SINOPSIS

El sábado 14 de marzo de 2020, el presidente Pedro Sánchez comparecía ante los medios para anunciar el estado de alarma y el confinamiento de la población. La economía española paraba en seco mientras la crisis sanitaria amenazaba con colapsar los hospitales.

Habían pasado justo dos meses desde la formación del primer Gobierno de coalición. Dos meses de euforia y entusiasmo en la izquierda, precedidos de una encarnizada batalla entre PSOE y Unidas Podemos y dos elecciones generales. Una coalición en minoría que se enfrentaba ahora a la mayor crisis sanitaria, económica y política de la historia reciente de España.

María Llapart y José Enrique Monrosi presentan aquí la crónica de cómo se gestionó políticamente esa crisis, de la convivencia entre Sánchez e Iglesias y de las pugnas que se dieron dentro del Gobierno, de los desafíos que pusieron al país en jaque, de las decisiones históricas en situaciones límite y de las interioridades de un momento político de excepción.

La coalición frente

a la pandemia

María Llapart y

José Enrique Monrosi

A David y Julia, por su amor generoso y apoyo infinito.

A mis padres y hermanas, por estar siempre a mi lado.

M. LL.

A mis padres y a su generación,

que tanto construyeron a base de renuncias .

A mis hermanos.

J.E. M.

En España no se pudo establecer una correlación de fuerzas sino una correlación de debilidades.

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

PRÓLOGO

PEDRO Y PABLO

Desde la noche del 20 de diciembre del año 2015, la política española gira en torno a la relación que mantienen dos hombres: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En el terreno personal, la relación entre ambos no esconde demasiado sentimentalismo: ni se han odiado en los peores momentos ni se han vuelto amigos ahora que comparten el poder. Sin embargo, los vericuetos entre estos dos líderes explican el reparto de poder de los últimos cinco años de este país. Haciendo un ejercicio de extrema síntesis, se podría concluir que cuando Sánchez e Iglesias han pasado largas épocas sin dirigirse la palabra, la derecha ha gobernado plácidamente; cuando han dedicado su tiempo a intentar destruirse, España se ha visto abocada al bloqueo político; y cuando se han puesto a trabajar juntos, la izquierda ha vuelto al poder.

Su pulso político arranca aquella noche prenavideña de 2015, cuando Podemos pisaba los talones a los socialistas, derrumbados ante el peor momento electoral de su existencia. Tras aquella jornada electoral ambos sumaban 159 escaños. Cuatro diputados más que el día en el que empezaron a gobernar juntos, en 2020. Iglesias vivía entonces convencido de que era cuestión de tiempo que su partido y él mismo acabaran borrando del mapa al PSOE y, por tanto, también a Sánchez. Y quizás por eso salía a burlarse de él en público y le aconsejaba aprovechar «la sonrisa del destino» que suponía que alguien como él pudiera llegar a ser presidente.

Tras muchos desencuentros, la moción de censura de 2018 fue el ensayo general de una colaboración fructífera. Iglesias apoyó a Sánchez sin condiciones para sacar al PP de la Moncloa. Pero tras las elecciones de abril de 2019 todo vuelve a torcerse en la relación que marca la gobernabilidad de España. El PSOE se confirma entonces como el gran partido de centro-izquierda, mientras que Podemos retrocede casi a la mitad en número de escaños. Es ahora Sánchez quien piensa que las horas de Iglesias y los suyos están contadas, y actúa en consecuencia: veta expresamente al hombre que tenía que ayudarle a ser presidente. Quiere gobernar solo.

Tras varios meses de vodevil entre las dos izquierdas, es la correlación de debilidades la que precipita un entendimiento histórico. Sánchez e Iglesias asumen que su propia supervivencia política depende de que sean capaces de trabajar en equipo. No han conseguido destruirse ni alcanzar el poder sin el apoyo del otro. Es una cuestión tozudamente numérica: o lo hacen juntos, o no lo pueden hacer.

Así que, tras semanas frenéticas de reuniones secretas, negociaciones al límite, pactos históricos y decisiones trascendentales ambos se deciden a transformar la tradición política española, dando a luz a un Gobierno de coalición.

La irrupción de la pandemia obliga a quienes fueran rivales acérrimos a poner en funcionamiento en tiempo récord una maquinaria capaz de enfrentarse a la enfermedad y sus devastadoras consecuencias. En muy pocos meses, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasan de protagonizar una cruenta batalla política a gestionar codo a codo una de las mayores crisis de la historia reciente española.

Este libro no es un ensayo sobre teoría política ni está concebido como un balance de gestión o de trayectorias. Pretende ser la crónica de un largo curso político que cambia un país para siempre, y que comienza con Pedro Sánchez vetando expresamente a Pablo Iglesias para acabar con este último de vicepresidente en un Gobierno que tiene que afrontar el mayor desafío desde la transición democrática.

El tiempo que transcurre entre la formación del Gobierno y el estallido de la COVID-19 es el auténtico corazón de este libro. En ese periodo pasan muchas cosas por primera vez, y a la normalidad se le buscan adjetivos para intentar explicar un nuevo mundo con nuevas reglas.

Nunca antes un Gobierno había tenido que decretar un estado de alarma para encerrar en casa al conjunto de los españoles. Las consecuencias de la pandemia se reflejan en decenas de miles de muertos, pero también en una crisis económica y de salud pública de imprevisible duración.

A través de decenas de entrevistas con los máximos protagonistas de la política española, esta obra recrea las escenas y las conversaciones que han marcado la actualidad del país en el último año y medio y que, en muchos casos, ya se han convertido en capítulos destacados de nuestra historia reciente. Más de setenta y cinco horas de grabaciones para conseguir averiguar qué se dijo, quién lo dijo y qué pasó en algunas reuniones en las que estaba en juego el rumbo de los acontecimientos para los más de 47 millones de españoles.

El objetivo no es otro que acercar al lector al lugar donde se toman las decisiones que influyen en su vida cotidiana y también a las personas que las adoptan. Que conozca mejor a quienes hoy están al frente de un país que atraviesa una situación delicadísima, que se entiendan mejor las interioridades de una vida política a menudo tan ajena al ciudadano, y que se comprenda un poco más el complejísimo momento institucional que atraviesa España.

Para ello, hemos afrontado esta obra con una inquietud radicalmente periodística. La de preguntar y escuchar atentamente para poder comprender más y contárselo mejor a todos ustedes.

Madrid, agosto de 2020

PRIMERA PARTE

COALICIÓN

1

EL VETO

El calor y el ambiente político son asfixiantes en Madrid en el verano que sigue a las elecciones del 28 de abril de 2019. Las negociaciones para la formación de Gobierno se convierten en un duelo bajo el sol entre los dos grandes partidos de la izquierda española. Es jueves 18 de julio. Falta una semana para la investidura y Pablo Iglesias ve venir el siguiente golpe:

—Compañeros, creo que se acercan los momentos difíciles. Hay que estar tranquilos y preparados.

Mediante esta advertencia, lanzada en una reunión del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Iglesias demuestra que sabe interpretar las pistas que Sánchez ya ni se esfuerza en encriptar.

—Siempre he tenido muchas dudas de que Pablo Iglesias se incorpore al Gobierno —anuncia el líder socialista unos minutos antes en una entrevista en la Cadena Ser.

Iglesias sabe que Sánchez acaba de poner la mirilla sobre él. Y su reacción es retarle: si tiene que disparar, que dispare ya.

—Si Pedro quiere vetar a alguien o cree que yo no puedo estar en el Gobierno, que salga y lo diga. Que lo explique —repite tres veces Iglesias en una entrevista.

Sánchez tarda cuarenta y ocho horas en hacerle caso. A solo cuatro días de la investidura, el presidente en funciones apunta bien y dispara.

—¿Está vetado o no está vetado Pablo Iglesias en el futuro Gobierno si usted pacta con Unidas Podemos? —le pregunta el periodista Antonio García Ferreras en laSexta.

—Es el principal escollo para formar un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. No se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese Gobierno.

Apenas han transcurrido diez segundos de entrevista, pero ya está todo dicho. El mensaje no es precisamente ambiguo. Ferreras le pregunta a Sánchez directamente lo que el presidente lleva días insinuando porque quiere que lo aclare. Él responde como si fuera lo único que quería decir y el resto de la entrevista le sobrara.

El líder del PSOE intenta justificar su decisión explicando a los miles de espectadores que él y Pablo Iglesias mantienen «desavenencias muy importantes en el ámbito estatal». En realidad, tenía decidido disparar y es lo que hace. Y no quiere que queden ni pólvora ni dudas en el cartucho:

—Necesito un vicepresidente que defienda la democracia española.

La jugada no es ninguna improvisación. Alrededor de Pedro Sánchez hay varias personas que siempre están al corriente de las estrategias y de los movimientos antes de que ocurran. Es el llamado «núcleo duro» del presidente, y lo componen Adriana Lastra, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Iván Redondo, Félix Bolaños y Santos Cerdán, secretario de Organización Territorial del PSOE. Las posibles consecuencias del veto son analizadas previamente y no todos opinan exactamente lo mismo.

La noticia le llega a Pablo Iglesias en plena reunión con Antonio Garamendi, presidente de la patronal de empresarios. Aunque Iglesias lleva días anticipando la jugada, el anuncio cae sobre el partido como una auténtica bomba.

En Podemos hay unanimidad en el fondo: el veto es injusto y humillante para el líder de una formación con casi cuatro millones de votantes y que desempeñó un papel decisivo en la moción de censura que aupó al poder a Sánchez solo 13 meses antes, desalojando a Mariano Rajoy de la Moncloa. Donde aparecen serias discrepancias es en la forma de afrontar la situación. En las primeras reacciones al anuncio de Sánchez, el periodista Enric Juliana sintetiza el debate que acaba de desencadenarse en el seno de Podemos:

—La clave ahora es si serán capaces de emanciparse del sentimentalismo —anticipa Juliana.

Efectivamente, la reacción de la mayoría de la cúpula morada es virulenta.

—No pensamos sentarnos a negociar. Vetar a Pablo es vetar a Podemos. O Sánchez se retracta o los puentes están rotos —transmiten desde la dirección a los periodistas que siguen la actualidad del partido.

Sin embargo, otra visión minoritaria sí que intenta «emanciparse del sentimentalismo»:

—Sánchez juega sucio, pero se ha movido. Si sabemos ver la jugada podemos hacerlo caer en su propia trampa.

«Su propia trampa» es verse obligado a aceptar un Gobierno de coalición que a estas alturas está muy claro que no quiere. Pero ha sido él quien lo ha dicho: «Iglesias es el principal escollo para un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos». Luego, sin Iglesias, ese Gobierno es posible.

Quien suda esta teoría en el patio del Congreso de los Diputados es el jefe de gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, que pasea de un lado a otro con su chaqueta de lino gris y camiseta negra como un tigre enjaulado.

—¿Tenés un cigarro?

A pesar de su optimismo, el experimentado asesor argentino no puede ocultar que el PSOE acaba de arrinconarlos. Absorbe el humo con ansia. Se enfrenta a una situación que jamás habría imaginado al aterrizar en España hace apenas siete meses, y mucho menos cuando conoció a Pablo Iglesias en Buenos Aires en marzo de 2018.

Por esas fechas el líder de Podemos había viajado a Argentina para participar en la Marcha por la Memoria de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar. Gentili actuó de cicerón en una jornada inolvidable para el político español. Lo llevó a pasear por el impactante parque de la Memoria, donde un hombre que hacía deporte reconoció a Iglesias y lo abrazó llorando. Lo presentó a las Madres de la plaza de Mayo, con las que compartió cabecera en la multitudinaria manifestación, y lo hizo subir al escenario a pronunciar unas palabras ante cientos de miles de personas. Para terminar, lo invitó a cenar asado.

Iglesias quedó cautivado por aquel hombre que había sido mano derecha de Lula y Dilma Roussef en Brasil. Gentili tenía una experiencia nada frecuente en Europa: trabajar para una izquierda que ganaba y gobernaba. Justo lo que anhelaba el líder morado, al que tampoco le sobraban asesores veteranos y con una visión panorámica de los cambios en política a lo largo de los años. Gentili superaba los 50, y aceptó la oferta que le planteó Pablo Iglesias de sumarse al equipo de Unidas Podemos para gestionar los pasos de la izquierda tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Pero de eso hace ya siete meses y el plan de Gentili de pasar una temporada en la tranquila Europa, empapándose de las sutilezas de una política menos cardíaca, no está siendo tan relajante como había pensado.

Antes de hablar, le da una última calada al cigarro al que le han invitado.

—Es todo el PSOE contra Pablo. Ahora, si no hay Gobierno, parece que es su culpa. Quieren destruirlo. —Echa el humo y niega con la cabeza.

Sánchez consigue reducir el terreno de juego a un espacio muy ingrato para el líder de Podemos: si no hay acuerdo de la izquierda es por el egoísmo de Iglesias.

Aunque en realidad el veto es la expresión final de una evidencia: tras darle muchas vueltas, Pedro Sánchez nunca termina de ver claro un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

—Nunca tuvo un especial interés —reconocen algunas de las personas más próximas a Sánchez.

Al candidato socialista le incomoda la presencia de pesos pesados de la formación morada en su Consejo de Ministros y argumenta que podría poner en riesgo la estabilidad del país. Le preocupan especialmente la economía y el conflicto en Cataluña, y cree que un Consejo de Ministros con presencia de Podemos le debilita para afrontar ambos retos. Además, también le inquieta el simple hecho de pensar que en su gallinero se pueda colar otro gallo que se dedique a cantar media hora antes que él.

—En este momento no se da ni la convicción ni la generosidad suficiente para compartir el poder —razonan en la sala de máquinas de Moncloa.

Después de las elecciones del 28 de abril y la victoria socialista, el plan favorito de la Moncloa es gobernar en solitario y jugar a la geometría variable a lo largo de la legislatura. El propio Sánchez cierra la entrevista en laSexta pidiendo la generosidad del resto de las fuerzas políticas para investirle presidente. Lo que ansía es la abstención de algún partido que le permita gobernar sin ataduras, aprobando algunas leyes con Ciudadanos y el PP, y otras con Unidas Podemos.

Desanimado, Gentili se va a casa. Esa noche duerme mal. No le ha dicho a su jefe todo lo que piensa porque no ha tenido ocasión, porque no lo ha visto a solas y porque no sabe cómo se lo va a tomar. En algunos estamentos del partido sus planteamientos no han sentado del todo bien. Cuando se despierta el viernes, tiene una llamada de Dilma Roussef. Se la devuelve y se desahoga.

—Tienes que decírselo, es lo mejor para él —le aconseja la expresidenta brasileña.

Gentili se decide, sube a un taxi en dirección a Galapagar y agarra el móvil:

—Pablo, estoy yendo a tu casa, tenemos que hablar.

—Vente al Congreso, que ya estoy aquí.

Cuando entra al despacho de Iglesias, lo encuentra allí solo. El discurso de un bonaerense siempre es rico en detalles, y Gentili suelta una larga retahíla antes de decir lo que realmente quiere decir.

—Esto te puede hacer mucho daño. Están deseando decir que las cosas no salen por culpa tuya. Tenés que renunciar, Pablo —termina su alegato.

El jefe lo escucha atentamente. Está más serio de lo normal y a su asesor le sorprende que la respuesta ya la tenga meditada:

—Voy a renunciar para que no tengan excusas.

Iglesias está convencido de que la jugada de Sánchez es un órdago, y de que el socialista no espera que él lo vea:

—Vamos a poner en evidencia que es mentira que él esté dispuesto a formar un Gobierno con nosotros aunque yo me retire.

El movimiento es arriesgado. Dentro de Unidas Podemos, Iglesias no es un candidato o un secretario general al uso. En el sentido más amplio de la expresión, es un líder.

Su renuncia convertiría a Irene Montero en la cara más visible de la formación en caso de que se formara Gobierno. Podría ser vicepresidenta. Y por eso y por más cosas su dolor es político pero también personal. Montero no quiere que Iglesias renuncie y le cuesta especialmente digerir un sapo que todos acaban tragando con tristeza.

«Estoy desconsolada, Pablo», escribe en un mensaje Yolanda Díaz, por entonces dirigente de Esquerda Unida y una de las personas más cercanas al líder de Podemos.

Iglesias acaba de hacerla llorar con la noticia de su renuncia. Le pide que no se preocupe por él y que le ayude con el texto del comunicado que está a punto de grabar.

«Igual te toca ser ministra, así que a trabajar», le escribe Iglesias.

«No pienso ser nada si tú no estás en esto. ¿Te enteras? Jamás.»

«Te quiero mucho, Yolanda.»

Antes de levantarse del sofá en el que ha escuchado atentamente los argumentos de Gentili, el líder vetado manda también un mensaje a Pedro Sánchez:

«Estoy dispuesto a no formar parte del Gobierno si no hay más vetos y si nuestra presencia es proporcional a los votos.»

Sin esperar la respuesta, graba el vídeo.

—Nuestro país necesita un Gobierno de coalición de izquierdas y yo no puedo ser la excusa a la que se aferre el PSOE para impedirlo —dice mirando fijamente al objetivo.

—Perfecto. Este es el bueno —corta el equipo.

La cámara se apaga.

—Gracias. Pasádmelo cuando esté subido, chicos. Me voy a casa.

Iglesias se cuelga su mochila negra al hombro antes de salir por la puerta. La devoción en Podemos hacia su líder es total, y su gesto es recibido como la última gran prueba de generosidad y responsabilidad por los miembros de su equipo.

—Pablo es un grande.

—Es enorrrrrme, joder.

—Qué altura, hostia.

Los elogios corren a la misma velocidad que las cervezas en la barra de Casa Manolo, bar con solera en los aledaños del Congreso y lugar de encuentro de políticos y periodistas. Cuando empieza a bajar la persiana del local, el equipo que ha grabado el vídeo está al borde del desmayo.

—¿Ya cerráis?

—Deberíamos haber pedido croquetas, joder.

—Qué grande es Pablo, coño.

2

MANUAL DE UNA MALA NEGOCIACIÓN

Un día después de que Iglesias acepte el veto de Sánchez, Carmen Calvo contacta con Pablo Echenique.

—¿Nos vemos esta tarde a las 18.30 en el Hotel NH de San Sebastián de los Reyes? —le propone la vicepresidenta al entonces secretario de Organización de Podemos—. Es que tengo una entrevista ya cerrada a las 21.30 en laSexta, que está al lado. Pero en cuanto termine, vuelvo y seguimos.

—Estamos dispuestos a acudir, Carmen, pero necesitamos la certeza de que no habrá más vetos —le espeta Echenique.

—¿A qué te refieres, Pablo?

—Pues a que ha renunciado nuestro candidato y a partir de ahora tenéis que aceptar cualquier nombre de Unidas Podemos. Sea cual sea su perfil político.

—Pablo, venga. A ver si de una vez podemos avanzar. Nos vemos luego.

La respuesta no es lo suficientemente clara para Echenique, y decide no acudir a la cita. La herida de la renuncia de Iglesias está demasiado fresca, y en el partido hay poca predisposición a hacer más concesiones al equipo de Pedro Sánchez.

Carmen Calvo llega puntual al hotel, acompañada de Adriana Lastra y María Jesús Montero, las otras dos negociadoras socialistas. Tras diez minutos de espera empiezan a extrañarse de que no aparezca nadie de Podemos. A las 19.00, Calvo vuelve a llamar a Echenique:

—Hola, Pablo. ¿Dónde estáis? Habíamos quedado a las 18.30. Os estamos esperando.

—En casa, Carmen. No me has asegurado que no vaya a haber más vetos. No iremos a ninguna reunión hasta que esto quede aclarado —contesta Echenique.

—Pablo, ya te lo he dicho. Que nosotras no tenemos ningún problema. Ninguno. ¿cómo quieres que te lo diga? No habrá más vetos, Pablo. ¿Conforme? Venga, que el tiempo se va agotando, aquí os esperamos.

Por fin la vicepresidenta le dice a Echenique lo que él quiere escuchar, así que pone rumbo al hotel junto con Ione Belarra, portavoz adjunta de la formación en el Congreso y la otra persona encargada por Iglesias de llevar las conversaciones.

La reunión comienza con una hora de retraso y, cuando lleva pocos minutos, Calvo se levanta.

—Me marcho a la entrevista. En una hora estoy de vuelta. No cerréis el acuerdo sin mí, ¿eh? —bromea.

Al volver del plató continúan con la reunión hasta pasada la medianoche. Las conversaciones se centran en acordar el número de ministerios para Podemos. Echenique empieza pidiendo cinco carteras y una vicepresidencia social para Irene Montero. Calvo enseguida rebaja sus expectativas, y al final llegan a un principio de entendimiento, al menos, sobre la cantidad: tres ministerios para la formación morada además de la Vicepresidencia Social.

Cuando el cansancio hace mella, deciden parar y continuar al día siguiente. La cita se retoma en el mismo lugar y las conversaciones tardan poco en encallar. El bloqueo comienza cuando toca concretar las competencias de cada cartera.

Calvo pone sobre la mesa diferentes opciones, pero nunca se desprende de Trabajo ni de Transición Ecológica, tampoco de Igualdad. Tres carteras fundamentales para Unidas Podemos. Belarra y Echenique están molestos. Aspiran a competencias para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para derogar la reforma laboral o para bajar los precios de la vivienda, pero no encuentran ninguna disposición en sus interlocutoras a pesar de quejarse amargamente.

—Carmen, nos ofreces ministerios con nombres bonitos pero que están vacíos. Ni tan siquiera la Vicepresidencia Social para Irene Montero tiene contenido —protesta Echenique.

Las horas pasan y no hay concreción de ningún tipo ni se redacta un texto compartido.

Carmen Calvo lleva la voz cantante, habla sin parar. En todas las reuniones invierte gran parte del tiempo en recordar a los diputados de Unidas Podemos que provienen de una cultura política muy distinta a la del PSOE. Casi todos los reproches están asociados a la cuestión catalana:

—Es que hasta anteayer, Pablo, habéis hablado de presos políticos. Y en este país no hay presos políticos. Dirigentes importantes de vuestro partido en Cataluña siguen defendiendo el derecho de autodeterminación. Esto, perdonadme, está muy presente.

—Carmen, te lo dijimos ayer. Y Pablo se lo ha repetido a Pedro. Estamos dispuestos a ser leales respecto a la posición que el PSOE marque en el conflicto en Cataluña. No sabemos ya cómo explicártelo para que te fíes.

Adriana Lastra, María Jesús Montero e Ione Belarra escuchan con atención pero apenas participan en las conversaciones. A veces Lastra interviene para introducir una breve distensión en un ambiente tirante.

Son horas desilusionantes e improductivas. Los propios miembros de la mesa reconocen en privado que trabajan «sin una metodología clara» y que la negociación «es un galimatías». Mientras, en los medios de comunicación ambos partidos protagonizan un estriptis diario sobre las conversaciones, con declaraciones plagadas de posicionamientos maximalistas que no permiten soltar soga en los encuentros privados.

Con la noche del domingo ya encima, a pocas horas de que comience la investidura, Belarra y Echenique le piden a Calvo un papel con una propuesta en firme:

—¿Cómo vamos a aceptar algo que ni siquiera nos entregáis por escrito, Carmen?

—¿Tú qué necesitas, un papel? Yo te hago un papel — resuelve Carmen Calvo con desparpajo.

Coge un folio, un bolígrafo con la tinta verde y empieza a escribir nombres de ministerios.

—A ver… Turismo y Deporte, aquí está. ¿Qué más? Agricultura también hemos hablado. Otro, Cultura… —enumera mientras sigue llenando el papel de letras—. Os he dicho también Sanidad y Consumo, el de Ciencia… —añade—. Os hemos ofrecido Vivienda…

—¡Pero Carmen! —responde Belarra, entre sorprendida y avergonzada por lo absurdo de la situación—. Es un papel que no tiene ni tu firma…

—¡Ah! ¿Que lo quieres con firma? No te preocupes. —Calvo planta su rúbrica—. Ahí está, firmado. —Y entrega el papel a Belarra.

Se despiden constatando que el bloqueo es absoluto. El tiempo se agota. Incluso Adriana Lastra, gran defensora del acuerdo, se marcha sabiendo que no hay avance posible.

Y tiene razón. La siguiente vez que se ven las caras es ya en el Congreso, sentados en el hemiciclo a las 12 del mediodía del 22 de julio, a punto de comenzar la primera sesión de investidura. Por delante quedan dos días de ruido político que no harán más que certificar un nuevo fracaso de PSOE y Podemos en el intento de ponerse de acuerdo. El país se sumerge en el bloqueo.

3

CALVO NO SUELTA IGUALDAD

Sánchez acaba de perder la primera votación para ser presidente. Además del apoyo de los socialistas, solo ha conseguido otro sí : el voto del diputado del Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla. A última hora la bancada de Unidas Podemos ha decidido abstenerse en un intento por dejar la puerta del entendimiento abierta antes de la votación definitiva en cuarenta y ocho horas. La prueba de que el debate en el seno de los morados se prolonga hasta el último momento es que Irene Montero, que tiene que emitir su voto telemático unas horas antes por encontrarse en los últimos días de su embarazo, ha votado contra Sánchez.

Los socialistas tienen por delante dos días para salvar la investidura en la segunda votación. Los augurios no son buenos: el debate en la tribuna entre Iglesias y Sánchez ha sido áspero, lleno de reproches y desaires por ambas partes. El líder de Podemos recrimina a Sánchez un «exceso de autoconfianza y arrogancia» que le lleva a fiarse demasiado «de las encuestas del CIS, que lo empujan a una repetición electoral».

Sánchez abandona su escaño. Antes de salir del hemiciclo coge aire. Lo suelta y hace un esfuerzo por mostrarse relajado. Prepara la sonrisa para la prensa, empuja la puerta y sale al pasillo donde lo esperan fotógrafos, cámaras de televisión y decenas de periodistas.

—Presidente, ¿confía en salvar la investidura el jueves?

—Buenas tardes —responde educado—. Ya hemos hablado mucho ahí dentro. —Y se marcha con gesto cansado mientras las preguntas se agolpan.

—Señor Sánchez, ¿habrá acuerdo con Unidas Podemos?

Pasa ante las cámaras sin detenerse. Camina directo hasta la zona de Gobierno del Congreso de los Diputados. Allí reúne a su círculo de confianza: Adriana Lastra, José Luis Ábalos, María Jesús Montero y Carmen Calvo. Su jefe de gabinete, Iván Redondo, abre la puerta para incorporarse a la reunión.

—Iván, perdona, ¿te importa esperar un momento fuera? —le pide Sánchez a Redondo, que tenía ya medio cuerpo dentro de la sala—. Es solo un segundo, ahora nos vemos —se disculpa al mismo tiempo que su colaborador más estrecho asume la orden y sale por la puerta.

Cuando solo están dentro las personas elegidas, comienza el cónclave. La encargada de abrir fuego es Adriana Lastra.

—Creo que debería ampliarse la oferta a Unidas Podemos —propone de pie, con el bolso en la mano. Se va a Asturias a ver a su padre, que está muy enfermo. Antes de marcharse deja otro mensaje—. Habría que ofrecerles algo que les parezca seductor.

Lastra no habla por hablar: conoce las inquietudes de Unidas Podemos y piensa que podría darse el pacto si entraran en juego más competencias. Pocos desean tanto como ella evitar la repetición electoral. Sus años de formación en las juventudes socialistas asturianas le enseñaron que la izquierda, si no trabaja unida, lo tiene muy complicado para lograr sus objetivos.

Sánchez reflexiona en silencio. Nadie habla durante unos minutos. De repente plantea una posibilidad:

—Podríamos cederles Cooperación Internacional.

Al oír eso, Ábalos entra en la conversación para quejarse amargamente. Aunque él también es defensor del acuerdo, prefiere ofrecer otras competencias:

—¿Cooperación Internacional? Pedro, eso es el brazo armado de la política exterior. Tiene muchísimo presupuesto. ¿Les vamos a dejar que vayan dando dinero por el mundo? Estamos soltando más de lo que queríamos al principio. Les hemos ofrecido Agricultura que tiene mucha política europea, no es cualquier cosa… ¿También Cooperación Internacional?

De repente se cuela en la conversación el Ministerio de Igualdad, una de las joyas de la corona dentro de un Gobierno que tiene el propósito de plantear grandes reformas feministas.

—Es una pieza clave para Unidas Podemos —confirma María Jesús Montero.

Sánchez vuelve a quedarse pensativo y se dirige a Carmen Calvo, la mujer que lo acompaña desde la batalla por hacerse en las primarias con la secretaría general del partido. Calvo es una política acostumbrada a aguantar bien sus posiciones y a conceder a cada cosa el tiempo que cree que necesita, aunque eso pueda provocar tensiones con los interlocutores y, en ocasiones, hasta con compañeros de partido.

—Carmen, sé que es difícil. En materia de igualdad y feminismo tenemos diferencias notables con Podemos, pero no nos queda más remedio. Hay que darles más competencias para desbloquear la situación. Ofrezcamos el Ministerio de Igualdad en firme. Ponlo encima de la mesa a ver si así conseguimos algo.

Es una petición delicada. Calvo no solo ha soportado hasta ese momento el desgaste de conducir las conversaciones con Podemos; también es la responsable del Ministerio de Igualdad y está especialmente orgullosa de haber devuelto el departamento a la primera fila de la política después de que el Partido Popular lo relegara durante ocho años a una secretaría de Estado.

Calvo mira al presidente y asiente:

—A ver si es verdad, porque ya sabes, Pedro, que no salen de sus posiciones, no avanzan. Primero quieren ministerios que ya estén creados, luego piden que inventemos nuevas carteras con nuevas competencias… La negociación así es complicada. Les ofrecemos diferentes cosas, piden un receso, salen a hablar con los suyos y cuando vuelven ya nada de lo hablado sirve. Da la sensación de que no quieren pactar, presidente, ya sabes lo que pienso. Sin Iglesias no les vale nada. Pero vale, lo traslado y te cuento.

La reunión se disuelve. Todos se despiden a la espera de nuevas noticias. Carmen Calvo llama a Echenique.

—Pablo, ¿qué tal? ¿Podemos vernos? He estado con el presidente y creo que hay margen para hablar de nuevas propuestas que os satisfagan. —Calvo no desvela nada sobre Igualdad. Se guarda el as en la manga.

—Claro, pero yo creo que ya hoy es tarde. Mejor mañana. ¿Te parece?

—Perfecto, nos vemos mañana. ¿A las 10.00 en el Congreso?

—Muy bien, hasta mañana.

Pablo Echenique cuelga el teléfono. Se queda pensativo. Echa la vista atrás y piensa en cómo han sido las últimas horas en la mesa de negociación. Le gustaría ser optimista pero no puede. Tiene pocas expectativas, y por eso prefiere enfrentarse a la nueva negociación con prudencia. Avisa a los suyos de que Calvo acaba de proponer otra reunión. Los mensajes a través de Telegram vuelan dentro del núcleo duro de Unidas Podemos. Todos se acuestan con una idea muy clara: no aceptarán cualquier cosa. Quieren competencias claras para desarrollar políticas sociales.

La reunión empieza a la hora prevista en la misma zona de Gobierno donde Carmen Calvo recibió horas antes el encargo de desprenderse del Ministerio de Igualdad.

—A ver si arreglamos esto de una vez —recibe la vicepresidenta en funciones a los negociadores de Unidas Podemos.

—Ojalá, Carmen. Está en vuestras manos. Nosotros encantados de cerrar el acuerdo, pero ya sabes que queremos competencias claras —responde Pablo Echenique.

El negociador de Podemos espera ansioso las palabras de su interlocutora.

—Pablo, os hemos ofrecido de todo. De verdad, no sé qué queréis. Ministerio de Turismo, de Agricultura, de Sanidad, Ministerio de Vivienda, ¡la Vicepresidencia Social para Irene Montero!

Carmen Calvo no pone nada nuevo encima de la mesa.

—Carmen, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Nos da igual la cantidad. ¿Qué competencias tienen esos ministerios? ¿Podremos bajar los precios del alquiler? Dime. ¿Alguna competencia para subir el salario mínimo? ¿Podremos hacer políticas de igualdad? ¿Algo que tenga que ver con Transición Ecológica? Nos ofrecéis Turismo. Pero ¿cuántas propuestas de Unidas Podemos conoces en materia de turismo?

Calvo divaga. Explica la importancia de lo ofrecido hasta ese momento. Habla de muchos ministerios, de las áreas que serían para los de Iglesias, de todo lo que podrían hacer... Pero no menciona Igualdad. Pasan las horas y no hay entendimiento. Llega el momento de la pausa para comer.

—Bueno, Carmen, déjanos que hablemos con los nuestros y ahora vemos si nos reunimos otra vez después de picar algo rápido.

Pero el receso se vuelve definitivo. La reunión de ese día acaba, sorprendentemente, sin que el Ministerio de Igualdad aparezca en escena.

Mientras tanto, los teléfonos están que arden. Llamadas de un lado y de otro intentan desencallar la situación. Una es entre Alberto Garzón y María Jesús Montero. Montero está bregada en mil batallas negociando leyes de la Junta de Andalucía con Izquierda Unida, incluidos los presupuestos que se aprobaron en su etapa de consejera de Hacienda. Los dos tienen, además, una fluida relación personal y hablan sin tapujos. El líder de IU está un poco molesto porque su partido no tiene presencia en la mesa de negociación, le gustaría tener más información de primera mano.

—Alberto, es que no os conformáis con nada —le dice Montero, que sí tiene noticias directas de la mesa negociadora.

—María Jesús, lo que me llega es que no se ofrece nada sustancial. Ni Trabajo, ni Transición Ecológica, ni Igualdad.

—¿Igualdad? A ver, Alberto, el Ministerio de Igualdad ya está en la negociación. Créeme. Ya sé que las conversaciones son complejas. Pero fíate de lo que te digo. Igualdad está.

—No me dicen eso. Igualdad no ha estado en la mesa en ningún momento. A ellos no les consta que ese sea un ministerio para nosotros.

—Alberto, hazme caso. Traslada a los tuyos que sí, que el Ministerio de Igualdad es vuestro y entra en la negociación.

Por medio de esta llamada los negociadores de Unidas Podemos se enteran del ofrecimiento de Igualdad. Y también con esa llamada es como muchos en el equipo del presidente tienen consciencia de que Igualdad no se había ofrecido aún con claridad, tal y como había propuesto el presidente.

Aun así, después de la conversación entre Garzón y Montero todavía transcurren varias horas hasta que Carmen Calvo se lo comunica de manera oficial a sus interlocutores. Lo hace mediante un mensaje de WhatsApp después de hablar una última vez con Pedro Sánchez.

«El Ministerio de Igualdad también para vosotros», escribe a Echenique y Belarra.

Calvo pasa la siguiente media hora en su despacho, pendiente del móvil. Ninguno de los dos contesta. Nadie en Unidas Podemos emite señal.

4

TÚ A TELECINCO Y YO A ANTENA 3

A la espera de la respuesta de Podemos, Pedro Sánchez está en su despacho del Palacio de la Moncloa. El sol de las primeras horas de la tarde de julio pega con fuerza en el ventanal. El aire acondicionado lo aísla de los 30 ºC del exterior. Su futuro como presidente del país está en manos de Pablo Iglesias a unas horas de la segunda votación de la sesión de investidura. Piensa en todos los obstáculos que generan desconfianza. Es consciente de que no hay planteamientos demasiados sinceros por ninguna de las partes. No quiere dos Gobiernos en uno. No está del todo convencido de la coalición, pero necesita el acuerdo con Unidas Podemos. Todas las demás opciones dejaron de serlo hace tiempo.

Recostado en su silla repasa los tres meses que han transcurrido desde las elecciones. Lejos queda ya su plan de «geometría variable 2.0», cuando pensaba que podría sacar la investidura y los presupuestos gracias a los 57 diputados de Ciudadanos y, después, algunas leyes de izquierdas con Unidas Podemos. Pero Sánchez siempre ha encontrado en Albert Rivera un muro en el que rebotan todas las propuestas que intenta negociar.

Las reuniones entre ambos líderes son tan frías y breves como cualquier encuentro de ascensor. No tienen ninguna química personal, no se soportan, y siempre consumen menos tiempo reunidos que el que planifican los asesores de la Moncloa.

El divorcio se hace irreversible después de las elecciones autonómicas y locales de mayo. José Luis Ábalos, una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez en su doble papel de secretario de Organización de Ferraz y de responsable del ministerio con más presupuesto del Gobierno, llama al entonces secretario de Organización de Ciudadanos, José Manuel Villegas, mano derecha de Albert Rivera. Lo cita en el Hotel NH de la calle Zurbano de Madrid:

—José Manuel, ¿nos vemos a las 16.00?

—Perfecto.

—Entra por el garaje. Hay un acceso directo, y así evitamos que nos vean.

—Muy bien. ¿Pregunto por algún sitio en concreto?

—Estará allí uno de mis asesores. Él te lleva a una sala de reuniones.

Los secretarios de Organización se ven a la hora acordada y sin ser descubiertos. En la Moncloa también trabajan en paralelo el acuerdo con Unidas Podemos y prefieren no ser vistos con miembros de Ciudadanos.

—José Manuel ¿qué tal? —saluda Ábalos.

—Bien, contentos con los resultados de las elecciones. Creo que podemos hacernos con una buena posición en muchos territorios y ayuntamientos. Incluso coger el bastón de mando.

—De eso quería hablarte —responde el socialista—. Si unimos nuestras fuerzas podemos desbancar al PP de comunidades donde llevan muchos años gobernando. ¿Lo habéis pensado?

—Ya sabes, José Luis, que mientras esté Sánchez el frente del PSOE nosotros no podemos acordar nada.

—Bueno, Sánchez no se va a marchar…Villegas, no te hablo de gobernar con él. Olvídate ahora del Gobierno de España. Te hablo de pactar con el PSOE a nivel territorial. Hemos estudiado los resultados y hay muchas opciones para llegar a acuerdos. Te hablo de que gobernéis el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo: nosotros apoyamos a Begoña Villacís si vosotros apoyáis a Ángel Gabilondo en la Comunidad.

—¿Y con quién gobernamos el Ayuntamiento si no tenemos mayoría? —pregunta Villegas.

—Con quien quieras. Nosotros nos abstenemos para que gobernéis con el PP en el Ayuntamiento y vosotros nos dejáis gobernar la Comunidad. Lo que quieras, de verdad.

—No sumamos en la Comunidad. Necesitaríamos a Más Madrid. Si nosotros apoyamos, igual Errejón no quiere entrar.

—No habría problema. Lo tengo hablado con él. Pero, además, podemos hacer la misma operación en Murcia. El Ayuntamiento para vosotros y la Comunidad nuestra. En Lorca podemos cogobernar. El Puerto de Cartagena para vosotros. Os votamos a vuestro alcalde en Alicante. Lo mismo en Zaragoza y arrebatamos la alcaldía al PP. En Castilla y León podemos gobernar juntos también. Hay mil opciones.

Villegas escucha atentamente los planes de Ábalos. Se queda pensativo y responde lacónico.

—Bueno, lo vamos a ver.

Ante la falta de entusiasmo, Ábalos intenta aportar varios argumentos más.

—Si vosotros queréis ser la alternativa al PP, no podéis subordinaros a ellos. Sois débiles territorialmente hablando, os damos la opción de tener base en muchas ciudades importantes y desvincularos del PP. Cualquier consultor político te diría que lo hicieras ya con los ojos cerrados.

—Déjame que lo traslade al partido y te digo algo, José Luis. Hay que estudiar bien todas las opciones.

Ábalos nunca llegará a recibir de Villegas ni de nadie de Ciudadanos ninguna respuesta a la oferta.

Desde el momento de ese desplante, y teniendo en cuenta que Rivera ni acude a las reuniones que le propone Pedro Sánchez, en la Moncloa tienen asumido que la puerta de Ciudadanos está completamente cerrada. Y también la del PP, aunque en público sigan pidiéndole a Casado un gesto de responsabilidad. Sánchez llega a pensar en alguna ocasión que los populares podrían devolver al PSOE el favor abstenerse, como sucede en aquel lejano 2016 en la investidura de Rajoy, planteamiento por cierto al que él se opone frontalmente hasta el punto de entregar su acta de diputado. Sin embargo, enseguida asume que picar en esa piedra solo serviría para agotarse él y agotar a la ciudadanía porque tampoco hay nada que hacer.

Por eso, el acuerdo con Unidas Podemos es el único camino transitable y este afronta sus horas más críticas. Los morados no dan señales de vida. La versión de los de Pablo Iglesias es que sus negociadores nunca leyeron el mensaje con la última oferta de Carmen Calvo porque ellos no usan WhatsApp y sus comunicaciones son siempre a través de Telegram.

Pedro Sánchez no sabe esto, pero decide que no pueden seguir esperando. Son las 19.00. Coge el teléfono y llama a Pablo Iglesias en un último intento de obrar el milagro o de zanjarlo todo:

—Pablo, ¿qué tal?

—Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntame.

—A ver, Pablo. El Ministerio de Igualdad es vuestro. Está en el paquete de ministerios para vosotros. Lo queríais, ¿no? Carmen le ha mandado un mensaje a Echenique y no ha contestado. Igualdad, además de todo lo que ya os hemos ofrecido: la Vicepresidencia Social para Irene, el Ministerio de Vivienda y el de Sanidad y Consumo. Y yo creo que así podemos cerrar el acuerdo.

—Pedro, el problema no es de nombres de ministerios ni de cantidad. Ya os lo hemos dicho muchas veces. No queremos carteras que suenan muy bien pero que están vacías. Queremos competencias de verdad en Trabajo y en Transición Ecológica. Ya hemos renunciado a los ministerios de Estado y también al de Hacienda. Pero no estamos dispuestos a transigir en Trabajo y Transición Ecológica.

—¿En Trabajo y en Transición Ecológica? ¿En ambos ministerios?

—Sí, Pedro. Para nosotros son dos líneas de acción importantísimas.

—Lo siento, Pablo. No es posible. No me voy a mover más. Lo que te he dicho es mi última palabra. Pensaba que ya había quedado claro que ambos ministerios, Trabajo y Transición Ecológica, no pueden ser para vosotros. Nos quedaríamos nosotros casi sin margen de actuación. Lo siento. No es posible el acuerdo con esas posiciones.

—No son posiciones maximalistas, Pedro. Es solo lo que humildemente creemos que nos corresponde con 42 escaños y más de tres millones y medio de votos. Vamos a reunirnos nosotros, si te parece, e intentamos arreglarlo.

—No, Pablo. Es la última oferta, de verdad: Igualdad, Vicepresidencia, Vivienda, y Sanidad y Consumo.

—Sabes que eso que me pides no podemos aceptarlo.

Sánchez cuelga el teléfono, consciente de que todo ha llegado a su fin. El presidente del Gobierno en funciones acaba de dar la extremaunción a la negociación con Unidas Podemos. A partir de ahora comienza la pelea por el relato y el reparto de culpas.

Unos minutos después, a las 19.30, Telecinco anuncia una entrevista con Pedro Sánchez: «Esta noche a las 21.00, Pedro Piqueras entrevista al presidente del Gobierno en funciones».

Iván Redondo y Pedro Sánchez piensan que es buena idea dar su versión de los hechos a pocas horas del desenlace de la investidura y presionar a Unidas Podemos para intentarles hacer cambiar de opinión. Pablo Iglesias ve el anuncio de la entrevista y llama a Gentili.

—Hay que hablar con Miguel. Tengo que ir esta noche a algún programa en directo —le dice.

Miguel García es el jefe de prensa de Pablo Iglesias. Gentili obedece órdenes y le llama:

—Miguel, es urgente. Hay que buscar una entrevista para Pablo esta noche en alguna cadena. Sánchez estará con Piqueras a las 21.00. Acaba de saberse y Pablo quiere responderle.

—¿Esta noche? Eso es ya… A ver… Podría conseguir que fuera a Antena 3 con Vicente Vallés. Lo intento. No creo que sea difícil.

—Venga. Dime algo por Telegram. Voy a llamar al jefe.

Gentili vuelve a llamar a Pablo:

—Miguel ya está en ello. Será en el informativo de Antena 3, con Vicente Vallés. Vamos muy mal de tiempo. Si queremos llegar, habría que salir ya.

—Vale, perfecto. Yo no tengo ya a estas horas conductor. Voy en mi coche. Salgo ya y nos vemos allí.

Mientras Iglesias está al volante con destino a los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, Telecinco publica otro tuit anunciando un cambio de planes:

Con respecto a la entrevista anunciada con Pedro Sánchez, el equipo del presidente nos propuso ofrecer una entrevista en el Informativo que dirige Pedro Piqueras y habíamos acordado comunicarla a partir de las 20.00, pero finalmente acudirá mañana a Informativos Telecinco.

Sánchez cancela la entrevista media hora después de haberla anunciado. Son momentos de mucha tensión. Su núcleo duro ha decidido que no es el momento de hacer pronunciamientos públicos.

Gentili y Miguel leen la cancelación de la entrevista mientras van en taxi hacia San Sebastián de los Reyes. El argentino llama a Iglesias, pero no responde al teléfono. Insiste desesperadamente pero no hay manera de contactar con él. El líder de Unidas Podemos nunca habla por teléfono al volante.

Gentili es el primero en llegar a la puerta principal de Atresmedia. Allí está esperando el director de informativos de Antena 3, Santiago González:

—Hola. ¿Cómo va todo? Menudos días que lleváis…

—Hola. Sí, terribles. Oye, que Pedro Sánchez ha cancelado su entrevista en Telecinco. Ya lo habrás visto. Yo creo que no nos conviene salir a nosotros, por si hay alguna posibilidad de arreglar el acuerdo mañana in extremis .

—Lo vi, pero yo creo que es bueno que salga Pablo Iglesias. Así fija su posición de cara a mañana —intenta convencerlos el periodista.

En ese momento, las 20.38, las redes sociales les avisan de un nuevo incendio. El jefe de prensa, Miguel García, alerta al argentino:

—El PSOE acaba de pasar por su canal de WhatsApp un documento titulado: «Las exigencias de Podemos al PSOE».

—¿Cómo? —pregunta Gentili, sin entender de qué le hablan.

—Sí, les ha mandado a los periodistas dos folios con lo que se supone que son nuestras exigencias para formar Gobierno. Pero este documento no es real —dice enfadado Miguel.

Llega Pablo Iglesias y, detrás de él, sus escoltas. Gentili, en medio de todo el desconcierto le comunica las novedades:

—Sánchez ha cancelado su entrevista en Telecinco.

—¿Y qué hacemos? —pregunta Iglesias—. Quizá deberíamos mantenernos callados y esperar a mañana.

—Pero es que además, mirá. —Le enseña el móvil—. El PSOE está filtrando este documento que nos deja fatal. Dicen que hemos exigido seis ministerios, una vicepresidencia y no sé cuántas áreas y competencias de Gobierno.

Iglesias lee el documento:

—Hay que hablar con Echenique, a ver de dónde han sacado esto. Pero ¿qué hacemos? ¿Salimos o no?

El director de informativos intenta convencerles de que es una buena oportunidad para responder a la filtración:

—Ya que estáis aquí, subid. Vamos a mi despacho y charlamos.

Aceptan la invitación a pesar del caos que en esos momentos rodea a Iglesias y su equipo. Mientras deciden sobre la pertinencia de la entrevista, la maquinaria de Unidas Podemos se pone a rodar y el partido desmiente la veracidad del documento filtrado desde el PSOE. En unos minutos envían a los medios un texto donde afirman que la Moncloa están manipulando el texto original y que se trata de un documento inicial de propuestas que el partido remitió al PSOE para empezar a negociar. El enfado en Unidas Podemos va en aumento a cada minuto que pasa, dando por hecho que el propósito de los socialistas es dinamitar cualquier entendimiento.

A las pocas horas queda demostrado que la palabra «exigencias» no figuraba en el título del documento original creado por Unidas Podemos. Su nombre era «áreas de responsabilidad de Unidas Podemos». El rastro de los metadatos del archivo evidencia que una persona del equipo de la vicepresidenta Carmen Calvo es quien realiza el cambio antes de mandarlo a los medios de comunicación.

Finalmente, Pablo Iglesias y los suyos deciden cancelar también su entrevista y abandonan los estudios de Atresmedia.

5

SIN INVESTIDURA

Queda una hora y media para decidir si hacer presidente a Sánchez o no.

—Le tiramos los votos a la cara, ¿me oyes? Y que luego gobierne con Ciudadanos o con quien le dé la gana.

En la sala donde está reunida la dirección de Unidas Podemos se oyen cosas como esta y otras mucho peores. Los nervios están a flor de piel. Hay ojeras, caras desencajadas. Alguna discusión sube un poco de tono. Hace justo una semana del veto a Iglesias y el estrés de los últimos siete días pasa factura.

—Ya sabes que nosotros, llegados a este punto, preferiríamos evitar a toda costa una repetición electoral, Pablo. —Jaume Asens suele hablar con parsimonia y en condicional—. Creemos que habría que plantearse aceptar.

¿Aceptar qué? Es probable que si a los asistentes de ese cónclave les piden apuntar en un papel cuál es la última oferta del PSOE ninguna de las nueve respuestas coincida. Nadie sabe muy bien qué hay encima de la mesa a pocos minutos de votar.

—Yo creo que hay que aceptar la oferta o plantearse apoyar desde fuera —interviene Alberto Garzón.

El coordinador federal de IU nunca ha sido partidario de la batalla por entrar en el Gobierno. Si de él dependiera, Pedro Sánchez sería presidente desde hace semanas a cambio de un buen acuerdo programático. Garzón le ve grandes inconvenientes a sentarse en el Consejo de Ministros, y en su familia política hay ejemplos de fracasos en varios pactos autonómicos, unas veces porque la convivencia acaba en divorcio sonado, y otras porque el PSOE termina fagocitando a IU.

Pablo Iglesias escucha serio y habla poco. Un bolígrafo gira entre sus dedos a la velocidad de la rueda de un hámster. Ceño fruncido. De vez en cuando hace un apunte. Asiente. Por su cabeza revolotean todas las opciones discutidas. Todas y, aunque nadie lo sepa, alguna más.

Iglesias está tranquilo con la postura de Catalunya en Comú. Ada Colau le ha trasladado personalmente que las cosas desde Barcelona se ven con más urgencias que desde Madrid. Que la sentencia del procés asoma al otro lado del verano. Que ERC aprieta en la competición por la izquierda. Él entiende los argumentos e intenta satisfacer las necesidades de sus socios catalanes, pero sabe que, ocurra lo que ocurra, en última instancia los comunes cerrarán filas con él.

Con quien se siente menos cómodo es con Garzón. Si en algún momento peligra el famoso «pacto de los botellines», la confluencia de Podemos e IU bajo las siglas de Unidas Podemos, es ahora. La tensión que se vive entre Iglesias y el coordinador de IU por la investidura de Sánchez llega a provocar un distanciamiento personal durante los siguientes meses. El líder de Podemos entiende y acepta la discusión política, pero sospecha que su socio no está siendo leal. En las últimas horas se publica que es Garzón quien, ante el desencanto de la ciudadanía y la incapacidad de Podemos, se encarga de contactar con el PSOE para «desbloquearlo todo». Se habla de un comunicado inminente de IU preparado para desmarcarse públicamente del bloqueo. Incluso se da pábulo en medios de comunicación a la posibilidad de que los seis diputados de IU rompan la disciplina de grupo y voten sí a Sánchez. Sin embargo, esta hipótesis tiene una importante laguna: más de un diputado adscrito a las siglas de IU es más leal a Iglesias que a Garzón. Aunque no se conozca hasta muchos meses después, es en esos días cuando Yolanda Díaz se da de baja de Izquierda Unida por fuertes discrepancias con la dirección. No comparte en absoluto una estrategia enfocada, desde su punto de vista, a que sea el líder de Podemos quien acabe pagando los platos rotos.

El reloj avanza. La hora de la votación se acerca y en el fuerte morado cada vez son menos los irreductibles. El ecologista López de Uralde también cree que hay que aceptar. Yolanda Díaz y Pablo Gentili coinciden en un mismo diagnóstico:

—Su propuesta es de mínimos, pero haríamos bien en evaluar el precio de no aceptar.

A los irreductibles les pone voz Juanma del Olmo, secretario de comunicación y persona muy cercana a Irene Montero:

—O somos Gobierno con todas las consecuencias o somos oposición. No se puede ser las dos cosas a la vez. Si somos Gobierno no queremos sillas, queremos competencias. Porque para estar todo el rato diciendo que no podemos hacer cosas… Y si decidimos ser oposición, no podemos apoyar al PSOE.

Belarra y Echenique secundan la exposición. Y van más allá:

—Si hay que asumir otras elecciones, se asumen.

Pero la defensa más encendida de no facilitar la investidura de Sánchez bajo esas condiciones llega por un teléfono en modo altavoz.

—Que la oferta es inaceptable, joder. Que no ofrecen nada. Que les hemos entregado la cabeza de Pablo y ni por esas son generosos. —Irene Montero está a punto de dar a luz e interviene por teléfono desde casa—. Nos han intentado engañar con Igualdad y no sueltan nada que tenga competencias de verdad. Es una humillación.

La tesis del núcleo duro de Podemos se impone. También en la segunda votación de la investidura se votará abstención, lo que a efectos prácticos es un no a Sánchez. La reunión se disuelve cuando faltan quince minutos para que empiece el pleno decisivo. Todos se levantan y se dirigen al hemiciclo. Iglesias se queda el último. Antes de salir de su despacho mira el móvil. Acaba de recibir un mensaje que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.

La sesión comienza.

—Señorías, ocupen sus escaños.

Cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le da la palabra a Pedro Sánchez para abrir la segunda sesión de investidura, Pablo Iglesias gira el sillón de su escaño y busca con la mirada a Yolanda Díaz.

—Mira el móvil —le pide con un susurro.

Díaz le hace caso. Tiene un mensaje de Iglesias sin leer:

«¿Te parece aceptable pedir las políticas activas de empleo?»

Yolanda Díaz es abogada laboralista y la experta en temas de empleo dentro del círculo más íntimo de Iglesias. Si alguien puede resolver esa pregunta es ella. Pero durante un par de segundos se queda en blanco, paralizada. Al fin reacciona:

«Generalmente han sido todas fallidas porque no hay política de empleo en España», contesta por Telegram con sorna gallega.

«Lo voy a pedir en directo, a ver si aceptan», le adelanta Iglesias.

«Dale. Pero ten en cuenta que hay temas conferidos a las comunidades autónomas.»

«Entonces ¿lo pido o no lo pido?», teclea nervioso Iglesias.

«Inténtalo. Son relevantes.»

«Les voy a decir que, si aceptan, apoyamos la investidura.»

Yolanda Díaz abandona momentáneamente el chat de Telegram con Iglesias para consultar unos datos. Cuando regresa a la conversación ya está en disposición de responder a la siguiente pregunta del jefe.

«Por cierto. ¿Qué coño son las políticas activas de empleo?», pregunta Iglesias.

«Formación, subvenciones, ayudas a la contratación. Son exactamente 5.900 millones de euros», le explica Yolanda Díaz antes de que suba a la tribuna a pedir algo que ni siquiera ha tenido tiempo de estudiarse.

Albert Rivera termina su intervención en el pleno. Es la última vez que será ovacionado en el Congreso por los 57 diputados de su bancada, todos en pie.

—Gracias, señor Rivera. Por el grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión —ordena la presidenta de la Cámara Baja.

En el momento en que el señor Iglesias Turrión cruza el hemiciclo para alcanzar la tribuna de oradores ignora que Pedro Sánchez está al corriente de sus últimos movimientos. Tan solo una hora antes, Félix Bolaños le ha mandado un whatsapp al presidente donde le avisa de lo que se está cociendo:

«Presidente, me llama Zapatero. Él opina que si ofrecemos las políticas activas de empleo hay desbloqueo.»

Zapatero tiene una relación cordial con Iglesias y ve con buenos ojos la coalición. Nadie se lo ha pedido, pero el expresidente se implica en buscar una salida a la investidura. Así que, en las últimas horas, se ha visto a solas con Iglesias. En la cita, alude al cansancio de la ciudadanía, al fracaso que supondría ir a elecciones por culpa de una competición dentro de la izquierda. Iglesias siempre contesta lo mismo:

—Pero es que no nos dan nada. Hemos cedido a todo y ya les hemos dicho que para nosotros son fundamentales competencias en Transición Ecológica o en Trabajo. Aunque sea algo, José Luis.

—Ya, pero aunque no os den un ministerio entero, podríais intentar negociar alguna competencia en concreto, que es lo que os interesa: tener competencias.

—Claro, pero ya te digo que no sueltan nada.

Zapatero cree que su idea puede ser la última rendija, y sabe a quién tiene que llamar para ver si aún queda alguna posibilidad:

—Félix, buenos días. Para ellos es importante tener alguna competencia en Trabajo. Aunque no le deis el ministerio, ¿os habéis planteado darles, por ejemplo, las políticas activas de empleo?

En el despacho del secretario general de Presidencia siguen acumulados los borradores de la negociación, con todo lo que se ha planteado, lo que se podría plantear e incluso con lo que no se planteará jamás. Tiene contemplados cada uno de los escenarios. Pase lo que pase, es casi seguro que Bolaños ya lo haya recogido antes en un informe.

—Bueno, yo había estudiado la posibilidad de ofrecerles el SEPE, que incluye esas políticas —contesta Bolaños.

—Si las ofrecéis, yo creo que hay desbloqueo.

—Bueno, yo lo traslado, pero ya ves la hora que es.

Después de recibir el mensaje de Bolaños, Sánchez aún tarda un rato en contestar, pero se muestra tajante:

—Ya es muy tarde para eso —responde.

Sin habérselo planteado previamente a sus interlocutores del PSOE, a solo unos minutos de votar, delante de los 350 diputados y en directo para todo el país, el líder de Podemos lanza su última carta sobre la mesa:

—He recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido.

Silencio absoluto. Carmen Calvo levanta la mirada. El orador logra captar toda su atención:

—Me ha dicho: «Pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo».

Sánchez ni se inmuta. Iglesias continúa:

—Le hacemos una nueva propuesta para intentar salvar la investidura: renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo.

El revuelo en el hemiciclo es tremendo.

—Silencio, señorías —manda la presidenta Batet.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, es la primera en reaccionar.

—¡Pero si están transferidas a las comunidades autónomas! —dice con media sonrisa de incredulidad.

Iglesias bebe agua. Sánchez, en su escaño, niega con la cabeza.

—Es increíble —dice el candidato socialista.

Batet le ofrece a Adriana Lastra la posibilidad de un receso. Al teléfono de la portavoz del PSOE llegan decenas de mensajes:

«Aceptadlo, ¿no?», escribe Rufián, aterrado ante la perspectiva de unas nuevas elecciones.

«Decid que sí, joder. No son nada», anima Aitor Esteban, el portavoz del PNV.

El presidente frena en seco el golpe de efecto buscado por Iglesias.

—Que no —les dice a los suyos.

—Dicen que si queremos un receso, presidente —le ofrece Adriana Lastra.

—Que no, que no.

Sánchez hace horas que ha tirado la toalla. No le parecen ni las formas ni el lugar de trasladar una propuesta medianamente seria. El problema no son las políticas activas de empleo. El problema es que todo se ha hecho mal, con demasiada desconfianza por las dos partes, y que la convocatoria a elecciones el 10 de noviembre es una realidad que hace días que fue asumida por todos.

6

CAMPAÑA EN LLAMAS

Justo al terminar la sesión, la pregunta la lanza una periodista en el patio del Congreso:

—Presidente, ¿va a volver a negociar con Podemos?

La respuesta es un portazo de un coche negro con cristales tintados. Sánchez se mete en el vehículo oficial que lo va a sacar del lugar en el que acaba de perder, por segunda vez en su vida, una investidura.

Está herido por el fracaso personal que supone. No le ha hecho ninguna gracia el espectáculo de las últimas horas. Y no está dispuesto a volver a pasar por lo mismo. La oportunidad era esta y se ha perdido.

—El Gobierno de coalición es una pantalla pasada. Si alguien está dispuesto a ceder y abstenerse, encantado. Si no, a elecciones. No pasa nada —acaba de explicar a los suyos.

Es 25 de julio y en Madrid hay alerta amarilla por ola de calor. Durante el trayecto en el Audi, el presidente en funciones se quita la chaqueta, la corbata y las pocas ganas que tenía de formar Gobierno con Podemos. Y no se las volverá a poner en todo el verano. En cierta forma se siente liberado. Nunca ha visto con buenos ojos la fórmula de la coalición. Les ha costado mucho, a él personalmente y al PSOE como institución, asumir lo que implicaría sentar en su Consejo de Ministros a cargos morados. Aceptaron proponerlo porque Iglesias se retiró. Pero ahora puede decir que él ha cumplido con su parte. Que lo ha ofrecido y Unidas Podemos lo ha despreciado, calificando Sanidad, Vivienda o Cultura de «ministerios floreros».

Tiene bajo el brazo encuestas que dicen que todo irá bien para el PSOE en unas nuevas elecciones en otoño, augurando que se prolongará el efecto champán de los comicios autonómicos y locales de mayo, donde los socialistas obtienen un buen resultado. Los sondeos que llegan a la Moncloa indican que el PSOE sobrepasará cómodamente los 140 diputados, que Podemos e Iglesias quedarán debilitados y que, muy probablemente, los independentistas saldrán de la ecuación para formar Gobierno, el gran anhelo de Sánchez.

La tentación es tan fuerte que el líder socialista ni se plantea volver a presentarse a la investidura en septiembre, tal y como una parte de Unidas Podemos aún espera que haga. Tiene sesenta días para intentar nuevamente que la mayoría del Congreso lo invista presidente antes de que se haga automática la convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Pero la decisión es firme y el presidente pone directamente en marcha la campaña.

En agosto, Sánchez organiza actos con 140 colectivos para incorporar sus reivindicaciones al programa político del PSOE. Con foto y declaraciones públicas diarias.

—Ya hemos explorado el camino de la coalición y nos ha llevado a un callejón sin salida. Es momento de explorar otras opciones —afirma cada día.

El único contacto con Pablo Iglesias en todo el verano es un mensaje que le envía antes de salir hacia Doñana de vacaciones:

«Felicidades, Pablo, y felicidades a Irene de mi parte.»

Una escueta felicitación por el nacimiento de la hija de los dirigentes de Unidas Podemos.

Las semanas pasan y el único movimiento político se produce de manera privada, discreta. José Luis Ábalos toma la iniciativa y organiza varias cenas en su domicilio con dirigentes de Podemos con los que tiene buena relación, como Rafa Mayoral. Un intento por destensar las relaciones y propiciar una segunda oportunidad que nunca se concretará.

Aunque la decisión está tomada, a alguien le debe de parecer demasiado obsceno dejar correr dos meses sin amagar al menos con la coreografía de un último intento.

Así que allí se plantan otra vez. Es septiembre. Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero, en representación del PSOE. Echenique y Belarra por parte de Unidas Podemos, acompañados esta vez por los representantes de las confluencias Yolanda Díaz, Jaume Asens y Enrique Santiago.

Los dos equipos se encierran durante cinco horas en una sala. El problema es que no tienen mucho que decirse.

«¿Qué hacemos aquí?»

El mensaje lo manda Yolanda Díaz en plena reunión al diputado de IU Enrique Santiago. La dilatada trayectoria como abogado del dirigente del Partido Comunista lo ha llevado a participar en las negociaciones de las FARC con el Gobierno de Colombia. Lo ha visto casi todo en política, y aun así el cónclave consigue impactarle.

«No he visto un esperpento igual en mi vida», responde al mensaje.

Nadie sabe para qué, pero ahí continúan. Tres representantes del PSOE, cinco de Unidas Podemos y casi una única interviniente.

—Es que sois un partido muy joven como para entrar en el Gobierno —argumenta Carmen Calvo.

—Vicepresidenta, con todo el respeto: que soy el secretario general del Partido Comunista y tenemos casi un siglo de historia —protesta Santiago.

—Ya, hombre. Me refiero a Podemos.

Ante la falta de contenido del encuentro, siguen los mensajes privados entre los asistentes.

«Pero ¿qué hacemos?», insiste Díaz, que lleva casi toda la reunión callada.

«Aguantar, que se levanten ellas», vuelve a responder Santiago.

Dos reuniones de ocho personas y de cinco horas cada una hacen de teloneras de la convocatoria electoral del 10 de noviembre, cita a la que el PSOE se presenta pensando que lo tiene todo atado. Pero, más que sorpresas, la enésima precampaña hace aflorar algún que otro error de cálculo.

El primero se llama Íñigo Errejón y, en este caso, el error de cálculo resulta bidireccional: el ex número dos de Podemos piensa que puede obtener un buen resultado y el PSOE que su irrupción le favorece. Ambos se equivocan.

Desde Ferraz empiezan a abonar el terreno para la vuelta a la política nacional del antiguo lugarteniente de Pablo Iglesias después de los prometedores resultados de su plataforma Más Madrid en las elecciones de mayo. El cariño es explícito:

—Con gente como Errejón nos entenderíamos.

—Errejón representa a la izquierda sensata.

—Con Errejón se podría negociar. Tiene otro talante.

Los mensajes públicos son constantes desde las filas socialistas pero no solo desde las filas socialistas. En tertulias, pasillos, editoriales de periódicos, columnas de opinión y corrillos se convierte en tema recurrente. Hay ambientazo pro Errejón:

—Si se presenta se come a Podemos.

—Es ahora o nunca.

—La oportunidad es inmejorable.

La atmósfera ya está creada: Sánchez e Iglesias han sido incapaces de entenderse y condenan al país a elecciones. Son irresponsables a los que la ciudadanía castigará. Se echa en falta una tercera vía más sensata y que sea capaz de tender puentes.

A él no le faltan las ganas, pero tampoco las dudas. En una parte de su equipo más cercano esas dudas se convierten, directamente, en rechazo. Acaban de salir de una campaña que, aunque exitosa en votos para su formación, ha sido traumática por la cruenta ruptura con Podemos y porque la izquierda ha perdido Madrid con la salida de Manuela Carmena de la alcaldía y con la enésima derrota en la Comunidad.

Errejón empieza a sondear a mucha gente. Necesita oír que todo irá bien para espantar los miedos, y porque no le apetece demasiado escuchar a los que le han dicho que es una locura. Como Clara Serra, que acaba dimitiendo tras haber sido su número dos en la candidatura de la Comunidad del Madrid. El exdirigente de Podemos hace esos días una amplia ronda de consultas. Llama a periodistas, politólogos, compañeros de universidad, a otros políticos y a sociólogos. Tiene especial interés en que le presenten al prestigioso especialista en análisis electoral Narciso Michavila:

—¿Qué tal, Narciso? Oye, a Íñigo le gustaría conocerte.

—Claro, por mí encantado. Cuando él quiera.

La cita se concreta pronto: una cena en casa del hombre que los ha puesto en contacto. A la mesa, además de Errejón y Michavila, se sientan un director de periódico y un politólogo:

—Yo lo que puedo decirte es que eres el líder mejor valorado de la izquierda.

El presidente de la encuestadora GAD3 aún no tiene sondeos pero llega con los resultados de un focus group que acaba de realizar. Al político le gusta lo que oye. Durante el vino, los mensajes refuerzan la tesis del paso al frente:

—La izquierda está desmoralizada y tú puedes capitalizarlo. Ni Pedro ni Pablo: Íñigo Errejón —teoriza uno de los comensales.

Michavila se limita a compartir los pocos datos de los que dispone y se retira relativamente rápido con una idea clara: el joven político madrileño está deseando presentarse.

Los deseos se convierten en Más País, marca improvisada y heredera de Más Madrid. La puesta de largo es un éxito. Llena el salón de actos de la sede nacional de la UGT y las encuestas redondean un gran pistoletazo de salida: más de un 5 % de intención directa de voto y por encima de los nueve diputados en apenas veinticuatro horas.

—Dejemos de acariciarle el lomo, ¿no?

La reflexión se hace en voz alta en la Moncloa mirando los detalles de esa misma encuesta en una pantalla de iPhone. El 44 % de los votantes de Más País saldrían del PSOE. Trece puntos más de los que procederían de Podemos. Ha habido un error de cálculo.

—Sí, ya está bien con Errejón.

El PSOE cierra el grifo de las caricias y el excompañero de viaje de Pablo Iglesias se lanza a por todas sin red. Sin estructura, sin cuadros, sin candidatos y con recursos muy limitados, registra a contrarreloj listas de Más País en 16 circunscripciones. Una de ellas es Barcelona, donde se enfrenta a Ada Colau, desoyendo la petición expresa de la alcaldesa para que no se presente en su territorio.

Sin embargo, las expectativas no se concretan y la candidatura de Errejón pierde fuerza conforme avanzan los días. El teórico papel de revulsivo de la izquierda va dando paso a otro más gris: entre Pedro y Pablo, él se convierte en el árbitro. Y el árbitro entusiasma muy poco.

Pero el suceso que realmente hace saltar por los aires todos los cálculos demoscópicos antes de las elecciones del 10 de noviembre es otro. La campaña electoral no se puede entender sin el fallo del Tribunal Supremo sobre el procés catalán. El 14 de octubre se da a conocer la sentencia del juicio con más peso político en España desde el proceso a los golpistas del 23-F. Los doce líderes independentistas juzgados por los actos que llevaron a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 son condenados a casi cien años de cárcel entre todos. A Oriol Junqueras, líder de ERC, le corresponden trece años de prisión. Faltan tres semanas para las elecciones, y las calles de Cataluña arden durante diez noches seguidas.

—Las encuestas han cambiado totalmente —comentan preocupados en el entorno del presidente.

A la Moncloa empiezan a llegar rescoldos del fuego. El paisaje no tiene nada que ver con lo que se vislumbraba en julio, cuando nublaban la cabeza el efecto champán y la ensoñación de los 140 diputados. El conflicto catalán sigue actuando como un polvorín político. La derecha no da tregua y exige mano dura contra los responsables de las manifestaciones violentas. Las imágenes de las calles de Barcelona sin adoquines y con los contenedores calcinados se convierten en gasolina electoral para una extrema derecha a la que ni siquiera le viene mal la exhumación de Franco, que en ese contexto la izquierda tampoco es capaz de rentabilizar hasta el punto que el PSOE había calculado. El cadáver del dictador sale del Valle de los Caídos cuando todo está envuelto aún en el humo de Cataluña. Hasta las salas de máquinas de Presidencia llega el eco de las proféticas palabras de Rufián en julio: «Se arrepentirán. Una investidura en otoño complica la vida a todos». Otro error de cálculo.

Una semana antes del 10 de noviembre, Sánchez ya tiene señales claras de lo que ocurrirá en la noche electoral.

—Volvemos a clavar los resultados de abril —le anuncia uno de sus más estrechos colaboradores.

El viernes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el líder socialista, en una conversación sin cámaras ni micrófonos, se atreve a vaticinar ante un pequeño grupo de periodistas lo que una semana después cumplirán las urnas.

—Rivera está kaput —dice— y Vox pasará de los 50 escaños.

La segunda afirmación, la del ascenso de la extrema derecha, causa mayor sorpresa que la primera entre los presentes, pero Sánchez se muestra frío, como si ya hubiera pasado el luto y solo pensara en la manera de resolver el problema al que los sondeos optimistas han arrastrado al PSOE.

7

RESACA ELECTORAL

Pedro Sánchez ya ha tomado una decisión. Agota las últimas horas de la jornada electoral del 10 de noviembre en su despacho de la cuarta planta de la sede del PSOE en la calle Ferraz. El mismo del que le sacaron de manera abrupta dos años antes sus rivales en el partido, y al que volvió gracias al apoyo de las bases. Es una estancia grande, pero las paredes forradas de madera la empequeñecen. Hay dos sofás blancos, una estantería llena de libros, un escritorio con varios tacos de folios y dos sillas. En una de ellas permanece sentado el presidente ante la televisión encendida.

En esta ocasión nadie lo acompaña. Está solo. El escrutinio de los resultados electorales no ha terminado, pero le da igual. No necesita digerir nada más. Son las 22.00 y su equipo ya le ha pasado las proyecciones en las que estaba trabajando, con una probabilidad de acierto del 90 %. Acabará la noche con un diputado menos. La izquierda se debilitará con la pérdida de 7 escaños de Podemos y por contra Vox ascenderá a tercera fuerza con 52 escaños. Tiene claro lo que va a hacer, y está a punto de comunicárselo a los suyos. Lleva días rumiando lo que verbalizará en unos instantes.

Sánchez levanta el teléfono:

—Jose, vente al despacho. Avisa a los demás.

Jose es José Luis Ábalos. Los demás son Carmen Calvo, Adriana Lastra y Santos Cerdán. Esta vez Sánchez no quiere consultar nada con sus principales consejeros, no pedirá opinión ni discutirá nada con nadie.

Los cuatro entran al despacho del jefe y comentan los resultados, pero enseguida se hace obvio que están allí para recibir una noticia.

—Vamos a un Gobierno de coalición con Unidas Podemos —anuncia Sánchez sin titubear.

Y añade:

—Me encargaré yo personalmente de la negociación. Y lo haré de inmediato.

El anuncio es recibido con alivio por Lastra y Ábalos, las dos figuras que más han presionado para evitar la repetición electoral.

Sánchez desgrana sus planes. En esencia, les comunica que esta vez no habrá equipos negociadores. Serán solo él y Pablo Iglesias. Sin intermediarios. No quiere repetir los errores de julio.

Todos parecen de acuerdo con la nueva estrategia, excepto una persona:

—Quizás sea mejor no ir tan rápido, presidente. Podemos trabajar el acuerdo de coalición pero, ¿no es preferible pisar el freno y esperar un tiempo para hacerlo?

Quien apuesta por pisar el freno es Carmen Calvo, que no duda en exponer sus reservas ante la atenta mirada del resto, en su mayoría ansiosos por tener pronto un Gobierno.

Sánchez escucha el consejo:

—No podemos gobernar solos, Carmen. Si hoy hubiéramos sacado un escaño más que en abril podríamos intentarlo, pero los resultados son los que son: Ciudadanos está hundido, y el PP acaba de decir que no va a colaborar. Unidas Podemos ha dejado claro que quieren entrar en el Gobierno: no van a cambiar de opinión, y no podemos volver a dar sensación de inestabilidad.

Tras la reunión improvisada, todos salen del despacho sabiendo que Sánchez está determinado a poner fin a una dinámica peligrosa. El presidente sale al balcón de Ferraz para dirigirse a la militancia. El esfuerzo por mostrarse relajado y victorioso ante los que le aclaman es inútil. Si en abril tuvo que escuchar a los simpatizantes oponerse a un eventual pacto con Ciudadanos con el cántico «¡Con Rivera, no!», ahora algunos de los que agitan banderas en Ferraz gritan «¡Con Iglesias, sí!». La insistencia en la petición llega a molestar al hombre que ha ganado las elecciones, que se queja varias veces de que no le permiten hablar. Cuando consigue hacerlo, traslada lo que ya tiene decidido:

—Mi empeño es que esta vez, sí o sí, vamos a conseguir un Gobierno progresista.

El fin de fiesta en Ferraz se disuelve en un ambiente agridulce. Quienes se resistían a la coalición temen el precio que ahora tocará pagar; los partidarios del pacto piensan que se ha perdido un tiempo precioso.

Pablo Iglesias manda un mensaje a Sánchez felicitándole por la victoria y recordándole que no se piensa bajar del carro de la coalición, pero no obtiene respuesta. El líder de Unidas Podemos se acuesta sin noticias.

Sin embargo, la mañana del 11 de noviembre arranca con fuerza.

Son las 10.50. Pablo Gentili está en Buenos Aires. Se ha desplazado allí unos días antes por una cuestión personal. Al levantarse escucha un mensaje en el buzón de voz. Es Iván Redondo:

—El acuerdo sale. Hay que moverse muy rápido. Necesito que le digas a Pablo que Pedro quiere hablar con él. Llámame cuando puedas porque hay que planificar reunión para las cuatro de la tarde. Un abrazo.

Inmediatamente Gentili llama a Redondo.

—Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Parece que hay buenas noticias ¿no? —pregunta entusiasmado—. Esta vez irá en serio, ¿no?

—Esta vez no fallaremos —responde Redondo—. Acuérdate de cuidarme. Que se sepa que yo he trabajado para este acuerdo, Pablo, que los tuyos son a veces muy injustos —lamenta—. Por favor, máxima discreción. De momento, nada de anuncios a los medios ni filtraciones. Tiene que salir bien.

El jefe de gabinete de Iglesias está ansioso, los 10.000 kilómetros de distancia no ayudan. Se pone manos a la obra y llama a su jefe. No le coge el teléfono. Los nervios van en aumento. Lo intenta varias veces pero no da con él y le escribe un mensaje:

«Tengo que hablar contigo urgente, llamame.»

Iglesias le responde:

«Mándame un mensaje de voz y en un rato te atiendo.»

Gentili se lo explica todo con un audio y finalmente hablan.

—¿Y por qué no me llama Pedro directamente si tanto interés tiene? —se pregunta Iglesias.

—No sé, pero de verdad, Pablo, creo que esta vez van en serio. Me lo ha dicho Iván.

—Bueno, seamos prudentes. ¿A qué hora es la reunión?

—A las 16. Necesito la matrícula del coche con el que vas. Y tienes que entrar por la puerta de El Pardo del Palacio de la Moncloa para evitar a la prensa.

La reunión se prepara en la Moncloa con el protocolo de las visitas confidenciales. Solo conocen el encuentro cuatro personas: el propio Sánchez, Iván Redondo, Félix Bolaños y la jefa de secretaría del presidente del Gobierno, Carmen Aguirre. Ni tan siquiera la directora de Seguridad de Moncloa conoce la identidad de la persona que accede al recinto.

Pablo Iglesias avisa a muy poca gente de que se verá con Sánchez. Solo a su núcleo duro, entre ellos Irene Montero:

—Tienes que quedarte tú con los niños, Irene. Pedro me ha citado en la Moncloa a las cuatro.

—¿En serio? Qué rápido, ¿no? ¿Has hablado con él?

—No, ha sido a través de Gentili. Redondo le ha dicho que habrá coalición, pero no sé más. Tenemos que ser muy discretos. Nada de prensa esta vez.

—Ok, pues luego me cuentas.

Iglesias se prepara para ir a Moncloa sin tenerlas todas consigo. A pesar de la información de primera mano que le traslada Gentili, sigue siendo escéptico. No deja de pensar que, si todo estuviera tan claro, Sánchez le habría llamado directamente a él, como tantas otras veces. O al menos le habría contestado al mensaje de la noche anterior.

El líder de Podemos necesita alguna pista que le ayude a enfocar la cita a ciegas a la que se dirige y por eso marca el número del hombre que lo sabe casi todo en la política española.

—Andoni, ¿qué tal?

Es Andoni Ortuzar, el presidente del PNV. Iglesias lo sorprende tomando un txakoli en el txoko de la sede del PNV, conocido como «el búnker» porque se entra directamente desde el garaje. Allí está a punto de comenzar la comida que inaugura la reunión del Euskadi Buru Batzar, el máximo órgano de dirección del partido. Ortuzar abandona el comedor para mantener la conversación sin ruido y en privado:

—Hombre, Pablo. ¿Cómo vas?

Iglesias pretende obtener información sin desvelar el lugar al que se dirige. Así que da algún rodeo para ver si suena la flauta.

—Bien. Te llamo para ver cómo ves los resultados…

—Los resultados son muy cabrones, Pablo. Ya lo dijimos… pero hay que tirar para adelante y hacer lo imposible para que esta vez salga.

—Sí, sí, Andoni. Lo sé. ¿Vosotros cómo estáis?

—¿Nosotros? Nosotros estamos para ayudar. Por nosotros no va a ser.

—¿Y cómo ves a los catalanes?

—A Junts no los vemos maduros, van a seguir en la línea en la que están. En esa piscina no hay agua. ERC sí parece que podría entrar. Lo que intentemos tiene que ser rápido.

La conversación termina sin que Iglesias obtenga información alguna acerca de los planes de Pedro Sánchez. Al colgar le queda la sensación de que Ortuzar no está al tanto de la jugada política que está a punto de suceder. Y se encuentra en lo cierto porque, esta vez, el único que tiene toda la información es el hombre que lo ha citado a las cuatro.

8

CAFÉ PARA EL VICEPRESIDENTE

El coche se detiene en el control de seguridad de la Moncloa. Conforme al protocolo marcado, nadie comprueba su identidad. Todas las ventanillas del coche permanecen subidas. Los policías solo cotejan la matrícula del vehículo y, cuando han verificado que coincide con la que tienen anotada, levantan la barrera.

Pablo Iglesias se apea ante la escalinata en la que los ministros se hacen la foto cuando se estrenan en el cargo. Sube los cinco escalones de piedra. Le espera uno de los colaboradores de Sánchez. Juntos atraviesan la puerta principal y caminan hasta el despacho del presidente.

En cuanto Iglesias entra en la sala, el anfitrión se levanta del sillón para estrecharle la mano:

—¡Pablo! ¿Qué tal estás?

Iglesias estira un poco la respuesta. Por destensar, por crear un poco de clima y por rellenar el hueco que le genera la incertidumbre:

—Bien, bien. Ahí he dejado a Irene sola con los tres enanos y he salido corriendo. Como Iván avisó a Gentili y él está en Argentina ha sido un poco más de lío por la diferencia horaria, pero todo bien.

—Siéntate. ¿Te apetece un café?

Es Sánchez quien tiene algo que ofrecer y quien está en su casa, así que lleva las riendas de la conversación. En el trato directo tampoco se caracteriza por adornar las cosas ni por dotarlas de una mística especial. Aunque antes de ir al grano intenta romper el hielo:

—Bueno, ¿qué tal lo ves? ¿Qué conclusión sacas de los resultados?

A Iglesias le gusta la pregunta. Le va a permitir fijar su postura y deslizar que estamos en otoño y que él llevaba razón ya en primavera. Además, no deja de ser un profesor de Ciencias Políticas al que le encanta analizar la posición de las fichas sobre el tablero. Expone su opinión sobre la noticia bomba que se está gestando en la sede de Ciudadanos, el retroceso de la izquierda y el ascenso de Vox. También sobre la foto electoral que deja Cataluña. Y expone que solo un Gobierno claramente progresista puede hacer frente a la crisis territorial, a la desigualdad y al fulgurante avance de la extrema derecha.

—Y de verdad, Pedro, honestamente creo que el bipartidismo ya no…

—Espera, espera…

Sánchez enseña las palmas de las manos y frena al líder de Podemos antes de que se lo vuelva a pedir. Quiere ser él quien lo diga primero.

—Vamos a ver, Pablo. —Silencio reflexivo de dos segundos—. Yo creo que tenemos que formar un Gobierno de coalición para el que cuento contigo como vicepresidente.

En los siguientes días y semanas se trabajará mucho para detallar el contenido y la estructura de ese Ejecutivo, pero la realidad es que el primer Gobierno de coalición en España en ochenta y cinco años se cierra en menos de lo que dura un café.

—En ese Gobierno yo creo que podéis tener el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad. Y podemos mirar competencias en materia de universidades, por ejemplo. Tú me propones las personas que creas conveniente. Y, por supuesto, creo que tú debes ser el vicepresidente del área social.

Es evidente que Sánchez no quiere perder ni un minuto porque lo ha puesto todo encima de la mesa: el líder vetado será vicepresidente. Y nada de minucias como políticas activas de empleo: ofrece el Ministerio de Trabajo. Tampoco habrá que pelear por Igualdad: será un ministerio y será también para Podemos.

La rapidez y la concreción con la que esta vez se mueve Sánchez le permite contar con una amplia ventaja. No solo sorprende en plena resaca electoral al resto de los actores políticos, sino que coloca a Iglesias en la obligación de aceptar sin poner ninguna objeción.

—Creo que es importante que seamos discretos y que actuemos rápido. Y, sobre todo, que solo miremos hacia delante —concluye el presidente.

—Por nuestra parte te puedo asegurar que los reproches quedan atrás y puedes contar con nuestra lealtad. Hay que ponerse a trabajar.

Y sin más prolegómenos, fijan las bases del proyecto común. Designan a las portavoces, Adriana Lastra e Irene Montero, como redactoras del acuerdo. Quedan en que este debe cerrarse inmediatamente para presentarlo al día siguiente. Enumeran algunos de los puntos que tiene que recoger el documento: empleo de calidad, muerte digna, cambio climático, igualdad, memoria histórica... Y se prometen una estricta discreción.

El encuentro no se alarga más.

—Llamo a Adriana, se lo cuento y le digo que hable con Irene, ¿vale?

—Perfecto, Pedro.

Se dan la mano y Sánchez lo despide sin salir de su despacho. Tras una hora de reunión, Iglesias baja los cinco escalones de la entrada sabiendo que allí es donde se tomará la foto como vicepresidente. Por su cabeza cruza en un segundo todo lo vivido en los últimos años, pero enseguida decide que no hay tiempo para regalarse pensando en el pasado. Entra en el coche y, antes incluso de abandonar el recinto de Moncloa se echa la mano al bolsillo en busca del móvil. Marca un número. Un tono, dos.

—Dime.

—Irene, voy para casa.

—¿Ya?

—Tenemos que hablar y hay que verse con estos.

—¿Cómo que tenemos que hablar y hay que verse? ¿Eso qué significa?

—Hay acuerdo: entramos en el Gobierno.

Sin dar más detalles, cuelga y marca otro número:

—Yolanda, siéntate.

—Pabliño, ¿qué dices?

—Que te sientes.

—Espera…que estaba limpiando los cristales de casa. —Yolanda Díaz está en Galicia y no sabe estarse quieta—. Ya estoy. Dime, ¿qué pasa?

—Vas a ser ministra.

—¿Qué dices, Pabliño? ¡Estás loco!

—Estoy saliendo de la Moncloa. He estado con Pedro. Va a haber Gobierno. Nos dan Trabajo y vas a ser tú la ministra.

—No. No quiero. Me niego. Estoy muy enfadada con esa gente. No quiero saber nada de ellos. Te está engañando otra vez, Pablo.

—Yolanda, va en serio. Y no estoy dispuesto a discutir contigo que vas a ser ministra.

—Pablo, ¡vete a la mierda!

—Yolanda, es lo que hay. No lo comentes con nadie porque no se puede saber. Voy a avisar a Asens y Garzón para vernos mañana en el Congreso en una reunión urgente del grupo confederal. Cómprate ya el billete de avión.

Marca un número más, el del secretario de comunicación del partido, Juanma del Olmo.

—Oye, parece que lo hemos conseguido, tío. Va a haber Gobierno de coalición —le comunica calmado y escueto.

A Del Olmo le sale una risa nerviosa:

—Pero a ver, ¿cómo es eso? Explícamelo.

—Os cuento luego. Avisa al resto. Nos vemos en casa a las 19.00.

El resto son Ione Belarra, Rafa Mayoral, Echenique y Noelia Vera. Los dos primeros quedan con Juanma del Olmo para ir en el mismo coche hasta Galapagar. Nada más arrancar, empiezan las especulaciones.

—Bueno, ¿qué? ¿Hay novedades? —pregunta Belarra.

Olmo, al volante, responde discreto.

—Pues sí, parece que sí —dice, sin dar más detalles, prefiere que sea Iglesias quien lo cuente.

Cuando todos llegan a Galapagar, Iglesias suelta la novedad a bocajarro, sin esperar siquiera a que llegue Echenique.

—Lo hemos conseguido, chicos. Hemos ganado. Habrá Gobierno de coalición —anuncia muy contento.

—¡No me lo puedo creer! —exclama Belarra—. Con lo que hemos sufrido...

—Pero ¿cómo ha sido tan rápido? —pregunta Juanma del Olmo.

—Pues porque no queda otra. Dijimos que tarde o temprano habría Gobierno de coalición y no nos hemos equivocado. Que sí, chavales. Que esta vez sí. No hay gato encerrado.

Todos se lanzan a preguntar por lo ocurrido. El más escéptico es Rafa Mayoral:

—Yo hasta que no lo vea no lo creo —sentencia antes de salir a fumar.

Mayoral, devorado por los nervios, se pasa gran parte de la velada dando vueltas al jardín con un pitillo en la boca.

Pablo Iglesias se esfuerza en explicarles que esta vez va en serio. Sacan cerveza, vino, jamón, patatas fritas y piden unas pizzas. Mientras llegan, el próximo vicepresidente del Gobierno se escapa a bañar a los niños. En ese momento entra Echenique. Hace todo tipo de preguntas, pero no solo no le cuentan nada, sino que además lo provocan con ocurrencias absurdas:

—¡Vamos a gobernar en coalición con PP y PSOE!

—¡Firmamos acuerdo a tres bandas con PSOE y Ciudadanos!

Quieren que sea Iglesias quien se lo anuncie. Echenique aguanta estoico la media hora que pasa hasta que Pablo regresa al salón.

—Bueno, ¿qué? —pregunta impaciente.

—¡Que entramos en el Gobierno! —contesta Iglesias exultante y le explica lo rápido que se ha fraguado el acuerdo.

Ahora que ya lo saben todos, Iglesias les pide que se pongan manos a la obra. No hay tiempo que perder. Sánchez y él han acordado redactar un decálogo que al mismo tiempo sirva de punto de partida para el Gobierno de coalición y como presentación del pacto ante los medios de comunicación. Debe estar listo para el día siguiente por la mañana. La improvisada fiesta se convierte en una reunión de trabajo.

9

RIVERA, GAME OVER

La alegría de Iglesias el 11 de noviembre encuentra un contrapunto en la sede de Ciudadanos.

Rivera esperaba caer. Pero no tanto ni tan duro. Los sondeos internos en los días previos a las elecciones hablaban de 20 escaños en el peor de los casos. Y ya suponía un varapalo perder más de la mitad de sus 57 diputados en solo seis meses. Pero las noticias que comienzan a llegar de los colegios electorales el 10-N se vuelven peores a medida que pasan las horas.

Cuando cierran las urnas, el sondeo de GAD3 para RTVE prevé 15 diputados para los naranjas. Rivera lleva ya un rato en la sede del partido. Está solo. Lo habitual en noches electorales anteriores había sido compartir el seguimiento con su equipo más cercano. Pero esta vez no. Así pasa varias horas, siguiendo en el televisor de su despacho el minuto a minuto de la debacle completamente solo. Después de las mínimas subidas y bajadas del recuento, la aguja se detiene en 10 diputados. Ha perdido dos millones y medio de votos. Está políticamente desahuciado.

Su guardia pretoriana, Fernando de Páramo, José Manuel Villegas y Daniel Bardavío, acude a su rescate. Entran al despacho, lo abrazan. Alguno está al borde del llanto. Rivera aguanta. La palabra que retumba a esa hora en las paredes de la sede naranja y la que está escrita en la cara del líder no se pronuncia. Aunque es él mismo quien deja muy claro, sin decirlo, que dimitirá:

—Voy a asumir toda la responsabilidad.

La declaración ante los medios de la noche electoral parece el ensayo general de un funeral. Hay algunos aplausos y muchas más lágrimas. Al terminar, Rivera recorre un pasillo lleno de fotografías. Puede ver los buenos tiempos colgados en una pared. Imágenes de las manifestaciones multitudinarias en Barcelona, de la victoria electoral frente al independentismo en las elecciones catalanas, de los abarrotados mítines, de las sonrisas enormes y las banderas de España aún más grandes. Al final de ese pasillo lo esperan los periodistas.

—¿Se plantea dimitir mañana? —le acerca el micro una reportera de laSexta.

—No vamos a hacer declaraciones en un ascensor.

Ese ascensor lo lleva a la cuarta planta. Recoge sus cosas del despacho y baja al sótano a buscar el coche. Algunas escenas de la noche parecen envueltas en una nebulosa de irrealidad. Como cuando sale del aparcamiento camino a casa y se encuentra en la puerta con un trío de mariachis. Los ha contratado el portal Forocoches y cantan una ranchera impertinente:

Acuérdate que siempre te adoré,

no dejes que me pierda en mi pobreza;

ya todo lo que tuve se me fue

si tú también te vas, me lleva la tristeza.

Por mucho que lo intenta, Rivera no consigue apenas dormir. La noche pasa en blanco mientras se reproduce en su cabeza la película de los últimos seis meses. Los titulares tras el rotundo éxito electoral de abril: «Rivera roza el sorpasso al PP y aspira a liderar la oposición». Aquellos informes y mensajes del departamento de demoscopia del partido:

—Tú puedes ser el presidente de España y tienes que liderar la alternativa a Sánchez.

—Hay que ser fiable con el votante de derechas: que quede claro que nunca pactarás con la izquierda.

Aquellas primeras reuniones con Sánchez de las que siempre sale con la misma conclusión:

—Está claro que quiere pactar con Podemos y con Esquerra. Pues que lo haga, que si esto se trata de Cataluña a nosotros no nos irá mal. Que lo haga y nos deje ya en paz.

Tan seguro está de que ese pacto se producirá (o tanto encaja en sus planes que eso ocurra) que deja de asistir cuando lo convoca el presidente. Lo único que le interesa saber del PSOE es la fecha en la que se anunciará la coalición con Podemos con el apoyo de ERC, porque piensa que ese es el día en que él se erigirá en virtual líder de la oposición, pasando por encima de un noqueado PP.

Pero transcurren las semanas, ese guion no se cumple y empiezan a llegarle mensajes de gente cercana, de su propio equipo.

—El PSOE está lanzando todo tipo de señales en privado —le cuentan.

Personalidades del entorno socialista levantan sus teléfonos para preguntar dónde está Rivera y por qué no atiende las llamadas. Algunos jefes de empresas del IBEX están escandalizados. No entienden que una de sus apuestas políticas se niegue a echar una mano para evitar la entrada de la «izquierda radical» y los independentismos en el Gobierno de España.

En la película de esos meses también hay bajas. La más dolorosa es la de Toni Roldán, máximo responsable del área económica del partido junto a Luis Garicano. Roldán dimite a finales de junio, pero un par de semanas antes ya sabía que se tenía que marchar.

Se da cuenta a los pies del monte de El Pardo, a 15 kilómetros de Madrid. El verano empieza a saludar a lo lejos, y Ciudadanos organiza una jornada de trabajo de su comité permanente. Eligen la Quinta La Muñoza, un lujoso palacio de estilo neoclásico en el que vivió la reina María Cristina de Borbón, reconvertido hoy en lugar de celebración de bodas y eventos. Las bandejas del catering pasan entre el reducido grupo de políticos que está reunido en uno de los jardines. Y Toni Roldán pide la palabra:

—Si tú lo que quieres es cargarte al PP, lo que no puedes hacer es pactar con ellos en toda España.

Rivera no está acostumbrado a que lo contradigan, y menos en público. No encaja demasiado bien las críticas. La vehemencia de uno de sus hombres de confianza le molesta profundamente. Y empieza una discusión.

—No, claro. Lo que tengo que hacer es pactar con Sánchez cuando la gente nos ha votado para ser la alternativa a Sánchez, ¿no? —responde.

—El PSOE nos está ofreciendo alcaldías y pactos en Gobiernos autonómicos por toda España. Sería comerle terreno al PP teniendo en cuenta que no tenemos ningún poder territorial.

—Está clara tu postura, Toni.

—Y claro que tienes que pactar con Sánchez. Si somos un partido liberal lo que tenemos que hacer es un maldito pacto por el centro que elimine la influencia de los nacionalismos a cambio de exigir reformas económicas. Y de paso, cambias la historia de España.

—Toni, que está clara tu postura. Gracias.

La mayor parte de los asistentes no tiene ni idea de lo que acaba de contar Toni Roldán. La oferta del PSOE para cederles alcaldías ni siquiera se ha trasladado a los órganos del partido. Aun así, nadie rechista. No hace falta conocer muy bien a Rivera para saber que ha dado por concluido el capítulo de críticas. Es el último día en que el responsable económico de Ciudadanos habla con su líder en persona.

Dos semanas después, dimite. Al primero que llama para comunicárselo es al jefe. No le coge el teléfono. Le manda un mensaje:

«Hola, Albert. ¿Puedes hablar? Te acabo de llamar, ha sido una decisión muy difícil pero he decidido que me marcho y quería decírtelo antes.»

Rivera tarda en contestar, y Roldán llama a Villegas y a Arrimadas mientras tanto. Quiere ser él quien lo cuente. Al colgar a esta última, tiene respuesta al mensaje.

«Te he llamado ahora y comunicabas, empieza la ejecutiva. Ya me ha contado Ville », escribe Rivera.

Esa es la despedida. Albert Rivera no vuelve a hablar con Toni Roldán ni en persona ni por teléfono. Aunque es cierto que durante todo el verano no habla prácticamente con nadie. Pasan semanas sin comparecencia pública alguna. Acumula decenas de llamadas y mensajes sin contestar. La pregunta es recurrente en los círculos políticos y mediáticos:

—¿Y Rivera?

Rivera ha decidido retirarse de la partida y esperar. Y espera tanto que se le echa el tiempo encima. A poco más de una semana de que se disuelvan automáticamente las Cortes y se convoquen elecciones para el 10 de noviembre, el líder naranja envía una carta a Pedro Sánchez. Ni le llama ni le manda un whatsapp. Una carta cuyo contenido inmediatamente anuncia a la prensa. No parece el método más apropiado para una comunicación rápida y sincera, pero es el que él elige. Y en su carta le pide cuatro cosas: romper el Gobierno de izquierdas en Navarra y prescindir del apoyo de los nacionalistas vascos, crear una mesa para la aplicación del 155 en Cataluña, compromiso de no indultar a los líderes del procés , y no subir impuestos. A cambio, Ciudadanos se abstendría en una eventual votación de investidura de Sánchez, siempre y cuando el PP también lo hiciera.

En el mejor de los casos, un volantazo. En el peor, una pirueta histriónica que no se cree ni su propio autor. La respuesta del PSOE tampoco abre ninguna vía de diálogo: Sánchez rebate uno por uno los argumentos de Rivera y remata diciendo que no existe ningún argumento para que Ciudadanos rechace abstenerse en la investidura porque el PSOE ya cumple todos los requisitos centristas del programa de los naranjas.

Nadie en Ciudadanos cree que se ajuste a la realidad la afirmación de que Rivera pudo haber sido vicepresidente si él hubiese querido. Sánchez jamás se lo insinuó. Nunca llegó siquiera a ofrecerle un pacto para conformar una mayoría parlamentaria sumando los 180 diputados de los dos partidos. Sin embargo, también hay quien opina que el presidente habría necesitado un guiño antes de lanzar esa propuesta tan arriesgada ante sus bases, que le pesaban los gritos en Ferraz de «¡Con Rivera no!». Y que la decisión de Rivera de no atender sus llamadas y darle plantón en las reuniones no fue la mejor manera de incitarle a que diera el paso.

Tras la eterna noche del domingo electoral, el lunes 11 de noviembre está a punto de amanecer, y Rivera sigue sin entender una cosa: en seis meses se ha presentado a las urnas dos veces con el mismo programa y los mismos equipos. La primera sacó el mejor resultado de la historia del partido, y la segunda va a suponer el final de su carrera política. «Inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios», le hubiera explicado Stephen Hawking.

Se da una ducha y se viste. Aunque se cambia de ropa, la chaqueta azul y la camisa blanca parecen exactamente las mismas de la noche anterior.

La mañana está nublada en Madrid, y muy triste en la sede que tiene Ciudadanos en la calle Alcalá. Comienza la ejecutiva para valorar los resultados y Rivera anuncia lo que todos se temen. Deja la presidencia del partido, deja el escaño en el Congreso y deja la política. Los tres anuncios son en realidad uno solo: se acabó. Y la primera vez que verbaliza en público lo que lleva toda la noche rumiando, no puede evitarlo. Se le quiebra la voz y rompe a llorar. Y con él, la inmensa mayoría de los que asisten a esa reunión a puerta cerrada.

Poco después, a la misma hora a la que en Moncloa se empieza a organizar la cita que convertirá a Pablo Iglesias en vicepresidente con 35 diputados, el hombre que ni lo intentó ser con 57 se sienta en el que todavía es su despacho. Sobre la mesa encuentra unas páginas de un programa electoral ya caducado. Elige al azar unos folios. «Medidas para el personal de tropa y marinería», reza el epígrafe. Les da la vuelta y comienza a garabatear con un bolígrafo azul y otro negro ideas fuerza: dimisión, responsabilidad, renuncia, honor...

—Dani, adelanta la rueda de prensa a las 12.00 —interrumpe la escritura para pedirle un último servicio a su jefe de prensa.

La cita con los periodistas se había anunciado para las 13.00, pero Albert Rivera no quiere alargar la agonía. A esa hora comparece, y luego se toma su tiempo para recorrer planta a planta, despacho a despacho, cada rincón del edificio hasta haberse despedido personalmente de todo el mundo.

Cuando sale por la puerta, dos simpatizantes empiezan a explotar los cientos de globos naranjas que continúan inundando el edificio, preparados para una fiesta que nunca se celebró. Al terminar con los globos, desatan una pancarta que queda suspendida de una cuerda unos segundos antes de caer al suelo. Escrito en letras naranjas, aún puede leerse «Rivera Presidente».

El ya exlíder catalán deja paso a la mujer que todos vieron siempre como su sucesora: Inés Arrimadas. En sus manos deja un partido herido de muerte con 10 diputados.

10

UN PACTO EN ZAPATILLAS

En cuanto Pablo Iglesias sale de su despacho, Sánchez llama a Iván Redondo y a Félix Bolaños. Les cuenta lo ocurrido:

—Todo según lo previsto. Ya hay un principio de acuerdo. Lo que habíamos hablado y alguna cosa más que habrá que ir puliendo, pero todo bien.

—¿Habéis acordado también la firma del decálogo? —pregunta Bolaños.

—Sí. Voy a llamar a Adriana.

Sánchez quiere a Lastra en la primera línea de fuego de este Gobierno de coalición. Está a su lado desde que se enfrentó a Eduardo Madina para dirigir el partido y nunca le ha fallado. Dirigió su campaña de las primarias y ganaron a Susana Díaz contra todo pronóstico. El presidente confía en la capacidad de resistencia de la asturiana, en su lealtad y su discreción:

—Hola, Adriana. ¿Qué tal?

—Bien, para ser el día después de unas elecciones. Cuéntame.

—He estado con Iglesias. Ya está cerrado el acuerdo.

—¿Ya? No me lo puedo creer —respira aliviada.

Sánchez le cuenta los entresijos de la charla y cómo quedará el reparto de carteras mientras Lastra escucha atenta, esbozando una sonrisa.

—Hemos quedado en que mañana haremos público un decálogo que servirá como hoja de ruta del acuerdo. Quiero que te encargues tú de negociarlo con ellos. Te llamará Irene Montero para redactarlo.

—Perfecto. Más o menos en la línea de lo trabajado estos meses, ¿no?

—Sí. Me vas contando, y cualquier problema me avisas. Aunque no creo que lo haya. Está todo muy encauzado. Y tendrás que empezar ya a hablar con los grupos para cerrar la investidura. Lo dejo en tus manos. ¿Qué te parece empezar con ERC y ver cómo respiran?

—Muy bien. Hablo con Gabriel y te informo. Y en cuanto llegue a casa me pongo con el decálogo.

La llamada sorprende a Lastra en la calle, saliendo de una comida. En el camino a casa empieza a hacer cuentas de los apoyos que necesita para que Sánchez sea investido. Las elecciones han dejado el Parlamento más fragmentado de la historia y toca hacer muchos equilibrios. Entrarán en juego, como mínimo, diez grupos parlamentarios, incluidos PSOE y Unidas Podemos.

Al llegar a casa, y antes de sentarse delante del ordenador para redactar el decálogo, se va al baño a quitarse las lentillas. Le pesan los ojos. Justo en ese momento le suena el teléfono. Termina de sacarse la lentilla del ojo izquierdo, la mete en el líquido para que no se seque y mira la pantalla. Sus dioptrías apenas le dejan leer «Irene». Descuelga el teléfono:

—Hola, Irene. Me ha dicho Pedro que me ibas a llamar.

—¿Cómo? ¿Quién te dijo que te iba a llamar?

Lastra se aparta el teléfono de la oreja y vuelve a mirar la pantalla. Es Irene, sí, pero no Montero sino Castro. Y es periodista de eldiario.es .

Lastra es consciente del lío en que se acaba de meter. Ha estado a punto de desvelar la noticia y trata de salir del embrollo como puede.

—Sí, claro. Que me ha dicho que nos estáis llamando a todos, ¿no? Como hemos tenido ejecutiva, supongo que querrás saber de qué hemos hablado y cómo hemos analizado los resultados —se explica de manera atropellada.

—No sé —responde la periodista, extrañada—. Como no haya llamado mi jefe a la Moncloa…

Lastra encuentra la manera de contentarla. Empieza a darle información sobre los temas que se han tratado en la reunión de la mañana en Ferraz. Irene Castro se extraña de recibir tantos detalles sin apenas hacer preguntas, pero le da las gracias y se despiden.

La portavoz socialista se pone por fin las gafas que le hubieran evitado el mal trago y comienza a trabajar.

Irene Montero llama alrededor de las 20.00, mientras sus compañeros de partido siguen en su casa celebrando el acuerdo:

—Hola, Adriana. ¿Qué tal? ¿Sabes que tenemos que hablar?

—Hola, sí. Me ha contado Pedro.

—Es un documento de diez puntos, ¿no?

—Sí, tengo algunas ideas. Te mando una primera versión y lo vamos puliendo.

—Perfecto.

Montero se sienta junto a Ione Belarra y Noelia Vera a sintetizar los temas en torno a los que quieren que gire la legislatura. Lastra hace lo propio en su casa sin desvelar el encargo a nadie, a pesar de que sus asesores le llaman para ir al cine. Ella se excusa diciendo que prefiere descansar.

Las dos portavoces se intercambian el último documento a las 23.30. Tiene nueve puntos y está casi terminado. Se citan a primera hora de la mañana para terminarlo.

Adriana Lastra manda el documento a Pedro Sánchez, Iván Redondo y Félix Bolaños. Este último se da cuenta de que no hay ningún punto referente a Cataluña. Lo incluye y, tras el visto bueno de Sánchez, todos se acuestan.

Irene Montero devuelve un último borrador del decálogo a primera hora del día 12. Lastra lo ojea, y en treinta minutos lo dejan cerrado.

Con el documento ya impreso, en la Moncloa se dejan llevar por la euforia y empieza a funcionar la maquinaria de la comunicación política. Lo que en principio iba a ser un simple comunicado a los medios se convierte en un acto público.

Sánchez le propone a Iglesias cambiar el enfoque:

—Pablo, oye, que estamos pensando que es algo lo suficientemente importante como para hacer más que un comunicado. ¿No crees?

—La verdad es que un comunicado queda pobre. ¿Hacemos algo nosotros dos?

—Sí, eso hemos pensado. Una firma en el Congreso.

—Perfecto, ¿a qué hora?

—Ahora lo cierran Iván y Juanma.

El cambio de planes pilla a Iglesias ya en el Congreso. Busca en su despacho qué es lo más decente que puede ponerse, y solo encuentra uno de esos jerséis que quedan abandonados en el perchero para cuando las máquinas de aire acondicionado descargan con furia en pleno verano. Le pide a un asesor que le consiga una chaqueta, porque él tiene la mañana plagada de reuniones para explicar el acuerdo.

La primera cita del día es con la ejecutiva del partido, y luego debe ver a los portavoces del grupo confederal, Yolanda Díaz, Jaume Asens y Alberto Garzón. En esa reunión reina la alegría, pero tampoco faltan lógicas dosis de sorpresa e incredulidad. Especialmente perplejo está Garzón, aún muy afectado por los sinsabores de la negociación de abril.

—¿En serio? No me lo puedo creer. Con lo que ha pasado en los últimos meses… —se sorprende el líder de IU.

—Sí, ha sido sencillo. Y va a salir bien. A los dos nos conviene. Por fin han entendido que no hay otra opción si quieren seguir gobernando.

Iglesias les explica el reparto ministerial, pero avanza que habrá más sorpresas y les asegura que los mantendrá informados puntualmente. En ese momento ya tiene en la cabeza otorgar a las confluencias un papel en el Gobierno, pero aún no lo ha hablado con Sánchez y prefiere ser prudente. Obsesionado con las filtraciones, se despide pidiendo a todos máxima discreción.

Mientras está en la reunión, el equipo de Sánchez le avisa de otro cambio. Han pensado que es mejor que Sánchez e Iglesias comparezcan arropados por sus equipos. Así que casi todos los que rodean en ese momento al líder de Podemos van a tener que salir en la foto, aunque casi ninguno vaya vestido de acorde a la ocasión.

—¡Pero si estoy en deportivas! —se lamenta Irene Montero.

—Sí, la verdad es que con lo mona que vas siempre parece que vas a por setas —le contesta Iglesias provocando la risa nerviosa de los presentes.

11

EL ABRAZO

La sala en la que se va a firmar el histórico acuerdo aún está cerrada con llave. El silencio dentro es absoluto. Las tupidas cortinas palaciegas están recogidas con abrazaderas, y los visillos blancos dejan pasar la claridad justa para apreciar el único rostro presente a esa hora. Es el del rey consorte Francisco de Asís de Borbón y Borbón, óleo sobre lienzo. Lo llamaban «la Paquita» porque, aunque lo casaron con Isabel II, al parecer era homosexual. Para la reina, obligada a buscar otras alcobas, el apodo era directamente «la ninfómana». Hay cosas que tardan demasiado en cambiar y a la tradición política española aún le quedan cuarenta y cinco minutos para hacerlo.

Unos pasos se aproximan, haciendo crujir el suelo de madera. La cerradura da dos vueltas. La puerta se abre bruscamente. Varias cabezas se asoman a la sala vacía.

—¿Aquí? —pregunta Antonio Chaves.

—Sí, pero hay que darle otro aire a esto —pide un trabajador de Ferraz.

El jefe de mantenimiento del Congreso está acelerado. Hace unos minutos que ha recibido una llamada telefónica urgente.

—Antonio, hay que montar la sala rápido. Tiene que entrar mucha gente, muchas cámaras —le indican—. Y necesitamos una mesa alta para firmar.

La noticia ya está en la calle. El eldiario.es anuncia que el acuerdo es inminente. LaSexta adelanta que Sánchez e Iglesias van a comparecer juntos en cuestión de minutos.

Las prisas y los gritos se apoderan de la zona de prensa del Congreso. La carrera de San Jerónimo comienza a llenarse de periodistas que estaban trabajando en la redacción de sus medios ante la falta de actividad parlamentaria.

El escenario finalmente elegido para la presentación es el antecomedor de gala, cuarta planta de la primera ampliación del palacio. Es una sala pequeña, alfombrada y con chimenea, que suele usarse para recibimientos a dignatarios o altos ejecutivos que a continuación almuerzan en el comedor anexo.

Esos encuentros en «la casa de todos» son habitualmente invisibles para la opinión pública. Pero hoy, en lugar de un cóctel secreto, el antecomedor albergará el anuncio de un pacto para que las izquierdas gobiernen juntas en España por primera vez desde la Segunda República. Decenas de cámaras, fotógrafos y redactores colapsan rápidamente el acceso.

—Por favor, esto es una zona de paso... —Un policía intenta hacer su trabajo despejando el pasillo—. Así que un poquito de… —pero se rinde antes de acabar la frase.

—Si no nos dejáis pasar, no podemos pasar.

La sentencia, irrebatible, es de un operario que intenta salir de la sala, cruzando entre la multitud informadora, mientras traslada un mueble en una carretilla.

—Cuidado, cuidado. ¿Un poquito a la derecha? Bueno. Dale de frente un poco —dirige Chaves la operación de acondicionamiento del antecomedor. Tras él desfila una procesión de operarios cargados con once sillas, cuatro sofás y tres estanterías. Hay que sacarlo todo porque, literalmente, no se cabe.

Y la procesión, milagrosamente, se abre paso. Quien no lo consigue es Echenique. El portavoz de Podemos intenta avanzar entre trípodes y periodistas. Hay redactores sentados en el suelo. Es imposible pasar. Su asistente le aconseja dar marcha atrás a la silla de ruedas motorizada.

En medio de la locura, alguien grita:

—¡Pablo Iglesias está allí!

Las cámaras se giran buscando al líder de Podemos. El señor con coleta al que todo el mundo empieza a grabar no va a ser vicepresidente pero también tiene mucha presión. Es un técnico que tiene que encontrar exactamente 58 metros de cable: los necesarios para recorrer la primera planta del Congreso, subir por el hueco de la escalera tres pisos y atravesar la cuarta planta hasta el antecomedor de gala. O consigue esos 58 metros o la firma histórica no será retransmitida en directo. No puede suceder. Y no sucede. El equipo de audiovisuales y comunicación del Congreso supera el reto y tira el cable. Ya solo falta la mesa de la firma.

—Antonio, el presidente y los equipos llevan ya unos minutos esperando… —le avisan a Chaves de que los protagonistas de la escena han entrado por la puerta destinada a los camareros, entre cubiertos de plata, tazas y platos de cerámica cartujana.

—Pues todavía no tengo mesa.

Y no vale cualquier mesa. Tiene que ser alta para que puedan firmar de pie. Chaves se lleva la mano derecha al costado y arrastra hacia atrás la americana gris marengo. La mano izquierda en la frente. Necesita inspiración mental y pulmonar. Y antes de que termine su plegaria, le ilumina la cara una consola de madera y mármol colocada en mitad del pasillo.

—Ya tenemos mesa —dice Chaves quitando de la consola un jarrón de porcelana y un souvenir chapado en oro.

El ambiente en la sala es similar al de un vagón de metro a las ocho de la mañana. Overbooking . Los foteros meten codo. Los operadores de cámara se apiñan como balas de cañón. Y la ceremonia arranca al fin. Entran los equipos de PSOE y Unidas Podemos en fila india. Las primeras son Adriana Lastra e Irene Montero.

Y allí, a los pies del cuadro de un Borbón, se cuadran todos. Lastra y Montero, que llevan horas intercambiando borradores del acuerdo, no dejan de reír y charlar. El resto de los miembros de los dos partidos van encontrándose paulatinamente en la sala. Son momentos de nerviosismo y una evidente incomodidad. Los equipos del PSOE y Unidas Podemos se ven obligados a refugiarse en conversaciones triviales. Apenas se conocen. Muchos no se fían del que tienen al lado, y no saben si algún día llegarán a hacerlo. Tienen dudas sobre el futuro, pero comparten algo que lo puede todo: el interés porque salga bien.

La ausencia más notable es la de los ministros del Gobierno en funciones, todos con la agenda cerrada aquel día. El nivel de hermetismo es tan alto que Sánchez no había comunicado ni siquiera a Carmen Calvo lo que está a punto de ocurrir. La vicepresidenta tiene cerrada una entrevista en televisión desde su despacho en la Moncloa que se ve obligada a anular cuando se entera de las novedades, aunque no le da tiempo a trasladarse al Congreso. Por parte de Unidas Podemos faltan también los dos principales negociadores, Pablo Echenique e Ione Belarra, que no han conseguido sitio en la sala y siguen la escena por streaming en un despacho anexo, emocionados hasta las lágrimas.

Pese a que el ambiente entre los presentes es tenso, algunos se esfuerzan por hacerlo más llevadero. Iván Redondo, el todopoderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez, susurra algo que a Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, le hace mucha gracia. Un pequeño revuelo les hace cortar la conversación y, junto a Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Jaume Asens, Rafael Simancas y Juantxo López de Uralde, se giran hacia su derecha.

Presidente y vicepresidente in pectore irrumpen en la sala. Pablo Iglesias camina un par de pasos por delante, directo a la mesa a la que Chaves acaba de dar una nueva vida, y sobre la que ya reposan los documentos y los bolígrafos dorados. Pedro Sánchez, más relajado, cruza delante de las cámaras y saluda como se saluda al volver a casa después del trabajo.

—Holaaa…

Cuando llega a la altura del líder de Podemos, le da la mano.

—¿Qué tal, cómo estáis? —Sánchez mira a las cámaras, no a su socio, y no deja de sonreír.

Ningún periodista llega a contestar lo que muchos están pensando:

—¿Que cómo estamos? Pues alucinando, presidente.

Porque, aunque ahora parezcan viejos amigos, la última vez que los dos políticos se dejaron ver juntos fue ocho días antes, en la noche del debate electoral, cuando Sánchez le dijo a Iglesias que mentía y ponía en riesgo la unidad de España.

—Mire aquí, por favor. Un momento aquí a la derecha —piden los fotógrafos.

—El tiempo que necesitéis, no hay problema —responde Sánchez mientras las cámaras siguen disparando, insaciables.

Son cuarenta segundos de apretón de manos en los que Iglesias no pierde la rigidez. Hombros encogidos. A él le cuesta más mantener la sonrisa de photocall .

—Venga, gracias. —El presidente zanja el posado, pide disculpas por lo apresurado de la cita y da indicaciones.

Iglesias coge el bolígrafo y se abalanza sobre el documento, listo para firmar.

—¡Un momento, un momento! —gritan otra vez los fotógrafos.

Nuevo posado. Firma. Intercambio de documentos. Otra firma. Otro apretón de manos. No es hasta este instante cuando el hombre que va a convertirse en vicepresidente relaja por fin los hombros y sonríe sin necesidad de impostar, como si no hubiera terminado de fiarse de su socio hasta ver los contratos rubricados.

Iglesias se acerca al atril primero. Irene Montero le da una carpeta y él hace ademán de meterse la camisa por el pantalón. Es un gesto fruto de los nervios, porque tiene la camisa bien puesta. Sin embargo, en la maniobra se le sale el cinturón negro, que se queda el resto de la ceremonia por encima de la americana.

—Ya lo dije la noche electoral. —Las primeras palabras de Iglesias son para resaltar que él llevaba razón—. Es una necesidad histórica frente a la extrema derecha. —Sánchez sonríe levemente hacia un lado y otro, en una especie de tic—. Este Gobierno de coalición combina la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. —Simancas se ajusta una corbata que no tiene—. Agradezco a Pedro su generosidad. —Asens mira al techo con las manos cruzadas, con la distraída concentración de un futbolista mientras suena el himno nacional—. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche. —Iván Redondo contempla a Iglesias con un deje de admiración—. Sánchez sabe que puede contar con nuestra lealtad.

Vuelven a darse la mano. Le toca al presidente.

—El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener. —Lastra no puede esconder la satisfacción ante las palabras de su secretario general—. Es un acuerdo para cuatro años. —Iglesias asiente convencido—. Quiero agradecer a Unidas Podemos su disposición. —Asens sigue ensimismado. Ahora se amasa una barba que no existe—. Es un proyecto ilusionante, emocionante y esperanzador. —No pronuncia la palabra coalición—. Gracias, Pablo, por la generosidad. Y enhorabuena a todos.

Y entonces, ocurre. Sánchez concluye su intervención con la idea de estrechar la mano de su futuro vicepresidente por enésima vez. Pero Iglesias dibuja un abrazo que el socialista recoge rápidamente. Tres palmadas recíprocas en espalda ajena. El líder de Podemos cierra los ojos sobre el hombro derecho de su nuevo jefe, que los mantiene, en cambio, muy abiertos. Durante esos dos segundos solo la metralla de los flashes rompe el ejercicio general de contención. Termina el abrazo.

—¡Ooohhh! —Los asistentes corean con ternura, y se escucha un silbido de piropo trasnochado—. Fiuuuuu, fiuuuuuuuu…

Premeditada o espontánea, la escena es impactante.

—Mira, que se me saltan las lágrimas —sobresale una voz entre los murmullos anónimos de la zona de las cámaras.

—Ha ganado el cabrón —concluye atónito un correligionario de Iglesias.

Tras los besos y abrazos, se apagan los focos. Son las dos y media de la tarde del 12 de noviembre de 2019. Se acaba de firmar el primer acuerdo para un Gobierno de coalición de la historia democrática reciente. Políticos y periodistas abandonan el antecomedor. También los operarios. La puerta se cierra. Un rey consorte se queda solo ante una consola de madera y mármol en la sala que demuestra que las cosas, a menudo, tardan en cambiar.

12

LA NEGOCIADORA

Al terminar el acto, Sánchez sabe a quién tiene que llamar primero, y tarda muy poco en hacerlo:

—Andoni, ¿te pillo bien?

El líder socialista siempre tiene muy presente que el PNV es el partido que llevó a Rajoy a la Moncloa y luego lo sacó para convertirlo a él en presidente. Por eso, no quiere que Andoni Ortuzar se quede con la impresión de que hay cosas que se cuecen a sus espaldas. En esta ocasión interrumpe al presidente de la formación vasca almorzando en Cascante, Navarra. Ortuzar se disculpa ante su comensal y abandona la mesa:

—Hombre, Pedro. Sí, bien, tranquilo. Oye, ya he visto el acuerdo. ¡Ay va, la mar! Qué rápido, ¿no?

—Sí, por eso te llamaba. Para que estés tranquilo. Que va en serio. Pablo está en buena disposición. Hay que hacerlo, Andoni, no nos queda más remedio después de los resultados. Quiero que sepas que contamos con vosotros.

—Lo mismo te digo, Pedro. Sin embargo, ten en cuenta que somos imprescindibles, pero no suficientes. ¿Cómo lo tienes con los catalanes?

—Es a lo primero que me voy a dedicar. Sé que no es fácil porque, a nada que nos movamos públicamente, al PSOE se nos echa la derecha encima, y a ERC los más hiperventilados del independentismo.

—Nosotros podemos ayudar en el papel que nos queráis dar. Cuenta con ello.

Sánchez cuelga aliviado, pero con la adrenalina por las nubes. La firma del decálogo con Unidas Podemos ha sido solo el primer paso. Ahora es cuando la maquinaria para ganar la investidura acaba de ponerse en marcha.

La persona encargada de activar esa maquinaria es Adriana Lastra. Tras la firma del pacto de coalición la política asturiana se dirige a su despacho, dentro del mismo Congreso de los Diputados, se quita su habitual cazadora vaquera y se arremanga, dispuesta a apuntalar el plan de las negociaciones. Tiene un caballete con un bloc de papel gigante. Coge un rotulador negro y empieza a hacer sumas y restas mientras recorre con la mente el hemiciclo. Se detiene en cada partido, haciendo una radiografía casi exacta de las posiciones y los discursos políticos de cada diputado.

Sánchez sabe bien en manos de quién ha dejado la complicada misión de salvar la investidura. Lastra es infatigable, y cuando se encuentra cualquier obstáculo no cesa hasta saltarlo. La vicesecretaria general del PSOE es consciente de que, siendo optimistas, el resultado de la votación de investidura será el más ajustado de la historia democrática. Para sacarla adelante necesita amarrar acuerdos con ocho partidos políticos, y lo mejor es comenzar por la parte más complicada.

Por eso, dos días más tarde cita a Gabriel Rufián en ese mismo despacho, aunque antes toma la precaución de tapar bien las notas con los cálculos para la investidura.

La primera frase del portavoz de ERC no le sorprende:

—Os habíamos advertido que después de la sentencia del procés sería muy difícil. Después de lo que ha pasado en Cataluña no se volverá a repetir una abstención gratis, y hay gente en el partido que está en el no , Adriana. Muchos no van a entender que, después de lo que Sánchez ha dicho en campaña sobre nosotros, lo mantengamos en la Moncloa.

—Lo sé. Sé que no es fácil, pero dime solo si podemos explorar esta vía.

—A ver, nosotros hemos dicho en campaña que la crisis entre España y Cataluña se soluciona hablando, que no hay alternativa. Entiendo que sí, que podemos sentarnos a hablar, pero tengo que verlo con el partido. Transmito vuestros planes y te llamo.

Los planes del PSOE llegan hasta la cárcel de Lledoners. Allí Oriol Junqueras se mantiene al tanto de la más mínima novedad por medio de quienes van a visitarlo. A veces se aprovecha la entrada de la familia para hacerle llegar los mensajes del partido. En otras ocasiones es Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y su hombre fuerte en ERC, quien le cuenta las noticias en sus habituales comunicaciones en prisión, separados por una mampara de cristal. El propio Rufián también suele ir a verle una vez al mes para debatir los temas relacionados con el Congreso.

Junqueras da vía libre para iniciar las conversaciones con el PSOE, y Rufián se lo transmite a Lastra. Esta llama de inmediato a Pedro Sánchez.

—Perfecto. Pues si te parece, montad ya los equipos negociadores. Díselo a Rufián, a ver cómo ve que seáis tres y tres —le contesta el presidente.

ERC acepta la fórmula y de nuevo es Junqueras quien designa los interlocutores por la parte republicana. Además de Rufián, incluye a Marta Vilalta y Josep Maria Jové.

Vilalta lleva afiliada desde los diecinueve años y conoce el partido y sus sensibilidades como pocas personas. Representa el ala más nacionalista, arraigada en la Cataluña interior, y es la mujer de confianza de Marta Rovira, secretaria general fugada a Suiza en marzo de 2018 por la causa del procés .

El tercer representante de ERC es una persona afín a Junqueras. Josep Maria Jové fue su número dos al frente del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat durante los meses previos al 1 de octubre y uno de los detenidos en la operación de la Guardia Civil por la organización del referéndum ilegal. Designarlo interlocutor es lo más parecido a reservarle una silla en la mesa al propio Junqueras. Desde su celda, el líder republicano fija la línea que deben seguir sus tres negociadores:

—Que aguanten. Que sean los últimos en levantarse de la mesa. Que agoten todas las vías.

Frente a ellos, en la parte socialista a Lastra la acompaña un peso pesado del Gobierno como José Luis Ábalos, el hombre que controla el PSOE siguiendo las directrices que marca Sánchez. Este profesor de primaria en excedencia lleva desde 1981 vinculado a la política orgánica del PSOE, casi siempre en la trastienda, curtiéndose en mil batallas internas. En su haber tiene logros como tejer la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El otro dedo de Sánchez apunta hacia Cataluña. Nada de lo que se decida en la mesa puede quedar al margen del PSC, presente en las negociaciones a través del hombre fuerte de Miquel Iceta, Salvador Illa, un político paciente, discreto y disciplinado. Es Carmen Calvo quien llama a Illa para comunicarle que el presidente del Gobierno lo quiere en la mesa. Su conocimiento de ERC hace imprescindible que forme parte de la negociación. Illa conoce sobre todo a Marta Vilalta, con la que incluso llega a coincidir en un viaje de trabajo a EE. UU.

Los dueños de las seis sillas ya están elegidos, pero, antes de sentarse todos juntos, Adriana Lastra y Gabriel Rufián se ocupan de establecer una relación de confianza entre ellos. Mediante varias reuniones a solas en el despacho de la portavoz socialista y muchas conversaciones de teléfono, van abonando el terreno para que el ambiente de la mesa sea fructífero.

Pasan horas conjeturando sobre cómo discurrirá la conversación, adelantándose a las posibles fricciones, hablando sobre la personalidad de los otros cuatro negociadores e incluso anticipando el papel que puede desempeñar cada uno. Ábalos y Vilalta, los duros representantes del poder orgánico de cada partido; Illa, el notario; y Jové, el negociador profesional. A partir de estas charlas iniciales, Lastra y Rufián concluyen que necesitan conocerse y empatizar porque hay demasiada desconfianza entre ambos partidos.

La primera reunión pública de los seis tarda en llegar. Sucede catorce días después del primer contacto entre ambos y se convierte en lo más parecido a una terapia de psicodrama.

—Prefiero la franqueza a la mano izquierda y la educación —sentencia Jové nada más empezar.

Salvador Illa comparte esta reflexión. No le gusta perder el tiempo:

—No estamos aquí para escenificaciones del tipo «los socialistas son peor que el PP» y decir que no se puede hablar con nosotros. Espero que esto sea con una voluntad real de llegar a acuerdos, o es mejor que nos levantemos.

A partir de estas afirmaciones previas, todos se desnudan políticamente y comienzan a decirse a la cara lo que les molesta del discurso del otro. En primer lugar, se lanzan a diseccionar la terminología, pactando palabra a palabra los parámetros dentro de los que debe discurrir el debate para que todos se sientan cómodos.

—Hay algunos conceptos que para nosotros son demoledores y que nos ponen en situaciones complejas. Por ejemplo, vosotros decís que lo que ocurre es un problema de convivencia y no es así —argumenta Vilalta—. Es un conflicto político.

—Nosotros no decimos que sea solo un problema de convivencia. Es un conflicto de convivencia que empieza con un conflicto político y que luego se ha trasladado a la sociedad —explica Ábalos.

—Pues hablemos entonces de conflicto político. Necesitamos un cambio de discurso por vuestra parte —zanja Vilalta—. Tampoco ayuda que repitáis la idea de abandonar la unilateralidad. En Cataluña eso se entiende como una sumisión al Estado, y si estamos aquí sentados es obvio que ya hemos renunciado. O que apeléis constantemente a la Constitución. Se pueden utilizar otros términos que también impliquen el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Pasan casi una hora hablando de la naturaleza del conflicto, buscando un espacio común a partir de la discrepancia más absoluta. Al final, tras tres horas muy intensas, lo consiguen. Redactan un comunicado que habla de conflicto político. Al despedirse concluyen que, a pesar del océano que los separa, hay disposición a encauzar el problema y encaminarse hacia un acuerdo.

La mitad de los encuentros son públicos para los medios de comunicación, la otra mitad son privados. La mayoría se organizan en el Congreso pero también se celebran varios en el Hotel NH Ribera del Manzanares de Madrid, al que entran por el garaje para evitar a los testigos. Otra de las reuniones se desarrolla a lo largo de dos días en la zona franca de Barcelona y no se anuncia hasta la tarde anterior. Para minimizar la posibilidad de conflictos, los negociadores acceden al edificio dos horas antes de la convocatoria oficial. ERC es extremadamente prudente ante la posibilidad de que los voluntarios de los Comités de Defensa de la República (CDR) se planten en la puerta para reventar el encuentro.

La discreción es máxima durante los casi dos meses que duran las conversaciones. Los medios ni siquiera pueden acceder a las reuniones públicas para tomar imágenes, y no hay ruedas de prensa cuando concluyen. En cada encuentro las posturas se van acercando, pero ambos partidos acuerdan un apagón informativo que impida las filtraciones, remitiéndose siempre a un comunicado firmado conjuntamente y compuesto apenas por tres párrafos en los que se enumeran las líneas muy generales de la conversación.

Ambas partes tienen interés en dejar sin gasolina a los grandes enemigos que presenta el acuerdo. Ya se da por descontada la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que mantienen el discurso de que Sánchez está cediendo ante el independentismo abriendo la puerta a un referéndum pactado. Pero la mayor preocupación la representa Junts per Catalunya. Quim Torra y Carles Puigdemont se niegan a negociar con los socialistas si estos no se comprometen a avanzar hacia la amnistía de los políticos catalanes presos y el derecho de autodeterminación. En ERC temen que cualquier acuerdo que no contemple estas dos exigencias sea utilizado en Cataluña para acusarlos de traidores.

Pedro Sánchez y los suyos también tienen miedo de que Esquerra acabe sucumbiendo a las presiones soberanistas. Es Aitor Esteban, el hombre del PNV en Madrid, quien ayuda a apaciguar los temores y las tensiones que surgen durante la negociación. El portavoz peneuvista ha acudido varias veces a la Moncloa en los últimos meses para convencer a los socialistas de la importancia de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Esteban siempre avisó de que una repetición electoral complicaría los equilibrios políticos. Ahora, ambos partidos recurren a él para desahogarse o buscar ángulos nuevos para sortear obstáculos. Gabriel Rufián encuentra en el portavoz vasco la experiencia negociadora de la que él carece, y se apoya en sus consejos para desentrañar las peculiaridades del lenguaje de los socialistas, que tan bien conocen en Euskadi. También Esteban tranquiliza al PSOE, transmitiendo que en ERC existe la convicción de que la mejor alternativa es cerrar el pacto.

Así, cada reunión termina con un mayor grado de lealtad y sinceridad. Los catalanes se sorprenden, incluso, de lo interesantes que resultan los encuentros y comentan lo bien que les cae Ábalos:

—No pensé que fuera tan charlatán y chistoso.

—Sí, ha estado muy gracioso cuando ha contado sus inicios en el Partido Comunista… ¡Qué tío! Se nota que tiene piel de elefante.

—Al verlo pensaba que sería un hombre serio y gris pero no, todo lo contrario.

Sin embargo, la negociación se alarga más de lo deseado por el PSOE. Primero, porque no consiguen ponerse de acuerdo en cómo se articulará la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat que debe salir del pacto. Los socialistas quieren que se enmarque dentro de la comisión bilateral del Estatut, y los republicanos exigen un foro nuevo. Además, los tiempos de ERC dilatan mucho el proceso. Es un partido asambleario, con dos almas diferenciadas: la meramente independentista y la obrerista. Pero lo que ralentiza especialmente la negociación es que cada avance en el documento debe ser consultado con Marta Rovira y Oriol Junqueras. Hablar con Rovira es sencillo, y casi siempre se hace vía Skype a través de Vilalta. Mucho más difícil es la comunicación con Junqueras, puesto que depende de visitas a la cárcel previamente programadas. A veces pasan varios días hasta que llega una respuesta y, a la espera, la fecha de la investidura sigue en el aire. Los socialistas sienten la presión, y en la antepenúltima reunión Adriana Lastra se planta.

—Incluyamos en el comunicado la desjudicialización de la política —sugiere Jové.

—No —dice tajante la portavoz socialista—. Si no vemos claro hasta dónde va a llegar esto, no vamos a seguir asumiendo cosas. Damos pasos si nos dais garantías de que esto acaba bien, pero no podemos seguir asumiendo un desgaste que no sabemos si tendrá recompensa.

El ultimátum surte efecto y, pocos días después, el acuerdo se materializa. Es 27 de diciembre. El documento ya está casi ultimado. Ha habido hasta cuatro versiones y ahora ya solo queda pulir algunos detalles. Marta Vilalta es la encargada de hilar fino e introduce los cambios tecleando en su portátil. Propone escribir Cataluña con «ny», introducir el término «Govern» e invertir el orden de algunas frases.

Los socialistas aceptan. El punto más delicado del acuerdo aparece en el penúltimo párrafo, cuando se explica qué pasará con los acuerdos que se adopten en la mesa entre Gobierno y Govern: «Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político».

Una consulta dentro del marco jurídico, una contorsión del lenguaje que sirve para que el documento reciba el visto bueno de los seis negociadores. Adriana Lastra hace una última llamada para avisar de que ha cumplido su primera misión:

—Pedro, ya está. Se ha cambiado alguna cosa mínima en el texto, pero todo en los términos hablados. Hay acuerdo. Tenemos la abstención de ERC, presidente.

Los seis se felicitan por haberlo conseguido. Piden jamón, queso y vino a la cafetería del hotel para celebrarlo. Todos hacen una reflexión final: no los ha unido el amor, sino que la alternativa al acuerdo sea un Gobierno del Partido Popular apoyado por Vox.

13

EUSKADI, TIERRA DE ESTADO

Una vez que el PSOE tiene atada la abstención de ERC, Lastra y su mano derecha, Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista y perro viejo del parlamentarismo, pisan el acelerador de las conversaciones con los grupos parlamentarios minoritarios.

Las negociaciones con los partidos pequeños no son sencillas. La representación regionalista nunca había sido tan alta en el hemiciclo, y eso significa que cada interlocutor minoritario que se sienta a la mesa del PSOE, con excepción de Más País, llega con la vista puesta en los intereses de su territorio. BNG, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria son, en principio, los más proclives al pacto y, aunque tienen exigencias en materia de infraestructuras, industria e inversiones, Lastra y Simancas están tranquilos respecto a su apoyo a la investidura. Algunos, como el PRC o Teruel Existe, muestran cierta inquietud ante las posibles cesiones que pueda hacer el PSOE ante ERC, y prefieren esperar a que el texto de ese acuerdo se haga público antes de comprometer su voto. Esa exigencia retrasa todo porque, aunque el acuerdo con ERC está cerrado, todavía tarda en hacerse público unos días, a la espera de que los republicanos tengan el aval de su ejecutiva y el Consell Nacional del partido.

Hay una tercera pata de la negociación. Se trata de las conversaciones para atar el voto de los seis diputados del PNV, que discurren paralelamente al resto y se rigen por unas reglas propias. Al partido jeltzale no le vale el humo, y exige un alto grado de lealtad y concreción en los documentos que firman. Carmen Calvo es la interlocutora de Aitor Esteban. Los contactos se alargan casi un mes, en parte porque el PNV prefiere esperar a que ERC se decida para no hacer ningún movimiento que pueda descolocar al nacionalismo catalán. Además, a los vascos les gusta ser los últimos en negociar para tener una visión más amplia de la situación y evitar desgastes innecesarios.

Sin embargo, el último domingo de 2019 todo se acelera. Mientras Andoni Ortuzar disfruta de las vacaciones navideñas en casa, tumbado en el sofá, viendo una película y degustando una copa de ron Zacapa, suena el teléfono. Es su hombre en Madrid.

—Andoni, mira —empieza a explicarle Aitor Esteban—, me llega que ERC quiere que nos movamos.

—¿Movernos, en qué sentido?

—Sí, que me llega un recado de ERC. Hay mucho vértigo en algunos sectores del partido a la hora de asumir su acuerdo con los socialistas. Quieren seguir dilatándolo… Y hay gente que cree que, si nosotros anunciamos nuestro acuerdo con el PSOE, podemos animar a los dudosos y aminorar la oposición interna.

—¿Eso es lo que quieren de verdad?

—Sí, no hay duda. También el PSOE lo ve bien.

—Vale. Pues llamo a Carmen, y a ver si cerramos las tres palabritas que faltan.

En realidad, las tres palabritas no son cosa menor. Es el escollo en el que llevan días encallados. Ortuzar se levanta del sofá, detiene la película a regañadientes y marca el teléfono de la vicepresidenta:

—Hola, Carmen. ¿Qué tal? Nos ha llegado que a ERC le vendría bien que aceleremos nuestro acuerdo. Supongo que estás al tanto, ¿no?

—Sí, a nosotros también nos viene bien. Cuanto antes sea la investidura, mejor.

—Pues venga, por nosotros no hay problema. Terminamos de pulir lo nuestro y ya está. Al final, ¿cómo queda lo del término «identidad nacional»? ¿Lo has pensado?

—Es muy difícil de asumir por nuestra parte, Andoni. En este momento, hablar en esos términos puede traernos problemas incluso con ERC. Nuestro acuerdo con ellos no es tan explícito.

—Para nosotros es clave, Carmen. Es el salto que queremos que se dé en esta legislatura. Nosotros no rompemos el Estado, pero en algún momento tendréis que reconocer que Euskadi es una nación y que podemos convivir tranquilamente sin fractura alguna. En algún momento tendréis que aceptar nuestros sentimientos nacionales.

—Sí, Andoni, pero no ahora precisamente, de verdad. ¿Por qué no lo dejamos en «identidad territorial»?

—Porque esa expresión no dice nada sobre nuestros sentimientos.

—Bueno, podemos buscarle encaje de otra manera.

Tras darle muchas vueltas, llegan a un compromiso donde los dos ceden. Ortuzar acepta la propuesta de Calvo. Por eso, el punto cuatro del acuerdo de investidura entre PSOE y PNV habla de «identidad territorial», pero termina con la frase «atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia».

Esa fórmula le sirve al presidente del PNV para dar por cerrado el documento y dejar constancia de cuáles son sus planes políticos a medio y largo plazo: que en el nuevo estatuto vasco aparezca el reconocimiento nacional de Euskadi.

El documento, en su punto 11, también abre la puerta a que el País Vasco tenga una selección deportiva para competir internacionalmente. Los nacionalistas vascos piden incluirlo porque consideran que esos gestos simbólicos permiten que los vascos disfruten y tengan su espacio. Para el partido de Ortuzar son miguitas que ayudan a llegar a la salida, relajando la necesidad de los vascos de sentirse reconocidos como nación y que, en cierta manera, aplacan las posibles aspiraciones de ruptura con España que pretendan imitar al independentismo catalán.

Ortuzar se encarga de dejar claras dos cosas más:

—Carmen, os lo hemos dicho varias veces pero ya sabes que es importante para nosotros. Firmamos el acuerdo con vosotros, con el PSOE, aunque el Gobierno sea de coalición. Nuestra interlocución es con el presidente del Gobierno y contigo. Queremos una comunicación centralizada.

—Sí. No os preocupéis, Andoni. Como siempre: tú me llamas, y conmigo o con mi equipo ya sabes que no tienes ningún problema. Eso no va a cambiar.

Ese compromiso queda consignado en el punto uno del acuerdo, donde se detalla que el Gobierno mantendrá una comunicación fluida y constante con el PNV, informándole con antelación de todos los proyectos e iniciativas legislativas que va a impulsar. Se trata de un detalle trascendente para los de Ortuzar, teniendo en cuenta que su mayor competidor, Bildu, no solo posee grupo parlamentario propio en el Congreso por primera vez, sino que está ganando protagonismo político a pasos agigantados. La formación de la izquierda abertzale ha pasado de ser residual y sufrir la marginación de casi todos a ser un agente político más, reconocido públicamente por el PSOE.

Los socialistas llevan muchos años relacionándose con Bildu en la sombra, y el PNV lo sabe. El nexo de unión es desde hace algunos años Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra hasta 2017. Ahora es secretario de coordinación territorial del PSOE y encargado de que funcione la comunicación entre el partido y el Gobierno. Está en casi todos los foros de decisión, pero es discreto y poco dado a las apariciones públicas.

El PNV no quiere perder su hegemonía vasca, ni en Euskadi ni en Madrid. Hace días que Ortuzar ha recibido la primera señal de que en esta legislatura la competición va a ser dura, en el momento en que los socialistas anuncian que se van a reunir con Bildu. Desde el nacimiento de esta formación, sus representantes no habían sido recibidos nunca de forma oficial por miembros del PSOE.

La reunión tiene lugar el 17 de diciembre, y desde el primer momento queda claro que no va a ser un encuentro como los demás, porque las primeras veces nunca son como las demás. Y por muchas cosas más.

Lastra y Simancas esperan en una sala del Congreso la llegada de los tres parlamentarios de Bildu. Cuando aparecen, el jefe de prensa de la formación vasca es invitado a permanecer fuera, junto al fotógrafo del PSOE:

—Si no te importa espera aquí un momento y ahora te avisamos para que hagas unas fotos.

Mientras los encargados de retratar el encuentro esperan su turno, al otro lado de la puerta se estrechan manos y se plantea un breve debate sobre si hay que darse los buenos días o las buenas tardes porque son justo las 12.00. No se trata del recibimiento más afectuoso de la historia, pero es correcto. Hay incluso alguna risa. Sin embargo, todo se congela cuando los equipos de prensa al fin obtienen permiso para entrar en la sala:

—Podéis pasar un segundo a tomar imágenes.

En ese momento los semblantes socialistas se petrifican. Es complicado imaginar una figura que transmita más incomodidad que la de Adriana Lastra frente a la cámara. Brazos caídos, cuerpo rígido y la mirada de una persona que parece que está a punto de salir despavorida. A su lado, Simancas entrelaza las manos a la altura de la pelvis. Su rostro transmite una seriedad exagerada. Nadie dice nada. La escena se convierte en un momento visiblemente desagradable para los asistentes. Trece segundos de vídeo, cuatro fotos y fuera.

El PSOE se esfuerza por no ofrecer la más mínima imagen de complicidad con un partido estigmatizado. Hasta ahora lo normal era actuar como si Bildu no existiese, pero Bildu no solo existe, sino que hace falta. Su colaboración se ha vuelto imprescindible para la investidura, como lo será también durante la legislatura.

La necesidad no implica que dar el paso sea fácil. La sombra de ETA sigue siendo alargada, por mucho que la mayor parte de Bildu proceda del rechazo explícito al terrorismo. Por ejemplo, Lastra y Simancas están sentados frente a Oskar Matute, militante de Alternatiba, una escisión de IU que siempre condenó la violencia. Aunque en la mesa también se encuentra Mertxe Aizpurua, una persona mucho más cercana a la antigua Batasuna.

A la hora de romper el hielo, para el PSOE no representa una gran ayuda detenerse a pensar en el regalo que supone este encuentro para la derecha política: «Pacta con los amigos de ETA», «Vende España a los herederos de los terroristas», «humilla la memoria de las víctimas», «prefiere a los que tienen las manos manchadas de sangre», son mensajes que se repiten como mantras ante cualquier acercamiento a Bildu, y que aún escuecen dentro de las filas socialistas.

A pesar de todo, en el PSOE hay mucha gente que sabe que queda terreno para hacer pedagogía y razonar ante los rivales políticos que si Bildu está en el Congreso es porque el Tribunal Constitucional determinó en 2011 que es un partido legal que rechaza la violencia en sus estatutos. O para explicar que su portavoz e interlocutor, Oskar Matute, asistió a la manifestación de Ermua contra ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. O para recordar, incluso, que ETA ya no existe.

Pero eso ahora no toca. Lo que toca es pasar el trago de esa primera reunión y, sobre todo, que parezca que de verdad ha sido muy amargo. Porque cuando los negociadores se vuelven a quedar a solas, sin cámaras de por medio, todo se vuelve a normalizar. La conversación fluye cordial y cada uno expone sus posturas. Los dos equipos han reservado cuarenta minutos para el encuentro, pero se prolonga más de una hora. Los parlamentarios vascos no ponen ninguna exigencia encima de la mesa a cambio de facilitar la investidura. Aunque sí trasladan cuál es su prioridad:

—Tiene que concluir ya la dispersión de los presos. Hace diez años que ETA abandonó la violencia y queremos simplemente que se aplique la legislación ordinaria. Que no estamos hablando de una amnistía ni nada parecido. Es solo que se cumpla ley.

El PSOE no quiere cerrar nada:

—Tomamos nota de lo que nos decís, pero no estamos en disposición de adquirir compromisos en ese sentido aquí y ahora.

Bildu tampoco exige más. En primer lugar, porque tiene decidido facilitar la investidura de Sánchez pase lo que pase. En segundo, porque los acuerdos importantes entre ambas formaciones se gestionan al otro lado del Ebro.

—Cuando un vasco da su palabra no hace falta firmar nada, joder. Nosotros dijimos en campaña que nuestro voto sería útil para impedir que la extrema derecha gobierne. Eso ya supone un beneficio para la gente. Y si es gratis pues es gratis.

Quien responde a la pregunta de cómo es posible que a ERC le cueste la misma vida hacer equilibrios internos para facilitar la gobernabilidad de España mientras que en Bildu, viniendo de las posiciones que viene, no haya la más mínima turbulencia, es su líder, Arnaldo Otegi.

Él sí tiene interlocución directa con gente del PSE y también con gente de la actual dirección del PSOE, aunque jamás ha hablado con Pedro Sánchez.

—Al final hablar conmigo genera problemas en el Estado, lo asumo y lo entiendo. Y yo no tengo un interés especial en generarle problemas a este gobierno. Pero con el PSOE llevo hablando toda la vida, hombre. Aquí en Euskadi no se entiende eso de que nos tengan que «normalizar».

Con Pablo Iglesias sí que habla.

—No sé si eso es bueno contarlo ahora que es vicepresidente.

La última vez que intercambiaron una llamada fue unas semanas antes de las elecciones, y ese día Otegi perdió una apuesta.

—¿Coalición? Sí, hombre —le dijo con ironía—. Lo lógico es que firmen un pacto de Estado PSOE y PP.

—Hazme caso, Arnaldo —respondió Iglesias—. Si los números salen como creemos, no van a tener más remedio.

—Me juego lo que quieras a que, antes de gobernar con vosotros, el PSOE pacta con el PP.

—Me apuesto una cena.

Los números salen y en el partido socialista le adelantan al líder de Bildu que esta vez sí que habrá reunión. Y le cuentan que el tema de los presos lo tienen presente, pero que tiene que tener paciencia. Algo que, curiosamente a estas alturas, parece sobrarle a Arnaldo Otegi.

—Lo principal ahora es resolver la situación de los presos. Igual con el tiempo las cosas se ven con mayor perspectiva y con lo demás no nos puede la ansiedad. Claro que siempre se tiene la esperanza de ver una Euskadi independiente, pero tampoco pasa nada si no la veo. Lo único que urge son los presos.

Otegi no puede ocultar que siente envidia por los pasos dados en Cataluña. Cree que allí han llegado más lejos de lo que nunca llegaron ellos porque han conseguido construir un discurso hegemónico basado en la seducción democrática y no en «la lucha armada», innecesaria, a su juicio, «tanto por cuestiones políticas como éticas». ¿Quiere decir el líder de Bildu que ETA no ha servido para nada?

—Bueno… —Silencio, respira hondo—. Eso me lo quedo para mi conciencia.

Tanto Arnaldo Otegi como otros muchos dirigentes de Bildu piensan que sus pronunciamientos públicos sobre todo lo que tenga que ver con ETA podrían ser loables en términos personales, pero en términos políticos no ayudan. Sostienen que podrían generar fracturas innecesarias en asuntos muy sensibles para su entorno político. Y Otegi tampoco siente que tenga que estar excusándose de nada porque fue él quien, desde Batasuna, lideró las posiciones que pedían un cambio de estrategia.

—Hemos hecho algo más importante que decirlo. Hemos hecho que desaparezcan ETA y la lucha armada. Nos hemos dedicado a que todo nuestro espacio renuncie a la violencia. Y esto es irreversible.

El líder de Bildu habla de ese proceso con orgullo y está convencido de que no hay vuelta atrás. Sobre lo que se dice de él fuera de Euskadi, prefiere aparentar que no le afecta en nada.

—¿Terrorista? Pff…Como dice Pepe Mujica, ya he desarrollado piel de elefante. Aquí en este país todo el mundo sabe lo que soy y lo que no. Fuera de aquí ya... Se ha construido una imagen sobre mí, ¿no? A mí me encantaría ir a Cádiz, por ejemplo. Tengo muchos amigos en Conil. Pero ya sé que no puedo, lo tengo asumido.

14

UNAS TAQUILLAS DE RENFE POR LA PRESIDENCIA

Adriana Lastra llega a casa y tira las muletas. En los dos meses que han pasado desde que el presidente le encomendó negociar la investidura más compleja de la historia reciente ha tenido tiempo para pocas cosas fuera de la política, pero una de ellas ha sido tropezarse en las escaleras del Congreso y producirse un esguince de tobillo. A la pata coja, alcanza el sofá del salón y se deja caer. Después de cincuenta y tres días de trabajo ininterrumpido, acaba de conseguir coronar el castillo de naipes con la última carta. Estira el pie lesionado y respira hondo.

Esquerra, por fin, ha hecho oficial que se abstiene. Es mediodía del jueves 2 de enero, y a esta hora las cuentas para la investidura salen por los pelos: 166 votos a favor, 164 en contra y 20 abstenciones. La elección de Sánchez en segunda votación pende de un solo voto.

«Ya estoy en casa chicos. Tengo cerveza. Si os apetece una, os espero», invita Lastra por mensaje a su equipo.

Nadie puede ir porque la mayoría de su círculo de confianza ha caído enfermo por culpa de un virus pre-COVID: nada grave pero molesto y contagioso. Así que Lastra vuelve a coger las muletas y se acerca a la nevera sola. En cuanto abre el tercio de Mahou, suena una alerta en el móvil. «Última hora: el PRC decide votar en contra de Sánchez.»

El castillo de naipes dura poco en pie. Faltan menos de cuarenta y ocho horas para que empiece el pleno de investidura y el Partido Regionalista de Cantabria acaba de desbaratarlo todo. Las cuentas ya no salen: 165 votos a favor, 165 en contra y 20 abstenciones.

A Lastra le parecía raro que Miguel Ángel Revilla llevara días sin dar señales de vida, pero no alcanzaba a imaginar una jugarreta de ese calado, teniendo en cuenta que hay un pacto firmado con inversiones ferroviarias a favor de Cantabria que se han publicado ya en el BOE. Lo que no sabe es que el presidente cántabro lleva tiempo preparando el terreno para este giro de 180 grados.

—Una cosa os digo: no hay tren que valga poner en riesgo la unidad de España —advierte Revilla a los suyos durante una copa de Navidad.

La fórmula del Gobierno de coalición con Podemos apoyado por Esquerra espanta a muchos sectores influyentes. Poderes económicos y también políticos que ven ese Ejecutivo como una auténtica amenaza para la integridad territorial de España y para la estabilidad de los Mercados. Y justo eso es lo que argumenta el PRC para cambiar su voto en el último instante. Los cántabros interpretan que el acuerdo del PSOE con ERC implica la promesa de un referéndum que rompe la soberanía nacional. Aunque, curiosamente, la ejecutiva del PRC en la que formalizan su postura se celebra antes de que se haya hecho público el texto de ese pacto.

Revilla y los suyos son perfectamente conscientes de que con el cambio de postura ponen en jaque la investidura. Sin embargo, no titubean.

—Si Pedro no sale presidente, esta vez habrá segundo intento, y ahí PP y Ciudadanos se abstienen seguro —comenta un miembro de la ejecutiva, desvelando cuál es el escenario preferido de los regionalistas.

En el PRC solo reconocen haber recibido una llamada de presión para que no apoyen la investidura. Es la de Inés Arrimadas, pidiéndoles que cambien el voto antes de saber que ya habían decidido hacerlo.

Tras conocer la noticia, Adriana Lastra ni siquiera telefonea a José María Mazón, el diputado cántabro encargado de las negociaciones y que salió de su despacho unos días antes con el compromiso apalabrado de votar a favor de Sánchez. Él tampoco la avisa de nada. Como el tiempo apremia, la portavoz socialista descuelga el teléfono para una cosa más productiva que enredarse en reproches:

—Hola, Tomás. Feliz año. ¿Qué tal estás?

—Bien, bien. Aquí justo salimos de una reunión —responde el diputado de Teruel Existe.

Tomás Guitarte aún no lo sabe, pero su vida acaba de cambiar. Apenas le ha dado tiempo a aterrizar en la política y a esta hora es el diputado del que depende la investidura del presidente de España.

—Oye, mira. Que me dijiste que estabais barajando lo de la abstención pero yo creo que igual hay margen para que acordemos un sí . Hay muchas cosas que queremos hacer en el tema de la España vaciada, y sería muy interesante que empezáramos la legislatura con vuestro apoyo.

Lastra contiene la respiración esperando la respuesta.

—Pues lo habíamos hablado. Lo que pasa es que justo hoy ADIF ha anunciado que cierran las taquillas de Renfe de las estaciones pequeñas, y la verdad es que no sabes lo que eso perjudica a la provincia de Teruel.

—Anda, justo hoy ha salido eso, ¿eh? —encaja la noticia la portavoz con la mayor naturalidad posible.

—Sí, sí. Hace un rato. Y habría que plantearse al menos una moratoria de seis meses.

—Pues yo creo que eso se puede mirar, ¿eh? Espera un segundo que llamo al ministro y te digo algo enseguida.

Los dedos de Lastra se deslizan a la velocidad de la luz por la pantalla de su teléfono hasta encontrar el contacto del ministro de Transportes. Llama:

—José Luis, por favor, es lo último que te pido, te lo prometo. Nos pide Guitarte una moratoria de seis meses en las taquillas de Renfe. Es muy importante, hay que cerrarlo.

—Bueno, voy a llamar a ADIF a ver cómo está el tema.

Ábalos no puede ser más diligente, pero los cinco minutos que tarda en contestar se hacen eternos para la portavoz socialista.

—Ya está, parado seis meses —le responde al fin.

—Gracias de verdad, ministro.

Lastra ya casi lo tiene. Pero quiere cerrarlo definitivamente, porque teme que la espantada del PRC provoque un efecto contagio en los grupos pequeños y los medios empiecen a titular que la investidura peligra.

—Tomás, soy Adriana otra vez. Que ya está solucionado. El ministro lo ha arreglado con ADIF. No se cierran las taquillas de Renfe. Te mando el párrafo firmado y lo anunciamos ya, ¿vale?

Cuelga y se sienta. Echa cuentas. 166 a favor, 165 en contra y 19 abstenciones. En tiempo récord ha conseguido levantar de nuevo el castillo de naipes tumbado por Revilla. Pero los números son demasiado ajustados. Cualquier contratiempo daría al traste con la investidura. Así que coge el móvil otra vez:

—Hola, Néstor. Feliz año.

Néstor Rego, el diputado del BNG, pasea solo por Madrid. Lleva pocos días viviendo en la capital y decide quedarse hasta la investidura y no volver a casa para la noche de Reyes. Los hijos ya son mayores.

—Qué tal, Adriana, ¿cómo te va?

—Bien, bien. Ya tenemos todo encauzado, pero te soy sincera: solo estamos un voto por encima y nos gustaría tener tu apoyo. Te podrías venir mañana al despacho y vemos alguno de los asuntos pendientes.

—Pero es que ya sabes nuestras condiciones. Yo, por hablar, encantado; pero la decisión ahora mismo es la abstención.

—Tú vente mañana y lo hablamos.

Cuando al día siguiente Rego llega al despacho de Lastra, se encuentra con un Consejo de Ministros en miniatura, improvisado en exclusiva para él.

—Hola, Néstor, mira. Te presento a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

—Hola, encantado.

En la sala también están Rafael Simancas y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Un despliegue apabullante para plantearle una oferta al BNG que bien merece un sí en la investidura: peaje de la AP9 bonificado, red ferroviaria modernizada, y factura energética de la industria electrointensiva rebajada.

El BNG está dentro. Faltan trece horas para que empiece el pleno. El balance es de 167 a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

—Ya, ¿no? ¿O hay algo más que pueda pasar? —reflexiona en voz alta un miembro del equipo socialista.

Pero sí, queda algo que puede pasar, y muy cerca de allí. Porque el último gran temblor que amenaza con echar por tierra la investidura tiene su epicentro justo al otro lado de la pared del despacho de Lastra: la sala donde están deliberando los miembros de la Junta Electoral Central.

En la tarde del viernes 3 de enero, vacaciones navideñas y víspera de una sesión de investidura, el órgano encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales decide que hay que reunirse urgentemente. Por siete votos a seis, dictamina la destitución como diputado del Parlament catalán del president de la Generalitat, Quim Torra. También que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, no puede ser eurodiputado. Decisión esta última que, extrañamente, adelanta en Twitter el líder del PP, Pablo Casado, anticipándose incluso a que termine el cónclave. Si es la última bala contra la investidura de Sánchez, lo cierto es que está muy bien tirada.

El incendio en Cataluña es inmediato y, en consecuencia, en toda la política española. Lastra y Rufián se ponen el traje de bombero. PP, Ciudadanos y Vox alardean del veredicto, y una parte del independentismo clama contra un Estado «con el que no se puede colaborar».

El núcleo dirigente de ERC más proclive al pacto intenta mantener la calma entre las muchas voces internas que piden romperlo todo.

—Chicos, esto no es cosa del Gobierno. Es el Estado contra el Gobierno. Por eso hay que hacer que salga adelante —explican a los más críticos.

Amanece el 4 de enero. Después de una noche de llamaradas, Esquerra resiste en la abstención. A Lastra y a Sánchez siguen saliéndoles los números para desesperación de Inés Arrimadas. La sucesora de Rivera no abandona su frenética ronda de intentos para impedir la investidura, invocando algo parecido al espíritu del tamayazo mientras entra en el Congreso para la primera sesión de investidura.

—¿No hay ni un solo valiente entre toda la bancada socialista que cambie su voto? —implora la líder de Ciudadanos.

La presión sobre los diputados del PSOE arrecia muchas horas. Las bandejas de entrada de sus correos electrónicos se llenan de cientos de mensajes, la mayoría anónimos. Están repletos de amenazas e insultos, más virulentos aún en el caso de las diputadas. Pero si alguien vive esas horas en el centro de la diana es Tomás Guitarte. También tiene colapsado el correo, y la plataforma ultraderechista Hazte Oír ha lanzado una campaña contra él. Su número de teléfono empieza a circular en redes. A pocos minutos de subir a la tribuna para estrenarse como orador, está a punto de derrumbarse.

«Mira, Tomás», le escribe un amigo.

El mensaje de WhatsApp va acompañado de una foto. Es su casa del pueblo en Cutanda, provincia de Teruel y 49 habitantes. En la fachada han pintado con espray negro: «GUITARTE TRAIDOR».

Inmediatamente escribe a su familia:

«¿Estáis bien? ¿Habéis visto la pintada?»

Los niveles de acoso son insoportables, pero la decisión de votar a favor de la investidura es firme. Las amenazas, lejos de hacer dudar a Guitarte, lo reafirman en que su posición es la correcta. Por si son pocas emociones, la comisaria de la Policía Nacional responsable de la seguridad del Congreso quiere verlo.

—Vamos a ponerle protección. Dos agentes lo acompañarán a la salida del Congreso —le anuncia.

Tras la primera votación de investidura, el 5 de enero, donde Sánchez no consigue la mayoría absoluta, a Guitarte la policía le recomienda cambiar de planes. Es mejor que no vaya al pueblo. Unos agentes de paisano lo acompañan hasta la estación de Atocha. Se sube en un AVE que lo lleva a Valencia. Al bajarse en la estación de Joaquín Sorolla lo reciben otros dos policías. Lo escoltan hasta el apartamento que compró hace unos años en la capital valenciana por razones de trabajo. Sube, se desnuda y abre la nevera. No hay nada. Se tumba en el sofá.

No enciende la tele ni entra en internet, así que no ve la portada de El Mundo . En ella destaca la noticia de que su empresa de arquitectura facturó a gobiernos autonómicos del PSOE en 2018. Aunque de 2018 hace dos años, y por aquel entonces Teruel Existe era una plataforma ciudadana que ni se planteaba presentarse a las elecciones, y por la cabeza de Guitarte lo último que pasaba era la posibilidad de ser diputado. Menos aún que una investidura dependiera de él.

Es noche de Reyes. Únicamente su familia y la policía saben que está en Valencia, y que está solo.

15

SÁNCHEZ, PRESIDENTE

Es la tercera vez que lo intenta y su semblante al entrar ya indica que esta es la buena. Pedro Sánchez llega al Congreso risueño, recreándose en cada paso. Va a ser investido presidente después de dos intentos fallidos en 2016 y 2019. No lo consigue un candidato socialista desde hace doce años. Él está a punto de lograrlo con el resultado más ajustado de la historia.

Su mayoría es tan exigua que un voto díscolo o una ausencia de última hora pueden dar al traste con todo. Un retraso en un vuelo, una incidencia en la catenaria de un tren: cualquier contratiempo condena al fracaso la investidura. Por eso los partidos dan la instrucción de que todo el mundo duerma en Madrid la noche del 6 de enero. Cada diputado es fundamental. Tanto es así que incluso Aina Vidal, de En Comú Podem, viaja a Madrid desde Barcelona en pleno tratamiento contra el cáncer.

—No fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación —anuncia en Twitter.

En el bullicio, en los rostros, en los nervios, en cada detalle se percibe que aquello, efectivamente, es mucho más que una votación. Los ujieres se ven obligados a sacar más sillas para apretujar en el hemiciclo a los senadores. Algunos ocupan los pasillos. La tribuna de invitados también está a rebosar. Hay presidentes autonómicos del PSOE, está la alcaldesa de Barcelona, sindicatos, empresarios y, por supuesto, la familia de Pedro Sánchez. Detrás de todos ellos, justo en la última fila y sin que las cámaras del hemiciclo los alcancen, los dos hombres de confianza del presidente en la Moncloa: Iván Redondo y Félix Bolaños. Nadie quiere perderse una sesión histórica.

El pleno retrata la España política de 2020: el Parlamento más fragmentado de la democracia, con un fuerte peso de las fuerzas independentistas y de la extrema derecha, con el principal partido de la oposición lejos del centro, con la izquierda estatal actuando en bloque y con una mayoría parlamentaria raquítica y rocambolesca.

La sesión es tensa, aunque no alcanza los niveles de virulencia dialéctica vividos en la primera votación, dos días antes, cuando se llegó a llamar «asesinos» a los representantes de Bildu y cuando la presión sobre los diputados que votarán sí se volvió asfixiante.

—Comprendo su frustración. Lo han intentado todo pero han fracasado —dice Pedro Sánchez mirando a la derecha, y especialmente a Pablo Casado.

Desde la tribuna, el líder del PP llama «ultra» al candidato socialista, lo acusa de poner el futuro de la nación en manos de «golpistas y terroristas», de «ultrajar a las víctimas de ETA» y de pretender subvertir el régimen democrático.

—Queremos una España a la que le pasen cosas buenas sin que venga la izquierda a estropearlas —concluye Casado su intervención.

Santiago Abascal se esfuerza en diferenciarse del líder del PP y, en mitad de una sesión de investidura, dedica varios minutos a intentar sostener la hipótesis de que son los extranjeros quienes violan y asesinan a las mujeres en España. Y lo ilustra con la lectura de varias noticias falsas.

Cuando le toca a Inés Arrimadas, infatigable, vuelve a intentarlo:

—¿Ni un diputado, ni uno solo? —ruega a la bancada socialista mostrando el dedo índice.

El turno de Esquerra Republicana sirve para que nadie olvide que la investidura que está a punto de consumarse es algo muy parecido a un milagro político. El discurso de los independentistas, e incluso la elección de la persona encargada de leerlo, tiene como objetivo que Pedro Sánchez no pierda de vista que durante toda la legislatura caminará sobre una fina capa de hielo a punto de quebrarse.

—La gobernabilidad de España me importa un comino —dice Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, exconsellera de la Generalitat catalana recientemente condenada a doce años de cárcel por el procés .

Las únicas palabras esperanzadoras le llegan a Sánchez de Pablo Iglesias, que en su intervención lanza una proclama profética.

—No hay libertad sin un sistema de salud pública que asegure a los mejores profesionales sanitarios y que a todo el mundo se le va a atender independientemente del barrio donde viva —dice el líder de Podemos.

En la solapa lleva un pin con el logo de la Agenda 2030, el programa de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que desde ahora pasará a ser competencia del nuevo vicepresidente. En el Consejo de Ministros lo acompañarán cuatro miembros de Unidas Podemos: Yolanda Díaz en Trabajo, Irene Montero en Igualdad, Manuel Castells en Universidades y Alberto Garzón en Consumo.

La incorporación del líder de IU no estaba entre lo pactado aquella tarde de noviembre en la Moncloa. Sin embargo, conforme pasan las semanas Pablo Iglesias se da cuenta de que es la mejor opción, y así se lo traslada a Sánchez:

—Sería importante que ninguna sensibilidad de Unidas Podemos se sintiera excluida de esto. Ya me entiendes.

A Garzón le molesta la posibilidad de quedarse fuera del Gobierno. Iglesias lo sabe y cree que no sería una buena idea dejar algún cabo suelto que pueda mutar en algo parecido a una oposición interna. El líder del PSOE lo entiende a la primera y encaja el perfil económico del líder de IU en el Ministerio de Consumo.

Sánchez e Iglesias también se encargan de cerrar los pocos flecos que dejan los equipos negociadores. Bolaños y María Jesús Montero se pasan las navidades mano a mano con Belarra y Echenique. Entre los cuatro perfilan íntegramente la estructura del Gobierno y el contenido de la legislatura. En una corta reunión a finales de diciembre, los jefes se ocupan de resolver los temas que quedan enquistados.

Pablo Iglesias quiere que su Vicepresidencia de Derechos Sociales asuma el diseño e implementación del ingreso mínimo vital: una renta concebida para acabar con la pobreza en España. Unidas Podemos cree que esa medida debe llevar su sello porque forma parte de sus programas electorales desde 2015. Sin embargo, Pedro Sánchez no la suelta. Aún es secreto, pero tiene ese encargo reservado para un experto al que hará ministro de Seguridad Social: José Luis Escrivá, el director de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

A cambio, sí concede una secretaría de Estado para el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El gesto tiene relevancia política porque permite a Montero tener voz en el «consejillo», la reunión de secretarios de Estado donde se decide qué se eleva al Consejo de Ministros.

En otro punto conflictivo se firman tablas. Iglesias logra introducir en el acuerdo la fórmula «derogar la reforma laboral». Sin embargo, en el desarrollo de la medida acordada con Sánchez se concreta que serán solo algunos aspectos de la reforma, como quiere el PSOE.

Todo parece perfectamente engrasado entre los dos partidos. La bancada de Unidas Podemos aplaude en pie la intervención de Pedro Sánchez. La mayor parte de la bancada socialista hace lo mismo con Pablo Iglesias.

—Señorías, comienza la votación.

En pie, en voz alta y por orden alfabético. Cada uno de los 350 diputados vota, y cada voto es una raya en la hoja de papel que Adriana Lastra tiene entre las manos. 167 síes , 165 noes y 18 abstenciones: la cuenta coincide con la que ha quedado consignada en el enorme bloc de su despacho tras dos meses de tachones.

—Queda otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón —anuncia la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

El júbilo estalla a la izquierda del hemiciclo. Todos en pie, aplauden y lloran. Llora mucho Pablo Iglesias mientras abraza a Aina Vidal y a Pablo Echenique. Llora Adriana Lastra junto a Rafael Simancas. Lloran todos los que aguantaron en los muchos momentos en que se dieron por muertos a Sánchez y a Iglesias. Presidente y vicepresidente in pectore se saludan. Sus bancadas se aplauden mutuamente y algún socialista se deja llevar por la emoción y por el coro que entona «Sí se puede». Pablo Casado se acerca a felicitar a Sánchez y desfila raudo hacia la salida junto al resto de los diputados de la derecha. No es su fiesta.

Pedro Sánchez lo ha conseguido: es presidente. Pablo Iglesias lo ha conseguido: Unidas Podemos es fuerza de gobierno y él es vicepresidente. La izquierda va a gobernar España en coalición por primera vez desde la Segunda República.

Es 7 de enero de 2020. En el otro extremo del mundo, China hace oficial que acaba de identificar un nuevo virus en la provincia de Wuhan.

SEGUNDA PARTE

PANDEMIA

1

ILLA, UN MINISTRO SIN COMPETENCIAS

Es viernes 10 de enero de 2020 y llueve en Barcelona. Salvador Illa llega temprano a la sede del PSC en Poblenou. Tras las maratonianas negociaciones con ERC para la investidura de Sánchez, en las que ha representado un papel clave, Illa recupera su vida normal como secretario de Organización de los socialistas catalanes. Una agenda repleta de trabajo a la interna, encuentros con militantes y reuniones discretas.

La reunión de esta mañana se celebra en su propio despacho. Recibe a los interlocutores en la puerta y los invita a sentarse en un par de sofás colocados en forma de ele. En el centro hay una mesita baja de madera sobre la que Illa coloca su teléfono móvil. Está a punto de sonar.

Tres días antes, en Madrid, cuando Pedro Sánchez sale del Congreso de los Diputados tras haber ganado por fin una sesión de investidura, aún tiene varios flecos pendientes en el diseño de su nuevo Gobierno. Los ministros de Unidas Podemos están pactados desde hace semanas. La única competencia de peso que les cede es Trabajo, de la que logra desgajar la gestión de la Seguridad Social, que se queda para el PSOE. Por lo demás, el ala socialista del Consejo de Ministros es continuista con el equipo que le acompaña desde que ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Un equilibrio entre sanchistas del partido y perfiles técnicos que ejercerán de contrapeso, principalmente económico, a la parte de Podemos.

Pero aún quedan piezas sueltas en el puzle que el presidente está componiendo para enfrentarse a una legislatura que anticipa que no resultará sencilla. Sánchez ignora la dimensión que alcanzarán esas dificultades porque no sabe que en poco más de dos meses estará ordenando a su equipo redactar un Real Decreto de estado de alarma para paralizar España ante la llegada de una pandemia mundial. Todavía no tiene ni idea de que le tocará situarse a los mandos de un país que se va a enfrentar a una emergencia sanitaria y a una crisis social y económica que provocará decenas de miles de muertos y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.

En cualquier caso, el presidente se prepara para un mandato donde el reparto de cartas dibuja una partida diabólica. Va a comandar la experiencia de un Gobierno de coalición, un camino intransitado desde la restauración de la democracia. Un Gobierno bipartito que además está en minoría parlamentaria y necesitará pactar a múltiples bandas cada paso que dé. Enfrente tendrá a una derecha que compite entre sí por convertirse en la oposición más implacable ante un Gobierno al que no piensan regalar el más mínimo oxígeno. Remata la manga un socio inestable con exigencias incómodas y un líder preso: Esquerra Republicana de Catalunya.

Por esa última razón, y por muchas más, tiene claro que los socialistas catalanes van a estar representados en el nuevo Consejo de Ministros. También va a hacer caso a las muy insistentes peticiones del presidente canario, Ángel Víctor Torres, para incluir en el Gobierno a alguien del PSOE de las islas. Son encajes de cuotas territoriales en busca del equilibrio perfecto.

No le queda duda sobre quién será el ministro del PSC. Esa pieza del puzle se llama Salvador Illa Roca. Conocedor experto de la compleja política catalana, Illa comenzó su carrera en la política local. Accedió a la alcaldía de su pueblo natal de La Roca del Vallès de manera imprevista, tras el fallecimiento por muerte súbita del alcalde Romà Planas, antiguo secretario personal del expresident Josep Tarradellas. Hombre discreto, leal, austero, dialogante, combativo con el independentismo, y con la rara habilidad de no meter la pata, Pedro Sánchez tiene en alta consideración su trabajo durante las negociaciones con ERC. Al presidente le llegan a hablar de él como posible candidato a la alcaldía de Barcelona, donde también fue concejal. Su nombre es descartado por no menospreciar la fidelidad y lealtad de Jaume Collboni, pero también por tener un perfil poco conocido para el gran público.

Ahora, la interlocución con Cataluña no solo se presenta como uno de los ejes para la estabilidad de la legislatura. El presidente está decidido a ir desenmarañando, poco a poco y según se vayan dando las circunstancias, la madeja del conflicto catalán. Por eso el talante y el bagaje político que reúne Salvador Illa lo convierten en una pieza clave. Lo de menos, quizás, sea el ministerio en el que alojarlo.

El ministro o ministra canario está mucho menos claro. Sánchez llama al presidente de las islas y le pide que le dé nombres y una descripción de diferentes perfiles. Sale el de Carolina Darias, consejera de Economía del Gobierno insular. Funcionaria de carrera y socialista de carné, en su currículum figura, entre otras muchas cosas, la portavocía en la comisión de Sanidad del parlamento canario.

Sanidad es precisamente uno de los ministerios pendientes. Uno de esos últimos flecos. Unidas Podemos lo rechazó en verano por ser un «elemento decorativo sin competencias». También queda por asignar la cartera de Política Territorial. Quizás un buen sitio para el hombre que tiene que servir de nexo con Cataluña. Pero el presidente aún le da alguna vuelta más a la decisión.

En la sede del PSC interrumpe bruscamente la reunión del 10 de enero la melodía del móvil de Salvador Illa. Al mirar el teléfono se le cambia la cara.

—Ruego que me disculpen, pero tengo que salir a atender la llamada.

Abandona el despacho y se va a una sala contigua. Cierra la puerta. En la pantalla del móvil no aparece ningún número largo ni oculto. Pone directamente «Pedro Sánchez». Ya había hablado con él antes y tiene su contacto grabado. Descuelga el teléfono:

—Presidente.

—Buenos días, Salva. ¿Cómo estás?

—Bien, muy bien. Aquí, en la sede atendiendo unos asuntos. Ya sabes: la vida de partido, que es intensa.

—Muy bien. Oye, te llamo porque quiero que formes parte de mi Gobierno. Estoy cerrando la estructura y tengo claro que quiero que estés.

—Bueno, presidente. Es un grandísimo honor para mí, de verdad. No sé muy bien qué decir, salvo agradecerte la confianza.

—Lo que igual te sorprende un poco es la cartera que te he asignado.

—Sorpréndeme.

—Pues he pensado para ti la cartera de Sanidad.

—¿Sanidad?

—Sí.

—Pues sí que me sorprendes, presidente —contesta el político catalán, filósofo de profesión.

—Le hemos dado muchas vueltas. Yo creo que es el lugar perfecto para ti, y te explico las razones. En primer lugar, porque es un sitio que requiere habilidades negociadoras con los sindicatos y con las comunidades autónomas porque son ellas las que tienen todas las competencias.

—Sí.

—Y en segundo lugar y muy importante, Salva. Precisamente porque vas a tener pocas competencias, yo creo que es un ministerio que te va a dejar tiempo y espacio para seguir haciendo política con Cataluña.

—Entiendo.

—Con Cataluña hay que mantener un hilo directo durante toda la legislatura, y tú has demostrado que eres capaz de llegar a acuerdos con los independentistas. Hablando claro: yo quiero que tú dediques un par de días a la semana a las cosas que tengas propiamente del ministerio, y que el resto del tiempo juegues ese otro rol que te comento.

—De acuerdo, presidente. Adelante.

Cuando la noticia se confirma, Illa recibe felicitaciones y multitud de llamadas. Una de ellas, de la última ministra de Sanidad del PP, Dolors Montserrat. Ambos se conocen de Cataluña.

—Enhorabuena, Salvador. Vas a disfrutar muchísimo.

—¿Tú crees?

—Desde luego, es un ministerio muy agradecido y que te va a permitir hacer cosas muy bonitas.

—Bueno, esperemos. Muchas gracias, Dolors.

—Con lo único que tienes que tener cuidado es con los temas de salud pública, pero ahí tienes una cosa que se llama el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que son gente buenísima. Están en la misma planta de tu despacho. El director creo que se llama Fernando Simón. Ve a conocerlo, es una gran persona.

El nuevo ministro de Sanidad apenas tiene el fin de semana para hacer las maletas, porque el lunes toma posesión. Pero no quiere marcharse a Madrid sin reunir al grupo sectorial de Sanidad del PSC. Son compañeros que han tenido responsabilidades públicas en la materia. Quiere oír sus consejos.

La primera pregunta que lanza ayuda a dibujar el personaje político que se irá forjando en los próximos meses:

—Yo quiero saber antes que nada qué es lo que no tengo que hacer. Cuáles son las dos o tres cosas más importantes para no meter la pata.

—Ni se te ocurra hablar de listas de espera. No dependen de ti, y solo te generará problemas.

—Entendido.

—Y luego hay otra cosa que tienes que tener clara, pero que tampoco está en tus manos. A los ministros de Sanidad los nombra el presidente y los cesa una crisis de salud pública. Las vacas locas, el ébola, la crisis del pepino… Pero eso viene un día y no puedes hacer nada. Viene y ya está. No puedes preverlo.

Salvador Illa viaja a Madrid. Faltan solo unas horas para que se convierta oficialmente en ministro de Sanidad y sesenta y dos días para que se decrete un estado de alarma que lo convertirá en mando único sanitario.

2

LUNA DE MIEL

3 de febrero de 2020. El Congreso de los Diputados es un territorio blindado. El perímetro de seguridad se expande por Neptuno, plaza de las Cortes y varias calles del Barrio de las Letras. Un doble vallado impide el tránsito de vehículos y peatones. En un despliegue policial digno de una película de acción, los agentes armados hasta los dientes se apostan en cada esquina, en cada tejado. En la carrera de San Jerónimo algunos de ellos levantan con una vara metálica las tapas redondas de las alcantarillas, alumbran el interior con una linterna y comprueban que todo está en el orden en el que debe estar una alcantarilla.

Para llegar a la puerta del Congreso hay que superar varios controles. Nadie sin acreditación de diputado o de periodista puede pasar. El acceso se cierra a cal y canto a las 10.00, dos horas antes de que empiece la sesión.

El interior es una jaula de grillos. A cada paso se apelotonan corrillos de periodistas, políticos y fumadores. La imagen, vista con perspectiva, es impactante. Cientos de personas hablando cara a cara, dándose la mano, dos besos, tocándose. Muchas de ellas han llegado aquí en medios de transporte público abarrotados. Si a alguien se le hubiese ocurrido aparecer con una mascarilla o saludar con el codo a un compañero habría sido señalado como un loco.

El coronavirus no existe. Al menos no existe en ninguna conversación. Nadie parece estar preocupado, ni tan siquiera por el hecho de que tres días antes, el 31 de enero, se detecta el primer positivo en España. Es en La Gomera, una pequeña isla canaria, y el afectado es un turista alemán, así que el problema viene de fuera.

De lo que se habla en los corrillos y en los especiales de radio y televisión de estos días felices de prepandemia es de la gran incógnita, mundana, de esta fría mañana de febrero. ¿Aplaudirán los de Podemos? ¿Le harán un feo al jefe de Estado?

Porque todo este excepcional jaleo se debe a que el Rey viene al Congreso. Es la sesión de apertura solemne de la decimocuarta legislatura. En la coalición a estrenar hay varios ministros que son comunistas de carné y, al igual que el resto de sus compañeros de Unidas Podemos, abiertamente republicanos.

Sin embargo, la duda se despeja en cuanto Felipe VI cierra su discurso en todas las lenguas del Estado:

—Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, moitas gracias.

De repente allí están «los comunistas»: Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells aplauden en pie al Rey de España desde la bancada azul del Gobierno. Una foto para la historia.

Las expectativas por encontrar disonancias entre los flamantes socios o por señalar salidas de tono de los ministros morados son altas por parte de aquellos que no disimulan su rechazo hacia la coalición. En Unidas Podemos lo saben, y por eso aplauden. No quieren dar munición a quienes esperan ansiosos cualquier gesto díscolo para lanzarse a la yugular del gobierno recién nacido. Tiempo habrá para ello. Al fin y al cabo, es un signo de mero respeto institucional y nadie a estas alturas ignora cuál es su postura ante la monarquía. Hay debate, sí. Aplaudir al Rey es el primer sapo que tienen que tragarse. Pero el asunto lo zanja Pablo Iglesias:

—Los miembros del Gobierno aplaudiremos, los diputados rasos que hagan lo que quieran.

Durante el primer minuto de aplauso todo entra dentro de lo normal. El PNV y varias fuerzas de izquierda permanecen en pie sin aplaudir (incluidos los diputados de Podemos que no son Gobierno). Los independentistas catalanes, Bildu y el BNG no están. El resto aplaude mirando a Felipe VI, que agradece el reconocimiento con media sonrisa.

Cuando se cumple el segundo minuto de aplausos, entre los ministros empiezan a cruzarse miradas que parecen requerir:

—Vamos terminando, ¿no?

Pero no se termina. La ovación se acerca a los dos minutos y medio, y la bancada de la derecha redobla el vigor de sus palmas. Nadie se atreve a ser el primero en parar, y ahí sigue el Gobierno: con su presidente y sus 22 ministros de pie y camino del récord Guinness de los aplausos.

Esta falta de atrevimiento para cortar el homenaje se entiende al recordar el ambiente en el hemiciclo durante las recientes sesiones de investidura, cuando el nivel de crispación y de agresividad verbal se hizo irrespirable. En aquellos plenos, PP, Ciudadanos y Vox acusaron a Pedro Sánchez de ultrajar a la Corona por sus acuerdos con Bildu y ERC. Así que lo que faltaba ahora, pensarán los miembros de la coalición, es que con su majestad presente alguien perciba el más mínimo decaimiento en el «Gobierno socialcomunista» a la hora de vitorear al monarca.

El problema es que la escena empieza a resultar excesiva. Por su gesto, se podría decir que hasta al propio Rey se lo parece. Todo el mundo se mira pidiendo la hora, pero solo un ministro se atreve a verbalizarlo:

—¿Dejamos de aplaudir algún día o cómo va esto?

El ministro no es de Unidas Podemos. Es José Luis Ábalos, titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE, quien susurra su cansancio a la compañera de escaño, la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Casi a los tres minutos y medio de aplausos, alguien de Vox pone el colofón:

—¡Viva España! ¡Viva el Rey!

A la salida, la escena se comenta entre los miembros de la formación de Pablo Iglesias que no las tienen todas consigo.

—Era innecesario y lo de los tres minutos y medio ha rozado el ridículo. Pero son las cosas de gobernar, imagino — cuenta un diputado que no ha aplaudido.

A Pablo Echenique le preguntan los periodistas por el discurso del Rey. Su respuesta le pone el lazo al aplauso:

—Ha sido valiente y distinto.

Son semanas de luna de miel entre el PSOE y Unidas Podemos. No hay salidas de tono, no hay choques. A cualquiera de los asistentes que se le pregunte por el ambiente del primer y multitudinario Consejo de Ministros responde con «entusiasmo», «muy buen rollo», «muy buena acogida», «gran actitud de trabajo en equipo». El presidente en persona se encarga de afianzar esa acogida felicitando a los nuevos por mensaje privado en sus primeras intervenciones públicas.

El idilio propicia incluso algo parecido a un acercamiento entre dos personas que podrían protagonizar una de las relaciones de alto voltaje en el seno la coalición. A la salida de una reunión, Carmen Calvo se acerca a Pablo Iglesias:

—Oye, tengo ganas de conocerte más. Somos vicepresidentes y tenemos que conocernos. Vente a mi despacho y charlamos.

Iglesias acepta. Le despierta interés una cita con una de las personas que, según la información que él maneja, más hizo por evitar su presencia en el Gobierno. El encuentro en el despacho se convierte en un monólogo de la vicepresidenta. El líder de Podemos apenas consigue abrir el pico. La vehemencia y la locuacidad de Calvo se lo impiden. Tras algo más de cincuenta minutos, es ella quien zanja la reunión.

—Pues me ha encantado que charlemos y conocerte un poco más. Para lo que necesites, ya sabes —le dice poniéndose de pie y acompañándolo a la puerta.

Sin embargo, mantener el idilio implica tragarse más de esas «cosas de gobernar». La instrucción que se impone en las filas moradas tras desembarcar en la Moncloa es clara:

—Hay que demostrar que somos gente seria y no darle el gusto a los que piensan que venimos a liarla. Máxima delicadeza con los asuntos que atañen al PSOE. Ahora es nuestro socio, no nuestro rival. En la medida de lo posible, siempre en sintonía.

Esa consigna llega a provocar algunos líos internos en Unidas Podemos. Por ejemplo, el día en que, en un exceso de celo, Pablo Echenique decide votar en la junta de portavoces del Congreso en consonancia con el PSOE en contra de hacer pública la hoja de servicios del policía torturador Billy el Niño, un asunto muy sensible para los de Iglesias.

—Hay muchos sapos que estoy dispuesto a tragarme, pero este no. Pido disculpas avergonzadas —corrige el tropiezo Pablo Iglesias.

Las primeras decisiones de Pedro Sánchez también ponen a prueba los esfuerzos morados por no causar ruido, especialmente en el capítulo de nombramientos. Uno de los primeros es el del polémico presidente del CIS. El PSOE decide que el cuestionado José Félix Tezanos, socialista de carné y hombre de métodos controvertidos, renueve al frente de la institución sociológica. Sus encuestas provocan críticas encendidas de todos los partidos. El propio Pablo Iglesias llegó a pedir su dimisión durante la anterior legislatura, y Unidas Podemos lo denunció por falta de neutralidad ante la Junta Electoral Central. Esta vez, «cosas de gobernar», los morados acatan el nombramiento sin la más mínima queja.

Pero aún hay otro nombramiento que causa más revuelo mediático y político. Una de las grandes novedades del Gobierno es la salida de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que sustituye el magistrado sevillano Juan Carlos Campo. El presidente Sánchez piensa en Delgado para un órgano constitucional clave: la Fiscalía General del Estado. La ministra saliente viene directamente de trabajar a las órdenes del presidente Sánchez y de presentarse a las elecciones en las listas del Partido Socialista. El nombramiento se convierte en la bulla política semanal para la oposición. Desde el PP y Vox hablan de atentado contra la democracia, de «tics dictatoriales» de Pedro Sánchez. Incluso denuncian la designación ante el Supremo. También numerosos juristas y fiscales cuestionan la idoneidad del designio, no por capacidad, sino por la falta de decoro que supone que venga, directamente, de trabajar en el propio seno del Gobierno del PSOE.

Como en el caso de Tezanos, en la hemeroteca es sencillo encontrar palabras recientes de Pablo Iglesias pidiendo la destitución de la ministra Delgado. Datan de apenas un año atrás, cuando el comisario José Manuel Villarejo, el hombre de las cloacas, sacó a la luz una conversación privada que mantuvo con Delgado durante una comida en 2009. El líder de Podemos, entonces, sentenció:

—Hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con representantes de las cloacas.

Consciente de esos antecedentes, Sánchez llama a Iglesias y le comunica su decisión de proponer a Delgado para la Fiscalía antes de que esta se haga pública. En la conversación se habla de la trayectoria de la designada, claro. Treinta años de prestigiosa carrera fiscal, experta en lucha antiterrorista, un perfil brillante. El líder de Podemos muestra algún reparo. Sin embargo, aunque en la charla no se desarrollan expresamente, hay otros temas importantes gravitando y que son determinantes para la atmósfera de la legislatura: el frente judicial abierto en Cataluña, con gran parte de los líderes independentistas condenados y en la cárcel; la renovación de la cúpula judicial, de mayoría conservadora y que el PP se empeña en bloquear; y quién sabe si también alguna ofensiva contenciosa de alguno de los numerosos enemigos de la coalición.

Iglesias entiende rápido qué es lo que está en juego, y no solo sale de la charla asumiendo el designio. El vicepresidente segundo del Gobierno defiende la decisión en una entrevista en Antena 3:

—Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad de demostrar con su trabajo que la Fiscalía actúa con autonomía y responsabilidad.

Las cosas de gobernar.

3

PRIMEROS DESENCUENTROS

El primer gran conflicto entre PSOE y Unidas Podemos no tarda demasiado en estallar. Sorprende el incendio por la virulencia que terminan alcanzando las llamas y porque viene a romper de golpe varias semanas de idilio.

El desencuentro nace en torno a la elaboración de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual por parte del Ministerio de Igualdad. Aunque en la bronca encontramos varios actores de reparto, las protagonistas son Irene Montero y Carmen Calvo. La relación entre la ministra de Igualdad y la vicepresidenta primera está marcada en rojo en los mapas de calor de la coalición que manejan en las salas de máquinas de la Moncloa. Por personalidad, carácter, trayectoria e incluso edad, los encontronazos entre ambas parecen una apuesta segura.

Calvo y Montero son ortodoxas representantes de dos tradiciones políticas que no están acostumbradas a convivir: por un lado, la pura cepa del partido socialista, y por otro, el mundo que queda a la izquierda del partido socialista. Se da la circunstancia, además, de que Calvo es la predecesora de Montero al frente de Igualdad. Es ella quien le entrega en mano a la nueva ministra la cartera negra con letras doradas el día de la toma de posesión.

Durante ese acto, la socialista le recuerda varias veces a Montero que ella quizás es muy joven para tenerlo presente, pero que hay mujeres de otras generaciones que llevan mil batallas en el feminismo y en defensa de la igualdad.

En el momento en que Carmen Calvo le da dos besos y la cartera a Irene Montero, a alguien del público se le escapa:

—¡Madre mía!

Es una de las personas que va a trabajar en el ministerio y el suspiro probablemente responda a la emoción del momento. Aunque es probable también que se esté acordando de aquellas peripecias en la negociación fallida que pilotó Calvo. De aquella orden que dio Sánchez de ofrecer Igualdad a Podemos y que a Calvo se le pasó trasladar. De aquellas reticencias de la vicepresidenta para soltar «una de las banderas del PSOE». Porque el feminismo es del PSOE, o eso dio ella a entender en unas palabras que sonaron a apropiación durante la celebración de los ciento cuarenta años años del partido:

—Ha aflorado que el feminismo es de todas. No bonita, no. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista y socialista.

Quienes las conocen bien señalan que, además del carácter y del distanciamiento ideológico entre ambas, también está la falta de rodaje de la propia coalición en la raíz de una bronca que empieza a gestarse un frío domingo de invierno.

Es 8 de febrero y Pedro Sánchez organiza una jornada de retiro campestre para engrasar el recién estrenado Gobierno. La cita es en Quintos de Mora, una finca rural en la provincia de Toledo. Acuden los 22 ministros, el presidente y los jefes de gabinete de PSOE y Podemos. El ambiente es relajado. No hay corbatas ni tacones. La coalición está en vaqueros, zapatillas y jerséis.

En un receso entre reuniones, Irene Montero se acerca al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

—Ministro, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?

—Hombre, Irene, buenos días. ¿Qué tal?

La ministra de Igualdad tiene un encargo y una obsesión: que la Ley de Libertad Sexual, proyecto estrella de la legislatura en su departamento, esté lista para el 8 de marzo. El presidente acuerda con Iglesias y la propia Montero que sea una de las iniciativas urgentes del Gobierno para que se pueda presentar en la semana previa a los actos del Día de la Mujer.

Aunque todavía falta un mes, la ministra no quiere apreturas y tiene a su equipo volcado en la elaboración del texto desde hace semanas. Incluida en el pacto de coalición, la ley introduce una de las demandas históricas del movimiento feminista: una reforma del Código Penal que elimina la diferenciación entre abuso y agresión sexual. A partir de ahora, todo lo que no es consentido es violación. Solo sí es sí.

Como ley integral que es, su desarrollo afecta a competencias de muchos otros departamentos del Gobierno: Trabajo, Seguridad Social, Hacienda, Interior y, sobre todo, Justicia. La conversación informal en Quintos de Mora continúa. Irene Montero contesta al saludo de Juan Carlos Campo.

—Bien, estoy bien, a tope con la ley, ya sabes.

—Ya me imagino, es una ley muy importante —pone en valor Campo.

—Pues ya la tenemos lista y queríamos que tu equipo y tú la empecéis a mirar para coordinarnos en lo que haya que introducir o modificar.

—Sí, claro. Mandadnos el texto y organizamos alguna reunión y así la vemos.

—Pues es que mira, te lo he traído. —La ministra de Igualdad le enseña una carpeta con un taco de cientos de folios—. Es una copia impresa del borrador final para que lo vayas viendo tú. En cuanto nos llames, nos sentamos a trabajar.

A Juan Carlos Campo le sorprende el ímpetu de esa entrega en mano. Un borrador impreso dentro de una carpeta es algo que realmente no esperaba. Y puede no ser muy protocolario, pero desde luego consigue que al ministro de Justicia le quede clara una cosa: Irene Montero está empeñada en que el Gobierno cumpla con el plazo del 8 de marzo. No la conoce demasiado, pero la sensación que le queda es que se encuentra ante una mujer difícilmente dispuesta a firmar un empate.

Una vez entregado a Justicia, el borrador empieza a circular por todos los ministerios afectados. Y durante ese recorrido consigue algo poco habitual: poner de acuerdo a Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Definitivamente no les gusta la redacción, que ambos ministros, jueces de profesión, llegan a calificar de «chapuza». Término demasiado light para lo que expresa Carmen Calvo cuando el texto llega a sus manos. Le espantan las formas e incluso parte del contenido. Da instrucciones de que por el momento no prospere, y pide a Justicia un informe.

Los días pasan y en el departamento de Juan Carlos Campo no dan cita al equipo de Montero para avanzar en los trabajos.

—La agenda está a tope, pero podemos mirar algo para principios de marzo —contestan en Justicia a las llamadas de Igualdad.

En Podemos empiezan a sospechar que el ministerio de Campo quiere retrasar la ley obedeciendo a cálculos políticos. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que una de las grandes reformas de la legislatura será la del Código Penal, y que esta incluirá, entre otras cosas, una rebaja de las penas por delitos de sedición. La medida resulta difícil de vender ante la opinión pública en un contexto tan peculiar, con unos políticos independentistas que están condenados, entre otras cosas, por sedición, y que sostienen parlamentariamente al Gobierno. Así que englobar esa reforma en el mismo paquete del «solo sí es sí» podría ser una buena forma de rebajar el trago y cambiarle el paso a una derecha que no tiene intención de dar tregua con Cataluña.

Como a Irene Montero se le echa el tiempo encima y no le gusta que le den largas, levanta el teléfono y llama directamente a Campo:

—Ministro, ¿qué tal todo?

—Hola Irene, muy bien. Cuéntame.

—Quería saber qué problema hay con la ley.

—No, mujer. Problema ninguno. Solamente que hay que mirar muchas cosas. Es una ley compleja, hay muchos detallitos que hay que pulir, ¿sabes? Que esto no es tan fácil como decir: «Ale, que hago una ley». Tiene muchas implicaciones, toca muchos aspectos…

—Ya, ya. Si no hace falta que me lo expliques. Lo sé perfectamente porque llevamos dos meses trabajando en ella. La han redactado expertas catedráticas y juristas. Lo que no entiendo es por qué se está retrasando todo y no se reúnen ya nuestros equipos para modificar lo que haya que modificar y cerrarlo todo.

—Irene, no te preocupes de nada, de verdad. Yo sé que acabáis de llegar y tenéis ese ímpetu por hacerlo todo rápido. Es normal. Pero fíate de nosotros, estas cosas hay que hacerlas bien.

La última respuesta del ministro saca de sus casillas a Irene Montero. Tiene la sensación de que la acaban de tratar con cierto desdén.

Cuelga el teléfono y convoca una reunión del núcleo duro de Unidas Podemos. Allí expone la conversación que acaba de tener, explica que la ley está bloqueada y que a ese paso no llega al 8M. La decisión es transmitir a los medios de comunicación el malestar del partido. Podemos acusa a Justicia y a la vicepresidencia de Calvo de paralizar la ley con «excusas técnicas».

Es jueves y hay pleno en el Congreso. Al terminar, Pablo Iglesias y Carmen Calvo salen juntos del hemiciclo. Van hablando. Los periodistas del pasillo meten micro:

—¿Hay enfrentamiento en el Gobierno por la Ley de Igualdad?

—Este es un Gobierno responsable que solventa sus diferencias de puertas hacia adentro —contesta Iglesias.

Así que los dos vicepresidentes siguen con su charla de puertas hacia adentro. Se dirigen a la zona de Gobierno en el Congreso y en un despacho mantienen una discusión acalorada. Iglesias pide explicaciones por el bloqueo y recuerda que es mandato del presidente que esa ley llegue al 8 de marzo. Calvo le responde que el borrador es malo y que es ella quien supervisa los trabajos legislativos del Gobierno. Que es ella quien, como secretaria del Consejo de Ministros, pule y dota a los textos de la formalidad legal requerida. Y que también es ella quien los criba según prioridades políticas. Esa es su argumentación, pero en el fondo también influyen razones personales.

—Oír a una chiquita joven dando lecciones de feminismo tiene que ser un poco duro —reconoce una compañera de partido de Calvo.

El líder de Podemos sale del despacho y cruza el patio del Congreso con su mochila al hombro y cara de pocos amigos. El problema no se ha solucionado ni haciendo pública la bronca ni mediante su cónclave con Calvo, así que tira del comodín de Presidencia. A partir de este problema puntual y en adelante, la conexión Sánchez-Iglesias se convierte en garantía para desactivar los conflictos. La relación entre ambos es fluida, respetuosa, sincera. En poco menos de una hora hay comunicado de la Moncloa:

Buenas tardes.

La Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo.

Un saludo.

El presidente corta por lo sano. «Estará listo en los plazos previstos.» Montero e Iglesias se imponen a Calvo y Campo. El perímetro del incendio queda controlado, aunque los rescoldos no están nada mal. Alguien acaba filtrando a varios medios de comunicación el informe que Justicia remitió a Carmen Calvo. Son conclusiones durísimas con el trabajo realizado por el Ministerio de Igualdad. Viene a determinar que el borrador es malísimo y que habría que redactarlo de nuevo. Cuando los periodistas le preguntan por ello en los pasillos del Senado, Pablo Iglesias remata la faena:

—En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado.

Alguien que lo conoce bien dijo una vez:

—Iglesias es el número uno en todo. Es el mejor, hasta que se le sale la cadena.

4

EL VIRUS LLEGADO DE CHINA

Salvador Illa desembarca en el Ministerio de Sanidad el 13 de enero, lunes. Hasta ese momento, lo único que sabe del nuevo virus que campa a sus anchas por Asia lo ha leído en la prensa.

En su primera semana en el cargo mantiene una reunión con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del que Dolors Montserrat le ha hablado con tanta consideración.

Illa y Simón se conocen en el despacho del ministro, en la tercera planta del Ministerio de Sanidad, en pleno paseo del Prado. Conversan durante una hora escasa, pero el virus ya es uno de los principales temas de la entrevista. En torno a una mesa redonda, Simón le traslada los primeros datos sobre la enfermedad:

—De momento no hay emergencia internacional. El virus solo está en China y parece, a estas alturas, poco contagioso. Los índices de letalidad tampoco son elevados.

El director del CCAES le explica al recién estrenado ministro las cuestiones técnicas y científicas más relevantes. Dado su desconocimiento en la materia, Illa le plantea muchas preguntas. Empieza para él un máster acelerado en materia sanitaria, científica y de salud pública.

Hablan sobre otros coronavirus y sobre la importancia de la detección precoz. Illa se interesa por cómo ha actuado anteriormente el CCAES en una situación parecida y concluyen que hay que ponerse manos a la obra.

—Elaboremos un protocolo para estar preparados y reunamos a las sociedades científicas para encargar trabajos —decide Illa.

La impresión que le produce Simón en aquel encuentro es excelente. Su capacidad de comunicación le resulta arrolladora. Cree que tiene un don natural para contar las cosas como las ve y como las siente. Sin saberlo aún, está construyendo las bases de una sólida relación profesional con el hombre que se convertirá en una pieza fundamental en los momentos más difíciles de su vida política: una de las personas en las que más se apoyará para tomar decisiones de enorme complejidad.

A partir de esa reunión inicial, Illa y Simón se ven todos los días durante media hora y analizan la evolución del virus.

La semana termina el 17 de enero con un Consejo de Ministros donde Salvador Illa expone por primera vez ante sus compañeros de Ejecutivo un informe sobre el coronavirus. Es el primero de tantos que vendrán en los próximos meses.

Tan solo una semana después, el 24 de enero, China decreta el confinamiento de 40 millones de personas. Las luces rojas se encienden en Sanidad. Se suceden las reuniones mientras saltan los primeros casos a Europa. Simón y su equipo se sorprenden por las decisiones que está adoptando Pekín:

—Parece difícil que nosotros lleguemos a una situación como la de China.

—Son medidas muy drásticas, sí —comentan en Sanidad.

Sin embargo, el 12 de febrero, un mes después del nombramiento de Illa, la OMS eleva el tono y declara la COVID-19 «enemigo global número uno». Son ya 1.100 muertos registrados en el mundo, y las medidas de Pekín dejan de parecer tan incomprensibles.

El anuncio funciona como la puntilla que ocasiona la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, previsto del 24 de febrero al 7 de marzo. El evento tecnológico más importante del planeta pendía de un hilo desde hacía días, cuando las principales marcas del sector empezaron a descolgarse por miedo a poner en riesgo a sus empleados enviándolos por avión a un encuentro con miles de personas llegadas de todos los extremos del mundo, muchos de ellos desde Asia.

La decisión de cancelar sigue resultando sorprendente en España, donde solo hay noticia de dos positivos, después de que al de La Gomera se le haya sumado un segundo en Mallorca, también importado. El portazo de la feria tecnológica se produce a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que no hay riesgo para la salud pública y que nuestro sistema sanitario es robusto y está preparado para cualquier eventualidad. Así lo expresa el propio Salvador Illa en público y en privado al confirmarse la cancelación.

Tan solo once días después, la situación epidemiológica en Europa se complica por el aumento de casos en Italia. El domingo 23 de febrero se desatan brotes en cinco regiones del norte del país y se detectan más de 150 positivos. El virus ya no parece algo tan lejano.

Salvador Illa recibe la llamada de Pedro Sánchez:

—Ministro, ¿has visto lo de Italia?

—Sí —responde Illa—. Estoy en contacto con el ministro italiano. Ha sido todo en cuestión de horas. Van a cerrar colegios y prohibir actos públicos.

—¿Estás en Madrid? —pregunta Sánchez.

—No, en Barcelona. Pero me vuelvo ya. Voy a preparar una comisión interterritorial para mañana.

—Perfecto —responde Sánchez—. Hablamos si hay novedades.

El flujo de viajeros diarios entre España e Italia es de 10.000 personas. Las autoridades recomiendan no viajar al país transalpino si no es imprescindible, pero no hay prohibición ni se suspenden los vuelos directos. Esa medida tardará en llegar aún dieciséis días. En este momento no hay transmisión comunitaria en España, y Sanidad cree que la situación puede controlarse sin llegar a una decisión tan drástica, que tendría grandes repercusiones económicas.

Pero lo cierto es que en pocas horas aparecen los primeros casos en Barcelona, Castellón y Madrid. En las Islas Canarias un millar de turistas deben ser aislados en un hotel porque uno de los huéspedes es positivo y ha contagiado a varios más. El 25 de febrero el Gobierno celebra el Consejo de Ministros pero Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior, señala que hay que estar alerta aunque «con prudencia y tranquilidad». Las calles del país, más sensibles al miedo, reaccionan antes, y las mascarillas empiezan a faltar en las farmacias. En una semana su demanda crece un 8.000 % y los colegios de farmacéuticos alertan de un movimiento muy extraño: las comunidades chinas en España llevan meses acaparando mascarillas para mandarlas a su país de origen.

En el Ministerio de Trabajo perciben inquietud en las empresas sobre cómo actuar para frenar los contagios. Yolanda Díaz encarga al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo que redacte una guía con recomendaciones y mecanismos de actuación. El documento comienza a prepararse a finales de febrero y sale a la luz en los primeros días de marzo. Su publicación levanta una gran polvareda. Detalla cómo actuar en caso de infección, promueve el teletrabajo y pide paralizar la actividad laboral en caso de riesgo grave e inminente por coronavirus.

A la mañana siguiente Yolanda Díaz recibe muy temprano la llamada de Nadia Calviño. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos es una figura central del Gobierno, donde no ejerce solo de coordinadora de la rama económica, sino también de representante del ala más tecnócrata y cercana a la ortodoxia de la Comisión Europea. Su tono con Díaz es amable, pero quiere explicaciones:

—Buenos días, Yolanda. ¿Qué ha pasado con esa guía? Los empresarios están asustados… y algunos enfadados.

—No ha pasado nada con la guía, ministra. Es una recopilación de normas que están en vigor. Se trata de recordarlas por si es necesario ponerlas en práctica.

—Ya. No, si no pasa nada. Pero igual el defecto es llamarla «guía». Podrías llamarla «orientación». O cualquier otra cosa. Te aconsejo que le cambies el nombre y que no esté tan visible en la web del ministerio para no generar demasiada alarma. Ponedla en un sitio menos destacado.

Yolanda Díaz también habla con Salvador Illa. El tono del ministro es extremadamente educado. Es la primera vez que conversan más allá de los intercambios de cortesía durante las primeras semanas de la coalición. Illa, muy educado, también muestra cierto malestar por la publicación.

Esa misma tarde se celebra la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la reunión donde se estudian los asuntos que más tarde aprueba el Consejo de Ministros. A ella acude el secretario de Estado de Trabajo y mano derecha de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, que se enfrenta a un buen rapapolvo por la publicación de la guía. Las críticas le llegan del representante de Sanidad:

—Habéis generado una alarma innecesaria. No necesitamos crear psicosis.

—No era nuestra intención. Creemos que es necesaria una guía así para que las empresas sepan cómo actuar si la situación se complica —replica Pérez Rey.

—Bueno, eso no es una guía. Las guías las elaboran los especialistas sanitarios desde el Ministerio de Sanidad. Aprovecho para recordar que todas las decisiones sobre la COVID se toman en coordinación con nosotros.

El 3 de marzo, sin que el Gobierno de coalición haya tenido tiempo de alcanzar los dos meses de existencia, la autopsia de un hombre de sesenta y nueve años fallecido el 13 de febrero en Valencia determina que se trata de la primera muerte por coronavirus en nuestro país. La víctima había viajado a Nepal.

Ese mismo día el Consejo de Ministros aprueba el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero apenas recibe atención. El mismo texto que hace unas semanas parecía clave para la estabilidad del Gobierno ahora pasa desapercibido. Ya casi nada ocupa el lugar que merece. Todo va siendo sepultado por la llegada del virus.

5

EL INICIO DE LA CURVA

Es 8 de marzo. El domingo en España amanece con una decena de fallecidos y 500 personas contagiadas. Además, el coronavirus le cuesta ya a la Bolsa más de 100.000 millones de euros. Por la tarde, el grueso del Gobierno y todos los partidos menos Vox participan en las manifestaciones organizadas por todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Algún ministro socialista no acude por el miedo que le provoca la posibilidad de contagiarse. Pero el Ministerio de Sanidad desestima el impacto sanitario de las concentraciones reivindicativas basándose en los bajos datos de contagios y la poca velocidad a la que se mueve el virus. Por esa misma razón tampoco se prohíben encuentros masivos como partidos de fútbol o el congreso multitudinario que el partido de Santiago Abascal celebra en el Palacio de Vistalegre.

En la Moncloa, donde Salvador Illa ha fijado su residencia, la noche empieza a pedir paso. Suena el teléfono del ministro de Sanidad. Es la consejera vasca de Salud, Nekane Murga. No tiene buenas noticias.

—Salvador, ¿qué tal? Perdona que te moleste.

—Consejera, buenas tardes, casi noches. Nada, cuéntame. ¿Cómo van las cosas?

—Mal, ministro. Por eso te llamo. Mañana vamos a notificar un incremento de casos importante.

—¿Cuántos? —pregunta Illa.

—148 positivos. 142 solo en Álava —responde la consejera con la voz encogida.

—¿Y fallecidos?

—Seis, ministro. Nosotros lo hemos estado analizando y somos partidarios de pasar ya a las medidas de distanciamiento social.

Salvador Illa y los consejeros de Salud y Sanidad de las comunidades autónomas llevan desde finales de enero trazando las fases epidemiológicas a las que puede enfrentarse el país. El 30 de enero se celebró el primer consejo interterritorial extraordinario para estudiar la situación, y desde entonces se han ido diseñando los pasos a seguir según la evolución del virus.

Nekane Murga plantea que ha llegado el momento de dar un paso más:

—Creemos que la situación de Euskadi requiere el cierre de colegios y la limitación de aforo en los espacios públicos.

El ministro de Sanidad escucha atentamente las explicaciones de la consejera y le propone actuar de manera coordinada:

—Si te parece, nos reunimos mañana y lo hablamos.

—Perfecto, hablamos a primera hora.

La llamada deja a Illa pensativo. Repasa papeles e informes sobre el coronavirus cuando vuelve a sonarle el móvil. Esta vez es un mensaje del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero:

—En Madrid hay transmisión comunitaria. Hay que pasar a la fase de contención reforzada. Estamos estudiando qué hacer.

Salvador Illa le responde:

—Ok, consejero. Si te parece nos vemos mañana en el ministerio para discutir las medidas. Hablarán a primera hora nuestros equipos.

El ministro de Sanidad contacta con Pedro Sánchez y le expone la situación. Ambos se emplazan para una conversación al día siguiente, cuando terminen las reuniones con Euskadi y Madrid.

Salvador Illa se va a dormir sin imaginar que su despacho está a punto de convertirse en el epicentro de una de las crisis más relevantes de la historia de nuestro país.

Pero en unas pocas horas todo cambia decisivamente. En la mañana del lunes 9 de marzo ya resulta evidente que Europa se adentra en una zona de incertidumbre absoluta, cargada de dudas epidemiológicas pero también legales.

Mientras Italia se enfrenta al caos de confinar a 16 millones de habitantes en el norte del país tras registrar en las últimas horas 6.000 contagiados y más de 230 fallecidos, España se levanta con un incremento en el número de fallecidos del 70 %. Los muertos saltan de 10 a 17 en veinticuatro horas y pasan a competir con las multitudinarias manifestaciones del 8M en la portada de los periódicos. Los positivos superan los 600, un 20 % más que el día anterior. Ninguna comunidad autónoma se libra de la presencia de la COVID-19. Treinta familias de Haro (La Rioja) permanecen en sus casas cumpliendo una cuarentena obligada después de acudir a un funeral en Vitoria y desatar una cadena de contagios. La escalada de la curva epidémica acaba de empezar. El Ejecutivo se esfuerza por trasladar que «no hay motivos para la alarma y se está actuando con rigor y seriedad». Esas son las palabras que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pronuncia en un desayuno informativo en el Hotel Palace de Madrid cuando los periodistas le preguntan por la expansión del virus.

Sin embargo, a cinco kilómetros de ese desayuno, en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez, Iván Redondo y Félix Bolaños reciben las últimas noticias con inquietud.

—El virus parece que se transmite con demasiada facilidad —dice preocupado el presidente del Gobierno—. Las cifras de hoy son alarmantes, pero tampoco sabemos cómo se van a comportar en los próximos días.

El equipo de Sánchez sigue de cerca los focos de contagio en España, pero también la progresión en Francia, donde el virus se ha llevado por delante la vida de 19 personas y hay más de 1.000 contagiados. Macron ha prohibido los actos de más de 1.000 personas exceptuando, por ejemplo, la celebración de manifestaciones.

En la Moncloa son ya conscientes de que si hay una manera de frenar la expansión es limitando los movimientos. Después de mes y medio confinada, China acaba de anunciar la cifra más baja de contagios en las últimas semanas. Otros países están siguiendo esa senda que hace poco parecía imposible y los resultados la avalan.

Por primera vez Sánchez verbaliza la idea delante de los suyos:

—Félix, creo que podemos estar ante un problema muy serio. Habría que empezar a mirar la posibilidad de decretar el estado de alarma. Me temo que es el único mecanismo jurídico para confinar a la población si la situación empeora de repente. No quiero que nos equivoquemos: hay que ser prudentes, pero no está de más que tengamos estudiada su puesta en marcha.

—Sí, desde luego es la ley orgánica pensada para las epidemias. Para «crisis sanitarias», creo recordar que dice el texto —apostilla Bolaños.

—Revisemos las mayorías parlamentarias para ponerlo en marcha y también los mecanismos para mantenerlo durante un periodo largo —añade Sánchez—. Es probable que tenga que prolongarse más de lo previsto.

Bolaños asiente. El secretario general de la Presidencia está acostumbrado a este tipo de misiones. Las cuestiones más delicadas de la Moncloa siempre pasan por sus manos para su estudio y supervisión.

—Pues analicemos qué posibilidades tiene y cómo podría armarse con todas las garantías —concluye Sánchez.

Bolaños asume la tarea y empieza de inmediato a bucear en la Ley Orgánica 4 /1981, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio. Lo primero que hace con su equipo es buscar jurisprudencia. Enseguida se dan cuenta de que se enfrentan a un camino nunca antes transitado. No hay doctrina sobre la materia. Ninguna sentencia que pueda iluminar el recorrido. Solo un poco de literatura y escrita de manera muy genérica. El único precedente de estado de alarma en España es del 4 de diciembre de 2010, cuando los controladores aéreos secundaron una huelga salvaje provocando el cierre del espacio aéreo. Y aquel estado de alarma nada tiene que ver con el que está a punto de nacer. Desde esta misma mañana, el asunto se convierte en la obsesión de Bolaños y todos los hombres y mujeres que trabajan en el núcleo duro de la Moncloa.

De manera paralela, en la otra mitad del Gobierno de coalición, la de Unidas Podemos, se reúnen también. Pablo Iglesias ya ha transmitido a Pedro Sánchez su pesimismo ante la expansión del virus. La comunicación entre los dos se mantiene fluida también estos días, y el vicepresidente le hace saber que tiene claro que una bomba ha caído ya sobre el país y considera inevitable asumir medidas contundentes.

Preparándose para ellas, el líder de Unidas Podemos reúne en el Ministerio de Derechos Sociales a Julio Rodríguez, su jefe de gabinete, y a Ione Belarra, que ha asumido la secretaría de Estado de Agenda 2030. Iglesias mantiene contactos con el Gobierno de Italia y con políticos del país mediterráneo, consciente de que se trata del espejo en el que España debe mirarse. El vicepresidente segundo y su equipo debaten la evolución de los datos y los posibles mecanismos de contención.

—Necesito que hagáis un informe sobre el estado de alarma, pros y contras de su puesta en marcha y todas las medidas que haya para restringir la movilidad —encarga Iglesias.

A las pocas horas el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anuncia que la progresión del virus obliga a extender el confinamiento más allá del norte del país y pide a todos los habitantes de Italia que permanezcan en sus casas. Más de 60 millones de personas se acostarán esa noche sabiendo que desde el día siguiente deben aislarse para evitar que el virus continúe propagándose. La decisión llega cuando se han alcanzado los 463 fallecidos y en torno a los 8.500 contagiados.

Al mismo tiempo, Vitoria y Madrid dan un paso al frente tras mantener las reuniones previstas con Salvador Illa. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactan el cierre de los colegios y universidades durante quince días.

Desde la Moncloa, a pesar de las alarmantes cifras, insisten en guardar cautela. Pedro Sánchez se muestra tranquilizador en su intervención durante un acto público:

—Quiero lanzar un mensaje de serenidad. Estamos haciendo un seguimiento constante de la situación y estamos componiendo un diagnóstico preciso sobre el impacto de esta crisis en la economía real. La información disponible apunta a que en nuestro país la crisis tendrá un efecto negativo, pero transitorio. No nos vamos a precipitar. En unos días anunciaremos un plan de choque eficaz y ajustado a la magnitud del problema.

El presidente intenta evitar que cunda una sensación de pánico, pero la información que sigue recibiendo de Europa no deja de preocuparle. A lo largo del día habla con Angela Merkel, Conte y varios altos cargos de las instituciones europeas. Sánchez empieza a prever que necesitará a todos los partidos del arco parlamentario para superar el enorme desafío que está por llegar, y contacta con Pablo Casado, Santiago Abascal, Inés Arrimadas y el resto de los portavoces.

Antes de que acabe el día, recibe una llamada de Iglesias:

—¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vas?

—Preocupado, la verdad. Cada noticia que llega es peor.

—Presidente, creo que no nos va a quedar más remedio que decretar el estado de alarma. Me parece difícil que podamos escapar al virus.

—Sí, la verdad es que hay datos poco esperanzadores. Pero tengo que hablar con Salvador mañana, y hay que analizar muy bien la curva epidemiológica.

—La situación de Italia se está repitiendo en España. Deberíamos actuar con rapidez. Un día es un mundo en la lucha contra este tipo de virus.

—Ya, pero quiero tener la certeza de que es ascendente e imparable y no solo algo puntual. La gente del CCAES está haciendo varios informes al día y en función de eso tomaremos decisiones. El estado de alarma es un camino desconocido. No solo por las consecuencias económicas… que serán muchas y muy grandes. También está el cómo sea recibido por la sociedad. Hay que hacerlo bien para que la respuesta sea buena. No podemos permitirnos la más mínima posibilidad de que la gente no cumpla.

Iglesias muestra urgencia por moverse, pero Sánchez mantiene la calma. Le gusta meditar las decisiones, escuchar opiniones, sopesar todas las posibilidades. Solo se mueve cuando tiene las cosas claras. Los dos socios se despiden emplazándose a verse al día siguiente en el Consejo de Ministros.

6

CUARENTA Y OCHO HORAS SIN RETORNO

Unas horas después los datos que llegan al Palacio de la Moncloa no dejan un resquicio para el alivio. El martes 10 de marzo amanece con 1.200 casos notificados, el doble que el día anterior. La cantidad de muertos asciende a 30. El virus golpea implacable a la población de más edad y a personas con patologías previas. Algunos hospitales madrileños empiezan a sufrir sobrecarga. Los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también van en aumento. El ascenso de contagios parece una tendencia difícil de frenar.

El Consejo de Ministros se reúne desde las 10.00 en un clima de profunda inquietud. Salvador Illa y José Luis Ábalos llevan desde el día anterior debatiendo cómo cerrar el espacio aéreo con Italia. El ministro de Sanidad está preocupado por los contagios con origen en ese país. También lo está el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien ya le ha trasladado que considera un riesgo mantener las fronteras abiertas con el territorio con más casos de Europa. Del centenar de vuelos directos de Italia que llegan cada día a España, 61 aterrizan en la capital.

Illa propone que la orden de prohibir la llegada de aviones de Italia la firme el Ministerio de Transportes, pero Ábalos se niega a asumir en solitario una medida de tal calibre. Cree que una medida como esa debería tener el respaldo de todo el consejo de ministros o de un mandato sanitario inequívoco. Finalmente, el ministro de Transportes se sale con la suya. La prohibición se enmarca dentro de un acuerdo del Consejo de Ministros y se publica en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, Ábalos cree que hay que ir más allá y, ante sus compañeros de gabinete y con Pedro Sánchez al frente de la reunión, se moja sobre qué hacer:

—Yo apuesto por dar pasos hacia delante y declarar el estado de alarma. Lo dicen los expertos sanitarios. Hay que evitar que la gente se desplace.

No es el único en intervenir. Detrás de él surgen otras voces apoyando esa posición. Los supuestos bandos dentro del Gobierno de coalición desaparecen. Pertenecer al PSOE o a Unidas Podemos empieza a ser insignificante. El siguiente en pedir la palabra es el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno.

—Yo también creo que esto se va de las manos —dice Iglesias—. No nos va a quedar más remedio que tomar medidas radicales. Mi equipo y yo hemos estado analizando las opciones, y el estado de alarma puede ser el mecanismo más apropiado. Más vale hacerlo cuanto antes. Lo que está pasando en Italia debe servirnos para predecir lo que puede ocurrir aquí.

Pedro Sánchez permanece en silencio. Está muy preocupado y no lo oculta. Es consciente de que el Gobierno se encuentra ante un problema grave de salud pública. Su equipo ya tiene analizadas las implicaciones de cada opción y se las ha transmitido. No se pronuncia mientras se suceden las intervenciones. Prefiere seguirlas atentamente.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se suma a la corriente. Lo hace sin mostrar apoyo explícito a Ábalos o Iglesias, pero deja clara su posición:

—El cierre de los colegios en Madrid es un punto de inflexión… Lo que está pasando en Italia es muy serio. Un estado de alarma es lo único que nos puede permitir hacer frente a la situación.

Pese a todo, aún hay miembros del Ejecutivo que no ven clara una medida tan contundente. El miedo al parón económico y sus consecuencias flota en el ambiente. Nadie es capaz de predecir el coste económico y social de paralizar un país. Todas las incertidumbres están encima de la mesa y, por desgracia para la coalición, hay muy pocas certezas. A María Jesús Montero, ministra de Hacienda y médica de profesión, le preocupa pasarse de frenada.

—Declarar el estado de alarma puede generar más inquietud en la sociedad. Debemos medir muy bien los pasos y mantener el principio de proporcionalidad —afirma.

—Lo importante es lo que siente la gente, María Jesús: la alarma ya está en la calle —responde Ábalos—. Lo único que cabe es reconocerla. Nos pasó en 2008: el Gobierno no sentía la crisis económica como una amenaza, y la gente sí… Y cuando no actúas, la gente se distancia de sus políticos.

El presidente está de acuerdo con la portavoz del Gobierno en que la prudencia debe ser uno de los principios que guíen sus pasos. Por eso no toma la decisión ese día, a la espera de un poco más de tiempo para observar la evolución de los datos.

Una vez que se ha abierto el debate, Yolanda Díaz aprovecha para plantear que es necesario poner en marcha mecanismos extraordinarios que eviten despidos masivos:

—En Trabajo estamos preocupados. Hemos recibido avisos que nos hacen sospechar del drama económico que puede desencadenarse. Una empresa automovilística alemana se ha puesto en contacto con nosotros para alertar de que no les llegan las piezas de China y su cadena de producción empieza a quebrarse. Los trabajadores no tienen material para producir y no saben cómo actuar.

La ministra y sus colaboradores saben que no se trata de la única fábrica con problemas, y por eso presionan para que vean la luz medidas que protejan el empleo. El Consejo de Ministros se cierra con la determinación de preparar un plan de choque con medidas económicas que se aprobarán en los próximos días. Mientras tanto, los esfuerzos se centran en tomar decisiones sanitarias con impacto inmediato en el plano social. Para empezar, se suspenden los viajes del Imserso y se obliga a que las competiciones deportivas con gran afluencia de público se jueguen a puerta cerrada en toda España. Paralelamente, en Madrid y Vitoria, con focos descontrolados de transmisión comunitaria, ya se están preparando medidas más restrictivas para aquellos espacios donde puedan producirse aglomeraciones. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciará unas horas más tarde el cierre de todos los teatros, centros culturales, polideportivos y bibliotecas municipales.

El mensaje más potente llega por parte de Salvador Illa, que comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo y apela directamente a los españoles:

—Pedimos, por favor, que la gente no viaje, tanto dentro de España como al exterior.

Sus palabras suenan en todas las radios y televisiones del país:

—No cojan el coche si no son viajes imprescindibles. El virus se mueve con nosotros.

Muchos españoles cancelan desplazamientos y encuentros con familia y amigos.

La oposición endurece estos días sus críticas hacia el Gobierno por haber autorizado la manifestación feminista del 8 de marzo. Critican que Sanidad no se hubiese adelantado para frenar el descontrol del virus. Los periodistas preguntan a Salvador Illa en la rueda de prensa y él es tajante.

—La situación del domingo no era ni la de ayer ni la de hoy. El cambio desde el punto de vista sanitario y epidemiológico se produjo el domingo al anochecer —concluye el ministro con seguridad.

La situación empeora a medida que avanza el martes. En los supermercados empiezan a formarse colas para hacer acopio de alimentos, y el Gobierno se ve obligado a avisar de que el abastecimiento está asegurado. Sin embargo, la población parece haber entrado en pánico.

Durante la tarde se suceden las reuniones. El Ejecutivo se fija como prioridad evitar aglomeraciones. Las Fallas de Valencia llevan varios días pendiendo de un hilo. Salvador Illa y Ximo Puig han hablado durante el fin de semana sobre su cancelación. El ministro de Sanidad intenta convencerle alertándole de que podría acudir mucha gente de Italia, pero el president de la Generalitat valenciana se resiste. Intenta buscar una solución parcial antes de tener que anunciar que, por primera vez en la historia reciente, las Fallas no se celebrarán.

Este martes por la tarde recibe una nueva llamada del ministro. La última.

—Tal y como están las cosas es un riesgo muy elevado, president. Si las mantienes, nosotros no te vamos a apoyar —le anuncia Illa.

Puig escucha las palabras del ministro mientras recorre su despacho de la Generalitat de una pared a otra.

—Es un mazazo para Valencia —contesta.

—Lo sé. Pero los datos son los que son, Ximo. No podemos permitirnos una fiesta de tal magnitud. Es un riesgo que no podemos asumir.

Puig necesita pocos minutos para entender el mensaje. La situación ha cambiado drásticamente desde el fin de semana y acepta la decisión sin rebatir a Illa.

Casi nadie tiene ya esperanzas de que la situación pueda mejorar por sí sola. Sánchez mantiene varias reuniones con todos los ministros, así como con altos cargos del Ministerio de Sanidad y el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Al final de la jornada, el presidente comparece ante los medios de comunicación para dar cuenta de las conclusiones de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada por videoconferencia y centrada en la gestión de la COVID-19. Sánchez quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, y no esconde que el Gobierno contempla todas las opciones a su alcance.

—Para combatir la emergencia haremos lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Y juntos superaremos esta crisis —anuncia el presidente.

El día siguiente, 11 de marzo, no empieza mejor. En la Moncloa esperan los datos del Ministerio de Sanidad con ansiedad. Enseguida se dan cuenta de que la curva sigue hacia arriba: 2.002 casos confirmados, la mitad en la Comunidad de Madrid. Los peores augurios se cumplen y 126 personas han sido ingresadas en las UCI.

El virus se cuela también en el Congreso de los Diputados y se hace público que el diputado de Vox, Javier Ortega Smith da positivo en las pruebas. Los otros 51 representantes de la formación de extrema derecha anuncian que se marchan a casa a trabajar por si también están contagiados.

Antes de abandonar el Congreso, mandan una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la que piden que suspenda los plenos ante la ausencia del tercer grupo parlamentario. Batet accede previa consulta con el resto de los portavoces. La actividad parlamentaria se reduce a la mínima expresión y los pasillos del Congreso empiezan a vaciarse de diputados y del personal de la casa. El miedo al contagio se palpa en cada rincón del palacio. La consigna es reducir los contactos y, si se puede, teletrabajar. La diputada del Partido Popular Ana Pastor es la siguiente en confirmar que ella también está contagiada.

Desde la OMS tampoco llegan buenas noticias. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparece para anunciar que el coronavirus es ya una pandemia. Las palabras que lanza al mundo están cargadas de urgencia:

—Informen a sus pueblos sobre los riesgos existentes y sobre la forma de protegerse contra ellos: es tarea de todos. Encuentren, aíslen, sometan a pruebas y pongan en tratamiento todos los casos, y rastreen sus contactos. Preparen sus hospitales, protejan y formen a sus trabajadores sanitarios. Y cuidemos los unos de los otros, porque nos necesitamos.

La OMS pide liderazgo político para tomar decisiones difíciles. El presidente del Gobierno empieza a verlo claro. Ha hablado con mucha gente y escuchado a los expertos sanitarios. Sabe lo que va a hacer y se lo comunicará a sus más estrechos colaboradores en muy pocas horas.

7

CUENTA ATRÁS PARA EL ESTADO DE ALARMA

Lo primero que hace Pedro Sánchez el 12 de marzo es llamar a Félix Bolaños. Le pide que vaya a su despacho muy temprano.

—Félix, preparad el decreto —le ordena.

El encuentro es rápido. No queda tiempo que perder.

—Lo aprobaremos el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario.

—Perfecto, presidente —responde Bolaños.

—Y lo anunciaremos mañana en rueda de prensa —concluye Sánchez.

Bolaños llama a su equipo y les transmite la noticia. Han mantenido decenas de conversaciones sobre aquel paso, pero desde la noche anterior intuía que el presidente estaba a punto de darlo. Por delante solo tienen cuarenta y ocho horas. Dos días y dos noches en los que dar forma jurídica al confinamiento de 47 millones de personas.

La mañana en la Moncloa es una locura. Se suceden los encuentros y las conversaciones por teléfono. Sánchez se reúne en su despacho con Carmen Calvo, Iván Redondo y Bolaños. Los cuatro diseñan el esquema general y la estructura del decreto. También hablan de las ideas principales que quieren trasladar a la ciudadanía en su comparecencia del día siguiente.

—Hay que apuntalar muy bien el concepto de responsabilidad social —apunta Redondo.

—Sí —dice Bolaños—, debe haber una apelación directa a la importancia de que la gente se quede en casa.

Siguiendo estas directrices, el departamento de asuntos políticos de la Moncloa empieza a redactar el discurso de Sánchez, el más importante de su presidencia hasta ese momento.

Ese mismo día en la Moncloa se celebra otro Consejo de Ministros extraordinario, dedicado a medidas para reducir las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Irene Montero y Pablo Iglesias no acuden. Acaba de hacerse público que la ministra de Igualdad tiene coronavirus. Es el primer positivo dentro del Gobierno. Por precaución, el vicepresidente inicia una cuarentena y participa de manera telemática. El Consejo dura más de lo previsto y aprueba un amplio paquete de medidas económicas. Al terminar, al filo de las 16.00, comparece Pedro Sánchez para anunciar una inyección de liquidez de 18.200 millones de euros destinados a reactivar la economía. El rumor sobre el confinamiento del país ya corre como la pólvora, y los periodistas le preguntan si el Gobierno va a decretar el estado de alarma. Sánchez aún no ha compartido su decisión con Iglesias ni con la mayoría de su gabinete de ministros. Ante la prensa también oculta sus planes. No quiere adelantar acontecimientos hasta que no estén todos los detalles listos.

—El Gobierno tomará las decisiones que haya que tomar donde haga falta y cuando haga falta —repite.

Mientras tanto, Bolaños y su equipo trabajan a destajo. Las siguientes madrugadas son muy largas, y apenas se acuestan durante tres horas. Junto a Bolaños, al frente de la redacción del decreto están dos hombres de confianza de Carmen Calvo: José Antonio Montilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y catedrático en Derecho Constitucional, y Antonio Hidalgo, subsecretario de la Presidencia. En la parte final también interviene Consuelo Castro, jefa de la Abogacía del Estado, para validarlo jurídicamente y dar conformidad legal al texto.

El Ministerio de Industria y Turismo sí está al corriente y se implica especialmente en la redacción del texto. La cartera es la más afectada por la medida. Es complicado hacerse una idea del impacto real que pueda tener un parón tan grande de la economía, pero evidentemente las expectativas no son buenas. Reyes Maroto está muy preocupada por empresas, hoteles y establecimientos comerciales, y por eso habla decenas de veces con Bolaños a lo largo de las siguientes horas.

Cuando Pedro Sánchez llega a su despacho al día siguiente, ya tiene sobre la mesa el discurso con el que anunciará el estado de alarma. Iván Redondo introduce sus aportaciones, y también Bolaños pule la parte jurídica. Es extraordinariamente meticuloso y revisa cada detalle decenas de veces. Eso hace que el presidente confíe en él para las misiones más delicadas, como hizo en su día con el diseño y la ejecución de la exhumación del dictador Francisco Franco.

Solo queda que Sánchez haga suyo el texto, añadiendo cuestiones de estilo o emocionales. Pero esa tarea tendrá que esperar. Lo urgente es llamar a Salvador Illa.

Sánchez y el ministro se han visto en varias ocasiones esta semana. El presidente ha acudido dos veces a la sede del Ministerio de Sanidad. Rodeado de Simón y el resto del personal del CCAES, Illa ya le ha planteado claramente que la única manera conocida de frenar el virus es contener la movilidad de los ciudadanos.

Sánchez le avisa de que ha llegado el momento.

—Salva, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes al equipo? —pregunta.

—Bien, presidente. Estamos bien.

—Definitivamente aprobamos mañana el estado de alarma.

—Me parece bien, presidente. Es lo más oportuno.

—Voy a organizar una reunión telemática para valorarlo y concretamos algunas cuestiones.

También llama a Pablo Iglesias:

—Pablo, vamos al estado de alarma.

Con esas cinco palabras, el vicepresidente segundo del Gobierno recibe la noticia que lleva días esperando.

La siguiente llamada es a José Luis Ábalos. Tras darle la noticia, ambos se lamentan:

—José Luis, nos toca siempre lo peor.

—Sí, Pedro, ya es mala suerte. Pero para eso estamos en el Gobierno. Para sacar esto adelante.

Pedro Sánchez reúne por videoconferencia a casi todo su gobierno, incluido el vicepresidente. La reunión sirve para exponer los motivos que justifican el estado de alarma, pero también para determinar hasta dónde puede llegar el Gobierno central en el objetivo de establecer un mando único para las competencias que serán determinantes durante la crisis sanitaria y el confinamiento: sanidad, movilidad y seguridad.

—Salva, ¿tu ministerio está en condiciones de dirigir el sistema sanitario de todo el país? —pregunta Sánchez.

—No —responde Illa sin titubear—. Tiene que seguir siendo competencia autonómica. Sería un error adueñarnos de todo. No podemos ni debemos hacer eso. Pero creo que sí debemos tener las competencias en materia de salud pública y en materia de limitación de movimientos.

Sánchez le pide a Illa que exponga por qué creen en Sanidad que el estado de alarma es la mejor opción.

—Las decisiones hay que tomarlas muy rápido —comienza Illa—. Cada hora es vital para frenar la expansión del virus. No podemos perder tiempo en consensuar las medidas con las comunidades autónomas. Si decidimos que lo mejor es que algo se cierre, se cierra y punto. Es peor decidir tarde que decidir mal. El ritmo de los contagios es tan brutal que no tenemos margen para consensuar nada. Al menos ahora.

Sánchez comunica a sus ministros la estructura del estado de alarma, que Bolaños y su equipo tienen prácticamente rematado. Los responsables de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad tendrán competencias para actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección del presidente del Gobierno durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma, en principio los próximos quince días. Ya solo falta comunicárselo al país.

Un poco más tarde de las 12.00, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, moviliza a su equipo técnico:

—Hay que preparar la sala y necesitamos un teleprompter .

Por primera vez en una comparecencia desde la sala de prensa de la Moncloa, el presidente va a usar este sistema para leer su discurso y no pronunciarlo de memoria. Se trata de una ocasión trascendental, y todas las palabras de la intervención están medidas. Hoy no vale la improvisación.

Apenas queda tiempo para buscar el teleprompter , llevarlo a la Moncloa y probarlo. Se estudian varias opciones, pero el reloj avanza y ninguna es lo suficientemente segura. Al final se opta por la menos mala. En algunas ocasiones en las que ha grabado vídeos, Sánchez utiliza una aplicación del iPad para leer sus declaraciones. El equipo de Oliver elige esta fórmula porque ya la han probado y no parece un buen momento para hacer experimentos. Sin embargo, siempre que han recurrido al iPad existía la posibilidad de equivocarse y volver a empezar. Esta vez, no: la lectura será en directo y nada puede fallar.

Seis personas entran en la sala de prensa acompañando al presidente: Oliver, Bolaños, Redondo, Ana Manzano, la asesora principal de comunicación del presidente, su fotógrafo, y la persona encargada de manejar el iPad. Porque existe otro pequeño inconveniente. La aplicación no funciona de manera automática. Hay que acompasar manualmente la velocidad del texto al ritmo de lectura de Sánchez.

El presidente quiere hacer una prueba antes de dirigirse al país. Se concentra y empieza a leer el discurso en voz baja. La sala permanece en silencio mientras repasa cada línea del texto. Todo está invadido por la solemnidad que requiere la noticia que está a punto de comunicar.

—Está. Cuando queráis —dice Sánchez.

El ensayo da paso al directo.

Son las 15.26. Sánchez es una persona muy tranquila. Demasiado tranquila para algunos. Hoy tampoco está especialmente nervioso, pero sí muy concentrado y con un gran sentimiento de responsabilidad ante el momento que vive el país.

Oliver avisa a los periodistas que cubren la información del Gobierno de que la declaración comenzará en treinta segundos.

Dentro. Play al iPad.

—He comunicado al jefe de Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo el país durante los próximos quince días…

El discurso dura poco más de seis minutos. Las últimas palabras de Sánchez son una llamada al compromiso de los ciudadanos:

—… Este virus lo pararemos unidos.

Todo sale bien y en la sala respiran aliviados. Sánchez se marcha rápido. No tiene ni un minuto para entretenerse. A partir de ese momento las decisiones en la Moncloa se tomarán hora a hora. Casi al mismo ritmo al que suben los contagios.

8

HISTÓRICO CONSEJO DE MINISTROS

La escalada ya parece imparable, y el sábado 14 de marzo España se levanta con 132 muertos por coronavirus y 5.100 casos confirmados. Es ya el segundo país de Europa con más contagios.

En el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros que comienza a las 10.30. La reunión es presencial. Se celebra en una sala distinta a la habitual, más grande, para que los 20 ministros que asisten guarden una distancia de seguridad entre ellos. Junto a Irene Montero, la otra ausente es Carolina Darias. La ministra de Administración Territorial y Función Pública también da positivo en las pruebas que han tenido que pasar todos los miembros del Gobierno y permanece en cuarentena.

Los ministros se colocan en forma de U en la mesa. En el centro, Pedro Sánchez. A su derecha, Carmen Calvo, y a su izquierda, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos permanecía en cuarentena en su casa desde el martes, pero decide acudir a la cita. La Moncloa modifica el día anterior la ley para que el Consejo de Ministros pueda reunirse de manera telemática, pero teme impugnaciones y determina que todas las intervenciones sean físicas. Pablo Iglesias no quiere quedar al margen de una reunión tan relevante y está presente cumpliendo un estricto protocolo de seguridad que prepara el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, nada de contacto físico. Prohibido compartir bolígrafos, folios o cualquier otro objeto.

Los ministros tienen entre sus manos el Real Decreto, todavía humeante, recién salido del horno. Se encuentran frente a una norma trascendental que paralizará de inmediato el país, pero muy pocos miembros del Ejecutivo han visto el texto con anterioridad. Ningún miembro de Unidas Podemos ha tenido acceso a él. Nadie les ha pedido intervenir en su diseño ni tampoco les han solicitado que aporten ideas desde sus ministerios.

Comienzan a leer.

Yolanda Díaz es la primera en hablar al llegar al final de los 20 folios. Lo hace muy enfadada, más que nunca hasta la fecha. Lo que ha leído no le gusta nada:

—No comparto el contenido del decreto en absoluto. O vamos a un estado de alarma sin más, o incluimos todas las medidas económicas que necesita este país, como por ejemplo los ERTE para evitar despidos y medidas de conciliación y teletrabajo. Lo que no es admisible es que, además del estado de alarma, incluyamos en el decreto algunas medidas económicas débiles, insustanciales, que no van a la raíz de los problemas y encima sin consultar a un ministerio como Trabajo. Llevo muchos días advirtiendo tanto a la ministra de Economía como a la ministra de Hacienda de la necesidad de poner en marcha medidas contundentes para frenar la masacre laboral. No voy a permitir que lo que se apruebe hoy en relación con el empleo sean medias tintas. Este país no está para eso. La situación es de máxima urgencia. O entran las medidas laborales que ya tenemos preparadas en el ministerio, o que se quiten el resto de las medidas económicas.

Se hace el silencio en la sala.

—Además, a mi parecer hay fallos jurídicos de enorme magnitud —insiste— y contradicciones en los anexos 1 y 2 sobre las actividades comerciales e industriales. A mí me hubiera gustado ver antes un texto tan trascendental.

La ministra de Trabajo recibe el apoyo de dos compañeros de gabinete socialistas: Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Ambos, expertos en la materia, también ven incongruencias y errores jurídicos. La ministra de Defensa, además, coincide en que no deberían haberse sentado en la sala sin antes tener acceso a la redacción.

El presidente del Gobierno interviene antes de que el ambiente se vuelva más tenso:

—Si os parece, vamos a revisar el decreto artículo por artículo.

Y así es como los 20 ministros empiezan a leer en voz alta todos los artículos mientras cada uno hace aportaciones sobre los puntos que competen a sus departamentos.

Visto que la reunión amenaza con alargarse, el gabinete de comunicación de la Moncloa avisa de que la rueda de prensa de Pedro Sánchez prevista para las 14.00 se retrasa sin hora fija. Se celebrará a lo largo de la tarde, anuncia, al tiempo que reconocen que la redacción del decreto es compleja.

La hora de comer se echa encima y a las 14.45 los ministros hacen un receso. En la sala contigua se prepara de manera improvisada una mesa para picar algo de pie: aperitivos salados, refrescos y cafés.

Durante el descanso, María Jesús Montero, acompañada por José Luis Ábalos, se acerca a Yolanda Díaz:

—Oye, que te he visto muy enfadada, Yolanda.

—Sí, lo estoy. No es nada personal, María Jesús, pero creo que, si se aprueba el decreto tal y como está, os estaréis equivocando gravemente. No es serio, con la que se nos viene encima. La urgencia manda, y hay gente esperando a que les demos soluciones.

Apenas media hora después, todos recuperan sus posiciones.

El decreto va redactándose sobre la marcha, leyendo cada párrafo en voz alta para que todo el mundo dé su opinión. Todos los ministros intervienen para ofrecer su posición sobre cómo congelar un país, su sistema productivo, así como las costumbres y los hábitos de sus ciudadanos.

La discusión se enreda al llegar a la redacción de los anexos 1 y 2, que incluyen las actividades que deben permitirse y las que no, y que presenta algunas incongruencias. Después de un largo debate, el Consejo decide que figure únicamente un anexo enumerando las actividades que no están permitidas.

En su condición de vicepresidenta primera, Carmen Calvo es la secretaria del Consejo de Ministros y la encargada de tomar notas. Félix Bolaños entra y sale de la sala para recoger las anotaciones e incorporarlas al nuevo texto que se publicará en el BOE.

El debate desciende a los detalles más anecdóticos, como las peluquerías.

—Yo pienso en mi madre y creo que hay que dejarlas abiertas. Si no va a la peluquería, ¿quién se lo hace? —defiende José Luis Ábalos.

Pedro Sánchez está de acuerdo en que es un servicio que debe mantenerse en funcionamiento como medida de apoyo a las personas mayores, e insiste mucho en que así sea, en contra de los partidarios de un cierre estricto de todos los servicios, que al final se rinden y aceptan la excepción.

También se habló de la apertura de los estancos. Ábalos, fumador empedernido, le dice a Yolanda Díaz, sentada a su lado:

—¿Tú qué quieres: que no abran los estancos? ¿Confinado y sin fumar?

El ministro de Fomento, ante el miedo a quedarse sin su vicio, ya ha hecho acopio de cantidades ingentes de cajetillas de Ducados que permanecen a buen recaudo en su vivienda.

Siete horas después de su inicio, termina el Consejo de Ministros más extenuante del que se tiene recuerdo. Finalmente, el decreto se limita a detallar las características del estado de alarma. La discusión sobre cómo afrontar la crisis económica se mantiene abierta hasta el Consejo de Ministros del martes siguiente, sin que por el momento consiga imponerse ninguno de los dos enfoques planteados. Nadia Calviño y María Jesús Montero siguen defendiendo medidas más cautas que no disparen el gasto. Frente a ellas, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz apuestan por un plan de choque que ofrezca apoyo a los trabajadores, aunque eso suponga vaciar las arcas del Estado.

Y esta será la batalla más importante en el Gobierno de coalición en las próximas semanas: decidir la estrategia para hacer frente a la crisis que se adivina en el horizonte.

Pedro Sánchez comparece ante los ciudadanos al filo de las 21.00. En su discurso de media hora reconoce que las restricciones que impone el estado de alarma son drásticas y tendrán consecuencias severas para la vida de los españoles, tanto en los próximos días como en el futuro inmediato. Por eso pide colaboración, responsabilidad social y unidad, por encima de cualquier diferencia ideológica.

Pese a esta llamada a la conciliación, minutos después del anuncio ya resulta visible que el estado de alarma supondrá un extraordinario desafío político para el Gobierno. Sobre todo, desde el momento en que los presidentes autonómicos de Cataluña y Euskadi comienzan a hablar de una invasión de competencias sin precedentes al quedar las más importantes concentradas en manos de los ministros de Sanidad, Transporte, Interior y Defensa.

El día termina con otro desagradable anuncio para el presidente. Su esposa, Begoña Gómez, también ha dado positivo en el test por coronavirus. Casi al mismo tiempo que recibe la noticia, el BOE publica el estado de alarma.

9

MIL MUERTOS AL DÍA

España entera se convierte en un foco de contagio comunitario. El número de positivos se dispara, aunque ni siquiera hay tests suficientes para contar con cifras exactas. A cada persona que llama por teléfono a los números habilitados por las comunidades autónomas y reporta algún tipo de síntoma compatible con la COVID se le indica que no acuda a los hospitales ni a los ambulatorios. No hay capacidad para atender a todos. Si empeora, debe volver a llamar y recibirá indicaciones.

Las semanas siguientes a la declaración del estado de alarma sirven para dimensionar la catástrofe a la que se enfrenta el país. En el momento en que el presidente del Gobierno anuncia la medida han muerto 292 personas. Una semana después, las víctimas ascienden a 1.672, cinco veces más. En quince días, la cifra se multiplica por 21 hasta alcanzar los 6.217 muertos.

Las jornadas giran en torno a un momento dramático: pocos minutos antes del mediodía, la Moncloa hace oficial el parte de guerra diario. El incremento de víctimas cada veinticuatro horas se cuenta por centenares: 600, 700, 800 muertos al día. Rozará la cifra de los mil. Casi mil muertos en un solo día.

En Madrid, uno de los epicentros de la pandemia, los servicios funerarios colapsan. El Palacio de Hielo se erige en símbolo del horror: un centro comercial y de ocio transformado en una gran morgue improvisada. Sobre la pista de patinaje se alinean cientos de féretros que no han sido ni serán velados por sus familiares.

Porque los velatorios están prohibidos. Son los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) quienes acompañan a muchas víctimas en sus últimos momentos de vida y trasladan sus cuerpos al fallecer. En una visita discreta, la ministra de Defensa se acerca a uno de los soldados más jóvenes para mostrarle el reconocimiento que merece su trabajo y hacerle una súplica:

—Están muriendo sin sus familias. Os ruego que los tratéis con el máximo cariño y que no los dejéis solos.

—No se preocupe, ministra. Ellos son nuestros soldados. Jamás dejamos solo a uno de los nuestros.

El joven militar hace el saludo castrense y se marcha. Margarita Robles no puede contener las lágrimas.

Desde las residencias de mayores el propio Ejército empieza a reportar noticias alarmantes. La gestión de estos centros es competencia de las comunidades autónomas, pero la situación se ha desbordado. Muchos mayores fallecen desatendidos ante la ausencia de servicio médico, de mascarillas y guantes. La carencia de personal se ve agravada por la decisión de algunos trabajadores de abandonar sus puestos ante la falta de medios.

Pablo Iglesias recibe esa información en directo a través de los canales de servicios sociales que forman parte de su ministerio. El vicepresidente está aterrado. Algunas de las peores noches, al llegar a casa se echa una manta por los hombros y un dedo de whisky en un vaso de cristal. Sale al porche, enciende un cigarrillo y marca un número de teléfono:

—Hola, papá. ¿Cómo estás?

—Bien, hijo. Aquí, encerrado en casa.

Como tanta gente, Iglesias no verá a su padre durante meses. Vive en Zamora y es un caso de alto riesgo. Hace unos años padeció cáncer y es inmunodeprimido.

—Ni se te ocurra pisar la calle, ¿eh? —le ordena Iglesias.

—Que no, hijo. Siempre me lo dices.

—Es que, con tu historial, como lo pilles no te salvas. Está cayendo mucha gente.

—Ya he oído, ya. Todo va mal, ¿verdad?

—Hostia, papá, lo que se nos viene.

—Me he enterado de que en las residencias está siendo horrible. ¿Cómo es posible?

Aparte del cariño, a Iglesias padre e Iglesias hijo los une una afinidad intelectual y política. Coinciden en muchas cosas, y también en un diagnóstico a vuelapluma sobre lo que, a su juicio, está ocurriendo en las residencias. Ambos creen que estos centros, en su inmensa mayoría privatizados y algunos en manos de fondos buitre («¡y de corruptos!», apuntala uno de ellos), están diseñados para que «los de siempre» se enriquezcan, y no para cuidar a los mayores.

Pocos días después de decretarse el estado de alarma, el vicepresidente segundo encarga un informe urgente sobre la situación.

—Pero lo necesito ya, por favor —le pide a su equipo.

Iglesias imprime el informe y se lo lleva al Consejo de Ministros, donde le traslada al presidente del Gobierno que las noticias que llegan de demasiadas residencias son alarmantes. Le pide actuar. Sánchez se espanta ante lo que oye y ante los datos que ve.

—Hay que hacer algo, pero las competencias son de las comunidades autónomas.

—Sí, pero da igual, tenemos que movernos ya, presidente.

El Gobierno decide ofrecer ayuda a las autonomías. Destina un fondo de 300 millones de euros para que contraten refuerzos de personal en las residencias que lo necesiten. También pone a disposición de los Ejecutivos autonómicos todos los efectivos de la UME que sean necesarios. Adonde ellos indiquen irán los soldados para desinfectar, trasladar enfermos y cadáveres. Margarita Robles aporta los medios desde Defensa y Pablo Iglesias coordina los trabajos desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Lo que se encuentran los militares que acceden a los centros es, en algunos casos, la más viva imagen del horror: ancianos dependientes a los que nadie ha cambiado ni aseado durante días compartiendo habitación con compañeros fallecidos.

En poco más de una semana la magnitud que alcanza la catástrofe supera cualquier previsión.

—Es la ola de un tsunami. Lo arrasa todo —coinciden en describir varios miembros del Consejo de Ministros.

En el Gobierno, algunas voces empiezan a plantear la posibilidad de ir un paso más allá en el estado de alarma. Los ministros de Unidas Podemos trasladan al presidente cuál es su postura: las limitaciones de movilidad implantadas no son suficientes. A su juicio, hay que detener el país de manera absoluta, cuanto antes y durante todo el tiempo que haga falta. Ordenar, en definitiva, que toda la población se encierre en casa.

La medida implica paralizar toda actividad que no se considere imprescindible. Cerrar las fábricas, las industrias, las oficinas y los centros de trabajo, prohibir el desplazamiento de los trabajadores.

El impacto económico es fácilmente imaginable y muy difícilmente calculable. Nadia Calviño alerta de ello y se posiciona radicalmente en contra. Las consecuencias serían, a su criterio, devastadoras.

El presidente sí contempla la opción desde el principio pero, como en cada decisión trascendente, se toma su tiempo. Los que le conocen siempre se refieren a Pedro Sánchez como un «hombre diésel». Puede que no sea el más lanzado en los primeros metros, aunque, una vez en marcha, resulta pertinaz y muy resistente.

Doce días después de decretar el estado de alarma, Sánchez recibe una llamada de Salvador Illa. Es jueves 26 de marzo.

—Presidente, buenos días. No tengo buenas noticias.

—Cuéntame.

—La situación se complica por momentos. El sistema sanitario podría colapsar en cuestión de días si se mantiene el ritmo de contagios. Me dicen los técnicos que habría que plantearse reducir más la movilidad.

La llamada del ministro termina de convencer a Sánchez. Al día siguiente se produce la reunión definitiva. Es en la Moncloa y asisten el propio presidente, los ministros que son autoridad delegada (Illa, Grande-Marlaska, Ábalos y Robles), y los miembros del CCAES, con Fernando Simón y María José Sierra, la directora adjunta, a la cabeza. También está Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En la sala se despliegan pantallas para proyectar gráficos, esquemas, cifras. Hernán y los técnicos de Sanidad exponen sus conclusiones:

—El nivel de contagio sigue estando descontrolado. Las medidas de confinamiento puestas en marcha están dando resultados lentos e insuficientes. De seguir así, el sistema sanitario colapsará en cuestión de días. Solo se puede evitar de una forma: reduciendo la movilidad el 80 %. Que todos los días sean domingo.

Pedro Sánchez no necesita más argumentos. Lleva días calibrando el impacto de la medida, pero ya lo tiene claro: no hay economía sin salud pública, y ahora lo que toca es salvar vidas. La orden es inmediata:

—Que se pare todo lo que se pueda parar, y que se pare ya.

Es viernes 27 de marzo, y a esa misma hora en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo la jefa le está dando el fin de semana libre a su equipo.

—Descansad un poco, chicas. Este finde parece que, por fin, pinta tranquilo —profetiza la ministra.

Los casi tres meses que van de legislatura han sido especialmente frenéticos en esta sede. A Yolanda Díaz le bastan cuatro horas de sueño para poder trabajar las otras veinte. Y a ese ritmo le sigue los pasos su equipo. La negociación con patronal y sindicatos por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, primero, y de las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), después, ha dejado tras de sí un calendario repleto de jornadas eternas y semanas sin descanso. Y como «el finde pinta tranquilo», buena parte del personal se marcha a Galicia para ver a la familia por primera vez en muchos días. Otra parte está sufriendo la enfermedad en sus propias carnes: el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, está ingresado en un hospital de Toledo a causa de una neumonía bilateral provocada por la COVID-19.

Al día siguiente, pasado el mediodía, suena el móvil de Yolanda Díaz:

—Yolanda, cariño, ¿cómo estás?

Es María Jesús Montero. El afecto entre ambas es mutuo a pesar de sus choques políticos.

—¡Hola, María Jesús! Pues bien, este fin de semana muy sola en el ministerio.

La ministra de Hacienda la llama para decirle que no, que este fin de semana tampoco será tranquilo:

—La cosa está muy mal, Yolanda.

—Madre de Dios, no me asustes. —Díaz se quita las gafas de cerca y presta toda la atención a las palabras que llegan desde el otro lado del teléfono.

—Acabo de estar con el presidente. Hay que parar drásticamente la movilidad. Tenemos que reducir la actividad laboral hasta los índices de un fin de semana. ¿Qué mecanismo se te ocurre?

—Pues yo ya tenía mirada esa posibilidad con mi equipo, y creo que la mejor opción es obligar a los trabajadores a que se cojan días libres que luego puedan devolver.

—¿Y cómo sería?

—Lo que hay que conseguir es que la gente no vaya a trabajar, pero tampoco podemos dejarla sin cobrar. Entonces hemos pensado que el trabajador se tome los días libres que decidamos, siga cobrando esos días su sueldo correspondiente y, poco a poco, vaya devolviendo esas horas a la empresa durante los próximos meses. Lo hemos llamado «permiso retribuido recuperable».

—Vale. Déjame que lo consulte con el presidente y te digo algo.

Al cabo de un rato es el propio presidente quien la llama:

—Yolanda, adelante. La medida será para las próximas dos semanas, hasta que pase Semana Santa. Encárgate tú de redactarlo todo y coordínate con Félix Bolaños. Para mañana domingo tiene que estar listo. Lo aprobaremos en Consejo de Ministros extraordinario.

Yolanda Díaz monta un gabinete de crisis improvisado en la sede de su ministerio. Con los que están fuera organiza una sesión de trabajo telemático y reúne presencialmente al poco personal técnico que queda en Madrid.

Sobre el boceto del permiso retribuido recuperable que ya tenía adelantado, la ministra y su equipo empiezan a levantar una norma histórica: la que paralizará al país durante catorce días a niveles no vividos desde la Guerra Civil.

La norma tiene dos patas fundamentales. La primera es jurídica: desarrollar legalmente la fórmula que permita que el trabajador siga cobrando su salario a cambio de recuperar esas horas en el futuro. La segunda es política y es la más delicada: decidir qué se para y qué no, garantizando que el país no se enfrente a un problema de suministros, de abastecimiento o de cualquier servicio de primera necesidad. Se trata, en definitiva, de dictaminar qué es esencial y qué no.

Desde que ha colgado al presidente, Yolanda Díaz está sepultada en una montaña de papeles que lee y relee a la velocidad de la luz. Consulta normas, llama por teléfono, habla sin parar y verbaliza cada cosa que le pasa por la cabeza. Quienes la rodean toman apuntes, contrastan leyes, redactan y atienden los teléfonos.

—Ministra, no dejan de llamar de todos los ministerios.

—¿Y qué quieren?

—Son peticiones para que introduzcamos casos concretos en la lista de esenciales.

—Bueno, bueno. Anotadlo todo y ahora lo miro, que, si no, no avanzamos.

Los teléfonos siguen sonando la tarde entera, y después toda la noche.

—Ministra, es de Industria. Insisten mucho.

—¿Qué pasa ahora?

—Que dicen que hay una conservera…

—Carallo, conozco bien las conserveras. Apúntalo y ahora lo miramos.

Los equipos del resto de los ministerios llaman a la persona que está redactando la norma para que incluya en la lista de actividades esenciales casos concretos de sectores que tienen que ver con sus competencias. Seguramente ellos también estén recibiendo muchas llamadas. A las 2.00 de la madrugada, la ministra de Trabajo se planta.

—Ministra, son de Industria otra vez. Que valoremos el sector de la cementera porque…

—Bueno, ya vale. No se le coge el teléfono a nadie más. ¿Entendido? Las aportaciones que tenga que hacer cada uno que las hagan mañana en el Consejo de Ministros. Nosotros a lo nuestro y a lo que nos ha mandado el presidente.

Porque lo que le ha encargado el presidente no es que contente al resto de los ministros confeccionando un listado de actividades esenciales en el que quepa todo. A las 4.00, Yolanda Díaz manda a su equipo a descansar:

—Dormid un rato, nos vemos aquí a las 6.00 para rematar lo que queda.

A la mañana siguiente se celebra uno de los Consejos de Ministros más tensos de la legislatura. Quienes asisten no pueden olvidar una escena impactante, por lo inusual que resulta: Pedro Sánchez levantando la voz para abroncar a un miembro de su Gobierno. Nunca lo habían visto así.

La reunión comienza con el repaso al borrador que ha elaborado el Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz ha consensuado varios aspectos con Bolaños, pero el grueso del texto obedece a su estricto criterio y al de su equipo, y ha desoído la mayor parte de las peticiones que le han llegado por teléfono por considerarlas, en una gran mayoría, impropias.

En el turno de palabras muchos ministros piden intervenir para exponer sus peticiones. La ministra de Industria, Reyes Maroto, es la que tiene la lista más larga:

—Yo creo que habría que revisar el listado de actividades esenciales porque se quedan fuera cosas muy importantes. Por ejemplo, se han puesto en contacto con nosotros representantes de la industria cementera.

Yolanda Díaz no considera que la industria cementera sea esencial en las próximas dos semanas porque, entre otras cosas, se van a paralizar las obras. Reyes Maroto tiene más peticiones:

—Es que son muchas cosas, presidente. Pongo el ejemplo de la cementera pero también está el de la industria del papel. O el de las conservas de pescado. Me han llamado y están muy preocupados.

Nadia Calviño interviene con un reproche. Está radicalmente en contra de parar la economía y se le nota en el tono encendido de sus palabras, que suenan a riña.

—Claro, es que no se puede parar la economía así como así. Cada sector que paremos es un drama de dimensiones bíblicas. A ver si es que nos creemos que la economía tiene un botón para apagar y encender cuando queramos.

—Bueno, ya está bien —interrumpe Pedro Sánchez.

El presidente suena durísimo para los participantes de la reunión.

—Te pido que no me hables en ese tono, Nadia. Todos sabemos lo que supone parar la economía. ¿Te crees que me gusta tomar esta decisión? Pero hay que estar a lo que hay que estar, y ahora hay que hacer lo que sea para salvar vidas. O paramos el país o el sistema sanitario colapsará y eso podría provocar miles de muertes más. Que esto no es ningún capricho, por favor.

—Pero presidente, hay que mirar con lupa cada paso. Me ha llamado un empresario que…

—A mí también me ha llamado ese empresario. Y otros muchos. Muchísimos me han llamado, Nadia. Y llamadas tenemos todos, ¿sabéis? Pero aquí no estamos para contentar a ningún sector ni para responder ante los intereses de ningún particular. Estamos decidiendo sobre el bienestar del conjunto del país. Y el mejor favor que podemos hacerle a la economía y a España en general es salvar todas las vidas que podamos. Y para eso hay que pararlo todo, no hay otra. Así que ya está bien. Sigamos.

La escena deja perplejos a muchos ministros. El presidente del Gobierno acaba de abroncar a su vicepresidenta económica y se ha hecho el silencio. Hay alguna tos nerviosa, carraspeos. Algún ministro de Unidas Podemos no muy afín a Calviño se reprime las ganas de aplaudir al presidente.

«Olé tus cojones», piensa para sí.

La reunión se agiliza mucho desde ese instante. Quienes habían pedido la palabra para proponer algún otro sector como esencial cambian de idea. Les ha quedado claro qué es lo que opina Pedro Sánchez y cuál es la línea que hay que seguir a partir de ese momento. El debate está zanjado: hay que parar el país. Y se para.

El decreto de hibernación de la economía ordena quedarse en casa a todos los trabajadores de actividades consideradas no esenciales desde la medianoche del 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive y seguidos de los días festivos de Semana Santa.

La lista de esenciales no es extensa: personal sanitario, empleados de banca, repartidores, cajeros de supermercado, periodistas y fuerzas de seguridad. El resto de los ciudadanos tienen prohibido salir a la calle salvo para ir a comprar o para pasear al perro.

Ese día, España amanece vacía y en el más absoluto silencio. 7.340 personas han muerto por coronavirus, 812 más en las últimas veinticuatro horas. Y lo peor está por llegar.

10

GOBERNAR EN COALICIÓN

Las noches que Pedro Sánchez no puede dormir durante sus primeros seis meses de mandato no se deben a que presida un Gobierno de coalición con miembros de Unidas Podemos.

—Tenemos algo tan importante entre las manos que se nos ha olvidado pelearnos —dicen en la Moncloa.

Ninguno de los temores que Sánchez albergó en el verano de 2019 en torno a la entrada de Pablo Iglesias y los suyos en su Consejo de Ministros se ha hecho carne en el primer semestre de legislatura. Ni siente que haya dos Gobiernos, ni que Iglesias tenga ínfulas de presidente en la sombra. Hasta la salida del país de Juan Carlos I, Podemos tampoco le supone un especial quebradero de cabeza en asuntos de Estado. E incluso cuando un tema tan delicado como el posicionamiento del Ejecutivo frente a la monarquía crea disensos, Sánchez e Iglesias gestionan las desavenencias cara a cara y con franqueza: Podemos puede defender lo que quiera, pero la postura del Gobierno de España la fija el presidente.

—Estoy profundamente satisfecho con el Gobierno de coalición y agradezco la lealtad a todos los ministros de Unidas Podemos —cuenta en una entrevista a principios del mes de julio.

Todos los que trabajan en torno al Gobierno tienen claro que la clave de su funcionamiento es esa relación entre Sánchez e Iglesias.

—Esa relación resuelve muchísimas cosas. Pedro siente que Pablo puede no compartir muchas cosas pero es leal, y Pablo siente que el presidente le ha dado su sitio desde el primer momento, que lo trata de verdad como un vicepresidente y no solo como el líder de otro partido —explica una de las personas más cercanas a Iglesias.

Iglesias tiene, sin embargo, la permanente sensación de que, tras tantos tiras y afloja, al final negoció la coalición en unos términos no muy beneficiosos para él y su partido. La rapidez de movimientos de Sánchez, levantando el veto sobre su presencia en el Consejo de Ministros, y el clima de hastío político tras la repetición electoral le dejaron poco margen para poner peros. Y está convencido de que, si algún día tiene que volver a negociar otra coalición con el PSOE, exigirá un precio mayor en cantidad y en competencias. De hecho, él mismo echa de menos esas competencias durante los primeros meses de Gobierno.

—Pedro, me gustaría comentarte algo —le anuncia un día al presidente.

—Claro, dime. ¿Qué ocurre?

La comunicación entre ambos es discreta. No es raro que al líder de Unidas Podemos le lleguen por boca del presidente asuntos delicados antes que a vicepresidentas o ministros del PSOE. Tampoco que Iglesias le traslade a Sánchez personalmente alguna queja o petición. Como la que le expone un mes después de la entrada en vigor del estado de alarma:

—No hemos levantado la voz durante un mes ni en público ni en privado, pero creo que no es justo que nadie de Unidas Podemos esté en el comité de autoridades delegadas. Somos un Gobierno de coalición y, sin embargo, nosotros estamos excluidos de toda la gestión de la pandemia. Has metido al Ministerio de Defensa y no a la ministra de Trabajo, por ejemplo. Insisto, no me parece justo.

Sánchez acepta la crítica. Desde ese momento el comité de mandos únicos pasa a llamarse «comité de desescalada» y se convierte en un foro de trabajo más amplio en el que entran Pablo Iglesias, su jefe de gabinete y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También Iván Redondo y Félix Bolaños.

Este movimiento ilustra hasta qué punto el presidente toma en cuenta las peticiones de su socio y, dentro de sus márgenes de maniobra, intenta satisfacerlas. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, depende políticamente de él.

—Está demostrando inteligencia política y emocional. Es el miembro del PSOE que mejor sabe tratar a Pablo. Le da su sitio —cuentan en el gabinete del vicepresidente.

Tampoco es infrecuente que Sánchez acabe eligiendo propuestas de Iglesias, aunque eso implique descartar otras de ministerios socialistas, si realmente considera que es él quien tiene la mejor idea. Esta actitud genera suspicacias en otros departamentos del PSOE, y de vez en cuando algún compañero de filas socialistas alerta al presidente de las ansias del socio morado por otorgarse la autoría de algunas medidas, abusando de su mano izquierda. Ocurre, por ejemplo, cuando el Gobierno comienza a debatir a principios del confinamiento la implantación del denominado «escudo social»: una movilización de 200.000 millones de euros para rescatar a quienes sufren las consecuencias económicas de la pandemia y que incluye moratorias de hipotecas y alquileres, garantías de protección por impago de suministros básicos, y numerosas ayudas sociales y a desempleados. En esa ocasión Podemos toma la delantera comunicativa, presentando la medida como una materialización de su programa social, y algunos ministros socialistas ven el movimiento con recelo.

No obstante, aunque en el Consejo de Ministros resulte obvio que conviven diferentes sensibilidades políticas y especialmente económicas, es demasiado simplista pensar que la división se produce siempre entre miembros del PSOE, en un bando, y Podemos, en el otro. Existen más matices.

Buen ejemplo de ello es el enfrentamiento que tienen a cuenta de ese escudo social la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ocurre en una de las reuniones telemáticas de la comisión delegada de asuntos económicos.

—Es el momento de gastar lo que haga falta para impulsar y sostener la economía, porque además el Banco Central Europeo está ahí, apoyando estas medidas —defiende Escrivá.

—Sí, claro. Y luego pasa lo que pasa. Que vienen los hombres de negro con las tijeras y nos echamos a temblar —le responde Calviño.

—Nadia, yo he sido un hombre de negro. ¿Qué me estás contando? Te digo que esta vez los tiros no van por ahí. No estamos en 2010.

—Sinceramente, José Luis, no me voy a poner a debatir esto contigo.

El ministro de Seguridad Social se toma como un desplante la respuesta de Calviño, y durante un rato el resto de los asistentes a la reunión asisten a una acalorada discusión.

El debate dentro del Gobierno en torno a la conveniencia de implementar este paquete de medidas económicas expansionistas se vuelve muy intenso y marca un momento de tensión importante dentro de la coalición. Las ministras Calviño y Montero insisten en extremar la prudencia con el gasto público. Enfrente, los ministros de Unidas Podemos, junto a Escrivá, Ábalos y Celaá, plantean que no es momento de remilgos con el déficit y hay que endeudarse lo que resulte necesario para amortiguar los efectos de la pandemia: medidas de gasto público que resulten útiles a empleados, autónomos, pequeños empresarios y todos aquellos ciudadanos que puedan padecer las consecuencias económicas de esta nueva crisis. Justo lo contrario de lo que se hizo a partir de 2011.

Durante la negociación Unidas Podemos se toma grandes esfuerzos en que se note cuál es su postura y cuál la de Calviño. Finalmente Sánchez se decanta por la vía del gasto social sin matices y, tras la intensa discusión, piensa que la mejor forma de restañar heridas es lanzar un mensaje de unidad del Gobierno. Tras el Consejo de Ministros en el que se aprueba el escudo social, el 17 de marzo, la idea del presidente es comparecer para anunciar el paquete de medidas flanqueado por la propia Calviño y por Pablo Iglesias, las personas que mejor encarnan esas dos almas del Ejecutivo. Pero alguien da la voz de alerta:

—Lo que va a parecer es que ha ganado él, presidente.

Así que Sánchez acaba saliendo solo a la rueda de prensa.

Sin embargo, el dilema está ahí, siempre latente. Es cierto que Pablo Iglesias se autoimpone altas dosis de lealtad hacia el presidente, pero eso no quita que tenga grabada a fuego una máxima: Podemos no se puede mimetizar con el PSOE, ni la opción política que representa debe diluirse en la acción de gobierno de sus socios. Debe marcar perfil propio en todos aquellos asuntos que sean políticamente relevantes para su formación y que no pongan en peligro la estabilidad de la coalición. Que se note que en muchas cosas piensan diferente. Que su electorado no pueda achacarles nunca una rendición política ante el PSOE, y que el PSOE no acabe arrebatándoles cualquier logro. Se trata de conseguir la cuadratura del círculo: estar en el poder para rentabilizar la acción de gobierno, sin dejar de tener un pie fuera para seguir siendo la fuerza contestataria que capitaliza el descontento.

Esa reflexión ayuda a entender el perfil republicano que se esfuerza en potenciar Podemos o incluso las fuertes tensiones durante la gestación del Ingreso Mínimo Vital, probablemente el mayor quebradero de cabeza que da Pablo Iglesias en la Moncloa. Intenta quedarse con esa competencia para su Vicepresidencia de Derechos Sociales hasta el final de las negociaciones para el pacto de coalición.

Entre las múltiples tareas que Sánchez tiene en mente para José Luis Escrivá cuando lo nombra ministro, el Ingreso Mínimo Vital guarda un lugar destacado. Escrivá no solo es un auténtico experto en la materia, sino que, además, como exdirector de un organismo dedicado a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, garantizará que las cuentas cuadren.

Los planes al principio de la legislatura son que una medida de tal calado se elabore sin apreturas de calendario. Pablo Iglesias, sin embargo, considera que, con la pandemia, la prestación se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para miles de personas en situación vulnerable.

—Hay mucha gente que se ha quedado sin nada de la noche a la mañana. Que ya no tiene para ir al supermercado a comprar comida. El ingreso mínimo es más urgente que nunca —repite Iglesias en cada intervención pública.

Los que han trabajado con Escrivá lo definen como una persona brillante, un poco asocial y un auténtico apasionado de su materia. Y su materia predilecta es el Ingreso Mínimo Vital. En los seis años que se ha mantenido al frente de la AIReF, su institución ha elaborado exhaustivos estudios sobre los diferentes sistemas de rentas mínimas y su posible aplicación en España. Por eso, aunque mantiene contactos con el equipo de Pablo Iglesias, es él en persona quien pilota la elaboración de la norma, y no admite demasiadas injerencias. El tono es bueno entre ambos ministerios y la relación personal también se mantiene cordial. El ministro de Seguridad Social, eso sí, no comparte las prisas por sacar la medida y cree que es importante tomarse el tiempo necesario para diseñarla bien. Principalmente, considera que estudiar a fondo el mapa demográfico y de ingresos en España requiere un gran esfuerzo, porque el sistema debe ser capaz de recoger cualquier casuística. Los dos ministros tampoco están de acuerdo en quiénes deben ser los beneficiarios de la ayuda. Para el líder de Podemos es imprescindible que los requisitos de acceso tengan en cuenta las situaciones derivadas de la crisis de la COVID-19; por el contrario, Escrivá, en un primer momento, piensa en que esos requisitos deben basarse en el nivel de ingresos del año anterior.

Una tarde Escrivá acude a una reunión convocada por Iglesias. Además de ellos, asisten la ministra de Trabajo y los representantes de los sindicatos. En ese encuentro el vicepresidente plantea que, ya que la elaboración del plan requiere su tiempo, se debe poner en marcha cuanto antes un ingreso mínimo vital puente: algo así como una prestación temporal para que todos aquellos que se han quedado sin nada a causa de la pandemia tengan algún ingreso inmediato mientras Escrivá y su equipo culminan sus trabajos. A los sindicatos les parece buena idea, pero el ministro de Seguridad Social ni siquiera la tiene demasiado en consideración. Cree que los parches pueden generar más confusión y que, en cualquier caso, el encargo que ha recibido del presidente es desarrollar la norma que tendrá carácter permanente.

Al término de la reunión, todos los medios de comunicación titulan con la información que les hace llegar la vicepresidencia de Pablo Iglesias: «Acuerdo en el Gobierno para la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital puente».

Iglesias sabe que Escrivá no comparte su iniciativa, que tampoco cuenta con el visto bueno de Sánchez ni, por supuesto, de la ministra de Economía. Sabe por tanto que es muy probable que su propuesta no salga adelante pero, aun así, decide marcar perfil propio. Si el Ingreso Mínimo Vital no empieza a cobrarse de manera inmediata, al menos que quede claro que no es porque no lo ha intentado el líder de Podemos. Y si se termina haciendo, que también se sepa que es gracias a él.

El movimiento molesta en el PSOE, y María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, se encarga de desacreditarlo públicamente:

—No son medidas que se puedan improvisar. Esperemos que en pocos meses podamos alumbrar esta nueva prestación de la Seguridad Social.

En apenas un par de frases, Montero acusa al vicepresidente segundo de improvisar, le corrige los tiempos hablando de «meses» y deja claro que, en cualquier caso, es un tema del que se encarga el departamento de Seguridad Social.

La mano izquierda de Sánchez vuelve a actuar para adoptar una decisión salomónica que desautoriza a su ministra portavoz. No habrá ingreso puente pero tampoco se tardarán meses. Le pide a Escrivá que lo tenga listo para el mes de mayo.

—¿Alguien duda de que si no estuviéramos en el Gobierno dando la tabarra el ingreso mínimo no estaría listo para mayo? —opinan en Podemos.

Por mucho que en algunos ámbitos del PSOE pueda molestar esa consigna morada de «que se note que somos diferentes», en la Moncloa no solo la tienen asumida, sino que la ven con buenos ojos.

—Para nosotros tampoco es malo que se evidencie que somos fuerzas políticas distintas. Ellos tienen su espacio y necesitan dar de comer a los suyos. No pasa nada —analizan en el equipo del presidente.

Así se entienden, por ejemplo, desmarques políticos de Unidas Podemos en asuntos como el impuesto a las grandes fortunas, una tasa sobre los patrimonios superiores al millón de euros que, pese al rechazo explícito del PSOE en la comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, los morados siguen defendiendo en público como un instrumento útil para impulsar la recuperación económica y social tras la crisis de la COVID.

—Algunas batallas hay que darlas aunque se pierdan. ¿Estamos hablando de que igual no se aprueba el impuesto a los ricos? Vale. Pero la gente va a saber qué es lo que defiende Pablo Iglesias y qué es lo que frena Pedro Sánchez —plantean en el seno de Podemos.

Con las ayudas al alquiler también hay batalla. El primer paquete en materia de vivienda que anuncia el Gobierno dentro del escudo social contempla una moratoria en el pago de las hipotecas y una suspensión de los desahucios mientras dure el estado de alarma. Las ayudas, sin embargo, excluyen a las personas que viven de alquiler, quizás quienes más las necesitan. En las reuniones técnicas, la discusión en torno a este tema es acalorada.

—Pero ¿no tenéis amigos que vivan de alquiler? ¿No tenéis grupos de WhatsApp con vecinos o con amigos que lo estén pasando mal? Hay que hacer algo urgentemente —expone una persona del equipo de Iglesias a los enviados de Ábalos y Calviño.

En Unidas Podemos tienen la percepción de que el PSOE vive desconectado de la realidad en muchos temas. En las filas socialistas consideran que sus socios son dados a decidir a la ligera. Lo que quieren los de Pablo Iglesias es que dejen de abonar el alquiler todos los inquilinos que no puedan hacer frente a su pago porque se hayan visto afectados por la crisis. Si el propietario de la vivienda es un particular, que se le compense con dinero público; si es un gran tenedor (un propietario con más de diez inmuebles), que asuma él las pérdidas.

Al final sí hay medidas para el alquiler, aunque se quedan lejos de los planteamientos de Podemos: será un aplazamiento de las cuotas, no una condonación. Y no habrá diferenciación entre pequeños propietarios y grandes tenedores.

Aunque ocupe pocos titulares, hay otro punto caliente en el Gobierno de coalición: la relación entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. Y dentro de esa convivencia también desempeña un papel determinante la mediación de Pedro Sánchez.

Es obvio que el presidente confía en su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a quien fichó para su primer Gobierno cuando trabajaba como directora general en la Comisión Europea. No lo es menos que le entusiasma la forma de trabajar de Yolanda Díaz y su capacidad de diálogo: la mujer con carné del Partido Comunista consigue en seis meses que la patronal de empresarios firme hasta tres acuerdos trascendentales en materia laboral. Un nivel de colaboración entre Gobierno y agentes sociales inédito en España.

El primero de esos acuerdos se registra en cuanto arranca la legislatura. El Gobierno pacta con sindicatos y empresarios la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros. La negociación es durísima por los recelos de la patronal, y acaba suponiendo el primer gran éxito del diálogo social. El día en que se cierra por fin el pacto, el presidente está de viaje en Davos y la ministra recibe un mensaje.

—Enhorabuena, Yolanda. Es una buenísima noticia que hayas conseguido implicar a los empresarios en esto. En cuanto vuelva lo presentamos como merece —la felicita Sánchez.

Al poco rato suena un teléfono en el ministerio:

—Yolanda, son de Economía. Calviño quiere veros a ti y al secretario de Estado esta misma tarde.

Los dos acuden a la cita intrigados. Allí descubren que Calviño no los llama precisamente para felicitarles.

—Vosotros diréis lo que queráis, pero subir el SMI destruye empleo —expone de sopetón la vicepresidenta.

La ministra de Trabajo y su secretario de Estado se miran de soslayo. Se conocen bien y no les hace falta hablar para compartir con los ojos una pregunta.

«Pero esta mujer, ¿qué quiere?», piensan ambos.

No entienden bien el motivo de la reunión una vez cerrada la negociación que les ha costado sangre, sudor y cenar pulpo empanado la noche en que se alcanza el acuerdo con los representantes de la patronal. Todo un sacrilegio para un gallego.

—Nadia, te puedo enseñar mil informes que demuestran lo contrario. Lo tenemos muy estudiado. En absoluto destruye empleo —responde Díaz.

—Me podéis traer los informes que queráis. Yo os digo que destruye empleo.

La reunión termina sin mucho más contenido. Al día siguiente, casualidades, sale publicado un informe del BBVA que defiende que subir el SMI destruye empleo. A pesar de algunas presiones empresariales al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, el acuerdo se mantiene y es presentado con boato en la Moncloa unos días después.

Con la negociación de los ERTE el choque entre Díaz y Calviño adquiere tintes más preocupantes, que requieren incluso de la mediación directa del presidente. Ocurre en una reunión telemática de diálogo social. Están presentes los líderes sindicales, la patronal, y varios ministros y ministras del ramo económico.

Después de varios turnos, Calviño le da la palabra a Yolanda Díaz:

—Tu turno, ministra.

—Gracias, vicepresidenta. Me gustaría centrarme en las distintas fases que tenemos preparadas para las ayudas a los ERTE, porque nosotros…

—Bueno, ministra —interrumpe bruscamente Calviño—, mejor no hables de fases, que la última vez mira la que liaste.

Las palabras y el tono de Calviño resultan del todo inapropiadas para la mayoría de los presentes y directamente humillantes para la aludida, que no se calla:

—Perdona, vicepresidenta. Si no te importa estoy en mi turno de palabra y voy a exponer mis medidas.

La situación es tan tensa que incluso el líder de la patronal percibe las palabras de Calviño como una agresión a Díaz y decide intervenir para echarle un capote.

—Bueno, creo que la ministra de Trabajo tiene bastante claro el plan de actuación de los próximos meses. Eso nos tranquiliza. Seguimos hablando estos días, si os parece.

El episodio llega a oídos de Sánchez, al que también le trasladan que el malestar de Yolanda Díaz es muy profundo. No está dispuesta a volver a ser humillada así delante de otros ministros y de líderes sindicales y empresariales con los que trabaja codo a codo. Desde ese momento Sánchez decide retirarle al Ministerio de Trabajo el filtro de Economía. Hasta nueva orden, las iniciativas de Díaz y su equipo no tendrán que pasar por las manos de Calviño, sino que podrán abordarlas directamente con Presidencia.

Como experimento político novedoso que es, la coalición también supone un reto logístico. La maquinaria de Moncloa debe aglutinar esta vez a estructuras de partido, asesores e incluso políticas de comunicación diferentes en un mismo ejercicio de gobierno. Engrasarlo todo lleva su tiempo y en el camino se producen tropiezos.

Uno de los fallos de coordinación más sonados durante la gestión de la pandemia se produce tras más de dos meses de confinamiento. La ciudadanía, exhausta por las restricciones del estado de alarma, empieza a reclamar medidas de alivio para los niños. La demanda llega pronto al Gobierno, que pone en marcha un plan específico que permita a los menores salir un rato de casa cada día.

La vicepresidencia de Pablo Iglesias, de quien depende la Dirección General de las Familias y la Infancia, elabora una detallada propuesta con franjas horarias y condiciones para que los niños de hasta catorce años puedan a salir a pasear acompañados de un adulto. Se incluyen las recomendaciones y sugerencias de organismos como la Asociación Española de Pediatría.

Cuando tiene el informe listo, Iglesias se lo enseña a Pedro Sánchez. Al presidente le convence tanto la propuesta que no espera a que el documento pase ningún filtro más y anuncia la medida en su habitual alocución de los sábados por la noche.

—A partir del 27 de abril, el Gobierno tomará medidas de alivio para el desconfinamiento de los más pequeños y que puedan salir a la calle —adelanta el presidente.

Tres días después, el texto que detalla la medida llega al Consejo de Ministros, que debe darle el visto bueno. En realidad, es uno más de los mil asuntos que aparecen en el orden del día y, realmente, ninguno de los ministros presentes repara demasiado en la redacción. La propuesta había salido de Vicepresidencia y tenía el visto bueno del presidente, que incluso lo había anunciado públicamente.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz deja a todo el mundo con la boca abierta.

—Los niños podrán salir a acompañar a sus padres al supermercado, el banco o la farmacia —cuenta María Jesús Montero.

Varios ministros de Unidas Podemos que ven las declaraciones por televisión se escriben extrañados:

«Pero ¿qué dice María Jesús?»

«No sé. ¿A la farmacia y al banco con el niño?»

«Yo creo que se ha equivocado al leerlo, ¿eh?»

Pero María Jesús Montero no se equivoca. Anuncia lo que de verdad refleja el Real Decreto. Los niños no pueden pasear por la calle, solo acompañar a los padres a los recados.

El revuelo es inmediato. Los casi dos meses de confinamiento pesan en el ánimo de la ciudadanía, la vida de muchas familias se ha visto alterada por el cierre de los colegios, el teletrabajo, el encierro en casa, el miedo. Los ánimos están a flor de piel, y para muchos la salida a la calle de los niños es esperada con ansia como el primer soplo de alivio. Así que el anuncio del Gobierno genera frustración, confusión y mucho enfado.

Pablo Iglesias permanece en contacto durante horas con Pedro Sánchez para intentar convencerlo de que hay que dar marcha atrás. La noticia se convierte en un auténtico clamor contra el Gobierno en redes sociales por parte de padres de toda ideología. Nadie lo entiende.

Al filo de las 20.00, Salvador Illa sale a enmendar la plana:

—Los niños podrán salir a pasear a la calle.

Un alto dirigente de Podemos le escribe un mensaje a un homólogo socialista:

—El día que nos hagáis caso a la primera, nos sacamos el carné del PSOE.

¿Qué pasa con el texto original que sale de Vicepresidencia? ¿Quién cambia la redacción? ¿Por qué no se comunican los cambios en el Consejo de Ministros? ¿A quién le parece una buena idea que los niños vayan al banco o la farmacia? Las respuestas se pierden, traspapeladas, en los entresijos de la coalición.

11

ACOSO AL GOBIERNO

Si Yolanda Díaz llega a saber el recibimiento que le espera, no le propone a su hija que la acompañe al acto de designación de Toledo como capital europea de la economía social.

—Hoy papá trabaja todo el día. ¿Te quieres venir conmigo a Toledo?

—¡Vale!

—Pero te tienes que portar bien, ¿eh, Carmeliña?

—Yo siempre me porto bien, mami.

Yolanda Díaz no lo sabe porque no existe convocatoria oficial de manifestación alguna ni permiso otorgado por la delegación del Gobierno. Y porque nadie avisa a sus escoltas de que, desde primera hora de la mañana, hay un revuelo inusual en la plaza del ayuntamiento, lugar en el que tiene lugar la ceremonia.

Quien da la voz de alerta es la directora de comunicación de Trabajo, Virginia Uzal, que al llegar a la plaza se cruza con un grupo de hombres trajinando con palos de madera y trozos de tela, intentando montar algo parecido a una pancarta solicitando ayudas para la tauromaquia.

—Buenas, soy Virginia. Oye, ¿os han avisado de que hay manifa en la plaza por la que tiene que entrar la ministra? —Uzal llama a los escoltas de Yolanda Díaz para comprobar que lo tienen todo bajo control.

—No, nadie nos ha avisado de nada.

—Ah, pues lo acabo de ver. Os lo digo porque Yolanda tenía pensado venir andando.

El plan se cambia sobre la marcha y la ministra llega al ayuntamiento en coche oficial. En el momento en que el vehículo accede a la plaza, el grupo de hombres corre para intentar darle alcance.

—¡Golfa!

—¡Sinvergüenza!

—¡Nos estás matando, delincuente!

El coche se detiene frente a una puerta lateral del ayuntamiento de Toledo. Durante los pocos metros que tiene que recorrer a pie hasta la entrada, la ministra sigue oyendo insultos:

—¡Golfa!

—¡Hija de puta!

Una decena de agentes de policía se esfuerza en retener al grupo de manifestantes para impedir que puedan acercarse aún más. Sus amenazas suben de tono y sus gritos se cuelan en la ceremonia:

—¡Aunque sea lo último que hagamos, vamos a morir matando!

Por sus consignas no parecen manifestantes pacíficos, así que los escoltas deciden cambiar de plan para la salida. Curiosamente, el grupo de hombres, que protestan porque el sector taurino no recibe ayudas especiales por el coronavirus, logra enterarse de que Yolanda Díaz saldrá ahora por la puerta del garaje. Hasta allí se desplazan. La escasa decena de agentes consigue a duras penas hacerles retroceder unos metros. Pero la calle, en pleno casco viejo de Toledo, es muy estrecha. A poco que se complique la situación, el coche de la ministra puede quedar atrapado.

El coche sale, y varios manifestantes se abalanzan sobre él, golpeándolo con fuerza. Un hombre se tira al suelo, junto a las ruedas, para impedir que el vehículo pueda avanzar. Sobre las cabezas de Yolanda Díaz y su hija de ocho años retumban los golpes y los insultos:

—¡Golfa de mierda!

—¡Allá donde vayas seremos tu sombra, golfa!

—¡Cerda!

Durante el confinamiento, varios miembros del Gobierno viven situaciones parecidas, con un agravante: se reproducen en las puertas de sus casas. Grupos de extrema derecha organizan concentraciones en los domicilios de ministros como Isabel Celaá, Irene Montero, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos. Las convocan por canales de Telegram. En uno de ellos, alguien señala al ministro de Transportes:

—Tenemos a Ábalos muy olvidado desde lo de Delcy, ¿no creéis?

Desde ese momento empieza una campaña de acoso en redes que termina con una concentración de varios días en la puerta de su casa. Con banderas de España al cuello y aporreando cacerolas, lanzan todo tipo de insultos:

—¡Miserable, que eres un miserable!

—¡Anda, baja aquí, cobarde!

—¡Asesino, delincuente!

Una noche al llegar a casa, la familia de Ábalos se cruza con ellos. Los manifestantes se encaran con la pareja del ministro, que a su vez reclama a los agentes de la Guardia Civil que custodian su domicilio la identificación y el desalojo de quienes violentan la intimidad de su familia.

La situación de Pablo Iglesias e Irene Montero es idéntica a excepción de un detalle: los insultos en la puerta de su casa son diarios y continuados durante meses. Cada noche, hasta el interior de la vivienda se cuelan los acordes del himno elegido por los manifestantes para amenizar la velada.

—Volverán banderas victoriosas…

Cuando la megafonía calla y el Cara al sol se apaga, retoman los gritos:

—¡Sucios comunistas!

—¡Asesinos!

—¡Muérete, Iglesias!

—¡No pararemos hasta echaros de España a vosotros y a vuestros hijos!

Una noche, y a pesar de la vigilancia ordenada por el Ministerio del Interior, uno de los manifestantes llega a escalar la verja de la vivienda para grabar imágenes con el móvil. Es el mismo hombre que instala una pancarta a la entrada de la casa en la que se puede leer: «Iglesias, eres el hijo de un terrorista».

A Fernando Grande-Marlaska, responsable de la seguridad del Estado como ministro del Interior, le preocupan este tipo de situaciones que le trasladan personalmente varios compañeros de Gobierno. Da órdenes para que se refuerce la seguridad de aquellos domicilios en los que se producen incidentes.

Otro día, una de las protestas que se organizan en la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero la protagonizan agentes de la Policía Nacional afiliados al sindicato Jusapol, mayoritario en el Cuerpo y muy escorado a la derecha. Eligen la casa del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad para reivindicar mejoras salariales.

A Marlaska también le llegan noticias de un movimiento muy extraño procedente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En redes sociales se difunde un vídeo de Pablo Iglesias haciendo la compra sin mascarilla en un supermercado de Galapagar. El periodista Juan José Fernández relata en El Periódico cómo varios agentes se personan sin orden judicial en el supermercado y solicitan las cintas de seguridad para quedarse con las imágenes.

El ministro recibe informaciones de varios incidentes, relacionados siempre con la comandancia de Madrid, pero en Interior todo explota con el informe que la Guardia Civil elabora a petición de una jueza que investiga una denuncia contra el Gobierno por autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo. Los agentes entregan a la jueza Carmen Rodríguez-Medel un atestado de 81 páginas plagado de errores en los datos, noticias falsas e incluso de declaraciones manipuladas que viene a concluir que el Ejecutivo conocía de antemano la gravedad de la pandemia y permitió las concentraciones a sabiendas del riesgo que conllevaban.

Cuando el informe acaba filtrado a la prensa, la cúpula de Interior pide explicaciones a la comandancia de Madrid. Según el departamento de Grande-Marlaska, el coronel Diego Pérez de los Cobos asegura no saber nada de ese informe. En base al mismo se procede a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Interior cesa fulminantemente al coronel Pérez de los Cobos entre varias versiones oficiales contradictorias y una gran polvareda política.

Tras las imputaciones, la causa del 8M queda archivada, aunque durante semanas sirve de munición política y mediática contra el Gobierno de coalición. No será ni mucho menos el único intento de acoso judicial al Ejecutivo. En el Tribunal Supremo se acumulan medio centenar de querellas contra miembros del Gobierno. Se llevan la palma Salvador Illa, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los denunciantes les acusan, entre otras cosas, de homicidio imprudente, prevaricación u omisión del deber de socorro. O lo que es lo mismo, les responsabilizan directamente de las muertes provocadas por el coronavirus. Ni siquiera un técnico alejado de la política como Fernando Simón se libra de la ofensiva legal.

Hay otra ofensiva, es dialéctica y se produce cada día en el Parlamento:

—Bajo su ominoso Gobierno han muerto diez veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos —acusa Abascal a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un pleno en mayo de 2020.

Porque, en realidad, casi todas las acusaciones que escuchan en la calle los miembros del Gobierno, señalados como traidores a España, cómplices de golpistas y terroristas, e incluso criminales, son el eco de imputaciones que ya les han hecho antes algunos rivales políticos, muchas veces desde la propia tribuna de oradores de la sede de la soberanía nacional.

En Málaga, un hombre coge una escopeta y apunta.

—¡Sentencia! —grita alguien.

En el vídeo, que corre como la pólvora por las redes, resuenan cinco disparos. Cinco balas que atraviesan las caras de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero y Pablo Echenique. Se escuchan risas de fondo. Son solo fotos en una galería de tiro.

12

MINORÍA ABSOLUTA

La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición se pone de manifiesto de manera acuciante durante el estado de alarma. Las votaciones de las prórrogas cada quince días en el Congreso de los Diputados se convierten en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Uno más añadido a la difícil gestión sanitaria y económica de la pandemia.

El Gobierno llega a plantearse pedir las prórrogas durante un mes en vez de cada quince días, pero la idea dura poco encima de la mesa.

—Tampoco sabemos si va a ser necesario alargarlo. Es mejor ir viéndolo y dar cuenta cada dos semanas, ¿no? —reflexionan en la Moncloa.

A la larga, muchos miembros del Gobierno acaban arrepintiéndose de la decisión.

—Esto ha acabado siendo insufrible —se lamenta uno de los ministros del núcleo duro.

Los debates se producen en un hemiciclo que destila desolación. Apenas acuden 40 diputados. El silencio es atronador y el vacío invade el hemiciclo, como las calles de todo el país.

—Da miedo estar aquí —reconoce un ministro al que la hipocondría que padece le corroe por dentro—. Salgo del hemiciclo con dolor de garganta, pensando que ya me he contagiado.

La primera prórroga se vota el 25 de marzo a las 2.00 de la madrugada. La sociedad está conmocionada por el avance del virus y la política aún refleja ese momento de consenso ante la adversidad, cuando el Resistiré del Dúo Dinámico suena en los balcones como el himno oficioso de un país confinado. Por eso la prolongación de las medidas excepcionales para contener la propagación de la enfermedad sale adelante con una abrumadora mayoría: 321 votos a favor de los 350 diputados que componen el Congreso. Sin embargo, las fisuras ya se dejan intuir. Los nacionalistas exponen su enfado ante el mando único, que consideran una recentralización encubierta.

El Partido Popular, a pesar de su apoyo a la prórroga, dedica a Pedro Sánchez un discurso terriblemente crítico, avisándole de que la tregua política ha expirado.

—Le hemos dado poderes máximos y la eficacia ha sido mínima —culmina su intervención Pablo Casado.

A partir de ese momento no solo las prórrogas del estado de alarma se convierten en un Tourmalet: también cada debate sobre los decretos económicos de recuperación da pie a una escaramuza parlamentaria. La coalición se ve forzada a negociar cada coma que sale del Consejo de Ministros. El ambiente se enrarece y la unanimidad de la primera prórroga pronto se convierte en una fotografía apolillada.

En el Parlamento el Gobierno asiste a la pérdida de apoyos en cada extensión del estado de alarma. Empiezan borrándose los más previsibles: Vox, la CUP, Junts per Catalunya… De los 321 síes se pasa a 269. Más tarde es el Partido Popular quien anuncia que no dará más apoyos.

Pero la situación se vuelve crítica durante la negociación de la cuarta prórroga, en el momento en que del caballo de los apoyos empiezan a caerse los grupos parlamentarios que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. La mayoría que llevó a la coalición a la Moncloa parece tambalearse cuando, arrastrados por el movimiento tectónico que suscita el «no» de Junts per Catalunya, los 13 diputados de ERC anuncian su voto en contra.

Este panorama obliga al Gobierno a mirar por primera vez hacia Ciudadanos. Pedro Sánchez da la orden de apostar por una negociación sincera con Inés Arrimadas para amarrar el voto a favor de sus 10 diputados. Tras su debacle electoral, y atrapada entre las derechas y un Gobierno del que forma parte su némesis, Unidas Podemos, la formación naranja pelea por reconstruir su identidad. Para conseguirlo, la apuesta de Arrimadas parece que pasa por recuperar el centro y la moderación que Ciudadanos perdió en la última etapa de Albert Rivera. Este camino comienza consensuando con el Gobierno algunas medidas económicas a cambio de salvar la votación de la cuarta prórroga con 178 votos a favor.

Mientras la lucha contra esta primera ola del virus comienza a ganarse en las UCI de los hospitales, cada día en el Congreso de los Diputados resulta más difícil que el anterior. La curva se aplana, pero salir del estado de alarma con garantías se está convirtiendo en un reto para la coalición. El momento más complicado llega en la votación de la quinta prórroga, cuando la falta de apoyos se vuelve casi insostenible. Los negociadores del Gobierno llegan al pleno del 20 de mayo sin tener amarrados los votos necesarios. Para su desesperación, al comienzo de la sesión parlamentaria se mantienen abiertas las conversaciones con todos los partidos susceptibles de salvar la votación. Carmen Calvo lidera algunas de ellas, otras las lleva Adriana Lastra.

La madrugada ha sido intensa. Solo ha sido posible cerrar el acuerdo con Inés Arrimadas. La secretaría de Estado de comunicación difunde un acuerdo de seis puntos con Ciudadanos mediante el cual el Gobierno se compromete a analizar las medidas y, llegado el caso, las reformas legislativas que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia «ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma». Pese a este éxito, el esfuerzo puede resultar baldío, porque el Partido Nacionalista Vasco se resiste a dar su apoyo a la prórroga, y formaciones a priori tan fieles como los valencianos de Compromís anuncian su voto en contra.

Los móviles dentro y fuera del hemiciclo echan humo mientras el debate parlamentario avanza. La derrota no solo introduciría una incertidumbre sanitaria insoportable en un momento en que los nervios del país continúan a flor de piel. También sería un fracaso político muy difícil de digerir. Los 88 diputados del PP se disponen a votar en contra de la prórroga. El discurso de Casado sigue subiendo de decibelios y define la prolongación del estado de alarma como «un agujero negro para las libertades personales».

—Pretende que elijamos entre usted y el caos, pero es imposible porque el caos es usted —espeta a Sánchez.

En el otro extremo del tablero, Íñigo Errejón lanza una advertencia:

—Empieza a desvanecerse el bloque de la investidura. Hay que reconstruirlo. Con el cambio de socios no vamos muy lejos. Hay que cuidar a los aliados.

ERC anuncia que votará «no». El Gobierno le ofrece cogobernanza para ir de la mano del Govern en la gestión de las siguientes semanas, pero se niega a poner una nueva fecha a la mesa de negociación con la Generalitat para resolver el conflicto político con Cataluña. Es una de las promesas del pacto de investidura entre el PSOE y ERC y, cuatro meses después, se han reunido una sola vez, a finales de febrero. Para los independentistas ese tiempo es una demostración de la nula intención de los socialistas de cumplir su palabra; para los socialistas la prioridad ahora no puede ser asumir decisiones que le dificulten amarrar consensos de cara a la gestión de la epidemia, única obsesión en la Moncloa. Parece ayer cuando los seis negociadores del PSOE y Esquerra (Lastra, Ábalos, Illa, Rufián, Vilalta y Jové) pidieron jamón, queso y vino a la cafetería del Hotel NH Ribera del Manzanares para celebrar su acuerdo. Pero el tiempo ha transcurrido de forma muy distinta para todos. Los de Junqueras viven presionados por las críticas en Cataluña a la pérdida de soberanía, mientras que en la cabeza de Salvador Illa no queda sitio para otra cosa que no sean estudios epidemiológicos y el diseño de la desescalada. Las divergencias surgidas dentro del bloque de la investidura son, finalmente, un nuevo recordatorio de que la irrupción del coronavirus lo deja todo en suspenso, incluso lo que parecía urgente.

En mitad de la sesión, Aitor Esteban regala un poco de aire al Gobierno desde la tribuna de oradores.

—En estos momentos puede contar con el voto del PNV.

Con el «sí» de Ciudadanos, del PNV y del resto de los partidos pequeños, el Gobierno ya tiene asegurada la votación. Aun así, sus negociadores no se fían, quieren más margen y siguen pactando la abstención de Bildu a cambio de un compromiso para derogar la reforma laboral.

La mañana es tan frenética que, en el momento en que Sánchez sube a la tribuna para dar la réplica a los grupos, agradece a Bildu su abstención y certifica que su Gobierno va a derogar la reforma laboral. Minutos después y desde la misma tribuna, Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu, no da por segura la abstención anunciada por el presidente.

Así las cosas, llega la hora de la votación. Todo son nervios en la bancada ministerial, donde saben que esta vez juegan realmente al límite del fuera de juego. Finalmente consiguen una victoria más estrecha que nunca: 177 votos a favor. El resultado es recibido con un suspiro de alivio, pero dura poco: justo el tiempo que tardan los miembros del Gobierno en levantar la vista al panel de votos y comprobar que las luces rojas reflejan que el «no» reúne las 162 voces de PP, Vox, Compromís y los independentistas catalanes. La contestación rebasa las fronteras ideológicas, los bloques parecen rotos, y este mapa de tensiones en todas direcciones es lo último a lo que el Ejecutivo quiere enfrentarse en una situación de profunda crisis nacional.

En cuanto se levanta la sesión, Bildu hace público su acuerdo con el Gobierno. La Moncloa había dado luz verde a un pacto con la formación abertzale que incluye la derogación de la reforma laboral, pero el grupo parlamentario socialista va un paso más allá y pone fecha. «Habrá derogación de la reforma laboral antes de la finalización de las medidas extraordinarias por la COVID-19», reza el texto.

Nadia Calviño se entera por la prensa. Entra en cólera al ver que nadie le ha consultado. Llama directamente al presidente. La vicepresidenta económica no entiende que, mientras crece la crisis económica y se mantienen negociaciones vitales con los empresarios, se ponga fecha a una decisión tan trascendente.

Calviño no está dispuesta a hacer ninguna concesión y obliga a emitir una rectificación antes de que acabe el día. El PSOE distribuye al filo de la medianoche un comunicado en el que asegura que se anula el punto 1 del acuerdo con Bildu y lo sustituye por el texto que ya firmó con Unidas Podemos como parte de su acuerdo de Gobierno, y que se limita a proponer la derogación de los principales aspectos de la reforma laboral. En esta nueva versión del acuerdo con EH-Bildu no se incluye ninguna fecha para adoptar la medida.

Este vodevil no hace más que poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrentará la coalición para sacar adelante los presupuestos de 2021, quizás los más importantes desde la crisis económica de 2008.

Con la vista ya puesta en este nuevo escollo político, el Gobierno pone el piloto automático para negociar la sexta y última prórroga del estado de alarma. En esta ocasión se asegura la prórroga gracias a dos acuerdos negociados en paralelo con Ciudadanos y el PNV, con más tiempo y también con otra perspectiva diferente: la necesidad de dar un último arreón ante el fin de las limitaciones a las libertades fundamentales que se han prolongado durante casi cien días.

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LA PELOTA VUELVE A RODAR

Muchas semanas antes de que finalice el estado de alarma, en la Moncloa se empieza a trabajar en la desescalada con el horizonte de un verano en el que por fin pueda alzar el vuelo la economía.

—Salva, hay que empezar a trabajar en la desescalada —le pide el presidente al ministro de Sanidad.

Sánchez comprende que Illa vive dedicado a la gestión diaria de la pandemia y no puede desentenderse de ella. Y por eso le propone un refuerzo estratégico:

—¿Qué te parece si algún miembro del Gobierno te echa una mano?

La persona elegida es Teresa Ribera. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica forma un equipo técnico que tiene la misión de diseñar las diferentes fases del desconfinamiento. En total son cuatro: en la fase cero el confinamiento sigue siendo absoluto salvo para los niños y para hacer deporte; en la fase 1 se abren parcialmente pequeños comercios, terrazas de hostelería, iglesias y velatorios; en la 2 se permiten los desplazamientos a segundas residencias dentro de la misma provincia; en la 3 reabren las discotecas, los gimnasios y se permite a la movilidad entre provincias limítrofes.

Se opta por hacerlo asimétrico, en función del estado en el que se encuentre la epidemia en cada territorio. El principio de actuación es que cada comunidad autónoma camine a la velocidad que su situación de lucha contra el virus le permita. A pesar de las tensiones que esa decisión genera, el Ministerio de Sanidad se muestra firme y no sucumbe a las presiones de los gobiernos autonómicos.

A mediados de mayo, los datos de la epidemia empiezan a dar una ligera tregua y el presidente del Gobierno sale ante la ciudadanía para aconsejar que se contraten vacaciones de verano y que los establecimientos se preparen para recibir a turistas nacionales y extranjeros.

—Habrá temporada turística este verano con plenas garantías sanitarias —sentencia.

Tras las durísimas semanas de confinamiento absoluto y de cierre total de la economía, Sánchez se esfuerza por trasladar un mensaje de reactivación del país. Asegura que es el momento de recuperar las actividades cotidianas que han quedado postergadas con el estado de alarma. La euforia le lleva incluso a anunciar casi como un hito la vuelta de la liga de Fútbol Profesional el 8 de junio, con gran parte del país ya en fase 3:

—La pelota volverá a rodar.

La necesidad de levantar la economía apremia. El Gobierno quiere salvar el verano en un país en el que el sector turístico supone el 12 % del PIB. El plan de desescalada no es otra cosa que intentar la cuadratura del círculo: permitir el descongelamiento económico y social evitando un repunte de las infecciones que pueda dar al traste con todo.

Pero ese plan tiene fecha de caducidad: el 21 de junio decae el estado de alarma y, ese día, España se da al fin por completamente desconfinada. Los ciudadanos ya no tienen ninguna restricción para moverse libremente por todo el territorio nacional. Los turistas extranjeros también pueden entrar.

Los reencuentros familiares, las mascarillas en los chiringuitos y el intento de reflotar la economía conviven con la amenaza de los continuos rebrotes. Arranca el verano de la COVID-19.

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LO DEJAMOS AQUÍ

El 21 de junio es el primer día oficial del verano y también la fecha señalada en rojo por el Gobierno de coalición y por todos los ciudadanos. Tras noventa y ocho días, el estado de alarma, por fin, es historia y Fernando Simón traslada un mensaje de tranquilidad y prudencia:

—Tenemos una cierta garantía de que podemos prevenir mucho, detectar casi todo y controlar también casi todo. Lo que no quiere decir que bajemos la guardia.

A su derecha, Salvador Illa da por concluida la rueda de prensa tras más de una hora de comparecencia:

—Pues muchas gracias por su atención. Concluimos aquí, buenos días a todos.

El ministro de Sanidad y el director del CCAES desaparecen de la señal de televisión y en la Moncloa se apagan las cámaras.

—Estamos fuera —confirma un técnico de comunicación.

Illa respira hondo y se le escapan dos palabras de alivio:

—Por fin.

—Por fin, ministro, por fin —responde Fernando Simón recogiendo sus folios y con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando todo el país disfruta ya de una libertad plena, el 16 de julio se celebra en Madrid un gran homenaje de Estado en memoria de todas las víctimas del coronavirus. Se trata de una ceremonia civil sin precedentes en nuestra democracia, ya que hasta ahora solo se habían celebrado funerales de índole religioso para honrar a compatriotas fallecidos. El acto, sin misa ni sacerdotes, arranca a las 09.00 en el Patio de la Armería del Palacio Real. Asisten 400 personas que forman un amplio círculo respetando la distancia de seguridad.

La sociedad civil es la protagonista absoluta, recordando que es ella quien ha cargado con el peso del sufrimiento durante la pandemia. Tres quintas partes de los asistentes son sanitarios, familiares de víctimas y representantes de profesiones consideradas esenciales durante el confinamiento, como repartidores, agricultores, empleados del servicio público de empleo, trabajadores de residencias, periodistas, y miembros del Ejército y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una enfermera y Hernando Calleja, el hermano del periodista José María Calleja, fallecido por el coronavirus, son los únicos que toman la palabra, además del Rey, Felipe VI, encargado de clausurar el acto. El resto de las autoridades y dignatarios internacionales permanecen en segundo plano.

La ceremonia recupera una imagen de unidad difícil de ver incluso en los peores momentos de la pandemia, con el Gobierno al completo, todos los presidentes autonómicos y representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios. Por un momento parece que el país regresa al espíritu de los primeros días de la pandemia, cuando incluso el Congreso de los Diputados tenía claro que el virus era el principal rival a batir. Falta Vox, que define el acto como una «ceremonia exculpatoria» del Gobierno. Tampoco están los nacionalistas de ERC, Junts, CUP, BNG y Bildu, que lo consideran una estrategia para «blanquear» una monarquía inmersa en una crisis existencial de imprevisibles consecuencias.

En el centro del patio arde un pebetero en recuerdo a los fallecidos, y los contornos de la llama se hacen indistinguibles del aire infernal del verano madrileño. La enfermera Aroa López, que ha vivido la enfermedad desde las Urgencias del hospital Vall d’Hebron, tiene una petición para todos los presentes:

—No olvidemos nunca la lección aprendida.

Su discurso, de una sinceridad emocionante, encuentra un eco perfecto en la sobriedad de los sillares de granito del Palacio Real. Cada palabra destila dolor, el agotamiento de meses de lucha solitaria en los hospitales, la impotencia de tantos médicos y familiares que han visto cómo sus seres queridos se les iban, borrados por el virus.

—Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: «No me dejes morir solo»—recuerda López.

Durante los cuarenta minutos que dura el acto, por la cabeza de todos los miembros del Gobierno pasan imágenes de los peores momentos de la crisis. Cada uno revive su calvario personal. Lo que hubieran querido evitar y no les fue posible. El drama de las residencias con miles de ancianos sentenciados de antemano. Los errores cometidos. Las decisiones tardías. La falta de material para proteger a los sanitarios. Las empresas cerradas. Las calles vacías. Los amigos que se han marchado.

Al preguntarle por el homenaje, Salvador Illa se emociona.

—Me ha gustado mucho, me ha emocionado incluso.

El ministro de Sanidad baja la mirada.

—Yo creo que…en fin. España lo necesitaba, lo necesitábamos todos.

A Illa se le quiebra la voz e intenta esconder sus ojos tras la pantalla del teléfono móvil.

—Bueno, ¿lo dejamos aquí? —ruega.

Agosto termina sin estado de alarma pero el virus sigue ahí, al acecho. El balance del verano no es alentador: miles de rebrotes, incremento del número de muertes y un preocupante ascenso de ingresados en las UCI. Nadie, ni dentro ni fuera del Gobierno, es capaz de predecir qué ocurrirá en los próximos meses, ni siquiera de descartar un nuevo estado de alarma.

Pase lo que pase, cada decisión del Gobierno estará marcada por la evolución de la pandemia. Del virus y sus consecuencias dependerá en gran parte el futuro de la coalición, y de casi todo.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a quienes han dedicado su tiempo a contestar a nuestras preguntas.

La coalición frente a la pandemia. Crónica política del año que cambió la historia

José Enrique Monrosi y María Llapart

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© José Enrique Monrosi Otero y María Llapart Varona, 2020

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