de abril de 1837, pp. 2800-2802.

284 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005); Josep M. Fradera, La nación imperial: derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918), 2 vols. (Barcelona: Edhasa, 2015).

CAPÍTULO 5

EL ESTADO ADMINISTRATIVO

A la fase revolucionaria de la construcción del Estado, que protagonizaron los progresistas, sucedió una fase posrevolucionaria en la que el protagonismo correspondió al Partido Moderado. En el decenio de 1833 a 1843 había quedado derrotada la resistencia absolutista y se había impuesto de manera definitiva la monarquía constitucional como forma del Estado; además, se habían asumido las consecuencias de la emancipación de la América continental, dando paso a un nuevo concepto de Estado-nación con un imperio colonial; y en la metrópoli se había estructurado el territorio nacional sobre la base de la división provincial. Pero la revolución continuaba abierta, con un alto grado de movilización popular en demanda de mayor representación política y, consiguientemente, con un grado también alto de conflicto e inestabilidad.

La mayor parte de las medidas revolucionarias aprobadas en aquel periodo —y que significaban la liquidación de la herencia del Antiguo Régimen— fueron aceptadas como irreversibles y pasaron a constituir la base del Estado nacional. Pero para toda una generación que había vivido los trastornos políticos y sociales experimentados en España desde 1808 hasta 1843, era necesario cerrar aquel proceso revolucionario, consolidar sus conquistas y crear un clima de orden desde el que fuera posible impulsar la construcción material del Estado y la expansión de los negocios en una economía de mercado. Ambas cosas, Estado y mercado, se entendían estrechamente vinculadas: si los progresistas habían utilizado el poder del Estado para destruir las bases del Antiguo Régimen y definir un nuevo sistema económico capitalista, los moderados veían al Estado como impulsor del crecimiento económico, garante del orden en el que podrían desarrollarse los negocios, y constructor de las infraestructuras que la iniciativa privada no proveería por sí misma en un país como España.

Para unos y para otros, había llegado el momento de frenar la revolución, instaurando un Estado fuerte que pudiera llevar adelante toda una serie de funciones en el control del orden público, el impulso al desarrollo económico, la explotación de las colonias, etc. Sin duda, había entre los partidos distintas opiniones sobre cómo debía llevarse adelante el programa posrevolucionario: moderados y progresistas discrepaban en cuanto a algunas características del Estado que debía proporcionársele a la nación; pero coincidían en muchas otras, como muestra el gran parecido de fondo que hay entre los textos constitucionales de 1837 y 1845, representativos de sus respectivas aspiraciones.

Con todo, fue el Partido Moderado el que controló el poder de forma más duradera durante el reinado «personal» de Isabel II (de 1843 a 1868), por lo que su modelo político influyó más que ningún otro sobre las grandes líneas de la construcción del Estado en aquel periodo crucial. En este capítulo se expondrá el proceso por el que el Partido Moderado encontró en el impulso a la construcción del Estado la vía para el giro conservador que quería imprimir a la política española. Ese objetivo requería un tipo de Estado determinado, basado en la Administración hasta tal punto que se identificaba con ella. Y sobre esa base se empezó a expandir una burocracia al servicio del Gobierno central, con un diseño que las generaciones posteriores se limitaron a desarrollar y llenar de contenido. El modelo, aquel Estado administrativo centralizado, encontraría algunas limitaciones —ya en tiempos de los moderados— que impidieron su plena realización práctica. Y, terminada la hegemonía moderada con la Revolución de 1868, otros partidos corregirían parcialmente el sistema, siguiendo lineamientos que, en parte, habían ensayado durante sus estancias al frente del Gobierno en el reinado de Isabel II.

Política posrevolucionaria

Las divisiones internas que creó en el Partido Progresista el poder personal del general Espartero en los años 1841-1843 fueron determinantes para que se produjera un giro político de consecuencias decisivas. Desde que, tras la muerte de Fernando VII en 1833, la reina viuda María Cristina había asumido la Regencia, le había resultado imprescindible aliarse con los liberales para hacer frente al pleito dinástico: solo optando por el constitucionalismo había podido contar con el apoyo de la extendida opinión liberal para frenar al carlismo y garantizar el trono para su hija Isabel. La alianza funcionó e Isabel II se convirtió en símbolo viviente de las esperanzas liberales. El Estatuto Real en 1834 y la Constitución en 1837 dieron concreción institucional a ese pacto que consistía en adoptar para el Estado naciente la forma de monarquía constitucional. Y la primera guerra contra el carlismo la ganó el bando isabelino entre 1833 y 1840, afirmando tanto el trono de Isabel como el sistema constitucional que la respaldaba.

Sin embargo, la derrota del carlismo en 1840, que representaba el triunfo sobre los defensores del Antiguo Régimen, alteró el panorama político del país. Desaparecida la urgencia de la guerra, la corte real —cuyas tendencias absolutistas eran comparables a las de los propios carlistas— no necesitaba ya de la alianza de los liberales puros y mucho menos de las tendencias revolucionarias o radicales que tanto apoyo encontraban entre las clases populares. Frente a ellas, las tendencias más conservadoras del liberalismo venían conformando desde los años treinta un bloque político alternativo, el llamado Partido Monárquico Constitucional o, más adelante, Partido Moderado.285

La formación del partido se inició con la aparición de un grupo ministerial estable en torno a los gabinetes de Martínez de la Rosa, Toreno e Istúriz en la época del Estatuto Real. Aquel grupo empezó a tomar consistencia y a adquirir una identidad política más marcada en la oposición contra Mendizábal y los gobiernos progresistas de los años siguientes. Y terminó de cuajar como fuerza política cohesionada, capaz de afianzarse en el poder de manera estable, cuando la llegada de Espartero al poder determinó el fin de la regencia de María Cristina y su exilio en París, entre 1840 y 1843.286 Tanto en el plano organizativo como en el ideológico, la definición del Partido Moderado debió mucho a la labor de Andrés Borrego a lo largo de los años treinta; a la que gradualmente se irían añadiendo otros aportes, como los de Juan Donoso Cortés y Pedro José Pidal, que fueron dando forma al proyecto político moderado. Un proyecto que cabe situar en la línea del liberalismo doctrinario, por entonces en el poder en la Francia de Luis Felipe de Orleans: liberalismo templado, con una fuerte autoridad monárquica, limitación estricta de la representación política y control de las libertades desde el Gobierno; en definitiva, una especie de vía intermedia entre el absolutismo monárquico y el liberalismo revolucionario, lo que en España significaba una tercera vía entre el carlismo y el progresismo.287

Sin embargo, la definición del moderantismo no dependía tanto de las formulaciones doctrinales como de realidades de poder más contundentes. En la práctica, se trataba del partido monárquico, el partido de la corte. Para unificar a las tendencias conservadoras del bando isabelino frente al peligro revolucionario, había sido precisa la intervención del entorno cortesano que rodeaba a la regente María Cristina. Fueron ellos, y sobre todo el marido morganático de la reina, Fernando Muñoz, quienes unificaron y estructuraron el partido desde arriba. La exclusión del poder desde 1840 y la experiencia del exilio contribuyeron, sin duda, a endurecer la línea política de los moderados, tensar su capacidad de organización y seleccionar como dirigentes del partido a personajes especialmente decididos y combativos. Pero todo ello habría servido de bien poco sin el flujo de financiación y el símbolo de unidad que proporcionó María Cristina, algo que permitió mantener viva la llama de la lucha contra los hombres de Espartero.

Fernando Muñoz se encargó de manejar los hilos de la conspiración para recuperar el gobierno en 1843, una operación que terminó de unificar al partido con tal fuerza que le permitió después controlar el poder en solitario por espacio de diez años (periodo inusualmente largo en aquella época para que se mantuviera un gobierno estable). No resulta exagerado considerar a Muñoz como el verdadero jefe ejecutivo del Partido Moderado, que por aquellos años era una formación política que se confundía con las camarillas cortesanas. Él manejaba las relaciones políticas y económicas de María Cristina con lo que la prensa llamaba la «camarilla» de la Reina Madre, un entorno que se puede identificar con el Partido Moderado mismo. Por lo que, en la práctica, la cabeza del partido era la propia familia real.288 A eso hay que añadir que el factor decisivo que permitió allegar para el partido todos los apoyos necesarios y mantenerlos cohesionados a largo plazo lo proporcionaron los negocios. El hombre práctico que era Muñoz hizo comprender a la corte de María Cristina que la clave para poner en pie y mantener fuertemente unido a un partido monárquico y conservador, del que se pudieran fiar completamente, estaba en crear vínculos sólidos de carácter material. Los negocios proporcionaron la comunidad de intereses que vinculó a cada político, militar o periodista con la causa y con sus jefes, formando una red de clientela tanto económica como política, en la que María Cristina y su esposo aparecían como los grandes patronos. El cemento del moderantismo fue, pues, la corrupción que en aquellos años dominó sectores como el del ferrocarril, pero también otros negocios, como la especulación financiera, las obras públicas (canalización del Ebro, carreteras, telégrafo…), el comercio colonial, etc. Por ese motivo, el núcleo duro del partido incluía —ya desde la época de exilio y conspiración en París— a varios hombres de negocios que canalizaban las inversiones y las relaciones económicas de la familia real y de la red de complicidades que se extendía por todo el país: hombres como Nazario Carriquiri, Manuel Gaviria, Juan Grimaldi o el propio hermano de Muñoz, el conde de Retamoso, se especializaban en esas funciones.289

Frente a un partido de tendencia conservadora encabezado por la propia Corona, las posibilidades del liberalismo progresista de llegar al poder eran muy estrechas. No se trataba de un marco pluralista de competencia política, sino de una corte real que tenía su propio partido y que solo llamaba a los progresistas al gobierno cuando se veía obligada a ello por las circunstancias. Tales circunstancias podían venir dadas por los movimientos revolucionarios populares que demandaban una ampliación de la representación y de las libertades, como ocurrió en el verano de 1835 y de nuevo en el de 1836. O por la fuerza del Ejército, dado que algunos jefes militares prestigiosos se pronunciaban a favor de un giro liberal progresista, secundando en ocasiones a los movimientos revolucionarios populares. Ya había ocurrido algo así con el pronunciamiento de Riego en 1820, y volvió a ocurrir en 1840, cuando el general Espartero, enormemente popular por haber dirigido la victoria sobre el carlismo, optó por vincularse al Partido Progresista y llevarlo al poder. Primero como jefe de Gobierno (1840-1841) y luego como regente del Reino, tras reemplazar a María Cristina (1841-1843), Espartero dio cobertura a un trienio de gobiernos progresistas en el cual se completaron las medidas fundamentales de la revolución española. Fue esa la situación contra la que reaccionó el entorno moderado de María Cristina, terminando de unir al partido y conspirando para recuperar el poder, aprovechando la coyuntura que les proporcionaron las divisiones internas de los progresistas en 1843.

El paso de Baldomero Espartero por el poder fue significativo en muchos aspectos. Por un lado, demostró que en aquella época aún el Ejército español albergaba sectores que sintonizaban con las aspiraciones de libertad y de cambio político de buena parte de los sectores populares de la sociedad; el propio Espartero era de extracción muy humilde y había ascendido por méritos estrictamente militares, entre los cuales se contaban las luchas en América contra los movimientos de emancipación de 1815-1824 (de ahí que al grupo político de Espartero se le conociera como «los ayacuchos», en recuerdo de la decisiva Batalla de Ayacucho, en Perú, en 1824, en la que sin embargo Espartero no había participado). También demostró que la única forma que tenían los progresistas de realizar su programa político de transformación liberal del país pasaba por la fuerza que los militares podían darle frente al poder de la Corona. Anteriores episodios de gobierno progresista, forzados por movimientos populares de formación de juntas revolucionarias en las provincias, habían sido efímeros, pues tan pronto como se producía la desmovilización de las juntas y la corte dejaba de ver amenazado el trono, devolvía el poder a los moderados. La lección también la aprendieron los moderados mismos, que frente al poder y el prestigio de Espartero, promovieron el surgimiento de otras figuras militares en las que apoyar la opción contraria, especialmente el general Ramón María Narváez, quien pronto constituiría la cara visible del Partido Moderado.290

Tras expulsar a Espartero del poder en 1843, y de declarar anticipadamente la mayoría de edad de Isabel II —que contaba solamente 13 años—, los moderados se hicieron con el poder. En 1844 pusieron al frente del Consejo de Ministros al general Narváez, que proporcionaba la fuerza militar necesaria para colocar al Gobierno a resguardo de nuevos pronunciamientos y de motines populares. Detrás tenía el sólido partido que Fernando Muñoz había terminado de tejer en el exilio, en torno a la comunidad de intereses materiales que proporcionaban los negocios de la camarilla; pero también en torno a un programa posrevolucionario de vuelta al orden conservador que pasaba por dar un fuerte impulso a la construcción del Estado. Se iniciaba entonces la llamada «Década Moderada», que se extendería hasta 1854: un largo periodo de gobierno moderado, basado en la idea de la corte de que el nombramiento de los ministros era una prerrogativa de la Corona, que no estaba obligada a la alternancia, sino que podía conceder su confianza al partido o al gobernante que prefiriera. Este exclusivismo político que caracterizó al reinado de Isabel II dejaba a las opciones alternativas sin otro camino que la fuerza —motín popular o pronunciamiento militar, o más normalmente los dos combinados— para llegar al poder.291 No es extraño que la Década Moderada concluyese con otro de esos movimientos, la Revolución de 1854, que llevó de nuevo al poder a los progresistas y a Espartero; hasta que otro movimiento de sentido contrario acabó con el «Bienio Progresista» en 1856, devolviendo el poder a los moderados; ni que, en 1868, los progresistas participaran en un nuevo movimiento revolucionario contra el Gobierno moderado, que esta vez puso fin al reinado de Isabel II y a este círculo vicioso de exclusivismo y violencia política. En medio de esa falta de consenso constitucional y de estabilidad política, sin embargo, fue cuando se dieron los pasos fundamentales para la construcción del Estado. Y la Década Moderada fue un momento decisivo para avanzar en ese proceso.

En algunos terrenos, la construcción del Estado durante la Década Moderada continuó sobre las bases definidas por los progresistas en el periodo anterior. Por ejemplo, así fue en cuanto al Ejército nacional. La realización práctica del programa de consolidación del Ejército la iniciaron los gobiernos de Narváez en los años cuarenta. No es casualidad esta atención al programa de consolidación de un Ejército nacional que había sido improvisado para ganar la guerra carlista y que ahora debía adaptarse a otras circunstancias y otras funciones. Para los moderados, el Ejército era vital, porque aseguraba al Gobierno la fuerza con la que contener las demandas populares y detener la revolución. Este elemento represivo estuvo muy presente en la definición del Ejército y de la Guardia Civil, creada precisamente en 1844. La fuerza armada para imponer orden en el interior del país era una pieza clave del diseño estatal en el que pensaban los moderados. Y pasaba por un Ejército diseñado menos para la defensa exterior que para el control del territorio frente a amenazas interiores al orden establecido.

Narváez actuó con criterios corporativos en beneficio del Ejército, buscando al mismo tiempo con ello granjearse el apoyo de los militares que le había faltado a su predecesor, Espartero, y que había permitido el cambio de signo político del gobierno en 1843-1844. El salto adelante en la instalación e institucionalización del Ejército que tuvo lugar bajo el mandato de Narváez fue posible en la medida en que, terminada la guerra civil, se pudo reducir el tamaño de las fuerzas armadas, mediante la disminución del tiempo de servicio militar y la eliminación de las milicias provinciales (sustituidas por un cupo de reclutas repartido entre las provincias, pero integrado en el ejército regular).

Durante la Década Moderada se establecieron reemplazos anuales de unos 25.000 hombres en el plano teórico. No obstante, hubo cierta irregularidad, de tal modo que al reemplazo doble de 1844 (50.000 hombres) le siguieron un año sin quintas, un año normal en 1846, otro año sin quintas y un reemplazo triple en 1848 (75.000 hombres), que pretendía cubrir el cupo del anterior y del siguiente. Los reemplazos continuaron moviéndose en ese rango durante el resto del reinado de Isabel II, entre un mínimo de 16.000 hombres en 1856 y un máximo de 50.000 en 1857. Al terminar aquel reinado, España contaba con un Ejército de 85.000 hombres, de los cuales eran oficiales algo más de 10.000, planteándose ya el problema del exceso de oficialidad, si se comparaba con otros países europeos.292

El servicio militar, que había llegado a ser de ocho años durante la primera guerra carlista, se fue reduciendo paulatinamente para economizar gastos, hasta situarse en la mitad en vísperas de la Revolución de 1868.293 En aquel momento, y bajo el impacto que causó en los medios castrenses de toda Europa la ascensión del poder militar de Prusia, demostrada con la espectacular victoria sobre Austria en la batalla de Sadowa de 1867, Narváez reestructuró de nuevo el Ejército español. Lo articuló en torno a un servicio militar relativamente corto, de cuatro años, que proporcionaba un Ejército reducido en función de las limitaciones presupuestarias y de la escasa ambición internacional de España; pero que se duplicaba con un Ejército de Reserva movilizable en cualquier momento para hacer frente a amenazas exteriores.294

La reducción en el tamaño del Ejército permitió una mejora en la instalación y equipamiento del mismo. Los sueldos de oficiales y suboficiales se elevaron durante la Década Moderada, al tiempo que mejoraban las instalaciones de la tropa, la alimentación, vestimenta y condiciones de vida en los cuarteles. Los gastos necesarios para reclutar, equipar, armar, vestir, alojar y alimentar al Ejército experimentaron un crecimiento significativo a lo largo del proceso de construcción del Estado, como queda reflejado en el cuadro 1. Estimados en términos reales —para descontar el efecto de la inflación— los gastos militares, que eran de 93 millones en pesetas constantes (de 1913) de media anual durante el reinado de Fernando VII, pasaron a ser de 142 millones al año en el reinado de Isabel II (un incremento del 52 por ciento). La guerra carlista ocasionó un aumento drástico de los gastos militares en 1839 (213 millones); 1860 fue otro momento de expansión del gasto, a raíz de la Guerra de África (226 millones). Esos «picos» de gasto fueron hitos que no se repitieron en los años inmediatos; pero impulsaban la tendencia secular al alza, pues con el regreso de la paz no se volvía exactamente a los niveles de partida. La paradoja —plenamente explicable, por otro lado— es que en aquellos años en que los gastos militares empezaban a dispararse por la consolidación del Ejército Nacional desde 1839, al mismo tiempo se reducía el peso relativo de tales gastos en la cuenta total del Estado. Efectivamente, si Guerra y Marina habían absorbido más de la mitad de los gastos del Estado la mayor parte de los años hasta 1841, no volvieron a superar ese porcentaje después de dicha fecha. La columna E del cuadro muestra esa caída progresiva, que refleja el proceso paralelo de construcción del Estado y el consiguiente aumento de otros gastos no militares: desde un 60 por ciento que absorbieron Guerra y Marina en el momento álgido del esfuerzo militar contra el carlismo (1836) hasta suponer menos de un tercio del gasto público a partir de 1849 y menos de un quinto en 1867. De esas cifras, la mayor parte se destinaba a gastos de personal, quedando para todo lo demás (agrupado bajo la rúbrica «material») alrededor de un 25 por ciento.

Cuadro 1. Gastos del Estado en Guerra y Marina (1820-1868)295

A

B

C

D

E

1820

88

24

112

100

63

1821

88

22

110

105

58

1822

82

20

102

89

61

…

1827

76

7

83

94

80

1828

63

10

73

84

65

…

1830

63

10

73

96

49

1831

63

10

73

89

49

…

1834

76

8

84

94

52

1835

111

9

120

124

61

1836

129

9

138

143

60

1837

137

6

143

146

47

1838

136

7

143

157

47

1839

186

8

194

213

38

…

1841

128

14

142

181

51

1842

145

12

157

190

34

…

1845

80

22

102

139

34

…

1849

86

17

103

137

33

1850

77

16

93

121

28

1851

75

31

106

133

30

1852

76

21

97

124

27

1853

75

18

93

127

25

1854

83

19

102

128

26

1855

70

17

87

101

23

1856

77

19

96

100

20

1857

96

25

121

123

24

1858

90

30

120

143

24

1859

107

35

142

146

27

1860

164

51

215

226

35

1861

124

61

185

195

28

1862

116

48

164

160

24

1863

118

45

163

141

23

1864

114

52

166

138

23

1865

108

40

148

132

20

1866

102

42

144

120

21

1867

102

30

132

119

19

1868

102

32

134

136

19

A: Gastos del Ministerio de la Guerra (en millones de pesetas corrientes).

B: Gastos del Ministerio de Marina (en millones de pesetas corrientes).

C: Gastos de defensa (A + B) en millones de pesetas corrientes.

D: Gastos de defensa en millones de pesetas constantes (1913 = 100).

E: Porcentaje de los gastos de defensa en los gastos totales del Estado.

Notas:

1. Para los años 1820 a 1831 y 1841 a 1849 son gastos presupuestados; de 1834 a 1839 son pagos verificados por la Dirección General del Tesoro; y de 1850 a 1868 son gastos reconocidos y liquidados según la Cuenta General del Estado.

2. Las cifras de los años presupuestarios de julio a junio, que rigieron entre 1863-1864 se han asignado al año en el que empezó a regir el presupuesto correspondiente. Para conseguir una serie anual se han convertido las cifras de las cuentas del año presupuestario 1862 (18 meses) multiplicando por 0,66.

3. Las cifras de 1849 incluyen los presupuestos extraordinarios.

La implantación del servicio militar obligatorio exigió poner en pie todo un sistema administrativo eficaz, capaz de controlar y registrar a la población masculina joven por todo el territorio nacional, clasificarla con arreglo a sus condiciones (salud, estatura, etc.), sacarla de sus familias, destinarla a unidades militares, organizar el transporte, el vestido, la alimentación y el alojamiento, instruirlos someramente, vigilar su conducta y ponerlos en condiciones de ser empleados como soldados. Nada de esto hubiera sido posible si el Estado español no se hubiera empezado a dotar ya, en aquellos años entre 1837 y 1851, de una gran capacidad de organización y de control sobre el territorio; y es obvio que el éxito de la operación reforzó precisamente esa capacidad del Estado de actuar sobre la totalidad del país.

Sin embargo, la implantación del servicio militar obligatorio no significó que en la práctica el servicio militar funcionara como la escuela de ciudadanía que suponía la utopía del liberalismo revolucionario. Desde muy pronto, la prestación del servicio militar fue concebida como una carga que se imponía a los ciudadanos, similar a las contribuciones que exigía la Hacienda; y se establecieron las excepciones necesarias para que esa contribución se repartiera sin violentar la desigualdad esencial que existía entre las clases de la sociedad. Desde los tiempos del Antiguo Régimen, existía la figura del «sustituto», a cuya contratación podían recurrir los mozos de buena familia para que cumpliera el servicio militar por ellos; y muchos pueblos habían empleado su patrimonio municipal —los bienes de propios— para comprar la exención colectiva de sus mozos de las quintas para el Ejército. Tal principio no desentonaba con el mundo de privilegios del Antiguo Régimen; pero pasó a la legislación liberal, inscribiéndose excepciones de este tipo en las primeras normas que regularon la creación de un Ejército nacional basado en el servicio militar obligatorio.

El mismo Mendizábal, al regular la «quinta de los 100.000», había previsto la posibilidad de redimir el servicio activo mediante el pago de 4.000 reales, que el Ejército destinaría a sufragar el armamento, equipo y vestuario de la tropa, una vía de excepción justificada por las necesidades económicas del Gobierno.296 Esta norma, que en aquel momento habría podido justificarse por la emergencia financiera motivada por la situación de guerra y la práctica bancarrota de la Hacienda pública, acabó por adquirir carácter permanente. Respondía a motivaciones más profundas que las necesidades inmediatas de la Hacienda, aunque también coincidiera con esta: reflejaba el carácter clasista del sistema de reclutamiento del Ejército, que, en última instancia, remitía a las desigualdades sociales que se querían respetar y mantener durante el proceso de construcción estatal. Los privilegios del Antiguo Régimen, que tanto peso habían tenido en el antiguo Ejército Real, se habían hecho desaparecer imponiendo el criterio constitucional de igualdad ante la ley; pero la revolución terminaba ahí su voluntad igualitaria, sin llevarla hasta corregir las desigualdades de condición económica que los liberales consideraban plenamente legítimas. Por tanto, las administraciones moderadas posteriores incorporaron el principio de que se pudiera eludir el servicio militar mediante un pago en dinero como norma general, prescribiendo que el dinero de la redención (6.000 reales) se destinara al pago de un soldado voluntario que ejerciera como sustituto: así figuraba en el Proyecto de Ley de Narváez que se discutió en las Cortes entre 1849 y 1850, y que aprobaría por decreto Bravo Murillo en 1851.297

El reclutamiento para el servicio militar se interpretaba como una prestación personal equivalente al pago de un impuesto más, de ahí la denominación corriente en la época de «contribución de sangre». De este modo, se confirmaba el hecho de que para muchos españoles del siglo XIX y del primer tercio del XX —probablemente la mayoría— la única experiencia de relación con el Estado fuera el pago de contribuciones, pues el servicio militar por el que algunos se veían obligados a pasar no era sino otro tributo más, que el Estado estaba en condiciones de exigir. Como tal «contribución de sangre», el servicio militar creado en el siglo XIX fue muy impopular entre quienes habían de prestarlo, y levantó protestas y resistencias que no había suscitado la obligación de servir en las milicias provinciales de épocas anteriores.

En fecha tan temprana como 1854, la oposición al sistema de quintas había entrado ya a formar parte de las demandas habituales de los movimientos populares, de donde pasó a los programas de los partidos de oposición y de las revoluciones políticas. La abolición de las quintas aparece en el Manifiesto de Manzanares que sustentó la Revolución de 1854, así como en varias proposiciones y proyectos que se presentaron en las Cortes Constituyentes reunidas tras el triunfo de aquella revolución.298 No es casualidad que el grito de «Abajo las quintas» se alternara en los momentos revolucionarios con el de «Abajo los Consumos»; ni que el ingenuo idealismo de los revolucionarios al abolir los Consumos en 1868 fuera seguido por la no menos ingenua abolición del servicio militar por la Primera República, en su primer decreto, de 1873:299 ambas decisiones hubieron de ser revisadas inmediatamente por un Estado necesitado de dinero y de soldados para funcionar. La equivalencia que se establecía entre el servicio militar y las contribuciones directas traducía con notable perspicacia la condición común de extracción de recursos por el Estado que tenían ambas prestaciones; y venía reforzada por esa posibilidad que se estableció de eludir el servicio militar mediante el pago de una cuota en dinero, lo que confirmaba el sentido tributario que todas las partes involucradas daban a la prestación.

Las leyes de reclutamiento —como las que regían la aplicación de los tributos— dejaban buena parte del proceso en manos de los ayuntamientos, que actuaban como prolongaciones locales de la Administración estatal. Las corporaciones locales se encargaban del alistamiento de los mozos (varones jóvenes entre 18 y 25 años). Se establecían diferentes exenciones del servicio por motivos de salud o de constitución física (falta de talla…). Si la posibilidad de eludir el servicio militar pagando una redención en metálico eximía a los jóvenes de familias de las clases medias y altas, las exenciones por motivos de salud ofrecían la posibilidad de corruptelas al alcance de quienes controlaban el poder municipal o tenían influencias en otras instancias del Estado. Así pues, en la práctica resultaban exentos del servicio de armas no solo quienes tenían dinero para pagar el rescate, sino también quienes estaban suficientemente bien relacionados con las redes clientelares del caciquismo, dejando la obligación militar solo para las clases inferiores de la sociedad, carentes tanto de riqueza material como de relaciones o influencia.

Bajo el Gobierno de la Unión Liberal, y coincidiendo con una nueva coyuntura bélica por la campaña de Marruecos, O’Donnell creó un Fondo de Redenciones para centralizar el dinero que se ingresaba en calidad de rescates.300 En virtud de la nueva legislación, los recursos procedentes de las redenciones los gestionarían en lo sucesivo el Consejo de Administración de Redenciones y Enganches al Servicio Militar y su equivalente en la Marina, la Caja Central de Ultramar, creada en 1853 (sustituida por el Consejo de Premios para la Marina en 1862).

El procedimiento de eximir del servicio militar a cambio de un pago en dinero era corriente en la Europa del XIX, y se empleaba en particular en Francia, tomada como modelo para tantas cosas.301 Pero con el paso del tiempo acabó por ser fuente de escándalo. Por un lado, los sustitutos eran frecuentemente personas poco adecuadas para el servicio militar, y con las sustituciones se producían fraudes que redundaban en perjuicio del Ejército y del Estado.302 Más adelante, las maniobras individuales para buscar la exención del servicio se institucionalizaron con la aparición de compañías de seguros contra las quintas en los años cincuenta y sesenta, compañías en las que aparecían involucrados personajes destacados de la política, que a veces tenían responsabilidad directa en la administración militar o incluso en el Consejo de Redenciones.303 Y, sobre todo, la injusticia y la discriminación social manifiestas en el sistema de redenciones se hacía intolerable cuando la situación de guerra daba un sentido dramático a la frontera entre quienes podían eludir el servicio y quienes no podían, algo que ocurrió con las guerras coloniales a partir de la Guerra de África de 1859-1860.

En los primeros momentos de la creación del Ejército, aprovechando la desamortización eclesiástica, las tropas se habían instalado en antiguos conventos, sin apenas modificar la estructura de los edificios. Pronto se comprobó que resultaban instalaciones poco adecuadas para las necesidades de instrucción y disciplina de las unidades, como denunciarían repetidas veces los tratadistas militares. Desde entonces, se inició un proceso gradual de reforma, adecuación y traslado de los cuarteles en busca de instalaciones más idóneas, proceso limitado siempre por las escaseces del presupuesto. Hubo que esperar hasta el Gobierno largo de O’Donnell para que una coyuntura financiera propicia permitiera emprender la construcción de cuarteles de nueva planta: ejemplos destacados de ese tipo de cuarteles modernos del reinado de Isabel II fueron el Cuartel de la Montaña en Madrid —de 1863— y el Cuartel de Atocha en La Coruña, de 1864.304

La tendencia general fue la de buscar la ubicación de los cuarteles más importantes en la periferia o en la inmediación de las ciudades, con acceso fácil desde las principales vías de entrada y salida en las mismas. Algunos conventos desamortizados respondían ya a aquella situación ideal; y otros, incrustados en el callejero de la ciudad vieja, acabaron por ser abandonados para trasladar los cuarteles lejos del centro y así disponer de más espacio, edificios más funcionales y unos accesos despejados.

En la elección de la periferia urbana como localización preferente no pesaban solo consideraciones arquitectónicas, sino también estratégicas: concebido el ejército del XIX sobre todo para defender al Estado de amenazas interiores —empezando por el carlismo y siguiendo por los movimientos revolucionarios urbanos y el movimiento obrero—, su despliegue se adaptó a la distribución por el territorio de la población potencialmente «peligrosa». Si la preocupación eran los desórdenes y las amenazas revolucionarias que procedían de las aglomeraciones urbanas, resulta comprensible que los jefes del Ejército optaran por situar los cuarteles rodeando tales aglomeraciones y, a ser posible, controlando las carreteras que comunicaban a cada ciudad con el exterior. De paso, una localización suburbana ponía a las unidades militares lejos del alcance inmediato de la agitación subversiva y las algaradas populares, y en mejor situación para defenderse de eventuales ataques.

La distribución del contingente por el territorio revela el mismo tipo de prioridades. Según los datos del Diccionario de Madoz, a mediados del siglo XIX las tropas se concentraban en torno a las ciudades más importantes: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla. Pero con dos correcciones: por un lado, la extraordinaria concentración de efectivos en Madrid (con una guarnición de 9.927 hombres según la inspección de 1849) y sus alrededores, tutelando la sede del poder político. Y, por otro lado, la fuerte presencia de tropas en Cataluña y el País Vasco, zonas tradicionales de la desafección carlista —además de republicana y obrerista, en el caso de Barcelona— y próximas a la frontera.305

En la medida en que pudieron adaptar los antiguos conventos o construir edificios de nueva planta, los militares optaron por un modelo de cuartel bastante homogéneo, que se repitió por toda la geografía española. El corazón del cuartel era un gran patio abierto, destinado a ceremonias solemnes y ejercicios de instrucción. A su alrededor se distribuían los edificios de alojamiento de la tropa, oficinas, cocinas, comedores y almacenes, todo ello con un tipo de arquitectura simple y funcional, condicionada por las limitaciones del presupuesto. La tropa solía alojarse en naves corridas en cuyo interior se alineaban las camas. Y todo el conjunto se cerraba con algún tipo de tapia o cerca que la aislara del exterior y permitiera establecer un control estricto de los movimientos de entrada y salida. Todo esto, claro está, fue posible a medida que los militares consiguieron librarse de las determinaciones arquitectónicas de los antiguos conventos, que les imponían un modelo de dormitorios pequeños —las antiguas celdas de los monjes— en donde los soldados hacían su vida apartados de la vigilancia de los oficiales, e incluso frecuentemente tenían que comer allí por falta de comedores comunes de tamaño suficiente.

El despliegue del Ejército aportó al Estado la fuerza para imponer el orden, reprimir las demandas populares, controlar el imperio colonial y asegurar al Gobierno el control de la población y el territorio. En ese sentido, constituía un elemento imprescindible para la construcción estatal. Pero el Ejército fue mucho más que un mero instrumento de fuerza, pues conllevó también otros cambios de importancia: transformó el paisaje urbano con la instalación de cuarteles y oficinas que actuaban como hitos simbólicos del poder estatal; y transformó las mentes de los miles de hombres que, llamados a filas, pasaron por la experiencia de ser uniformados, disciplinados y sometidos a instrucción. El efecto de todo ello sobre la nacionalización de la sociedad española resulta indudable.

Constitucionalismo y centralismo

La Constitución se había convertido desde el comienzo de la revolución en el mayor símbolo del liberalismo. El cambio de régimen se identificaba —y se sigue identificando aún en ocasiones— con el paso de la monarquía a tener carácter constitucional. Más allá del valor que la Constitución llegó a adquirir como mito, del culto casi religioso que se le rindió, cabe preguntarse qué había detrás de esta Ley fundamental y qué relación tiene con la construcción del Estado.

El valor esencial de las constituciones en los periodos iniciales de la construcción del Estado, es decir, en el siglo XIX, era el de hacer efectiva la implantación del Estado de Derecho. La Constitución ponía a las instituciones más allá de la voluntad de los monarcas, creando un marco estable y unos límites para el ejercicio del poder. Como otras innovaciones decisivas de aquella época, esta también vino de Francia, de la Revolución francesa, pues la primera fue la de 1808, la llamada Constitución de Bayona. Fue aprobada por una asamblea de notables españoles reunida en esas ciudad del sur de Francia, bajo la inspiración directa del régimen napoleónico en cuya órbita se movía la España de aquel momento. Este origen fue suficiente para desacreditar aquella primera constitución en su tiempo y, por los mismos motivos ha sido marginada en la consideración de la historiografía nacional española hasta nuestros días. Pero el prejuicio nacionalista no puede ocultar los muchos aspectos apreciables que tenía aquel texto. No solo implantaba una primera monarquía constitucional ligada al cambio de dinastía, sino que con ello abría la posibilidad de un Estado de Derecho, se asentaban una serie de libertades esenciales (especialmente la libertad de prensa), se creaban unas Cortes electivas, se afirmaba la igualdad ante la ley, se uniformizaba el territorio nacional y se ponían las bases para unificar el mercado nacional, la moneda, los impuestos, los códigos legales. Por encima de todo, la Constitución de Bayona reflejaba un sentido de Estado muy claro, llamado a hacerse realidad con el desarrollo de una Administración centralizada y capaz de actuar de forma eficaz en todo el territorio; algo que acabaría marcando el camino por el que se construiría el Estado español años después, pero que en aquel momento no se pudo llevar a cabo por la situación de guerra y por el hecho de que la misma fuera finalmente desfavorable para la dinastía Bonaparte.

La Constitución de Bayona no logró alcanzar la popularidad del otro texto rival que se elaboró desde el bando fernandino durante la «Guerra de la Independencia»: en efecto, la Constitución de 1812, que aprobaron las Cortes de Cádiz, se erigió enseguida en el gran símbolo del liberalismo hispano, y así ha continuado hasta nuestros días. Poco importa que no fuera la primera constitución española, o que —al igual que la de Bayona— estuviera inspirada en muchos de sus preceptos por el modelo francés (en este caso, la Constitución francesa de 1791); poco importa que su grado de ruptura con el pasado se hallara limitado por la estricta confesionalidad católica del texto, por la ausencia de una declaración de derechos, por su inexplicable fe en la monarquía y en la continuidad de la dinastía borbónica; poco importa, en fin, que la posibilidad de aprobarla y de aplicarla dependiera de la fuerza militar en la península de una potencia extranjera, en este caso Gran Bretaña, tanto como la Constitución de Bayona había dependido de la fuerza de Francia. A pesar de todo ello, la Constitución de Cádiz se erigió en el gran símbolo de la Revolución española, frente al cual los textos posteriores no serían más que renuncias o adaptaciones exigidas por los nuevos tiempos.

Lo cierto es que la Constitución de Cádiz no dejó tantas huellas en la práctica sobre la construcción del Estado español; dejó más sobre la construcción de la nación, precisamente por esa fuerza cohesionadora que tuvo como mito. En el terreno práctico, hubo al menos cuatro elementos clave que no se repetirían y que cualifican al texto de 1812 como una excepción, una «rareza» sin continuidad en la historia constitucional de España: por un lado, la definición de un régimen de monarquía parlamentaria, en el cual la Corona podía tener un veto suspensivo sobre los proyectos de Ley, pero al cabo era la representación nacional la que tenía la última palabra; por otro lado, la definición de la comunidad nacional como la suma de los súbditos de la Monarquía española en todos sus dominios, tanto en la España peninsular como en los extensos dominios de América y hasta las Filipinas; en tercer lugar, el carácter unicameral de las Cortes, que muy pronto sería abandonado; y, por último, un sistema electoral —incluido en el texto constitucional— que extendía el derecho de voto hasta prácticamente un sufragio universal masculino, pero mitigaba su carácter democrático por establecer mecanismos de sufragio indirecto en dos niveles, reforzando el sentido orgánico de las comunidades locales. El diseño de las instituciones del Estado mostró sus inconvenientes cuando se intentó poner en práctica en el Trienio Constitucional (1820-1823), por el alto coste político que tenía el enfrentamiento entre la Corona y las Cortes. La idea nacional que la Constitución albergaba mostró también sus limitaciones cuando los liberales de la España peninsular se negaron en 1836-1837 a conceder a los territorios americanos la cuota de representación parlamentaria y de poder político que les correspondía en proporción a su población, y optaron por una jerarquía más clásica sobre la idea de sujeción colonial; en cualquier caso, el señuelo de la inclusión en la nación no había servido para mantener fieles a la Monarquía española a la mayor parte de los habitantes de los antiguos Reinos de Indias, que habían preferido la independencia. Por último, el de 1812 era un texto revolucionario surgido de especialísimas condiciones de guerra y de ausencia del monarca, que resultó inaceptable para la Corona, la corte y la opinión conservadora una vez que se dejaron atrás aquellas condiciones originarias: si España había de tener un régimen constitucional, tendría que ser con otro texto y sobre otras bases, más próximas al poder de hecho del que se sabían poseedores la familia real y sus cortesanos.

En realidad, la historia constitucional española tuvo que empezar de nuevo, casi desde cero, en los años treinta del siglo XIX, cuando la muerte de Fernando VII abrió la posibilidad de una transición política hacia un régimen constitucional. Se suele incluir en esa historia constitucional, como un texto constitucional más, el Estatuto Real de 1834. Sin embargo, ese breve texto no contiene más que una convocatoria de elecciones a Cortes, con la importante novedad de que estas serían bicamerales, y con un salto a un sistema electoral de nuevo cuño, directo pero censitario, esto es, con un derecho de voto estrictamente limitado por criterios económicos a las capas más altas de la sociedad. No hay más en el Estatuto Real: ni una declaración de derechos ni un diseño de las instituciones del Estado. Por lo que su mera aprobación no garantizaba la instauración de una monarquía constitucional propiamente dicha.

Ese salto se daría, tras los movimientos revolucionarios de 1835 y 1836, con la Constitución de 1837. El valor histórico de aquel texto es enorme, pues de hecho fue la matriz sobre la que se inició la construcción de un verdadero Estado nacional, dando pasos hacia el futuro ya definitivos, que no tuvieron vuelta atrás. Por ejemplo, la definición de una nación política limitada al territorio de la península e islas adyacentes, separada de un imperio colonial regulado por leyes especiales, fue un cambio de enormes proporciones. Otro ejemplo: la definición del régimen como una monarquía constitucional, en la cual la soberanía aparecía compartida por las Cortes con la Corona, sentó un modelo que, con muy pocos cambios, perduraría hasta casi cien años después. Es cierto que los moderados no quisieron dar por bueno aquel texto constitucional elaborado por los progresistas y lo sustituyeron, cuando llegaron al poder, por la Constitución de 1845; pero el parecido entre la Constitución de 1837 y la de 1845 es tan notable que puede decirse que, de hecho, hay una continuidad constitucional entre los periodos de vigencia de los dos textos —continuidad en la estructura del régimen a despecho del cambio en la Ley fundamental. Esto mismo podría decirse de las constituciones posteriores de 1856, 1869 y 1876, a pesar de todos los cambios particulares que incluyeron cada uno en cuanto a la definición de los derechos y libertades, las instituciones del Estado y sus competencias.306

Es por esta razón, por la existencia de una marcada continuidad constitucional entre 1837 y 1931, por lo que podemos hablar de la construcción del Estado a lo largo de ese periodo como un proceso continuo, apenas condicionado por la aparente inestabilidad de los textos constitucionales. Un rasgo de continuidad emerge por encima de los muchos otros que ya hemos ido mencionando, como la definición del territorio nacional, el régimen de monarquía constitucional, la existencia de un parlamento bicameral, etc.: se trata del centralismo como concepción fundamental del Estado.

El centralismo era el resultado de una necesidad y de una virtud; y ambas resultaron tan evidentes para los contemporáneos que apenas se encuentran debates en los que se pusiera en duda este fundamento del Estado. Por un lado, el centralismo respondía a una virtud como correlato necesario de principios políticos tan queridos para los liberales como la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley o como la concepción unitaria de la nación: solo un poder central único, capaz de actuar directamente sobre todo el territorio, podía garantizar que la relación de los ciudadanos con el Estado se hiciera en condiciones iguales cualquiera que fuera la parte del territorio en la que vivieran. Las resistencias contra la centralización política del Estado se identificaban con los residuos del Antiguo Régimen, la defensa de privilegios territoriales, la manifestación del poder de elites locales tradicionales o la adhesión a entidades políticas alternativas a la nación española, como eran los reinos o las provincias; todo ello estaba estrechamente relacionado en el siglo XIX, por ejemplo, en el seno del carlismo.

Por otro lado, el centralismo era también el resultado de una necesidad, pues respondía a una lógica material implacable. Centralizar la información y los medios materiales de gobierno no solo es la opción más económica en países pobres, en donde la escasez impide multiplicar los niveles de decisión autónoma, pues ello acarrearía costes notablemente superiores; sino que, además, es también la opción más eficaz en términos de acumulación de fuerza. La centralización del poder en el Gobierno central aseguraba que este pudiera derrotar al absolutismo —durante la época de las guerras carlistas— y los otros focos de resistencia contra la construcción del Estado. Solo sumando en manos de un poder central todos los medios disponibles y poniéndolos al servicio de una estrategia única pueden llevarse a cabo proyectos de la envergadura del que aquí estamos analizando: la construcción de un Estado nacional sobre las ruinas de una antigua Monarquía compuesta de reinos dispares, y el desarrollo de ese Estado para administrar un amplio territorio y mantener en él cierta paz social, unos mercados organizados y la posibilidad de ejercer ciertos derechos y libertades.

El centralismo no era, en modo alguno, una idea reaccionaria, sino todo lo contrario. El término mismo nació asociado a una práctica revolucionaria, que era la de crear espontáneamente una autoridad central que coordinara a las juntas provinciales que, con cada movimiento revolucionario, se constituían en las principales ciudades para disputar el poder a las autoridades anteriores, consideradas ilegítimas. Ese proceso se vio en 1808, cuando las juntas que por toda España se instauraron para oponerse a la invasión francesa decidieron dotarse de un mecanismo de coordinación, sometiéndose todas ellas a una Junta Suprema Central. Esta idea de crear un órgano central para ganar en coherencia y en eficacia frente a los adversarios se había experimentado ya en otros contextos históricos similares, como la Guerra de Independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica, que se dotaron gradualmente de un ejército común y un gobierno central de los Estados Unidos de América desde 1777. En España, la creación de la Junta Central el 25 de septiembre de 1808 fue el primer ejemplo de ese impulso revolucionario centralista, que se repetiría en los movimientos juntistas de 1835, 1836, 1854 y 1868. La idea era siempre la misma: dar un salto cualitativo hacia el triunfo de la revolución por la superación de los movimientos locales, creando un poder central capaz de asumir el control del Estado.

Esa asimilación de la idea de centralismo a la revolución liberal se mantuvo después de los movimientos populares y de la formación de juntas, en la propia definición del aparato estatal. Todas las estructuras —desde las redes de transporte hasta los escalafones ministeriales o la división provincial— reflejaban una misma geometría, consistente en un centro que recibe toda la información y los recursos de la periferia, y que ordena la realidad del territorio ejerciendo el poder con esos recursos y con esa visión de conjunto. La centralización del poder no fue un proceso iniciado con la revolución liberal, pues, al igual que en Francia y en Inglaterra, en España el proceso venía de muy atrás, tal vez de finales de la Edad Media, y se había intensificado en el siglo XVIII. Lo que hizo el liberalismo en todos estos países fue llevar la centralización hasta sus últimas consecuencias, como instrumento destinado a hacer realidad el principio de igualdad.307

Lógicamente, esa opción por el centralismo tuvo matices, problemas y limitaciones. Entre los matices, hay que señalar que los progresistas creyeron más que los moderados en el derecho de autogobierno de las comunidades locales, proponiendo que los ayuntamientos y diputaciones dispusieran de verdadero poder político, mientras que los moderados llevaban la idea de centralización administrativa también hasta este terreno propiamente político, proponiendo un diseño de Estado en el cual ayuntamientos y diputaciones no dispusieran de autonomía ninguna, ni en el plano político ni administrativo, sino que fueran organismos dependientes del Gobierno central. Entre los problemas del centralismo, hay que señalar la tendencia a que un poder excesivamente concentrado se vuelva autoritario y desvirtúe el carácter representativo del Estado: así ocurrió frecuentemente en la España del XIX, cuando los gobiernos se vieron dueños de recursos tan importantes que les permitían influir sobre el resultado de las elecciones o ignorar estas por completo, perpetuándose en el poder a despecho de una opinión nacional adversa. Y entre las limitaciones que el centralismo impone al desarrollo del Estado se encuentran al menos dos: la limitación del uniformismo, que impone normas y directrices comunes en todos los lugares, desconociendo las peculiaridades locales y regionales y, tal vez, enajenándose la identificación de sectores de la población que vean en la acción de un Gobierno central lejano una acción extraña a sus intereses y sus costumbres; y la limitación de la rigidez, pues llegado un momento en el desarrollo económico y social, la complejidad de los asuntos que debe gestionar el poder central es tanta que sus decisiones resultan excesivamente rígidas si no se aplican con la flexibilidad que da una cierta descentralización para adaptarse a las condiciones diversas y cambiantes de cada lugar. Limitaciones y problemas del centralismo que se hicieron más notables en fases avanzadas del desarrollo del Estado español, desde finales del siglo XIX; hasta entonces, las condiciones del país se prestaban al ejercicio de un modelo centralista pleno, que resultaba el más eficaz para gobernar el país y —los liberales estaban convencidos— también el más justo.

Ciertamente, existió una tradición alternativa entre las corrientes más avanzadas del liberalismo democrático del XIX, la tradición federal. El republicanismo federal que personificó Francisco Pi y Margall tuvo abundantes seguidores entre las clases populares y en algunos sectores intelectuales de clase media; e incluso llegó a plasmarse en un diseño constitucional, el de la Primera República en 1873, aunque aquel texto no llegara a entrar en vigor. Los partidarios del federalismo en España enfatizaban la adecuación de ese modelo para la pluralidad regional de España, que quedaría mejor reflejada en un Estado federal que en uno unitario. Pero lo cierto es que el principio del Estado unitario, con el centralismo como mecanismo organizativo fundamental se impuso de manera duradera antes y después del breve paréntesis que representó la Primera República (del 11 de febrero de 1873 al 3 de enero de 1874). Y, aunque en España muchos entendieran el federalismo como un mecanismo descentralizador, no lo es en sí mismo: en su origen, en la creación de los Estados Unidos, el federalismo fue un recurso centralizador para dar el salto de la laxa confederación inicial de 13 estados a una verdadera nación en 1787; y el mismo efecto centralizador del federalismo se ha reproducido en otras situaciones históricas, como en la unificación alemana de 1871. En la España de 1873, con una centralización todavía incipiente o en curso de afirmarse, es incierto el significado final que hubiera tenido la implantación de un Estado federal; pues, tal vez, no hubiera detenido el avance del poder del Gobierno central, sino que lo hubiera reforzado con una cohesión nacional definida sobre otras bases.

Hacia el Estado administrativo

En la construcción histórica del Estado español llama la atención un rasgo que la asimila a la experiencia de Francia y de algunos otros países continentales, pero la diferencia también de otros países europeos, especialmente de Gran Bretaña. Se trata de la relevancia de la idea de administración en la definición del Estado de los siglos XIX y XX. Esa concepción administrativa del Estado se contrapone a otras concepciones posibles, como la de carácter jurisdiccional predominante en la Monarquía tradicional; pero también se contrapone a otras ideas del Estado modernas, relacionadas con la representación, la ciudadanía y la protección judicial de derechos y libertades.308

La idea del Estado como administración no fue —ni en España ni en ninguna parte— la única visión presente en la sociedad del siglo XIX, cuando el proceso de construcción del Estado nacional estaba en su apogeo. Había, sin duda, diversas culturas de Estado, sostenidas por diferentes grupos y corrientes. Pero esta visión dominada por la idea de administración tuvo una gran fuerza en el entorno de juristas, funcionarios y políticos vinculados a la Corona y al Partido Moderado. Y, dada la larga permanencia de aquel partido en el poder y el influjo decisivo que tuvo en la definición de las estructuras fundamentales del Estado español contemporáneo, puede sostenerse que su idea del Estado como administración llegó a ser hegemónica en este proceso. Hegemónica en el sentido de que, aunque limitada y corregida por la acción de otros grupos, otras visiones y otros intereses, sin embargo fue la concepción que a la larga dio forma a un Estado que quedó definido en sus rasgos esenciales antes de la Revolución de 1868.

Este Estado administrativo fue teorizado al mismo tiempo que se iba construyendo; aunque en algunos autores la exposición del pensamiento precedió a la realización práctica de las reformas o a la creación de las instituciones, por lo que tuvo el carácter de programa o plan de futuro. Las grandes líneas del Estado quedaban trazadas en las constituciones; se materializaban en instituciones concretas llamadas a tener una larga vigencia; y se les daba sentido y legitimidad en escritos en los que sus patrocinadores hacían explícita la concepción del Estado que las sostenía.

Las constituciones del siglo XIX han sido analizadas muchas veces. El despliegue de ese modelo en instituciones dotadas de medios humanos y materiales es menos conocido y se ha abordado de forma más dispersa en estudios especializados. Y aún se ha tratado menos el planteamiento teórico que acompañó —y a veces precedió— a este proceso, como tercer componente de la construcción de un Estado al que aportó sentido y argumentos de legitimación.

Las definiciones teóricas eran, sin duda, mucho más racionales, homogéneas y ambiciosas de lo que permitían las realizaciones prácticas; estas se hallaban determinadas por la disponibilidad de recursos, por los conflictos de intereses y por contingencias de todo tipo. Pero conocer el modelo ayuda a entender el sentido que daban los protagonistas a unas disposiciones legislativas y gubernamentales que, de otra manera, se nos presentarían como puro caos guiado por consideraciones políticas coyunturales o, al contrario, como plasmación inevitable de soluciones naturales carentes de alternativa. Por otra parte, al escribir libres de las limitaciones materiales y políticas de la práctica administrativa, algunos autores se entusiasmaron de tal manera con las posibilidades que ofrecía el Estado administrativo que vislumbraban, que lo llevaron sobre el papel hasta sus últimas consecuencias, diseñando un modelo utópico por lo radical y difícilmente realizable del planteamiento.

Los primeros esbozos del nuevo modelo habían aparecido ya en los momentos finales del reinado de Fernando VII y los primeros de la Regencia de María Cristina. En aquella coyuntura en que la dinastía se arriesgaba a perder el trono, la Administración se ofreció como una alternativa a la revolución. La oleada de reformas racionalizadoras que se produjo en el último periodo del reinado de Fernando VII, aunque impulsada por la necesidad, anticipó líneas modernas de la futura administración. En ese sentido podrían destacarse medidas ya mencionadas en el capítulo 2, como la clasificación de los funcionarios (1827), la codificación del Derecho mercantil (1829), el departamento de Fomento o la creación del Consejo de Ministros (1832).309 Esa propuesta de administración contra revolución estuvo presente en autores como Pedro Sainz de Andino, Luis López Ballesteros y Javier de Burgos.

Aquel pensamiento administrativo esbozado por los colaboradores de la transición entre finales del reinado de Fernando VII y los comienzos de la regencia de María Cristina había quedado en hibernación durante la primera guerra carlista (1833-1840). En aquel momento álgido de la revolución, la prioridad de los liberales era la consolidación del régimen constitucional y del trono de Isabel II con la realización de las grandes medidas políticas del liberalismo (desamortización, desvinculación, etc.). Solo así se pudo atraer hacia el apoyo de la monarquía constitucional que representaba Isabel II a amplios sectores de las clases medias y populares, y derrotar a la alternativa reaccionaria. Desde que el Convenio de Vergara puso fin a la guerra en el Norte —el 31 de agosto de 1839—, empezaron a publicarse escritos en los que se plasmaba la opción por la construcción de un Estado administrativo como solución posrevolucionaria: el objetivo era poner fin a la confrontación de los partidos, estableciendo un orden que pudiera ser entendido como una tercera vía entre el liberalismo revolucionario y el involucionismo carlista.

El libro de Francisco Agustín Silvela apuntaba ya en esa dirección:310 la clave estaba en la crítica a la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 1823.311 Tal crítica, en efecto, era fundamental para el cambio que se propugnaba en la concepción del Estado, pues debía poner fin a la concepción jurisdiccional del poder y a la idea de los entes locales como comunidades políticas autogobernadas. Ambos principios se materializaban en la Instrucción de 1823, pero inspiraban también en general el modelo de Estado de la Constitución de 1812, motivo por el que los administrativistas no solían referirse a ella.312 Al decir que planteaban un modelo nuevo —y de ruptura con el pasado—, pues, no se hace referencia solo al cambio con respecto a la Monarquía del Antiguo Régimen, sino también a esta forma de romper amarras con el sistema de Cádiz.

A partir de 1840 aparecieron una serie de publicaciones que apuntalaron una idea de Estado muy definida, basada en su identificación con la Administración. Entre enero y abril de 1841 publicó Javier de Burgos sus «Ideas de Administración» en el periódico La Alhambra de Granada.313 Allí perfilaba el modelo de Estado administrativo incidiendo en la necesidad de limitar el principio de libertad de comercio a fin de proteger la industria nacional, por las mismas fechas en que List hacía del proteccionismo un sistema económico alternativo desde Alemania.314 En 1841 apareció también un nuevo libro de Ortiz de Zúñiga —que se servía de las orientaciones de Burgos—, al cual seguiría otro del mismo autor en 1842.315 En el mismo 1842 salió a la luz la primera edición del decisivo texto de Oliván.316 Y en 1843 los de José Posada Herrera y Pedro Gómez de la Serna.317

El autor más representativo del grupo fue sin duda Alejandro Oliván. Por un lado, porque fue uno de los que más lejos llevaron la lógica del Estado administrativo, esbozándolo como un Estado grande, denso, bien dotado de recursos y capaz de actuar eficazmente en todo el territorio y en los más diversos campos de la vida económica, social y cultural. Nadie como Oliván se entusiasmó tanto con ese modelo que vislumbraba, hasta el punto de merecer el calificativo de mesiánico que se le ha dado al tono con que se refiere a las posibilidades de la Administración como garante de la felicidad de la nación.318

Por otro lado, en Oliván se reunían —como en otros administrativistas— las condiciones de teorizador del modelo y de empleado público y hombre político comprometido en su desarrollo efectivo. Formó parte de innumerables comisiones técnicas en las que se perfilaron normativas cruciales para dar forma a la nueva Administración pública, como las relativas al censo de población, el catastro, la ley de aguas, la legislación local, el arreglo de la deuda pública o la reforma tributaria de 1845; viajó a Cuba, en una visita dominada por la observación de las cuestiones coloniales y la preocupación por mejorar el rendimiento de la industria azucarera; alcanzó cierta proyección intelectual como miembro del Ateneo de Madrid, de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, de la Real Academia Española y de las academias de Ciencias Morales y Políticas y de Bellas Artes de San Fernando; finalmente, su estatura política creció desde el funcionariado hasta elevarle a cargos como los de senador y ministro de Marina (1847).319

Este funcionario de primer nivel, político de segunda fila e intelectual de referencia del moderantismo publicó en 1842-1843 una obra titulada De la administración pública con relación a España, en la cual reflejaba una concepción administrativista del Estado nítida y madura. Este libro ayuda a entender el sentido de las realizaciones de la Década Moderada que por entonces se iniciaba. Oliván desarrolla hasta sus últimas consecuencias el plan de crear un funcionariado numeroso, bien formado y organizado, capaz de llevar la acción del Estado hasta los últimos rincones del territorio y hasta intervenir en toda clase de actividades en la vida social, económica y cultural. Parece estar imaginando un programa de máximos, un esbozo utópico de los límites hasta los que pudiera llegar España bajo la acción tutelar de un Estado grande.

Estos autores de los años treinta y cuarenta acariciaban con entusiasmo la idea de un gran Estado español capaz de controlar el territorio y de intervenir en él con eficacia en toda clase de asuntos. Y lo hacían precisamente cuando los aparatos burocráticos de la vieja Monarquía se habían hundido, la Hacienda se hallaba en bancarrota, Madrid no era ni sombra de la corte que había sido, las guerras y la inestabilidad política lastraban cualquier intento de poner orden en la gestión de la cosa publica y faltaban clamorosamente los medios para desplegar un funcionariado moderno, numeroso y con formación. El tono grandilocuente que Oliván utilizaba para describir su Administración pública ideal era el propio de la utopía, de quien fantasea con un proyecto imaginario para huir de una realidad mucho menos halagüeña, o tal vez para establecer un horizonte de transformación de la misma. Tras dar por sentado que la libertad política ya estaba garantizada por el constitucionalismo, y con ella el camino de progreso material, se exaltaba con tintes de emoción lírica cuando se refería a la Administración:

La administración pública, rota la valla del miserable círculo fiscal, y aun del puramente económico, se presenta, y deja contemplar extensa, tutelar, benéfica, creadora, presidiendo a los destinos del país, y proveyendo de elementos de poder y grandeza al Estado.320

La idea de que la Administración presidiera «los destinos del país» era toda una declaración de intenciones. Oliván presuponía a lo largo de todo su libro que el poder ejecutivo no es uno más entre los tres del Estado cuyo equilibrio debe asegurarse; sino, por el contrario, la verdadera encarnación del Estado, al cual imprime un rumbo y un impulso para la realización de los objetivos trazados.

El gobierno es el poder supremo considerado en su impulso y acción para ordenar y proteger la sociedad; y la administración constituye el servicio general o el agregado de medios y el sistema organizado para transmitir y hacer eficaz el impulso del gobierno, y para regularizar la acción legal de las entidades locales. De modo que administrando se gobierna321.

La Administración, pues, es contemplada como el conjunto de herramientas —«elementos de poder y grandeza»— que se ponen al servicio del poder ejecutivo para hacerle capaz de esa misión patriótica. Y es la propia existencia de la Administración, a medida que va creciendo y desarrollándose, la que asegura la hegemonía incontestable del ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial. Según él, el proceso de ensanchamiento de la Administración pública ha acabado convenciendo a los pueblos de que su función recaudatoria está más que compensada por las contraprestaciones de protección y fomento de los intereses legítimos. En consecuencia, a la altura de los años cuarenta del siglo XIX, cuando Oliván escribía, la opinión pública se hacía de la Administración una «idea grandiosa, que se desvía notablemente de la mezquina que debió formarse en su origen».322

El camino quedaba así trazado: la expansión material de la Administración pública (aumentando sus recursos financieros y humanos, desplegando sin parar nuevas oficinas y servicios) y la consiguiente extensión de la lógica de gobierno a todas las actuaciones del Estado no solo no despertaría resistencias, sino que contribuiría por sus efectos a legitimar la operación. El Estado grande se legitimaría por sus realizaciones. Así que gran parte del libro se destina a describir los «ramos» necesarios en la Administración pública. Desde el capítulo II («Atribuciones de la administración») hasta el IV («Acción administrativa») desfilan una sucesión minuciosamente descrita de servicios especializados, oficinas y funciones atribuidas a la Administración. Todo apuntaba a que la Administración llevara la acción del Estado hacia todos los espacios de la vida social.

En materia económica, por ejemplo, no se trataría del Estado mínimo del liberalismo, sino de un Estado que se dotara de medios para intervenir activamente en las actividades productivas, regulando, impulsando, protegiendo, creando industrias allí donde no aparezcan por el libre juego de los mercados. La Administración estará llamada a garantizar las subsistencias «como necesidad universal enlazada con la salud y sosiego del público»; y, para ello, se le asignaba «la vigilancia de panaderías, carnicerías y fondas, del aseo de los mercados y mataderos, del repeso, de la calidad de los alimentos…».323 Sirva este ejemplo para mostrar el grado minucioso de detalle con que Oliván dibujaba el plan para extender los tentáculos del Estado y de su lógica administrativa por todas partes.

En materia social, el Estado se arrogaba la autoridad de someter a inspección y control la vida asociativa, incluyendo las entidades de previsión y socorro bajo cuya denominación se escondía la incipiente lucha obrera. No obstante, la «cuestión social» no había adquirido a la altura de 1840 la visibilidad suficiente como para requerir un capítulo propio en el despliegue de las funciones reguladoras e interventoras de la Administración. Por lo demás, en el libro de Oliván estaba todo: la educación, la religión, los bosques, la policía de las ciudades, el control del orden público, la estadística, la cartografía, la defensa de las fronteras…

Entre medias, el capítulo III se refería a la «Organización administrativa». En él se definía un esquema de funcionamiento parecido al tipo ideal de la burocracia moderna que años más tarde trazaría Max Weber inspirándose en la experiencia prusiana: centralización, profesionalización, orden riguroso en el trabajo de las oficinas, normas de procedimiento fijas, registro escrito de las acciones, claridad en la jerarquía, competencias bien definidas, obediencia ciega a las órdenes recibidas desde arriba, carácter apolítico para concentrar la toma de decisiones en la cúspide del poder que representa el Gobierno.324

La jerarquía que se describía era territorial y centralista: la cadena de mando que iba del Gobierno al municipio, pasando por la provincia y por sus instituciones características (gobernador provincial y diputación). Pero el apartado dedicado a la «Administración local o municipal» reviste la mayor importancia, puesto que presenta la concepción del poder local que por aquel entonces estaban imponiendo los moderados como fundamento de la integración territorial del Estado. El texto se hacía eco de la conflictividad de este asunto, que se había hecho explícita durante el debate de la Ley de Ayuntamientos moderada de 1840: la opción era entre unos ayuntamientos políticamente autónomos, representativos del vecindario —que defendían los progresistas— y unos ayuntamientos gobernados desde arriba como último eslabón de la cadena de mando estatal y materialización local de la Administración pública. Oliván planteaba esta tensión y decía que sería demasiado costoso que el Estado nombrara en cada población un agente propio distinto del alcalde elegido por los ciudadanos para representarlos. En consecuencia, optaba por un medio que, según él, conciliaría ambas necesidades, pero que en realidad convertía al alcalde en representante del Estado en el pueblo, más que en representante del pueblo ante el Estado. El modelo que le parecía preferible consistía en que el Gobierno nombrara al alcalde de entre los concejales elegidos por la población para formar el Ayuntamiento. Un alcalde que, según decía, era «agente de la administración general» (p. 106), «una representación en pequeña escala de todos los ministerios, además de ser generalmente delegado de los tribunales» (p. 105).

Esta cuestión del poder local era de la mayor importancia: en torno a ella se dilucidaba el tipo de Estado que se construiría en España. Como funcionario y político de brega, Oliván sabía que gran parte de las funciones que en su libro atribuía a la Administración del Estado no podían, por el momento, ser cubiertas directamente por la Administración central: le faltaban medios humanos y materiales para desplegarse en tantos y tan diversos campos. En la práctica, el modo en que se cubrían las funciones estatales más necesarias, como la recaudación de impuestos, el reclutamiento de soldados o la recopilación de datos estadísticos, consistía en delegar en los ayuntamientos para que colaboraran con una Administración que por sí sola no podía llegar hasta el territorio. Si no se aseguraba que los ayuntamientos estuvieran en sintonía con el Gobierno y obedecieran a este plenamente, no funcionaría el único mecanismo administrativo del que se disponía de hecho. De ahí la opción por la centralización a ultranza y el vaciamiento de los ayuntamientos de verdadero contenido político, que se plasmó en la práctica con el restablecimiento de la Ley de Ayuntamientos moderada en 1843-1844.325 Con esto, todo un modelo de Estado quedaba trazado: el Estado como administración centralizada.

Oliván, sin embargo, no desarrolló una doctrina general que pudiera inspirar la construcción de todo un Estado: era más bien un hombre práctico, en cuya obra quedó reflejada la ambición del Estado grande, ese Estado administrativo denso y centralizado, capaz de controlar el país con un alto grado de eficacia para mantener el orden y encarrilar el progreso en una dirección determinada. Es, por ello, representativo de un entorno más amplio, el de muchos políticos conservadores, funcionarios estatistas y personas de orden que soñaban con un Estado de ese tipo. Su ideal, sin duda, guio muchas acciones de los moderados, unionistas y conservadores del siglo XIX. Encontramos ecos de su planteamiento especialmente en la obra de Juan Bravo Murillo cuando estuvo al frente del Gobierno y de los Ministerios de Hacienda y Fomento, e hizo del concepto de administración el núcleo ideológico de su programa de orden, destinado a cerrar el tiempo de la revolución.326

Por los mismos años, Manuel Ortiz de Zúñiga escribió otra obra de gran importancia, destinada a orientar la acción de los alcaldes y de los ayuntamientos en el nuevo marco creado por la monarquía constitucional. Los materiales del gobierno político y económico de los pueblos bajo el Antiguo Régimen, que el autor había codificado en una obra de 1832, se reutilizaban ahora para servir a un modelo distinto, el del Estado administrativo. Para ello, aun comenzando por exponer la normativa constitucional sobre la elección de concejales (título primero, pp. 25-33), era preciso establecer a continuación la «subordinación de los alcaldes al Gobierno» (título segundo, pp. 38-39). Los sistemas de gobierno local basados en la acción de policía pasaban a ser la forma de ejercicio de un único poder centralizado, el poder del Estado. No es casualidad que Ortiz de Zúñiga citara para sostener esta idea al afrancesado Lista, al decir que:

los ayuntamientos no son ni deben ser más que corporaciones administrativas: no pueden ni deben tener nunca ningún poder político: no deben ocuparse de ninguna cosa que tenga relación con el gobierno general del estado: obrar de otro modo, dar otras facultades a los ayuntamientos, sería un retroceso, y retroceso de cuatro o cinco siglos. Los ayuntamientos son, pues, puramente corporaciones administrativas, que están llamadas a administrar los intereses de la comunidad, y esta administración la deben ejercer, teniendo siempre en cuenta que son parte del gran todo nacional, y que están en relación con el estado y con la sociedad en que viven: de aquí nace una porción de relaciones, una multitud de enlaces y dependencias entre el gobierno central y el particular de sus pueblos.327

Esas corporaciones locales, directamente sometidas al Gobierno —se nos explica a lo largo del libro de los alcaldes y ayuntamientos— serían las encargadas de comunicar y hacer cumplir en todo el país las leyes y órdenes generales; de mantener el orden público, expedir pasaportes, proteger la religión, velar por la moral pública, sostener la instrucción pública y la beneficencia, corregir la vagancia, vigilar la salud pública, fomentar la agricultura y la ganadería, organizar los medios de transporte y comunicación, regular el comercio, la pesca y el aprovechamiento de los pastos y los montes, impulsar las artes y la industria, repartir y recaudar los impuestos, formar el padrón de población, alistar y reclutar soldados para el ejército, formar el registro civil, levantar estadísticas, perseguir el contrabando y la defraudación fiscal, asegurar el abastecimiento de la población, organizar la milicia nacional, promover la formación de sociedades de socorros mutuos y la contratación de seguros y hasta ejercer varias atribuciones judiciales por delegación, entre las cuales no era la menor la relacionada con la persecución de los delitos de imprenta.

Muchas de estas atribuciones que en el diseño de Ortiz de Zúñiga se atribuían a los alcaldes y ayuntamientos como materialización local del poder del Estado se situaban bajo la denominación de policía (policía de salubridad pública, policía de abastos, policía rural…). En parte tenemos aquí un recordatorio de la herencia del Antiguo Régimen, cuyo lenguaje testimonia la continuidad de algunos materiales conceptuales, por más que fueran reinterpretados y reutilizados en un sentido nuevo. Pero en parte, también, lo que tenemos es la voluntad deliberada de reducir la política a la mera policía: limpieza, regularidad, orden y racionalización en los asuntos, que equivale a la administración de las cosas. Como tantos otros autores de los años cuarenta, Ortiz expresaba el hartazgo de la política —entendida como conflicto, como disensión, como confrontación de ideas y partidos— y la opción por la administración como antídoto adecuado para una época posrevolucionaria.

El libro de Ortiz de Zúñiga, minucioso como todos los de este tipo, pretendía instruir en el nuevo modelo de Estado a quienes debían aplicarlo en la práctica: alcaldes y concejales de ayuntamientos que, según el autor, eran muchas veces personas sin instrucción ni experiencia, desde que se abriera la puerta a la representación política electiva.328 Quedaba claro, pues, que estaba proponiendo un modelo en el que los ayuntamientos ejercerían administrativamente todas las atribuciones del Estado bajo la dirección del Gobierno, con la excepción de las relaciones diplomáticas, la gobernación de las colonias y la dirección de la guerra. El autor era plenamente consciente de estar argumentando a contracorriente de la coyuntura política de aquel momento, aún bajo el gobierno progresista del Trienio Esparterista (1840-1843): por entonces predominaba excepcionalmente la idea de unos ayuntamientos electivos dotados de poder y de autonomía, recuperando el modelo de la Constitución de Cádiz y del Decreto de 1823.329 Esa convicción de estar defendiendo un modelo contrario al que defendía el partido dominante en las Cortes, en el Gobierno y hasta en la Regencia del Reino, otorga aún mayor valor a la obstinación de autores como Ortiz en sostener a largo plazo un modelo alternativo, que fue el que a la postre se impuso.

Las dos obras de Ortiz de Zúñiga están escritas, como otras de las que hemos señalado como las más relevantes en esta materia, en los primeros años cuarenta del siglo XIX, cuando, terminada la guerra carlista —con la huida de Cabrera, el 6 de julio de 1840— se iniciaba la fase crucial de la construcción del Estado en España: «La administración, propiamente dicha, está pues sin organizar: a la manera de un majestuoso edificio diseñado, para el cual solo se han echado los cimientos y preparado preciosos materiales».330 Era, pues, el momento de trazar planes y de definir modelos, antes de que la construcción material del Estado llenara el organigrama ideal de oficinas, funcionarios e instituciones capaces de crear realidades e intereses e imponer una trayectoria más difícil de alterar.

La obra de Ortiz de Zúñiga es complementaria de la de Oliván publicada por las mismas fechas. Si Oliván exponía el ideal máximo del Estado grande, en el que una administración central bien dotada y bien organizada lo controlaba todo y todo lo reglamentaba, Ortiz dejaba planteada una alternativa más realista: la de que fueran los ayuntamientos, unos ayuntamientos desprovistos de autonomía y de verdadero poder político, los que llevaran la acción del Gobierno hasta los ciudadanos, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena de mando administrativa. Complementarios, más que contrapuestos, pues lo que ambos tenían en común era la idea de que el Estado español cuya construcción se emprendía por entonces, sería un Estado-administración, sería administración o no sería.

Derecho administrativo y práctica política

Mientras tanto, en las aulas universitarias se estaba desarrollando un saber específico adecuado para formar al personal que debía desarrollar y gestionar aquel Estado: el Derecho administrativo. Enseñado primero en las facultades de Filosofía y más tarde en las de Derecho, el Derecho administrativo gozó de una presencia especialmente destacada en los planes de estudio. La materia se enseñaba con manuales muy significativos de aquella cultura de Estado que por entonces estaba tomando forma, como el de Francisco Agustín Silvela de 1839.331 Luego vinieron otros, como los de Gómez de la Serna y Posada Herrera, prescritos en 1846.332 Hasta que en 1850 desplazó a todos el manual de Derecho administrativo de Colmeiro.333 El mismo autor lo complementó en 1858 con unos Elementos de derecho político y administrativo;334 es esta una obra más sintética, destinada a cubrir las necesidades docentes de la nueva asignatura universitaria en la que, significativamente, había reunido el Derecho administrativo con el Derecho político el Plan Moyano de 1857.335

La sistematización jurídica del modelo del Estado grande culminó con la obra de Manuel Colmeiro, jurista de cabecera del administrativismo español del XIX. Colmeiro, catedrático de Derecho político y Administración de la Universidad de Madrid, asumió en 1850 la tarea de dar consistencia orgánica al que ya entonces se llamaba «Derecho administrativo», en el momento en que este acababa de tomar forma en la España de Isabel II.336

En su obra deja sentados los principios que garantizan la preeminencia del Estado sobre la sociedad y de la Administración sobre cualquier otro componente del Estado. Ya desde las primeras páginas de este tratado, establece que «el gobierno es la personificación del estado», dado que «posee la plenitud de las funciones propias del único poder social existente: dicta la ley, declara el derecho y provee al bien común, o legisla, juzga y administra».337 De un plumazo, la soberanía nacional, que incluso en las versiones doctrinarias de la monarquía constitucional era compartida por la Corona con las Cortes, quedaba marginada de la definición del Estado y hasta de su función legislativa. Estos principios describían, sistematizaban y legitimaban doctrinalmente una práctica común en el régimen isabelino, la postergación de las Cortes —o de su parte elegida por los ciudadanos, el Congreso de los Diputados— por la acción de un poder ejecutivo en expansión que monopolizaba la acción y la representación del Estado; práctica que se agudizaría después de 1850 hasta hacer concebible el proyecto de revisión constitucional de Bravo Murillo en 1852, que planteaba una verdadera dictadura gubernamental.338

Las Cortes, representantes de la nación tan importantes para la legitimación de la monarquía constitucional, en general no solían estar reunidas: cerradas, suspendidas o disueltas a discreción por el poder ejecutivo, dejaban vía libre al Gobierno para actuar fuera de cualquier control e imponer sus decisiones por decreto. La manipulación electoral, por otro lado, garantizaba sistemáticamente la victoria al partido designado por la Corona para gobernar. Incluso con las Cortes reunidas, raramente entraban estas en conflicto con el Gobierno ni puede considerarse que este fuera emanación de la representación elegida por los votantes. Estas tendencias se pueden cuantificar: como puede verse en el cuadro 2, a lo largo de la Década Moderada las Cortes estuvieron más tiempo cerradas que abiertas. Concretamente, permanecieron reunidas un 43,6 por ciento del tiempo, en doce periodos separados con notable discontinuidad: entre el 3 de mayo de 1844 (comienzo del primer gobierno Narváez) y el 19 de julio de 1854 (nombramiento de Espartero como presidente del Consejo), las Cortes estuvieron reunidas 1.358 días de un total de 3.109. La mayor parte de ese tiempo, además, el Congreso tuvo una mayoría abrumadora del partido del Gobierno, que a partir de las elecciones de julio de 1844 fue siempre del Partido Moderado.

Cuadro 2. Periodos de sesiones de las Cortes en la Década Moderada (1844-1854).339

Legislatura

Cortes abiertas (días)

Cortes cerradas o suspendidas (días)

Diputados ministeriales

Diputados no ministeriales

1844-1845

224

146

217

20

1845-1846

92

289

1846-1847

125

194

289

60

1847-1848

127

268

1848-1849

211

108

1849-1850

274

0

1850

151

0

332

17

1851-1852

95

357

296

53

1853

38

155

273

76

1854

21

234

TOTAL

43,6%

56,3%

86,1%

13,8%

El trabajo legislativo era prácticamente nulo, dejando a la acción directa e independiente del Gobierno la realización de las reformas, incluidas las que suponían pasos decisivos en la construcción del Estado. Concretamente, en la segunda mitad de aquel periodo, entre 1851 y 1854, solo 13 de las 3.324 disposiciones que se adoptaron (excluyendo los nombramientos para cargos públicos) fueron leyes aprobadas por las Cortes, lo que supone un 0,4 por ciento, frente a 3.311 (99,6 por ciento) que no pasaron por las cámaras: 20 por ciento de decretos (donde se incluyen la mayor parte de las reformas relevantes de la época, como el decreto de funcionarios de 1852 que reguló su estatuto hasta 1918), 70,3 por ciento de Reales Órdenes, 8,4 por ciento de Circulares, 0,2 por ciento de Reales Cédulas y 0,4 por ciento de «decisiones ministeriales».340 Añadamos a esto que los presupuestos del Estado, leyes de la máxima importancia en las que cada año debía cifrarse el control parlamentario de la acción del Gobierno, por lo general no eran aprobados regularmente, sino dictados por decreto, prorrogados de años anteriores y corregidos múltiples veces sobre la marcha con decretos de transferencia de créditos, créditos extraordinarios y suplementos de crédito.341

El Gobierno, por lo tanto, había acabado actuando sin el control de las Cortes, desmintiendo las previsiones tanto de la Constitución de 1837 como la de 1845. Esta constatación, que han hecho muchos historiadores, ha sido tenida generalmente por desviación en la práctica de un modelo teórico que diseñaba otra estructura institucional del Estado. Sin embargo, esta hegemonía del Gobierno, actuando por la vía administrativa y sin rendir cuentas a las Cortes, respondía a un modelo ampliamente teorizado en la época: el modelo del Estado grande de los administrativistas era este en el que el Gobierno encarnaba la acción del Estado por sí solo.

No era menor la postergación del poder judicial, al que la práctica seguida desde tiempos del Estatuto Real había convertido en parte de la Administración y no un poder separado y diferenciado cualitativamente de esta.342 La denominación de Administración de Justicia, que ya había sostenido Sainz de Andino en 1829, sustituyó en la Constitución de 1845 (título X) a la de Poder judicial (inscrita en la de 1837). El cambio denota esa vocación totalizadora de lo administrativo que los moderados acabaron imponiendo en el Estado español durante las fases cruciales de su construcción. Cierto que la idea de poder judicial reaparecería en los textos constitucionales progresistas de 1856 (título IX), 1869 (título VII) y 1873 (título X), pero la noción de Administración de Justicia se impuso de nuevo en 1876 (título IX) y sería la que moldearía a largo plazo la concepción de la Justicia como un ramo administrativo más, en la línea que habían planteado Colmeiro y sus precursores.

Como no podía ser de otra manera, en su tratado de 1850 Colmeiro reconocía la división de poderes. Pero, a continuación, desarrollaba los contenidos de la Administración, a la que identificaba con el Gobierno («Administrar, pues, equivale a gobernar; es decir, ejercer el poder ejecutivo»), con tal extensión de sus funciones y facultades, que la convierte en un aparato omnipresente en la vida social y política del país. Defendía, pues, también, un modelo de Estado intervencionista, capaz de regular la economía a través de la Administración. Esta habría de estar presente en todo, puesto que desempeñaba una función moral:

Fomentar el bien, combatir el mal, ora nazcan de causas físicas, ora procedan de origen moral; tal es la tarea inmensa del poder administrativo. Es una verdadera Providencia de los estados, porque debe ser sabio, previsor y estar siempre despierto y presente en todas partes. La administración aplicada acompaña al hombre desde la cuna hasta el sepulcro, y todavía antes y después de estos linderos del mundo tiene deberes que cumplir.343

Vista así, la Administración es lo más parecido a un Dios sobre la tierra, que todo lo ve y sobre todo tiene competencia, porque su sagrada misión justifica que no se le opongan límites:

Nada hay indiferente para la administración desde lo más grande hasta lo más pequeño; o por mejor decir, nada parece pequeño a los ojos de una administración solícita por el bien del estado; porque las cosas mínimas en la vida privada adquieren gigantescas proporciones en la existencia social; de que se infiere que su mirada debe ser penetrante, su voluntad firme, permanente su acción y su perseverancia infatigable.344

A partir de esta formidable declaración de supremacía y de omnipresencia de la Administración, el tratado de Colmeiro se extendía en el desarrollo técnico jurídico sobre su modo de funcionamiento, sin descuidar por ello el análisis pormenorizado de las tareas y competencias que ya encontrábamos en Oliván. Especial interés reviste el libro quinto, dedicado a lo contencioso-administrativo, donde se levanta acta del nacimiento de una jurisdicción propia para los actos administrativos a partir de 1845.345 Allí se explicaba esta importante pieza del modelo de Estado hegemonizado por la Administración, en virtud de la cual los conflictos que surgieran entre esta y los ciudadanos no serían resueltos por un tribunal independiente, sino por la propia Administración. Los actos administrativos no se sometían a la jurisdicción ordinaria de jueces y tribunales, para evitar que estos fiscalizaran a la Administración y, por ese medio, pudieran poner límites a su arbitrariedad.346

En definitiva, bajo la apariencia de un mero tratado de Derecho administrativo, en el libro de Colmeiro hay todo un modelo de Estado que él contribuyó a definir: un Estado que es fundamentalmente Administración y que se rige por una lógica administrativa en todas sus funciones e instituciones. Un Estado que se manifiesta en la acción administrativa del Gobierno y en el que este actúa como juez y parte. Siguiendo el precedente de Francia, el Derecho administrativo español no se codificó, porque los códigos eran manuales para los jueces y el modelo no pasaba por someter los actos de la Administración a la vigilancia judicial.347 En lugar de la codificación, estaba el Derecho administrativo en sí, tal como lo definían los manuales. Y entre estos, el de Colmeiro ocupó por mucho tiempo un lugar de privilegio, como base segura para la formación de generaciones de juristas, funcionarios y políticos. Sus manuales se reeditaron y se siguieron prescribiendo obligatoriamente en las universidades hasta que fueron reemplazados en los decenios finales del XIX por los de Santamaría de Paredes, que, por cierto, eran menos cautelosos en la identificación del Estado con la Administración.348

Atrás quedaban las lecciones de «Derecho político constitucional» que dictaron Donoso Cortés, Alcalá Galiano y Pacheco mientras estuvo vigente la Constitución de 1837 en el Ateneo de Madrid:349 fueron muestras de un empeño sin continuidad, al que no dieron cobertura las universidades; un proyecto reformista que tuvo poco recorrido, más que un saber de Derecho constitucional, que en el siglo XIX prácticamente no existió. Lo que se desarrolló en las universidades españolas, donde se formaban los juristas y gran parte de la clase política, fue un Derecho político, frecuentemente unido al Derecho administrativo y menos desarrollado, como una parte menor de este. La exposición y explicación de la estructura y funcionamiento del Estado español a partir de los planes de estudios de 1842 requería prestar atención principalmente a la Administración, columna vertebral y nervio político del Estado en formación, relegando a un lugar secundario las instituciones representativas y la cuestión de los derechos individuales.350

Las fuentes del Estado administrativo

Esta idea decimonónica del Estado como administración no era una invención desde cero por parte de autores como los mencionados. Autores que, por cierto, no eran especialmente rupturistas ni se veían a sí mismos como revolucionarios, sino más bien como amantes del orden y de la continuidad. Sería extraño que sus doctrinas fundamentales partieran de una negación de la tradición española o de un rechazo de los modelos heredados de la Monarquía histórica. Hubo, pues, en el acerbo con que los administrativistas del XIX plantearon la construcción del Estado un recurso a materiales y tradiciones procedentes de la Monarquía hispana. Y hubo también, y sería la segunda gran fuente de inspiración, un recurso a modelos extranjeros de referencia: las doctrinas y las realizaciones institucionales de otros países servían como laboratorio de experimentación en el que se consideraban probadas determinadas fórmulas. En ese sentido, la influencia fundamental vino de Francia, aunque existieran —en menor medida— alusiones a otros países. Por supuesto, tanto las tradiciones españolas del Antiguo Régimen como los modelos de referencia extranjeros fueron objeto de reapropiación selectiva: se tomaron de forma fragmentaria, se hicieron adaptaciones y reinterpretaciones hasta dar a todo el conjunto un nuevo significado. En la creación del Estado administrativo en la España del siglo XIX hubo un grado significativamente alto de innovación, tanto en el nivel de las doctrinas como de las prácticas.

Los administrativistas españoles del XIX, como gran parte de los teóricos del liberalismo hispano, se movieron en una ambigüedad calculada entre ruptura y continuidad. Por un lado, los más destacados de entre ellos presentaron la que llamaban Ciencia de la Administración como una ciencia enteramente nueva, propia de la contemporaneidad, que se apoyaba en nuevos conceptos y principios aunque tratara de una realidad, la de administrar, que había acompañado siempre a la vida del hombre en sociedad.351 Pero, por otro lado, combinaron esa conciencia de la novedad de su concepción del Estado con un lenguaje historicista que los llevaba a reclamarse continuadores de prácticas de gobierno y líneas de pensamiento del Antiguo Régimen. La paradoja responde al hecho de que los administrativistas construyeron su específica cultura de Estado reutilizando materiales procedentes de los siglos anteriores, que combinaron y reinterpretaron de formas nuevas. Tanto Colmeiro como Posada Herrera pusieron sus obras en continuidad con los precedentes de la Monarquía, salvando el anacronismo que suponía la comparación con un periodo como aquel, en el cual había predominado la lógica jurisdiccional en los actos de gobierno, y en el cual la separación entre Estado y sociedad aún no se había concebido ni había empezado a realizarse.

Que pueda establecerse un hilo de continuidad no equivale a decir que la revolución liberal no supusiera un cambio en la concepción del Estado, ni que el administrativismo del XIX careciera de originalidad con respecto a doctrinas previas. Los constructores del Estado nacional que apostaron por cimentarlo sobre el concepto de administración idearon un nuevo tipo de Estado, uno que ya merece propiamente el nombre de Estado desde un punto de vista actual. Pero lo hicieron reinterpretando y reorganizando materiales que en gran parte había dejado disponibles la Monarquía del XVIII, y a los que dieron un sentido nuevo apoyándose en doctrinas administrativistas procedentes de otros países, fundamentalmente de Francia.

La tradición administrativa avant la lettre que se había ido formando en el Antiguo Régimen era la del gobierno político y económico de los pueblos (a la cual se hizo referencia en el capítulo 1). En efecto, en la Monarquía del Antiguo Régimen, dominada en general por un estilo jurisdiccional de ejercer el poder, se había venido desarrollando sin embargo una lógica alternativa de gobierno, por la que algunos actos se intentaban separar de los pesados y lentos procedimientos de la justicia, para que siguieran cauces más ejecutivos. Dentro de esa lógica de gobierno, que había ganado peso en el último siglo de la Monarquía absoluta, tenía especial relevancia ese llamado gobierno político y económico de los pueblos, compuesto por prácticas aplicadas en la escala local y codificadas hasta aquellas últimas versiones de Dou y Bassols —en tiempos de Carlos IV— y de Ortiz de Zúñiga, ya en tiempos de Fernando VII.352

La novedad que aparece en los escritos del siglo XIX es la de proponer la aplicación de aquellos mismos procedimientos administrativos, que el gobierno político y económico de los pueblos había acuñado para el gobierno local, a una escala nacional. Esta es la continuidad con la tradición española que se puede señalar en el administrativismo de los decenios centrales del siglo XIX: tomaron los materiales ya conocidos del gobierno local de la Monarquía para hacer de ellos una norma general en la construcción del Estado.

En cuanto a las fuentes de inspiración europeas, fueron varios los modelos a los que se hizo referencia para la construcción del Estado español en distintas circunstancias políticas del XIX. Pero entre todas ellas la de Francia fue sin duda la influencia predominante, tal vez como efecto de una influencia francesa más general sobre España, sostenida —tanto en el plano cultural como político— a lo largo de los siglos XVIII y XIX. No se puede desdeñar la existencia de admiradores del modelo británico, que en algunos momentos hicieron notar esa inspiración, ni la ocasional mirada de los constructores del Estado español hacia doctrinas y soluciones institucionales procedentes de otros espacios europeos, como Alemania, Italia o los Países Bajos. Sin embargo, la penetración del modelo francés en el imaginario jurídico y político de la España del XIX fue tan profunda que cabe considerarla hegemónica en comparación con cualquier otro modelo de referencia.353

Más allá de la similitud formal con originales franceses de muchas de las instituciones estatales que se crearon en España a lo largo del siglo XIX —y especialmente en la Década Moderada— hubo una apuesta por algo más general, que se ha dado en llamar el modelo francés. Ese modelo implica hacer del Estado un tutor con influencia predominante sobre la sociedad y sus actividades; un Estado uniforme y centralista, que actúa directamente a través de la Administración pública y que se identifica con ella: el Estado es la Administración. En ese modelo, los cuerpos intermedios son un obstáculo que debe ser eliminado para dejar expedita la acción del Estado, único representante legítimo de los intereses colectivos; y esa acción es de la mayor importancia, pues el Estado está llamado, mediante la Ley y la Administración, a reconstruir la realidad del país en una dirección determinada.354

Esta inspiración francesa sobre las grandes líneas que definieron el Estado nacional construido en España en el siglo XIX ni fue constante ni constituyó una mera imitación. No fue constante, puesto que la inestabilidad de gobiernos y regímenes que caracterizó a la España decimonónica puso alternativamente en el poder a personas y partidos con miradas distintas hacia la experiencia de otros países; y fue en el periodo de hegemonía política del Partido Moderado durante el reinado de Isabel II cuando esa admiración por el modelo francés se hizo notar con toda su fuerza. Por otro lado, no fue una mera imitación, puesto que, a pesar de los discursos admirativos y de la referencia frecuente a ejemplos franceses, la apropiación fue selectiva y conllevó una adaptación de las piezas originales a las circunstancias españolas de aquel momento, interpretadas a través de los intereses que representaba el moderantismo.

En Francia, como en cualquier país, el modelo de Estado que se fue imponiendo históricamente fue objeto de controversias intelectuales y de luchas de poder.355 No hubo un concepto unívoco de la administración pública ni una sola forma de entender el Estado.356 Sin embargo, en la circulación de ideas y modelos entre uno y otro país es frecuente pasar por alto en gran medida ese pluralismo que en todas partes existe y, borradas las diferencias de origen, identificar a la corriente dominante como modelo de referencia. En el caso de los administrativistas españoles, la recepción del modelo francés acabaría produciéndose a partir de una lectura selectiva del administrativismo de aquel país, realizada unilateralmente por un grupo de autores entre los que había una marcada sintonía de cultura política.

La penetración de conceptos franceses en la doctrina y la práctica españolas sobre la administración se había iniciado en el siglo XVIII, vinculada a las dos grandes innovaciones de la época: el Derecho natural y la Ciencia de la policía. No obstante, como se señaló en el capítulo 3, la universidad española fue bastante refractaria a las dos. Posteriormente, la idea de levantar una Administración que pusiera orden en el país había inspirado la efímera experiencia bonapartista en España, durante el reinado de José I; hubo una larga influencia del modelo napoleónico, más allá del estrecho círculo de los afrancesados;357 y una cierta apuesta por el gobierno administrativo, el centralismo racionalizador y la uniformidad del territorio había estado presente en todas las propuestas liberales. Aquella solución había acabado por ser asumida incluso por los gobiernos del último periodo de Fernando VII como antídoto contra la revolución, a pesar de que venía lastrada por su origen francés y por haber sido adoptada en un marco liberal. La incorporación del concepto francés de administración, así como los inicios de su implementación al servicio de un proyecto político conservador datan, pues, del último periodo del reinado de Fernando VII, y están relacionados con la labor en aquel momento de autores como Javier de Burgos y Pedro Sainz de Andino. Aquel fue un periodo crucial en la definición de las bases del Estado español contemporáneo y en la adopción de una inspiración francesa para esa operación, que tiene por tanto una raíz autoritaria tanto o más que la relacionada con el constitucionalismo liberal.

El nuevo concepto de administración llegaba estrechamente ligado a la difusión de la obra de Bonnin, de la que se habló en el capítulo 2. Tras la brecha abierta por los pioneros Burgos y Sainz de Andino en tiempos de Fernando VII, la verdadera creación de una doctrina administrativista en España estuvo vinculada al auge del Partido Moderado —al cual pasaron ambos autores—, a partir de que conquistara el poder, primero brevemente en 1834 y 1838, y luego de forma más estable en 1843.

En 1834 se tradujo al castellano el Abregé des principes d’Administration de Bonnin.358 En 1835 (en París) y en 1838 (en Madrid) se editaron también en español los Eléments de Droit politique de Macarel, publicados en Francia cinco años antes.359 No se trata, en este último caso, de una obra de Derecho administrativo, pero tuvo una gran relevancia en la formación de los juristas españoles, puesto que se estuvo prescribiendo como manual universitario por orden ministerial hasta 1850.360 La importancia de la obra, que en su traducción al español se extendía hasta referirse a la totalidad del Derecho público, procedía del hecho de que exponía las instituciones —tanto políticas como administrativas— del Estado francés de Luis Felipe de Orleans con pretensiones de universalidad, como si fueran los «principios que rigen en los gobiernos constitucionales de Europa». A partir de la segunda mitad de los años treinta, pues, los juristas españoles estudiaron el Derecho y el Estado —como nociones universales— a través de una obra que exponía las instituciones de Francia y su funcionamiento concreto. Lo cual no podía dejar de tener consecuencias sobre las concepciones de quienes estaban llamados a participar en primera línea en la construcción del Estado a través del despliegue de su Administración. La huella explícita de aquel libro se ha encontrado incluso en la obra cumbre del administrativismo español, el manual ya citado de Manuel Colmeiro de 1850.361

Para entonces, la influencia francesa penetraba ya de manera imparable por diversas vías. Las traducciones tuvieron, sin duda, una gran incidencia: no solo las mencionadas de Bonnin y Macarel, sino también otras de menor importancia, como las de Gabriel Bourbon Leblanc (1816) y R. Gandillot (1833).362

Junto a estas traducciones, la circulación de personas fue otra vía de trasposición de ideas y de modelos. Francisco Agustín Silvela era hijo del magistrado Manuel Silvela, a quien sus compromisos con el régimen de José Bonaparte —había sido alcalde de Casa y Corte en el Madrid josefino— le obligaron a partir al exilio bajo la acusación de afrancesado con la restauración borbónica. Francisco Agustín, por tanto, se había criado y educado en Francia, donde se había licenciado en Leyes por la Universidad de París en 1833.363 Tras regresar a España, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo y publicó su célebre Colección de Administración, de la que se ha hablado en el apartado anterior de este capítulo. Contra lo que podría dar a entender su título meramente recopilatorio, aquel libro contenía un alegato contra la Ley para el gobierno político-económico de las provincias de 1823 y, en ese sentido, era una obra doctrinal orientada hacia un cambio de modelo en la construcción del Estado.

Silvela identificó que todo el diseño estatal del liberalismo revolucionario recaía sobre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, que la ley de 1823 constituía en órganos representativos del vecindario y, por tanto, dotados de autonomía política y de amplias competencias administrativas. El nuevo liberalismo posrevolucionario, del que Silvela era exponente, miraba a Francia como alternativa: a la Francia de la monarquía de Orleans, que conocía de primera mano, y en la cual veía un modelo de estabilización para traer una política de orden al sur de los Pirineos. Silvela reclamaba someter a los poderes locales en el marco de un Estado centralista que se sirviera de la administración directa para controlar la vida de los pueblos. Su modelo indisimulado eran las leyes de organización municipal francesas de 21 de marzo de 1831 y 18 de julio de 1837 y la Ley de consejos generales de 10 de mayo de 1838.364 Más en general, su modelo de Administración era el de Francia, al que consideraba necesario recurrir por su «notable grado de perfección»;365 y así lo mostraba al tratar prácticamente de todos los temas que debía abarcar la Administración pública, en el sentido expansivo que se le daba en Francia: del poder ejecutivo, el gobierno municipal, las diputaciones provinciales, los tribunales administrativos, los gobiernos políticos, el Consejo de Estado, los ministerios, las direcciones generales, agricultura, industria, comercio, minería, instrucción pública, policía general, sociedades económicas, imprenta, hospitales, beneficencia, cárceles, hermandades, caminos y canales, bibliotecas, museos, teatros y espectáculos, caza y pesca, estadística, división territorial… Los autores de referencia, por último, eran para él también franceses: Bonnin, Bourbon Leblanc y Gandillot.366

La recepción del Derecho administrativo francés en España se produjo, pues, en el marco de una reacción política contra la hegemonía progresista, la autonomía municipal y todo lo que representaba la Constitución de 1837. De hecho, la confrontación entre moderados y progresistas en torno a la legislación municipal, que por entonces comenzaba, continuaría —cada vez más enconada— hasta que la Ley de Ayuntamientos moderada de julio de 1840 fuera contestada por el levantamiento progresista de septiembre, que llevó a la abdicación de María Cristina y a la regencia de Espartero.367 Tan pronto como los moderados recuperaron el poder por la fuerza en diciembre de 1843, volvieron a poner en vigor su Ley de Ayuntamientos que, renovada en 1845, se mantendría mientras estuvo vigente la Constitución de aquel año.368

Silvela había abierto un camino por el que enseguida iban a transitar otros autores, un camino cuyo trazado tenía un origen indudablemente francés. Una generación de administrativistas, vinculados todos ellos al moderantismo, fueron desarrollando la doctrina adecuada para orientar y legitimar el despliegue de la Administración pública española que por aquellos años tomaba impulso. En todos ellos, la legislación municipal del Trienio y sus epígonos progresistas más recientes eran atacados como una de las claves fundamentales para cambiar el modelo de Estado, junto a otras instituciones quizá más evidentes, como era la Milicia Nacional, arma política del progresismo.

El libro-programa de Silvela se publicó en 1839, el mismo año en que el abrazo de Vergara selló la liquidación de la guerra en el Norte, anunciando el pronto final de la primera guerra carlista. De lo que se trataba en aquel momento era de dilucidar quién construiría el Estado nacional en España —objeto de las duras luchas políticas entre progresistas y moderados— y con arreglo a qué modelo. Los moderados ganaron aquella pugna, utilizando el modelo francés como herramienta para dar forma a su Estado administrativo y para legitimarlo. El recurso a Francia como modelo de referencia estaba relacionado con un proyecto de Estado muy concreto, que consistía en desarrollar la Administración pública como antídoto contra la revolución. No cualquier Administración, desde luego, sino una Administración pública centralizada al estilo francés, que llegara por sus propios medios a controlar todas las actividades políticas, económicas, sociales y culturales del país.

Estos autores entendían el Estado como Administración, y la construcción del Estado nacional como el despliegue de una Administración centralizada, densa, profesionalizada y numerosa, dejando en segundo plano los componentes representativos y garantistas del Estado constitucional. La mirada a Francia no era inevitable, puesto que existían alternativas que muchos políticos e intelectuales habían conocido en sus periodos de exilio, en viajes de estudios o por sus lecturas: por encima de todas, Inglaterra, que ofrecía el modelo alternativo de un Estado desarrollado como garantía de los derechos individuales, a través tanto del parlamento como de un poder judicial efectivo e independiente. Esa alternativa, que contaba con muchos partidarios entre las filas progresistas, a todos estos autores próximos al moderantismo les parecía inapropiada para el objetivo de poner orden en el país, homogeneizarlo con una autoridad central fuerte e impulsar su desarrollo económico con la intervención del Estado. Desde su punto de vista, Francia era el ejemplo a seguir para todo ello.

Siguiendo la estela de Silvela, en los años cuarenta se produjo en España un aluvión de publicaciones sobre la Administración, que ya se han ido mencionando en su mayor parte. En esas nuevas obras, de Burgos, Sainz de Andino y Ortiz de Zárate, Oliván, Posada Herrera y Gómez de la Serna, hasta Colmeiro, de nuevo la huella de Francia resultaba especialmente notable. Sirva como ejemplo Javier de Burgos, quien tenía un pasado afrancesado y hubo de exiliarse en Francia entre 1812 y 1819. A su regreso, y después de pasar por un expediente de «purificación», trabajó como periodista y traductor de obras francesas al español, e incluso desempeñó tareas al servicio del Gobierno antes de integrarse en la Administración de Fernando VII desde 1827. Caben pocas dudas de que su aportación al reformismo administrativo de aquellos años, encabezado por López Ballesteros, tenía que ver con su conocimiento de la experiencia francesa, con cierta brillantez intelectual para trasponerla a España y con un designio de orden que le había acompañado desde que en mayo de 1810 había asumido la subprefectura de Almería al servicio del Gobierno de José I (no muy distinto del que le habría inspirado ya antes, como capitán del Batallón de Milicias Honradas de Motril). Tras exponer a Fernando VII sus propuestas de reforma de la Administración —no por casualidad desde París, en 1826—, acabó siendo secretario de Estado de Fomento en el primer Gobierno de María Cristina y firmó la decisiva división provincial de 1833, antes de integrarse en las filas del Partido Moderado.369

La división provincial española de 1833 estaba inspirada en la división de Francia en departamentos por la Revolución (1790), la cual había sido tenida muy en cuenta durante los trabajos preparatorios previos.370 La figura que entonces se creó de los subdelegados de Fomento, antecedentes directos de los gobernadores provinciales que Burgos había propuesto ya desde la exposición de 1826, también venían en principio de los prefectos franceses. No obstante, existen diferencias entre el modelo original francés, más revolucionario y estrictamente racionalista, y su aplicación en España, más respetuosa de tradiciones históricas como las de los reinos preexistentes en la Monarquía.371 Estas diferencias nos dan una medida de la manera en que se produjo la apropiación en España del modelo francés: mediando una simplificación de los matices presentes en el caso que se tomaba como ejemplo, una adaptación a las circunstancias del país de destino y una instrumentalización al servicio de un proyecto político; proyecto que, en el caso de España, no era el de romper con el pasado de manera revolucionaria, sino el de mejorar la capacidad de control del poder central sobre el territorio.

Manuel Ortiz de Zúñiga, otro de los autores de referencia del administrativismo conservador isabelino, no tenía un pasado afrancesado ni de exilio en Francia. Su primera obra en este terreno tenía más que ver con la traslación a la modernidad de las prácticas locales del gobierno político y económico de los pueblos del Antiguo Régimen que con la observación de modelos extranjeros.372 Pero en sus obras posteriores encontramos detalles que muestran la preponderancia del grupo afrancesado en el administrativismo del gran momento moderado de 1841-1843. En 1842 retomaba los trabajos de Silvela y Oliván, se apoyaba en Javier de Burgos, al que citaba ampliamente y, como tantos otros autores de aquel grupo, apelaba a la autoridad de autores franceses como Gérando, Macarel, Fleurigeon, Émile-Victor-Masséna Foucart, Claude-Joseph Lalouette, Albin Lerat de Magnitot y Huard Delamarre, siendo visible la influencia de Bonnin.373

Alejandro Oliván se había educado en Francia desde niño, no por razón de exilios familiares ni de circunstancias políticas, sino porque en la región del Alto Aragón donde nació era esta una opción frecuente entre las familias acomodadas. Tras su formación en un internado de Sorèze —en plena época napoleónica—, volvió a Francia varias veces, ya como refugiado: la primera en 1823, tras la segunda restauración absolutista; la segunda en 1836, después de el movimiento revolucionario progresista de aquel verano; y la tercera en 1840, también como consecuencia del acceso al poder de los progresistas. Tenía un excelente conocimiento de la realidad francesa y una marcada francofilia, que le hacía mirar hacia los asuntos de aquel país con admiración y tener una visión muy francesa sobre los asuntos españoles.374

En Oliván encontramos de manera explícita la esencia del afrancesamiento que en otros autores permanece más bien implícita: la voluntad de llevar a España al punto en el que Francia se encontraba ya, sin pasar por sus experiencias históricas previas, esto es, fundamentalmente, ahorrándole la Revolución:

En esa Francia, cuyas vicisitudes son un libro abierto a las naciones que busquen la experiencia sin pasar por los duros trances que cuesta el adquirirla por sí, todos los gobiernos que se han sucedido en el espacio de cuarenta años, han puesto en armonía con su propia esencia y estructura las formas administrativas del país.375

Su francofilia era, quizá, la más nítida, llegando a defender el centralismo como modelo superior de administración con la comparación de la experiencia de Francia respecto a la de Gran Bretaña. Según Oliván, el papel que en el sistema británico se dejaba a los poderes locales y a la iniciativa privada determinaba fracasos memorables y una menor eficacia en general.376

La apuesta por el modelo francés de la tradición jacobina, que hemos visto en autores como Silvela u Oliván, consistía en barrer toda clase de cuerpos intermedios y hacer del Estado —materializado en su Administración— el único representante legítimo de la colectividad, para reconstruir completamente la realidad del país mediante la ley y la acción administrativa. En la práctica, aquella apuesta tenía mucho de irreal por las circunstancias españolas del momento. Funcionó como un marcador de rumbo para definir a grandes rasgos la Administración pública española durante la Década Moderada, pero no se daban las condiciones para llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias. La relación de fuerzas entre el poder central y los poderes locales era radicalmente distinta que en Francia, y requería mucho más de pactos y negociaciones.377

El giro iniciado en el plano doctrinal entre 1839 y 1843 culminó en 1845 con la Constitución que impusieron unilateralmente los moderados, corrigiendo la de 1837 en un sentido más monárquico, autoritario y centralista.378 La Constitución sustituía el concepto de poder judicial, que aún aparecía en el título 10 de la Constitución de 1837, por el de administración de justicia (tít. X de la Constitución de 1845), reflejando así la renuncia a considerar a la Justicia como un poder independiente del Estado, pues se sometía a la lógica gubernativa de la Administración, como un departamento más de la misma. Al hacer esto, se confinaba a los jueces y tribunales a una función específica, supervisada desde el Gobierno, y se liberaba a la Administración de todo control judicial.379 Al mismo tiempo —1845— se regulaba en España la jurisdicción administrativa, pieza clave del nuevo Estado, que convertía a la Administración en juez y parte de los posibles conflictos en los que incurriera con los ciudadanos.380 De este modo, se apartaba a los jueces y tribunales de la defensa de los derechos constitucionales frente a la Administración, dando un salto de gigante hacia el modelo de gobierno expeditivo y unilateral que iba implícito en la expansión de la lógica de lo administrativo. Este tipo de Justicia, privada de independencia y sometida a la Administración, procedía también de Francia y era uno de los componentes básicos de su específico modelo de Estado. Era la herencia de la obra revolucionaria de 1790, pasada por el tamiz de las reformas napoleónicas cuando empezó a instalarse en España en los años treinta y cuarenta del siglo XIX.381

La clave del triunfo del modelo de Estado administrativo a partir de la Década Moderada se halla en el privilegio de decisión ejecutoria que adquirió en aquellos años la Administración pública.382 Dicho privilegio, desde luego, no existía bajo el sistema de la Constitución de Cádiz, en el que toda decisión del Gobierno o de la Administración que de él dependía quedaba bajo la vigilancia inmediata de los jueces y tribunales ordinarios; de manera que, como quedó de manifiesto durante el Trienio Constitucional, un simple recurso de un ciudadano que se sintiera perjudicado por una disposición administrativa, paralizaba cautelarmente la aplicación de dicha decisión, hasta que los tribunales resolvieran acerca de la misma, con la consiguiente paralización de las acciones de la Administración. Aquello originó dificultades graves, por ejemplo en la recaudación de los impuestos, de manera que hubo que introducir excepciones en materia tan sensible como esta para impedir el colapso de las finanzas públicas.383 Pero, globalmente considerado, el sistema pervivió hasta 1845, puesto que las constituciones de 1837 y 1845 siguieron manteniendo el principio de que solo los jueces y tribunales —Poder Judicial en el texto de 1837 y Administración de Justicia en el de 1845— tenían competencias en la aplicación contenciosa de las leyes; de manera que cualquier contencioso que surgiera en cuanto a la aplicación de las normas dictadas por el Gobierno o por cualquiera de sus órganos dependientes en la Administración, debía ser resuelto en los tribunales. En esto solo la Constitución de Bayona había seguido un principio distinto, traído directamente de Francia, del régimen napoleónico: la creación de un Consejo de Estado que actuaría como tribunal especializado para conocer sobre los contenciosos que surgieran en torno a decisiones de la Administración, con la particularidad de que tal tribunal dependía del Gobierno; en las demás constituciones españolas hasta la de 1845 se prescindió de un recurso como aquel, que contradecía la división de poderes, atribuyendo funciones judiciales a un órgano del poder ejecutivo.

Pero es que ni siquiera en la Constitución de 1845 se recogió la idea de un privilegio del Gobierno por el que sus decisiones tuvieran carácter ejecutivo inmediato, sin perjuicio de los pleitos que posteriormente se pudieran plantear en los tribunales. Incluso después de la creación de una jurisdicción especial contencioso-administrativa en aquel mismo año, la Administración activa seguía obligada a respetar las situaciones posesorias previas, que solo podían alterarse por la decisión de un tribunal. Ciertamente, había excepciones, las reconocidas por la doctrina de los «jueces administrativos de excepción»; pero el carácter excepcional de este tipo de situaciones resalta el hecho de que la norma general era otra. De manera que todavía en 1845 la Administración actuaba unas veces como demandante y otras como demandada cuando recurría a la justicia administrativa (Consejo Real o consejos provinciales): la carga de accionar judicialmente le correspondía a la parte que pretendía alterar la situación posesoria previa. El sistema fundado en 1845, al crear el Consejo Real y los consejos provinciales, rompió el principio constitucional de unidad de la Administración de Justicia, al atribuir competencias judiciales a ambos órganos de la Administración; pero aún no se había dado el paso siguiente, que desvirtuaría el sistema creado en 1845, al atribuir a los órganos activos de la Administración el poder jurisdiccional para dirimir en casos contenciosos, implícito en el privilegio de decisión ejecutoria que pronto se iba a generalizar.384

Ese privilegio apareció después, por efecto de la práctica, en un proceso gradual que comienza con el decreto de Bravo Murillo 1852 sobre contratistas del Estado y culmina con la Ley Santamaría de Paredes de 1888.385 En esta última se generalizó ya legalmente la potestad gubernativa de decisión ejecutoria, de manera que el proceso contencioso-administrativo se convertía en un proceso revisor o de apelación frente a decisiones previas en las cuales la Administración había actuado de manera ejecutiva.386 Se completaba así, por efecto de una práctica política y jurídica regulada solo a posteriori, un modelo estatal que encontraba su máxima expresión en la actuación libre de toda traba de una Administración centralizada y poderosa.

Cierto que también en esto se seguían precedentes franceses, pero la intención política —y selectiva— de las apelaciones al modelo francés resulta evidente. También lo es que cuando aquel modelo no encajaba con los intereses del moderantismo, se corregía o se abandonaba en lo que fuese necesario, aludiendo a la diferencia en las circunstancias de los dos países. Un ejemplo claro puede ser el de la Hacienda pública, y en particular sus instrumentos para distribuir la carga tributaria. Después de muchos intentos fallidos para reemplazar la anquilosada Hacienda Real del Antiguo Régimen (desde 1810 hasta 1842), la reforma de Mon hizo realidad en 1845 un nuevo sistema tributario, más ajustado a los principios constitucionales y a las necesidades del siglo XIX.387 El modelo fueron los impuestos de producto que en Francia había creado la Revolución; y especialmente uno de ellos, el que gravaba las actividades agrícolas y la propiedad de la tierra: la Contribution foncière francesa de 1790 fue transformada en la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería española.388

Sin embargo, el sistema no fue completado con su pieza fundamental, que era el levantamiento de un catastro para conocer el reparto de la propiedad y hacer equitativas las cuotas de la contribución correspondiente. Aquello habría significado que la carga recayera sobre los grandes propietarios en proporción a su riqueza, los mismos propietarios que debían proporcionar la base social del régimen moderado. Para evitarlo, se argumentó que el catastro había sido un fracaso en Francia y que constituía una obra demasiado costosa para las posibilidades económicas de un país más pobre, como era España. Con esa justificación, se desvirtuó el sistema tributario francés, orientado a garantizar la proporcionalidad en el pago de los impuestos directos como manifestación fiscal de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Y en lugar de levantar un catastro riguroso por parte del Estado, una Comisión especial de Hacienda presidida por Javier de Burgos optó por el sistema de cupos territoriales; es decir, un reparto del impuesto entre las provincias, y de estas a los municipios, dejando que en cada pueblo o ciudad fueran los poderes locales quienes repartieran la carga entre los vecinos. Para hacerlo, estos poderes de composición oligárquica elaborarían unas listas de propiedades sin medición objetiva ni valoración técnica llamadas primero padrones de la riqueza y luego, desde 1850, amillaramientos. Los grandes propietarios y los poderosos locales adquirieron así la capacidad de eludir la carga fiscal que les correspondía y repartirla según una lógica clientelar que perjudicaba a los menos influyentes.389

El mecanismo permaneció vigente durante toda la segunda mitad del siglo XIX, y en algunas zonas de España hasta bien entrado el siglo XX. Era un mecanismo doblemente representativo: representativo, por un lado, de las formas de apropiación del modelo francés para la construcción del Estado español, que podían pasar por la importación parcial de ciertos mecanismos institucionales —como las figuras tributarias— al tiempo que se adaptaban para no entrar en colisión con los lineamientos políticos y sociales en los que se inscribía el poder de los grupos dominantes del país. Y representativo, también, del funcionamiento de hecho del nuevo Estado, en el que gran parte de las actuaciones administrativas descansaban sobre unos ayuntamientos de constitución oligárquica, pero sin vida política propia. En el caso de la tributación, la peculiar adaptación que consistía en copiar el impuesto francés, pero sin el catastro que permitía repartirlo de manera equitativa, significó la pervivencia de una ocultación fiscal masiva, una distribución de la carga marcadamente regresiva y una limitación de la capacidad recaudatoria de la Hacienda pública, en beneficio de los grandes propietarios atrincherados en el poder municipal y en detrimento de las posibilidades financieras de actuación del Estado en todos los terrenos. Modelo francés sí, pues, pero desvinculado de sus raíces revolucionarias y puesto al servicio del mantenimiento de un orden social y político que los moderados no deseaban poner en peligro.

Los avances del administrativismo moderado en los años cuarenta culminaron al final de aquel decenio con la publicación del ya citado manual de Derecho administrativo español de Manuel Colmeiro.390 Al igual que sus predecesores en España —a todos los cuales citaba abundantemente—, los franceses estaban también en la obra de Colmeiro: Montesquieu, Bonnin, Macarel, Gérando, Émile-Victor Foucart, Alphonse Bérenger de la Drôme, Tanneguy Duchâtel, Auguste Vivien, Henrion de Pansey, el vizconde de Cormenin (Louis-Marie de Lahaye)… Con la diferencia de que esta vez las calidades del autor español fueron tales que, por primera vez, se invirtió la tendencia en la circulación de escritos sobre la Administración pública, llegando a ser citado de manera elogiosa por franceses como Anselme Batbie y Édouard Laferrière.391 Este último declaró haberse inspirado en la obra de Colmeiro no solo por las noticias que daba de España, sino por su método general.392

Al explicar el sentido de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el libro quinto, Colmeiro justificaba la necesidad de que los actos administrativos no se sometieran a la jurisdicción ordinaria de jueces y tribunales, para evitar que estos fiscalizaran a la Administración y, por ese medio, pudieran poner límites a la actuación del Gobierno.393 El ideal que trajera de Francia Silvela once años antes estaba ya plenamente realizado sobre el papel: plasmado en una nueva Constitución y nuevas leyes que la desarrollaban, y sustentado por una doctrina madura que no tenía apenas contestación. Sabemos, no obstante, que el sistema real no era el mismo que describían los textos y que, por tanto, estos seguían funcionando como un modelo ideal que legitimaba el orden establecido, apelando al prestigio de que era así como se hacían las cosas en la admirada Francia.

Lógicamente, no existió una total unanimidad entre los administrativistas españoles de aquel momento, como no había existido tampoco entre los franceses. Algunos matices pueden establecerse entre las propuestas de los diferentes autores. Por ejemplo, José Posada Herrera asumió en sus Lecciones de Administración posiciones más centradas, reivindicando las virtudes de la Instrucción de 1823 y la posibilidad de conservar un cierto grado de autonomía local en el marco del nuevo Estado.394 No es extraño que esta postura viniera de un jurista procedente del Partido Progresista y que por entonces se pasaba a las filas moderadas, antes de integrarse, a partir de 1858, en la opción centrista que representaba la Unión Liberal. Tampoco parece casualidad que este administrativista políticamente ubicuo, que discrepaba en aspectos importantes del modelo de Estado de los moderados más «puros», fuera el que menos referencia hacía al modelo francés y el que menos se apoyaba en autores de aquel país, llegando incluso a criticar a Bonnin. Aun así, cita tanto a Bonnin como a Macarel, Gandillot, Alexis de Tocqueville, Cormenin, Henrion de Pansey, Adolphe Trebuchet, Maurice Mejan, etc.

En todo caso, el tipo de Administración que materializaría la construcción del Estado nacional era en la obra de Posada Herrera tan ambicioso como en la de Oliván o Burgos: una Administración con funciones económicas (pesas y medidas, moneda, bancos, comercio, aduanas, mercados, obras públicas, caminos, canales, minas, aguas, propiedad del suelo, patentes…), funciones morales (instrucción pública, imprenta, policía urbana, higiene, beneficencia, casas de corrección…) y funciones tutelares (sobre la infancia, por ejemplo). No se trataría, pues, de un Estado mínimo como el que soñara la economía política clásica británica, sino de un Estado nacionalizador y grande, inspirado por el ideal jacobino, aunque fuera al servicio de principios conservadores y no revolucionarios.

Otra matización hay que señalar: la influencia alemana en esta corriente administrativista no fue desdeñable. Pero dos precisiones hacen que la influencia alemana observable no contradiga el predominio de la francesa: por un lado, por razones de proximidad, de conocimiento del idioma y de vínculos históricos y culturales seculares, gran parte de los elementos que se tomaban de Alemania llegaban a través de su previa aclimatación en Francia, como si fueran novedades francesas. Un ejemplo podría ser el sistema de formación en Ciencia de la Administración o Ciencia política separada del Derecho, algo que procedía de las universidades alemanas y que fue llevado a Francia por autores franceses como Georges Cuvier, Édouard de Laboulaye, Louis Wolowski, Charles Vergé o August Vivien durante la Restauración borbónica y la Monarquía de Julio.395 La tendencia que por un momento hubo en España a instalar en las facultades de Filosofía y Letras —y no en las de Derecho— la enseñanza de la Ciencia de la Administración respondía a ese influjo; y también la creación, en 1842, de la Escuela especial de Administración.396

La otra precisión importante que hay que hacer con respecto a la influencia alemana es que ganó importancia a medida que fue avanzando el siglo y sobre todo después de la unificación de Alemania en 1870. Para entonces, el administrativismo español ya estaba formado e institucionalizado —sobre bases francesas— y había pasado su momento de mayor influencia sobre la construcción de las instituciones del Estado. Esa influencia alemana, que consistía fundamentalmente en incorporar el método jurídico para superar las exposiciones meramente descriptivas de los decenios centrales del siglo XIX, es visible en manuales como el de Gascón.397 En los últimos decenios del XIX y los primeros del XX, la vieja Ciencia de la Administración hispana, que reciclaba materiales franceses, se transformó en verdadero Derecho administrativo que pasaba por aplicar a una Administración pública ya formada en su mayor parte una técnica jurídica procedente de autores alemanes como Otto Mayer o Paul Laband.398

Por otra parte, como queda dicho, la apropiación de lo francés fue selectiva, crítica e instrumental, no una mera imitación. Algunos autores lo señalaron de manera explícita: Ortiz de Zúñiga indicó al referirse a los grandes autores franceses de referencia que había que tener cuidado de «no dejarse deslumbrar con teorías de difícil aplicación a España y a nuestra situación actual».399 Algo parecido quería señalar Posada Herrera al advertir que la atención al modelo francés no debía llevar a «abandonar nuestros usos, nuestras costumbres, para adoptar los usos y costumbres extrañas».400 Incluso el más francés de los administrativistas moderados, Silvela, fue también claro en este punto:

Presentar el cuadro de la administración francesa no es pretender que se adopte absolutamente el sistema (y sobre esto hacemos formal protesta), sin atender a lo que pueda haber de singular en nuestras necesidades, usos y costumbres. Además de que, lo que es bueno en sí, no es francés, ni español, ni ruso: es de todas las naciones y de todas las edades.401

Lo que se buscaba al tomar a Francia como modelo de referencia era dar un giro político al curso que los progresistas habían impuesto a la construcción del Estado nacional desde la entrada en vigor de la Constitución de 1837. Un giro que asegurara de forma efectiva la tutela de la Corona sobre el conjunto del sistema político a través de un poder ejecutivo todopoderoso, un Gobierno central dotado de una Administración pública jerarquizada que, mediante una cadena de mando que pasara por los gobernadores provinciales y llegara hasta los ayuntamientos, hiciera de estos dependencias administrativas funcionales en el nivel local. Las doctrinas francesas, legitimadas por la existencia de una «Ciencia de la Administración», hablaban de la superioridad del modelo centralista, la necesidad de privar de toda autonomía política a las corporaciones locales, la protección de la Administración frente a la intromisión de los jueces… en fin, de elementos que, debidamente reconstruidos en un país diferente y con menos recursos humanos y materiales, podría dar el resultado apetecido de poner fin al ciclo revolucionario, apartar las disidencias políticas y el autogobierno municipal, y lograr una nación uniforme controlada desde arriba por un régimen político que —dicho sea de paso— se hacía al mismo tiempo poco representativo y marcadamente autoritario.

La apelación de los administrativistas a fuentes y autores franceses tenía, fundamentalmente, una función de legitimación para este giro político. Pero para que ese efecto legitimador funcionara, la Ciencia de la Administración tenía que ser elevada a la categoría de mito, casi sacralizada. Contando con que muy pocos leerían las obras originales de los autores franceses a los cuales se aludía, bastaba con citarlos y esperar que el prestigio de su origen francés y su supuesto carácter científico hicieran el resto. No obstante, hoy resulta obvio, de entrada, que aquellas obras no tenían nada de ciencia: se propugnaban las virtudes de un modo concreto de organización de las instituciones porque protegían y desarrollaban determinados valores cuyo sentido político se hurtaba al profano. Ninguna investigación, ninguna discusión de fondo, ninguna experimentación, ninguna contrastación histórica sustentaba las afirmaciones de los autores que se citaban como autoridades científicas. Lo que se encuentra en todos ellos (Bonnin, Macarel, Gandillot…) es la descripción de un modelo —el de Francia— elevado a la categoría de universal, tras dar por hecha su superioridad.

La alusión continua a los autores franceses tenía esa función de legitimación de un giro político de largo alcance en los años cuarenta, como demuestra el que, tan pronto como ese giro estuvo iniciado y la construcción del Estado tomó el rumbo que los moderados pretendían, empezaron a ser menos frecuentes tales citas. Aunque el administrativismo español siguió inspirándose fundamentalmente en doctrinas francesas hasta la época de la Restauración, esa filiación se hizo menos explícita con el tiempo; y, sobre todo, dejó de insistirse en el valor científico de las propuestas que se hacían en materia de Administración pública y de atribuir a la Administración cualidades mesiánicas para la felicidad de la nación. Una vez consolidado el modelo moderado, las alusiones a la doctrina francesa empezaron a resultar innecesarias, e incluso podían constituir una carga. En la obra con la que culminó el administrativismo español del siglo XIX, el Derecho administrativo español de Colmeiro (1850), habían desaparecido las apelaciones a una Ciencia de la Administración y el papel legitimador de la doctrina francesa era ya mucho más discreto; aunque la inspiración del modelo administrativo francés siguiera siendo palpable en su descripción de la normativa española vigente.402

285 Sobre el Partido Moderado, el único trabajo de conjunto sigue siendo el de Francisco Cánovas Sánchez, El Partido Moderado (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1982). Una actualización necesaria, por lo que respecta a la cultura política del moderantismo, en Fidel Gómez Ochoa, «Pero, ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? El Partido Moderado y la conciliación liberal, 1833-1868», en Manuel Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950 (Madrid: Marcial Pons Historia-Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003), 135-168; y Xosé Ramón Veiga Alonso, «El liberalismo conservador. Orden y libertad», en María Cruz Romeo y María Sierra (coords.), La España liberal, 1833-1874, Historia de las culturas políticas en España y América Latina, II (Madrid-Zaragoza: Marcial Pons Historia-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), 289-316. En torno a las prácticas políticas y la concepción constitucional de aquel partido, véanse también los trabajos de Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II (Madrid: Congreso de los Diputados, 1986); Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La Constitución de 1845 (Madrid: Iustel, 2007); Juan Ignacio Marcuello Benedicto, «El discurso constituyente y la legitimación de la monarquía de Isabel II en la reforma política de 1845», en Encarna García Monerris, Mónica Moreno Seco y Juan Ignacio Marcuello Benedicto (eds.), Culturas políticas monárquicas en la España liberal. Discursos, representaciones y prácticas (1808-1902) (Valencia: Universitat de València, 2013), 151-176.

286 Isabel Burdiel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente (Madrid: Espasa, 2004), pp. 129-168 y 189-221.

287 Luis Díez del Corral, El liberalismo doctrinario (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1945); Pierre Rosanvallon, El momento Guizot: El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución de 1848 (Buenos Aires: Biblos, 2015).

288 La intensa correspondencia política de Muñoz, en la que se mezclan lo público y lo privado, incluidos los negocios familiares, se encuentra en el Archivo de la Reina Gobernadora (Archivo Histórico Nacional, Sección Diversos: Títulos y Familias). El papel central de Muñoz en la estrategia política del moderantismo ha sido señalado por Isabel Burdiel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente (Madrid: Espasa, 2004).

289 Juan Pro, «Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)», Ayer, n.º 66 (2007), 27-55.

290 Juan Pro, «Narváez: el Espadón en la capital del Estado», en Valentina Fernández Vargas (dir.), El Madrid militar, II: El Ejército en Madrid y su provincia (1813-1931) (Madrid: Ministerio de Defensa, 2006), 271-313.

291 Luis Garrido Muro, «El fin del arca de la alianza: alternancia y exclusivismo durante el reinado de Isabel II», en Carlos Dardé y Carlos Malamud (coords.), Violencia y legitimidad política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1910 (Santander: Universidad de Cantabria, 2004), 21-42.

292 José Almirante, Diccionario militar: etimológico, histórico, tecnológico: con dos vocabularios, francés y alemán (Madrid: Depósito de la Guerra, 1869), pp. 952 y 819.

293 Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido: de la leva a la «mili»: (1700-1912) (Madrid: Biblioteca Nueva, 1996), 165-169.

294 Ley de reemplazos del Ejército, de 26 de junio de 1867, Gaceta de Madrid, núm. 178, 27 de junio, p. 1.

295 Fuentes: Elaboración propia a partir de Francisco Comín, Fuentes cuantitativas para el estudio del sector público en España (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1985). Datos procedentes de: Cuenta General del Estado (1850-1930); Luis López Ballesteros, «Memoria sobre el estado económico de la Monarquía, 12-XII-1829», Economía Financiera Española, n.º 19-20 (1967), 128-166; Esteban López Escobar, Los orígenes del derecho presupuestario español (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1971); José Patricio Merino, Las cuentas de la Administración Central Española, 1750-1820 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1987); José López Juana Pinilla, Biblioteca de hacienda de España. I: Tablas estadísticas y tributos antiguos (Madrid: E. Aguado, 1840). Deflactor de la columna B procedente de Jordi Maluquer de Motes, «Precios, salarios y beneficios. La distribución funcional de la renta», en Albert Carreras (coord.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX (Madrid: Fundación Banco Exterior, 1989), 495-532, sobre datos de Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948) y «Dictamen de la Comisión nombrada por Real Orden de 9 de enero de 1929 para el estudio e implantación del patrón de oro», Información Comercial Española, n.º 318 (1960).

296 Real Orden de 24 de octubre de 1835, art. 7.º, Gaceta de Madrid, núm. 303, 25 de octubre, p. 1201.

297 Ley de 18 de junio de 1851 para el reemplazo de 25.000 hombres con arreglo a lo dispuesto en el Proyecto de Ley aprobado por el Senado el 29 de enero de 1850, Gaceta de Madrid, núm. 6188, 23 de junio, pp. 1-3. Real Decreto de 2 de julio de 1851 dictando normas sobre la forma de hacer efectivo el importe de la redención, Gaceta de Madrid, núm. 6199, 4 de julio, pp. 1-2.

298 Antonio Ribot y Fontseré, La revolución de julio en Madrid (Madrid: Gaspar y Roig, 1854), 89-90.

299 Ley de 17 de febrero de 1873 de reemplazo del Ejército, Gaceta de Madrid, núm. 54, 23 de febrero, p. 627.

300 Ley sobre Fondo de Redenciones de 17 de noviembre de 1859, Gaceta de Madrid, núm. 2, 2 de enero de 1860, p. 1.

301 Nuria Sales de Bohigas, Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos (Barcelona: Ariel, 1974), 137-206.

302 Narváez intentó poner coto a los abusos mediante un Real Decreto que fijaba las reglas para la admisión de sustitutos en la caja, de 25 de abril de 1844. Gaceta de Madrid, núm. 3596, 19 de julio, pp. 1-2.

303 Valentina Fernández Vargas, Sangre o dinero: el mito del ejército nacional (Madrid: Alianza Editorial, 2004), 95-133.

304 Rafael Mas Hernández, La presencia militar en las ciudades. Orígenes y desarrollo del espacio urbano militar en España (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-La Catarata, 2003), 186.

305 Rafael Mas Hernández, La presencia militar en las ciudades. Orígenes y desarrollo del espacio urbano militar en España (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-La Catarata, 2003), 99-108, con datos de Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 16 vols. (Madrid: Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagastin, 1845).

306 Miguel Artola, El modelo constitucional español del siglo XIX (Madrid: Fundación Juan March, 1979).

307 José Ramón Parada, «El fracaso de la descentralización política. Reforma del Estado y reformas administrativas», Revista de Occidente, n.º 416 (2016), 5-38.

308 Juan Pro, «El Estado grande de los moderados en la España del siglo XIX», Historia y Política, n.º 36 (2016), 19-48.

309 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’état dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834) (Madrid: Casa de Velázquez, 2002), 185-336.

310 Francisco Agustín Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración (Madrid: Imprenta Nacional, 1839).

311 Decreto XLV de las Cortes de 3 de febrero de 1823: Ley para el gobierno económico-político de las provincias, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. X (1823), pp. 171-222.

312 Marta Lorente Sariñena y Carlos Garriga, Cádiz, 1812: la Constitución jurisdiccional (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007).

313 Javier de Burgos y Eduardo Roca Roca, Las ideas de administración de Javier de Burgos (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1987).

314 Friedrich List, Sistema nacional de Economía Política (México: Fondo de Cultura Económica, 1942) [1841].

315 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.ª ed (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842); Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 3 vols. (Granada: Sanz, 1842).

316 Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843).

317 José de Posada de Herrera, Lecciones de Administración, 3 vols. (Madrid: Establecimiento Tipográfico, 1843); Pedro Gómez de la Serna, Instituciones del derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid: V. Lalama, 1843); Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850).

318 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002), 187-188.

319 Sebastián Martín-Retortillo Baquer, Alejandro Oliván: reflexiones sobre su vida y su obra (Madrid: Civitas, 1997); Guillermo Vicente y Guerrero, El pensamiento político-jurídico de Alejandro Oliván en los inicios del moderantismo (1820-1843) (Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2003).

320 Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843), 4.

321 Ibid., 6.

322 Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843), 5.

323 Ibid., 58.

324 Max Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, 2.ª ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1984) [1922], pp. 174 y ss. y 707 y ss.

325 Ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos, sancionada en Barcelona á 14 de julio de 1840, y mandada publicar por S. M. en 30 de diciembre de 1843, con las modificaciones contenidas en el Real Decreto de la misma fecha, Gaceta de Madrid, núm. 3395, 31 de diciembre, pp. 1-3; y Reglamento de S. M. de 6 de enero de 1844 para la ejecución de la ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos, en Colección Legislativa de España, t. XXII (1844), pp. 26-54.

326 Juan Pro, Bravo Murillo: política de orden en la España liberal (Madrid: Síntesis, 2006).

327 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.ª ed (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842), p. XX.

328 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.ª ed. (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842), p. X.

329 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.ª ed. (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842), pp. XXII-XXIII.

330 Ibid., p. VIII.

331 Francisco Agustín Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración (Madrid: Imprenta Nacional, 1839).

332 Pedro Gómez de la Serna, Instituciones del derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid: V. Lalama, 1843).

333 Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850).

334 Manuel Colmeiro, Elementos del derecho político y administrativo de España (Madrid-Santiago-Valparaíso-Lima: Librería de D. Ángel Calleja-Librería Española de los Señores Calleja, 1858).

335 Mariano Peset y José Luis Peset, La universidad española (Siglos XVIII y XIX): despotismo ilustrado y revolución liberal (Madrid: Taurus, 1974).

336 Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850).

337 Ibid. t. I, p. 5.

338 Juan Pro, Bravo Murillo: política de orden en la España liberal (Madrid: Síntesis, 2006), 373-388.

339 Fuentes: para la duración de las sesiones de Cortes, cálculo propio a partir del Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, Legislaturas de 1843-Tercera, 1844 a 1845, 1845 a 1846, 1846 a 1847, 1847 a 1848, 1848 a 1849, 1849 a 1850, 1850 a 1851, 1851, 1853 y 1854. Para la proporción entre diputados ministeriales y de la oposición, Natividad Araque Hontangas, Las elecciones en el reinado de Isabel II: la Cámara Baja (Madrid: Congreso de los Diputados, 2008), 360-461.

340 Juan Pro, «La práctica política de los gobiernos antiparlamentarios al final de la Década Moderada (1851-1854)», Revista de las Cortes Generales, n.º 12 (1987), 7-55.

341 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados (Madrid: Alianza Editorial, 1986).

342 Julia Solla, «Justicia bajo administración (1834-1868)», en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 289-324.

343 Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850), t. I, p. 7.

344 Ibid., t. I, p. 8.

345 Ibid., t. II, pp. 217-298: Libro Quinto.

346 Marta Lorente Sariñena (ed.), La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de sus orígenes (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2009).

347 Bartolomé Clavero, «Justicia en España entre historia y Constitución, historias y constituciones», en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 399-428.

348 Vicente Santamaría de Paredes, Curso de derecho administrativo según principios generales y la legislación actual de España (Madrid: Est. tip. de Ricardo Fe, 1885); Vicente Santamaría de Paredes, Curso de derecho político según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente (Valencia: Imp. de Ferrer de Orga, 1881). No obstante, el manual de Colmeiro aún se seguía citando como referencia válida en los inicios del franquismo: José Gascón y Marín, Discurso correspondiente a la apertura de curso... 1944-1945: La evolución de la ciencia jurídico-administrativa española durante mi vida académica (Madrid: Estades, 1944), 19.

349 Juan Donoso Cortés, Lecciones de derecho político. Cuaderno 2.º, De la soberanía del pueblo (S.l. [Madrid]: Imp. de la Compañía Tipográfica, 1837); Antonio Alcalá Galiano, Lecciones de derecho político constitucional (Madrid: Imp. de Boix, 1843); Joaquín Francisco Pacheco, Lecciones de Derecho político constitucional: pronunciadas en el Ateneo de Madrid, en 1844 y 1845, vol. I (Madrid: Ignacio Boix, 1845). Textos estudiados por Ángel Garrorena Morales, El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía liberal (1836-1847) (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1974).

350 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002), 152-153.

351 Javier de Burgos y Eduardo Roca Roca, Las ideas de administración de Javier de Burgos (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1987); Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 3 vols. (Granada: Sanz, 1842); Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843).

352 Ramón Lázaro Dou y de Bassols, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado, 9 vols. (Madrid: Oficina de Don Benito García y compañía, 1800); Manuel Ortiz de Zúñiga, Deberes y atribuciones de los correjidores, justicias, y ayuntamientos de España, 5 vols. (Madrid: Jordán, 1832).

353 Juan Pro, «El modelo francés en la construcción del Estado español: el momento moderado», Revista de Estudios Políticos, n.º 175 (2017), 299-329.

354 Pierre Rosanvallon, El modelo político francés: la sociedad civil contra el jacobinismo de 1789 hasta nuestros días (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007), 12-17.

355 Una de estas intensas controversias jurídicas sostenidas en Francia, a propósito del debate de 1814-1830 sobre la constitucionalidad del Consejo de Estado y la naturaleza del gobierno representativo, ha sido recordada por Marta Lorente Sariñena (ed.), La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de sus orígenes (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2009).

356 Esta diversidad original del «laboratorio» francés ha sido puesta de manifiesto, entre otros, por Luca Mannori y Bernardo Sordi, Storia del diritto amministrativo (Roma-Bari: Laterza, 2001).

357 Jean-Philippe Luis, «L’influence du modèle napoléonien en Espagne (1814-1845)», Annales historiques de la Révolution française, n.º 336 (2004), 199-219, https://doi.org/10.4000/ahrf.1732.

358 Charles-Jean Bonnin, Compendio de los principios de Administracion, trad. D. J. M. Saavedra (Madrid: Imprenta de José Palacios, 1834).

359 Louis-Antoine Macarel, Curso completo de derecho publico general, trad. A. Sánchez de Bustamante (París: Librería española de Lecointe, 1835); Louis-Antoine Macarel, Elementos de Derecho político, trad. D. F. Enciso Castrillón, 2 vols. (Madrid: Yenes, 1838).

360 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002), 158-160.

361 Alfredo Gallego Anabitarte, «Los cuadros del Museo del Prado (I): Reflexiones histórico y dogmático-jurídicas con ocasión del artículo 132 (y 133.1) de la Constitución española de 1978», en Administración y Constitución: estudios en homenaje al profesor Mesa Moles (Madrid: Presidencia del Gobierno, 1982), 227-310.

362 Gabriel de Bourbon Busset, Filosofía política o elementos de la ciencia de gobierno y administración pública, trad. E. de S. P (Madrid: Imp. de Miguel de Burgos, 1824); R. Gandillot, Curso de derecho administrativo, trad. José María Saavedra (Madrid: Imp. de D. José Espinosa, 1834).

363 Javier Pérez Núñez, «Francisco Agustín Silvela Blanco (1803-1857), ideólogo de la administración centralizada», Revista de administración pública, n.º 157 (2002), 119-156.

364 Leyes francesas que reproduce en su Colección: Francisco Agustín Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración (Madrid: Imprenta Nacional, 1839). Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración, pp. 69-79, 81-99 y 171-179.

365 Francisco Agustín Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración (Madrid: Imprenta Nacional, 1839), pp. XXXVI.

366 Alfredo Gallego Anabitarte, «Influencias nacionales y foráneas en la creación del Derecho administrativo español», en Posada Herrera y los orígenes del derecho administrativo español. I Seminario de Historia de la Administración (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2001), 31-76, especialmente pp. 70-74.

367 Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868) (Madrid: Alianza Editorial, 1979).

368 Ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos, sancionada en Barcelona á 14 de Julio de 1840, y mandada publicar por S. M. en 30 de Diciembre de 1843, con las modificaciones contenidas en el Real decreto de la misma fecha, Gaceta de Madrid, núm. 3395, 31 de diciembre, pp. 1-3. Ley de 8 de enero de 1845 de organización y atribuciones de los ayuntamientos, Gaceta de Madrid, núm. 3776, 15 de enero, pp. 1-3.

369 Juan C. Gay Armenteros, Política y administración en Javier de Burgos (Granada: Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, 1993).

370 Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional: La división provincial (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996).

371 Javier Pérez Núñez, «El primer contenido administrativo de la provincia: los subdelegados», en In memoriam. Estudios dedicados a Antonio María Calero (Pozoblanco: Ayuntamiento de Pozoblanco-Diputación de Córdoba, 1998), 101-122; Javier Pérez Núñez, Entre el Ministerio de Fomento y el de la Gobernación: los delegados de Madrid en la transición a la Monarquía constitucional, 1832-1836 (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-Dykinson, 2011).

372 Manuel Ortiz de Zúñiga, Deberes y atribuciones de los correjidores, justicias, y ayuntamientos de España, 5 vols. (Madrid: Jordán, 1832).

373 Manuel Ortiz de Zúñiga, El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, 2.ª ed. (Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842); Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 3 vols. (Granada: Sanz, 1842).

374 Sebastián Martín-Retortillo Baquer, Alejandro Oliván: reflexiones sobre su vida y su obra (Madrid: Civitas, 1997).

375 Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843), 23-24.

376 Alejandro Oliván, De la administracion pública con relación a España (Madrid: Boix, 1843), 25-27.

377 Manuel Martí Martínez y María Cruz Romeo Mateo, «El juego de los espejos o la ambivalente relación del territorio y la nación», en Carlos Forcadell y María Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación. Los territorios del liberalismo (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2006), 51-72; Salvador Calatayud, Jesús Millán y María Cruz Romeo, «El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos», en S. Calatayud, J. Millán y M. C. Romeo (eds.), Estado y periferias en la España del siglo XIX (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2009), 9-130.

378 Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La Constitución de 1845 (Madrid: Iustel, 2007).

379 Julia Solla, «Justicia bajo administración (1834-1868)», en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 289-324.

380 Ley de 2 de abril de 1845 sobre organización y atribuciones de los consejos provinciales, Gaceta de Madrid, n.º 3860, 9 de abril, pp. 1-2; Ley de 6 de julio de 1845 que resuelve la organización y atribuciones del Consejo supremo de Administración del Estado (Consejo Real), Gaceta de Madrid, n.º 3955, 13 de julio, p. 1.

381 Bartolomé Clavero, «Justicia en España entre historia y Constitución, historias y constituciones», en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 410.

382 Sobre esta cuestión, sigo el esclarecedor debate entre Alejandro Nieto y José Ramón Parada, reflejado en los cuatro artículos que se cruzaron ambos administrativistas en los años sesenta: Alejandro Nieto, «Los orígenes de lo contencioso-administrativo en España», Revista de Administración Pública, n.º 50 (1966), 27-50; José Ramón Parada Vázquez, «Privilegio de decisión ejecutoria y proceso contencioso», Revista de Administración Pública, n.º 55 (1968), 65-112; Alejandro Nieto, «Sobre la tesis de Parada en relación con los orígenes de lo contencioso-administrativo», Revista de Administración Pública, n.º 57 (1968), 9-34; José Ramón Parada Vázquez, «Réplica a Nieto sobre el privilegio de decisión ejecutoria y el sistema contencioso-administrativo», Revista de Administración Pública, n.º 59 (1969), 41-70. Posteriormente, aún terció en este debate Alfredo Gallego Anabitarte, Administración y jueces: gubernativo y contencioso: reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado constitucional, y los fundamentos del derecho administrativo español (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1971), el cual otorgaba un contenido orgánico a la distinción entre asuntos contenciosos y gubernativos bajo el Antiguo Régimen.

383 Decreto LXXVIII de 29 de junio de 1821 sobre sistema administrativo de la Hacienda Pública, Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación, que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del ultimo año (Madrid: Imprenta Nacional, 1821), t. VII, pp. 298-344.

384 José Ramón Parada Vázquez, «Réplica a Nieto sobre el privilegio de decisión ejecutoria y el sistema contencioso-administrativo», Revista de Administración Pública, n.º 59 (1969), 41-70, especialmente p. 70.

385 Real Decreto de 27 de febrero de 1852 mandando que los contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras públicas se celebren por remate solemne y público, previa la correspondiente subasta, Gaceta de Madrid, n.º 6460, 29 de febrero, pp. 1-2; el artículo 9 de aquel decreto no atribuía facultades decisorio-ejecutorias a la Administración pública, pero preveía que tal atribución se pactara expresamente en los contratos. El avance del privilegio gubernativo puede observarse a través de normas como la Ley de Minas de 6 de julio de 1859 (Gaceta de Madrid, n.º 282, 9 de octubre, pp. 1-2) o la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879 (Gaceta de Madrid, n.º 170, de 19 de junio, pp. 799-805), hasta llegar a la Ley sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 13 de septiembre de 1888.

386 José Ramón Parada Vázquez, «Privilegio de decisión ejecutoria y proceso contencioso», Revista de Administración Pública, n.º 55 (1968), 65-112, especialmente pp. 89-98.

387 Ley de 23 de mayo de 1845 de presupuesto general de gastos e ingresos del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 3925, 13 de junio, pp. 1-2; n.º 3926, 14 de junio, pp. 1-3; n.º 3927, 15 de junio, pp. 1-3; y núm. 3928, 16 de junio, pp. 1-3.

388 Enrique Fuentes Quintana, «El estilo tributario latino: características principales y problemas de su reforma», en José Luis García Delgado y Julio Segura (eds.), Ciencia social y análisis económico. Estudios en homenaje al profesor Valentín Andrés Álvarez (Madrid: Tecnos, 1978), 195-279.

389 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992); Juan Pro, «Fraude, statistique et pouvoir dans l’Espagne libérale (1840-1868)», Revue d’histoire moderne et contemporaine XLI, n.º 2 (1994), 253-268; Juan Pro, «Las contribuciones de producto antiguas de 1845», en Francisco Comín y Rafael Vallejo (dirs.): La reforma fiscal de Mon-Santillán, ciento cincuenta años después (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1996), 119-134; Rafael Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001).

390 Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850).

391 Anselme Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 7 vols. (París: Cotillon, 1861), t. I, p. 8; Édouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 vols. (París: Berger-Levrault, 1887), t. I, pp. 27-34.

392 Alejandro Nieto, «Influencias extranjeras en la evolución de la ciencia española del Derecho administrativo», Anales de la Facultad de Derecho. Universidad de La Laguna 3, n.º 1 (1965), 43-68, especialmente p. 59.

393 Manuel Colmeiro, Derecho administrativo español, 2 vols. (Madrid-Santiago-Lima: Librerías de Don Ángel Calleja-Casa de los Señores Calleja, 1850), t. II, pp. 217-298.

394 José de Posada de Herrera, Lecciones de Administración, 3 vols. (Madrid: Establecimiento Tipográfico, 1843).

395 Thomas R. Osborne, «The German Model in France: French Liberals and the Staatswissenchaften, 1815-1848», Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte, n.º 1 (1989), 123-139.

396 Real Decreto de 29 de diciembre de 1842 por el que se establece en Madrid una Escuela especial de Administración, Gaceta de Madrid, n.º 3009, 2 de enero, p. 2.

397 José Gascón y Marín, Tratado elemental de Derecho administrativo: principios y legislación española (Madrid: Imprenta Clasica Española, 1917). De este libro se hicieron hasta 13 ediciones, la última en 1955.

398 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002), 54.

399 Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 3 vols. (Granada: Sanz, 1842), p. XI.

400 José Posada de Herrera, Lecciones de administración [1843] (INAP, 1988), 202.

401 Francisco Agustín Silvela, Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración (Madrid: Imprenta Nacional, 1839), p. XXXVI.

402 Alfredo Gallego Anabitarte, Formación y enseñanza del Derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico (Madrid: Marcial Pons, 2002), 248-253.

CAPÍTULO 6

LA CONSTRUCCIÓN DE LA BUROCRACIA

La clave para hacer realidad el programa del Estado administrativo era el desarrollo de una burocracia eficaz. Un entramado de servidores públicos profesionales, adecuadamente encuadrados en una organización jerárquica y centralizada sería lo que permitiría al Gobierno controlar el territorio, movilizar los recursos, mantener el orden e impulsar las transformaciones que en la mentalidad de la época se identificaban con la idea de progreso. En definitiva, si eso se lograba, si se construía una burocracia que hiciera al Gobierno central dueño de la situación en todo el territorio nacional, se habría conseguido el objetivo de construir el Estado. Por este motivo se puede identificar el proceso histórico de construcción del Estado con el proceso de despliegue de la burocracia estatal, tomando la parte por el todo. La vida en las oficinas de la burocracia de Estado da el tono de la acción del Estado. Los avances cuantitativos y cualitativos en el crecimiento de esa burocracia proporcionan los hitos históricos de la construcción del Estado. La capacidad que en cada momento demostrara la burocracia pública de extraer recursos y de hacer obedecer las disposiciones del Gobierno informa sobre el punto en el que se hallaba la construcción del Estado.

El desarrollo de la burocracia de Estado en la España del XIX hizo realidad el último y decisivo paso en la expropiación de poder de la que secularmente fueron objeto los servidores públicos. Max Weber explicó en sus obras este proceso, en virtud del cual se fueron dejando atrás las fórmulas típicas del Antiguo Régimen, en las que los servidores de la Corona poseían el control de los medios de poder que empleaban. Por ejemplo, entrarían en esa categoría los cargos venales que la Monarquía española dejaba en propiedad a sus titulares; aunque el modelo clásico lo darían los ejércitos privados que los señores feudales movilizaban al servicio del rey en caso de necesidad:

En todas partes el desarrollo del Estado moderno comienza cuando el príncipe inicia la expropiación de los titulares privados de poder administrativo que junto a él existen: los propietarios en nombre propio de medios de administración y de guerra, de recursos financieros y de bienes de cualquier género políticamente utilizables. Este proceso ofrece una analogía total con el desarrollo de la empresa capitalista mediante la paulatina expropiación de todos los productores independientes. Al término del proceso vemos cómo en el Estado moderno el poder de disposición sobre todos los medios de la empresa política se amontona en la cúspide, y no hay ya ni un solo funcionario que sea propietario del dinero que gasta o de los edificios, recursos, instrumentos o máquinas de guerra que utiliza. En el Estado moderno se realiza, pues, al máximo (y esto es esencial a su concepto mismo) la «separación» entre el cuadro administrativo (empleados u obreros administrativos) y los medios materiales de la administración.403

Weber insertó este cambio histórico en el proceso de burocratización, que entendió como un proceso universal de racionalización que ha afectado a los países europeos. El proceso es general, afecta a todo tipo de actividades organizadas y no solo a la construcción del Estado. Así, puede compararse al Estado con una empresa: al igual que en la empresa capitalista se fue afirmando gradualmente una tendencia a la separación entre la propiedad y la gestión —es decir, entre el cuadro administrativo de la empresa, formado por empleados más o menos cualificados, y el patrón que ejerce el poder como propietario del capital—, también en el Estado se tiende a separar el poder político, concentrado en la cúspide, de la mera administración, encomendada a la burocracia. Para Weber, esta es una tendencia racional, en la medida en que la burocracia es una forma eficaz de organizar los medios disponibles para el logro de los objetivos definidos por la autoridad, sea el patrón en la empresa o sea el gobernante en el Estado. Por ello, hablaba de «empresas de dominación» para referirse indistintamente a los requerimientos burocráticos del Estado y de otro tipo de organizaciones:

Toda empresa de dominación que requiera una administración continuada necesita, de una parte, la orientación de la actividad humana hacia la obediencia a aquellos señores que se pretenden portadores del poder legítimo y, de la otra, el poder de disposición, gracias a dicha obediencia, sobre aquellos bienes que, eventualmente, sean necesarios para el empleo del poder físico: el equipo de personal administrativo y los medios materiales de la administración.404

En definitiva, los procesos de formación del capitalismo moderno y del Estado contemporáneo son dos manifestaciones particulares y paralelas de un gran proceso histórico de racionalización. La racionalización del gobierno —que abarca la centralización, la generalización y la abstracción del poder— sacó a Europa del feudalismo y la condujo al Estado-nación contemporáneo. Paralelamente, la racionalización de la vida económica generó el capitalismo, pues hizo aparecer la empresa moderna, la organización del trabajo, la contabilidad sistemática y la independencia de los mercados con respecto al poder político. A Weber, que vivió el final del proceso de afirmación de los estados nacionales europeos en las décadas en torno al cambio de siglo, no se le ocultaba que esta burocratización vivida por las sociedades occidentales tenía consecuencias paradójicas: por un lado, en la burocratización iba implícita una tendencia a la racionalización que podría saludar con entusiasmo; pero, por otro lado, también conllevaba tendencias menos halagüeñas hacia la concentración de poder, el autoritarismo y la excesiva especialización profesional.405

A pesar de ello, la burocracia ha ocupado siempre un lugar secundario en el relato dominante de la historia nacional. El papel protagonista correspondía a los sujetos dotados de un poder más autónomo y más evidente, comenzando por los miembros de la clase política. Sin embargo, su poder sería en gran medida ilusorio sin la pirámide de servidores públicos que tenían bajo su mando: funcionarios, técnicos, profesionales, oficinas, documentos y fuerzas armadas se combinaban para hacer que las órdenes del Gobierno llegaran hasta el último rincón del territorio y se cumplieran. Por eso es tan importante conocer el proceso en virtud del cual nació y se desarrolló esa burocracia que hizo del Estado una realidad tangible, capaz de influir en la vida de los ciudadanos.

Hablamos del nacimiento de la burocracia porque, en gran medida, la burocracia del Estado contemporáneo en España fue de nueva creación. La continuidad con los aparatos burocráticos de los que se servía la Monarquía del Antiguo Régimen fue muy tenue, dada la profundidad de la crisis que desbarató aquellos aparatos a partir de 1808. Los historiadores que frecuentan los archivos españoles lo saben bien: la riqueza documental que nos ha legado la segunda mitad del XVIII se quiebra bruscamente en la primera mitad del XIX y tarda mucho tiempo en recuperarse aquel volumen y aquella calidad en la generación de documentos. Pocos historiadores han tomado conciencia de esta desproporción, por la nefasta tradición académica de separar rígidamente el trabajo de los investigadores en áreas de conocimiento como son la Historia Moderna y la Historia Contemporánea. Pero el fenómeno es evidente; y no es un espejismo archivístico, sino un reflejo material del hundimiento de la burocracia española a principios del XIX. La nueva burocracia pudo tomar muy poco de la antigua. Y, en cualquier caso, fue organizada con nuevos criterios y sobre bases nuevas. De ese proceso se trata en este capítulo.

Una burocracia en tránsito: entre el Reino y la Nación

La burocracia del Reino de España que heredó Fernando VII era apenas una sombra de la que había sostenido los reinados anteriores, de Carlos IV y Carlos III. Pero el monarca y su entorno cortesano se resistieron durante mucho tiempo a admitir hasta qué punto había dejado de existir continuidad con aquella época anterior a las guerras napoleónicas como consecuencia del ciclo de revoluciones y guerras vivido en Europa y América. Por tanto, pretendieron mantener los modelos políticos y administrativos resultantes de las reformas que la Casa de Borbón habían introducido en la maquinaria de la vieja Monarquía de España desde comienzos del siglo XVIII.

Esto significaba apoyarse sobre una burocracia que tenía cinco componentes fundamentales: Justicia, Hacienda, Ejército, Iglesia y municipios. La Justicia, con su red de consejos y audiencias estructuraba el territorio, afirmaba la soberanía del rey y mantenía el equilibrio entre los intereses presentes en la sociedad. La Hacienda, con su abigarrada acumulación de rentas, siempre insuficientes, conseguía año tras año el milagro de la supervivencia financiera del Reino. El Ejército y la Marina, aunque sufrían un debilitamiento progresivo por la falta de recursos, que impedía pensar en una política exterior independiente, al menos ejercían con relativa eficacia el papel represivo que permitía conservar la unidad de los territorios que le quedaban al rey, esto es, la España peninsular, los dos archipiélagos adyacentes y un imperio ultramarino en el cual todavía se soñaba con reconstruir el poder de la Corona española a la altura de 1814. La Iglesia ejercía funciones administrativas de enorme importancia como un aparato específico que se hallaba medio dentro y medio fuera de la burocracia real: asegurando el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, recaudando impuestos de los que era partícipe la Hacienda Real, controlando los usos de la imprenta, ejerciendo funciones de policía, adoctrinando cotidianamente a la población en la lealtad a la Monarquía y en la asunción de una identidad común, que era mucho más católica que española. Por último, estaban los municipios, una red de miles de órganos de poder y administración que, si bien respondían a la estructura oligárquica de las sociedades locales, servían como encuadramiento principal de la población, fuente de identidad colectiva e intermediarios en la mayor parte de las relaciones entre la Monarquía y sus súbditos: los pueblos, las familias, los individuos.406

Habría que hacer una excepción por lo que se refiere a la Administración colonial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que en parte funcionaba con arreglo a otras normas e instituciones. El gobierno de las colonias adquirió características especiales desde la refundación del imperio español en 1836-1837, e incluso llegó a estar encuadrada bajo un ministerio propio —el de Ultramar— en el periodo 1863-1899. Pero esta excepción era en gran medida el resultado de un gobierno militarizado de las colonias, por lo que se integraba en el esquema general como una faceta más de la acción del Ejército y la Marina.407

De estas cinco redes administrativas superpuestas, que tradicionalmente venían asegurando el funcionamiento de la Monarquía española, incluso en su versión «moderna» del Reino de España, después de las reformas del siglo XVIII, las tres primeras —Justicia, Hacienda y Ejército/Marina— afirmaban directamente el poder de la Corona. Una cuarta, la Iglesia, suponía una estructura de poder enormemente eficaz, por ser la única cuya jerarquización aseguraba un control centralizado que se extendía mediante agentes propios por la totalidad del territorio; pero, a cambio, era una red con cierto grado de autonomía, cuyo control compartía la Corona con el Papado. Y la última, la de los municipios, constituía de hecho la clave de la administración del Reino, sin la cual la Corona no tenía capacidad alguna de hacer cumplir sus leyes, obtener información sobre los habitantes y los recursos del Reino, recaudar impuestos ni reclutar soldados.

El Reino de España en 1800, a pesar de todos los esfuerzos de centralización y de uniformización desplegados por los monarcas del siglo XVIII y sus ministros reformistas, seguía siendo un conglomerado de municipios. De manera que, cuando en 1808 la invasión francesa hizo desaparecer todos los aparatos centralizados de la Monarquía, la resistencia contra los ocupantes tomó de manera espontánea la forma de Juntas revolucionarias locales, que tradujeron a la esfera política y militar las identidades primordiales y la legitimidad de los poderes municipales.

Cuando Fernando VII recuperó el trono e intentó ejercerlo de nuevo como monarca absoluto, en 1814, el grado de deterioro de la burocracia real y de la legitimidad de sus instituciones era tan grande que no fue posible una reconstrucción plena de la misma. La Hacienda, por ejemplo, se hallaba en bancarrota; y todos los esfuerzos por enderezarla con reformas administrativas y buena gestión fracasaron ante el prejuicio ideológico que impedía afrontar un cambio estructural, abocando al endeudamiento y, finalmente, a la suspensión de pagos en 1836. La Armada había quedado diezmada desde la Batalla de Trafalgar (1805). El Ejército, al igual que la Marina, no podía reconstruirse después de la desbandada de 1808-1810 por la falta de medios financieros; y, en todo caso, había sido dinamitado desde los cimientos por los seis años de guerra contra los franceses y la continuidad de la contienda contra los rebeldes americanos, que habían impuesto el reclutamiento y el ascenso por méritos, dejando atrás los privilegios y jerarquías del Antiguo Régimen.

La Justicia, que antaño constituyera el armazón del control del territorio, estaba desacreditada por su lentitud e ineficacia en comparación con los mecanismos de gobierno más ejecutivos, que dejaban en entredicho a consejos y audiencias frente a secretarios, intendentes, gobernadores y capitanes generales. El descrédito había llegado hasta el extremo por la ambigüedad de las instituciones de justicia frente a la invasión francesa, a la que en gran parte se entregaron; y el propio rey había dado el golpe de gracia a la idea tradicional de la Justicia al hacer una excepción en la lógica de restauración plena del Antiguo Régimen, incorporando a la Corona las jurisdicciones que hasta 1811 habían correspondido a los señores. La destrucción de ese último eslabón de la cadena tradicional de la Justicia que constituían los señoríos —iniciada por las Cortes de Cádiz en 1811, confirmada por Fernando VII en 1814 y completada por los liberales progresistas en 1837— puso las bases para la creación de una nueva Administración de Justicia, exclusivamente estatal, que se edificaría muy lentamente entre la Constitución de 1812 y la Ley orgánica del Poder judicial de 1870.

En cuanto a la Iglesia, dividida y replegada a posiciones ambiguas desde la invasión francesa de 1808, perdió la conexión con los aparatos seculares de la Monarquía durante los seis años siguientes de guerra, cuando tanto la administración de José I como los fieles a Fernando VII iniciaron la recuperación de la autoridad sobre la Iglesia y de las funciones propias de la Corona. Los sucesivos embates desamortizadores lanzados por José I (1809), por los liberales del Trienio constitucional (1820) y, finalmente, por los progresistas (1835-1836, 1841, 1855) acabaron con el patrimonio eclesiástico, debilitaron las bases materiales y humanas del clero, deslegitimaron la intervención de la Iglesia en asuntos civiles y acabaron por reducir al clero a la condición de empleados del Estado, del cual recibían sus haberes. El propio Fernando VII contribuyó a esta anulación progresiva de la Iglesia como poder civil cuando, en su segundo golpe de Estado absolutista, en 1823, hizo una nueva excepción a la idea de plena restauración del Antiguo Régimen, manteniendo de facto la abolición de la Inquisición.

En todos estos ámbitos de la administración del Reino —Hacienda, Justicia, Ejército e Iglesia—, por tanto, la ruptura primó sobre la continuidad en el primer tercio del siglo XIX. En el quinto de los ámbitos mencionados, en cambio —el municipal— fue la continuidad la que predominó sobre la ruptura, asegurando la reproducción de mecanismos y grupos de poder del Antiguo Régimen en el nuevo Estado nacional.

Así pues, el Estado nacional que se construyó en España en el siglo XIX no fue el resultado de una reconstrucción ni de una reforma sobre los entramados administrativos heredados de la Monarquía del Antiguo Régimen. Sin duda, tuvo elementos de continuidad, porque el territorio, las personas y los hábitos culturales imponían que así fuera; pero esos elementos de continuidad estuvieron sobre todo en el ámbito local que, después de haber constituido la base del gobierno del Reino bajo el Antiguo Régimen, siguió teniendo una importancia primordial a lo largo del todo el siglo XIX. Los grandes aparatos centralizados de la Monarquía del Antiguo Régimen se hundieron y fueron sustituidos por unos nuevos: un nuevo Ejército, una nueva Hacienda y una nueva Administración de Justicia formarían parte del Estado; pero también una nueva Iglesia nacional, resultado de la reforma del clero que los revolucionarios iniciaron en 1835-1836 y que acabaron pactando con Roma en el Concordato de 1851.

La reforma de la Iglesia española

La destrucción del poder secular de la Iglesia fue la clave que permitió a los liberales españoles impulsar la construcción de unos aparatos de Estado enteramente nuevos en el segundo tercio del XIX. En primer lugar, porque, además de sus labores propiamente religiosas o espirituales, la Iglesia desempeñaba toda una serie de funciones y servicios como auxiliar de la Monarquía, desde la educación y el cuidado de la salud hasta el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, la asistencia a los pobres o el control de los impresos que se publicaban. Al irse retirando de esas tareas, la Iglesia dejó desatendidos espacios públicos que podría asumir el Estado mediante sus propios aparatos burocráticos. Por ejemplo, la abolición de la Inquisición —de facto en 1820 y de iure en 1834— permitió instalar, en el espacio que antes ocupaba, la Policía del Estado y el control de la imprenta por el Gobierno. La beneficencia, la instrucción pública, el censo de población, los registros civiles y tantos otros aspectos de la Administración del Estado, crecieron sobre las ruinas de antiguas estructuras eclesiásticas.

La reforma de la Hacienda, que constituía un requisito indispensable no solo para construir un Estado viable, sino tan siquiera para asegurar las funciones mínimas del control del territorio y los gastos de la Corte, estuvo igualmente condicionada por las posibilidades de arrebatar a la Iglesia recursos y espacios de poder (como se ha explicado en el capítulo 4). De ahí que no fuera posible, por razones ideológicas, realizarla mientras estuvo vigente la monarquía absoluta. La abolición del diezmo eclesiástico y la nacionalización del patrimonio inmobiliario de la Iglesia se fueron revelando gradualmente como la única salida para la quiebra fiscal de la Monarquía. De manera que, muerto Fernando VII en 1833, la única opción que se le ofrecía a la regente María Cristina para conservar el trono de Isabel II era permitir el acceso al poder de los liberales, que podían realizar esa reforma profunda que se necesitaba para equilibrar, en la medida de lo posible, ingresos y gastos.

La desamortización y la abolición del diezmo permitieron, por un lado, sanear la Hacienda Real y relanzar sobre nuevas bases la Hacienda Pública que había de sostener al Estado en construcción. Pero al mismo tiempo, por otro lado, estas medidas acabaron con la independencia económica de la que había disfrutado la Iglesia durante siglos. De manera que fue necesario buscar un modelo alternativo para el sostenimiento económico del clero y del culto católico, dado que existía un consenso muy amplio sobre la necesidad de financiar estas actividades por la importancia que se otorgaba a la atención espiritual a los fieles como verdadero servicio público. En realidad, los cambios que la situación exigía iban mucho más allá: de lo que se trataba era de realizar una verdadera reforma de la Iglesia católica española, para hacerla compatible con la existencia del Estado nacional que se estaba empezando a construir. La reforma implicaba un deslinde de campos de actuación entre el Estado y la Iglesia, que pasaba por la reducción de las funciones, competencia y autoridad de las instituciones eclesiásticas. Pasaba también por redefinir las relaciones de poder entre Estado e Iglesia, afirmando con fuerza la soberanía frente a las pretensiones eclesiásticas de autonomía. La reforma había que hacerla utilizando el poder del Estado; pero sin violentar la autoridad del papa para no provocar un conflicto frontal de consecuencias imprevisibles. En definitiva, se trataba de crear una Iglesia nacional en España, haciendo que sus estructuras dependieran más de la autoridad del Estado que de Roma. Una verdadera reforma de la Iglesia formó parte de la Revolución española.

No hay que olvidar que la reforma venía impulsada por un Estado que no había dejado de ser confesional y por unos dirigentes que, si bien eran liberales y podían mostrarse anticlericales, eran en su inmensa mayoría católicos practicantes. En cualquier caso, los liberales españoles sabían que vivían en un país sin apenas minorías religiosas, en el que la unidad católica aconsejaba tener el máximo cuidado en las relaciones con la Iglesia. Cada paso en la reforma de la Iglesia tenía, pues, que ir acompañado de alternativas y compensaciones para el clero, negociaciones políticas y, en última instancia, el visto bueno del papa.

Al privar a la Iglesia de su patrimonio y de la fuente continua de rentas que había constituido el diezmo desde hacía siglos, hubo que ofrecerle otra vía de sostenimiento económico. La alternativa que se ofreció a la Iglesia fue que el propio Estado tomara a su cargo la financiación de sus actividades. El asunto quedó vinculado para siempre al artículo 11 de la Constitución, lugar simbólico que indica la alta prioridad que el nuevo Estado concedía a sus relaciones con la Iglesia. El asunto se formuló en 1837 estableciendo que «La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles».408 Luego vinieron versiones más contundentes, que recuperaban de la Constitución de Cádiz el recordatorio de la unidad católica, haciendo de ella algo esencial a la identidad española, como en el texto de 1845 (siempre en el art. 11): «La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros».409

Esta obligación asumida por el Estado de mantener a la Iglesia se canalizó a través de la llamada Contribución de Culto y Clero, que a pesar de su nombre no era un impuesto, sino la partida presupuestaria que el Estado dedicaba cada año a este fin (también se llamaba, en ocasiones, «Dotación de Culto y Clero»). En la práctica, esta asunción por el Estado de los sueldos de los eclesiásticos, así como de los gastos para sostener los templos y las actividades del culto católico, convertía a los clérigos en asalariados del Estado. La Contribución de Culto y Clero se instauró en 1840, como parte de las medidas adoptadas por los progresistas al llegar el poder en aquel año; pero también como parte de las medidas encaminadas a definir el nuevo statu quo tras la victoria del bando liberal en la guerra carlista.410 Después, los moderados revisaron esta nueva entente en 1844 y 1849, a fin de mejorar el estatuto económico de la Iglesia.411

Con todas estas medidas, la situación de la Iglesia en España había cambiado drásticamente; y, como eran medidas que reducían su patrimonio, poder e independencia, habían deteriorado gravemente las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede. La familia real, la corte y la clase política, de manera prácticamente unánime, deseaban una pacificación de esas relaciones, que pasaba por la firma de un nuevo concordato, pues el último databa de mediados del siglo XVIII y había quedado claramente desfasado.412 Lo deseaban no solo para asentar de manera más firme la legitimidad de la dinastía y del nuevo Estado español, con la bendición eclesiástica; sino también por razones más íntimas, relacionadas con las creencias religiosas de las elites dirigentes del país, que sin duda albergaban un cargo de conciencia.

Las relaciones con Roma estaban rotas desde poco después de la muerte de Fernando VII, pues el Papado había optado por apoyar la causa del pretendiente don Carlos, que parecía mejor garantía que Isabel II y María Cristina para la continuidad de la «alianza entre el Trono y el Altar». El reinado de Isabel, por tanto, había comenzado deslegitimado ante amplios sectores de la opinión pública española, mayoritariamente católica, por el hecho de no ser reconocida por el papa. Las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede quedaron rotas desde el acceso al poder de los progresistas en 1835, debido a la desamortización de los bienes eclesiásticos y las demás medidas revolucionarias que, entre 1835 y 1843, atentaron contra los intereses de la Iglesia: medidas como la exclaustración del clero regular, la abolición de diezmos y primicias, o la expulsión de la Compañía de Jesús, que, de hecho, fue el detonante para que la Santa Sede retirara al enviado plenipotenciario que la representaba en Madrid.413 Muchos obispos se comprometieron abiertamente con la causa carlista. Otros excomulgaron a los compradores de bienes desamortizados. Los gobiernos progresistas reaccionaron procesando y desterrando obispos, tratando de sustituirlos por otros más proclives, cesando jueces eclesiásticos y enzarzándose en un enfrentamiento con los cabildos catedralicios. Lejos de arredrarse ante la ofensiva, Gregorio XVI dictó una carta apostólica atacando al régimen de Espartero.414 En la alocución apostólica conocida como Afflictas in Hispania Religionis res, de 1 de marzo de 1841, el papa desautorizó a los clérigos que colaboraran con el régimen liberal instaurado en España.415

El resultado de aquel enfrentamiento abierto entre el Gobierno español y la jerarquía católica durante la época de la Revolución liberal fue una completa desorganización de la Iglesia en España. Muchas sedes episcopales permanecieron vacantes, pues para proveerlas se necesitaba el concurso del Papado y de las autoridades españolas; muchos frailes y monjas exclaustrados no encontraban un destino y se buscaban la vida como mejor podían; las bases materiales de la Iglesia se habían descompuesto, repercutiendo en un deterioro del nivel de vida, la moralidad y la formación del clero. Para los moderados y, en un sentido más amplio, para todos los conservadores y «gentes de orden», aquella situación no podía prolongarse.

Además, se planteaba otro asunto delicado, como era el de que el papa diera su visto bueno a las adquisiciones por particulares de bienes nacionales procedentes de la desamortización del patrimonio eclesiástico. Mientras no se obtuviera este visto bueno, tales adquisiciones tenían un componente de inseguridad jurídica, puesto que podrían resultar reversibles en el futuro; y tenían también un componente pecaminoso que causaba desazón a los nuevos propietarios, pues desde el punto de vista oficial de la Iglesia eran bienes procedentes de un expolio ilegítimo. Tales preocupaciones afectaban a gran parte de las clases altas y medias y a muchos políticos en activo, que se encontraban entre quienes habían comprado bienes desamortizados.

Por encima de todo esto, estaba la cuestión de la influencia social de la Iglesia, que aún era muy grande y nadie quería tener en contra. La Iglesia desempeñaba un papel decisivo en la cohesión de la sociedad, en la custodia de las tradiciones, en la definición de la identidad española, en la educación de las masas populares y, en general, en el mantenimiento de la paz social en la vida cotidiana. El mensaje de resignación y mansedumbre que predicaba la Iglesia se consideraba vital para frenar las tendencias disgregadoras visibles en el aumento de la conflictividad social: la revolución, la puesta en cuestión del orden establecido, las reivindicaciones obreras que habían empezado a manifestarse desde 1840... Después de las revoluciones de 1848 se acrecentaría aún más la convicción de que una restauración de las estructuras eclesiásticas sería el remedio más adecuado para prevenir que en el futuro pudieran hallar eco entre las masas populares de las ciudades españolas ideas incendiarias como las que habían llenado Europa de barricadas. En definitiva, llegar a un modus vivendi con la Iglesia era imprescindible para construir y consolidar un Estado nacional, puesto que la única vía política alternativa era insistir en la movilización de las clases populares y la confrontación revolucionaria.

El Concordato constituía una verdadera cuestión de Estado, a la vez de política interior y de política exterior, que interesaba especialmente al Partido Moderado. La negociación con la Iglesia formaba parte de las prioridades del programa político de los moderados para cerrar el ciclo de la revolución española y consolidar su modelo de Estado. Una característica crucial del nuevo Estado español fue, pues, su carácter confesional.416

Tan pronto como llegaron al Gobierno, en 1844, los moderados enviaron a Roma a un representante para negociar un acuerdo parcial que solucionara los contenciosos con la Iglesia. Como no existía reconocimiento diplomático entre los dos soberanos —la reina de España y el papa de Roma, aún monarca de los Estados Pontificios, además de ser cabeza de la Iglesia católica—, no pudo nombrarse un embajador, sino solo un agente de preces, que fue José del Castillo y Ayensa, un diplomático de la camarilla de María Cristina.

El Gobierno Narváez desplegó gestos de conciliación hacia la Iglesia para facilitar la negociación. Por ejemplo, suspendió la venta de bienes desamortizados y decretó que se restituyeran a la Iglesia los no vendidos.417 Las únicas exigencias que se le pusieron a Castillo y Ayensa para la negociación fue que obtuviera el reconocimiento pleno de Isabel II como reina legítima de España y la aquiescencia de la Santa Sede para las ventas de bienes desamortizados realizadas en el pasado (lo que se llamó la «sanación» de tales ventas). Lo primero que logró fue que el Imperio Austriaco retirara su veto al reconocimiento papal de Isabel II como reina legítima de España, importante clarificación diplomática que facilitó las negociaciones bilaterales. Con todo a favor y otorgando a la Iglesia gran parte de lo que pedía, Castillo firmó un Convenio en Roma con el secretario de Estado, cardenal Lambruschini, el 27 de abril de 1845. Pero el Gobierno Narváez, que le había comisionado, no ratificó los términos del acuerdo suscrito, debido a la forma en que el papa ofrecía la sanación de las propiedades adquiridas al calor de la desamortización del patrimonio eclesiástico: el artículo 11 del Convenio decía que el papa se comprometía a otorgar un decreto asegurando a los compradores de bienes desamortizados que no serían inquietados en su propiedad por la Iglesia, una vez que el Gobierno hubiera resuelto a satisfacción de la Santa Sede la dotación financiera del clero, a la que se refería el artículo 9.418 El Gobierno dudó mucho si aceptar aquel Convenio, que varios de sus miembros encontraban humillante para el Estado, en la medida en que sus cláusulas condicionales demostraban un alto grado de desconfianza, cuando no un chantaje puro y simple. Y probablemente se decidió a negar la ratificación cuando, publicado el texto del convenio por el diario londinense The Times, se levantó un clamor contra el mismo en la opinión pública y la prensa española.419 Aquel fiasco dejó la cuestión del acuerdo con Roma en vía muerta por algún tiempo, pero no liquidó del todo el clima de reconciliación que se había creado entre el Papado y el régimen moderado.

Un gesto de gran valor simbólico, aunque de alcance práctico limitado, se produjo en enero y febrero de 1846, cuando el papa aceptó como obispos para cubrir sedes vacantes en las colonias españolas a cuatro candidatos presentados por España, lo cual representaba un reconocimiento implícito de Isabel II como reina legítima. Hay que tener en cuenta que el Papado no había dado su visto bueno a ninguno de los candidatos para sedes episcopales que le había presentado el Gobierno español desde 1835, precisamente para guardarse esta baza del reconocimiento de la reina, que ahora empezaba a jugar; aunque tampoco había proveído las sedes vacantes con los candidatos que, por otro lado, le presentaba el pretendiente don Carlos.

La corte española intentó desatascar las negociaciones con Roma promoviendo, en febrero de 1846, una nueva combinación de Gobierno, en la que ocupaba la Presidencia y la cartera de Estado el ultraconservador marqués de Miraflores, de quien se esperaba que dirigiera personalmente dichas negociaciones. Pero aquel gabinete cayó en poco más de un mes, dado que Miraflores apenas contaba con apoyos en el Partido Moderado, en comparación con Narváez.

Tras la muerte de Gregorio XVI, en junio de 1846, y el acceso al solio pontificio de Pío IX, se abrieron mejores perspectivas para la negociación con España, dada la inclinación moderadamente liberal con la que se estrenó el nuevo papa. Fue Pío IX quien, dando prueba de esa actitud favorable al reconocimiento de la monarquía liberal en España, envió un nuncio a Madrid en enero de 1847: monseñor Giovanni Brunelli, que se mantendría hasta el final de las negociaciones y tendría un importante protagonismo en las mismas. Desde aquel momento, las negociaciones se intensificaron, centradas ya en Madrid más que en Roma. Castillo y Ayensa fue sustituido como jefe de la delegación española en Roma, ya que el Gobierno lo consideraba más leal a los intereses de la Iglesia que a los del Estado español. En su lugar fue nombrado para continuar las negociaciones Joaquín Francisco Pacheco, que tampoco tuvo tiempo de avanzar en este tema antes de que cayera el gobierno de tendencia «puritana» que le había comisionado. Cuando regresó al poder el general Narváez, el 4 de octubre de 1847, se reservó para sí mismo la cartera de Estado y nombró representante diplomático en Roma a Francisco Martínez de la Rosa.

Surgió entonces otro nuevo e inesperado obstáculo en las negociaciones entre los representantes del nuevo Estado español y la Santa Sede. En 1848 estalló la revolución por toda Europa —salvo España— y también en los Estados Pontificios: los revolucionarios proclamaron la República Romana y obligaron al papa a abandonar sus estados. Martínez de la Rosa acompañó al papa hasta Gaeta, donde se colocó bajo la protección de los Borbones de Nápoles, parientes de la familia real española. El Gobierno Narváez aprovechó aquella situación de acercamiento en la adversidad para realizar gestos que le ganaran definitivamente la confianza de Pío IX. Incluso envió una expedición militar española, bajo el mando de Fernández de Córdoba, para proteger al papa y auxiliarle en la tarea de reconquistar su poder temporal. Por entonces, Narváez puso al frente del Ministerio de Estado a Pedro José Pidal, que fue quien llevó el peso de la negociación entre julio de 1848 y enero de 1851.

El tiempo corría ahora en contra de la diplomacia vaticana, puesto que, mediado el siglo, las realizaciones de la Revolución española se daban ya por irreversibles, el trono de Isabel II parecía plenamente asegurado y se hallaban consolidados tanto el régimen de monarquía constitucional como el propio Estado liberal. La Iglesia tenía cada vez menos bazas para negociar. Pero también, por parte de España, había más margen negociador, fundamentalmente porque la reforma tributaria de 1845 y la Ley de 1849 habían dejado solucionada la financiación del culto y clero, escollo material de la negociación. Las circunstancias, pues, se habían tornado propicias y el Gobierno obtuvo de las Cortes una autorización para negociar un acuerdo más general, que incluyera, además de la sanación de las propiedades desamortizadas, el restablecimiento de las órdenes religiosas femeninas, la reorganización de los seminarios eclesiásticos, una distribución más racional del clero y una nueva demarcación de las diócesis, que adaptara la geografía eclesiástica española a la definición estatal del territorio basada en la división provincial.420 Como reconocía aquella ley, de lo que se trataba ya no era de un mero acuerdo diplomático entre dos estados soberanos —el Reino de España y los Estados Pontificios—, sino de un «arreglo general del clero», es decir, una verdadera reforma de la Iglesia, para la que aquel acuerdo debía facultar al Gobierno español.

Los trabajos de la Junta Mixta que organizó el nuncio Brunelli en Madrid, con cuatro representantes del Gobierno y cuatro de la Iglesia, demostraron que los obstáculos técnicos habían quedado despejados a lo largo de años de negociaciones, y perfilaron los términos de ese «arreglo del clero». La reforma quedó recogida en dos informes de noviembre de 1848: el Proyecto general sobre el arreglo del clero en España, de Manuel Joaquín Tarancón; y la Memoria justificativa del proyecto general sobre el arreglo, de Ventura González Romero.421 Pidal —ministro de Estado— y su cuñado Mon —ministro de Hacienda— convencieron a Narváez para negociar un Concordato en el que se abordaran todos los aspectos de la Iglesia española que necesitaban una puesta al día, sustituyendo al de 1753. El nuncio pontificio y el Ministerio de Estado intercambiaron varios borradores, hasta que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Concordato el 2 de agosto de 1850.422

La negociación se demoró aún algún tiempo por las objeciones realizadas por la Santa Sede a aquel texto que le proponía España, aprobado en Consejo de Ministros; de manera que al nuncio Brunelli se le denegó desde Roma la plenipotencia necesaria para ratificar el acuerdo con el Gobierno español hasta el 14 de enero de 1851.423 Aquel placet final del Vaticano coincidió con la sustitución de Narváez al frente del Gobierno por Bravo Murillo, que fue quien aportó el impulso final para la firma del Concordato. Juan Bravo Murillo, jurista cercano a la camarilla monárquica y católica de María Cristina, representaba la opción más favorable que Roma podría esperar del Estado español por mucho tiempo. Bravo Murillo, efectivamente, realizó unas últimas concesiones, sobre todo en materia económica, de manera que la negociación quedó concluida el 16 de marzo. El Concordato se ratificó el 11 de mayo. Y la sanción regia lo convirtió en Ley del Estado español el 17 de octubre de 1851.424

El Concordato fue enseguida objeto de polémica, en la lógica de las disputas políticas de la España del momento. La oposición progresista y demócrata criticó airadamente las concesiones, en su opinión excesivas, que se hacían a la Iglesia. Pero también las luchas internas del Partido Moderado salieron a la luz en aquella ocasión.

Por su parte, la Iglesia no le puso las cosas fáciles al Gobierno español. Por un lado, Pío IX comunicó la aprobación del Concordato con una alocución en la que se congratulaba por las ventajas que la Iglesia obtenía del acuerdo, que describía siguiendo la interpretación más favorable para sus intereses. El papa subrayaba que el catolicismo había quedado confirmado como religión única de España con exclusión de cualquier otra; que se otorgarían facilidades para que los obispos ejercieran una vigilancia sobre todas las escuelas públicas o privadas del país, a fin de que su enseñanza fuera plenamente conforme a la doctrina eclesiástica; ese control eclesiástico se extendería también a la censura sobre la prensa y todo lo que se imprimiera; el papa se regocijaba también por ver repuestas en España las órdenes religiosas; por último, saludaba la reafirmación del derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes, advirtiendo a las clases propietarias de que negar tal derecho habría sido el principio para un ataque general contra la propiedad privada, que no dudaba en asimilar al socialismo y al comunismo.425 Y remachó la presentación del Concordato como un triunfo del Papado proclamando un jubileo para saludar su aprobación, en un gesto que sonaba a revancha. Por otra parte, desde la Iglesia española se secundó la celebración en tono de victoria, con gestos como la organización de procesiones por las cofradías y colegios religiosos de Madrid, o las proclamaciones que, en algunos pueblos de Navarra, relacionaban el Concordato con el triunfo del carlismo, gritando «¡Viva Carlos V!, ¡Viva el Concordato!».426

A esta actitud imprudente de la Iglesia se agarró el sector fiel a Narváez dentro del Partido Moderado, que había sido apartado del poder con el nombramiento de Bravo Murillo como presidente del Consejo de Ministros, el 14 de enero de aquel año. Puesto que no podían oponerse frontalmente al Concordato, que sería tanto como atacar al papa o discutir la confesionalidad del Estado, se limitaron a publicar en uno de sus periódicos la alocución con la que el papa había presentado el Concordato en Roma, texto cuya difusión había intentado evitar el Gobierno.427 Se trataba con ello de poner en dificultades al gabinete, dando a entender que la satisfacción de la Iglesia era producto de las excesivas concesiones de Bravo Murillo, en contraste con la supuesta dureza negociadora de los anteriores gobiernos presididos por el duque de Valencia. Este detalle es importante, porque la imagen de aquel Concordato que quedó para la posteridad fue la que pretendieron los enemigos del Gobierno Bravo Murillo, motivada por las luchas partidistas del momento: una entrega a los intereses de Roma que dotó a la Iglesia española de un enorme poder en los cien años siguientes en que el Concordato permaneció vigente.

No obstante, la realidad tenía más matices. La alocución papal formaba parte de una campaña de imagen que convertía en victoria lo que, en realidad, era un acuerdo mucho más equilibrado. De hecho, la opinión carlista no estuvo conforme con las líneas básicas del Concordato.428

El Concordato, en efecto, daba carta de naturaleza a la confesionalidad del Estado. Por ese motivo debe considerarse como una pieza fundamental en la construcción del nuevo Estado. Pero la confesionalidad suponía una ruptura con la situación anterior, cuando la Monarquía Católica de España se hallaba de tal modo imbricada con la jerarquía eclesiástica que no hubiera resultado posible distinguir dónde empezaba una y dónde terminaba la otra (en multitud de temas, desde la política exterior hasta la fiscalidad, pasando por la censura de imprenta o el control del espacio colonial). De lo que se trataba en 1851, con un Estado nacional ya en proceso de construcción, era de definir el campo de acción de la Iglesia en un sentido restrictivo en comparación con el Antiguo Régimen: delimitar los espacios propios de la Iglesia y del Estado, afirmando con fuerza la soberanía de este. La confesionalidad católica del Estado no fue objeto de discusión, en la medida en que figuraba desde 1837 inscrita en la Constitución que habían redactado los progresistas.

El Concordato de 1851 se abría con la proclamación de la unidad católica de España en su artículo 1.º, «con exclusión de cualquiera otra», y comprometiendo al Estado con el mantenimiento del clero y de sus actividades. A diferencia del Convenio de 1845, esta vez sí se recogía expresamente y sin condiciones el reconocimiento por parte de la Iglesia de la situación de hecho creada por la desamortización, con la promesa de no inquietar en el futuro a los compradores de bienes eclesiásticos (art. 42). A cambio, el Estado reconocía a la Iglesia el derecho de adquirir y poseer propiedades en el futuro, lo cual permitiría, en la práctica, que se recompusiera el destruido patrimonio eclesiástico (art. 41); para dar el primer paso en esa dirección, el Concordato preveía la devolución inmediata a la Iglesia de los bienes nacionalizados que aún no se hubieran vendido a particulares (art. 38). El Concordato permitía también, aunque fuera tímidamente y de forma ambigua, el restablecimiento en España de órdenes religiosas, disueltas desde la exclaustración de 1835-1836. El artículo 30 se ocupaba de regular las órdenes femeninas, que nunca habían sido objeto de gran oposición por parte de la opinión liberal. Las órdenes masculinas, mucho más conflictivas, se regulaban en el artículo 29, que admitía la instalación de solamente tres órdenes: la Congregación de San Vicente de Paúl (los paúles) y la Congregación del Oratorio o de San Felipe Neri (filipenses), ambas congregaciones seculares sometidas a la autoridad de los obispos; y una tercera cuya identidad no se precisaba por el momento.

Muchos supusieron que singularizar así una orden y ocultar su nombre no podía referirse sino a la Compañía de Jesús, varias veces disuelta y expulsada de España, que volvería a entrar por esta puerta falsa.429 Y, en efecto, los jesuitas españoles refugiados en Francia y Bélgica empezaron a regresar discretamente desde 1851, formando pequeñas comunidades y reabriendo en 1852 su Colegio de Loyola (Guipúzcoa), cerrado desde tiempos de Espartero. Otros han supuesto que se pensaba, más bien, en la orden recién fundada en 1849 por el padre Claret, persona bien vista en la corte y que acabaría siendo confesor de Isabel II desde 1857. Ambas interpretaciones son posibles, dadas las simpatías de la curia romana hacia esas dos órdenes en aquellos momentos. Pero pronto se vería que la intención era otra, pues se empezaron a sugerir interpretaciones más favorables para la plena restauración del clero regular: por un lado, la interpretación de que la tercera orden sería en cada diócesis la que el obispo eligiera, con lo que, en la práctica, se habría autorizado el establecimiento de un gran número de órdenes religiosas en España. Por otro lado, la interpretación de que el artículo 29 solo comprometía al Estado a sostener financieramente tres órdenes religiosas, o quizá tres en cada diócesis, teniendo en cuenta la interpretación anterior; pero que eso no implicaba prohibir la existencia de otras.430

Otra importante prerrogativa concedida a la Iglesia —y que molestó especialmente a la opinión liberal— fue el control sobre la educación y la imprenta. El artículo 2 del Concordato establecía que la enseñanza impartida en universidades, institutos y escuelas públicas o privadas de toda España se ajustaría en adelante a la doctrina de la Iglesia católica, quedando los obispos facultados para vigilar las actividades educativas y asegurar la pureza de la doctrina y de las costumbres en los centros educativos, incluidos los públicos. El artículo 3 comprometía a las autoridades civiles a hacer que se respetara al clero y a la religión católica, auxiliando a los obispos en la persecución de todo el que intentara «pervertir las almas de los fieles y corromper sus costumbres», y particularmente impidiendo «la publicación, la introducción o la circulación de libros nocivos». Este control no significaba una novedad en España, donde la Iglesia había gozado desde tiempo inmemorial de un virtual monopolio sobre la educación y un derecho reconocido a impedir la publicación de ataques contra sus instituciones o su doctrina. La novedad, si acaso la había, consistía en que en lo sucesivo serían el Gobierno y los tribunales civiles —y no la Iglesia por sí misma— quienes se ocuparían de perseguir los impresos que atacaran a la religión católica, como lógica consecuencia del carácter confesional del Estado, reconocido en la Constitución. Y, por lo que respecta a la educación, el cambio verdadero era la aparición de un sistema de Instrucción Pública sostenido y regulado por el Estado, en paralelo a los centros tradicionales de enseñanza de titularidad eclesiástica; en un Estado confesional como el de entonces, decir que el Estado garantizaría la ortodoxia religiosa de las enseñanzas que se impartieran en sus centros educativos no era decir nada nuevo (si acaso, era poner el límite hasta el que podría llegarse en el desarrollo de la Instrucción Pública).

A los obispos se les daba el derecho a protestar cuando creyeran que la religión estaba siendo atacada o desconocida en algún colegio, instituto, libro o periódico; pero la investigación del caso, la resolución del mismo y la posible sanción eran competencia de las autoridades civiles. A pesar de que el progresismo más exaltado protestara airadamente, las atribuciones de supervisión sobre la enseñanza y la imprenta otorgadas por el Concordato de 1851 a los obispos no pueden ser consideradas excesivas sin cometer anacronismo. Y, en todo caso, no fueron reguladas para que se pudieran ejercer de modo práctico hasta años después: en el caso del control de la enseñanza, este no empezó a hacerse efectivo antes de la Ley Moyano de 1857, tan reputada por muchos conceptos en la historia de la educación española.

En cuanto a la cuestión económica, materia del fallido Convenio de 1845 y escollo principal de todas las negociaciones, el Concordato la contempló en los artículos 31 a 42. El terreno estaba allanado previamente por la Ley de Mon que regulaba la Dotación de Culto y Clero desde 1849. El Concordato diseñó todo un sistema financiero de la Iglesia española, adaptado a la nueva situación creada por las desamortizaciones, la abolición del diezmo y la dependencia de las transferencias financieras procedentes del Estado. El sistema canalizaba los recursos a través de los obispos; y establecía una estricta jerarquización de todos los cargos y oficios eclesiásticos, a fin de atribuirles un salario acorde con su posición. Se descendía al detalle de fijar las remuneraciones de cada cargo, y no de forma cicatera precisamente: la generosidad mostrada por el Estado queda de manifiesto en el hecho de que los arzobispos ganaran entre 130.000 y 150.000 reales, más que los ministros del Gobierno; los obispos, de 80.000 a 110.000 reales, aproximadamente lo mismo que el presidente del Tribunal Supremo; y los canónigos entre 12.000 y 18.000 reales, como un catedrático de universidad. Aparte iban, claro está, los gastos destinados al culto, que oscilaban entre los 90.000 a 140.000 reales atribuidos a una catedral, y los 1.000 reales que correspondían a una parroquia, pasando por los gastos de administración y visita pastoral de los obispos, la financiación de las colegiatas y seminarios, etc. Lo más importante de este apartado económico del Concordato no son las cifras concretas de los salarios previstos para las diferentes categorías del clero. Lo más importante es la analogía de las soluciones aplicadas al clero con las que ya regían en la Administración civil del Estado. De hecho, se estaba sometiendo al clero a una organización y una disciplina que lo homologaba en todo con los funcionarios del Estado, partiendo de la idea de que la Iglesia era nacional y prestaba un servicio público.

Para subvencionar estos gastos, se preveía en el Concordato la creación de un impuesto especial sobre la propiedad de la tierra y las actividades agrícolas y ganaderas, impuesto que debían recaudar los propios obispos (art. 38). Aquel nuevo impuesto, que nunca llegó a existir, hubiera significado devolver a la Hacienda eclesiástica la capacidad de recaudar por sí misma, exigiendo obligatoriamente contribuciones a todos los ciudadanos; es decir, un regreso a la situación anterior a la abolición del diezmo. Los inconvenientes de esta especie de resurrección del diezmo llevaron a Bravo Murillo a buscar otra solución, sin incumplir el Concordato: el Estado asumió la recaudación del mencionado impuesto, que en realidad pasó a ser un simple recargo sobre la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería creada en 1845. La cantidad que el Estado debía transferir a la Iglesia por ese concepto equivalía al total calculado para los gastos anuales de culto y clero, restado el rendimiento de otros recursos que ya habían sido puestos bajo administración eclesiástica: los bienes desamortizados devueltos al clero desde 1845, las encomiendas de los maestrazgos de las órdenes militares y la bula de Cruzada.

Una gran parte del Concordato consistía en un esfuerzo de racionalización y modernización de las estructuras de la Iglesia española para adaptarla al nuevo contexto creado por la Revolución liberal y la construcción del Estado. Por ejemplo, en los artículos 5 a 10 se remodelaron las diócesis para acercarlas a la realidad demográfica y social del momento, aproximando su trazado al de las provincias creadas en 1833, que se habían convertido en algo más que una división administrativa. Aunque no llegaron a igualarse del todo diócesis y provincias, se aproximaron bastante: se fusionaron diócesis demasiado reducidas (Albarracín con Teruel, Barbastro con Huesca, Tudela con Pamplona, Ciudad Rodrigo con Salamanca); se trasladaron las sedes episcopales a las capitales de provincia correspondientes (Orihuela a Alicante, Segorbe a Castellón, Calahorra a Logroño); se creó un obispado en Madrid, que hasta entonces no lo tenía; se creó la primera diócesis con sede en el País Vasco (Vitoria); se agruparon las diócesis bajo nueve archidiócesis; se redujeron drásticamente las colegiatas (art. 21); y se eliminó la jurisdicción dispersa de los Maestrazgos de las órdenes militares, sustituyéndolos por un único priorato vinculado a la diócesis de Ciudad Real, que acabaría identificándose con los límites de la provincia del mismo nombre. El mismo criterio de racionalización se aplicó a la revisión de la red parroquial, cuyo mapa fue igualmente redibujado con arreglo a las nuevas realidades demográficas y sociales del territorio (art. 33). Las parroquias fueron clasificadas en cuatro categorías: rurales y urbanas; y dentro de estas, de entrada, de ascenso y de término, con una lógica muy parecida a la que por entonces regía para establecer el escalafón en los cuerpos de la Administración Pública. Y, por supuesto, el Estado tomó sobre sí la responsabilidad de crear seminarios conciliares para resolver la preocupante falta de formación del clero (art. 28).

El artículo 11 suprimió la mayor parte de las jurisdicciones privilegiadas, dejando subsistir solo las de los prelados de las órdenes religiosas, el patriarca de las Indias (confesor de la reina y vicario general del Ejército) y el nuncio pontificio. Esto representaba una importante simplificación de las estructuras de la Iglesia española, situándola bajo la autoridad reforzada de los obispos. El mismo sentido de reforzar el papel de los obispos tendría la solución que se dio para una serie de rentas de orígenes remotos, como la Bula de Cruzada, impuesto eclesiástico extraordinario que recaudaba la Hacienda Real: el Concordato liquidó la Comisaría de Cruzada que lo venía gestionando, y atribuyó estos ingresos a los obispos, bajo la supervisión conjunta del Arzobispado de Toledo y la Dirección general de Contabilidad del Culto y Clero. También se abolieron la Tesorería general de Expolios, Vacantes y Anualidades, y el Tribunal del Excusado, que gestionaban para el Estado una serie de ingresos procedentes de la Iglesia (art. 12).

Gran parte de las medidas del Concordato apuntaban hacia una Iglesia en la que primaba la autoridad de los obispos. Dada la concentración de poder en los obispos, los mecanismos de nombramiento de estos adquirían una importancia acrecentada para el control de la Iglesia. El Concordato mantuvo el Patronato de la Corona española sobre la Iglesia del país, que incluía el derecho de presentación de los obispos, interrumpido durante la reciente guerra carlista (art. 44); este derecho, que daba al Gobierno la posibilidad de vetar la promoción de obispos díscolos o poco proclives, se mantendría durante más de un siglo. El Concordato definió también, de manera más general, los mecanismos de provisión de oficios, beneficios y dignidades eclesiásticas, deslindando los que correspondían a la Corona, a los prelados y al papa. Se acabaron los beneficios eclesiásticos que no fueran acompañados de un oficio. Se reorganizaron los cabildos catedralicios, regulando con precisión su tamaño, composición y funciones (arts. 13 a 17). Y se perfiló con todo rigor un procedimiento para la provisión de curatos basado en el mérito y el sometimiento al control gubernamental: los candidatos a curas concurrirían a un concurso en el que se juzgaría su curriculum vitae y su capacidad para superar un examen en latín y componer un sermón en español; a la vista de los resultados, el obispo seleccionaría una terna de candidatos para cada curato vacante y sería el Gobierno el que eligiera (art. 26). Todo esto se hizo en un tono de austeridad, simplificando, racionalizando y cortando abusos del pasado.

Es quizá en estos artículos menos célebres del Concordato y que provocaron menos polémica donde se encuentra una de las claves de la operación. El Concordato de 1851 completaba la reforma del clero español puesta en marcha por los revolucionarios liberales con la desamortización y todo lo que llevó aparejado desde 1835. Se trataba de completar la evolución hacia una Iglesia nacional, con la unificación de las estructuras eclesiásticas en todo el territorio, borrando tradiciones inmemoriales con un diseño uniforme similar al de la Administración del Estado. También de someter claramente a la Iglesia española al poder del Gobierno. Al mismo tiempo, se iba hacia un clero totalmente profesionalizado y dedicado a sus funciones pastorales: reducción del clero catedralicio, estricta limitación del clero regular, prioridad al clero parroquial, a su formación en los seminarios, selección por méritos y ascenso por escalafón. Se iba también hacia un clero austero, forzando el ajuste entre los medios y las funciones del clero. Y hacia una Iglesia gobernada por los obispos. De hecho, puede decirse que el Concordato de 1851 llevó hasta el interior de la Iglesia el ethos reformador del liberalismo. El «arreglo general» se parecía bastante a la reforma que, siglos atrás, habían realizado los protestantes en otros países de Europa.

Así como, en los primeros siglos de la Edad Moderna, las monarquías habían imitado los modelos de organización propios de la Iglesia romana, la modernización de la Iglesia en el XIX se hizo llevando a ella el modelo administrativo del Estado liberal. Ese modelo generó una Iglesia nacional, en el estricto sentido de que quedaba sometida al control del Estado mediante el patronato real, la autoridad de los obispos y la Dotación de Culto y Clero, que la convertía en prolongación del funcionariado civil. El mecanismo descrito para la provisión de los curatos muestra que el Concordato puso en manos del Gobierno de la nación la selección no solo de los obispos, sino de todos y cada uno de los curas a los que iba a pagar un sueldo, como si fueran funcionarios suyos. Para lograr ese modelo de Iglesia sometida al Gobierno, Bravo Murillo hizo concesiones que sus adversarios no podían dejar de denunciar; pero, miradas en el largo plazo, no parecen tan desproporcionadas con lo que el Estado obtuvo a cambio.

La clave del nuevo texto concordatario residía en la calculada ambigüedad con que se había redactado, a fin de no levantar en la opinión liberal española reticencias que pudieran dar al traste con el proyecto, como había ocurrido con el Convenio de 1845. La ambigüedad queda de manifiesto si se compara el triunfalismo de la alocución con la que el papa presentó el texto en Roma el 5 de septiembre con las interpretaciones públicas del mismo texto que hizo el Gobierno español —en tono mucho más comedido—; por ejemplo, en el preámbulo que redactó para la Ley concordataria de 1851 el ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero.431

Esa ambigüedad, cuando no contradicción, había llamado la atención de varios periódicos, tanto progresistas como moderados;432 y también de observadores externos como el embajador francés en Madrid, que interpretaba la oscura redacción de algunas disposiciones como una carencia de sus autores.433 Pero no se trataba de eso: era una oscuridad buscada, a la que acompañaba la promesa no escrita de que el Gobierno español compartía con la diplomacia vaticana la interpretación más favorable a los intereses de la Iglesia, interpretación que debía ir tomando forma en la legislación posterior que desarrollara el Concordato. De esa manera, se dejaba crecer la expectativa de concesiones mayores a la Iglesia en el futuro, pero sin agravar las resistencias políticas que tales concesiones hubieran despertado en España si se hubieran formalizado en bloque.434 Pero la ambigüedad implicaba dos caras; y la otra cara era la posibilidad de que futuros gobiernos interpretaran el Concordato de manera más restrictiva, imponiendo a la Iglesia una lectura más estricta de la primacía del poder civil, como efectivamente ocurrió.

Para Roma, por tanto, era crucial contar en el Gobierno con personas afines. Este factor debe tenerse en cuenta al interpretar las luchas políticas de aquellos años, que acabaron conduciendo a la Revolución de 1854: luchas entre los partidos, movilizaciones populares, escaramuzas parlamentarias, posicionamientos de los jefes militares, pero también luchas internas del Partido Moderado e intrigas cortesanas, de las que no estaban ausentes las injerencias eclesiásticas. La mayor garantía para Roma de que el Concordato se aprobaría y después se interpretaría en el sentido apetecido era la pervivencia en el poder del propio Bravo Murillo y algunos de sus colaboradores, como Bertrán de Lis y González Romero, que siguieron ocupando puestos estratégicos como presidente del Consejo y ministro de Hacienda —el primero— y como ministros de Gobernación y de Gracia y Justicia —los dos últimos—. A ellos se añadió desde el 23 de mayo el marqués de Miraflores como ministro de Estado. El mismo día en que Bravo aceptó nombrar ministro de Estado a Miraflores, este dio cuenta de la nueva combinación ministerial al marido de la reina madre, Fernando Muñoz, que ejercía como jefe en la sombra del Partido Moderado; y en la misiva le pidió que María Cristina utilizara su influencia para mantener al Gobierno protegido de injerencias de la reina, de manera que pudieran llevar a término lo que se les había encargado:

Acabo de saber que Bravo Murillo adelanta en su difícil tarea y que presentará una combinación de gente de bien que pueda llevar el servicio de la Reina y el Estado a satisfacción general (...). Creo que la Señora hará un servicio inmenso, entre los muchos que ha hecho en situaciones críticas como las presentes, procurando que su hija no salga con dificultades o exclusiones personales y para que a lo encargado a Bravo no le ponga obstáculos y se conforme sin alteración con lo que lleve hecho, y se ponga en marcha el carro del Estado parado en estos momentos con no pocos peligros.435

Lo que se le había encargado a Bravo era eso: poner en marcha el carro del Estado, comenzando por desatascar la normalización de las relaciones con Roma. Pero contra lo que pudiera pensarse desde fuera del Gobierno, dicha tarea no había terminado con la aprobación del Concordato, pues muchas de las previsiones de su ambiguo articulado requerían luego una labor sostenida desde el Gobierno para desarrollarlas según una u otra interpretación.

La reforma de la Iglesia española tenía en el texto concordatario una pieza esencial, pero no se agotaba en ella. En los meses siguientes, Bravo Murillo y su Gobierno desplegaron una intensa labor de desarrollo del Concordato, dictando más de cuarenta normas para su aplicación concreta. Algunas medidas complementarias habían sido incluso anteriores a la promulgación, como ocurrió con el establecimiento de la Cámara Eclesiástica, que era un consejo formado por cuatro eclesiásticos, cuatro funcionarios y dos magistrados del Tribunal Supremo, para clasificar a los candidatos a puestos eclesiásticos, conceder prebendas, decidir en asuntos leves y dar su parecer en los de mayor importancia.436 También fue anterior a la promulgación del Concordato el traspaso de las competencias de Instrucción Pública del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas al Ministerio de Gracia y Justicia, que se hizo aprovechando el cambio de denominación del primero para recuperar el nombre de Ministerio de Fomento.437 La intención era que el control de la educación fuera responsabilidad del mismo ministerio que se ocupaba de las relaciones con la Iglesia, dado que ambos asuntos debían quedar estrechamente relacionados en virtud del Concordato y del control que este atribuía a los obispos sobre la enseñanza.

El mismo día en que se promulgó el Concordato como Ley del ordenamiento español, se dictó una primera disposición para su desarrollo, mandando ejecutar lo dispuesto sobre atribuciones de los diocesanos y dictando otras provisiones acerca de la división de las diócesis.438 Antes de que acabara el mes, vino un decreto sobre el Tribunal de Expolios y se hizo circular el motu proprio de Pío IX por el que se sujetaba a los ordinarios toda congregación regular.439 Podrían mencionarse también disposiciones tan importantes como la que estableció la obligación de residencia de los eclesiásticos y su régimen de incompatibilidades; o la que dejó sin efecto toda bula o breve papal que no se ajustara a la legislación española.440 El 21 de noviembre se dictaron cuatro decretos desarrollando diversos aspectos del Concordato: uno clasificaba las parroquias y establecía el correspondiente escalafón para los curas, en aplicación del artículo 33; otros dos se dedicaban a la organización y el arreglo del personal de las catedrales y colegiatas, fijando la condición en la que debían quedar las dignidades, canónigos y demás eclesiásticos de las mismas; y el cuarto mandaba nombrar arciprestes como vicarios o jueces eclesiásticos territoriales en los partidos.441 Todavía se dictaron varias disposiciones más antes de que acabara el año 1851: la que fijó las dotaciones de prelados, canónigos, curas y demás eclesiásticos; la que aplicó el artículo 30 a las comunidades de religiosas; la que reguló las candidaturas de eclesiásticos para ser promovidos a prelacías y dignidades; y la que revisó la exclaustración de religiosas.442

Este frenesí reformista continuó a lo largo de todo el año siguiente. Desde el Gobierno se dictaron nuevas normas en 1852 sobre: provisión de curatos y beneficios; dirección e inspección de las escuelas de niñas en los conventos por los diocesanos; prohibición del descuento de mesada; creación de prebendas; órdenes sagradas y patrimonios; personal de las iglesias; capellanías colativas y fundaciones pías; posesión de prebendas; fijación del número de beneficios anejos a cargos y oficios; creación de seminarios conciliares; provisión de curatos de patronato laical; organización del personal de las capillas reales; turno para la provisión de prebendas vacantes; nuevo Plan de Estudios para los seminarios; organización de las colegiatas que continuarían como parroquias; regulación de las colegiatas; atribución de la colación e institución canónica de las dignidades y canonjías; cómputo de los votos de los prelados en los nombramientos de personas por los cabildos; vestimenta del clero...443 En el terreno de la Hacienda, destaca la decisión de no devolver a la Iglesia funciones recaudadoras, asumiendo en su lugar el Estado la recaudación y administración del impuesto sobre la propiedad de la tierra y las actividades agrícolas y ganaderas que el artículo 38 del Concordato había atribuido a los obispos.

Un capítulo aparte estaba constituido por el complicado restablecimiento oficial de las órdenes religiosas: se restablecieron, como estaba previsto, la Congregación de San Vicente de Paúl —a la que se autorizó a fundar un noviciado en un antiguo convento desamortizado de Madrid— y la de San Felipe Neri.444 En tercer lugar, fue la Compañía de Jesús la que se restableció, aunque solo en Filipinas, por la importancia atribuida a su labor misional como soporte de la presencia española en aquel archipiélago. Por la misma razón, los jesuitas fueron autorizados a poner en marcha de nuevo su Colegio para la formación de misioneros de Loyola.445

Disculpará el lector esta larga lista de disposiciones relacionadas con el desarrollo del Concordato, quizá tediosa. Pero no es completa, ya que podría ampliarse con muchas otras disposiciones de menor importancia sobre temas similares. No obstante, con las mencionadas es suficiente para demostrar la amplitud de la labor desarrollada por el Gobierno en este terreno. Lo que la mera enunciación de las medidas demuestra es que hubo una verdadera reforma del clero; que esa reforma definió la Iglesia contemporánea, la Iglesia nacional, adaptada a las condiciones creadas por la Revolución liberal en los años anteriores; que, además, la reforma se hizo desde el Gobierno, en nombre del Estado; que, por tanto, fue una demostración de la fortaleza alcanzada ya por el Estado español, cuyas instituciones podían imponerse sobre poderes históricamente imponentes como era el de la Iglesia católica; y que los cambios introducidos en la Iglesia española implicaban la nacionalización y el sometimiento de la misma a la lógica del Estado constitucional, administrativo y burocrático. Poco importa, a ese respecto, la circunstancia política específica de que el arreglo del clero se pudiera hacer aprovechando un momento de especial sintonía entre la Iglesia romana y la cabeza del Gobierno español.

El marqués de Miraflores se mantuvo como ministro de Estado hasta el 7 de agosto de 1852, y Bravo Murillo, como ministro de Hacienda y presidente del Consejo hasta el 14 de diciembre del mismo año. Mientras estuvieron en el cargo aplicaron las disposiciones del Concordato en la dirección más favorable para la Iglesia, como probablemente se había convenido al negociar la redacción de sus cláusulas en términos deliberadamente ambiguos. Esto afectaba principalmente a las cláusulas económicas, que eran las que habían hecho fracasar el Convenio de 1845 y soliviantaban a la opinión liberal española, incluidos muchos moderados.

Mientras las decisiones para aplicar e interpretar el Concordato dependieron de Bravo Murillo, secundado por Miraflores, Brunelli se mostró satisfecho con la actitud del Gobierno español. Pero tan pronto como cayó aquel gabinete, empezaron a sucederse las protestas, alegando el nuncio que los gobiernos siguientes estaban interpretando erróneamente las disposiciones del Concordato, sobre todo en lo relativo a la Dotación de Culto y Clero. Hasta cuatro cartas envió Brunelli en ese sentido a los sucesivos ministros de Estado de los gobiernos presididos por Roncali, Lersundi y Sartorius en 1853.446 Si hubo un pacto no escrito de los negociadores, los gobiernos que se sucedieron a la caída de Bravo Murillo no estaban informados de aquel pacto o, si lo estaban, no se sentían comprometidos por aquel «concordato oculto». Menos aún lo estarían los gobiernos progresistas que ocuparon el poder después de la Revolución de 1854: y entonces sí que se produciría una verdadera crisis en las relaciones entre España y el Papado, pues la interpretación gubernamental del Concordato pasó a ser la más favorable para el Estado y para una concepción plenamente liberal del mismo. En definitiva, el texto del Concordato permitía esa otra lectura y su flexibilidad permitió seguir adelante en la construcción del Estado.

El despliegue de la Administración pública

En el espacio creado por la confrontación con la Iglesia (desamortización de los años treinta y cuarenta) y la posterior delimitación de funciones entre la Iglesia y el Estado (Concordato de 1851) fue ya posible desplegar una Administración pública que hiciera realidad el Estado concebido por los administrativistas moderados. Sin duda, la creación del Ejército nacional en los años treinta había sido un paso de gigante para aportar la fuerza con la que pudieran vencerse las resistencias a todo este proyecto —materializadas en el carlismo—; y para respaldar en los cuarenta una fase más «pacífica» de la construcción estatal, consistente en diseñar y extender por todo el territorio la burocracia civil que sustentaba la Administración pública. En esta nueva fase, el adversario a vencer no fue ya la Iglesia, constreñida a sus nuevas dimensiones y funciones, e incluso convertida en un apoyo del Estado, sino los poderes locales; y estos resultaron ser un adversario mucho más resiliente, sobre el cual no se alcanzó una victoria definitiva hasta finales del siglo XIX.

La burocracia poco especializada de los primeros años estaba estructurada simplemente por ministerios. Se partía de un esquema clásico en cinco departamentos que aseguraban las limitadas funciones asignadas al Estado en los años treinta del siglo XIX: Estado, Guerra, Marina, Hacienda y Gobernación. Estos ministerios habían empezado a funcionar en dependencias del propio Palacio Real, como órganos ejecutores de la voluntad de un monarca absoluto: cada secretario de Estado y del Despacho tenía unas oficinas de tamaño modesto instaladas en cuartos del palacio, hasta que en 1826 empezaron a salir de allí por falta de espacio, para trasladarse primero a edificios muy próximos —el Palacio de Grimaldi, enfrente del Palacio Real de Madrid— y luego, ya en los años cuarenta, a otros distribuidos por las calles más representativas de la capital.447

El conjunto de los ministerios ubicados en Madrid constituía el núcleo de la Administración central del Estado: unos 72.000 empleados en los inicios de la construcción del Estado liberal, hacia 1837; que crecieron un 26 por ciento, hasta 91.000 empleados, en el tercio de siglo siguiente, hasta 1870; y un 21 por ciento adicional, hasta 110.000, en un tercio de siglo más, hasta terminar el XIX (cuadro 3).

Cuadro 3. Personal al servicio de la Administración central del Estado: España, 1837-1900.448

1837

1850

18701

18802

18903

1900

Presidencia del Consejo de Ministros

258

157

166

139

Estado

133

309

346

350

361

306

Gracia y Justicia

2.893

2.562

2.497

2.806

3.758

3.082

Guerra

47.822

26.339

31.255

21.6894

39.188

55.961

Marina

13.247

15.135

17.235

15.699

10.240

Gobernación

3.767

4.404

13.577

25.1214

9.424

9.255

Hacienda

17.369

22.168

21.728

22.7215

22.3075

21.0865

Fomento

2.249

6.343

5.790

8.705

10.6136

TOTAL

71.984

71.278

91.224

95.869

99.608

110.682

Notas:

1 Presupuesto del año económico 1869-1870.

2 Presupuesto del año económico 1880-1881.

3 Presupuesto del año económico 1890-1891.

4 En 1880 el personal de la Guardia Civil (entre 16.025 y 16.101 hombres) aparece contabilizado en el Ministerio de Gobernación en lugar del Ministerio de la Guerra, como era habitual.

5 En 1880, 1890 y 1900 se ha sumado al personal propio del Ministerio de Hacienda (6.951, 6.435 y 5.760, respectivamente) el que en pasó entonces a figurar como de «otros organismos» (15.770, 15.872 y 15.326), principalmente el Cuerpo de Carabineros (14.519, 14.664 y 14.744) y de las minas del Estado, que hasta entonces se venían incluyendo en Hacienda.

6 En 1900 aparecen sumados los empleados de los dos ministerios en los que se desglosó entonces Fomento: Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (6.311) e Instrucción Pública y Bellas Artes (4.302).

La distribución de este volumen de empleados por ministerios, que muestra el cuadro, es significativa de la estructura y funciones del incipiente Estado español del siglo XIX. Dos tercios del personal empleado al servicio del Estado pertenecían a los ministerios de Guerra y Marina, que encuadraban al Ejército y la Armada: 47.822 hombres —sin contar a los reclutas— sobre 71.984 en 1837. Es cierto que era aquel un momento de guerra civil; pero también, por lo mismo, era el momento inicial de afirmación sobre el territorio de un Estado con burocracia propia y con un ejército permanente destinado a imponer la sumisión. La cifra es significativa, pues, del enorme peso que las fuerzas armadas tuvieron en el conjunto del Estado —tanto en presupuesto como en personal— durante la fase fundacional del Estado. Por lo tanto, el posterior aumento del resto del personal al servicio del Estado, la Administración civil propiamente dicha, tiene que tomarse como indicio de una maduración, una consolidación y sofisticación en el despliegue del Estado español, que hay que situar ya en el siglo XX. Pero no debe olvidarse que el Ejército y la Marina no constituían hordas autónomas, sino secciones de la Administración del Estado, encuadradas en una lógica burocrática a través de sus respectivos ministerios.

El resto de los ministerios, que componían la burocracia civil, fue ganando peso lentamente: desde los 24.162 empleados de 1837 (33 por ciento de los empleados del Estado) hasta los 31.692 (44 por ciento) en 1850, con la guerra carlista terminada y el país pacificado; 44.834 (49 por ciento) en 1870, cifra muy similar a la de 1890 y 1900. En todo el siglo XIX, por tanto, la burocracia civil no pasó del 50 por ciento de los empleados del Estado, frente al peso de un Ejército y una Marina que debían asegurar las esenciales funciones represivas del Estado, incluida —hasta 1898— la presencia colonial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Además del Ejército y la Armada, existían otras fuerzas armadas que aseguraban el «monopolio de la violencia física legítima» para el Estado: la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros, brazos armados del Ministerio de la Gobernación y del Ministerio de Hacienda respectivamente. La inclusión del personal de ambos cuerpos en las cifras de empleados de los ministerios a los que servían distorsiona el significado de estas como burocracia civil, al sumar colectivos muy numerosos de fuerzas armadas que mantenían una doble dependencia con respecto a sus propios ministerios y al de la Guerra. Tales colectivos armados y encuadrados en cuerpos sometidos a disciplina militar aseguraban la capacidad coercitiva del Estado y, por tanto, eran cruciales para que la burocracia civil pudiera sostenerse, actuar con eficacia y afirmar su autoridad. Partiendo de una situación en la que ni tan siquiera existía un ejército regular permanente, antes de 1836, la capacidad coercitiva del Estado se afirmó rápidamente en los decenios siguientes, de manera que en 1860 se acercaba ya a los 200.000 hombres en armas (163.415 en el Ejército, 8.176 en la Marina, 11.586 en la Guardia Civil y 12.962 —dato de 1861— en el Cuerpo de Carabineros).

La burocracia civil del Estado español tenía un pequeño servicio exterior encuadrado en el Ministerio de Estado: 133 personas en 1837, 306 en 1900. Y una Administración interior estructurada en tres ramos: la Administración civil, la económica y la judicial.449

Empezando por la última, la Administración judicial, fue la que mantuvo una mayor continuidad con la Monarquía del Antiguo Régimen. No se estructuró propiamente como un poder judicial independiente, sino como una rama de la Administración central del Estado, a la Administración de Justicia. Su funcionamiento se aseguraba desde el Ministerio de Gracia y Justicia, que siempre adoleció de una gran penuria de medios humanos y financieros. El sistema se basaba en la división del territorio en 446 partidos judiciales, cuyos juzgados administraban justicia en primera instancia; 49 audiencias provinciales, 15 audiencias territoriales y un Tribunal Supremo constituían las tres instancias sucesivas ante las que cabía recurrir. Junto a ello, había un sistema de justicia preventiva, compuesto por el Registro de la Propiedad y las notarías, al cual se añadió el Registro Civil en 1870. Para hacer funcionar todo este entramado, el Ministerio contaba solo con unos 3.000 empleados, cifra que se mantuvo con muy pocas variaciones a lo largo de todo el siglo. Queda claro que el despliegue del Estado español sobre el territorio no se apoyó de manera significativa en la acción de jueces y tribunales, separándose en esto claramente del modelo anglosajón.450

Merece la pena señalar que esta postergación de la Administración de Justicia, apenas afectada por la Revolución liberal española y relegada a un papel secundario en el diseño del Estado moderado, se corrigió con una serie de medidas adoptadas tras la Revolución de 1868. La coalición de progresistas y demócratas impulsó una reforma de la Justicia que, aunque tardía, sirvió para modernizar esas funciones del Estado en un sentido liberal. Así, en 1870, se arrebataron a la Iglesia las competencias del Registro Civil que todavía mantenía en esas fechas.451 Y se promulgó una Ley orgánica del Poder Judicial que, aunque llevara inicialmente el calificativo de «provisional», tendría una larga pervivencia en el ordenamiento español.452 Dicha Ley desarrollaba el título VII de la Constitución de 1869 («Del Poder Judicial») perfilando la jerarquía de los tribunales e instancias judiciales, completando su despliegue y subrayando la relevancia de la Justicia entre los órganos del Estado.

Fue, sin embargo, el aparato hacendístico y no el judicial el que aseguró la presencia del Estado sobre el territorio y guio el despliegue de la Administración pública. Este segundo ramo del Gobierno, conocido como Administración económica, era el que se situaba bajo la autoridad del Ministerio de Hacienda. Este departamento recogió el impulso de la acción de gobierno de la Monarquía del Antiguo Régimen y, por esta razón, aseguró la actuación sobre el territorio desde los momentos iniciales de creación del Estado contemporáneo. Sus 17.369 empleados de 1837 constituían el grueso de la burocracia civil (un 71 por ciento), cifra incomparablemente superior a la de cualquier otro ministerio de la época, a excepción del de Guerra.

Tanto el número de empleados que tenía la Hacienda pública como el carácter esencial de las funciones que desempeñaba —recaudar fondos y encaminarlos para cubrir los gastos del Estado— le dieron un lugar estratégico en la Administración. La burocracia fiscal gozó de un alto grado de autonomía frente al poder político, que le permitió pasar intacta las sacudidas de la guerra, de la revolución y de los cambios de régimen de la primera mitad del XIX.453 Los 17.369 funcionarios de Hacienda registrados en 1837 eran la continuación de los 14.300 a los que se refería Lerena en tiempos de Carlos IV: 10.729 empleados de rentas y 3.571 del Resguardo.454 No solo la Hacienda no perdió peso, sino que lo ganó con las grandes reformas de los años cuarenta, especialmente la reforma tributaria de 1845 y la regularización del sistema de cuentas públicas en 1850. Como resultado, en 1850 la Administración económica se apoyaba sobre una burocracia estable y jerarquizada de 22.168 hombres, el 70 por ciento de una burocracia civil ya bastante estabilizada.

No obstante, las cifras del Ministerio de Hacienda resultan engañosas si no se tiene en cuenta el peso que tenía sobre ellas el Cuerpo de Carabineros: más de un 60 por ciento del personal de Hacienda. Los carabineros procedían de las rondas y resguardos del Antiguo Régimen, fuerzas armadas destinadas a sostener la autoridad de la Hacienda real y, especialmente, a combatir el contrabando: unos 3.500 hombres al comenzar el reinado de Carlos IV en 1788, casi 6.000 ya en 1820. En los últimos años de la Monarquía absoluta, aquellas fuerzas fueron sustituidas por un Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, que los liberales reorganizaron en 1842 con el nombre de Cuerpo de Carabineros del Reino.455 Este cuerpo, que contaba 13.288 hombres en 1855 (14.744 en 1900) tenía carácter militar y dependía del Ministerio de la Guerra a efectos orgánicos, aunque estuviera funcionalmente al servicio del Ministerio de Hacienda. Si bien la consideración de este cuerpo entre la burocracia civil resulta problemática, no debe perderse de vista la fuerza y la capacidad de hacerse obedecer que aportaba a la Administración económica del Estado. Sin los carabineros, el Ministerio de Hacienda contaba con unos 7.000 u 8.000 empleados, cifra que, aunque seguiría caracterizándolo como el mayor ministerio no militar de la época, era mucho más comparable con la que alcanzaban otros departamentos del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda tenía sus oficinas centrales de Madrid estructuradas en varias direcciones generales, que fueron cambiando con los años: de Contribuciones, de Rentas, del Tesoro, de Contabilidad, de Deuda pública, de Propiedades del Estado… Pero la fuerza y la capacidad de actuación del Ministerio se basaban en el hecho de que disponía de una red periférica de empleados organizados y distribuidos por el conjunto del territorio. De hecho, solo una pequeña parte de los empleados de Hacienda —menos de un 10 por ciento— trabajaban en las oficinas centrales de Madrid, mientras que el resto lo hacían en dependencias provinciales: en 1839 había 17.997 empleados en provincias y 1.356 en Madrid, de un total de 19.353.456

Esta distribución del personal de Hacienda se debía a que el Ministerio tenía una oficina propia en cada provincia, herederas de las intendencias del Antiguo Régimen, que se habían adaptado a la nueva división provincial de 1833.457 Con la reforma fiscal de 1845 se organizaron estas oficinas, llamadas en lo sucesivo administraciones provinciales de Hacienda. En cada una de ellas, el intendente tenía bajo su mando un administrador, un tesorero, una Sección de Contabilidad, oficiales inspectores y recaudadores. La estructura de los partidos judiciales se utilizaba para subdividir las provincias también a efectos hacendísticos, distribuyendo así por el territorio a los subdelegados de Hacienda, administradores de partido y depositarios; y en el nivel más bajo de esa estructura se encontraban los administradores subalternos, verederos y estanqueros.458 El sistema se fue perfeccionando con el tiempo, hasta la década de 1880, cuando se sustituyeron los intendentes por delegados provinciales de Hacienda (1881), las administraciones por delegaciones provinciales de Hacienda (1885) y se crearon administraciones subalternas en las poblaciones importantes que no fueran capitales de provincia (1888).459

La burocracia fiscal incluía, además, administraciones de Aduanas (28 principales y 140 subalternas, 11 fielatos, 7 intervenciones de registro y 3 intervenciones de puertos francos), el Tribunal de Cuentas del Reino, el Tribunal de Clases Pasivas, las Casas de la Moneda, la Fábrica Nacional del Sello, varias minas del Estado (Almadén, Río Tinto, Linares, Falset y las salinas de Torrevieja), ocho fábricas de tabacos en régimen de monopolio fiscal y las administraciones de Loterías.

La importancia de esta Administración económica que acabamos de describir no se debe solo a que aseguró la financiación de la acción del Estado, sino además a que proporcionó un modelo de organización al cual se adaptó el crecimiento del conjunto de la burocracia en la España contemporánea. El traslado del modelo del Ministerio de Hacienda al conjunto de la Administración central tuvo lugar en los años centrales del siglo XIX, cuando Bravo Murillo ocupó sucesivamente el Ministerio de Hacienda (1849-1852) y la Presidencia del Consejo de Ministros (1851-1852).460 Durante sus primeros años como ministro de Hacienda en 1849-1850, Bravo Murillo había realizado un conjunto de reformas muy significativas, que incluían la creación de una Dirección General de lo Contencioso, especializada en la defensa de los intereses de la Hacienda Pública ante los tribunales de justicia;461 la uniformización de los negociados del Ministerio, refundiéndolos bajo ocho direcciones generales: Tesoro Público, Contabilidad, Contencioso, Contribuciones Directas, Contribuciones Indirectas, Aduanas y Aranceles, Rentas Estancadas y Fincas del Estado;462 la unificación de los documentos en un único Archivo del Ministerio;463 la fundación, a partir del 1 de enero de 1850, de un Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda para dar publicidad a sus disposiciones; y multitud de normas menores en las que fue definiendo un criterio de funcionamiento cotidiano de las oficinas hacendísticas y de sometimiento de su personal a un orden jerárquico estricto. El esquema de funcionamiento así logrado, que el Partido Moderado consideró modélico, fue exportado al resto de los ministerios. Cuando ya era presidente del Consejo de Ministros, en 1852, Bravo Murillo implantó una normativa general sobre empleados del Estado, inspirada en la práctica administrativa del Ministerio de Hacienda, que reguló la función pública en España hasta 1918.464

El panorama de la Administración central del Estado se completaba con un tercer elemento, la llamada Administración civil. Esta denominación se aplicaba a la parte de la Administración que dependía del Ministerio de la Gobernación. La burocracia de este ministerio no era muy nutrida en los orígenes del Estado contemporáneo: tan solo 3.767 empleados en 1837, un 15 por ciento de la burocracia civil en aquel momento. Pero esa impresión de marginalidad debe ser corregida con cuatro consideraciones fundamentales:

La primera, en cuanto a las propias cifras, pues el Ministerio de la Gobernación fue el que más creció en número de empleados a lo largo del siglo XIX, hasta alcanzar la cifra de 9.255 en 1900. Esto representa un crecimiento del 145 por ciento desde 1837, frente a un 21 por ciento que creció el Ministerio de Hacienda, 17 por ciento el de Guerra, o 6 por ciento el de Gracia y Justicia.

La segunda, relativa también a las cifras, ya que estas serían muy diferentes si incluyéramos entre los empleados del Ministerio de la Gobernación a la Guardia Civil. De manera similar a lo que ocurría con los Carabineros, la Guardia Civil era un cuerpo militar que dependía orgánicamente del Ministerio de la Guerra, pero estaba funcionalmente al servicio del Ministerio de la Gobernación. El control del orden público se había confiado anteriormente a un pequeño e ineficaz cuerpo de Policía creado en los últimos años de la monarquía absoluta y, durante el periodo revolucionario, a la Milicia Nacional. Este cuerpo de ciudadanos en armas, extremadamente politizado, fue abolido por los moderados cuando llegaron al poder y sustituido en 1844 por la Guardia Civil, que era algo completamente distinto: un cuerpo profesional de funcionarios de orden público estrictamente jerarquizado, sometido al Gobierno central y a la disciplina militar.465

La Guardia Civil prestaría servicios eficaces a la centralización del poder a lo largo de una historia de 175 años.466 Inicialmente se definió como un cuerpo de «guardería rural»; pero pronto fue utilizado también para funciones represivas en las ciudades. En todo caso, el control del orden público en el medio rural resultaba decisivo para la acción del Estado en un país donde la mayoría de la población residía en pueblos y aldeas de pequeño tamaño. Este cuerpo, dotado inicialmente de 6.000 hombres, fue creciendo rápidamente y desplegándose por el territorio, asegurando el control del Gobierno sobre el país: en 1850 ya tenía 7.000 hombres, alcanzó los 10.000 en 1853, los 15.000 en 1877 y los 19.000 en 1900. Su implantación en el territorio se efectuó mediante un sistema de destacamentos (locales), comandancias provinciales y tercios, que agrupaban las 49 provincias españolas en 13 zonas estratégicas. Se desplegó siguiendo la guía de la red ferroviaria, que por los mismos años se estaba extendiendo, con una lógica radial, desde Madrid hacia las costas, fronteras y capitales de provincia. Sumando al personal propiamente civil del Ministerio de la Gobernación los guardias civiles, funcionarios eficaces para imponer la acción del Estado donde los haya, el Ministerio pasaba a tener, por ejemplo, en 1880, un total de 25.121 empleados, convirtiéndose en el primer ministerio del país, por encima de los de Hacienda (22.721 empleados, incluidos los carabineros) y Guerra (21.689) (cuadro 3).

La tercera consideración se refiere a la aparición en 1847 de un nuevo ministerio, que sería el séptimo integrante del Consejo de Ministros español: la Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que más tarde pasaría a llamarse Ministerio de Fomento.467 Este nuevo ministerio se desgajó del de Gobernación, que había acumulado una diversidad inabarcable de funciones. En lo sucesivo, el Ministerio de Gobernación se encargaría de los aspectos más políticos del control del territorio —orden público, supervisión de los poderes locales, organización de las elecciones— y el de Fomento se ocuparía de favorecer el desarrollo del país, impulsando el crecimiento económico —agricultura, ganadería, comercio, industria, transportes y comunicaciones— y cultural —instrucción pública y bellas artes—. Desde entonces, la Administración civil no se limitaría al Ministerio de la Gobernación, sino que estaría repartida entre estos dos ministerios. El de Gobernación no se redujo de tamaño por efecto de este desglose, sino que, al contrario, experimentó un fuerte crecimiento a lo largo del siglo XIX. Y el crecimiento del conjunto de la Administración civil fue aún más pronunciado, por el efecto añadido de la expansión del Ministerio de Fomento, desde los 2.249 empleados que tenía en 1850 a los 6.343 en 1870 y 8.705 en 1890. Al terminar el siglo, la Administración civil sumaba 38.851 empleados: 9.255 funcionarios civiles del Ministerio de la Gobernación, 18.983 guardias civiles, 6.311 funcionarios del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y 4.302 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Porque, efectivamente, en 1900 el viejo Ministerio de Fomento se desglosó en estos dos mencionados últimamente.468

El Ministerio de la Gobernación experimentó varios desgloses sucesivos: el primero en 1847, el segundo en 1900 y, luego, muchos otros ya en el siglo XX. Fueron estos desgloses los que determinaron la reestructuración y expansión del Gobierno español para adaptarlo a las nuevas tareas y responsabilidades que se atribuían al Estado, especialmente relacionadas con el impulso estatal al crecimiento económico de un país que iba adquiriendo conciencia de su atraso. La llamada Administración civil, por tanto, con no ser aparentemente la más numerosa, aportó a la burocracia gubernamental un elemento dinámico, del cual provino su modernización a largo plazo.

La cuarta y fundamental razón por la que el Ministerio de la Gobernación no puede considerarse secundario en el conjunto de la Administración central del Estado decimonónico estriba en la importancia de las funciones que dicho ministerio desempeñaba. Huelga insistir en la importancia que tenían las funciones represivas para un Estado que tuvo un marcado déficit de representatividad hasta 1931. Era el ministro de la Gobernación quien dirigía los aparatos de control del orden público desde el centro mismo del poder en la Puerta del Sol de Madrid, sede del ministerio desde 1847. El ministro de este ramo era el «hombre fuerte» del Gobierno, persona de confianza del presidente del Consejo; pues, además de manejar a la Guardia Civil, se encargaba de manipular las elecciones y conseguir —por lo general de forma fraudulenta— que el partido gobernante legitimara su posición con la apariencia de una victoria electoral y la consiguiente mayoría parlamentaria.

Estos últimos elementos mencionados —la manipulación de las elecciones y el control del orden público— eran las dos caras de una misma moneda, que definían la esencia del régimen político construido durante el reinado de Isabel II. Y en ambas facetas, el Ministerio de la Gobernación constituía la pieza central del sistema. Pero es que, además de estas funciones represivas y políticas, el Ministerio de la Gobernación tenía encomendada también la supervisión y control de los poderes locales: ayuntamientos y diputaciones. Otra función igualmente decisiva para el funcionamiento de un Estado como aquel, dado que —como se verá en el capítulo 8— funcionaba en gran medida sobre la base de las administraciones locales y provinciales. La Administración central no constituía la totalidad de los instrumentos administrativos del Estado; tal vez ni siquiera su parte más importante. Y eso debe ser tenido en cuenta para cualquier caracterización del funcionamiento del Estado español en el siglo XIX.

El funcionariado en acción

Los empleados civiles de la Administración central del Estado procedían en su mayor parte de los institutos de enseñanza media: no tenían titulación universitaria. Durante los debates políticos acerca de la definición de la instrucción pública, se dio por sentada esta ecuación que relacionaba la enseñanza secundaria con la producción de los empleados necesarios para el servicio estatal.469

Se integraban en los ministerios que estructuraban el Gobierno: primero seis, luego siete, ya en 1900 ocho; sin contar el de Ultramar, ministerio especializado en asuntos coloniales que existió solamente entre 1863 y 1899.470 En cada uno de estos ministerios, por debajo del ministro —llamado oficialmente secretario de Estado y del Despacho hasta 1851— había un conjunto de directores generales, que se encargaban de áreas administrativas definidas con arreglo a una lógica burocrática y política que fue cambiando con el tiempo. Las direcciones generales se dividían, a su vez, en secciones; y estas, en negociados, unidad mínima de funcionamiento administrativo. Negociados, secciones y direcciones tenían sus respectivos jefes y se estructuraban con arreglo a una estricta jerarquía de mando.

Los empleados que trabajaban en todas estas oficinas estaban clasificados por cuerpos, según las características de cualificación profesional, régimen laboral y salarial de cada uno. Esta idea de organizar a los funcionarios por cuerpos procedía de la tradición militar. Y se extendió de manera generalizada a la burocracia civil por el decreto de funcionarios de Bravo Murillo.471 La norma fue importante, por un lado, porque puso orden en la burocracia pública civil con ideas y principios procedentes de la experiencia particular del Ministerio de Hacienda; y por otro lado, porque, a pesar de tratarse de un simple decreto del poder ejecutivo, dictado con carácter provisional, su pervivencia a largo plazo hizo que regulara el funcionamiento de la burocracia pública española durante todo el periodo de construcción del Estado contemporáneo, hasta que vino a reemplazarlo una Ley de 1918.472

La exposición de motivos a la reina justificaba el decreto y la urgencia con que se dictaba —sin esperar a su aprobación como Ley por las Cortes— por la necesidad que el Gobierno tenía de dos cosas. Por un lado, tener

empleados de su confianza, toda vez que sin ellos no fuera justo hacer pesar sobre el gobierno en la mayor parte de los casos ni la responsabilidad moral que exige la opinión, ni la material que impone el art. 42 de la Constitución.473

Por otro lado, poner

buen orden y disciplina de los empleados, clasificarlos de una manera terminante y clara. Así, cada cual sabe el lugar que ocupa en la escala administrativa, los derechos que está llamado a disfrutar, y los deberes que está encargado de cumplir.474

Se trataba, pues, de reforzar al poder ejecutivo dotándolo de una Administración obediente, disciplinada, bien ordenada y digna de confianza: una burocracia que funcionara como una maquinaria eficaz dispuesta a cumplir las órdenes de los gobernantes.

Para ello, se estableció un régimen común de los empleados públicos, acabando con la diversidad de estatutos que regían en cada ramo. No obstante, ese régimen común solo regiría para la llamada «Administración activa», rigiéndose por estatutos propios los cuerpos llamados «especiales», como la Administración consultiva, el Cuerpo Diplomático, los gobernadores provinciales, el orden judicial, el profesorado, los ingenieros, el Ejército y la Armada.

Se decretó que la totalidad de los funcionarios públicos se organizaran por ministerios. Y que en cada uno de ellos se estructuraran con arreglo a una misma escala de cinco niveles: Jefes superiores, Jefes de Administración, Jefes de Negociado, Oficiales y Aspirantes a oficial. Había un sexto nivel, el de los subalternos, que no tenían la consideración de empleados públicos ni, por tanto, los derechos regulados para estos. Aunque, sin duda, estos subalternos eran importantes para entender la acción del Gobierno y su capacidad de patronazgo, las fuentes para estudiarlos son esquivas; no están comprendidos en las cifras oficiales de empleados públicos y, por tanto, tampoco se incluyen en los datos recogidos en el cuadro 3.

Cada año, los diferentes ministerios anunciarían en la Gaceta de Madrid y en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria para ingresar en la carrera administrativa mediante unos exámenes de acceso a la categoría de Aspirante a oficial. Estos exámenes se celebraban en Madrid y en las capitales de provincia, ante tribunales designados por los propios ministerios. De ellos salían unas listas ordenadas por calificaciones: desde los «Aprobados por unanimidad con mérito sobresaliente» hasta los «Reprobados». Las plazas se iban ocupando por orden de calificación; y si aún quedaban candidatos aprobados cuando estuvieran cubiertas todas las plazas, formaban una lista de reserva con la que se irían cubriendo las vacantes que se produjeran posteriormente. Para presentarse a estos exámenes se requería tener al menos 16 años cumplidos, buena conducta moral y un título académico que supusiera estudios; el decreto no concretaba el nivel de estos estudios, pero enseguida vendría a identificarse con la enseñanza secundaria.

Así se entraba en la carrera de funcionario del Estado. Posteriormente, los aspirantes podían ascender a oficiales mediante una oposición pública o por el reconocimiento de méritos excepcionales en el desempeño de su labor como aspirantes. Tras seis años de servicio como oficial, un funcionario podía pensar ya en ascender a jefe de Negociado; pero el ascenso a las tres categorías superiores del funcionariado, las de jefe de Negociado, de Administración y Superior, no se realizaba por oposición, sino mediante un sistema mixto que combinaba la antigüedad —dos tercios de las plazas disponibles— y la designación directa «por mérito sobresaliente, servicios y circunstancias extraordinarias o servicios eminentes» —un tercio de las plazas.

El principio de mérito ocupaba un lugar central en el imaginario liberal desde la época de la Revolución. De hecho, el discurso liberal contra los privilegios del Antiguo Régimen ponía en un lugar muy destacado la forma de reclutar a los servidores del Estado: la igualdad ante la ley exigía que los empleados públicos se reclutaran sin otra consideración que el mérito de cada uno. Quedaban descartados los privilegios familiares, la preferencia estamental de los nobles, la compra de los oficios públicos…, en fin, todas las prácticas que en la antigua Monarquía se ponían por delante del mérito. Las constituciones habían recogido el principio básico del mérito como criterio para seleccionar a los empleados públicos. Pero fue el decreto de 1852 el que implementó esta idea en medidas concretas que se pudieran aplicar directamente en todas las dependencias de la Administración. No obstante, tras eliminar cualquier privilegio en el acceso al funcionariado, aún quedaba por dilucidar cómo se interpretaba el principio de mérito, pues este podía relacionarse con la formación previa, el talento personal o la experiencia; y cada uno de estos criterios, a su vez, admitía varias concreciones y combinaciones. Junto a esta cuestión del principio de mérito, tan importante para garantizar la igualdad de oportunidades y la disponibilidad de buenos profesionales en el servicio público, estaba en juego una segunda cuestión igualmente importante: la de permitir que creciera un funcionariado profesional y relativamente independiente, protegido por ley del favoritismo político de los partidos que, en cada momento, detentaran el poder.

Bravo Murillo sabía por experiencia propia que en la Administración española predominaba el spoil system, según el cual los puestos se otorgaban por una lógica de fidelidades políticas, nepotismo, corrupción e intercambio de favores, que sustentaba la viciosa estructura política del caciquismo. El mérito y la formación no eran tan relevantes en la práctica para escoger a los empleados públicos. Y todo ello redundaba en una Administración que no solo era poco profesional, sino también muy inestable, corrupta e ideologizada. Lo sabía por experiencia, ya que había empezado su andadura en Madrid como simple oficial del Ministerio de Gracia y Justicia en 1836; y luego había ocupado puestos más altos, incluido el de ministro, que le permitió comprobar cómo circulaban las recomendaciones y las arbitrariedades, con total desatención a los intereses del Estado.

De hecho, sacar adelante aquella reforma que venía a poner orden en el funcionariado no fue fácil. Bravo Murillo la presentó primero como Proyecto de Ley al Consejo Real; pero este puso reparos a su aprobación, de manera que Bravo decidió no seguir adelante, anticipándose a la resistencia que pensaba iba a encontrar en las Cortes. Renunció entonces al ambicioso proyecto inicial, y lo sustituyó por un decreto provisional para poner orden en la materia. Esta relativa rebaja en el contenido no fue óbice para que tal disposición se mantuviera vigente durante largo tiempo. Larga duración a la que hay que atribuir toda su importancia, teniendo en cuenta que se trataba de un decreto concebido con carácter provisional, para regular una cuestión urgente que por el momento no podía arreglarse de forma más sistemática y definitiva. El decreto de 1852 fue el punto de arranque para la organización de la Administración Pública del Estado liberal y, a pesar de los múltiples cambios de régimen que vinieron después, nadie consideró necesario cambiarlo hasta 1918. Aquel «simple» decreto provisional, reguló el estatuto de la función pública por espacio de 66 años, periodo que, además, coincidió con el proceso histórico de despliegue administrativo del Estado en España.475

Algunos adversarios políticos criticaron el decreto de 1852 afirmando que se hacía demasiado complicada la Administración para ponerla a resguardo de cualquier control, ya fuera de las Cortes o de los tribunales de Justicia. Para estos críticos, el proyecto de desarrollar una burocracia civil de grandes proporciones estaba destinado a formar una milicia gubernamental que modificara artificialmente el curso de la opinión pública.476

Por otro lado, el haber otorgado una reforma tan importante por la vía reglamentaria, sin atenerse a la fuerza de una ley aprobada en Cortes, tuvo el inconveniente de permitir que, posteriormente, se incumpliera la norma en muchas ocasiones amparándose en otras de rango mayor. Tal vez la urgencia por aprobar aquella disposición incluso faltando el concurso de las Cortes para hacerlo por ley, tenga que ver con consideraciones de conveniencia política inmediata de Bravo Murillo, pues no hay que olvidar que el decreto llevó aparejado —además de importantes ventajas cualitativas— un aumento del 7 o el 8 por ciento en los sueldos de los funcionarios; tal vez buscara Bravo con la ampliación y mejora de la situación de los funcionarios granjearse una clientela propia al servicio de su alternativa política, con la que compensar la fuerza que el liberalismo clásico tenía entre los militares, los propietarios, notables locales y clases populares; eso con independencia de que pueda considerarse al autor del decreto el «organizador del aparato burocrático» del Estado español.477 En un momento en que el Gobierno empezaba a verse cercado por la oposición articulada en torno a los jefes del Ejército, la reforma de la Administración pudo tener un componente de apelación al apoyo del funcionariado civil, planteando la contienda política en términos de civiles contra militares. En la medida en que se avecinaba una gran confrontación en torno a los proyectos de reforma constitucional de Bravo Murillo, aquella petición de auxilio para que la Administración cerrara filas en torno al Gobierno no podía esperar hasta que las Cortes tuvieran a bien aprobar el proyecto.

El sistema adoptado en 1852 pretendía garantizar que el principio de mérito y la capacidad personal primaran para reclutar funcionarios en la base de la escala; que el ascenso por antigüedad y mérito protegiera a los funcionarios del favoritismo de sus jefes y los vaivenes políticos vividos en las dos décadas anteriores; y que, sin embargo, al ascender en la carrera y aproximarse a los cargos de mayor contenido político, hubiera un cupo para que los ministros pudieran designar colaboradores de su plena confianza.

Contemplando el sistema en su conjunto, queda claro que lo que se valoraba para ascender era, por encima de todo, la experiencia. En eso se seguía una práctica sostenida desde el Antiguo Régimen, sin más que convertirla en sistema dando pautas para evaluar esa experiencia a lo largo de toda una escala burocrática. Una de las razones podía ser que no había instituciones específicas para la formación de los empleados públicos; y que la formación universitaria era extraordinaria, reservada para una minoría muy exigua. La experiencia, regulada por un sistema formal de ascensos, era la que nutría el alto funcionariado, mucho más que la formación universitaria —mérito meramente complementario— o que una hipotética formación específica para las tareas administrativas, para la cual no existieron instituciones especializadas hasta el siglo XX.

El decreto establecía, además, una escala salarial nítida, ajustada a los cinco niveles de empleados públicos. Creaba un régimen disciplinario destinado a someter a los funcionarios a las exigencias ministeriales, mediante unas juntas de jefes y unas oficinas generales y provinciales que, en cada ministerio, vigilarían la conducta de sus empleados, calificarían los méritos de cada uno, llevarían las hojas de servicios personales y establecerían los escalafones.

La hoja de servicios, que de manera menos regular venía existiendo desde el Antiguo Régimen, era el documento en el cual se registraban los sucesivos destinos del funcionario, con mención de las fechas de inicio y fin de los mismos. La importancia de estas hojas de servicios era crucial para los procesos de ascenso, traslados, solicitudes de los funcionarios, expedientes disciplinarios, etc. Dado que la experiencia constituía la base para la carrera de los funcionarios, el instrumento clave de la misma era este documento en el cual quedaban registrados no solo la antigüedad y los puestos por los que hubiera ido pasando cada empleado, sino también las valoraciones que hubiera merecido a sus superiores en el desempeño de las tareas encomendadas.

No menos importante era el escalafón. Se trataba de una lista detallada de los empleados de una categoría, cuerpo, clase, oficina o ministerio, con mención de los puestos que desempeñaban, el orden de precedencia y los salarios correspondientes. Un instrumento útil, por tanto, para establecer los presupuestos de cada departamento de la Administración; pero también para ordenar las carreras administrativas, analizar las disponibilidades de personal y estimar las necesidades. A raíz del decreto de 1852, todos los ministerios, secciones y negociados de la Administración tuvieron que poner en claro sus escalafones; además de establecer sus reglamentos internos para los empleados públicos, desarrollando en detalle las disposiciones generales del decreto. Todo esto supuso un gran esfuerzo de orden en el seno de la Administración española, que se produjo simultáneamente al establecimiento de un sistema general de contabilidad del Estado —iniciado en 1850— por el que cada movimiento de fondos, incluidos los gastos de personal, debía quedar rigurosamente registrado y sometido a la vigilancia de un interventor, que se aseguraba de que el gasto era legal y ajustado a lo previsto en los presupuestos generales del Estado.

Son muchos los aspectos relevantes del decreto de 1852, aunque algunos de ellos se limitaran a recoger prácticas anteriores y ordenarlas formando sistema. Por ejemplo, se estableció la obligación que tendría todo funcionario público de servir los destinos de su categoría a los que le enviara el Gobierno, en cualquier punto del territorio nacional; es decir, en cualquier punto de la península e islas adyacentes, pues los territorios de Ultramar seguían otro régimen. Esto implicaba la creación de un cuerpo de funcionarios verdaderamente nacional, que se desplazaría respondiendo a las necesidades y prioridades del Gobierno. Desde el punto de vista social y cultural, esto supuso un gran factor de integración nacional, en la medida en que muchas familias, a lo largo de la segunda mitad del XIX, cambiaron de lugar de residencia y encontraron arraigo en provincias distintas a la suya de origen, siguiendo los destinos de un padre funcionario.

Otro aspecto relevante del decreto fue, sin duda, la clarificación del derecho que los empleados públicos tendrían, después de determinados años de servicio y de cumplir ciertos requisitos, a jubilarse con un sueldo de cesantía. Esto servía solo para los que se retiraran después de haber alcanzado al menos la categoría de oficial, no para los aspirantes ni para los subalternos. Los jefes y oficiales de la Administración tendrían derecho, cuando se retiraran «por imposibilidad absoluta de servir» —por edad o por enfermedad— a cobrar una pensión del Estado. También disfrutarían las familias de los funcionarios —siempre de la categoría de oficial para arriba— de un montepío, que pagaba pensiones a viudas y huérfanos. Esto crearía una carga financiera importante para el presupuesto, la de las llamadas clases pasivas, pensionistas del Estado cuya atención se ha mantenido sin interrupción hasta la actualidad.

En una época en que el conjunto de los trabajadores y profesionales no disponían de sistema alguno de previsión social, estas medidas suponían ventajas importantes, que venían a unirse a la relativa seguridad e inamovilidad que creó el sistema de ingreso por oposición y de ascenso por antigüedad. Eran medidas que iban en el sentido de dignificar la función pública, reforzando la autoridad y el poder simbólico del Estado; pero también eran ventajas sociales que compensaban una cierta estrechez de las remuneraciones, obligada por las limitaciones del presupuesto. Lejos de constituir un privilegio, las pensiones de jubilación de los funcionarios —como su seguridad en el empleo— fueron ventajas que permitieron disponer de personal cualificado a un coste inferior al del mercado durante todo el proceso de construcción del Estado. Y, a la larga, serían ventajas sociales que marcarían el rumbo para el resto de los trabajadores, abriendo el camino para un futuro Estado del bienestar.

También apuntaba a ese objetivo de dignificar la función pública la idea de establecer un sistema de uniformes para todas las categorías de funcionarios del Estado, que permitiera identificar a primera vista el cuerpo y grado al que cada empleado pertenecía, y establecer entre ellos una noción visual, intuitiva, del mando. Para mayor honra de los empleados públicos, el uniforme se acompañaba de un sistema de tratamientos al que tenían derecho según la categoría alcanzada. Por ejemplo, los Jefes Superiores tendrían el mismo tratamiento que los miembros del Consejo Real, un reconocimiento extraordinario en una monarquía; y los Jefes de Administración, que eran ya la segunda categoría de funcionarios, aún tendrían derecho a ser tratados de Excelencia.

Todo esto procedía, sin duda, de la tradición militar: la terminología —y la idea misma— de cuerpo, con jefes y oficiales, el escalafón, la hoja de servicios, el ascenso por antigüedad, la uniformidad, hasta las formas de tratamiento… Siguiendo el modelo napoleónico, la lógica aplicada en adelante a los funcionarios públicos venía a ser un traslado a la esfera civil de aquellos elementos de jerarquía, de disciplina, de orden y de autoridad que se habían demostrado eficaces en el Ejército y que ahora se querían rentabilizar en el ámbito de la Administración. El Estado, cuya prehistoria había sido la de un Ejército y el sistema tributario y administrativo destinado a sostenerlo, revisaba esa experiencia en su fase de consolidación y madurez, para ganar con las mismas armas nuevas e incruentas batallas.

Todo este esfuerzo de dignificación del empleado público tal vez no fuera ajeno al clima de desprestigio contra ellos que se venía creando desde los inicios del periodo liberal. Ya en la época de las Cortes de Cádiz un liberal tan notorio como Martínez de la Rosa había publicado una obra de teatro cómica que ridiculizaba a quienes se sumaban a la causa de la revolución con el solo objeto de asegurar su futuro mediante la obtención de un empleo en la nueva Administración.478 En un país en el que predominaba la precariedad y en el que los liberales alimentaban la desconfianza hacia los que vivían del presupuesto del Estado, se hicieron enormemente impopulares las figuras del empleado público y del cesante (aquel que seguía cobrando del Erario pero no trabajaba). Lo atestigua la prensa de todas las tendencias del Trienio Constitucional (1820-1823), al igual que discursos como el que llegó a pronunciar Agustín Argüelles, diciendo en 1820 que «la Nación española es una Nación de empleados».479 Con la vuelta del régimen liberal en 1834, aquella imagen negativa volvió a circular, haciendo moneda corriente el término de empleomanía, equivalente al concepto francés de fonctionnarisme. Es difícil saber hasta qué punto exageraba los caracteres de una tendencia que, sin duda existió: la de buscar empleo en una Administración pública en constante expansión, como forma de prosperar socialmente y de asegurarse un futuro a resguardo de fluctuaciones y de ciclos económicos; o, como dijo gráficamente un periódico radical de la época, «la manía de preferir un empleo a todo otro modo honrado de buscar el sustento».480 Para unos, el funcionario moderno heredaba la impopularidad de los ineficientes y gravosos covachuelistas de la Monarquía absoluta; para otros, medraban y obtenían privilegios personales por su adhesión interesada a una ideología de partido; para muchos, los empleos y ventajas que obtenían formaban parte del intercambio de favores que alimentaba las redes de patronazgo y clientela que corrompían la vida pública —el origen de lo que luego se llamaría caciquismo—; y para algunos, creaban una clase social artificial, que vivía del trabajo ajeno y que constituía la fuente de los desórdenes y revoluciones del siglo.481

Los ataques contra empleados y cesantes se recrudecieron cuando, a comienzos de la Década Moderada, empezó a ampliarse la burocracia del Estado de manera significativa. Entonces aparecieron escritos como el de Antonio Flores de 1850. En él se criticaban con dureza los abusos y los vicios de la sociedad del momento, incluyendo la búsqueda desaforada de empleos públicos, que eran vistos como sinecuras o privilegios parasitarios; así como el favoritismo político con el que se contrataba y se cesaba a los empleados del Estado. Un capítulo especial en estas críticas se dirigía contra la figura del cesante, empleado del Estado que, tras haber sido despedido —generalmente como consecuencia de un cambio de Gobierno—, quedaba desempleado y con un derecho preferente de reingreso en la Administración, por lo que toda su expectativa se cifraba en la esperanza de que los «suyos» volvieran al poder.482

El decreto de 1852, que tomaba elementos de disposiciones anteriores —como la Real Orden de 19 de agosto del mismo año y el Real Decreto de 1827 que organizaron a los empleados de Hacienda—, fue a su vez complementado por algunas posteriores, que afinaron el sistema a medida que se iba poniendo en práctica. Así, en 1855 los progresistas establecieron la dedicación exclusiva de los empleados públicos, al prohibir el desempeño simultáneo de varios sueldos o destinos.483 Y en 1866 el Gobierno centrista de la Unión Liberal estableció un Reglamento orgánico de las carreras civiles al servicio del Estado, que concretaba y desarrollaba los principios del 52 a la luz de la experiencia de los catorce años transcurridos.484 La concurrencia de disposiciones procedentes de los tres partidos principales del reinado de Isabel II —moderados, progresistas y unionistas— en la definición de la función pública habla del consenso que se alcanzó, en la práctica, sobre la organización del servicio público civil. De alguna manera, la Administración se fue configurando como un espacio políticamente neutral al servicio del Gobierno; aunque la afirmación efectiva de esa profesionalización tardaría aún mucho tiempo en afirmarse, frente a las prácticas clientelares que pervivieron durante décadas.

El sistema de las cinco categorías de empleados públicos más los subalternos de contratación ocasional aseguraba el funcionamiento ordinario de las oficinas ministeriales. No obstante, para algunas tareas que requerían mayor cualificación, se impuso la necesidad de un régimen especial, que el decreto de 1852 reconoció dejando tales ámbitos fuera de su alcance (art. 44). Estos ámbitos que se regularían por otras reglas serían los siguientes: los gobernadores provinciales —prácticamente agentes políticos de confianza del Gobierno—, los diplomáticos, jueces y magistrados, profesores, ingenieros, militares y marinos.

Cada uno de estos ámbitos de la función pública tiene una historia específica. Pero tenían en común el haber sido creados como cuerpos especiales, separados del cuerpo general de los empleados públicos, cuyo régimen se acaba de presentar. Algunos de estos cuerpos especiales venían de muy atrás en el tiempo, como era el caso de los ingenieros civiles y de minas, expresamente mencionados como excepción en el decreto de 1852. Tales cuerpos constituían una emanación directa de las escuelas especiales establecidas para la formación de estos ingenieros, que realizaban la selección y daban acceso directamente al cuerpo. El Cuerpo de Ingenieros de Minas era el más antiguo, creado ya bajo el Antiguo Régimen como consecuencia del hecho de que la Hacienda Pública disponía de varias minas propias —especialmente las de Almadén, donde funcionó la primera Escuela de Ingenieros de Minas— y necesitaba personal especializado para gestionarlas. Los ingenieros de Minas funcionaban como un cuerpo autónomo dentro de la Administración, con su propio escalafón, sus propias escalas salariales y reglamentos internos, autonomía que le fue reconocida por el Estado liberal.485 Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que funcionaban de manera similar desde su creación en 1802, se ajustaron a este esquema de funcionamiento corporativo ya bajo el Estado constitucional.486

Una vez sentado el precedente y el modelo con la creación de los cuerpos de ingenieros de Minas y de Caminos, Canales y Puertos, luego vinieron otros, para los que se adoptó el mismo sistema de ponerlos al margen del régimen general de los funcionarios públicos, por considerarlos cuerpos especiales: el de ingenieros de Montes fue el primero.487 Pero no tardaron en seguirles los de catedráticos de universidad, peritos aparejadores, telégrafos, ayudantes de Montes, ingenieros agrónomos, abogados del Estado, diplomáticos, médicos y farmacéuticos titulares de la Beneficencia e ingenieros industriales del Estado.488 Son sólo los casos más significativos; podrían señalarse otros. Lo importante de esta abigarrada historia de la creación de cuerpos especiales de la Administración, que se adentra hacia el siglo XX, es que constituyó una manera de aumentar la profesionalidad y la cualificación de los empleados del Estado, dotando a la Administración de mecanismos flexibles y soluciones ad hoc.

A partir de un determinado momento, con el régimen general de los funcionarios ordinarios sólidamente establecido por el decreto de 1852 y las medidas que lo desarrollaron, el despliegue de la Administración tuvo, además de una dimensión cuantitativa, esta otra dimensión cualitativa que consistía en irle añadiendo cuerpos especiales. Los mecanismos internos y las características de cada cuerpo eran diferentes, respondiendo a las peculiaridades de su oficio y a las circunstancias de su creación. Pero todas respondían a algunos rasgos comunes, que tenían el aspecto de «privilegios», hasta que la Ley de 1918 extendió tales rasgos al conjunto de la Administración y los convirtió en normas generales de funcionamiento de la Administración. Los cuerpos especiales, por tanto, fueron el modelo para la Administración moderna que, a partir del siglo XX, sustituyó a la que había garantizado, a lo largo del XIX, el despliegue inicial del Estado.

403 Max Weber, «La política como vocación (1918)», en El político y el científico (Madrid: Alianza Editorial, 1967), 81-179. La cita en p. 91.

404 Max Weber, «La política como vocación (1918)», en El político y el científico (Madrid: Alianza Editorial, 1967), 81-179, especialmente pp. 87-88.

405 Stefan Breuer, Burocracia y carisma: la sociología política de Max Weber (Valencia: Alfons el Magnànim, 1996); Arthur Mintzman, La jaula de hierro: una interpretación histórica de Max Weber (Madrid: Alianza Editorial, 1976).

406 Juan Pro, «The Origins of State Bureaucracy in Nineteenth Century Spain», en Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux y Michael Braddick (eds.), Administrate, Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia (Newcastle: Cambridge Scholars, 2016), 132-167.

407 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005).

408 Constitución de la Monarquía Española promulgada en Madrid a 18 de Junio de 1837 (Madrid: Imprenta Nacional, 1837), art. 11, p. 8.

409 Constitución de la Monarquía Española (Madrid: Imprenta Nacional, 1845), art. 11, p. 11.

410 Ley de 16 de julio de 1840 sancionando la dotación del culto y clero, Gaceta de Madrid, n.º 2092, 24 de julio, p. 1.

411 El arreglo definitivo de esta cuestión lo hizo Alejandro Mon mediante la Ley de 20 de abril de 1849 sobre la composición de la dotación del culto y clero, Gaceta de Madrid, n.º 5345, 2 de mayo, p. 1.

412 Concordato celebrado en el año de 1753 entre las Cortes de Roma y Madrid (Madrid: Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1764).

413 Real Decreto de 4 de julio de 1835 restableciendo en su fuerza y vigor la pragmática sanción de 2 de Abril de 1767, y suprimiendo perpetuamente en todo el territorio de la monarquía la Compañía de Jesús, Gaceta de Madrid, n.º 188, 7 de julio, p. 750.

414 Brigitte Journeau, Eglise et état en Espagne au XIXe siècle: les enjeux du concordat de 1851 (Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2002), 24-31.

415 «Sanctisimi Domini nostri Gregorii Divina Providentiae Papa XVI, allocutio habita in consistorio secreto, kalendis martii anni MDCCCXLI», Il Cattolico. Giornale religioso-letterario (Lugano), vol. XVI, n.os 15-16 (1841), pp. 133-142.

416 Juan Pro, Bravo Murillo: política de orden en la España liberal (Madrid: Síntesis, 2006), 251-275.

417 Real Decreto de 15 de julio de 1844 (ratificado el 8 de agosto) suspendiendo la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades religiosas de monjas hasta que el Gobierno de acuerdo con las Cortes determinen lo que convenga, Gaceta de Madrid, n.º 3621, 13 de agosto, pp. 1-2. Ley de 3 de abril de 1845 para que se devuelvan al clero secular los bienes no enajenados de su pertenencia, Gaceta de Madrid, n.º 3859, 8 de abril, p. 1.

418 Juan Pérez Alhama, La Iglesia y el Estado español: estudio histórico jurídico a través del Concordato de 1851 (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1967), 57-124.

419 William James Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874 (Madrid: Nerea, 1989), 187.

420 Ley de 8 de mayo de 1849 autorizando al Gobierno para que de acuerdo con la Santa Sede verifique el arreglo general del clero, Gaceta de Madrid, n.º 5353, 10 de mayo, p. 1.

421 Archivo del Ministerio de Justicia (Madrid), Asuntos Eclesiásticos, 4121.

422 José del Castillo y Ayensa, Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del Rey D. Fernando VII, 2 vols. (Madrid: Impr. de Tejado a cargo de Rafael Ludeña, 1859); Juan Pérez Alhama, La Iglesia y el Estado español: estudio historico jurídico a través del Concordato de 1851 (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1967), 32-43.

423 Modesto Lafuente, Historia general de España: desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, 25 vols. (Barcelona: Montaner y Simón, 1887), t. XXIII, p. 71.

424 Real Decreto de 17 de octubre de 1851 mandando se publique y observe como ley del Estado el concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo de este año, Gaceta de Madrid, n.º 6306, 19 de octubre, pp. 1-7. La publicación previa del texto aprobado en la Gaceta de Madrid, n.º 6146, de 12 de mayo de 1851, pp. 1-4.

425 Alocución Quibus luctuosissimis perturbiationibus, del 5 de septiembre de 1851, en Ramón Buldú, Historia de la Iglesia de España desde la predicación de los Apóstoles hasta el año 1856, 2 vols. (Barcelona: Imp. de Pons y C.ª, 1856), t. II, pp. 657-661.

426 Brigitte Journeau, Eglise et état en Espagne au XIXe siècle: les enjeux du concordat de 1851 (Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2002), 47-51, pp. 47-51.

427 La Época, 19 de octubre de 1851.

428 José María Monge García de Artenti, España en la crisis actual. Nota-memoria, protestación motivada en contra del Concordato (Bruselas: C. J. A. Greuse, 1850).

429 Por ejemplo, entre los progresistas, Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, 2 vols. (Madrid: Enrique Rubiños, 1879), t. II, p. 222.

430 Lesmes Frías, Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia moderna de España, 2 vols. (Madrid: Razón y Fé, 1923), t. II (1944), pp. 183-185.

431 Exposición de Motivos del Real Decreto de 17 de octubre de 1851 mandando se publique y observe como ley del Estado el concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo de este año, Gaceta de Madrid, n.º 6306, 19 de octubre, p. 1.

432 La Nación, 22 de octubre de 1851; La Época, 24 de octubre de 1851.

433 Carta del marqués de Bourgoing al Ministerio de 24 de mayo de 1851, Archives des Affaires Étrangers (París), Correspondance politique, Espagne, 836.

434 Por ejemplo, Brigitte Journeau, Eglise et état en Espagne au XIXe siècle: les enjeux du concordat de 1851 (Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2002), 134-137, afirma que esa era la razón de la ambigüedad del artículo 29 con respecto a la restauración de las órdenes religiosas masculinas.

435 Carta del marqués de Miraflores a Fernando Muñoz de 23 de mayo de 1851, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo de la Reina Gobernadora, Diversos, Títulos y familias, 3421-3172, 38.

436 Real Decreto de 2 de mayo de 1851 estableciendo un Consejo de negocios eclesiásticos con la denominación de Cámara eclesiástica, Gaceta de Madrid, n.º 6137, 3 de mayo, p. 1.

437 Real Decreto de 20 de octubre de 1851 disponiendo que el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas se denomine Ministerio de Fomento, Gaceta de Madrid, n.º 6308, 21 de octubre, p. 1.

438 Real Decreto de 17 de octubre de 1851, Gaceta de Madrid, n.º 6309, de 22 de octubre, p. 3.

439 Real Decreto de 21 de octubre de 1851 sobre la extinción de la Colecturía general de espolios, vacantes y anualidades, y el Tribunal apostólico y Real de la gracia del excusado; y Real Orden circular de 22 de octubre de 1851 a los Obispos declarando haber acordado el Consejo Real se conceda el pase al Motu Proprio expedido por Su Santidad, Pío IX, en 12 de Abril de este año, ambos en la Gaceta de Madrid, n.º 6310, 23 de octubre, p. 1.

440 Real Decreto de 14 de noviembre de 1851 confirmando que los eclesiásticos que obtengan canongía, dignidad ó beneficio que exijan personal residencia, se restituyan á las iglesias en el preciso término de dos meses, Gaceta de Madrid, n.º 6335, 17 de noviembre, p. 1. Real Orden de 16 de noviembre de 1851 recordando la vigencia del pase regio en virtud de la Pragmática Sanción de 16 de julio de 1768.

441 Reales Decretos de 21 de noviembre de 1851, Gaceta de Madrid, n.º 6361, 13 de diciembre, p. 1; y n.º 6365, 17 de diciembre, p. 1.

442 Real Decreto de 29 de noviembre de 1851, Gaceta de Madrid, n.º 6366, 18 de diciembre, p. 2. Real Orden de 14 de diciembre de 1851, Gaceta de Madrid, n.º 6487, 27 de marzo, p. 1. Real Orden de 17 de diciembre de 1851, Gaceta de Madrid, n.º 6371, 21 de diciembre, p. 3. Real Orden de 24 de diciembre de 1851, Gaceta de Madrid n.º 6399, 9 de enero de 1852, p. 1.

443 Real Decreto de 30 de enero de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6449, 18 de febrero, p. 1; Real Decreto de 27 de febrero de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6465, 5 de marzo, p. 1; Real Decreto de 28 de marzo de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6492, 1 de abril, p. 1; Real Orden de 16 de abril de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6514, 23 de abril, p. 1; Real Decreto de 30 de abril de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6525, 4 de mayo, p. 1; Real Decreto de 30 de abril de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6535, 14 de mayo, p. 1; Real Decreto de 30 de abril de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6525, 4 de mayo, p. 1; Real Decreto de 14 de mayo de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6543, 22 de mayo, p. 1; Real Orden de 16 de mayo de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6543, 22 de mayo, pp. 1-2; Real Decreto de 21 de mayo de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6555, 3 de junio, p. 1; Real Orden de 21 de junio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6576, 24 de junio, p. 5; Real Decreto de 16 de julio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6604, 22 de julio, p. 1; Real Orden de 21 de julio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6612, 30 de julio, p. 1; Real Cédula de 28 de septiembre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6674, 30 de septiembre, pp. 1-2; Real Orden de 18 de octubre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6696, 22 de octubre, p. 1; Real Orden de 24 de octubre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6702, 28 de octubre, p. 1; Real Decreto de 5 de noviembre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6716, 11 de noviembre, p. 1; otro Real Decreto de 5 de noviembre de 1852, ibídem; Real Orden de 15 de noviembre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6732, 27 de noviembre, p. 1.

444 Real Decreto de 23 de julio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6610, 28 de julio, p. 1; Real Decreto de 3 de diciembre de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6743, 8 de diciembre, p. 1.

445 Real Cédula de 19 de octubre de 1852 (disposición no publicada en la Gaceta), Lesmes Frías, Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia moderna de España, 2 vols. (Madrid: Razón y Fé, 1923), t. I, pp. 268-298.

446 Cartas de monseñor Brunelli al ministro de Estado de 11 de marzo, 20 de agosto, 18 de septiembre y 2 de octubre de 1853, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), Estado, Negociaciones, Siglo XIX, 155.

447 Juan Pro, «The Origins of State Bureaucracy in Nineteenth Century Spain», en Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux y Michael Braddick (eds.), Administrate, Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia (Newcastle: Cambridge Scholars, 2016), 132-167.

448 Fuente: construcción propia a partir de los datos de los presupuestos generales del Estado, tomados de Jacint Jordana y Carles Ramió, «Gobierno y Administración», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, vol. III (Bilbao: Fundación BBVA, 2005), 973-1026, especialmente p. 1004.

449 La estructura de estas administraciones puede seguirse a través de dos publicaciones periódicas de carácter anual: la Guía de forasteros y el Almanaque del empleado.

450 Alejandro Agüero, «Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional», en Marta Lorente (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870 (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 19-58.

451 Ley de 17 de junio de 1870 autorizando al Gobierno para establecer con el carácter de provisional el Registro civil, Gaceta de Madrid, n.º 171, 20 de junio, p. 1.

452 Ley orgánica del Poder Judicial de 15 de Septiembre de 1870 y Ley adicional á la misma de 14 de Octubre de 1882 (Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, 1902).

453 Diego López Garrido, «La autonomía del aparato hacendístico en la transición al régimen liberal (notas para un estudio)», en Miguel Artola y Luis María Bilbao (eds.), Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1984), 355-372.

454 Pedro López de Lerena, Memoria sobre las rentas públicas y balanza comercial de España (1789-1790) (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990).

455 Real Cédula de 9 de marzo de 1829 organizando el Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras para impedir el contrabando, Gaceta de Madrid, n.os 39-55, 31 de marzo a 7 de mayo. Real Decreto del 12 de noviembre de 1842 aprobando el Reglamento para la organización del Cuerpo de Carabineros de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.os 2985-2989, 9 a 13 de diciembre.

456 Alejandro Nieto, Los primeros pasos del Estado constitucional: historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón (Barcelona: Ariel, 1996).

457 Real Decreto de 26 de septiembre de 1836 sobre arreglo de intendencias, Gaceta de Madrid, n.º 655, 27 de septiembre, p. 1.

458 Real Decreto de 23 de mayo de 1845 aprobando el plan de administración central y provincial de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 3931, 19 de junio, p. 1.

459 Ley de 9 de diciembre de 1881 creando los cargos de Delegados de Hacienda para ejercer la Autoridad económica superior en las provincias, Gaceta de Madrid, n.º 345, 11 de diciembre, pp. 607-608. Ley de 24 de junio de 1885 reorganizando la Administración de Hacienda en las provincias, Gaceta de Madrid, n.º 177, 26 de junio, p. 905. Ley de 11 de mayo de 1888 creando y organizando Administraciones subalternas de Hacienda en las poblaciones en que, no siendo capitales de provincia, existan Juzgados de primera instancia ó Registro de la propiedad, ó tengan 20.000 ó más habitantes, Gaceta de Madrid, n.º 138, 17 de mayo, pp. 501-502.

460 Juan Pro, «Bravo Murillo: el abogado en Hacienda», en Francisco Comín, Pablo Martín Aceña y Rafael Vallejo (eds.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006), 133-170.

461 Real Decreto de 28 de diciembre de 1849 estableciendo una nueva Dirección a las inmediatas órdenes y bajo la dependencia del Ministro de Hacienda con el título de Dirección general de lo contencioso, Gaceta de Madrid, n.º 5633, 1 de enero de 1850, p. 3.

462 Real Decreto de 21 de junio de 1850 explicando el verdadero carácter con que deben ser considerados en el Ministerio de Hacienda los Directores generales que acuerdan el despacho de los negocios con el Ministro, Gaceta de Madrid, n.º 5810, 27 de junio, p. 1.

463 Real Decreto de 25 de junio de 1850 para formar un solo Archivo en el Ministerio de Hacienda, Gaceta de Madrid, n.º 5810, 27 de junio, p. 3.

464 Real Decreto de 18 de junio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6572, 20 de junio, pp. 1-2.

465 Real Decreto de 28 de marzo de 1844 creando un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería bajo la dependencia del ministerio de la Gobernación de la Península, y con la denominación de Guardias civiles, Gaceta de Madrid, n.º 3486, 31 de marzo, pp. 1-2.

466 Diego López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista (Madrid: Alianza Editorial, 2004).

467 Real Decreto de 28 de enero de 1847 creando un nuevo ministerio con la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Gaceta de Madrid, n.º 4521, 30 de enero, p. 1. Real Decreto de 20 de octubre de 1851, disponiendo que el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas se denomine Ministerio de Fomento, Gaceta de Madrid, n.º 6308, de 21 de octubre, p. 1.

468 Real Decreto de 18 de abril de 1900 suprimiendo el Ministerio de Fomento y creando en su lugar los de Instrucción pública y Obras públicas, Gaceta de Madrid, n.º 109, 19 de abril, pp. 316-317.

469 Carles Sirera Miralles, Un título para las clases medias: el Instituto de Bachillerato Lluís Vives de Valencia, 1859-1902 (Valencia: Universitat de València, 2011), 25.

470 Real Decreto de 20 de mayo de 1863 creando un nuevo Ministerio con la denominación de Ministerio de Ultramar y señalando sus atribuciones, Gaceta de Madrid, n.º 141, 21 de mayo, p. 1. Real Decreto de 25 de abril de 1899 suprimiendo el Ministerio de Ultramar, Gaceta de Madrid, n.º 117, 27 de abril, p. 305.

471 Real Decreto de 18 de junio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6572, 20 de junio, pp. 1-2.

472 Ley de bases de 22 de julio de 1918 acerca de la condición de los funcionarios de la Administración civil del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 205, 24 de julio, pp. 222-225. Reglamento para su ejecución de 7 de septiembre de 1918, Gaceta de Madrid, n.º 251, 8 de septiembre, pp. 646-655.

473 Gaceta de Madrid, n.º 6572, 20 de junio de 1852, p. 1.

474 Ibídem.

475 Luis Jordana de Pozas, «Bravo Murillo y los funcionarios públicos», en Nicolás Pérez Serrano y otros: Discursos leídos en la junta pública inaugural del curso académico de 1952-1953 para conmemorar el primer centenario de Bravo Murillo (Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1952), 65-77, especialmente pp. 75-77.

476 Andrés Borrego, La revolución de Julio de 1854 apreciada en sus causas y en sus consecuencias (Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1855), 195.

477 Manuel Tuñón de Lara, Estudios sobre el siglo XIX español (Madrid: Siglo XXI, 1971), pp. 47 y 63-69.

478 Francisco Martínez de la Rosa, Lo que puede un empleo: Comedia en dos actos en prosa, adicionada por don Valentín de Foronda (La Coruña: Oficina de Don Antonio Rodríguez, 1813).

479 Juan Francisco Fuentes, «Empleado», en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs.): Diccionario político y social del siglo XIX español (Madrid: Alianza Editorial, 2002), 271-275.

480 El Guindilla, en 1842, cit. por Fuentes, p. 272.

481 Jaime Balmes en 1843, cit. por Fuentes, p. 273.

482 Antonio Flores, La sociedad de 1850 (Madrid: Alianza Editorial, 1968).

483 Ley de 9 de julio de 1855 prohibiendo, así en la Península como en todos los dominios de Ultramar, la simultaneidad de dos o mas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos, Gaceta de Madrid, n.º 922, 12 de julio, p. 1.

484 Real Decreto de 4 de marzo de 1866 aprobando el Reglamento orgánico de las carreras civiles de la Administración pública, Colección Legislativa de España, t. XCV (1866, primer semestre), pp. 100-119.

485 Real Decreto de 2 de febrero de 1859 por el que se aprueba el adjunto reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Minas, Gaceta de Madrid, n.º 49, 18 de febrero, p. 1.

486 Real Decreto de 30 de abril de 1835 en el que se manda crear un cuerpo de ingenieros civiles, Gaceta de Madrid, n.º 125, 5 de mayo, p. 497. Real Decreto de 28 de septiembre de 1853 reformando la actual organización del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Gaceta de Madrid, n.º 272, 29 de septiembre, pp. 1-2. Real Decreto de 10 de agosto de 1855 dictando el Reglamento para la Escuela especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Gaceta de Madrid, n.º 957, 16 de agosto, pp. 1-2.

487 Real Orden de 12 de agosto de 1848 resolviendo sobre si los alumnos de la Escuela de Montes que al concluir sus estudios obtengan el título de ingenieros formarán un cuerpo como los de Minas y Caminos, ó si se considerará esta carrera únicamente como profesión universitaria, Gaceta de Madrid, n.º 5090, 20 de agosto, p. 1. Real Decreto de 17 de marzo de 1854 creando un cuerpo de ingenieros de Montes, Gaceta de Madrid, n.º 449, 25 de marzo, p. 1.

488 Los catedráticos de Universidad en el Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 aprobando el plan general de estudios para la instrucción pública del reino en la parte relativa á las enseñanzas secundaria y superior, Gaceta de Madrid, n.os 4029-4072, de 25 de septiembre a 7 de noviembre, Sección Tercera; y Real Orden circular de 22 de junio de 1847 aprobando el escalafón general de antigüedad de los profesores públicos de las universidades del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 4667, 25 de junio, pp. 1-3. Los aparejadores en Real Decreto de 24 de enero de 1855 suprimiendo las enseñanzas de maestros de obras y directores de caminos vecinales, estableciendo en todas las Academias de Nobles Artes donde existían aquellas enseñanzas, otra de aparejadores de obras, y aprobando el reglamento para las escuelas de aparejadores de obras y agrimensores, Gaceta de Madrid, n.º 758, 29 de enero, pp. 1-2. El Cuerpo de Telégrafos en Real Decreto de 31 de marzo de 1856 aprobando el reglamento orgánico del Cuerpo y servicio de telégrafos, Gaceta de Madrid, n.º 1188, 5 de abril, pp. 1-2. Los ayudantes de Montes por Decreto de 28 de agosto de 1869 aprobando el reglamento para la organización, servicio y disciplina del personal subalterno de Montes, Gaceta de Madrid, n.º 245, 2 de septiembre, p. 1. Los ingenieros agrónomos por Real Decreto de 14 de febrero de 1879 aprobando las bases para la organización del servicio agronómico en España, Gaceta de Madrid, n.º 47, 16 de febrero, p. 445; Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 aprobatorio del reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, Gaceta de Madrid, n.º 349, 15 de diciembre, p. 741; y Real Decreto de 20 de noviembre de 1900 disponiendo la forma en que han de proveerse las plazas que figuran en la plantilla del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, Gaceta de Madrid, n.º 325, 21 de noviembre, p. 630. Los abogados del Estado por Real Decreto de 10 de marzo de 1881 dando nueva organización á la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, y disponiendo se denomine en lo sucesivo Dirección general de lo Contencioso del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 70, 11 de marzo, pp. 673-674. Los diplomáticos por el Real Decreto de 4 de marzo de 1844 estableciendo reglas fijas que puedan servir en lo sucesivo para organizar de un modo estable la importante carrera diplomática, Gaceta de Madrid, n.º 3460, 5 de marzo, p. 1; y la Ley orgánica de 14 de marzo de 1883 de las carreras diplomática, consular y de Intérpretes, Gaceta de Madrid, n.º 74, 15 de marzo, pp. 589-591. Médicos y farmacéuticos por Real Decreto de 23 de diciembre de 1884 aprobando el reglamento orgánico del cuerpo facultativo de Beneficencia general, Gaceta de Madrid, n.º 3, 3 de enero de 1885, pp. 13-14. Los ingenieros industriales por Real Decreto de 23 de marzo de 1911 creando el Cuerpo nacional de Ingenieros industriales, Gaceta de Madrid, n.º 83, de 24 de marzo, p. 828.

CAPÍTULO 7

INFORMACIÓN Y CONTROL DEL TERRITORIO

Todo poder se apoya sobre el conocimiento, un cierto nivel de información sin el cual no es posible adoptar decisiones acertadas. De ahí que, en los albores de la modernidad, Francis Bacon llegara a afirmar que el conocimiento en sí mismo es poder (ipse scientia potestas est).489 Crear un Estado supone una gran concentración de poder y, por tanto, una gran concentración de medios de conocimiento. Todo Estado se apoya en mecanismos de obtención de información lo suficientemente potentes como para poner a sus instituciones en condiciones de extraer recursos, saber lo que pasa en el territorio que gobiernan y hacer que se cumplan sus normas.

La creación del Estado español en el siglo XIX implicó también —como en otros países de Europa— la creación de sistemas de información efectivos que sustentaran la acción de gobierno. La metáfora de «los ojos y los oídos del Estado» ha sido aplicada con frecuencia al referirse a los aparatos estadísticos que, partiendo de precedentes ilustres en el siglo XVIII, se desarrollaron de manera sistemática en el XIX. Este capítulo trata sobre esos aparatos estadísticos de nueva creación, cuyo desarrollo informa sobre el desarrollo mismo del Estado. En la época, el llamado «ramo de estadística» apenas estaba deslindado de otras tareas que posteriormente se concebirían como completamente distintas por su diferente contenido técnico, como son la cartografía y el catastro.

La lucha por instaurar la estadística

Bajo la Monarquía del Antiguo Régimen se habían realizado grandes emprendimientos estadísticos, del tipo de censos (como los de Campoflorido, 1712; Aranda, 1768; Floridablanca, 1787; y Godoy, 1797), catastros (como el de Ensenada, 1753) y recopilaciones de datos económicos del territorio (como el Censo de frutos y manufacturas de 1799). Aquellos ensayos, que han dejado utilísimas fuentes históricas para la posteridad, fueron en general empresas aisladas, vinculadas a objetivos puntuales y que no creaban sistemas estables de producción de datos. El Estado nacional que impulsaron los liberales a partir de la Revolución, en cambio, precisaba una corriente continua de información sobre la cual adoptar las decisiones de gobierno, recaudar los impuestos, reclutar soldados, planificar las obras públicas, etc. Para ello, se necesitaba un entramado institucional específico que creara flujos permanentes, sin los cuales cualquier dato perdería vigencia por falta de actualización.

La estadística, que existía desde el siglo XVII como disciplina científica, nació entonces —en el XIX— con esta otra acepción, como un servicio de la Administración del Estado, especializado en la generación de datos útiles. La primera y más evidente necesidad de información era la de conocer las dimensiones, situación y estructura del territorio sobre el cual ejercía su jurisdicción; para responder a esa necesidad, había que elaborar mapas y planos. La segunda necesidad evidente era la de saber sobre quiénes se gobernaba: el volumen, la estructura y la distribución geográfica de la población; para ello, se pusieron en marcha los censos, que pronto se erigieron en el núcleo central del ramo de Estadística. La tercera necesidad, muy relacionada con las dos anteriores, se refería al conocimiento detallado de la distribución de la propiedad, empresa esta del catastro que tenía puntos de contacto tanto con la cartografía como con el censo. Alrededor de estas tres empresas —cartografía, censo y catastro— se desplegaron las estadísticas especializadas para conocer las actividades económicas y sociales, la delincuencia, el clima, etc. La ambición de todo este despliegue, que debía poner en juego recursos humanos de especial cualificación y organizarlos en una vasta estructura centralizada, era conocer el país, nada menos. Poner a la vista de la Administración pública certezas cuantificadas sobre una realidad que había resultado esquiva a la Monarquía durante siglos. La Monarquía del Antiguo Régimen había actuado en gran medida «a ciegas», asumiendo una opacidad que iba en consonancia con el estilo jurisdiccional de mantenimiento del equilibrio tradicional sin grandes proyectos de transformación.

Ciertamente, la aparición de la Estadística como servicio del Estado no era posible antes del siglo XIX, puesto que requería algunas condiciones que solo hizo realidad el tránsito revolucionario a la contemporaneidad. Por un lado, la idea misma de separación entre el Estado y la sociedad civil es la que permite concebir que aquel observe y mida a esta; por otro, tiene que darse una cierta voluntad racionalizadora, que atribuya al Estado y a su burocracia la tarea de transformar la sociedad y adecuarla a unos criterios políticos. Aunque ambos requisitos puedan rastrearse en estado embrionario en el siglo XVIII, ni uno ni otro llegaron a darse plenamente en España antes de la Revolución liberal. En todo caso, los escasos servicios de recopilación de datos que había tenido la Monarquía del siglo XVIII —como el Departamento de Fomento General del Reino y de la Balanza de Comercio o la efímera Oficina de Estadística de 1802— quedaron destruidos durante las primeras décadas del XIX por falta de recursos y de personal especializado, por abandono, inmovilismo ideológico e interminables luchas políticas.490

El término estadística adquirió carta de naturaleza en el lenguaje del Estado desde la Constitución de Cádiz, la cual atribuía a las diputaciones provinciales la formación del censo de población y la estadística de su territorio (art. 335). De hecho, el censo y la estadística fiscal de la riqueza eran imprescindibles para hacer efectivo el nuevo modelo político liberal, componiendo las listas de electores y elegibles, y repartiendo las contribuciones con arreglo al principio de proporcionalidad.491 En los treinta años siguientes se dictaron multitud de normas relativas a la recopilación de datos estadísticos sobre los más diferentes aspectos de la vida económica y social española.492

Durante el breve tiempo en que estuvieron vigentes las Cortes —hasta su disolución por Fernando VII en 1814— se dictaron algunas disposiciones de contenido estadístico encaminadas a respaldar el reparto de la carga tributaria en las nuevas contribuciones, como la Extraordinaria de Guerra que crearon las Cortes.493 Álvaro Flórez Estrada, que al final del periodo constitucional ostentaba el cargo de intendente de Sevilla, organizó aquellos esfuerzos de obtención de información en un ensayo concreto, el proyecto que elaboró por encargo de la Diputación para levantar la estadística de su provincia. En él planteaba un modelo de estadística de Estado acorde con las previsiones de la Constitución de Cádiz.494

Las necesidades de información sobre la realidad del país seguían siendo acuciantes tras la restauración de la monarquía absoluta por Fernando VII. En aquella época se lanzaron diversos intentos de recopilación de datos. Por ejemplo, se intentó poner en pie un registro judicial de muertes, robos, incendios y demás «casos graves» o los Cuadernos de la Riqueza de Garay, mandados levantar para el cobro de la fallida Contribución General.495

Las Cortes del Trienio Liberal intensificaron el esfuerzo normativo para poner en marcha las estadísticas públicas, encargando al secretario de Gobernación la formación de la estadística y el catastro del Reino en los términos más amplios.496 En el último periodo absolutista también se dictaron normas de contenido estadístico, que acompañaban al esfuerzo reformista en el que se estaban perfilando instituciones y normas estatales de largo recorrido posterior. De aquella época datan, por ejemplo, los Libros de Paja y Utensilios que mandó levantar López Ballesteros en 1824 para recaudar la contribución del mismo nombre;497 o el encargo de formar memorias económicas mensuales de las provincias, detallando el estado de la Hacienda en cada una de ellas.498

Durante los años siguientes de revolución y guerra civil, la estadística dejó de ser una prioridad frente a otros ámbitos del gobierno que requerían atenciones más urgentes. La puesta en pie de la Estadística de Estado se retrasó debido a la complejidad técnica, material y administrativa de su contenido. Esto no significa, sin embargo, que no se hicieran múltiples intentos y operaciones más o menos aisladas. Por ejemplo, hubo un intento frustrado de levantar un censo de población en 1837. Se encomendó a una Comisión de Estadística creada en el Ministerio de la Gobernación, la cual coordinaría las labores de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en la recopilación de datos.499 La estadística demográfica empezaba a resultar acuciante; y en 1842 se volvió a abordar con el Padrón de Habitantes.500 Mientras tanto, las necesidades propias de una Hacienda pública en bancarrota llevaron también a emprender operaciones de averiguación sistemática de datos sobre la distribución de la propiedad y la riqueza, como las que representaron a principios de los años cuarenta la Estadística de la Riqueza y las matrículas catastrales.501

Los trabajos de aquellos años fueron extremadamente fragmentarios, parciales e incompletos. Gran parte de las normas dictadas no se aplicaron; y las que se llevaron a la práctica produjeron datos de escaso valor y fiabilidad, por la estrechez y el desorden en que se desenvolvía la Administración de la época. Aquellas primeras estadísticas deben ser consideradas como pruebas, ensayos sin coordinación ni continuidad, que sirvieron de entrenamiento para decantar métodos y opciones, para formar un personal y aprender de los errores cometidos.

No puede hablarse con propiedad de la definición de un sistema público de Estadística hasta mediados de los años cuarenta, cuando verdaderamente tomó impulso la construcción del Estado. Se inició entonces un proceso que llevó al Estado español a organizar todos los flujos informativos que precisaba en un servicio especializado de la Administración, el ramo de estadística, expresión que incluía de forma indiferenciada todos los servicios de obtención y edición de datos que contribuyeran al conocimiento del país: tanto datos cuantitativos —lo que propiamente se llamaría hoy estadística— como descripciones literales del territorio —al modo de la estadística clásica alemana o de la geografía contemporánea— y representaciones gráficas del mismo, uniendo los servicios cartográficos con los estadísticos en una misma dependencia.

El primer impulso para poner en marcha la Estadística fue de origen fiscal, respondiendo a la necesidad urgente de obtener información para graduar y distribuir la carga impositiva de las nuevas figuras tributarias creadas por la reforma de Alejandro Mon en 1845. Con ese objeto se aprobó el Reglamento general de Estadística de 18 de julio de 1846.502 Aquel reglamento estaba concebido —como la mayor parte de los sistemas estadísticos de la época— con una finalidad fiscal. Preveía la formación simultánea de un Catastro y un Registro de Fincas Rústicas y Urbanas, que se emplearían para el reparto de la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería, renovándose cada diez años. La confección de esos dos documentos se encomendaba a unos comisionados de Estadística que actuarían en cada partido judicial, auxiliados por un agrimensor y un perito agrónomo.

Aquel fue un intento de dotar al Ministerio de Hacienda de una base estadística sólida para repartir con equidad la principal contribución directa creada por la reforma de Mon. Pero el esfuerzo de despliegue administrativo previsto para perseguir la evasión tributaria no se sostuvo hasta el final: en 1848 ya se autorizó que el Reglamento solo se aplicara en los pueblos que reclamaran de agravio.503 En su lugar, Bravo Murillo implantó con carácter general el sistema de los amillaramientos y cartillas evaluatorias, que dejaba la averiguación de los datos fiscales en manos de los propios interesados —a través de las declaraciones— y de unas Juntas Periciales formadas por los concejales del ayuntamiento más un número igual de mayores contribuyentes, y representativas, por tanto, también, de los mismos propietarios interesados en ocultar la realidad al fisco.504

Mientras tanto, sin embargo, se habían formado en algunas provincias españolas las Comisiones de Estadística que preveía el Reglamento de 1846, integradas por un comisionado de cada partido judicial. Tales comisiones se crearon para dirigir el levantamiento del Catastro y el Registro Fiscal en los municipios en donde hubiera reclamaciones de agravio contra el reparto de cupos de la Contribución Territorial. Desde 1847 quedó establecido el derecho —e incluso la obligación— de reclamar para aquellos pueblos que estimaran gravada su riqueza territorial en más de un 12 por ciento, lo cual provocó una avalancha de reclamaciones y obligó a iniciar el despliegue de las Comisiones de Estadística provinciales.505 Se empezó por las provincias de Barcelona, La Coruña, Granada, Málaga, Valencia, Zaragoza, Logroño, Soria y Teruel;506 y en dos años las 49 provincias tenían sus correspondientes Comisiones de Estadística. Algunas de esas comisiones realizaron trabajos de gran valor cartográfico y estadístico, llegando a levantar planos parcelarios completos de muchos municipios.507

A pesar de la calidad de aquellos primeros trabajos catastrales, las Comisiones de Estadística fueron suprimidas en 1851, refundiéndose en las Administraciones provinciales de Hacienda. Tan solo subsistió de forma independiente la Comisión de Estadística de la provincia de Madrid.508 Las oficinas de Estadística que entretanto se habían creado, aunque perdieron su autonomía al integrarse en las Administraciones provinciales de Hacienda, siguieron funcionando y levantando planos parcelarios locales de gran calidad, al menos hasta los años del Bienio Progresista, y en algunos casos hasta la época de la Restauración.509 Su principal limitación fue la propia falta de generalidad de las averiguaciones, que impedía que desembocaran en un catastro parcelario de alcance nacional, mientras el reparto de las contribuciones se plegaba a la lógica clientelar de caciquismo, implícita en los amillaramientos.510

El abandono del Reglamento de Estadística fue una más de las distorsiones que sufrió la reforma fiscal entre su inicial concepción abstracta con arreglo a los principios liberales y una aplicación de hecho más acorde con las conveniencias políticas y los intereses de la gran propiedad y las oligarquías locales. Estas entendieron que un «Estado ciego» en materia fiscal era más conveniente para sus intereses que el desarrollo —costoso y difícil por demás— de sistema estadístico alguno.

En la década de 1850 aparecieron diversas iniciativas particulares que pusieron en marcha un complicado proceso de institucionalización de los servicios estadísticos del Estado.511 El hecho de que aparecieran tales propuestas privadas y de que las autoridades las tomaran en cuenta, hasta el punto de plasmarlas en novedades institucionales, demuestra que la estadística era ya una necesidad de sentido común aceptada por todos.

La primera de esas iniciativas particulares fue presentada por Marcoartú y López del Rincón en 1853; la segunda, por Amado Salazar en 1854.512 Ambas contenían propuestas que acabaron incorporándose al diseño oficial que adoptó el ramo administrativo de estadística en España. Por ejemplo, procede de Marcoartú el diseño básico de la estructura institucional de la Estadística, con una Dirección General de Estadística (ejecutiva) y una Junta de Estadística (consultiva), complementadas por una Escuela Especial de Estadística. También fue idea suya comenzar los trabajos realizando un ensayo general en la provincia de Madrid, territorio suficientemente variado para extraer conclusiones de la experiencia, y en el que, además, la Administración contaba con más recursos propios que en ninguna otra de las 49 provincias.

La implantación de las propuestas de 1853-1854 sufrió las consecuencias de la inestabilidad política de la época. Cada cambio de gobierno interrumpió momentáneamente el proceso de evaluación de las propuestas e introdujo nuevos elementos políticos a tener en cuenta. Estos cambios permiten observar, por ejemplo, que los progresistas tendían a situar el futuro ramo de estadística en el ámbito del Ministerio de Fomento, como parte del instrumental que el Gobierno necesitaba para intervenir en la vida económica, social y cultural del país. En cambio, los moderados preferían sacar la estadística de ese ámbito para ponerla bajo la dirección del Ministerio de la Gobernación, siguiendo el modelo de la Francia napoleónica. Ubicada en Gobernación, la estadística se concebía más bien como instrumento de control y centralización del poder, en manos del departamento ministerial encargado de mantener el orden público y supervisar a las administraciones periféricas. Posteriormente, los moderados prefirieron la Presidencia del Consejo de Ministros como departamento óptimo para ubicar la estadística, decisión que aceptaron los demás partidos.

Otra diferencia de sensibilidad que se detecta desde esa época entre las dos ramas de la «familia» liberal es la relativa a los modelos extranjeros de referencia. Se aludía a ellos con mucha frecuencia, pero de forma bastante genérica, para subrayar la necesidad de crear una estadística oficial en España, por cuanto ya lo habían hecho los países vecinos con los que España quería compararse. El arranque de la estadística en España se enmarca en los inicios del movimiento de internacionalización de la estadística europea, con la reunión de los primeros congresos de Bruselas (1854) y París (1855). Cuando se concretaba cuáles eran los países a los que se quería imitar y cuáles los aspectos que se querían copiar, aparecían matices diferentes según los partidos. Los moderados aludían casi exclusivamente al modelo francés o a algunos de sus émulos en la Europa continental; mientras que en los periodos de predominio político progresista el modelo británico era aludido con admiración, refiriéndose —por ejemplo— a la labor que venían desarrollando las sociedades estadísticas de aquel país desde 1834.513 El ejemplo de Bélgica, con su Comisión Central de Estadística fundada en 1841, atraía por igual a moderados y progresistas, y fue uno de los que más directamente inspiraron la definición inicial del ramo en España. En realidad, la comisión belga fue tomada como modelo en gran parte de la Europa continental a lo largo de los años cincuenta.

Las propuestas particulares de 1853-1854 dieron lugar a la aparición de organismos oficiales especializados en estadística a partir de 1856. Hasta llegar a ello atravesaron un proceso gradual de institucionalización. El mecanismo no consistió en evaluar las propuestas y crear algunas de las instituciones de las que en ellas se hablaba; las propuestas se sometieron al estudio de una comisión informal de expertos, cuyas reuniones se fueron consolidando por la práctica hasta que dicha comisión fue reconocida como parte integrante de la Administración pública en 1856, con el nombre de Comisión de Estadística general del Reino, por decisión de Narváez.514

En este complicado proceso de creación de las primeras instituciones estatales especializadas en estadística aparecieron algunos de los conflictos políticos fundamentales que este saber suscitaba en la España del siglo XIX. Uno de ellos —y probablemente no el menor— era el que enfrentaba a militares y civiles por el control de este nuevo ramo de la Administración. No sin razón, los militares se tenían por el único colectivo del que podía disponer el Gobierno con formación técnica suficiente y con una organización jerárquica eficaz para garantizar el éxito de operaciones tan costosas y complicadas como las que requería la estadística; además, tal como se concebía en la época, la estadística incluía tareas que los militares consideraban suyas, como las relativas al levantamiento del mapa topográfico nacional. Esta pugna muestra cuánto había en el despliegue de las operaciones estadísticas —consciente o inconscientemente— de conquista y ocupación efectiva del territorio nacional, aunque fuera en el plano simbólico y sin derramamiento de sangre.

Paralelamente a la desconfianza de los militares se planteó también otro problema político mayor: la desconfianza de los terratenientes hacia cualquier proyecto que significara un mejor conocimiento de sus propiedades por parte del Estado, lo que inevitablemente redundaría en un mayor control fiscal. La sospecha no era infundada, pues en realidad el proyecto de Marcoartú constituía un verdadero catastro de la riqueza inmobiliaria, al que los propietarios venían oponiéndose desde tiempo atrás. Una de las comisiones formadas para dictaminar sobre los proyectos en 1855 se hizo eco de esas preocupaciones de los propietarios, y propuso que se renunciara a crear un gran organismo ejecutivo capaz de impulsar las estadísticas públicas y que en su lugar fuera cada departamento de la Administración el responsable de elaborar las estadísticas correspondientes a sus competencias; de manera que el catastro debería hacerse con los solos medios de la Dirección General de Agricultura o la de Contribuciones Directas, forzosamente insuficientes para tan vasta tarea.

El resultado de estos dos frentes de resistencia contra la estadística —el que representaban los militares y el que ofrecían los grandes terratenientes— fue la escisión del proyecto en dos polos institucionales: por un lado, las labores del censo y la estadística propiamente dicha, que quedaban en manos de la Comisión de Estadística General del Reino, conforme al proyecto original; y por otro lado, todo lo relativo a cartografía y catastro, que pasaba a encomendarse a una Comisión Topográfico-Catastral de nueva creación en 1857.515 En realidad se trataba de una nueva subcomisión dentro de la Comisión del Mapa de España, órgano militar fundado en 1843. Los trabajos geodésicos que venía desarrollando la Comisión del Mapa de España la convertían en el ámbito adecuado para insertar la topografía y el catastro, poniendo ambas competencias en manos de los militares, como estos querían; al mismo tiempo, esta espinosa cuestión quedaba lejos del alcance del Ministerio de Hacienda y controlada directamente por el general Narváez, para tranquilidad de los propietarios. En todo caso, fue una solución transitoria, pues los técnicos del Ejército resultaron demasiado asépticos e independientes para el gusto de las oligarquías locales, que acabaron provocando la interrupción de sus trabajos y la clausura de la Comisión Topográfico-catastral en 1859. Sus competencias volvieron entonces a la Comisión de Estadística, restableciendo la unidad inicial de las labores estadísticas, cartográficas y catastrales.

El decreto de 1856 que creó la Comisión de Estadística General del Reino resumía el punto de vista de los moderados con respecto a la Estadística; es decir, la idea de no formar un nuevo departamento de la Administración para desempeñar estas funciones, sino repartirlas entre todos los departamentos existentes, cada uno de los cuales debería recabar y ordenar los datos relativos a las materias de su competencia.516 Para coordinar esos trabajos y reunir sus resultados bastaba con una comisión de expertos que dependiera directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y para reforzar esa dependencia, el propio presidente del Gobierno sería presidente nato de la Comisión de Estadística. Esta circunstancia, si por un lado refleja el alto perfil político que los moderados otorgaban a la Estadística como instrumento de control de la información —y, por tanto, instrumento de poder—, por otra parte daba un gran relieve de hecho al vicepresidente de la Comisión, verdadero director de sus trabajos, ya que el presidente se hallaría continuamente absorbido por otras obligaciones más urgentes. En efecto, tan pronto como Narváez cedió la Presidencia del Gobierno a otro hombre de su partido, el teniente general Armero, este delegó las funciones que le correspondían como presidente de la Comisión de Estadística en el vicepresidente de la misma.517 Manteniendo la línea de control político directo de la Estadística, este vicepresidente nominal —que de hecho era el director del ramo— lo nombraba también el presidente del Consejo de Ministros; y el primero que ocupó el cargo, por designación de Narváez, fue Alejandro Oliván.518

La aparición de la Estadística como un nuevo ramo de la Administración respondía al impulso de centralización y de eficacia que sustentaban algunos miembros de la clase política, los partidarios del «Estado grande» del Partido Moderado. El propio Oliván había contribuido a alentar ese proyecto estatista desde su perspectiva conservadora. Sin embargo, la realidad se acabó imponiendo sobre aquellos sueños de los administrativistas, pues el poder de los moderados se apoyaba en gran medida sobre los grandes terratenientes y notables locales que formaban las bases sociales del partido. Los vaivenes políticos del reinado de Isabel II demostraron que nadie podía aspirar a gobernar de forma estable en España si no contaba con el beneplácito de esas elites locales. Y el precio que pedían a cambio era el respeto a su posición política de intermediarios, manteniendo un gran poder en la esfera local. La Administración no podía aspirar a obtener un conocimiento directo del territorio y de los recursos sin que las elites locales se sintieran amenazadas en su monopolio sobre la información y flaqueara, por tanto, su apoyo al Gobierno. En la práctica, la única estadística aceptable para las elites locales era la que reconociera su papel de intermediarios, integrándolos en la estructura de obtención de datos para la Administración de tal manera que pudieran regular el caudal de información suministrada.

Efectivamente, los reglamentos de estadística reflejan una estructura respetuosa del papel político y social de las elites locales.519 Para integrarlas en la elaboración de las estadísticas públicas se volvieron a crear las Comisiones provinciales de Estadística que ya habían existido entre 1848 y 1851. Aparentemente consistían en un despliegue territorial de la Comisión general, siguiendo la división provincial que desde 1833 se había implantado como estructura común para la organización de todos los servicios administrativos del Estado. Sin embargo, mientras que la Comisión general era un órgano estatal, integrado en la Administración central y supervisado por la Presidencia del Consejo de Ministros, estas comisiones provinciales respondían más bien a una idea de negociación entre los representantes del Estado y los intereses locales. Eran comisiones permanentes en las que, junto al gobernador civil —representante del Gobierno en la provincia, nombrado por el Ministerio de la Gobernación— y el administrador provincial de Hacienda, se reunía una muestra representativa de las «fuerzas vivas» del territorio: un diputado, un concejal, un eclesiástico, un médico, tres ingenieros —todos ellos nombrados por el gobernador civil— y cuatro representantes de los mayores contribuyentes: dos por la Contribución Territorial y dos por la Contribución Industrial y de Comercio.520

Estas comisiones provinciales se encargaban de dirigir e inspeccionar los trabajos estadísticos en el territorio de su competencia. Como decía el decreto que las creó en 1857, la misión de estas comisiones era pasar las estadísticas «por el crisol de la controversia» antes de enviarlas a Madrid. Teniendo en cuenta su composición mixta entre representantes del Gobierno, de los municipios y de «las personas a quienes más pudiera perjudicar la inexactitud de los hechos averiguados», queda claro que las comisiones eran espacios de negociación del Gobierno con las oligarquías que controlaban la sociedad local. Ciertamente, muchos de los datos averiguados afectaban a intereses concretos de esas oligarquías y de las poblaciones a las que representaban: no eran datos neutros. Por ejemplo, gran parte de los datos sobre actividades económicas, volumen de población, usos del suelo, distribución de la riqueza, precios, etc., podían tener repercusiones fiscales. Al crear este ámbito para negociar los datos, los moderados sabían que se estaban alejando de la posibilidad de obtener información plenamente objetiva y fiable, pero al mismo tiempo estaban aminorando los temores de las oligarquías locales y haciendo posible la obtención de alguna estadística, aunque no fuera la mejor de las imaginables.

Las 49 comisiones provinciales de Estadística deberían haber sido complementadas con la creación de unas comisiones de partido que actuaran como auxiliares en unidades territoriales más reducidas, los partidos judiciales. Pero en 1858 se decidió prescindir de ellas, dado que la estructura se habría vuelto demasiado compleja y difícil de gestionar con esta multiplicación de los niveles de negociación. Porque, en cualquier caso, había un nivel adicional que no era posible soslayar: el nivel local propiamente dicho, el de los municipios. El nivel en el que residían los verdaderos intereses con personalidad propia era el de las ciudades y los pueblos concretos. Aunque las comisiones provinciales pasaran los datos por «el crisol de la controversia», esos datos solo podían suministrarlos los ayuntamientos. El método de trabajo prescrito para las comisiones provinciales de estadística consistía en elaborar cuestionarios con preguntas de carácter general y distribuirlos entre los ayuntamientos, para después recopilar y sistematizar sus respuestas.521 Las preguntas versaban sobre temas tan diversos como la situación geográfica de los pueblos, su relieve, vías de comunicación, clima, riquezas minerales y forestales... a los que más tarde se añadieron las extensiones, cosechas y precios medios de los 60 productos agrícolas más importantes.522

El resultado era un conjunto de descripciones provinciales más cualitativas que cuantitativas. El uso de cualquier otro procedimiento distinto del interrogatorio quedó prohibido a las comisiones provinciales, para disipar los temores de los contribuyentes a averiguaciones más «peligrosas», como habría sido, por ejemplo, el levantamiento de un catastro parcelario. Las carencias de este método debían subsanarse recurriendo a la intuición de los comisionados, obligados a estimar subjetivamente el valor de cada una de las cifras remitidas por los ayuntamientos, supliendo las lagunas y corrigiendo las desviaciones. Más adelante, se impuso a las comisiones provinciales la obligación de realizar visitas de inspección por su territorio, en lugar de limitarse a recopilar los datos enviados por los ayuntamientos.

Desactivada la posibilidad de que la estadística supusiera una amenaza para sus verdaderos intereses, los notables locales perdieron el interés por seguir participando en estos trabajos. Los vocales de las comisiones no recibían ninguna remuneración por esa labor; y esta situación se tradujo en un absentismo generalizado, que hizo que las comisiones provinciales apenas funcionaran en la práctica.523 Las comisiones no respondían a los requerimientos de información que se les hacían desde Madrid; el mecanismo de obtención de información que se había creado en 1857 no funcionaba. La primera actividad concreta de la Comisión de Estadística fue una convocatoria lanzada en enero de 1857 a corporaciones y particulares para que aportaran los trabajos estadísticos que tuvieran realizados, junto con sus ideas, proyectos y propuestas para iniciar las labores del ramo oficial de estadística. Tan solo se recibieron tres proyectos, muy poco elaborados.524

Para la definitiva normalización de la estadística en la Administración pública española habrían de transcurrir dos décadas, en cada una de las cuales tendría lugar una gran reforma de este ramo, obra de nuevos partidos, críticos del moderantismo. La llegada al poder de la Unión Liberal abrió un periodo de reformas en el Estado creado por los moderados, entre las cuales se cuenta la del ramo de Estadística, que fue reestructurado y adquirió más eficacia. La reforma unionista de la estadística fue llevada a cabo en tres momentos sucesivos, correspondientes los primeros al «Gobierno largo» de O’Donnell (1858-1863) y el último a un posterior Gobierno más breve, también presidido por O’Donnell en 1865-1866. El primer impulso reformador de los unionistas tuvo lugar en 1858 y consistió simplemente en dinamizar la vida de la Comisión de Estadística mediante el aumento de su presupuesto, el cambio en las personas responsables y la exigencia de objetivos más ambiciosos. Un segundo impulso reformador llevó a la sustitución de la Comisión por la Junta General de Estadística, en 1861. Y el tercer impulso se produjo en 1865, cuando la Junta fue integrada de forma más efectiva en la Administración central del Estado, en el marco de una reestructuración global de la Presidencia del Gobierno. De alguna forma, puede decirse que con estas tres reformas sucesivas se superaron los problemas que habían limitado la eficacia de los servicios de Estadística durante la era moderada.

Ante la inoperancia de la estadística creada por los moderados, los unionistas prepararon una reforma que se plasmó en 1861 en la transformación de la vieja comisión en Junta General de Estadística.525 En parte, esta reforma vino obligada por la asunción de las competencias de cartografía y catastro en 1859, para las que la Comisión de Estadística no estaba preparada. En consecuencia, la nueva Junta se organizó de modo dual, en torno a una Sección de Geografía —cuya tarea fundamental era el catastro— y otra de Estadística, cuya tarea más importante era el censo de población. Tal reforma creó una estructura duradera, que se mantuvo en el Instituto Geográfico y Estadístico que sucedió a la Junta de Estadística desde 1870.

La Junta era un organismo mejor integrado que la anterior comisión en la Administración española: contaba con la presencia de varios vocales natos que, al tiempo que garantizaban la sintonía política con el Gobierno de turno, aseguraban la comunicación con diversos organismos estatales interesados en estos temas. Eran estos los directores generales de Contribuciones, Agricultura, Administración y Ultramar, los directores de Hidrografía, del Observatorio Astronómico de Madrid y de las escuelas de ingenieros de Minas y de Caminos, Canales y Puertos.

Además, la Junta contó con un valioso instrumento que no había tenido la Comisión de Estadística, a pesar de que la idea formaba parte de proyectos de desarrollo de este ramo de la Administración desde sus comienzos: una escuela para formar al personal técnico especializado que requerían las labores de estadística y cartografía. El Gobierno unionista había creado ese organismo en los últimos años de vida de la Comisión, fundando la Escuela práctica de Ayudantes para los trabajos de medición del territorio (1859), que dos años después se reformaría, al tiempo que pasaba a llamarse Escuela especial de Ayudantes para las Operaciones topográfico-catastrales.526 Durante los diez años de su existencia, esta escuela se encargó de formar al personal indispensable para las labores de cartografía y catastro.

Otro instrumento del que se dotó a la Junta fue el Gabinete Fotográfico, creado en 1862 para ponerlo al servicio de las tres direcciones de trabajos geográficos; desde el año siguiente estuvo dirigido por Oliván.527 El recurso a la fotografía como apoyo de las labores cartográficas indica una actitud modernizadora, que contemplaba la posibilidad de incorporar nuevas técnicas al servicio de los objetivos de la Administración.

Por las mismas razones, la Junta abrió la posibilidad de subcontratar algunos de sus trabajos de carácter geográfico con empresarios particulares, invitando a que acudieran a dicha oferta cuantos empresarios en España y Europa estuvieran capacitados técnicamente para realizar trabajos topográficos y catastrales. Uno de los que acudieron a aquella llamada fue el piamontés Ignazio Porro, uno de los topógrafos más reputados de Europa y un gran renovador de la técnica topográfica de su tiempo, que se encargó de levantar los planos de los municipios de Carabanchel Bajo y Villaverde.528 La presencia de personajes como Porro permitió disponer de personal competente adicional, al tiempo que su contacto con los topógrafos españoles hizo mejorar el nivel técnico de estos.

Los unionistas aprovecharon su retorno al poder en 1865 para completar la reforma del ramo de Estadística, integrándolo de forma más efectiva en la Administración del Estado. A las tres semanas de acceder a la Presidencia, O’Donnell dictó un decreto que reformaba este departamento, creando una subsecretaría de la que dependerían directamente las labores estadísticas y cartográficas.529 La reforma reforzaba la separación de la estadística con respecto a la cartografía, al crear dos direcciones generales especializadas en cada uno de estos asuntos, si bien las dos dependían del subsecretario de la Presidencia. Al mismo tiempo, la Junta de Estadística perdía el carácter de órgano ejecutivo que había heredado de la antigua Comisión y se convertía en una instancia consultiva, pasando la dirección y ejecución de los trabajos a las mencionadas direcciones generales. La estadística era ya un ramo más de la jerarquía administrativa de la Administración central; y otro tanto puede decirse de la cartografía, agrupada en la Dirección General de Operaciones Geográficas.

Desde 1858 empezaron a salir a la luz resultados del trabajo estadístico. El relevo en el Gobierno fue seguido por la realización de los primeros censos modernos de la población española —el de 1857 y el de 1860, cada uno con su respectivo nomenclátor—, un recuento de la ganadería (en 1859) y el inicio de la publicación de una serie de Anuarios estadísticos que reunían los mejores datos de los que disponía la Administración sobre cada asunto. En los años inmediatamente posteriores, además de continuar con la publicación de los anuarios, la Junta sacó a la luz también una primera estadística del movimiento natural de la población (1863), el primer censo ganadero (1865) y una Descripción geográfica, geológica y agrícola de España.530

Tras el paso de la Unión Liberal por el Gobierno, existía ya en la Administración española un ramo de Estadística activo y capaz de producir resultados tangibles. A partir de los años sesenta, los gobiernos de cualquier signo político dispondrían de un conocimiento sobre las condiciones del país que administraban, lo cual abría la puerta a intervenciones más eficaces sobre el territorio. Por otro lado, el propio éxito de operaciones estadísticas complejas, como algunas de las citadas, es una muestra de la capacidad de actuación de la que se iba dotando el Gobierno: los medios administrativos, humanos y materiales se iban refinando y acumulando hasta vencer las muchas dificultades técnicas, políticas y sociales que la construcción del Estado planteaba para un sector como la estadística.

No obstante, tanto la estadística como la cartografía de Estado seguirían siendo objeto de reformas y controversias durante décadas. Tras la Revolución de 1868, los progresistas reformaron de nuevo el ramo de Estadística, dándole la forma institucional que mantendría hasta la Guerra Civil de 1936-1939. La reforma de la Estadística que hicieron los progresistas completó la labor iniciada por la Unión Liberal y se plasmó en la creación del Instituto Geográfico en 1870.531

Caracterizada como una muestra paradigmática de la denostada política de clientelas y exclusivismos del reinado de Isabel II, la estadística fue objeto de críticas y de proyectos de cambio desde el mismo triunfo de la revolución, en septiembre de 1868. Provisionalmente, se volvieron a reunir los servicios cartográficos con los estadísticos, al refundirlos ambos en una única Dirección General de Estadística; y esta pasó de la Presidencia al Ministerio de Fomento, siguiendo una vieja idea del liberalismo progresista, que vinculaba este tipo de trabajos más al impulso estatal al desarrollo económico que al control del orden por parte del Gobierno.532

El último acto de la Junta de Estadística, cuando su desaparición era ya inminente, fue elaborar una memoria en la cual se resumía el programa estadístico-cartográfico de la coalición revolucionaria encabezada por los progresistas.533

Finalmente, José Echegaray, en quien habían recaído las competencias de Estadística como ministro de Fomento, decidió remodelar a fondo este ramo de la Administración. Para ello, prácticamente liquidó la Junta, a la que los moderados habían devuelto temporalmente sus funciones ejecutivas en 1866. En lo sucesivo, su carácter de mera asesora de la Administración se plasmaría incluso en el nombre, pues pasaría a llamarse Junta Consultiva de Estadística. La Dirección General de Estadística del Ministerio de Fomento seguiría existiendo como ámbito del Gobierno especializado en estas cuestiones; pero, a su lado, se creaba un nuevo organismo de carácter científico, el Instituto Geográfico. La delimitación de funciones entre la Dirección de Estadística y el Instituto Geográfico revestía alguna complicación, dado lo entrelazadas que habían estado tradicionalmente las competencias estadísticas y cartográficas en España: la Dirección asumía en exclusiva tareas como el censo de población y las estadísticas económicas y sociales, consideradas como empresas puramente administrativas; en cambio, los trabajos que requerían una mayor preparación técnica y científica, como la cartografía, el catastro y la metrología, pasaban a depender del Instituto Geográfico, si bien bajo la «alta dirección, administración e inspección» de la Dirección General de Estadística.534 El despliegue de esta organización en el territorio venía asegurado por la existencia de las viejas Comisiones provinciales de Estadística —que fueron disueltas y vueltas a formar, para dar entrada a un personal más acorde con la nueva situación política—; y por la creación de unas nuevas Secciones provinciales de Estadística, dependientes del Gobierno.535

Las ideas y la voluntad política para realizar esta reforma procedieron de un grupo de políticos liberales, entre los que destacan José Echegaray —ministro de Fomento y firmante de la reforma que hizo nacer el Instituto Geográfico—, Laureano Figuerola —ministro de Hacienda y cabeza visible de los economistas liberales «puros»—, Juan Prim —presidente del Consejo de Ministros— y, sobre todo, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, subdirector general de Estadística.536 La reforma de la Estadística en 1870 es muy relevante: no solo porque las funciones estadísticas y cartográficas, en sí mismas, constituyen uno de los fundamentos de la acción estatal; sino también porque se trata de una pieza del «rompecabezas» del Estado incorporada tardíamente e introducida por el Partido Progresista —mientras que el diseño global y la mayor parte de los componentes que definieron el Estado español contemporáneo eran obra de los grupos más conservadores, especialmente los moderados, y se había hecho en épocas anteriores, fundamentalmente durante el reinado de Isabel II.

Como muestra la Estadística, a la altura del Sexenio revolucionario de 1868-1874 aún se estaban realizando retoques de importancia en el diseño institucional del Estado. De hecho, se estaban completando elementos muy importantes que se echaban en falta en el Estado español, como los servicios estadísticos y cartográficos, pero también la unificación monetaria (completada en 1868), la redefinición del poder judicial (1870) o el monopolio de emisión de billetes del Banco de España (1874). Estas reformas, trascendentales para la construcción del Estado, deben ser tenidas en cuenta junto a los cambios propiamente políticos —como la introducción del sufragio universal— al evaluar el legado de aquel periodo de hegemonía demócrata y progresista.

En conclusión, la definición de la estructura y contenido del ramo de Estadística presenta una serie de características notables que informan sobre la construcción del Estado en España. Por un lado, hay que subrayar esta institucionalización tardía, que cabe relacionar con la escasez de recursos materiales y de personal, pero también con la falta de voluntad política frente a otras prioridades más inmediatas, el obstruccionismo de algunos poderes establecidos, la inestabilidad gubernamental y la falta de consenso inicial entre los partidos con respecto a esta rama de la Administración. Puesto que la Estadística se institucionalizó en España cuando otros países ya habían acumulado experiencias estadísticas relevantes en la primera mitad del siglo, pudo inspirarse en los modelos que le ofrecían los países europeos más avanzados, de los cuales se tomaron la mayor parte de las ideas. Los tres focos de inspiración fundamentales fueron el Reino Unido, Francia y Bélgica, desde que en 1841 Madoz envió a unos comisionados a estudiar los sistemas estadísticos de los tres países y lo que podían aportar a España; comisionados que, por cierto, fueron luego vocales de la Comisión y la Junta de Estadística, a las que aportaron sus experiencias de la década anterior. Los comisionados, Juan Bautista Trúpita y José Magaz, conocieron en Bélgica a Adolphe Quételet, padre de la idea de crear comisiones centrales de estadística y primer director de la que se instituyó en su país. Desde entonces, fue notorio el predominio del modelo francés, que se completó con la idea belga de crear una comisión general que coordinara todos los trabajos estadísticos de la Administración. En cambio, estuvieron ausentes de la Estadística española algunos de los elementos característicos que los progresistas solían aplaudir del ejemplo británico, como la importancia de las informaciones parlamentarias, la descentralización de los trabajos estadísticos, la estructura del Board of Trade o la pujanza de las sociedades estadísticas privadas.

Por otro lado, la falta de consenso político, que se mantuvo durante al menos tres décadas, remite a la existencia de tres planteamientos diferentes sobre la Estadística entre los partidos que pasaron por el Gobierno del país en los decenios centrales del siglo XIX: moderados, progresistas y unionistas. Cada uno de ellos aportó algunos componentes a la definición de la Estadística, y solo cuando el consenso empezó a aparecer, en la década de 1870, pudo darse por institucionalizada definitivamente en el Estado español.

Por último, el tercer rasgo característico que merece la pena subrayar es el carácter nacional de la Estadística, que ningún partido puso en tela de juicio a lo largo del XIX. La estadística se concibió como instrumento de centralización y uniformización de la información sobre todo el territorio nacional; lo que significaba, de alguna manera, un instrumento de centralización del poder y de uniformización del país, al servicio del proyecto de construcción nacional que latía detrás de la creación del Estado. Por esa razón —entre otras—, la estadística resultaba tan ajena a la visión plural de los reinos tradicionales que se hacían los carlistas. Por la misma razón, entre los ejemplos extranjeros no se aludía nunca al de Austria, un imperio que mantenía sistemas estadísticos desiguales para los diferentes territorios que lo integraban; y se prefirieron modelos uniformistas como los de Francia o Bélgica, frente al del Reino Unido, que mantenía separadas las estadísticas esenciales de Escocia e Irlanda de las de Inglaterra y Gales. La estadística española se concibió desde el principio como obra nacional, centralizada en manos del Gobierno. Y en esta línea de asentar el carácter público y nacional de la estadística, los experimentos de subcontratar ciertos trabajos con empresarios privados se saldaron con un balance negativo y con la confirmación del control exclusivo de todos los trabajos estadísticos y cartográficos por parte de la Administración central del Estado.

Censos y estadísticas públicas

Uno de los aspectos más significativos del trabajo encomendado al «ramo de Estadística» fue el censo demográfico. Uno de los pilares informativos imprescindibles para orientar la labor del Gobierno era el conocimiento exacto de la población española, su volumen, distribución y estructura. Esto es lo que proporciona un censo de población. Los censos han sido estudiados desde muchas perspectivas, especialmente desde el punto de vista demográfico; en este libro interesan fundamentalmente como instrumentos de Estado, cuya realización demuestra una capacidad efectiva de la Administración, una toma de poder simbólico sobre el territorio y la adquisición de una información valiosa para desplegar la acción de gobierno.

La insatisfacción con los datos que proporcionaba el Censo de Floridablanca (1787), el más reciente del que podían disponer los liberales, llevó al convencimiento de que era urgente realizar un nuevo recuento de la población española con los criterios de rigor científico exigibles en el siglo XIX. Hasta el término de la Primera Guerra Carlista no fue ni tan siquiera imaginable que una labor de esa magnitud se pudiera abordar en España, dada la escasez de recursos, la desorganización de los servicios públicos y la dificultad del Gobierno para hacerse presente en amplios sectores del territorio. El debate sostenido al respecto en el Estamento de Procuradores en 1835 dio buena cuenta de esta situación, que contrastaba con la voluntad de saber implícita en la reciente creación de una Secretaría del Interior con este tipo de funciones de averiguación estadística. El procurador gaditano Manuel Montes de Oca dijo precisamente en aquellos días que en España «se administra a ciegas».537

En los años inmediatamente posteriores fracasaron el primer intento de disponer de un censo electoral fiable (en 1846) e incluso el de disponer de un instrumento con el que organizar el reclutamiento de soldados para el Ejército (1850). Ambas operaciones fallaron porque las tareas básicas de recolección de datos sobre el terreno se encomendaron a los ayuntamientos, muchos de los cuales no actuaron con diligencia. Sin embargo, en las circunstancias de aquel momento, cuando la Administración central no disponía aún de recursos financieros ni humanos para llevar su acción directamente a todos los pueblos de España, la solución de agregar los datos de los padrones municipales con ayuda de los ayuntamientos —como se intentó en 1846 y 1850— era la única posible. De hecho, este procedimiento se instalaría en el sistema estadístico español de manera permanente: todos los censos del siglo XIX, a pesar de llevar ese nombre, serían meros trabajos de agregación y revisión de los datos de los padrones municipales. En esto, como en otras cosas, el Estado español del siglo XIX funcionó apoyándose en los ayuntamientos para acceder al territorio, como reflejo de un funcionamiento confederal que fue la norma y no la excepción.

El fracaso de las operaciones descentralizadas de 1846 y 1850 subraya la importancia que tuvo el levantamiento del primer censo moderno en 1857, obra de la Comisión de Estadística General del Reino; y más aún el hecho de que aquella operación fuera el comienzo de una serie de censos demográficos oficiales que llega hasta la actualidad. La necesidad de realizar un censo de población desde las instituciones centrales del Estado fue una de las razones que motivaron la fundación de la Comisión de Estadística. Dentro de la Comisión —y de la Junta de Estadística que vino después— el levantamiento de los censos constituyó una prioridad, a la cual se allegaron abundantes recursos humanos y financieros cada vez que la inminencia de un nuevo censo lo exigió. La consecuencia fue que se pudo realizar un primer censo fiable tan solo un año después de la fundación de la Comisión.

El censo de 1857 se ajustó a los criterios estadísticos internacionales fijados en la primera mitad del siglo. Se utilizaron como demarcaciones censales las divisiones administrativas oficiales creadas en 1833: provincias, partidos y municipios. En cada una de esas circunscripciones se creó una Junta del Censo encargada de coordinar los trabajos y de involucrar a las autoridades de su respectivo ámbito. Al mismo tiempo, se creó ex novo una burocracia especializada en las tareas censales, que dependía directamente de la Comisión de Estadística, lo cual fue sin duda una de las claves del éxito (el personal de la comisión pasó de 170 empleados en 1856 a 1.315 en 1857, el 90 por ciento de los mismos dedicados al censo de población).

El diseño de la operación estuvo rodeado de un gran cuidado para que los datos obtenidos fueran fiables y rigurosos: la inscripción se hizo con carácter simultáneo, refiriéndola a una misma fecha —el 21 de mayo— en todo el país. La información se limitó a un número reducido de variables para simplificar la operación: nombre, sexo, edad, estado civil, naturaleza y profesión.538 La propia reina Isabel II visitó las oficinas de la Comisión de Estadística el 10 de septiembre de 1857 para resaltar el compromiso del Estado con la operación censal y la importancia que se le atribuía. Las labores de agregación, revisión y depuración de datos se prolongaron hasta mediados de 1858, cuando el censo pudo ser finalmente llevado a la Imprenta Nacional para su publicación y, poco más tarde, declarado el valor oficial de sus datos mediante un decreto.539

El censo de 1857 fue una «operación de choque» que rompió con la dependencia que el Gobierno tenía hasta entonces de la colaboración de los ayuntamientos para obtener datos sobre cualquier aspecto del territorio, sus habitantes o sus recursos. Permitió multiplicar el personal al servicio de las labores de información en la Administración central, consolidar la institucionalización de los servicios estadísticos del Estado y fijar un modelo de averiguación estadística para los años venideros. Su laborioso recuento arrojó una población total de 15.454.514 habitantes, que superaba en más de tres millones la estimación con la que venía trabajando el Gobierno en los años anteriores. Se imprimieron 3.000 ejemplares, distribuidos en su mayor parte entre las instituciones oficiales de la Administración central, provincial y local, que empezaron a utilizar los datos del censo en sus diversas tareas. Fue un censo uniforme y fiable, que puso las bases de la estadística en la España contemporánea, como han estimado la mayor parte de sus estudiosos.540

El censo de 1857 aportó al Estado información sobre la población del país de una calidad y precisión incomparable con cualquier momento anterior. Como obra pionera, tuvo sin duda muchos defectos, que los investigadores han destacado por comparación con el tipo de fuente que querrían haber encontrado a posteriori para sus trabajos de demografía histórica. El censo se limitó a un recuento de individuos por edades, sexo, estado civil y condición de nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes. La idea inicial de incluir también datos sobre profesiones y oficios se abandonó ante las dificultades prácticas que planteaba a los empleados del censo, incapaces de aplicar a la compleja realidad social y económica del país un esquema sencillo de clasificaciones administrativas. En cualquier caso, en los países en los que sí se intentó añadir al recuento censal una clasificación por categorías socioprofesionales —lo cual se supone que aporta una información mejor—, en realidad se superpusieron categorías artificiales, propias de la mirada burocrática de los autores del censo más que de la realidad social que pretendían representar con sus cifras. A la postre, tales censos son más valiosos por la información que dan sobre el universo mental de los funcionarios responsables del censo que por la fiabilidad del retrato social que transmiten.541

La realización de aquel primer censo ofreció, además, en 1858, un nomenclátor de las poblaciones españolas.542 Se trataba de un subproducto confeccionado para la distribución de las cédulas censales; pero tenía un gran valor, como primer catálogo de núcleos de población y primer intento de fijar la toponimia oficial del país. Pero el nomenclátor tenía problemas técnicos del tipo de lagunas, errores ortográficos y disparidad de criterios entre unas provincias y otras, en contraste con el relativo éxito del censo.

En consecuencia, casi de inmediato se inició la elaboración de un nuevo nomenclátor de España, más riguroso.543 Para garantizar el éxito de aquel segundo intento de obtener un nomenclátor fiable, se decidió catalogar todos los núcleos de población, incluidas las edificaciones aisladas, tan importantes en las zonas de poblamiento disperso del norte de España. Se añadió la inclusión de datos sobre el número de casas y de edificios —tanto habitados como deshabitados— de cada población; y se adoptó el criterio científico de inscribir la toponimia tal como en la práctica se utilizaba en cada lugar, tanto si era en castellano como en las lenguas vernáculas. También se abordó la solución de un problema detectado durante el levantamiento del nomenclátor anterior, como era el que las calles de los pueblos y ciudades de España no solían estar rotuladas con su nombre ni las casas numeradas en orden correlativo, lo cual dificultaba enormemente la tarea de registrar los hogares para cualquier funcionario venido de fuera. La Comisión de Estadística consiguió que el Ministerio de la Gobernación obligara a todos los ayuntamientos del país a inscribir el nombre de las vías públicas en rótulos bien visibles y a numerar los portales de las casas.544

Podría parecer exagerado descender a estos detalles para explicar un asunto mucho más general, como es la construcción del Estado. Pero es, sin duda, en esta descripción minuciosa de las tareas emprendidas y realizadas por la Administración donde se puede percibir la magnitud del esfuerzo. En estas disposiciones encaminadas al control sistemático de la información pueblo por pueblo, calle por calle, casa por casa, hay un eco del ideal del «Estado grande» que perseguían desde los años cuarenta Alejandro Oliván y otros administrativistas, de los que se habló en el capítulo 5. Se aprecia un esfuerzo por ordenar la realidad del país, clasificarla con criterios de racionalidad burocrática y hacerla, así, controlable por la Administración. El Estado obtenía una victoria decisiva al imponer la uniformidad de la rotulación de las vías públicas para que no hubiera espacios ni personas que quedaran fuera del alcance de la acción de la Administración pública, siquiera fuera simbólicamente. En ese sentido, aunque la rotulación no fuera inmediata, sistemática ni completa —ni entonces ni ahora—, los letreros de las calles, el ver las casas identificadas de manera inequívoca mediante un número que se repetiría posteriormente en todos los documentos oficiales, era otra pieza simbólica que integraba a cada familia y cada rincón del territorio en un todo orgánico en el que se veían identificados y censados. La fuerza de esta toma de posesión simbólica del callejero y de la toponimia puede considerarse comparable a la de otras penetraciones de lo estatal en la vida cotidiana, como serían la unificación de pesas y medidas o la unificación monetaria (temas ambos de los que se hablará más adelante).

El resultado de aquel segundo intento puesto en marcha en 1858-1859 fue el Nomenclátor de 1860. Se llama así porque a ese año se refirieron sus anotaciones, aunque su publicación se inició tres años después.545 Se trata de una obra exhaustiva, en donde se recogen con gran rigor no solo las ciudades y pueblos, sino todas las entidades de población, con información abundante sobre sus edificaciones. Para las restantes labores estadísticas, como por ejemplo el mapa topográfico nacional, el catastro o el censo de población, disponer de esa nomenclatura de referencia fue una ayuda inestimable. Y para la apropiación simbólica del territorio por el Estado fue otro logro mayor.546

Lanzada ya la Estadística demográfica en España, la Comisión quiso realizar un segundo censo en 1860, para acompasar el ritmo de las estadísticas demográficas españolas a las recomendaciones internacionales de homologación. El Congreso de Viena de 1857 había aconsejado que todos los países levantaran censos de periodicidad decenal —o preferiblemente quinquenal—, refiriéndolos a los años terminados en cero y en cinco, respectivamente, para facilitar así la comparación internacional de los datos. Intentando mejorar la calidad con respecto al censo de 1857, en el de 1860 se introdujo información sobre el nivel de instrucción de la población y se realizó una clasificación más ajustada por ocupaciones. También se pretendió incorporar los datos de las provincias de Ultramar —ausentes en el censo anterior—, aunque esa novedad no llegó a hacerse realidad: el levantamiento censal en las colonias se separó del conjunto, reservándoselo al Ministerio de Ultramar, que era el único con competencias en aquellos territorios. El resultado fue que solo se obtuvo un censo de Puerto Rico, en 1861, quedando para más adelante los de Cuba, Filipinas y Guinea.

El censo español de 1860 se terminó y publicó al cabo de tres años, ofreciendo a la Administración un nuevo y más completo instrumento de gestión. En él, por ejemplo, aparecían datos sobre el preocupante alcance del analfabetismo en el conjunto de España y en cada una de sus provincias y municipios. La clasificación por profesiones y actividades, aun respondiendo a unas categorías discutibles, ofreció también una primera imagen de la estructura ocupacional del país y, por consiguiente, permitió aproximarse al conocimiento más riguroso de los problemas sociales.547

La Junta había optado por dar a los censos una periodicidad quinquenal; pero en 1864 se decidió aplazar la realización del censo siguiente hasta 1870, con lo que en la práctica se optó por un sistema de censos decenales, que sería el que se seguiría en lo sucesivo. No obstante, la inestabilidad política y las guerras que vivió España durante el Sexenio Revolucionario impidieron hacer realidad el censo previsto para 1870, que no se pudo levantar hasta 1877, ya a cargo del Instituto Geográfico y Estadístico.

El censo y el nomenclátor fueron operaciones fundamentales para conocer y ordenar el territorio y la población. Puede decirse que con ellos la nación dejaba de ser una entelequia y tomaba forma «con nombres y apellidos». Sobre esa base, se siguió avanzando hacia un conocimiento cualitativo y cuantitativo de la estructura de la población del país, por ejemplo con las estadísticas sobre el movimiento natural de la población (nacimientos, matrimonios y defunciones). Este tipo de estadística suponía la nacionalización de la labor de registro que, desde siglos atrás, venían desarrollando las parroquias a través de sus libros de bautismos, bodas y entierros. Sería uno de los muchos ejemplos a los que se podría aludir de cómo la construcción del Estado se hizo en gran parte arrebatando funciones y espacios de control a la Iglesia, que los había tenido tradicionalmente.

En una sociedad casi uniformemente católica, los datos demográficos que aportaban los registros parroquiales resultaban bastante fidedignos y evitaban una costosa averiguación propia por parte de la Administración del Estado. Por ese motivo, los primeros intentos de tener datos registrales sobre el movimiento natural de la población habían consistido en exigir a los párrocos que transmitieran a la Administración noticia de las inscripciones de bautismos, casamientos y defunciones, con las cuales se compondría una estadística oficial de alcance nacional. Tales intentos fueron paralelos a los que pretendían implantar un registro civil independiente de la tutela eclesiástica. Pero fracasaron reiteradamente, en 1813, 1823, 1835, 1837 y 1841. La colaboración de los párrocos era desigual y, en general, poco entusiasta. Parece que el clero no se engañaba sobre la desposesión de ámbitos de control que entrañaba una operación como esta. Por otro lado, el registro de bautismos no servía como medida eficaz de la natalidad, por la importante mortalidad infantil y perinatal de aquellos tiempos.

La Comisión y la Junta de Estadística, volcadas en las tareas del censo y del catastro —aparte de otras labores—, no pudieron emprender por su cuenta la implantación de un registro civil en toda España; dicha misión se decidió que no podía ser abordada hasta que estuviera promulgado el nuevo Código Civil en el que se estaba trabajando.548 Esta disposición, que entrañaba una renuncia, se publicó el día antes de promulgar la Ley hipotecaria, que instauraba el Registro de la Propiedad en España. Suponía por tanto una clarificación de todo el ámbito registral: muestra que se concebía en términos globales, como un componente esencial del Estado en construcción; pero que se postergaba su institucionalización por la indefinición en la que se movería el Derecho civil hasta que pudiera salir adelante la codificación. La Junta se limitó a elaborar estadísticas del movimiento natural de la población utilizando los datos disponibles, de origen eclesiástico. En concreto, empleó los datos reunidos en función de la normativa de 1841 —reformada en 1845—, que obligaba a los párrocos a remitir mensualmente a los ayuntamientos unos informes de incidencias demográficas, que, agregados por los Gobiernos de Provincia, se dirigían al Ministerio de la Gobernación.549 El resultado fue la Memoria sobre el movimiento natural de la población en 1858-1861, obra pionera que se presentó acompañada de tablas y mapas en 1863.550

Desde 1860 el Estado español empezó a disponer de datos precisos sobre la demografía del país, información de gran valor para orientar cualquier acción legislativa, administrativa o gubernativa. Aquellas primeras estadísticas, un tanto primitivas, referentes a las décadas centrales del siglo XIX, se consolidaron y perfeccionaron a partir del cambio al siglo XX hasta componer una serie continua de estadísticas que se encuentran entre las más sólidas de las que ha dispuesto el país.551

Si las estadísticas demográficas constituían la «columna vertebral» del sistema estadístico oficial, centralizado en la Comisión, la Junta y, luego, el Instituto Geográfico y Estadístico, paralelamente funcionaban mecanismos de recolección de información descentralizados, que suministraban la mayor parte de la información útil para la Administración. Tras un periodo de tanteos, en el que se probó a centralizar la mayor parte de las estadísticas de tipo económico y administrativo, estas acabaron siendo competencia de distintos servicios y organismos públicos que —cada uno en su ámbito de actuación— las elaboraban según sus propios criterios; y, ciertamente, no fueron tan ricas como las estadísticas demográficas, al menos en sus primeros momentos.

Las estadísticas sobre la producción agraria se intentaron elaborar desde 1857 mediante interrogatorios de la Comisión de Estadística a los ayuntamientos, a fin de disponer de datos sobre precios y cultivos, que facilitaran las evaluaciones fiscales aplicables en el sistema de los amillaramientos.552 La encuesta se realizó a escala nacional entre 1857 y 1858, aunque arrojó resultados poco coherentes, debido a la desigualdad de criterios de los ayuntamientos y a la desconfianza de muchos de ellos por las implicaciones fiscales de la operación, de manera que no llegaron a publicarse sus datos. Volvió a intentarse un procedimiento similar en 1859, con el mismo resultados.553

Aquellas estadísticas de producción se complementaban con una estadística de precios, de importancia vital no solo para conocer el coste de la vida y la situación de los mercados, sino para una necesidad más práctica, como determinar las situaciones de escasez en las que, con arreglo a las leyes arancelarias, debía ponerse en funcionamiento la protección aduanera. La Dirección Central de Estadística de la Riqueza —creada en el Ministerio de Hacienda en 1846— intentó recopilar información sobre los precios de las subsistencias entre 1847 y 1850. Luego se encargó de estas tareas la Comisión de Estadística, que publicó regularmente en la Gaceta de Madrid las cotizaciones de los principales productos agrícolas en cada provincia, desde 1856 hasta 1891.

En paralelo a la estadística agrícola se intentó elaborar una estadística pecuaria, fundamental en un país en el que las actividades ganaderas han tenido tradicionalmente una importancia igual o mayor que las propiamente agrícolas. La Comisión de Estadística realizó un primer recuento de cabañas ganaderas en 1859, al que siguió un censo ganadero más preciso, realizado ya por la Junta en 1865. Se trataba de recuentos por municipios y provincias de las cabezas de ganado de cada especie de mamíferos, clasificadas por sexo, edad, uso y movilidad. El de 1859, cuyas cifras se han perdido, se puede considerar un intento fallido. El de 1865 incluía, además, una estadística de propietarios y de especies de ganado por partidos judiciales. Para su realización se distribuyeron cédulas de inscripción, que debían cumplimentar unas juntas locales.554

Desde los decenios centrales del siglo XIX se empezaron a realizar anotaciones con valor estadístico en muchas dependencias de la creciente Administración pública, en especial bajo el impulso estadístico de los años del Gobierno largo de O’Donnell (1858-1863). Como consecuencia, en algunas de esas dependencias fue suficiente con ir mejorando la periodicidad, el orden y el rigor de estadísticas que se venían elaborando. Tal fue el caso de los montes, controlados y administrados por los ingenieros del ramo, que fueron objeto de estadísticas y catalogaciones sistemáticas desde 1859.555 Esta labor tenía como objetivo distinguir los terrenos forestales que, por sus características, no deberían verse afectados por la desamortización general iniciada en 1855. Sus limitaciones venían, por una parte, del hecho de contemplar solo los montes de titularidad pública, dejando al margen los de propiedad privada; y, por otro lado, de ser un mero catálogo de la riqueza forestal, sin consideración de su producción. Para corregir este último problema, se emprendieron nuevas estadísticas sobre la producción de los montes públicos que se empezaron a publicar regularmente desde 1866.556

En cuanto al sector industrial y al comercio, la única estadística general fue, durante mucho tiempo, la procedente de los datos fiscales, con todos los problemas de fiabilidad que eso podía significar. En efecto, los datos de la matrícula de contribuyentes para el reparto de la Contribución Industrial y de Comercio fueron recopilados por la Dirección General de Contribuciones del Ministerio de Hacienda en la Estadística administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio, que se publicó por primera vez en 1857 (y de nuevo en 1863).

El sector minero fue objeto de una cobertura estadística significativamente mejor. Las Inspecciones de Minas habían recopilado datos, que aparecieron publicados en unos Anales de Minas desde 1839 hasta 1844. Después, continuó la serie la Dirección General de Minas, que publicó sus Memorias entre 1845 y 1848. Y, finalmente, en 1861 la Junta Superior Facultativa de Minería —luego Consejo Superior de Minería— del Ministerio de Fomento realizó la primera Estadística Minera de España, que se ha venido publicando con periodicidad anual desde entonces, y que incluye las industrias metalúrgicas, químicas y cementeras. A ello habría que añadir la Estadística de los agentes dinámicos, realizada por la Junta General de Estadística en 1862, que era un recuento sistemático por municipios y provincias de las fuentes de energía empleadas en los establecimientos industriales de toda España.557

Las estadísticas de comercio y transporte las elaboraban organismos muy diversos. Por un lado, existían las Memorias sobre el Estado de la Renta de Aduanas, de contenido eminentemente fiscal. También con datos de la Dirección General de Aduanas se elaboró, desde 1849, una Estadística del Comercio Exterior; y desde 1857, una Estadística del Comercio de Cabotaje. Ambas series se refundirían en 1920 en una única Estadística del Impuesto de Transporte por mar y a la entrada y salida de fronteras. El Ministerio de Marina recopilaba la información de las Comandancias para componer estadísticas relativas a la navegación, desde 1880; destaca entre ellas la llamada Lista oficial de los buques de guerra y mercantes, con antecedentes desde 1871. El transporte terrestre y las obras públicas quedaban estrictamente reflejados en las estadísticas de la Dirección General de Obras Públicas, que publicó desde 1856 las Memorias de Obras Públicas.

También se hicieron estadísticas educativas; de hecho, se encuentran entre las más antiguas de España. En el reinado de Fernando VII ya se publicaban en la Gaceta de Madrid balances estadísticos a partir de los datos que suministraban las juntas inspectoras de las escuelas de primeras letras. Durante el Trienio Liberal, además, el Gobierno presentó a las Cortes un detallado informe sobre el estado de la enseñanza pública.558 Los primeros gobiernos de la Regencia de María Cristina intentaron de nuevo conocer el estado de la que ya se llamaba «Instrucción Pública», lanzando varias encuestas y estadísticas desde 1834. La Instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas de primeras letras del Reino ordenó que en enero de cada año se realizara una estadística completa de todas las escuelas.559 En los años cuarenta se publicaron en el Boletín Oficial de Instrucción Pública resúmenes provinciales de los datos así recogidos. Después, la Dirección General de Instrucción Pública realizó estadísticas periódicas sobre los centros de su competencia a partir del mismo año de su creación, en 1846.

La calidad y homogeneidad de la estadística escolar fue mejorando como resultado de la experiencia. En 1849 se crearon formularios y modelos uniformes para recoger los datos que debían proporcionar periódicamente los centros. Los datos recogidos por este procedimiento para el año siguiente acabaron publicándose, años más tarde.560 El cambio más significativo se produjo con la Ley Moyano en 1857, cuando la ordenación general del sistema de instrucción pública vino acompañada de la instauración de mecanismos permanentes de circulación de la información estadística sobre dicho sistema. La estadística escolar se consideró fundamental para asegurar al Gobierno el control centralizado del sistema y la capacidad para corregir los problemas que se fueran advirtiendo. La propia Dirección empezó a publicar una Estadística de la primera enseñanza en España en 1858 (referida al periodo 1851-1855).

Por último, aunque no sería lo menos importante, hay que mencionar la atención que prestó el Estado al registro y análisis de los datos meteorológicos y climáticos. Tales datos eran de importancia primordial para conocer sobre bases científicas las condiciones en las que se desarrollaban la agricultura, la pesca, la navegación y otras actividades. La herencia del Antiguo Régimen en ese terreno había quedado reducida prácticamente a cero con la destrucción y saqueo del Observatorio Astronómico de Madrid por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. Las observaciones meteorológicas, que se habían venido realizando junto con las astronómicas en aquel observatorio, no se reanudaron hasta 1835. Y una evolución similar siguió el otro observatorio estatal de la península, el que tenía la Armada en San Fernando (Cádiz). El Observatorio de Madrid fue reorganizado en 1851 y poco después sus datos se empezaron a hacer públicos de forma regular.561

Paulatinamente se fueron añadiendo observatorios —empezando por los de Oviedo y Santiago—, hasta componer una red de 24 estaciones meteorológicas en 1860. Esta red se colocó bajo la dirección de la Junta General de Estadística, a la que se encargó la recopilación, estudio y difusión de los datos.562 La mayor parte de las estaciones meteorológicas funcionaban con el apoyo de las universidades; y todas estaban dotadas con un instrumental homogéneo para realizar mediciones de temperaturas, lluvias, vientos y humedad del aire. La Junta estableció unas normas comunes sobre procedimientos, frecuencias y horas de cada tipo de medición; e igualmente creó un mecanismo de envío de los partes meteorológicos locales a Madrid a través de las posibilidades que ofrecía el telégrafo.563 Precisamente, el desarrollo del telégrafo fue el que permitió aumentar la cobertura de la red nacional de observatorios meteorológicos, involucrando en la extensión de la misma al personal de estaciones telegráficas tan estratégicas como la de Tarifa, en el Estrecho de Gibraltar.

La red de observatorios meteorológicos española, suficientemente tupida desde los años sesenta, se coordinó con la red portuguesa y se incorporó al convenio internacional establecido para centralizar datos meteorológicos de toda Europa en el Observatorio de París y redistribuirlos desde allí a los gobiernos de los países participantes. El Observatorio de Madrid fue encargado por el Ministerio de Fomento de reunir anualmente las series de observaciones meteorológicas de toda la red española y portuguesa y difundirlas a través de una publicación periódica titulada Resumen de las observaciones meteorológicas realizadas en la Península Ibérica.

Con el intenso trabajo de recogida, análisis y difusión de los datos meteorológicos, el Estado se erigió en instrumento de la sociedad española para el conocimiento y control de las fuerzas de la naturaleza: una tarea que superaba ampliamente la capacidad de cualquier individuo o grupo particular. Y es probable que el influjo de esta función estadística especial sobre las mentalidades colectivas fuera mucho mayor que el que pudieran tener otras tareas de carácter más práctico. Por un lado, la asunción de las tareas de observación meteorológica contribuía a asociar la imagen del Estado con el prestigio de la ciencia moderna; por otro, el control sobre la información meteorológica, que incluía la posibilidad de formular pronósticos, atribuía al Estado un halo de poder extraordinario, como si, en cierto modo, el clima y el tiempo atmosférico hubieran pasado también a depender del Gobierno. En cualquier caso, articular un flujo de información objetiva tan detallado y pormenorizado constituía en sí mismo una demostración de fuerza y de capacidad organizativa por parte de la Administración.

En resumen, este recorrido por las tareas estadísticas de la Administración pública muestra que, tras haber probado y descartado el procedimiento de centralizar toda la información en la Comisión de Estadística, la Junta o el Instituto Geográfico, el sistema que se acabó implantando en el siglo XIX consistía en que cada departamento de la Administración se hiciera responsable de recopilar la información pertinente en su ámbito, ordenarla y publicarla. Para empezar, los datos relativos al propio funcionamiento del departamento (gastos, personal, actuaciones…) y frecuentemente también los datos fundamentales para el conocimiento de la realidad que tenían que gestionar. Así, el Estado pasó a disponer de estadísticas sobre la instrucción pública, el sistema penitenciario, la administración de justicia, el Ejército y la Armada, el servicio militar, la recaudación de los impuestos, los precios, el consumo de ciertos bienes y servicios —como la energía—, la meteorología, la salud y las enfermedades de la población, el comercio exterior, la cabaña ganadera, el aforo de los embalses, etc.564

La coronación de todo el sistema eran los Anuarios estadísticos, en donde se coordinaba el esfuerzo de acopio de datos de toda la Administración y se daba a conocer públicamente. La publicación del Anuario Estadístico de España constituyó una labor de enorme importancia, por cuanto recopilaba las mejores estadísticas sobre cada asunto disponibles en los distintos órganos de la Administración Pública; tales datos se ofrecían, convenientemente depurados, sintetizados y ordenados, en una publicación periódica de alto valor práctico para cualquier tipo de estudios, proyectos legislativos o toma de decisiones políticas. Respondía a un planteamiento según el cual la Comisión —y luego la Junta— de Estadística o el Instituto Geográfico servían como instancias de coordinación de un trabajo de producción de datos estadísticos que, en lo esencial, debían realizar cada uno de los departamentos de la Administración sobre los asuntos de su competencia. Ese modelo estadístico, descentralizado pero coordinado, había formado parte del planteamiento inicial de 1856; se había corregido después, al atribuir a la Comisión y la Junta la realización directa y centralizada de averiguaciones como las del censo de población o la cartografía catastral. Y, finalmente, volvió a ser el modelo oficial de la estadística pública española en tiempos de la Restauración. Pero nunca, en ese «ir y venir», desatendieron los organismos estadísticos centrales esa labor complementaria de reunir los datos estadísticos dispersos por todos los servicios de la Administración y ponerlos a disposición del público periódicamente en una obra de conjunto. Ese fue el sentido de los primeros Anuarios, referidos a 1858 y 1859-1860. Con los medios disponibles en aquella primera época no se consiguió que la obra tuviera, efectivamente, una periodicidad anual: la Junta de Estadística continuó la serie con tres más, referidos a los años 1860-1861, 1862-1865 y 1866-1867.

Las estadísticas así publicadas constituían probablemente una de las materializaciones más evidentes del sentido que tenía el Estado nacional. Visualmente, la contemplación de los grandes compendios estadísticos —como pueden ser un censo de población o un anuario estadístico— transmite de manera directa la lógica de Estado, la racionalidad implícita detrás de todo este entramado institucional, las categorías mentales con las que el Estado ha sido concebido y con las que, desde sus instituciones, se concibe a la sociedad. La propia palabra estadística, cuya etimología fue objeto de polémicas a lo largo del siglo XIX, remite a la misma raíz lingüística del término estado: lo que está, lo estable, lo establecido. Las estadísticas, en definitiva, se componen de cuadros numéricos o —como se les llamaba más comúnmente en el siglo XIX— estados (en minúscula).

La cartografía de Estado

Los mapas son una necesidad para cualquier gobierno. No es posible, sin esta representación sintética del territorio desplegar una Administración eficaz como la que se plantearon los constructores del Estado en España a partir de la Revolución liberal. Las utilidades directas de los mapas son muy diversas, desde la planificación de las obras públicas y las grandes vías de comunicación, hasta la defensa y el despliegue del ejército por el territorio, la organización espacial de las administraciones, la distribución de sus servicios, el conocimiento de las actividades económicas, las encuestas demográficas, etc. Tanto es así que se pueden seguir las vicisitudes de la construcción del Estado a través de los mapas de los que el Gobierno ha podido disponer en cada época, y de los paralelos intentos por organizar mecanismos permanentes de producción de mapas y planos útiles para las necesidades concretas de cada ministerio.

Por ese motivo, ya durante los revolucionarios años treinta del siglo XIX, en plena guerra carlista, se creó en España un cuerpo técnico especializado en funciones cartográficas a partir de 1835. La creación del Cuerpo de Ingenieros civiles fue trascendental para el futuro despliegue de la acción estatal sobre el territorio. Aunque en principio se crearon solamente una Inspección de Ingenieros de Caminos y otra de Minas, la posibilidad de añadir una tercera de Geógrafos se materializó enseguida, al crearse la Escuela de Ingenieros Geógrafos, de la cual surgiría ese cuerpo de especialistas en las tareas cartográficas del Estado.565

La dirección de la Escuela fue encomendada a Domingo Fontán, uno de los más prestigiosos cartógrafos del momento, autor de un mapa general de Galicia que había completado en 1834.566 Fontán acababa de proponer la extensión a todas las provincias españolas de su modelo de mapa a escala 1:100.000, apoyado en una triangulación geodésica.567 El nombramiento de este personaje como primer director de la Escuela de Ingenieros Geógrafos representaba, pues, la voluntad del Estado de dotarse cuanto antes de una cartografía uniforme de las provincias para los múltiples usos de la Administración.568

La orden de levantar el mapa oficial de las provincias creadas en 1833, que había figurado vagamente entre las obligaciones de los jefes políticos desde la creación del Ministerio de Gobernación, fue reiterada en términos más concretos y exigiendo un deslinde sistemático previo tras el final de la guerra civil.569 El ministro progresista Manuel Cortina planteó en los términos más solemnes el levantamiento de un Mapa de España oficial. Para ello, creó una Comisión Facultativa, en la cual figuraba Fermín Caballero como persona de confianza del ministro; e hizo adquirir instrumental geodésico y topográfico. Aquella Comisión, integrada en el Ministerio de la Gobernación a través de la Dirección General de Caminos, Canales y Puertos, acabaría subsumiéndose en la Comisión de Estadística General del Reino, reflejando la concepción —muy común en la época— de que la cartografía de Estado era un servicio particular del ramo administrativo más amplio de la Estadística, en el cual debían englobarse todos los esfuerzos por dotar al Estado de información pertinente para la toma de decisiones y la acción de gobierno. La cartografía civil retomó su andadura como servicio de la Administración civil del Estado en el decenio siguiente, tras la creación del Ministerio de Fomento. Se constituyó entonces en su seno una Dirección de la Carta Geográfica de España.570

Sin embargo, había otra importante tradición cartográfica, que era la que procedía del Ejército. Las actividades de cartografía militar del Antiguo Régimen, que continuaron durante la Primera Guerra Carlista, se centralizaban en el Depósito de la Guerra y el Depósito Hidrográfico, dos organismos especializados. Al término de la Primera Guerra Carlista se habían creado nuevas instituciones especializadas en cartografía. En 1842, Evaristo San Miguel había creado la Escuela Especial de Estado Mayor, puesta bajo la dirección del brigadier Manuel Monteverde.571 Esa institución, concebida dentro del proceso de institucionalización del Ejército permanente en torno al Estado Mayor, tenía entre sus cometidos principales el levantamiento de un mapa general de España. Al año siguiente se creó una comisión directiva para la elaboración de dicho mapa, con secciones de operaciones integradas por oficiales de Estado Mayor, del Cuerpo de Ingenieros y de la Armada.572 Diez años más tarde, la Comisión añadió representantes de cuerpos civiles, como los ingenieros de caminos y de minas, y más tarde oficiales de Artillería, ingenieros de Montes y profesores de Física.573 La Comisión del Mapa de España fue cambiando paulatinamente de ubicación administrativa, oscilando entre los ministerios de Guerra, Gobernación y Fomento; pero siempre tuvo una marcada impronta militar, que quedó confirmada cuando Narváez atribuyó la dirección de todos sus trabajos a Monteverde y los oficiales de Estado Mayor.574

A pesar de todos los intentos por obtener una cartografía civil, la cartografía de la que realmente disponía el Gobierno durante las primeras fases de la construcción del Estado era de origen militar; y era en el Ejército y en la Armada donde podían encontrarse técnicos y profesionales con experiencia en el levantamiento de mapas. Para echar a andar una cartografía pública civil fue necesario, en los primeros momentos, recurrir al personal experimentado en estas tareas que el Ejército poseía. Las instituciones militares ligadas al desarrollo del Estado Mayor desde los años cuarenta del siglo XIX empezaron a producir cartografía moderna en los años cincuenta: el Itinerario general —que se empezó a publicar en 1854—, la Carta de Reunión de Itinerarios a escala 1:100.000 (1854), los mapas de apoyo a los tratados de límites con Francia (1856) y con Marruecos (1859), el Atlas de la Guerra de África (1859-1860), el Mapa Itinerario Militar de España a escala 1:500.000 con su Manual Itinerario Militar (1863-1865), mapas provinciales, planos de poblaciones y plazas fuertes, y croquis de ciudades de Cuba y Filipinas… En fin, una experiencia cartográfica acumulada que explica el peso que en todo momento tuvieron el Ejército y la Armada en los orígenes de la cartografía de Estado, así como la desconfianza de militares y marinos hacia los intentos de asignar esa responsabilidad exclusivamente a instituciones civiles.575

Paralelamente, las instituciones que constituyeron el nuevo ramo de Estadística en la Administración isabelina empezaron a producir una cartografía de Estado de carácter civil. La llegada al poder de la Unión Liberal dio como primer resultado la promulgación de la Ley para la Medición del Territorio de 1859.576 Dicha Ley establecía los pasos que se seguirían para dotar al naciente Estado nacional de una representación cartográfica del territorio, e incluso fijaba la cuantía de las partidas presupuestarias que se debían comprometer en los años siguientes para sacar adelante la empresa. Se empezaría por la triangulación geodésica de primero, segundo y tercer orden; y sobre esta se apoyarían los trabajos topográficos —triangulación topográfica, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, trazado de las curvas de nivel, poligonación, levantamiento de planos parcelarios...— conducentes a la obtención de un mapa que habría de servir como sustento gráfico del catastro parcelario, de los mapas geológico, forestal e hidrológico, planos de poblaciones y estudios meteorológicos. Este ambicioso programa cartográfico no se cumplió en su totalidad, pero sirvió para poner en marcha la cartografía oficial del Estado y le dio ciertos rasgos llamados a perdurar. Uno de esos rasgos sería la integración entre el mapa topográfico nacional y el catastro fiscal de la riqueza, peculiaridad de origen de la cartografía española que explica algunas de las características que conservó hasta el siglo XX, como la representación de los usos del suelo.577

La nueva cartografía del Estado estaba concebida con criterios científico-técnicos que aseguraran su rigor y fiabilidad. El levantamiento del mapa, como se ha dicho, debía apoyarse en una triangulación geodésica del territorio. Para ello, se partió de la medición de una primera base en Madridejos (Toledo) en 1858, completada luego con tres bases más en cada una de las Islas Baleares: Mallorca (1865), Menorca (1867) e Ibiza (1870). Los trabajos de la red geodésica de segundo orden se iniciaron en 1860, y los de tercer orden, en 1865. La triangulación se completaría con los trabajos de nivelación, iniciados en 1868.578

Los trabajos que se llamaron topográfico-catastrales, de los años 1859-1869, dieron lugar a una serie cartográfica interrumpida al reformarse el ramo en 1870. Así, se levantaron mapas muy detallados de escalas 1:2.000 (zonas rústicas) y 1:500 (zonas urbanas) en municipios de la provincia de Madrid, en los que se pudo comparar la efectividad relativa de los trabajos contratados con empresas privadas y los realizados por la Administración con sus propios medios. El intento de extender los trabajos a otras provincias (Cuenca, Murcia, Soria, Granada, Almería y Toledo) no llegó a plasmarse en mapas terminados. Esa cartografía «de prueba» que se realizó en la provincia de Madrid, sin más que añadirle un registro de fincas con mención de sus superficies y poseedores, hubiera constituido la base para un catastro de la riqueza rústica y urbana que podría haber servido para controlar la veracidad de los documentos fiscales si alguna vez se hubiera tomado la decisión política de generalizar dicho procedimiento.579

La Comisión y la Junta de Estadística trabajaron también para ofrecer una cartografía de los recursos naturales. En un país con riquezas minerales tan importantes como las de España, que atraían por entonces a inversores de toda Europa, el proyecto de levantar mapas geológicos y mineros adquirió enseguida un lugar preponderante. Existían precedentes aislados, como el Mapa petrográfico de Galicia, encargado por la Dirección General de Minas al ingeniero prusiano Guillermo Schulz en 1831 y publicado tres años más tarde; o como el Mapa topográfico de la provincia de Oviedo (1855) y el Atlas geológico y topográfico de Asturias (1858), obras del mismo Schulz que respondían a un encargo de la Comisión Geognóstica para la formación del Mapa Petrográfico de Asturias. En 1849, Bravo Murillo creó la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y la General del Reino.580 Dicha comisión levantó y publicó mapas geológicos provinciales de Madrid (1852), Segovia (1853), Valladolid (1854), Palencia (1856) y Oviedo (1858); también hizo reconocimientos específicos de algunas cuencas carboníferas, como la de San Juan de las Abadesas (Gerona) en 1855.

Aquella primera cartografía geológica fue reordenada después de la Ley para la medición del territorio de 1859, estableciéndose un plan detallado para la continuación de los trabajos bajo la dirección de la Comisión de Estadística. Se creó una brigada especial encabezada por tres ingenieros de minas, con la misión de ir reconociendo las cuencas mineras de la península —dividida al efecto en cinco zonas— y cartografiándolas de norte a sur.581 Lo más importante de aquella tarea que realizaron la Comisión y la Junta de Estadística fue la uniformidad que consiguieron dar a los trabajos, encaminada a lograr un mapa geológico nacional compuesto por hojas 1:200.000 y 1:400.000. Ese objetivo se allanó con la publicación de los mapas de las provincias de Palencia, Madrid, Santander, Teruel y de la margen izquierda del Jalón, así como la realización de bosquejos correspondientes a once provincias más entre 1861 y 1870. En 1864, la Junta publicó ya un Bosquejo general geológico de España a escala 1:2.000.000, respondiendo al acuerdo internacional de 1856 para levantar un mapa geológico de Europa, al que España se había adherido en 1862. Desde 1870 aquella tarea volvió a la Comisión del Mapa Geológico de España, la cual inició en 1873 la publicación regular de las 64 hojas del mapa geológico nacional a escala 1:400.000.

Otro tipo de mapas a los que el Gobierno otorgaba gran relevancia eran los agronómicos, estrechamente ligados a los geológicos, por cuanto debían representar los suelos y, por tanto, las posibilidades agrícolas de cada parte del territorio. Siguiendo con la misma lógica de otras labores cartográficas y estadísticas de la época, se empezó por levantar un Plano euforimétrico del término municipal de Madrid a escala 1:200.000, publicado en 1867. La experiencia debía servir de ensayo y modelo para extender a otras zonas este tipo de levantamientos, convirtiéndolos en complemento del catastro parcelario, al cual aportarían un instrumento científico para la evaluación de las propiedades. La tarea se emprendió con notable rigor, reuniendo desde 1861 un grupo de funcionarios de Hacienda y profesores de la Escuela del Catastro para que la dirigieran técnicamente. En 1864 se comisionó a uno de sus miembros para estudiar los procedimientos que se seguían en varios países europeos; y se constituyó en Madrid un laboratorio especializado en química agrícola.

La cartografía forestal se inició en 1852 con la graduación de la primera promoción de ingenieros de Montes, a quienes se encargó realizar estudios sobre las áreas forestales de Jaén, Santander, Cuenca, Segovia, Soria, Ávila y Galicia. En el plazo de ocho años, las comisiones forestales en las que se integraron estos ingenieros produjeron un mínimo de 64 mapas. En 1860, los ingenieros de Montes se incorporaron a la Comisión de Estadística, en cuyo seno se reorganizaron los trabajos de cartografía forestal.582 Se formaron entonces varias brigadas, que levantaron bosquejos dasográficos, es decir, mapas forestales esquemáticos a escala 1:250.000, de 28 provincias. Dos de estos bosquejos, los de las provincias de Oviedo y Santander, se imprimieron en 1862. El mapa detallado que debía servir de modelo para la cartografía forestal a escala nacional se hizo a escala 1:20.000 sobre los propios del municipio de El Espinar (Segovia) en 1863. Luego, los trabajos se separaron de la Junta de Estadística y fueron encomendados a una Comisión del Mapa Forestal dependiente del Ministerio de Fomento.583

Otro sector importante de aquella primera cartografía de la que se dotó el Estado español fue la hidrológica, ligada a proyectos de desarrollo que pasaban por la extensión de la agricultura de regadío, el empleo industrial de la fuerza hidráulica, la navegación de las aguas interiores y el abastecimiento de agua potable a las ciudades: todos ellos objetivos de primera magnitud, dadas las características geográficas de la península y los dos archipiélagos. La escasez de agua en la mayor parte de España determinó que los usos de este recurso natural resultaran con frecuencia conflictivos, obligando a realizar estudios técnicos que incluían el levantamiento de mapas precisos, cada vez que se requería la mediación del Estado para elegir entre varios proyectos alternativos; por ejemplo, para optar entre los grandes proyectos de navegación y de regadío para el cauce del Guadalquivir que se plantearon en las décadas de 1840 y 1850.

Como resultado de los primeros trabajos oficiales —que continuaban una rica tradición de estudios hidráulicos que venía del Antiguo Régimen—, se aprobaron en 1860 unas bases detalladas para el levantamiento cartográfico homogéneo de las cuencas hidrográficas españolas; y en 1866, una Ley de Aguas destinada a ordenar los usos de este recurso en todo el territorio nacional.584 Resueltos los conflictos de competencias entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Estadística, seis brigadas de esta última —encabezadas por ingenieros de Caminos— fueron enviadas a realizar estudios completos de las cuencas hidrográficas peninsulares, que debían incluir plano y nivelación del cauce principal, los canales y los afluentes, planos y sondeos de los terrenos pantanosos, líneas de inundación, aforos de todas las aguas, cálculo de la fuerza hidráulica empleada, regadíos, descripción del río y de las tierras adyacentes. El resultado de este esfuerzo de investigación y de organización fueron centenares de mapas y planos de temática hidráulica, que culminaron con la publicación impresa de los planos generales de las cuencas del Guadalquivir y del Ebro, en 1864 y 1865 respectivamente; los relativos a las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana también se realizaron, aunque no los llegó a publicar la Junta.

El esfuerzo cartográfico de la Administración española fue, pues, muy importante desde mediados del siglo XIX. A los mapas mencionados habría que añadir muchos otros, como los que representaban los avances de la red geodésica, de la red ferroviaria o del conocimiento demográfico del territorio que surgía de la elaboración de los primeros censos.585 Quedaba pendiente, sin embargo, la labor cartográfica fundamental, que debía servir de apoyo para todas las demás labores de cartografía temática: el levantamiento de un mapa topográfico de todo el territorio nacional era un viejo sueño que los gobernantes liberales acariciaban desde el final de la Primera Guerra Carlista.

El impulso para sacar adelante empresas cartográficas tan ambiciosas como el mapa topográfico nacional de gran escala vino de la reforma que realizaron los progresistas en el ramo de Estadística en 1870, con la creación del Instituto Geográfico. Al frente de dicho Instituto se situó a Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y científico de reconocido prestigio: representante en España de la Asociación Geodésica Internacional, se había hecho famoso por la medición de la base central de la red geodésica española, que realizó en Madridejos (Toledo) en 1858. Para ello, además, había diseñado un aparato de precisión, que después se había empleado en otros países europeos, como Suiza. Asistente habitual a los congresos internacionales en los que se trataran temas geodésicos, era autor de múltiples publicaciones científicas, formaba parte de la Real Academia de Ciencias, y puede ser considerado como uno de los científicos españoles más importantes del siglo XIX. Este fue el personaje elegido por los progresistas para dirigir el recién creado Instituto Geográfico, contando con que su pertenencia al Ejército y su prestigio científico servirían para consolidar el Instituto y ponerlo a salvo de posibles cambios políticos futuros, como así fue. Teniendo en cuenta que el Reglamento de 1870 daba al Instituto carácter de organismo autónomo y concentraba la autoridad de su gestión en la figura del director, Ibáñez resultó ser personalmente responsable de la orientación de la cartografía estatal española durante un periodo crucial.

La presencia de un personaje como Carlos Ibáñez, unida al carácter científico del Instituto, a su autonomía administrativa y a la relación especial que enseguida estableció con el Ejército —a través del Cuerpo de Ingenieros—, lo mantuvieron al margen de la política cotidiana y de los bandazos impuestos por los cambios ministeriales. Esto permitió que el Instituto sobreviviera al régimen que lo había creado, atravesara el periodo de la Primera República —momento en que recuperó la mención a la estadística en su nombre, como Instituto Geográfico y Estadístico— y fuera respetado tras la restauración de los Borbones, a pesar de sus orígenes revolucionarios. El Instituto pervivió durante el largo periodo de la Monarquía restaurada, durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el régimen de Franco y la posterior transición democrática, llegando hasta la actualidad con el nombre de Instituto Geográfico Nacional. El apartamiento de la política activa permitió también que el Instituto pudiera sostener el esfuerzo técnico y financiero que exigía el levantamiento de las series cartográficas que el Estado español precisaba desde décadas atrás, imprimiendo la primera hoja oficial del mapa topográfico a escala 1:50.000 en 1875.

Se han señalado en ocasiones las limitaciones, tanto técnicas como políticas, de aquellos primeros mapas y aquellas primeras estadísticas elaboradas por la Administración Pública en España. La crítica suele basarse en la comparación con obras posteriores o con modelos estadísticos o cartográficos ideales, apenas esbozados tendencialmente en los países más avanzados del mundo por aquellos años. Sin embargo, el juicio sobre la calidad de la información que estos trabajos pusieron al alcance de los gobernantes españoles debe situarse en su adecuado contexto histórico: teniendo en cuenta las dificultades de todo orden que hubo que superar para realizarlos (falta de personal especializado, escasez de presupuestos, inestabilidad política, falta de tradición, resistencias de grupos poderosos, comunicaciones lentas, relieve accidentado…) y comparando con los mapas y los datos que el Gobierno había tenido hasta entonces. Desde ese punto de vista, el balance resulta mucho más positivo, y tiene todo el carácter revolucionario de haber pasado, en pocos años, de no tener cartografía de Estado ni estadísticas oficiales a tenerlas de razonable calidad. El tiempo permitiría ir reformando estos servicios y mejorando gradualmente la cantidad y calidad de los trabajos, pero ya sobre una estructura administrativa racionalmente organizada y funcionando con profesionalidad y rutina burocrática. En la década de 1870, pues, los servicios estadísticos y cartográficos se habían consolidado, daban ya frutos apreciables y todo ello redundaba en un reforzamiento del Estado sobre bases científico-técnicas modernas.

Un ejemplo entre muchos de la acción unificadora del ramo de Estadística sobre el país podría ser el proceso de uniformización de pesas y medidas en torno al sistema métrico decimal en el siglo XIX. Dicho proceso puede presentarse como un subproducto de la necesidad de unificar los datos que recolecta la Administración del Estado, aunque tiene muchas otras implicaciones para la vida mercantil y la mentalidad colectiva. De hecho, los servicios especializados en metrología en la Administración pública española se hicieron depender de las instituciones estadísticas ya mencionadas: la Comisión, la Junta de Estadística y el Instituto Geográfico. Sin duda, tales instituciones necesitaban de un sistema común de unidades de medida para elaborar sus estadísticas y sus mapas a nivel nacional, y la opción por el sistema métrico decimal que había creado la Francia revolucionaria significó una opción temprana por la racionalidad moderna que España compartiría con el resto de la Europa continental, en contraste con el apego de Gran Bretaña a las complicadas y diversas unidades tradicionales.

La capacidad de los trabajos estadísticos y cartográficos para fortalecer al Estado y para transformar gradualmente el espacio de su jurisdicción en territorio nacional no puede ser obviada. El levantamiento de mapas y estadísticas por parte del Estado tiene todo el valor simbólico de un acto de toma de posesión sobre los recursos que se contabilizan y se representan; acto simbólico que deja huellas visibles sobre el terreno, como son los hitos y mojones de los topógrafos y los geodestas, las oficinas del censo y la estadística en las ciudades, los mapas nacionales que se exhiben en las escuelas y en los organismos oficiales… Pero tienen también un valor práctico, por cuanto ayudan a concebir la totalidad del territorio nacional y sus recursos como un conjunto integrado, sobre el cual pueden derramar su acción de manera homogénea las instituciones del Estado, uniformizando, creando experiencias comunes, conectando y coordinando unas partes con otras.

489 Francis Bacon, Meditationes sacrae (Londres: Excusum impensis Humfredi Hooper, 1597).

490 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 582-604.

491 Isabel Sánchez Casado, La estadística del Estado en los periodos constitucionales (Madrid: Movinter, 1983), 59-73.

492 Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862).

493 Decreto CXC de 3 de Setiembre de 1812 dictando el Reglamento para verificar la contribución extraordinaria de guerra impuesta por decreto de 1.º de Abril de 1811, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalacion en 24 de setiembre de 1810 hasta 14 de Setiembre de 1813, 4 vols. (Madrid: Imprenta Nacional, 1813), t. III, pp. 69-76.

494 Álvaro Flórez Estrada, Plan para formar la estadística de la provincia de Sevilla (Sevilla: D. Josef Hidalgo, 1814).

495 Circular de 25 de enero de 1815 mandando se cumpla lo prevenido en la de 27 de Julio, por la que se reencargó á los Presidentes, Regentes y Fiscales de las Chancillerías y Audiencias en dar cuenta al Presidente del Consejo Real de las ocurrencias graves que en la misma se citan, Gaceta de Madrid, n.º 16, 7 de febrero, p. 139. Real Decreto de 30 de mayo de 1817 e Instrucción de 1 de junio siguiente, Real decreto para el establecimiento del sistema general de Hacienda, Instruccion para el repartimiento y cobranza de la contribucion del reino y bulas dadas por el Santísimo Padre Pio VII en Roma a 15, 16, 17 y 18 de abril de 1817 (Madrid: Imprenta Real, 1817).

496 Decreto LXXIV de 25 de junio de 1822 por el que se encarga exclusivamente al Secretario de la Gobernación de la Península la formación de la estadística y catastro del reino, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. IX, pp. 443-444.

497 Circular de 1 de julio de 1824 remitiendo la Instrucción para la recaudación del impuesto de paja y utensilios, Coleccion de Reales Decretos y Ordenes pertenecientes a la Real Hacienda desde el 6 de mayo de 1823 hasta fin de 1824 (Madrid: Imprenta Real, 1826), pp. 380-385.

498 Real Orden de 29 de marzo de 1827 reencargando que los intendentes remitan memorias mensuales del estado económico de las respectivas provincias, y la Dirección forme un cuadro general del estado de la Real Hacienda, Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, t. XII (1827), pp. 76-77.

499 Real Decreto e Instrucción de 29 de junio de 1837 para formar el censo de la población, Colección Legislativa de España, t. XXII (1837), p. 390.

500 Orden de la Regencia de 17 de septiembre de 1842 aprobando las disposiciones adoptadas para la formación del censo verdadero de la población de todas y cada una de las provincias, según se previene en el art. 4.º de la ley de 1.º de Agosto de este año, Gaceta de Madrid, n.º 2901, 19 de septiembre, pp. 1-2.

501 Real Decreto de 7 de febrero de 1841 para que los ayuntamientos dispongan que todos los vecinos y hacendados forasteros de su jurisdicción les presenten en el término de 15 días relaciones exactas expresivas de sus bienes, industrias, oficios y utilidades anuales, Gaceta de Madrid, n.º 2305, 9 de febrero, pp. 1-2; Real Orden de 26 de junio de 1842 para que las diputaciones provinciales procedan á la formación de una estadística, Gaceta de Madrid, n.º 2819, 29 de junio, pp. 1-2; Circular de 11 de julio de 1842 para que el Ministerio de la Gobernación se ocupe sin levantar mano de la formación de una matrícula catastral, Gaceta de Madrid, n.º 2834, 14 de julio, p. 1.

502 Reglamento general para el establecimiento y conservación de la estadística de la riqueza territorial del reino y sus agregadas (Madrid: Ministerio de Hacienda, 1846).

503 Real Orden de 8 de agosto de 1848, Colección Legislativa de España, t. XLIV (1848), p. 277.

504 Circular de la Dirección General de Contribuciones de 7 de mayo de 1850, Colección Legislativa de España, t. L (1850), p. 49.

505 Real Orden de 3 de septiembre de 1847, Colección Legislativa de España, t. XLII (1847), p. 46.

506 Real Decreto de 8 de agosto de 1848, Colección Legislativa de España, t. XLIV (1848), p. 277.

507 José Ignacio Muro Morales, Luis Urteaga González y Francesc Nadal Piqué, «Cartografia parcel.lària i estadística territorial a la província de Barcelona (1845-1895)», Revista de geografía, n.º 2 (2003), 37-60.

508 Ángel Castro y Blanc, Tratado de estadística territorial. Exposición metódica y completa de la legislación vigente (Madrid: Manuel de Rojas, 1859), 52; Rafael Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001), 125-126.

509 Tal sería el caso de Barcelona hasta 1881, estudiado por José Ignacio Muro Morales, Luis Urteaga González y Francesc Nadal Piqué, «Cartografia parcel.lària i estadística territorial a la província de Barcelona (1845-1895)», Revista de geografía, n.º 2 (2003), 37-60.

510 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992), 74-94.

511 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992), 100-110. Un análisis más atento a los aspectos técnicos y menos a las implicaciones políticas es el de José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996).

512 Mariano de Marcoartú y Antonio López del Rincón: «Sistema práctico de estadística general activa de España», en Expediente sobre estadística general, 1853-1855; y José María Amado Salazar: Memoria sobre la formación de la estadística agrícola de España, presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 2 de septiembre de 1854; ambos en: Archivo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Madrid), Agricultura, Siglo XIX, leg. 256.

513 Dictamen del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de diciembre de 1854 sobre el proyecto de Amado Salazar: Borrador de actas del Consejo, Archivo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Madrid), Agricultura, Siglo XIX, leg. 221

514 Real Decreto de 3 de noviembre de 1856 creando una comisión que se ocupe en la formación de la Estadística general del reino, abrazando todos los ramos de la Administración pública del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 1402, 5 de noviembre, p. 1.

515 Real Orden de 4 de febrero de 1857 resolviendo que bajo la dirección del Ministerio de la Guerra se ejecuten los trabajos topográfico-catastrales de la Península, Gaceta de Madrid, n.º 1497, 8 de febrero, p. 1.

516 Real Decreto de 3 de noviembre de 1856 creando una comisión que se ocupe en la formación de la Estadística general del reino, abrazando todos los ramos de la Administración pública del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 1402, 5 de noviembre, p. 1.

517 Comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros de 30 de octubre de 1857, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 137.

518 El mismo Oliván administrativista de quien se hablo en el capítulo 5. Nombrado por Real Decreto de 11 de noviembre de 1856 nombrando Vicepresidente de la comisión de Estadística general a D. Alejandro Oliván, y Secretario de la misma a D. Antonio Ramírez de Arcas, Gaceta de Madrid, n.º 1409, 12 de noviembre, p. 1.

519 Real Orden de 27 de noviembre de 1856 dictando el Reglamento que deberá observar la Comisión creada por el Real Decreto de cinco del corriente para la formación y publicación de la estadística general del Reino en el desempeño de las atribuciones que le corresponden, Gaceta de Madrid, n.º 1426, 29 de noviembre, p. 1; y Real Orden de 27 de noviembre de 1856 dictando el Reglamento de la Secretaría de la Comisión de Estadística General del Reino, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 4-7.

520 Real Decreto de 15 de mayo de 1857 estableciendo Comisiones permanentes de Estadística, una provincial en cada capital de provincia y otra de partido en cada pueblo cabeza de partido judicial que no sea capital de provincia, Gaceta de Madrid, n.º 1593, 16 de mayo, p. 1; y Reglamento de 29 de mayo de 1857, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 51-57.

521 Real Orden de 23 de julio de 1857 dictando la Instrucción que deberán observar las comisiones permanentes de estadística para recoger las noticias y datos indispensables a la formación de la estadística del territorio, Gaceta de Madrid, n.º 1662, 24 de julio, pp. 1-3.

522 Real Orden de 20 de agosto de 1857 dando instrucciones y remitiendo estados encaminados a reunir los datos de los productos agrícolas, riqueza pecuaria y medios de transporte, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 119-129.

523 Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Serie I, leg. 1, exp. 9: Ministerio de Fomento. Expediente general sobre la Dirección General de Estadística.

524 Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Serie V, leg. 2, exps. 21, 22 y 23.

525 Real Decreto de 21 de abril de 1861 reorganizando la comisión de estadística general del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 121, 1 de mayo, p. 1.

526 Real Decreto de 20 de agosto de 1859 de Medición del Territorio, Gaceta de Madrid, n.º 235, 23 de agosto, p. 1, arts. 34-36; y Real Decreto de 2 de julio de 1861, Gaceta de Madrid, n.º 185, 4 de julio, p. 1.

527 Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Serie V, leg. 1, exp. 7: Junta General de Estadística. Sección Geográfica. Dirección de operaciones topográfico-catastrales.

528 Archivo del Instituto Geográfico Nacional (Madrid), Serie V, leg. 2, exp. 4: Dictamen de D. Antonio Morelo en el expediente de Mr. Porro sobre trabajos parcelarios, 1867.

529 Real Decreto de 15 de julio de 1865 reorganizando la Junta General de Estadística, Gaceta de Madrid, n.º 202, de 21 de julio, p. 1.

530 La evolución institucional de la Estadística y la valoración de las fuentes que elaboró en cada momento se encuentra en Juan Luis Pan-Montojo, «Fuentes estadísticas», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 6: Cronología. Mapas. Estadísticas (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 337-441. Una revisión crítica de las realizaciones de la Comisión y la Junta de Estadística, en José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996).

531 Archivo del Instituto Geográfico Nacional (Madrid), Serie I, leg. 1, exp. 9: Ministerio de Fomento. Expediente general de la Dirección General de Estadística.

532 Decreto de 26 de abril de 1870 disponiendo que la Junta, Dirección general de Estadística y oficinas provinciales del ramo dependan del Ministerio de Fomento, Gaceta de Madrid, n.º 117, 27 de abril, p. 2.

533 Dirección General de Estadística, Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por la Dirección General de Estadística sobre los trabajos ejecutados por la misma desde el 1.º de octubre de 1868 hasta el 31 de diciembre de 1869 (Madrid: Establecimiento Tipográfico de Manuel Minuesa, 1870).

534 Decreto de 12 de septiembre de 1870 reorganizando el servicio de la Estadística general del Reino y creando un establecimiento que se denominará Instituto geográfico, Gaceta de Madrid, n.º 257, 14 de septiembre, pp. 1-2. Reglamento de 27 de septiembre de 1870 aprobando el reglamento del Instituto geográfico, Gaceta de Madrid, n.º 271, 28 de septiembre, pp. 1-3.

535 Decreto de 8 de julio de 1870, Archivo del Instituto Geográfico Nacional (Madrid), Serie I, leg. 1, exp. 9: Expediente general de la Dirección General de Estadística; y Decreto de 26 de agosto de 1870 reformando las Secciones de Fomento encargadas de auxiliar á los Gobernadores de provincia, Gaceta de Madrid, n.º 240, 28 de agosto, pp. 1-2.

536 La participación de Figuerola, Ibáñez y Prim en la elaboración de la reforma que firmó Echegaray en 1870 fue revelada treinta años más tarde por el senador Eduardo Saavedra, Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, Legislatura de 1899-1900, n.º 133, 15 de febrero de 1900, pp. 2468-2473.

537 Diario de las Sesiones de Cortes. Estamento de Procuradores, n.º 158, 27 de febrero de 1835, p. 1704. Cit. por Mathieu Aguilera, «“Así se administra a ciegas en España”: statistique, territoire et nation à l’Estamento de Procuradores», Parlement(s). Revue d’histoire politique, n.º 12 (2017), 41-62.

538 Real Decreto de 14 de marzo de 1857 disponiendo la formación de un censo general de toda la población de España y de sus Islas adyacentes, Gaceta de Madrid, n.º 1530, 14 de marzo, p. 1.

539 Comisión de Estadística General del Reino, Censo de la Población de España, según el recuento verificado en 21 de Mayo de 1857 (Madrid: Imprenta Nacional, 1858). Real Decreto de 30 de septiembre de 1858 aprobando el Censo de la población de España, formado por la Comisión de Estadística general en consecuencia del empadronamiento de 1857, Gaceta de Madrid, n.º 278, 5 de octubre, pp. 1-2.

540 Amando Melón Ruiz de Gordejuela, «Los censos de la población en España (1857-1940)», Estudios geográficos 12, n.º 43 (1951), 203-281, especialmente p. 214. José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 50-54.

541 Maurizio Gribaudi y Alain Blum, «Des catégories aux liens individuels : l’analyse statistique de l’espace social», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 45, n.º 6 (1990), 1365-1402, https://doi.org/10.3406/ahess.1990.278914; Maurizio Gribaudi y Alain Blum, «Les déclarations professionnelles. Pratiques, inscriptions, sources», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 48, n.º 4 (1993), 987-995, https://doi.org/10.3406/ahess.1993.279186.

542 Comisión de Estadística General del Reino, Nomenclátor de los pueblos de España (en 1857) (Madrid: Impr. Nacional, 1858).

543 Instrucción de 5 de enero de 1859 para llevar a efecto la rectificación y complemento del nomenclátor de los pueblos de España, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 183-188.

544 Real Orden de 31 de diciembre de 1858 sobre la rectificación del Nomenclátor general de los pueblos de España y disposiciones para su cumplimiento, Gaceta de Madrid, n.º 4, 4 de enero de 1859, p. 1. Real Orden de 24 de febrero de 1860 aprobando las reglas para efectuar la rotulación de calles y numeración de casas, Gaceta de Madrid, n.º 59, 28 de febrero, pp. 1-2.

545 Junta General de Estadística, Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de España: dispuesto por riguroso órden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos, y entidades de poblacion, 5 vols. (Madrid: Imprenta de José María Ortiz-Establecimiento tipográfico de Julián Peña, 1863).

546 Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, Los modernos nomenclátores de España (1857-1950) (Madrid: Real Academia de la Historia, 1958); Miguel José Izu Belloso, «La toponimia urbana en el Derecho español», Revista de administración pública, n.º 181 (2010), 267-300.

547 Junta General de Estadística, Censo de la población en 25 de diciembre de 1860 (Madrid: Imprenta Nacional, 1863).

548 Real Orden de 7 de febrero de 1861 disponiendo que la Comisión de Estadística general se encargue exclusivamente del registro del movimiento de la población de España y remita al Ministerio de la Gobernación cada trimestre una copia de los cuadros que se formen, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), p. XLII.

549 Real Orden circular de 24 de mayo de 1845 resolviendo que los párrocos y demás encargados de las feligresías puedan bautizar y dar sepultura á los cadáveres, sin necesidad de haber obtenido antes la papeleta del encargado del registro civil, Gaceta de Madrid, n.º 3913, 1 de junio, p. 2.

550 Junta General de Estadística, Memoria sobre el movimiento de la población en España, 1858-1861 (Madrid: Imprenta Nacional, 1863).

551 José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 63-70; Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. I, 3 vols. (Madrid: Fundación BBVA, 2006), 77-154, especialmente pp. 105-111.

552 Real Orden de 20 de agosto de 1857 dictando disposiciones sobre el modo de proceder a la formación de la Estadística agrícola de España, Gaceta de Madrid, n.º 1690, 21 de agosto, p. 1.

553 Circular de 18 de abril de 1859 a los gobernadores prescribiendo las reglas que han de observar en la reunión, comprobación y consignación de los datos sobre las cosechas en los estados que se acompañan y su remisión a la Comisión, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), pp. 201-210.

554 Junta General de Estadística, Censo de la ganadería de España segun el recuento verificado en 24 de Setiembre de 1865 (Madrid: Julián Peña, 1868).

555 Clasificación general de los montes públicos hecha por el Cuerpo de Ingenieros del ramo en cumplimiento de lo prescrito por Real Decreto de 16 de febrero de 1859 y Real Orden de 17 del mismo mes, y aprobada por Real Orden de 30 de setiembre siguiente (Madrid: Imp. Nacional, 1859); Catálogo de los montes públicos exceptuados de la desamortización, 1862 (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1991).

556 Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, Estadística de la producción de los montes públicos (Madrid: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1866).

557 Carlos Barciela et al., «Sector agrario y pesca», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. I, 3 vols. (Madrid: Fundación BBVA, 2006), 245-356, especialmente pp. 380-386.

558 Dirección General de Estudios, Exposición sobre el estado de la enseñanza pública hecha a las Cortes (Madrid: Albán y Compañía, 1822).

559 Real Orden de 21 de octubre de 1834 mandando se observe la Instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas de primeras letras del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 251, 23 de octubre, pp. 1049-1050.

560 Dirección General de Instrucción Pública, Estadística general de primera enseñanza correspondiente al quinquenio que terminó en 31 de diciembre de 1870 (Madrid: Imp. y Fundición de M. Tello, 1876), apéndices: «Memoria resumen estadístico de 1850» y «Estadística de primera enseñanza de 1865».

561 Real Orden de 28 de diciembre de 1854 disponiendo se observen ciertas determinaciones para que se guarde la posible uniformidad en la remisión de datos para las observaciones meteorológicas, y llevar á debido efecto las instrucciones que se circularon á este fin, Gaceta de Madrid, n.º 728, 30 de diciembre, pp. 1-2.

562 Real Orden de 5 de marzo de 1860 creando 22 estaciones de observación para los estudios meteorológicos que han de establecerse por la comisión de Estadística general del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 68, 8 de marzo, p. 1.

563 Real Orden de 10 de agosto de 1861 para que se ordene a las estaciones telegráficas de los puntos donde las haya meteorológicas trasmitan a la central los partes de las observaciones que las segundas les den, Junta General de Estadística, Colección legislativa de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862), 391.

564 Juan Luis Pan-Montojo, «Fuentes estadísticas», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 6: Cronología. Mapas. Estadísticas (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 337-441.

565 Real Decreto de 30 de abril de 1835 en el que se manda crear un cuerpo de ingenieros civiles, y Real Decreto de 1 de mayo de 1835 estableciendo una escuela especial de ingenieros geógrafos, Gaceta de Madrid, n.º 125, 5 de mayo, p. 497.

566 Domingo Fontán, Carta Geométrica de Galicia: Dividida en sus Provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y subdividida en Partidos y Ayuntamientos: Presentada en 1834 a S.M. La Reina Gobernadora Doña Maria Cristina de Borbón por su Secretario de Estado y del despacho de lo Interior (Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericana-Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Instituto Geografico Nacional, 1989).

567 Memoria sobre la formación de los planos topográficos de las provincias y Carta General del Reino, escrita de Real Orden por el Sr. D. Domingo Fontán, 21 de junio de 1834 (Fundación Antonio Fontán, Madrid). La elaboró en menos de un mes, pues su confección había sido encargada a Fontán mediante Real Orden de 22 de mayo de 1834, en cumplimiento del artículo 7.º del Real Decreto de División Territorial de 30 de noviembre de 1833.

568 Antonio T. Reguera Rodríguez, Geografía de estado: los marcos constitucionales de la ordenación del territorio en la España Contemporánea (1800-1940) (León: Universidad de León, 1998); Mario Ruiz Morales, Los ingenieros geógrafos: origen y creación del cuerpo (Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2003).

569 Real Decreto de 23 de noviembre de 1840 mandando se proceda desde luego a la rectificación de los mapas de las provincias a fin de que la carta geográfica de España adquiera la perfección que reclama el estado actual de conocimientos y de las necesidades sociales, Gaceta de Madrid, n.º 2228, 24 de noviembre, pp. 1-2.

570 Real Decreto de 11 de enero de 1853 estableciendo la dirección de la carta geográfica de España bajo la dependencia del Ministerio de Fomento, Gaceta de Madrid, n.º 16, de 16 de enero, p. 1.

571 Real Decreto de 22 de febrero de 1842 estableciendo un Colegio general para la instrucción de los oficiales del Ejército, Gaceta de Madrid, n.º 2695, 25 de febrero, pp. 1-2.

572 Real Orden de 27 de septiembre de 1843 señalando las bases para la organización del personal de las operaciones y trabajos del mapa de España, Gaceta de Madrid, n.º 3296, 28 de septiembre, pp. 1-2.

573 Real Decreto de 11 de enero de 1853 estableciendo la dirección de la carta geográfica de España bajo la dependencia del Ministerio de Fomento, Gaceta de Madrid, n.º 16, 16 de enero, p. 1.

574 Real Decreto de 21 de agosto de 1866 encargando al Depósito de la Guerra la formación del mapa de España, Gaceta de Madrid, n.º 236, 24 de agosto, p. 1.

575 Miguel Alonso Baquer, Aportación militar a la cartografía española en la historia contemporánea: Siglo XIX (Madrid: Patronato «Alonso de Herrera» Instituto de Geografía Aplicada, CSIC, 1972).

576 Ley de 5 de junio de 1859 para la Medición del Territorio, Gaceta de Madrid, n.º 160, 9 de junio, p. 1.

577 José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 105-187.

578 Luis Urteaga y Francesc Nadal, Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50.000 (Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2001).

579 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992), 100-139.

580 Real Decreto de 12 de julio de 1849 creando una comisión para formar la carta geológica de Madrid y reunir y coordinar los datos para la general del reino, Gaceta de Madrid, n.º 5424, 20 de julio, pp. 1-2.

581 Real Decreto de 20 de agosto de 1859 de Medición del Territorio, Gaceta de Madrid, n.º 235, 23 de agosto, p. 1; y Real Orden de 25 de abril de 1860 dictando disposiciones para cumplir y llevar á efecto la ley de 5 de Junio de 1859 y las prescripciones establecidas en los artículos 21, 22 y 23 del Real decreto de 20 de Agosto del mismo año sobre trabajos geológicos, Gaceta de Madrid, n.º 129, 8 de mayo, p. 1.

582 Real Orden de 26 de mayo de 1860 para llevar a ejecución la ley de 5 de Junio de 1859 y el Real decreto de 20 de Agosto del mismo año relativos á los trabajos forestales que ha de plantear la Comisión de Estadística general, Gaceta de Madrid, n.º 151, 30 de mayo, p. 1.

583 Real Decreto de 10 de junio de 1868 creando una comisión de Ingenieros de Montes que continúe los trabajos hechos para la formación del mapa forestal de la Península y formule un proyecto de repoblación general de las montañas, arenales y demás terrenos impropios para el cultivo agrario, Gaceta de Madrid, n.º 167, 15 de junio, pp. 1-2.

584 Real Orden de 6 de julio de 1860 prescribiendo el reconocimiento estadístico de las aguas estancadas y corrientes, Gaceta de Madrid, n.º 199, 17 de julio, pp. 1-2; Ley de 3 de agosto de 1866 relativa al dominio y aprovechamiento de aguas, Gaceta de Madrid, n.º 219, 7 de agosto, pp. 1-4.

585 José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 194-217.

CAPÍTULO 8

EL CENTRO Y LA PERIFERIA, EL CIUDADANO Y LA NACIÓN

El Estado español se construyó con arreglo a una racionalidad centralista. En parte por inspiración del modelo francés, en parte porque era la organización que mejor convenía para el concepto autoritario del poder que había impulsado el Partido Moderado y que respaldaban poderes tan importantes como el Ejército, la Corona y su entorno cortesano; pero también porque un funcionamiento centralizado es el más económico en recursos humanos y materiales. Hay razones poderosas de racionalidad y eficacia que avalan la organización centralizada, el tipo de razones a las que aludía Max Weber cuando proponía su modelo universal de racionalidad burocrática a partir de la experiencia del Segundo Imperio alemán.586 Y hay razones adicionales para proponer un modelo de organización centralizado desde una perspectiva liberal y progresista, pues es el modelo que mejor realiza la igualdad entre los diversos territorios y los ciudadanos que viven en ellos: igualdad ante la Ley y ante el impuesto, igualdad en el acceso a los servicios, a los empleos y a los cargos públicos.587 Como también hay razones para poner límites al centralismo cuando las organizaciones han alcanzado un tamaño y una complejidad que hace que la descentralización pueda aportar una mayor eficacia.

En España existía una larga tradición centralizadora que venía del Antiguo Régimen. Bajo el liberalismo, la centralización había encontrado nuevas justificaciones doctrinales: las relacionadas con la necesidad de unificar y homogeneizar el territorio para hacer realidad la igualdad ante la ley, crear un mercado nacional amplio con un Gobierno central impulsor del crecimiento económico y «remover los obstáculos» opuestos al progreso, identificados en ocasiones con tradiciones locales y regionales que recordaban a la fragmentación de los reinos bajo la Monarquía del Antiguo Régimen.588

Este capítulo analiza la configuración del centro desde el cual se organizó el Estado: cómo se hizo de Madrid una capital nacional. Y se detiene en un instrumento crucial para la acción que se desplegaba desde la capital: la Gaceta, que daba publicidad a las disposiciones del Gobierno y de otros órganos estatales. La Gaceta constituyó uno de los medios fundamentales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Aunque ciertamente no era el único. La relación entre los órganos del Estado y la población quedó definida en torno a las ideas de ciudadanía y de nación. Una compleja relación de derechos y obligaciones vinculaba a los ciudadanos con el Estado como miembros de una nación, entendida esta como una comunidad política definida en los textos constitucionales y en las leyes que los desarrollaban. El capítulo propone también un acercamiento a las formas de entender la pertenencia a la nación y a esa figura del ciudadano.

Madrid: una capital para el Estado

El centro político del Estado constituye una de las claves para un diseño centralista. En el caso de España, no existía propiamente una capital a comienzos del siglo XIX, sino una corte real. La corte se había instalado de forma estable en Madrid desde la segunda mitad del siglo XVI: primero en el Alcázar y el Buen Retiro, y luego en el Palacio Real que edificaron los Borbones en el XVIII. Allí se había creado un espacio de poder con características especiales, que rodeaba a la figura del monarca y a la familia real.589 Pero ese espacio no se confundía con la ciudad. De hecho, Madrid no tenía ni tan siquiera la condición de ciudad, puesto que tradicionalmente no tenía obispo. Era una villa, una villa grande que crecía al lado de la corte, pero sin confundirse con ella. La expresión «la villa y corte» remitía a esa dualidad de entidades urbanas adyacentes, una al este de Madrid, donde vivía el pueblo, y otra al oeste, donde vivía el rey y residía el poder político. Por lo tanto, la construcción de un Estado nacional requería transformar aquella amalgama de villa y corte, propia de una Monarquía absoluta, en una verdadera capital nacional, una ciudad en la que se concentraran con la mayor dignidad las instituciones políticas representativas de la nación, como también los resortes fundamentales de la Administración pública para controlar y ordenar el territorio.590

El Madrid heredado de la Monarquía absoluta era una ciudad (ciudad de hecho, aunque villa de derecho) que había crecido junto al palacio en el que aquella tenía su sede. El Palacio Real aparecía adosado en uno de los extremos de la ciudad —el occidental, y no el de Oriente, como podría hacer suponer la denominación popular del palacio—, mientras que Madrid crecía al lado del palacio, y no alrededor del mismo. El posterior desarrollo urbanístico de Madrid no hizo sino acentuar esa disposición excéntrica inicial de su principal edificio político, cada vez más claramente acantonado en un confín de la ciudad, mientras esta crecía por todos los demás.591

A lo largo de la historia de la ciudad, su centro político y social se ha ido alejando gradualmente del rincón ocupado por la Alcazaba árabe, luego por el Alcázar de los Austrias y por el Palacio de los Borbones: primero hacia la plaza de San Salvador, sede del Cabildo, y a la Plaza Mayor; luego más al Este, hasta la Puerta del Sol. Durante largo tiempo, toda la actividad política y administrativa de la Monarquía se había concentrado dentro de los muros del Palacio Real, donde estaban ubicadas las Secretarías de Estado y del Despacho, o en su entorno inmediato: en el Palacio de Uceda, sede de los Consejos de la Monarquía, que se hallaba a escasos metros del palacio. En el último decenio del reinado de Fernando VII, en medio de los intentos por racionalizar y reforzar la Administración sin romper el marco político de la monarquía absoluta, tuvo lugar la primera descentralización del Gobierno, de alcance limitado: en 1826 se trasladaron cuatro secretarías —las de Hacienda, Guerra, Marina y Gracia y Justicia— al edificio que había sido residencia de Godoy, el Palacio de Grimaldi, enfrente del propio Palacio Real.

Ese desplazamiento del centro de gravedad de la política estatal continuó, con mucha más fuerza, tras la instauración del régimen constitucional en los años treinta. Entonces no se trataba ya de que las dependencias administrativas no cupieran en el Palacio Real, por su tamaño, y se tuvieran que trasladar a otro palacio próximo. Se trataba más bien de que los centros del poder tenían que tener su propia sede, en edificios que compitieran en dignidad y poder simbólico con los que tradicionalmente albergaban a la Corona y la corte. Dicho de otra manera, la capital de España debía instalarse en la ciudad, no en la corte. Este movimiento se inició en el reinado de Isabel II, con la definición de un nuevo eje político que discurría de Oeste a Este, en torno a las calles Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, con la Puerta del Sol como centro. Más tarde, desde el Sexenio Revolucionario, los viejos edificios político-administrativos de mediados del XIX se complementarían con otros en el Paseo del Prado, Recoletos y los barrios del Norte, esbozando el futuro traslado del eje político de la capital a otro eje Norte-Sur, aún más alejado del Palacio Real.

El despliegue del Estado liberal en Madrid recibió un fuerte impulso en los periodos revolucionarios de 1808-1843 y 1868-1874. Ambos momentos dieron lugar a una intensa innovación en las ideas, con grandes planes de cambio e incluso proyectos utópicos. Después de cada uno de esos dos momentos vinieron sendos periodos conservadores más largos y estables en los cuales se decantaron las ideas revolucionarias, aplicando algunas de ellas, pero olvidando muchas otras y quitando al conjunto de los planes gran parte de su carga potencial de transformación política y social. Las aspiraciones de la Revolución liberal se materializaron parcialmente en una versión más modesta —avalada fundamentalmente por los moderados— en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, que son los de la efectiva definición del Estado a la vez que de su capital. Y los sueños liberal-democráticos del Sexenio Revolucionario fueron heredados en parte, y siempre en versiones más conservadoras, por los dirigentes de la Restauración.

Desde los años treinta del siglo XIX, la ciudad pasó a entenderse como centro de una nación, lo cual implicaba que debía adaptarse a esa función de cohesionar los territorios que la componían, ejerciendo de nodo central de las redes que permitían el ejercicio del poder: redes de comunicación, transporte, lealtades políticas y jerarquía administrativa. El Gobierno había dejado de concebirse como un mero gabinete ejecutivo del monarca, pasando a erigirse en representante de la nación y responsable de su desarrollo. A esta clase de Gobierno no le es indiferente la configuración de las ciudades, y mucho menos de la capital en la que se asienta: por ello, entre sus tareas apareció de forma cada vez más nítida la intervención en la ordenación urbana de Madrid. Así lo asumió tempranamente Claudio Moyano, ministro de Fomento en 1857: al Gobierno, y no solo al Ayuntamiento de la capital, le correspondía, según él, abrir grandes vías urbanas, trazar el callejero, ubicar las plazas y los parques, diseñar los accesos y enlaces por carretera y ferrocarril, encauzar el río Manzanares y dotar a Madrid de los edificios públicos en los que se prestaran los servicios necesarios para una ciudad moderna, desde mercados hasta hospitales, pasando por cárceles, cuarteles y —¡cómo no!— una catedral.592

Antes, entre el reinado de Fernando VII y el final de la Primera Guerra Carlista en 1840, Madrid fue —según todos los testigos— una ciudad destartalada y sin dirección, que había perdido el brillo cortesano que tuvo mientras fue capital de un imperio, sin adquirir a cambio todavía ninguno de los rasgos propios de la capital de un Estado moderno. Los edificios políticos y administrativos —pocos y pequeños— seguían agolpados alrededor del Palacio Real, sin integrarse en la ciudad. Con un Estado en bancarrota y una dinastía amenazada por la guerra civil, faltaban los medios para construir una capital y aun la decisión política para hacerlo.

Esa situación empezó a cambiar a finales de los años treinta y a lo largo de los cuarenta, cuando, por un lado, se puso fin a la guerra carlista, generando un clima de mayor confianza y estabilidad política; y, por otro, se empezaron a sanear las finanzas públicas, gracias a la desamortización y a la reforma tributaria de Mon (1845). La construcción en Madrid de una capital política a la medida de la nueva Monarquía constitucional respondió, fundamentalmente, a ideas y proyectos de los liberales progresistas que controlaron las riendas del poder entre 1835 y 1843; pero la aplicación práctica de la mayor parte de esas ideas y la terminación de las obras correspondientes, se produjo durante la Década Moderada de 1844-1854.

En el diseño de Estado de los moderados, que tomaba como modelo a Francia, ocupaba un lugar destacado el objetivo de contar con una capital digna. El ejemplo a seguir fue, desde ese momento, París, aunque la penuria financiera no les permitiera edificar una urbe comparable. Para que Madrid fuera capital de un Estado y no mera sede de la Corte de un monarca, debía disponer de edificios públicos capaces de simbolizar los poderes que habían surgido frente a la Corona: el Consejo de Ministros, depositario del poder ejecutivo, y las Cortes, titulares del legislativo. La situación de tales instituciones en el espacio urbano se pensó flanqueando la «carrera oficial» que iría desde el viejo Palacio hasta las nuevas Cortes, recorriendo la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo y su desdoblamiento en la calle de Alcalá. Este tejido político-administrativo de la ciudad tendría su centro estratégico en la Puerta del Sol.

Las oficinas gubernamentales se fueron alejando físicamente del Palacio Real a medida que dejaban de ser meros agentes del poder ejecutivo de la Corona y adquirían una entidad política propia. Las últimas en abandonar el recinto del Palacio fueron la Presidencia del Consejo —vinculada de forma muy estrecha con la Corona, que nombraba y cesaba libremente al presidente—, en 1840, y el Ministerio de Estado —también muy relacionado con la Corona, por el hecho de ocuparse de las relaciones exteriores del Estado, en las que los reyes tenían un papel de representación propio—, en 1901. De hecho, el cargo de ministro de Estado y el de presidente del Consejo se confundieron en uno mismo hasta 1823, y siguieron recayendo generalmente en la misma persona hasta 1840. La salida de los ministerios del Palacio Real se dirigió hacia el Este, hacia la ciudad, aglutinándose en torno a ese eje político que tenía en la Puerta del Sol su nuevo centro. La instalación allí del Ministerio de la Gobernación en 1847 formaba parte de ese diseño.

La Puerta del Sol se convirtió en el centro del centro, el punto nodal del eje político de la capital. Dicha plaza era un foco importante de la vida madrileña ya en el siglo XVIII, cuando las Gradas de San Felipe, situadas en su extremo occidental, servían como lugar de reunión desde el cual se difundían las noticias y los rumores, haciendo circular la información en un espacio público de opinión y discusión decisivo para la irrupción del pueblo madrileño en la vida política. No fue casualidad, en absoluto, que la Puerta del Sol tuviera un protagonismo destacado en la rebelión popular contra las tropas francesas con la que se inició la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo de 1808. Después de aquel acontecimiento, la Puerta del Sol se convirtió en escenario de todos los actos públicos con significación política que se sucedieron en los años inmediatos: allí fue recibido entre aplausos el ejército británico mandado por Wellington, cuando entró en Madrid el 12 de agosto de 1812, después de derrotar a Napoleón; allí se proclamó la Constitución de Cádiz una vez expulsados los franceses; y allí la hicieron quemar los absolutistas en 1814, tras el regreso de Fernando VII. Con estos antecedentes, adquiere todo su sentido la decisión de instalar en esa plaza la sede de la fuerza pública, para reprimir y controlar de cerca los movimientos de las masas populares urbanas, que habían adquirido un protagonismo político decisivo con los avatares de la Guerra de la Independencia y la Revolución liberal. Desde 1768 presidía la Puerta del Sol la Casa de Correos, sede central de este servicio, con un cuerpo de guardia para prevenir desórdenes públicos. El edificio fue cedido primero para instalar la Capitanía General de Castilla la Nueva, buen exponente de la preeminencia del Ejército para el control del poder en aquellos años; y en 1847 pasó a albergar el Ministerio de la Gobernación, función que habría de desempeñar durante largo tiempo.

El Ministerio de la Gobernación era un verdadero símbolo del régimen liberal y del poder del Estado. Su creación estaba contemplada en la Constitución de Cádiz; había sido anulado por Fernando VII durante la reacción absolutista, y restablecido luego por los liberales en 1820-1823 y en 1834. Sus tareas fundamentales, relacionadas con el control gubernamental del país, incluían la policía y la represión de los desórdenes, pero también otras misiones de carácter preventivo, como la beneficencia, la tutela de los ayuntamientos y la organización de las consultas electorales. En un comienzo, todo lo relacionado con la dirección de la vida económica era también competencia de este ministerio, que pasajeramente había recibido el nombre de Fomento entre 1832 y 1834, en el tránsito de la Monarquía absoluta al régimen constitucional.

Por todo ello, la decisión de situar físicamente este ministerio en la Puerta del Sol fue importantísima y tuvo un valor fundacional para la capital del Estado. El Ministerio de la Gobernación tenía encomendadas tareas inmensas, que se ensancharon a medida que el nuevo Estado fue adquiriendo un carácter más represivo para defenderse de las movilizaciones populares, en la misma ciudad y en el resto del territorio. El control policial de las calles de la capital tenía una importancia primordial para poner al Gobierno a salvo de revoluciones y presiones políticas, lección que el Motín de Esquilache había enseñado a los gobernantes españoles desde 1766. El paulatino recorte de las libertades proclamadas en los primeros momentos de la Revolución liberal —como la libertad de prensa e imprenta— acrecentó el peso político del ministerio encargado de vigilar esas libertades; Gobernación ejercía la censura de prensa y se ocupaba de todo lo referente a la supervisión de la circulación de ideas. La pretensión —nunca lograda— de centralizar todo el poder político en la capital subrayaba el papel de este ministerio, por su función de control sobre los ayuntamientos de todo el país, por ser la cabeza de la red de los jefes políticos o gobernadores provinciales encargados de vigilar cada provincia y de hacer aplicar las decisiones del Gobierno. Igualmente, dependía de Gobernación la organización de las comunicaciones que hacían efectivo el centralismo. Y además, el hábito de manipular las elecciones para obtener mayorías parlamentarias adictas al Gobierno de turno también realzó la importancia de este ministerio, que era el que las organizaba de hecho.

La primera sede del Ministerio de la Gobernación estuvo en la calle de Torija, en donde ocupó el palacio de la extinta Inquisición, entre 1832 y 1847; en aquella época aún se buscaba mantener los ministerios cerca del Palacio Real. La circunstancia sugiere la continuidad entre una y otra institución, sustituyendo Gobernación a la Inquisición en el control del orden público y de las conciencias, aunque desde una perspectiva secularizada.

Muy pronto, sin embargo, la sede del viejo edificio de Correos en la Puerta del Sol pareció más adecuada, por el carácter central de dicha plaza en la encrucijada de calles provenientes de los barrios más populosos de la ciudad. Este traslado del Ministerio de Gobernación coincidió con la construcción en 1848 de la primera red de telégrafos —todavía telégrafo óptico, mediante señales luminosas que se transmitían manualmente de torreta en torreta— y con los inicios del ferrocarril en España, dos medios de comunicación esenciales para hacer efectivo el control del territorio desde la capital del Estado. Ambas redes se concibieron con una estructura radial que confluía en Madrid, por razones fundamentalmente políticas. Si bien el ferrocarril requería instalaciones amplias y ruidosas, lo cual obligaba a instalar las estaciones extramuros de la ciudad, el telégrafo era más flexible. Pudo por ello instalarse la torre central de toda la red nacional de telégrafo en lo alto del Ministerio de la Gobernación, desde el cual se pretendía vigilar y gobernar el país recibiendo información y enviando órdenes. El Gobierno se apropiaba de la nueva tecnología para reforzar su vocación centralizadora, manifiesta ya en el hecho de haber situado el ministerio en el edificio que, desde el siglo anterior, servía de punto central a la red radial de carreteras y de itinerarios postales. Cuando el telégrafo óptico dejó paso al moderno telégrafo eléctrico, en 1854, la estación central de la red se mantuvo igualmente dentro del Ministerio, si bien fue trasladada de la torre a otras dependencias interiores.

El poder simbólico del edificio de Gobernación sobre la vida de los madrileños se reforzó aún más al trasladar a la fachada principal del edificio el reloj de la derruida iglesia del Buen Suceso en 1854. Esta iglesia, situada en el extremo oriental de la plaza, había sido un importante centro de la vida social madrileña, y su reloj marcaba la hora por la que se regía la ciudad. Al derribarla, el Estado se apropió de este sutil poder cotidiano, aceptado por el pueblo madrileño hasta la actualidad. Aquel primer reloj, que colgaba perpendicular a la fachada, fue sustituido por otro alineado con la torre superior, poco después.

El edificio de Gobernación, además, formaba un bloque con los que, en las calles adyacentes, servían de sede para la Dirección General de Correos —desalojada del cuerpo principal del edificio para instalar el ministerio— y la Imprenta Nacional. Ambas dependencias, física y administrativamente ligadas a Gobernación, tenían importantes funciones que cumplir en la construcción de un poder centralizado como el que se pretendía tuviera el nuevo Estado: la gestión de las comunicaciones escritas y la difusión de las normas estatales. La Imprenta Nacional editaba la oficial Gaceta de Madrid, además de la Colección Legislativa, la Guía de Forasteros y otras publicaciones del Gobierno.

En cuanto a los demás ministerios o secretarías, ya se mencionó que cuatro de ellas se instalaron en 1826 en el Palacio de Grimaldi, muy cerca del Palacio Real, en un edificio del siglo XVIII colindante con el Senado. Dicho edificio había sido residencia de Godoy y de Murat, luego sede del Almirantazgo y Biblioteca Nacional. El Ministerio de Marina se quedó allí por largo tiempo, mientras los otros tres buscaron nuevas sedes, a medida que lo exigió su crecimiento, en los aledaños del eje político definido hacia el Este (de ahí que la plaza que da acceso al Senado haya llevado, hasta hoy, el nombre de plaza de la Marina Española).

Por su parte, el Ministerio de Hacienda se ubicó en 1845 en la Casa de la Aduana, un edificio del siglo XVIII sito en la calle de Alcalá, cerca ya de su confluencia con la Puerta del Sol. El momento correspondía a la reforma tributaria de Mon, que exigió aumentar notablemente la plantilla de Hacienda y el volumen de sus negocios, al tiempo que el desarrollo de la vida comercial había dejado ya anticuada la sede de la Aduana, que buscó ubicación en las afueras de Madrid.593

El incendio del Palacio de Grimaldi en 1846 aceleró la decisión de sacar de allí a algunos de los ministerios que aún quedaban, en concreto el de la Guerra y el de Gracia y Justicia, cuyas dependencias habían sido las más afectadas por el siniestro. El Ministerio de la Guerra se trasladó en 1848 al fabuloso Palacio de Buenavista, que la duquesa de Alba se había hecho construir, rodeado de jardines, en una posición elevada sobre la esquina que forman en la plaza de Cibeles la calle de Alcalá y el paseo de Recoletos. Este edificio había pasado a manos del Estado junto con el resto del patrimonio de Godoy, cuando este fue nacionalizado. Alrededor del edificio original se fueron habilitando otros de menor importancia, en los que albergar diversas dependencias de la administración militar, como el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, la Junta del Montepío Militar, la Auditoría de Guerra, las diversas direcciones generales, cuarteles, etc. Con todo ello, se formó un complejo arquitectónico que cerraba por su extremo oriental el eje de la calle de Alcalá. Dicho complejo tenía una gran importancia política, pues en él se reunía frecuentemente el Consejo de Ministros. El hecho de que muchos presidentes del Consejo —como Narváez, O’Donnell, Prim o Martínez Campos— fueran, al mismo tiempo, ministros de la Guerra —fenómeno propio del militarismo del siglo XIX— reforzó la importancia de este edificio como sede de la Presidencia. Por otra parte, el edificio pasaría a ocupar una posición más céntrica a medida que el eje de la Castellana adquiriese relevancia política en épocas posteriores.

El Ministerio de Fomento —creado en 1847 como Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas— se instaló en 1848 en el Convento de la Trinidad Calzada. Este edificio del siglo XVI estaba situado en la calle de Atocha; y procedía, como muchos otros que albergaron las primeras dependencias estatales, de la desamortización eclesiástica. Durante los diez años anteriores había albergado un Museo Nacional de Pintura y Escultura concebido, a su vez, para reunir allí las más importantes colecciones artísticas procedentes de los conventos y monasterios desamortizados.

La historia de ese Museo Nacional de la Trinidad resultaría también significativa del proceso de construcción estatal: tras haber excluido a las obras de arte de la venta en pública subasta de los bienes nacionalizados por la desamortización, se planteaba no solo el problema de qué hacer con aquel vasto patrimonio artístico adquirido por el Estado, sino también la oportunidad de utilizarlo para fortalecer al Estado mismo durante su formación.594 Efectivamente, ligado a ese proceso apareció el concepto de patrimonio nacional, que se empezó a manejar durante la discusión del proyecto de museo. El propio Convento de la Trinidad había sido salvado de la demolición por una Junta de Enajenación de Edificios y de Efectos de Conventos Suprimidos, formada para seleccionar las obras de arte que merecía la pena conservar, distinguiéndolas de aquellas otras que solo tenían la utilidad de aportar a la Hacienda su valor en el mercado.595 Se creó un sistema de juntas provinciales para ejecutar esta selección, pero dando a la de Madrid el carácter de superior. Las obras de arte de mayor calidad e interés se enviarían a la capital para ser expuestas en el Museo Nacional —inaugurado con una exposición el 24 de julio de 1848—, mientras que las demás formarían museos provinciales.596

Nótese que la creación de este Museo Nacional, impulsada desde el comienzo por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, duplicaba los museos de pintura de la capital, puesto que ya existía el Museo del Prado desde 1818. Pero para los contemporáneos resultaba obvia la diferencia: el Museo del Prado estaba constituido por las colecciones artísticas de la Corona, era un museo real; mientras que el Museo de la Trinidad sería propiamente nacional. Como tal Museo Nacional, el de la Trinidad se concebía como coronación de un sistema de museos de arte estructurados —como toda la Administración— según el patrón de la división provincial de unos años antes. El objeto de estos museos, y en particular del Museo Nacional de Madrid, era el de exponer las obras que representaran la historia y la identidad de la nación, haciendo una exhibición de riqueza y poder simbólico por parte del Estado.597

En cuanto al Ministerio de Gracia y Justicia, se instaló en el Palacio de la Marquesa de la Sonora, edificio del siglo XVIII situado en la calle de San Bernardo, donde ha subsistido hasta la actualidad. Otro edificio de más relevancia política que arquitectónica, situado en la calle de Alcalá (concretamente en el número 51) fue la llamada Casa de los Heros, por la que fueron pasando diversas dependencias del Gobierno. Se trata de un edificio con solo dos fachadas, por hallarse adosado a los que ocupan los números anterior y siguiente de la acera de los impares de dicha calle. Tras haber sido residencia del infante don Sebastián entre 1840 y 1865, pasó a albergar sucesivamente el Ministerio de Ultramar —creado en 1863— y la Presidencia del Consejo de Ministros, dedicación que tenía al estallar la Revolución de 1868.

Si el Gobierno era uno de los pilares del Estado liberal, el otro eran, sin duda, las Cortes; y se buscó para ellas una sede digna del elevado papel político que les otorgaba la Constitución. Las Cortes unicamerales de la Constitución de Cádiz se trasladaron a Madrid en 1814, al terminar la Guerra de la Independencia, y hubo que improvisar un salón para sus reuniones. No se pasaron por alto las cuestiones simbólicas, a pesar de la urgencia del momento, y se buscó algún edificio relevante del entorno del Palacio Real, para escenificar la dualidad de poderes —Corona y Cortes— en la que se fundaría el nuevo Estado. Las primeras sesiones de las Cortes en la capital se celebraron en el Teatro de los Caños del Peral —el actual Teatro Real—, confrontado directamente con Palacio a través de la Plaza de Oriente. Pero enseguida se buscó un edificio más amplio y en mejores condiciones, que se halló en el Colegio de doña María de Aragón (el actual Palacio del Senado). Allí se instaló el Salón de Cortes y se celebraron sus sesiones durante el breve episodio constitucional de 1814 y el más duradero de 1820-1823.

Cuando se restableció el régimen constitucional, en 1834, se hizo implantando unas Cortes bicamerales al estilo inglés, lo que obligaba a buscar no una, sino dos sedes parlamentarias. El Estatuto Real de aquel año preveía la creación de una cámara alta, denominada Estamento de Próceres; esta cámara —alta en protocolo, pero menor en poder político— se concebía como especialmente ligada a la Corona, cuyo poder e integridad debía preservar, interponiéndose para evitar conflictos con la cámara baja como los que habían sacudido la práctica política de la anterior Constitución unicameral de 1812. Quizá por este sesgo monárquico, en principio la cámara alta se instaló en lo que quedaba de un viejo palacio real, el del Buen Retiro, que ocupaba el extremo oriental de la ciudad, como si fuera un reflejo de la posición excéntrica del moderno Palacio Real, en el extremo occidental.

Aquella primera sede en el Casón del Buen Retiro, sin embargo, duró poco, pues en 1835 los progresistas arrebataron el poder a los moderados y decidieron cambiar su ubicación. Querían recobrar el uso parlamentario del Colegio de doña María de Aragón para enlazar con el recuerdo de la Constitución del 12. Pero también la desamortización y exclaustración del clero regular, decretada por Mendizábal en aquel año, abría la posibilidad de nacionalizar los conventos y dedicar algunos de ellos a usos públicos. Por todo ello, el Estamento de Próceres se trasladó al antiguo Salón de Cortes del Colegio de doña María de Aragón. Al hacerlo, los aristocráticos componentes de la cámara alta tendrían que vencer, sin duda, la repugnancia que les supondría instalarse en la que había sido sede del poder parlamentario, revolucionario y liberal que habían simbolizado las Cortes del Trienio Constitucional; a cambio, podrían consolarse con las ventajas —tanto en términos prácticos como simbólicos— de una mayor cercanía a la Corte de la que dependían y a la que defendían. Se reforzaba así, en el extremo Oeste de la ciudad, el polo monárquico del poder escenificado por el continuo que formaban el Palacio Real, la cámara alta y el Palacio de Uceda, antigua sede de los Consejos de la Monarquía, en donde perviviría por largo tiempo el Consejo de Estado. La instalación de la cámara alta en el antiguo convento fue una decisión tomada bajo un Gobierno progresista, que quedaría como definitiva, cuando el primitivo Estamento de Próceres fuera sustituido —en las posteriores constituciones de 1836, 1845, 1869 y 1876— por un Senado, que se mantuvo en la misma sede (en donde por cierto, permanece el Senado actual).598

Más importante que encontrar sede para la cámara alta era encontrarlo para la baja, el llamado Estamento de Procuradores del Estatuto Real; por su carácter más representativo, era esta la cámara que albergaba lo esencial de la lucha política. El Gobierno moderado que presidía Martínez de la Rosa en 1834 no quiso establecerla en el antiguo Salón de Cortes, para evitar que las moderadísimas Cortes del Estatuto Real se interpretaran como continuidad de las Cortes revolucionarias de la Constitución de 1812. En consecuencia, se les buscó una sede provisional, que fue la iglesia del Espíritu Santo, en la Plaza de Santa Catalina —actual Plaza de las Cortes— en la Carrera de San Jerónimo. La iglesia, gravemente afectada por un incendio en 1823, se hallaba en estado ruinoso y carecía de una fachada representativa al exterior. La decisión de instalar allí a la cámara «popular» de las Cortes quizá tuviera que ver con el escaso entusiasmo parlamentario de aquellos liberales conservadores, que desconfiaban de la política representativa y estaban dispuestos a impedir por cualquier medio que se repitieran los «excesos» de anteriores experiencias constitucionales.

Cuando los progresistas accedieron al poder, entendieron que la iglesia del Espíritu Santo no era ya un lugar adecuado para que se reuniera la cámara baja. En las Cortes constituyentes que reunieron en 1836-1837 en aquel mismo edificio, adoptaron ya la resolución de construir una nueva sede para la futura cámara baja, que cambiaría su nombre por el de Congreso de los Diputados, conservado hasta hoy. Problemas políticos y presupuestarios demoraron su construcción hasta después de liquidarse la guerra carlista; y por fin, en 1842 se iniciaron las obras del actual Palacio del Congreso. El nuevo edificio, única cámara parlamentaria edificada ex profeso en Madrid, se levantó sobre el solar de la demolida iglesia del Espíritu Santo, por lo que las sesiones del Congreso tuvieron que trasladarse temporalmente al Teatro de los Caños del Peral, enfrente del Palacio Real y muy cerca del Senado. Allí permanecieron hasta la terminación del edificio de la Carrera de San Jerónimo, inaugurado en 1849.

La construcción del Palacio del Congreso permitió diseñar un edificio de traza completamente nueva y adecuada a su función, circunstancia infrecuente en el proceso de instalación de las nuevas instituciones del Estado. Tras un concurso, convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se eligió el proyecto de Pascual Colomer. En su interior, lo más característico era el salón de sesiones semicircular, una novedad en el parlamentarismo español, acostumbrado al sistema británico de bancos paralelos confrontados. En el exterior, la personalidad del edificio y la fuerza simbólica de la institución se concentraba en su fachada principal de la Carrera de San Jerónimo: una fachada neoclásica, con columnas corintias que sostienen un frontón. Si el deseo de entroncar con los orígenes de la democracia griega quedaba implícito, era más explícita la iconografía con la que decoró el frontón el escultor Ponciano Ponzano: una alegoría de España abrazando la Constitución y flanqueada por las figuras de la Fortaleza, la Justicia, las Ciencias, la Armonía, las Bellas Artes, el Comercio, la Agricultura, los Ríos y Canales de navegación, la Abundancia y la Paz. Se quería así dotar al Estado nacional de una simbología propia y transmitir una imagen imponente de poder, de solidez y de antigüedad. La decoración añadida en 1866 de los dos leones de bronce que flanquean la escalinata es también obra de Ponzano. Como reza una inscripción, los leones fueron realizados con la fundición del bronce de los cañones arrebatados a Marruecos durante la Guerra de África de 1859-1860. En este caso, al león como representación emblemática de la monarquía española se añadía la ostentación de un acto de fuerza de una España liberal con ambición imperialista.599

La tendencia a instalar las sedes parlamentarias en antiguas iglesias —desde el Oratorio de San Felipe Neri en el Cádiz sitiado de 1810 hasta el Colegio de doña María de Aragón en el Madrid reconquistado de 1814 o la iglesia del Espíritu Santo en 1835— tenía, evidentemente, una raíz práctica: las iglesias eran de los pocos edificios notables que se podían encontrar en las ciudades españolas de entonces, y contaban con un espacio apto para reunir a centenares de asistentes, como los que componían las cámaras de las Cortes. Pero esta «ocupación» de los templos para funciones políticas tenía, al mismo tiempo, un valor simbólico: era la muestra más palpable del triunfo de la Revolución liberal, que había sometido a la Iglesia al poder del Estado. Los «padres de la Patria» que se instalaban en los templos secularizados eran una garantía para los comerciantes, financieros, terratenientes y profesionales acomodados que estaban comprando bienes procedentes de la desamortización eclesiástica, a los que de esta forma se estaba asegurando que sus adquisiciones eran legítimas y no tendrían vuelta atrás.

Al mismo tiempo, instalarse en antiguas iglesias era una costumbre expresiva de la cultura política de los liberales del XIX, forjada sobre el lenguaje y los símbolos de la religión católica. La apropiación de antiguos lugares de culto para escenificar la liturgia de la política establece una continuidad entre el Estado contemporáneo y la Iglesia de épocas anteriores, a la que, sin duda, arrebató amplias esferas de la vida pública y del control de las conciencias. Las sesiones de las Cortes, con la Presidencia ocupando el lugar antes reservado para los altares, venían a ser como una nueva liturgia, con el Estado-nación como ser supremo, cuya devoción debía mantener unida a la sociedad. El sincretismo de patriotismo y religión, evidente en la decoración de las sedes parlamentarias y en la simbología de los actos políticos, recibió un fuerte impulso con esta opción inicial de instalar a diputados y senadores en antiguos templos desocupados.

Un ejemplo evidente de ese sincretismo lo tenemos en los programas iconográficos diseñados para las sedes parlamentarias, que repiten el modelo de los pórticos de las iglesias medievales. Para que las reminiscencias religiosas no resultaran tan evidentes, se recurrió a elementos arquitectónicos de la Antigüedad clásica y a figuras alegóricas. Así, cuando en 1820 Isidro González Velázquez elaboró un plan de reformas para adaptar el Colegio de doña María de Aragón a su nueva función de Salón de Cortes, propuso que la fachada de la iglesia quedara rematada por un frontón triangular, coronado por los genios de la Religión y de la Ley mostrando al pueblo la Constitución. Los bajorrelieves que llenarían el frontón habrían de representar a la Monarquía española en forma de león, con una espada en la mano, vigilando sobre los dos mundos. Dos estatuas entre las pilastras personificarían el Patriotismo y la Libertad.600 Aquella reforma no se llevó a cabo, pero sí la que precedió a la instalación del Estamento de Próceres en el mismo edificio, en 1835. Por fin se realizó el frontón triangular de corte neoclásico, aderezado con líctores y coronas de laurel, y con una serie de esculturas y bajorrelieves de fuerte carga política. Los moderados decidieron luego eliminar tales bajorrelieves, aprovechando una nueva reforma de la fachada en 1846.

Con la inauguración del Palacio del Congreso, en plena Década Moderada, quedó constituido definitivamente el eje político de Madrid, que ya se había apuntado desde 1834: un eje que tenía en un extremo el Palacio Real y en otro el Congreso de los Diputados, con el Ministerio de la Gobernación estratégicamente situado en el centro. Por ese eje, que iba de la calle Mayor a la Carrera de San Jerónimo, cruzando la Puerta del Sol, circulaban las carrozas de los políticos y de los monarcas, en una y otra dirección, escenificando en un espacio urbano de escala reducida los avatares de todo un Estado. Lógicamente, no todos los edificios públicos del Madrid isabelino se agolpaban en las aceras de la calle Mayor y de la Carrera de San Jerónimo. La existencia de ese eje político marcaba tan solo una tendencia general de ordenación de la capital, pero incrustada en una ciudad desordenada, que crecía sin plan determinado. Una tendencia general observable en el hecho de que, a pesar de su dispersión, la mayor parte de los edificios de la Administración central de tiempos de Isabel II se ubicaron en el entorno del Palacio Real (Senado, Ministerio de Marina) o en los aledaños de la calle Mayor (Consejo de Estado, Tribunal Superior de Justicia, Gobierno Civil), la Puerta del Sol (Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional) y las dos vías que salían de dicha plaza hacia el Este: la Carrera de San Jerónimo (Congreso) y la calle de Alcalá (Ministerios de Hacienda, Guerra y Ultramar, Presidencia del Gobierno, Banco de España).

La importancia evidente de la Puerta del Sol quedó realzada aún más con la reforma que se realizó en la plaza entre 1857 y 1861, ampliándola por el Norte hasta darle la forma semicircular que hoy tiene. Dicha reforma se debió al impulso de los progresistas, llegados transitoriamente al poder merced a la Revolución de 1854. La propia relevancia que la plaza había adquirido como cruce de caminos y como centro de la vida política nacional aconsejaba una ampliación, que se hizo respetando el entramado de los barrios colindantes. Las Cortes constituyentes que convocaron los progresistas comenzaron la discusión del proyecto; y aunque pronto cayeron del poder, las obras continuaron bajo los gobiernos inmediatos del Partido Moderado y de la Unión Liberal, hasta completarse en 1861. Aquella reforma tuvo una importancia urbanística mayor: no solo por la apertura de un espacio de encuentro y de escenificación del poder en el centro del gran eje político de la capital, sino también porque con la reforma se dio a todo el entorno de la Puerta del Sol una estructura radial que reforzaba la centralidad del edificio de Gobernación. Las diez calles que salían de Sol —Mayor, Arenal, Preciados, Carmen, Montera, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Espoz y Mina, Carretas y Correo— esbozan una estrella que se dirige hacia los diferentes espacios de la ciudad: los grandes centros políticos del Palacio y de las Cortes, pero también los barrios populares del sur de Madrid y los barrios burgueses del norte. Todo el callejero de la ciudad quedaba articulado alrededor de esa plaza; y simbólicamente todas las carreteras que salían de la capital podían remitirse a un kilómetro cero allí mismo, a los pies del Ministerio (reapropiándose de la cabecera de los seis itinerarios de postas establecida en 1720). En definitiva, esta extrema centralización simbólica —de la ciudad y del país— actualizaba la idea romana de hacer de la Urbs el origen de todos los caminos del imperio, idea materializada en el Milliarium Aureum de Augusto.

Durante los gobiernos de la Unión Liberal, en 1858-1863 y 1865-1866, la mayor disponibilidad de fondos y la mayor ambición en materia de obras públicas quedaron reflejadas en un engrandecimiento de la capital legada por los moderados, todavía bastante modesta. El Madrid antiguo se quedaba estrecho para las aspiraciones de gran capital que debían acompañar a un Estado que, por entonces, se atrevía a desplegar una política exterior de gran potencia, con intervenciones armadas en Marruecos, México o el Sudeste asiático. Por un lado, los unionistas dieron el impulso definitivo a la remodelación de la Puerta del Sol, cuya importancia ya ha sido mencionada. Por otro, iniciaron la construcción de dos edificios que complementaban el tradicional eje Este-Oeste del Madrid oficial con un nuevo eje transversal de mayores proporciones, que discurría en dirección Norte-Sur por la Castellana.

Los dos edificios en cuestión eran la Casa de la Moneda y la Biblioteca Nacional. Ciertamente, ambos constituían dependencias marginales de la Administración Pública; pero la opulencia de su concepción contribuiría a dignificar la zona del Paseo de Recoletos como asiento de instituciones públicas en el futuro. La orientación del crecimiento de las oficinas estatales en esa dirección respondía a una idea largamente acariciada, pues ya Jovellanos había planteado a Floridablanca en 1787 la conveniencia de que la Corona adquiriera los terrenos del Norte de la ciudad, entre las puertas de Recoletos y de los Pozos de la Nieve —o sea, entre las actuales plazas de Colón y Bilbao—, para diseñar en ellos una expansión ordenada y planificada, incluyendo la instalación de varios edificios públicos.601

La Casa de la Moneda fue inaugurada en 1864 en lo que entonces era un arrabal del Nordeste de Madrid, la actual Plaza de Colón. Este edificio, que habría de albergar varios departamentos del Ministerio de Hacienda, se situó en un lugar entonces tan excéntrico por razón de su cometido, pues, además de oficinas, se trataba de una verdadera fábrica industrial: allí se imprimían papel moneda, sellos de Correos, billetes de lotería, títulos de la Deuda Pública, letras de cambio y cheques, además de acuñarse monedas metálicas y realizar algunos trabajos de forja. Tenía, por lo tanto, todos los inconvenientes para el entorno de las grandes fábricas, con multitud de obreros y mercancías entrando y saliendo, y varias chimeneas expulsando humo de manera continua. No es de extrañar que los gobernantes del momento prefirieran alejarla del centro histórico y político de la capital (su anterior ubicación había sido la calle de Segovia). El posterior desarrollo de la ciudad —con el ensanche hacia el Este, primero, y la expansión hacia el Norte, después— hicieron que la Casa de la Moneda quedara englobada en el casco urbano y se integrara en el nuevo eje de edificios públicos que se iría formando a orillas de la Castellana, hasta que fue trasladada, y su edificio demolido, en 1964.

En cuanto a la Biblioteca Nacional, este edificio —diseñado para albergar también los museos y archivos nacionales— se empezó a construir en el lugar que hoy ocupa, en el Paseo de Recoletos, en 1866. La vieja biblioteca había estado siempre en el entorno del Palacio Real: primero en el Palacio de Grimaldi y luego en la calle de la Biblioteca (actual Arrieta), donde permanecería por largo tiempo, hasta la terminación de las obras del nuevo edificio. La construcción del Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos Nacionales, como entonces se llamó, tardaría muchos años en terminarse e inaugurarse, hasta 1896. Pero la iniciativa del Gobierno que presidía O’Donnell de poner en marcha esta nueva instalación de grandes proporciones es reveladora por diversos conceptos: por un lado, muestra la ambición constructiva de aquel momento, con un Gobierno dispuesto a sembrar Madrid de testimonios imponentes del poder del Estado; por otro, muestra que esa voluntad de poder y de engrandecimiento se aplicaba al diseño de conjunto de la capital, ampliando el Madrid oficial hacia el este, fuera de la antigua cerca, con edificios públicos que dignificaran el eje de la Castellana y Recoletos, enlazando así con el ensanche (el Plan Castro, que preveía la construcción de ese ensanche en lo que hoy es el Barrio de Salamanca, se había aprobado en 1860); y, en tercer lugar, la fuerte inversión destinada a este Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales mostraba la voluntad del Gobierno de extender el patronazgo del Estado sobre el mundo de la cultura.

Hay que tener en cuenta que en el mismo año 1866 se había creado el Archivo Histórico Nacional, a propuesta de la Real Academia de la Historia.602 Si se considera esta decisión, junto con la creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867 y el traslado de la Biblioteca Nacional a un edificio incomparablemente más amplio y representativo, se aprecia claramente el deseo de apropiación simbólica del pasado por parte del Estado. Los documentos producidos por el propio Estado en su actividad corriente serían los que alimentarían el Archivo Histórico Nacional, así como los de la vieja Monarquía habían nutrido el Archivo de Simancas desde tiempos de Felipe II. De manera que el Estado daba por superados sus primeros pasos, cerrando una etapa de «infancia» y asumiendo que, como Estado nacional, tenía una historia propia y no solo el precedente de la Monarquía del Antiguo Régimen. Los documentos de ese pasado, así como los restos materiales de las antiguas civilizaciones que habían dado origen a la España moderna, y los libros que representaban la historia literaria española y el saber en todas sus ramas…, todo ello encontraba sede en un edificio de titularidad estrictamente pública, materializando la gestión estatal de la historia y de la cultura nacionales.

Esta exhibición pública de la tutela sobre el patrimonio histórico, artístico, literario, científico, humanístico y arqueológico no era, por tanto, una operación menor. De ahí que a la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio del Paseo de Recoletos, que tuvo lugar el 21 de abril de 1866, se le diera toda la solemnidad posible, con la participación incluso de la reina Isabel II y del Gobierno.603 Para que ninguna de las artes quedara al margen de esta simbiosis entre la cultura, el poder del Estado y la ciudad de Madrid, el célebre músico Francisco Asenjo Barbieri compuso para la ocasión una Marcha triunfal, obra instrumental de pompa y boato, que se estrenó durante la ceremonia.604

Lo que podría llamarse el «Gran Madrid» avant la lettre, aquella idea de ciudad capital adecuada a la grandeza del Estado nacional con la que soñaron sus promotores entre 1808 y 1874, fue en parte construido y en parte solamente soñado o diseñado.605 Las dificultades financieras del tesoro público, unidas a la gran inestabilidad política del periodo, explican que muchos proyectos quedaran abandonados incluso antes de emprenderse. Entre los proyectos nunca realizados cabe señalar el Salón de Cortes diseñado en 1810 por Silvestre Pérez para ser construido en la Iglesia de San Francisco el Grande, uniéndola en un único complejo arquitectónico con el Palacio Real a través de una monumental Plaza de Armas en las Vistillas, y de un viaducto que salvaría el tajo de la calle de Segovia. Aquel proyecto iba ligado a las ideas de racionalización que intentó realizar en Madrid el Gobierno afrancesado de José Bonaparte, entre las cuales se incluía también la apertura de la calle de Bailén —que se hizo— y de un gran bulevar que habría unido el Palacio con la Puerta del Sol, ensanchando la calle del Arenal —obra esta que no se llegó a hacer.606 Este tipo de proyectos, que podrían haber transformado radicalmente la fisonomía política de la ciudad, quedaron abandonados tras la derrota de los franceses en la Guerra de la Independencia en 1814.

La idea del Salón de Cortes en San Francisco el Grande, sin embargo, fue recurrente: la retomaron las Cortes de 1837; aunque finalmente se decidieron por construir un nuevo Palacio del Congreso en el solar de la iglesia del Espíritu Santo, como se ha mencionado. Volvieron a proponerla Mesonero Romanos, en 1846, y Fernández de los Ríos en 1868, aunque este último sustituyendo el Salón de Cortes por un Panteón Nacional y por el Ministerio de Fomento.607 Finalmente, la idea de situar un gran edificio civil en aquella zona quedó abandonada; solo pervivió el proyecto del viaducto, que se realizó en 1872-1873, así como el propósito de sanear los barrios populares del entorno abriendo la Gran Vía de San Francisco, idea no practicada sino en el siglo XX. La renuncia al proyecto urbanístico centrado en San Francisco el Grande tiene especial importancia, porque supone el abandono de la pretensión de restringir la vida política al espacio contiguo al Palacio Real, idea de la que solo permaneció la ubicación «palaciega» del Senado. El abandono del proyecto de Silvestre Pérez significó el fin de un primer concepto político de la capital de la nación, que habría ubicado las sedes del poder del Estado en el extremo occidental de la ciudad, cerca del antiguo Palacio Real.

La escenificación popular —y en ocasiones también elitista— de la política se orientó hacia otros espacios. Durante mucho tiempo, tanto los pronunciamientos militares como las sublevaciones populares de carácter político, tuvieron en la Puerta del Sol un capítulo de gran relevancia, no solo local, sino nacional. La amplitud y centralidad de la plaza, que hacía de ella lugar de reunión y de tránsito, la convirtió en escaparate de los sentimientos populares en múltiples ocasiones: de sus cafés parece que partió el impulso para la matanza de frailes que se produjo el 17 de julio de 1834, una de las primeras manifestaciones del anticlericalismo popular, ligada a la sospecha de connivencia entre el clero regular y los carlistas que pretendían restaurar el absolutismo.608

El pronunciamiento de Cordero en junio de 1835 tuvo lugar en la propia Casa de Correos. En agosto de 1836, cuando llegaron a Madrid noticias del motín de los sargentos de La Granja y se alzaron por toda España juntas revolucionarias en apoyo de la Constitución de 1812 y de las ideas progresistas, un testigo directo ha contado los movimientos que se produjeron en el entorno de la Puerta del Sol (Alcalá, Mayor, Carretas...): la multitud que habitualmente deambulaba por la plaza se arremolinó dando vivas a la Carta Magna y a los sargentos amotinados, hasta que la guardia de dragones que custodiaba la Casa de Correos optó por confraternizar y sumarse al entusiasmo popular. La irrupción del general Quesada —capitán general de Madrid— con unos pocos hombres a caballo disolvió el tumulto, calmó los ánimos y retrasó el triunfo revolucionario por un día, estableciendo en la plaza un retén de infantería; aunque la huida del Gobierno moderado, aquella misma noche, determinó la victoria de la insurrección.609

En marzo de 1848, con el Ministerio de la Gobernación recién instalado en la Puerta del Sol, el intento de levantamiento progresista patrocinado por el coronel de la Gándara fracasó al no poder ocupar la plaza ni el edificio ministerial, como habían planeado los insurrectos. El mismo objetivo volvió a plantearse en la sublevación republicana de mayo de aquel año, con idéntico resultado.610 El hecho llamativo de que España permaneciese al margen del ciclo revolucionario que recorrió Europa en 1848 tuvo mucho que ver con el dispositivo de control del orden en la capital puesto en pie por los moderados, cuyo anclaje principal estaba en la antigua Casa de Correos.

En junio de 1854, la noticia del pronunciamiento de los generales Dulce, O’Donnell, Ros de Olano y Messina llevó al Gobierno a traer apresuradamente a la reina de El Escorial a Madrid, para evitar que los rebeldes se apoderaran de ella como habían hecho con su madre en La Granja en 1836. Mientras los militares pronunciados hacían manifestaciones de fuerza en los alrededores de la capital —Torrejón, Vicálvaro, Aranjuez...— y estallaban levantamientos populares de apoyo en otras ciudades españolas, Madrid se iba quedando desguarnecido. Fue en esas circunstancias en las que, tres semanas después del pronunciamiento inicial, estalló la Revolución de 1854 en Madrid. Entre los primeros focos de agitación hay que destacar el Café Suizo de la calle de Alcalá, el Gobierno Civil —tomado por los rebeldes para hacerse con las armas allí depositadas—, el Ayuntamiento de la Plaza de la Villa —en donde se instaló una Junta revolucionaria—, la calle de Cedaceros —donde saquearon la casa del marqués de Salamanca—, la plaza del Senado —en donde asaltaron el Palacio de las Rejas, residencia de la reina madre María Cristina— y la propia Puerta del Sol, en donde se congregó una multitud que permaneció reunida durante la noche, en torno a varias hogueras.

Los revolucionarios buscaban, por un lado, los espacios públicos más significativos de la ciudad y, por otro los depósitos de armas, los periódicos gubernamentales, las cárceles de las que liberar a los presos políticos y las casas particulares de los ministros del Gobierno del conde de San Luis. La del presidente, en la calle del Prado esquina a León, fue una de las primeras en arder. La estrategia represiva del Gobierno consistió en desalojar a la Junta revolucionaria del Ayuntamiento y acordonar la carrera oficial entre el Palacio Real, la Puerta del Sol y el Ministerio de la Guerra, para mantener unidos sus centros de decisión y dividir a la ciudad rebelde en dos sectores incomunicados, al Norte y al Sur de esa línea. La rebelión popular adquirió grandes proporciones, instalándose unas 280 barricadas en diversas zonas de la capital, y fundamentalmente en los barrios del Sur, que llevaron la iniciativa. Pero las barricadas decisivas fueron las que se instalaron rodeando los grandes centros de poder, como el Palacio Real, el de Buenavista y el Ministerio de la Gobernación, del que era titular el propio presidente del Gobierno, o asediando sus vías de comunicación, como hicieron las barricadas de las calles de Sevilla, Peligros, Preciados y Montera. La rendición de la guarnición de la Puerta del Sol hizo derrumbarse al Gobierno, acabando con la Década Moderada y dando paso al Bienio Progresista de 1854-1856.611

En junio de 1866 volvieron a vivirse jornadas de lucha en las calles de Madrid, motivadas por la resistencia de la Corona a facilitar la alternancia en el gobierno entre las opciones conservadoras y las progresistas, a las que negaba el acceso al poder. La sublevación la iniciaron los sargentos del Cuartel de San Gil, situado en un antiguo convento desamortizado, en lo que hoy es la Plaza de España, junto a un conglomerado de instalaciones militares dispuestas alrededor del Palacio Real: cuarteles de San Gil, de Alabarderos, de Palacio, de Caballerizas, del Conde Duque y de la Montaña del Príncipe Pío, este último adherido a la sublevación. El intento de tomar la Puerta del Sol fue uno de los momentos culminantes de aquel movimiento, que provocó la proliferación de barricadas en los barrios del Norte y la instalación de una batería en la calle de Fuencarral. Mientras O’Donnell y Serrano impedían el acoso al Palacio Real atacando, respectivamente, los cuarteles de San Gil y de la Montaña, la batalla por el control estratégico de la ciudad se produjo en la calle de Preciados, donde los sublevados perdieron sus cañones y la posibilidad de tomar la Puerta del Sol, frente al destacamento del teniente coronel Camino.

Por último, en la Revolución de septiembre de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, también desempeñaron algún papel los espacios públicos en donde se hallaban instaladas las dependencias gubernamentales. Básicamente, aquel movimiento —dirigido por Prim— se decidió fuera de Madrid, por la insurrección concertada de la Armada y del Ejército en Cádiz, la derrota de las tropas gubernamentales en el Puente de Alcolea y la posterior huida de la reina a Francia. Pero, cuando el día 29 se conocieron en Madrid las noticias del pronunciamiento del 18 de septiembre y de su victoria de Alcolea del día 24, la ciudad se sublevó, circunstancia que acabó determinando la decisión de Isabel II de abandonar España. Las masas se agolparon en los lugares de costumbre cantando el Himno de Riego —símbolo del liberalismo revolucionario— y sacaron de las cárceles a los presos políticos. Entre estos se hallaba el teniente coronel Escalante, quien, tras ponerse al mando de los «Voluntarios de la Libertad», arrebató al Gobierno el control de la ciudad. Para ello, los Voluntarios asaltaron los cuarteles en busca de armas, tomaron el estratégico Ministerio de la Gobernación y establecieron retenes de vigilancia en edificios como el Palacio Real, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España (situado entonces en el edificio de los Cinco Gremios Mayores de la calle de Atocha). Cuando Serrano llegó con sus tropas a Madrid, el 3 de octubre, la ciudad se había liberado ya por sus propias fuerzas y lo recibió triunfalmente: como no podía ser de otra manera, el general se dirigió a la multitud, que le aclamaba en la Puerta del Sol, desde el balcón del Ministerio de la Gobernación, donde el dirigente demócrata Nicolás María Rivero le abrazó y le pidió públicamente que formara Gobierno, en nombre de la Junta revolucionaria que controlaba la ciudad; lo que, efectivamente, hizo el día 8.

Durante el Sexenio Revolucionario iniciado en 1868 el escenario fundamental de la política madrileña —y, por extensión, de la española— siguió situándose en las calles Mayor y Alcalá, la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo. Por ejemplo, fue en ese escenario donde se representó la instauración de la Primera República en 1873. Cuando abdicó Amadeo de Saboya, los miembros de las dos cámaras de las Cortes decidieron reunirse en una sola Asamblea Nacional soberana para constituir la República; y escenificaron el acto públicamente mediante la salida de los senadores en procesión, encabezados por su presidente y precedidos por maceros, desde el Senado hasta el Congreso de los Diputados. El cortejo, de gran carga simbólica, atravesó de parte a parte el escenario de la política madrileña construido en tiempos de Isabel II.612

También fue en las inmediaciones de este Madrid oficial en donde los movimientos populares desplegaron sus primeras manifestaciones de fuerza democrática, para darles la máxima trascendencia política. Los republicanos del Sexenio aprovecharon el marco de libertades creado por la Revolución del 68 para movilizar a sus partidarios convocando los primeros mítines y manifestaciones de masas de corte moderno. Mítines como el que congregó a más de 14.000 republicanos el 14 de noviembre de 1868 en el Circo Price, situado a escasos metros del Ministerio de la Guerra; y manifestaciones como la que celebraron en enero de 1869 en la plaza de la Armería, eligiendo provocativamente para reclamar la República el propio patio del Palacio Real. Desgraciadamente, las mismas calles fueron también escenario recurrente de la violencia política, que con frecuencia elegía esta carrera oficial como lugar para sus atentados. El «hombre fuerte» de la Revolución del 68, el general Prim, fue asesinado el 27 de diciembre de 1870 en la calle del Turco (actual calle del Marqués de Cubas), cuando se dirigía del Congreso al Ministerio de la Guerra del que era titular.

Precisamente, la Revolución de 1868 volvió a revivir la idea de reformar Madrid, para convertirlo en capital integradora y representativa de la nación democrática que se perfilaba como proyecto. Con el objeto de romper con el Madrid isabelino, los revolucionarios llamaron a Ángel Fernández de los Ríos, a quien encomendaron la Concejalía de Obras del Ayuntamiento. Vino directamente de su exilio en París, y en muchas de sus propuestas mencionaría expresamente el modelo urbano de la capital francesa, ya transformado por las reformas del barón de Haussmann. En ese modelo, de grandes avenidas abiertas a golpe de demoliciones, se inspiraron, sin duda, sus propuestas para crear plazas con nombres patrióticos rodeadas de avenidas alrededor de la Puerta de Alcalá y de un nuevo espacio central que llamó Plaza de Europa.613 Pero nada de esto pudo hacerse, por la delicada situación financiera y política del momento; y los regímenes democráticos desaparecieron antes de haber puesto en marcha su programa de obras. Apenas quedaron del Sexenio más que los derribos de varios conventos, iglesias, tapias y cuarteles, y unos cuantos cambios de nombres de calles que evocaban gestas gloriosas de la historia nacional. La única operación urbanística reseñable fue el derribo en 1869 de la iglesia de Santa María, en la esquina de las calles Mayor y Bailén, que permitió dar mayor amplitud a esa parte de la carrera oficial.

Esta limitación en las transformaciones de la capital durante el Sexenio refleja la limitación de los cambios que aquel periodo trajo a la definición misma del Estado. El Estado nacional ya había sido definido en sus grandes líneas durante el reinado anterior, y los revolucionarios del Sexenio apenas introdujeron novedades, excepto en unos pocos sectores que ya han sido mencionados. Uno de ellos, sin duda, fue la reorganización del poder judicial que, pospuesta innumerables veces desde comienzos de siglo, se hizo realidad por la Ley orgánica de 1870. Acompañando a esta reforma liberal de la Justicia, se buscó para su máximo órgano una sede adecuada, que le diera una representación digna entre los tres poderes del Estado. El Tribunal Superior de Justicia seguía aún en el Palacio de Uceda —el viejo Palacio de los Consejos—, edificio que compartía con el Consejo de Estado y que recordaba aún la continuidad con la Monarquía jurisdiccional del Antiguo Régimen.

Para darle al Tribunal Supremo una sede independiente y apropiada, se nacionalizó el Convento de las Salesas Reales, un edificio del siglo XVIII situado junto al Paseo de Recoletos. Allí se instaló un Palacio de Justicia, para cuya magnificencia se abrieron calles laterales que lo convirtieron en un edificio exento, y una plaza a la que daría su fachada principal. La decisión de instalar allí la cabeza del poder judicial es plenamente representativa del liberalismo democrático que inspiró la Revolución de 1868: la independencia del poder judicial, gravemente ninguneada durante todo el periodo anterior, quedaba simbolizada con la obtención de una sede digna, apartada de los ejes tradicionales de la política isabelina. De paso, la elección de la zona Norte de la ciudad para instalar un edificio público apuntaba hacia la futura expansión del Madrid oficial en esa dirección, descentralizando las oficinas estatales y dando nueva vida a esos barrios.

La Gaceta de Madrid

La Gaceta fue un periódico al que gradualmente se atribuyeron funciones de boletín oficial, perfeccionando la publicidad de las normas jurídicas. Se trataba de una pieza clave, sin duda, para la relación entre el Gobierno y la sociedad española, entre Madrid y el conjunto del territorio, ya que constituía el principal instrumento de publicidad de la acción del Gobierno.614

Su antecedente histórico eran las gacetas que se habían creado en la época de la monarquía absoluta. Aquellas gacetas daban noticias, especialmente del extranjero, un flujo de información que la Monarquía quiso controlar desde que don Juan de Austria intuyó su valor político. Junto con la estadística y la cartografía —tratadas en el capítulo anterior—, esta era otra vía por la que se hacía realidad el célebre aforismo de Francis Bacon de que el conocimiento es poder, mencionado al comienzo del capítulo 7.

La Gaceta ordinaria de Madrid, una publicación privada que venía editando regularmente el impresor Fabro Bremundan desde 1661, obtuvo de Carlos II un privilegio real exclusivo en 1677. El privilegio fue luego transferido al Hospital General de Madrid, en 1690, y al empresario Juan de Goyeneche, en 1696. Fue este quien, en 1697, fijó definitivamente la cabecera de la publicación como Gaceta de Madrid.615

La publicación tenía, pues, por la vía del privilegio real, un cierto monopolio de la información y de la voz de la Monarquía. La idea procedía del ámbito de los novatores que, buscando soluciones para la profunda crisis en la que se hallaba a finales del XVII la Monarquía, anticiparon vías de reforma y de reforzamiento del poder real que se suelen asociar con el despotismo ilustrado del siglo siguiente. Con la llegada de los Borbones, la Gaceta de Madrid fue vista como un instrumento útil para la consolidación de la nueva dinastía y el refuerzo del absolutismo monárquico, por lo que Felipe V confirmó a Goyeneche el privilegio para seguir editándola en 1701, al tiempo que subrayaba que la suya era la única publicación en donde podían aparecer noticias políticas. El reformismo ilustrado característico del reinado de Carlos III llevó a comprar a los herederos de Goyeneche el privilegio de edición de la Gaceta de Madrid en 1761-1762. En 1761 se resolvió reintegrar a la Corona el privilegio de imprimir y vender la Gaceta, diciendo expresamente que se hacía «porque conviene a su Real servicio que se maneje por la vía reservada de Estado». Desde entonces, la Gaceta se convirtió en una publicación de la Corona, en la cual se incluían de manera destacada documentos y normas procedentes de las instituciones reales.616 Poco después, en 1781, la imprenta a la que la Secretaría de Estado tenía encomendada la edición de la Gaceta adoptó la denominación oficial de Imprenta Real.617 En el siglo XVIII, la Gaceta se había consolidado como una publicación periódica oficial de la Monarquía, a través de la cual las autoridades aspiraban a tener una voz propia e influir sobre la naciente opinión pública. La publicación de la legislación en sus páginas no era, ni mucho menos, sistemática; y compartía el espacio con noticias, comentarios y opiniones que sus responsables consideraban adecuados al tono de discurso oficial que se le había asignado a la publicación.618

Durante la Guerra de la Independencia de 1808-1814, los dos bandos se disputaron el control de la Gaceta, dado que ya se había convertido en una pieza esencial para el gobierno del país. La publicación quedó inicialmente en manos del Gobierno afrancesado de José Bonaparte, que intentó refundirla con el Diario de Madrid. Pero en el verano de 1808, después de la insurrección contra los franceses, la derrota de estos en Bailén y el momentáneo control del país por la Junta Suprema Central, la Gaceta quedó en manos de periodistas afines a esta última. La segunda invasión francesa, con Napoleón al frente, volvió a convertir a la Gaceta en instrumento de la administración de José Bonaparte entre 1810 y 1812. En aquellos confusos días, la Gaceta de Madrid dejó de publicarse en algunos momentos y cambió de manos y de orientación varias veces, siguiendo los avatares de la guerra; en cualquier caso, fue un espacio propicio para la propaganda y la desinformación propia de los periodos bélicos.

Mientras tanto, las autoridades que dirigían la lucha contra los franceses, privadas del control de la Gaceta madrileña durante la mayor parte del tiempo que duró la guerra, crearon otras publicaciones provisionales para dar a conocer sus proclamas, actos y noticias. Las juntas revolucionarias provinciales que pusieron en marcha la insurrección se dotaron de sus propios medios de publicidad, entre los cuales destacó la Gaceta ministerial de Sevilla. La Junta Central, también desde Sevilla, creó en 1809 una Gaceta del Gobierno con funciones de boletín oficial, en la que refundió la Gaceta ministerial. Y más tarde, ya en el periodo de la Regencia y de las Cortes, se publicó regularmente una Gaceta de la Regencia de España e Indias, primero en Cádiz (1811-1813) y luego en Madrid (1813-1814).619 La insistencia de las autoridades de aquella época en tener medios de comunicación propios —ya fuera a través de la tradicional Gaceta de Madrid o fundando nuevas cabeceras alternativas— nos muestra la importancia que habían adquirido aquellas primitivas publicaciones oficiales como sostén y fundamento del Estado. Un Estado naciente que buscaba legitimación ante una opinión pública también en formación; y que, por lo tanto, sentía la necesidad acuciante de dar a conocer sus actos por sí mismo, acompañados de un discurso que explicara su sentido y su finalidad.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, la Gaceta de Madrid adquirió definitivamente el carácter de boletín nacional como parte del proceso revolucionario que puso los fundamentos del Estado, concretamente bajo los gobiernos progresistas de 1836-1837. En 1836 se dispuso que los decretos, órdenes e instrucciones del Gobierno serían de obligado cumplimiento desde el momento de su publicación en la Gaceta.620 En 1837 se añadió que se publicarían en sus páginas todos los «mandatos» de los órganos estatales que pudieran interesar a cualquier clase de personas. Esto incluía tanto a los empleados públicos, obligados a aplicar y hacer cumplir las leyes, como a los ciudadanos que el nuevo régimen deseaba educar cívicamente para que participaran de manera consciente en la vida política. De ahí que la misma disposición insistiera en la importancia de que, junto a las leyes, decretos y órdenes ministeriales, la Gaceta reprodujera las sesiones de las Cortes, quintaesencia del régimen representativo y plasmación de la soberanía nacional en acción.621

La Gaceta no abandonaba aún del todo su carácter tradicional de periódico de información general, en el que se insertaban noticias de ámbito tan diverso como la cultura, la ciencia y la economía. Pero se definía ya como boletín oficial del Estado —o de la Nación, como se decía en el lenguaje de la época— y otorgaba una clara prioridad a la difusión de las disposiciones estatales, desprovista de cualquier comentario o valoración que pudiera considerarse partidista. Tradicionalmente, cada ejemplar de la Gaceta se abría con un artículo de oficio que empezaba ritualmente con la noticia del estado de salud de las personas reales y otros hechos relevantes de la Casa Real, para insertar a continuación las disposiciones oficiales. Esto había dado lugar a que el resto de las noticias se agruparan bajo un título genérico de parte no oficial desde 1833; y en 1837 se completó esa evolución dividiendo el contenido de la Gaceta en parte oficial y parte no oficial, división que reflejaba este dualismo de la publicación.

Fue en aquella época de innovaciones fundacionales cuando se intentó zanjar la espinosa cuestión del momento en que las normas del Estado adquirían plena fuerza legal, mediante una Ley de 1837 que establecía que la obligatoriedad empezaría a contar desde que las normas se publicaran oficialmente en cada ciudad capital de provincia, y cuatro días después en el resto del territorio.622 Esta norma establecía la publicación de las normas como paso complementario de la sanción y la promulgación; y, consecuentemente, daba un protagonismo singular a los instrumentos de esa publicidad, que eran la Gaceta de Madrid y el conjunto de los boletines oficiales de las provincias que se habían empezado a editar en 1833.623 La cuestión jurídica de la validez y aplicabilidad de las normas en relación con su publicación, sin embargo, no quedó del todo resuelta, pues siguió suscitando debates doctrinales, jurisprudencia y problemas prácticos en los años siguientes.

Un giro centralizador de este sistema de publicidad de las normas tuvo lugar a mediados del siglo XIX, cuando los boletines provinciales perdieron valor jurídico en la publicación de la legislación estatal, quedando esta gradualmente reservada a la Gaceta de Madrid. Sus equivalentes en provincias se limitarían desde entonces a facilitar la difusión de las normas ya publicadas. Por otro lado, el volumen de la producción normativa del nuevo Estado no cesaba de aumentar con la adquisición de responsabilidades nuevas en el impulso al desarrollo económico, la instrucción pública, la regulación de las relaciones sociales y otras innumerables materias: la publicación de todas las disposiciones en la Gaceta se presentaba problemática; y la literalidad de la prescripción que obligaba a publicar las normas «generales» acabó por traducirse en una selección de aquellas normas que tenían que insertarse necesariamente en la Gaceta frente a otras que no. Eso hizo que la publicación de las normas en la Gaceta de Madrid no fuera en el siglo XIX ni completa ni sistemática, dando lugar a lagunas y ausencias que dificultan actualmente la labor del historiador (y que, en su momento, debieron de entorpecer también la de la administración de justicia y demás empleados públicos).624

No obstante, y a pesar de las limitaciones apuntadas, en los decenios siguientes siguió avanzando gradualmente la adecuación de la Gaceta a su función de canal oficial de comunicación del Estado. Por ejemplo, en 1853 se decretó que las cotizaciones de la Deuda Pública aparecidas en la Gaceta se considerarían oficiales para hacer las equivalencias a metálico cuando se emplearan estos títulos en el pago de bienes nacionales procedentes de la desamortización.625 Y en 1857 se prescribió la inserción obligatoria de todo fallo del Tribunal Supremo que afectara al reparto de competencias de jurisdicción.626

La transformación experimentada por la Gaceta de Madrid en la primera mitad del siglo XIX fue, por tanto, muy profunda y vino a darle su configuración definitiva como boletín oficial del Estado, que ha mantenido hasta la actualidad con pocos cambios. La transformación era ineludible, dado que los liberales concebían la Gaceta de manera muy diferente a los absolutistas del pasado. Durante los dos periodos absolutistas del reinado de Fernando VII —de 1814 a 1820 y de 1823 a 1833— se había continuado la tendencia del siglo anterior a considerar la edición de la Gaceta como un privilegio exclusivo que, fuera de titularidad particular o de la propia Monarquía, servía para otorgar a esta el monopolio de la publicación de noticias de contenido político. Era la visión propia del Antiguo Régimen, que impedía la crítica y la discusión de los asuntos políticos a la luz del día, recurriendo para ello a la censura de prensa. Aquel monopolio se fue resquebrajando con el tiempo, sin que los absolutistas cejaran nunca en su empeño por hacer del discurso oficial del Gobierno el único legítimo.

Los liberales que llegaron al poder en 1820-1823 y luego, definitivamente, desde 1833-1834, creían, en cambio, en la libre discusión de los asuntos públicos y en un pluralismo que fue de periódicos antes incluso que de partidos. La Gaceta, para los liberales del siglo XIX, no debía ser la única voz, sino simplemente la voz del Estado: un canal oficial para dar a conocer las nuevas normas y el sentido político que les otorgaba el Gobierno, sin perjuicio de que cualquier ciudadano pudiera, en uso de la libertad de imprenta que consagraba la Constitución, publicar por su cuenta otros puntos de vista. De ahí la exigencia de la objetividad a ultranza a la que se refería el ministro Pío Pita Pizarro en su orden de 1837:

Convertida la Gaceta de Madrid en boletín oficial nacional, no debe omitirse en ella ningún mandato superior que pueda interesar a cualquier clase del Estado. Las sesiones de Cortes se insertarán con toda la extensión posible, sin preferencias de ninguna especie, sin pasión y sin color político. La Gaceta deberá ser fiel y leal traslado de lo dicho y de lo ocurrido. En la comunicación de noticias oficiales no se perderá minuto para satisfacer cuanto antes la justa ansiedad del público. Las que no lleguen de semejante origen, deberán expresarse con aquella reserva prudente que evita los compromisos y desvanece pretextos de calumniar las intenciones del Gobierno. La verdad y el comedimiento son el carácter distintivo de este periódico.627

Ahí está el origen de la prosa burocrática que, andando el tiempo, iría adquiriendo cada vez en mayor medida la Gaceta de Madrid: un lenguaje frío, formalista, duro a veces en su rigor jurídico; pero sin duda el más conveniente para procurar la objetividad y precisión de la publicación oficial. Ese era el lenguaje con el que hablaban los textos del Estado, un idioma especial al que los ciudadanos habrían de acostumbrarse —mal que bien— para tratar con la Administración; y un lenguaje que tenía en los juristas sus expertos, necesarios como traductores para moverse en esas relaciones.

Por otra parte, la Gaceta, transformada ya en boletín oficial del Estado desde 1837, había dejado de ser un periódico que publicaba de orden del Gobierno, para constituirse en centro de un nuevo ramo administrativo dedicado a las publicaciones oficiales. El centro que aglutinaba ese ramo administrativo era la Imprenta Nacional, denominación que había sustituido en 1812 a la de Imprenta Real que tenía desde su fundación por Carlos III. La publicación de la Gaceta de Madrid quedó atribuida a la Imprenta Nacional tan pronto como esta pasó del control del Gobierno afrancesado —en retirada ya hacia el Norte— al de las nuevas autoridades españolas, que enseguida saldrían de su refugio en Cádiz para instalarse en la capital del Reino.

Posteriormente, aquella institución —que consolidó su nombre de Imprenta Nacional después de la muerte de Fernando VII, en 1834— editaría, además de la Gaceta, otras publicaciones oficiales: publicaciones tan importantes como la Guía oficial, que, bajo distintos nombres, recogía cada año el organigrama de la Administración Pública, con capítulos especiales dedicados a la Casa Real, el Ejército, la Armada y los grandes de España;628 o como la Colección Legislativa, que, también con nombres cambiantes, recopilaba anualmente las disposiciones emanadas tanto del poder legislativo como del ejecutivo.629 La Imprenta Nacional, instalada en un lateral del edificio que albergaba al Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol, ejercía como una potente agencia de difusión de la información oficial, canalizada principalmente a través de las publicaciones periódicas mencionadas, a las que se añadían múltiples libros y folletos, empezando por las constituciones y las leyes más importantes. La Imprenta Nacional no solo editaba estas publicaciones oficiales, sino también libros tan dispares como la edición del Quijote de Dorregaray o la colección de Monumentos Arquitectónicos de España de Amador de los Ríos.

A esto habría que añadir los mencionados boletines oficiales de las provincias que desde 1833 componían, junto con la Gaceta de Madrid, un sistema jerarquizado de publicidad de las normas y actos de la Administración. Pronto, además, los distintos ministerios que componían la Administración central del Estado se dotaron también de boletines oficiales propios —inspirados en el modelo de la Gaceta de Madrid— para reforzar la difusión y publicidad de las normas aplicables a sus respectivos ramos, junto a artículos, estadísticas, escalafones y todo tipo de datos especializados. Estas gacetas ministeriales comenzaron por iniciativa de Bravo Murillo, que creó en 1848 el Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, al que luego sustituiría el Boletín oficial del Ministerio de Fomento, en 1851. Después de aquel se crearían el Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda (1850), el Boletín oficial del Ministerio de Gracia y Justicia (1852) y el Boletín oficial del Ministerio de Ultramar (1875).

La nación y el ciudadano

La construcción del Estado nacional constituía un nuevo modelo de comunidad política, en ruptura con la Monarquía del Antiguo Régimen. En ese nuevo modelo, que había demostrado su eficacia en Francia desde la Revolución de 1789, se obtenían los recursos necesarios para sostener el poder del Estado de una aportación intensa por parte de la población: las exigencias de servicio militar y de pago de contribuciones servían para repartir esa carga entre todos los ciudadanos por igual, eliminando los privilegios del pasado. Pero esa carga solo podía exigirse a cambio de unas contrapartidas, que se plasmaban en la implantación de un régimen constitucional. Para que esas obligaciones fueran aceptadas, el nuevo Estado debía cimentar su legitimidad sobre la inclusión de los ciudadanos en una comunidad política consentida. Y esa comunidad política era, precisamente, la nación.

El sentido de pertenencia a la comunidad política era fundamental para crear una cohesión social sobre la que pudiera prosperar el Estado proyectado. De ahí el esfuerzo de todos los regímenes que se sucedieron desde 1808 por nacionalizar a la población española. La nacionalización podía avanzar en dos direcciones que se complementaban entre sí. Estas dos direcciones responden a las dos grandes concepciones del término nación, la de carácter político y la de carácter cultural.

En sentido político, nación significa la comunidad de personas que conviven en un Estado; su definición más precisa la dio el abate Sieyès en 1789, cuando dijo que nación es «un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una misma legislatura».630 El argumento sirvió para legitimar la revolución, pues los estamentos privilegiados —nobles y eclesiásticos— no formaban parte de la nación, precisamente porque sus privilegios los hacían vivir bajo leyes distintas a las de la mayoría de los franceses; por lo tanto, el pueblo llano sin privilegios era en sí mismo la nación y, como tal, tenía derecho a modificar por sí solo la constitución política de Francia. Aquella argumentación fijó el modelo que se repetiría en las revoluciones liberales de Europa continental e Iberoamérica, empezando por la revolución española: las naciones asumían el poder supremo en detrimento de los monarcas absolutos, y elegían representantes que reformaran el Estado en un sentido liberal, dictando una Constitución a cuyo frente figuraran la soberanía nacional y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El concepto político de la nación se basa en la idea de que los miembros de la nación lo son por decisión propia, pues han elegido dotarse de una organización política común.631

Frente a este concepto liberal de la nación política, surgió un sentido étnico-cultural de la nación, entendida como una comunidad de personas de la misma raza, lengua o cultura. Tal concepto procede de la misma época pero su formulación correspondió a quienes reaccionaron contra la revolución y contra el tipo de organización política que irradiaba de Francia. En sus orígenes está estrechamente ligado al romanticismo alemán de los últimos decenios del siglo XVIII y primeros del XIX y a la obra de autores como J. G. Herder o J. G. Fichte. Para ellos, la nación no es fruto de la voluntad de los individuos, sino una realidad natural que está por encima de las personas y que se refleja en la raza, en la cultura de un pueblo y en todas las manifestaciones exteriores de su «espíritu» original y específico: la lengua, el arte, la literatura, la religión, el folclore...

Para los partidarios del concepto político, la nación es un artificio creado voluntariamente por los hombres con fines prácticos, y sus logros se sitúan en terrenos como la paz social, el orden, las libertades personales o el progreso material. En cambio, para los partidarios del concepto cultural de la nación, esta es un dato de la naturaleza, que demostraría su éxito en terrenos más espirituales, como los logros artísticos y literarios. En última instancia, la diferencia reside en considerar que los estados configuran a las naciones o, por el contrario, que las naciones son entes naturales anteriores y superiores, a los que deben adaptarse los estados. Esta dualidad de significados ha sido fuente de malentendidos y de conflictos en los dos últimos siglos.

Pero antes de su recorrido político moderno, nación se empleó en España en el sentido etimológico que remite a su origen latino en la voz natio, grupo humano caracterizado por la comunidad de origen y por tener unas dimensiones superiores a la familia, pero sin llegar a la generalidad de un pueblo. Generalmente se aplicaba para denominar a grupos de extranjeros, significado que tuvo en el castellano corriente y que conserva aún en algunos países de Hispanoamérica. En la Edad Moderna, el término fue perdiendo gradualmente su connotación medieval de extranjería o de linaje errante y adquirió su significado moderno de «reyno o provincia estendida, como la nación española», que era la definición que daba Sebastián de Covarrubias en 1611;632 o, en un sentido más restringido, el significado de un círculo de personas —definidas generalmente con un criterio territorial— que disponían de una representación propia en asambleas o consejos. Un paso significativo en esa transformación semántica de la Edad Media a la Moderna fue la organización de los concilios de la Iglesia católica en naciones, desde que el Concilio de Constanza (1414-1418) formalizó la compartimentación de la Cristiandad en un reducido número de ellas —España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania—; tales naciones se entendían como imperios o grandes unidades singulares, cuyos soberanos se entendían de igual a igual con el papa y firmaban concordatos con él.

El Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española da fe de que a comienzos del siglo XVIII, junto a otros significados —el equivalente a extranjero y el sinónimo de nacimiento—, la nación era entendida como «la colección de habitadores en alguna provincia, país o reino», aludiendo a su uso en las obras de Fray Luis de Granada y en La Araucana de Alonso de Ercilla, ambas del siglo XVI.633 Frente a la aparente ambigüedad de aquella definición, cabe resaltar que lo que estaba tomando forma entre los siglos XV y XVIII era el sentido político de la nación, pues el grupo humano así denominado no se identificaba por su homogeneidad racial o cultural, sino por habitar en un mismo país o demarcación política, como un reino o una provincia.

Los autores españoles del siglo XVIII utilizaron el vocablo nación aplicado a España y no a los antiguos reinos y provincias que habían formado la Monarquía desde tiempos de los Reyes Católicos. Así, José Cadalso, Benito Jerónimo Feijóo, Antonio Cavanilles, Juan Francisco Masdéu, Juan Pablo Forner o Leandro Fernández Moratín escribieron sobre la nación española, poniéndola en contraste con otras naciones políticas europeas, como la inglesa o la francesa. Podría pensarse que el contenido que los ilustrados españoles daban a la nación tenía connotaciones culturales, dado que uno de sus temas recurrentes era el del «temperamento» de los españoles, personalidad nacional diferenciada que permitía reconocerlos por comparación con los extranjeros. Cadalso, por ejemplo, aborda la historia como el proceso de diferenciación de los pueblos, que han ido adquiriendo unas costumbres, una constitución y un «carácter nacional», visión que recuerda a la de Herder. Forner recorre la historia nacional como si España hubiera sido un ente unitario con personalidad propia desde la Antigüedad; y emplea la idea de que el carácter específico de cada nación se manifiesta en sus creaciones culturales, lo que le permite hablar de «cultura nacional». Pero no hay que engañarse: para hablar de la nación como un grupo humano que actúa a lo largo de la historia, requerían —Forner lo dice expresamente— que el grupo formara un estado o república unida e independiente, pues era la convivencia bajo un mismo poder político la que cohesionaba al grupo, le daba rasgos comunes y creaba en él el sentimiento de pertenencia a un cuerpo común.

Por lo tanto, cuando los ecos de la Revolución francesa llegaron a España, y cuando la propia España desarrolló su proceso revolucionario, el concepto de nación en sentido político no era una novedad ni un artificio importado de más allá de los Pirineos: aquel concepto, que encabezaría las constituciones españolas del XIX como emblema del nuevo régimen, hundía sus raíces en los escritos autóctonos de la Ilustración. Si no se había prodigado más, o en un empleo más abiertamente político y antiabsolutista, hay que achacarlo a la presión de la censura en el reinado de Carlos IV, que impidió la publicación de textos que reflejaran las «peligrosas» doctrinas de los revolucionarios franceses.

Finalmente, y a pesar de todas las precauciones, los efectos de la Revolución francesa alcanzaron a España, cuando en 1808 esta fue ocupada por los ejércitos de Napoleón. Para legitimar el cambio de dinastía en el trono español, Bonaparte reunió en Bayona a una junta de notables que llamó nacional, a fin de que aprobaran una ley fundamental del nuevo Estado, inspirada en la de la Francia imperial. El término nación ocupó un lugar importante en la Constitución de Bayona, siempre en un sentido político: aparece mencionado desde el artículo 1.º, como sujeto al que se atribuye la unidad religiosa; y en la parte dedicada a las Cortes, a las que se da el nombre de Juntas de la Nación, vuelve a aparecer como sujeto político, ya que las Cortes representarían a la nación española en su conjunto y no a sus diferentes territorios.

La Guerra de la Independencia se desarrolló bajo el signo movilizador de la idea nacional, que servía al mismo tiempo para rechazar al Gobierno de José Bonaparte y para poner de manifiesto el carácter revolucionario de las transformaciones políticas que se habían puesto en marcha: retenida en Francia la familia real y desaparecidas las autoridades tradicionales de la Monarquía, era la nación española (en el sentido de Sieyès, del pueblo llano) la que había tomado las riendas de la situación y había hecho frente a los invasores. Pronto, la nación habría de extraer las consecuencias de esa situación y dotarse de instituciones políticas nuevas para organizar su convivencia.

En la Constitución de Cádiz aparece como un concepto esencial el de nación, en su sentido político; y todo el siglo XIX estará marcado por la hegemonía de esta concepción política de España como nación, que no fue seriamente puesta en duda hasta la última década de la centuria. El capítulo I de la Constitución de Cádiz (De la Nación española) afirmaba con fuerza el uso político y liberal del término: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» (art. 1); «La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona» (art. 2); «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales» (art. 3); «La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen» (art. 4)... Y sigue: «El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen» (art. 13); «Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación...» (art. 27).

En el ánimo de los autores de la Constitución de Cádiz, los azares dinásticos y bélicos que habían configurado los dominios patrimoniales de los Borbones habían dado lugar a una identificación entre sus súbditos, que la revolución convertía en ciudadanos de una nueva comunidad política, la nación española. Esta se creaba por el acto mismo de dotarse de una Constitución, especie de «contrato social» originario de un nuevo sujeto político, cuya unidad e independencia no se referían ya a los derechos dinásticos del monarca, sino a la voluntad, libremente expresada por sus representantes, de convivir en un marco de igualdad y libertad, división de poderes y garantía de los derechos del hombre.

No obstante, la ruptura se enmascaró con referencias legitimadoras al pasado, sosteniendo que la Constitución aprobada no era sino la actualización y perfeccionamiento de una constitución histórica recientemente conculcada; y tratando de hacer ver que la nación española había existido, como sujeto político dotado de derechos, desde tiempo inmemorial. Este planteamiento historicista quedó reflejado en las discusiones de las Cortes de 1810-1814 y en los escritos de sus principales protagonistas. Agustín de Argüelles escribió en 1835 con un anacronismo que proyectaba retrospectivamente el concepto político contemporáneo de la nación española: «El principio de la elección libre de los reyes y de restricciones impuestas a su autoridad en la monarquía goda, se reprodujo en los gobiernos fundados en España, apenas empezó a rescatarse la nación del dominio de los árabes».634 Con ello, se admitía el concepto genérico de la nación como «conjunto de los habitadores en alguna provincia, país o reino, y el mismo país o reino», recogido en los diccionarios de la Academia hasta 1852.

La nación se convirtió en el símbolo de la Revolución liberal durante los reinados de Fernando VII e Isabel II. Nacionales o patriotas se llamaba a los partidarios de la Constitución; Guardia Nacional, a la organización de ciudadanos en armas para defender el régimen constitucional; y Bienes Nacionales, a los desamortizados de manos de la Iglesia y de otras corporaciones. La nación y la soberanía nacional siguieron formando parte del lenguaje constitucional a lo largo de todo el siglo XIX, si bien el giro conservador impuesto por los moderados desde 1843 hizo que ambos conceptos quedaran velados por la doctrina de la soberanía compartida, que atribuía la potestad de hacer las leyes a «las Cortes con el rey» y no sólo a los representantes electos de la nación.

El concepto político de nación adquirió nuevo protagonismo tras la Revolución de 1868. La Constitución promulgada en 1869 se abría con la mención a «La Nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes...», que recordaba la idea de un sujeto político capaz de ejercer su soberanía dotándose de una ley política fundamental. El artículo 32 confirmaba esa orientación, al afirmar que «La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes». Tanto es así que los representantes de la nación no solo podían reformar la Constitución política del Estado, sino también buscar un candidato idóneo para ocupar el trono, un rey cuya legitimidad derivaría del hecho de ser aceptado por las Cortes. Aquel cambio político tuvo su reflejo en el lenguaje corriente, pues la siguiente edición del Diccionario de la Academia publicada en 1869 añadió una nueva acepción de la voz nación, definida como «El Estado o cuerpo político que reconoce un centro común supremo de gobierno».635 Dicha acepción, que se añadía a las anteriores, venía a recalcar el significado estrictamente político de la nación como cuerpo al que dota de unidad el sometimiento a un mismo poder; y ponía por vez primera en conexión los conceptos contemporáneos de nación y Estado.

La claridad de tales pronunciamientos no tendría continuidad, puesto que las experiencias políticas del Sexenio democrático fracasaron y dieron paso a una restauración de la monarquía borbónica, en medio de un nuevo giro conservador dirigido por Antonio Cánovas del Castillo. La Constitución de 1876, que organizó las instituciones del nuevo régimen, volvió a la definición doctrinaria de la «soberanía compartida», abandonando la idea de la nación como titular única de la soberanía. Ello no quiere decir que Cánovas y los conservadores que le seguían no tuviesen una idea firmemente arraigada de España como nación, sino que no estaban dispuestos a asumir las posibilidades democráticas del concepto de nación heredado de la revolución.

Efectivamente, Cánovas del Castillo hizo explícita su concepción de la nación en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en 1882, en respuesta a la de Renan del mismo año.636 Para Cánovas, la nación no es un mero fruto de la suma de voluntades individuales, sino que tiene un ser específico. Pero alejándose en cierto modo de la concepción puramente política de la nación —tal vez por miedo a la democracia—, tampoco aceptaba que fueran la raza, la lengua o la cultura los factores determinantes de la existencia de la nación; esta última opción habría puesto en entredicho la legitimidad como naciones de España y de otros estados europeos que Cánovas admiraba, como el Reino Unido. La tercera vía era la de la historia, siguiendo un modo de razonamiento inaugurado por Edmund Burke en 1790: la nación es un precipitado de la historia, que extrae su legitimidad como organización política presente de los largos siglos de experiencia compartida en el pasado.637 Cada nación tiene unos rasgos característicos, que se reflejan en su historia, dando lugar a instituciones que le son propias; a esto es a lo que Cánovas llamó la «constitución interna» de la nación; y los representantes de la nación, al dotar a esta de una constitución política, no deben —ni pueden, porque sería inútil y perjudicial— inventar las instituciones que crean adecuadas, sino descubrir y plasmar las instituciones que forman esa constitución interna. En el caso de España, entendía Cánovas que el fundamento de la constitución interna era el principio monárquico, atemperado por la existencia tradicional de asambleas representativas. En la Constitución de 1876 trató de establecer un equilibrio entre ambos principios; pero dejó bien claro el carácter indiscutible y heredado de la monarquía, al sustraer los artículos correspondientes del debate constitucional en las Cortes.

Esta vía «historicista», que habría de hacer fortuna en España, era en realidad una variante conservadora del concepto político de la nación. A pesar de la intención de Cánovas, no se oponía radicalmente a la doctrina de Renan, quien, al definir la nación como «un plebiscito de todos los días», había sugerido una metáfora de la pacífica aceptación del Estado por los ciudadanos a lo largo de la historia, dado que la celebración efectiva de plebiscitos habría estado plagada de problemas prácticos y de contradicciones teóricas. A lo que se oponían frontalmente tanto la visión de Renan como la de Cánovas era a la posibilidad de una secesión por razones culturales, étnicas o lingüísticas, según el concepto étnico-cultural de la nación. En el caso de Francia, esa posibilidad había legitimado la anexión por la fuerza a Alemania de las regiones germanoparlantes de Alsacia y Lorena en 1870; en el caso de España, empezaba a despuntar un planteamiento del mismo tipo con la aparición de movimientos regionalistas apoyados en las especificidades culturales de Cataluña, el País Vasco y Galicia. La postura de Cánovas sobre el particular no admite dudas, pues diseñó un régimen político de Estado unitario, marcado por el centralismo y por la oposición a cualquier género de reivindicación regional. Fue Cánovas quien, al término de la tercera guerra carlista, en 1876, abolió lo que quedaba de los fueros del País Vasco, última pervivencia de los ordenamientos jurídicos del Antiguo Régimen.

El historicismo de Cánovas no nacía en el vacío. Había a su alrededor toda una corriente intelectual empeñada en definir las peculiaridades de lo español en la historia, en el arte y en la literatura, como forma de legitimar el hecho político de la existencia de España y en mostrar como, con el paso de los siglos, la convivencia bajo una organización política común había terminado por producir una cierta personalidad nacional que se reflejaba también en la producción cultural. Los escritos del siglo XVIII sobre el «carácter nacional» fueron seguidos de trabajos eruditos como los de la «escuela de Barcelona» —Javier Llorens, Manuel Milá y Fontanals— o de su discípulo Marcelino Menéndez Pelayo, quienes, a lo largo del siglo XIX, trataron de encontrar en la literatura un canon nacional representativo del «espíritu del pueblo» español. Ese tipo de razonamientos culminó en la Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, en donde sostenía que el contenido esencial del «genio español» era su ortodoxia religiosa católica, fundamento último de la personalidad de la nación.638

La tradición liberal no abandonó nunca la idea originaria de la nación como comunidad política. Pero no hubo grandes teorizaciones sobre ella después de 1812, en la medida en que formaba parte de un consenso muy amplio. Hasta el cambio de siglo apenas se puso en duda la legitimidad de la nación española, ni se pensó que la relativa diversidad cultural del país exigiera otro concepto de nación. El liberalismo español conservó la huella romántica de su origen en la Guerra de la Independencia y siguió avalando la idea de España como nación. En el extremo más progresista del espectro político decimonónico, los republicanos mostraron aún más celo que los monárquicos en su adhesión a la nación política, pues, sin el elemento cohesivo de la Corona, el ente abstracto de la nación se erigía como soporte único del Estado. De ahí el énfasis en el discurso nacional que se encuentra en Emilio Castelar, Leopoldo Alas Clarín, Manuel Ruiz Zorrilla, Vicente Blasco Ibáñez, Alejandro Lerroux, Francisco Pi y Margall o Manuel Azaña. Esta fe en la nación española como comunidad política básica iba de la mano, a veces, con la idea de una descentralización del Estado, sea en un sentido federal —como en Pi y Margall— o mediante la aceptación de la autonomía de ciertas regiones, como en Azaña.

La contraposición entre los conceptos político y cultural de la nación tiene, sobre todo, fines expositivos, para mostrar los contenidos potencialmente contradictorios que puede encerrar el término. Pero en la práctica, ha habido conexiones e intromisiones entre los dos puntos de vista a lo largo de toda la historia contemporánea. En efecto, aunque en la construcción del Estado español ha predominado históricamente una concepción mixta de la nación, basada en el concepto político liberal y en su relectura historicista, no se han desdeñado las posibilidades de reforzar la identidad nacional buscando la uniformidad cultural. Ese es el sentido que tienen medidas políticas como la normalización ortográfica del castellano por la Real Academia Española que se produjo en 1844, en pleno esfuerzo de definición del Estado por los moderados.639 Las constituciones no declararon la existencia de una lengua nacional oficial, ni era algo que preocupara a los constructores del Estado hasta el punto de someterlo a debate o plasmarlo en la legislación. Pero, en la práctica, el castellano fue la lengua del Estado, aceptada sin discusión como lengua de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones públicas.

El carácter oficial —aunque no escrito— del castellano o español, contribuyó a extender aún más en todo el país la que ya era desde el Antiguo Régimen la lengua común de la Monarquía. El proceso de uniformización lingüística acompañó a la construcción del Estado: por una parte, la unidad lingüística se vio impulsada por el despliegue de las instituciones estatales en el territorio, la presencia de funcionarios procedentes de todas las regiones y provincias, y la necesidad de relacionarse con frecuencia creciente con las oficinas y empleados del Estado; pero, a la vez, esa misma uniformización lingüística reforzó la cohesión nacional que sustentaba el crecimiento y consolidación del Estado. Ciertamente, el proceso de unificación lingüística que acompañó en el siglo XIX a la construcción del Estado no acabó con las otras lenguas de la península ni les arrebató espacios de implantación; pero las mantuvo en el ámbito privado, mientras que aparecía un espacio público cada vez más importante, que se desarrollaba solo en castellano.

La misma búsqueda de elementos culturales de unidad nacional desde la construcción de un Estado que se apoyaba básicamente en una concepción política de la nación puede identificarse en la reescritura de la historia de España durante el siglo XIX. Se encomendó a los historiadores la tarea de escribir una historia nacional de España, en la que esta apareciera como un sujeto histórico en formación desde los tiempos más remotos, suministrando un relato de sus vicisitudes colectivas hasta llegar a la actualidad. No existían obras que hicieran tal cosa, puesto que no tiene sentido hacerla si no es desde la perspectiva de suponer a la nación actual existente desde el origen de los tiempos y proyectar su existencia hacia el pasado para legitimarla. En realidad, los españoles de la primera mitad del siglo XIX no tenían otra obra de historia de España que la del padre Mariana, escrita en el siglo XVII y claramente inadecuada para los fines políticos que se perseguían. Ese fue el vacío que intentaron llenar historiadores como Modesto Lafuente, autor en los años cincuenta de una monumental Historia de España, quien no por casualidad fue también un político activo en las filas de la Unión Liberal.640 A él se podrían añadir otros autores —como Antonio Alcalá Galiano, Antonio Gil de Zárate o el propio Cánovas— que fueron perfilando el discurso historiográfico nacional por caminos que condujeran a reforzar la construcción del Estado y la identificación de los españoles como nación.641 Esta construcción de un relato histórico oficial fue de la mayor importancia, pues su circulación no se limitaba a los lectores de las grandes obras de historia, forzosamente muy escasos. La relevancia de este nuevo relato histórico nacional procedía de su capacidad para filtrarse hacia todas las capas sociales y todos los espacios, mediante versiones simplificadas o esquematizaciones simbólicas, como las que se manifestaban en el calendario de celebraciones patrióticas, los monumentos conmemorativos, los nombres de las calles y plazas de las ciudades, las representaciones artísticas, el teatro, la simbología nacional, el discurso político, los manuales escolares y todo el mundo de la Instrucción Pública.642

Si esta última significaba la dedicación de todo un ramo de la Administración del Estado a la difusión de un modelo cultural uniforme que promoviera una mayor cohesión social, otros esfuerzos corrieron en paralelo. Destaca la voluntad del Estado por apropiarse de la herencia del pasado mediante la creación de museos, archivos y bibliotecas que exhibieran una trayectoria nacional acorde con el discurso oficial, de la que ya hemos hablado; o de encauzar la producción artística, literaria y del pensamiento, mediante la creación de premios, publicaciones oficiales, academias e instituciones culturales de carácter público.

Todo ello revela que en el proceso de construcción del Estado español se aprovecharon las posibilidades de nacionalización de la población por la vía de la uniformización cultural; pero esta no fue la idea de nación preponderante para la construcción del Estado a lo largo del siglo XIX. Quizá porque se partía de la existencia de elementos de unidad cultural muy fuertes que no era necesario fabricar, como la memoria de la larga historia compartida bajo la Monarquía de los siglos XVI, XVII y XVIII, la difusión del castellano como lengua común incluso en aquellos territorios que poseían otra lengua vernácula, y sobre todo la unidad religiosa en torno al catolicismo. La fuerza de este último elemento no puede minusvalorarse, pues la simbiosis entre identidad católica e identidad española hizo de la Iglesia un poderoso elemento de cohesión y de legitimación del Estado nacional; aunque, al mismo tiempo, imponía limitaciones al desarrollo de una identidad cívica nacional de carácter laico. Una muestra de esas limitaciones podría ser el escaso desarrollo de la Instrucción Pública en el siglo XIX, por la cesión a las órdenes religiosas de buena parte de la educación de los niños y jóvenes, especialmente los de las familias de la elite gobernante.

La cohesión social se pretendió asegurar fundamentalmente mediante la asunción de la pertenencia a una nación española concebida como una comunidad política. Esa era la nación que definían las constituciones; y todo el juego político del XIX puede interpretarse como una negociación en torno al alcance de los derechos y libertades que era necesario conceder a los españoles para mantenerlos integrados en una comunidad nacional. Los progresistas, demócratas y liberales apostaron por una ampliación de la participación política de los ciudadanos y una definición generosa de los derechos individuales; es decir, una ciudadanía densa como fundamento de la nación y del Estado. Los moderados buscaron un camino medio entre esa apertura que demandaban los liberales y la comunidad jerárquica y autoritaria del Antiguo Régimen que aún defendían los carlistas; en ese planteamiento, la limitación en la concesión de derechos y libertades ciudadanas iba de la mano con un autoritarismo que tendría que apoyarse sobre mecanismos represivos para mantener a raya las demandas populares. La Unión Liberal, tercer partido surgido en el centro de esa confrontación, heredó elementos de ambos —progresistas y moderados—, pero se situó más cerca de estos últimos; y legó al Partido Conservador de la Restauración la idea de una nación estructurada más por las jerarquías sociales tradicionales que por la igualdad ante la ley y la participación política.

Como se ha visto a lo largo de los capítulos anteriores, todos estos partidos aportaron elementos a la construcción del Estado en los periodos en los que accedieron al gobierno. Pero la mayor permanencia en el poder de moderados y unionistas hizo que fueran estos los que tuvieran un protagonismo más destacado en su definición estructural. De manera que, aunque se consolidó un régimen constitucional representativo y se garantizaron algunas libertades básicas, todo ello se hizo en versiones restrictivas: se concedieron las libertades mínimas y los mínimos derechos de participación compatibles con la definición de la monarquía constitucional; y el Estado creció dotado de un componente político elitista y autoritario indudable. La violencia política y la tendencia represiva del Estado, que marcaron históricamente el siglo XIX en España, eran consecuencias inevitables de esas exclusiones.

Es preciso recordar aquí que durante todo el reinado de Isabel II el derecho de voto estuvo sometido a restricciones censitarias: votaban solo los varones mayores de edad que cumplieran ciertos requisitos de renta o de capacidad. Y aunque tales requisitos se fueron suavizando con el tiempo —sobre todo en los momentos de hegemonía política de los progresistas—, nunca permitieron que pudieran votar más del 2,6 por ciento de los españoles, como se verá en el epígrafe siguiente. La Revolución de 1868 trajo el sufragio universal directo (masculino aún), pero tras la Restauración se volvió al sufragio censitario, mantenido hasta finales del siglo XIX.

Ciudadano, elector y contribuyente

Las experiencias de relación con el Estado que tuvieron los españoles en el siglo XIX fueron diversas: tenían que ver con el paso por las escuelas públicas, el servicio militar, los trámites oficiales en los ayuntamientos —y más raramente en diputaciones o ministerios— o tal vez, de forma más genérica, en la contemplación del despliegue simbólico, constructivo y ceremonial del Estado por el territorio. Pero, sobre todo, hubo dos tipos de experiencias que, sin duda, marcaron para los ciudadanos del XIX la percepción de las realidades políticas y sociales que había detrás del entramado institucional del Estado constitucional: el pago de impuestos y la participación en las elecciones. En esas dos formas de contacto con el Estado, como contribuyente y como elector, era en las que podía hacerse efectiva la condición de ciudadano de manera más tangible.

La Hacienda del siglo XIX se definió con el objetivo de procurarle al Estado unos ingresos seguros con el menor coste de recaudación, aunque ello significara renunciar a ciertos principios del liberalismo que proclamaban las constituciones. Cuando por fin se superó el periodo de ensayos y tanteos iniciado en 1810 y se llevó a cabo la reforma de 1845, que produjo un sistema de Hacienda estable para el Estado liberal español, los problemas de funcionamiento del nuevo sistema resultaron evidentes. Por economía de medios y por razones de voluntad política, se establecieron mecanismos de recaudación de los impuestos que los alejaban de su definición teórica y, aún más, de los principios constitucionales que debían regir la tributación.643

Las Cortes de Cádiz fijaron el programa de la reforma de la Hacienda de la Revolución española: abolición de las cargas señoriales, creación de una Contribución Directa extendida por todo el territorio nacional y sobre toda clase de ciudadanos, y definición constitucional de principios como la legalidad, universalidad y proporcionalidad de las contribuciones.644 El documento público que debía materializar estos principios hacendísticos era el presupuesto, norma legal que cada año daría forma al vínculo financiero entre gobernantes y gobernados, bajo el control de la representación nacional.

Las dificultades prácticas y las resistencias que despertó aquel modelo fiscal fueron retrasando su implantación y desvirtuando su contenido, mediante sucesivas renuncias, tanto en la época de la Guerra de la Independencia como en el Trienio Liberal y bajo las regencias con las que se inició el reinado de Isabel II. Pero, a pesar de todas las dificultades, el programa fiscal trazado por los primeros liberales españoles se mantuvo como referencia hasta mediados del siglo XIX e inspiró los rasgos fundamentales de la Hacienda Pública hasta bien entrado el XX. Dicho programa hacendístico liberal se resumía en cuatro puntos: en primer lugar, la eliminación completa de cualquier impuesto no estatal, otorgando a la Hacienda del Estado el monopolio del derecho a exigir contribuciones. En segundo lugar, el reforzamiento de las contribuciones directas como verdadero pilar que debía sostener el edificio de la Hacienda en un Estado constitucional, haciendo realidad el principio de proporcionalidad entre la riqueza de los ciudadanos y la carga financiera que se les impusiera. Tercero, crear un espacio económico y financiero unificado en toda la nación, con la eliminación de las aduanas interiores y la unificación de las figuras tributarias vigentes en todo el territorio nacional (manteniendo separadas de ese modelo solo a las colonias ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Y cuarto, crear una administración financiera centralizada propia del Estado que, prescindiendo de intermediarios y negociaciones, estableciera una relación directa con los contribuyentes y les impusiera sus obligaciones tributarias como parte del vínculo político que debía existir entre cada ciudadano y el Gobierno de la Nación.645

Estos cuatro elementos se hallaban estrechamente entrelazados y tenían hondas consecuencias políticas y sociales. La opción por hacer de las contribuciones directas los pilares de la Hacienda Pública creaba una relación directa entre la Hacienda y los contribuyentes, lo cual suponía una materialización del vínculo entre el Gobierno —representante del Estado— y los ciudadanos. La relación directa con el Estado tuvo un efecto pedagógico a largo plazo, enseñando a los ciudadanos que eran miembros de un Estado frente al cual, si tenían obligaciones tan tangibles como el pago de impuestos, tenían también derechos. La evolución de la noción de ciudadanía se dio en España más a través de la tributación que a través de la representación política, una diferencia que tiende a ignorar una historiografía demasiado influenciada por la tradición anglosajona y por el relato autocomplaciente del liberalismo.

Sin embargo, todos estos elementos que el liberalismo revolucionario trajo a la Hacienda plantearon dificultades específicas y levantaron resistencias. Con la diferencia de que, así como los dos primeros se alcanzaron a comienzos de la década de 1840, los dos últimos acabaron por considerarse inaccesibles y en la Década Moderada de 1844-1854 se aceptaron soluciones de compromiso que los desnaturalizaban. Para entonces, los tiempos habían cambiado con respecto al momento revolucionario de 1808-1823, y los liberales conservadores del reinado de Isabel II pensaban en otros términos, menos preocupados por la pureza ideológica de los principios y más por lo que constituía su objetivo primordial: la construcción y consolidación de un Estado en España, que, llenando el vacío dejado por el desmoronamiento de la Monarquía del Antiguo Régimen, garantizara el orden.

Gradualmente, por tanto, el sentido de las reformas hacendísticas y de la política fiscal fue cambiando, insistiendo menos en definir la figura de un ciudadano contribuyente a partir de unos principios de equidad y justicia tributaria, y más en superar la quiebra financiera del Estado y dotarse de una Hacienda capaz de aportar recursos con los que reforzar el control del territorio, el despliegue de una Administración Pública y el poder del Estado. Al término del proceso, la Real Hacienda se habría transformado en Hacienda Pública, abandonando incluso en el plano lingüístico el recuerdo de la antigua vinculación al monarca, una vez desarrollados plenamente los mecanismos institucionales y burocráticos que aseguraban el funcionamiento autónomo e impersonal de un constructo financiero al servicio del Estado y de su expansión.

La construcción del Estado nacional y la definición de una Hacienda Pública permanecieron bloqueadas por la confrontación entre absolutistas y liberales y los consiguientes cambios de régimen que se produjeron entre 1808 y 1833. En el capítulo 4 se ha dado cuenta de las dificultades para romper ese bloqueo. Pero desde los últimos años del reinado de Fernando VII se dieron ya algunos pasos relevantes, con las reformas de López Ballesteros, que continuaron en los primeros años de transición al régimen liberal después de la muerte del rey en 1833. El modelo de gestión de la Hacienda pasó a estar inspirado por los principios de uniformidad, racionalidad burocrática y centralización que constituían el ethos con el que se estaba construyendo toda la Administración del nuevo Estado.

En paralelo, la red de los intendentes fue adaptada a la nueva división provincial de 1833; y en lo sucesivo, toda relación de la Hacienda estatal con los contribuyentes y con los recursos dispersos en el territorio se gestionaría a través de este entramado de 49 provincias. En la capital de cada una de ellas, el intendente encabezaba una Administración provincial de Hacienda.

El Consejo de Hacienda, herencia de un sistema financiero lastrado por la tradición, la judicialización y la inoperancia, fue abolido junto con los demás consejos de la Monarquía.646 En su lugar, la cúspide de la Hacienda Pública se situó en un Ministerio de Hacienda, reorganizado —como todos los demás— en 1834.647 Un año más tarde desapareció la jurisdicción especial de Hacienda, sometiéndose las cuestiones hacendísticas al Tribunal Supremo.648 Estas medidas representaban el triunfo final de la lógica del gobierno frente a la lógica de la jurisdicción en el decisivo campo de la Hacienda. De hecho, el ramo de Hacienda fue el primero y en el que más ampliamente se plasmó esta nueva lógica administrativa y gubernamental, quizá por ser en él más acuciante la presión de la necesidad.

La llegada de los progresistas al poder en 1836 permitió que, en el marco de radicalización revolucionaria que imponía la Primera Guerra Carlista, se adoptaran las medidas decisivas que, más allá de un mero cambio en el estilo de la gestión, dieran forma a esa Hacienda Pública que los liberales entendían como sustento material del Estado. La Constitución promulgada en 1837 recogía esa nueva concepción de la Hacienda: el pago de las contribuciones entraba a formar parte de las obligaciones que, junto a los derechos fundamentales, componían la figura del ciudadano en el Título Primero; el artículo 6.º precisaba que la obligación del ciudadano de contribuir a los gastos del Estado debía hacerse «en proporción de sus haberes».649 Esto no solo llevaba al terreno de la Hacienda el principio de igualdad ante la ley, con la desaparición de cualquier discriminación fiscal —incluidas las territoriales—, sino que imponía además un criterio para identificar la justicia de los tributos que se implantaran en el futuro, cual era el de que estos se graduaran en proporción a la capacidad de pago de cada contribuyente.

La Hacienda se contemplaba también en un título específico de la Constitución —el XII: De las contribuciones— como prueba de la importancia que se le atribuía en la configuración del nuevo Estado. Allí se establecía la obligación de que las Cortes, como representantes de la soberanía nacional, aprobaran todos los años «el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para llenarlos», quedando también bajo la potestad del parlamento el posterior control de las cuentas de los ejercicios cerrados (art. 72), y sin que pudiera ser exigido impuesto alguno que no estuviera previsto en la ley de presupuestos o en alguna otra ley especial (art. 73). Se plasmaba así en el ordenamiento legal el modelo de una única Hacienda, la Hacienda del Estado, uniforme en todo el territorio, igual para toda clase de personas, y sometida a la disciplina de un presupuesto controlado por la representación nacional.

Faltaba, sin embargo, hacer realidad aquel modelo fiscal, superando inercias, costumbres y privilegios muy arraigados, y enfrentándose a los poderosos intereses que se verían perjudicados por su implantación. El estado de guerra justificó algunas de las medidas más trascendentes, como la interrupción del servicio de la deuda pública, decretada por Mendizábal en 1836, que suponía que el nuevo Estado desconocía, en cierto modo, las obligaciones heredadas de la antigua Monarquía, llevando al plano financiero la ruptura política.650

Fue también Mendizábal quien puso en marcha la más audaz de las medidas de la época, al decretar la desamortización eclesiástica y la abolición del diezmo, anulando a la Iglesia como poder económico y eliminando la existencia de una Hacienda eclesiástica que rivalizara con la estatal por las mismas fuentes de renta. El monopolio hacendístico del Estado quedaba así completado, pues los tributos señoriales habían sido eliminados de manera definitiva en 1837, con mucha menos oposición que los de la Iglesia.

Finalmente, la reforma de Mon consiguió en 1845 dotar al Estado de un sistema tributario estable acorde con los principios del liberalismo templado que los moderados representaban. El nuevo sistema tributario se presentó como mera continuación de lo existente; pero los impuestos que creaba eran claramente distintos de todo lo anterior por la obligación universal de contribuir —al haber desaparecido los privilegios fiscales de nobles y eclesiásticos— y porque por primera vez se extendía un mismo sistema tributario a todo el territorio nacional. No obstante, las circunstancias en que se puso fin a la Primera Guerra Carlista, con un final negociado que incluía la preservación parcial de los privilegios fiscales de las provincias derrotadas, llevó a introducir una excepción territorial: el mantenimiento de las Haciendas forales en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Estas provincias, que acababan de ser incluidas en el mercado nacional mediante la eliminación de las aduanas interiores, preservaron en cambio sus privilegios fiscales, manteniéndose al margen del sistema general de contribuciones. Esto traicionaba, sin duda, el espíritu de la Constitución y era la primera renuncia en el camino hacia la igualdad de trato fiscal que el Estado liberal prometía a los ciudadanos. El tercero de los grandes objetivos de la reforma fiscal del liberalismo en realidad se cumplió solo parcialmente, al permitir que cuatro de las 49 provincias españolas tuvieran sistemas tributarios diferenciados.

El cuarto de los objetivos que perseguía el programa fiscal del liberalismo español en la primera mitad del XIX era la superación de los mecanismos indirectos de extracción de los recursos a través de corporaciones, arrendatarios e intermediarios, para sustituirlos por instrumentos administrativos propios de la Hacienda Pública, capaces de llegar a todo el territorio y establecer una relación directa con los contribuyentes. De ahí debía surgir un nuevo tipo de relación tributaria, basado en el conocimiento directo por el Estado de las posibilidades de contribuir de cada ciudadano —a través de la Estadística— y de las garantías otorgadas a todos ellos de que su carga tributaria sería graduada sobre bases objetivas, buscando la proporcionalidad del esfuerzo con estricta legalidad y seguridad jurídica.

A cambio, se esperaba promover en los ciudadanos una conciencia cívica de la obligación de contribuir sincera y voluntariamente como contrapartida de los derechos que les reconocía el Estado constitucional. De los cuatro objetivos señalados, este fue el que más tiempo se tardó en abordar, por la imposibilidad práctica de disponer, en las primeras décadas del siglo XIX, de datos fiables con los que graduar el reparto de las contribuciones directas; y también por la carencia de personal y oficinas suficientes para llegar hasta todos los contribuyentes y establecer con ellos un vínculo tributario permanente. Si los recursos eran insuficientes para eso, lo eran mucho más para desarrollar la tarea pedagógica de fomentar una nueva conciencia ciudadana que sustentara el pago puntual de los impuestos. Muy al contrario, lo que provocó la implantación de la reforma tributaria y su práctica regular en los cincuenta años siguientes fueron resistencias antifiscales que, en algunos casos, adoptaron forma de motín. El fracaso, por lo tanto, fue completo en cuanto a este último componente del programa liberal en materia de Hacienda, que se sacrificó a otros objetivos más propios del conservadurismo dominante en las décadas centrales del siglo XIX.

Así, la Contribución de Consumos, que teóricamente era un impuesto indirecto sobre las transacciones interiores, quedó desvirtuada en la medida en que se cedió con frecuencia a los ayuntamientos en régimen de encabezamiento, para que la municipalidad ingresara el cupo en las arcas de Hacienda y luego recaudara por el método que mejor le pareciera, que podía ir desde un recargo en las contribuciones directas hasta una capitación repartida a los vecinos, o la instalación de ciertas tiendas en las que se vendieran con recargo los géneros objeto de la imposición. Eso cuando no se arrendaba directamente a un particular la recaudación de los Consumos, volviendo así a una práctica especialmente criticada del Antiguo Régimen.651

La adecuada recaudación de las restantes contribuciones que se implantaron en 1845, sobre todo las más productivas, que eran las contribuciones directas «de producto» —Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería y Contribución Industrial y de Comercio— hubiera requerido la improvisación de mecanismos administrativos que el Estado de entonces no tenía. Habría sido preciso registrar y evaluar todas las formas de riqueza, sus titulares y su volumen, para repartir las contribuciones con la proporcionalidad que preveían la Constitución y las leyes. En particular, para la más importante de las contribuciones, la que gravaba la propiedad de la tierra, los inmuebles urbanos y las actividades agrícolas y ganaderas, habría sido necesario un catastro en el que aparecieran inventariados tales bienes y actividades. El levantamiento del catastro, como se ha visto en el capítulo 7, se retrasó enormemente en España y no estaría disponible hasta las primeras décadas del siglo XX, en parte por la insuficiencia de los medios disponibles para tal operación y en parte por la falta de voluntad política. En su lugar, se recurrió a sucedáneos como los amillaramientos y las cartillas evaluatorias, sistemas que dejaban la estimación de la riqueza inmobiliaria, agrícola y ganadera en manos de los ayuntamientos y de los grandes propietarios. Puesto que los primeros estaban en manos de los segundos, la implantación de este sistema de estimación de la riqueza hizo que la distribución de la carga fiscal se convirtiera en una negociación entre los contribuyentes y el Estado, negociación en la que los ayuntamientos se erigieron en intermediarios con poder decisivo.652

La evolución fue similar en otros impuestos, pues era generalizado el contraste entre la ambición teórica con la que se definieron en la ley y las limitadas posibilidades administrativas que ofrecía el Estado español en aquellos momentos. Por ejemplo, la Contribución Industrial y de Comercio tampoco era fácil de recaudar porque no había un conocimiento detallado de las ganancias de cada negocio del país. La solución fue dejar en manos de los ayuntamientos la elaboración de las matrículas en las que figuraban los contribuyentes clasificados por tarifas y cuotas. Frecuentemente, además, se recurría a la negociación del encabezamiento por gremios, lo cual aseguraba a la Hacienda un cierto volumen de ingresos, pero erigía al gremio en intermediario entre el Estado y los contribuyentes, alejando cualquier posibilidad de repartir la carga fiscal con criterios equitativos.653

La distancia entre la concepción teórica de los impuestos creados en 1845 y su aplicación práctica en los años siguientes tenía que ver con la estructura y dimensiones que la Administración española tenía en aquel momento. El Ministerio de Hacienda funcionaba con varias Direcciones Generales especializadas en los diferentes tipos de contribuciones y rentas. Pero tenía problemas para proyectar esa estructura sobre el territorio: no había personal suficiente para multiplicar por 49 los servicios centrales del Ministerio, teniendo en cuenta que los servicios financieros requieren una cierta profesionalidad, además de un personal nutrido y cercano al ciudadano.

A falta de medios propios, el Ministerio de Hacienda tuvo que delegar las funciones tributarias básicas sobre los ayuntamientos. Era esta una operación arriesgada, dado que los ayuntamientos estaban más cerca de los intereses particulares de los contribuyentes que del interés general de la Hacienda, y que además tampoco disponían de medios ni personal para las muchas tareas que se les exigían. Para evitar que esta situación condujera a un hundimiento de la recaudación y abocara al Estado a la bancarrota permanente, se recurrió al sistema de cupos: el Gobierno y las Cortes fijaban el cupo que se debía recaudar por cada impuesto en toda la nación y lo repartían en cupos provinciales de obligada recaudación; luego, el cupo provincial se dividía en cupos locales negociados en la diputación; y el cupo local lo repartían los ayuntamientos y las juntas de contribuyentes entre los vecinos concretos que habían de pagarlos. El cupo de cada nivel debía cubrirse por entero, de manera que si un contribuyente no pagaba, los demás del municipio estaban obligados a cubrir su parte como responsables solidarios; y lo mismo ocurría con los cupos locales hasta cubrir íntegra la cifra del cupo provincial. De esta manera, la ineficacia o la corrupción de los servicios que intervinieran en cualquier nivel no tendrían incidencia sobre la cifra total recaudada por el Estado; otra cuestión sería la racionalidad, equidad y justicia del reparto.

En definitiva, mediante los procedimientos descritos, lo que hacía la Hacienda de mediados del XIX era procurarse unos ingresos seguros con el menor coste de recaudación, pero renunciando a hacer realidad los principios que la Constitución proclamaba. En lugar de establecer una relación directa entre el Estado y cada contribuyente, la Hacienda delegaba en otras entidades, que se encargaban de repartir la carga fiscal con arreglo a sus propios criterios e intereses: ayuntamientos, gremios, comisiones de mayores contribuyentes… Esta situación se justificaba por el reconocimiento de que el Estado no disponía de medios propios para llegar hasta todos los confines del territorio y controlar las actividades económicas. Donde tal control era posible, los mecanismos recaudatorios se modificaban; fue frecuente que se establecieran procedimientos diferentes para las zonas rurales y para las «capitales de provincia y puertos habilitados», ciudades en donde los servicios de Hacienda del Gobierno provincial podían intervenir en la vigilancia de la vida económica y el reparto de las contribuciones.

Las consecuencias negativas de estas prácticas fiscales son obvias y lo fueron ya entonces. Por un lado, petrificaban las bases de los impuestos, impidiendo que su rendimiento aumentara al ritmo del crecimiento económico. Esta congelación de los ingresos tributarios hizo que el sistema recién creado se volviera muy pronto insuficiente para cubrir los gastos del Estado, con el agravante de que pesaba sobre la Hacienda española una importante deuda interna y externa, cuyo servicio había sido interrumpido por Mendizábal en 1836, en plena guerra civil. El recurso al crédito estaba, pues, prácticamente vetado para un Estado en bancarrota, al tiempo que una parte sustancial de los ingresos públicos se iba a pagar deudas sin dar margen para emprender inversiones ni políticas que requirieran gasto. El arreglo de la Deuda Pública que realizó Bravo Murillo vino a poner orden en esta situación, reduciendo el peso de la deuda y estableciendo un plan para su amortización;654 pero se hizo en detrimento de los intereses de los acreedores, reduciendo el crédito futuro del Estado español en los mercados internacionales.

La prueba más evidente de las limitaciones que tuvo el arreglo de la deuda de Bravo Murillo es que en los años siguientes continuó aumentando el endeudamiento del Estado. La inestabilidad política y la gravedad de los problemas estructurales del sistema fiscal, que no se podían abordar sin reformas profundas, retrasaron año tras año la solución del problema, provocando hacia el final del reinado de Isabel II una situación similar de endeudamiento insostenible. Fue necesario entonces un nuevo arreglo de la deuda que revisara el anterior, arreglo realizado por el ministro Manuel García Barzanallana en 1867.655 El nuevo arreglo respondía, en parte, al deseo de volver a abrir para España los mercados crediticios internacionales, según las demandas de los acreedores de que se revisara el arreglo de 1851; y, efectivamente, ese objetivo se consiguió, al tiempo que se reducía momentáneamente la presión de la deuda flotante. Pero el problema de fondo seguía intacto, y era la tendencia estructural de los gastos a crecer por encima de unos ingresos cuyas bases tributarias permanecían congeladas por falta de una administración de Hacienda flexible y eficaz.656 La tarea esencial de los reformadores del Estado no estaba en estos arreglos periódicos de la deuda ni en las recurrentes economías en el gasto, sino en la modernización de la administración de la Hacienda Pública.

La otra consecuencia negativa de la implementación práctica del sistema tributario de Mon fue la regresividad con la que se repartió de hecho la carga tributaria. Al dejar el reparto de los impuestos en manos de intermediarios que representaban los intereses de los mayores propietarios y empresarios, se aceptó que estos eludieran parte del esfuerzo tributario que les correspondía, descargándolo sobre sus vecinos menos influyentes. La experiencia de la falta de equidad en el reparto de las contribuciones restó fuerza a los impuestos como creadores de conciencia ciudadana e identidad nacional: los ciudadanos comprendían que el pago de impuestos o su elusión era cuestión de poder más que de moral cívica y, en consecuencia, se difundió una cultura de resistencia antifiscal, que contribuyó a dificultar por largo tiempo la tarea de financiar y legitimar las actividades del Estado.

Si esta situación se pudo prolongar en el tiempo, fue porque había grupos sociales poderosos que se beneficiaban de ella: los mayores propietarios y empresarios de cada ramo, en cuyas manos recayó de hecho el reparto de los impuestos, se opusieron con vehemencia a los intentos posteriores de modernizar la administración tributaria y de dotarla de medios para conocer los patrimonios y ganancias de los contribuyentes. El contraste entre el inmovilismo fiscal de los poderosos y la aversión popular a los impuestos es indicativo de esta injusticia radical que latía en el fondo del sistema fiscal español. De ahí que los movimientos populares urbanos por el aumento de las libertades o por la democratización del sistema político incluyeran siempre entre sus fines la modificación de los impuestos existentes, atacando directamente los símbolos del más odiado de ellos, que era la Contribución de Consumos: los fielatos (puestos de control y recaudación de los consumos) fueron asaltados por los revolucionarios tanto en 1854 como en 1868. Y fue la impopularidad de este impuesto la que obligó al Gobierno revolucionario a abolirlo en 1868, a pesar de la acuciante necesidad de ingresos que la Hacienda tenía.657 Tanto la abolición de los Consumos como otras reformas tributarias del Sexenio Revolucionario resultaron fugaces, pues con la Restauración se volvió a la estructura tributaria básica creada por la reforma de Mon.658

Las críticas vertidas contra el sistema tributario que crearon los liberales durante el reinado de Isabel II responden a problemas reales: problemas de desigualdad y de ineficiencia que advirtieron tanto los contemporáneos como los investigadores posteriores. Esas críticas, sin embargo, remiten muchas veces a la disparidad de valores entre quienes gestionaron aquel sistema y quienes lo han juzgado en cada época. Y, en todo caso, no pueden hacer perder de vista la importancia que aquella reforma tuvo para la construcción del Estado, teniendo en cuenta la falta de sistema que había conducido a la bancarrota de la Monarquía absoluta. Un paso importante que, además, iba en la dirección común que estaba tomando la modernización fiscal en gran parte de la Europa continental, ligada al modelo tributario latino, aquejado de problemas similares en el siglo XIX, tanto en España como en Italia y en Francia.659 El sistema adoptado en España era, pues, típicamente europeo: si la comparación se lleva a los países latinos del continente americano, se encuentran problemáticas diferentes. Esa diferencia, por otra parte, permite apreciar dimensiones importantes en la caracterización del modelo tributario español del siglo XIX.660

Viniendo de un origen común, como eran las finanzas de la Monarquía española del Antiguo Régimen, llaman la atención déficits tan abultados como los que llegaron a acumular en poco tiempo las nuevas repúblicas independientes de Hispanoamérica, mayores aún, en proporción, que los que consideramos sintomáticos de la insuficiencia de la Hacienda española. Los sistemas fiscales de la Hispanoamérica independiente se diferenciaron del instaurado en la antigua metrópoli por descansar en mayor medida sobre las contribuciones indirectas —las Aduanas, especialmente— y sobre ingresos no tributarios, como monopolios fiscales, manipulación de la moneda, etc. A la larga, tales procedimientos de financiación del Estado mostraron también que tenían límites severos; y que, por su carácter «indoloro», por ser casi imperceptibles para los contribuyentes, no generaban en estos la sensación de estar sosteniendo al Gobierno con sus sacrificios.

Las contribuciones españolas —como las francesas— fueron gravosas y molestas para quienes tenían que pagarlas, pero constituyeron la matriz fundamental para crear un vínculo de ciudadanía. El ciudadano contribuyente, aunque fuera a través del descontento y de la protesta, se sentía parte de una comunidad nacional, en virtud de sus obligaciones tributarias. Los impuestos fueron objeto de un intenso debate político, llevando a los ciudadanos de a pie a sentirse concernidos por los asuntos públicos, las elecciones, las discusiones parlamentarias y los cambios de Gobierno; y a exigir derechos como contrapartida de las obligaciones que pagaban periódicamente en dinero. Desde ese punto de vista, hay que reevaluar el sistema tributario español del siglo XIX, que fue capaz de crear un sentido material y práctico de lo que significaba ser ciudadano en un Estado nacional.

No obstante, era evidente para los responsables de la Hacienda y de la Administración la necesidad de que el Estado obtuviera mayores ingresos y evitara, al mismo tiempo, aumentar la carga fiscal sobre los pequeños contribuyentes, cuyo descontento —se había demostrado ya— era una amenaza constante de estallido social. Así, la necesidad, más que la ideología, fue el motor de una racionalización gradual del sistema impositivo, a medida que la Hacienda Pública pudo disponer de más y mejores medios administrativos desde los decenios finales del siglo XIX.

Si se compara la relación tributaria con la relación electoral que mantenían los ciudadanos con el Estado, el paralelismo es notorio. También aquí encontramos una distorsión de los grandes principios constitucionales en detrimento de la igualdad, distorsión que en parte se debe a la legislación concreta dictada para aplicar esos principios, y en parte a prácticas políticas y administrativas no previstas en la norma, es decir, al fraude.661

La primera normativa electoral de la regencia de María Cristina, en 1834, estableció el límite de 6.000 ducados de renta anual para tener derecho a voto; si bien moderó esa restricción con la admisión al voto de las capacidades, es decir, los profesionales.662 El resultado era un cuerpo electoral formado por poco más de 16.000 personas (un 0,1 por ciento de la población), estrato económico superior en el que se reclutaría la clase política. Posteriormente, todavía bajo el régimen del Estatuto Real, los progresistas suavizaron las exigencias censitarias, elevando el cuerpo electoral en 1836 hasta el 0,6 por ciento de la población española (64.800 personas).663 Como término de comparación, digamos que el sufragio universal, con las condiciones de edad (25 años) y género (solo varones) propias de la época, habría dado el voto a cerca de la cuarta parte de los españoles, como ocurrió durante el tercer periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz en 1836 (cuando el cuerpo electoral llegó a significar un 27,6 por ciento de la población) o tras la Revolución de 1868 (cuando alcanzó al 24 por ciento).664

La ley electoral de los progresistas de 1837, más compleja en su redacción, ponía como límite mínimo para tener derecho de sufragio el pago de 200 reales anuales por contribuciones directas o, alternativamente, la demostración de unos ingresos de 1.500 reales procedentes de propiedades inmuebles o del ejercicio de una actividad profesional de las reconocidas como capacidades por la ley. Los arrendatarios o aparceros que pagaran una renta superior a los 3.000 reales anuales también tendrían derecho de voto, así como los labradores que poseyeran una yunta para labrar tierras propias, o dos para labrar tierras arrendadas; también los inquilinos de casas de cierta renta tendrían derecho a votar. Esta ampliación de los criterios para participar en la vida política era significativa, porque además servían tanto para el sufragio activo como para el sufragio pasivo, mientras que en épocas anteriores los requisitos eran aún más exigentes para poder ser elegido que para ser elector.665 Con todo, la democratización no elevó el cuerpo electoral más allá del 2,2 por ciento de la población, ampliado sucesivamente al 3,9 en 1840 y al 4,3 por ciento en 1843. El posterior regreso de los moderados al poder volvió a reducir el derecho de participación, dejándolo en un 0,8 por ciento en 1846, cifra de la que se movería muy poco en los años siguientes.666 Un nuevo paso de los progresistas por el poder elevó el cuerpo electoral hasta los 695.110 electores de 1854 (4,7 por ciento de la población), máximo grado de apertura del sufragio censitario de todo el reinado. Tras la vuelta a la legislación moderada, los unionistas abrieron nuevamente el cuerpo electoral, dejándolo en niveles más cercanos a los que habían promovido los progresistas de la época de las regencias, mediante una ley de 1865 que permitió votar a un 2,6 por ciento de los españoles, equivalente al 9,6 por ciento de los varones adultos.667

El resultado de todas estas restricciones era la escisión entre unas masas populares mayoritariamente excluidas del sistema y una clase política formada por ricos propietarios, de bienes raíces en su inmensa mayoría.668 Esta clase política poseía mayoritariamente patrimonios inmuebles heredados, que los interesados redondearon mediante adquisiciones, muchas veces ligadas a la desamortización, y mediante la corrupción, que se extendió a medida que el poder del Estado crecía y facilitaba el uso de puestos políticos para el enriquecimiento personal.669 La especulación con los títulos de la deuda pública y con las acciones de compañías ferroviarias fueron fuentes habituales de enriquecimiento en la clase política de la época, mientras que la inversión en empresas privadas sin relación con el Estado era mucho menos frecuente.670 De hecho, muchos políticos tendían a identificarse simplemente como «hacendados», aun cuando tuvieran otros títulos o profesiones que permitirían denominarlos: elegían la etiqueta más prestigiosa y acorde con su ambición de poder. En el Congreso elegido en 1844 —el que hizo la Constitución de 1845— un 41 por ciento de los diputados se presentaban a sí mismos como «propietarios», «hacendados» o «rentistas», eligiendo esta definición como primera opción, frente a un 28,2 por ciento de juristas, un 17,9 por ciento de empleados de la Administración, un 8,5 por ciento de militares y un corto 3,4 por ciento de comerciantes, empresarios y otros profesionales.671

Esta historia de la legislación electoral, bien conocida por otra parte, no agota el elenco de los mecanismos que limitaban la ciudadanía. Hay que recordar que la participación electoral, mucha o poca, servía para elegir un Congreso al que la Constitución y la práctica política limitaban estrechamente en sus funciones, sometiéndolo de hecho a la hegemonía de un poder ejecutivo al que apenas podía controlar. La representación parlamentaria se concibió con ribetes elitistas y antidemocráticos por una generación posrevolucionaria que encontró en otros países de Europa modelos inspiradores para desvirtuar la teoría del liberalismo por sus implicaciones potencialmente revolucionarias, no solo en sentido político, sino también social.672 La teoría de la representación, cuidadosamente construida en torno al concepto de capacidad política, servía para delimitar inclusiones y exclusiones, llegando a sostener un discurso sobre las influencias «legítimas» que podían ejercerse sobre las elecciones (del Gobierno, de las elites locales…). Alrededor de esta idea de representación se edificó una clase política profesionalizada que monopolizó las funciones de gobierno en el nuevo Estado.673

La clave para esta desviación de la representación política hacia una hegemonía del poder ejecutivo y hacia la reproducción en el poder de una elite social dominante estaba en la manipulación de las elecciones. Desde muy pronto se concibió un mecanismo perverso por el cual quien estaba en el Gobierno en cada momento podía «hacerse» una mayoría parlamentaria cómoda convocando elecciones y falseando la consulta para obtener el resultado apetecido. De esta manera, la alternancia política se limitaba a la que la Corona quisiera facilitar arbitrariamente, pues las elecciones se limitaban a sancionar el nombramiento del nuevo presidente a posteriori. La manipulación de las elecciones se organizaba desde el Ministerio de la Gobernación, mediante una serie de prácticas que se fueron refinando con el tiempo y alcanzaron su culminación bajo el régimen de la Restauración. Efectivamente, en aquella época se había perfeccionado hasta tal punto el instrumental para el fraude electoral que la adopción del sufragio universal masculino directo en 1890 apenas significó un cambio en las tendencias electorales resultantes.674

Para la manipulación de las elecciones se requería la colaboración de los notables locales, que eran quienes podían hacer efectivas las trampas a pie de urna. Esa fue la base del caciquismo, un sistema de intercambio de favores y relaciones clientelares que se extendía piramidalmente desde la cúspide de los partidos de gobierno hasta la base de la sociedad, dominando el sistema político y la vida diaria de pueblos y ciudades. Con una red de connivencias muy extendida, la falsificación de las elecciones incluía prácticas de manipulación previa —sobre el censo y sobre la definición de los distritos—, compra de votos —mediante favores de cualquier tipo—, presiones e intervenciones durante la campaña y en la jornada electoral, y trampas en el recuento.675

Era normal, por ejemplo, que para el día de las elecciones se desterrara o encarcelara a dirigentes políticos rivales o que los funcionarios públicos llamasen a electores determinados para sacarlos de sus domicilios y de sus distritos a fin de que no pudieran votar, fuera mediante la fuerza de los celadores de policía o pretextando un servicio público.676 También que durante la campaña se cerraran los periódicos de la oposición, se prohibieran sus actos electorales o se disolvieran las juntas que coordinaban la campaña de cada partido.677 Las mesas electorales no garantizaban la pureza del voto, sino el resultado que sus superiores les hubieran pedido. Para ello, recurrían a considerar como nulos o dudosos multitud de votos contrarios, aprovechando la costumbre del XIX de que fuera el propio elector quien escribiera el nombre del candidato que quería votar en la papeleta.678 Las ilegalidades cometidas en cada elección eran innumerables, porque en última instancia era el gobernador civil de la provincia quien decidía sobre lo que era aceptable y lo que no; y el gobernador era un agente político del Gobierno en el territorio, pieza clave para organizar este tipo de elecciones fraudulentas.679

Por todo lo visto, si bien el sistema representativo establecía un mecanismo de participación y de relación política del ciudadano con el Estado, el concepto mismo de representación se definió poniendo límites a la participación. En la práctica, las distorsiones de aquel sistema limitaban el efecto cívico de la representación política y, en muchos casos, podían acabar produciendo un efecto contrario de desafección.680 Con un sistema político como el que se ha descrito, no es de extrañar que amplios sectores de la población se sintieran poco identificados con el Estado. A las restricciones de la participación, que hacían el régimen poco liberal en la práctica, habría que añadir la legislación de prensa, enormemente restrictiva, que limitaba el pluralismo y mantenía a los grupos disidentes en situaciones de semiclandestinidad. Los motines y algaradas eran frecuentes, como expresión de descontento con un sistema de poder refractario a las demandas populares. Y la respuesta frente a ese descontento pasaba por reforzar los mecanismos represivos. En ese sentido, la creación de la Guardia Civil al comienzo de la Década Moderada fue un paso enormemente significativo del tipo de Estado que se estaba construyendo.681

Fueron este tipo de restricciones en los derechos y libertades de los ciudadanos, así como en la participación política, las que impidieron que prosperara un sentido compartido de la nación como comunidad política. De hecho, crearon una notoria desconfianza de las clases populares hacia la política institucional, que no sería ajena al auge del anarquismo en España a partir de los años sesenta.682 Si la ciudadanía política no alimentaba el sentimiento de pertenencia a la nación y tampoco se seguían políticas sistemáticas de uniformización cultural y de exaltación del sentimiento patriótico por otras vías, la cohesión nacional quedaba en entredicho. De ahí que se haya podido sostener que en el siglo XIX la nacionalización de España fue «débil»;683 algo que, sin embargo, resulta opinable porque es cuestión de grados, ya que sin duda hubo un proceso de nacionalización de la población, aunque puedan señalarse las limitaciones de las que se ha hablado en este capítulo.

586 Max Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, 2.ª ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1984), pp. 716-753 y 1060-1076.

587 José Ramón Parada, «El fracaso de la descentralización política. Reforma del Estado y reformas administrativas», Revista de Occidente, n.º 416 (2016), 5-38, esp. p. 10.

588 Esta tradición centralista, que venía del Antiguo Régimen y que inspiró el desarrollo del Estado entre 1812 y 1978, ha sido estudiada con detalle por Enrique Orduña Rebollo, Historia del Estado español (Madrid: Marcial Pons Historia-Fundación Alfonso Martín Escudero, 2015).

589 La especificidad del espacio cortesano y su aportación al cambio político y social de los tiempos modernos fue teorizada en el siglo XX por Norbert Elias, La sociedad cortesana (México: Fondo de Cultura Económica, 1982). En España, la centralidad política, social, económica y cultural de la corte real ha sido estudiada a fondo por los investigadores del Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE) dirigidos por José Martínez Millán. Sus resultados aparecen en obras como José Martínez Millán y Santiago Fernández Conti (eds.), La corte de Carlos V (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000); José Martínez Millán (ed.), La corte de Felipe II (Madrid: Alianza Editorial, 1994); José Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (eds.), La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la monarquía católica, 3 vols. (Madrid: Polifemo, 2015); José Martínez Millán, Concepción Camarero Bullón y Marcelo Luzzi Traficante (eds.), La corte de los Borbones: crisis del modelo cortesano, 3 vols. (Madrid: Polifemo, 2013); José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez y Gijs Versteegen (eds.), La corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), 3 vols. (Madrid: Polifemo, 2012).

590 Juan Pro, «El Estado y la administración pública en la ciudad (1833-1936)», en Virgilio Pinto Crespo (dir.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad, 1850-1939 (Madrid: Lunwerg-Fundación Caja Madrid, 2001), 270-299.

591 Como observó Emilio Castelar: Las capitales del mundo, Madrid-París, 1892, p. 56, cit. por Fernando Chueca Goitia, Madrid, ciudad con vocación de capital (Santiago de Compostela: Pico Sacro, 1974), 17.

592 Exposición de motivos del Real Decreto de 8 de abril de 1857 por el que se puso en marcha el Plan Castro para el Ensanche, Gaceta de Madrid, n.º 1561, 14 de abril, p. 1.

593 Josefina Buades Torrent, El edificio del Ministerio de Hacienda y su tesoro artístico (Madrid: Ministerio de Hacienda, 1982).

594 Real Decreto de 25 de julio de 1835 suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos, Gaceta de Madrid, n.º 211, 29 de julio, pp. 841-842.

595 Real Decreto de 13 de septiembre de 1836 mandando establecer en todas las provincias civiles del reino una junta con el especial encargo de cumplir el Real decreto de 30 de Agosto próximo pasado, Gaceta de Madrid, n.º 641, 14 de septiembre, pp. 1-2.

596 Gaceta de Madrid, n.º 1343, 22 de julio, p. 4.

597 José Álvarez Lopera, El Museo de la Trinidad: historia, obras y documentos (1838-1872) (Madrid: Museo del Prado, 2009); María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, «El Museo de la Trinidad y los orígenes del museo público en España», Espacio, tiempo y forma. Historia del arte, n.º 11 (1998), 367-396; Benito Navarrete Prieto, «La creación del Museo de la Trinidad: datos para su estudio», Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 83 (1996), 507-526.

598 Juan Pro, «Medios de acción y de representación del Senado», en Manuel Pérez Ledesma (coord.), El Senado en la historia (Madrid: Senado, 1995), 343-391.

599 Enrique Pardo Canalís, El Palacio de las Cortes (Madrid: Instituto de Estudios Madrileños/CSIC, 1971).

600 Isidro González Velázquez: «Explicación de la decoración exterior e interior del Salón», Biblioteca Nacional de España (Madrid), Manuscrito, B-1.223 (15-86).

601 Fernando Chueca Goitia, Madrid, ciudad con vocación de capital (Santiago de Compostela: Pico Sacro, 1974), 16-17.

602 Real decreto de 28 de marzo de 1866 organizando un Archivo histórico Nacional, Gaceta de Madrid, n.º 90, 31 de marzo, p. 1.

603 «Colocación de la primera piedra de la Biblioteca y Museo Nacional», El Globo Ilustrado, 1-15 de junio de 1866, pp. 7-8.

604 Emilio Casares Rodicio, Francisco Asenjo Barbieri (Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1994).

605 Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro (Madrid: Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, 1992).

606 Carlos Sambricio, Silvestre Pérez, arquitecto de la Ilustración (San Sebastián: Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos, 1975).

607 Ramón de Mesonero Romanos, Proyecto de mejoras generales de Madrid (Madrid: Imp. Agustín Espinosa y Compañía, 1846); Ángel Fernández de los Ríos, El futuro Madrid (Madrid: Imp. de la Biblioteca Universal Económica, 1868).

608 Anna María García Rovira, «Revolución liberal y fuerzas populares: el degüello de los frailes, Madrid, julio de 1834», en Alberto Gil Novales (ed.), Ejército, pueblo y Constitución (siglos XIX y XX). Homenaje al general R. de Riego, 25 (Madrid: Anejos de la revista Trienio, 1988), 455-496, especialmente p. 470.

609 George Henry Borrow, La Biblia en España o Viajes, aventuras y prisiones de un inglés en su intento de difundir las Escrituras por la Península (Madrid: Alianza Editorial, 1970), 180-186.

610 Manuel Espadas Burgos, «Evolución política de Madrid en el siglo XIX», en Antonio Fernández García (dir.): Historia de Madrid (Madrid: Editorial Complutense, 1993), 441-478, especialmente pp. 458-463.

611 Un Hijo del Pueblo, Las jornadas de Julio: Reseña de los heróicos hechos del pueblo de Madrid desde la noche del 17 de Julio hasta la entrada en la Capital del ilustre Duque de la Victoria (Madrid: Imp. de D. Anselmo Santa Coloma, 1855); José Ramón Urquijo y Goitia, La revolución de 1854 en Madrid (Madrid: Instituto de Historia Jerónimo Zurita, 1984), 111-160.

612 Javier M. Donézar, «Años revolucionarios (1868-1874)», en Manuel Pérez Ledesma (coord.), El Senado en la historia (Madrid: Senado, 1995), 145-184, especialmente pp. 178-179.

613 Ángel Fernández de los Ríos, El futuro Madrid (Madrid: Imp. de la Biblioteca Universal Económica, 1868).

614 Juan Pro, El Boletín Oficial del Estado: testimonio de la historia. Dos siglos de la historia de España a través de la «Gazeta» (Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2006), 11-17.

615 María Dolores Saiz, Historia del periodismo en España: 1. Los orígenes. El siglo XVIII (Madrid: Alianza Editorial, 1990); Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid escrito al entrar en el IV siglo de su existencia y para solemnizar la declaración de la mayor edad del Rey Don Alfonso XIII (Madrid: Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1902).

616 Real Orden de 23 de febrero de 1761 y Real Cédula de 10 de enero de 1762, en Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid escrito al entrar en el IV siglo de su existencia y para solemnizar la declaración de la mayor edad del Rey Don Alfonso XIII (Madrid: Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1902), 206-212. La propia Gaceta anunciaba que «Desde el 19 de Enero de 1762 se vende la Gaceta de Madrid en la calle de Carretas en casa de Francisco Manuel de Mena, vendedor del Mercurio, de cuenta de Su Majestad», Gaceta de Madrid, n.º 2, 12 de enero de 1762, p. 16.

617 Fermín De Los Reyes Gómez, «Con privilegio: La exclusiva de edición del libro antiguo español», Revista general de información y documentación 11, n.º 2 (2001), 163-200.

618 Raquel Rico Linage, «Publicación y publicidad de la Ley en el siglo XVIII: La Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico-político», Anuario de historia del derecho español, n.º 57 (1987), 265-338.

619 Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid escrito al entrar en el IV siglo de su existencia y para solemnizar la declaración de la mayor edad del Rey Don Alfonso XIII (Madrid: Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1902), 121-140.

620 Real Orden circular de 22 de septiembre de 1836 a todas las autoridades del reino, mandando que todos los Reales decretos, órdenes e instrucciones del Gobierno que se publiquen en la Gaceta bajo el artículo oficial, sean obligatorios desde el momento de su publicación para toda clase de personas, Gaceta de Madrid, n.º 651, 23 de septiembre, pp. 1-2.

621 Real Orden de 2 de junio de 1837 mandando que tan pronto como lleguen a la redacción de la Gaceta, se circulen las leyes, decretos, Reales órdenes y demás disposiciones del Gobierno, Gaceta de Madrid, n.º 914, 4 de junio, p. 2.

622 Ley de 28 de noviembre de 1837 disponiendo que las leyes y disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia, lo cual presentan las Cortes a S.M. para que tengan á bien dar su sanción, Gaceta de Madrid, n.º 1098, 1 de diciembre, p. 1.

623 Real Orden de 20 de abril de 1833 por la que se establece en cada capital de provincia un Diario ó Boletín periódico, en que se inserten todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tengan que hacerse á las justicias y ayuntamientos, Gaceta de Madrid, n.º 50, 23 de abril, pp. 215-216.

624 Esta problemática ha sido analizada por Marta Lorente Sariñena, La voz del Estado: la publicación de las normas (1810-1889) (Madrid: Boletín Oficial del Estado-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001).

625 Real Orden de 15 de diciembre de 1853 disponiendo que se consideren oficiales las cotizaciones de los efectos de la Deuda que publica la Gaceta, para las liquidaciones de equivalencias á metálico que satisfacen los compradores de fincas del Estado, Colección Legislativa de España, tomo LX (1853), p. 453.

626 Real Orden de 17 de enero de 1857 mandando que toda resolución o fallo que dicte el Tribunal Supremo de Justicia sobre competencias en materia civil o criminal se funde por la Sala que lo dicte, y se publique en la Gaceta y en la Colección legislativa, Gaceta de Madrid, n.º 1476, 18 de enero, p. 1.

627 Real Orden de 2 de junio de 1837 mandando que tan pronto como lleguen a la redacción de la Gaceta, se circulen las leyes, decretos, Reales órdenes y demás disposiciones del Gobierno, Gaceta de Madrid, n.º 914, 4 de junio, p. 2.

628 El Kalendario manual y Guía de Forasteros en Madrid se empezó a publicar como guía oficial por cuenta de la Corona en 1770; hasta ese momento había sido una publicación privada de Antonio Sanz, según Manuel Ossorio y Bernard: «La Imprenta Nacional de España», apéndice documental III de Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid escrito al entrar en el IV siglo de su existencia y para solemnizar la declaración de la mayor edad del Rey Don Alfonso XIII (Madrid: Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1902), 244-248. En 1811 se llamó Guía patriótica de España. En 1812-1813, Guía política de las Españas. Desde 1817 volvió a ser Calendario manual y guía de forasteros en Madrid. De 1821 a 1823, solo Guía de forasteros en Madrid, título al que se volvería en 1838. Desde 1865 se simplificó el título como Guía de forasteros. Y por fin en 1874 pasó a llamarse Guía oficial de España, hasta 1935.

629 La serie se inició con la Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalacion en 24 de setiembre de 1810 hasta 14 de Setiembre de 1813. La Colección de decretos… se siguió publicando hasta 1845. La continuó la Colección legislativa de España, de 1846 a 1890; de ella se empezaron a separar series especializadas, como la de Sentencias del Consejo de Estado y la de Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ambas iniciadas en 1860 bajo el título genérico de Colección legislativa de España.

630 Emmanuel Joseph Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios (Madrid: Alianza Editorial, 2003), 90.

631 Este aspecto voluntarista de la nación política fue reafirmado, cien años después, por Renan en su famosa conferencia «¿Qué es una nación?» de 1882, Ernest Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss (Madrid: Alianza Editorial, 1987).

632 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana, o española (Madrid: Luis Sanchez, 1611).

633 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o rephranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, dedicado al rey nuestro señor don Phelippe V (que Dios guarde) a cuyas reales expensas se hace esta obra, 6 vols. (Madrid: Imprenta de Francisco del Hierro, 1726), vol. IV.

634 Agustín Argüelles, Exámen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Córtes Generales y Estraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de setiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813, 2 vols. (Londres: Imp. de Carlos Wood e Hijo, 1835), t. I, p. 24.

635 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 11.ª ed. (Madrid: Manuel Rivadeneyra, 1869).

636 Antonio Cánovas del Castillo, Discurso pronunciado por el Excmo. señor D. Antonio Cánovas del Castillo, el día 6 de noviembre de 1882 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, con motivo de la apertura de sus cátedras (Madrid: Imp. Central a cargo de Víctor Sáiz, 1882).

637 Edmund Burke, Reflexiones sobre la revolución francesa (Madrid: Alianza Editorial, 2003).

638 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 3 vols. (Madrid: Librería Católica de San José, 1880).

639 Real Orden de 25 de abril de 1844, recogida en Real Academia Española, Prontuario de ortografía de la lengua castellana (Madrid: Imprenta Nacional, 1844), pp. XIII-XIV.

640 Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, 30 vols. (Madrid: B. Industrial, 1850).

641 Paloma Cirujano Marín, Teresa Elorriaga Planes y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español (1834-1868) (Madrid: CSIC, 1985); Juan Pro, «La imagen histórica de la España imperial como instrumento político del nacionalismo conservador», en José Martínez Millán y Carlos Reyero (eds.), El siglo de Carlos V y Felipe II: la construcción de los mitos en el siglo XIX, vol. II (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000), 217-235.

642 José Álvarez Junco, Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX (Madrid: Taurus, 2001).

643 Francisco Comín y Juan Zafra (eds.), El fraude fiscal en la historia de España, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1994).

644 Constitucion politica de la Monarquia Española promulgada en Cadiz a 19 de Marzo de 1812 (Cádiz: Imprenta Real, 1812), art. 339.

645 Juan Pro, «Des finances royales aux finances publiques: le contribuable et l’administration dans le nouvel ordre fiscal (1833-1852)», en Anne Dubet (coord.), Les finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe-XIXe siècles) (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008), 291-305.

646 Real Decreto IV de 24 de marzo de 1834 suprimiendo el Consejo de Hacienda, Suplemento a la Gaceta de Madrid, 25 de marzo, p. 1.

647 Real Decreto de 16 de junio de 1834 dando una nueva planta á las Secretarías del Despacho, y estableciendo para ello en cada una de las Secretarías del Despacho un Subsecretario, de nombramiento Real, á propuesta del respectivo Secretario de Estado, y á sus órdenes inmediatas, Gaceta de Madrid, n.º 120, 17 de junio, p. 525.

648 Real Decreto de 13 de septiembre de 1835 suprimiendo el tribunal supremo de Hacienda, debiendo ejercer sus atribuciones el tribunal supremo de España é Indias, y que este continúe con sola su dotación actual de un Presidente, quince ministros y tres fiscales, Gaceta de Madrid, n.º 263, 16 de septiembre, p. 1043.

649 Constitución de la Monarquía Española promulgada en Madrid a 18 de Junio de 1837 (Madrid: Imprenta Nacional, 1837).

650 Real Decreto de 18 de noviembre de 1836 con la aprobación de las Córtes relativa al cange de cupones por billetes contra el Tesoro público, Gaceta de Madrid, n.º 713, 19 de noviembre, p. 1.

651 Juan Luis Pan-Montojo, «La imposición indirecta en el sistema de Mon-Santillán», en Francisco Comín y Rafael Vallejo (dirs.): La reforma fiscal de Mon-Santillán, ciento cincuenta años después, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1996), 101-118.

652 Rafael Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001); Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992); Juan Pro, «Fraude, statistique et pouvoir dans l’Espagne libérale (1840-1868)», Revue d’histoire moderne et contemporaine XLI, n.º 2 (1994), 253-268.

653 Juan Pro, «Las contribuciones de producto antiguas de 1845», en Francisco Comín y Rafael Vallejo (dirs.): La reforma fiscal de Mon-Santillán, ciento cincuenta años después (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1996), 119-134.

654 Ley de 1 de agosto de 1851 disponiendo que la deuda pública de España se dividirá en renta perpetua del 3 por ciento y deuda amortizable, Gaceta de Madrid, n.º 6230, 4 de agosto, pp. 1-2. Real Decreto de 17 de octubre de 1851 aprobando el Reglamento para ejecutar y llevar á efecto la ley de 1.º de Agosto de este año, relativa al arreglo de la Deuda pública así interior como exterior, Gaceta de Madrid, n.º 6305, 18 de octubre, pp. 1-4.

655 Ley de 11 de julio de 1867 mandando emitir Deuda consolidada exterior del 3 por ciento para ser canjeada por títulos de Deuda amortizable y de la diferida de 1831, Gaceta de Madrid, n.º 194, 13 de julio, p. 1.

656 Carmen García García y Juan Pro, «Arreglar la deuda para consolidar el Estado: de Bravo Murillo a García Barzanallana (1851-1867)», en Carlos Álvarez-Nogal y Francisco Comín (eds.), Historia de la deuda pública en España (siglos XVI-XXI) (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales-Arca Comunis, 2015), 187-219.

657 Decreto de 12 de octubre de 1868 suprimiendo la contribución de consumos y estableciendo en su lugar otro impuesto, Gaceta de Madrid, n.º 288, 14 de octubre, pp. 1-4.

658 Jesús Martín Niño, La Hacienda española y la revolución de 1868 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1972).

659 Enrique Fuentes Quintana, «El estilo tributario latino: características principales y problemas de su reforma», en José Luis García Delgado y Julio Segura (eds.), Ciencia social y análisis económico. Estudios en homenaje al profesor Valentín Andrés Álvarez (Madrid: Tecnos, 1978), 195-279.

660 Francisco Comín y Daniel Díaz Fuentes, «Un análisis comparativo del equilibrio presupuestario en Argentina, España, México, 1810-1940», Boletín de Historia Económica VI, n.º 7 (2008), 19-29; Juan Luis Pan-Montojo, «Los ingresos aduaneros y la formación de los estados nacionales: España, Argentina, Perú y México en el siglo XIX» (XIV International Economic History Congress. Session 55: La modernización de los sistemas fiscales en América Latina y la Península Ibérica: una perspectiva comparada, Helsinki, 2006), en línea: [consultado por última vez el 10/02/2019].

661 Un análisis pormenorizado de esta cuestión en Rafael Zurita, «El proceso electoral», en María Sierra, María Antonia Peña y Rafael Zurita, Elegidos y elegibles: la representación parlamentaria en la cultura del liberalismo (Madrid: Marcial Pons Historia, 2010), 187-299.

662 Real Decreto de 20 de mayo de 1834 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 94, 25 de mayo, pp. 425-427.

663 Real Decreto de 24 de mayo de 1836 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 525, 26 de mayo, pp. 2-3.

664 En el análisis del cuerpo electoral, los datos proceden de Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936, 2 vols. (Madrid: Aguilar, 1974), t. I, pp. 44-53.

665 Real Decreto de 20 de julio de 1837 sobre las elecciones de Diputados y Senadores, Gaceta de Madrid, n.º 964, 22 de julio, pp. 1-2.

666 Real Decreto de 18 de marzo de 1846 sancionando la ley electoral, Gaceta de Madrid, n.º 4206, 21 de marzo, pp. 1-2.

667 Ley electoral para Diputados a Cortes de 18 de julio de 1865, Gaceta de Madrid, n.º 212, 31 de julio, pp. 1-3.

668 El 86,3 por ciento de los inventarios patrimoniales de políticos contenían bienes inmuebles, con predominio de los rústicos sobre los urbanos, según estudiados por Jesús Cruz, Los notables de Madrid: las bases sociales de la revolución liberal española (Madrid: Alianza Editorial, 2000), 137.

669 Juan Pro, «Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)», Ayer, n.º 66 (2007), 27-55.

670 Jesús Cruz, Los notables de Madrid: las bases sociales de la revolución liberal española (Madrid: Alianza Editorial, 2000), 141-142.

671 Natividad Araque Hontangas, Las elecciones en el reinado de Isabel II: la Cámara Baja (Madrid: Congreso de los Diputados, 2008), 129.

672 María Sierra, María Antonia Peña, y Rafael Zurita, «La representación política en el discurso del liberalismo español», Ayer, n.º 61 (2006), 15-45; María Sierra, «Conceptos y discursos de representación», en María Sierra, María Antonia Peña y Rafael Zurita: Elegidos y elegibles: la representación parlamentaria en la cultura del liberalismo (Madrid: Marcial Pons Historia, 2010), 301-499; María Antonia Peña, «La genealogía intelectual», en María Sierra, María Antonia Peña y Rafael Zurita: Elegidos y elegibles: la representación parlamentaria en la cultura del liberalismo (Madrid: Marcial Pons Historia, 2010), 23-186.

673 Juan Pro, «La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)», Historia Contemporánea, n.º 23 (2001), 445-482.

674 José Varela Ortega (ed.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923) (Madrid: Marcial Pons Historia, 2001).

675 Juan Pro, «La práctica política de los gobiernos antiparlamentarios al final de la Década Moderada (1851-1854)», Revista de las Cortes Generales, n.º 12 (1987), 7-55, especialmente pp. 30-32.

676 Práctica denunciada por el diputado Doménech, Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, Legislatura de 1850-1851, 8 de marzo de 1851.

677 Denuncias de este tipo en Las Novedades, 3 de febrero de 1853; El Diario Español, 3, 13, 16 y 27 de enero de 1853; El Clamor Público, 17 de abril de 1853.

678 Práctica denunciada, por ejemplo, en el distrito de Mora (Teruel), El Diario Español, 1 de marzo de 1853.

679 Un análisis sistemático de las prácticas de manipulación de las elecciones fue publicado en la época por Luis María Pastor, Las elecciones: sus vicios, la influencia moral del gobierno, estadística de la misma y proyecto de reforma electoral (Madrid: Imp. de Manuel Galiano, 1863).

680 María Sierra, «Electores y ciudadanos en los proyectos políticos del liberalismo moderado y progresista», en Manuel Pérez Ledesma (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007), 103-133.

681 Real decreto de 28 de marzo de 1844 creando un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería bajo la dependencia del ministerio de la Gobernación de la Península, y con la denominación de Guardias civiles, Gaceta de Madrid, n.º 3486, 31 de marzo, pp. 1-2.

682 José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910) (Madrid: Siglo XXI, 1976); Clara E. Lida, Anarquismo y revolución en la España del XIX (Madrid: Siglo XXI, 1972); Jacques Maurice, El anarquismo andaluz: campesinos y sindicalistas: 1868-1936 (Barcelona: Crítica, 1989).

683 Borja de Riquer, «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia Social, n.º 20 (s. f.), 97-114; Ferran Archilés, «¿Quién necesita la nación débil?: la débil nacionalización española y los historiadores», en Alberto Sabio, Rafael Valls, Carlos Forcadell, Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar (coords.), Usos de la historia y políticas de la memoria (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004), 187-208.

CAPÍTULO 9

EL ESTADO Y EL MERCADO

La construcción de los estados nacionales contemporáneos ha sido un proceso de mucha mayor importancia que cualquier cambio anterior en la configuración del poder o en la definición de los regímenes políticos que se haya producido a lo largo de la Historia. La aparición del Estado nacional supone un salto cualitativo, por cuanto que aspira a transformar la realidad social en un sentido completamente nuevo, ideando no solo nuevas instituciones, sino también nuevas formas de organizar la vida económica, la configuración de la sociedad, las relaciones entre las personas, los valores morales, la memoria del pasado, la producción artística y literaria, y toda clase de manifestaciones culturales.

La idea liberal de progreso implicaba que no había por qué conformarse con las estructuras heredadas del pasado que la tradición avalara: se podía pensar en objetivos ambiciosos, en formas de vida ideales. El Estado estaba legitimado para cambiar lo que fuera necesario en esa dirección, no solo porque así se lograría la felicidad general, sino también porque el Estado era la plasmación institucional de la sociedad misma, concebida como una comunidad política fuertemente cohesionada en torno a una identidad compartida, es decir, una nación.

Para ello, gradualmente se fue dotando al Estado de instrumentos que le dieran la capacidad de actuar sobre todas las manifestaciones de la vida humana, de manera que no hubiera obstáculo que se pudiera oponer a su acción transformadora. Hasta la aparición de los estados totalitarios en el siglo XX no se dudó sobre la bondad de este proceso de fortalecimiento del Estado, que se identificaba con la modernidad; el Estado nacional y sus instituciones eran concebidos como el motor de la modernización de una sociedad. Incluso después de la aparición de los estados totalitarios en el periodo de entreguerras —tanto las dictaduras fascistas como el régimen soviético— se siguió pensando que la modernización de las sociedades estaba fuertemente ligada a la capacidad de sus estados para impulsar políticas de progreso; y que el problema de los estados totalitarios no estaba en la fuerza ilimitada que adquirieron sobre sus sociedades, sino en que esa fuerza no venía corregida por la democracia. Bastaría, por tanto, con la democratización del régimen político para que todo incremento en la capacidad del Estado para transformar la sociedad adquiriera un sentido positivo y no amenazara a las libertades de los ciudadanos. De hecho, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota y el descrédito de los regímenes totalitarios en Occidente, estuvo marcado por la culminación en el crecimiento de los presupuestos y las estructuras administrativas de los estados democráticos y el consiguiente incremento de su capacidad para actuar sobre la vida económica, social y cultural.

Es evidente, por tanto, que la construcción de los estados nacionales no se ha limitado a un cambio político: no se comprende la amplitud del proceso si se contempla solo desde una óptica política o administrativa. Se trata de un proceso global, que transforma a la sociedad que lo vive en todos sus aspectos, arrastrando profundas transformaciones en el orden económico, social y cultural. De hecho, se trata de un fenómeno central que guía la evolución histórica de los países a lo largo de los siglos XIX y XX.

Estas tendencias han sido generales en todo el mundo occidental: España no es una excepción. También aquí la construcción del Estado en el siglo XIX fue un proceso no solamente político. Ya se ha prestado atención —en el capítulo 3 en especial— a los cambios culturales que acompañaron a la construcción del Estado. En este capítulo se añadirán algunas menciones sucintas a los cambios de carácter económico y social que igualmente figuran entre los requisitos previos y entre las consecuencias inmediatas de la construcción del Estado. En definitiva, al mostrar la amplitud de los cambios socioeconómicos ligados a la formación del Estado nacional, lo que se está proponiendo es un nuevo paradigma interpretativo que parta de adoptar la construcción del Estado como hilo conductor en el análisis de la historia contemporánea.

El capítulo reúne, pues, varias dimensiones de la interacción entre la economía y la construcción del Estado: comienza poniendo de manifiesto los esfuerzos encaminados a definir desde el Estado un nuevo sistema económico, que llevaba aparejado también un nuevo modelo de sociedad. Continúa con la idea de mercado nacional y las medidas que ayudaron a crearlo en el siglo XIX. Entre esas medidas, se destacan especialmente algunas de las que contribuyeron a ordenar el espacio económico y social desde la autoridad del Estado, como la unificación monetaria y el sistema de pesos y medidas; para terminar prestando atención a la propia ordenación del sector público de la economía, en ámbitos como las cuentas del Estado, la reducción del endeudamiento y la organización del sistema bancario nacional en torno a la centralidad de un banco del Estado. Todo ello con la intención de mostrar cómo la construcción del Estado remite, en definitiva, a un esfuerzo por poner orden: ordenar la realidad desde el poder —unificar, clasificar, jerarquizar—, imponer un cierto orden acorde con una racionalidad y unos intereses determinados.

La construcción de un sistema económico y social

El concepto de Estado nacional surgido de las revoluciones liberales, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, venía ligado a una nueva concepción de la vida económica, que era el sistema capitalista o de economía de mercado. Esto fue así también en la Revolución española. Desde el comienzo, la construcción del Estado-nación avanzó en paralelo al desarrollo económico capitalista, albergando los procesos de industrialización. En muchos casos —como en la desamortización, por ejemplo—, resulta difícil deslindar cuánto tenía de político y cuánto de económico: si estaban más inspiradas por el objetivo de construir un Estado nacional o el de construir un mercado, que también era nacional. Porque, efectivamente, una primera constatación que hay que hacer es que Estado y mercado se reforzaron mutuamente a medida que se iban definiendo, siempre ligados a un mismo espacio geográfico y mental, que era el de la nación.

El capitalismo empezó desarrollándose en un ámbito estrictamente nacional, que el Estado debió unificar y proteger, creando un mercado nacional; y solo cuando ese ámbito se quedó pequeño y la globalización llevó la lógica del capitalismo a una escala mundial, se superó aquel marco económico del mercado nacional. Pero cuando eso ha ocurrido, desde finales del siglo XX para acá, también el Estado nacional ha entrado en crisis, desafiado su poder soberano por otras instancias, en lo que podríamos denominar la crisis actual del Estado-nación.

Más allá de esta primera constatación histórica, hay que pensar que el propio concepto de sistema económico, como el marco o las reglas del juego en las que se desarrollan las actividades de producción, distribución y consumo de los recursos, es una creación estatal. La economía no se desarrolla en un espacio neutro, de carácter natural, sino en espacios regulados y estructurados desde el poder político, que en la Edad Contemporánea ha adquirido la forma del Estado-nación. El Estado es el constructor y el garante del sistema económico, al mismo tiempo que la economía condiciona las posibilidades de desarrollo y de acción del Estado, en un proceso de influencias mutuas. Por tanto, nada de lo que pase en la economía de un país es ajeno a las características de su Estado. Es importante aclararlo, porque las corrientes teóricas hegemónicas en la actualidad apuntan en otra dirección. Para empezar, el liberalismo económico tiende a dar por supuesto que existe algo así como un orden económico natural, que actúa tanto más eficazmente cuanto más se abstengan las instituciones políticas de intervenir en la economía. Esta fe liberal, que el neoliberalismo actual ha convertido en ortodoxia, choca con la evidencia histórica de que no hay vida económica en abstracto, sino ligada a unos determinados derechos de propiedad, mecanismos de herencia, regulaciones mercantiles y crediticias, moneda, delimitaciones de lo que es legal y lo que no, etc.; y que todo esto es definido y sostenido desde el Estado.

Por otro lado, una parte importante de las ciencias sociales se ha construido sobre el supuesto, más o menos explícito, de que la estructura económica y su evolución determinan lo que ocurre en otros aspectos de la realidad, como la política, la sociedad y la cultura. La formulación más coherente y más clara de este punto de vista procede del marxismo, que ha sostenido que las relaciones de producción constituyen la infraestructura o la estructura básica de una formación social, mientras que los fenómenos políticos y culturales constituirían superestructuras determinadas por la evolución de aquellas. Bien es verdad que semejante formulación pertenece a los ámbitos del marxismo más burdo, de corte estructuralista y en ocasiones de inspiración política stalinista. Los marxistas más sutiles han equilibrado ese planteamiento a partir de los textos de Marx y Engels, recuperando la idea de que los fenómenos políticos tienen una cierta autonomía y también influyen sobre la economía. Habría, pues, una retroacción de lo político sobre lo económico, una especie de interacción entre las dos esferas, aunque se conserva la pretensión de que «en última instancia» son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción las que ejercen el papel determinante o motor de los cambios.

La importancia de la acción de las instituciones sobre la vida económica, sin embargo, supera con creces lo que podría dar a entender la idea de una mera retroacción. Resulta difícil aceptar que el Estado sea un ámbito determinado por el sistema económico cuando es el Estado quien define algunos de los datos esenciales que caracterizan a un sistema económico: el Estado regula los derechos de propiedad, legisla sobre la organización de las unidades productivas, crea y administra los medios de pago, vigila el orden público, reglamenta los mercados, controla la movilidad de los recursos por el territorio, pone límites a las relaciones laborales, prohíbe determinadas actividades y subvenciona o promueve otras, contribuye a la formación de la fuerza de trabajo, etc. No hay vida económica posible sin una institucionalización del marco en el que se desarrolla. Por otro lado, la inmensa mayoría de los estudios empíricos de historia muestran la existencia de una categoría de fenómenos políticos que evolucionan con autonomía, al margen de las supuestas determinaciones económicas.

El Estado, entendido como la forma histórica adoptada por el poder político en el mundo contemporáneo, se nos presenta, pues, como el verdadero constructor del sistema económico, lejos de ser una simple emanación de este. Como constructor del sistema económico, al Estado le corresponden algunas competencias esenciales, referidas sobre todo a tres dominios: por un lado, a las reglas básicas de la distribución, ligadas a la definición y defensa de la propiedad, y también a la redistribución realizada por el propio Estado mediante el sistema fiscal. En segundo lugar, a la creación y sostenimiento de los canales de información económica del sistema, lo cual incluye sobre todo la gestión del dinero, pero también la regulación de la prensa, la bolsa y las comunicaciones. Y, en tercer lugar, al Estado le corresponde también la definición de las «reglas del juego» de la asignación de los recursos, tanto si se trata de una asignación planificada como si se trata de acotar un espacio de mercado para que sean la oferta y la demanda las que orienten la asignación.

El discurso doctrinal del liberalismo de los siglos XVIII y XIX creó pistas falsas en cuanto al papel del Estado en la vida económica de las naciones. La insistencia en el laissez faire, en proponer que el Estado dejara actuar libremente a las fuerzas del mercado, daba a entender que en ausencia del intervencionismo estatal la economía funcionaría por una serie de automatismos de carácter natural. Sin embargo, no hay nada de natural en una u otra forma de organizar el sistema económico. También la economía de mercado requiere de una ingeniería que le dé forma, de un Estado que la funde, la ordene y la regule. Y en gran parte la Revolución se hizo —en España como en Francia y en otros países de Europa y América— para poner en pie un Estado que garantizara un determinado tipo de economía.

Para muchos pensadores clásicos, el Estado es ante todo la organización que sostiene la propiedad. Y ello porque la finalidad del Estado sería proteger la existencia de la sociedad y porque la propiedad se entiende como el derecho básico que permite la libertad de los individuos y que hace posible la vida en sociedad. Esa idea del Estado como organización de defensa de la propiedad la encontramos, con distintas consecuencias, en Bodino, Hobbes, Locke, Rousseau, Smith, Kant, Hegel, Marx y Engels.

En la España del siglo XIX, la definición de los derechos de propiedad se hizo fundamentalmente durante los años revolucionarios, cuando se llevaron a cabo las desamortizaciones, la desvinculación de los mayorazgos y fideicomisos y la abolición de los señoríos. Con todas estas medidas se avanzó hacia un tipo de propiedad privada plena, individual y exclusiva, que circulara libremente en el mercado. Era, en definitiva, la idea de propiedad que había establecido en Francia el Código Napoleónico de 1804. Y la intención de los liberales españoles fue consagrarla cuanto antes con la promulgación, también aquí, de un Código Civil. La Comisión General de Codificación se creó en 1843.684 Pero surgieron innumerables dificultades, la mayor de las cuales fue la defensa del derecho privado de origen foral que pervivía en algunas regiones de España —principalmente Cataluña— y que se resistía a la uniformización jurídica del espacio nacional en estas materias.685 Como consecuencia de tales resistencias, la promulgación del Código Civil español se retrasó hasta una fecha insólitamente tardía, como 1889.686

Esto no quiere decir que, mientras tanto, la propiedad se hallara desprotegida. Más bien al contrario, toda la legislación del periodo liberal, tanto en los periodos moderados como progresistas, se orientó al perfeccionamiento de la propiedad privada y a hacer de esta la clave de la nueva sociedad. Su defensa inspiró toda clase de normas, y estuvo presente de manera muy directa en la creación de la Guardia Civil, que, como decía su Cartilla, «debe siempre velar por la propiedad».687 También cabría recordar aquí las tortuosas historias del notariado, del registro de la propiedad y del catastro en España, especie de justicia preventiva cuyo sentido era precisamente el de respaldar los derechos de los propietarios, asegurar el efectivo reparto de la propiedad existente y hacer de las propiedades inmobiliarias mercancías susceptibles de circular en el mercado. Todo ello está lejos de una ausencia de intervención para dejar que actúe orden natural alguno, como pretenderían los teóricos del liberalismo: por el contrario, se trataba de la imposición de unas reglas del juego específicas, partiendo de la identificación entre el modelo ideal de los liberales y el supuesto de que ese era un orden natural.

Y, junto a la propiedad, el mercado. La nueva economía se basaba en la idea de que la asignación de los recursos se decidiera por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero para crear ese mercado llamado «libre», el Estado debía intervenir con fuerza creando las condiciones en las que pueda existir, eliminando interferencias remanentes de anteriores sistemas —como la multitud de tasas, peajes y regulaciones mercantilistas— y estableciendo las reglas con arreglo a las cuales se puede actuar en ese mercado. La idea de mercado exige una situación de un cierto orden, exige una cierta seguridad jurídica, saber que las promesas de pago serán cumplidas, definir un espacio económico homogéneo con el cual negociar, eliminar la violencia y la extorsión del ámbito mercantil; y de todo ello son responsables las instituciones del Estado. Frente a la extendida idea de que Estado y mercado representan dos principios antagónicos, más bien el Estado sirve para sostener el desarrollo del mercado. El mercado no puede surgir de la anarquía, ni el Estado supone necesariamente una amenaza para la libertad. El Estado determina el sistema económico en su conjunto y pone las bases para permitir que funcione. Y para ello, no solo define la propiedad, sino también los mercados.

En esa definición tuvieron un papel importante los códigos de comercio. El primero, como ya se ha dicho, aprobado durante el último decenio del reinado de Fernando VII, en 1829, diseñaba desde fechas tempranas las reglas básicas de una economía de mercado.688 Aunque su promulgación data aún de tiempo de la monarquía absoluta, su autor, Sainz de Andino, se hizo eco de las demandas del mundo del comercio y puso las bases en las que se pudo desarrollar el capitalismo español a lo largo del siglo XIX: formas asociativas, prácticas mercantiles y financieras, jurisdicción especial… De hecho, este código resultó adecuado para el explosivo desarrollo económico sobre bases capitalistas que se produjo en los decenios siguientes, cuando la industrialización española parecía seguir un ritmo solo comparable a los de Gran Bretaña y Bélgica. Y bajo aquel marco jurídico se desarrollaron los grandes negocios del ferrocarril y la minería que atrajeron la inversión de grandes capitales extranjeros en el país. Solo a finales del siglo XIX pareció necesario actualizar la codificación del Derecho mercantil con la aprobación de un nuevo código, propio del Estado constitucional.689

Si la construcción del Estado tiene todas estas implicaciones para la definición del sistema económico y, por tanto, para encauzar la vida económica de la nación, es fácil imaginar que las consecuencias sociales serán también importantes. Esto se concibe sin dificultad en la medida en que se acostumbra a pensar la estructura de una sociedad como reflejo de la estructura de su economía: ricos y pobres, empresarios y trabajadores, terratenientes y campesinos, etc. No se tratará aquí de desmentir que la evolución económica tiene una incidencia profunda sobre la evolución social; partiendo de esa idea, de lo que se trata es de reparar en que, en la medida en que las reglas del juego económico se fijan desde el Estado, es también a través del Estado como se fijan las reglas del juego social.

El vínculo entre la construcción de los estados nacionales y la transformación de las estructuras sociales es, sin embargo, más directo, pues en gran parte se produce sin la mediación de las actividades económicas. La construcción del Estado, por definición, altera la distribución y las formas de ejercicio del poder en una sociedad. En la medida en que el poder es una de las dimensiones más importantes que crean desigualdad y jerarquía entre las personas, y que por lo tanto, estructuran a una sociedad, resulta evidente que el largo proceso histórico de creación y consolidación del Estado-nación ha tenido que transformar la estructura de las sociedades a las que ha afectado.

La creación del Estado nacional en la España del siglo XIX redefinió el poder y las instituciones de tal manera que produjo un realineamiento social, destruyendo elites anteriores y fomentando la creación de una nueva elite social, aquella que accedió al control de la maquinaria estatal y se benefició del poder y los recursos que esta manejaba. Desde luego, hubo elementos de continuidad con el Antiguo Régimen, familias que salvaron la crisis revolucionaria y reprodujeron su posición de elite en el nuevo marco creado por el Estado liberal. Pero si nos atenemos a la suerte que corrió la alta aristocracia del Antiguo Régimen como tal, su extinción estaba sentenciada. Fue solo cuestión de tiempo que, tras su apartamiento del poder y el cambio de las reglas sucesorias que trajo la desvinculación, las grandes familias se extinguieran con muy pocas excepciones antes de que terminara el XIX. Dos fenómenos tienden a ocultar esta realidad: por un lado, la continuidad de los títulos nobiliarios, que hace aparentar una continuidad de las familias, cuando frecuentemente tales títulos han ido pasando de mano en mano; por otro, la supervivencia excepcional de algunas grandes casas nobiliarias, en cuyas familias se fueron acumulando los títulos de aquellas que se extinguían. En general, la aristocracia que llena los libros de historia de España por lo que respecta a los siglos XIX y XX no era aristocracia de sangre, sino ennoblecida ya por el Estado constitucional. En última instancia, con la continuidad en la producción de títulos nobiliarios por parte del Estado nacional, este se convirtió en sancionador de la posición social alcanzada por quienes habían prosperado en la política o en los negocios al amparo de ese mismo Estado.690

Junto a la suerte de ese sector especial de la elite que era la alta aristocracia —los grandes de España— hay que subrayar el alcance de la transformación de los grupos dominantes de la sociedad en aquella época de intensa movilidad marcada por guerras, revoluciones, transformaciones económicas y un Estado en construcción. La aparición de una clase política, unida a la connivencia entre poder político y poder económico, hizo del Estado una fábrica de elites sociales.

Pero el efecto reestructurador de la construcción del Estado se extendía también por otras capas de la sociedad. El Estado no era solo asunto de elites. La aparición del funcionariado, su crecimiento a lo largo del siglo, fue un factor muy importante de reforzamiento de las clases medias. Un factor de mayor alcance de lo que pudieran hacer suponer las escuetas cifras de funcionarios públicos mencionadas en el capítulo 6; pues el número de empleados del Estado era mucho más amplio que el de los funcionarios propiamente dichos. El mundo de las profesiones —ingenieros, médicos, abogados, profesores…— creció al amparo del Estado: del Estado procedía su posición simbólica en la sociedad como hombres respetables, vinculada a sus titulaciones universitarias y al acceso regulado al desempeño de tales profesiones; y del Estado procedían también, directa o indirectamente, la mayor parte de los ingresos que sustentaban materialmente esa posición. Toda una jerarquía de empleados de distinto nivel, en la Administración, en el Ejército, en la Marina, en la Justicia, etc., dependían del Estado para definir su posición social. De manera que cualquier cambio en el ritmo o en la orientación de la construcción del Estado, tenía consecuencias inmediatas en la configuración de la sociedad española.

Paralelamente, las instituciones del Estado desarrollaron toda una ingeniería encaminada a dar a la sociedad española una configuración acorde con los principios e intereses de los grupos de poder. Así, por ejemplo, la idea liberal de que era ilegítima toda interferencia en el libre juego del mercado, llevó a prohibir la acción concertada de los trabajadores para reclamar mejoras en sus salarios y condiciones laborales. Los sindicatos obreros eran vistos como intentos de imponer un monopolio en la negociación de los salarios mediante actos de fuerza ilegítimos. De ahí la legislación restrictiva hacia toda forma de acción colectiva de los obreros a lo largo del XIX. Según el discurso liberal de la época, el Estado debía disolver esas asociaciones, como igualmente había disuelto los gremios desde el comienzo de la revolución. Los unos se equiparaban a los otros, como odiosos monopolios que impedían la libertad de trabajo y la libre contratación de los trabajadores. Durante los periodos de gobiernos progresistas hubo una mayor tolerancia hacia el asociacionismo obrero, que prosperó especialmente en momentos como el Trienio Esparterista (1840-1843), el Bienio Progresista (1854-1856) y el Sexenio Revolucionario (1868-1874); en periodos como estos, por ejemplo, se autorizaron las Sociedades de Socorros Mutuos, fórmula asociativa menos conflictiva que las Sociedades de Resistencia (en 1839), o se estableció la plena libertad de asociación ya tras la Revolución de 1868.691

Pero la larga hegemonía política de los moderados introdujo en el ordenamiento español la ilegalización de toda asociación que se formase para presionar sobre los salarios o las condiciones de trabajo. El Código Penal de 1848 no reconocía la libertad de asociación, sino que declaraba ilícitas en general las asociaciones a no ser que estas fueran autorizadas por la Administración:

Es (…) ilícita toda asociación de mas de veinte personas, que se reúna diariamente ó en dias señalados, para tratar de asuntos relijiosos, literarios, ó de cualquiera otra clase, siempre que no se haya formado con el consentimiento de la autoridad pública, ó se faltare á las condiciones que ésta le hubiere fijado (…).

La asociación de que trata el artículo anterior será disuelta, y sus directores, jefes ó administradores serán castigados con la multa de 20 á 100 duros.692

De manera que, aunque aparentemente se ponían fuera de la ley toda clase de asociaciones, en la práctica se dejaba en manos del Ministerio de la Gobernación y de sus agentes en las provincias —los gobernadores civiles— la posibilidad de discriminar de forma arbitraria, permitiendo solamente aquellas asociaciones cuyos fines y medios encajaran con los puntos de vista del Gobierno. Otro artículo del mismo Código dejaba claro que la persecución se dirigía contra las asociaciones obreras de carácter sindical:

Los que se coligaren con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo, ó regular sus condiciones, serán castigados, siempre que la coligación hubiere comenzado á ejecutarse, con las penas de arresto mayor y multa de 20 á 100 duros.693

En cambio, esa animadversión a los monopolios no se aplicó contra las corporaciones que defendían los intereses de las clases medias. En efecto, ciertas profesiones requerían de la existencia de un colegio profesional para impedir que las fuerzas del mercado debilitaran sus ingresos hasta llevarlos cerca de la proletarización. Los colegios servían para regular el número de profesionales en ejercicio y para defender sus intereses en general. De manera que la construcción del Estado no exigía la disolución de los colegios —corporaciones para defender intereses de clase media—, como sí exigía la de los viejos gremios artesanos o la de los nuevos sindicatos obreros. Se aprecia claramente en este tipo de medidas, de difícil justificación teórica, el empleo del Estado para dar a la sociedad una determinada estructura: la estructura de la sociedad de clases, que reemplazó a la vieja sociedad estamental. Los privilegios jurídicos se habían hecho desaparecer mediante las constituciones y la legislación revolucionaria de los años treinta. Pero la desigualdad de condiciones económicas y la jerarquización eran la esencia misma del nuevo modelo social.694

La propia idea de nación, con la unificación del espacio político y económico de toda España, tuvo hondas consecuencias sociales. Las administraciones públicas mantuvieron un esfuerzo sostenido a lo largo del siglo XIX por hacer del territorio nacional un espacio uniforme y conectado. Para ello, impulsaron la construcción de líneas ferroviarias y telegráficas, establecieron cuerpos de funcionarios de ámbito nacional cuyos destinos podían estar en cualquier rincón del país e hicieron de Madrid una especie de cúspide del sistema, a donde se llegaba como culminación de una carrera —política, funcionarial o profesional— o se iba para prosperar en cualquier ámbito por la cercanía del Estado, fuera en los negocios, el periodismo, las ciencias o las artes. Todo ello tuvo un efecto muy intenso de desenclavamiento de las poblaciones, rompiendo con una tradición plurisecular de localismo. La construcción del Estado produjo una movilidad geográfica de la población de carácter selectivo, no masivo como en las grandes migraciones económicas del siglo XX; pero estos desplazamientos selectivos del siglo XIX afectaban a familias y personalidades de las clases medias y altas, con un efecto cualitativamente mayor si cabe. Las elites y las clases medias de toda España entraron desde el siglo XIX en un proceso de alianzas, mezclas y reubicaciones que rompió en gran parte con el aislamiento social de siglos anteriores. Una elite de poder y unas clases medias de ámbito nacional empezaron a configurarse junto a los núcleos reproductivos tradicionales de carácter local. Y esas elites y clases medias nacionales de nuevo cuño —que no estaban situadas solamente en Madrid— cambiaron la dinámica social del país.

El mercado nacional

El desarrollo del nuevo sistema económico y social que acompañaba a la construcción del Estado nacional debía, necesariamente, ser nacional también. Los negocios capitalistas requerían, para prosperar, que se les asegurara un espacio de libre circulación de mercancías, capitales y personas, ampliando los estrechos marcos locales y regionales en los que la mayor parte de los agentes económicos se habían mantenido encerrados durante los siglos anteriores.695

La Monarquía española se había caracterizado tradicionalmente por una extrema compartimentación comercial del territorio. Existían aduanas que separaban los diversos reinos que se habían unido hasta formar la Monarquía española; aduanas diversas en su configuración, en su funcionamiento y hasta en su nombre, pues se conocían como puertos secos las que separaban a Castilla de Vizcaya, Navarra, Aragón, Valencia y Portugal, y almojarifazgos las que separaban a Castilla de Andalucía, Murcia y las Indias. Además, persistían peajes al tránsito interior de mercancías y personas, del tipo de portazgos, pontazgos y barcajes. Estos peajes se cobraban en algunos sitios en beneficio de las arcas reales, pero más frecuentemente de las haciendas señoriales, concejiles y eclesiásticas; y, como tenían una función esencialmente recaudatoria, formaban parte de los privilegios estamentales que ningún plan reformista osaba atacar. Alrededor de este abigarrado sistema aduanero se había ido tejiendo una red de controles que dificultaba enormemente el tráfico comercial: las mercancías solo podían entrar y salir por determinadas aduanas que centralizaban su control; y debían viajar por el territorio acompañadas de documentos que certificaran su origen y destino (guías).

Con la llegada de la dinastía borbónica, se dictaron normas racionalizadoras tendentes a unificar el Reino de España como un único mercado, eliminando las aduanas entre los antiguos reinos y situándolas exclusivamente en las fronteras exteriores, en 1714 y 1717. Pero tales medidas fueron luego revocadas en parte, volviendo a situar en el Ebro aduanas que separaban a las Provincias Vascongadas y Navarra del resto de la Corona de Castilla. Las llamadas Provincias Exentas, por tanto, permanecieron separadas por aduanas del resto del país y abiertas, en cambio, al comercio con Francia, de donde se abastecían. Cataluña y Valencia también recuperaron en parte las aduanas que las separaban del resto de España, como medida de control frente a la evasión de impuestos. Pero, al menos, desde mediados del siglo XVIII las aduanas pasaron a estar bajo control real.

Las aduanas exteriores se regían por un arancel de tipo proteccionista, que tuvo pocas variaciones desde que se unificó en 1782: se basaba en un criterio mercantilista, que pretendía evitar mediante tajantes prohibiciones la exportación de metales preciosos, lana, seda, algodón y otras materias primas consideradas de importancia estratégica para la economía del reino. Para el grano, alimento básico, regían normas especiales encaminadas a mantener el orden público evitando hambrunas y carestías: la libertad de exportación e importación se regulaba según la abundancia o escasez de cereales en el mercado interior, evaluada en función de los precios de mercado; mientras que en las provincias costeras se aplicaba un régimen especial que permitía el abastecimiento de productos básicos desde el extranjero. Por último, desde 1782 el arancel sobrecargaba con impuestos elevados —entre el 15 y el 30 por ciento, que podían llegar al 50 por ciento en algunos casos— la importación de manufacturas, sobre todo de aquellas que se entendía que podían hacer competencia a los productores del reino, como los paños o las sedas. En cualquier caso, toda esta política mercantilista resultaba ineficaz por el escaso control que se tenía de las fronteras, a través de las cuales se realizaba un intenso contrabando, incentivado por las prohibiciones y los aranceles desmesurados.696

La Guerra de la Independencia acabó de desbaratar todo el sistema aduanero, relajando los controles y elevando el contrabando hasta cotas sin precedentes; a lo cual se unió la pérdida del imperio americano, pieza esencial del comercio español. Entre 1790 y 1837, el peso de los impuestos de aduanas en el conjunto de los ingresos tributarios del Estado se redujo del 30 al 8 por ciento, imponiendo la necesidad de un nuevo rumbo en la política aduanera.697 Las Rentas Generales, denominación que englobaba a los ingresos aduaneros de la Hacienda Real bajo el Antiguo Régimen, nunca se llegaron a recuperar de ese golpe, y en el siglo XIX se asistió al intento de sustituirlas por una Renta de Aduanas más moderna y eficaz. El paso de los liberales por el poder en tres momentos sucesivos de la primera mitad del siglo significó el inicio de una cruzada contra las aduanas interiores, cuya abolición se entendía que era esencial para hacer de España una nación, al tiempo que se atacaban las prohibiciones y los controles sobre el tráfico comercial.698

Los derechos de peaje, pontazgo, portazgo y barcaje desaparecieron con la abolición definitiva de los señoríos en 1837.699 La abolición de almojarifazgos y puertos secos, planteada también desde las Cortes de Cádiz, no terminó de hacerse efectiva hasta 1841, momento en que, terminada la Primera Guerra Carlista, fue posible trasladar a la frontera francesa la última aduana que separaba al País Vasco del resto de España: la de Miranda de Ebro.700 Poco después, sin embargo, se confirmó la limitación de la unidad comercial de España, tan trabajosamente conseguida, al concederse en 1852 a las Islas Canarias un régimen especial de puerto franco, régimen que se extendería a las ciudades de Ceuta y Melilla en 1863.701

El perímetro exterior de las aduanas, que acotaba un mercado identificado geográficamente con el territorio nacional, unificaba al mismo tiempo ese espacio sometiéndolo a un único sistema tributario. En esa configuración del mercado nacional desempeñaba un papel de primera magnitud la Contribución de Aduanas. Esta acabó concibiéndose como un instrumento de política comercial, protegiendo a ciertas producciones nacionales de la competencia extranjera, pero sin atribuirle una función recaudatoria importante, a diferencia de lo que habían hecho el resto de los estados independientes surgidos de la disolución de la Monarquía española en América a comienzos de siglo. Aunque no tuviera finalidad recaudatoria, el sistema aduanero era de gran importancia como salvaguarda del mercado interno y de la unidad nacional en el plano económico.

Todavía el Arancel de 1820, obra de los liberales del Trienio, seguía teniendo el carácter prohibicionista y recaudador que los aranceles habían tenido durante el Antiguo Régimen. En los años cuarenta aquella política arancelaria fue cambiando de significado, imponiéndose un modelo de aduanas encaminado a articular una política comercial que fomentara el desarrollo de la economía española. Esa política comercial sería oscilante según las coyunturas, las ideologías políticas y la acción de los grupos de presión sobre las autoridades; pero, en conjunto, se mantuvo la tendencia a proteger la producción nacional, variando tan solo la intensidad de la protección y su distribución por sectores.

El Arancel de 1849, debido en parte a Alejandro Mon y en parte a Juan Bravo Murillo, puede considerarse el primer arancel moderno. Fue entonces cuando se abandonó la tradición de prohibir la entrada o salida de determinadas mercancías, adoptándose la práctica liberal predominante en Europa occidental de limitarse a graduar con impuestos de aduanas la protección de los productores nacionales frente a la competencia extranjera; aunque esa tendencia a conmutar las prohibiciones por impuestos elevados a la importación venía ya desde el Arancel de 1826. Fue también a partir del Arancel de 1849 cuando la técnica de gravar las mercancías ad valorem dejó paso a las tarifas específicas.702

Tras el interregno librecambista de 1869-1875, debido al Arancel de Figuerola, se empezó a edificar una política comercial basada en el proteccionismo como norma y los tratados bilaterales de comercio como excepción. La Renta de Aduanas, que no había sufrido transformaciones sustanciales como figura fiscal en la reforma de 1845, fue, sin embargo, perdiendo importancia a partir de entonces entre los ingresos del Estado, debido a la mencionada renuncia a la función recaudatoria de las aduanas desde el comienzo de la Restauración.703 Los anticuados gravámenes a la exportación quedaron en una posición marginal, hasta desaparecer prácticamente en el Arancel de Cambó de 1922.

La organización del sistema aduanero español data del momento de traslado de las aduanas del Ebro a la frontera francesa, en 1841 y permanecería vigente ya para todo el siglo XIX. Se estableció entonces un perímetro exterior de aduanas destinado a proteger el mercado nacional, y se implantaron sistemas prácticos de gestión destinados a asegurar la eficacia de dicha protección. La burocracia de aduanas empezó a formarla el ministro de Hacienda de Espartero, Pedro Surrá y Rull, con la creación de la Dirección General de Aduanas, Aranceles y Resguardos en el Ministerio de Hacienda, al tiempo que implantaba la unidad arancelaria del territorio nacional en 1841.704

Por otra parte, la organización administrativa de las aduanas quedó regulada por unas ordenanzas que se dictaron al ritmo del cambio en los aranceles: las primeras Ordenanzas de Aduanas del periodo liberal fueron las de 1847, vigentes solo por espacio de un año, que establecían controles extremadamente duros para hacer realidad una estricta fiscalización de las entradas y salidas del territorio. En 1857 se compilaron las ordenanzas y normas que, procedentes de diversas épocas, seguían vigentes y eran de aplicación en las aduanas. Volverían a dictarse nuevas Ordenanzas de Aduanas en 1864, 1870, 1884, 1894 y 1924; aunque, de hecho, las ordenanzas de 1870 fueron definitivas, pues gran parte de su articulado se incorporó como núcleo central de las posteriores, hasta las de 1947 inclusive.

Las ordenanzas solían determinar un espacio geográfico alrededor de las fronteras y de las costas, al que denominaban zona fiscal. En ella se aplicaban ciertas restricciones para un mejor control aduanero: por ejemplo, la posibilidad de exigir dentro de esa zona los documentos acreditativos de la legalidad, procedencia y destino de las mercancías, o la necesidad de autorización —que no siempre se concedía— para establecer fábricas, almacenes o negocios dentro de la zona. La extensión de la zona fiscal variaba de una ordenanza a otra, llegando en algún caso a extenderse a todo el territorio nacional. Para hacer efectiva la persecución del contrabando, las ordenanzas establecían también la documentación que obligatoriamente debía acompañar a las mercancías cuando circularan por el país.705

Todavía bajo la Regencia de Espartero, en 1842, se creó el Cuerpo de Carabineros del Reino, fuerza armada especializada en el control de fronteras, puertos y aduanas.706 Procedía del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras creado por López Ballesteros en medio de las reformas hacendísticas de finales del reinado de Fernando VII.707 En 1834, los carabineros habían pasado a tener carácter civil, y la reforma de 1842 lo que hizo fue volver a transformarlos en un cuerpo militar, dependiente del Ministerio de la Guerra a efectos orgánicos, pero puesto funcionalmente al servicio del Ministerio de Hacienda, al que sin duda aportaba una especial capacidad para hacerse respetar. Había carabineros de Infantería, de Caballería y del Mar, cuya oficialidad procedía íntegramente del Ejército y de la Armada. El proceso de institucionalización y refuerzo del servicio aduanero, iniciado por los progresistas, fue continuado por los moderados bajo la presidencia de Narváez. En 1848 se creó en el Ministerio una Dirección General de Carabineros para dirigir este cuerpo, que contaba ya con más de 10.000 hombres. Luego, Bravo Murillo creó el Cuerpo Pericial de Aduanas.708 Este último, al que se accedía por oposición, gozó desde su creación de la inamovilidad propia del funcionariado profesional moderno, lo cual le dio estabilidad e independencia, ya que sus miembros no podían ser cesados.

Poco a poco, el organismo administrativo y los cuerpos especializados en su gestión se fueron haciendo con el control de las aduanas. El propio Bravo Murillo reguló en 1852 los procedimientos para la persecución del contrabando y la defraudación de las aduanas, organizándolos en torno a los Juzgados Especiales de Hacienda.709 Al año siguiente se incluyeron bajo la autoridad de la Dirección de Aduanas los fielatos que cobraban los derechos de puertas a la entrada de las ciudades.710 El Cuerpo de Carabineros adquirió mayor autonomía y profesionalización desde que en 1863 se creó el Colegio de Carabineros Jóvenes en Getafe (Madrid);711 fue objeto de reglamentaciones más precisas en 1866;712 y completó su despliegue con la creación del Resguardo Marítimo, ya durante la Restauración.713

El despliegue de estos cuerpos especiales de Hacienda tiene un significado importante en el proceso de construcción del Estado nacional. Como se ha señalado en el capítulo 4, el Ministerio de Hacienda fue el primero en hacerse con un aparato burocrático numeroso y eficaz, marcando el camino que seguiría después la modernización del conjunto de la Administración española. Al dotarse de unos funcionarios técnicos especializados —como los que formaban el Cuerpo Pericial de Aduanas— y de un instituto armado propio con el que emplear la fuerza para hacerse obedecer —el Cuerpo de Carabineros—, la Hacienda Pública se puso en condiciones de actuar eficazmente en las costas y las fronteras para hacer realidad la definición de España como un mercado nacional, unificado y protegido de la competencia exterior.

Naturalmente, la creación de un mercado nacional exigía también unos fundamentos materiales, relacionados con la capacidad de poner en comunicación unas zonas con otras, integrando de forma efectiva el territorio. Esto significaba, fundamentalmente, dotar al país de sistemas modernos de transporte y comunicación, aptos para un funcionamiento económico integrado. Existe una amplia bibliografía sobre estos temas, que no es posible resumir aquí de manera adecuada.714 Bastará con recordar la estrecha conexión entre las redes de transporte y comunicación y la construcción del Estado y del mercado nacionales.

La Monarquía del Antiguo Régimen solo había dejado en herencia un sistema de correos y de postas, y una red de carreteras y caminos que, a decir de los viajeros de la época, resultaban poco menos que intransitables. Como tampoco existían vehículos capaces, ni estaba garantizada la seguridad de los caminos —por un problema endémico de bandolerismo— los mercados regionales permanecían aislados entre sí;715 algo que demuestran los estudios realizados sobre precios de los productos básicos, que fluctuaban de manera independiente y a niveles muy distintos en cada región de España.716 Esta incomunicación de los mercados hacía que la mayor parte de las ciudades costeras se abastecieran por mar; en parte a través de una activa navegación de cabotaje, pero en parte también mediante la adquisición de productos importados legal o ilegalmente. Y el aislamiento de los mercados, con las regiones peninsulares españolas dándose la espalda entre sí, solo era la manifestación económica de un aislamiento más general, pues los viajes tampoco eran fáciles para las personas, las publicaciones ni las noticias.

Cambiar esta situación y crear un mercado integrado de mercancías y de ideas fue el objetivo de la generación revolucionaria desde el comienzo; y lo heredó la generación posrevolucionaria que llevó adelante la construcción del Estado. El ferrocarril fue el vector principal de esa transformación, aplaudido por los progresistas de toda ideología como símbolo de la modernidad. Para los liberales del XIX, el ferrocarril era el progreso. Y más en un país como España, que arrastraba problemas seculares de comunicación entre sus regiones. El ferrocarril, que había cubierto primero Gran Bretaña y después Francia, estaba indefectiblemente unido a la imagen del éxito económico de las grandes potencias europeas que España quería imitar; pero también a un nuevo tipo de sociedad y un nuevo modelo de Estado, que eran los de la nación liberal.717

El primer ferrocarril español se construyó en la isla de Cuba en 1837 (de La Habana a Güines) o tal vez en una mina de Asturias en 1836; el segundo —o tercero—, en Cataluña en 1848 (entre Barcelona y Mataró); todos estos ramales cortos respondían a los focos de mayor dinamismo económico en donde la nueva tecnología del transporte podía resultar rentable. Pero fue durante la Década Moderada cuando se le dio un nuevo enfoque al ferrocarril, pensándolo como cuestión de Estado. Tan pronto como los moderados se instalaron en el poder y dictaron las primeras normas sobre «caminos de hierro» en 1844, el trazado de la red y el orden de prioridades en la construcción dejaría de responder a iniciativas empresariales descentralizadas y se adaptaría a la prioridad de comunicar la capital con el territorio mediante una red centralizada.718

Esa orientación se empezó a poner en práctica, en particular, desde el paso de Bravo Murillo por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1849). Hay que tener en cuenta que los tres primeros ferrocarriles que se han mencionado se habían construido con concesiones anteriores a 1844 y, por lo tanto, siguiendo una lógica anterior a la que le imprimieron los moderados a la red nacional. Bravo Murillo empezó a planificar una red ferroviaria racional, en lugar de dejar a los actores económicos que tomaran iniciativas aisladas. Pero con una racionalidad no capitalista, sino nacional y estatista, como una pieza más del edificio administrativo del Estado nacional que se estaba construyendo.719

Esa noción de unos «ferrocarriles de Estado» respondía a la importancia política que los moderados atribuían a la red ferroviaria como sistema circulatorio de la Administración Pública, que permitiría al Gobierno hacer notar su acción en los confines más remotos del territorio. Para ello, era preciso que la red respondiera a un plan diseñado desde el Estado y al servicio de las necesidades del Estado. Una noción que se plasmó en dos principios duraderos: por un lado, que la definición de la red sería estatal, aunque la construcción y explotación quedaran en manos de la iniciativa privada por respeto a la lógica económica del liberalismo; y, por otro, que las compañías ferroviarias trabajarían sometidas a un régimen sistemático de intervención y control por parte del Estado. Algo de estos principios figuraba ya en la Ley de compañías mercantiles de 1848, en la que se establecía un marco legal de controles estatales especialmente estricto para las compañías que tuvieran por objeto bancos de emisión, construcción de carreteras, canales de navegación y también ferrocarriles.720

A esto se añadía otro criterio esencial, como era una red ferroviaria centralizada, concebida con criterios esencialmente políticos para garantizar la cohesión del territorio nacional y la eficacia de la acción gubernamental. Dicho plan de red centralizada apareció ya en el Proyecto de Ley sobre concesión de caminos de hierro de 24 de febrero de 1848. Aquel proyecto diseñaba cuatro grandes líneas radiales que unieran Madrid con la frontera portuguesa, la frontera francesa, la costa mediterránea y el puerto de Cádiz (artículo 24); daba prioridad al transporte de tropas y de material militar o naval en los ferrocarriles (artículo 29); abría la posibilidad de que el Estado explotara por sí mismo algunas líneas ferroviarias (artículo 41); y garantizaba un interés de hasta el 6 por ciento a los capitales privados para atraer inversiones hacia la construcción de ferrocarriles (artículo 7). Aquel texto no llegó a aprobarse, como les ocurría a muchos proyectos legislativos de la época, castigados por la inestabilidad gubernamental y la fragmentación y discontinuidad de las Cortes; pero sus ideas fundamentales pasaron a la normativa posterior que reguló el sistema ferroviario español.

La inauguración del siguiente tramo ferroviario, el que iba de Madrid a Aranjuez, en 1851, reflejaba ya esa nueva lógica que los moderados daban al ferrocarril: una obra más política que económica. En este caso, el tramo ferroviario que se puso en funcionamiento comunicaba la capital de la nación con uno de los «sitios reales» en donde pasaba temporadas la corte de Isabel II. Pero, al mismo tiempo, constituía el embrión de la futura red nacional centralizada, puesto que Madrid-Aranjuez era el primer tramo de la línea Madrid-Alicante, que debía comunicar la capital con el Mediterráneo.721

Como en otros grandes temas de Estado, también en este del ferrocarril, entendido como una prioridad para unificar el territorio nacional, el paso de los progresistas por el Gobierno no desmanteló la obra iniciada por los moderados. Al contrario, durante el Bienio Progresista se aprobó la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que dio lugar a un incremento significativo de la construcción efectiva de kilómetros de vía férrea.722 La legislación progresista redujo la incertidumbre y el favoritismo político en el que se venían moviendo las concesiones y puso límites a la especulación desbocada en torno a las mismas, que en los años anteriores había dado lugar a casos escandalosos de corrupción y a que se construyeran muy pocas líneas. El resultado de la intensa actividad constructiva de los dos decenios siguientes fue que, al instaurarse el régimen de la Restauración en 1875, España dispusiera ya de una red eficaz de ferrocarriles que unía Madrid con Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Navarra, el País Vasco y Santander; en los años siguientes se llevaría esa conexión hasta Galicia y Asturias. La red ferroviaria centralizada, además de unir las regiones periféricas con la capital, integrándolas en un mismo mercado y una vida política común, tenía la virtud de dotar a la España interior de un marcado protagonismo en esas comunicaciones. Las vías ferroviarias radiales atravesaban las dos Castillas y Aragón, comunicando a sus mercados con los puertos y las ciudades principales del país. La modernización que todo este esfuerzo constructivo trajo a España va mucho más allá de lo que pueda derivar del mero abaratamiento del transporte de mercancías.

La importancia de la red ferroviaria se acrecienta si se tiene en cuenta que su trazado se aprovechó para desplegar también la red telegráfica, de importancia vital en la comunicación de noticias y órdenes. El telégrafo resultaba imprescindible para un diseño de Estado administrativo centralizado como el que se quería edificar en España; sin él, no era posible transmitir de forma rápida y precisa las órdenes del Gobierno central a las provincias, ni tampoco obtener de ellas información inmediata sobre lo que estuviera ocurriendo.

Existía un sistema de telégrafo óptico desde 1800; pero su eficacia era muy limitada. La verdadera revolución de las comunicaciones llegó con el telégrafo eléctrico, en 1852.723 Cuando todavía se estaba desplegando la penosa red de torretas alineadas del telégrafo óptico, la red del telégrafo eléctrico la superó y se extendió rápidamente hasta crear una red de comunicación centralizada en Madrid. Los 613 kilómetros de la red que unía Madrid con la frontera francesa de Irún quedaron completados en tres años. A la vista del éxito, el Gobierno progresista puso en marcha la construcción de una red telegráfica que cubriera todo el territorio nacional.724 Se trataba, como en el caso de los ferrocarriles, de una red centralizada, que debía unir Madrid con todas las capitales de provincia y departamentos marítimos, así como con las fronteras de Francia y Portugal.

El trazado básico de la red telegráfica seguía el de los ferrocarriles. Pero pronto constituyó una malla mucho más tupida, con líneas transversales y enlaces con los archipiélagos de Canarias y Baleares, así como con las posesiones españolas del norte de África. Para ello, se usaron cables submarinos, que constituían la innovación tecnológica más llamativa de la época. Así, en 1861 se tendió el cable que comunicaba la Península con las Islas Baleares; y en 1883, el que comunicaba con las Islas Canarias. La conexión entre Algeciras y Ceuta, establecida en 1860, falló más tarde y no se restableció hasta 1891. Desde las fronteras, además, la red telegráfica española enlazaba con las de otros países, insertando al país en la red de comunicaciones global del mundo moderno. Por ejemplo, Cuba se conectó a la red internacional a través de los Estados Unidos en 1867; y Filipinas a través de Hong Kong en 1880. Desde que se estableció el primer cable interoceánico en 1866 y Europa quedó conectada con América, el envío de noticias adquirió un alcance mundial.725

Por lo que respecta a la construcción del Estado, la red telegráfica, que en diez años cubría ya la mayor parte del territorio nacional, permitió al Gobierno disponer de un medio para la comunicación rápida de noticias e instrucciones, haciendo más efectiva la cadena administrativa centralizada que constituía la clave del Estado diseñado por los moderados. Como ya se mencionó en el capítulo 8, el nodo principal de la red telegráfica nacional se estableció en Madrid, en la misma torre del Ministerio de la Gobernación y en la Puerta del Sol. Pero, además de esta impronta estatal que tuvo desde el comienzo la red telegráfica, hay que subrayar también su relevancia para el funcionamiento de los negocios —privados y públicos, porque la frontera entre ambos fue muy permeable en el periodo aquí estudiado—. Las noticias económicas, la información sobre oportunidades y riesgos, las comunicaciones con socios, agentes y clientes…, todo se aceleró enormemente cuando el telégrafo permitió la transmisión en tiempo real, agilizando de este modo la negociación mercantil.

Las carreteras, sin embargo, aunque fueron objeto de atención por el Ministerio de Fomento, no desempeñaron un papel tan importante en la construcción del Estado en el XIX. Faltaban vehículos apropiados para hacer rápido y rentable el transporte por carretera, que no podía competir en aquella época con el ferrocarril. Y así continuó siendo hasta la aparición del motor de explosión y el uso de los automóviles en el siglo XX.

En cuanto al correo, sin grandes innovaciones a lo largo del siglo, se benefició de la mejora en la velocidad y el coste de su distribución a medida que se fue extendiendo la red ferroviaria; esa articulación entre el correo y el ferrocarril se hizo efectiva en torno a 1860. Aunque para las comunicaciones rápidas no podía competir con el telégrafo, entre 1856 y 1865 se llevó a cabo un plan para el reparto diario de correo en todos los ayuntamientos de España; y desde entonces, el incremento en la circulación de cartas, periódicos y paquetes fue exponencial, mostrando una socialización del correo para toda clase de usos públicos y privados. De hecho, a partir de 1868 los impresos se convirtieron en el producto postal que más circulaba en el interior de España, como reflejo de la tendencia a aumentar las tiradas de los periódicos, buscando un público nacional.726 Importa recordar que el correo siguió siendo durante todo el siglo XIX un monopolio estatal —de hecho, constituía una de las rentas de la Hacienda tradicional— y tenía la consideración de servicio público. El Estado era doblemente protagonista de las comunicaciones postales, ya que no solo aseguraba con sus propios medios la distribución del correo, sino que también constituía su mayor usuario, pues la vía postal era la más utilizada para la comunicación entre los órganos de las administraciones públicas, y entre estas y los ciudadanos.

La unificación monetaria

Uno de los aspectos en los que la construcción del Estado toca más de cerca a la gestión del sistema económico es la acuñación de moneda; asunto, por cierto, que tiene también una vertiente simbólica importante en cuanto a la representación del poder estatal en la vida cotidiana. Como metal precioso, el dinero es una mercancía a la que subjetivamente se le supone un valor especial. Pero su función no se equipara a la de una mercancía más, sino que ha de proporcionar un signo del valor en el cual pueda expresarse el precio de las cosas para que funcione la economía de mercado. El dinero es el instrumento que históricamente se ha utilizado para cumplir las funciones de unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. Ninguna de esas funciones puede cumplirse sin la confianza del público; y esa confianza la crea el Estado como emisor de la moneda. El capital simbólico del Estado, su prestigio acumulado, el poder efectivo que demuestra… son los que están detrás de la fortaleza de la moneda, creando ese factor subjetivo de confianza que permite que desempeñe eficazmente sus funciones.727

La Monarquía del Antiguo Régimen dejó en herencia a la España contemporánea un panorama monetario extremadamente diverso y complejo. Los reinos que habían formado la Monarquía española habían mantenido sus sistemas monetarios parcialmente diferenciados, aunque desde comienzos del XVIII los Borbones habían dado validez a las monedas castellanas en todo el Reino de España. En Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, por ejemplo, seguía circulando moneda fraccionaria propia, la llamada calderilla catalana. La multiplicación de cecas y privilegios de emisión y acuñación de moneda creaba una variedad casi infinita de denominaciones y valores. A esto se añadía que cada una de las reformas tributarias que intentaron poner orden en este panorama monetario introdujo nuevas piezas y unidades, casi siempre sin retirar de la circulación las antiguas. Esto abocó finalmente a una situación insostenible, con la convivencia de 84 especies monetarias distintas a la altura de 1864.728

En lo esencial, el sistema monetario procedente del siglo XVIII contenía cuatro monedas fundamentales: el maravedí, el real de vellón —equivalente a 34 maravedís—, el real de plata o real de a ocho —20 reales de vellón— y el escudo de oro. Desde tiempos de Carlos III circulaban también los vales reales, que eran una mezcla de títulos de deuda pública y billetes de banco. Aquella primera versión del moderno papel moneda en España se ideó para financiar el esfuerzo de guerra de la Monarquía desde 1780, primero contra Inglaterra y luego contra Francia.729 Y fueron las guerras el factor principal de la historia monetaria en los años siguientes: no solo por su influencia sobre la depreciación del papel moneda, consiguiente a las emisiones masivas de tiempo de guerra; sino también respecto a la moneda metálica, cuyo relativo crédito quedó desbaratado durante la Guerra de la Independencia. En aquella época proliferaron acuñaciones locales, se interrumpió la llegada de metales preciosos procedentes del imperio americano, se confrontaron dos gobiernos con sus propias políticas monetarias y coexistieron sobre un mismo territorio piezas procedentes de varios sistemas distintos: el español, francés, británico y portugués.

Los gobiernos de Fernando VII intentaron estabilizar la moneda después de la guerra, liquidando el experimento de los vales reales en 1818 y cuidando la ley de la moneda de plata sobre la que descansaba el sistema monetario español. Como consecuencia, actuó la que los economistas llaman «ley de Gresham», según la cual la moneda de mala calidad tiende siempre a expulsar a la buena si circulan en un mismo espacio. Esto determinó un flujo de salida de monedas de plata hacia el exterior, al tiempo que España se llenaba de monedas francesas y de otros países. De hecho, los primeros intentos de las Cortes por prohibir la circulación de monedas francesas fueron un fracaso; estas pervivieron después de la guerra en el mercado español, tanto las monedas propiamente francesas como las acuñadas por el Gobierno de José Bonaparte. Las Cortes y, más tarde, el Gobierno absolutista de Fernando VII, hubieron de aceptar la realidad y dar curso legal a estas monedas.730

Fernando VII y sus ministros siguieron confiando en normas de tipo bullonista como medio para impedir la salida de metales del reino, reiterando la prohibición de extraer tanto monedas españolas como extranjeras, y tanto en periodos absolutistas como constitucionales.731 La extracción de moneda extranjera fuera del Reino no fue autorizada hasta 1841; y la de moneda española y otras clases de metales preciosos no fue liberalizada hasta 1846.732 Esta política anacrónica respondía a la visión mercantilista tradicional de la economía que aún sostenían los gobiernos absolutistas de la primera restauración fernandina. Dicha visión implicaba, por ejemplo, una desconfianza hacia la libre circulación de monedas por el territorio, exigiendo permisos y guías especiales para trasladar moneda de un punto a otro del país.733 Indudablemente, esto significaba un obstáculo para la unificación monetaria y para la formación de un mercado nacional, pues mantuvo relativamente aislados los diversos subsistemas monetarios locales y regionales hasta que Pita Pizarro decretó la libre circulación de moneda por toda España.734

La llegada de los liberales al poder en el trienio 1820-1823 trajo innovaciones de cierta importancia, que podemos resumir en el intento —obviamente tardío— de unificar los sistemas monetarios de las colonias americanas (moneda columnaria) con el de la península (moneda provincial) y de retirar de la circulación las monedas francesas de tiempos de la Guerra de la Independencia, obligando a que fueran cambiadas por el valor del metal que contenían.735 Parece claro que el sentido conjunto de ambas disposiciones tendía a afirmar el carácter nacional del sistema monetario y daba los primeros pasos para hacer efectiva en ese terreno la soberanía del Estado. Sobre todo porque fueron acompañadas de una devaluación de facto de la moneda española, implícita en el aumento de las tarifas de compra de metales por las Casas de Moneda.736 Como la mayor parte de las innovaciones legales del Trienio Constitucional, su aplicación quedó interrumpida muy pronto, al restablecerse el régimen absolutista; pero si se hubiera perseverado en la línea de 1821, es probable que se hubiera frenado la continua salida de plata del país, manteniéndose en España una parte sustancial del «tesoro americano» acumulado por las últimas remesas recibidas de Ultramar.737

En cuanto al papel moneda, tras superar los temores procedentes del experimento con los vales reales, volvió a autorizarse su emisión al recién creado Banco de San Fernando en 1829. El Banco de San Fernando emitió sus primeros billetes en 1830, con buena acogida del público, que salía entonces de un periodo deflacionista en el que los medios de pago habían resultado escasos para las necesidades normales del comercio. Se atendió así a una necesidad de la economía española, teniendo en cuenta que en los últimos años del reinado de Fernando VII se estaban acuñando monedas metálicas a razón de unos ocho millones de reales anuales, y que las emisiones de papel moneda pusieron en circulación 24 millones más entre 1830 y 1833.738

La Primera Guerra Carlista hizo aumentar el desbarajuste anterior, añadiendo las acuñaciones carlistas y haciendo que los gobiernos de María Cristina inflaran el mercado con acuñaciones masivas para pagar los gastos militares urgentes. Al terminar la guerra civil, la mitad del numerario que circulaba en España correspondía a acuñaciones extranjeras. Por otro lado, existían hasta seis cecas en el país: las casas de moneda de Madrid, Sevilla, Pamplona, Jubia (La Coruña), Segovia y Barcelona; esta última, cerrada en 1823, fue restablecida por los progresistas en 1836. Estas casas de moneda se regían por criterios parcialmente diferentes, por ejemplo en cuanto a las tarifas pagadas por el metal destinado a acuñaciones; y señalaban las monedas salidas de sus prensas con marcas diferentes.

Como resultado de todos los procesos mencionados, a comienzos de los años cuarenta parecía ineludible una reforma a fondo del sistema monetario; algo que, sin embargo, no pudo plantearse hasta que se dio el marco de estabilidad del que gozaron los gobiernos de la Década Moderada. Hubo varios proyectos auspiciados por los sucesivos ministros de Hacienda de Narváez: uno de Alejandro Mon en 1846, otro de José Peña y Aguayo, otro de Ramón Santillán y un cuarto del marqués de Salamanca, todos ellos en 1847. Este último pretendía racionalizar todo el sistema empleando el sistema decimal y tomando como unidad de cuenta el real de vellón.739 Pero ninguno de ellos llegó a aprobarse.

Por fin, fue Bertrán de Lis quien —todavía bajo presidencia de Narváez— sacó adelante la reforma monetaria en 1848. Lo hizo creando el sistema del doblón y del real, en el que se empleaban hasta diez piezas distintas: el real, que era la unidad básica, se definía por su contenido de 1,31 gramos de plata. Por debajo existían varias monedas fraccionarias de cobre, como el medio real, la doble décima (un quinto de real), la décima y la media décima; y por encima, una moneda de oro, el doblón o centén de oro de Isabel II (equivalente a 100 reales); y cuatro monedas de plata, el duro (20 reales), el escudo o medio duro (10 reales), la peseta (4 reales) y la media peseta (2 reales).740 Simultáneamente, el panorama de las cecas empezó a simplificarse con el cierre de las casas de moneda de Pamplona y Jubia. La de Segovia solo acuñaba calderilla —las monedas fraccionarias de cobre—, con lo que, de hecho, el sistema descansaba sobre el triángulo formado por las Casas de la Moneda de Madrid, Barcelona y Sevilla.741

La reforma de 1848 fue un primer paso hacia la unificación y simplificación del sistema monetario nacional, impulsado junto a otras tantas medidas de definición del Estado como se estaban produciendo en la Década Moderada. Pero fue una reforma insuficiente, que mantuvo vigentes muchos elementos del Antiguo Régimen monetario: la moneda de cuenta seguía siendo el real de vellón —a pesar de que no tenía ya existencia física como pieza circulante— y se empleaba igualmente su divisor, el maravedí; por consiguiente, todas las cifras oficiales —empezando por los presupuestos y las cuentas generales del Estado— se seguían expresando en reales y maravedís. Por otro lado, el sistema era bastante complicado. Y, como ocurre en cualquier sistema bimetálico, la cotización relativa del oro y de la plata hacía que el valor facial de las monedas se separara de su apreciación en el mercado. En el sistema español, la moneda de plata estaba infravalorada; y ese desequilibrio se acentuó con el proceso de depreciación del oro que siguió al descubrimiento de minas de este metal en California y Australia. Por consiguiente, la salida de monedas de plata fuera del país no se detuvo con la reforma de 1848.

De nada sirvió que en 1851 el Gobierno interrumpiera las acuñaciones de oro para intentar que la escasez elevara su valor.742 Si la medida apuntaba a la posibilidad de implantar un patrón monetario exclusivamente fundado en la plata, como acababa de hacer Holanda, no tuvo continuidad posterior; España no podía hacerse con la plata suficiente para ello, al no tener minas de ese metal, ni recibir las remesas que antes llegaban de América, ni tener un saldo favorable en su balanza comercial.743 La salida de monedas de plata al exterior creaba problemas prácticos al comercio, pues hacía escasear las monedas de valor medio más utilizadas, dejando solo las de oro —que muy pocos veían en su vida— y la calderilla de ínfimo valor.

Serían necesarias cuatro reformas más para llegar a la completa unificación y estabilización del sistema monetario nacional en torno a la peseta: en 1854, 1861, 1864 y 1868. La reforma de 1854 fue de poca magnitud; se limitó a corregir anomalías del sistema de Bertrán de Lis. El último Gobierno de la Década Moderada, presidido por el conde de San Luis, estableció el céntimo —una céntesima de real— como moneda de cuenta divisoria, acuñada en piezas de 5, 10 y 25 céntimos. También se vio obligado a autorizar de nuevo las acuñaciones de oro; al tiempo que reducía el contenido metálico de la peseta de plata a 5,19 gramos para restablecer la relación bimetálica y frenar la salida de monedas de plata.744 Puede decirse que con la reforma del 54 el sistema monetario español pasó a descansar más sobre el oro, aprovechando la circunstancia temporal de ser este el metal depreciado, lo cual permitió una expansión de la masa monetaria que seguramente tuvo consecuencias positivas para el crecimiento económico. Pero no era una solución definitiva para los problemas monetarios que aquejaban al país a largo plazo.

El paso de los progresistas por el poder, durante el bienio de 1854-1856, dejó intacto el sistema monetario. Pero sirvió para reformar el Banco de San Fernando y darle su nombre actual de Banco de España.745 Al multiplicar los bancos de emisión, permitiendo que hubiera uno en cada provincia, el ministro Juan Bruil favoreció enormemente la difusión de los billetes de banco; de manera que a partir de entonces aumentó la circulación de papel moneda, a pesar de las restricciones impuestas a su emisión por criterios de prudencia. El Banco de España, que abrió sucursales en muchas provincias, empezó a emitir cantidades crecientes de billetes: 158.400.000 reales en 1856, 182.800.000 en 1857, 208.000.000 en 1858, 267.600.000 en 1859… Al tiempo que otros bancos hacían lo mismo, aunque fuera en menores proporciones: el Banco de Barcelona y el Banco de Cádiz, que sobrevivían de épocas anteriores; y los que se crearon con funciones de banco emisor en 1856 y 1857, como el Banco de Bilbao, el Banco de Santander, la Caja de Descuentos de Zaragoza, el Banco de Valladolid, el Banco Español de La Habana o el Banco Filipino de Isabel II, todos ellos autorizados por el Estado a emitir papel moneda.

El ministro de Hacienda Pedro Salaverría introdujo una discreta ampliación del sistema del real en 1861, creando dos nuevas monedas de oro fraccionarias del doblón: el escudo (40 reales) y el durillo (20 reales).746 En aquel año, además, el sistema de cecas se amplió con la fundación de la Casa de Moneda de Manila, que recuperaba la tradición de las cecas ultramarinas que habían funcionado en el imperio español hasta la independencia de las colonias americanas. A esas alturas, las reformas realizadas en el sistema monetario habían resuelto muchos problemas, dando pasos decisivos hacia la construcción de un Estado y una economía nacionales. La moneda se había adaptado a la racionalidad europea implícita en el sistema decimal; se había puesto en circulación la masa monetaria —tanto metálica como fiduciaria— adecuada para las necesidades del comercio, superando los estrangulamientos deflacionistas de la primera mitad del siglo; y se había nacionalizado la moneda en España, prescindiendo del uso cotidiano de monedas extranjeras. El sistema mostró su fortaleza, al superar sin demasiados problemas la crisis de confianza provocada a mediados de 1861 por el estallido de la Guerra de Secesión americana y la reforma de la Caja General de Depósitos; en aquella coyuntura, el público acudió en masa al Banco de España a pedir la conversión en metálico de los billetes, causando una contracción del 41 por ciento en el papel moneda en circulación.747 Quedaban, no obstante, algunos problemas pendientes, como el de la escasez de las monedas de valor mediano más empleadas en las transacciones, debido a la gradual apreciación de la plata respecto al oro en todo el mundo.

La reforma de 1864, debida —como la anterior— a Salaverría, fue más ambiciosa que las de 1848, 1854 y 1861, pues acabó con el sistema monetario basado en el real, creando un sistema completamente nuevo en torno al escudo, equivalente a diez reales. Fue entonces cuando las estadísticas oficiales y las cuentas del Estado dejaron de expresarse en reales y pasaron a denominarse en escudos, aunque fuera solo por espacio de cuatro años. En el sistema de 1864 circulaban tres monedas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. Las de oro eran el doblón llamado de Isabel (moneda de 10 escudos), los cuatro escudos y los dos escudos. Las de plata, el duro o peso fuerte (moneda de 2 escudos), el escudo, la peseta (40 céntimos de escudo), los dos reales (20 céntimos) y el real (10 céntimos de escudo). Y las monedas de bronce: el medio real (5 céntimos), el cuartillo (2 céntimos y medio), el céntimo o décima y el medio céntimo.748 La ley de las monedas de plata fue reducida para impedir que continuara la sangría de este tipo de monedas imprescindibles para el buen funcionamiento de los negocios: las monedas de escudo y de duro se hacían con una aleación del 90 por ciento de plata y el 10 por ciento de bronce; mientras que las monedas de peseta, dos reales y un real contenían solo un 81 por ciento de plata para disuadir la saca al extranjero.749 De hecho, esta fue la clave de la reforma de 1864: rompiendo con los prejuicios metalistas del pasado, apoyar el sistema sobre una moneda cuyo valor facial fuera inferior al contenido metálico, para garantizar su permanencia en el mercado nacional, sirviendo a las necesidades corrientes del comercio. Esto significaba descartar otras opciones que se habían propuesto en los años anteriores, como la de adscribir el sistema monetario español al patrón oro o a un patrón plata, prefiriendo rebajar la relevancia del contenido metálico de las monedas a favor de un sistema nominalista.750

La reforma definitiva llegó en 1868. Se creó entonces un sistema monetario largamente perdurable, articulado en torno a una nueva unidad, la peseta, divisa nacional hasta la implantación del euro en el siglo XXI. Aquella reforma, obra de Laureano Figuerola, creó la peseta de plata de 5 gramos (el contenido metálico de la peseta había ido descendiendo desde los 5,25 gramos de 1848, a 5,19 gramos en 1854 y, finalmente, a 5 gramos en 1868). De esta manera, España se homologaba con el patrón de la Unión Monetaria Latina, como había recomendado una comisión enviada por el Gobierno anterior a la Conferencia Monetaria celebrada en París con motivo de la Exposición Universal de 1867. De hecho, gran parte de los trabajos preparatorios de la reforma los habían realizado ya los últimos gobiernos de Isabel II; el nuevo Gobierno Provisional surgido de la Revolución de 1868 se limitó a aportar el impulso político definitivo.

La Unión Monetaria Latina de 1865 estaba formada por los países que seguían el patrón del franco francés: Francia, Bélgica, Suiza e Italia. Los países firmantes se comprometían a adoptar una cierta disciplina monetaria común, basada en un patrón bimetálico con una misma relación entre oro y plata de 1:15,5; aceptaban un límite máximo de la circulación monetaria en cada país, fijado en seis francos por habitante; se comprometían a informarse mutuamente de las acuñaciones que realizaran; y a aceptar recíprocamente en todos los países las monedas de oro y las de plata de mejor ley —de 900 milésimas— emitidas por cualquier Estado miembro.751 Por el momento, la adhesión a la Unión Monetaria Latina no contaba con un apoyo unánime en España, por lo que el Gobierno Provisional adoptó la solución salomónica de homologar todos los parámetros del sistema monetario español al convenio de la Unión —como reconocía la Exposición de Motivos de Figuerola— pero sin ingresar formalmente en ella; así, el Gobierno preservaba su libertad de acción para hacer una política monetaria independiente, adaptada a las necesidades nacionales.

La aproximación a la Unión Monetaria Latina era una decisión con fundamento lógico indudable, en la época de mayor esplendor de la Francia de Napoleón III, en cuya órbita económica y financiera se movía España. Era coherente, además, con el influjo que, en general, tenía el modelo francés en la construcción del Estado español. Por otro lado, tanto España como los demás países que se integraron en la Unión Monetaria Latina, tenían de hecho sistemas monetarios similares desde comienzos del siglo XIX. Pero esta medida muestra también la continuidad que mantuvieron las autoridades españolas en algunas políticas de Estado fundamentales a largo plazo, saltando por encima de las diferencias ideológicas: la coalición revolucionaria de demócratas, progresistas y unionistas no tuvo empacho en mantener la tendencia de los gobiernos moderados a seguir el modelo francés en la construcción del Estado español —en este caso, el patrón bimetálico del franco—, renunciando a seguir el modelo británico —en este caso, el patrón oro— por el que algunos de ellos habían expresado tanta admiración en el pasado.752

Aparte del hecho evidente de la pertenencia de España a la órbita francesa en lo económico, en lo monetario, en lo jurídico, en lo político y en lo cultural, hay que tener en cuenta que el segundo país en importancia de la Unión era Italia. Italia representaba por entonces una moderna monarquía democrática hacia la que se dirigían las mayores simpatías de los progresistas españoles del Sexenio Revolucionario; más aún que hacia el Reino Unido, como quedó reflejado en el texto constitucional de 1869 y en la elección de la dinastía de Saboya para ocupar el trono. Más allá de esas circunstancias históricas del momento, la Unión Monetaria Latina puede concebirse como un primer intento de unificación monetaria del continente europeo para hacer frente a la hegemonía anglosajona, algo que prefiguraba las ideas de fondo que laten en la actual Unión Europea en torno al euro.

La tendencia a la unidad monetaria europea, sin embargo, fue efímera, como lo fue también la aproximación de España a ese patrón: Alemania nunca participó del experimento, mientras que los países nórdicos formaron su propia unión monetaria regional, adscrita al patrón oro. La inversión de la tendencia en los precios relativos del oro y de la plata, con la depreciación de esta última, alteró todo el sistema, provocando la interrupción de las acuñaciones de oro desde 1873. La Unión Monetaria Latina entró en crisis a partir de aquel año, hasta que en 1885 se rindió a la hegemonía del patrón oro británico. Y España, que nunca había llegado a comprometerse firmando el convenio de 1865, se alejó de la referencia francesa para sortear la crisis económica mundial de 1873, y volvió a hacer su propia política monetaria desde comienzos de la Restauración: una política que, sin romper el carácter bimetálico del sistema creado en 1868, tendió a dar mayor importancia al oro como patrón.

La impronta del modelo francés, sin embargo, quedó para siempre en el sistema monetario español de la peseta. Materialmente, las monedas se ajustaron también desde 1868 a los patrones franceses vigentes en la Unión Monetaria Latina, al menos por lo que respecta a las monedas de oro y plata, iguales en peso, ley y tamaño a las francesas. La costumbre española era que el anverso de las monedas representara la efigie del monarca del momento, y el reverso, un escudo de la Monarquía, aparte de otras marcas específicas, como el acueducto que distinguía a las monedas acuñadas por la Casa de Moneda de Segovia. Pero en 1868 tuvo que abandonarse esa costumbre, dada la indefinición inicial del régimen político —mientras permaneció abierta la opción entre República y Monarquía— y, luego, la vacante del trono hasta la llegada de Amadeo de Saboya.

Mientras se definía la forma monárquica o republicana del Estado y, luego, la dinastía reinante, hubo que idear símbolos impersonales de la nación española y «de la soberanía nacional», como dijo el propio Figuerola. De ahí nació la figura de la matrona recostada que representa a Hispania, apoyada en los Pirineos y con los pies en Gibraltar, que se plasmó en las primeras pesetas. Dicha figura había sido recomendada por el informe que emitió al respecto la Academia de la Historia, a partir de modelos numismáticos de época romana. Para el reverso se diseñó un nuevo escudo, no ya de la casa reinante, que no la había, sino de la nación: además de los tres cuarteles que representaban a Castilla, León y la Corona de Aragón, y del triángulo inferior alusivo a Granada, el nuevo escudo incorporó como novedad las cadenas de Navarra; también incluyó las columnas de Hércules en recuerdo de la dimensión americana de España; y el conjunto se remató con una corona mural. Este escudo, creado para el reverso de las nuevas monedas desde 1868, es el escudo oficial de España que, con variantes de detalle debidas a los cambios de régimen, ha perdurado hasta la actualidad.753 El artista que compuso las nuevas monedas representó este escudo simplificado en un óvalo sobre el que se apoyaba un león, símbolo tradicional de España. Aparte de la importancia de la reforma monetaria en sí misma, hay que considerar hasta qué punto cambió el paisaje cotidiano de los españoles la implantación de una única moneda nacional, actualizada con los símbolos del Estado y de la nación: unos símbolos contemplados por los ciudadanos todos los días hasta generar el tipo de familiaridad que hace que las cosas sean aceptadas como naturales.

La creación de la peseta como divisa nacional fue acompañada de la unificación en una sola ceca de todas las acuñaciones de moneda metálica: las Casas de Moneda de Sevilla y Segovia fueron cerradas definitivamente; la de Barcelona se limitó a supervisar la fabricación de monedas fraccionarias de bronce, arrendadas a una empresa privada francesa, antes de desaparecer en 1881; la de Manila sobrevivió hasta el final de la presencia colonial española en Filipinas, por su especificidad colonial; pero en la metrópoli, toda la acuñación de monedas de oro y plata se centralizó en la Casa de Moneda de Madrid. Esta había sido dotada de un nuevo e imponente edificio en la Plaza de Colón, inaugurado en 1861, como ya se comentó.754

El nuevo sistema era mucho más sencillo y más racional que los anteriores: había cuatro piezas de oro (de 100, 25, 20 y 10 pesetas), tres de plata (de 5, 2 y una peseta) y cuatro de bronce (de 10 céntimos, 5, 2 y uno).755 El decreto de Figuerola fijaba el 31 de diciembre de 1870 como fecha límite, a partir de la cual solo tendrían valor legal las monedas previstas en el nuevo sistema. Entretanto se irían recogiendo todas las monedas circulantes que procedían de sistemas anteriores y reacuñándolas con arreglo al sistema de 1868; para ello se estableció una tabla de equivalencias de las 39 especies diferentes que circulaban hasta entonces en los mercados, procedentes de distintos sistemas monetarios, épocas y lugares.756 La clave que hizo posible esa tabla de equivalencias fue la imposición del rígido criterio nominalista de que una peseta (nueva) equivalía a cuatro reales (antiguos), fuera cual fuese la cotización en el mercado del contenido metálico de unas u otras monedas. Esto hizo que una parte del público que poseía monedas antiguas de valor metálico superior al nominal no acudiera a canjearlas para no sufrir quebranto económico, por lo que, en la práctica, las viejas monedas siguieron circulando entre el público mucho después de 1870, al menos hasta finales del siglo XIX. Pero lo cierto es que el nuevo sistema se impuso con rapidez, y las monedas antiguas circularon de manera marginal y cada vez en menor número. Resulta evidente, por tanto, el salto que supuso la implantación en todo el territorio nacional de una única divisa, sus múltiplos y fracciones, en lugar de aquella mezcla de monedas diversas acumuladas históricamente.

Pesos y medidas

Puede considerarse que la unificación monetaria que se realizó en España entre 1818 y 1868 formaba parte de un proceso más amplio de unificación de los sistemas de medida. Es este un asunto de gran trascendencia, tanto por la utilidad práctica que tiene disponer de un sistema común de pesas y medidas —para que puedan desarrollarse las transacciones de forma segura y fluida— como por las implicaciones culturales que tiene el hecho de que el nuevo sistema sea estatal y tenga ámbito nacional. Las dimensiones simbólicas de la unificación de pesas y medidas van más allá de la mera demostración de poder de las instituciones, pues alcanzan a la imposición en la mentalidad colectiva de unos patrones de racionalidad definidos desde el Estado. Cuestiones como las unidades de medida permanecen muy arraigadas en los usos y costumbres de la sociedad; y en España eso significaba usos y costumbres regionales o, más frecuentemente, locales, que costó mucho trabajo modificar. En esa lucha, las instituciones del Estado se presentaron como portadoras de lo racional frente a lo tradicional, lo moderno frente a lo anticuado, lo nacional frente a lo local. Y, finalmente, vencieron.

El patrón que se adoptó oficialmente fue el sistema métrico decimal, sistema racionalista de nuevo cuño que procedía de la Revolución francesa. Este sistema había sido asumido por el liberalismo europeo continental como marco común internacional. Con él se sustituyeron los infinitos sistemas de unidades que, desde tiempo inmemorial, venían empleándose en las regiones, provincias y localidades de España. La mayor parte de ellos tenían una vigencia de corto alcance geográfico, lo cual daba lugar a un complicado enjambre de denominaciones y conversiones que, además de obstaculizar las transacciones, hacía muy difícil el levantamiento de estadísticas generales y la cuantificación de los impuestos.757

Los sistemas de medida locales incluían una variedad interminable de fanegas, celemines, arrobas, cuartillos y cuartillas, libras, quintales, cántaras y cántaros, leguas, varas, pies, palmos, dedos, pulgadas, azumbres, onzas, barchillos, jornales, obradas, peonadas, suertes, tahúllas, huebras, quintales, canas, cuarteras, destres, mesuras, barrilones, pipas, porrones, cuartas, cuarteras, cuartanes, mojadas, mundinas, aranzadas, cargas, picotines, yuntas, carretadas, haldas, almudes, adarmes, brazas, cables, codos, granos, millas, cahíces, hanegadas, yugadas, etc. Cada una de estas unidades de medida era aplicable a un tipo de mercancías diferentes: por ejemplo, en las Islas Baleares solía medirse el vino en cuartines, pero la leche y el aceite en mesuras, aun siendo todas unidades de capacidad de líquidos; con la particularidad de que la mesura de leche no tenía la misma capacidad que la de aceite. Para complicar más la cuestión, una misma denominación encubría con frecuencia unidades de distinto valor, según que se aplicara en uno u otro lugar, a una u otra especie. Es conocido el caso de las unidades de volumen de áridos —como la fanega— que medían la cantidad de grano; utilizadas para indicar la extensión de terreno que podía ser sembrada con una cierta cantidad de grano, pasaron a servir también como unidades de superficie, pero con notable variación según las circunstancias, dado que una misma cantidad de semilla puede aplicarse sobre áreas muy desiguales en función de la calidad y configuración del terreno, el clima, las costumbres locales, etc. Así pues, en una misma provincia, como Jaén, se empleaban 37 tipos de fanega distintos, aplicados en uno o varios pueblos. También era frecuente que una misma unidad de medida de superficies agrícolas tuviera significado diferente según si se aplicaba en secano o en regadío —como ocurría con la hemina en León— o distinguiendo entre los terrenos de cerros, llano y vega, como la fanega de Chinchón, en la provincia de Madrid.758

Estos sistemas tradicionales eran los que se usaban cotidianamente en los mercados y servían para las transacciones de todo tipo. A los españoles del siglo XIX les parecían perfectamente «naturales» y, desde luego, mucho más racionales que el sistema métrico decimal que, procedente de Francia, se les intentaba imponer de forma artificiosa.759 Gozaban de gran arraigo por su antigüedad y eran una seña de identidad persistente del localismo y el provincianismo. La Administración se sintió en la obligación de reemplazarlos por el sistema métrico decimal, no tanto por una convicción racionalista —que no sería fácil de demostrar— como por una necesidad imperiosa de disponer de una sola «vara de medir» a la hora de recabar datos estadísticos o fiscales en todo el territorio. Se trataba de implantar un lenguaje común en el diálogo entre la Administración y los ciudadanos. Al mismo tiempo, el comercio necesitaba esta unificación del sistema métrico para facilitar los intercambios entre diferentes provincias y regiones, poniendo las bases de un verdadero mercado nacional.

Fue el Gobierno moderado de Narváez el que implantó oficialmente el sistema métrico decimal en España en 1849, con Bravo Murillo como ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.760 Consciente, sin embargo, de que la introducción efectiva de las nuevas unidades de medida iba a ser difícil, porque obligaba a un cambio en las costumbres, la Ley dispuso una implantación gradual con plazos relativamente largos: el uso de las unidades del sistema métrico decimal solo se haría obligatorio desde el 1 de enero de 1860. De hecho, la introducción del nuevo sistema métrico no fue fácil; el Gobierno tuvo problemas incluso para establecer la tabla oficial de equivalencias entre las unidades antiguas y las decimales, tabla que tardó algunos años en completar.761

La implantación del sistema métrico decimal comenzó por las actividades del propio Estado, empleando a la Administración como herramienta pedagógica para la uniformización de las mentalidades y las costumbres nacionales. Así, por ejemplo, se exigió el uso de las nuevas unidades en los manuales escolares —por ejemplo, en los problemas de matemáticas— y su enseñanza en las escuelas de todo el país, tal como preveía la Ley a partir de 1852. Todo el proceso de reforma y unificación de la moneda que se ha expuesto puede considerarse también, en realidad, como una parte de este proceso más general de implantación del sistema decimal en todas las unidades de medida: desde 1848, el sistema monetario español se inspira en un sistema de cuenta decimal y común para todo el país. Desde 1858, las Casas de la Moneda introdujeron las unidades del sistema métrico decimal para su actividad comercial e industrial de compra y acuñación de metales, desterrando la tradición de usar el marco de Castilla y sus subdivisiones en onzas, ochavas, tomines y granos.762

La realidad se mostró en este asunto más tozuda de lo esperado, pues el público siguió aferrado a las viejas unidades de medida heredadas de generación en generación; e incluso se dieron conatos de motín en algunos mercados con motivo de las inspecciones destinadas a perseguir a los comerciantes que persistían ilegalmente en el uso de las unidades tradicionales. Las unidades históricas siguieron siendo de uso corriente a lo largo del siglo XIX, como demuestra el hecho de que se editaran innumerables manuales y cartillas con tablas de equivalencia para que los comerciantes pudieran convertir las unidades ajenas cuando lo necesitaran para transacciones interprovinciales. Y también el que siguieran dictándose una y otra vez disposiciones que volvían a exigir el empleo exclusivo del sistema métrico decimal, prueba evidente de que las normas anteriores no se habían cumplido.763 Esa misma insistencia normativa, sin embargo, muestra que el Estado mantuvo invariablemente la política de implantar un sistema común, que además era compartido con la mayor parte de Europa continental, hasta lograr la plena aceptación del sistema decimal. Esta uniformización de las mentalidades no fue sencilla, pero se acabó realizando; y era estrictamente necesaria para construir el Estado-nación tal como lo concebían los liberales del XIX.

Cuando, después de la Revolución de 1868, el Gobierno Provisional de Serrano volvió a encarecer la implantación del sistema métrico decimal, respondiendo a la interpretación liberal de la racionalidad moderna y de la unidad nacional, mostró ya un cierto sentido práctico de la realidad, derivado de asumir las dificultades comprobadas para implantar tal sistema durante el reinado de Isabel II: la circular de 1868 ya no habló, pues, de obligatoriedad de las nuevas unidades de medida, sino tan solo de recomendar su uso. De hecho, aquel decreto respondía al vencimiento de un nuevo plazo para la completa implantación del sistema métrico, que debía haberse hecho realidad para el 1 de enero de 1869. La cuestión la retomó Manuel Ruiz Zorrilla decretando en 1871 que el sistema métrico decimal sería de obligada aplicación en todas las dependencias del Estado.764

El sistema métrico decimal está naturalizado hoy en día en la mentalidad colectiva de los españoles, hasta el punto de considerar estrafalarias otras formas de medir, como las que perviven en los países anglosajones. Pero su implantación fue difícil y tuvo que enfrentarse a resistencias importantes. Surgido de una convención basada en la anatomía de las manos humanas y en la medición del meridiano terrestre, durante la segunda mitad del siglo XIX pareció a muchos españoles un artificio político intolerable venido del extranjero. El hecho de que acabara por admitirse y por entrar en las costumbres de todos los españoles es revelador de la capacidad de intervención que alcanzó el Estado sobre la sociedad, la economía y la cultura. Sin duda, fue uno de esos factores decisivos en la unificación de la nación, que actuaron sobre el nivel más profundo de las mentalidades. Racional o no, el sistema era uniforme y se basaba en la simplificación y la homogeneidad. Como en el caso de la unificación monetaria, lo que se desterraba al unificar el sistema de pesas y medidas era la noción de singularidad irreductible arraigada en las comunidades locales o de territorios algo mayores. Y este cambio hacia marcos de referencia nacionales repercutía en un cambio similar en cuanto a la identidad política y cultural, constituyendo ciudadanos de la nación donde antes había vecinos de los pueblos.

Las cuentas en orden

La construcción del Estado y del mercado nacional exigía que se pusiera orden en las cuentas públicas. Desde tiempos del Antiguo Régimen, las modalidades de la recaudación fiscal y del crédito de la Corona habían sido un factor de desorganización y de deterioro de la economía. Los liberales pretendían un Estado que no solo no perjudicara el desarrollo de los negocios, sino que realizara una acción positiva en el fomento de la riqueza nacional.

El camino hacia ese orden fiscal necesario se ha esbozado ya en el capítulo 4. Como allí se vio, en la primera mitad del XIX se estableció el monopolio fiscal del Estado, aboliendo las haciendas eclesiástica y señorial. Se sacaron de la inmovilización en que se hallaban los grandes patrimonios acumulados por las instituciones eclesiásticas y también por otras corporaciones, como los municipios, universidades y el propio Estado; la desamortización aportó una inyección de recursos extraordinarios que permitió realizar una primera instalación de cuarteles y oficinas del Estado, emprender la reforma del clero creando una Iglesia nacional, reducir el endeudamiento público, financiar la creación del Ejército permanente y echar a andar la Hacienda liberal. Finalmente, la reforma de Mon reorganizó las figuras tributarias en 1845, adecuándolas a los principios del liberalismo moderado. Y, como se ha mencionado en el capítulo 6, en los años cincuenta se puso en pie un modelo administrativo eficaz para gestionar el nuevo sistema fiscal, modelo del que surgirían a mediados de siglo la figura del funcionario y la organización general de la Administración pública española.

Fue precisamente en esos años cincuenta cuando se completó el proceso de poner orden en la Hacienda pública con dos medidas decisivas: crear un sistema contable que permitiera conocer y controlar los flujos reales de ingresos y gastos públicos y eliminar el obstáculo permanente que significaba el endeudamiento del Estado.765

Desde luego, la obtención de un sistema contable riguroso era una exigencia vital para la construcción del Estado. La ordenación contable de las administraciones públicas debía arrancar de la existencia de un presupuesto anual de ingresos y gastos del Estado, instrumento que no existía en la Monarquía del Antiguo Régimen y que se tardaría décadas en implantar tras la Revolución liberal. El concepto de presupuesto lo había introducido la Constitución de Cádiz, que fue el primer texto legal europeo en mencionarlo: «Los secretarios del despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública, que se estima deban hacerse por su respectivo ramo…».766 Aclarando un artículo anterior que decía: «Las facultades de las Cortes son: (…) Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública. Décimatercia. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos…»767.

Aquella previsión constitucional se aplicó por primera vez con la presentación del presupuesto para 1814 por López de Araujo. Después, la anulación de la obra legislativa de las Cortes dio al traste con la institución del presupuesto. Pero esta fue recuperada antes de finalizar el reinado de Fernando VII, primero en el Trienio Constitucional de 1820-1823; y luego, en el marco de las reformas de López Ballesteros.768 Se trataba entonces de un discretísimo y esquemático presupuesto anual de gastos por ministerios, medida pragmática y racionalizadora en un momento en que resultaba de la mayor urgencia controlar el gasto público y hacer la Administración un poco más eficaz. Pero faltaba la publicidad del presupuesto, su desarrollo sistemático y su utilización como medio de control del gasto del Gobierno por parte de los representantes de los contribuyentes. Esos elementos se introdujeron, ya desaparecido el último monarca absolutista, con la implantación del régimen constitucional de 1837.769

El lenguaje común se hizo eco entonces de la consolidación de este concepto del presupuesto, fundamental para la Hacienda moderna; así, la edición de 1837 del Diccionario de la Academia definía el término presupuesto como «cómputo anticipado del coste de una obra», acepción ya presente en anteriores ediciones, desde 1803. Pero añadiendo: «y también de los gastos, ó de las rentas de un hospital, ayuntamiento, u otro cuerpo; y aun de los generales de un estado, o especiales de algún ramo; como de guerra, marina».770

El presupuesto se consolidó como una figura permanente de la práctica política y financiera en todos los ordenamientos constitucionales posteriores. Pero la práctica presupuestaria adolecía de un notable desorden, que hacía poco eficaz el control de los gastos gubernamentales por las Cortes. Bravo Murillo retomó el impulso del reformismo administrativo e hizo aprobar en 1850 una Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública en la cual desarrolló el artículo 75 de la Constitución de 1845 (que reproducía literalmente el artículo 72 del texto de 1837).771 En los años posteriores, con el concepto de presupuesto ya completamente incorporado a la vida política, administrativa y financiera del país, se produjeron sin embargo muchas irregularidades en su aplicación práctica: la mayor parte de los presupuestos anuales o bien entraron en vigor con el año ya comenzado y con efecto retroactivo, o bien los aprobó el Gobierno por decreto y no por ley tramitada en Cortes como era preceptivo. Este tipo de prácticas continuaron a lo largo de la Restauración, en la medida en que los personalismos políticos, las divisiones internas de los partidos, la acción de los grupos de presión, la defensa de intereses localistas y la propia tendencia del poder ejecutivo a prescindir de las Cortes hicieron que lo excepcional fuera la elaboración y aprobación de una verdadera Ley presupuestaria de nuevo cuño; mientras que lo habitual fue prorrogar —enteros o por partes— los presupuestos de años anteriores, o recurrir a diversos artificios legales para contar formalmente con un presupuesto en vigor.772

El contenido de la Ley de 1850 ligaba estrechamente el presupuesto de ingresos y gastos —documento político— con los mecanismos administrativos necesarios para darle eficacia y permitir su comprobación a posteriori; esto es, la contabilidad de las administraciones públicas. También en esto el precursor había sido Luis López Ballesteros, quien, en sus intentos por poner orden en la Hacienda del Antiguo Régimen para salvarla de la quiebra, había dictado una instrucción al respecto en el último periodo absolutista de Fernando VII.773 Muchos de sus preceptos resultaban inadecuados en el marco constitucional posterior y, en todo caso, insuficientes, como hicieron notar los autores de la reforma fiscal de 1845. No obstante, la solución definitiva se demoró hasta tiempos de Bravo Murillo, que fue quien creó —en 1849-1850— el sistema de contabilidad del Estado.774

Bravo Murillo creó un sistema completo de gestión presupuestaria y contable: estableció la obligación del Gobierno de presentar anualmente un presupuesto de ingresos y gastos para que fuera aprobado por las Cortes; reguló la posibilidad de modificar las previsiones presupuestarias mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios; instauró la elaboración de cuentas anuales; reglamentó el régimen de las exenciones fiscales; centralizó la gestión de las rentas públicas en el Ministerio de Hacienda, al tiempo que centralizaba también en el Tesoro todos los pagos y cobros del Estado; y mejoró la técnica presupuestaria del Estado introduciendo mecanismos de distribución mensual de fondos, régimen de cierre, garantías de publicidad, etc.775 Con todo ello, pudo ya empezar a componerse la Cuenta General del Estado, dando lugar a una serie documental continua que se inicia en 1850 y que permite conocer la realidad financiera del Estado desde hace un siglo y medio.

La clave de la reforma estaba en la creación de la Intervención General del Estado, que se encargaba de controlar todos los ingresos y gastos de las Administraciones públicas y de llevar la contabilidad de los mismos. Con las cuentas mensuales de todos los servicios y ramos de la Administración, la Intervención elaboraba la Cuenta General del Estado correspondiente a la liquidación de cada presupuesto; y se la pasaba al Ministerio de Hacienda en un plazo limitado, a fin de que este pudiera someterla a la fiscalización de las Cortes y del Tribunal de Cuentas. El sistema es sencillo, pero su importancia no debe minusvalorarse: se trata de que todos los flujos de recursos públicos queden rigurosamente reflejados en las cuentas, de manera que la liquidación de ingresos y gastos arroje cada año un panorama cierto del estado de la Hacienda; y de que, en última instancia, ninguna decisión sobre ingresos o gastos públicos escape al control del Gobierno y a la fiscalización de las Cortes, que son las que tienen la última palabra a través de la aprobación del presupuesto y de las cuentas del Estado.

El Tribunal de Cuentas tenía precursores remotos en el Antiguo Régimen, pues había existido un Tribunal de la Contaduría en la Monarquía desde tiempos de Felipe II; y un precedente más cercano, ligado a las reformas de López Ballesteros en la última década del reinado de Fernando VII, que era el Tribunal Mayor de Cuentas.776 Ambas instituciones, limitadas a perseguir las desviaciones de fondos de la Hacienda Real, fueron sustituidas en 1851 con el moderno Tribunal de Cuentas, destinado a fiscalizar de manera integral la ejecución de los presupuestos a través de la Cuenta General del Estado.777 Se siguió, una vez más, el sistema francés, que en este caso consistía en un Tribunal integrado por magistrados que nombraba el propio Gobierno; esto, si bien reducía su independencia en la fiscalización, respondía a la concepción del Estado vigente en aquel momento, caracterizado por la máxima concentración del poder en la cúspide de la Administración.

El sistema contable que disciplinó financieramente a la Administración desde 1849-1851 se mantuvo en pie desde entonces como verdadero «esqueleto» del Estado, si bien sufriría cambios y reformas que buscaban una mayor eficacia. Laureano Figuerola introdujo algunas modificaciones en 1870.778 Luego, por la Ley de Presupuestos de 1893, Germán Gamazo redujo los plazos y la posibilidad de ampliación del año presupuestario, a fin de acabar con el retraso en la liquidación de las cuentas, que hacía inviable su control por las Cortes y por el Tribunal de Cuentas; y fue a partir de entonces cuando las cuentas generales del Estado se empezaron a liquidar de forma regular. Al mismo tiempo, Gamazo creó un cuerpo de funcionarios especializados en llevar la contabilidad del Estado, haciendo realidad planes ya antiguos de profesionalización de esta función: el Cuerpo de Intervención y Contabilidad.779

Para que el presupuesto y la contabilidad del Estado rigieran de hecho la vida financiera de la Administración era preciso centralizar en una sola institución todos los cobros y pagos del Estado. Esta era una vieja aspiración del reformismo ilustrado que heredó el liberalismo revolucionario, pues suponía un paso previo para poder establecer un control de los movimientos de caja y asegurar que estos se sometieran a los presupuestos. La unidad de caja quedó reflejada en la Constitución de Cádiz, en un artículo que no tuvo aplicación práctica.780 También la intentaron alcanzar sin éxito la monarquía absolutista, los progresistas y los moderados. Fue finalmente Bravo Murillo quien la hizo realidad mediante una sucesión de normas dictadas entre 1849 y 1851, que hicieron nacer el Tesoro Público.781 Desde luego, la unidad de caja no fue completa, pues la resistencia de algunos ministerios y cuerpos de la Administración a ser fiscalizados hizo pervivir ciertas cajas especiales hasta finales de siglo. No obstante, su volumen no era muy importante, y puede decirse que existió una unidad de caja sustancial desde la Ley de 1850.782

La unidad de caja y el sistema nacional de cuentas públicas permitieron abordar el arreglo de otro problema urgente que pesaba sobre las posibilidades de crecimiento del Estado y de la economía española: el endeudamiento público. Bravo Murillo realizó un primer arreglo en 1851, imprescindible para poner orden en las cuentas públicas, restaurar el crédito exterior —cerrado desde 1836— y abrir un camino de normalización para las finanzas del Estado español.783 Tal arreglo continuó después con un segundo en 1867, como se ha detallado en el capítulo 8.

La aplicación práctica de la unidad de caja requería una institución capaz de gestionar todos los movimientos de tesorería del Estado. Los moderados optaron por ceder este servicio a una entidad semiprivada, como era el banco del Estado, opción que hay que atribuir sobre todo a una consideración práctica: las contrapartidas en términos de crédito que el banco podía ofrecer a cambio de encargarse del servicio de tesorería. Las funciones atribuidas al banco del Estado en la política monetaria y en la vigilancia y ordenación del conjunto del sistema bancario conducirían, a la larga, a la aparición de un verdadero banco central. Con ello, se iba más allá de la solución inmediata de los problemas de liquidez de las Administraciones públicas, y se planteaba un objetivo más ambicioso, como era el de someter al sistema financiero en su conjunto a la tutela del Estado. No obstante, la marcha hacia la creación de un verdadero banco central en España fue larga y tortuosa.784

El precedente lejano fueron los bancos nacionales creados por la Monarquía del Antiguo Régimen, particularmente el Banco de San Carlos que puso en marcha Cabarrús durante el reinado de Carlos III.785 El Banco de San Carlos era una entidad privada que actuaba bajo la protección de la Corona; su estrecha vinculación a las necesidades de la Hacienda Real le acarreó problemas crecientes hasta su desaparición en 1829.786

Dos destacados exponentes del reformismo administrativo, como eran Luis López Ballesteros y Pedro Sainz de Andino, liquidaron aquella primera experiencia fracasada de banco de la Monarquía, sustituyendo el Banco de San Carlos por un nuevo Banco Español de San Fernando.787 La nueva entidad, también de capital privado, estaba bajo la autoridad de un director nombrado por el rey. Era un banco de emisión, depósito, crédito y descuento. En la práctica, el Banco de San Fernando se mostró conservador y poco activo, para garantizar la convertibilidad de sus billetes y no caer en los errores que habían determinado el hundimiento de su predecesor. Apenas actuó en los años que siguieron, hasta la muerte de Fernando VII, pues no tuvo un primer reglamento sino en el mismo año 1833.788 Y, ya bajo el régimen constitucional del reinado de Isabel II, se encontró con la aparición de otro banco nacional que le hacía la competencia: el Banco de Isabel II, creado en 1844.789

La competencia con el Banco de Isabel II estimuló al de San Fernando a practicar una política más audaz, y de hecho se convirtió en una pieza importante de la reforma hacendística de Mon, que puso los cimientos del Estado español contemporáneo en el plano financiero. En 1845, el Banco de San Fernando firmó un convenio con el Ministerio de Hacienda por el que se comprometía a adelantar cada mes la doceava parte de los gastos públicos previstos en el presupuesto anual, a cambio de que el Estado centralizara en las cajas del banco todos los ingresos fiscales.790

La dualidad de bancos del Estado no pudo mantenerse mucho tiempo. En 1847, Ramón Santillán los unificó en uno solo, que mantuvo el nombre del más antiguo, pasando a conocerse como nuevo Banco de San Fernando.791 Esta reforma se hizo en un contexto de crisis financiera mundial, que había sido una de las razones del fracaso del Banco de Isabel II y que provocó un clima de desconfianza del público hacia la entidad. La circunstancia fue aprovechada por Mon —de nuevo ministro de Hacienda— para reformar el Banco de San Fernando en 1849: reforzó el control del Gobierno sobre la entidad, a través de la figura del gobernador; le concedió el monopolio de emisión de billetes; y dividió el banco en una sección de operaciones y otra de emisión, para evitar que los riesgos asumidos en los negocios bancarios afectaran a la credibilidad del papel moneda que emitiera.792

El Banco de San Fernando fue reformado de nuevo por Bravo Murillo —como ministro— y Santillán —como gobernador— dos años después, adaptando las normas que lo regulaban a la realidad del banco y a los recursos de los que disponía, sometiéndolo aún más directamente al Ministerio de Hacienda y poniendo límites estrictos al volumen de las emisiones para garantizar su aceptación en el mercado.793 Con esta reforma, Bravo Murillo restableció las buenas relaciones entre el Gobierno y el Banco de San Fernando, ensombrecidas desde la Ley de Mon. De este modo, ofrecía en lo sucesivo al Estado el instrumento preciso para poder hacer una política monetaria.794

La reforma de 1856, que hizo nacer el actual Banco de España, no fue en realidad sino un cambio de nombre del antiguo Banco de San Fernando, cuya denominación, además de ser confesional, recordaba a los liberales progresistas la ignominiosa figura del último rey absolutista, Fernando VII. El Banco de España se creó formalmente bajo el Gobierno de Espartero, al final del Bienio Progresista;795 pero, de hecho, el Estado español disponía ya de un banco propio desde mucho antes, al menos desde las transformaciones introducidas en el Banco de San Fernando por los gobiernos de la Década Moderada. En realidad, la reforma de 1856 lo que hizo fue descentralizar la emisión de billetes, dejando esta en manos de una pluralidad de bancos emisores de carácter privado y del propio Banco de España y sus sucursales en provincias.

En 1868, el Banco de España dio un paso más en su vinculación a la Hacienda Pública, al encargársele la recaudación de los tributos.796 Y, por último, al final del Sexenio Revolucionario, Echegaray centralizó en el banco el monopolio de emisión monetaria en toda España en 1874, ofreciendo a los bancos emisores de provincias la posibilidad de convertirse en sucursales del Banco de España.797 La idea de que la emisión de papel moneda fuera un monopolio estatal no era nueva, pues respondía a una cierta concepción de la soberanía nacional y de la función de un Estado fuerte, que era característica de los dirigentes del moderantismo histórico. De hecho, la creación de un único banco emisor de titularidad estatal —que se habría llamado Banco Nacional de Emisión— había figurado en un Proyecto de Ley del Gobierno Narváez de 1847, debido al marqués de Salamanca.798 Sin embargo, la idea lesionaba muchos intereses y despertaba resistencias importantes: los liberales progresistas tardaron en comprender las ventajas del monopolio emisor, por lo que orientaron la legislación en sentido contrario, como hemos visto, hasta finales del Sexenio Revolucionario. Fueron necesarias dos grandes crisis financieras, en 1866 y 1873, para que, al provocar la desaparición de algunos bancos emisores, quedara preparado el terreno para la asunción de estas funciones en exclusiva por el Banco del Estado. Bancos como el de Cádiz, el de Valladolid y el de Sevilla habían perdido el privilegio de emisión como consecuencia de la crisis financiera de 1866-1867. Con este panorama, previamente simplificado por las crisis, la mayoría de los antiguos bancos de emisión —diez de los doce que quedaban en 1874— aceptaron la oferta de transformarse en sucursales provinciales del Banco de España, quedando solo como bancos privados el Banco de Barcelona y el Banco de Bilbao.799

La provisionalidad del poder ejecutivo semirrepublicano del general Serrano que redondeó en 1874 el carácter de banco central del Banco de España con el monopolio de emisión de billetes podría haber hecho fracasar aquella importante reforma. Sin embargo, pasó al ordenamiento español de manera duradera, al asumirla el Gobierno de Cánovas del Castillo ya bajo el régimen de la Restauración.800 La centralidad del Banco de España en el sistema financiero español siguió acrecentándose a lo largo de todo el periodo de la Restauración, proceso que quedó materializado simbólicamente con la construcción del nuevo edificio del banco en la plaza de Cibeles de Madrid, entre 1884 —fecha en que se colocó la primera piedra, el 4 de julio— y 1891, cuando se inauguró la nueva sede, el 2 de marzo. En 1884, los billetes del Banco de España adquirieron convertibilidad a escala nacional, pues hasta entonces su convertibilidad era solo local.801 En 1893 el banco se hizo cargo del servicio de la deuda pública, tanto interior como exterior, a raíz de la conversión de Camacho. Por fin, en 1921, Cambó perfiló la diferencia entre el banco central del Estado y los bancos privados, convirtiendo al Banco de España en instrumento de la política monetaria gubernamental y en «banco de bancos» como prestamista en última instancia y garante de la estabilidad de todo el sistema bancario.802

Con esta última reforma del Sexenio Revolucionario se completaba un proceso de ordenación estatal del sistema económico: el Banco de España coronaba el sistema financiero y llevaba las riendas de una moneda nacional unificada. Después de cuatro decenios de reformas y de creación de instituciones económicas y sociales, el mercado nacional estaba ya asegurado y sobre él podía tomar asiento un capitalismo español supervisado y alentado desde el Estado.

684 Real Decreto de 19 de agosto de 1843 mandando formar una comisión general encargada de la formación de los códigos, Gaceta de Madrid, n.º 3255, 20 de agosto, pp. 1-2.

685 Juan Baró Pazos, La codificación del derecho civil en España, 1808-1889 (Santander: Universidad de Cantabria, 1993); Blanca Sáenz de Santa María Gómez Mampaso, Las comisiones de códigos durante el reinado de Isabel II (1843-1869) (Madrid: Congreso de los Diputados, 2010); Emilia Iñesta Pastor, «La Comisión General de Codificación (1843-1997): de la codificación moderna a la descodificación contemporánea», Anuario de historia del derecho español, n.º 83 (2013), 65-103.

686 Real Decreto de 24 de julio de 1889 publicando el texto del Código Civil en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último, Gaceta de Madrid, n.º 206, 25 de julio, pp. 249-259.

687 Cartilla del guardia civil redactada en la Inspección General del Arma, aprobada por S.M. en Real Orden de 20 de diciembre de 1845 (Madrid: Imp. de D. Victoriano Hernando, 1846), art. 6.

688 Código de Comercio decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829, Edicion Oficial. De Real Orden (Madrid: L. Amarita, 1829).

689 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, Gaceta de Madrid, n.º 289 y ss., 16 de octubre y ss. Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885 (Madrid: Impr. de Fernando Cao y Domingo de Val, 1885).

690 Juan Pro, «Aristócratas en tiempos de constitución», en Javier Donézar y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. II: Economía y sociedad (Madrid: Alianza Editorial, 1995), 615-630.

691 Real Orden circular del 28 de febrero de 1839 autorizando la formación de sociedades de socorros mutuos presentando a la autoridad civil superior de la provincia los nuevos estatutos ó reformas que convenga hacer en los actuales, Gaceta de Madrid, n.º 1575, 9 de marzo, p. 1. Decreto del 20 de noviembre de 1868 regularizando el derecho de asociación, Gaceta de Madrid, n.º 326, 21 de noviembre, pp. 2-3. Constitucion de la Monarquia Española promulgada en Madrid el dia 6 de Junio de 1869, Ed. oficial (Madrid: Imprenta Nacional, 1869), art. 17.

692 Código penal de España sancionado en 1848 (Barcelona: Indas, 1848), arts. 205 y 206.

693 Código penal de España sancionado en 1848 (Barcelona: Indas, 1848), art. 450.

694 Manuel Pérez Ledesma, Estabilidad y conflicto social: España, de los íberos al 14-D (Madrid: Nerea, 1990), 135-163.

695 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 577-582.

696 Esperanza Frax Rosales y María Jesús Matilla Quiza, «Transporte, comercio y comunicaciones», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 1: Economía. Sociedad (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 191-263, esp. pp. 236-240.

697 Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820 (Barcelona: Ariel, 1971), 68-79; Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: crecimiento y atraso económico en España (1780-1930) (Madrid: Alianza Editorial, 1988).

698 José Canga Argüelles, Memoria leída en las Cortes generales y extraordinarias el día 14 de diciembre de 1811 sobre la Renta de Aduanas (Cádiz: Imp. Real, 1811).

699 Decreto de las Cortes LXXXII de 6 de agosto de 1811, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. I, pp. 193-196. Ley de 26 de agosto de 1837, Gaceta de Madrid, n.º 1010, 6 de septiembre, p. 1.

700 Ley de 9 de julio de 1841 por la que se autoriza al Gobierno para que pueda plantear en la Península é islas adyacentes, á excepción de las Canarias, los aranceles, Gaceta de Madrid, n.º 2461, 13 de julio, p. 1

701 Real Decreto de 11 de julio de 1852 declarando puertos francos en las Islas Canarias los que se designan en el mismo, Gaceta de Madrid, n.º 6595, 13 de julio, pp. 1-2. Real Orden aclaratoria de 24 de julio de 1852, Gaceta de Madrid, n.º 6610, 28 de julio, p. 1. Ley de 18 de mayo de 1863 declarando puertos francos los de las plazas de Ceuta, Melilla é islas Chafarinas, Gaceta de Madrid, n.º 140, 20 de mayo, p. 1.

702 Real Decreto de 17 de julio de 1849 sancionando el proyecto de ley sobre reforma de aranceles, Gaceta de Madrid, n.º 5423, 19 de julio, pp. 1-2. Real Decreto de 5 de octubre de 1849 aprobando los aranceles de aduanas que acompañan al mismo, reformados con arreglo á las bases adjuntas á la ley de 17 de Julio último, Gaceta de Madrid, n.º 5502, 6 de octubre, pp. 1-3.

703 José María Serrano Sanz, «Notas sobre la evasión fiscal en la Renta de Aduanas», en Francisco Comín y Juan Zafra (eds.), El fraude fiscal en la historia de España, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1994), 301-308, especialmente pp. 302-305.

704 Decreto de la Regencia de 15 de septiembre de 1841 disponiendo que el ramo de aduanas, aranceles y resguardo quede á cargo de una dirección general con ese título, Gaceta de Madrid, n.º 2526, 16 de septiembre, p. 1.

705 José María Serrano Sanz, «Notas sobre la evasión fiscal en la Renta de Aduanas», en Francisco Comín y Juan Zafra (eds.), El fraude fiscal en la historia de España, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1994), 301-308, esp. pp. 305-306; Los impuestos en España, 7.ª ed. (Madrid: Ministerio de Hacienda, 1977).

706 Real Decreto de 6 de agosto de 1842 determinando que el cuerpo de carabineros de hacienda pública reciba una organización militar, análoga á la que tuvo por Real decreto de 9 de Marzo de 1829, Gaceta de Madrid, n.º 2859, 8 de agosto, p. 2.

707 Real Decreto de 9 de marzo de 1829 sobre la organización de carabineros de costas, Gaceta de Madrid, n.os 39-55, 31 de marzo a 7 de mayo.

708 Real Decreto de 14 de junio de 1850 resolviendo que los empleos de la renta de aduanas en la administración provincial se dividan en las categorías que en el mismo se expresan, Gaceta de Madrid, n.º 5799, 16 de junio, p. 2.

709 Real Decreto de 20 de junio de 1852 estableciendo dos juzgados de primera instancia para los negocios de Hacienda, uno en Madrid y otro en Málaga, con igual consideración y categoría que los del fuero común, Gaceta de Madrid, n.º 6578, 26 de junio, pp. 1-2.

710 Real Orden de 26 de agosto de 1853 resolviendo el expediente instruido á consecuencia de la aprehensión verificada en una de las puertas de Valencia de 31 piezas de algodón, Gaceta de Madrid, n.º 247, 4 de septiembre, p. 1.

711 Real Orden de 22 de octubre de 1863, cit. en Real Orden Circular de 21 de febrero de 1916 aprobando el Reglamento del Colegio de Carabineros Jóvenes, en Colección Legislativa del Ejército. Año 1916 (Madrid: Talleres del Depósito de la Guerra, 1916), Apéndice 1, p. 3.

712 Reglamento de 25 de enero de 1866, en Reglamento para el servicio del Cuerpo de Carabineros Veteranos (Madrid: Impr. Nacional, 1866).

713 Real Orden de 3 de febrero de 1877 dictando reglas para el resguardo de las costas y su peculiar servicio de celar la policía del mar territorial, la sanitaria, de pesca y navegación y persecución del contrabando, Gaceta de Madrid, n.º 37, 6 de febrero, pp. 334-335.

714 Entre otros, Miguel Artola (ed.), Los ferrocarriles en España, 1844-1943, I: El Estado y los ferrocarriles (Madrid: Banco de España, 1978); Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarriles y cambio ecónomico en España, 1855-1913: un enfoque de nueva historia económica (Madrid: Alianza Editorial, 1982); Francisco Comín et al., 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, 2 vols. (Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1998); Ángel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal, Las comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono (Madrid: Secretaría General de Comunicaciones, 1993); Ángel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal, Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1998 (Barcelona: Lunwerg, 1998); Esperanza Frax Rosales y María Jesús Matilla Quiza, «Transporte, comercio y comunicaciones», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 1: Economía. Sociedad (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 191-263.

715 Santos Madrazo, El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, 2 vols. (Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 1984).

716 Nicolás Sánchez-Albornoz, España hace un siglo: una economía dual (Madrid: Alianza Editorial, 1988).

717 Un ejemplo en Cristóbal Bordiú, Noticia general y razonada de los trabajos ejecutados en el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, en el de Hacienda y en la Presidencia del Consejo de Ministros durante los periodos de tiempo que estuvieron á cargo del Excmo. Señor D. Juan Bravo Murillo (Madrid: Imprenta de los Señores Matute y Compagni, 1858), 31-34.

718 Real Orden de 31 de diciembre de 1844 fijando las disposiciones que han de observarse en lo sucesivo en las propuestas que se hicieren para la ejecución de diferentes líneas de caminos de hierro, Gaceta de Madrid, n.º 3780, 19 de enero de 1845, pp. 1 a 3.

719 Juan Pro, Bravo Murillo: política de orden en la España liberal (Madrid: Síntesis, 2006), 181-184.

720 Ley de 28 de enero de 1848 de compañías mercantiles por acciones, Gaceta de Madrid, n.º 4905, 18 de febrero, p. 1.

721 Francisco Comín et al., 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, 2 vols. (Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1998), t. I, pp. 29-54.

722 Ley de 3 de junio de 1855 clasificando los ferrocarriles y demás particulares sobre este asunto, Gaceta de Madrid, n.º 886, 6 de junio, p. 1.

723 Real Decreto de 27 de noviembre de 1852 mandando se proceda desde luego á los trabajos necesarios para establecer una línea telegráfico-eléctrica desde Madrid á la frontera de Francia, Gaceta de Madrid, n.º 6736, 1 de diciembre, p. 1.

724 Ley de 22 de abril de 1855 autorizando al Gobierno para plantear un sistema completo de líneas electro-telegráficas que pongan en comunicación á la corte con todas las capitales de provincia y departamentos marítimos, Gaceta de Madrid, n.º 843, 24 de abril, p. 1.

725 Ángel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal, Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1998 (Barcelona: Lunwerg, 1998), 143-144.

726 Ángel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal, Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1998 (Barcelona: Lunwerg, 1998), 93.

727 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 563-574.

728 Joaquín María Sanromá, La cuestión monetaria en España (Madrid: Imp. de T. Fortanet, 1872); Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 15.

729 Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo de 20 de septiembre de 1780, por la cual se manda observar las condiciones y prevenciones insertas para el curso de los vales que dimanen de la negociación ajustada con varias casas de comercio acreditadas y establecidas en estos Reinos, para el apronto efectivo de 9 millones de pesos, en la forma que se declara, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6099, número 205; Real Decreto de 14 de febrero de 1781 sobre el curso de los medios vales de a 300 pesos que dimanen de la negociación ajustada con varias casas de comercio establecidas y acreditadas en estos reinos, para el apronto efectivo de 5 millones de pesos, en la forma que se declara, Archivo Histórico Nacional (Madrid), Fondo Contemporáneo-Ministerio de Hacienda, Libro 6099, número 206.

730 Decreto CCXCII de las Cortes de 3 de septiembre de 1813 sobre la circulación de la moneda del Rey intruso y del imperio francés, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalacion en 24 de setiembre de 1810 hasta 14 de setiembre de 1813, t. IV, pp. 191-192; Circular de 30 de septiembre de 1818 en la que se aclaran las dudas que se han suscitado sobre el recibo y circulación de la moneda francesa que se encuentre desgastada, y valor por el que han de recibirse en las Casas de la Moneda y los cruzados portugueses, Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, 1818, p. 568.

731 Real Orden de 19 de junio de 1818 por la que se prohíbe que de los dominios de América se extraigan metales para el extranjero, y que en la península se den guías para la conducción del oro y la plata en barras á las fronteras, Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, 1818, pp. 300-301. Real Orden de 10 de enero de 1819 por la que se permite en la forma y orden que se expresa la salida por los puertos de Bilbao y San Sebastián de la moneda reputada como pasta, Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, 1819, pp. 10-11.

732 Real Orden de 17 de marzo de 1841 mandando se permita por punto general la libre exportación de la moneda extranjera, Gaceta de Madrid, n.º 2342, 18 de marzo, p. 1. Real Orden de 29 de junio de 1846 permitiendo la extracción de la moneda, Gaceta de Madrid, n.º 4316, 9 de julio, p. 1.

733 Real Orden de 21 de octubre de 1816 por la que se modifica la Real Cédula de 15 de Julio de 1784, sobre que las guías que pidan los comerciantes ú otros para el giro y conducción de sus caudales de unos á otros puntos, se expidan con la precisa condición de acreditar la procedencia y demás obligaciones que se encargan, Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, 1816, pp. 384-385.

734 Real Orden de 14 de agosto de 1839 para que toda clase de moneda pueda conducirse libremente por el reino sin guía ni tornaguía, Gaceta de Madrid, n.º 1737, 17 de agosto, p. 2.

735 Decreto IX de las Cortes de 1 de mayo de 1821 sobre variación del tipo de la moneda, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VII, pp. 64-65. Decreto XII de las Cortes de 19 de noviembre de 1821 por el que se fijan reglas para impedir la circulación de la moneda francesa, y resellar los medios luises, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VIII, pp. 37-40.

736 Decreto LIII de las Cortes de 25 de junio de 1821 de nueva planta de las casas de Moneda y reglas para la acuñación de esta, Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. VII, p. 189.

737 Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), 43-50.

738 Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), 63-76; Pedro Tedde de Lorca, El Banco de San Fernando (1829-1856) (Madrid: Alianza Editorial-Banco de España, 1999), 32-33.

739 Real Decreto de 31 de mayo de 1847 modificando el sistema monetario, Gaceta de Madrid, n.º 4644, 2 de junio, pp. 1-3.

740 Real Decreto de 15 de abril de 1848 sobre el arreglo de la moneda, Gaceta de Madrid, n.º 4963, 16 de abril, pp. 1-2.

741 Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 23.

742 Real Orden de 7 de enero de 1851 suspendiendo la acuñación de monedas de oro en la casa de esta corte y demás del reino, Gaceta de Madrid, n.º 6026, 12 de enero, p. 1.

743 Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), 110.

744 Real Decreto de 3 de febrero de 1854 restableciendo la acuñación del oro en monedas de doblón de Isabel ó centen y fijando su peso y el de la moneda de plata de 20 reales, Gaceta de Madrid, n.º 401, 5 de febrero, p. 1.

745 Ley de 28 de enero de 1856 creando el Banco de España, Gaceta de Madrid, n.º 1121, 29 de enero, p. 1.

746 Real Decreto de 31 de enero de 1861 disponiendo se acuñen monedas de oro de 40 y 20 rs. de valor, Gaceta de Madrid, n.º 37, 6 de febrero, p. 1; Juan Pro, «Monedas, pesas y medidas», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 6: Cronología. Mapas. Estadísticas (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 1209-1241, especialmente pp. 1238-1239.

747 Ramón Santillán, Memoria histórica sobre los Bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de España, 2 vols. (Madrid: T. Fortanet, 1865), t. II; Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), pp. 131 y 145.

748 Ley de 26 de junio de 1864 relativa á la unidad, ley y acuñación de los monedas españolas, Gaceta de Madrid, n.º 180, 28 de junio, p. 1.

749 Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 33.

750 Joaquín de Barroeta y Aldamar, Informe sobre Moneda (Madrid: Impr. Nacional, 1861); Dirección General de Consumos, Casas de Moneda y Minas, Resumen de los informes sobre la cuestion monetaria (Madrid: Impr. Nacional, 1862); Exposición del ministro de Hacienda acompañando al Proyecto de Ley en Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, Legislatura de 1864-1865, núm. 125, apéndice III; Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), 131-135.

751 Convención internacional de 23 de diciembre de 1865, a la que se adhirió Grecia en 1868.

752 Joaquín de Barroeta y Aldamar, Informe sobre Moneda (Madrid: Impr. Nacional, 1861).

753 Salustiano de Olózaga et al., «El sistema monetario en España desde 1868», Boletín de la Real Academia de la Historia LXXIX (1921), 449-455.

754 Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 23-24.

755 Decreto de 19 de octubre de 1868 reformando el sistema monetario y estableciendo la peseta como unidad monetaria, Gaceta de Madrid, n.º 294, 20 de octubre, pp. 7-8.

756 Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 35.

757 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 574-577.

758 Alberto Benítez, Factores de conversión de unidades (Madrid: Librería Técnica Bellisco, 1975), 237-370; Juan Pro, «Monedas, pesas y medidas», en Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 6: Cronología. Mapas. Estadísticas (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 1209-1241, especialmente pp. 1231-1236.

759 Emilio Oliver Castañer, Manual práctico del comerciante y del dependiente de comercio conteniendo lo más útil y lo más indispensable del cálculo mercantil, equivalencias de monedas, pesas y medidas con todos los países del mundo..., 2 vols. (Barcelona: Jaime Molinas, 1885).

760 Ley de 19 de julio de 1849 sancionando la ley de medidas y pesos, Gaceta de Madrid, n.º 5426, 22 de julio, p. 1.

761 Real Orden de 9 de diciembre de 1852 mandando publicar las tablas de correspondencia recíproca entre las medias métricas, que se insertan, Gaceta de Madrid, n.º 6763, 28 de diciembre, pp. 1-4.

762 Miguel Martorell, Historia de la peseta: la España contemporánea a través de su moneda (Barcelona: Planeta, 2002), 31.

763 Real Decreto de 19 de junio de 1867 disponiendo rija obligatoriamente el sistema métrico decimal desde 1.º de Julio próximo, Gaceta de Madrid, n.º 173, 22 de junio, p. 1; Real Decreto de 27 de mayo de 1868 aprobando el reglamento para la ejecución de la ley de pesas y medidas, Gaceta de Madrid, n.º 153, 1 de junio, pp. 1-6; Real Decreto de 14 de febrero de 1879 restableciendo las disposiciones contenidas en los artículos 1.º, 2.º y 3.º. del Real decreto de 19 de Junio de 1867, y los Reales decretos de 17 de Junio de 1868 y de 24 de Marzo de 1879, relativas al planteamiento del sistema métrico de pesas y medidas, excepto en lo referente á los plazos fijados en aquellas, Gaceta de Madrid, n.º 47, 16 de febrero, pp. 443-444; Ley de 8 de julio de 1892 de pesas y medidas, Gaceta de Madrid, n.º 191, 9 de julio, pp. 121-122; Real Decreto de 4 de mayo de 1917 aprobando el nuevo Reglamento para la ejecución de la ley de Pesas y Medidas, Gaceta de Madrid, n.º 129, 9 de mayo, pp. 366-378.

764 Circular de 22 de diciembre de 1868, citada en el Decreto de 24 de marzo de 1871 disponiendo que desde el día 1.º de julio de este año regirá definitivamente el sistema métrico-decimal en todas las dependencias del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 92, 2 de abril, p. 745.

765 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 557-560.

766 Constitucion politica de la Monarquia Española promulgada en Cadiz a 19 de Marzo de 1812 (Cádiz: Imprenta Real, 1812), art. 227.

767 Ibid., art. 131.

768 Real Decreto de 14 de noviembre de 1825 mandando que se forme el presupuesto de gastos de los Ministerios de Estado, modo de hacer las distribuciones y requisitos para uno y otro, Gaceta de Madrid, n.º 142, 24 de noviembre, p. 565.

769 Constitución de la Monarquía Española promulgada en Madrid a 18 de Junio de 1837 (Madrid: Imprenta Nacional, 1837), art. 72.

770 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 8.ª ed. (Madrid: Imprenta Nacional, 1837).

771 Ley de 20 de febrero de 1850 de administración y contabilidad de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 5686, 23 de febrero, pp. 1-3.

772 Miguel Martorell Linares, El santo temor al déficit: política y hacienda en la Restauración (Madrid: Alianza Editorial, 2000).

773 Instrucción general para la dirección, administración, recaudación, distribución y cuenta de la Real Hacienda, de 3 de julio de 1824 (Madrid: Ministerio de Hacienda, 1824).

774 Real Decreto de 24 de octubre de 1849 sobre distribución de fondos públicos y cuentas del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 5520, 25 de octubre, pp. 1-2; Ley de 20 de febrero de 1850 de administración y contabilidad de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 5686, 23 de febrero, pp. 1-3; Real Orden de 20 de junio de 1850 publicando la instrucción en la que se consignan las facultades de la Dirección General de Contabilidad de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 5810, 27 de junio, p. 1.

775 Juan Pro, «Bravo Murillo: el abogado en Hacienda», en Francisco Comín, Pablo Martín Aceña y Rafael Vallejo (eds.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006), 133-170.

776 Real Cedula de S.M. de 10 de noviembre de 1828, en la que se establecen la planta y atribuciones del Tribunal Mayor de Cuentas (Madrid: Imprenta Real, 1828). Real Cedula de S.M. de 10 de noviembre de 1828, en la que se establecen la planta y atribuciones del Tribunal Mayor de Cuentas (Madrid: Imprenta Real, 1828).

777 Ley de 25 de agosto de 1851 de organización y atribuciones del Tribunal de Cuentas del Reino, Gaceta de Madrid, n.º 6259, 2 de septiembre, pp. 1-3.

778 Ley provisional de 25 de junio de 1870 de Administración y Contabilidad de la Hacienda, Gaceta de Madrid, n.º 179, 28 de junio, pp. 1-2; Ley provisional de 25 de junio de 1870 de organización del Tribunal de Cuentas del Reino, ibidem, pp. 2-3. Ley de 25 de junio de 1870 determinando que los proyectos de ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda y del Tribunal de Cuentas del Reino rijan desde luego como leyes del Estado, ibidem, p. 1.

779 Real Decreto de 28 de marzo de 1893 aprobando la instrucción que ha de regir en las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 89, 30 de marzo, p. 1066; Real Decreto de 6 de diciembre de 1894 constituyendo definitivamente el Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado creado por Real decreto de 28 de Marzo de 1893, Gaceta de Madrid, n.º 341, 7 de diciembre, pp. 807-808.

780 Constitucion politica de la Monarquia Española promulgada en Cadiz a 19 de Marzo de 1812 (Cádiz: Imprenta Real, 1812), art. 345: «Tesorería General».

781 Real Decreto de 24 de octubre de 1849 para que se reúnan en el minısterio de Hacienda, y por consiguiente en el Real Tesoro, los productos y rendimientos de todas las cargas públicas, Gaceta de Madrid, n.º 135, 6 de noviembre, p. 543; Instrucción de 25 de enero de 1850 sobre las consignaciones de calderilla en las Administraciones, Gaceta de Madrid, n.º 5661, 29 de enero, p. 1; Ley de 20 de febrero de 1850 de administración y contabilidad de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 5686, 23 de febrero, pp. 1-3; Real Decreto de 10 de mayo de 1851 para que desde 1.º de Julio próximo se ejecute por las dependencias del Tesoro público el pago de todas las obligaciones de los diferentes Ministerios, Gaceta de Madrid, n.º 6149, 15 de mayo, pp. 1-2.

782 La unidad de caja se completó con la Ley de 2 de agosto de 1886 declarando obligaciones del Estado las constituidas por el Consejo de gobierno y Administración del fondo de Redenciones y Enganches del servicio militar, y disponiendo que la Hacienda se incaute de las existencias y demás derechos pertenecientes á los referidos Consejos y á la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén, Gaceta de Madrid, n.º 215, 3 de agosto, p. 345. Por esta Ley se hicieron desaparecer las cajas del Consejo de Redenciones y Enganches, del Fondo de Premios a la Marina y de la Obra Pía, que eran las últimas independientes que quedaban.

783 Ley de 1 de agosto de 1851 disponiendo que la deuda pública de España se dividirá en renta perpetua del 3 por ciento y deuda amortizable, Gaceta de Madrid, n.º 6230, 4 de agosto, pp. 1-2.

784 Juan Pro, «Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 509-644, especialmente pp. 560-563.

785 Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo de 2 de junio 1782, por la cual se crea, erije y autoriza un Banco Nacional y General para facilitar las operaciones del Comercio y el beneficio público de estos Reinos y los de Indias con la denominación de Banco de San Carlos bajo las reglas que se expresan, Santos Sánchez, Extracto puntual de todas las Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, y Autos acordados, publicados y expedidos por regla general en el Reynado del Señor D. Carlos III (Madrid: Imprenta de la Viuda é Hijo de Marin, 1793), 444.

786 Pedro Tedde de Lorca, El Banco de San Carlos (1782-1829) (Madrid: Alianza Editorial-Banco de España, 1988).

787 Real Cédula de 9 de julio de 1829 para la creación en Madrid del Banco español de San Fernando, Gaceta de Madrid, n.º 122, 3 de septiembre, pp. 1-4.

788 Primera Junta General del Banco Español de San Fernando de los años 1830, 1831, 1832, celebrada en su propio Establecimiento en 1.º de Febrero de 1833 (Madrid: D. E. Aguado, Impresor de Cámara de S.M. y su Real Casa, 1833). Real Orden de 12 de marzo de 1833 aprobando el reglamento del Banco Español de San Fernando, en Reglamento de gobierno interior del Banco (Madrid: Banco Español de San Fernando, 1833).

789 Real Decreto de 25 de enero de 1844 por el que se erige en Madrid un Banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos, bajo la denominación de Banco de Isabel II, Gaceta de Madrid, n.º 3425, 30 de enero, p. 1.

790 Pedro Tedde de Lorca, El Banco de San Fernando (1829-1856) (Madrid: Alianza Editorial-Banco de España, 1999), 171-173.

791 Real Decreto de 25 de febrero de 1847 disponiendo que los Bancos de San Fernando y de Isabel II reunidos formarán un solo Banco con la denominación de Banco español de San Fernando, Gaceta de Madrid, n.º 4548, 26 de febrero, p. 1.

792 Ley de 4 de mayo de 1849 sobre reorganización del Banco español de San Fernando, Gaceta de Madrid, n.º 5354, 11 de mayo, p. 1.

793 Real Decreto de 15 de diciembre de 1851 sancionando la ley de organización del Banco español de San Fernando, Gaceta de Madrid, n.º 6367, 19 de diciembre, p. 1; Francisco Comín y Rafael Vallejo Pousada, Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882): pensamiento y reforma de la Hacienda (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002), pp. 339 y 376.

794 Juan Pro, «Bravo Murillo: el abogado en Hacienda», en Francisco Comín, Pablo Martín Aceña y Rafael Vallejo (eds.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006), 133-170.

795 Ley de 28 de enero de 1856 creando el Banco de España, Gaceta de Madrid, n.º 1121, 29 de enero, p. 1.

796 Real Orden de 19 de diciembre de 1867 aprobando el convenio celebrado con el Banco de España para que este se encargue de la recaudación de las contribuciones directas con sujeción á las bases que se consignan, Gaceta de Madrid, n.º 356, 22 de diciembre, pp. 1-2.

797 Decreto del Poder Ejecutivo de 19 de marzo de 1874 estableciendo el Banco Nacional y la circulación fiduciaria única en la Península é islas adyacentes, Gaceta de Madrid, n.º 82, 23 de marzo, pp. 714-715.

798 Proyectos de Ley sobre Presupuestos, Dirección General de la Deuda Pública, Bancos, etc., presentados a las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda (Madrid, 1847).

799 Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), pp. 148 y 171-173; Pedro Tedde de Lorca, «El Banco de España, 1856-1874», en Pablo Martín Aceña et al., 150 años de historia del Banco de España (1856-2006) (Madrid: Banco de España, 2006), 69-108.

800 Ley de 17 de julio de 1876 declarando leyes del Reino los decretos de carácter legislativo expedidos por el Ministerio de Hacienda desde el 20 de Setiembre de 1873, Gaceta de Madrid, n.º 205, 23 de julio, pp. 187-189.

801 Acta del Consejo del Banco de 8 de marzo de 1884, cit. por Juan Sardá Dexeus, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada, 1948), 116.

802 Ley de 29 de diciembre de 1921 relativa a la Ordenación bancaria, Gaceta de Madrid, n.º 364, 30 de diciembre, pp. 1090-1094; Gabriel Tortella Casares, «El Banco de España entre 1829 y 1929: la formación de un banco central», en El Banco de España: una historia económica (Madrid: Banco de España, 1970), 261-313; Gabriel Tortella Casares, «El Banco de España: una nueva potencia financiera, 1874-1914», en Pablo Martín Aceña y otros: 150 años de historia del Banco de España (1856-2006) (Madrid: Banco de España, 2006), 109-134; Rafael Anes Álvarez, «El Banco de España (1874-1914): un banco nacional», en Gabriel Tortella Casares (dir.): La banca española en la Restauración, vol. I, 2 vols. (Madrid: Banco de España, 1974), 107-215.

CAPÍTULO 10

HACIA EL CIERRE DEL PROCESO

La intensa actividad de construcción del Estado español desplegada durante el reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario se remansó a partir de la Restauración de la dinastía borbónica en 1874. Mientras que en los reinados de José I y Fernando VII se habían producido ensayos y tanteos que, en su mayor parte, no tuvieron continuidad, en los años treinta del XIX se introdujeron las medidas revolucionarias decisivas que liquidaron el Antiguo Régimen y que permitieron que, a partir de los cuarenta, se edificara en su lugar un Estado-nación. Los moderados definieron las líneas maestras del Estado, poniendo en pie sus componentes fundamentales durante los largos periodos en que estuvieron al frente del Gobierno en el reinado de Isabel II. Pero sus adversarios políticos de entonces, progresistas y unionistas, corrigieron y completaron el plan introduciendo sus propias reformas. Este proceso de definición institucional del Estado lo completaron los demócratas y progresistas después de la Revolución de 1868, con elementos tan importantes como la Ley del Poder Judicial, la creación del Instituto Geográfico o el monopolio de emisión de billetes del Banco de España.

Al lado de ese formidable proceso creativo, el régimen de la Restauración fue un periodo de estabilidad inusual en la historia española de los siglos contemporáneos. El régimen definido por Cánovas en torno a la Constitución de 1876 fue objeto de un consenso y una alternancia en el poder entre conservadores y liberales que permitieron prolongar su vigencia hasta 1923. Desde esa base de consenso y estabilidad, fue posible desplegar una actividad legislativa más productiva que la de periodos anteriores; pero las leyes aprobadas fueron, en su mayoría, para reformar instituciones o campos normativos que ya habían sido regulados antes, no para fundar otros nuevos.

El ejemplo más claro probablemente sea el del Gobierno largo de Sagasta, entre 1885 y 1890. Durante este periodo de gobierno inusualmente extenso, los liberales introdujeron en el ordenamiento español un conjunto de reformas de gran envergadura, muchas de las cuales retomaban —en versiones moderadas— los proyectos de cambio que sus protagonistas habían defendido en el periodo revolucionario de 1868-1874, cuando eran más jóvenes. Tales reformas modernizaron el régimen de la Restauración, haciendo posible su continuidad hacia el siglo XX; pero si se miran bien, ninguna de ellas puede caracterizarse propiamente como de construcción del Estado, sino más bien de reforma de un Estado ya existente. El nuevo Código de Comercio (1886), la Ley de asociaciones (1887), el juicio por jurados (1888), la Ley del Ejército (1889), el restablecimiento del sufragio universal masculino (1890)… Todas estas medidas contaban con precedentes en los sesenta años anteriores; incluso la Constitución de 1876 era, en sustancia, muy parecida a las que la habían precedido en 1869, 1845 y 1837, constituyendo algo así como una reedición híbrida de estas. Solo el Código Civil de 1889 puede considerarse una completa novedad en el ordenamiento español, dado el bloqueo de la codificación del Derecho civil del que se habló en el capítulo 9; pero no hay que olvidar que el proceso de codificación llevaba en marcha desde los años cuarenta y contaba con precedentes desde los años veinte. Más allá de esta excepción, resulta claro que bajo el régimen de la Restauración se entró en otra fase, que no era ya la de la construcción del Estado, sino la de la discusión sobre la reforma de un Estado que, en lo sustancial estaba ya construido.

Este capítulo, pues, tiene un sentido de balance de las realizaciones que se han analizado en los capítulos anteriores. Situándose en el periodo de la Restauración (1874-1923), pueden valorarse los logros y las limitaciones en la construcción del Estado, puesto que en aquella época podía darse ya por concluido. Ese balance debe comenzar preguntándose qué tipo de Estado recibió el régimen de la Restauración y cómo funcionaba en la práctica. Desde esa perspectiva, puede igualmente esbozarse el cambio en las grandes líneas de conflicto en torno a la definición del Estado-nación, partiendo de la fuerza y la capacidad transformadora de un Estado ya consolidado, y mostrando la aparición de grandes debates en torno a su posible reforma.

El Gobierno y los pueblos: un modelo de Estado no escrito

En los inicios de la construcción del Estado nacional, desde el hundimiento de los aparatos de la Monarquía en 1808 hasta que, a partir de 1840, empezó a asentarse en el territorio la nueva burocracia civil del Estado liberal, el Gobierno tenía una escasa capacidad de actuación directa y de control de la población y de los recursos. Tenía dificultades para tareas tan imprescindibles como levantar el censo, trazar mapas, realizar estadísticas, recaudar impuestos, reclutar soldados o simplemente hacer que se cumplieran las nuevas disposiciones legales. Esta situación era especialmente notoria en las zonas periféricas de más difícil acceso por la complicación del relieve, la distancia y las carencias del sistema de transporte; aunque también se hacía sentir en zonas de acceso no tan complejo, pero que, por su tamaño y su peso económico y demográfico, eran capaces de oponer resistencia —siquiera fuese pasiva— a unos agentes de la Administración que eran contados en número, con escasa formación, mal pagados y con pocos medios. En el extremo, llegaba a decirse en ocasiones que el Gobierno de Su Majestad no controlaba más allá de la cerca de Madrid (la muralla que rodeaba la capital con fines fiscales).

Esta situación existió realmente en algunos periodos del siglo XIX, con una Hacienda arruinada por varias guerras sucesivas, por la quiebra del sistema fiscal del Antiguo Régimen y la tardanza en reemplazarlo con tributos eficaces de nuevo cuño. El momento más bajo tal vez pudiera situarse en torno a 1836-1837, cuando gran parte del territorio ni siquiera estaba bajo el control efectivo del Gobierno, debido al curso de la guerra civil, que permitió al pretendiente don Carlos situarse con sus tropas ante las puertas de Madrid y amenazar con tomar la capital. En tales momentos, con la Hacienda en suspensión de pagos, la Iglesia en pie de guerra contra el Estado por la nacionalización de sus bienes y la abolición del diezmo, cuesta creer que los funcionarios pudieran actuar con normalidad en las provincias. Hay toda una historiografía en España basada en esta imagen de un Estado débil, incapaz de controlar el país, de impulsar eficazmente su desarrollo económico y de nacionalizar a sus poblaciones.803

Continuar el debate en torno a esta cuestión tendría poco sentido, ya que, en gran parte, las posiciones que se sostienen dependen de las distintas interpretaciones que se hacen a partir de los mismos datos. Es más importante comprender que se trata de un proceso, en el que hay que valorar los aspectos dinámicos, las tendencias, los ritmos del cambio: la situación de partida era muy distinta de la de llegada. La debilidad de la burocracia estatal fue extrema hasta el final de la Primera Guerra Carlista (1840); comenzó a cambiar a ritmo muy rápido a partir de la Década Moderada (1844-1854); y solo bajo el régimen de la Restauración —más bien en décadas avanzadas de su implantación, hacia finales del siglo XIX— la acción directa del Gobierno logró controlar el territorio mediante su propia Administración central.804

En ese largo periodo intermedio que abarca la práctica totalidad del XIX, sin embargo, el Estado funcionó, a pesar de que fueran muy limitados el número de empleados y los medios de acción de los que disponía. Funcionó, en el sentido de que se recaudaron impuestos, se reclutaron soldados, se construyeron obras públicas, se reprimieron la mayor parte de las alteraciones del orden…; pero no lo hizo con arreglo al modelo ideal de «Estado grande» que habían esbozado los administrativistas en el inicio del proceso. Aquel «Estado denso», cuyos funcionarios intervenían siguiendo instrucciones directas del Gobierno central para poner orden en todas las facetas de la vida social, económica y cultural, quedaba fuera del alcance de una Administración que no llegó a los 100.000 empleados hasta la década de 1890. Para hacer posible algo similar a lo que Oliván había soñado en 1843, se necesitó ese crecimiento, además de la maduración y perfeccionamiento de los organigramas ministeriales, la profesionalización de los cuerpos de funcionarios, la terminación de la red ferroviaria y el despliegue íntegro de la Guardia Civil.

Hasta que eso ocurrió —en torno a 1890—, la clave del funcionamiento del Estado español estuvo en la Administración local. La mayor parte de las funciones administrativas del Estado funcionaron durante el siglo XIX utilizando como intermediarios a los municipios y las provincias; especialmente a los municipios, que eran los que mantenían contacto directo con los ciudadanos. Esto reducía los problemas administrativos a unas dimensiones manejables, pues ya no se trataba de llegar directamente hasta los 15.000.000 de ciudadanos del país, sino de establecer contacto con los poco más de 9.000 municipios, a los cuales se pedía que realizaran tareas como recaudar las contribuciones, recopilar datos estadísticos o reclutar a los mozos que debían realizar el servicio militar.

De hecho, el problema se simplificaba aún más, pues el Gobierno central apenas tenía relación directa con los municipios, sino a través de las provincias, que eran solo 49. La cadena de mando establecida iba desde las dependencias centrales de los ministerios en Madrid —especialmente el Ministerio de la Gobernación— hasta las 49 capitales de provincia en las que residían los gobernadores; y de allí a los 9.000 municipios en los que estaba dividido el país. En 1855, por ejemplo —diez años después de la reforma tributaria—, España permanecía dividida en 9.085 distritos cobratorios, repartidos prácticamente por mitades entre los 4.555 en los que el reparto y recaudación de las contribuciones correspondía a los ayuntamientos y los 4.530 en los que dichas tareas las realizaban contratistas privados: la recaudación por administración —es decir, por los propios funcionarios del Ministerio—, que era el sueño de los administrativistas, aún no era viable en ninguna parte.

Los gobernadores provinciales eran los verdaderos agentes del Gobierno sobre el territorio. Frecuentemente han sido vistos como agentes autoritarios que se limitaban a transmitir órdenes y a imponer obediencia al Gobierno en sus respectivas circunscripciones. Tal vez fuera así en la concepción inicial de esta figura político-administrativa. Pero de su actuación efectiva se deduce que se dedicaban mucho más a vigilar, informar y negociar que verdaderamente a imponer, pues apenas tenían medios para hacerlo en las fases iniciales del proceso. Lo irían haciendo gradualmente, a medida que se sintieran respaldados por medios de acción suficientes como para esquivar la resistencia de los poderes locales que realmente controlaban la sociedad. Así lo muestran, por ejemplo, las únicas memorias personales conservadas de uno de estos gobernadores provinciales:805 el gobernador tanteaba, medía hasta dónde llegaba su fuerza, pactaba, buscaba aliados entre las elites locales y, ocasionalmente, estaba en disposición de imponer o castigar a alguien. Así funcionó el Estado español del siglo XIX: con un sistema de doble negociación permanente centrado en la figura del gobernador, que debía negociar, por un lado, con las diputaciones provinciales y, por otro, con los ayuntamientos de su provincia.

Los ayuntamientos modernos, cuyo trazado había iniciado la administración francesa partiendo de los municipios del Antiguo Régimen, se reorganizaron sobre la base de una representación electiva de los pueblos a partir de las Cortes de Cádiz.806 Los ayuntamientos, que eran la única administración con la que tenían contacto la mayor parte de los ciudadanos, funcionaban mediante el establecimiento de comisiones municipales presididas por un teniente de alcalde y encargadas de diferentes materias, como Gobierno interior, Hacienda, arbitrios municipales, Presupuestos, Policía urbana, Obras, Beneficencia y educación, Estadística o Espectáculos. Tales comisiones estaban auxiliadas por juntas especializadas de carácter consultivo.807 Y al frente de este entramado administrativo municipal se hallaba la figura del alcalde, concebido como jefe de la administración local y, por tanto, delegado y representante del Estado. De ahí que, desde 1835, se optara por reservar al Gobierno la designación directa de los alcaldes de Madrid y las poblaciones más importantes, y la intervención en la designación de los demás mediante los gobernadores provinciales.808

La clave de la organización burocrática municipal estaba en la figura del secretario, funcionario municipal designado por la corporación, que aseguraba la legalidad y la eficacia administrativa de las decisiones adoptadas por el alcalde y los concejales. Dicho secretario debía ser ajeno a la localidad para evitar connivencias con intereses ajenos a los del Ayuntamiento. Encabezaba una Administración municipal que extendía sus funciones mucho más allá de la policía urbana, hasta otras que el Estado delegaba en este nivel local, como la conservación de los caminos, el aprovechamiento de los montes, la financiación de la instrucción pública, el reclutamiento de los soldados o la recaudación de las contribuciones. Para todas estas cuestiones y cualquier otra que resultara de la administración cotidiana de los pueblos, los ayuntamientos debían comunicarse con dos instancias de ámbito provincial, sin elevar sus consultas o demandas hasta el poder central: las diputaciones y el gobernador.

Las diputaciones provinciales eran una creación completamente nueva del Estado liberal, a diferencia de los municipios que, si bien habían recibido una nueva definición en los años de la Guerra de la Independencia, contaban con el precedente de los concejos que ejercían el poder local en el Antiguo Régimen. Las diputaciones provinciales fueron creadas por la Constitución de 1812, desarrolladas y por un decreto de las Cortes de Cádiz de 1813 y redefinidas posteriormente, a lo largo del siglo, por sucesivas disposiciones que no alteraron la idea original.809 Coordinaban a los ayuntamientos, definían sus términos municipales y repartían los cupos locales de las contribuciones, previamente distribuidos entre las provincias por el Gobierno o las Cortes; establecían el censo electoral; y, además, tenían competencias complementarias de las que correspondían a los ayuntamientos en materias como construcción y mantenimiento de carreteras, beneficencia, sanidad, estadística e instrucción pública.

Para asegurar el cumplimiento de estas funciones, las diputaciones contrataban a sus propios empleados. Cada diputación provincial tenía tres secciones administrativas —Secretaría, Contaduría Depositaría— en las que trabajaban un secretario, un depositario, un oficial mayor, oficial segundo, archivero, escribientes, auxiliares y administrativos; en las más importantes había, además, ingenieros, arquitectos y aparejadores. De las diputaciones dependían, igualmente, los médicos y personal de los establecimientos de beneficencia, así como los profesores y demás personal de los institutos de enseñanza secundaria, y los funcionarios de establecimientos penitenciarios de provincia y de partido.

De estos dos ámbitos —municipal y provincial— era, sin duda, el primero el que constituía la base de funcionamiento del Estado español del XIX. Era tan relevante la enormidad de funciones y tareas que recaían sobre los ayuntamientos, que la definición política de estos se convirtió en un asunto de primer orden en la confrontación entre los dos partidos en que se escindió la llamada «familia liberal». Los progresistas veían al ayuntamiento como una comunidad de ciudadanos que elegía a sus propios representantes locales para gestionar sus intereses comunes y para elevar su voz hacia instancias superiores de la vida nacional.810 Los moderados, en cambio, veían al Ayuntamiento como órgano administrativo del Estado en los pueblos, por lo que tendían a darle una composición menos representativa y a insistir más en su dependencia con respecto a la cadena de mando que iba del ministro al gobernador provincial y de este al alcalde de cada pueblo: así lo plasmaron en las leyes que regularon esta materia durante la mayor parte del siglo.811

Esta dualidad de concepciones sobre el papel de las entidades locales fue probablemente la discrepancia política más aguda que existió en la España del siglo XIX por lo que respecta al modelo de Estado. El disenso se escenificó en los debates parlamentarios de 1840 sobre la Ley de Ayuntamientos moderada, pues estaba en juego todo el diseño del Estado centralista.812 Terminado el duelo parlamentario con la aprobación de la Ley de los moderados, los progresistas no dudaron en lanzarse incluso a la revuelta armada con ese motivo.813 Tal conflicto le costó la regencia a María Cristina de Borbón.

La intensidad de la lucha en torno a la definición de los ayuntamientos no era casual: se trataba de la clave política y administrativa del Estado en construcción. Y es que el Estado español del siglo XIX era, de hecho, una confederación de más de 9.000 entidades locales, aunque los textos constitucionales lo definieran en el plano ideal como un Estado unitario y centralista; esto no fue, durante la mayor parte del XIX, sino la expresión de un deseo, la formulación de un objetivo que creó una tendencia.

El Estado español del siglo XIX reunía, así visto, una cierta complejidad: se estructuraba en tres niveles —local, provincial y nacional— con una figura central que, dependiente del Gobierno de la nación, tenía encomendada la mediación entre los tres: el gobernador provincial. Puesto que los empleados de la Administración central también se hallaban distribuidos por el territorio en una altísima proporción, queda claro que solo una pequeña parte de los empleados públicos que hacían funcionar al Estado en sus tres niveles residían y trabajaban en Madrid. Por ejemplo, en 1866-1867 había en España 95.865 empleados de la Administración municipal y 9.591 de la Administración provincial; esto es, 105.456 empleados adicionales a los menos de 90.000 de los que disponía la Administración central, de los que solo una pequeña parte eran empleados civiles.814 Por tanto, al sumar los funcionarios del nivel provincial y —sobre todo— municipal, la capacidad de actuación del Estado español, aunque fuera indirecta, se duplicaba holgadamente.

Esa superioridad de la Administración local sobre la central se fue corrigiendo a medida que se completó el despliegue de la burocracia del Estado, con un punto de inflexión en algún momento del periodo de la Restauración. Las cifras disponibles indican que, transcurrida la primera década del siglo XX, los funcionarios de la Administración central ya superaban en número a los de la Administración local: 76.248 frente a 75.936 en 1913.815 Este nuevo balance de fuerzas coincidiría con el momento en que la Administración central empezó a poder prescindir de los ayuntamientos como mediadores en la relación con los ciudadanos, pasando a un modelo de administración directa, que tendría enormes consecuencias no solo administrativas, sino también políticas y sociales.

Logros y límites del Estado español

Aquel peculiar Estado del XIX, definido como extremadamente centralista, pero que en la práctica funcionaba apoyándose en la administración municipal, fue cambiando con el tiempo y adaptándose a lo que preveían las leyes. Gradualmente, la Administración central fue asegurando al Gobierno un control más directo del territorio y prescindió en medida creciente de la mediación de ayuntamientos y diputaciones.

Así, por ejemplo, puede observarse cómo culminó en la Restauración ese proceso de construcción del Estado en un terreno decisivo como era el de la Hacienda. El esquema administrativo de la Hacienda Pública experimentó pocos cambios después de la Década Moderada, a pesar de los intensos vaivenes políticos del Bienio progresista y el Sexenio Revolucionario; ni progresistas ni conservadores consideraron necesario un cambio administrativo profundo por espacio de treinta años. El reformismo volvió a abrirse paso, ya bajo el régimen de la Restauración, con la llegada del Partido Liberal al Gobierno a partir de 1881. Fue entonces cuando Juan Francisco Camacho introdujo novedades tan relevantes como las Delegaciones de Hacienda o la Inspección General de la Hacienda Pública.

La institución de las Delegaciones Provinciales de Hacienda en 1881 fue un paso importante, con el cual la administración de la Hacienda Pública en las provincias adquirió la autonomía que requería su carácter técnico y especializado.816 La medida fue abolida con el cambio de turno en el Gobierno, regresando los conservadores al sistema de las administraciones dependientes del gobernador civil; pero acabó por confirmarse tras la vuelta al poder de los liberales, que consolidaron la idea de unas delegaciones dependientes directamente del Ministerio de Hacienda.817 El plan completo era el de extender por el territorio la malla de la administración hacendística, llegando hasta el nivel de los partidos judiciales, en cuyas cabeceras se crearon unas Administraciones Subalternas de Hacienda.818 Pero tras solo cuatro años de vigencia, se comprobó que tal expansión resultaba excesivamente costosa, y se eliminó esa figura, concentrando de nuevo en las delegaciones la gestión hacendística de toda la provincia.819

A partir de 1881 la gestión territorial de la Hacienda Pública española quedó encomendada a las Delegaciones de Hacienda por espacio de más de un siglo. En todo ese tiempo, la estructura interna de las delegaciones experimentó múltiples reformas que, salvando la figura fundamental del delegado, pusieron bajo su dirección diferentes órganos, secciones y servicios, reflejando casi siempre transformaciones de ámbito mayor en la estructura general del Ministerio o del Gobierno en su conjunto.820 Si en la Ley de Camacho de 1881 las delegaciones tenían una estructura muy sencilla, con solo cuatro dependencias básicas —Administración de Contribuciones y Rentas, Administración de Propiedades e Impuestos, Tesorería e Intervención—, sucesivos cambios las fueron haciendo más complejas, hasta llegar a tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera. Tras la reforma de Calvo Sotelo, cada Delegación de Hacienda tenía su propio Tribunal Económico Administrativo provincial, así como cinco dependencias: Administración de Rentas Públicas (la antigua «Administración de Contribuciones»), Tesorería y Contaduría (con dos secciones, una de Teneduría y otra de Depositaría y Pagaduría), Intervención (de la que dependía la Fiscalía), Inspección provincial y Abogacía del Estado.821

Más importante aún que esta organización autónoma de los servicios administrativos de la Hacienda Pública en las provincias fue la política, iniciada poco después, de dotarla con personal de alta cualificación técnica, como eran los ingenieros, arquitectos y peritos necesarios para las tareas de evaluación de la riqueza. Esa política de creación de cuerpos técnicos altamente profesionales y políticamente independientes se generalizó en la Administración desde el Gobierno largo de Sagasta, y constituiría en el futuro la más sólida garantía de eficacia y estabilidad del Estado. Por lo que respecta al Ministerio de Hacienda, habría que destacar la creación del Cuerpo de Abogados del Estado y la remodelación de la Dirección General de lo Contencioso, que organizó dicho cuerpo bajo la dependencia jerárquica del director general y del ministro.822 Y también el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos que, aunque creado al establecerse el Servicio Agronómico en 1879, no fue organizado y reglamentado hasta 1882-1887.823

Tanto los abogados del Estado como los ingenieros agrónomos respondían al modelo de cuerpos técnicos en los que se ingresaba en virtud de una titulación oficial y unas oposiciones, ascendiéndose luego en el escalafón por criterios de antigüedad y de mérito. Pertenecían a ese tipo de cuerpos —de los que se habló en el capítulo 6— dotados de la inamovilidad y la independencia propias del funcionariado moderno con carácter pionero, antes de que los rasgos esenciales de su funcionamiento se expandieran al conjunto de una Administración pública organizada en cuerpos profesionales.824 Su importancia para el Ministerio de Hacienda no puede ser minimizada: los abogados del Estado aportaban al Ministerio una asesoría jurídica profesional y competente, y un sólido servicio jurídico para hacer valer los intereses de la Hacienda Pública frente a los contribuyentes y a otras instituciones en los tribunales. Mientras, los ingenieros agrónomos y peritos agrícolas resultaban esenciales para disponer de técnicos especializados en las evaluaciones de cultivos y rendimientos con los que perseguir el fraude en la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería, que suministraba aún al Estado más de un 20 por ciento de sus ingresos. Por la misma época se crearon también cuerpos técnicos especializados en impuestos, como la Renta de Aduanas, el Timbre y los Derechos Reales.

Con estas novedades, la Administración dejó de estar indefensa frente a la ocultación y pudo empezar a participar en la determinación de las bases tributarias. No es casualidad que hasta que no estuvieron disponibles estos cuadros de técnicos independientes, como los ingenieros agrónomos, arquitectos y peritos agrícolas, introducidos en una Administración de Hacienda presente en las provincias, no empezaran a avanzar los trabajos de levantamiento del catastro de la riqueza inmobiliaria, que no obstante se habían ensayado entre 1859 y 1870, como se vio en el capítulo 7.

Paralelamente a la implementación de una administración territorial de Hacienda eficaz y profesionalizada, que arrancó en el último cuarto del siglo XIX y se completó en el primer tercio del XX, se desarrolló un servicio tan importante para asegurar la eficacia de los mecanismos fiscales como la inspección.825 Existía el precedente de los visitadores e inspectores de Aduanas;826 pero su número había sido muy limitado y, sobre todo, carecieron de una institución central que coordinara su labor, lo cual les restó eficacia. Fueron los revolucionarios del Sexenio los que plasmaron legalmente por primera vez la inspección, aunque tardara algún tiempo más en funcionar con eficacia: en 1871, Segismundo Moret creó el Cuerpo General de Inspectores de Hacienda, dependiente del ministro de forma directa, organizado territorialmente en seis distritos que cubrían todo el país, y encargado de investigar la riqueza sometida a tributación, al tiempo que vigilaba el funcionamiento de todos los ramos de la Administración hacendística.827 Aquel cuerpo apenas pudo desarrollar su labor, no solo por la limitación de la plantilla, sino porque, tras las crisis políticas que determinaron el cambio de régimen, en los primeros años de la Restauración el servicio quedó descentralizado y volvió a perder su potencial.

Fue en 1881 cuando la inspección empezó a cobrar vigor, al reorganizarla Camacho con un sentido centralizador, creando la Inspección General de la Hacienda Pública. Se trataba, sin embargo, de una Inspección destinada a vigilar la administración hacendística en las provincias, más que a investigar la riqueza imponible.828 No obstante, la Inspección centralizada que concibió Camacho desapareció luego intermitentemente, primero por decisión de un Gobierno conservador —Cos-Gayón la disolvió en 1884— y luego de otro liberal —López Puigcerver volvió a descentralizarla en 1887, pues entretanto había sido restablecida.829

Desde entonces, la Inspección quedó diluida como una misión atribuida a las diferentes direcciones generales del Ministerio sin coordinación centralizada. Esta situación se prolongó hasta que José Calvo Sotelo reorganizó la Inspección, en el marco de la campaña de la Dictadura de Primo de Rivera contra la defraudación fiscal. Calvo Sotelo centralizó en manos del Cuerpo de Diplomados para el Servicio de Inspección de los Tributos las labores de comprobación e investigación de las bases de la Contribución Industrial y de Comercio, la tarifa I de Utilidades, el impuesto de Cédulas Personales y otras figuras.830 Aquel relanzamiento de la Inspección, a la que se dotó de más medios materiales, humanos y legales, se reflejó enseguida en un aumento espectacular de las actas levantadas y de la riqueza descubierta. El cambio de régimen político, con la proclamación de la República, no interrumpió esa tendencia, pues los ministros de Hacienda reforzaron en la medida de lo posible el servicio de Inspección.

Otra importante pieza en ese proceso de cierre de la construcción del Estado —con la Hacienda Pública como protagonista— fue el catastro. Largamente postergado en función de intereses políticos y económicos, entró en una etapa de estabilidad a partir de 1906.831 El levantamiento del que se llamó Avance Catastral se completó primero a título de prueba en la provincia de Albacete, concluida en 1908; y luego siguió extendiéndose por Castilla la Nueva, Andalucía, Murcia, Valencia y Extremadura. Con el resultado de las primeras experiencias, se reglamentaron los trabajos en 1913 y se aceleró su ritmo, sobre todo a partir del incremento de las inversiones destinadas a esta tarea en 1917.832 A la altura de 1924 se había terminado el Avance Catastral en siete provincias, y se había empezado en veinte más, hasta cubrir más de 18 millones de hectáreas. La Dictadura de Primo de Rivera, siguiendo el modelo alemán, pretendió añadir a aquel catastro esencialmente fiscal, que se estaba levantando, características técnicas que le dieran valor de prueba jurídica de la propiedad inmobiliaria, para lo cual era preciso extremar el rigor y precisión del levantamiento; pero aquel experimento no se consolidó, dada la urgencia de terminar el Avance Catastral para disponer cuanto antes de un instrumento de reparto equitativo de los impuestos, aunque no tuviera tanta calidad técnica. La fotografía aérea, con la que se experimentó desde los años veinte, vendría en apoyo de la terminación del catastro, al incorporarse como sustitutivo de los croquis a mano alzada, ya en tiempos de la Segunda República.833

El catastro, como se ha mostrado en el capítulo 7, no era nuevo en España: se había ideado y se había iniciado en el reinado de Isabel II; pero su levantamiento en el conjunto del territorio a partir de 1906, aunque lento y tardío, reviste una importancia fundamental en el proceso histórico de construcción del Estado. Mientras la Administración central no dispuso de agentes propios en el territorio, que le permitieran contrarrestar el monopolio del poder local que tenían los notables y sus redes clientelares, no pudo abordarse la reforma del sistema fiscal ni del sistema político. De ahí la importancia del giro que se produjo a partir de finales del siglo XIX, cuando finalmente el Gobierno puso en marcha el levantamiento de un registro sistemático, objetivo y pormenorizado de las propiedades de los ciudadanos, entre 1895 y 1906. Con la aparición en campos y ciudades de los peritos agrícolas, aparejadores, agrimensores y funcionarios que venían a hacer el Avance Catastral, se acabó la vieja concepción del territorio como una realidad orgánica que solo era accesible a través de sus representantes «naturales», los notables que copaban los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Con el levantamiento del catastro, el Gobierno hacía efectivo el derecho eminente del Estado a conocer directamente el territorio nacional, a ordenarlo y a transformarlo mediante leyes y decretos.834

El catastro parcelario, que se empezó a levantar en 1906, es una de las manifestaciones más depuradas de la intervención del Estado sobre el territorio: implica la voluntad de controlar desde el Gobierno cada palmo de terreno de la nación, controlar en el doble sentido de conocer en detalle —con una descripción de las características físicas, económicas y jurídicas de cada porción de suelo— y de dar al Estado capacidad para apropiarse una parte de esos recursos —por la vía del impuesto— o actuar sobre ellos. Pero, al mismo tiempo, el catastro es un producto cultural, que refleja una concepción del territorio como un mosaico de propiedades: la nación es una suma de parcelas que necesariamente tienen que estar asignadas a un propietario particular, o en su defecto al Estado mismo, sin que se conciban otras situaciones más complejas o indefinidas; de ahí los portentosos trabajos de medición de los términos municipales haciendo que su superficie total fuera exactamente equivalente a la suma de todas las superficies detectadas y medidas en el pueblo, sin dejar fuera ni caminos, ni cunetas, ni cauces de ríos ni terrenos baldíos, ni playas ni calles, ni edificios ni solares… De alguna manera, el catastro parcelario conllevaba una concepción del territorio como mercancía que se podía medir, contar, valorar y apropiar. En definitiva, el levantamiento del catastro español en el primer tercio del siglo XX revela un designio definitivo de completar la construcción del Estado y del territorio nacional conforme al proyecto liberal trazado a comienzos de siglo.835

Caben pocas dudas, por todo lo visto, de que a lo largo de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera la Hacienda Pública española realizó avances muy significativos —partiendo de estructuras administrativas previamente creadas— hacia un mayor control. Tanto el despliegue por el territorio que materializaron las delegaciones provinciales de Hacienda como la persecución del fraude y la ocultación —a través de la inspección—, el impulso al levantamiento catastral o la defensa jurídica del interés económico público —a través de los abogados del Estado— apuntaban en una misma dirección: la del reforzamiento del Estado, incrementando la capacidad del Gobierno para conocer la realidad, actuar y hacer efectiva la exigencia de los tributos. Por eso es por lo que se recoge aquí como un ejemplo significativo de cómo en ese periodo se cerró el proceso histórico de construcción del Estado, alcanzando este un control eficaz sobre el territorio; pero también —como vamos a ver a continuación—, terminando ese proceso, se abrieron nuevos debates relativos a la modernización y reforma de los servicios.

La definición y expansión de la Administración de Hacienda fueron de la mano con un cambio en la dinámica del sistema fiscal, pasando de la construcción de la Hacienda liberal a la reforma de la misma. Establecida la Hacienda Pública como fundamento del Estado nacional desde el siglo XIX, en el primer tercio del XX se abordó la tarea de corregir los problemas que arrastraba desde el origen. A este proyecto se le denominó la reforma fiscal y se vinculó a una voluntad más amplia de modernización del Estado y de la sociedad.836

El proyecto reformista se extendió a lo largo de un tercio de siglo en el que no hubo en España reformas tributarias tan profundas y llamativas como las de 1845 o 1899; en su lugar, hubo múltiples reformas parciales y retoques que fueron ajustando y modernizando el sistema hasta transformarlo ampliamente. La primera manifestación de aquel empeño reformista fue un paquete de medidas de urgencia, introducidas a continuación del desastre del 98: la reforma de Fernández Villaverde en 1899-1900.837 En aquella reforma se incluyeron una reducción de la Deuda pública, un aumento de la imposición indirecta para aportar suficiencia y flexibilidad al sistema y retoques menores en la mayor parte de los impuestos ya existentes. El cambio más importante fue la creación de la Contribución de Utilidades, que vino a completar el sistema de impuestos de producto creado medio siglo atrás. Esta contribución era crucial para la adaptación del sistema fiscal a los tiempos modernos, ya que gravaba fuentes de renta personal tan importantes como los salarios, los rendimientos del capital mobiliario y los beneficios empresariales; de hecho, en su planteamiento —al menos por lo que toca a la tarifa III— hubo una idea de impuesto sobre la renta, aunque luego se diluyera y quedara implícita en el tributo, solo como posibilidad.838

Después vinieron planteamientos reformistas más ambiciosos: los proyectos de González Besada (1909), Cobián (1910) y Canalejas (1910) pretendían depurar y sistematizar los impuestos de producto, asignándoles una nueva posición en el sistema. Las resistencias encontradas, que llevaron a que ninguna de aquellas reformas se aprobaran, orientaron la labor de Flores de Lemus hacia el camino más efectivo de las pequeñas innovaciones pragmáticas y graduales: los impuestos de producto no serían eliminados inmediatamente, sino modificados en busca de cotas mayores de suficiencia y equidad en la tributación. Al asumir ese cambio de estrategia, Flores de Lemus se alejaba de cualquier sectarismo ideológico o doctrinal, reconociendo el laberinto de limitaciones que imponía la realidad socioeconómica e institucional del país. Esos límites alejaban por el momento la innovación fundamental que exigía la doctrina tributaria moderna, que era la introducción del principio personal en la tributación.839

Al abordar ese proceso de reformas graduales, Flores de Lemus estableció un diagnóstico de los problemas de la Hacienda española en el que destacaba dos limitaciones fundamentales para la modernización del sistema tributario: por un lado, la debilidad del aparato estadístico disponible; y por otro, la escasez de recursos de la Administración.840 Bajo tales circunstancias, convenía evitar una abolición apresurada de las viejas figuras tributarias, ya que podría determinar un hundimiento de la recaudación nefasto para el precario equilibrio de la Hacienda. La entidad de las reformas concretas sería mucho más modesta, apareciendo muchas de ellas como meros cambios administrativos o retoques en la forma de obtener la información tributaria. Al mismo tiempo, los técnicos y funcionarios del Ministerio hacían lo posible por institucionalizar la reforma; es decir, por hacer que los cambios fueran imparables e irreversibles, implementando mecanismos que dejaran la reforma fiscal al margen de la lucha política entre los partidos, de tal manera que no pudiera ser víctima de obstruccionismos ajenos a su contenido, ni de avances y retrocesos continuos al desmontar cada Gobierno lo que hubiera montado su predecesor.

Por esa vía se consiguieron cambios muy significativos. Por ejemplo, aprovechando la Contribución de Utilidades creada por la reforma de Villaverde en 1900, se iría ampliando poco a poco la autonomía de sus tres tarifas, dándoles un tratamiento diferente. La tarifa III de Utilidades sería la base de la reforma de Bugallal, que trajo a la tributación española nada menos que el principio moderno de progresividad de los impuestos.841 Ya bajo la dictadura de Primo de Rivera se produjeron las reformas de Calvo Sotelo: un conjunto de medidas que, sin alterar sustancialmente las figuras tributarias existentes, mejoraron el grado de «sinceridad» del sistema, permitieron un mejor control de las bases tributarias e hicieron más eficaz la lucha contra el fraude. Finalmente, el ciclo reformista del primer tercio de siglo culminaría en la Segunda República con la implantación del impuesto sobre la renta por Jaume Carner.842

Con todo ello se completaba un ciclo de modernización y reforma de la Hacienda española. El lento y tortuoso proceso de construcción del Estado en torno al fortalecimiento de la Administración pública, ejemplificado aquí con el caso de la Hacienda —que constituía su núcleo básico desde el origen—, había conducido en última instancia a imponer un cierto grado de rigor en el cumplimiento fiscal y en la igualdad de los contribuyentes ante la ley. La creciente eficacia del aparato hacendístico del Estado español permitió avanzar hacia mayores cotas de equidad en el esfuerzo tributario y hacia una relación más directa entre los contribuyentes y los servicios centrales de Hacienda. Se puede, desde luego, objetar que existía una gran distancia entre la teoría y la realidad en la distribución de la carga fiscal, y que el fraude y la ocultación han seguido en niveles muy altos hasta el siglo XXI; pero la valoración pertinente debe basarse en la comparación: comparación con el punto de partida —los privilegios fiscales del Antiguo Régimen.

Tendencias similares pueden señalarse en la estadística y la cartografía, servicios estatales que habían nacido unidos y que desde la Restauración terminarían de perfilar su funcionamiento autónomo. Los sesenta años que transcurrieron desde la creación del Instituto Geográfico en 1870 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931 mostraron que la Estadística y la cartografía de Estado habían superado ya en España la etapa fundacional de tanteos y discrepancias ideológicas, dando paso a un periodo de producción sistemática de mapas y estadísticas al servicio del Estado.

El sistema estadístico español estaba definido en sus trazos esenciales desde el reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario. No obstante, en los sesenta años posteriores hubo reformas administrativas y ajustes institucionales, que no alteraron el esquema institucional básico. Por ejemplo, con el cambio de siglo Francisco Silvela creó oficialmente el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, en el que se fundían técnicos procedentes del ámbito civil y del militar;843 y dio, de este modo, personalidad jurídica independiente al colectivo que, de hecho, venía dedicándose a esas labores desde la creación de la Escuela de Ingenieros Geógrafos y, más tarde, del Instituto Geográfico, al que estaban adscritos.844

El entramado institucional de la estadística pública, trabajosamente definido hasta 1874 —como se explicó en el capítulo 7—, produjo resultados con ritmo y calidad crecientes bajo el régimen de la Restauración. El Censo de 1877 introdujo la innovación de diferenciar entre población de hecho —residentes presentes más transeúntes— y población de derecho —residentes presentes y ausentes—, que se mantendría en los censos posteriores.845 Con el levantamiento de aquel censo se volvía a los años terminados en siete, pues los censos siguientes fueron en 1887 y 1897.846 En el Censo de 1887 se incluyó un nuevo dato, como fue la clasificación de los habitantes por su nacionalidad. Habría que esperar al gran cambio político y administrativo de finales del siglo XIX para que los censos españoles volvieran a acompasarse a la práctica internacional de referirlos a los años terminados en cero.847 Se levantaron nuevos censos en 1900, 1910, 1920 y 1930, ya con total regularidad; aunque se mantuvo el mecanismo básico de elaborar el censo a partir de los padrones municipales y no de una averiguación censal directa.848 El de 1900 incorporó una clasificación de la población activa por ocupaciones mucho más rigurosa que las anteriores, basada en un cuadro de 91 categorías socio-profesionales aprobado por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. En el de 1920 hubo dos innovaciones importantes: por un lado, se introdujo información sobre la provincia de nacimiento de los habitantes censados, facilitando así el conocimiento de los flujos migratorios internos; y por otro, se clasificó a la población femenina según su estado civil, edad y número de hijos, facilitando el estudio de la nupcialidad y fertilidad. La periodicidad decenal había quedado sólidamente instaurada; desde entonces hasta la actualidad, los servicios estadísticos del Estado han proporcionado periódicamente una información actualizada sobre la población española, cada vez más detallada y fiable.

Las estadísticas relativas al movimiento natural de la población, preparadas por la Junta de Estadística antes de desaparecer, serían publicadas más tarde por el Instituto Geográfico.849 Para entonces, sin embargo, ya se había implantado en España el Registro Civil. La nueva institución empezó a publicar sus propios datos desde 1886. Paralelamente, los servicios centrales de Estadística siguieron publicando informes sobre el movimiento natural de la población de forma periódica.850

Junto a las estadísticas sobre el movimiento natural se pusieron en marcha averiguaciones en torno a los movimientos migratorios. Hubo un primer estudio sobre las migraciones exteriores, referido al periodo 1882-1890, que tuvo continuidad con los de periodos posteriores, hasta el de 1909-1911.851 Posteriormente, la estadística se centró en los pasajeros que entraban o salían del país por mar, con estudios monográficos desde el periodo 1912-1913 hasta el de 1926-1931.852

La estadística de la producción agraria empezó a funcionar correctamente desde que se hicieron cargo de ella los ingenieros del Servicio Agronómico, creado en 1879. A lo largo de los años ochenta, los ingenieros fueron realizando estudios parciales, especialmente centrados en los cereales, viñedos y olivares, realizando unos primeros Avances de la producción agraria. Con la experiencia acumulada acabó creándose un sistema estadístico que quedó reglamentado de manera estable en 1891.853 Dicho sistema consistía en estimar los rendimientos por hectárea de cada cultivo mediante visitas de los ingenieros agrónomos al comienzo del periodo de recolección, que luego se multiplicaban por las superficies supuestas para hacer un cálculo aproximado del volumen de la cosecha anual en cada circunscripción. El contenido de los sucesivos Avances fue mejorando y enriqueciéndose, por ejemplo incorporando pronósticos sobre la cosecha siguiente desde 1905.

Desde 1927, por sugerencia de organismos internacionales, se incorporó la colaboración de los agricultores en este sistema estadístico, pidiéndoles unas declaraciones sobre superficie cultivada, que después revisarían los ingenieros. Simultáneamente, se estableció una nueva estructura jerárquica para la generación de estadísticas agrícolas, que iba desde la Junta Local de Informaciones Agrícolas, pasando por la Sección Agronómica Provincial, hasta el Comité Informativo de Producción Agrícola de ámbito nacional. El resultado de esta reorganización se plasmó en el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, que empezó a publicarse en 1928.

En cuanto a los recuentos de la cabaña ganadera, una vez abierto el camino en 1865, el siguiente fue realizado en 1891, ya bajo la dirección de la Junta Consultiva Agronómica.854 Pero sería el censo ganadero de 1905 el que reuniera, por fin, unas garantías de calidad y rigor satisfactorias, iniciando una serie de censos similares que se repetirían en 1917 y 1929.

La Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio del Ministerio de Fomento asumió la tarea de publicar periódicamente los precios de los productos agrarios desde 1890.855 Dicha Dirección coordinó el trabajo de investigación de precios de sus ingenieros agrónomos y las tablas resultantes se publicaron en el Boletín Semanal de Estadística y Mercados, que en 1903 pasó a convertirse en Boletín Quincenal de Estadística, Mercados e Informaciones Agrícolas; en 1904, Boletín de Comercio e Información Agrícola y Estadística y Mercados, y en 1909, Boletín de Agricultura Técnica y Económica.

La pesca tardó bastante tiempo en ser objeto de control estadístico directo por parte del Estado, dado que los gremios de mareantes se encargaban de recopilar información sobre su propia actividad hasta que desaparecieron en 1865. Después, se encargaron de hacerlo las Comandancias de Marina, que publicaron cifras sobre la actividad pesquera en 1883, 1889 y 1892. Esta labor discontinua mejoró en el siglo XX, con la publicación de un Anuario de la Marina Mercante y de la Pesca que, entre 1906 y 1914 dio a conocer información estadística sobre ambos sectores de actividad. Con posterioridad a esa fecha, las cifras disponibles se publicaron en el Anuario Estadístico de España.856

También se avanzó en la producción de estadísticas industriales. La Estadística administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio se volvió a publicar en 1879, 1889-1890, 1893-1894, 1895-1896 y 1900. La importancia de esos datos reside en que, con todas las lagunas, ocultaciones y distorsiones que suelen afectar a la información de una fuente de carácter fiscal, ofrecían un panorama general de las actividades industriales y comerciales, con toda su variedad sectorial y territorial, permitiendo hacerse una idea de su estructura y evolución. De este trabajo realizado por los ingenieros del Ministerio de Hacienda salieron unas Memorias sobre la industria fabril, publicadas en 1900.

Los sectores estratégicos de la producción industrial fueron objeto de estadísticas más precisas y completas. A comienzos del siglo XX la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio del Ministerio de Fomento comenzó a elaborar memorias monográficas sobre la industria de diversas provincias españolas, en las que se incluían abundantes datos estadísticos sobre número de instalaciones, personal ocupado, fuerza motriz y valor de la producción. El sistema de información estadística general sobre la industria española se completó, ya en los años veinte, con una Estadística sobre el consumo de carbones.

En cuanto a las comunicaciones, la Dirección General de Correos reunió y publicó los datos relativos al tráfico postal y al servicio postal en unos Anales de las Ordenanzas de Correos, publicados entre 1879 y 1899, y luego nuevamente a partir de 1911. La que por entonces se llamaba ya Dirección General de Correos y Telégrafos añadió la publicación, entre 1895 y 1930 de una Estadística Telegráfica de España. El panorama de las estadísticas públicas de carácter económico puede completarse señalando que tanto el Registro Mercantil como el Registro de Patentes dieron lugar a la publicación de datos sobre las empresas y sobre la innovación tecnológica a partir de 1886.

La Estadística de la primera enseñanza en España siguió editándose periódicamente hasta 1888 (con datos de 1881-1885). Luego, fue sustituida por el Anuario estadístico de Instrucción Pública, que se publicó de forma regular y duradera desde 1890. A esto habría que añadir los censos escolares realizados en 1903 y 1908, que representaban indagaciones más detalladas y sistemáticas para completar el conocimiento de este ramo de la actividad estatal, al que concedían prioridad en el plano teórico tanto los primeros liberales como los regeneracionistas de comienzos del siglo XX.857

También la sanidad fue objeto de escrutinio estadístico, en esta actividad desbordante que, como puede verse, no dejaba sector de la vida económica o social fuera de la mirada del Estado. La estadística sanitaria como tal fue de aparición tardía, si excluimos los datos sobre defunciones que aparecían en la del movimiento natural de la población desde 1858. Esa estadística empezó a incluir tablas sobre las causas de muerte en 1905 y, ya de forma regular, desde 1910. La Dirección General de Beneficencia y Sanidad proporcionaba anualmente información sobre el número de hospitales, hospicios, asilos y casas de maternidad, con el número de entradas y salidas, los efectivos de cada centro, el número de partos atendidos, los fallecimientos de niños y mujeres durante el parto, las enfermedades o causas de ingreso de los pacientes, etc. Esta información se publicó en el Boletín Mensual de Estadística Demográfica Sanitaria de la Península e Islas Adyacentes entre 1879 y 1884; luego, en el Boletín de Sanidad (1888-1896 y 1899-1901), en el Boletín Demográfico Sanitario (1904-1909), en el Boletín Mensual de Estadística Demográfica Sanitaria (1910-1920), en el Anuario de la Dirección General de Sanidad (1921-1924) y el Boletín Técnico de la Dirección General de Sanidad (1925). Además, un resumen de esos datos apareció en cada edición del Anuario Estadístico de España. Un complemento importante fue la información sanitaria suministrada por el Ejército: por un lado, datos sobre su propia red de hospitales militares; y, por otro, sobre el estado de salud y las características antropométricas de los reclutas en el momento de tallarlos.

En cuanto a la meteorología de Estado, cuyo origen ya se mencionó en el capítulo 7, fue igualmente una fuente de datos registrados para su publicación ordenada. En 1892 se creó una nueva institución oficial especializada en meteorología: el Instituto Central Meteorológico, que heredó las antiguas competencias del Observatorio de Madrid —dedicado desde 1900 solo a observaciones astronómicas— y se instaló a pocos metros de aquél, también en el Parque del Retiro. El Instituto inició en 1893 la publicación de un Boletín Meteorológico Diario. Desde 1904 el Instituto quedó bajo la dependencia del Instituto Geográfico y Estadístico. Las principales innovaciones que se introdujeron en esta época estuvieron relacionadas con la creación de una red muy tupida de estaciones pluviométricas en 1911, y con la creación en el seno de la Administración del Cuerpo de Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología.858 El Instituto ha tenido una larga existencia, aunque con sucesivos cambios de nombre, pues en 1910 pasó a llamarse Observatorio Central Meteorológico, y en 1921, Servicio Meteorológico Nacional.859

La inclinación a reunir toda clase de datos estadísticos publicando anuarios oficiales continuó bajo la Restauración; y debe ser interpretada como la culminación de un conjunto de operaciones muy costosas que sometían todas las actividades —sin excepción— a la lógica burocrática de la Estadística. En realidad, además de la utilidad práctica de los datos publicados, que muchas veces podría ser discutible, los anuarios —como el resto de las estadísticas publicadas de las que se viene dando cuenta en este capítulo— servían para demostrar el poder del Estado sobre todo lo que ocurría en su territorio y erigir un símbolo incontestable de soberanía. Después del Anuario estadístico de 1866-1867 se interrumpió temporalmente el esfuerzo por reunir y sistematizar periódicamente la información estadística; hasta que el Instituto Geográfico y Estadístico retomó la labor con la publicación de dos Reseñas geográficas y estadísticas oficiales en 1888 y 1912.860 El mismo organismo relanzó y consolidó la publicación regular de los Anuarios estadísticos, primero en 1913 y luego, ya definitivamente, desde 1916. Allí se encuentran reunidos los datos sobre territorio y clima, población, hospitales, beneficencia, criminalidad, establecimientos penales, enseñanza, cultura, agricultura, industria, transportes y comunicaciones, comercio, administración, Hacienda Pública, colonias, etc., que de otra manera habrían sido de difícil acceso tanto para los ciudadanos de la época como para las autoridades del Estado y para los investigadores de nuestros días.861 Y la imagen que resultaba era la de un Estado cuyos órganos lo veían todo y todo lo controlaban, como en un acto de apropiación simbólica de gran alcance propagandístico, además de funcional.

La misma productividad de unos sistemas administrativos dificultosamente puestos en pie en periodos anteriores puede observarse en la cartografía de Estado. El Mapa Topográfico Nacional, cuya primera hoja se había publicado en 1875, se extendió gradualmente por la geografía española, cubriendo primero una franja central de territorio que se extendía entre Madrid y Cádiz, para extender luego los trabajos a ambos lados y hacia el Norte. En 1926 estaban ya publicadas 248 hojas de las 1.130 en que se había dividido el país, hallándose muy avanzados los trabajos de planimetría y altimetría en gran parte de las restantes. Solo las regiones montañosas de la Cornisa Cantábrica, Galicia y los Pirineos se resistirían al avance de la cartografía estatal hasta después de la Guerra Civil.

La triangulación geodésica de la península se completó con la medición de nuevas bases en Lugo (1875), Arcos de la Frontera (1876), Vich (1877), Cartagena y Olite (1879). En 1875 se enlazó la red española con la francesa por la cadena de los Pirineos; y en 1879 se enlazó la red geodésica de la península con la de África desde el Mulhacén. En 1915 estaba completada la red de primer orden, y en 1924, la de segundo orden de la península y Baleares. Desde 1925 se extendieron los trabajos geodésicos a las Islas Canarias y el Protectorado de Marruecos. Finalmente, las redes geodésicas de primero, segundo y tercer orden quedaron completadas en 1930. La nivelación quedó referida en toda España al nivel del mar en Alicante, de donde se extendieron las mediciones siguiendo las carreteras y vías del ferrocarril, hasta concluir las operaciones en 1924. La fotografía aérea fue incorporada a los trabajos cartográficos, primero a título de ensayo desde 1902, y luego como procedimiento normal a partir de 1914.862

En el primer tercio del siglo XX se cumplió el objetivo que se venía persiguiendo desde cien años antes de disponer de una cartografía de Estado. Se habían consolidado las instituciones capaces de impulsar ordenadamente los trabajos cartográficos y se habían dotado de un personal técnico experimentado, hábitos administrativos y flujos de financiación suficientes para responder a las necesidades de mapas del Gobierno. El territorio nacional no era ya una abstracción imaginada como contenido de la silueta de costas y fronteras, sino un espacio controlado a partir de sus representaciones gráficas, en las que quedaban reflejados el relieve, la hidrografía, la vegetación, la geología, las vías de comunicación, los asentamientos humanos y la toponimia. La ciencia y la técnica, que el siglo XIX sacralizaba como portadoras del progreso moderno, vinieron en auxilio de la construcción estatal, proporcionando una visión del territorio nacional «desde arriba», como una realidad aprehendida, ordenada y jerarquizada, que era la que representaban aquellos mapas.

Cada aspecto del paisaje, representado en los mapas con tinta de distintos colores, era objeto de una o varias líneas de actuación política y administrativa del Estado: no cabe considerar, en modo alguno, que se tratara de representaciones neutras de una realidad «objetiva» o «natural». La representación cartográfica y sus versiones para la difusión divulgativa servían para naturalizar hechos políticos resultantes de decisiones políticas: como ocurría, por ejemplo, con la toponimia oficial, puesta al servicio de una política de uniformización lingüística; o con la representación de las circunscripciones administrativas —tales como provincias, partidos judiciales y términos municipales—, cuya inserción sobre el mapa tendía a otorgarles, en la percepción común de los ciudadanos, el mismo carácter natural e invariable que al relieve o la geología. En otros casos, la eficacia política de la cartografía no era tan directa; pero siempre que un dato geográfico era recogido en el mapa nacional, se debía a que tal información servía para implementar la acción reguladora del Estado en uno u otro dominio: la definición y tendido de las vías de comunicación —caminos, ferrocarriles, telégrafo, teléfono—, la construcción de obras públicas, la alteración del curso y el régimen de los ríos, la transformación del secano en regadío, el aprovechamiento del subsuelo, la expansión de los cascos urbanos, etc. Sin el apoyo de los mapas, el Gobierno y las administraciones públicas no podrían haber intervenido en todos estos campos como lo hizo en el siglo XX.863

Merece la pena hacer un inciso para referirse al tratamiento cartográfico y estadístico que se dio a un recurso tan importante como el agua. Los recursos hídricos, escasos en un país de las características geográficas de España, se convirtieron en objeto del discurso político nacional desde los años que rodearon al desastre del 98, por el protagonismo que les dieron los intelectuales regeneracionistas. Como resultado último de la agitación discursiva y de las polémicas en torno a la acción estatal en materia hidráulica, surgió una política específica de obras públicas en torno a este tema, que se inició bajo la Restauración y que afectó por igual a los regímenes siguientes de cualquier signo: dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y régimen de Franco. La ordenación de los recursos hidráulicos del territorio fue uno de los pocos sectores que experimentaron un cambio institucional significativo después de 1920: con la creación de las confederaciones hidrográficas, en 1926, la Dictadura de Primo de Rivera aportó una pieza tardía, pero importante, al cierre de la construcción estatal —pieza que, en este caso, no contaba con precedentes en el Estado clásico concebido por los moderados—.864 A las Confederaciones Hidrográficas se les atribuyeron, entre otras, competencias estadísticas y cartográficas. Como modelo, se creó en la misma fecha la Confederación Hidrográfica del Ebro;865 y poco después se añadieron las del Segura (1926), Duero (1927), Guadalquivir (1927) y Pirineo Oriental (1929).

Los terrenos que se acaban de comentar —Hacienda Pública, estadística y cartografía— fueron presentados en los capítulos anteriores como claves fundamentales en la construcción del Estado; por esa misma razón, se han retomado aquí para mostrar cómo evolucionaron después, cerrando y redondeando la labor iniciada durante los periodos fundacionales anteriores a 1874. Porque son terrenos en los que se muestra la capacidad del Estado para extraer recursos —dinero, datos, hombres— y, por lo mismo, constituyen fuentes del poder estatal tanto como espacios de prueba para el poder ya adquirido. Lo que se pueda concluir del análisis de estos elementos se podría extender probablemente al conjunto del Estado. Y lo que se aprecia es un proceso de afirmación de la estatalidad, al tiempo que una homologación a lo logrado en otros países europeos por las mismas fechas.

La tradición historiográfica de comparar a España con Gran Bretaña y con Francia ha sido una fuente continua de críticas y de balances pesimistas en cuanto a las realizaciones del Estado español. En ocasiones, como en la comparación con Francia, por un prurito de autocrítica que se compadece mal con las similitudes que pueden establecerse entre la Tercera República francesa y la España de la Restauración. En cualquier caso, la elección de los países más avanzados, ricos y poderosos del continente como término de comparación es poco esclarecedora si no se extiende la comparación a otros casos. Por ejemplo, a los países mediterráneos en general, con los que España comparte condiciones geográficas básicas: y en esa comparación, el grado de modernidad y eficacia alcanzado por el Estado español hacia finales del siglo XIX resiste bien la comparación con Portugal, Italia o el Imperio Otomano. Lo mismo podría deducirse de una contextualización de España en el conjunto de los países periféricos de Europa, donde, además de la periferia sur se incluyeran los países nórdicos y los de Europa oriental. También tendría sentido extender la comparación al conjunto de las antiguas monarquías compuestas, poniendo a la moderna España frente a las dificultades de adaptación a la modernidad presentes en la evolución del Imperio Austro-Húngaro, el Imperio de los zares en Rusia o el ya mencionado Imperio Otomano. Si los ritmos de modernización y nacionalización de España se comparan con los de Italia o Alemania, que no completaron sus respectivas unificaciones nacionales hasta 1870, la prueba favorece nuevamente a España. Y aún más si los logros del Estado en España se comparan con los de los estados nacionales surgidos en los antiguos dominios españoles de América, estados que, partiendo de un tronco institucional y cultural común, apenas empezaron a estabilizarse en las décadas finales del XIX.

De todas estas comparaciones, que servirían para poner de relieve la importancia de los logros alcanzados en la construcción del Estado en la España del XIX, hay, sin embargo, una más relevante que las demás. Es la comparación del caso español con la propia España, a lo largo de un eje temporal. La capacidad de control, la eficacia administrativa, la acumulación de poder y de medios de gobierno fue siempre creciente desde el final del reinado de Fernando VII. En ese sentido, la capacidad de cualquier Gobierno de la Restauración para saber lo que estaba ocurriendo en el país y para hacerse obedecer era infinitamente superior a la que habían tenido en los regímenes anteriores. Se puede insistir cuanto se quiera en las carencias, las limitaciones, los fallos del sistema… pero no puede negarse este proceso continuado a lo largo de más de un siglo en el reforzamiento del Estado nacional.

La prueba de la acción exterior

El Estado español del siglo XIX había adquirido una cierta solidez, que se manifestaba en el despliegue de sus oficinas, la ampliación de sus servicios y la capacidad para recaudar impuestos, reclutar soldados, elaborar estadísticas y hacer que se cumplieran las leyes. El régimen de la Restauración se apoyó sobre esos cimientos, haciendo parcialmente realidad el sueño de los administrativistas de relegar las grandes cuestiones políticas en beneficio de la ordenada gestión de los asuntos corrientes.

Era un Estado plenamente reconocido en el marco internacional. La inserción de España en el orden internacional del siglo XIX procedía de la Cuádruple Alianza de 1834: por aquel tratado, España y Portugal se habían alineado con Francia y Gran Bretaña en un bloque de estados constitucionales de Europa occidental, a resguardo de las tendencias vigentes en Europa central y oriental, donde las monarquías autocráticas aún siguieron desempeñando un papel durante muchos años, hasta la Primera Guerra Mundial. Otros dos tratados terminaron de definir el lugar del Estado español en el concierto internacional: el tratado de paz y cooperación con México de 1836, que abrió la senda del reconocimiento de la independencia de los antiguos dominios españoles en América continental, convirtiendo a la España constitucional en un Estado-nación con posesiones coloniales insulares de carácter imperial; y el Concordato con la Santa Sede de 1851, que terminó de legitimar al Estado nacional español con el reconocimiento papal —vital en una nación de amplia mayoría católica— y permitió abordar la reforma de la Iglesia española y la delimitación de funciones entre esta y el Estado. Las fronteras del territorio nacional, que en términos generales permanecían estables y reconocidas desde comienzos del siglo XIX, terminaron de definirse en detalle y sancionarse legalmente durante el proceso de construcción del Estado, mediante tratados bilaterales de límites con Portugal (1864) y con Francia (1856, 1862, 1866 y 1868).

En una época en la que el poderío de las naciones se medía por la capacidad para intervenir militarmente fuera de sus fronteras y para adquirir o mantener posesiones coloniales, el Estado español del siglo XIX también ensayó sus fuerzas en esos terrenos. Cuando las guerras civiles dejaron de estorbar la acción exterior, las fuerzas españolas se hicieron presentes en escenarios diversos, como Portugal (1847), Italia (1849), Cochinchina (1858-1862), Marruecos (1859-1860), México (1861-1862), Chile y Perú (1864-1871).

Pero fue en América, escenario tradicional del dominio español durante la época de la Monarquía histórica, donde el nuevo Estado nacional tanteó las posibilidades de desplegar una política exterior ambiciosa. Ya desde los años 1846-1850, el Gobierno moderado se había implicado en el proyecto de Juan José Flores de instaurar en Ecuador un régimen monárquico, que habría tenido como rey a un hijo de María Cristina de Borbón; la aventura, que contaba con el respaldo de Roma, era más interesante para la familia real que para el Estado español y, en cualquier caso, tenía pocas posibilidades de éxito y acabó fracasando. Más sentido tuvieron las iniciativas de los años sesenta, que aprovechaban la circunstancia de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), que impedía la acción de los Estados Unidos en el hemisferio americano y la aplicación de la doctrina Monroe. En ese contexto fue en el que se produjo la reincorporación temporal de Santo Domingo al dominio español entre 1861 y 1865. En la misma época tuvo lugar la participación española en la expedición franco-británica a México para exigir el pago de la deuda externa al Gobierno de Benito Juárez (1861-1862). Y también la ocupación española de las Islas Chinchas (1864) y la consiguiente guerra naval en el Pacífico contra Chile, Perú, Bolivia y Ecuador en 1865-1866; esta Guerra del Pacífico se terminó con el armisticio de 1871, pero la firma de tratados de paz se demoró hasta 1879 (con Perú y Bolivia), 1883 (Chile) o incluso 1885 (Ecuador).

España, por otra parte, mantuvo hasta finales del siglo XIX su imperio colonial, constituido por Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En Cuba, ese dominio tuvo que afirmarse por la fuerza reiteradamente: primero contra la expedición de Narciso López —que pretendía la anexión de la isla a Estados Unidos— en 1853; luego contra la insurrección independentista de 1868, que dio lugar a la Guerra de los Diez Años hasta la Paz del Zanjón (1878); y finalmente contra la segunda revolución independentista de 1895, que fue contenida por espacio de tres años, hasta que la intervención naval de Estados Unidos precipitó la descolonización de la isla, además de Puerto Rico y Filipinas, por los tratados de París (1898).

Pero hasta llegar a aquel punto final de fracaso de las expectativas imperialistas españolas, los gobiernos de la Restauración se habían atrevido incluso a sostener un conflicto diplomático en 1885 con Alemania, la potencia emergente del momento, en torno a la posesión de las Islas Carolinas. Y se había ido produciendo un viraje hacia un nuevo colonialismo, que miraba como objetivo a África, el escenario en el que medían sus fuerzas los imperialismos europeos. Desde comienzos de la Restauración existían grupos de presión africanistas que propugnaban una penetración española en el continente, como la Asociación Española para la Exploración del África —fundada en 1877— o la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, de 1884. La posición española, asentada sobre la existencia de posesiones históricas en el norte de Marruecos —Ceuta y Melilla— fue reforzada por acciones militares contra Marruecos en 1859-1860 (la Guerra de África) y 1893 (el conflicto de Melilla). En el Golfo de Guinea se había tomado posesión de la isla de Fernando Poo y el territorio de Río Muni en 1840. En 1884 se estableció un protectorado sobre los territorios de Cabo Bojador y Cabo Blanco, en el Sahara occidental. España suscribió el acta final de la Conferencia de Berlín de 1885, en la cual se establecían criterios para la carrera colonialista que por entonces se desataba en África entre las potencias. En el reparto de África que entonces se produciría, a España se le reconoció un estatus de potencia media, con la consolidación de sus posesiones en Guinea y en el Sahara, y la creación de un protectorado en el norte de Marruecos que equilibrara el establecido por Francia sobre la mayor parte de aquel país.

El alineamiento internacional de España con Francia y Gran Bretaña, que había dominado todo el periodo de construcción del Estado y había inspirado grandes aventuras exteriores, como las de México y Cochinchina, hizo quiebra durante el periodo de la Restauración. Cánovas del Castillo, definidor del nuevo régimen, impulsó el alejamiento de compromisos internacionales en pro de una neutralidad que daría como resultado la no participación de España en la Gran Guerra de 1914-1918. Indudablemente, aquel giro estructural en la política exterior española alejó al país del gran juego internacional, privándole de protagonismo en los asuntos mundiales; pero, al mismo tiempo, le ahorró los sufrimientos de la mortífera Guerra del 14 —devastadores, por ejemplo, para las vecinas Francia y Portugal— y le evitó al Estado una prueba de esfuerzo tan arriesgada como la que acabó con los imperios Austro-Húngaro, Otomano, Alemán y Ruso.

En cualquier caso, la decisión de mantenerse neutral entre los bloques de alianzas que se perfilaron en Europa en los años de la Belle Époque no mantuvo a España fuera del concierto internacional. Cuando se habla de aislamiento para referirse a la política exterior de la Restauración, es en términos relativos, pues el Estado español gozaba por entonces de pleno reconocimiento exterior y se hallaba presente en todos los foros diplomáticos. Desde los años sesenta, se produjo un incremento de las conferencias y convenios internacionales que aspiraban a homologar políticas y abordar de forma coordinada la resolución de problemas que superaban el ámbito de los estados nacionales; y España estuvo presente en esas negociaciones como un Estado-nación reconocido e integrado. Pueden recordarse, en ese sentido, la Convención Telegráfica Internacional de 1865 y el Convenio Telegráfico Europeo de 1872, la Conferencia de Bruselas de 1874 sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra, el Convenio internacional del Sistema Métrico de 1875, los convenios para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y 1911, la ya mencionada Conferencia de Berlín sobre el Congo (1885), la Conferencia internacional para la Reglamentación del Trabajo (1890), el Convenio Postal Universal (1891 y 1906), el Reglamento Internacional Marítimo (suscrito por España en 1895), el Convenio Sanitario Internacional (1903), la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado (1904), la Conferencia de Berna para la Protección Obrera (1905), la Conferencia de Paz de La Haya (1907), el Convenio internacional sobre Circulación de Automóviles (1909), la Conferencia sobre Unificación del Derecho Mercantil (1910) y muchas otras.

España fue incluso anfitriona de dos conferencias decisivas sobre Marruecos, la primera en 1880 y la segunda en 1906. La Conferencia de Madrid de 1880, reunida por Cánovas a instancias del sultán de Marruecos, reguló el sistema de las protecciones, que garantizaba derechos especiales para la actividad de los comerciantes extranjeros en aquel país. La Conferencia de Algeciras de 1906 tuvo mayor alcance, pues perfiló a largo plazo el reparto de esferas de influencia en Marruecos, un asunto en el que estaban implicados tanto el control del Estrecho de Gibraltar como las aspiraciones imperiales de Alemania.

Una primera propuesta francesa de reparto de Marruecos —que concedía a España una amplia zona septentrional, hasta la ciudad de Fez— fue rechazada en 1902 por el Gobierno español por no contar con el respaldo británico. En 1904 aquella situación había cambiado, y Gran Bretaña, que había reconocido Marruecos como zona de influencia francesa a cambio de tener las manos libres en Egipto, se interesó por conceder a España el dominio del norte de Marruecos para evitar un posible control francés del Estrecho. En aquel año, pues, las aspiraciones españolas de obtener una presencia colonial en Marruecos se vieron respaldadas por las grandes potencias y se firmó un primer convenio secreto con Francia. España se adhirió a la declaración pública franco-británica relativa al mantenimiento de la integridad territorial de Marruecos, al tiempo que establecía en sus acuerdos secretos un reparto del territorio marroquí. Las pretensiones alemanas en la zona, manifiestas tras el desembarco del káiser Guillermo en Tánger —31 de marzo de 1905— dieron paso a la reunión de la Conferencia de Algeciras. En esta se acordó que España y Francia establecerían sendos protectorados sobre el territorio marroquí, que seguiría nominalmente bajo la soberanía del sultán.

Los primeros intentos españoles por hacer efectiva la penetración militar y económica en el territorio concedido en el norte de Marruecos se saldaron con un fracaso en la masacre del Barranco del Lobo (1909). Tras un nuevo convenio francés de delimitación entre las respectivas zonas de protectorado en 1910, finalmente el protectorado se hizo efectivo con la ocupación del distrito de Larache en 1911, el acuerdo de colaboración con Francia y la proclamación oficial del Protectorado en 1912. Sin embargo, las dificultades para una ocupación y una pacificación completa del territorio chocaron con la rebelión de las cabilas del Rif, que infligieron una nueva derrota al ejército español en el desastre de Annual (1921). Aquel nuevo fracaso ponía en entredicho la capacidad militar de España para hacerse cargo del control del territorio que se le había asignado en el norte de Marruecos. El régimen de la Restauración no consiguió poner en marcha la «solución definitiva» que venían proponiendo los militares; la operación de desembarco se retrasó reiteradamente desde que se planificara por primera vez en 1911; y, de hecho, la cuestión de las responsabilidades por la conducción de la guerra en Marruecos fue uno de los factores que determinaron la crisis final del régimen y el golpe de Estado de Primo de Rivera. Fue el régimen dictatorial que se implantó desde 1923 el que puso en marcha la campaña decisiva para la ocupación de Marruecos con el desembarco de Alhucemas (1925), que vino precedido de un nuevo convenio de colaboración con Francia.866

Este rápido repaso al colonialismo español en África y los epígonos del intervencionismo en América y el Pacífico muestran el alcance de la construcción del Estado cuando se quiso exponer a la prueba de la acción exterior. Por un lado, la capacidad de realizar intervenciones militares en el exterior y de hacerse presente en el nuevo imperialismo que representó el reparto de África muestran un alto grado de consolidación del Estado nacional; la cadena de mando del Estado centralizado funcionaba, el Gobierno era capaz de movilizar los recursos necesarios y de hacer que España fuera tomada en consideración en la esfera internacional. Por otro lado, es evidente que esa capacidad tenía severas limitaciones y que estaban fuera de lugar las aspiraciones de gran potencia. El papel internacional que podía desempeñar España con arreglo a la fuerza de la que disponían su Estado y su ejército era el de una potencia mediana, subordinada a la política mundial de Francia y Gran Bretaña. Los sucesivos fracasos cosechados en Marruecos hasta el desembarco de Alhucemas arrojaron dudas mayores sobre las posibilidades efectivas de España y sobre el tipo de Estado que se había construido en el siglo XIX; tanto más cuanto que venían a continuación de una crisis de confianza mayor vivida en torno al desastre del 98.

La crisis de finales del siglo XIX y los desafíos del XX

La derrota de España en la guerra naval contra los Estados Unidos en 1898 fue un momento decisivo en la historia del Estado. Aunque el Ejército español mantenía controladas las insurrecciones de Cuba y Puerto Rico, que difícilmente podrían haber conducido por sí mismas a la independencia de ambos países, la intervención de Estados Unidos lo cambió todo. Fue una señal de que se terminaba un mundo, el del siglo XIX, y comenzaba otro, el del siglo XX, en el cual los Estados Unidos estaban llamados a desempeñar un papel protagonista de primer orden. Lo que planteaba muchas dudas era el lugar que le tocaba desempeñar a España en ese mundo nuevo, en el que se estrenaba con una humillante derrota. Los Estados Unidos intervinieron para liquidar el colonialismo español en las Antillas y el Pacífico en cumplimiento de un diseño propio de política exterior expansiva, que había hecho de esas zonas del mundo objetivos prioritarios. Los dirigentes españoles, por su parte, carecían de un plan de conjunto y tardaron en comprender el papel secundario que les tocaba aceptar para España en el nuevo orden mundial que se estaba perfilando.

La derrota y la consiguiente pérdida de las colonias ultramarinas provocó un aluvión de reacciones. Según los críticos, España había perdido la guerra, las colonias, el prestigio internacional y el rango de gran potencia porque era un país débil; y era débil por una diversidad de causas, entre las que se aludía a su historia, a su herencia cultural y su mentalidad colectiva, a su economía atrasada, e incluso a la configuración física de su territorio;867 pero también se aludía, y de forma muy insistente, al tipo de Estado que se había formado en el siglo XIX. Los intelectuales salieron al espacio público a sostener posiciones críticas en sustitución de una clase política que, desde su punto de vista, había hecho dejación de sus funciones por no alertar a tiempo de los problemas que el 98 había dejado al descubierto. Se hablaba de una Administración ineficiente, de un régimen político falseado por el caciquismo, de un Estado penetrado por la corrupción y el clientelismo, que determinaban que no llegaran a buen puerto las reformas necesarias. Y, como efecto, tanto las instituciones como la economía y la sociedad española se mostrarían terriblemente anticuadas y muy débiles para enfrentarse a un coloso moderno como era Estados Unidos.

En consecuencia, la guerra de 1898 abrió un periodo de reflexión y una crisis de confianza en las capacidades del país, del régimen de la Restauración y del Estado español en general. La crisis fue fundamentalmente moral e intelectual, ya que las críticas y las dudas no fueron acompañadas de ninguna quiebra significativa en las instituciones. A pesar de mantenerse en el terreno de las ideas, aquella inflexión de fin de siglo reviste un gran interés desde el punto de vista histórico: en primer lugar, porque sacó a la luz problemas y defectos silenciados hasta entonces en aras del consenso y de la estabilidad; en segundo lugar, porque los nuevos discursos críticos no pudieron ser obviados por la clase política y acabaron exigiendo de esta reformas y cambios reales; y en tercer lugar, porque, como consecuencia de las dos razones anteriores, la literatura crítica de aquella época proporcionó el guion con arreglo al cual se desarrollaría después la lenta agonía de la Monarquía de la Restauración, entre 1898 y 1931.868

Nada más llegar a España noticias sobre el alcance de la derrota en la guerra contra Estados Unidos, proliferaron las reflexiones que extraían como conclusión una crítica al régimen político vigente. Se denunciaba el mal funcionamiento y la falsedad del sistema político, el atraso político y económico con respecto a Europa... en una carrera por marcar distancias con respecto a la vieja forma de hacer las cosas, que parecía condenada a desaparecer y carecía de defensores dispuestos a hundirse con ella. Se sucedieron las declaraciones de tono apocalíptico en las Cortes y en la prensa —procedentes de todo el espectro político— que anunciaban grandes catástrofes si no se ponía remedio a los males de la España de la Restauración. Un conservador como el marqués de Aguilar de Campoo decía en el Senado: «Las cosas que han pasado en España son de tal naturaleza que se impone una vida nueva». Un liberal-demócrata como José Rivera se expresaba en términos similares:

Ciego está el que no vea los males que se avecinan; pues creer, como algunos creen, que después de perder nuestro imperio colonial, después de haber aniquilado el Tesoro de nuestra Patria y después de la pérdida de miles y miles de soldados, aquí no va a pasar nada, y las cosas van a quedar, poco más o menos como están ahora, y van a seguir gobernando los mismos hombres que nos han llevado a la derrota, los que tal piensan y creen están realmente ciegos869.

Cada uno desde su punto de vista, todos veían inconcebible que las cosas pudieran seguir igual; y, sin embargo, el régimen no desapareció, y el Estado se mantuvo en la línea de los decenios anteriores, bajo la monarquía constitucional de Alfonso XIII, quien inició su reinado personal al ser declarado mayor de edad poco después del desastre, en 1902.

Una idea se imponía en la retórica de aquel momento, y era la idea de regeneración. Dicha idea partía de una metáfora organicista de las que estaban tan de moda en el pensamiento occidental a finales de siglo, por influencia del evolucionismo organicista basado en el pensamiento de Herbert Spencer. La analogía entre los asuntos sociales y los asuntos naturales y, más concretamente, entre la evolución social de la humanidad y la evolución de los organismos vivos de la naturaleza, permitía explicar la decadencia de España como un país viejo y enfermo, incapaz de enfrentarse a países jóvenes y fuertes como Estados Unidos. Unido a estas metáforas organicistas venía también un lenguaje racista, muy extendido en todo el mundo occidental a finales del siglo XIX y en los primeros decenios del XX. Tomando la idea darwinista de la selección natural de las especies, algunos autores plantearon por analogía la existencia de una selección natural de las razas a través de la guerra, de la competencia económica y de la lucha política; en esa competencia solo lograban sobrevivir las razas superiores, que eran las que imponían su poder a las demás.

A esta idea era a la que se refería, sin duda, Lord Salisbury, cuando en un famoso discurso de la época se refirió a España como una de las «naciones moribundas» de raza latina que debían dejar paso —por su comprobada falta de vitalidad— a la hegemonía de las razas nórdicas y de los anglosajones en particular; esta interpretación de la guerra de 1898 fue muy corriente en todo el mundo, e incluso en España. También puede adscribirse a este modelo de pensamiento racista y darwinista la argumentación de Francisco Silvela cuando, en los primeros años del siglo XX, proponía que España hiciera notar su vitalidad ante el mundo lanzándose de nuevo a la carrera colonial en tierras africanas; y decía, de paso, que la colonización española de Marruecos estaba inscrita en la lógica natural de las cosas, dada la evidencia de que los «moros» constituían una raza inferior e incapaz de llevar por sí misma una vida civilizada. Las ideas del determinismo biológico y de la raza están implícitas en los escritos de autores como Baroja, Robert, Madrazo, Gener o Ramón y Cajal, que no escapaban a las tendencias dominantes en el pensamiento europeo de la época.

Acogiéndose a una de esas metáforas organicistas, tan propias de la cultura de fin de siglo, se daba por sobreentendido que el hundimiento de España había sido de tal alcance que era necesario que volviera a nacer, que se re-generara por completo.870 La calculada ambigüedad de este concepto de regeneración permitía que en él se vieran reflejadas las expectativas de cambio de sectores muy distintos, cuyas intenciones concretas se mantenían en la penumbra, esperando que de la indefinición viniera la aceptación o la esperanza. En torno a esa idea ambigua de la regeneración, lo que se produjo fue un cambio de discurso, apenas acompañado por novedades relevantes en el terreno de las actuaciones políticas. Con la particularidad de que aquel nuevo discurso que se fue imponiendo entre la clase política procedía de fuera de sus confines: era la apropiación por los políticos dinásticos del lenguaje que habían acuñado en los años anteriores un grupo de intelectuales que conocemos como regeneracionistas.

La palabra regeneracionismo, en sentido estricto, define el movimiento intelectual de una serie de autores que, en la última década del siglo XIX y la primera del XX reflexionaron en un tono angustiado, pero a la vez pretendidamente científico, sobre los problemas de España y las posibles vías para solucionarlos, con la mirada puesta en un resurgimiento del esplendor que creían perdido por la «patria»: autores como Lucas Mallada, Ricardo Macías Picavea, Joaquín Costa, Julio Senador Gómez, César Silió, Damián Isern, Vital Fité, Luis Morote, Tomás Giménez Valdivieso... El influjo de estas preocupaciones se dejó sentir también entre muchos escritores de la época, que plasmaron en su literatura la misma pasión desgarradora por encontrar la identidad de España, la causa de su decadencia y las vías para regenerarla; por esa razón, a veces se incluyen también bajo la etiqueta de regeneracionismo los ensayos de Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y Ramiro de Maeztu; y, con más dudas, algunas obras de Clarín, Emilia Pardo Bazán o Abelardo Pérez de Ayala.

Hay quien habla incluso de un regeneracionismo académico, que pasaría las preocupaciones patrióticas por el tamiz de los saberes y modos de expresión típicamente universitarios, y que incluiría a autores como Francisco Giner de los Ríos, Adolfo Posada o Rafael Altamira. O quien, tomando en cuenta la vitalidad cultural de las regiones periféricas en las décadas del cambio de siglo, distingue un regeneracionismo de sensibilidad regionalista, que enlazaría con las raíces de los nacionalismos: Valentí Almirall, Víctor Balaguer, Joan Mañé y Flaquer, Pompeyo Gener, Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Miguel de los Santos Oliver, Alfredo Brañas, Blas Infante, Arturo Campión, Pedro Pérez Díaz... Por último, pero no menos importante, existiría un regeneracionismo de Estado, encarnado en algunos políticos de la Restauración que llevaron las ansias de cambio hasta el pleno de las Cortes o las sesiones del Consejo de Ministros, como Francisco Silvela, Antonio Maura, Joaquín Sánchez de Toca o Santiago Alba. La apropiación del discurso regeneracionista por estos últimos debió de resultar doblemente frustrante para los intelectuales como Costa o Mallada, los cuales habían concebido el discurso crítico del regeneracionismo para deslegitimar al régimen, y hubieron de ver cómo su arsenal de conceptos y argumentos era empleado en sentido contrario por los políticos de siempre: para tranquilizar conciencias inquietas y aparentar voluntades de cambio sin que, a la postre, el sistema de la Restauración sufriese trastornos de ningún tipo. En todo caso, la amplitud que adquirió este tipo de discurso justifica el que se haya denominado a la época toda del cambio de siglo como era del regeneracionismo.

Puesto que la crisis era sobre todo moral, se encuentra en la mayor parte de los autores que escribieron por entonces, denunciando la situación o proponiendo soluciones, un indudable tono nacionalista. Era la identidad nacional la que estaba en quiebra, la confianza en las fuerzas de la nación española; y para su regeneración se proponía, de manera invariable, alguna forma de vuelta al espíritu genuino de la nación, en el que se esperaba encontrar una reserva inagotable de energía y de remedios para los males de la patria.871 Cabe preguntarse si en estas reflexiones finiseculares no estaba apareciendo un nuevo sentido de lo nacional en España: si el sentido liberal de la nación como comunidad política no estaba siendo reemplazado por una concepción de tipo esencialista, más propiamente nacionalista, que buscaba en una supuesta idiosincrasia española la clave para relanzar la construcción nacional.872

La nación estaba en discusión, pues, a finales del siglo XIX. Pero también la cuestión del Estado ocupó desde el comienzo un lugar central en las críticas de aquella era regeneracionista; a fin de cuentas, era el Estado, eran el Gobierno, la administración colonial, el Ejército, la Armada y la diplomacia del Estado quienes habían provocado con sus errores e incapacidades la pérdida de las colonias. De ahí que gran parte de las críticas apuntaran hacia una regeneración del Estado, superando los bloqueos y los vicios que este tenía desde tiempos de Isabel II y que la Restauración había mantenido y consolidado. Por ejemplo, la cuestión del fraude electoral estuvo siempre en el centro de las críticas: no podía mantenerse un Estado supuestamente representativo, pero en el cual era práctica común manipular las elecciones e ignorar la voluntad nacional. Esta crítica, con la alternativa de poner en pie un sistema político verdaderamente parlamentario, estaba presente desde los precursores del regeneracionismo antes del 98, como Gumersindo de Azcárate.873

Estos temas siguieron formando parte del argumentario principal de la crítica al Estado durante toda la crisis de fin de siglo. Joaquín Costa sintetizó buena parte de aquellas críticas, poniendo en el centro la denuncia de una constitución no escrita que se basaba en el poder de la oligarquía y el funcionamiento caciquil de las instituciones.874 Tanto en la obra y el activismo de Costa como en Basilio Paraíso apuntaba, además, otra cuestión: la del corporativismo. Se acusaba al viejo Estado liberal de haber sido insensible a los intereses económicos y sociales presentes en la sociedad, ocluidos por un sistema de representación teórica basado en el pleno individualismo del ciudadano como sujeto abstracto, pero que además en la práctica se corrompía con un falseamiento que conducía a que la oligarquía dominante solo se representara a sí misma. Como alternativa, se proponía una reforma del Estado que diera voz a los intereses agrícolas, industriales, profesionales, de los que se esperaba una dinamización del país.

Las soluciones propuestas eran de lo más diversas; pero en general hablaban de superar el viejo modelo de Estado recibido del XIX, que era el que se daba por fallido. Se había perdido la confianza en los partidos y las elecciones como mecanismos básicos de representación y de legitimación del poder. Se había perdido la confianza en la Administración pública como garante del progreso de la nación. Si algunos se deslizaban por esa pendiente hacia la justificación de un gobierno autoritario que reformara el Estado —el propio Costa clamó por un «cirujano de hierro»—, otros buscaban la transformación del régimen liberal en una verdadera democracia, tal vez pasando de la monarquía a la república como forma de Estado.875

En todo caso, se hablaba de un Estado con responsabilidades nuevas, lo cual implicaba la necesidad de transformar las instituciones para desempeñar nuevas funciones. En particular, se hablaba de tres campos en los que el Estado podría pasar de ser el problema a constituir la solución: en primer lugar, el desarrollo económico, avanzando hacia un Estado intervencionista que impulsara mediante las obras públicas y las inversiones activas la recuperación del evidente atraso de España; en segundo lugar, la cohesión social, con un Estado mediador en las relaciones laborales y comprometido en la lucha contra la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y la amortiguación de la conflictividad; y en tercer lugar, la educación.

Para muchos regeneracionistas, el problema de la postración de España tenía que ver precisamente con el fracaso de la Instrucción Pública y el descuido general en el que se había dejado la enseñanza por parte del Estado: en parte abandonándola en manos de las órdenes religiosas, en parte de unos ayuntamientos sin recursos para atender debidamente al sostenimiento de las escuelas y los maestros. Las altas tasas de analfabetismo que aún tenía la población española a finales del XIX se exhibían como una muestra del fracaso del ideal pedagógico de la Ilustración; y, más allá del analfabetismo dominante entre las masas obreras y campesinas, había un problema general de ignorancia, falta de capacitación técnica, enseñanzas anticuadas… El problema de España, pues, era de educación: en las carencias educativas se hallaba la explicación del atraso y la inferioridad que supuestamente habían quedado demostradas por la derrota del 98. Giner de los Ríos, que había creado la Institución Libre de Enseñanza en 1876 para proveer un tipo de educación alternativa a la que proporcionaban las instituciones estatales y eclesiásticas en la época de la Restauración, actualizó esa preocupación bajo el impacto del desastre.876

La crisis de fin de siglo, con el trauma colectivo que desencadenó el desastre de 1898, sin embargo, no produjo ninguna de las grandes catástrofes anunciadas, ni una revolución ni un cambio profundo del sistema político. El régimen de la Restauración siguió su andadura durante un cuarto de siglo más, en el que se siguió reformando y completando el Estado liberal sin romper los moldes con los que había sido creado a lo largo del siglo.

No obstante, la crisis tuvo una gran trascendencia. Por un lado, porque sirvió para poner en circulación un conjunto de análisis y diagnósticos de los problemas que aquejaban al Estado español, a partir de los cuales los diferentes grupos y movimientos políticos reorientaron sus propuestas de futuro. Por otro lado, porque la crisis creó un cierto grado de acuerdo entre conservadores y liberales sobre los problemas que lastraban el funcionamiento del Estado español. Las reformas empezaron a producirse con un ritmo lento, pero sostenido, en un ciclo que abarca todo el primer tercio del siglo XX. Si en el terreno fiscal se produjeron —como ya se ha señalado— la reforma de Fernández Villaverde (1899-1900), el levantamiento del catastro a partir de 1906 y la «reforma tributaria silenciosa» del primer tercio de siglo, en otros terrenos se produjeron cambios graduales de carácter similar. No es casualidad, por ejemplo, que en 1900 se creara el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, como reconocimiento de la necesidad de impulsar con más decisión la educación y la cultura desde el Estado.

Los grandes debates en torno al Estado que se apuntaron bajo el régimen de la Restauración y que siguieron desarrollándose a lo largo del siglo XX daban por sentado el hecho cierto de que el Estado existía; y que era un Estado nacional. En adelante, no se discutiría sobre ese hecho consumado, sino sobre las posibilidades de reforma de ese Estado. Surgieron tres grandes líneas de reforma susceptibles de generar enfrentamientos y conflictos. Una de ellas era la cuestión de la democratización del Estado; más exactamente, la cuestión de si la monarquía constitucional podía evolucionar hacia una monarquía democrática —como intentaron los reformistas de los primeros decenios del siglo XX—, si la democracia solo era posible cambiando la forma del Estado para instaurar una república —como se hizo en 1931— o si la modernización y la paz quedaban mejor aseguradas mediante un régimen autoritario, como sostendrían los partidarios de la dictadura después del golpe de Estado de Primo de Rivera (1923).

La segunda línea de reforma y discusión tenía que ver con el ensanchamiento —o no— de las funciones del Estado hacia una mayor intervención en la vida económica y social, particularmente asumiendo la mediación en las relaciones laborales y una legislación protectora de los trabajadores; es decir, si el Estado debía mantenerse fiel al laissez faire del liberalismo económico o tenía que abordar la creciente conflictividad social implicándose en la garantía de alguna forma de seguridad social. Ocasionalmente, ese debate se ligaba con el del Estado corporativo, que planteaba la posibilidad de reformar institucionalmente el Estado en una dirección que diera cabida a la participación de las corporaciones representativas de intereses sociales y no solo a la representación de individuos y territorios.

Por último, la tercera línea de conflicto —pero no la menos importante— sería la de la posible descentralización del Estado frente al mantenimiento de la estructura centralista con la que había nacido. Este asunto iba ligado al cuestionamiento de la identidad nacional española, ampliamente consensuada en el siglo XIX, por el surgimiento de movimientos regionalistas y nacionalistas que, desde la periferia, criticaban el uniformismo y reclamaban identidades alternativas con consecuencias políticas.

Esta última dimensión del debate sobre la reforma del Estado tiene una gran importancia, por la estrecha relación que se había establecido desde la época de la Revolución entre nación y Estado. El Estado se concebía como la emanación institucional de la nación, pero también como el constructor de la nación mediante políticas activas de integración, de uniformización y de identificación simbólica. Durante gran parte del siglo XIX esas políticas no generaron prácticamente resistencias, pues existía un consenso muy extendido sobre la existencia de la nación española y sobre la conveniencia de que el ámbito de la política y del Estado fuera, precisamente, el de España.

Ese consenso se rompió en parte a finales del siglo XIX, cuando aparecieron simultáneamente movimientos regionalistas de tendencia descentralizadora por toda España; y sobre todo, dos movimientos que iban más allá del regionalismo y ponían en entredicho la unidad nacional, identificando identidades nacionales alternativas en Cataluña y el País Vasco. En medio de la gran crisis nacional que vivió España en los años noventa —y que culminó con el desastre del 98—, la proclamación de las Bases de Manresa (1892) hizo aparecer un catalanismo político en conflicto frontal con la idea del Estado nacional español definida a lo largo del siglo; bajo la dirección de Enric Prat de la Riba, el movimiento tomó forma política muy pronto con la creación de la Lliga Regionalista de Cataluña en 1901. Y obtuvo un primer triunfo descentralizador con la creación de la Mancomunidad catalana en 1914. De forma paralela, el discurso nacionalista de Sabino Arana dio lugar a la fundación del Partido Nacionalista Vasco en 1895. Tanto Prat de la Riba como Arana se enfrentaban a la continuidad del Estado español desde una idea de nación de inspiración étnico-cultural, deudora del romanticismo alemán.877

Esta reacción defensiva de las clases medias urbanas del País Vasco y Cataluña tuvo mucho que ver, sin duda, con la forma en que se desarrolló en ambas regiones la industrialización, pionera con respecto al resto de España tras imponerse sobre otras posibilidades, como la andaluza. El rechazo a los cambios de la modernidad, a la transformación de la vida por el capitalismo industrial y, sobre todo, a la afluencia masiva de trabajadores inmigrantes procedentes de otras zonas de España, estuvieron en la base del éxito de los nuevos nacionalismos catalán y vasco. Pero hubo otro factor que es aludido con menos frecuencia y que tiene que ver con la construcción del Estado de la que este libro trata. Ese factor fue el propio éxito de la construcción estatal, el desarrollo de las vías de comunicación y de los medios administrativos que hicieron posible, bajo el régimen de la Restauración, un control centralizado del territorio como nunca antes había podido ejercer gobierno alguno.

En los últimos decenios del siglo XIX, el Estado se hizo presente de forma directa en la totalidad del territorio, poniendo fin al espléndido aislamiento del que habían disfrutado las elites locales y regionales durante siglos. Cada vez resultaba menos necesario para los gobernantes de Madrid negociar con los notables locales para obtener información, recaudar impuestos, reclutar soldados o hacer que las leyes se cumplieran; una Administración pública suficientemente densa y eficaz había alterado el equilibrio de fuerzas. La experiencia de ver llegar al Estado hasta las puertas de la casa despertó en las elites de las regiones más ricas y avanzadas el deseo de disponer de su propio estado como instrumento de poder exclusivo, o, al menos, de una autonomía que impidiera la intromisión del Gobierno central en «sus» asuntos. Así pues, la rebelión anticentralista de finales de siglo solo se entiende como consecuencia del éxito en la construcción del Estado, que históricamente puede darse por concluido en esas fechas.

Si al éxito en el despliegue de la Administración pública y, consiguientemente, en la capacidad para controlar el territorio desde el Estado, se le añade el desastre del 98, que demostró la debilidad de España en el concierto internacional, se entiende mejor la búsqueda de alternativas como las que ofrecían los nacionalismos catalán y vasco. Con la humillación del 98 —que puede verse como el eslabón final de una larga cadena de repliegues de la que antaño fuera gran potencia imperial— seguir formando parte de España podía parecer menos atractivo que las promesas de una nueva nacionalidad. Tanto más cuanto que la propia crisis colonial había producido en España un auge del nacionalismo esencialista y una exacerbación del discurso patriótico. Había aparecido un verdadero nacionalismo español, muy distinto del patriotismo constitucional característico del siglo XIX; un nacionalismo español que bebía en fuentes intelectuales muy parecidas a las del catalanismo y el nacionalismo vasco. La Real Academia Española tomó nota en 1925 de esta innovación semántica, en su 15.ª edición del Diccionario, que por primera vez se llamó de la lengua española y no castellana: junto a las acepciones tradicionales del término nación, se añadió entonces la de «conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común».878

803 Borja de Riquer, «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia Social, n.º 20 (s. f.), 97-114.

804 Juan Pro, «The Origins of State Bureaucracy in Nineteenth Century Spain», en Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux y Michael Braddick (eds.), Administrate, Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia (Newcastle: Cambridge Scholars, 2016), 132-167.

805 Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Zamora como gobernador de ella desde 12 de agosto de 1853 hasta 17 de julio de 1854 (Zamora: Instituto Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1985); Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Cádiz, como gobernador de ella desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo de 1863 (Cádiz: Caja de Ahorros, 1986); Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla como gobernador de ella desde 11 de junio hasta 24 de octubre de 1863 (Sevilla: Guadalquivir, 1993); Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla como gobernador de ella por segunda vez, desde 1 de marzo de 1876 hasta 5 de agosto de 1878, 3 vols. (Sevilla: Guadalquivir, 1993); Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Málaga como gobernador de ella desde 6 de diciembre de 1857 hasta el 15 de febrero de 1863, 4 vols. (Sevilla: Guadalquivir, 1995); Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Granada como gobernador de ella desde 27 de noviembre de 1863 hasta 25 de enero de 1864 (Sevilla: Guadalquivir, 1996).

806 Real Decreto de 21 de agosto de 1809 por el que se crea una municipalidad en Madrid y se señalan las funciones del corregidor, en Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor don José Napoleón I desde el año de 1808, 3 vols. (Madrid: Imprenta Real, 1810). Prontuario de las leyes, t. I, pp. 310-311; Real Decreto de 4 de septiembre de 1809 para la creación de nuevas municipalidades en todo el Reyno, Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor don José Napoleón I desde el año de 1808, 3 vols. (Madrid: Imprenta Real, 1810), t. I, pp. 331-334; Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813 aprobando la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, en Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalacion en 24 de setiembre de 1810 hasta 14 de Setiembre de 1813, t. 4, pp. 112-135.

807 Según Federico José Ponte Chamorro, «Administración y gobierno municipal en el siglo XIX: Madrid, 1845-1876. Un modelo de estudio de la Administración local» (Universidad Autónoma de Madrid, 2000), cit. por Joaquín del Moral Ruiz, «Las funciones del Estado y la articulación del territorio nacional: símbolos, Administración pública y servicios», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 17-358, esp. pp. 76-77.

808 Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868) (Madrid: Alianza Editorial, 1979); María de los Ángeles Hijano Pérez, El pequeño poder: el municipio de la Corona de Castilla: Siglos XV al XIX (Madrid: Fundamentos, 1992), 144-148.

809 Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813 aprobando la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, en Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalacion en 24 de setiembre de 1810 hasta 14 de Setiembre de 1813, t. IV, pp. 112-135; Decreto XLV de 3 de febrero de 1823 dictando la Ley para el gobierno económico-político de las provincias, en Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias, t. X, pp. 171-222; Ley provincial de 20 de agosto de 1870, Gaceta de Madrid, n.º 233, 21 de agosto, pp. 20-23; Ley de 16 de diciembre de 1876 reformando las leyes municipal y provincial de 20 de Agosto de 1870, Gaceta de Madrid, n.º 352, 17 de diciembre, pp. 691-692; Ley provincial de 2 de octubre de 1877, Gaceta de Madrid, n.º 277, 4 de octubre, pp. 46-48; Ley orgánica provincial de 29 de agosto de 1882, Gaceta de Madrid, n.º 244, 1 de septiembre, pp. 657-661.

810 Ley de 5 de julio de 1856 de Organización y Administración municipal, Gaceta de Madrid, n.º 1280, 6 de julio, pp. 1-4; Ley municipal de 20 de agosto de 1870, Gaceta de Madrid, n.º 233, 21 de agosto, pp. 14-20.

811 Real Decreto de 23 de julio de 1835 relativo a la reorganización de los cuerpos municipales: arreglo provisional de los Ayuntamientos de la Península é Islas adyacentes, Gaceta de Madrid, n.º 206, 24 de julio, pp. 1-4; Ley de 14 de julio de 1840 de organización y atribuciones de los ayuntamientos, sancionada en Barcelona á 14 de Julio de 1840, y mandada publicar por S.M. en 30 de Diciembre de 1843, con las modificaciones contenidas en el Real decreto de la misma fecha, Gaceta de Madrid, n.º 3395, 31 de diciembre de 1843, pp. 1-3; Ley de 8 de enero de 1845 de organización y atribuciones de los ayuntamientos, Gaceta de Madrid, n.º 3776, 15 de enero, pp. 1-3; Ley municipal de 2 de octubre de 1877, Gaceta de Madrid, n.º 277, 4 de octubre, pp. 39-46.

812 Los debate están recogidos en Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, Legislatura de 1840, núms. 26 a 90, 21 de marzo a 5 de junio de 1840; y Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, Legislatura de 1840, núms. 58 a 63, 20 a 27 de junio de 1840. Han sido analizados por Javier Pérez Núñez, «Los debates parlamentarios de la Ley municipal de 1840», Revista de Estudios Políticos, n.º 93 (1996), 273-291.

813 Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868) (Madrid: Alianza Editorial, 1979).

814 Dirección General de Estadística, Anuario estadístico de España 1866-1867 (Madrid, 1867).

815 Joaquín del Moral Ruiz, «Las funciones del Estado y la articulación del territorio nacional: símbolos, Administración pública y servicios», en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez: Estado y territorio en España, 1820-1930: la formación del paisaje nacional (Madrid: La Catarata-Universidad Rey Juan Carlos, 2007), 17-358, especialmente pp. 131-134.

816 Ley de 9 de diciembre de 1881 creando los cargos de Delegados de Hacienda para ejercer la Autoridad económica superior en las provincias, Gaceta de Madrid, n.º 345, 11 de diciembre, pp. 607-608.

817 Ley de 24 de junio de 1885 reorganizando la Administración de Hacienda en las provincias, Gaceta de Madrid, n.º 177, 26 de junio, p. 905; Real Decreto de 14 de enero de 1886 reorganizando el servicio de la Administración provincial de Hacienda, Gaceta de Madrid, n.º 18, 18 de enero, pp. 145-146.

818 Ley de 11 de mayo de 1888 creando y organizando Administraciones subalternas de Hacienda en las poblaciones en que, no siendo capitales de provincia, existan Juzgados de primera instancia ó Registro de la propiedad, ó tengan 20.000 ó más habitantes, Gaceta de Madrid, n.º 138, 17 de mayo, pp. 501-502.

819 Ley de 30 de junio de 1892 fijando los gastos del Estado y los ingresos para el año económico de 1892 á 1893, Gaceta de Madrid, n.º 183, 1 de julio, pp. 1-13.

820 Carlos Palacios Escario, «La organización de las delegaciones de Hacienda durante los últimos cien años (1881-1981)», en Las Delegaciones de Hacienda: su historia (1881-1981) (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1981), 1217-1270.

821 Real Decreto de 16 de junio de 1924 organizando los Tribunales económico-administrativos central y provinciales, Gaceta de Madrid, n.º 169, 17 de junio, pp. 1346-1351; y Real Decreto de 21 de junio de 1924 reorganizando los servicios centrales y provinciales del ramo de Hacienda, Gaceta de Madrid, n.º 176, 24 de junio, pp. 1484-1487.

822 Real Decreto de 10 de marzo de 1881 dando nueva organización á la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, y disponiendo se denomine en lo sucesivo Dirección general de lo Contencioso del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 70, 11 de marzo, pp. 673-674; Real Decreto de 16 de marzo de 1886 reorganizando el servicio de lo Contencioso del Estado, Gaceta de Madrid, n.º 79, 20 de marzo, pp. 859-860; Reglamento orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado de 5 de mayo de 1886, Gaceta de Madrid, n.º 126, 6 de mayo, pp. 355-357.

823 Real Decreto de 14 de febrero de 1879 aprobando las bases para la organización del servicio agronómico en España, Gaceta de Madrid, n.º 47, 16 de febrero, p. 445; Real Decreto de 20 de enero de 1882 reorganizando el servicio agronómico, Gaceta de Madrid, n.º 23, 23 de enero, pp. 332-333; Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 aprobatorio del reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, Gaceta de Madrid, n.º 349, 15 de diciembre, pp. 741-743.

824 Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burócratas: Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923 (Madrid: Siglo XXI, 1989), 46-56.

825 Juan Pro, «La Administración de la Hacienda en el siglo XIX y la función inspectora», en Juan Pan-Montojo (coord.), Los inspectores de Hacienda: una mirada histórica (Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2007), 1-26.

826 Real Decreto de 29 de diciembre de 1849, Gaceta de Madrid, n.º 5632, 31 de diciembre, pp. 1-2.

827 Decreto de 21 de enero de 1871 creando el cuerpo general de Inspectores de Hacienda, Gaceta de Madrid, n.º 22, 22 de enero, pp. 169-170.

828 Real Decreto de 24 de febrero de 1881 disponiendo que el servicio de inspección de la Administración económica provincial le constituya en adelante un Centro directivo que se crea, denominado Inspección general de la Hacienda pública, á cargo de un Jefe superior de Administración, Gaceta de Madrid, n.º 57, 26 de febrero, pp. 551-553.

829 Real Decreto de 5 de febrero de 1884 suprimiendo los cargos que constituyen la planta del personal de la Inspección general de la Hacienda pública, y disponiendo que desempeñen el servicio de inspección de la Administración económica provincial cinco Inspectores con la denominación que se expresa, Gaceta de Madrid, n.º 37, 6 de febrero, pp. 363-364; Real Decreto de 28 de enero de 1886 reorganizando el servicio de inspección de la Administración económica provincial, que será desempeñado por una oficina central en el Ministerio de Hacienda y se denominará Inspección general de Hacienda pública á cargo de un Jefe superior de Administrador, Gaceta de Madrid, n.º 29, 29 de enero, pp. 266-268.

830 Real Decreto de 30 de marzo de 1926; y Real Orden de 13 de julio de 1926 aprobando el Reglamento y modelos, que se insertan, para ejecución del Real decreto de 30 de Marzo último, estableciendo nuevas bases para el ejercicio de la inspección de la Hacienda pública, Gaceta de Madrid, n.º 199, 18 de julio, pp. 413-439.

831 Ley de 23 de marzo de 1906 del Catastro Parcelario de España, Gaceta de Madrid, n.º 83, 24 de marzo, pp. 1156-1159.

832 Real Decreto de 23 de octubre de 1913 aprobando el Reglamento provisional para la ejecución y conservación del Avance Catastral de la riqueza rústica y pecuaria en la parte que las Leyes de 23 de Marzo de 1906 y 29 de Diciembre de 1910 confían a este Ministerio, Gaceta de Madrid, n.º 298, 25 de octubre, pp. 219-229.

833 Ley de 6 de agosto de 1932 relativa al Catastro de la riqueza rústica, Gaceta de Madrid, n.º 222, 9 de agosto, pp. 1034-1036.

834 Juan Pro, Estado, geometría y propiedad: los orígenes del catastro en España, 1715-1941 (Madrid: Ministerio de Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992).

835 Juan Pro, «A concepção política do território e a construção do Estado espanhol: cartografia, cadastro e administração (1830-1930)», en Pedro Tavares de Almeida y Rui Miguel C. Branco (coords.), Burocracia, Estado e Território. Portugal e Espanha, séculos XIX-XX (Lisboa: Horizonte, 2007), 183-202.

836 Juan Pro, «La cuestión de la reforma tributaria en Argentina y en España: la crítica a la Hacienda del siglo XIX y los desafíos del XX», en María Sierra, Juan Pro y Diego Mauro (eds.), Desde la Historia: Homenaje a Marta Bonaudo (Buenos Aires: Imago Mundi, 2014), 155-188.

837 Ley de 2 de agosto de 1899 suspendiendo la amortización de la Deuda del Estado al 4 por ciento amortizable y de las Obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas, Gaceta de Madrid, n.º 216, 4 de agosto, pp. 429-430; Ley de 27 de marzo de 1900 estableciendo la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, Gaceta de Madrid, n.º 92, 2 de abril, pp. 29-31.

838 Gabriel Solé Villalonga, La reforma fiscal de Villaverde, 1899-1900 (Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1967); Francisco Comín et al., Villaverde en Hacienda, cien años después, Monografías de Hacienda Pública Española, I (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1999).

839 Enrique Fuentes Quintana, «La ideología de la reforma tributaria silenciosa», Hacienda Pública Española, n.º 42 (1976), 105-144.

840 El documento más relevante de los que fijaron el diagnóstico y la doctrina de la reforma es, sin duda, la Memoria de 1913, reproducida en «Memoria de la Dirección General de Contribuciones, año 1913», Revista de economía política, n.º 19 (1957), 1005-1098.

841 Ley de 29 de abril de 1920 modificando las tarifas de la Contribución de Utilidades, Gaceta de Madrid, n.º 121, 30 de abril, pp. 380-386. Juan Pro, «Gabino Bugallal y la Hacienda en la crisis de la Restauración», en Francisco Comín y Pablo Martín Aceña (dirs.): La Hacienda desde sus ministros: del 98 a la guerra civil (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000), 189-220; Juan Pro, «Gabino Bugallal (1861-1932): conservar a Restauración», en Rafael Vallejo, Juan Pro y Juan Pan-Montojo: Cobián, González Besada e Bugallal: tres ministros galegos na crise da Restauración (Pontevedra: Diputación Provincial de Pontevedra, 2005), 225-314.

842 Ley de 20 de diciembre de 1932 disponiendo que, a partir del ejercicio económico de 1933, se exigirá en todas las provincias del territorio de la República una contribución general sobre la renta, Gaceta de Madrid, n.º 358, 23 de diciembre, pp. 2059-2064.

843 Real Decreto de 9 de abril de 1900 reformando el Cuerpo de Geodestas y el de Topógrafos, Gaceta de Madrid, n.º 100, 10 de abril, p. 159.

844 Mario Ruiz Morales, Los ingenieros geógrafos: origen y creación del cuerpo (Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2003).

845 Instituto Geográfico y Estadístico, Censo de la poblacion de España, según el empadronamiento hecho en 31 de Diciembre de 1877, 2 vols. (Madrid: Imp. de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1883).

846 Instituto Geográfico y Estadístico, Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la Península e islas adyacentes en 31 de diciembre de 1887, 2 vols. (Madrid: Imp. de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1892); Instituto Geográfico y Estadístico, Resultados provisionales del Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la Península é Islas adyacentes el 31 de Diciembre de 1897 (Madrid: Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1899).

847 Ley de 3 de abril de 1900 disponiendo que el censo de la población se verifique el 31 de Diciembre de 1900, Gaceta de Madrid, n.º 94, 4 de abril, p. 61.

848 Instituto Geográfico y Estadístico, Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes el 31 de Diciembre de 1900, 4 vols. (Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1902); Instituto Geográfico y Estadístico, Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes el 31 de diciembre de 1910, 3 vols. (Madrid: Imp. de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1913); Dirección General de Estadística, Censo de la población de España según el empadronamiento realizado en 31 de diciembre de 1920, 6 vols. (Madrid, 1922); Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, Censo de la población de España. Tomo primero: según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes y posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de diciembre de 1930, 15 vols. (Madrid: Talleres del Instituto Geográfico y Catastral, 1932).

849 Instituto Geográfico y Estadístico, Movimiento de la población de España en el decenio de 1861 a 1870 (Madrid: Imp. de Aribau y C.ª, 1877).

850 Instituto Geográfico y Estadístico, Movimiento de la población en España, 1868-1892 (Madrid, 1895); Dirección General de Estadística, Movimiento natural de la población de España 1918 (Madrid, 1923); Jefatura Superior de Estadística, Movimiento 1919-1920, 1921-1923 (Madrid, 1921); Jefatura del Servicio General de Estadística, Movimiento 1924-1925-1926 (Madrid, 1929).

851 Instituto Geográfico y Estadístico, Estadística de la emigración e inmigración de España en los años de 1882-1890, 1891-1895, 1896-1900, 1901-1902, 1903-1906, 1907-1908, 1909-1911, 7 vols. (Madrid: Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1891).

852 Instituto Geográfico y Estadístico, Estadística de pasajeros por mar, 1912-1913, 1914, 1915, 1916, 1917-1918, 5 vols. (Madrid: Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico, 1914); Dirección General de Estadística, Estadística de pasajeros por mar, 1919 (Madrid: Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico, 1923); Jefatura Superior de Estadística, Estadística de pasajeros por mar, 1920-1921-1922 (Madrid: Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico, 1924); Servicio General de Estadística, Estadística del movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior 1923-1924-1925 (Madrid: Servicio General de Estadística, 1929); Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, Estadística del movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior 1926-1931 (Madrid, 1930).

853 Real Orden de 27 de noviembre de 1891, Colección Legislativa de España 1898, t. CXLVII (1891).

854 Junta Consultiva Agronómica, La ganadería en España. Avance sobre la riqueza pecuaria en 1891, formado por la Junta Consultiva Agronómica conforme a las Memorias... que... han redactado los Ingenieros del Servicio Agronómico, 5 vols. (Madrid: Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 1892).

855 Real Orden de 16 de diciembre de 1890, Colección Legislativa de España, t. CXLV (1890).

856 Carlos Barciela et al., «Sector agrario y pesca», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. I, 3 vols. (Madrid: Fundación BBVA, 2006), 245-356, especialmente pp. 263-276.

857 Clara Eugenia Núñez, «Educación», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. I, 3 vols. (Madrid: Fundación BBVA, 2006), 155-244, especialmente pp. 179-188.

858 Real Decreto de 7 de febrero de 1913 reformando el artículo 16 del Reglamento del Instituto Geográfico y Estadístico, Gaceta de Madrid, n.º 39, 8 de febrero, pp. 327-328.

859 José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 88-91; Albert Carreras, «Clima», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. I, 3 vols. (Madrid: Fundación BBVA, 2006), 33-75, especialmente. pp. 42-43.

860 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Reseña geográfica y estadística de España (Madrid: Imp. de la Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, 1888); Direccion General del Instituto Geográfico y Estadístico, Reseña geográfica y estadística de España, 2 vols. (Madrid: Imp. de la Dirección General del Instituto Geografico y Estadístico, 1912).

861 José Ignacio Muro, Francesc Nadal y Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España: 1856-1870 (Barcelona: Serbal, 1996), 91-95.

862 Luis Urteaga y Francesc Nadal, Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50.000 (Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2001).

863 Juan Pro, «A concepção política do território e a construção do Estado espanhol: cartografia, cadastro e administração (1830-1930)», en Pedro Tavares de Almeida y Rui Miguel C. Branco (coords.), Burocracia, Estado e Território. Portugal e Espanha, séculos XIX-XX (Lisboa: Horizonte, 2007), 183-202.

864 Real Decreto-Ley de 5 de marzo de 1926 relativo a la organización de las Confederaciones Sindicales Hidrológicas, Gaceta de Madrid, n.º 65, 6 de marzo, pp. 1248-1253.

865 Real Decreto-Ley de 5 de marzo de 1926 disponiendo la formación de la Confederación Sindical Hidrográfica de la cuenca del Ebro, Gaceta de Madrid, n.º 68, 9 de marzo, pp. 1282-1283.

866 Víctor Morales Lezcano, El colonialismo hispanofrancés en Marruecos (1898-1927) (Madrid: Siglo XXI, 1976); Víctor Morales Lezcano, España y el Norte de África: el Protectorado en Marruecos (1912-1956) (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1984); María Rosa de Madariaga, En el Barranco del Lobo: las guerras de Marruecos (Madrid: Alianza Editorial, 2005); María Rosa de Madariaga, Marruecos, ese gran desconocido: breve historia del protectorado español (Madrid: Alianza Editorial, 2013).

867 El ejemplo más claro de esta autocrítica esencialista y totalizadora sería Lucas Mallada, Los males de la patria y la futura revolución española (Madrid: Tip. de Manuel Ginés Hernández, 1890).

868 Juan Pro, «La política en tiempos del Desastre», en Juan Pan-Montojo (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo (Madrid: Alianza Editorial, 1998), 151-260.

869 Diarios de las Sesiones de Cortes. Senado, Legislatura de 1898, suplemento al número 54 (sesión secreta del 5 de septiembre de 1898), pp. 2 y 15-16.

870 Un ejemplo del razonamiento organicista en torno a la crisis española de fin de siglo sería el de Ricardo Macías Picavea, El problema nacional: hechos, causas, remedios (Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1899).

871 Buena muestra de esos discursos nacionalistas españoles de nuevo cuño serían los escritos de Miguel de Unamuno, En torno al casticismo [1895] (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1943); y de Ángel Ganivet, Idearium español (Granada: Tip. Lit. Vda. é Hijos de Sabatel, 1897).

872 La huella de Fichte y la concepción de la nación española según el nacionalismo romántico alemán se puso de manifiesto en la obra del historiador Rafael Altamira, Psicología del pueblo español (Barcelona: Antonio López, 1902). Pero, una vez abierto el camino, inspiró escritos de la más variada procedencia ideológica en los años siguientes: Vicente Gay, Constitución y vida del pueblo español: estudio sobre la etnografía y psicología de las razas de la España contemporánea (Madrid: Edit. Internacional, 1905); Diego Abad de Santillán, Psicología del pueblo español (Madrid: Imp. de Felipe Peña Cruz, 1917); José Bergua, Psicología del pueblo español: ensayo de un análisis biológico del alma nacional (Madrid: Lib. Bergua, 1934).

873 Gumersindo de Azcárate, El self-government y la monarquía doctrinaria (Madrid: Librerías de A. de San Martín, 1877); Gumersindo de Azcárate, El régimen parlamentario en la práctica (Madrid: Imp. de Fortanet, 1885).

874 Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (Madrid: Estab. Tip. de Fortanet, 1901).

875 Un ejemplo de esta tendencia democrática en la crítica al Estado de la Restauración sería la obra de Luis Morote, La moral de la derrota (Madrid: Estab. Tip. de G. Juste, 1900).

876 Francisco Giner de los Ríos, «El problema de la educación nacional y las clases productoras», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 24, n.os 478-484 (1900): 1-199.

877 Sabino Arana Goiri, Bizkaya por su independencia (Bilbao: Tip. de Sebastián de Amorrortu, 1892); Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana (Barcelona: Tip. L’Anuari de la Exportació, 1906).

878 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 15.ª ed. (Madrid: Calpe, 1925).

EPÍLOGO

El proceso de aparición del Estado ha sido interpretado de muy diferentes maneras por las diversas escuelas historiográficas y politológicas. Las conclusiones que puedan extraerse de la experiencia histórica de España en este terreno dependen en gran parte del marco teórico en el que se analice. Sin embargo, el asunto del que se trata, el Estado, reviste tal complejidad que los historiadores se resisten a abordarlo desde la perspectiva unilateral que impone abrazar cualquier sistema teórico a priori. Diversos marcos teóricos permiten desvelar distintas facetas del Estado, por lo que un cierto eclecticismo se impone para lograr una visión rica, profunda y flexible. Incluso desde disciplinas más propiamente teóricas como la Ciencia Política, la opción por combinar varias aproximaciones teóricas sigue practicándose y justificándose en nuestros días: «no puede haber una teoría general del Estado, y mucho menos una teoría del Estado transhistórica».1

A vueltas con la teoría

Una de las interpretaciones más clásicas sobre el Estado es la del marxismo, según la cual todo Estado es un instrumento del poder de la clase dominante en el modo de producción correspondiente. En consecuencia, sostiene que el Estado contemporáneo —o Estado propiamente dicho— apareció ligado a la revolución burguesa, para defender los intereses de la burguesía, facilitando la acumulación de capital mediante la implantación y preservación del orden capitalista. Sin duda, esta tesis viene avalada por la coincidencia en el tiempo y en el espacio entre el proceso de construcción de los estados occidentales y el de construcción de los mercados capitalistas; y encuentra importantes apoyos en el análisis de la adscripción social de los dirigentes de los nuevos estados durante su periodo de formación. La teoría marxista del Estado, sin embargo, tiene limitaciones importantes, que proceden del hecho de considerar que hay una sola característica del Estado relevante para su análisis, la de su vinculación a la clase dominante y al modo de producción hegemónico. El propio Marx tuvo que revisar parcialmente su concepción del Estado en 1852, cuando se enfrentó al análisis del Estado bonapartista francés de mediados del XIX, que se presentaba como una dictadura personal situada por encima de todas las clases y grupos sociales, demostrando una cierta autonomía de lo político con respecto a lo económico.2

Esto no ha impedido que se siguieran desarrollando reflexiones teóricas sobre el Estado insertas en la tradición marxista, hasta tiempos recientes. Reflexiones que, en la segunda mitad del siglo XX, intentaban explicar el fracaso del proyecto global de revolución socialista y la pervivencia pertinaz del capitalismo. Por ejemplo, Ralph Miliband intentó explicar este fenómeno en 1969 a través de la eficacia que ha alcanzado el Estado burgués bajo el capitalismo avanzado, eficacia puesta al servicio de la clase dominante y que le permite preservar sus intereses.3 Por su parte, Nicos Poulantzas presentó en 1973 al Estado contemporáneo no tanto como instrumento directo de la burguesía, sino como una estructura que reproduce las relaciones capitalistas de producción.4

Un punto de vista diferente es el que procede de la teoría de las elites, que tiende a ver al Estado como institucionalización del poder de una elite social, que lo construye para atrincherarse frente a posibles rivales y para asegurar su dominación sobre el resto de la sociedad. Por lo tanto, el Estado no respondería a los intereses de una de las clases existentes en la sociedad civil, sino a los intereses de la propia clase política que domina el Estado y que solo existe como grupo social por ese hecho. El primero en plantear esta idea fue Gaetano Mosca, en 1896, con su idea de la «clase política».5 Pero la versión que ha tenido más éxito posteriormente ha sido la de Vilfredo Pareto (1916, 1950), que cambia esa denominación por la de elite.6 Tanto uno como otro concepto resaltaban el hecho de que la distribución del poder en cualquier sociedad tiende a crear un grupo de gobernantes con intereses específicos, distintos a los del resto de la sociedad; lejos de ser legítimos representantes de todo el pueblo —como supone la teoría liberal— o representantes de unos intereses de clase —como acusa la crítica marxista—, los políticos se representan fundamentalmente a sí mismos. Y es el poder político, y no las desigualdades económicas, lo que diferencia fundamentalmente a unos grupos sociales de otros.

La tradición de los análisis estatistas o realistas complementa estos puntos de vista con la idea de que una vez puesto en marcha el proceso de acumulación del poder en manos de una autoridad central, este se autoalimenta. Un ejemplo podría ser el trabajo de Anthony de Jasay. Este autor estudia el Estado como un actor político y social independiente, que no puede explicarse solamente por los intereses de tal o cual grupo social, ni tan siquiera por los intereses de la burocracia estatal o la clase política que lo gobierna. El Estado, una vez creado, se va desarrollando según su propia lógica, con un cierto grado de automatismo. Y esa lógica le lleva a intervenir de forma creciente en las relaciones sociales, la vida económica y cultural, arrebatando espacios cada vez mayores a la sociedad civil.7

Las teorías estatistas del Estado se apartan del sociologismo implícito en las teorías clasistas y elitistas, obsesionadas por identificar el trasfondo social del poder del Estado. Por el contrario, estos autores consideran que todos los actores sociales —clases, elites, partidos, movimientos, etc.— están constreñidos por la existencia de un marco institucional en el que tienen que moverse, y ese marco lo da el Estado. El Estado institucionaliza los conflictos presentes en la sociedad en un momento determinado, y de alguna forma los proyecta hacia el futuro «congelados» o «inmovilizados» en forma de instituciones públicas, leyes y constituciones. El resultado es que los conflictos pasados, incluso si se han extinguido ya, continúan ejerciendo una influencia notable sobre la vida política y social de las épocas posteriores.8

Los estados se van afirmando debido a la lógica de acumulación de poder que embarga a todos los gobernantes, forzados a ello por la amenaza de otros gobernantes vecinos, en un sistema de relaciones internacionales en el que impera la fuerza y en el que, por tanto, los más débiles son conquistados o aniquilados. Según este punto de vista, los estados que conocemos hoy en día serían los «vencedores» de una pugna histórica en la que solo han sobrevivido los más fuertes, los que antes lograron dotarse de un sistema de gobierno y administración eficaz, capaz de darles el control efectivo del territorio y protegerlos de sus vecinos. Por consiguiente, los fenómenos históricos esenciales que han guiado la formación de los estados no deben buscarse en sus bases sociales, sino en la geopolítica y en la guerra.9

Existe una visión híbrida entre este realismo geopolítico y la historiografía marxista, la de Wallerstein, que sostiene que los estados se insertan en un sistema económico mundial, y que la forma y contenido de cada Estado histórico está condicionada por su posición en dicho sistema (central, periférica, etc.).10

Para algunos estatistas, el modelo de Estado por excelencia sería Francia, capaz de afirmar su existencia mediante combates incesantes contra países vecinos desde la Edad Media hasta nuestros días; y todos los demás estados han tenido que construirse en diálogo con ese modelo universal.11 Cuando decimos diálogo, es en sentido literal, como un proceso de ida y vuelta, en el que también el Estado francés asumió elementos y experiencias procedentes de otros países. Por ejemplo, la Monarquía de Luis XIV, que se suele presentar como la culminación de la centralización del poder, el absolutismo y el poderío expansionista de Francia, era en realidad una trasposición del modelo de la Monarquía española de los Austrias, a la que Luis XIV y sus consejeros quisieron emular hasta arrebatarle la hegemonía.12

La posición geográfica de España, en la vecindad inmediata de la «modélica» Francia, parece, pues, determinante para el proceso de construcción estatal en la Península y su proyección hacia América Latina. La existencia del Estado español podría interpretarse a la vez como una temprana difusión del modelo francés y como prueba de la eficacia de un poder central fuerte, capaz de afirmar este Estado nacional frente a proyectos alternativos, como el separatismo de los antiguos reinos medievales y de los modernos movimientos nacionalistas periféricos, o como la ocupación temporal por Francia entre 1808 y 1814, ligada al proyecto imperial de Napoleón.

La interpretación de la formación de los estados que ha hecho Charles Tilly, deudora en gran parte de la de Stein Rokkan, constituye una síntesis coherente de elementos procedentes de las tres tradiciones intelectuales mencionadas, con el interés añadido de combinar la reflexión teórica con el análisis histórico.13 Para Tilly, el proceso de construcción de los estados europeos ha durado cerca de un milenio, desde el siglo X u XI hasta nuestros días. Lo caracteriza como un proceso de concentración gradual de recursos en manos del poder político, que le ha permitido ejercer un estilo de gobierno cada vez más directo, más ejecutivo y más intervencionista, pasando de los viejos imperios a los modernos estados nacionales; es decir, de un estilo de gobierno indirecto, por el que un poder militar gobernaba superficialmente grandes territorios sobre la base de pactar y entenderse con las autoridades autóctonas y respetar sus intereses, a un estilo de gobierno directo, por el que el poder político prescinde de intermediarios y asume el control del territorio mediante una burocracia propia que le permite administrarlo de manera intensiva. La competencia internacional, especialmente la guerra, sería el factor fundamental que ha ido poniendo a prueba la resistencia de las diferentes fórmulas estatales, liquidando a las menos eficientes y exigiendo a las otras que insistieran en la concentración de recursos y de poder. Las diferencias entre unos estados y otros, según Tilly, se deben a la preponderancia del capital o de la coerción; lo cual equivale, en su planteamiento, a la preponderancia del mundo urbano de comerciantes, financieros y manufactureros, o la preponderancia de un mundo agrario encuadrado por los propietarios de la tierra.

Sin duda, todas estas teorías contienen algún punto de verdad y resultan entre sí más complementarias que contradictorias. Pero todas ellas aplican a la interpretación del proceso histórico de la construcción de los estados una racionalidad a posteriori que resultaría ajena a los protagonistas de la vida política y administrativa de la época. Cargadas de «realismo», estas visiones olvidan los ideales que movieron a los constructores del Estado y que rezuman por todos los poros de su pensamiento y de sus discursos. El observador omnisciente desprecia las voces del pasado, tiende a violentar la coherencia interna de la cultura observada y se aleja de la posibilidad de comprenderla. Un análisis que se pretenda completo de la cuestión debería poner en diálogo los aspectos objetivos y los subjetivos, en un esfuerzo de restitución de la compleja realidad de la época.

La mentalidad que compartían las generaciones involucradas en la construcción de los estados europeos era la del cumplimiento de una bellísima aspiración formulada por los pensadores de la Ilustración: la idea de salir de la «minoría de edad» en la que se había mantenido la humanidad hasta el siglo XVIII, para tomar las riendas de la historia y actuar sobre el presente y sobre el futuro a la luz de la Razón.14 La Ilustración legó al siglo XIX esa promesa de un futuro en el que los seres humanos pudieran intervenir sobre la organización de sus sociedades sin abandonarse a la inercia de la tradición o a los insondables designios de la Providencia. El Estado, idea nueva de ese momento, habría de ser el instrumento —o el conjunto de instrumentos— del que la sociedad se dotara para actuar sobre sí misma.

La revolución cambió en todas partes los términos del problema. Por un lado, al destruir las instituciones del Antiguo Régimen, facilitó la marcha hacia un ideal de progreso inspirado en la organización racional de la vida política y social; pero, por otra parte, esa misma destrucción de las instituciones que garantizaban el orden hizo aparecer el temor a la anarquía social y a los trastornos que pudieran venir de un progreso demasiado rápido. En consecuencia, la herencia de la Ilustración fue tamizada por toda una serie de relecturas conservadoras, entre las cuales destaca el positivismo, difundido como ideal tecnocrático y conservador de gran parte de las elites sociales europeas e iberoamericanas desde las décadas centrales del siglo XIX. En gran medida, la construcción de los estados nacionales europeos se hizo bajo la inspiración del binomio positivista de «orden y progreso», definido por Comte en 1844, binomio que animaba a edificar un Estado eficaz por la doble razón de que debía ser capaz de promover cambios y mejoras, por un lado, mientras por otro debía garantizar el mantenimiento del orden en la sociedad.15

Entre las teorías sobre la construcción del Estado, hay una más que puede resultar esclarecedora: es la «teoría del embrollo», defendida —entre bromas y veras— por Michael Mann.16 Este punto de vista subraya el hecho de que los estados presentan frecuentemente una apariencia caótica e irracional, pues responden a influencias múltiples de partidos políticos, grupos de presión, funcionarios, clase política, dinastías reinantes, individuos providenciales, poderes «fácticos», corrientes de opinión, potencias extranjeras, etc. Y además, la construcción de los estados está llena de fenómenos que son el resultado de errores, inercias, efectos secundarios no deseados, accidentes, contradicciones y casualidades. En cuanto se observa de cerca la historia de un Estado concreto y su proceso cotidiano de toma de decisiones, se diluyen las certezas y regularidades de los modelos teóricos, establecidos a partir de visiones macro.17

La «teoría del embrollo» sirve para sustentar una doble advertencia: en primer lugar, que el Estado no es un actor de la historia, sino más bien un espacio en el que se mueven diversos actores con sus propios objetivos e intereses, luchando entre sí por acumular poder; y en segundo lugar, ligado a lo anterior, que la construcción de los estados raramente responde a un plan preconcebido por alguien y sistemáticamente aplicado. A lo largo del libro se podrá apreciar en qué medida esta aparente confusión ha estado presente en la historia del Estado español. Efectivamente, la inestabilidad política del siglo XIX hizo que se sucedieran regímenes y gobiernos que sustentaban proyectos de Estado distintos, en mayor o menor grado. Afrancesados josefinos, absolutistas fernandinos, liberales revolucionarios exaltados y moderados, isabelinos moderados y progresistas, unionistas, carlistas, demócratas, conservadores, liberales fusionistas, republicanos… El resultado que al final se construyó, el Estado español, no respondía íntegramente al proyecto de ninguno de ellos, sino que contenía elementos de muchos, incorporados en los momentos en que tuvieron mayor influencia política. Cierto que el resultado se parece más al plan del Partido Moderado que al de ningún otro grupo, por la larga permanencia en el poder en momentos estratégicos de la construcción estatal; pero eso no quiere decir que la totalidad del entramado institucional vigente a finales del siglo XIX procediera del moderantismo, ni que en el seno de este abigarrado partido no existieran diferentes sensibilidades, con disparidades de cierta importancia en cuanto a la construcción del Estado.

En definitiva, el Estado se presenta más como un espacio que como un objeto tangible. Lejos de la unanimidad que le suponen las distintas formas de mitificación a las que nos hemos referido, la consideración del Estado como espacio pone de manifiesto los conflictos, las luchas y las relaciones de fuerza que se producen en él. Se trataría, eso sí, de un espacio estructurado, donde desempeñan un papel muy importante las normas, las instituciones, las jerarquías, los lenguajes establecidos: todos estos elementos dan forma a ese espacio, al mismo tiempo que son objeto de confrontación entre grupos. Esta visión abierta del Estado está más cerca de las tendencias constructivistas de las ciencias sociales, cuyo precursor más notable sería Norbert Elias. Pero su formulación moderna y acabada está en la obra de Pierre Bourdieu, de cuyas enseñanzas es deudor este libro. Su teoría del campo social resalta aspectos de la construcción estatal muy similares a los que se pretende desvelar aquí.18

Entre todos los planteamientos teóricos aplicados a la comprensión del Estado, los más interesantes para enmarcar este libro son los de carácter genético, que relacionan las características de los estados con el proceso histórico de su origen. En esa línea habría que mencionar en primer lugar al sociólogo alemán Norbert Elias. Parte de la idea de que la construcción del Estado consiste en la afirmación gradual del monopolio tanto del impuesto como de la violencia legítima: un proceso de concentración de la capacidad fiscal y de los medios de fuerza física; dos partes del mismo proceso, relacionadas entre sí, ya que la capacidad de usar la fuerza permite recaudar impuestos con más eficacia, y al mismo tiempo la abundancia de recursos fiscales permite alimentar el reforzamiento de las fuerzas armadas.

El proceso de concentración de estos medios de violencia y medios fiscales sería análogo al de la competencia económica de las empresas en un mercado libre, que inevitablemente conduce al crecimiento de las empresas más eficaces y la desaparición de las más débiles, hasta dar lugar a situaciones de monopolio. Así ocurre en la historia de los estados, pues inicialmente el monopolio del poder es de carácter privado —o dinástico, en las monarquías de la Edad Media y la Alta Edad Moderna— y solo en una fase avanzada ese monopolio adquiere carácter público.19

Norbert Elias llama a esto el «proceso de civilización», un proceso histórico de largo plazo en el que se conjugan transformaciones sociológicas y psicológicas. Le llama así porque esa progresiva afirmación del monopolio de la fuerza en manos del Estado, aunque adopta la forma de luchas continuas, en virtud de las cuales un poder central se va imponiendo a otros que van dejando de existir, la contrapartida es una cierta pacificación de la convivencia. La construcción del Estado va creando un espacio, cada vez mayor, en el cual las relaciones son pacíficas porque no queda más que un solo centro de poder; en tanto que la violencia se reserva para el exterior, para la relación con otros países.

Ese proceso gradual de civilización comienza en el entorno cortesano, en el cual se afirma con tal supremacía el poder del monarca que va quedando excluido todo atisbo de violencia entre los cortesanos, muchos de ellos aristócratas que en otro tiempo disponían de ejércitos propios, que les permitían mantenerse autónomos y contraponer su poder al del rey. En la corte se desarrollan las buenas maneras —que por eso se llaman «cortesía»— y esa forma de relacionarse se va extendiendo a otros ámbitos gradualmente a medida que el Estado constituye una realidad cada vez más consolidada.20

La visión de Elias es muy compleja, porque añade a esto que el proceso de concentración del poder en una sola mano —que identificamos con la época de la monarquía absolutista— no crea tanto una relación unilateral de poder como una creciente interdependencia entre gobernantes y gobernados. Al extender su poder sobre espacios y colectivos humanos cada vez más extensos, el rey se vuelve también más dependiente de ellos, de quienes obtiene sus rentas, sus soldados, los apoyos que le permiten mantenerse como rey.

En la concepción de Elias, la sociedad es un tejido en el que se entrecruzan relaciones de interdependencia que vinculan a todos los individuos entre sí. En algún momento utilizó la metáfora de la sociedad como un tablero de ajedrez: cada acción de uno de los actores, decidida con una cierta autonomía, está limitada por reglas y situaciones establecidas, y a su vez desencadena reacciones por parte de otros actores: la situación del tablero en cualquier momento del juego no ha sido decidida por uno de los jugadores, sino que es el fruto de la interacción de los dos; y en la realidad social, no son solo dos, sino millares los actores en juego, que reaccionan los unos a las acciones de los otros, se alían, se confrontan, se imitan, etc. Muchas de las relaciones de dependencia que unen a los individuos no son ni siquiera conscientes.

Esas relaciones de interdependencia son fundamentales para concebir el fenómeno del poder: no es una sustancia que alguien posee, sino una configuración específica de las relaciones de interdependencia que favorece a ciertas personas o grupos: personas o grupos de los que dependen otros, pero que no dependen de esos mismos otros; esta falta de reciprocidad implica que tienen poder sobre ellos. Incluso un monarca absoluto como Luis XIV, evidentemente dotado de un gran poder sobre sus súbditos y sobre su entorno cortesano, también estaba inserto en relaciones de dependencia mutua que limitaban su libertad de acción: en definitiva, no podía hacer todo lo que querría. A medida que el poder se concentra, en lugar de haber un sujeto central de poder, lo que hay es una red de interdependencia entre los poderosos. Pero con la peculiaridad de que hay un personaje central, el monarca, que disfruta de la ventaja estructural de la centralidad: está en una posición meta-social, porque llega a ser aquel en relación con el cual se han de medir y situar todos los demás (poderes nobiliarios, militares, eclesiásticos, financieros, etc.).

La lógica de este proceso lleva a una creciente despersonalización e institucionalización del poder, que se ejerce a través de cadenas de mando cada vez más largas, redes de interdependencia cada vez más densas y complejas. Es por esa vía por la que los monopolios privados se transforman en poderes públicos y aparece el Estado contemporáneo, el Estado propiamente dicho. El valor de aquellas intuiciones de Elias para una noción histórica del Estado resulta enorme. Ayuda a comprender la esencia del Estado como espacio social en el que se desarrollan relaciones de poder, a comprender estas con toda su complejidad y reciprocidad, y a entender que detrás del proceso de construcción de estados hay un proceso de pacificación de las relaciones sociales.

Otro enfoque genético digno de resaltar es el de Shmuel Noah Eisenstadt. Este sociólogo israelí estudió un sistema de poder muy frecuente en la historia y que podemos considerar precedente inmediato de los estados nacionales: los imperios. Consideró que eran los primeros estados, una fase inicial en la construcción de los estados. Los imperios, como los estados que les han sucedido históricamente, se construyen mediante la centralización de recursos (dinero y técnicas). A la luz de la historia, Eisenstadt concluyó que todos los imperios reúnen ciertos rasgos comunes y planteó un modelo con cuatro características: autonomía relativa de lo político; diferenciación de roles (el político, el funcionario, el militar…); tendencia a la centralización del poder en conflicto con otras autoridades (señores, eclesiásticos, jefes tribales, ciudades autónomas, corporaciones, nobles, jefes guerreros…); y aparición de una primera burocracia, en espacios institucionales separados de los que son propios de la política.21

Eisenstadt puso de manifiesto cómo el proceso de construcción del Estado, una vez puesto en marcha, funciona por un efecto «bola de nieve», acelerándose por su propia inercia. En cierto modo, el proceso se independiza del control de los actores que lo pusieron en marcha. De hecho, estos actores llegan a una situación paradójica: impulsan la centralización del poder y la construcción del Estado para salvaguardar unos valores e intereses —como los de la aristocracia, la tradición, la religión— que necesariamente van a quedar en entredicho como consecuencia del mismo proceso de construcción estatal. Se crean y refuerzan instituciones públicas para salvaguardar un orden social, y el desarrollo de esas instituciones acaba transformando el orden social.

Un tercer enfoque genético es el ofrecido por el historiador británico Perry Anderson. Aunque adscrito a la la tradición marxista, Anderson critica algunos planteamientos del marxismo y asume puntos de vista propios de Weber. Al analizar las edades Media y Moderna en Europa, Anderson descubre que en gran medida el fortalecimiento de las monarquías se hizo en detrimento de la clase feudal, que supuestamente era clase dominante en aquel momento. Esto no es contradictorio, sino que responde a la necesidad de que para preservar el sistema feudal a lo largo de los siglos se sacrificaran algunos intereses inmediatos de los señores feudales, como era su poder autónomo, a fin de fortalecer a una Monarquía absoluta que pudiera reproducir lo esencial de sus privilegios de clase.22

Barrington Moore, uno de los pioneros de la sociología histórica, trazó los orígenes de los estados contemporáneos a partir de las estructuras sociales formadas en los siglos anteriores y la relación establecida entre tres elementos: los campesinos, los terratenientes y la burguesía urbana. La evolución hacia un Estado democrático puede darse por una de estas tres vías: o bien se da un cierto equilibrio entre estos tres elementos, que crea tradiciones de pacto y negociación entre los grupos sociales; o bien se da una alianza entre la aristocracia terrateniente y la burguesía urbana, que equilibran mutuamente su poder para explotar y dominar conjuntamente a obreros y campesinos; o bien hay una preeminencia de los intereses comerciales y financieros, que permiten construir un Estado a la medida de la burguesía urbana.23

Theda Skocpol, discípula de Moore, retomó la cuestión del Estado en los años ochenta: primero con la publicación en 1980 de un libro en el que comparaba las revoluciones francesa, rusa y china, llegando a la conclusión de que en los tres casos la revolución social había sido inducida por determinadas características de los estados de esos países.24 Skocpol sostiene que para que estalle una revolución no es suficiente con la movilización de ciertos grupos sociales en apoyo de demandas políticas radicales. La revolución precisa de una situación de crisis del Estado, que generalmente viene asociada a las guerras. El esfuerzo extraordinario que exigen las guerras puede debilitar al Estado, deslegitimarlo, desorganizarlo y paralizar sus estructuras, abrir conflictos internos entre los poderes políticos y económicos..., y de esa manera preparar el colapso del Estado frente al empuje de un movimiento revolucionario.

Esta teoría del colapso del Estado de Skocpol ha sido seguida por otros investigadores, como Jack Goldstone, quien ha extendido el análisis al Imperio Otomano, el antiguo Imperio Chino y la práctica totalidad de los países europeos. Goldstone ha mostrado que no solo son las guerras las causantes del debilitamiento y colapso de los estados históricos, sino que este puede deberse también a la crisis fiscal y a los conflictos internos de la elite de poder. Procesos históricos como el aumento o el envejecimiento de la población, con sus consecuencias sobre el equilibrio fiscal de los estados, pueden provocar situaciones de colapso del poder estatal tanto como las guerras.25

Con su trabajo pionero, Skocpol defendió la tesis de la autonomía del Estado con respecto a las dinámicas sociales, de las que no solo no depende directamente, sino que también puede ejercer influencia en el sentido contrario, determinando cambios y movimientos sociales. Hay que recordar que eso no solo se enfrentaba a la tradición marxista, sino también a toda una tradición sociológica que consideraba al Estado como una emanación de la sociedad que lo sustentaba; y esa unilateralidad en el enfoque de las relaciones Estado-sociedad se hallaba fuertemente inscrita en las conciencias de la mayor parte de la población, como manifestaban los movimientos sociales. Poco después, en 1985, la propia Skocpol coordinó, junto con otros autores, un libro importante que se llamaba significativamente El Estado regresa al primer plano. Con él se consagraba la renovación del interés en todas las ciencias sociales —incluida la Historia— por el estudio de los estados, sus orígenes históricos, su funcionamiento, características y tipología. Y en esa ola de renovación del interés, surgida en los ochenta, estamos inmersos todavía.

Los estados se construyen

Durante mucho tiempo, la idea de construcción del Estado, que da título a este libro, fue simplemente una metáfora, que apelaba a la necesidad de contemplar el Estado como un proceso. La visión propiamente histórica, atenta siempre a la dimensión temporal de los fenómenos, se ha apoyado en esa metáfora para descartar las visiones estáticas, a las que tan dado resulta un tema como el del Estado.

En tiempos recientes, sin embargo, la noción de construcción aplicada al Estado ha superado ese origen metafórico, al tomar forma un campo académico con el nombre de State Building Studies (literalmente «estudios sobre construcción del Estado»). Se trata de un campo de investigación interdisciplinar en ciencias sociales, de los que pueden llamarse de «ciencia aplicada», ya que se trata de un tipo de estudios encaminados a suministrar enseñanzas y recetas de aplicación inmediata para cierto tipo de actuaciones políticas. En este dominio convergen aportaciones de la ciencia política, sociología, antropología, economía, relaciones internacionales, estudios sobre defensa y seguridad, entre otras.

Llamamos State-building a las operaciones de construcción o reconstrucción de estados en países cuyo Estado se considera excesivamente débil, fallido o destruido por una situación grave de conflicto. La expresión se ha desarrollado desde los años ochenta, y especialmente, a partir de las guerras de Afganistán (desde 2001) e Irak (2003-2011), en las que la comunidad internacional —o más bien la alianza occidental encabezada por Estados Unidos— se ha empeñado en definir un nuevo orden político, económico y social como objetivo de la intervención militar, nuevo orden que se articula en torno a la construcción de un nuevo Estado. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, pues, se ha ido definiendo una línea de actuación en virtud de la cual determinados países —como Estados Unidos, Reino Unido y otros— intentan construir o reconstruir las instituciones estatales de otros países —como Irak o Afganistán— para garantizar su pacificación, estabilización y ordenación tras un conflicto armado. Esta ha llegado a ser doctrina oficial de las Naciones Unidas y de algunas organizaciones no gubernamentales.26 El concepto de estado fallido, estrechamente ligado a los State-building studies, sirva para delimitar qué países del mundo han dejado de tener un Estado solvente y, por tanto, podría ser legítima la intervención exterior para devolverles la estatidad.

Naturalmente, este libro no se inserta en ese campo de investigación, por lo general ajeno a los pormenores y las sutilezas del relato histórico. Por otra parte, los State-building studies han tenido desde su nacimiento un evidente sesgo ideológico, delimitando arbitrariamente qué tipo de estados son aceptables para los países más poderosos del planeta y qué otras situaciones —incluso si han sido creadas por esos mismos países— hacen legítimas invasiones y condicionamientos externos. A esto hay que sumar que los State-building studies han acumulado una serie de fracasos sonados en su corta historia.

Pero la actualidad de los proyectos de construcción de estados sí resulta interesante como muestra de algunos consensos establecidos en nuestros días: por un lado, el de que un marco estatal es imprescindible para sentar las bases de una convivencia social y un desarrollo económico y cultural propios de la contemporaneidad. Por otro lado, que los estados no nacen solos, no son producto espontáneo del devenir del tiempo, sino que requieren un esfuerzo consciente de puesta en pie de instituciones que formen un sistema, con cierta coherencia entre sí; esto es lo que se quiere reflejar cuando se emplea el término construcción.

El término building (construcción) no es neutro: implica operaciones conscientes para impulsar la creación de un Estado. Es una metáfora, que equipara el Estado a un edificio, para dar a entender que su realización no es espontánea, sino que requiere un diseño, unos planos, unos arquitectos, recursos materiales con los que edificarlo y trabajadores que lo vayan levantando desde los cimientos. El concepto alternativo sería el de «formación» del Estado, que sugiere que este es resultado de un proceso no dirigido, de tipo espontáneo, orgánico, como si fuera una planta o un fenómeno geológico, algo natural. Por tanto, cuando el historiador elige para denominar a la historia de los estados con el concepto de construcción o el de formación, está reflejando una opción teórica sobre la interpretación de dichos procesos.

El desafío del State-building fue recibido enseguida por un tipo de investigadores de la Historia muy concreto, el de la sociología histórica; tal vez porque al situarse su trabajo a medio camino entre las ciencias sociales y la historia propiamente dicha, estaba en mejores condiciones para entablar el necesario diálogo entre presente y pasado, entre estudio y aplicación, teoría y práctica. Estos investigadores plantearon enseguida que la única manera de saber qué es lo que se necesita para tener éxito actualmente en la construcción de un Estado consiste en observar los procesos de este tipo que han tenido lugar a lo largo de la Historia y que han conducido al establecimiento de estados viables, eficaces y duraderos. Concretamente, ejemplos como los de Europa pasaban al primer lugar como suministradores de modelos de lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse en las operaciones futuras de construcción de estados.

La primera observación en este sentido invita a considerar los dos procesos más importantes que en el siglo XX han dado lugar a la reconstrucción con éxito de estados a partir de una guerra y de una ocupación militar extranjera: los casos de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En la medida en que ambos países vivieron en la posguerra sendos «milagros» económicos, y que su espectacular recuperación se puede vincular con el acierto en la creación de nuevas instituciones estatales, esas dos experiencias históricas pasaron a ser objeto de estudio para obtener modelos y lecciones de aplicación en otros lugares.27

La segunda observación es que la construcción del Estado es un proceso continuo, que no tiene lugar solo en los momentos posteriores a una guerra u otro tipo de conflicto. Los estados son más un proceso que un resultado, están siempre en construcción, siempre cambiando. Por lo tanto, no puede limitarse el estudio de la construcción de estados a casos como los de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, sino que los periodos de paz son tan importantes o más que los de guerra y posguerra para entender las razones por las que unos estados tienen éxito y otros fracasan.

Esto está relacionado con una tercera observación, que nos lleva más lejos: al estudio de largo plazo del proceso completo por el cual se formaron los estados nacionales en Europa partiendo de situaciones de debilidad del poder central, economías predominantemente campesinas, fragmentación «feudal» del poder, etc.; es decir, partiendo de situaciones que pueden compararse con las que en el presente ofrecen algunos países de Asia y África en los que se pretende construir estados modernos de forma acelerada. Lo que se dice es que si la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial pudo realizarse tan rápido y con tal grado de éxito económico y político, dando lugar en poco tiempo a un país estable y prácticamente una «gran potencia», es porque el país, a pesar de la destrucción de la guerra, conservaba elementos heredados del pasado que hacían esto posible; elementos como una determinada estructura social, determinado nivel educativo y cultural, determinadas costumbres e instituciones, etc. Por lo tanto, para comprender el éxito de la República Federal Alemana no basta con estudiar el modo en que se produjo su formación entre 1945 y 1950 bajo la ocupación de los aliados, sino que requiere remontarse a un pasado más largo, al menos hasta los siglos XVI-XVII o incluso más atrás. Y algo parecido podría decirse de Japón, Inglaterra, Francia o cualquier otro de los países que puedan considerarse como modelos a seguir.

En concreto, Charles Tilly y Mick Moore fueron los primeros autores que entablaron un diálogo directo con los State-building studies, defendiendo que las lecciones de los estudios históricos podían ser aplicadas al presente.28 Sobre esto han sostenido debate con otros autores, como Herbst, que creen que es anacrónica esa comparación y que las circunstancias de la construcción de estados en otras épocas históricas no pueden compararse a las actuales.29

Tilly ofrece su teoría del «Estado depredador», tal como la deduce del estudio de la experiencia histórica de la construcción de estados en Europa entre los siglos X y XX. Como ya se ha dicho, según ese planteamiento, fue la guerra el estímulo principal para la centralización del poder, la concentración de recursos en manos del gobierno y la expansión de los medios administrativos a lo largo de los siglos, es decir, que a través de la guerra y del consiguiente crecimiento de los impuestos, fue como en Europa nacieron y se consolidaron los estados nacionales que luego se han considerado de más éxito en el mundo y han servido de modelo.30 Llevando hasta sus últimas consecuencias ese planteamiento, algunos autores han llegado a planteamientos darwinistas como el de Jeffrey Herbst, según el cual lo mejor que se puede hacer con los «estados fallidos» de África en la actualidad es permitir que se vean envueltos en situaciones de guerra, hasta que la guerra los haga desaparecer o, por el contrario, los fortalezca y modernice.31

Evidentemente, este tipo de planteamientos extremos no cuentan con la aceptación general, no solo de los organismos internacionales, sino tampoco entre los especialistas académicos. Por ejemplo, los investigadores especializados en América Latina han mostrado, a partir de la experiencia histórica de aquel continente, que la guerra no siempre tiene ese efecto positivo sobre el fortalecimiento de los estados, sino que puede ejercer el efecto contrario, de destrucción y debilitamiento de unas instituciones estatales que estaban en proceso de consolidación.32 La experiencia europea, en ese sentido, resulta equívoca, ya que eleva al nivel de modelo universal algo que fue específico de un momento y un lugar en el que se daban condiciones que no se darían en otros países. Por ejemplo, el estado de desarrollo de los aparatos burocráticos del Estado en el momento en que las grandes guerras tenían lugar, algo que sería decisivo para determinar si la guerra podría ser aprovechada para incrementar la capacidad del Estado para recaudar impuestos y reclutar hombres, o bien la misma guerra destruiría las pocas instituciones administrativas disponibles.

En el mismo sentido, otro investigador de la construcción de los estados latinoamericanos, Cameron Thies, señala la diferencia en el efecto que producen las guerras según sean internas o externas, algo que parece fundamental. Mientras que la amenaza de un rival exterior —como puede ser la guerra con un país vecino— tiende a reforzar la cohesión nacional, movilizar recursos y extender la capacidad de control del Estado, por el contrario las amenazas interiores —como una guerra civil o la rebeldía de caudillos locales— tiene efectos que bloquean o frenan la construcción de un Estado fuerte.33 Este mismo autor subraya la importancia de que al frente del proceso de construcción estatal exista un liderazgo capaz de marcar objetivos y aprovechar oportunidades como las que ofrece una guerra; ese liderazgo puede ser de un partido, de una elite, un grupo social o incluso una persona, pero si falta tal liderazgo o se da una situación de conflictividad interna cercana al «empate» entre líderes enfrentados, la guerra no aportará nada en la dirección de construir o fortalecer al Estado.

Por otro lado, en cuanto se han empezado a buscar lecciones para el presente en los casos históricos de construcción de estados, resulta que las interpretaciones de los diferentes investigadores discrepan y, por tanto, no es evidente qué recetas deberían seguirse. Por ejemplo: el trabajo de Tilly muestra cómo los estados europeos surgieron de la violencia, de guerras y destrucciones continuas, y de procesos nada democráticos, marcados por el egoísmo y la brutalidad de las elites dirigentes y por la resistencia al poder de unas poblaciones en estado casi continuo de revuelta. Nada de esto es aceptable para otros autores, que consideran conveniente para el éxito de las operaciones de construcción de estados disponer de un entorno de paz, instituciones democráticas y elites dirigentes cultas y respetuosas. Este es, por ejemplo, el planteamiento que han hecho dos autores actuales, Abelardo Morales Gamboa y Stephen Baranyi, a partir del estudio de la experiencia de Costa Rica, un país que puede proponerse como modelo a imitar por el resto de América Latina.34

También Mick Moore discrepa en cierto modo de Tilly. Si bien los dos subrayan la importancia de la fiscalidad en la construcción de estados, Tilly lo hace por la concentración de recursos que pone en manos del poder central una capacidad creciente de control, extracción de recursos y acción sobre el territorio (de ahí que se denomine a esta teoría «depredatoria»). Sin embargo, Moore señala que también es muy relevante el tipo de impuestos que se crean, no solo el volumen de recursos que concentra el Estado a través de ellos: la imposición establece una negociación entre gobernantes y gobernados, un diálogo y un pacto social que tiene consecuencias sobre las posibilidades de acción de los gobiernos, pero también sobre la manera en que los ciudadanos se identifican con el Estado o se desidentifican de él. Por ejemplo, los impuestos directos son un mecanismo eficaz de construcción de ciudadanía, mientras que los estados que se financian mediante impuestos al comercio exterior o monopolios fiscales no generan ese vínculo fuerte con el ciudadano-contribuyente.

1 Bob Jessop, El Estado. Pasado, presente, futuro (Madrid: La Catarata, 2017), 42.

2 Karl Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (Madrid: Alianza Editorial, 2015).

3 Ralph Miliband, El estado en la sociedad capitalista (México: Siglo XXI, 1970).

4 Nicos Poulantzas, Poder político y clases sociales en el estado capitalista (Madrid: Siglo XXI, 1978).

5 Gaetano Mosca, La clase política (México: Fondo de Cultura Económica, 1998).

6 Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale (Florencia: Barbera, 1916); Vilfredo Pareto, The Ruling Class in Italy before 1900 (Nueva York: Vanni, 1950).

7 Anthony De Jasay, El Estado: la lógica del poder político (Madrid: Alianza Editorial, 1993).

8 Michael Mann, Las fuentes del poder social, II: El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914 (Madrid: Alianza Editorial, 1997).

9 Como hace William H. McNeill, La búsqueda del poder: tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 d. C. (México: Siglo XXI, 1988).

10 Immanuel Maurice Wallerstein, El moderno sistema mundial, 2 vols. (México: Siglo XXI, 1979).

11 Como sugieren Bertrand Badie y Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État (París: Grasset, 1979).

12 Jean-Frédéric Schaub, La Francia española: las raíces hispanas del absolutismo francés (Madrid: Marcial Pons Historia, 2004).

13 Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados Europeos, 990-1990 (Madrid: Alianza Editorial, 1992). Sobre las raíces intelectuales de su análisis, ver: S. N. Eisenstadt y Stein Rokkan (eds.), Building States and Nations (Beverly Hills-Londres: SA Publications, 1973); Peter Flora, Stein Kuhnle y Derek Urwin (eds.), State Formation, Nation-building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan based on his collected works (Oxford: Oxford University Press, 1999).

14 Immanuel Kant, Contestación a la pregunta: ¿qué es la Ilustración? (Madrid: Taurus, 2012).

15 Auguste Comte, Discurso sobre el espíritu positivo (Madrid: Alianza Editorial, 1980).

16 Michael Mann, Las fuentes del poder social, II: El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914 (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 82-83.

17 De esta «teoría del embrollo» han salido conclusiones científicas dignas de atención: por ejemplo, el «modelo polimorfo de cristalización» del Estado del propio Mann, que se refiere a la interacción de cuatro fuentes distintas del poder; también la propuesta de abandonar las teorías sustantivas del Estado y los análisis institucionales, para concentrarse en la morfología de las redes de organización efectiva del poder y de la influencia política, en Edward O. Laumann y David Knoke, The Organizational State: Social Choice in National Policy Domains (Madison: University of Wisconsin Press, 1987).

18 Pierre Bourdieu, Sobre el estado: cursos en el Collège de France (1989-1992) (Barcelona: Anagrama, 2014).

19 Norbert Elias, El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1987). Elias, El proceso de la civilización.

20 Norbert Elias, La sociedad cortesana (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).

21 S. N. Eisenstadt, Los sistemas políticos de los imperios: La ascensión y la caída de las sociedades burocráticas históricas (Madrid: Revista de Occidente, 1966).

22 Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo (Madrid: Siglo XXI, 1979); Perry Anderson, El estado absolutista (Madrid: Siglo XXI, 1979).

23 Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia: el señor y el campesino en la formación del mundo moderno (Barcelona: Península, 1973).

24 Theda Skocpol, Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).

25 Jack A. Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World (Berkeley: University of California Press, 1991).

26 «A more secure world: Our shared responsibility» Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change (Nueva York: United Nations, 2004); James Dobbins et al., The Beginners Guide to Nation-Building (Santa Monica, CA: RAND Corporation-National Security Research Division, 2007).

27 James Dobbins, Keith Crane y Seth K. Jones, America’s Role in Nation-Building: From Germany to Iraq (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2003).

28 Charles Tilly, «War Making and State Making as Organised Crime», en Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 169-91; Mick Moore, «Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in Developing Countries», International Political Science Review 25, n.º 3 (2004), 297-319.

29 Jeffrey I. Herbst, «The Challenge of State-Building in Africa», en States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), 11-32.

30 Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados Europeos, 990-1990 (Madrid: Alianza Editorial, 1992).

31 Jeffrey Herbst, «Responding to State Failure in Africa», International Security 21, n.º 3 (2011), 120-144.

32 Miguel Ángel Centeno, «Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin America», American Journal of Sociology, n.º 6 (1997), 1565-1605. Con más amplitud en su libro: Miguel Ángel Centeno, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America (University Park: Pennsylvania State University Press, 2002).

33 Cameron G. Thies, «War, Rivalry, and State Building in Latin America», American Journal of Political Science 49, n.º 3 (2005), 451-465.

34 Abelardo Morales Gamboa y Stephen Baranyi, «State-building, National Leadership and Relative Success in Costa Rica», en Simon Chesterman, Michael Ignatieff y Ramesh Thakur (eds.), Making State Work: State Failure and the Crisis of Governance (Tokio: United Nations University Press, 2005), 234-251.

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