A Simón,

caballero de un mundo mejor

PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

El texto de la primera edición de este libro estaba listo para imprenta en septiembre del año 2007, pocas semanas después de empezar el episodio de las hipotecas-basura, que sólo fue el inicio de la crisis más profunda que ha atravesado la economía mundial desde 1929. Seis años más tarde, la crisis no ha terminado, por lo menos en Europa, y las peripecias de esa situación han marcado este periodo. Una nueva edición del libro no podía dejar de dedicar a esa crisis al menos un capítulo, que ha sido redactado para esta ocasión.

La crisis ha sido, en gran parte, la consecuencia de un comportamiento perfectamente racional, aunque quizá algo miope, por parte de muchos agentes: quienes se aprovecharon del crédito barato para poner en marcha proyectos que han resultado fallidos; quienes desarrollaron productos nuevos siguiendo la lógica de la maximización del beneficio que les marcaban sus accionistas, o quienes pensaron, quién sabe si de buena fe, que después de una perturbación la economía regresaría por sí sola a un equilibrio razonable, razón por la cual era preferible no intervenir o hacerlo sólo con mano ligera. Mientras tanto, la ciudadanía andaba ocupada en sus cosas. Y el resultado ha sido el sufrimiento de muchos: el sueño de la razón ha producido monstruos.

La crisis ha puesto de relieve la necesidad de que el ciudadano de a pie tenga algún conocimiento de cómo es la economía, quizá no tanto para saber lo que ésta enseña como para darse cuenta de que hay muchas preguntas, y muy importantes, a las que el economista no puede responder como tal. El ciudadano ha de ser vigilante: esta vigilancia, inherente a su condición, es el precio que ha de pagar por la libertad que le otorga pertenecer a la ciudad. Éste era el enfoque que inspiró la redacción de este libro, y sólo me queda desear que le sucedan otros mejores.

Con cada versión del texto crecen las deudas del autor. Esta vez he contado con la colaboración de Iñaki Villanueva y de Brendan Poch, como asistentes de investigación; con la ayuda constante de Marta Bentanachs, los comentarios de mis colegas Nuria Mas y Morten Olsen y los de mis alumnos, que me han ayudado a explicarme con claridad y han corregido algún error de bulto. Y, de modo muy especial, con la fraternal ayuda del profesor Ernesto Carratalà, gracias a quien algunos de mis errores gramaticales han desaparecido. A todos ellos, mi agradecimiento.

San Gabriel, 16 de julio de 2013

INTRODUCCIÓN

Los científicos sociales se parecen más a los guardas forestales que a los naturalistas. El naturalista puede interesarse por las causas de extinción de una especie sin que le importe el que la especie se haya o no extinguido. (Si se extinguió hace un millón de años no hay duda que su curiosidad está exenta de toda preocupación.) Al guarda forestal le preocupa que los bisontes se extingan, y le importa saber cómo mantenerlos en un sano equilibrio con su entorno.

THOMAS C. SCHELLING,

Micromotives and Macrobehavior, 1978

Este libro empezó por llamarse El buen vasallo, por aquel verso del Cantar de Mío Cid,

¡Dios, qué buen vassallo si oviesse buen señor!,

entendiendo por vasallo la economía, y por señor, el ciudadano; pero se eligió otro título, con buen criterio, para no correr el riesgo de que el lector creyera que el vasallo era él; el cambio, no obstante, no altera el enfoque original del libro, que es mostrar cómo la economía está al servicio del ciudadano, y no al revés. El libro nace de la experiencia de enseñar economía en escuelas de negocios: es decir, a estudiantes que saben algo de la economía real, ya que han vivido en el mundo de la empresa, pero que no tienen intención de convertirse en economistas profesionales. Quieren que la economía les ayude a entender el mundo que se les abre a medida que sus responsabilidades, dentro y fuera del trabajo, se van ampliando; quieren saber cómo pueden afectarles los fenómenos económicos de los que oyen hablar cada día: la inflación y el desempleo, el tipo de interés y el crecimiento, la globalización; quieren saber cómo las autoridades económicas pueden hacer frente a una crisis; cómo el Estado puede protegerles de vientos adversos o, por el contrario, complicarles las cosas. Estas preguntas forman el grueso de este libro. La perspectiva adoptada, en la que los actores no son tanto los individuos como los países, las economías nacionales o incluso la economía mundial, es lo que suele llamarse «macroeconomía»; la que asimila la conducta económica a la racional coincide más con el ámbito de la microeconomía, de la que no hablaremos aquí.

Hemos procurado prescindir de muchos detalles, a veces importantes, para dejar despejadas las líneas maestras de los argumentos: si bien es indispensable concebir una economía como un sistema cerrado en que los bienes y servicios circulan en una dirección y el dinero en la opuesta (Capítulo 2), no hace falta saber cómo se construyen las cuentas nacionales; si bien es necesario saber distinguir entre las fuerzas que actúan del lado de la demanda y las que lo hacen del lado de la oferta (Capítulo 1), no hace falta tener una idea muy precisa de lo que es una curva de oferta agregada; uno puede tener una intuición correcta de la relación que existe entre dinero e inflación (Capítulo 3) sin necesidad de saber qué es la teoría cuantitativa del dinero; y así sucesivamente. El objetivo es ayudar al lector a construir un marco conceptual sólido para formularse las preguntas que le suscite su entorno; cualquier economista —los hay a montones— podrá suministrarle los detalles. La simplicidad del marco es, sin embargo, engañosa, y el lector no debe desanimarse si estos conceptos tan básicos le suscitan dudas una y otra vez: éstos son, sin duda, los más difíciles.[1]

La primera edición de este libro fue escrita en verano del 2007, justo al inicio de la crisis inmobiliaria desencadenada por las hipotecas de baja calidad en EE.UU., cuyas repercusiones se han ido extendiendo por toda la economía mundial en este último año y medio. En aquellos momentos eran muy pocos los que habían sabido prever su extensión y profundidad, y por eso sólo se la menciona de pasada en el capítulo dedicado a burbujas y crisis. En esta tercera edición ha sido posible seguir su desarrollo hasta el verano de 2013 con mayor detalle, sin poder, no obstante, hablar de su final que aún hoy parece lejano.

Reducir los argumentos a lo esencial tiene otra ventaja: liberado de las complicaciones técnicas, el lector ve más fácilmente cuáles son los límites de la economía, porque, naturalmente, a cualquier problema importante la economía sólo puede ofrecer una solución parcial; para completarla hay que hacer intervenir otros elementos. Así, por ejemplo, la economía —y el sentido común— indica que eliminar el subsidio de desempleo reduciría el paro, ya que los parados no tendrían más remedio que aceptar cualquier trabajo que se les ofreciera. Pero casi todos considerarían esa solución como injusta, y para llegar a una solución satisfactoria deberíamos hacer intervenir consideraciones de justicia, a las que la economía tiene poco que añadir. En el libro hemos tratado de subrayar esos límites y de poner en evidencia algunos dilemas que toda sociedad ha de afrontar, y a cuya solución puede contribuir la economía, aunque modestamente.

Como en cualquier fenómeno social, en las decisiones que afectan a la economía es difícil no tener en cuenta las consecuencias morales, que suelen concretarse en el conflicto entre eficiencia, por un lado, y equidad o justicia, por otro. ¿Cuánto desempleo podemos considerar tolerable? ¿Qué extensión debería tener la asistencia sanitaria gratuita? ¿Hasta qué punto debería redistribuirse la renta dentro de un país mediante impuestos y transferencias? ¿Y entre países? El economista puede advertir de los riesgos de la política de pleno empleo, calcular cuánto cuesta la asistencia sanitaria, estimar los efectos de un aumento de los impuestos sobre las ganas de trabajar de la gente; pero no puede ir más allá. Las preguntas ha de contestarlas quizá no el político, ocupado como está en asuntos más urgentes, pero sí cada ciudadano. Y la respuesta del economista no tiene más peso que la de otro cualquiera. Esperamos que la lectura de este libro ayude al lector en esa tarea en dos aspectos.

En primer lugar, esperamos que contribuya a desacreditar ciertos tópicos. Es alarmante, por ejemplo, observar hasta qué punto términos en apariencia técnicos se dirigen, en realidad, no a nuestro entendimiento, sino a nuestras emociones, para despertar en nosotros sentimientos de aprobación o rechazo; de esta manera se consigue que admitamos como razonamiento lo que no es más que propaganda. Cada época tiene sus tópicos: son palabras que actúan como imán, y contra las que hay que estar prevenidos. Si, hace cuarenta años, un economista liberal como Wilhelm Röpke prevenía a sus lectores contra los excesos del Estado del Bienestar —cometidos en nombre de la justicia social— y de los peligros de la inflación crónica —disimulados tras la bandera de la política de pleno empleo—, hoy cojeamos del otro pie: el ciudadano asocia instintivamente los términos «flexible» y «eficiente» a algo bueno, y «rígido» e «ineficiente» a algo malo. Al hablar del mercado laboral (Capítulo 4) veremos, sin embargo, que algunas rigideces son perfectamente eficientes y, en el último capítulo, veremos que cualquier sociedad sana puede sacrificar algo de eficiencia a objetivos considerados superiores. Con estos dos ejemplos esperamos haber despertado en el lector un grado de desconfianza razonable.

En segundo lugar, hemos dedicado el último capítulo a apuntar tres asuntos que no suelen figurar en un manual de macroeconomía: el papel del Estado en una economía de mercado, la distribución mundial de la renta y la naturaleza de las leyes del mercado, porque consideramos que no hay ningún problema importante en el mundo de hoy que no dependa, en cierto modo, de ellos. Es evidente que, desde los años ochenta, el papel del Estado en una economía de mercado se ha puesto en entredicho; no es menos evidente que este escepticismo frente a la capacidad del Estado de resolver nuestras dificultades es, en buena parte, una reacción saludable, ya que, entre 1945 y 1975, en la mayoría de países occidentales el Estado fue extendiendo su dominio sobre la economía en un proceso que parecía no tener fin. Pero el ciudadano debe preguntarse si no estaremos yendo demasiado lejos, esta vez en sentido opuesto. Esta cuestión es relevante, porque tiene que ver con nuestra concepción de la sociedad, de la propiedad privada y de la libertad y responsabilidad personales, y el ciudadano debe formarse una opinión propia y expresarla; los argumentos económicos en favor y en contra de la intervención del Estado que exponemos tienen importancia, si bien son sólo una parte de los que hay que considerar.

La desigualdad en la distribución de la renta en el mundo es, sin ninguna duda, uno de los grandes problemas de este siglo. Antes de la Revolución Industrial había, como ha habido siempre, hombres ricos y hombres pobres, pero no países ricos y países pobres: casi todo el mundo, en todas partes, tenía lo justo para vivir. Hoy, esto no es así: un 15 por 100 de la población mundial, concentrada en las economías avanzadas, consume algo más de la mitad del producto mundial; el 85 por 100 restante dispone del resto. Hemos logrado producir más de lo necesario para evitar el hambre y, sin embargo, el hambre persiste, sólo que ahora ya no es hija de la naturaleza, sino del hombre. No puede afirmarse rotundamente que la situación esté en vías de solución, y las recetas que han dado buen resultado en algunos países han fracasado por completo en otros. En un mundo en que las noticias viajan mucho más que antes, hay que pensar que esta situación resulta no sólo injusta, sino insostenible. Aquí también la contribución de la economía es modesta —no sabemos gran cosa de la evolución de la desigualdad, ni de sus causas— pero indispensable, ya que nos permite poner orden en los datos, aún escasos, de que disponemos.

Por último, se invoca a menudo a la fuerza de las leyes del mercado —sobre todo cuando traen consigo consecuencias desagradables— como si esas leyes fueran la manifestación de un destino inexorable; algo tanto más sorprendente cuanto que esas leyes tienen su origen en relaciones humanas y pueden, por consiguiente, ser cambiadas. En los últimos apartados trataremos de disipar ese malentendido indicando cómo, si bien las llamadas leyes del mercado no tienen nada en común con las de la naturaleza, no por ello dejan de tener fuerza, ya que responden a unos impulsos muy poderosos: los económicos. La operación de la mano invisible de Adam Smith en que se basa el éxito de la economía de mercado ha consistido precisamente en combinar esos impulsos económicos individuales para lograr una prosperidad material sin precedentes para una fracción de la humanidad (aunque no para todo el mundo), pero hace tiempo que ha llegado el momento de preguntarse no sólo si ese aumento de la prosperidad puede continuar, sino también si debe continuar a ese ritmo. Una vez más, es el ciudadano quien debe contestar la pregunta.

Esperamos que este trabajo pueda servir para hacer accesible a todo el mundo una materia sobre la que todos estamos llamados a reflexionar y a pronunciarnos, y cuya correcta comprensión contribuirá, aunque modestamente, a hacer que nuestra sociedad sea más justa y habitable.

Este libro no tiene pretensión de originalidad —salvo quizá en los errores— ni de erudición. Las notas de lectura remiten a trabajos que considero interesantes; no siempre coinciden con las referencias clásicas sobre cada materia, pero resultarán estimulantes para el lector.

* * *

Mis alumnos, desde los de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1972 hasta los de las últimas promociones de IESE y de la China-Europe International Business School, me han concedido muchos años de una enseñanza continuada de la que he sido principal beneficiario. Colegas y amigos me animaron a escribir; el material elaborado por mis compañeros de IESE me ha sido de gran ayuda. Durante estos años he contado con la colaboración de Juan Perote, Patricia Vázquez-Dodero, Cristina Rata, Iñaki Villanueva y Alexia Malivern como asistentes de investigación. Marcel Coderch, José Luis Oller, Xavier Serrado y José Viñals leyeron capítulos del libro y me ayudaron con sus comentarios. También lo hizo Jordi Bellana, que corrigió uno de mis errores. Gonzalo Pontón y Clara Pastor me orientaron durante todo el proceso, y sin su ayuda el proyecto no hubiera visto la luz. Pau Barbat me ayudó a no perder de vista mi objetivo. A todos ellos, mi agradecimiento.

ALFREDO PASTOR

Sant Gabriel, 8 de septiembre de 2007

y Barcelona, 30 de junio de 2013

Capítulo 1

EL MUNDO ECONÓMICO

La Revolución Industrial pudo más que las fuerzas igualadoras por un período asombrosamente largo de dos siglos: por eso la llamamos una «revolución». Pero esas fuerzas igualadoras han vuelto a afirmarse durante la segunda mitad del siglo XX, y creo que la restauración de la igualdad de renta entre países va a ser uno de los mayores acontecimientos económicos del siglo que viene. Naturalmente, eso no implica deshacer el camino recorrido desde la Revolución Industrial. En el año 1800 todos los países eran igualmente pobres y estaban igualmente estancados. Si en el año 2100 todos somos igualmente ricos y estamos todos creciendo, ¡no podrá decirse que no hayamos ido a ninguna parte!

ROBERT E. LUCAS, JR.,

Lectures on Economic Growth, 2002

La economía mundial

La economía se ocupa de la producción y distribución de la riqueza; en esa peculiar perspectiva que llamamos «macroeconomía», los protagonistas no son los individuos, sino las economías nacionales, los Estados. Una primera visión de conjunto se obtiene seleccionando las características más llamativas de esas economías nacionales: la población, el producto interior bruto o PIB —conjunto de bienes y servicios producidos por un país en un año, indicador del tamaño de cada economía— y el producto por habitante —ese PIB dividido por la población— dan una idea del nivel de prosperidad material de cada país. Son medidas muy imperfectas, pero que sirven para iniciar el análisis.

Las estadísticas oficiales incluyen hasta 194 países, pero no hace falta verlos todos, porque los veinte mayores dan cuenta del grueso de la economía mundial: casi del 80 por 100, como indica el Cuadro 1.1.

El cuadro siguiente puede sorprender al lector acostumbrado a leer la prensa económica: ¿no es acaso Japón la segunda economía del mundo? ¿No es la economía alemana mayor que la india? ¿Cómo puede ser que España, que lleva años aspirando a ser miembro del G-8, o por lo menos del G-10, ocupe el decimoquinto puesto en la lista, por detrás de países como Indonesia o Corea del Sur? La respuesta a todas esas preguntas está en la forma en que se ha calculado el producto interior bruto: en lugar de valorar los bienes y servicios de cada país a sus precios locales, se han valorado a precios internacionales, más próximos a los que rigen en los países más ricos. De esta forma, como los bienes y servicios suelen ser más caros en Estados Unidos que en Indonesia (pensemos en el servicio doméstico, en las casas o en los restaurantes), al valorar las casas indonesias a precios de EE.UU. aumentamos el PIB indonesio. En cierto modo, ésta es una valoración más correcta, porque mide mejor el poder adquisitivo de los ciudadanos de cada país: un euro vale unos ocho yuanes chinos, pero se puede comprar más con ocho yuanes en China que con un euro en Europa. Como tampoco es lo mismo vivir con un euro al día en Frankfurt que con ocho yuanes al día en Pekín.[1] Las diferencias entre ambos métodos de valoración no son apreciables cuando se comparan países avanzados, pero son muy grandes cuando se aplican a países pobres: así, el método convencional daría una renta per cápita de 1.500 dólares para China, mientras que la cifra del cuadro es de 12.879,9. En el otro extremo, la renta per cápita japonesa era, en 1998, de 30.000 dólares según el procedimiento habitual; en cambio, la cifra del cuadro es muy inferior, porque tiene en cuenta que en Japón hay bienes, como las casas, cuyos precios son mucho más elevados que el promedio. El mismo razonamiento explica que la economía india pase por delante de la alemana: según el procedimiento convencional, la renta per cápita alemana supera los veinticinco mil dólares, y la india es de seiscientos; sin embargo, las cifras del cuadro son, respectivamente, 45.888,4 y 5.855,3. El cambio a PPA aumenta la cifra obtenida por el método convencional para Alemania en un 7,7 por 100 y multiplica casi por 10 la de la India

CUADRO 1.1. Las veinte mayores economías del mundo en 2014

*current international dollars

FUENTE: FMI, World Economic Outlook, Database, abril de 2015.

Las economías del tercer grupo, en el que España está en último lugar, tienen un tamaño muy parecido: la diferencia entre el PIB de España y el de Corea del Sur cabe de sobra en el margen de error de estos cálculos. No hace falta esforzarse mucho para encontrar una lista parecida en la que España figure por delante. Es más, en algunos años, España se situará por delante de México y Rusia: ello se debe, sencillamente, a que recursos naturales como el petróleo o el gas natural tienen un gran peso en el PIB de ambos países, de tal modo que, sin necesidad de que la producción cambie, una caída de los precios de los hidrocarburos tendrá un efecto apreciable en la cifra de su producto interior bruto. Todo esto apunta a que no hay que hacerse ilusiones sobre la precisión con que puede medirse el PIB.

Por otra parte, el cuadro indica que no parece haber una relación estrecha entre tamaño y riqueza. De hecho, las economías más ricas —Luxemburgo o Suiza— no están entre las mayores. Por consiguiente, en la medida en que nos interese el nivel de prosperidad de los ciudadanos de un país, el tamaño de su economía no debe ser motivo de orgullo nacional. No sólo eso, sino que su posición en el orden de las naciones dependerá de factores hasta cierto punto fortuitos: si California se declarase independiente, Estados Unidos seguiría siendo la primera economía mundial, pero Francia quedaría relegada al séptimo lugar: la economía de California es algo mayor que la francesa. Sí existe, en cambio, una correspondencia entre industrialización y nivel de renta, puesto que todas las economías ricas son economías en que la industria y los servicios pesan mucho más que la agricultura en el PIB. Esto explica que todos los países hayan convertido en sinónimos industrialización y desarrollo.

El Cuadro 1.2 clasifica las economías en avanzadas —Europa occidental, Norteamérica, Japón, Australia y Nueva Zelanda— y emergentes, antes llamadas economías «subdesarrolladas» y luego economías en «vías de desarrollo». El cuadro, aunque muy esquemático, permite destacar algunos de los rasgos más sobresalientes del mundo económico de hoy. El más llamativo resulta de la división misma en dos grupos. La primera línea de cifras nos indica que las economías avanzadas, con un 18 por 100 de la población del planeta, producen y consumen casi tres cuartas partes del total de bienes y servicios generados en un año por la economía mundial, mientras que el 25 por 100 va al resto, que alberga el 82 por 100 de la población.

Otra información interesante nos la da la segunda columna: resulta que, si las economías avanzadas obtienen una parte desproporcionada del PIB mundial (74,4 por 100 del PIB frente a 18,3 por 100 de la población), su peso en el comercio mundial es también muy importante. ¡Casi las tres cuartas partes de los intercambios comerciales tienen lugar entre economías avanzadas! Este hecho no se corresponde con la visión que solemos tener del comercio internacional que aprendemos en los libros de texto, donde los países comercian entre sí porque son distintos, de modo que un país ofrece a otro productos de los que éste carece. Piénsese, por ejemplo, en la ruta de las especias, o en la de la seda. Las economías avanzadas, por el contrario, son muy parecidas entre sí, y lo que mueve el comercio entre ellas —y, por consiguiente, la mayor parte del comercio mundial— no es tanto la diversidad como las ventajas de la especialización. Esta diferencia tiene grandes consecuencias, como se verá al tratar de la globalización.

CUADRO 1.2. Los dos mundos económicos*

* En porcentajes del total mundial, 2013.

FUENTE: World DataBank 2015.

La misma columna revela que el gran país exportador no es, como solemos pensar, Japón, sino Alemania: con una economía bastante menor que la de Japón, Alemania tiene un peso doble en los mercados mundiales. Si bien tendemos a concebir la Unión Europea como una unión entre iguales, las cifras nos recuerdan que, en el terreno económico, las diferencias son demasiado grandes para pasar desapercibidas: así, Alemania ocupa, en relación con la economía europea, una posición análoga a la que ocupa EE.UU. en la economía mundial.

Entre las economías emergentes, el cuadro destaca las dos mayores, China e India. Son también las que están más de moda: nuestros comentaristas económicos, siempre en busca de novedades para entretener a su público, se han cansado de hablar de China, y tratan a India como si estuviera destinada a ser la próxima China del futuro más inmediato. Sin embargo, basta mirar el cuadro, sin mencionar siquiera las enormes diferencias culturales y sociales que separan a ambos países, para ver que eso no va a ser así. China lleva la delantera en dos dimensiones muy importantes: el nivel de prosperidad y su apertura al exterior. Aun siendo un país pobre, China tiene una renta per cápita el doble que la de India. En segundo lugar, y en relación con su apertura al exterior, si bien todos tendemos a pensar en India como un país más abierto al exterior que China, lo cierto es que su economía es mucho más cerrada que la de ésta. De hecho, el peso de India en los mercados mundiales no es superior al de economías mucho menores, como la española.

Hasta aquí una fotografía, tomada a mucha altura, de nuestro mundo económico. Ésta nos lo muestra inmóvil; se trata ahora de captar algunos rasgos de su evolución en el tiempo.

El crecimiento

Si hay que destacar un rasgo central de la evolución de una economía, éste es el crecimiento del PIB. No cabe duda de que si pedimos a un político que, con una sola cifra, dictamine la salud económica de su país, la que elegirá será la del crecimiento del PIB. Para la mayoría, un crecimiento rápido es sinónimo de bonanza: resulta más probable encontrar un buen trabajo, o que nos aumente el sueldo y que cosas que hasta hoy nos estaban vedadas se hallen a nuestro alcance. A la inversa, lo que llamamos una recesión —un crecimiento negativo del PIB— es sinónimo de desastre. Nos sorprenderíamos de ver hasta qué punto las sociedades avanzadas se sustentan en la esperanza de un crecimiento continuado: ¡cómo cambiarían nuestra visión del mundo, nuestra actitud hacia el trabajo y toda nuestra conducta si un día nos convenciéramos de haber alcanzado el techo de nuestra prosperidad material! No es exagerado decir que la creencia en un crecimiento sostenido es un factor de cohesión social en las sociedades industriales.

Y, sin embargo, el crecimiento económico tal como lo conocemos es un fenómeno muy reciente: no tiene más de doscientos años. El Cuadro 1.3 muestra cómo, durante la mayor parte de la historia documentada de la humanidad, ni la población ni el PIB crecieron de forma apreciable.

CUADRO 1.3. Crecimiento de la población, PIB y renta per cápita mundiales (años 1-1992)

FUENTE: A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics.

La primera columna del cuadro confirma que la economía mundial se mantuvo estacionaria durante los primeros mil años de nuestra era. Las estimaciones recogidas en el estudio de Maddison indican que la población era de 230 millones en el año 1, y de 268 millones en el año 1000; el PIB mundial, de 102 y 117 millones de dólares de 1990, respectivamente; y la renta per cápita, de 436 y 417 dólares. Que población y PIB se mantuvieran constantes durante tanto tiempo no quiere decir, naturalmente, que en el mundo no pasara nada. Sólo en nuestro entorno inmediato, el primer milenio de nuestra era comienza con el imperio de Augusto, y termina, un siglo después de las grandes invasiones que estuvieron a punto de liquidar los últimos restos de la civilización romana, con la consolidación de la cristiandad en Europa. En el otro extremo del mundo, el inicio del milenio ve la unificación del Celeste Imperio, mientras que el año 1000 corresponde a la época de disturbios que sigue al final de la dinastía T’ang. En aquella época, además, puede decirse que la economía mundial no existía más que como suma de cifras sin conexión alguna, ya que los países apenas si tenían contactos entre sí.

Estas cifras no dan, por sí solas, una idea adecuada de la magnitud de los cambios que supuso la Revolución Industrial: como resultado de la aceleración del crecimiento, entre 1820 y 1992 el PIB mundial se multiplicó por 40; el de EE.UU., por 464; la renta per cápita media del mundo se multiplicó por 8, por 13 la de Europa y por 18 la de EE.UU.; en el mismo período, la población mundial se quintuplicaba, y se multiplicaba por 27 en EE.UU.

Otra forma de apreciar los efectos del crecimiento es calcular las horas de trabajo necesarias, entonces y ahora, para fabricar un mismo producto; es decir, estimar la evolución de la productividad, que viene a ser el mejor indicador del progreso técnico. En general, la productividad ha ido aumentando en todas las actividades, pero de modo muy desigual, según si el producto era más o menos susceptible de ser fabricado en serie. Comparando los precios de catálogo de unos grandes almacenes de los años 1895 y 2000, el profesor J. Bradford DeLong estima que para comprar un piano de cola hoy hace falta el salario de la mitad de horas-hombre de un obrero medio que hace un siglo, mientras que las horas necesarias para adquirir una bicicleta han pasado de 260 a 7,2. (Cuadro 1.4).

Un ejemplo, minuciosamente calculado, da idea del potencial del progreso técnico para mejorar la existencia material de la humanidad. El economista norteamericano W. Nordhaus ha calculado la cantidad de luz producida por una bombilla eléctrica de 100 W de potencia encendida tres horas al día durante un año, que resulta ser la equivalente a la producida por 15.000 velas de cera. Para comprar esas velas, un obrero de principios del siglo XIX tenía que trabajar mil horas, es decir, medio año; hoy, una cantidad equivalente de luz se compra con el salario de diez minutos de trabajo. Es decir, ¡seis mil veces menos!

CUADRO 1.4. Evolución de la productividad, 1895-2000

FUENTE: J. Bradford DeLong, The Shape of Twentieth Century Economic History, manuscrito, 2000.

Sin embargo, estas cifras, más llamativas que las del primer cuadro, no bastan para abarcar los efectos del crecimiento, porque el PIB es sólo una medida muy rudimentaria de sus efectos: éstos a menudo adoptan la forma de nuevos productos y servicios, que se van incorporando a las estadísticas de modo muy imperfecto. En el año 2002, los alumnos de una escuela de secundaria de EE.UU. recibieron el encargo de vivir durante una semana como lo hubieran hecho en 1992, y se dieron cuenta de que se hallaban sin servicios que les parecían indispensables, como el acceso a internet y el correo electrónico. Podríamos decir que, si bien las necesidades básicas del hombre no parecen haber variado mucho desde sus orígenes, la Revolución Industrial ha creado nuevos deseos y una infinidad de nuevas formas de satisfacerlos, no siempre correctamente reflejadas o valoradas en el PIB. Así, ejemplos como los anteriores indican que, en general, las estadísticas tienden a subestimar el grado medio de prosperidad material alcanzado por los habitantes de cada país.

Lo anterior no constituye una apología del crecimiento: uno puede seguir pensando que hubiera sido preferible quedarnos en la Edad de Piedra. Pero no hay que ignorar los efectos favorables de ese crecimiento, y, sobre todo, el potencial que encierra para mejorar la condición material de la humanidad. Como se ha dicho con frecuencia, por primera vez en su historia la humanidad ha dejado atrás, al menos en potencia, el umbral de la necesidad.

Crecimiento y desigualdad

Si la Revolución Industrial se hubiera iniciado en todo el mundo a la vez y hubiera procedido al mismo ritmo durante dos siglos, el orden de las naciones sería hoy el mismo que entonces y, por consiguiente, las diferencias de renta que separan unos países de otros serían mucho menores. Naturalmente, sabemos que esto no ha sido así. Durante los dos últimos siglos, empezando por Europa occidental, las regiones del mundo fueron incorporándose a ese proceso de cambio; luego su crecimiento experimentó una fuerte aceleración, para moderarse más adelante. El Cuadro 1.5, donde el período 1820-1992 se subdivide en cinco subperíodos, cada uno con características propias, indica quiénes fueron los protagonistas en cada etapa:

CUADRO 1.5. Regiones de crecimiento más rápido, 1820-1992

* LATAM, América Latina.

** S.EU, Europa meridional según la clasificación de Maddison (Irlanda, España, Grecia, Portugal y Turquía).

FUENTE: A. Maddison, Monitoring the World Economy.

Desde el principio, EE.UU. tuvo un crecimiento más rápido que el de las economías europeas, y llegó a ser la mayor economía mundial hacia principios del siglo XX. Del cuadro se deduce también cómo el período de entreguerras fue especialmente próspero para algunas grandes economías latinoamericanas, principalmente las de Argentina y México. Por otra parte, las «décadas doradas» que siguieron al final de la segunda guerra mundial fueron aprovechadas, sobre todo, por economías como la española; el período siguiente, en cambio, está dominado por el inicio del período de apertura y reforma de la economía china.[2]

Una comparación entre el Cuadro 1.6 y el 1.1 (p. 21) muestra cuál ha sido el resultado de ese cambio desigual sobre el tamaño de las economías nacionales. Para empezar, el lector puede hacer el ejercicio de tratar de identificar las diez mayores economías del mundo —¡lo que no significa las más ricas!— en los inicios de la Revolución Industrial.

CUADRO 1.6. Las diez mayores economías del mundo en 1820

* % del total mundial.

NOTA: el PIB que sirve de base para los cálculos está valorado como en el Cuadro 1.1.

FUENTE: A. Maddison, Monitoring the World Economy.

Hay que recordar que, antes de la Revolución Industrial, la agricultura era la actividad principal de la economía, de modo que el PIB estaba determinado por la población y por la fertilidad de la tierra. De ahí que las grandes economías agrarias ocupen los primeros lugares del cuadro en 1820. El efecto de la diferencia de fertilidad se observa si se compara a China con Francia. China, con el 35,5 por 100 de la población mundial, produce sólo el 28,7 del PIB; en cambio Francia, con el 2,9 de la población, produce el 5,4 por 100 del PIB: la primera es más pobre, la segunda es más rica que la media. También se ve que en dos siglos el mundo ha sufrido grandes cambios políticos: eso explica que ni Austria ni España sean hoy lo que eran en 1820, o que Alemania e Italia, que no existían entonces, estén hoy entre las diez mayores economías del mundo.

Con la Revolución Industrial, debido sobre todo a la aparición de los motores térmicos —de vapor primero, de combustión interna más adelante— se multiplican los efectos del esfuerzo humano, alcanzando límites hasta entonces desconocidos. Se esfuma la estrecha relación entre población y PIB. Así, la mayor economía del mundo en 1992, EE.UU., produce el doble que la segunda —China— con una población cuatro veces y media inferior; la India, el segundo país más poblado del mundo, ocupa sólo el quinto lugar en la lista, por detrás de Alemania, cuya población es once veces menor. En aquellos países que participan en la Revolución Industrial desde el principio, el progreso técnico se traduce en un aumento sin precedentes de la productividad del trabajo. El resultado es que la distancia entre los niveles de renta de los países aumenta, casi sin cesar, desde los inicios del proceso. Así, en 1820, la más rica de las diez mayores economías (Reino Unido) tenía una renta per cápita cinco veces y media mayor que la más pobre (China); mientras que, en 1992, la renta per cápita de la economía más rica (EE.UU.) era dieciséis veces y media mayor que la de la más pobre (India).

Crecimiento y desigualdad son, pues, los dos rasgos centrales de la evolución económica de los dos últimos siglos, y el progreso técnico es lo que ha hecho posible tanto el enriquecimiento de muchos como la aparición de desigualdades sin precedentes entre los países. Es importante señalar que la existencia de estas desigualdades condiciona la evolución de las relaciones entre países, y constituye una fuente de inestabilidad potencial en nuestro mundo. Detengámonos un momento en ellas.

El Cuadro 1.7 recoge los niveles de renta per cápita según una clasificación más detallada que la del Cuadro 1.2. Los países calificados como de renta alta coinciden casi exactamente con lo que habíamos llamado economías avanzadas, y los de renta media y baja, que son el resto, con las economías emergentes. Aproximadamente la mitad de los habitantes del grupo de renta media y baja son de renta baja, y el último grupo corresponde a los países más pobres. Al dividir los países emergentes en grupos se acentúan los rasgos de desigualdad: los países de renta media y los de renta baja son iguales en población, pero estos últimos consumen seis veces menos que los de renta media, y la renta per cápita de los países más pobres es sólo el 6,6 por 100 del promedio mundial; éste corresponde a la renta per cápita de países como Polonia o México. Una clasificación más precisa muestra que los países más pobres tienen una renta per cápita casi sesenta veces menor que la de los países de renta alta. Y esto teniendo en cuenta que todavía estamos hablando de promedios: si empleamos estos datos como indicadores de la distancia que separa un habitante de un país de renta alta de otro de un país de renta baja, estamos suponiendo que todos los habitantes de un país tienen exactamente la renta media de ese país. Pero, como en los países más ricos hay individuos cuyos ingresos son muy superiores al promedio y en los más pobres hay quien tiene ingresos inferiores a la media, la distancia que separa a los individuos más ricos del mundo de los más pobres es aún muy superior a la que sugiere el cuadro anterior.

CUADRO 1.7. Estructura económica mundial en 2014

* Las cifras de PIB y R. p.c. se dan en dólares constantes de 2005 (valoradas a tipos de cambio oficiales del año 2005).

** Las cifras de Exportaciones se dan en dólares, precios corrientes. (HIPC sólo en dólares, precios corrientes, los otros grupos en dólares, precios constantes)

*** Todas las cifras en cursiva son porcentajes del total mundial, salvo en la última columna, donde son valores relativos a la renta media mundial. Así, 406 % indica que la renta media de los países de renta alta es 4,060 veces la media mundial.

**** Los HIPC (Highly Indebted Poor Countries, o países pobres muy endeudados) comprenden un total de 23 países, todos africanos con la excepción de Honduras, Bolivia, Guayana y Laos.

NOTA: Las economías de renta alta coinciden casi exactamente con las llamadas economías avanzadas del Cuadro 1.2.; las economías de renta media y baja, con las llamadas emergentes.

FUENTE: Banco Mundial, World Development Indicators (WDI), 2015.

Los datos también indican que pobreza y aislamiento suelen ir de la mano: así, la participación de los países de renta baja y de los más pobres en el comercio mundial es inferior a la que correspondería a su peso demográfico. Las exportaciones totales de los países más pobres son menos de un tercio de las de un país como España, cuya población es trece veces menor.

¿Qué hacer para reducir estas desigualdades? La historia nos sugiere una primera respuesta: hay que procurar que los países más pobres se incorporen al proceso de crecimiento seguido por los más ricos desde hace dos siglos, e imitado con éxito por otros que empezaron más tarde pero han podido ir más deprisa. Es, por consiguiente, lógico que la economía se preocupe de averiguar qué factores han hecho posible el crecimiento de los países ricos, y cómo esos factores pueden ser exportados, o trasplantados, a los países emergentes.

¿Cómo crecer?

La literatura que se refiere al crecimiento económico tiene dos vertientes, bastante separadas entre sí: por una parte, la llamada teoría del crecimiento; por otra, la economía del desarrollo. La primera adopta un lenguaje formalizado, aborda a menudo cuestiones sin ningún interés para el hombre de la calle, o para el político, pero construye un sólido armazón de conceptos que son una guía indispensable para el trabajo práctico. La economía del desarrollo, por el contrario, tiene un estilo más literario, se inspira más a menudo en casos concretos, emplea con frecuencia conceptos de otras disciplinas como la sociología o la antropología, y tiene la pretensión, no siempre cumplida, de constituir una ayuda práctica a quienes desean impulsar el desarrollo de un país o de una región. De vez en cuando surge alguien capaz de extraer lo mejor de ambas corrientes y contrastar lo que sugiere la teoría con lo que ocurre en la práctica. Afortunadamente para el lector, si bien los cultivadores de las dos primeras vertientes son tan numerosos como prolíficos, los pertenecientes a la tercera especie son pocos, y sus trabajos bastante asequibles.[3]

En los inicios de la Revolución Industrial se ponía el énfasis en la acumulación de capital —la inversión— como condición esencial del crecimiento, y en el ahorro como uno de los buenos hábitos de una sociedad; naturalmente, con una parte de razón, puesto que, como hemos visto, es el progreso técnico, incorporado por medio de las máquinas, lo que empieza a permitir el extraordinario aumento de la productividad que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Aquí conviene recordar que una sociedad que consume todo lo que produce no tiene recursos para invertir, es decir, para diseñar y construir esas máquinas. Asimismo, no tarda en hacerse evidente —después de algunas desafortunadas experiencias en países en vías de desarrollo, en los que enormes proyectos de inversión no llegan a fructificar— que no basta con invertir en máquinas: si éstas se instalan en el vacío, sin nadie que las opere, las repare y las vaya mejorando, y sin gente capaz de vender lo que esas máquinas producen, la inversión no sirve para nada. El capital físico debe estar complementado por capital humano; se trata, por tanto, de invertir en educación y en capacitación. Una vez más, los resultados de los proyectos inspirados en esta idea quedan por debajo de las expectativas: si bien en muchas ocasiones los proyectos de educación llegan a buen puerto, otros resultan estériles, cuando, por ejemplo, los maestros o los niños no acuden a la escuela o la gente con formación superior abandona su país de origen. De aquí surge una tercera moda, la de los incentivos. Según esta teoría de los incentivos, para que los niños acudan a la escuela, para que las mosquiteras para prevenir la malaria se distribuyan adecuadamente y no se conviertan en redes de pesca, y para que las personas con mejor formación ayuden a desarrollar su país en lugar de establecerse en países más ricos hacen falta incentivos adecuados, y éstos forman parte del marco en el que se desenvuelve la economía, es decir, de sus instituciones: nadie va a invertir si no está seguro de que su propiedad estará protegida por el Estado, ya sea a través de la policía, ya sea por medio de los tribunales; nadie va a tratar de desarrollar una nueva actividad si ve que la economía está dominada por un pequeño número de participantes que no quiere competencia. En este trayecto de lo económico a lo cultural ha habido algo más que una sucesión de modas. En el proceso se ha ido aprendiendo que el crecimiento no es un fenómeno mecánico, y que una economía no es una máquina. También se ha aprendido que, si bien es cierto que la economía de mercado es una buena herramienta para estimular el crecimiento, para que sea eficaz necesita un marco adecuado de normas y actitudes, en cuya ausencia el choque de intereses individuales lleva, sencillamente, al caos.

También hemos aprendido algo sobre la relación entre progreso técnico y población. No hay que imaginar que la técnica no evolucionó hasta la Revolución Industrial: porque, si bien es cierto que las máquinas térmicas son una invención del s. XIX, la mayor parte de las herramientas de uso corriente hoy son mucho más antiguas. Algunas proceden, sin cambios, de los egipcios; otras, de los romanos, y otros grandes inventos —el arnés para los animales de tiro, el estribo, la brújula, el carro o el papel— llegan desde China en el transcurso del primer milenio.[4] Sin embargo, hasta la Revolución Industrial, los aumentos de productividad obtenidos mediante el progreso técnico eran absorbidos, al poco tiempo, por aumentos en la población. Es decir, el crecimiento de la productividad ampliaba la frontera demográfica, y el aumento de la población, a su vez, agotaba las nuevas posibilidades sin dejar apenas margen para un aumento de la renta per cápita. Con la Revolución Industrial, y por razones no bien conocidas, la evolución demográfica cambia: en primer lugar, algunos adelantos de la medicina —vacunas e higiene, entre otros— reducen la mortalidad, en especial la mortalidad infantil, y la población empieza a crecer; pero, una generación más tarde, es la fertilidad la que desciende, de modo que al cabo de los años el crecimiento de la población vuelve a detenerse, con la diferencia de que, antes, tanto la mortalidad como la natalidad eran altas, y ahora ambas son bajas. Esto es lo que se llama la transición demográfica, experimentada por todos los países avanzados y por muchos emergentes. No se sabe muy bien a qué se debe esa transición: algunos sugieren que los cónyuges tienen una idea del tamaño deseado de la familia y que tardan en ajustar el número de nacimientos a la reducción de la mortalidad infantil; otros apuntan a los efectos de la urbanización; y otros opinan que, en presencia de mayores oportunidades de educación —de inversión en capital humano—, los padres eligen tener menos hijos y dedicar más recursos a la formación de cada uno de ellos. Sea como fuere, el resultado es que, entre mediados del siglo XX y principios del presente, hemos pasado del temor a una explosión demográfica a la preocupación por el envejecimiento de la población.

El largo y el corto plazo, la oferta y la demanda

Este primer capítulo ha estado dedicado a una descripción de la economía mundial desde una perspectiva particular: la del largo plazo. Ni el crecimiento, ni la distribución de la renta, ni la demografía son cosas que se muevan muy deprisa. Incluso en el mundo cambiante de hoy —no digamos ya hace mil años— la economía del año que viene será muy parecida a la de hoy; sabemos mucho de lo que puede ser la población durante los próximos veinte años, aunque tengamos serias dudas sobre lo que pueda ocurrir hacia el año 2300; ni Europa adelantará a EE.UU. durante los próximos cinco años, ni nosotros escalaremos muchos puestos en la distribución de la renta de nuestro país en las próximas semanas. Esto no quiere decir, claro está, que se trate de asuntos sin importancia. Al contrario, son, en cierto modo, los verdaderamente importantes. Además, hay que tener en cuenta que, del mismo modo que cambian muy lentamente, también tienen una gran inercia, por lo que, si no es fácil acelerarlos, es imposible detenerlos: uno ha de estar atento y mirar a lo lejos, si quiere poder influir en ellos.

En este horizonte a largo plazo dominan los factores de la oferta. Preguntémonos, por ejemplo, por qué un país que está creciendo al 5 por 100 anual no podría crecer, pongamos, al 10 por 100, y alcanzar así a los más ricos del mundo en poco tiempo. Quizá sea por falta de fondos para invertir en capital, por escasez de mano de obra cualificada —o de técnicos—; por no tener dinero para comprar combustibles... en una palabra, por la falta de disponibilidad de algún recurso; esa disponibilidad es lo que llamamos la oferta de recursos, y es a lo que nos referimos cuando decimos que el largo plazo está dominado por la oferta.

Pero no todos los problemas de una economía son de esta clase. Imaginemos ahora las angustias de un ministro de Hacienda —o de un presidente de Gobierno, si decide ocuparse de estas cosas— al pensar que el año que viene puede venir una recesión, es decir, una caída del PIB. ¿Qué puede hacer para evitarlo? Pensará en animar el consumo privado bajando los impuestos; en estimular la inversión, rezando para que el Banco Central baje los tipos de interés; o tal vez pensará en un programa de choque de obras públicas que aumente el gasto público. En una palabra, nuestro ministro pensará en aumentar el gasto, o, lo que es lo mismo, la demanda; y no se preocupará en absoluto por las consecuencias de sus actos dentro de diez años. En el corto plazo, pues, lo que marca el límite del crecimiento no es la oferta, sino la demanda. Es decir, si por la razón que sea la gente gasta menos —si la demanda disminuye—, la producción no tardará en caer, y si la situación persiste, se resentirá el empleo.

No puede decirse que los problemas del análisis de corto plazo sean más importantes, o más interesantes, que los que atañen a largo plazo; en realidad, uno debiera estar pensando más en los segundos, ya que, como hemos visto, son los problemas de fondo los que acaban conformando nuestra historia. Sin embargo, es cierto que los primeros resultan más apremiantes y, todo hay que decirlo, al abordarlos el economista se siente nadar en aguas más seguras. Dejaremos, pues, el largo plazo durante los próximos capítulos para volver a él hacia el final de esta obra.

Notas de lectura

Los trabajos que ofrecen una perspectiva temporal muy dilatada resultan especialmente interesantes cuando se habla del crecimiento económico. Entre ellos destacan los de Angus Maddison, Monitoring the World Economy, 1820-1995, 1995, y The World Economy: A Millenial Perspective, 2001. El trabajo de William Easterly, The Elusive Quest for Growth: An Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics, 2002, trata del papel de las instituciones multilaterales, especialmente en el Banco Mundial, en el desarrollo. La referencia al precio de la luz está tomada del trabajo de W. Nordhaus, «Do Real Output and Real Wages Measures capture Reality? The History of Lighting suggests not», 1994. Hay que citar, por último, la obra de D. Acemoglu y J. Robinson, Por qué fracasan los países, 2013.

Capítulo 2

LAS CUENTAS DE UNA ECONOMÍA

No puedo decir que durante los cinco años que siguieron me ocurriera nada extraordinario: seguí viviendo del mismo modo, en el mismo lugar y en la misma posición que antes; mis principales ocupaciones eran las labores anuales de plantar mi cebada y mi arroz, secar mis pasas, de las que siempre mantenía una provisión equivalente a las necesidades de un año, y la tarea diaria de salir a cazar con mi escopeta; me empeñé además en construir una canoa.

DANIEL DEFOE, Robinson Crusoe, 1719

El flujo circular

En el primer capítulo hicimos uso del PIB —el Producto Interior Bruto— como medida del tamaño de una economía, sin dar de él una definición en toda regla, porque no hacía falta: todos tenemos la idea, más o menos confusa pero acertada, de que el PIB mexicano del año 2000 es lo que se produjo en México en ese año. Ahora hace falta entrar en el detalle, no para cargarnos de erudición, sino para familiarizarnos con el funcionamiento de una economía como la nuestra.

La economía más sencilla posible se compone de familias y empresas.[1] Las familias son, directa o indirectamente, las propietarias de los activos de la economía que producen rentas: de sus tierras, edificios y empresas (si son accionistas de ellas); venden sus servicios a las empresas: les arriendan sus tierras a cambio de una renta, les alquilan sus edificios, les prestan su dinero a cambio de un interés y, sobre todo, trabajan para ellas a cambio de un salario. Todas esas transacciones se realizan en lo que llamamos mercado de servicios productivos que, naturalmente, no es un mercado, sino muchos mercados distintos. Por su parte, las empresas utilizan los servicios ofrecidos por las familias como factores de producción; los organizan y combinan con materias primas para producir bienes y servicios. Una pequeña parte de los bienes producidos —las máquinas— son para su propio uso; el resto está destinado a la venta a las familias. Éstas acuden al mercado de bienes finales[2] a comprar lo necesario para su consumo, y pagan sus compras con la remuneración que han percibido de las empresas; éstas, a su vez, emplean los ingresos percibidos por sus ventas para pagar a las familias en la siguiente ronda de producción. La Figura 2.1 es una representación gráfica de esta economía.

Aunque no lo parezca, este esquema tan sencillo captura algunos de los rasgos esenciales de una economía de mercado: en la práctica, la mayor parte de los activos productivos de una economía son de propiedad privada, la totalidad del trabajo empleado por las empresas ha sido contratado a las familias, la mayor parte de los bienes y servicios producidos se destinan al consumo privado y, por último, la economía de un país es, a grandes rasgos, un sistema cerrado como el de la figura. El flujo que circula entre familias y empresas a través de los mercados permanece constante a lo largo de todo el circuito: nada se crea y nada se destruye en esta economía, de tal modo que los bienes y servicios que circulan, que constituyen lo que llamamos el Producto Interior Bruto, pueden ser medidos en cualquier punto del circuito, y su valor ha de ser siempre el mismo.

FIGURA 2.1. El flujo circular.

Si se mide el flujo a la entrada de las familias, el resultado es la renta nacional: la suma de salarios, alquileres, rentas, intereses y dividendos percibidos por los ciudadanos en tanto que vendedores de servicios productivos. Medido a la entrada del mercado de bienes, el flujo representa la suma de las órdenes de compra que llegan al mercado. La mayor parte de esas órdenes proviene de las familias, y corresponde a las compras de bienes de consumo; el resto proviene de las empresas, y corresponde a las compras de bienes de inversión; la suma de ambas clases de órdenes suele llamarse demanda agregada, o gasto total, de la economía. Si medimos el flujo a la salida de las empresas, éste expresa el valor de la suma de bienes producidos por las empresas, es decir, el Producto Interior Bruto al que nos referimos más arriba. La figura nos indica que la diferencia entre renta, demanda y producción es sólo de perspectiva: los tres conceptos miden lo mismo.

Este esquema recuerda también que la economía de un país no es como una empresa: ésta es un sistema abierto, que toma elementos del mundo exterior, los transforma en productos y vuelve a lanzarlos al exterior al venderlos. Un ejemplo puede ilustrar la diferencia entre ambos tipos de sistemas. Si un empresario reduce los salarios de sus empleados, o despide a parte de ellos para ahorrar costes, no pensará que sus ventas vayan a disminuir: sus empleados no son necesariamente sus clientes. En cambio, si en una economía disminuyen los salarios de los trabajadores, éstos reducirán sus gastos: caerá el consumo, es decir, la demanda agregada, y las ventas del conjunto de las empresas. Así vemos cómo, en la economía de un país, productores y consumidores, empleados y clientes, coinciden: es un sistema cerrado.[3]

El ahorro y la inversión

Trataremos ahora de añadir algo más de detalle. En el esquema de la Figura 2.1 parecía que las familias consumieran toda su renta, y las empresas sólo produjeran bienes de consumo. Naturalmente, esto no es así: las familias consumen una parte de su renta, y ahorran la mayor parte del resto. La mayoría de ese ahorro va a parar, de una forma u otra, al sistema financiero. Por su parte, las empresas acuden al sistema financiero para obtener los fondos necesarios para ampliar su capacidad de producción, mejorar la calidad de su maquinaria o desarrollar nuevos productos, es decir, para financiar gran parte de sus inversiones. Vemos así cuál es el papel del sistema financiero: éste permite conciliar el deseo de las familias de reservar parte de su renta para el futuro —el ahorro— con los planes de las empresas, que quieren recursos hoy para poder producir más o mejor mañana.[4]

FIGURA 2.2. El ahorro y la inversión.

La Figura 2.2 incorpora estos nuevos elementos: si ahora medimos las entradas y salidas en las familias, obtenemos que la renta nacional (las entradas) es igual a la suma de consumo y ahorro (las salidas); por consiguiente,

Renta nacional = consumo + ahorro.

Si nos situamos en el mercado de bienes y servicios y sumamos las órdenes de compra que llegan a él para obtener, como antes, la demanda agregada, vemos que parte de esas órdenes corresponden a gastos de consumo, y el resto a gastos de inversión. Por consiguiente,

Demanda agregada = consumo + inversión.

Pero esas órdenes de compra son, como ya hemos visto, iguales a lo que entra en el mercado de bienes, es decir, al PIB, y el valor del PIB ha de ser igual al valor de las remuneraciones percibidas por las familias, es decir, a la renta nacional. Si tanto la demanda agregada como la renta nacional son iguales al PIB, también serán iguales entre sí:

Renta nacional = consumo + ahorro = consumo + inversión = Demanda agregada.

Es decir, ya que el consumo es el mismo en ambos casos,

Ahorro = Inversión.

Esta igualdad entre el ahorro y la inversión es lo bastante importante como para que nos entretengamos un poco en ella. Se trata primero de entender su significado en un ejemplo sencillo, para trasladarlo luego a una economía como la de la Figura 2.2.

Robinson Crusoe es el gran amigo del economista, porque su economía es la más sencilla posible. Solo en su isla, Robinson pasa la mayor parte de su tiempo procurándose lo necesario para su sustento; mediante un esfuerzo incesante logra mantener una dieta equilibrada, como indica el encabezamiento de este capítulo; su renta es, naturalmente, idéntica a su producción, y ésta a su consumo.

Un día, a Robinson se le ocurre fabricar una escalera que le permitirá alcanzar los cocos de las palmeras, en lugar de esperar a que caigan al suelo. Eso hará posible que aumente su consumo de cocos (o que coma los mismos, pero disfrute de más tiempo libre). Pero procurarse una escalera lleva tiempo: Robinson calcula que tardará tres días, trabajando de sol a sol, en construirla. Como durante esos tres días no podrá dejar de comer, antes de empezar la construcción deberá haber acumulado una cantidad de alimentos suficiente para alimentarse durante esos tres días: deberá ahorrar —consumiendo sólo una parte de su renta— para financiar su inversión. Esto corresponde a la intuición popular: para aumentar la capacidad de producción —para invertir— hay que ahorrar primero. Los recursos necesarios para la inversión han de provenir de renta no consumida, es decir, ahorrada: éste es el significado de la igualdad ahorro-inversión en el caso más sencillo posible.

En una economía como la nuestra se presenta una primera complicación: Robinson decidía a la vez cuánto ahorrar y cuánto invertir, pero en nuestra economía las decisiones de ahorro y las de inversión las toman personas distintas, y no se consultan unas a otras antes de tomarlas. Así, cuando un padre de familia decide cuánto va a ahorrar en un año, no pregunta antes a un empresario amigo suyo cuánto tiene éste pensado invertir; en el otro extremo, las empresas toman sus decisiones de inversión sin preocuparse por los planes de ahorro de las familias. Y, sin embargo, acabamos de ver que al final del año, cuando se hagan las sumas, la cifra de ahorro coincidirá con la de inversión.¿Cómo es eso posible? ¿Qué mano oculta ha conseguido que la suma de millones de decisiones de ahorro coincida con la de miles de decisiones de inversión? El cuadro siguiente nos ayudará a desvelar el misterio:

CUADRO 2.1. La igualdad ahorro-inversión (en miles de millones de euros)

En el año 1, el valor de la producción total es de 100 mM de euros, lo que coincide con la renta percibida por las familias en concepto de salarios, intereses, dividendos y demás. Por su parte, las empresas han producido bienes de consumo por valor de 60 mM de euros, y bienes de inversión —maquinaria— por valor de 40; como las familias han decidido ahorrar 40, sus gastos de consumo coincidirán con el valor de los bienes de consumo producidos por las empresas; la parte no consumida de la renta (40) coincide con la suma de recursos que las empresas necesitan para adquirir los bienes de inversión producidos (40). Naturalmente, el ahorro es igual a la inversión. Todo está en orden.

En el año 2, las empresas no han considerado oportuno cambiar de planes, ya que sus previsiones para el año 1 se han cumplido, pero los consumidores se han vuelto más cautos: por alguna razón, han decidido consumir menos (50 mM de euros en lugar de 60) y, naturalmente, ahorrar más. Si el ahorro ha aumentado, debe haber aumentado la inversión al final del año 2, y esto es lo que nos dice la segunda fila del cuadro: la inversión ha aumentado de 40 a 50, para igualar al ahorro. Parece que todo vuelve a estar en orden, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? La respuesta nos la da la inversión. En el año 1, la cantidad invertida por las empresas (40) era exactamente la que tenían previsto invertir, y en el año 2 no: las empresas han producido bienes de consumo por valor de 60 como en el año anterior, pero sólo han vendido 50, los que han decidido consumir las familias; los restantes, por valor de 10 mM de euros, han vuelto a sus almacenes, bajo la forma de inversión en inventarios. Así, la inversión ha aumentado hasta 50, pero ese aumento de 10 mM de euros no estaba previsto por las empresas. Mientras que en el año 1 todos los planes se han cumplido, en el año 2 esto no es así. Si el año 1 puede repetirse indefinidamente, porque nadie tiene motivos para variar su comportamiento, el año 3 no será igual al año 2: al ver frustrados sus planes, las empresas reaccionarán. Durante el año 3, si creen que el descenso del consumo es transitorio, quizá decidan liquidar sus existencias a precios de saldo; si consideran que es permanente, quizá reduzcan su capacidad cerrando líneas de producto y reduciendo su plantilla; lo que es seguro es que algo harán; aunque al final del año 3 la inversión seguirá siendo igual al ahorro, la economía no estará donde estaba al final del año 2. Un economista dirá que en el año 1 la economía estaba en equilibrio, y en el año 2, no. Y una economía que no está en equilibrio se mueve en alguna dirección. Pero para el lector el concepto de equilibrio no es tan importante como las tres ideas implícitas en nuestro ejemplo.

La primera es que no basta con mirar los datos para hacerse cargo del estado de una economía. Lo que hace que la economía se mueva es el hecho de que los datos no coincidan con lo que los agentes —las empresas en nuestro ejemplo— habían previsto: es difícil prever lo que hará una economía sin tener una idea de lo que los agentes esperan, de sus planes, ya que es la comparación entre los planes y la realidad lo que pone la economía en movimiento. Por consiguiente, como sabe cualquier jugador de Bolsa, para prever lo que ocurrirá hay que tener en cuenta lo que la gente piensa que va a ocurrir, algo completamente innecesario en el estudio de un sistema físico, ya que la materia inerte ni piensa ni espera nada; algo probablemente de dudoso interés en botánica o en zoología, pero indispensable en economía. Esta necesidad de incorporar las expectativas al análisis añade dificultades al estudio de la economía que uno no encuentra en las ciencias de la naturaleza, y que han hecho dudar a muchos de la posibilidad de construir una ciencia económica —o cualquier ciencia social— según el modelo de las ciencias naturales.

La segunda idea es que, si bien es inevitable que desajustes como los del ejemplo anterior se produzcan continuamente, ya que las decisiones se toman de forma independiente por parte de familias y empresas, una economía de mercado tiene medios de avisar cuando esos desajustes superan cierto umbral. Así, cuando las familias deciden consumir menos, es probable que los precios de los bienes de consumo terminen por caer, seguramente porque las empresas tratarán de deshacerse de sus existencias —la inversión no prevista— liquidándolas a precios de oferta; estos precios inferiores de los bienes de consumo harán que su producción resulte menos atractiva, y las empresas, en cuanto puedan, abandonarán la fabricación de bienes de consumo y se dedicarán a otros negocios. Vemos, pues, cómo, en una economía de mercado, los precios son las señales que transmiten a las empresas las preferencias de los consumidores, orientando así la asignación de los recursos.

La tercera idea es que, si bien los precios ayudan a eliminar los desequilibrios entre oferta y demanda, el proceso no es ni perfecto ni instantáneo: en ocasiones los precios suelen subir con facilidad, como veremos al hablar de la inflación, otros se resisten con obstinación a bajar. Como veremos al hablar del desempleo, los salarios son un ejemplo de ello. Otros precios están fijados por ley y, en otros casos, las empresas consideran que la caída de la demanda es transitoria y prefieren mantener sus precios antes que bajarlos para luego volverlos a subir. En todos estos casos, los desajustes entre la realidad y las expectativas pueden durar mucho tiempo, y es precisamente esa persistencia, o esa inercia, la principal justificación de la existencia de políticas económicas activas, como la monetaria o la fiscal, que tratan de suavizar las consecuencias de esos desequilibrios.

El Estado y el sector exterior

En la Figura 2.2 falta añadir el Estado y el sector exterior para lograr un esquema que se parezca un poco más a las economías que conocemos; la Figura 2.3 los incorpora.

El Estado ocupa el centro de la figura porque el sector público interviene, en mayor o menor medida, en la marcha de toda la economía. Por una parte, modifica la renta disponible de las familias restando de las remuneraciones percibidas por su contribución al proceso productivo los impuestos directos (el IRPF en nuestro caso) y añadiendo las transferencias (prestaciones de desempleo, pensiones, ayudas familiares); hace algo parecido con las empresas, restando de sus ingresos los impuestos directos (Impuesto de Sociedades en nuestro caso) y añadiéndoles transferencias (ayudas y subvenciones). Por otra, gasta parte de los ingresos obtenidos en la compra de bienes y servicios (desde ordenadores hasta servicios de restauración), directa o indirectamente, a través de agencias como la Sanidad pública; otra parte la emplea en inversión, por ejemplo en infraestructuras públicas; y también acude al mercado de servicios productivos para contratar personal. Por último, cuando el Estado gasta más de lo que ingresa —cuando el presupuesto presenta un déficit— pide prestado lo que le falta, endeudándose con el sistema financiero o emitiendo títulos de deuda pública y colocándolos entre las familias. En las raras ocasiones en que ingresa más de lo que gasta —cuando sus cuentas presentan un superávit—, suele invertir la diferencia a través del sistema financiero (las líneas correspondientes han sido omitidas en la figura, para no hacerla ilegible).

FIGURA 2.3. El esquema completo: flujo de pagos.

En el mercado de bienes, parte de las órdenes de compra que allí llegan proviene de familias y empresas de otros países, que se añaden a la demanda de nuestras familias y empresas —la demanda interna— y por las que nuestra economía percibe unos ingresos que denominamos exportaciones. Del mismo modo, parte del gasto de nuestras familias y empresas se dirige hacia bienes y servicios producidos en otros países; se realiza, pues, fuera de nuestro mercado, y da lugar a unos pagos que denominamos importaciones. La diferencia entre exportaciones e importaciones se llama a veces saldo exterior, a veces saldo por cuenta corriente: hablamos de un déficit exterior cuando las exportaciones son menores que las importaciones, y de un superávit en caso contrario. Antes de proseguir, vale la pena aclarar el papel del saldo exterior en una economía, pues uno tiende a pensar que un déficit es malo y un superávit bueno, cuando esto no tiene por qué ser así.

Volvamos a la isla de Robinson, en un momento posterior a la aparición de Viernes. Imaginemos que ambos se han repartido el trabajo, de modo que Robinson se ha especializado en la pesca y Viernes en la recolección de cocos, y que han decidido intercambiar cada coco por un pescado. Supongamos que, al final de un día cualquiera, Robinson le ha vendido 3 pescados a Viernes, y ha recibido a cambio 2 cocos: Viernes le ha quedado a deber un coco, lo que no importa, porque entre ambos hay confianza. Robinson tiene un superávit por cuenta corriente frente a Viernes, ya que, de los 3 pescados producidos para la venta, sólo ha gastado el equivalente de 2, en forma de cocos recibidos de Viernes; ha ahorrado el equivalente del tercer pescado, que le ha prestado a Viernes. Éste, por su parte, presenta un déficit de un coco en su cuenta corriente, ya que ha producido 2 cocos para la venta y ha recibido 3 pescados a cambio. Ha podido disfrutar de 3 pescados y de 1 coco más de los que hubiera tenido si su saldo exterior hubiera estado equilibrado: es el ahorro de Robinson el que permite a Viernes consumir más de lo que ha producido. Siguiendo este razonamiento, si Viernes quiere invertir en construir una escalera, puede mantenerse mientras la construye recibiendo de Robinson pescados a crédito, en exceso de los cocos que él le entrega, bajo la promesa de devolvérselos más adelante, es decir, manteniendo con Robinson un déficit por cuenta corriente. Por su parte, Robinson mantiene un superávit, que corresponde a un ahorro por su parte —es decir, consume menos de lo que produce— que está financiando la inversión de Viernes. La observación que sigue resulta muy importante, porque parece ir contra el sentido común y, sin embargo, es cierta: el déficit exterior es una fuente de recursos que puede servir para financiar la inversión; por el contrario, quien mantiene un superávit exterior está financiando con su ahorro el consumo o la inversión del resto del mundo.

Volviendo al mundo real, observamos que la Unión Europea mantiene un superávit por cuenta corriente con EE.UU.: vende a EE.UU. más de lo que le compra, y recibe la diferencia en forma de promesas de pago, no ya de palabra, como en el caso de Viernes, sino materializadas en billetes de banco, pagarés o letras, pero no en bienes y servicios. Así, la Unión Europea ha gastado menos de lo que ha producido, mientras que en EE.UU. está ocurriendo lo contrario. Mientras las promesas de pago no se ejecuten —es decir, mientras no gastemos nuestros dólares comprando bienes procedentes de EE.UU.—, estaremos financiando el consumo o la inversión de EE.UU. con parte de nuestro ahorro. Así, el déficit exterior tiene la naturaleza de un préstamo recibido del resto del mundo, y será bueno o malo según lo gastemos bien o mal, porque hay que devolverlo. Si nos lo gastamos en consumo, habremos de apretarnos el cinturón cuando llegue el momento de devolverlo; si lo invertimos bien, podremos devolverlo con creces. En esto, un país se parece a una empresa o a una persona física.

Una vez aclarado el papel del sector exterior en las cuentas nacionales podemos volver a la Figura 2.3 para buscar, como hicimos antes, la relación entre ahorro e inversión. Si atendemos a las entradas y salidas en el mercado de bienes, obtenemos, como antes, la demanda agregada según los diversos orígenes del gasto:

Demanda agregada = consumo + inversión + gasto público + exportaciones – importaciones.[5]

La renta de las familias es, como antes, el valor del PIB, pero aumentado ahora por las transferencias recibidas; y esa renta se emplea en consumo, en ahorro o en el pago de impuestos directos:

PIB + transferencias = consumo + ahorro + impuestos directos.

Podemos escribir la expresión anterior como:

PIB = consumo + ahorro + impuestos – transferencias.

Al igual que en el caso anterior, el Producto Interior Bruto es igual a la demanda agregada; igualando la primera expresión con la última y reordenando un poco los términos, resulta:

Inversión = ahorro + (impuestos – gasto público – transferencias) + (importaciones – exportaciones).

El lector no debe fijarse en el álgebra —puede estar seguro de que es correcta— sino en el significado de esta expresión, que es de gran importancia. Nos indica que la inversión se financia con recursos procedentes de tres fuentes: la primera es el ahorro privado, como antes; la segunda —el primer término entre paréntesis— es el ahorro público. En efecto, la diferencia entre los impuestos y los gastos y transferencias es el exceso de lo que el Estado ingresa sobre lo que gasta, que es lo que, como en el caso de las familias, llamamos ahorro. La tercera —la diferencia entre importaciones y exportaciones— es el ahorro exterior, el déficit por cuenta corriente, que, como acabamos de ver, es una fuente de recursos para la inversión.

La expresión anterior nos hace ver que un mayor déficit público detrae recursos para la inversión igual que un mayor consumo privado; o que es posible mantener un elevado nivel de inversión con un bajo nivel de ahorro, siempre que el resto del mundo ahorre por nosotros y nos permita mantener un déficit por cuenta corriente. Así, en EE.UU., el nivel de inversión ha permanecido relativamente constante, pese a que el ahorro público se ha vuelto negativo —las cuentas públicas han pasado de superávit a déficit— y el ahorro privado ha alcanzado cifras muy bajas.

Este esquema de las cuentas nacionales es muy rudimentario, pero basta para seguir la marcha de la economía con las estadísticas habituales; antes de ilustrar los conceptos básicos con algunos datos que les den vida, introduciremos algunas complicaciones, de las que el lector podría prescindir en circunstancias normales, pero que le resultarán útiles cuando se trate de comprender lo que son las crisis.[6]

Tiempo, dinero, incertidumbre

Nuestro esquema del flujo circular presenta una imagen idílica de lo que es una economía: los años se suceden unos a otros, las decisiones de unos y otros encajan entre sí, aunque quizá con pequeños desajustes temporales que se van compensando; pensándolo bien, el esquema es una buena descripción de una economía estacionaria: los factores cedidos por las familias van a producir bienes que son consumidos por las familias; los bienes son casi los mismos de un año a otro, y las cantidades producidas varían muy lentamente, salvo en caso de guerra o de catástrofe natural. Se trata, en realidad, de una descripción de lo que ha sido la economía de toda la humanidad a lo largo de casi toda su historia conocida: como vimos en el capítulo anterior, el crecimiento económico es un fenómeno muy reciente. Sin embargo, esta descripción, que aún recogen nuestros manuales, no se ajusta a lo que ocurre en las economías industriales en tres aspectos tan importantes, que ignorarlos hace muy difícil ver lo que de verdad ocurre en ellas.

El primero tiene que ver con el tiempo: en nuestro esquema, la economía parece partir de cero el primer día de enero; o, si se quiere, no nos preguntamos qué ocurre en ella pasado el último día de diciembre. En realidad, sin embargo, quienes gasten más de lo que ingresan llegarán a final del año endeudados, mientras que otros, que habrán gastado menos de lo que ingresaban, habrán acumulado riqueza en forma de derechos frente a sus deudores. Sólo por este hecho, la conducta de unos y otros puede ser distinta al año siguiente de lo que fue este año: los primeros pueden decidir gastar menos para reducir su deuda; los segundos pueden decidir gastar más, pero también pueden decidir seguir acumulando riqueza. Dicho de otro modo, no nos basta saber lo que ha ocurrido hoy para prever cómo se comportará la gente mañana: es necesario saber algo de su historia pasada. Además, si los despilfarradores persisten en gastar más de lo que ganan, puede ocurrir que los ahorradores se nieguen a seguir financiándolos, y que ello cause de una brusca caída del consumo, aunque nada haya pasado en la «economía real» de nuestro flujo circular. Nuestro esquema se limita a considerar el presente, el flujo de bienes y servicios que circula por la economía en un momento dado: no registra las variaciones de la riqueza que resultan de las diferencias entre ingresos y gastos a lo largo de varios períodos. Como veremos al tratar de las crisis, esos movimientos en el plano financiero tienen una influencia a veces determinante sobre lo que ocurre en la economía real.[7]

Volvamos por un momento a considerar el ahorro y la inversión. Ya hemos visto que ahorradores e inversores toman sus decisiones por separado; pero hay más: los ahorradores no suelen comprar bienes de inversión (máquinas o carreteras) con sus ahorros, sino activos financieros: depósitos bancarios, títulos de deuda pública u obligaciones privadas o, como máximo, acciones de empresas; es el sector financiero el que hace llegar el dinero de los ahorradores a la caja de las empresas, para que éstas puedan producir los bienes de inversión que necesitan. Los inversores, que se endeudan para invertir, procurarán que esa deuda se ajuste a sus necesidades: si esperan que su inversión empiece a rendir a los cinco años, tratarán de endeudarse por cinco años, no por tres meses; los ahorradores colocarán su dinero en activos (deuda de bancos y empresas) que se ajusten tambien a sus necesidades: no es lo mismo ahorrar para cambiar de coche que para completar la pensión de jubilación. Esta diversidad de necesidades y de preferencias está en el origen de la gran variedad de instrumentos financieros que uno puede encontrar en nuestros mercados.

Por sí sola, no obstante, semejante variedad no introduce una complicación esencial en nuestro esquema. Supongamos que las familias, en su conjunto, deciden ahorrar más. Es lícito suponer que lo hacen por el deseo de disponer de mayor renta en el futuro (¿para qué ahorrar, si no?); querrán, por consiguiente, que sus ahorros vayan a producir bienes que generen un rendimiento que pueda compensarles; es decir, que sean empleados en la producción de bienes «productivos» (camiones, hoteles o edificios de oficinas). Naturalmente, el mayor ahorro de las familias supondrá una menor venta de bienes de consumo; tarde o temprano una caída en su producción, y seguramente un menor empleo de trabajadores en el sector de bienes de consumo. Pero al mismo tiempo la mayor demanda de bienes de inversión será causa de una mayor producción de esos bienes, de modo que, tras un período de ajuste, los recursos liberados por el sector de consumo se verán empleados en el de bienes de inversión. En pocas palabras: un aumento del ahorro no tiene por qué causar un aumento del paro. Una economía de mercado libre de interferencias oscila siempre en torno al pleno empleo.[8]

Pero —aquí viene la complicación— las familias pueden decidir mantener parte de sus ahorros en dinero. En seguida veremos por qué; pero antes preguntémonos por las consecuencias de esa decisión. El mayor ahorro provocará, como antes, una menor demanda de bienes de consumo; pero, a diferencia de lo que ocurría en ausencia de dinero, esa menor demanda no se verá compensada por una mayor demanda de bienes de inversión: el Banco Central o los bancos comerciales son quienes crean el dinero, y para ello necesitan más recursos que papel y tinta, de modo que ahora los recursos liberados por el sector de bienes de consumo no serán reclamados por el sector de bienes de inversión: si no ocurre nada, quedarán desocupados. Ya no hay razón para suponer que la economía se ajusta automáticamente al pleno empleo de sus recursos.

Pero ¿no es ésta una situación artificial? ¿Por qué iba uno a mantener sus ahorros en dinero, que no rinde nada, y no en activos, que producen una renta, un interés o un dividendo? Aquí interviene la tercera complicación: la incertidumbre. En circunstancias normales, cuando uno mira al futuro, algunos sucesos se le antojan como casi seguros, otros como probables, otros como muy improbables, otros como prácticamente imposibles, y uno suele basar sus decisiones pensando que sucederá lo que considera más probable; sabe que tiene cierta probabilidad de equivocarse, y en esa probabilidad radica el riesgo de su decisión. Pero puede ocurrir que, frente a una decisión muy grave, o irreversible, o en momentos muy excepcionales para los que no encuentra precedente, se dé cuenta de que no sabe qué pasará: que no puede predecir el futuro de ninguna manera. Si ése es el caso, el sujeto se enfrenta, no al riesgo, sino a la incertidumbre. La distinción tiene mucha importancia, porque, en situaciones de incertidumbre, el dinero tiene una propiedad que le distingue de todos los demás activos: es el único con el que uno puede, con toda seguridad, saldar una deuda, ya que, en la inmensa mayoría de los casos, nuestras obligaciones están expresadas en términos de dinero, y el dinero es moneda de curso legal, es decir, de aceptación obligatoria. En los momentos difíciles, el dinero es el único activo verdaderamente líquido, y esta característica lo diferencia de todos los demás.

Resumamos: hemos introducido en nuestro flujo circular tres complicaciones que lo hacen menos bucólico, pero mucho más parecido a las economías que conocemos. No se trata de complicaciones rebuscadas: fue la combinación de estas tres (una enorme acumulación de deuda en algunos sectores, la desorientación que sembró en el sector bancario el asunto de las hipotecas de mala calidad y la súbita afición por el dinero líquido que se apoderó de todo el mundo como consecuencia de esa incertidumbre) la que proporciona el punto de partida para el análisis de la crisis financiera actual en el Capítulo 10.

La economía en datos

En el esquema del flujo circular de la Figura 2.1 podía uno apreciar cómo era posible medir el PIB de una economía en distintos puntos del circuito, de modo que se obtendrán en cada uno una descomposición distinta de la misma cifra, el valor de los bienes y servicios producidos en un año por la economía. Cada descomposición nos da una información distinta: midamos, por ejemplo, el PIB a la salida de las empresas, es decir, por el lado de la producción. El Cuadro 2.2 ofrece los datos de la economía española.

CUADRO 2.2. Estructura productiva de la economía española (% PIB 2014)

FUENTE: INE, Contabilidad Nacional de España 2015.

Al medir el PIB por el lado de la producción obtenemos información sobre la estructura productiva de la economía: así, el cuadro nos indica que en España, país eminentemente agrícola hace una generación, el 2,3 por 100 de la producción procede hoy de las actividades agrícolas y pesqueras; que las actividades cuyo fruto es algo material —un producto— suman algo más de un tercio del PIB; y que el 68 por 100 corresponde a los servicios. La mitad del PIB proviene de los servicios de mercado, es decir, los que se compran y venden, desde las peluquerías a los bancos de inversión, pasando por las profesiones liberales o el transporte. Los servicios no de mercado comprenden casi todos los que presta la Administración, desde la justicia hasta la sanidad pública, los cuales, como se ve, dan cuenta de una parte del PIB superior a la de actividades tan consolidadas como la construcción, y son casi tan importantes como la industria.[9] Una ojeada al PIB desde esta perspectiva nos depara algunas sorpresas.

Si se mide el PIB por la corriente de ingresos de las familias, se obtiene la renta nacional, y su distribución según los servicios que éstas prestan. Es lo que hace el Cuadro 2.3 para la economía española.

CUADRO 2.3. La distribución funcional de la renta en la economía española (2014)

FUENTE: INE, Contabilidad Nacional de España 2015.

La distribución de la renta que resulta de esta medida del PIB se llama funcional, porque no recoge la renta que va a cada familia —la distribución personal— sino la que corresponde a cada tipo de factor de producción, tal como aparece en la Figura 2.1: renta de la tierra, interés del capital, dividendos distribuidos a los accionistas de las empresas y remuneración de los asalariados. En general, la contabilidad nacional da una información muy esquemática sobre la distribución funcional. Sólo separa la remuneración de los asalariados del resto: beneficios, intereses y otras rentas van incluidos en el concepto de «excedente bruto de explotación» que, en una economía como la española, recibe el 43,3 por 100 de la renta nacional, mientras que la remuneración de los asalariados recibe casi el 50 por 100. Así, a primera vista, el cuadro anterior no aporta mucha información; sin embargo, si comparamos la cifra correspondiente a la remuneración de asalariados con la de otros países, podemos observar que la española queda algo por debajo de la de otros países industrializados, en que el porcentaje oscila en torno al 55 por 100.

La medida del PIB que se ofrece más a menudo es la relativa al mercado de bienes y servicios. Las entradas corresponden a la oferta de bienes y servicios, es decir, a la producción; las salidas, a las órdenes de compra sobre esa producción, las cuales equivalen al gasto de consumo de las familias, a la inversión de las empresas, al gasto del sector público y a las exportaciones netas, es decir, al saldo de la cuenta corriente: el total de esos componentes del gasto es lo que hemos llamado demanda agregada. A corto plazo, es la demanda agregada, y no la oferta, la que domina el ciclo; veremos más adelante cómo la política económica se propone suavizar el ciclo, y actúa, por consiguiente, sobre los componentes de la demanda; por todo ello es especialmente importante seguir la evolución de los distintos componentes de esa demanda.

La primera línea del Cuadro 2.4 agrupa el consumo final total, sumando el de las familias, que consumen el equivalente del 58 por 100 del PIB, y el de las Administraciones públicas, que dan cuenta del 19,2 por 100. Se llama FBC, Formación de Capital Bruto, a la inversión, en la que suele distinguirse la formación bruta de capital fijo —maquinaria e infraestructuras, construcción— de la variación de existencias: éstas corresponden a la inversión no prevista de nuestro ejemplo y, en la práctica, es una partida que se emplea para cuadrar las cuentas. Las dos líneas siguientes corresponden al sector exterior, y muestran que las exportaciones (X) son mayores que las importaciones (M).

CUADRO 2.4. Estructura de la demanda agregada en España (% PIB 2014)

FUENTE: INE, Contabilidad Nacional de España 2015.

Tiene interés, por último, comparar la estructura de la demanda agregada por países (Cuadro 2.5), porque presenta algunos rasgos comunes, y también grandes diferencias.

El componente mayor de la demanda agregada, con la única excepción de China, es el consumo privado (C), que recoge el hecho de que la función principal de una economía nacional es satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. El consumo registra, sin embargo, variaciones apreciables de un país a otro: suele ser más alto en países muy pobres, como Burkina Faso, donde representa el 59 por 100, que en países muy ricos, como Dinamarca, con el 49 por 100. Hay, sin embargo, excepciones a esta regla: en EE.UU. el consumo privado es una parte mucho más elevada del gasto total (68 por 100) que en la Unión Monetaria (56 por 100) o en España (58 por 100); en China es extraordinariamente bajo (64 por 100); y en Dinamarca es bajo (47 por 100), pero puede que la explicación esté en un nivel de consumo público más elevado que la media.

CUADRO 2.5. Estructura de la demanda agregada en varios países (% PIB 2013)

FUENTE: Banco Mundial, World Development Indicators (WDI), 2015.

Es normal que la inversión (I) absorba una parte menor del gasto en un país rico que en uno pobre, en tanto que gran parte de la inversión consiste en infraestructuras —redes viarias, de energía, de comunicaciones—: mientras los países más avanzados se limitan a atender su desarrollo vegetativo, los que se encuentran en vías de desarrollo deben construirlas; en general, la parte correspondiente a la inversión está en torno al 20 por 100 del PIB en un país avanzado, y entre el 25 y el 30 por 100 en un país en desarrollo. Aquí también hay excepciones a esta regla, como es el caso de Burkina Faso, que apenas invierte, o China, que invierte una parte extraordinariamente elevada de su PIB.

La columna correspondiente al gasto público (G) permite recordar que bajo la rúbrica de gasto público no se recogen todos los gastos del gobierno, sino sólo las compras de bienes y servicios que éste lleva a cabo. En los países avanzados, son las transferencias, y no el gasto directo, la principal actividad económica del Estado: si se incluyen los pagos de la Seguridad Social —pensiones y desempleo— y el gasto en educación y sanidad públicas, el porcentaje de recursos que pasan por las manos del Estado en una economía avanzada se acerca al 50 por 100 del PIB. Prescindiendo de las transferencias, el cuadro presenta las diferencias esperadas: el porcentaje del gasto público es superior en los países europeos que en EE.UU. La cifra de Burkina Faso nos recuerda que un bajo porcentaje de gasto público suele ser característico no tanto de un Estado muy liberal como de un sector público que no puede siquiera mantener los servicios básicos.

Las dos últimas columnas corresponden al sector exterior (exportaciones, X, e importaciones, M), y la diferencia entre ambas da el saldo por cuenta corriente de cada país: la Eurozona mantiene un superávit con el resto del mundo y EE.UU. un déficit, y cómo los países más pobres suelen tener dificultades para equilibrar su balanza de pagos: así, el déficit por cuenta corriente de Burkina Faso alcanza el 7 por 100 de su PIB. Por último, el papel del déficit exterior puede analizarse comparando el caso de EE.UU. con el de Burkina Faso: en ambos casos el sector exterior presenta un saldo negativo, lo que indica que el resto del mundo está financiando el gasto de ambos. Pero, si atendemos a la columna de inversión, observaremos que el porcentaje correspondiente a la inversión en EE.UU. es bajo (el 20 por 100), mientras que el de Burkina Faso es el más alto de la lista, después de China; es una indicación de que, en EE.UU., el déficit financia el consumo, y en Burkina Faso, la inversión. Si esto es así, podemos inferir que Burkina Faso hace un «buen» uso del ahorro exterior prestado, y EE.UU. no.[10]

Producto Interior Bruto nominal y real

Para terminar, es preciso despejar una ambigüedad con la que hemos estando entreteniendo al lector, para no complicarle las cosas: durante todo el capítulo hemos hecho referencia al PIB, a veces como un flujo de bienes y servicios, a veces como una cantidad de dinero; si bien la producción de una economía consiste en una lista de productos —tantos calcetines, tantos automóviles, tantas casas—, cuando hablamos del PIB mundial decimos que éste es de 33 billones de dólares. ¿Cómo pasamos de uno a otro, de la producción física al valor de esa producción? A primera vista, la respuesta es sencilla: multiplicamos el número de calcetines por su precio, hacemos lo mismo con los automóviles y las casas, y sumamos el total. Pero ya vimos en el Capítulo 1 que la cosa no es tan sencilla. Si queremos comparar el PIB de China con el de EE.UU., ya vimos que el resultado es muy distinto si multiplicamos la producción de China por los precios locales o por los precios vigentes en EE.UU.; si empleamos estos últimos, el resultado es tres veces mayor que si empleamos los primeros, sin que pueda decirse que unos, y no otros, son los precios correctos: sencillamente, las cifras obtenidas nos dan distinta información.

El problema subsiste cuando queremos comparar cifras, no a través del espacio, sino a lo largo del tiempo: al medir, por ejemplo, el crecimiento de una economía de un año a otro. Si el PIB de una economía es de diez mil millones de euros hoy, y de once mil a finales del año que viene, ¿en qué sentido podemos decir que la economía ha crecido el 10 por 100? Sabemos que el valor del PIB, lo que costaría comprarlo, ha crecido un 10 por 100; pero no sabemos lo que de verdad nos interesa saber: si la producción física —el número de calcetines, automóviles y casas— ha crecido también un 10 por 100: puede ser que los precios hayan aumentado y la producción, por consiguiente, haya aumentado menos de un 10 por 100, o incluso nada. Para eliminar el efecto de los precios, lo único que puede hacerse es multiplicar la producción física por los precios de un mismo año. Ésta es la operación que llevan a cabo los encargados de elaborar estadísticas para pasar del PIB en términos nominales al PIB en términos reales: se elige un año, normalmente llamado «año base», y se emplean los precios del año base para multiplicar las cantidades producidas en los restantes años: los resultados obtenidos eliminan los efectos de la inflación, y son, por consiguiente, una medida del crecimiento real, es decir, del crecimiento de la producción física.[11]

Un ejemplo puede ayudar al lector aficionado a las cifras (y sólo a éste): se trata de calcular el crecimiento, entre el año 0 y el año 1, de una economía que produce sólo dos bienes, cañones y mantequilla, en las cantidades y a los precios del Cuadro 2.6:

CUADRO 2.6. Datos para el cálculo del crecimiento del PIB

Con estos datos, es posible calcular:

a.   El crecimiento del PIB nominal, que se obtiene directamente del cuadro:

Crecimiento nominal: (75-40)/40 × 100 = 87,5 %.

b.   El crecimiento real, tomando como año base el año cero. Se obtiene multiplicando las cantidades del año 1 por los precios del año cero, y calculando el crecimiento correspondiente:

PIB del año 1 a precios del año 0: 2 × 10 + 35 × 1 = 55

PIB del año 0 a precios del año 0: 1 × 10 + 30 × 1 = 40

Crecimiento real (base: año 0): (55-40)/40 × 100 = 37,5 %.

c.   El crecimiento real, tomando como base el año 1:

PIB del año 1 a precios del año 1: 2 × 20 + 35 × 1 = 75

PIB del año 0 a precios del año 1: 1 × 20 + 30 × 1 = 50

Crecimiento real (base: año 1): (75-50)/50 × 100 = 50 %

Como se ve, el cálculo en términos nominales nos da una cifra muy alejada de lo que de verdad queremos saber: en efecto, sugiere que el PIB casi se ha doblado (un crecimiento del 87,5 por 100), cuando en realidad sólo ha doblado la producción de cañones; la de mantequilla, en cambio, ha crecido sólo un 17 por 100. En cuanto a la diferencia entre las cifras resultantes de tomar uno u otro año como base, se explican porque en el año 1 ha aumentado tanto la cantidad como el precio de los cañones: los precios del año 1 darán una cifra más elevada que los del año 0. En la práctica, la diferencia entre ambas cifras es pequeña, y lo más importante es que siempre se emplee el mismo año base.

Este sencillo cálculo da una idea de las dificultades inherentes a la construcción de series estadísticas del PIB, ya que de un año a otro varían los productos, sus calidades y sus precios, y de la escasa precisión con que obtenemos una medida de algo tan importante como el PIB. Cuando se trata de comparar cifras de países distintos y en momentos del tiempo muy alejados entre sí, las cifras, por muy rigurosa que haya sido su elaboración, sólo pueden ser indicativas, aunque aun así pueden darnos informaciones valiosas.

Limitaciones del uso del PIB

El PIB se emplea a menudo como patrón de bienestar, y su tasa de crecimiento, como medida universal de la salud de una economía. Éstos son usos abusivos del concepto, y hay que poner al lector en guardia contra ellos. El PIB es un concepto muy útil, pero también muy limitado. Indiquemos tres de sus limitaciones más importantes. En primer lugar están las dificultades estadísticas a que hemos hecho alusión, como las debidas a la aparición de nuevos productos, o a la necesidad de emplear números índices, de precios o cantidades, necesariamente imperfectos. Estas limitaciones son conocidas, y no son quizá las más importantes.

En segundo lugar, el concepto de Producto Interior Bruto, o su equivalente, el de Renta Nacional, es, como su nombre indica, un concepto de renta. Si un individuo tiene un capital de 100 que da una renta del 3 por 100, puede consumir cada año tres unidades por tiempo indefinido: si quiere gastar cuatro unidades al año empezará a consumir su capital, y al cabo del tiempo éste se habrá agotado. El concepto de PIB corresponde a ese concepto de renta a la escala de una economía; y, por consiguiente, un cálculo correcto debe restar del total la producción de aquellos recursos que no pueden ser renovados: yacimientos de metales o pozos de petróleo, por ejemplo, o incluso bosques que tardan mucho en reproducirse. Ese cálculo no es el que se hace en la práctica: se incluye en la cifra anual del PIB la producción total de petróleo, por ejemplo, como si el recurso existiera en cantidades ilimitadas y pudiera contarse con él por siempre; el resultado es, naturalmente, que el cálculo convencional sobreestima el verdadero PIB, al dar una cifra que es en parte verdadera renta y en parte consumo de capital, es decir, de riqueza del país. Con este procedimiento, a medida que el PIB crece, la riqueza disminuye. El error puede ser a veces muy significativo. En el caso de Indonesia, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB del 7,5 por 100 anunciada durante la década de los ochenta se redujo a la mitad cuando se tuvo en cuenta el consumo de recursos forestales no renovables; en el caso de Bangladesh, unas estimaciones indican que, entre 1965 y 1993, la riqueza media de sus ciudadanos, es decir, el capital no renovable del país, se había reducido en un 50 por 100; las mismas estimaciones muestran que, en el mismo período y con la excepción de China, la riqueza media había ido disminuyendo a medida que crecía el PIB.[12]

Por último, el PIB es una medida muy imperfecta del bienestar, porque no incluye factores, como la esperanza de vida, que guardan relación con el PIB, pero que no se miden en las estadísticas; tampoco incluye factores negativos, como el aumento de horas trabajadas, la ansiedad o la insatisfacción de trabajadores y ciudadanos en países avanzados, cuya presencia está ampliamente documentada. Para terminar, es muy probable que el bienestar de una sociedad dependa no sólo del volumen del PIB, sino de su distribución. Algunos países parecen mostrar una marcada preferencia por una distribución de la renta bastante igualitaria, otros no; y en este terreno es la opinión del ciudadano, no la del economista, la que cuenta. En resumen, el PIB es, a lo sumo, un indicador de algunos aspectos del desarrollo de una economía, pero no puede emplearse como patrón de medida del grado de bienestar de una sociedad.

Resumen

Este capítulo se ocupa de los conceptos más básicos de la macroeconomía, que se agrupan en las cuentas nacionales. Son conceptos relativamente recientes, y su empleo en un cuadro contable no tiene más de ochenta años. Su utilidad es sobre todo práctica: así, si bien es casi imposible definirlos en términos rigurosos, son de gran ayuda cuando se trata de entender la marcha de una economía. La exposición que antecede, pues, se justifica por tratar de familiarizar al lector con el significado de términos de uso cotidiano con objeto de lograr que afronte sin temor las previsiones de los expertos y las afirmaciones de los políticos. Un grado de precisión algo mayor, sin llegar a ser satisfactorio, sólo puede lograrse con muchas complicaciones; por eso hemos tratado de mantenernos en este terreno informal.

El punto de partida es tan práctico como robusto: una economía de mercado está constituida por agentes distintos, pero interdependientes entre sí. La renta ganada por unos se gasta en la compra de bienes producidos por otros; el dinero ingresado por éstos se gasta en la compra de servicios para seguir produciendo. Lo que mueve la economía en el corto plazo es la comparación entre las expectativas de unos y otros y lo que realmente ocurre, es decir, son los desajustes entre la oferta y la demanda. Esta última proviene de agentes que obedecen a motivaciones distintas: una familia, una empresa o el sector público tienen objetivos distintos, y responden a estímulos distintos; de ahí la utilidad de separarlos. Los desajustes entre oferta y demanda se transmiten a los agentes sobre todo a través de los precios; pero pueden tardar mucho en resolverse, y ese retraso es lo que da pie a la existencia de la política económica.

Una de las bases del crecimiento es la inversión, y ésta se financia con el ahorro: un mayor ahorro significa necesariamente un menor consumo. Sin embargo, las economías domésticas —las familias— no son las únicas fuentes de ahorro, ni las empresas los únicos destinatarios posibles: el sector público puede contribuir a la generación de ahorro, o puede competir con las empresas por el ahorro de las familias; el resto del mundo puede financiar nuestra inversión, o, al contrario, nosotros podemos financiar la inversión de otro país, a través del saldo de nuestra cuenta corriente.

Por último, una ojeada a las cuentas nacionales y, en particular, a la estructura de la demanda agregada —lo que los políticos llaman el cuadro económico— puede darnos información interesante sobre la marcha de un país y la salud de su economía; aunque hay que tener cuidado en usar el PIB para juzgar el grado de bienestar de una economía.

Notas de lectura

El material relativo a las cuentas de una economía se encuentra, con mayor o menor detalle, en cualquier manual de macroeconomía. Para el lector no profesional puede tener más interés la literatura dedicada a las limitaciones del uso del PIB a que hemos hecho referencia en el último apartado, porque enlaza con muchas de las críticas a la economía de mercado y al capitalismo. La referencia clásica es el libro de E. F. Schumacher, Small Is Beautiful, publicado por primera vez en 1973. Una reciente, muy amena, es la de Bill McKibben, Deep Economy, 2007. La crisis inmobiliaria ha puesto de actualidad ideas relegadas a la oscuridad desde hace dos generaciones, que son muy útiles para el análisis del funcionamiento de una economía de mercado. La referencia original es, naturalmente, la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de J. M. Keynes (1936). Una explicación reciente y de muy fácil acceso es la de P. Davidson, John Maynard Keynes (2007), en especial los capítulos 5 y 7.

Capítulo 3

LA INFLACIÓN

Tanto el mundo de los negocios como los economistas reconocen desde hace tiempo que un período de precios al alza actúa como estímulo para el espíritu de empresa y es beneficioso para el empresario.

J. M. KEYNES, The Social Consequences of

Changes in the Value of Money, 1923

Introducción

La frase de Keynes que encabeza este capítulo parece referirse a otro planeta: ¿qué economista se atrevería hoy a suscribirla? Durante las tres últimas décadas se ha ido abriendo camino la idea de que la inflación es un mal, y, además, un mal innecesario: que una economía sana puede y debe crecer casi sin inflación. Lo más curioso del caso es que Keynes la escribió justo al final de una de las peores hiperinflaciones de la historia reciente, y antes de la Gran Depresión, que nos hizo ver que, si la inflación es mala, la deflación, su contraria, es mucho peor. La cita viene a recordarnos que la opinión, como la economía misma, posee sus propios ciclos, y es posible, aunque no parece muy probable, que la frase de Keynes vuelva a estar de moda en el futuro.

Crecimiento potencial y producto potencial

Se trata ahora de ver cómo se comporta una economía a corto plazo, en un horizonte medido en trimestres, no en décadas; de familiarizarnos con el marco en que, entre las preguntas que pueden interesar al ciudadano, se formulan aquellas que más a menudo aparecen en las discusiones de políticos y en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las perspectivas del empleo para el año que viene? ¿Es probable que nuestra economía vaya a sufrir una recesión? ¿Por qué nos amenaza el Banco Central con una subida de los tipos de interés?

En el Capítulo 1 vimos cómo, al contemplar la evolución de la economía mundial durante los dos últimos siglos, era el crecimiento lo que más llamaba la atención. Si ahora seguimos la evolución de la economía año a año, o trimestre a trimestre, salta a la vista que ese crecimiento no es uniforme: los años buenos suceden a los malos a intervalos irregulares (Figura 3.1).

Vale la pena destacar, aunque sólo sea de paso, algunos rasgos de la figura anterior. Por ejemplo, que el período 1930-1950 es el que más llama la atención por la amplitud de los altibajos: Gran Depresión, segunda guerra mundial y recesión posterior. Frente a este período, el resto del siglo se caracteriza por una relativa estabilidad. Se observa, sin embargo, que la amplitud de las fluctuaciones es algo menor después de 1950 que entre 1900 y 1930: ello se debe, casi con seguridad, al éxito de las políticas de estabilización (monetaria y fiscal) aplicadas al término de la segunda guerra mundial, en parte con el deseo de evitar episodios como el de la Gran Depresión. Por último, un análisis más fino que la mera inspección visual revelaría que el crecimiento promedio entre 1950 y 1975 fue más elevado que en cualquier otro período del siglo XX.

FUENTE: Bureau of Economic Analysis, U.S Department of Commerce, 2015.

FIGURA 3.1. Crecimiento del PIB real de EE.UU., 1929-2014.

Esas oscilaciones en torno a un valor promedio constituyen lo que se llama el ciclo económico: esto es, la alternancia de fases de expansión, cuando el crecimiento es positivo, y de recesión, cuando es negativo. Los ciclos son probablemente algo inherente a la economía de mercado, ya que una explicación de su existencia es, sencillamente, que empresas y familias toman sus decisiones de ahorro e inversión sin consultarse unos a otros. Como vimos en el Capítulo 2, ello da lugar a desajustes entre oferta y demanda, y, por consiguiente, a altibajos en la producción y el empleo. Evitar esos desajustes exigiría un grado de coordinación tan extraordinario entre los agentes económicos que —como ha puesto de manifiesto la experiencia de las economías planificadas— el remedio sería peor que la enfermedad. Lo que sí puede hacer la política económica, como se ve en la figura, es mitigar la amplitud de esas fluctuaciones, para que el crecimiento de la economía sea lo más constante posible.

Para una buena comprensión de los movimientos de la economía en el corto plazo, el concepto más útil es el de producto potencial o crecimiento potencial. La idea es sencilla: si alguien nos dijera que la economía europea va a crecer al 5 por 100 anual durante los próximos años, nuestra primera reacción sería de escepticismo: demasiado deprisa, pensaríamos. Si nos preguntaran por qué, seguramente contestaríamos que un crecimiento tan rápido terminaría por generar inflación. Por el contrario, si el pronóstico fuera de un crecimiento promedio del 1 por 100, pensaríamos: «demasiado lento». ¿Por qué? Porque tal crecimiento no bastaría para absorber la mano de obra disponible y, por lo tanto, el desempleo iría en aumento. Pues bien, aunque en apariencia ingenuas, nuestras respuestas son una buena descripción del movimiento cíclico de una economía de mercado. Por encima de cierto ritmo de crecimiento, la inflación va en aumento; por debajo de ese ritmo, es el paro el que crece; y ese ritmo mágico, ese número áureo, es lo que llamamos crecimiento potencial: el ritmo al que puede crecer una economía durante un período de tiempo no demasiado corto —una década, pongamos— sin que aumenten ni la inflación ni el desempleo.

Si bien la idea es sencilla, no es nada fácil, en la práctica, saber cuál puede ser el crecimiento potencial de una economía. Si ya es difícil estimar cuánto produce, ¿cómo saber cuánto puede producir? Pero las dificultades de medición en la práctica no disminuyen la utilidad del concepto. Una analogía puede dar una idea de cuál es la situación. Cuando se trata de beber, cada cual sabe que su capacidad tiene un límite, pasado el cual uno pierde el control de sus actos. Sabe que ese límite no es fijo, sino que su valor —el número de vasos de licor que puede ingerir— depende de muchas variables: la comida, las horas de sueño, el estado de ánimo, entre otras. Pero sabe que, aunque no pueda dar una cifra exacta, el límite existe, y uno se administra con un ojo puesto en él. Algo parecido ocurre con el crecimiento potencial. Las autoridades tratan de gobernar la economía con la vista puesta en su mejor estimación del crecimiento potencial: si creen que la economía está creciendo por encima del potencial hablarán de recalentamiento, y tratarán de enfriarla (luego veremos cómo) para prevenir un aumento de la inflación; si creen que está creciendo por debajo, tratarán de animarla, para evitar que aumente el desempleo.

Como el límite de la tolerancia al alcohol, el crecimiento potencial varía de una economía a otra —nadie consideraría excesivo un crecimiento anual del 7 por 100 para la economía china— y también varía con el tiempo: así, en el período 1950-1973, la economía europea creció al 4,6 por 100 anual, cifra que muchos considerarían excesiva para la próxima década. Por qué y cómo se presentan estas variaciones son preguntas a las que, por ahora, no sabemos dar una respuesta satisfactoria, pero algo sí sabemos: los límites del crecimiento potencial tienen que ver con la oferta. Si una economía no puede crecer por mucho tiempo por encima de un cierto ritmo, es porque no dispone de los recursos suficientes. Si una economía trata de crecer «demasiado aprisa», no tardarán a aparecer «cuellos de botella»: escasearán las materias primas, habrá que comprar los recursos energéticos a precios más elevados, y, en el caso más frecuente, acabará por faltar mano de obra, subirán salarios y precios, y, por consiguiente, aumentará la inflación. Es en este sentido que el crecimiento potencial viene limitado por la disponibilidad de recursos, que es lo que llamamos la oferta.[1]

Si hasta ahora hemos hablado de crecimiento potencial del PIB y no de producto, o PIB potencial, es porque aunque ambos términos son intercambiables, es más fácil pensar en términos de crecimiento. Por ejemplo: el PIB de la economía española en 2014 es de 1,053 billones de euros (un millón cincuenta y tres mil millones de euros, o 1.053 seguido de nueve ceros); si nos preguntaran si creemos probable que el PIB llegue a 1,105 billones a finales de 2015, tendríamos que echar mano de una calculadora; si nos preguntaran si creemos probable que crezca al 5 por 100 en 2015 (lo que daría un PIB de 1,105 billones al final del año) seguramente diríamos que no sin pestañear. Por eso es más fácil razonar en términos de tasas de crecimiento que en niveles absolutos.

El concepto de crecimiento potencial permite resumir de forma sencilla lo que hace una economía de mercado a corto plazo, así como los objetivos de la política económica: la economía fluctúa de forma irregular en torno a su producto potencial y la política económica —monetaria y fiscal— trata de influir sobre la demanda para mantener el PIB lo más cerca posible de su potencial, reduciendo en la medida de sus posibilidades, la amplitud de los ciclos: por ello se llaman a menudo políticas de estabilización. Las llamadas políticas de oferta, por su parte, tratan de aumentar la capacidad productiva de la economía, aumentando el crecimiento potencial. Como muchas políticas de oferta tienen que ver con el mercado laboral, las veremos con algún detalle al tratar del desempleo.

La Figura 3.2 muestra la evolución de una economía en torno a su producto potencial, en este caso de la economía turca entre 1950 y 2003. Se observa que, aunque la economía se halló a menudo por debajo de su potencial, no se dio ninguna recesión, ya que ésta se define como un crecimiento negativo del PIB. Por otra parte, en los años 1977 y 1978, cuando la economía crecía muy por encima de su potencial, se registró una inflación muy alta, que obligó a una devaluación de la moneda y marcó el inicio de un período de crecimiento más lento.

FUENTE: Banco Mundial.

FIGURA 3.2. PIB observado () y PIB potencial () de la economía turca, 1960-2003.

Esto nos muestra cómo, a corto plazo, la economía navega, impulsada por las variaciones de la demanda, entre los escollos del desempleo y de la inflación. Ahora se trata de examinar de cerca esos escollos, para ver cómo se miden, por qué son perniciosos —es decir, cuáles son los costes de la inflación y los del desempleo— y qué puede hacerse para sortearlos.

La inflación: definición y medida

La inflación es el aumento del nivel de precios, y la tasa de inflación es el ritmo de ese aumento. En la práctica, la oficina de estadística de cada país dispone de un índice de precios, cuyo valor calcula cada mes: si el valor del índice es 110 en un mes y era de 100 en el mismo mes del año anterior, diremos que la tasa de inflación anual es del 10 por 100, y muchos dirán que el país tiene una inflación del 10 por 100; si hacemos la comparación con el mes anterior, hablaremos de la tasa mensual; si la hacemos con el trimestre anterior, de la trimestral.

El índice más comúnmente empleado para medir la inflación es el índice de precios al consumo, o IPC. El Cuadro 3.1 recoge el IPC de la economía española elaborado por el Instituto Nacional de Estadística; la Unión Europea calcula un índice similar, llamado HIPCA, para el conjunto de países de la Unión.

El IPC se construye a partir de una muestra muy amplia de los precios de los bienes y servicios consumidos en una economía.[2] El Cuadro 3.1 recoge las características más importantes de cualquier índice de esta especie. En primer lugar, se trata de bienes y servicios finales, es decir, de los adquiridos por las familias para su consumo, no por las empresas. Así, el índice recoge los precios de la gasolina de automóvil, no los del gasóleo agrícola; las tarifas de las llamadas telefónicas particulares, no las tarifas de empresa; la tarifa eléctrica doméstica, no la industrial; y los alquileres de las viviendas, no el hormigón. En segundo lugar, del conjunto de bienes y servicios suelen excluirse los alimentos no elaborados, llamados ANE en el cuadro (carne y pescado fresco, frutas y hortalizas), y los bienes y servicios energéticos (ENE). El aumento de los precios restantes suele llamarse inflación subyacente o tendencial (core inflation); el aumento de ANE y ENE, inflación residual; y la inflación (headline inflation) es la que comprende todos los bienes (llamada IPC en la última columna del cuadro).

CUADRO 3.1. Índice de precios al consumo armonizado de España.[3]

NOTA: La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones.

FUENTE: Instituto Flores de Lemus.

* Al 80 % de significación.

El concepto de inflación subyacente, importante en la práctica, nace de considerar la inflación como la medida de la temperatura de una economía. Para que sea una buena medida —un buen termómetro— debe subir cuando la actividad económica aumenta, de modo que el crecimiento tiende a superar al potencial, y a bajar cuando la economía se enfría. Pero los precios de los alimentos no elaborados y los de los productos energéticos no dependen de la coyuntura de la economía. Los primeros dependen sobre todo de las cosechas o del resultado de las campañas de pesca. Los productos energéticos varían según la demanda de otros países (el aumento de los precios del petróleo de 2004 se inició por un salto inesperado de la demanda por parte de China), o por factores políticos (tarifas eléctricas, impuestos sobre carburantes o conflictos bélicos), su evolución no nos dice nada sobre la coyuntura nacional, y por eso se excluyen del cálculo de la inflación subyacente, que es un termómetro más exacto.[4]

Si se calcula la inflación total, y no sólo la subyacente, es porque el IPC no es sólo una herramienta al servicio del gobierno, del Banco Central o de los analistas económicos, sino que es a la vez un índice del coste de la vida. Con una inflación del 10 por 100 anual y un sueldo fijo, un asalariado puede comprar un 10 por 100 menos de bienes y servicios cada año y, para evitarlo, muchos sueldos y salarios, así como las prestaciones de la Seguridad Social —pensiones y desempleo— suelen estar indiciados, en todo o en parte: es decir, se ajustan al final de cada año para recoger el aumento del índice de precios. Esta función del IPC explica las discusiones en torno a la inflación que se producen cada año en el momento de determinar los aumentos de sueldos, salarios y pensiones. Explica también los pesos que tienen los diversos grupos de bienes en el índice final: así, la primera línea del cuadro indica, por ejemplo, que las manufacturas pesan en torno al 30 por 100; los alimentos no elaborados, un 7 por 100, y así sucesivamente. Estos pesos indican que, por término medio, el consumidor español dedica aproximadamente un 30 por 100 de su gasto a la compra de productos manufacturados y un 7 por 100 a la compra de alimentos no elaborados. En suma, los pesos o ponderaciones tratan de reproducir la importancia de cada grupo de bienes en la cesta de la compra. Como la composición de la cesta varía con el tiempo y, sobre todo, con el nivel de renta —los consumidores más ricos dedican una proporción menor de su gasto a la compra de bienes de primera necesidad que los menos afortunados—, las ponderaciones se revisan periódicamente, en general cada cinco años.

Los costes de la inflación

Las economías modernas dedican muchos recursos al control de la inflación. Como todo el mundo sabe, la lucha contra la inflación tiene un responsable: el Banco Central. Pues bien, por dar sólo algunos ejemplos, el Banco de Francia tiene 12.600 empleados (el Banco de España, más modesto, no pasa de 3.000); el sueldo del penúltimo gobernador del Banco de Italia no era público, pero se estimaba en más de 600.000 euros anuales, el del presidente del Banco Central Europeo está fijado en 417.000 euros; el del Banco Nacional Suizo, en 427.000 euros; el banquero central más conocido del mundo, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, percibe 200.000 dólares. En muchos países, el Banco Central es la mejor fuente de datos y de estudios sobre la economía del país, sus técnicos se cuentan entre los más competentes y gozan de gran prestigio y el gobernador suele considerarse a sí mismo superior a políticos y miembros del Gobierno. Todo esto parece indicar que la sociedad estima que la estabilidad de precios es algo muy importante, o, lo que es lo mismo, que la inflación trae consigo unos costes elevadísimos para la economía nacional. ¿Cuáles son esos costes? ¿Por qué es tan mala la inflación?

Para poner estas preguntas en perspectiva, empecemos por observar que la inflación que vivimos hoy es un fenómeno reciente: desde donde sabemos y hasta mediados del siglo XX, la historia de los precios es de una estabilidad interrumpida por breves episodios de fuerte inflación, originados casi siempre por conflictos bélicos.

Como se ve en la Figura 3.3, el nivel de precios en Inglaterra permaneció constante entre 1800 y 1900 —en realidad, el valor del índice es algo menor en 1900 que en 1800— tras un ligero aumento durante la segunda mitad del siglo XVIII. ¡Y no puede decirse que no pasara nada en un siglo! Si comparamos la Inglaterra del siglo XVIII con la que surgió de la Revolución Industrial, puede sorprendernos el hecho de que las profundas transformaciones que sufrió su economía no tuvieran su reflejo en el nivel de precios y, sin embargo, así fue. Sólo a partir de la segunda guerra mundial la curva de precios inicia su ascenso, hasta hoy ininterrumpido: así, los precios suben más unos años que otros, pero no se registra ni un solo descenso desde 1940. Este cambio en el comportamiento de los precios es señal de una profunda transformación en el manejo de las economías industriales; y es, desde luego, la persistencia de la inflación lo que justifica que las autoridades traten de mantenerla bajo control.

FUENTE: Banco de Inglaterra.

FIGURA 3.3. Índice de precios de Inglaterra, 1750-2003.

Es muy posible que el cambio se deba, por lo menos en parte, a que las autoridades otorgaron, a partir de la Gran Depresión, mayor importancia al mantenimiento del empleo que a la estabilidad de precios: la manifestación de este cambio de énfasis fue el abandono progresivo del patrón por parte de las grandes economías occidentales durante el período entreguerras. Por otro lado, la vigilancia de la inflación por parte de las autoridades refleja la preocupación de los ciudadanos: una conocida encuesta sobre las actitudes de las gentes de distintos países frente a la inflación reveló que, en general, todo el mundo contemplaba la inflación con desconfianza, aunque en algunos países con episodios inflacionarios catastróficos —por ejemplo, Alemania— esa desconfianza era mucho más intensa que en otros con una historia más benigna, como Brasil.[5] Pero ¿cuáles son las razones de ese recelo? Una vez más, ¿cuáles son los costes de la inflación?

La respuesta cabe en tres frases: los costes de una inflación moderada y estable son mínimos; los costes de una inflación acelerada (una hiperinflación) son elevadísimos; y lo que quieren evitar las autoridades monetarias es que se generen las llamadas espirales inflacionarias, que acaban convirtiendo una inflación moderada en una hiperinflación.

No hace falta extenderse mucho en la primera frase: una inflación moderada no tiene grandes costes. Claro está que erosiona el poder adquisitivo de salarios y pensiones, pero eso se compensa, por lo menos en gran parte, con las cláusulas de revisión habituales.[6] También es cierto que, si nuestros precios aumentan más que los de otros países, nuestra balanza comercial se resiente; pero con una depreciación gradual de nuestra moneda se compensa esa pérdida de competitividad. En resumen: si la inflación se mantiene en niveles moderados —por debajo del 5 por 100 anual, como ha sido el caso en las economías más avanzadas desde 1985— no hay motivos para preocuparse. Desde luego sería un error empeñarse en conseguir una inflación nula, es decir, un nivel de precios constante. Entre otras cosas, el índice de precios no recoge los cambios de calidad de los productos: si el nuevo modelo de automóvil es más caro que el del año pasado, ello se debe en parte a que incorpora mejoras e innovaciones y no es, por consiguiente, exactamente el mismo producto. La discusión sobre cuál sería el nivel mínimo de inflación deseable es parte del debate sobre lo que sería un buen índice de precios, y la literatura correspondiente, aunque es también muy extensa, no contradice nuestra conclusión general.

Hiperinflación

Pero imaginemos que los precios empiezan a subir cada vez más deprisa. La inflación se acelera (luego veremos cómo) y, pasado cierto tiempo —éste acostumbra a medirse en meses más que en años—, la inflación moderada se ha convertido en hiperinflación. Suele hablarse de hiperinflación cuando la tasa mensual de aumento de los precios es superior al 50 por 100: es decir, cuando lo que valía cien el día 1 del mes vale 150 el día 30 (o 31). A primera vista quizá esta cifra no parezca gran cosa; sin embargo, una tasa mensual del 50 por 100 da una tasa anual del 12.900 por 100: de este modo lo que costaba un euro el día 1 de enero costará 129 euros a 31 de diciembre. Los precios subirán un 10 por 100 cada semana o, lo que es lo mismo, un 1,5 por 100 cada día.[7]

Estas cifras no son producto de la imaginación. Así, en el Cuadro 3.2 vemos cómo la historia reciente ha sido escenario de muchos episodios de hiperinflación.

Las hiperinflaciones del cuadro se dividen en dos grupos: las provocadas por la derrota de Alemania en la primera guerra mundial y otras, más recientes, centradas en los países latinoamericanos (la excepción es Israel). Las del segundo grupo son menos virulentas que las del primero, pero de más larga duración; y, si bien las cifras palidecen en comparación con las del primer grupo, no dejan de ser dramáticas. A los cuatro meses de una tasa superior al 50 por 100 (caso de Brasil), los precios se habían multiplicado por cinco y la moneda había perdido un 75 por 100 de su valor; tras doce años seguidos con una inflación superior al 100 por 100 anual en el caso de Argentina, la moneda había perdido el 99,9 por 100 de su poder adquisitivo.

CUADRO 3.2. Episodios de hiperinflación en el siglo XX

NOTA: Las cifras entre paréntesis en la tercera columna indican la fecha en que se alcanza el máximo.

FUENTE: M. Bruno, Crisis, Stabilization and Economic Reforms: Therapy by Consensus, 1993.

Pero el ejemplo más conocido es el de Alemania: durante cuatro años (desde finales de 1919 hasta 1923), los precios se multiplicaron por 2 anualmente; durante casi todo 1923 crecieron al 10 por 100 semanal. No todos los precios seguían el mismo ritmo —ya que contratos como los de alquiler o de suministro eléctrico se revisaban sólo de vez en cuando—, de modo que algunos crecían mucho más que el promedio: así, se decía que en Berlín una taza de café costaba un 30 por 100 más a la hora de la merienda que durante el desayuno. La consecuencia inevitable fue la desaparición de la moneda. Nadie quería poseer algo que perdía valor de hora en hora: en cuanto alguien tenía dinero, corría a cambiarlo por cualquier cosa.[8]

La pérdida de valor de la moneda se veía reflejada, naturalmente, en el tipo de cambio.

La Figura 3.4 muestra que, si en enero de 1919 hacían falta unos dos marcos para comprar un dólar, en mayo de 1923 hacían falta diez mil; en septiembre del mismo año, un dólar costaba cien millones de marcos; en noviembre, el gobierno fijó el cambio del dólar en cuatro mil doscientos millones de marcos: el marco había perdido todo su valor.

La desaparición de la moneda como medio de cambio trae consigo la parálisis de una economía de mercado: quien quiere jabón y tiene una silla para vender no puede vender la silla e ir a comprar jabón con el dinero, ha de recorrer calles y plazas hasta encontrar un poseedor de jabón que necesite una silla. Además de este coste de eficiencia, la hiperinflación origina conflictos sociales, pues sus efectos se reparten de manera muy desigual entre los grupos: arruina a rentistas, funcionarios y clases medias en general; y, por último, cuando se trata de poner orden en la economía deteniendo la erosión del valor de la moneda, el resultado es siempre una fuerte recesión. En el caso de Alemania, los efectos de la reforma monetaria de 1923 agravaron la atmósfera de descontento social nacida con la derrota, y muchos han visto en el caos resultante el germen del ascenso del nazismo.

Se comprende, pues, que quienes hayan vivido una hiperinflación o, sin haberla vivido, sepan lo que significa, estén dispuestos a dedicar los recursos necesarios para mantener la estabilidad de precios: porque los costes de la hiperinflación son tan enormes, que vale la pena evitarla casi a cualquier precio. Pero ¿acaso toda inflación moderada desemboca necesariamente en una hiperinflación? Ya vemos que no, porque, en conjunto, la hiperinflación es un fenómeno poco frecuente. Hay que preguntar, entonces, en qué circunstancias es probable que una inflación moderada vaya acelerándose hasta degenerar en una hiperinflación. Como la pregunta no es nada fácil, trataremos de darle una respuesta intuitiva.

FUENTE: Deutsches Historisches Museum.

FIGURA 3.4. Cotización del marco alemán frente al dólar, 1919-1923.

Espirales inflacionarias

La Figura 3.5 es un modelo simplificado de una economía de mercado, con tres grupos de actores: empresas, sistema financiero (Banco Central y bancos comerciales) y trabajadores, organizados o no en sindicatos. Imaginemos ahora que del exterior llega algo que supone un aumento de los costes de las empresas. El ejemplo clásico es una subida imprevista de los precios del petróleo como las que ocurren de vez en cuando, y está representada por la flecha que, de la esquina superior izquierda, se dirige al recuadro de las empresas.

Las empresas han de reaccionar al aumento de costes: decidirán si trasladar el aumento a sus clientes, a través de un aumento de sus precios, o si absorber esos mayores costes reduciendo sus márgenes de beneficio. La decisión de cada empresa dependerá del poder de mercado que tenga, o que crea tener, así como de la situación económica general. Así, en una coyuntura alcista, una empresa que produzca determinados objetos o preste servicios muy exclusivos (un perfume muy reconocido, por ejemplo) se atreverá a subir sus precios; una empresa con un producto poco diferenciado y sujeto a una fuerte competencia (como bolsas de plástico para la basura) quizá prefiera mantener sus precios, y más aún si la coyuntura no se presenta muy brillante. Si predominan las empresas de este segundo grupo, el aumento de los precios del petróleo no tendrá consecuencias sobre la inflación: como indica la flecha que se dirige al lado derecho de la figura, sus efectos se agotarán con menores márgenes empresariales.

FIGURA 3.5. Una espiral inflacionaria.

Pero supongamos que la mayoría de empresas cree posible repercutir sus mayores costes en los precios de sus productos, de manera que la economía siga la flecha vertical que sale del recuadro de las empresas: en este caso habrá una tendencia al aumento de precios. Pero aquí llegamos a un paso crucial: para que esa tendencia se materialice, es necesario que el sistema financiero aumente la financiación a la empresa, ampliando las líneas de crédito que mantiene con sus clientes. Esta necesidad es evidente para cualquiera que esté familiarizado con el mundo de la empresa; pero como su comprensión es indispensable para un buen entendimiento, tanto de la mecánica de la inflación como de la política monetaria, vale la pena detenerse un poco en este punto.

Pongámonos por un momento en la situación de un empresario individual. Los precios de los materiales que compra para fabricar sus productos van a aumentar: así se lo han anunciado sus proveedores. El empresario cree que podrá resarcirse de esos mayores costes subiendo los precios de sus productos, pero eso está en el futuro: de momento necesita más dinero para pagar sus compras. Lo lógico será que acuda a su banco para pedir una ampliación de la línea de crédito que éste le tiene concedida (en esto consiste, precisamente, gran parte del negocio del banco). Como otras muchas empresas harán lo mismo, el sistema financiero en su conjunto registrará un aumento de la demanda de financiación. Ahora le toca a éste decidir si aumentar o no el volumen de crédito en el sistema. Si decide que no, bien porque los bancos comerciales no quieren tomar más riesgos, o porque el Banco Central se lo impide —luego veremos cómo— nuestro empresario, y otros como él, se verán incapaces de pagar a sus proveedores, y probablemente suspenderán pagos. En cualquier caso, la tendencia al aumento de precios no se materializará: algunos precios subirán, otros no, y el aumento inicial de los costes no se traducirá en un aumento de la inflación. Por el contrario, si el sistema financiero accede a las peticiones de crédito de las empresas, la economía seguirá su trayectoria hacia abajo: ahora sí que se producirá un aumento del índice de precios.

Llegamos así al último eslabón de la cadena: los salarios. En el momento de negociar sus condiciones salariales, los trabajadores o sus representantes, que habrán tomado nota del aumento del coste de la vida, habrán de decidir si aceptan una reducción de su poder adquisitivo —un menor salario real— o si exigen un aumento salarial que les permita mantener su nivel de vida. En su decisión intervendrán consideraciones relativas al poder negociador de los sindicatos —las economías con bajo grado de sindicación son a menudo menos inflacionarias, por la mayor debilidad de las organizaciones de trabajadores—, a la tasa de desempleo —un desempleo elevado resta poder negociador a los trabajadores— y a la coyuntura general. Si las organizaciones sindicales se deciden a exigir la revisión de los salarios, el resultado es un nuevo aumento de los costes de las empresas. Como indica la figura, el bucle se cierra: el aumento inicial de costes genera un nuevo aumento, y así sucesivamente. El proceso se alimenta a sí mismo, y la inflación se acelera. Se ha puesto en marcha una espiral inflacionaria.

Esta descripción rudimentaria del proceso de aceleración de la inflación deja sin respuesta muchas preguntas, pero pone de relieve tres rasgos muy relevantes del proceso. El primero es que la espiral inflacionaria no es un artefacto mecánico, un deus ex machina que hace irrupción en el escenario económico, sino el resultado de las decisiones de empresas, bancos y autoridades monetarias y trabajadores (aunque, claro está, estos tres grupos de actores no tienen la misma influencia). Para que el proceso se inicie es necesaria la colaboración de todos; de lo contrario, el proceso se detiene antes de alimentarse a sí mismo. El segundo rasgo es el papel del sistema financiero: hemos visto que el proceso inflacionario no puede proseguir si no va aumentando el crédito en el sistema. En la medida en que, como veremos más adelante, el Banco Central ejerce cierto control sobre el volumen de crédito que pueden conceder los bancos, tiene la potestad de detener el proceso, y por eso se le confía la responsabilidad del control de la inflación. Por último, nuestro ejemplo muestra que la espiral inflacionaria se origina casi siempre por el empeño de los grandes actores —empresas y trabajadores— en mantener su poder adquisitivo frente a choques venidos del exterior, como el aumento de los precios de las materias primas; y que, si la inflación se acelera, unos y otros ven frustrados sus propósitos, porque, como hemos visto, el final del proceso es una recesión, y en ella pierden todos.[9]

Desinflación

Esta excursión por las regiones remotas de la hiperinflación nos permite entender sin dificultad el papel de los bancos centrales. Su objetivo es evitar la generación de espirales inflacionarias; su instrumento, la regulación del volumen de crédito de la economía, tal como indica la figura anterior. En esto consiste la política monetaria, de la que hablaremos más adelante. Cuando las autoridades deciden restringir el crédito, hacen que disminuya el ritmo de la actividad económica, porque, como hemos visto, muchas peticiones de crédito quedarán sin atender, y muchos proyectos dejarán de llevarse a cabo. Durante un tiempo, la economía crecerá por debajo de su potencial: esta caída del crecimiento es lo que a veces se llama desinflación; en estos casos las autoridades monetarias provocan deliberadamente un enfriamiento para prevenir la aceleración de la inflación.

La Figura 3.6. ilustra el episodio de desinflación más conocido de la historia reciente: la llamada «desinflación de Volcker». Cuando, hacia finales de 1979, la economía estadounidense llevaba cinco años con una inflación superior al 10 por 100 —considerada por todos como excesiva—, el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, decidió expulsar la inflación del sistema mediante una política monetaria muy restrictiva. La inflación cayó al 4 por 100 en cuatro años, y al 2 por 100 en siete, pero se pagó un precio muy alto: dos recesiones, como indican las zonas sombreadas de la figura, la segunda de las cuales, de julio de 1981 a diciembre de 1982, fue la peor sufrida por la economía estadounidense después de la Gran Depresión.

Este ejemplo nos permite —¡por fin!— dar una respuesta práctica a la pregunta: ¿cuáles son los costes de la inflación? Si deseamos evitar la aparición de espirales inflacionarias — ya hemos visto que hay buenas razones para ello— y fijamos un techo para la inflación tolerable, entonces podemos decir que el coste de una inflación excesiva es el de la desinflación que será necesaria para volver los precios a su cauce: es decir, el menor crecimiento y el mayor paro que habrá que sufrir durante un tiempo.[10] Para el Banco Central Europeo, ese techo se sitúa en torno al 2 por 100 anual; la Reserva Federal no ha fijado un techo de manera explícita, pero su comportamiento indica que está seguramente por debajo del 5 por 100 anual. Nadie sabe a partir de qué nivel se hace probable la aparición de una espiral inflacionaria: los escasos estudios que existen al respecto parecen indicar que el punto de arranque de esas espirales se sitúa muy por encima de las cifras anteriores, entre el 10 y el 100 por 100 anual.[11] Eso no significa necesariamente que nuestros Bancos centrales sean demasiado conservadores. No hay que olvidar que los costes de una inflación excesiva son tan altos, que una estrategia racional por parte del Banco Central consiste en permanecer en situaciones en que la probabilidad de que se genere sea prácticamente cero: en curarse en salud.

NOTA: Las zonas sombreadas señalan una recesión (crecimiento negativo del PIB, metodología NBER).

FUENTE: Taylor.

FIGURA 3.6. La desinflación de Volcker.

La inflación y el dinero

Durante mucho tiempo estuvo de moda hablar de la inflación como fenómeno monetario. De esta expresión, destinada a suscitar en el auditorio la impresión de que uno sabe de qué habla, se deducen tres proposiciones: una es una perogrullada, otra es cierta, y la otra, falsa. Tratemos de separar el grano de la paja: en el proceso nos familiarizaremos con el concepto de dinero, muy importante en lo que sigue y en la vida real.

La inflación es un fenómeno monetario porque no puede haber inflación en una economía sin dinero. ¿Cómo puede Robinson Crusoe experimentar lo que es inflación? Tampoco pueden Robinson y Viernes juntos: aunque cada uno se especialice en la producción de un bien —Robinson, pescado, y Viernes, cocos— y procedan a intercambiarlos a una tasa fija o variable —tantos pescados por coco—, la inflación queda fuera de su alcance. Sólo si un día Robinson decide pedir a Viernes más cocos por cada pescado estaremos ante un cambio en los precios relativos: esto es, si el de un bien ha subido, el del otro ha bajado en la misma proporción. No ha habido ni inflación ni deflación. Para construir un índice de precios, cuyas variaciones definen la inflación, hace falta tomar un bien como patrón de medida, y ese bien es el dinero. En este sentido, bastante obvio, la inflación es un fenómeno monetario.

Podemos ir algo más lejos. Hay una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios: si aumenta la cantidad de dinero y no pasa nada más, lo más probable es que aumente el nivel de precios. Para ilustrarlo, imaginemos el siguiente experimento mental (es el ejemplo clásico de Milton Friedman): una mañana, cada uno de nosotros encuentra bajo su almohada una cantidad de dinero igual a la que ya tenía, de modo que se duplica la que había en el sistema. ¿Qué ocurrirá? Es posible que decidamos ahorrar parte del regalo; pero es seguro que no querremos guardarlo todo en metálico, y saldremos de compras con el resto. Como la cantidad de productos a la venta —el PIB— no habrá aumentado durante la noche, esta afluencia de compradores terminará por hacer subir los precios.

Otra forma de abordar la relación entre dinero y precios consiste en preguntarse qué es el dinero: ¿qué es un billete de banco? Un documento que da derecho a su poseedor a adquirir un trozo del PIB del país correspondiente.[12] Naturalmente, si aumenta el número de billetes en circulación sin que aumente el tamaño del PIB, cada billete podrá comprar un trozo del PIB más pequeño que antes: y eso es exactamente lo que ocurre cuando sube el índice de precios. Esta proposición es, pues, cierta, y bastante interesante, porque sirve de ultima ratio a la política monetaria.

Pero ya no podemos ir mucho más allá. En su clásico experimento mental, Friedman concluía que, si doblaba la cantidad de dinero en el sistema, el nivel de precios había de doblar: es decir, que la relación entre cantidad de dinero y nivel de precios es una relación exacta. Si la explicación teórica es convincente, como casi todo lo escrito por Friedman, la práctica no le ha dado la razón: todos los intentos de predecir la inflación a partir de los movimientos de la cantidad de dinero se han saldado con un fracaso, y hace tiempo que los bancos centrales, si bien mantienen la vista puesta en las magnitudes monetarias, basan sus previsiones en otras muchas variables. Esta proposición es, por tanto, falsa.

En este capítulo hemos visto cómo una economía de mercado fluctúa entre dos escollos, el de la inflación y el del desempleo, y hemos explorado con algún detalle el primero de ellos. La historia reciente nos ha llevado, casi sin querer, a dar más importancia al primero, pero hace falta tener una idea del segundo para apreciar la razón de ser y el modo de operar de la política económica. A ello se dedica el capítulo siguiente.

Notas de lectura

El estudio de la inflación puede ser abordado desde ángulos muy diversos; para el lector no especialista, el enfoque histórico suele ser el más atractivo. El libro de Barry Eichengreen, Golden Fetters (1995), ofrece una perspectiva del período de entreguerras, en el que los episodios de hiperinflación de los países de Europa central tuvieron una extraordinaria importancia. El de Robert J. Samuelson, The Great Inflation (2007), se centra en el período de inflación creciente que siguió a la crisis del petróleo de 1973; ambos dedican mucho espacio a las causas y consecuencias sociales y políticas de la inflación.

Capítulo 4

EL DESEMPLEO

En todas partes la misma historia. No había trabajo. No había empleos de vendedora en los grandes almacenes. Los grandes almacenes estaban despidiendo, no contratando personal. No había trabajo en las fábricas. Las fábricas que no estaban despidiendo en masa cerraban del todo. Durante un año recorrió las calles, rastreó entre los anuncios por palabras, esperó, sentada en oficinas, a poder hablar con alguien que pudiera contratarla, y siempre hubo de escuchar la misma canción: «No hay trabajo».

RUSSELL BAKER, Growing Up, 1982

Introducción

La cita que encabeza este capítulo trae a la memoria uno de los episodios más sombríos de un siglo pródigo en catástrofes: la Gran Depresión de 1929-1933, y recuerda que la enfermedad del período, que estuvo a punto de acabar con el orden democrático y con la economía de mercado en Occidente, fue el paro. Durante varios años, los Gobiernos de los países occidentales más afectados asistieron al empeoramiento progresivo de sus economías, y vieron cómo las recetas al uso hasta entonces no surtían efecto; fueron las políticas expansivas seguidas sobre todo en EE.UU. —a las que Keynes dio justificación doctrinal— las que detuvieron la espiral. Pero, pasada la segunda guerra mundial, treinta años de prosperidad sin precedentes se truncaron hacia 1975, en gran parte como consecuencia de la primera crisis del petróleo, y esta vez la medicina keynesiana se reveló ineficaz: durante una década, el desempleo en las economías occidentales fue en aumento, mientras la inflación se resistía a caer: hubo que poner en tela de juicio lo que se daba por probado, y esa revisión está lejos de concluir.

Así, el objetivo de este capítulo es exponer lo que la economía puede enseñarnos sobre el paro; al mismo tiempo, aunque sin irnos por las ramas, trataremos de ver cómo el estudio del paro ha ido enriqueciendo el propio conocimiento económico. Por último, el desempleo ha sido a menudo un problema serio para el que el ciudadano ha venido exigiendo soluciones a los políticos, que se han visto en la necesidad de dar respuesta a esas demandas. En algunas ocasiones —como en el caso de las llamadas «rigideces» en el mercado de trabajo— el político se ha apoyado en pretendidas conclusiones de los economistas y ha ido más lejos de lo que éstos se hubieran atrevido a sugerir. Como el crédito de que goza el economista entre la población no es, ni mucho menos, como el del físico o el biólogo, valdrá la pena situar las cosas en su justa perspectiva.

Como en el capítulo anterior, empezaremos por definir lo que se considera paro o desempleo; trataremos de sus costes, y seguiremos describiendo los problemas que plantea su comprensión, y las respuestas que la economía ha ido dando a esos problemas.

El paro o desempleo: definición y medida

Para el responsable de elaborar estadísticas, como para el economista o el político, un parado es una persona en condiciones de trabajar que no tiene trabajo y busca activamente un empleo. El Cuadro 4.1 muestra cómo se llega a la cifra de parados a partir de la población total.[1]

CUADRO 4.1. Empleo y paro en España, primer trimestre de 2015 (en miles de personas)

FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa, 2015.

A partir de la población total —que excluye, en general, a los extranjeros en situación irregular— el primer paso lleva a la definición de la población en edad de trabajar, que depende de la legislación de cada país. En todos suele haber una edad mínima legal para trabajar (dieciséis años en el caso español), pero no en todos hay una edad legal de jubilación. En el ejemplo de España, la población en edad de trabajar comprende a los individuos mayores de dieciséis años, mientras que en otros países se limita a los comprendidos entre los dieciséis y los sesenta y cuatro; la cifra correspondiente se incluye en el Cuadro, línea (3), a efectos de comparación.

El concepto clave en la definición del paro es el de población activa (labour force en inglés); para obtenerlo se separa de la población en edad de trabajar la llamada población inactiva, un conjunto de colectivos heterogéneos, definidos en gran parte por convenciones estadísticas que varían de un país a otro. El más numeroso de esos colectivos lo componen las amas de casa, que no son consideradas parte de la fuerza de trabajo, ya que sus servicios no se ofrecen en el mercado laboral: esto explica que la cifra de activos entre los varones, doce millones trescientos mil en el cuadro, sea muy superior a la correspondiente entre las mujeres, diez millones y medio. También suele incluirse en la población inactiva a los estudiantes universitarios —los de enseñanza primaria y secundaria no están en edad de trabajar—, y a los que prestan el servicio militar obligatorio allí donde existe. Se incluye, por último, a todo aquel que, teniendo edad y condiciones para trabajar, no trabaja y no busca trabajo: los trabajadores desanimados (discouraged workers), cuyo número suele crecer en épocas de recesión, porque cuando el trabajo escasea el parado termina por cansarse de recibir respuestas negativas, y deja de buscar empleo.

El resto, la población activa, comprende a todos los individuos hábiles y deseosos de trabajar, y se divide —¡por fin!— en ocupados y parados. No basta, pues, con observar que una persona no trabaja para declararla parada, porque puede formar parte de la población inactiva: para saberlo con certeza hay que averiguar si está buscando trabajo, y para ello lo mejor es preguntárselo.[2] Por ello, la información fidedigna sobre el paro se extrae de encuestas como la Encuesta de Población Activa (EPA), que goza de una excelente reputación entre los analistas del mercado de trabajo.

Aunque las encuestas de población sólo atraen nuestra atención cuando se trata de hablar del paro, suelen ofrecer mucha información sobre la evolución de una sociedad. Así, a partir del Cuadro 4.1, que reproduce el más agregado que ofrece el INE a los medios de comunicación, puede uno averiguar que la tasa de actividad —la proporción de población activa sobre población en edad de trabajar— es inferior a la media europea, que oscila en torno al 65 por 100. La misma encuesta nos indica cuál es la principal razón de esa diferencia: la menor tasa de actividad femenina. Acudiendo al desglose de la tasa de actividad por edades, vemos que esta diferencia con respecto a otras economías europeas no tardará en desaparecer: en efecto, la tasa de actividad de las mujeres jóvenes en España es de las más altas de Europa; es la participación de las mujeres mayores en la fuerza de trabajo la que es anormalmente baja. Por último, el cuadro indica que las mujeres, con una tasa de actividad más baja, presentan una tasa de paro más alta: tienden a trabajar en condiciones laborales más precarias que los varones, en parte porque asociamos el concepto de cabeza de familia al varón.

La tasa de paro es sólo uno de los indicadores del estado de salud del mercado laboral, y debe completarse por lo menos con otros dos: el primero es la duración del desempleo. Si dos países tienen la misma tasa de paro, pero en uno la duración media del paro es de dos meses, y en el otro de dos años, ya se ve que se trata de mercados laborales muy distintos: en el primero, en cada momento, uno de cada diez activos está buscando trabajo. Pero, como lo encuentra en seguida, los parados no son nunca los mismos: cuando uno deja su trabajo, de grado o por fuerza, no tarda en encontrar otro; es de esperar, por consiguiente, que las resistencias al despido y a la contratación sean bajas. En el segundo país, por el contrario, los trabajadores en busca de empleo suelen ser siempre los mismos: la probabilidad de encontrar un nuevo trabajo si uno pierde su puesto es muy baja. No hace falta preguntar en cuál de los dos países preferiría uno estar. Otro indicador es la uniformidad, o ausencia de discriminación, en la distribución del paro: no es lo mismo si una tasa de paro del 10 por 100 afecta en una proporción parecida a los diversos grupos sociales, categorías profesionales o grupos de edad, que si el 90 por 100 del total pertenece a un solo colectivo, como pueden ser los jóvenes en busca del primer empleo, las minorías raciales o los trabajadores de baja cualificación. Más adelante veremos que la comparación entre los mercados laborales europeo y estadounidense arroja diferencias significativas en estas tres dimensiones del paro.

Los costes del desempleo

No hacen falta tantas disquisiciones como en el caso de la inflación para ponerse de acuerdo sobre cuáles son los costes del desempleo: en términos económicos, el coste del paro para el trabajador se mide por el salario no percibido; para la sociedad, por el valor del PIB que el colectivo de parados ha dejado de producir. Ya se ve que, en este caso, el enfoque económico está muy lejos de captar la totalidad de los costes, y puede que deje de contabilizar los más importantes. Limitar el coste del paro a la remuneración no percibida equivale a suponer que el único objetivo del trabajo es el salario. Sin embargo, el trabajo cumple, o debería cumplir, tres funciones: contribuir al desarrollo del potencial de cada individuo, proporcionarle un medio de relacionarse con los demás y permitirle asegurar su sustento. Limitar la atención a esta última lleva a subestimar el verdadero coste del paro y, por consiguiente, a considerarlo como un fenómeno relativamente tolerable.[3] Los innumerables testimonios procedentes de épocas de paro muy elevado, como la cita que encabeza este capítulo, nos muestra que esto no es así. El coste social del paro es muy superior al valor del PIB no producido, y el coste para el trabajador no se compensa con el subsidio de desempleo.

Sin embargo, aunque sólo sea en términos económicos, el paro tiene un coste, y nadie parece tener interés en perpetuarlo. Hay que preguntarse, pues, por qué existe, y por qué parece tan difícil eliminarlo. Empezaremos por la explicación más sencilla —en términos económicos— y trataremos de ir supliendo sus insuficiencias.

El trabajo como mercancía: paro clásico, paro keynesiano, paro cíclico

Para un economista, la forma más sencilla de analizar el paro es concebir el trabajo como un producto cualquiera, que se comercia en un mercado, y cuyo precio es el salario, que se determina por la interacción de la demanda y la oferta. Cuando aumenta el salario, aumenta la oferta de trabajo —hay más gente disponible y los que trabajan están dispuestos a trabajar más horas— y las empresas demandan menos trabajo. Así, en el mercado aparecen dos curvas, una de oferta (O) y otra de demanda (D), como en la Figura 4.1.

En la figura se ve cómo el punto A es el único en que se igualan la oferta y la demanda de trabajo; el empleo es OT, el salario OS; no hay paro, porque al salario S no se ofrece más trabajo que el que se demanda.

Pero supongamos por ejemplo que el salario vigente es superior a S, porque se ha impuesto un salario mínimo igual a S’. Para el salario S’, la oferta de trabajo es mayor, igual a S’C, y la demanda, menor, igual a S’B. Un número de trabajadores representado por el segmento T’T” quisiera trabajar con el salario S’, pero no encuentra trabajo: T’T” representa el volumen de paro. ¿Qué hacer?

FIGURA 4.1. El mercado de trabajo.

Si pensamos en el trabajo como en una mercancía cualquiera, el diagnóstico es bien sencillo: es un problema de precio. Si los trabajadores moderan sus pretensiones, el paro empezará a bajar: la oferta de trabajo irá disminuyendo, porque parte de los trabajadores considerará que no vale la pena trabajar por un salario inferior y pasarán a engrosar la población inactiva; la demanda aumentará, porque las empresas estarán dispuestas a contratar más por menos. Cuando el salario alcance el nivel S, el paro habrá desaparecido. El origen del paro es, pues, un salario excesivo; el remedio, un salario menor: justo la respuesta que daríamos a un vendedor de manzanas que no hubiera conseguido colocar toda su mercancía.

Éste fue el diagnóstico que muchos hicieron del fenómeno del paro en los inicios de la Gran Depresión en EE.UU.; y lo curioso del caso fue, no tanto que la solución fuera injusta —que lo era, puesto que hacía recaer todo el peso del ajuste sobre la parte más débil— sino que era incorrecta, y se reveló ineficaz: los menores salarios llevaban a caídas de precios, menor demanda de trabajo y mayor desempleo. La explicación del fracaso de las medidas hay que buscarla en el modelo del flujo circular que vimos en el Capítulo 1. Al aumentar el paro, los trabajadores reducían sus gastos de consumo; como éstos forman una parte considerable de la demanda agregada de la economía, las empresas se enfrentaban a menores expectativas de ventas, y esto las llevaba a reducir sus precios, para liquidar sus productos, y, naturalmente, a prescindir del personal sobrante: el resultado era un aumento del paro. Se ve así que el trabajo no es una mercancía cualquiera, no sólo por consideraciones de justicia, sino también en términos puramente económicos: una variación del salario o del empleo tiene consecuencias apreciables sobre la demanda —recordemos que los salarios reciben en torno a la mitad de toda la renta nacional—, mientras que una variación en el precio de las manzanas no deja rastro, porque los vendedores de manzanas son comparativamente pocos y porque todos ellos venden, además de manzanas, otros productos, de modo que los ingresos por venta de manzanas no son más que una parte de sus ingresos totales, lo que no ocurre con el salario del trabajador.[4]

En el caso de la Gran Depresión, la espiral se detuvo, para cambiar luego de dirección con el New Deal del presidente Roosevelt. En lugar de actuar sobre la oferta, reduciendo el coste del trabajo, la política económica del New Deal consistió en hacer aumentar la demanda de trabajo actuando sobre uno de los componentes de la demanda agregada, el gasto público. El empleo aumentó a través de programas de todas clases, desde obras públicas a colecciones de fotografías, el mayor empleo generó mayor gasto, éste hizo mejorar las expectativas de las empresas, y el resultado fue un nuevo impulso del empleo. La experiencia de la Gran Depresión puso de manifiesto que el origen del paro podía no estar en el mercado de trabajo, sino en una insuficiencia de la demanda en el mercado de bienes y servicios: en ese caso, la solución no podía venir del lado de la oferta, sino de un aumento del gasto, es decir, del lado de la demanda.

Fue Keynes quien dio forma a estas ideas, incorporándolas al conocimiento económico de su tiempo;[5] por eso se suele llamar paro clásico al que tiene su origen en la oferta, y paro keynesiano al que se debe a una insuficiencia de la demanda. Como son las fluctuaciones de la demanda las que marcan el ritmo de los ciclos, al paro keynesiano se le llama también paro cíclico y éste es el que puede ser corregido por la política monetaria y la política fiscal.

La distinción sigue vigente, y acertar en el diagnóstico para no equivocar el remedio es hoy tan necesario como antes. Durante las dos últimas décadas en Europa, la persistencia de niveles de desempleo muy altos ha dividido a la opinión profesional y la mediática en dos bandos: para unos, entre los que predominan los banqueros centrales, el problema del paro es sobre todo un fenómeno de oferta, y el remedio es la contención del gasto, en especial del gasto público, y la flexibilización del mercado de trabajo (un eufemismo para la reducción de costes laborales); para otros, entre los que suelen contarse políticos y sindicalistas, el problema es de una insuficiencia de demanda, y el remedio es un aumento de los salarios y del gasto, en especial del gasto público. Al tratar del paro en Europa veremos que ambas formas han coexistido, en proporciones variables, en los mercados laborales.

Con la adopción de las ideas de Keynes por algunos economistas norteamericanos muy influyentes, la idea central de éste se perdió de vista: hoy, es corriente explicar el esquema de Keynes como un caso particular del modelo clásico, que se distingue del general porque precios y salarios dejan de ser flexibles; e identificar el keynesianismo con el empleo del gasto público para contrarrestar la debilidad de la demanda privada en épocas de recesión. En realidad, el desempleo keynesiano tiene su origen en los efectos de la incertidumbre: cuando familias y empresarios se dan cuenta de que no pueden prever el futuro, procuran mantener sus ahorros en forma de dinero, y este cambio en la composición de sus carteras es el que determina la caída de la demanda y, por consiguiente, del empleo. En el Capítulo 2 dimos alguna indicación sobre la incertidumbre; un desarrollo más completo se hallará más adelante, al tratar de las crisis.

Paro friccional y paro estructural: la tasa natural de paro

Al tratar de la inflación, en el capítulo anterior, vimos que el crecimiento potencial —o el producto potencial— era un concepto necesario para el buen entendimiento de la marcha de la economía a corto plazo. La misma idea, vista desde el ángulo del mercado de trabajo y no del mercado de bienes y servicios, lleva al concepto de tasa natural de paro, simétrico del de crecimiento potencial y muy usado en los análisis y comentarios sobre la coyuntura.

En cualquier momento del tiempo, en cualquier economía de mercado, la población activa está en movimiento: unos dejan su trabajo en busca de otro, en otra empresa, en otro oficio o en otro lugar; otros deciden trabajar sólo de forma temporal, y están entre dos empleos. Todos ellos son parados, según la definición oficial, ya que buscan empleo, pero se trata, en realidad, de parados voluntarios, constituyen lo que se llama paro friccional, y su existencia explica que, en una economía de mercado, el paro observado nunca sea igual a cero.

Para introducir el concepto de tasa natural de paro, imaginemos que una economía tiene una tasa de crecimiento potencial del 3,5 por 100 anual, y que, cuando la economía crece a esa tasa, el paro alcanza el nivel del 4,5 por 100. Si alguien se empeña en reducir el paro por debajo de ese 4,5 por 100, ¿qué sucederá? Para aumentar el empleo trataremos de acelerar el crecimiento de la economía estimulando la demanda; pero, como la economía ya estaba creciendo a la tasa potencial, al hacerla crecer más deprisa aumentará la inflación; de este modo, en esta economía, el paro no puede ser inferior al 4,5 por 100 sin que aumente la inflación. Diremos entonces que el 4,5 es la tasa natural de paro: es aquella que se obtiene cuando la economía crece a su tasa potencial, y por debajo de la cual aumenta la inflación.[6]

Así, la tasa natural es el reflejo, en términos de paro, del crecimiento potencial y ambas indican lo mismo, lo que podría llamarse la temperatura de la economía: por encima del crecimiento potencial —por debajo de la tasa natural de paro— aumenta la inflación. Esta correspondencia explica la atención que las autoridades prestan a los movimientos del mercado de trabajo que se reflejan en las estadísticas del paro, porque señalan cuándo la economía está próxima a su potencial y, por consiguiente, cuándo aumenta el riesgo de inflación. Esto explica también que la prensa financiera anuncie a veces un descenso del paro como una mala noticia: los inversores suponen que el Banco Central responderá a un descenso del paro con un aumento de los tipos de interés para prevenir un aumento de la inflación; y ya se sabe que una subida de tipos es mala para la Bolsa.[7]

El nombre de «tasa natural» no es muy acertado, porque la tasa natural no está determinada por factores físicos, ni tecnológicos, sino sobre todo por factores institucionales. En los términos de la espiral inflacionaria del capítulo anterior (Figura 3.5), podemos decir que, cuando la tasa de paro esté por debajo de la tasa natural, los trabajadores, o sus representantes, estarán más inclinados a pedir aumentos de salario, haya habido o no aumentos anteriores de precios. Esas mayores peticiones serán el choque inicial que incidirá sobre los costes de las empresas: la espiral se iniciará en el recuadro inferior de la figura. Como vimos en el capítulo anterior, las peticiones de mayor salario son el resultado de decisiones adoptadas por los trabajadores; si éstos se ven en una posición de fuerza, las peticiones de mayores salarios serán más probables, y la tasa natural tenderá a ser alta. Por el contrario, un período prolongado de desempleo o un bajo nivel de sindicación tenderán a moderar las peticiones, y la tasa natural tenderá a ser baja: como el crecimiento potencial, la tasa natural de paro no es una constante de la naturaleza.[8]

En resumen, en el paro observado podemos distinguir tres componentes: el friccional, que no requiere medidas correctoras, porque puede considerarse voluntario; el cíclico, cuyo origen está en los altibajos de la demanda a lo largo del ciclo, que coincide con el que hemos denominado keynesiano, y que se aborda mediante la política monetaria y fiscal; y el estructural, que es el que corresponde a la tasa natural de desempleo y que no es susceptible de ser reducido mediante el estímulo de la demanda; éste es el que se quiere abordar mediante las llamadas políticas de oferta o medidas estructurales, que serán objeto de discusión en el Capítulo 6. Podemos decir entonces que las políticas de demanda (monetaria y fiscal) pretenden mantener el crecimiento lo más cerca posible del potencial y la tasa de paro lo más próxima posible a la natural, mientras que las políticas de oferta pretenden aumentar la tasa de crecimiento potencial, o reducir la tasa natural de paro.

CUADRO 4.2. El paro en EE.UU. y Europa, 1965-2005 (en %)

* Paro con duración superior a doce meses.

FUENTE: Baldwin y Wyplosz, The Economics of European Integration (2004).

El paro en Europa, 1960-1995

La Gran Depresión obligó a poner en cuestión el consenso profesional sobre la naturaleza del paro; del mismo modo, el aumento del paro después de 1975 ha obligado a revisar lo que se daba por sabido. Como se trata de una revisión que aún está en proceso, es imposible dar resultados definitivos o trazar siquiera un mapa del territorio: en lo que sigue, trataremos sólo de identificar algunas de las líneas que nos parecen más importantes. Por otra parte, la experiencia de EE.UU. y la de Europa han sido distintas; aquí nos centraremos en la experiencia europea, aunque empleando la estadounidense como elemento comparativo. El Cuadro 4.2 resume las dos diferencias más significativas: por una parte, que el empleo no se ha recuperado tanto en la Europa continental como en EE.UU., y, por otra, que el paro de larga duración es más alto en Europa.

El período 1945-1975 —las trente glorieuses en Francia— fue, en todas las economías occidentales, un período de rápido crecimiento del PIB y de bajo desempleo; en Europa, además, el crecimiento fue superior, y el paro inferior a los estadounidenses. Las cosas cambiaron después de la primera subida de los precios del petróleo, en 1973.[9] Esta vez los esfuerzos de los gobiernos por reducir el paro aumentando el gasto no dieron resultado: el desempleo se resistía a bajar, mientras la inflación crecía y, así, al final de la década de los setenta, la inflación llegaba a los dos dígitos en la mayor parte de las economías avanzadas. Fue la aplicación de una política monetaria estricta la que hizo posible reducir la inflación, y el crecimiento no tardó en recuperarse, pero las cosas no volvieron a ser como antes: desde 1985 hasta hoy, el crecimiento de la economía europea ha sido inferior al de EE.UU., y el paro, superior, al contrario de lo que había ocurrido en el período anterior.

La Figura 4.2 resume la evolución del paro en Europa en el período 1960-2003. Como se ve, el paro está sujeto a los movimientos del ciclo durante todo el período, si bien los efectos de los altibajos de la demanda son mucho menores antes de 1973; pero lo que llama la atención es el aumento ininterrumpido del paro a partir de 1975, y la persistencia de un nivel de paro muy elevado desde 1985. El gráfico sugiere que ha aumentado, no sólo el paro cíclico, sino también el paro estructural, es decir, la tasa natural de paro, y suscita dos preguntas: por qué el paro aumentó tanto y por qué se ha resistido tanto a bajar.[10]

FUENTE: Blanchard.

FIGURA 4.2. El paro en Europa, 1960-2003.

La primera pregunta puede ser contestada con bastante seguridad, quizá porque ya ha pasado mucho tiempo: durante la primera mitad de la década de los setenta, las economías occidentales se vieron sujetas a dos choques inesperados. Por una parte, un aumento sostenido de los precios de las materias primas, que culminó en la primera crisis del petróleo de septiembre de 1973; por otra, una caída del ritmo de crecimiento de la productividad. Un mayor precio de las materias primas exigía, para mantener los beneficios de las empresas, una disminución de otros costes, entre ellos, de los salarios; y, como el crecimiento del salario viene determinado, en general, por el crecimiento de la productividad, un menor crecimiento de la productividad exigía un menor crecimiento de los salarios. La respuesta adecuada a los dos choques era, pues, un nivel de salarios permanentemente más bajo. Esa reducción, sin embargo, no se llevó a cabo, porque el clima social no lo hacía aconsejable, y el resultado fue, naturalmente, un aumento del desempleo.[11] Al mismo tiempo, al disminuir el crecimiento de la productividad disminuía el potencial de crecimiento de la economía, y los intentos por mantener el ritmo anterior provocaron un aumento de la inflación durante la segunda mitad de la década de los setenta. La combinación de bajo crecimiento y alta inflación mereció ser bautizada con el nombre de estagflación.

Pero este argumento no contesta la segunda pregunta, la relativa a la persistencia del paro: a partir de 1985, las grandes economías europeas habían vuelto a tasas de inflación moderadas, comparables a las de EE.UU. Se trata de saber por qué economías con estructuras muy similares, como Europa y EE.UU., se habían adaptado de forma distinta a los mismos choques. En busca de respuestas, las investigaciones se orientaron al examen del papel de las políticas y de las instituciones. Entre las políticas, fueron objeto de atención preferente las llamadas medidas de protección al empleo, es decir, aquellas que tratan de limitar el aumento del paro dificultando los despidos, bien por medios económicos —indemnizaciones— bien por medios legales, como el recurso a los tribunales. Entre las instituciones, las más estudiadas fueron las diversas modalidades de la negociación colectiva. Las discusiones en torno a unas y a otras no han terminado, pero es posible extraer de ellas algunos elementos de interés general.

La mayor parte de los gobiernos reaccionaron al aumento del paro procurando dificultar los despidos y mitigar sus efectos. Unas y otras medidas tienen efectos ambiguos sobre el nivel del desempleo: un aumento de los costes del despido frena, a corto plazo, las reducciones de plantilla por parte de las empresas; al mismo tiempo, sin embargo, frena la contratación futura, porque hace el uso del trabajo menos atractivo y estimula su sustitución por capital, elevando así el desempleo de larga duración; es posible que, sobre un período de tiempo bastante largo, el efecto neto de una mayor protección al empleo sea, precisamente, un aumento del paro. En cuanto a las prestaciones por desempleo, una mayor generosidad a este respecto permite al trabajador no aceptar el primer empleo que se le ofrece, con lo que aumentará su duración media, si bien, por otra parte, hace más llevadero el paro, reduce las resistencias a los despidos y puede así facilitar la contratación. Los estudios realizados para países concretos no han dado resultados uniformes: en particular, no es cierto que bajas prestaciones por desempleo vayan siempre asociadas a un nivel de desempleo inferior, en el caso de EE.UU.; por contra, en los países escandinavos, donde el paro se ha mantenido por debajo de la media europea durante los últimos quince años, las prestaciones por desempleo son muy elevadas, aunque imponen ciertas obligaciones a quienes las perciben, como se verá más adelante.

Los mecanismos de la negociación colectiva también han sido objeto de atención; dos aspectos son dignos de mención. El primero se refiere al grado de centralización más deseable: en general, se considera que tanto la centralización absoluta como una descentralización completa son preferibles, desde el punto de vista del nivel de empleo, a los modelos intermedios. En el primer caso —los países escandinavos y Alemania— la patronal y la cúpula de los sindicatos negocian, con un papel más o menos activo del Gobierno, las condiciones generales de la evolución de los costes laborales (alza media de salarios, prestaciones por desempleo y pensiones). Para ello tienen en cuenta la coyuntura nacional e internacional, y procuran evitar que el alza salarial acordada repercuta en una mayor inflación o en una reducción generalizada de plantillas: el resultado suele ser, pues, compatible con un crecimiento del PIB próximo al potencial y, por consiguiente, un paro próximo a la tasa natural.

En el otro extremo —es el caso de EE.UU. en las industrias con escasa presencia sindical— las negociaciones se llevan a cabo en el seno de la empresa, o incluso de la planta. En este caso, directivos y trabajadores conocen la situación real y procuran que los salarios no sean tan bajos que reduzcan la productividad de los trabajadores o lleven a pérdidas de producción por conflictos, ni tan altos que obliguen al cierre. El resultado, en términos de empleo, se parece al del modelo anterior. Un modelo intermedio es el español, o el italiano, donde las negociaciones principales tienen lugar por sectores —metal o construcción—, de tal modo que los negociadores no tienen por qué tomar en consideración la situación general de la economía, pero toman acuerdos que obligan a todas las empresas del sector; como éstas son heterogéneas —grandes y pequeñas, más o menos rentables— las pautas sectoriales pueden resultar excesivas para las empresas más débiles, y el resultado puede llevar al aumento del desempleo. Así, los modelos intermedios tienden a ser más inflacionarios que los centralizados, y a crear menos empleo que los descentralizados.

El segundo aspecto a destacar es el grado de influencia en las negociaciones de los trabajadores ya empleados, por una parte, y de los que buscan empleo, por otra. Los modelos que se centran en este aspecto suelen llamarse de insiders-outsiders, y su lógica es sencilla: en un caso extremo, los trabajadores que participan en la negociación colectiva —empleados o representantes sindicales— sólo tienen en cuenta sus propios intereses, sin importarles el nivel de paro general. En este caso tenderán a fijar un nivel de salario que les mantenga empleados a ellos, pero que no haga rentable la contratación de gente de fuera; es decir, que haga imposible el pleno empleo. Para reducir el nivel de paro, la solución suele estar en la introducción de contratos temporales, que mantienen las diferencias entre insiders y outsiders, pero que permiten a estos últimos encontrar un empleo. Se trata de una solución poco satisfactoria, porque crea un mercado de trabajo dual, muy favorable para quienes tienen un contrato de duración indefinida, y poco atractivo para quienes han de conformarse con contratos de corta duración.

En general, puede decirse que estas dos líneas de investigación —políticas e institucionales— han permitido explicar las diferencias entre las tasas de paro de los países europeos, pero no la persistencia de altos niveles de desempleo en algunas de las grandes economías de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, Francia, Italia y España. Un enfoque alternativo basa la solución de los problemas del paro en una única receta: la supresión de las rigideces del mercado de trabajo. Vale la pena dedicarle alguna atención, ya que ha gozado de cierta popularidad en los medios de comunicación, seguramente por ser de comprensión más fácil.

Rigideces y flexibilidad en el mercado de trabajo

Durante la segunda mitad de los años noventa, se puso de moda achacar el poco éxito de las economías europeas en la reducción del paro a unos mercados laborales rígidos, mientras que economías como la estadounidense o la británica, con niveles de paro inferiores, se caracterizaban por tener unos mercados laborales más flexibles. Esta rigidez de los mercados laborales ha sido uno de los rasgos que, en el imaginario popular, diferencia las economías de la Europa continental del capitalismo anglosajón.[12] No es preciso añadir que este último acostumbra a salir vencedor en todas las comparaciones, y por eso vale la pena tratar de medir, en lo posible, el papel de la flexibilidad del mercado de trabajo en la generación de empleo.

En general, cualquier impedimento a la libre contratación entre las partes, empresa y trabajador, se interpreta como un elemento de rigidez en el mercado laboral. Con esta definición tan amplia, los elementos de rigidez pueden ser clasificados en tres grupos. En el primero entran los que afectan directamente a las condiciones del contrato laboral: limitaciones al despido, normativa laboral sobre horarios, calendario laboral, jornada, salarios mínimos, medidas de seguridad, o representación de los trabajadores en los órganos de dirección de la empresa. Un segundo grupo comprende las medidas relativas al tratamiento de los parados: porcentaje del salario que representa la prestación por desempleo (la denominada tasa de sustitución), duración de la prestación y condiciones para acceder a ella, si las hay (obligación de seguir cursos de formación, obligación de aceptar los empleos ofrecidos, etc.). Un tercer grupo recoge otras características del mercado laboral que lo distinguen de otros mercados: grado de afiliación sindical, grado de cobertura sindical de la negociación colectiva, grado de coordinación entre sindicatos y patronal, o nivel de impuestos sobre el trabajo, como son las contribuciones a la Seguridad Social.

Estos elementos de rigidez son muy heterogéneos y tienen razones de ser distintas; no es posible aquí examinarlos con detalle.[13] Tres observaciones ayudarán a situar las críticas al «modelo europeo» en una perspectiva más equilibrada que la que ofrecen algunos comentaristas. En primer lugar, algunas rigideces tienen su origen en consideraciones de justicia, que no pueden medirse en unidades del PIB. Así, por ejemplo, las prestaciones de desempleo, que permiten a los parados un margen de elección entre empleos; la asistencia sindical en la contratación, donde se enfrentan dos partes, el trabajador individual y la empresa, de fuerzas muy desiguales; o los subsidios de enfermedad o invalidez, que suponen un coste adicional para la empresa y frenan la contratación.

En segundo lugar, aun prescindiendo de consideraciones de justicia, resulta que no todos los elementos de rigidez tienen por qué ser ineficientes: algunos pueden ser racionales, incluso para un empresario cuyo único objetivo sea la maximización del beneficio. Así, por ejemplo, puede ser preferible pagar un salario superior al de mercado para lograr una mayor productividad, o para mantener un mejor clima, o para acceder a trabajadores de mejores características. Por otra parte, un compromiso a largo plazo en forma de un contrato estable puede estimular al trabajador a un mayor nivel de esfuerzo. Además, a la empresa suele interesarle que el trabajador adquiera los conocimientos necesarios para manejarse con soltura en su organización. Evitará, por consiguiente, despedir a sus trabajadores para contratar a otros del exterior sólo porque sus salarios son algo más bajos. Estas posibilidades no siempre estarán presentes; pero son lo bastante numerosas como para no tratar el mercado de trabajo como un mercado cualquiera. La receta de eliminar las rigideces parece, pues, demasiado simplista.

La tercera observación es que, cuando se ha tratado de medir el efecto de las rigideces sobre el empleo, los resultados no han sido muy contundentes. En primer lugar, algunos países europeos con mercados laborales que cabe calificar de rígidos —Austria, Dinamarca, Luxemburgo o Suecia— han mantenido un nivel de empleo comparable al de los países anglosajones. En segundo lugar, análisis detallados sobre el período 1983-1996 no señalan como significativas algunas de esas rigideces: las del primer grupo, por ejemplo —protección al empleo, normativa laboral—, no parecen tener un efecto neto apreciable sobre el empleo; tampoco el salario mínimo, ni la existencia de impuestos sobre el trabajo. En otros casos, por el contrario, los resultados confirman lo que uno pensaría: sindicatos fuertes inducen al alza salarial, salvo si existe una estrecha coordinación con el Gobierno; las restricciones a la oferta, como la reducción de la jornada laboral si se aumentan los costes del trabajo, tienden a reducir la demanda de trabajo y empleo; el aumento de las prestaciones de paro presiona sobre los salarios al reducir el coste del desempleo para el trabajador. Finalmente, el nivel de las prestaciones por desempleo, así como su duración, tiene menos importancia que su propia condicionalidad, por ejemplo, que el derecho a la percepción del subsidio lleve aparejadas obligaciones, como en los países escandinavos.

De estas observaciones no cabe deducir que los mercados laborales europeos sean inmejorables, porque, si así fuera, el nivel de paro no sería tan alto; ni tampoco que no puedan beneficiarse de la adopción de algunas características de los de otros países, ya que la existencia de muchas prácticas restrictivas es motivo de frecuentes y numerosos abusos. En definitiva, ni la teoría ni la observación permiten afirmar que la solución esté en una desregulación lo más rápida y completa posible.

Resumen

Tres décadas de análisis no permiten aún recomendaciones muy sólidas sobre la mejor manera de abordar el paro. En realidad, lo que ponen de manifiesto es que el paro no es ni una categoría homogénea ni un fenómeno sencillo; no tiene un único origen, ni se desarrolla de la misma manera en todas las economías, ni responde siempre a los mismos estímulos. Además, sus consecuencias no se agotan en el ámbito económico; de forma que, si pudiéramos contar con una teoría económica del paro —que no existe, por lo menos de momento—, esta teoría sería sólo una pieza de las varias que harían falta para abordar los problemas reales del paro.

En este capítulo hemos tratado, no de confundir al lector, sino de darle una idea, necesariamente muy incompleta, de la complejidad del problema, con la esperanza de que le baste para desconfiar de las soluciones sencillas. Ésta es una confesión de ignorancia, pero no de una ignorancia absoluta; en alguna cosa puede contribuir la economía a una mejor comprensión del fenómeno del paro. En primer lugar, si bien una teoría general sigue estando ausente, sí hay una mejor comprensión de los efectos de muchas medidas parciales y de la operación de muchas partes del mercado laboral. Podemos, además, citar algunos principios que parece haber ido destilando el análisis. El primero es que hay que tener presente que las economías se ven sujetas a choques imprevistos sobre los que uno tiene escaso o nulo control, y eso es aún más cierto en un mundo en que los ciudadanos viven dentro de sus fronteras, mientras que bienes, servicios y capitales las atraviesan cada vez con mayor facilidad: la incertidumbre es un ingrediente inevitable de cualquier economía, y el grado de incertidumbre va en aumento. El segundo principio se deduce del primero: no se trata tanto de defender los puestos de trabajo —porque los cambios son demasiado rápidos— como de proteger a los trabajadores. El tercero se refiere a la protección de los parados: no hay inconveniente en que sea generosa, pero es preferible que esté condicionada a la realización de un verdadero esfuerzo por salir del paro. En cuarto lugar hay que medir correctamente el coste social del desempleo: ya hemos visto que, para el trabajador, es superior al salario que deja de percibir, y, para la sociedad, superior al PIB que no se produce.[14] Por último, hay que hacer lo posible por eliminar las barreras a la contratación que no sirven más que para proteger intereses creados; aunque, como veremos al tratar de las medidas estructurales, eso es algo más fácil de exponer que de llevar a la práctica.

Apéndice: El empleo en España, 1960-1995

En el texto se ha tratado el paro en Europa como si fuera un único mercado laboral. En la práctica, sin embargo, la experiencia de los distintos países ha sido muy distinta. Como ejemplo de esa heterogeneidad haremos referencia aquí a un caso muy singular: el español. España pasó de una de las tasas de paro más bajas de Europa a principios de los setenta a una tasa próxima al 25 por 100 en 1993, y tardó más de diez años en situarse cerca de la media europea (el 8,5 por 100 en 2006).

La Figura 4.3. ilustra la evolución del empleo: como se ve, en las principales economías europeas el empleo aumentó, con más o menos intensidad, durante todo el período, incluso durante los años que siguieron a la crisis del petróleo. Así, por ejemplo, en Alemania la evolución del empleo siguió estrictamente las fases del ciclo. Si aumentó el paro fue porque ese aumento del empleo no bastó para absorber la oferta de trabajo que llegaba al mercado. En España, en cambio, el período 1975-1985 fue de destrucción de empleo: en 1985 se estimaba que había un millón de puestos de trabajo menos que en 1975. Las causas fueron varias. Por una parte, se mantuvo el proceso de abandono de la agricultura a la vez que no se creaba nuevo empleo en la industria, ya que éste fue un período de destrucción —o de saneamiento, si se quiere— de nuestro tejido industrial que precedió a la entrada de España en la Comunidad Europea; por otra, la transición política endureció las relaciones laborales hasta el punto de paralizar el normal funcionamiento de los mercados de trabajo. La consolidación política hizo posible un manejo más riguroso de las variables macroeconómicas, y algunas reformas en el terreno laboral mejoraron la operación de los mercados, de tal modo que el paro fue descendiendo ininterrumpidamente desde 1995 en adelante.[15]

FUENTE: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, abril de 2015.

FIGURA 4.3. El empleo en España y Europa, 1980-2014 (1980 =100).

FUENTE: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, abril de 2015.

FIGURA 4.4. El empleo en España y Europa, 1980-2014.

Notas de lectura

Cualquier manual de macroeconomía tiene un capítulo sobre el empleo. La distinción entre paro clásico y paro keynesiano ocupaba una gran parte de los manuales de los años sesenta (véase, por ejemplo, el de G. Ackley, Macroeconomic Theory, McGraw-Hill, 1961, pp. 105-412), pero ha ido cediendo el primer plano a teorías más recientes. La formulación de referencia en los últimos años es la de E. Malinvaud, Unemployment Revisited, Blackwell, 1977 (hay traducción española: Una reconsideración de la teoría del paro, Antoni Bosch, 1979). Una exposición detallada de los progresos en el análisis del paro en Europa se encuentra en O. Blanchard, «European Unemployment», Economic Policy, enero de 2006, pp. 7-59. El origen de la moda de la desregulación es el OECD Jobs Study de 1994. El análisis de las rigideces del mercado de trabajo se encuentra en el trabajo de S. Nickell, «Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe vs. North America», Journal of Economic Perspectives, verano de 1997, pp. 55-74. El libro de Davidson sobre Keynes, ya citado, en especial el capítulo 4, es una exposición sencilla del esquema keynesiano. Sobre la asimilación de las ideas de Keynes en el sistema neoclásico, el lector puede consultar el capítulo 12 del mismo libro, o el de Colander y Landreth, The Coming of Keynesianism to America, 1996.

Capítulo 5

LA POLÍTICA MONETARIA

Nadie desea detenerse en la investigación puramente teórica. Todo el mundo está de acuerdo en que, en economía, la investigación positiva de los hechos no es, en sí misma, un fin, sino que ha de ser usada como la base de una investigación práctica, en la que las consideraciones éticas deben tener el peso que merecen.

J. N. KEYNES, The Scope and Method

of Political Economy, 1890

Introducción

En este capítulo se introducen las llamadas políticas de estabilización —que comprenden la casi totalidad de lo que el ciudadano llama «política económica»—; se llaman así porque con ellas pretenden las autoridades estabilizar la producción en torno al producto potencial. Como vimos en el Capítulo 2, el producto está determinado, en el corto plazo, por la demanda agregada; ésta procede de las familias —consumo privado —, de las empresas —inversión—, del Gobierno —gasto público— y del sector exterior —exportaciones menos importaciones—. Las políticas de estabilización actúan, pues, sobre uno o varios de estos componentes, y por eso se llaman a menudo políticas de demanda.

La política monetaria es la esfera de acción del Banco Central, quien ejerce su influencia tratando de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía; en las últimas décadas, su manejo se ha convertido en algo muy técnico, pero sus efectos siguen estando sujetos a grandes imprecisiones. Algunas tienen que ver con la calidad de la información que manejan las autoridades; otras se deben a que toda política económica actúa sobre agentes que piensan (aunque no siempre), procuran anticipar el futuro, y, a veces, contrarrestan las acciones de la política económica porque no convienen a sus propios intereses. Todos éstos son elementos que los responsables de la política económica han de tener presente dentro de lo posible, y que se traducen en limitaciones a las que dedicamos un apartado.

La cita que encabeza el capítulo nos recuerda que, en las investigaciones prácticas, las consideraciones éticas deben tenerse en cuenta. La política económica se mueve entre conflictos de intereses; también la política monetaria, en apariencia la más técnica y neutral de todas: cualquier medida de política monetaria favorece a algunos y perjudica a otros; o evita un mal hoy a riesgo de crear otro mañana. El ciudadano corriente no tiene por qué estar familiarizado con los detalles; pero sí tiene la capacidad de asegurarse que, en su actuación, la política económica tiene en cuenta las consecuencias de sus medidas sobre todos los grupos sociales —y no sólo sobre los más ruidosos— y tanto a largo como a corto plazo, y no sólo sobre el tiempo que falta para las elecciones.[1]

La política monetaria: esquema general

Se admite generalmente que la política monetaria actúa sobre todo a través de la inversión privada, a través del coste de la financiación, que se expresa mediante los tipos de interés. Es cierto que el tipo de interés afecta también al consumo privado, en la medida en que parte de las compras de bienes de consumo se hacen a crédito; pero su influencia sobre la inversión es mucho mayor, porque casi toda se hace con recursos ajenos, es decir, con dinero prestado a interés. El Banco Central tiene cierto control sobre algunos tipos de interés, y entre éstos y los que afectan directamente a la inversión hay una relación que se supone bastante estable.[2] Las autoridades monetarias —el Banco Central— tienen como objetivo la estabilidad de precios y saben que ésta corre peligro en cuanto el PIB se separa de su potencial; si, por ejemplo, observan que el crecimiento del PIB excede de lo que consideran el crecimiento potencial, y amenaza con un aumento de la inflación, entonces tratarán de frenar el crecimiento de la demanda, moderando el crecimiento de la inversión: para ello aumentarán el tipo de interés que está bajo su control. Si observan que el crecimiento está por debajo del potencial, reducirán el tipo de interés para estimular la inversión, y así dar un impulso al crecimiento. Este esquema sirve para ordenar nuestras ideas sobre la política monetaria, y lo seguiremos en el resto del capítulo.

Pero antes daremos un rodeo para aprender cuál es la naturaleza del dinero y qué funciones desempeña el sistema financiero: estos conceptos permiten entender no sólo el manejo de la política monetaria, sino la estructura del sistema financiero y la razón de su importancia en una economía de mercado. A esto dedicamos el apartado siguiente.

El dinero y el sistema financiero

Al tratar de la inflación vimos que ha de existir necesariamente una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. Esta relación se basa en la naturaleza misma del dinero: si un billete de 100 euros representa un derecho a comprar un pedazo del PIB de la zona euro, cuantos más billetes de 100 euros en circulación existan, si el PIB no varía, más pequeño será el pedazo que cada billete podrá comprar, de modo que el nivel de precios deberá aumentar. Y así, naturalmente, ocurre en la práctica. Es por ello que las guerras, financiadas con emisiones de dinero por los reyes o los gobiernos, terminaban invariablemente en una inflación: el gasto público necesario para financiar la guerra competía con la demanda privada de consumo e inversión para hacer aumentar los precios. Si esto es así, si existe esa relación entre dinero y precios, y si el objetivo de las autoridades monetarias es el control del nivel de precios, o de su crecimiento —la inflación—, lo más fácil será fijarse en la cantidad de dinero, y restringir su crecimiento cuando se considere que es excesivo —es decir, cuando amenaza con un proceso inflacionario— o aumentarlo si se considera que es insuficiente.

Si bien esta idea es intuitivamente atractiva, medio siglo de experiencia en el control de la inflación ha llevado a los bancos centrales a una conclusión: la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, o entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación, es demasiado inestable para poder servir de guía a la política monetaria en la práctica. Sin embargo, el control de la cantidad de dinero está en el origen del sistema financiero, y no es posible entender bien la operación de la política monetaria sin saber algo del proceso de creación de dinero.

Empecemos por situarnos en un mundo sin bancos centrales, en el que el único tipo de dinero reconocido fuera la moneda metálica: un mundo que se correspondería con bastante exactitud al de la Europa medieval. Supongamos que un comerciante veneciano hubiera ganado mucho dinero en la feria de Amberes, y tuviera la intención de seguir operando allí; antes que regresar a Venecia con su dinero a cuestas y verse expuesto a ser desvalijado a la ida o a la vuelta, preferiría dejar su dinero en Amberes, confiado a la custodia de alguien de confianza y provisto de sólidas cerraduras en su puerta. Lo mismo harían otros comerciantes, de modo que el custodio se convertiría en depositario de una gran cantidad de dinero en metálico, cobrando, naturalmente, una comisión por sus servicios y obligado a devolver el dinero a sus propietarios en cuanto éstos lo reclamasen. El depositario no tardaría en darse cuenta de que, como sus comerciantes aparecían por su casa a intervalos regulares, él podía prestar el dinero depositado a interés, por plazos naturalmente inferiores a las apariciones de sus propietarios, y esta actividad de prestamista pasaría a convertirse en su principal negocio, por ser más rentable que la mera actividad de custodio.

Con el tiempo, aparecería otra innovación importante: el prestamista no entregaría dinero en metálico al conceder un prés-tamo, sino que se limitaría a emitir pagarés o certificados por una cantidad de dinero, a su nombre y con su garantía. Al ser persona conocida en la plaza, esos pagarés circularían como dinero, porque serían aceptados por muchos como medio de pago, más cómodo y seguro que el trasiego de monedas; sólo de vez en cuando alguien se molestaría en presentarse ante el prestamista original para reclamar el canje de su pagaré por dinero en metálico, quizá porque hubiera de desplazarse a otra ciudad. Con el tiempo, el prestamista utilizaría esos pagarés para conceder crédito a sus clientes: a cambio de devolver al prestamista en el futuro la suma inicial y el interés, ambos en metálico, el cliente recibiría un pagaré que podría emplear como medio de pago. Con esta innovación aparecen los dos primeros elementos del sistema bancario moderno. En primer lugar, que la cantidad de dinero está formada por dos componentes: las monedas metálicas, único dinero «real», y los pagarés del prestamista, que uno puede utilizar como medio de pago allí donde sea aceptado. En segundo lugar, las monedas metálicas están acuñadas por las autoridades y su volumen queda fuera del control del prestamista; los pagarés, en cambio, son emitidos por el prestamista, y su volumen depende de él.

No puede ser prestamista una persona cualquiera: es necesario gozar de una buena reputación para que los pagarés que uno emite sean aceptados como medio de pago. Para ello es necesario que todos estén convencidos de que el prestamista puede responder en cada momento entregando en dinero metálico el equivalente de sus pagarés, siendo capaz, además, de devolver el dinero recibido en depósito por parte de los comerciantes. Por consiguiente, el prestamista ha de tener cuidado en no emitir demasiados pagarés, es decir, en no conceder demasiados créditos; su capacidad para otorgarlos dependerá no sólo de la cantidad de dinero en metálico depositada en sus cofres, sino de la frecuencia con que sus propietarios acudan a reclamarla. Con el tiempo, la experiencia le dirá que si, por ejemplo, tiene dinero en metálico por valor de 1.000, el volumen total de crédito concedido —es decir, la cantidad de pagarés emitidos— no debería ser superior a 10.000. Si excede ese volumen, aumenta el riesgo de que, en un momento dado y por cualquier razón, se le presenten peticiones de metálico superiores a sus reservas: en ese momento, si nadie le presta la diferencia, el prestamista deberá declararse en quiebra.

Es sorprendente comprobar cómo esta descripción de las actividades de los primeros banqueros aún captura caracteres esenciales de un sistema bancario moderno. Los dos rasgos más importantes para nuestros propósitos son, primero, que en nuestras economías la creación de dinero la llevan a cabo el Banco Central y, en mayor medida, la banca comercial; y, segundo, que el Banco Central puede poner un límite al volumen de crédito que la banca concede —es decir, a la cantidad de dinero que emite— porque obliga a mantener el equivalente de una fracción de los créditos concedidos en forma de unos activos que sólo él emite, y que corresponden a la moneda metálica en los cofres del prestamista de antaño.

Empecemos por preguntarnos qué consideramos dinero. Sin entrar en muchos detalles, suele considerarse dinero, en primer lugar, la moneda de curso legal, a la que llamamos efectivo: los billetes y las monedas. Pero el efectivo no es más que una pequeña parte —aproximadamente un 8 por 100 en la zona euro— de la cantidad total de dinero: el resto lo constituyen los depósitos bancarios. Estos depósitos son, a su vez, de distintas clases. Unos son depósitos a la vista, o cuentas corrientes, lo que significa que su titular puede disponer del dinero sin previo aviso, bien sacándolo por ventanilla, bien emitiendo un talón contra su cuenta; otros son a plazo, de tal modo que el titular puede disponer de ellos transcurrido un plazo estipulado de antemano, a cambio de un interés superior al que reciben las cuentas corrientes; si quiere disponer del dinero antes del plazo, ha de pagar una penalización. Si, en nuestra definición de dinero, sólo consideramos el efectivo y los depósitos a la vista, la cantidad resultante es la llamada M1, la definición más estricta; a medida que vayamos incorporando varias clases de depósitos obtendremos M2 y la M3, definiciones más amplias. Pero, más que estas definiciones, lo que debe retener nuestra atención ahora es la forma en que ese dinero se crea.[3]

Del mismo modo que para saber qué es una balanza de pagos lo mejor es ver un ejemplo, aunque sea simplificado —cosa que haremos en el Capítulo 7—, la mejor forma de entender el proceso de creación de dinero es a través del balance del sistema financiero, que construiremos a partir de sus dos componentes, el Banco Central y la banca comercial.

Es muy importante ver el proceso de creación de dinero a través del balance, por dos razones. En primer lugar, ha de quedar perfectamente claro que el dinero —en este caso el efectivo— es un pasivo del Banco Central, es decir, una obligación de éste frente al que posee el billete. Recordemos la situación del prestamista: los certificados que emitía, ese dinero primitivo, le creaban la obligación de entregar dinero metálico a quien se los presentara al cobro. Hasta no hace mucho, además, los billetes de banco llevaban impresa la mención: «El Banco de (país) pagará al portador la cantidad de (cantidad de moneda nacional)», y esta mención era una reliquia de los tiempos en que el Banco estaba obligado a redimir sus billetes en oro o plata. Era entonces evidente que un billete en circulación suponía una obligación para el Banco Central.[4]

La segunda razón es que el balance nos recuerda que cualquier emisión de dinero ha de tener una contrapartida. Es decir, el Banco Central no emite dinero por iniciativa propia, sino porque alguien se lo pide. Como contrapartida de la obligación que supone la emisión de dinero, el Banco Central adquiere un derecho contra otro, el cual figura en el activo de su balance. El Cuadro 5.1 nos indica cuáles son esas contrapartidas. En primer lugar, el Banco puede emitir dinero a cambio de divisas: es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un exportador acude a su ventanilla para cambiar por euros los dólares que ha ganado en el mercado internacional. Esta rúbrica recoge la relación entre la cantidad de dinero y el sector exterior y la veremos con mayor detalle al tratar de la balanza de pagos.

En segundo lugar, el Banco puede emitir dinero porque se lo pide el Gobierno, que lo necesita para financiar una guerra, para pagar los sueldos de sus funcionarios o para construir un ferrocarril: la obligación del Estado frente al Banco queda consignada en la cuenta del Tesoro, y el Estado se obliga a redimir el saldo deudor en una fecha no siempre bien definida. Esta práctica, tan extendida en el pasado, está hoy prohibida en la mayoría de las economías avanzadas. La cuenta del Tesoro sigue existiendo, pero su saldo no varía. El motivo de esta prohibición es, naturalmente, que no se puede pedir al Banco Central que controle la inflación si la cantidad de dinero depende, en realidad, del Gobierno; y en la medida en que los Estados han ido concediendo primacía al control de la inflación han ido renunciando a la facultad de acudir al Banco Central.

CUADRO 5.1. Balance simplificado del Banco Central

Por último, el Banco Central también puede emitir dinero para prestárselo a la banca privada.[5] Al ver el balance de ésta entenderemos por qué necesita acudir al Banco Central en busca de liquidez. Lo que importa en este momento es que el Banco Central no suele entregar efectivo a la banca comercial, sino los llamados activos líquidos, que son meros apuntes contables, pero que desempeñan el papel del oro de otros tiempos. La suma de efectivo y activos líquidos, es decir, la parte de la cantidad de dinero que es emitida por el Banco Central, suele llamarse base monetaria; en seguida veremos por qué.

En cuanto a las restantes partidas del activo, la llamada Cartera de valores, el Banco Central suele tener un gran volumen de títulos de deuda pública y, en ocasiones, de obligaciones de empresas privadas; emplea unos y otras para regular la liquidez del sistema, mediante las operaciones de mercado abierto que veremos más adelante. Por último, la partida «Otros activos» comprende edificios, obras de arte, mobiliario y demás.

Veamos con más detalle el balance de la banca privada o comercial. (Cuadro 5.2).[6]

En este balance muy simplificado de la banca, pasemos por encima de lo accesorio para concentrarnos en lo que es esencial a nuestros efectos. En el activo, la cartera de valores contiene las acciones y obligaciones en las que los bancos han invertido su propio dinero, y no, por consiguiente, los fondos de inversión de todas clases que pueden estar administrando; los «otros activos» comprenden, como en el caso anterior, activos, tanto materiales como inmateriales, de todas clases. En el pasivo, la partida de «otros pasivos» incluye todas las obligaciones de naturaleza no monetaria de la banca comercial: deudores ordinarios —a corto y a largo plazo— capital y reservas, como en cualquier empresa.

La creación de dinero por la banca comercial descansa sobre dos principios: el primero es que un banco crea dinero, en forma de depósitos, como contrapartida de los créditos que concede; el segundo es que un banco está obligado, por ley, a mantener en efectivo o en activos líquidos el equivalente de un porcentaje de los depósitos que ha creado.

Empecemos por mostrar cómo un banco crea dinero al conceder un crédito.[7] Cuando alguien entra en una oficina bancaria a solicitar un crédito, la transacción resultante tiene dos componentes: por una parte, uno se obliga a devolver el importe del préstamo, con los intereses pactados, en un plazo también pactado; por otra, el banco abre una cuenta, por el valor del préstamo concedido, de la que el cliente puede disponer. En este segundo elemento consiste la creación de dinero: la cuenta abierta es dinero nuevo que no existía antes.

CUADRO 5.2. Balance simplificado de la banca comercial

El segundo principio nos dice que la creación de dinero por la banca tiene un límite. La ley establece, en el caso de la zona euro, que, si una entidad ha creado depósitos por valor de cien millones de euros, ha de tener en su balance efectivo —es decir, caja— o activos líquidos por valor de dos millones de euros. Esta proporción, el 2 por 100 en nuestro caso, se llama coeficiente de caja.[8] Si recordamos a nuestro prestamista, su origen se explica por sí solo. El coeficiente de caja corresponde a aquella regla de conducta que el prestamista prudente se había fijado: no conceder demasiado crédito en relación con el oro que guardaba en sus cofres, para evitar que un buen día le presentaran tantos pagarés al cobro que no tuviera metálico para responder y hubiera de suspender pagos. En la práctica, se ve inmediatamente que el coeficiente de caja permite al Banco Central poner un límite al volumen de crédito concedido por la banca comercial, ya que es él quien emite los activos líquidos. Así pues, en cada momento, el Banco Central ejerce cierto control sobre la cantidad de dinero del sistema, ya que puede decidir cuántos activos líquidos está dispuesto a prestar a la banca comercial.[9]

Dos observaciones completan este panorama de la creación de dinero por el sistema financiero. La primera es que el coeficiente de caja actúa como un multiplicador: si la banca comercial tiene en su poder dos millones de euros en activos líquidos, puede conceder créditos, y abrir cuentas de depósito, hasta cien millones de euros, ya que el coeficiente de caja es el 2 por 100. Si el Banco Central decide inyectar liquidez en el sistema, prestando a la banca comercial un millón de euros más, la banca comercial puede ahora conceder créditos hasta ciento cincuenta millones (el 2 por 100 de 150 es 3), de manera que el aumento de una unidad en los activos líquidos puede traducirse en un aumento de la cantidad de dinero de cincuenta unidades. Los activos líquidos aparecen así como la base sobre la que se crea el dinero por parte de la banca comercial, y de ahí su nombre de base monetaria.[10] El multiplicador actúa también en sentido contrario: así, si las autoridades decidieran retirar el millón adicional, el volumen de crédito concedido debería reducirse de nuevo en cincuenta millones. Si, en la situación inicial, de dos millones de activos líquidos y cien millones de créditos concedidos, las autoridades decidieran elevar el coeficiente de caja al 3 por 100, la banca debería reducir el volumen de crédito concedido hasta 66,7 millones (2 es el 3 por 100 de 66,7). Vemos, pues, que el coeficiente de caja es un instrumento de control monetario y, por consiguiente, puede ser usado para los objetivos de la política monetaria; pero, por otra parte, induce a variaciones muy bruscas en la cantidad de dinero y por ello en la mayor parte de economías avanzadas se emplea sólo en circunstancias extremas.

La segunda observación es que, en circunstancias normales, la banca comercial estará al límite de la liquidez: es decir, el volumen de crédito concedido estará próximo al máximo permitido por el coeficiente de caja. El motivo es bien sencillo: el negocio principal de la banca comercial es la concesión de créditos, que están remunerados al tipo de interés de mercado, mientras que los activos líquidos reciben sólo una remuneración nominal, y el efectivo no rinde nada. Es este incentivo natural que tienen las entidades bancarias para extender crédito hasta el límite de sus posibilidades lo que da efectividad al control monetario. Si la banca tuviera grandes reservas de activos líquidos no necesitaría acudir al Banco Central, y éste no tendría poder para regular el volumen de crédito: una cuerda sirve para tirar, no para empujar, y, en circunstancias normales, la cuerda de la liquidez estará siempre tirante.[11] Por otra parte, la banca comercial resistirá la tentación de incumplir con el coeficiente de caja concediendo más crédito del que le permiten sus tenencias de activos líquidos, porque el Banco Central conoce, en cada momento, el balance de cada una de las entidades financieras bajo su supervisión y el incumplimiento, aunque sea ocasional, del coeficiente de caja lleva consigo la imposición de multas, mientras que el incumplimiento reiterado tiene como consecuencia la peor sanción de todas para una entidad financiera: el Banco Central deja de mirarla con buenos ojos.

El control de la cantidad de dinero: operaciones de mercado abierto

Lo anterior muestra cómo el coeficiente de caja confiere al Banco Central una cierta capacidad de control de la cantidad de dinero del sistema, puesto que hace depender el volumen máximo de crédito concedido de la cantidad de activos líquidos en manos de los bancos, y este volumen está determinado por las acciones del Banco Central. Falta ahora por ver cómo, en la práctica, un Banco Central procede a inyectar liquidez en el sistema o a drenarla de él. El instrumento normal en un sistema financiero desarrollado son las llamadas operaciones de mercado abierto, que los bancos centrales realizan continuamente; aunque en momentos de crisis, esas operaciones cobran especial notoriedad.[12]

Supongamos que el Banco Central quiere inyectar liquidez en el sistema, es decir, aumentar la cantidad de activos líquidos en poder de los bancos para que éstos puedan conceder un mayor volumen de crédito. El Banco Central comprará títulos de deuda pública en poder de los bancos o del público, es decir, en el mercado (de ahí que se les llame operaciones de mercado abierto), y esta compra hará que aumente la cantidad de activos líquidos en el sistema. Si, por el contrario, se trata de drenar liquidez del sistema, el Banco Central venderá parte de su cartera de títulos en el mercado, y el resultado será una reducción de la cantidad de activos líquidos en el sistema. Si el Banco Central compra los títulos a un particular, pagará en efectivo al vendedor, quien lo depositará en su cuenta corriente, aumentando así el volumen de efectivo en poder del banco correspondiente y ampliando, por consiguiente, el volumen de crédito que éste puede conceder; si el Banco Central compra los títulos a un banco comercial, pagará abonando la cantidad en la cuenta de activos líquidos de éste, con el mismo efecto sobre el límite de crédito. En el caso de una venta de títulos en el mercado abierto, los particulares extenderán un cheque contra su banco y a favor del Banco Central; éste reducirá la cantidad de activos líquidos del banco correspondiente por el mismo importe, y el banco se verá obligado a reducir el volumen de crédito concedido.[13]

Visiones antiguas y nuevas

Durante los últimos años se ha ido modificando profundamente la visión tradicional del proceso de creación de dinero y en consecuencia de la naturaleza del control monetario, para llegar a un esquema conceptual más acorde con la operativa actual de la banca. Vale la pena introducirla comparándola con los esquemas más antiguos expuestos en las páginas anteriores, para dar así una visión de la evolución sufrida tanto por el sector como por la doctrina.

Visión tradicional. Corresponde a la actividad de préstamo nacida de la actividad de custodia, expuesta en lel apartado «El dinero y el sistema financiero» de este capítulo. El banquero presta el dinero en metálico cuya custodia le ha sido confiada por sus propietarios por un plazo estipulado. No crea dinero, porque sólo puede prestar el que la ha sido confiado: es un mero intermediario. No hay un Banco Central responsable ni de la emisión de moneda —que suele ser un privilegio real— ni del control monetario. El dinero es creado fuera del sistema financiero: se dice que es éxogeno.

Visión moderna: el multiplicador monetario. Surge cuando el banquero empieza a prestar, sobre la base del dinero en metálico que custodia, en cantidades superiores a la confiada, emitiendo papel que es aceptado como medio de pago, por la confianza que inspira el banquero. Puede hacerlo porque la experiencia le enseña que sólo una parte del dinero emitido le será presentado en cada momento para ser redimida en metálico: el resto circulará sin sobresaltos en circunstancias normales. En períodos de turbulencia, sin embargo, puede que muchos, o todos los tenedores del papel emitido exijan su canje en metálico. Si las peticiones de reembolso superan la cantidad de metálico que tiene en sus arcas el banquero, éste debe declararse en quiebra. Hasta la Baja Edad Media, la quiebra era castigada con la horca; parece ser que el último banquero ajusticiado lo fue en Barcelona en 1490 (v. el trabajo de Alessandri y Haldane citado al final). La legislación posterior fue menos draconiana, y fue sólo para evitar que un súbito cambio de humor de los depositantes acabara en un colapso del sistema financiero que, a partir de la segunda mitad del s. XIX, fue encomendada a los bancos centrales la función de prestamista de última instancia. Al mismo tiempo, la práctica prudencial de conservar en metálico una proporción del crédito concedido por el banquero se convirtió en obligación legal: el llamado coeficiente de caja establece que en el activo del banco debe figurar una caridad de activos líquidos (efectivo y reservas en el banco central) equivalente a un porcentaje, generalmente entre el 2 y el 10 por ciento, de los depósitos de su pasivo. Como es el Banco Central el único que puede emitir efectivo y reservas, el coeficiente de caja se convierte en un instrumento de control monetario, puesto que la cantidad total de dinero en circulación no puede ser mayor que el múltiplo de las reservas emitidas por el Banco Central: así, si el coeficiente de caja es del 5 por 100 y el banco ha emitido efectivo y reservas por valor de 100, la cantidad de dinero creada por los bancos no puede ser superior a 2.000. El recíproco del coeficiente de caja se llama, por esa razón, el multiplicador monetario. Variando el coeficiente de caja el Banco Central puede variar el límite superior de la cantidad de dinero del sistema.

Aquí el banco no es ya un puro intermediario: crea dinero hasta un múltiplo de los activos líquidos puestos en circulación por el Banco Central. Sin embargo, sigue siendo cierto que el banco necesita, para poder crear dinero, una entrada previa o de efectivo, por parte de un depositante, o de reservas, por parte del Banco Central. El dinero es aquí en parte exógeno y en parte endógeno creado por el propio sistema financiero. Esta visión más moderna, que supone que los bancos intermedian una masa de ahorro disponible para ser prestada, da origen al llamado modelo de los fondos prestables (loanable funds), usado en todos los manuales de economía hasta no hace mucho para dar razón del proceso de creación de dinero y de la operación de la política monetaria. Es la expuesta en las páginas anteriores de este capítulo.

Visión actual. Trabajos más recientes ponen de manifiesto que las descripciones anteriores ni son correctas conceptualmente, ni se corresponden con la forma de proceder de los bancos de hoy. Aquí dedicaremos más atención a este último aspecto.

La actividad bancaria consiste en esencia en conceder créditos (es decir, comprar un activo financiero) pagándolos con un dinero que él mismo crea (abriendo una cuenta corriente, un depósito, a nombre del titular del crédito). El dinero se crea en el mismo acto por el que se concede el crédito, y para ello el banco no necesita que alguien haya depositado efectivo en sus arcas: lo crea por iniciativa propia sin necesidad de basarse en la existencia de un depósito previo. Vale la pena detenerse en este punto, por ser tan distinta esta visión de la habitual. El dinero es ahora endógeno: está creado en su totalidad dentro del sistema financiero.

En el modelo del flujo circular del Capítulo 2 el sector financiero recogía el dinero de los ahorradores para prestárselo a los inversores: el ahorro precedía y hacía posible la financiación de la inversión. El sistema financiero requería la existencia previa del ahorro para ejercer su papel de intermediario. Un ejemplo sencillo bastará para hacer ver que en la vida real las cosas suceden justo al revés: supongamos que el empresario A quiere comprar una máquina que vale 100; acude a un banco, que le concede un crédito por valor de 100 abriendo una cuenta (un depósito) a su nombre por ese importe. En ese acto, el banco ha creado dinero por valor de 100. Ahora A se dirige a B, el propietario de la máquina, la paga con un cheque contra su cuenta corriente y se lleva la máquina. B, a su vez, ingresa ese cheque en una cuenta corriente a su nombre, supongamos por ahora que en el mismo banco que A. A ha llevado a cabo una inversión por valor de 100. En las cuentas nacionales de ese año figurará esa inversión, y por consiguiente un ahorro por ese mismo valor. ¿De dónde ha salido ese ahorro? El ahorrador es, naturalmente, el vendedor de la máquina, B, que ha ingresado los 100 de la venta sin consumirlos: el ahorro es igual a la inversión, pero ahora es la consecuencia, no la causa, de la misma. El banco no ha necesitado un ahorro depositado en sus cuentas para conceder el crédito; ha creado literalmente de la nada el dinero con el que ha pagado el crédito.

Pero ¿el banco puede entonces conceder créditos sin límite? No: existen límites, como en los casos anteriores, pero son distintos, y por ello es también distinta la forma que adopta el control monetario. El primer tipo de límites puede ser impuesto por la regulación (como lo es el coeficiente de caja), y el más conocido de esos límites es el llamado coeficiente de capital: el regulador suele exigir que los fondos propios de la entidad superen una determinada proporción del pasivo del banco: así, si el coeficiente es el 10 por 100, un banco con un capital de 10 no podrá conceder créditos (y cera depósitos) por más de 100. En la práctica, el coeficiente de capital es algo más complejo, y una buena parte de la regulación surgida de las diversas ediciones de los llamados Acuerdos de Basilea se refiere a él.

¿Y el coeficiente de caja? Hemos visto que la efectividad de éste en el control monetario se basaba en dos premisas: que un banco necesitaba reservas, y que el banco central era el único emisor de esas reservas, de tal modo que, si las reservas que un banco pedía superaban el volumen total que el banco consideraba prudente emitir, podía negárselas. La primera premisa sigue siendo válida, como veremos a continuación. La segunda, en cambio, ha dejado de serlo: un Banco Central no suele negarse a prestar las reservas pedidas por una entidad, por temor a desencadenar una crisis de liquidez que afecte a todo el sistema bancario (la intervención del BCE y de la Reserva Federal en agosto de 2007 es un ejemplo perfecto). Siendo esto así, si el Banco Central es un suministrador pasivo de reservas, el coeficiente de caja deja de ser un instrumento de control monetario. Es por ello que en países como el Reino Unido la obligación legal ha dejado de existir.

Eso no quiere decir, sin embargo, que desaparezca como límite a la expansión del crédito: vuelve a convertirse en un límite prudencial. En efecto, las entidades bancarias necesitan disponer de reservas para hacer frente a sus pagos frente a otros bancos: si, en el ejemplo anterior, el señor B ingresa el cheque recibido de A en un banco distinto del de A, ese banco apuntará los 100 del cheque en la cuenta de B, y se dirigirá al banco de A para que le pague esos 100. ¿En qué? En reservas: en el Banco Central bajará la cuenta del banco de A en 100 y subirá la del banco de B en la misma cantidad: para ello hace falta que en la cuenta del primer banco haya un saldo positivo, porque el banco de B no guardará el cheque del banco de A en un cajón: el cheque del banco A es dinero en la medida en que es un medio de pago generalmente aceptado, pero no es dinero de curso legal, de modo que el banco de B no tiene obligación de aceptarlo. Puede uno pensar que no importa, si el Banco Central está siempre dispuesto a facilitar reservas, pero eso no es cierto: primero, porque el Banco Central puede encarecer el precio de esas reservas que presta; segundo, porque un banco que acude sin cesar al Banco Central se considera mal gestionado, y la reputación es un gran activo de cualquier entidad financiera. De ese modo, el banco que planea une expansión de su crédito debe pensar dónde conseguirá las reservas que deben respaldar una parte de los depósitos que crea; respaldarlos, no para evitar que sus depositantes vengan a por su dinero, sino para evitar que otros bancos le presenten un gran número de cheques librados por sus clientes exigiendo su pago en reservas, como en el ejemplo anterior. Así, el límite existe, pero es mucho más impreciso, puesto que lo que cada entidad considere un nivel de reservas adecuado depende de muchos factores; y no puede ser fijado por la autoridad monetaria.

Desde el inicio de la crisis, por cuanto muchos veían su origen en los excesos de un sector financiero hipertrofiado y fuera de control, ha resucitado una propuesta ya antigua, la llamada «banca al cien por cien» (100 % banking; véase el artículo de M. Wolf citado al final). La propuesta fue formulada en los años treinta por un grupo de economistas en torno a la Universidad de Chicago, y por ello se la conoce a veces como el Plan de Chicago: consiste sencillamente en obligar a los bancos a respaldar sus créditos al cien por cien con un activo (como el oro de la época del patrón oro) emitido por una entidad independiente que regularía su cantidad. Así, un banco con un stock de ese activo igual a 100 no podría conceder créditos (y crear depósitos) por valor superior a 100; además, ese activo no serviría como medio de pago entre particulares, a diferencia del oro de antes (en eso sería semejante a las reservas actuales).

El plan tiene por objetivo declarado sustraer al sistema bancario su capacidad de crear dinero, y volver a convertirlo en mero intermediario, creador de medios de pago a partir de un activo existente, externo a él y fuera de su control; no es de extrañar, por consiguiente, que el sistema bancario haya mirado la propuesta con poca simpatía, y cuesta pensar que fueran a prestar su consentimiento a su puesta en práctica. Ésta requiere, además, determinar quién es la institución independiente a quien podría confiarse el control absoluto de la cantidad de dinero en el sistema. Los proponentes del plan, que suelen ser de inclinaciones más bien libertarias, pensarían que confiársela al Gobierno sería aún peor que la situación actual. El resultado del experimento dependería esencialmente de la calidad de las normas que regularan esa institución y de las personas que la integraran.

Este repaso a la evolución del proceso de creación de dinero y del control monetario muestra cómo el control monetario ha ido fijando sus objetivos menos en términos de cantidad de dinero y más en términos de tipos de interés, utilizando las operaciones de mercado abierto como instrumento principal. Las posibilidades de control de los tipos de interés se convierten así en el foco de interés de la política monetaria.

El control de los tipos de interés

Los tres apartados anteriores han mostrado cómo la política económica se basa en la naturaleza del dinero, en el proceso de su creación y en la estructura del sistema financiero. Sin embargo, es posible que el lector no identifique nuestra explicación con lo que lee y oye cada día con respecto a la política monetaria. En efecto, a nadie parece importarle la cantidad de dinero, ni se habla de las actuaciones del Banco Central para regularla. En cambio, uno se preocupa por la evolución futura del tipo de interés —sobre todo si tiene deudas en forma de hipoteca a tipo variable— y, por consiguiente, todo el mundo se pregunta si el Banco Central Europeo o la Reserva Federal van a subir o a bajar el tipo de interés en el curso de su próxima reunión. Sin embargo, hasta ahora no hemos hecho mención del tipo de interés. Tendremos que relacionar los dos enfoques.

El punto de unión está en el origen, es decir, en la naturaleza de la política monetaria: su objetivo, como vimos al principio, es ayudar a mantener la inflación en un nivel tolerable influyendo sobre la demanda agregada y, en particular, sobre la inversión. Todos sabemos que la inversión es particularmente sensible a la cantidad y al coste de la financiación, es decir, del crédito, porque los proyectos de inversión de cualquier clase suelen financiarse en parte con fondos propios y en parte con deuda, es decir, a base de crédito. Si no hay crédito difícilmente habrá inversión, y, si aumenta el coste de la financiación, muchos proyectos de inversión no se llevarán a cabo: el volumen total de inversión disminuirá. Ahora bien, podemos tratar de actuar, o sobre la cantidad de financiación del sistema, que depende de la cantidad de dinero, o sobre el coste de esa financiación, que es el tipo de interés. Entre los dos enfoques no hay diferencias conceptuales, sólo una distinción práctica: la relación entre cantidad de dinero e inflación es demasiado errática para poder servir de guía a la política; la relación entre tipos de interés e inflación, en cambio, es más estable, es decir, más de fiar, aunque se ejerce, como veremos, a través de una cadena de efectos muy larga. Ésta es la razón por la que las autoridades monetarias utilizan como instrumento para alcanzar la estabilidad de precios el tipo de interés con preferencia a la cantidad de dinero.[14]

¿Qué tipo de interés controla el Banco Central? Lo acabamos de ver: el tipo de interés al que presta activos líquidos a la banca, mediante sus operaciones de mercado abierto. ¿Cómo influye ese tipo de interés en el coste de la financiación? Muy sencillo: una subida del tipo de interés del Banco Central aumenta el coste de los activos líquidos para la banca. Pero los activos líquidos son para la banca como para un industrial la materia prima: constituyen la base de su producto, esto es, en el caso de la banca, el crédito. Si no hay exceso de liquidez en el sistema, de modo que los bancos se vean obligados a acudir al Banco Central cada dos semanas para sus operaciones ordinarias, un aumento del tipo de interés encarecerá el coste de la financiación para todo el sistema, y los bancos repercutirán en mayor o menor medida ese encarecimiento sobre el coste del crédito al cliente: aumentará el coste de la financiación y disminuirá la inversión.

Hay que hacer notar que los bancos centrales suelen variar su tipo de referencia en porcentajes muy pequeños: de 25 puntos básicos (un 0,25 por 100, del 4 al 4,25 por 100, por ejemplo) o de 50 puntos básicos (un 0,50 por 100) como máximo; y, sin embargo, movimientos tan pequeños pueden tener una incidencia apreciable sobre el volumen de inversión. Uno puede preguntarse cómo es eso posible: después de todo, la bondad de un proyecto de inversión no puede depender de una diferencia de medio punto en el coste de la financiación ajena. Para responder a la pregunta hay que tener presente que el sistema financiero no sólo registra en sus cuentas los movimientos del tipo de interés, sino que interpreta las acciones del Banco Central como una señal. Una subida del tipo indica que el Banco Central teme un aumento de la inflación, y está dispuesto a evitarlo moderando la demanda agregada: si los bancos están convencidos de que el Banco Central no cejará en su empeño, saben que, de no moderarse el gasto, la subida de tipos se verá seguida de otra, y así sucesivamente, hasta que la economía se enfríe. Como todos saben que, tal como vimos en el Capítulo 3, es preferible evitar un aumento de la inflación que obligue al Banco Central a imponer una desinflación de la economía, contribuirán a moderar la demanda limitando el volumen de crédito concedido o aumentando su coste: por ello un ligero movimiento de los tipos, si es interpretado correctamente, puede producir el efecto deseado en la inversión.

Esta observación explica por qué tiene importancia la independencia del Banco Central: el sistema financiero ha de estar convencido de que no se dejará influir por nadie en la persecución de su objetivo de estabilidad de precios. Normalmente se entiende que esa independencia debe ejercerse frente a los políticos. Pero algunos observan, con mucha razón, que el Banco Central también ha de ser independiente de las presiones recibidas de los mercados. Esta observación es especialmente pertinente en el caso de EE.UU., donde las entidades financieras hacen sentir su voz sin reparo para obtener de la Reserva Federal una política favorable a sus intereses.[15] Al mismo tiempo, los cambios en los tipos suelen ir precedidos o seguidos de explicaciones de las autoridades monetarias; y es también muy conveniente que éstas sean bien interpretadas por el sistema financiero. Los primeros meses de la existencia del Banco Central Europeo pusieron de relieve la importancia de una buena comprensión entre las autoridades, la prensa y las entidades financieras.

Limitaciones de la política monetaria

Aunque la política monetaria es la política de estabilización por excelencia, y todos admiten lo conveniente que resulta que una economía tenga una marcha estable, aunque a ella se dedican enormes recursos materiales y humanos, y aunque la literatura sobre la política monetaria en todos sus aspectos es extraordinariamente voluminosa, el lector no debe quedarse con la impresión de que se trata de una máquina perfecta. Nada más lejos de la realidad. Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de las relaciones que determinan su eficacia, la política monetaria sigue sujeta a grandes limitaciones, algunas de las cuales parecen insuperables. Las dividiremos en tres clases: incertidumbres debidas al modelo, incertidumbres debidas a los retrasos con que opera, e incertidumbres debidas a las previsiones y a los datos.[16]

Incertidumbres debidas al modelo. Idealmente, deberíamos tener una relación estable entre el tipo de interés del Banco Central y la tasa de inflación, de tal forma que, fijado el tipo, supiéramos cuál iba a ser la inflación resultante. En la práctica, la cosa dista de ser tan sencilla. Supongamos, por ejemplo, que el Banco Central ha aumentado el tipo de interés que está bajo su control. Este aumento influirá sobre el coste de la financiación, y el aumento del coste de la financiación influirá sobre el volumen de inversión. Pero esa influencia no será la misma si las expectativas de los empresarios son muy optimistas que si, por el contrario, la economía está deprimida: en el primer caso, puede incluso que la subida del tipo no tenga ningún efecto. Si disminuye la inversión, se moderará el crecimiento del PIB. Un menor crecimiento del PIB tendrá su reflejo en el mercado de trabajo: los sindicatos se verán en la disyuntiva de aceptar reducciones de salarios o un aumento del desempleo; sólo cuando acepten reducciones de salarios se moderarán los precios, y eso puede llevar mucho tiempo. Como se ve, todo el entramado de la economía entra en juego y, en particular, los tres grupos de agentes identificados en el esquema de la espiral inflacionaria del Capítulo 3 determinan con su comportamiento el grado de eficacia de las medidas monetarias; y, como todos sabemos, las relaciones entre empresarios, sindicatos y gobiernos no son el mejor ejemplo de máquina perfecta.

Incertidumbres debidas a los retrasos. Aunque no sepamos cuán grande va a ser el efecto de un cambio del tipo de interés, sí sabemos algo sobre cuánto va a tardar en notarse. La experiencia sugiere que las medidas monetarias tardan entre seis y ocho trimestres en producir sus efectos totales: esto es, entre un año y medio y dos años. Naturalmente, ese retraso no es el mismo en todos los países ni en todas las circunstancias, ya que, como acabamos de ver, depende de la capacidad de reacción de entidades financieras, empresas y trabajadores; pero lo que es seguro es que, si bien la política monetaria se ejecuta de forma casi instantánea, sus efectos tardan en manifestarse. Por consiguiente, las autoridades monetarias no pueden estar pensando en corregir la situación de hoy: ya es tarde para eso. Han de estar pensando en intervenir sobre las circunstancias que presentará la economía dentro de un año y medio, como mínimo; y esta necesidad introduce la tercera fuente de incertidumbre.

Incertidumbres debidas a las previsiones y a los datos. Para formular la política monetaria hoy, pues, las autoridades tienen que basarse en previsiones de lo que serán las principales variables (actividad económica, empleo y precios) a más de un año vista. Por desgracia, las previsiones que dan los mejores modelos están sujetas a grandes errores: a un año vista, no es más fácil prever la coyuntura económica que el tiempo meteorológico y, por consiguiente, los responsables deben fiarse de su intuición y de su buen juicio en el momento de determinar el camino a seguir. Pero la economía tiene una desventaja adicional frente a la meteorología: sabemos el tiempo que hace hoy, pero no sabemos cuál es el PIB de hoy, ni el empleo, ni los precios. Los precios se publican mensualmente, con cierto retraso; del empleo tenemos cierta idea cada mes, aunque las encuestas fiables tienen periodicidad trimestral o anual; pero la limitación más seria está en el PIB. La Contabilidad Nacional calcula el PIB una vez al año, de modo que el PIB del año 2015 no se conoce con precisión hasta mediados de 2016: en enero de 2016, por ejemplo, la última cifra fiable corresponde al PIB de 2014, y sobre esta cifra hay que basarse para estimar si, en enero de 2017, la economía estará por encima o por debajo del PIB potencial.[17] Si bien esta incertidumbre no hace imposible la formulación de la política económica, afecta necesariamente a la calidad de sus decisiones: así, por ejemplo, un trabajo realizado sobre datos de EE.UU. muestra que, si la Reserva Federal hubiera dispuesto de la información correcta en el momento de decidir, sus decisiones hubieran sido distintas a las efectivamente adoptadas en un 30 por 100 de los casos.[18]

Hay que citar una última limitación de la política monetaria. Puede ocurrir, y ha ocurrido en ocasiones, que las medidas monetarias se muestren más eficaces para enfriar la economía que para animarla; es decir, que un aumento del tipo de interés produzca mayores efectos que una reducción. Si recordamos cuál es el mecanismo de actuación de las medidas monetarias comprenderemos por qué esto es así: cuando el Banco Central decide imponer un aumento del tipo de interés es porque considera que el crecimiento es excesivo. Los aumentos del coste de la financiación terminarán necesariamente por afectar a la inversión, aunque, si las expectativas empresariales son muy optimistas, puede hacer falta un aumento considerable del tipo. Por el contrario, si el Banco Central decide bajar el tipo, ello es porque el crecimiento es débil. Como las expectativas no dependen sólo del coste de financiación, puede ocurrir que incluso con un tipo de interés negativo la inversión no remonte. Éste fue el caso en Japón durante la segunda mitad de la década de los noventa: el bajo coste de la financiación no compensaba lo que se percibía como ausencia de buenas oportunidades. El símil, ya clásico, empleado para describir esta asimetría es que uno puede impedir que un asno beba tirándole del ronzal; pero no le obligará a beber si no tiene sed.

La crisis iniciada en verano del 2007 ha vuelto a poner de actualidad esta limitación de la política monetaria, que Keynes bautizó con el nombre de «trampa de la liquidez»: ya vimos en el Capítulo 2, al hablar del dinero, que éste tiene la exclusiva de ser moneda de curso legal, es decir, el único activo que sirve para pagar deuda; y que, cuando los agentes están muy asustados por la incertidumbre, mantendrán sus ahorros (si se trata de familias) o sus reservas (si se trata de empresas) en forma de dinero, con preferencia a cualquier otro activo. Si éste es el caso, las inyecciones de liquidez en la banca por parte del Banco Central no tendrán ningún efecto. Esta trampa de la liquidez caracteriza con exactitud lo que fue la situación del sector financiero durante la segunda mitad de 2008; hablaremos de las causas que generaron tanta incertidumbre en el Capítulo 10.

Reglas o discrecionalidad

Las limitaciones bajo las que opera la política monetaria son tan grandes, que han llevado a algunos a sugerir que sería mejor que los bancos centrales adoptaran una regla sencilla, automática y conocida por todos —por ejemplo, un crecimiento constante de la cantidad de dinero—, y abandonaran toda pretensión de guiar la marcha de la economía. Esta tesis está ligada a la figura de Milton Friedman, quien afirmaba que, si las autoridades sabían algo que los mercados ignoraban, su obligación era comunicárselo, y, si no, sus acciones no mejorarían las que podían tomar los mercados por sí solos. El debate no está cerrado en el campo académico; en la práctica, sin embargo, la mayor parte de los países siguen confiando en la capacidad del Banco Central, no sólo para mantener la estabilidad de precios, sino también para suministrar liquidez en momentos de crisis. De modo que no parece probable que las reglas automáticas vayan a sustituir a la «discrecionalidad ilustrada» que a muchos parece la mejor solución.

Notas de lectura

Cualquier manual de macroeconomía tiene un capítulo dedicado a la creación de dinero y a la política monetaria. La referencia clásica es Lombard Street: A description of the Money Market, la obra del fundador de The Economist, Walter Bagehot (1873; una edición reciente es la de Wiley, 1999). Para el lector interesado en una aproximación más detallada a las grandes cuestiones actuales de la política monetaria desde el punto de vista del Banco Central, la referencia más interesante es, sin duda, el trabajo de Blinder, Central Banking in Theory and Practice (hay traducción española, Teoría y práctica de la banca central, ed. Antoni Bosch). El tercer capítulo de la obra de H. Minsky, Stabilizing An Unstable Economy (1986) da una visión detallada del impacto de las intervenciones del Banco Central. Como los detalles de las operaciones varían con el tiempo, lo mejor es acudir directamente a las publicaciones de la Fed, del BCE y del Banco de Inglaterra, y, en especial, a sus boletines mensuales; los bancos centrales miembros del Eurosistema (los de la zona euro) también los publican. Una explicación sencilla de la nueva visión del proceso de creación de dinero se encuentra en el trabajo de Mc Leay y otros, «Modern Creation in the Modern Economy», Bank of England Quarterly Bulletin 54(1), pp. 14-27 (2014). Para el Plan de Chicago v. M. Wolf, «Strip banks of their power to create money», FT, 17 de Febrero de 2015.

Capítulo 6

LA POLÍTICA FISCAL Y LAS POLÍTICAS DE OFERTA

La política fiscal es un instrumento eficaz, pero tosco, para la estabilización. Por ello los estímulos fiscales deberían ser usados sólo durante una recesión profunda y duradera … La política de crecimiento es política de oferta: se ocupa del crecimiento de la oferta, o del PIB potencial, esto es, de la cantidad (de bienes y servicios) que la economía puede producir mientras opera en torno al pleno empleo. A largo plazo, la fuente más importante de crecimiento de la renta per cápita y del nivel de vida es el crecimiento de la oferta.

CHARLES L. SCHULTZE,

Memos for the President, 1992

La política fiscal

La política fiscal influye sobre la demanda agregada por medio del gasto y de los ingresos públicos. En el esquema del flujo circular del Capítulo 2, el gasto público figura como una de las fuentes de demanda, mientras que los impuestos influyen sobre la demanda agregada de forma indirecta, porque afectan a la renta disponible de las familias y, por consiguiente, a su consumo. Los instrumentos de la política fiscal son, pues, el presupuesto y la legislación tributaria; uno y otra son, en líneas generales, competencia del poder legislativo —el Parlamento— y no del ejecutivo —el Gobierno—. Esta precisión tiene importancia, porque limita seriamente la capacidad de la política fiscal en cuanto política de estabilización, como veremos más adelante.

La política fiscal como instrumento de regulación de la demanda agregada está ligada, en la historia de las ideas económicas, al nombre de Keynes: fue él quien, en su Teoría general, construyó el armazón que justificaba la intervención del Estado, mediante el gasto público, para suplir a la demanda privada en momentos en que, como sucedió durante la Gran Depresión, ésta no alcanzaba a mantener la actividad económica próxima a su potencial. En la práctica, los programas de obras públicas eran empleados desde antiguo como expedientes para remediar temporalmente el paro; y la política del New Deal del presidente Roosevelt consistió, en gran parte, en un conjunto de programas de gasto público destinados a reanimar la economía estadounidense.

En muchas economías avanzadas, en las que el peso del sector público en el PIB oscila entre el 35 y el 60 por 100 del total, la presencia del gasto público en todas las actividades económicas nos parece una idea bastante natural, pero hay que recordar que es una idea reciente: a mediados del siglo XIX, las reuniones de Consejo de Ministros podían celebrarse en torno a una mesa camilla. Tampoco es una idea universalmente compartida; al contrario, la presencia del Estado en la actividad económica más allá de un número muy reducido de funciones —las que veremos en el último capítulo— tiene adversarios acérrimos. Indicaremos algunos de los aspectos más importantes de esa discusión en el último capítulo, porque no cabe duda de que es el ciudadano quien debe formarse una opinión sobre cuáles deberían ser los límites de la actividad estatal. Aquí nos concentraremos en un objetivo mucho más modesto: indicar el papel de la política fiscal como instrumento de política de estabilización. Empezaremos por analizar la política de gasto público, para pasar luego a las políticas de cambios en los impuestos, y terminar con unas observaciones sobre los límites de la política fiscal.

El gasto público

Cuando se trata de estimular la demanda agregada, la política de gasto público es, al menos en potencia, más eficaz que cualquier otra. Para hacernos una idea de sus efectos, recordemos nuestro esquema del flujo circular, y supongamos que la economía se halla por debajo de su producto potencial, es decir, lejos del pleno empleo; y que, para remediar la situación, el Estado compromete un programa de gasto público —construcción de carreteras, elaboración de un catálogo fotográfico del patrimonio artístico o composición del himno nacional— por valor de 100: la demanda agregada ha aumentado en 100. El compromiso se materializa inmediatamente en un gasto de 100, que va a parar a los bolsillos de contratistas, fotógrafos y compositores: la renta de las familias ha aumentado en 100.

Pero esto no es todo: contratistas, fotógrafos y compositores gastarán parte de esa renta recibida, y ahorrarán el resto. Si ahorran el 20 por 100, y se disponen a consumir el resto, el consumo privado aumentará en 80, y ése será un nuevo aumento de la demanda agregada, que irá a parar, en forma de renta, a los bolsillos de tiendas de comestibles, sastres, libreros y agencias de viajes. A su vez, éstos ahorrarán el 20 por 100 de la cantidad recibida (16) y consumirán el resto (64): la demanda agregada recibirá un nuevo impulso, por la vía del consumo privado y por valor de 64, y así sucesivamente. De este modo, a cada ronda, la demanda agregada recibe un nuevo impulso, cada vez menor (el 80 por 100 del anterior). Si sumamos todos esos aumentos sucesivos, veremos que el aumento de la demanda agregada que resulta de un aumento inicial del gasto público por valor de 100 es de 500: cinco veces el aumento inicial.[1]

Este mecanismo del multiplicador es muy sensible a los valores de los principales parámetros de la economía: aumenta cuanto mayor es la fracción de la renta que se dedica al consumo y, por consiguiente, disminuye cuando la gente se hace más ahorradora; también cuando parte de los gastos de consumo se dirigen a bienes importados, ya que, como hemos visto en el esquema del flujo circular, las importaciones merman la parte del gasto que va a parar a la demanda nacional; y varía según los tipos impositivos, como veremos en el apartado siguiente. En la práctica, el cálculo de multiplicadores se complica, porque no todas las partidas de gasto tienen el mismo efecto sobre la demanda agregada y, sobre todo, porque no todos los efectos se producen a la misma velocidad. Pero el razonamiento es siempre el mismo: un aumento del gasto público origina un aumento de la demanda agregada por valor de un múltiplo de ese aumento. Todos los modelos que intentan simular el comportamiento de una economía y son empleados por gobiernos y bancos centrales tienen, como una pieza indispensable, algún multiplicador.

Sin embargo, la eficacia del gasto público como instrumento de la política de demanda está sujeta a tres limitaciones: en primer lugar, y aunque parezca una perogrullada recordarlo, sólo sirve para reducir el paro si el problema es de demanda, es decir, de paro keynesiano, como vimos en el capítulo anterior. Si el desempleo se debe a que la oferta de mano de obra no casa con la demanda por razones de coste o de cualificación, un mayor gasto público sólo servirá para generar inflación. Lo ocurrido durante la década de los setenta (como vimos anteriormente) es un buen ejemplo; y, en general, el abuso de las políticas de gasto público ha dado como resultado un cierto escepticismo con respecto a su eficacia.

Una de las muestras de ese escepticismo hace hincapié en la posible reacción de los agentes económicos ante el anuncio de un aumento del gasto público: ese aumento hoy deberá ser pagado en el futuro, y, tarde o temprano, llevará consigo un aumento de los impuestos. Si los consumidores anticipan ese aumento futuro considerarán que su renta no ha variado y, por consiguiente, no consumirán más: en este caso, la política del gasto público será ineficaz.[2] Esta crítica, en su forma más extrema, no ha sido confirmada por la experiencia. Más bien al contrario: sucede a veces que las autoridades anuncian rebajas, no en los impuestos, sino en las retenciones sobre esos impuestos. Pues bien, aunque está perfectamente claro que una rebaja de las retenciones no es más que un retraso temporal del pago de unos impuestos ciertos, las rebajas en las retenciones suelen presentarse como una medida de estímulo del consumo privado; y, probablemente, lo son.

La tercera limitación es probablemente la más seria: el objetivo de las políticas de demanda es suavizar las fluctuaciones cíclicas, es decir, estimular la demanda agregada cuando el crecimiento está por debajo del potencial, y frenarla cuando sucede lo contrario. Un instrumento de política de demanda ha de ser flexible, capaz de actuar en ambas direcciones con la misma facilidad, y éste no es el caso de la política del gasto público: si su eficacia puede ser discutible en el caso de una expansión fiscal —un aumento del gasto público—, en el sentido contrario hay que admitir que, cuando se trata de reducir el gasto público para frenar el crecimiento de la demanda agregada, las posibilidades de la política fiscal son casi nulas; o, por lo menos, que la actuación de la política de gasto público es lentísima. En efecto, el margen de acción del Gobierno sobre el gasto está estrictamente limitado, y la necesidad de acudir al Congreso para la aprobación de medidas legislativas mediante procedimientos necesariamente largos y laboriosos hace que la adopción de medidas no pueda adaptarse al ritmo de variación de la coyuntura. Cuando se decide una medida de expansión fiscal por la vía del gasto público, pues, hay que tener presente que se adopta una decisión irreversible en la práctica, y que no será posible desandar el camino andado cuando cambie la coyuntura.

Una ojeada a los Presupuestos Generales del Estado en España confirma esta idea: de los 347,8 miles de millones de euros que supone el presupuesto total de gastos para 2013 (un 34 por 100 del PIB), las tres cuartas partes las constituyen las llamadas operaciones corrientes —que no suponen inversión—, y éstas están formadas en su casi totalidad por gastos de personal (10 por 100 del total) y transferencias corrientes (60 por 100). No hace falta insistir en que las políticas de reducción de personal en la Administración van a la velocidad marcada por la demografía, mientras que las transferencias, a la Seguridad Social o a las Administraciones autonómicas, están protegidas por Ley y son políticamente intocables; sólo hay cierto margen en la partida de compras de bienes y servicios (2,5 por 100 del total) y en la de inversiones reales (4 por 100 del total). Así se entiende que todas las medidas de contracción fiscal por parte del Estado queden en posponer algunas inversiones y arañar algunas compras de bienes y servicios: no hay margen para más.

No hay que pensar que esta relativa inflexibilidad de la política de gasto público sea necesariamente un defecto: sólo lo es desde la perspectiva, muy limitada, de las políticas de demanda. Sería absurdo que los programas de construcción de infraestructuras, o de financiación de la investigación, en los que el elemento de permanencia es esencial para el éxito, hubieran de estar sometidos a los vaivenes del ciclo. Pero esa inflexibilidad limita las posibilidades de uso de la política de gasto público, ya que, en realidad, sólo puede ser empleada en una dirección.

Las políticas impositivas

Mientras los gobiernos de signo más bien socialdemócrata han empleado las políticas de gasto público como instrumento para estimular la demanda agregada, el vehículo preferido por los gobiernos más bien conservadores ha sido la reducción de impuestos. Este cambio de énfasis suele justificarse argumentando que el gasto público es a menudo ineficiente, y que son los agentes privados quienes deben decidir cómo asignar los recursos en una economía de mercado, es decir, cómo gastar su dinero. En el Reino Unido y en Estados Unidos, los recortes de impuestos han sido la regla desde los gobiernos de lady Thatcher y del presidente Reagan, respectivamente.[3] En la actualidad, la promesa de una reducción de impuestos parece una pieza indispensable en todo programa electoral. Todos recordarán la apología de los recortes de impuestos que se basaba en la llamada curva de Laffer: los tipos impositivos menores estimularán la actividad económica hasta tal punto que los ingresos fiscales derivados de esa mayor actividad serían mayores de lo que hubieran resultado con los tipos anteriores. ¡Una reducción de impuestos ayudará a reducir el déficit! Los hechos no siguieron a la teoría, y las reducciones de impuestos de Reagan lograron estimular la demanda, pero a costa de un aumento sin precedentes del déficit público.

Los recortes de impuestos actúan, como hemos dicho, a través del consumo privado; desde el punto de vista del efecto sobre la demanda agregada, tienen unos efectos menores y más inciertos que los del gasto público. Menores, porque el multiplicador correspondiente es menor: si el Estado deja de recaudar 100 en impuestos, la renta disponible de las familias aumentará en la misma cantidad; pero como de ese aumento las familias ahorrarán una parte, el primer impacto sobre la demanda agregada será menor que en el caso anterior (80 en lugar de los 100 de nuestro ejemplo). Más inciertos, porque los recortes de impuestos no suelen recaer de forma homogénea sobre toda la población, y unos grupos ahorran más que otros: así, por ejemplo, se ha dicho a menudo que el menor efecto sobre la demanda se obtiene recortando los tipos más altos, ya que los grupos más afortunados suelen ahorrar una parte mayor de su renta que los menos favorecidos; pero no es seguro que ello sea así.

En líneas generales, las políticas impositivas no son un buen instrumento de política de demanda. En la práctica, las modificaciones impositivas requieren aprobación parlamentaria, y las modificaciones que sufre una disposición a su paso por el Parlamento pueden convertirla en inútil para su propósito inicial; además, el trámite parlamentario es largo, y la acción de la política fiscal debería ser visible a corto plazo. Por otra parte, las políticas impositivas son aún menos flexibles que las de gasto público: un aumento de los impuestos es algo políticamente muy difícil en la mayor parte de las economías avanzadas, salvo en circunstancias extremas. Por último, hay que admitir que los recortes de impuestos concedidos por algunas administraciones en los últimos años no tienen nada que ver con la gestión de la demanda, y parecen más bien contrapartidas a apoyos políticos o electorales.

Como en el caso del gasto público, hay buenas razones para que las políticas impositivas no sean buenas herramientas de políticas de demanda. Los cambios impositivos tienen consecuencias sobre la distribución de la renta entre los diversos grupos sociales, planteando así cuestiones de equidad que son extrañas a las consideraciones de la política de estabilización, y probablemente más importantes que éstas. Por ello, ni es políticamente posible ni está justificado alterar el sistema impositivo por exigencias momentáneas de la coyuntura.

Por último, vale la pena observar que, aun en ausencia de una acción deliberada, el sistema impositivo ejerce una influencia sobre la demanda agregada que va en el sentido deseado de moderar la amplitud de las fluctuaciones cíclicas: cuando estamos ante una demanda agregada, el PIB y la renta aumentan y la recaudación fiscal también; si el sistema impositivo es progresivo, el aumento de los ingresos impositivos es superior al de la renta, puesto que pasarán más individuos a los tramos superiores del impuesto; se incrementa así el porcentaje que el Estado detrae de la renta de los ciudadanos y ello tiende a frenar la aceleración del consumo. Lo contrario ocurre en la fase baja del ciclo, cuando la renta desciende: entonces los ingresos fiscales descienden más que la renta, las detracciones del Estado son menores y ello ayuda a mantener el consumo. En un sistema así, los impuestos actúan como estabilizadores automáticos de la demanda.[4]

Políticas de oferta: Las medidas estructurales

Ya hemos visto, al tratar de la inflación y del desempleo, que la década de los setenta fue escenario de un cambio de orientación en el enfoque de la política económica. Simplificando un poco, puede decirse que desde 1950 hasta 1975 había reinado un cierto consenso sobre la capacidad de las políticas de demanda —y sobre todo de la política fiscal— para mantener la economía en una trayectoria de crecimiento elevado y de pleno empleo; y que la ruptura de la tendencia de crecimiento de las economías occidentales a partir de 1975 obligó a reconocer que ello no era así.[5] En el plano político, las doctrinas keynesianas, en buena parte mal entendidas, habían llevado a un condicionamiento creciente de la esfera económica por parte del sector público, y, en consecuencia, a una cierta calcificación de la economía. El estancamiento de la segunda mitad de los setenta ofrecía una buena ocasión para actuar a aquellos que miraban con escepticismo la intervención del Estado en la vida económica. El presidente Reagan en EE.UU. y la primera ministra Thatcher en el Reino Unido fueron los exponentes más notables de este cambio de tendencia, y sus políticas económicas fueron bautizadas con el nombre de políticas de oferta (supply-side policies). El éxito de las políticas de oferta quedó muy por debajo de las expectativas que generaron; pero como tampoco las políticas de demanda se habían mostrado particularmente eficaces, a partir de la década de los noventa se consideró legítimo, ante cualquier problema coyuntural, preguntar si había que aplicar políticas de una o de otra clase. Podemos decir, sin simplificar excesivamente, que, en general, los ministros de Hacienda suelen mostrarse partidarios de aplicar políticas de demanda, mientras que los banqueros centrales suelen inclinarse por las políticas de oferta.[6]

Unas y otras tratan de dar respuesta a preguntas distintas. Las políticas de demanda se preguntan qué hay que hacer para que el gasto combinado de unos y otros lleve a las empresas a que se produzca lo bastante para garantizar el pleno empleo. Se trata de un problema del corto plazo, y, naturalmente, de un problema de demanda: hay que conseguir que la demanda agregada mantenga ocupados todos los recursos disponibles en un momento dado. Pero ésta no es la única incógnita posible: también puede uno cuestionarse, como hicimos al examinar el crecimiento de los países, qué es lo que hace que una economía haya crecido más deprisa que el resto durante décadas, o que otra haya quedado estancada. Para contestar a esa pregunta examinamos los recursos de todo tipo, disponibles para el crecimiento, no sólo materiales, como tierra o capital, sino también inmateriales, como capital humano, o institucionales, e incluso culturales; porque partimos de la base de que, si una economía pasa mucho tiempo con un crecimiento bajo, es porque algo le falta para crecer.[7] En este caso no puede tratarse de una insuficiencia de la demanda con respecto al crecimiento potencial, sino de un crecimiento potencial excesivamente bajo, que se manifiesta en la insuficiencia de recursos de algún tipo: se trata de un problema de oferta, y de ahí el nombre de políticas de oferta dado a todas aquellas que pretenden remediar esas deficiencias. Así pues, las políticas de oferta se dirigen a aumentar la oferta de recursos disponibles para el crecimiento, con objeto de aumentar la capacidad de crecimiento a largo plazo, es decir, el producto potencial.

La oferta de recursos disponibles no es sólo una cuestión de cantidades (tantos trabajadores, tantas máquinas, tantas hectáreas de tierra cultivable), sino que depende en gran medida del entorno institucional y de las prácticas de la economía. Por dar algún ejemplo, la cantidad de mano de obra cualificada disponible no depende tan sólo del número de obreros cualificados, sino de las normas que regulan el horario y el calendario laboral, la movilidad geográfica y funcional o incluso el nivel salarial: porque si las empresas están dispuestas a contratar, pero sólo a un salario menor al fijado por el convenio, la mano de obra no está efectivamente disponible; si una parte de las tierras cultivables se destinan a usos no productivos por costumbre, esas tierras no están efectivamente disponibles; la oferta de medicamentos depende no sólo del número de farmacias, sino también de su horario de apertura y de la posibilidad de que otros establecimientos vendan algunos medicamentos, y así sucesivamente. Por ello, porque las políticas de oferta suelen afectar a la estructura de la economía, se las suele llamar medidas estructurales, y este nombre es popular en países en los que las políticas asociadas con la liberalización del presidente Reagan son rechazadas por una mayoría.

Un programa de medidas estructurales

Aunque las políticas de oferta se contraponen a las de demanda, lo cierto es que no se parecen unas a otras ni en los objetivos, ni en su instrumentación. Para verlo más claramente tomaremos como ejemplo el Programa de Dinamización de la Economía Española presentado por la Secretaría de Estado de Economía en marzo de 2005. Se trata de un programa de medidas estructurales bien articulado, que recoge medidas ya propuestas con anterioridad y brinda la oportunidad de tener una visión de conjunto de las políticas de oferta.

El programa se propone dos grandes objetivos: configurar un entorno que incentive la inversión productiva y el espíritu de empresa, por una parte, y mejorar la eficiencia del sector público, orientando en particular las finanzas públicas hacia la inversión productiva, por otra. Como se ve, los objetivos del programa son objetivos de oferta: no se trata de aumentar la demanda, sino de aumentar la oferta de recursos disponibles para el crecimiento, no tanto mediante la creación de nuevos recursos cuanto reorientando los ya existentes, por una parte, y, por otra, creando las condiciones para que los recursos se dirijan más fácilmente allá donde son más productivos para que puedan ser empleados con mayor eficacia. Los objetivos del primer grupo —la creación de un entorno adecuado— se unen, siguiendo un esquema lógico, en actuaciones en el mercado de bienes y servicios, actuaciones en el mercado de factores y, de forma algo redundante, actuaciones en el ámbito de la regulación. Las actuaciones en los dos primeros campos tienen dos orientaciones generales: aumentar la competencia y mejorar la calidad de la legislación, haciéndola más transparente. Vale la pena resaltar que esas actuaciones tienen que ver con la oferta de recursos y con el crecimiento potencial.

En el capítulo dedicado a la globalización veremos con mayor detalle el papel que desempeña la innovación en el crecimiento, y lo importante que es la existencia de competencia para el fomento de la innovación. Las posiciones de monopolio, en gran o en pequeña escala, llevan fácilmente a la «vida cómoda», que es enemiga de la innovación. A pequeña escala, aquel que tiene su actividad protegida de la llegada de nuevos entrantes no tiene mucho estímulo para organizar mejor sus asuntos y servir mejor a sus clientes; a gran escala, el monopolista emplea todas sus armas para impedir la entrada de competidores en su mercado, muchas veces con éxito. Al mismo tiempo, los ya establecidos tienen siempre ocasión de hacerse agradables a los poderes públicos, y es por eso que la existencia de una fuerte autoridad de defensa de la competencia es un elemento esencial para el buen funcionamiento de un mercado: hay que tener presente que las buenas propiedades de la economía de mercado que se predican se refieren a los mercados en los que domina la competencia, no a aquéllos gobernados por un pequeño número de grandes actores. El fomento de la competencia es, pues, una política de oferta, ya que permite una mejor utilización de los recursos disponibles y los orienta hacia la innovación, que es una de las vías de aumentar el producto potencial.[8] También lo es la transparencia en la legislación: éste es un elemento esencial para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para favorecer el espíritu de empresa y la asunción de riesgos.

En el sector de empresas reguladas —energía y telecomunicaciones— el programa promete impulsar la liberalización definitiva en el sector de electricidad, e introducir una metodología de tarifas transparente; en las profesiones (notarios, registradores, etc.), una reforma de aranceles y mayor transparencia; mayor transparencia también en el sector de la distribución alimentaria, una vez estudiado el sector mediante la confección y publicación de un Libro Blanco. En el mercado de factores, el programa promete aumentar la oferta de personal con las habilidades más demandadas, como son los idiomas. Por último, la reorientación del gasto público se materializa en la promesa de recursos para mejorar el funcionamiento de la justicia, para la creación de más infraestructuras y para el mejor funcionamiento del sistema sanitario.[9]

Limitaciones de las políticas de oferta

La lectura de un programa de medidas estructurales como el anterior ofrece un vivo contraste con la visión que uno suele tener de la política económica. Las principales diferencias se dan en tres ámbitos: la relación entre objetivos e instrumentos, la asignación de responsabilidades y los incentivos para la ejecución. Además, las políticas de oferta chocan a menudo con intereses creados, a veces legítimos, y a este asunto dedicamos el apartado siguiente.

Al tratar de las políticas de demanda vimos que la relación entre el instrumento a emplear —el tipo de interés o los cambios en los impuestos— y el objetivo a conseguir —la moderación de la inflación o el aumento del consumo— se daba a través de una cadena muy larga de efectos, algunos de cuyos eslabones eran, o desconocidos, o de difícil predicción. En el caso de las políticas de oferta, las incertidumbres son aún mucho mayores. ¿Cómo medir el efecto de medidas anti-trust sobre los precios de un servicio o, peor aún, sobre el volumen de innovación en el sector? ¿Cómo saber si una campaña de ayuda a la internacionalización de la empresa está dando el resultado deseado? ¿Cómo medir el efecto sobre la inversión de una legislación más sencilla? Esa indefinición de las relaciones causa-efecto da ocasión a intervenciones que se solapan y cuya eficacia nunca puede medirse.

Lo mismo ocurre con la asignación de responsabilidades: la formulación de la política monetaria está encomendada de forma inequívoca al Banco Central, y la de la política presupuestaria se encomienda al gobierno con la aprobación necesaria del legislativo, pero la mayor parte de las medidas de oferta son responsabilidad de varios departamentos, sobre los que un ministerio de Hacienda no tiene, si acaso, más que autoridad moral. Esta falta de asignación de responsabilidades es, naturalmente, una receta para que las medidas no se materialicen nunca.

En tercer lugar, los departamentos que podrían tener la responsabilidad de iniciar las medidas —un ministerio de Justicia en el caso de los notarios o registradores, un ministerio de Sanidad en el caso de los farmacéuticos, un ministerio de Industria en el caso del sector energético— no siempre tienen los incentivos necesarios para hacerlo, ya que fomentar la competencia es siempre ir contra los intereses ya establecidos, que suelen ser los interlocutores de los departamentos ministeriales; por ello, la defensa de la competencia no suele figurar en la lista de los objetivos que cada ministerio se fija para sí: suele ser percibida por sus responsables como una injerencia de otros departamentos y, como tal, suele recibirse sin gran entusiasmo.

Algo parecido ocurre con el objetivo de la transparencia de la legislación: cada nivel de la Administración —estatal, autonómico y local en el caso español— preserva celosamente las competencias normativas que le otorga la ley, considera cualquier intento de normalización y uniformización como una invasión de su autonomía y se resiste a ella. Por eso la legislación, lejos de hacerse más transparente, se complica y llena cada vez de más incertidumbres.

Lo anterior no es una crítica de un programa de medidas estructurales como el otorgado en el ejemplo, porque ya hemos dicho que se trata de un programa, en general, bien articulado; ni tampoco lo es de las políticas de oferta en general; sólo de la pretensión de situar políticas de demanda y políticas de oferta en pie de igualdad. Las políticas de demanda persiguen objetivos bien determinados: la corrección de la demanda agregada o la contención de la inflación, mediante un conjunto de instrumentos igualmente bien definidos, con unos responsables asignados, cuyos incentivos están alineados con esos objetivos. Así, el éxito de un banquero central se mide por la trayectoria de la inflación durante su mandato, y el de un ministro de Hacienda por el equilibrio presupuestario durante el suyo. Por el contrario, las políticas de oferta pretenden abordar un problema mucho más general: qué es necesario para acelerar el crecimiento a largo plazo de una economía. Es un problema del que no sabemos gran cosa, aunque sí sabemos que no depende sólo de factores económicos. Por ello, en su solución hay que poner en juego factores de todo orden, lo que hace aún más difícil la ejecución: las políticas de oferta son un ejemplo de las limitaciones del análisis económico en la solución de los problemas prácticos.

Por último, hay que tener presente que, en cada caso concreto, tiene importancia saber si se trata de un problema más bien de demanda o más bien de oferta, porque no hay nada peor que aplicar el remedio equivocado. Así, los gobiernos de la mayor parte de las economías avanzadas trataron los choques petrolíferos de la década de los setenta como problemas de demanda, y aceptaron una mayor inflación como precio de un menor desempleo. Todo indica, sin embargo, que se trataba de un problema de oferta, ya que uno de los factores de producción, la energía, había dejado de estar disponible al precio antiguo. El resultado de un diagnóstico equivocado fue un menor crecimiento y un mayor desempleo. En el otro extremo, desde la creación del euro se ha venido discutiendo si el bajo crecimiento de la economía europea se debe principalmente a su excesiva rigidez, en especial en el mercado laboral (un problema de oferta) o al objetivo de inflación del 2 por 100 impuesto por el BCE (un problema de demanda). El BCE defiende la primera tesis, y, de vez en cuando, algún ministro de Hacienda o algún analista se atreve a sostener la contraria. Si el BCE tiene razón, no sirve de nada tratar de estimular la demanda incurriendo en mayores déficits públicos; si tienen razón los ministros de Hacienda, las medidas de flexibilización laboral sugeridas por el BCE —abaratamiento de los despidos o reducción de las prestaciones sociales— no hacen más que deprimir el consumo y agravar aún más la situación.

La lección de los últimos treinta años es que las políticas de demanda tienen límites muy estrechos: las economías avan-zadas no suelen estar muy lejos de su potencial. El objetivo de los políticos, aumentar la tasa de crecimiento de sus economías, se contempla frecuentemente como un problema de oferta, no de demanda: se trata de aumentar el crecimiento potencial. Si esto es así, habrá que recurrir más a menudo a las llamadas políticas de oferta, y ya hemos visto que éstas tienen limitaciones de toda clase. También hemos visto que sus limitaciones provienen de lo que las medidas de oferta ponen en juego, no sólo variables económicas, sino también estructuras sociales, instituciones y costumbres. Llamar, sin más, rigideces a todos esos elementos y considerarlos como algo a eliminar es cosa que no puede decidir el análisis económico: el economista sólo puede decir que aumentar el crecimiento potencial tiene un precio. Es el ciudadano quien debe decidir si está dispuesto a pagarlo.

¿Pagar para reformar?

La puesta en práctica de políticas de oferta, en particular de políticas de fomento de la competencia, choca con intereses muy establecidos y a menudo legítimos, y es muy posible que ignorarlos lleve a esas políticas al fracaso. Aunque la demagogia suele calificarlos de privilegios, muchos de esos intereses son legítimos en la medida en que han sido sancionados por ley: el funcionario público vitalicio, el catedrático que tiene una plaza en propiedad, el taxista que ha comprado su licencia municipal, el notario que ha ganado unas oposiciones. Las razones para dar estabilidad al funcionario —la creación de una administración no sujeta a los vaivenes políticos—, para garantizar el empleo de por vida al profesor universitario —preservar la llamada libertad de cátedra—, para exigir una licencia de operación al taxista —impedir las prácticas abusivas— o para limitar el número de notarías —atraer hacia el cuerpo a personal bien formado para desempeñar una función que garantice la seguridad jurídica—, si quizá no existen hoy, existieron en el pasado, y no cabe esperar que quienes gozan de esas condiciones renuncien voluntariamente a ellas. Para poder llevar a cabo reformas indispensables, en Francia, país cuya resistencia a cualquier reforma es legendaria, se ha sugerido compensar económicamente a los perjudicados.[10] Los autores del estudio han hecho una lista de medidas de reforma, que van de la libertad de operación para los taxistas a la supresión de las subvenciones a la agricultura, pasando por la libertad de selección y la autonomía presupuestaria para las universidades, y un cálculo aproximado de lo que costarían las compensaciones: a los catedráticos y funcionarios vitalicios, a los taxistas en posesión de una licencia, a los pequeños agricultores o a los titulares de contratos laborales indefinidos. El total asciende nada menos que al 21 por 100 del PIB francés de 2006 (unos 380.000 millones de euros), de los que la parte del león corresponde a la función pública, al régimen de pensiones y al mercado de trabajo. El beneficio potencial, ya que se trata de un gasto de una vez frente a un mayor potencial de crecimiento durante muchos años, es positivo, y la financiación del gasto, más fácil de lo que parece. Sea como fuere, la magnitud de la cifra puede dar una idea de la fuerza de los intereses opuestos a las reformas correspondientes: la pretensión de llevarlas a cabo gratis es, posiblemente, en exceso ambiciosa.

Notas de lectura

Para los detalles de la política fiscal, el lector puede consultar cualquier manual de macroeconomía. El Plan de Dinamización se encuentra en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda. Para las políticas de oferta y las reformas estructurales en el ámbito europeo, se recomiendan los trabajos de J. Gual (ed.), Building a Dynamic Europe, 2004, y de André Sapir (ed.), An Agenda for a Growing Europe, 2004. La referencia clásica es la obra dirigida por Assar Lindbeck para Suecia, Turning Sweden Around, 1994. Sobre la importancia de las condiciones de entorno, y en especial de los factores llamados culturales en el desarrollo, se recomienda el artículo de Mancur Olson, «Big Bills Found On the Sidewalk», Journal of Economic Prospectives, 1998, así como la obra de Acemoglu y Robinson citada al final del Capítulo 1. La tesis del pago por las reformas está tomada del trabajo de J. Delpla y Ch. Wyplosz, La fin des privilèges: payer pour réformer, Hachette, 2007.

Capítulo 7

LA BALANZA DE PAGOS

Supongamos que un solo Estado suministra a todos los demás más mercancías de las que adquiere, y que todas las naciones saldan su cuenta en plata: ¿alguien cree de buena fe que esta situación sería duradera, y que ese Estado absorbería poco a poco toda la plata existente en el mundo? Sin duda que no. El aumento de la cantidad de plata haría bajar su precio; crecería el lujo, y con él el consumo de mercancías, tanto nacionales como extranjeras ... Ese Estado enviaría a los demás una menor cantidad de mercancías, y adquiriría una cantidad mayor. Así se vería obligado a su vez a pagar en plata, y la circulación quedaría restablecida.

ISAAC DE BACALAN, 1764[*]

Introducción

Hasta hace treinta años, el contenido de un manual de economía apenas si rebasaba el ámbito de la economía nacional; sólo dedicaba unas pocas páginas, como un añadido de última hora, a las relaciones económicas entre países. Esta concentración en los asuntos internos se correspondía con un mundo en que las relaciones comerciales se recuperaban lentamente del aislacionismo del período de entreguerras; un mundo, sobre todo, en el que los movimientos de capital eran casi inexistentes.

Este enfoque resulta hoy inconcebible. Es cierto que el mundo está más fragmentado de lo que a veces se nos quiere hacer creer. No es plano, como sostiene Tom Friedman:[1] casi todos los habitantes del planeta viven en el país en que nacieron; la mayor parte de sus gastos se dirige a bienes y servicios producidos en su país; depositan sus ahorros en entidades financieras nacionales, que los invierten, en buena parte, en activos nacionales. Pero está mucho más interconectado que hace medio siglo. Si los movimientos de personas son hoy menos importantes de lo que fueron durante la segunda mitad del siglo XIX, los de bienes lo son mucho más: el comercio internacional ha crecido más que el PIB durante los últimos sesenta años. Pero el cambio más llamativo con respecto a la situación de 1950 se observa en el terreno financiero: desde finales de los ochenta, el dinero puede moverse, en grandes cantidades y de forma casi instantánea, de una moneda a otra y de unos activos a otros. Como se verá en el capítulo siguiente, al tratar de las crisis, esta libertad de movimientos de capital no ha reportado sólo ventajas; pero desde luego nos ha hecho sentir que podemos vernos afectados por acontecimientos que suceden en las antípodas.

Por ello hay que tratar de dibujar un mapa de esas relaciones económicas internacionales; por razones que irán apareciendo, será conveniente empezar por los flujos financieros, y dejar los movimientos de bienes y servicios para el capítulo sobre la globalización. En este terreno, el concepto central es el de tipo de cambio, que ocupará la mayor parte de este capítulo. Pero antes será conveniente ver, a grandes rasgos, en qué consiste ese registro contable de las transacciones exteriores que se llama balanza de pagos.

La balanza de pagos

La balanza de pagos de un país registra las transacciones económicas entre ese país y el resto del mundo. Estas transacciones pueden ser de tres clases principales: comerciales, cuando corresponden a compras y ventas de bienes y servicios; de rentas, cuando responden a pagos por el uso de factores productivos; y financieras, cuando reflejan compras y ventas de activos.[2] Las transacciones de las dos primeras clases se agrupan en la llamada cuenta corriente; las financieras, en la cuenta financiera;[3] la combinación de la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera constituye la balanza de pagos. Para la construcción de la balanza de pagos basta con observar dos reglas sencillas: la primera es que una partida lleva un signo positivo (+) si la transacción correspondiente da lugar a una entrada de divisas (moneda extranjera) en el país, y un signo negativo (–) si da lugar a una salida de divisas. La segunda es que el saldo de la balanza de pagos es siempre cero. Con estas dos reglas podemos construir una balanza de pagos simplificada, pero que recoge las partidas más importantes de una balanza real (Cuadro 7.1).

La balanza comercial nos indica que nuestras exportaciones de bienes (naranjas) y servicios (entradas por turismo) son inferiores a nuestras compras en el exterior por valor de 80. En la cuenta de rentas registramos con un signo + los pagos recibidos del exterior por la realización de trabajos en otros países, como intereses de préstamos concedidos al exterior, o como rendimiento de nuestras inversiones en el exterior (dividendos de las filiales de las empresas españolas en el exterior), y con un signo – los pagos que realizamos al resto del mundo por los mismos conceptos. Las cifras nos indican que tanto en el caso del trabajo como en el de la inversión, el resto del mundo ha percibido más de nosotros que lo que nosotros hemos ingresado. Por último, la cuenta de transferencias recoge los movimientos de dinero sin contrapartida inmediata: donaciones, o remesas de emigrantes.

La suma de los tres saldos anteriores nos da el saldo de la cuenta corriente de la economía, que corresponde a la diferencia entre exportaciones e importaciones de la que hablábamos en el Capítulo 2. Las cifras del Cuadro 7.1 nos indican que nuestro país ha quedado a deber 110 al resto del mundo. Claro está que hemos pagado nuestras importaciones: en parte con divisas que estaban guardadas en el Banco Central, en parte con nuestra propia moneda (euros) que nuestros acreedores han accedido a guardar en sus carteras, en parte con promesas de pago en forma de facturas aceptadas; pero no confundamos las cosas: si atendemos sólo al movimiento de bienes y servicios, nosotros consumimos 110 unidades de un PIB que no hemos pagado con bienes y servicios nuestros; si no fuera porque el resto del mundo se conforma con nuestras promesas, si hubiera exigido el pago al contado, en bienes y servicios, de nuestras compras, hubiéramos dispuesto de 110 unidades menos para el consumo de nuestros ciudadanos, o la inversión de nuestras empresas.¡Esto es lo que vimos en el Capítulo 2!

Vale la pena insistir en este concepto tan importante: un déficit por cuenta corriente es muestra de que el país gasta más de lo que produce: el ahorro del resto del mundo —su menor consumo, o su menor inversión— nos permite ese exceso. Naturalmente, se trata de un permiso temporal: tarde o temprano habrá que compensar ese exceso. Cuando el resto del mundo nos presente las facturas al cobro habrá que entregar algo tangible a cambio de papel; estaremos gastando menos de lo que producimos, y transfiriendo la diferencia al resto del mundo.

La cuenta financiera recoge compras y ventas de activos, es decir, inversiones. Las inversiones directas son compras de activos físicos (una fábrica o un terreno), las inversiones de cartera son compras de activos financieros, como acciones u obligaciones.[4] La compra de un activo nacional por parte de un extranjero (inversión del exterior) da lugar a una entrada de divisas, y lleva, por consiguiente, un signo +; la compra de un activo extranjero por una entidad nacional (inversión en el exterior) lleva un signo negativo.

CUADRO 7.1. La cuenta corriente

CUADRO 7.2. La cuenta financiera y la balanza de pagos

El ejemplo del Cuadro 7.2 nos muestra que nuestro país ha invertido más en el exterior por concepto de inversión directa de lo que el resto del mundo ha invertido aquí: por ejemplo, porque nuestras empresas han comprado más empresas en el exterior que lo que las extranjeras han comprado aquí; por el contrario, las entidades extranjeras han comprado más activos financieros nuestros de los que nosotros hemos comprado en el exterior: por ejemplo, porque nuestros bancos han colocado parte de las hipotecas concedidas a sus clientes en bancos o fondos de inversión extranjeros.[5]

Si sumamos el saldo de la cuenta financiera y el de la cuenta de capital (que suponemos equilibrada, para no ocuparnos de ella) obtenemos la llamada balanza básica (línea (7)) que pretende recoger todos los movimientos de dinero originados por agentes o entidades privadas; cuando uno se refiere a un superávit o a un déficit de la balanza de pagos, se refiere, en realidad, a la balanza básica. En el ejemplo, la balanza básica arroja un déficit de 60. Según el criterio con el que hemos registrado las transacciones, este signo negativo, que corresponde a un déficit, indica que del país han salido divisas por valor de 60 más de las que han entrado. ¿De dónde ha salido el dinero? La línea (9) registra la ayuda que, para pagar nuestra deuda, hemos recibido de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario o el Banco Europeo de Desarrollo por valor de 40: una partida inexistente, o poco importante, en las economías avanzadas, pero que es a veces decisiva en economías menos desarrolladas. Pero todavía faltan 20, y éstos han de salir de las reservas de nuestro Banco Central, que habrán disminuido en 20.

Aquí interviene nuestro segundo principio: si bien las reservas del Banco Central han registrado una disminución, las inscribiremos con un signo + en el cuadro, para obtener así un saldo cero en la balanza de pagos. Como esta regla es poco intuitiva, todos los documentos de la balanza de pagos nos la recuerdan, como hemos hecho en la línea (9) del cuadro: un signo menos significa un aumento de las reservas, y un signo más, una disminución. Uno puede interpretar la regla pensando que las reservas salen del Banco Central, pero entran en el sistema que representa la balanza de pagos.

La balanza de pagos, las reservas y la cantidad de dinero

No es difícil imaginar un documento de apariencia más interesante que una balanza de pagos; no obstante, ésta puede darnos informaciones valiosas sobre el estado de una economía. Para animar al lector, ofreceremos dos ejemplos: el primero se refiere a la relación entre la balanza de pagos, las reservas del Banco Central y la oferta monetaria, o cantidad de dinero, en una economía; el segundo, al uso de la balanza de pagos en el análisis de los desequilibrios financieros mundiales.

La conexión entre balanza de pagos y reservas del Banco Central aparecía en el párrafo anterior, cuando veíamos cómo los saldos de la balanza básica se compensaban con movimientos de las reservas del Banco Central. Supongamos que la balanza básica presenta un superávit, es decir, que es positiva. Como hemos dado un signo positivo a las entradas de divisas y un signo negativo a las salidas, un superávit significa que las entradas de moneda extranjera han sido superiores a las salidas: las reservas de moneda extranjera en el Banco Central han aumentado, pasando a engrosar el activo de su balance.[6] Del mismo modo, un déficit de la balanza básica ha de compensarse con una disminución de las reservas del Banco Central, es decir, con una disminución del activo de su balance.

Pero en el capítulo anterior hemos aprendido que activo y pasivo del balance del Banco Central han de ser iguales, de modo que, si aumenta el activo, el pasivo también habrá de ha-cerlo, y si disminuye, el pasivo deberá reducirse. Y hemos visto también que el pasivo del Banco Central es, simplificando un poco, la base monetaria sobre la que se edifica la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación: en nuestros sistemas financieros, la base monetaria (dinero en circulación y activos líquidos de la banca) determina el volumen de crédito que puede conceder la banca. Así pues, la relación entre la balanza de pagos y la cantidad de dinero en circulación es que un superávit de la balanza básica de un país implica un aumento de la cantidad de dinero en circulación, y un déficit de la balanza básica lleva consigo una disminución de la cantidad de dinero en circulación. Como vimos en el capítulo dedicado a la inflación, hay una relación entre cantidad de dinero y nivel de precios: a grandes rasgos puede decirse que un aumento en la cantidad de dinero ejerce una presión al alza sobre el nivel de precios, y una reducción de la cantidad de dinero, una presión en sentido contrario. Por consiguiente, podemos concluir que un superávit de la balanza básica tiende a empujar los precios al alza, y un déficit de la balanza básica tiende a empujarlos a la baja; si uno y otro se mantienen durante tiempo, acaban por originar un proceso inflacionario en el primer caso, y deflacionario en el segundo.

Esta relación entre el sector exterior y la coyuntura interna de la economía no es, ni mucho menos, una relación exacta, y, por consiguiente, no nos servirá para predecir cuánto aumentarán los precios el año que viene si el superávit de la balanza básica aumenta de tanto este año;[7] pero sí nos da una idea correcta de cómo el sector exterior influye sobre la marcha interna de la economía. En la difícil navegación entre inflación y desempleo en que consiste la política económica, la situación de la balanza de pagos es algo que hay que tener siempre presente; y, como esta relación subyace en el origen de grandes cambios en el entorno económico, vale la pena detenernos un momento en ella.

Situémonos en el régimen más sencillo posible: las reservas internacionales de los bancos centrales consisten únicamente en lingotes de oro, de modo que cualquier saldo, positivo o negativo, de la balanza básica ha de ser compensado por el envío de lingotes de un banco a otro; a su vez, los bancos centrales tienen el compromiso de no emitir moneda nacional más que como contrapartida de las reservas internacionales, de manera que, si un Banco Central tiene reservas por valor de 100, se compromete a no emitir moneda nacional en exceso de 100. Es decir, sus reservas determinan la cantidad máxima de dinero en la economía. Hay que decir que este régimen no es una invención de libro de texto: corresponde al llamado patrón oro, vigente entre las economías avanzadas hasta la década de 1930, y también al régimen cambiario argentino de la década de 1990.

Supongamos ahora que la balanza básica de la economía registra un superávit, por un exceso de exportaciones sobre importaciones. La cantidad de oro en el Banco Central empieza a aumentar, y el Banco Central emite dinero como contrapartida; los bancos amplifican esa emisión de dinero y la oferta monetaria aumenta. Si el PIB estaba más o menos en su potencial antes de aparecer el superávit exterior, el aumento del gasto que seguirá al aumento de la cantidad de dinero conllevará un aumento de los precios; si el superávit persiste, ese aumento persistirá también, y la inflación aumentará. Pero al aumentar la inflación, las exportaciones del país se irán haciendo más caras, y las importaciones más baratas: la balanza corriente dejará de presentar un saldo positivo y el superávit de la balanza básica terminará por desaparecer. Del mismo modo, si la balanza básica registra un déficit, las reservas de oro tendrán que disminuir, porque el Banco Central enviará oro a los bancos centrales de los países que presentan un excedente. Al caer las reservas, el Banco Central deberá reducir la cantidad de dinero en circulación, y esa reducción será ampliada por la banca comercial, de modo que la cantidad de dinero en el sistema —la oferta monetaria— disminuirá. Como el PIB no habrá variado, cada unidad de dinero podrá comprar un trozo del PIB un poco mayor: los precios habrán disminuido. Pero con la caída de los precios internos, nuestras exportaciones se habrán vuelto más atractivas para los compradores extranjeros, y las importaciones más caras para nosotros: las exportaciones aumentarán, las importaciones disminuirán, el déficit de la balanza corriente se reducirá, y el déficit de la balanza básica terminará por desaparecer.

De los dos ejemplos anteriores hay que sacar dos conclusiones. La primera es que la relación entre sector exterior y coyuntura interna es recíproca, porque el estado de la balanza de pagos influye sobre la coyuntura interna, y ésta influye sobre la balanza de pagos. La segunda es que esa influencia recíproca tiende a eliminar los desequilibrios, y no a agravarlos: tiende a estabilizar el sistema de forma automática. Un aumento de las reservas genera una inflación que tiende a reducir el superávit exterior y, por consiguiente, a detener el aumento de las reservas; una caída de éstas tiende a hacer aumentar el superávit exterior y, por consiguiente, a detener la propia caída de reservas. En pocas palabras, parece que no hay que preocuparse por el desequilibrio exterior, porque, si nadie interviene, se arregla solo[8]. Sin embargo, esta conclusión contradice, claro está, lo que nos enseña la experiencia: en la práctica todo el mundo se preocupa por los desequilibrios externos, y en especial por los déficits de la balanza básica, y las autoridades se inquietan en cuanto la balanza básica se altera. La razón es bien sencilla, y vale la pena recordarla, porque el mismo argumento figura en las discusiones entre partidarios y adversarios de la intervención pública en los asuntos de la economía de mercado: el ajuste automático presenta el riesgo de tener unos costes muy altos, en términos de crecimiento y empleo, y las autoridades justifican su intervención por la conveniencia de evitar ese riesgo.

Estos costes son evidentes cuando se trata de un déficit exterior: el ajuste automático pasa por una reducción de la cantidad de dinero, y ésta necesita una caída de precios y salarios para mantener el mismo nivel de actividad, es decir, el mismo PIB. Pero los precios no bajan con facilidad, y tampoco lo hacen los salarios;[9] por consiguiente, el resultado del déficit de la cuenta corriente suele ser un aumento del paro; y, pasado cierto punto, se corre el riesgo de entrar en una espiral deflacionaria como la descrita al hablar del desempleo. Si se tiene en cuenta que un déficit exterior puede ser un fenómeno puramente pasajero, análogo a un descenso de las ventas de una empresa, que puede cambiar de signo en pocos meses, mientras que una recesión es un proceso largo y costoso, se comprende que las autoridades no quieran confiarse a la acción del ajuste automático.

Los costes también existen cuando se trata de un superávit persistente: en este caso, el ajuste automático exige un aumento de la inflación, y ya hemos visto que, a partir de cierto punto, una inflación elevada presenta el riesgo de entrar en una espiral inflacionaria. Cortar el desarrollo de esa espiral para evitar una hiperinflación tiene, como hemos visto, costes elevados. También en este caso se comprende que las autoridades quieran evitar el ajuste automático cortando el vínculo entre las reservas y la cantidad de dinero mediante la esterilización.[10]

Ya se ve, sin embargo, que, si bien unos y otros tienen motivos para evitar la acción del mecanismo de ajuste automático, no es lo mismo un déficit que un superávit: los países con déficit están perdiendo reservas, y están, pues, obligados a reducir la cantidad de dinero, a menos que alguien les preste reservas; los países con superávit pueden no aumentar la cantidad de dinero, y seguir acumulando reservas por mucho tiempo. Si logran evitar un proceso inflacionario, su superávit de balanza corriente persistirá, porque sus exportaciones seguirán siendo atractivas, y ello hará imposible el ajuste de los países deficitarios.

Esta falta de simetría está en el origen del fracaso del patrón oro como régimen de cambios: en el período de entreguerras, entre 1920 y 1935, los países con superávit se negaban a aumentar la cantidad de dinero, porque querían mantener su inflación bajo control y preservar su superávit de cuenta corriente, mientras que los países deficitarios se veían obligados a ver cómo aumentaba el paro como consecuencia de las restricciones crediticias impuestas por la pérdida de reservas. El resultado fue que los países fueron abandonando el sistema del patrón oro; los últimos en hacerlo, el Reino Unido y Francia, fueron los que más sufrieron.

Como se ve, esta relación entre las reservas contabilizadas en la balanza de pagos y la cantidad de dinero en la economía es muy importante, aunque, en la práctica, está oscurecida por muchas complicaciones. La segunda relación básica se da entre la balanza de pagos y el equilibrio entre el ahorro y la inversión, a la que se dedica el apartado siguiente.

Una aplicación: los desequilibrios financieros mundiales

La información contenida en la balanza de pagos no sirve para analizar fenómenos a corto plazo, porque las balanzas de pagos se publican sólo anualmente, suelen estar muy agregadas —por ejemplo, no siempre distinguen entre deuda a corto y a largo plazo—, suelen presentar una rúbrica de errores y omisiones muy elevada y a menudo no publican ciertos datos, como la variación de las reservas. Sin embargo, sí pueden utilizarse para hacerse una idea de la situación financiera internacional, a grandes rasgos, como se hace en el Cuadro 7.3.

El Cuadro 7.3, construido a partir de las balanzas de pagos, permite mostrar de manera precisa una situación que muchos califican de insostenible. Para ilustrarla, hemos dividido el mundo en tres grandes bloques: el anglosajón en sentido amplio, con EE.UU. y Reino Unido, Australia y España; el asiático, que comprendería a China y Japón, y un tercer grupo que englobaría al resto.[11] De los datos se deduce que los miembros del primer bloque gastan más de lo que producen, y ese exceso es financiado por los países del bloque asiático y por el resto, que, en conjunto, gastan menos de lo que producen. La otra gran economía mundial, la zona euro, no figura en el cuadro, porque su saldo por cuenta corriente es próximo a cero; era ligeramente negativo en 2006, pero en el resto del período ha sido positivo.

CUADRO 7.3. Flujos financieros internacionales, 2014

FUENTE: FMI, World Economic Outlook (WEO), 2015.

El cuadro pone de relieve una paradoja: un país rico, como EE.UU., recibe financiación del resto del mundo por valor de casi medio billón de dólares anuales, y una gran parte de esa financiación le viene de un país pobre como China. La paradoja es más aparente que real: China, y en menor medida Japón, dependen para la modernización de su economía del desarrollo de su sector exportador, y a China, en particular, le conviene financiar al consumidor norteamericano para que éste siga siendo un buen cliente. Por ello, el Banco Central chino sigue aumentando sus reservas de año en año, e invirtiéndolas en bonos del Tesoro estadounidense.[12]

El cuadro también nos deja ver que, si bien estamos siempre hablando del bloque asiático como la contrapartida del déficit estadounidense, son los países del «Resto» los que absorben la mayor parte del déficit por cuenta corriente del bloque anglosajón. ¿De quién se trata? En gran parte, de los países productores de petróleo de Oriente Medio que, con el aumento de los precios desde 2004, han acumulado grandes excedentes por cuenta corriente. No existen cifras globales, porque muchos de los excedentes se canalizan a través de fondos especiales, y no figuran en las reservas de los bancos centrales; pero estimaciones realizadas en 2006 cifraban el superávit de cuenta corriente del conjunto de países productores de petróleo de Oriente Medio en unos 500.000 millones de dólares; sólo en 2005, las reservas de la zona aumentaron en 127.000 millones de dólares.[13]

Naturalmente, el déficit por cuenta corriente del bloque anglosajón no puede seguir creciendo indefinidamente. Hace ya tiempo que los analistas consideran la situación como insostenible y, sin embargo, perdura. Hemos citado algunas razones para ello. Sabemos lo que debe ocurrir para alcanzar el equilibrio: el bloque anglosajón tendrá que gastar menos de lo que produce y ahorrar más; el asiático habrá de hacer lo contrario, así como el resto de países. El menor gasto en EE.UU. requerirá, seguramente, que se dé un crecimiento inferior, lo que también moderará, por consiguiente, las importaciones; y requerirá también de un ajuste en el tipo de cambio, lo que provocará un encarecimiento en los productos extranjeros y reforzará el efecto del menor crecimiento. Por otra parte, los desequilibrios son demasiado grandes como para pensar en la posibilidad de que baste uno solo de los dos bloques para eliminarlos: el crecimiento menor en EE.UU. y la depreciación del dólar deberán verse complementadas por un gasto mayor en el bloque asiático y, posiblemente, por una apreciación de sus monedas. Lo que no sabemos es qué parte corresponde a cada cuál, y cuándo se producirán los ajustes. De todas formas, el propósito de este apartado no es tanto contestar a estas preguntas como mostrar cómo la información recogida en la balanza de pagos puede ayudar a plantearlas.

Hay que decir, por último, que la presentación de estos desequilibrios en términos puramente económicos oculta fenómenos de otro orden. El déficit estadounidense se mantiene en gran parte porque muchas economías aceptan mantener en sus reservas dólares, que no dan ningún rendimiento, y bonos del Tesoro estadounidense, que dan un rendimiento muy bajo. Esta aceptación se debe a varios motivos. En primer lugar, el dólar es una moneda de reserva, porque Estados Unidos es la primera potencia económica mundial, y porque el mercado del dólar es el más líquido de todas las monedas, aunque el del euro tiene un tamaño casi comparable. En segundo lugar, muchas transacciones internacionales están denominadas en dólares, así ocurre con el mercado del petróleo, por ejemplo, lo que mantiene la demanda de dólares por parte de los importadores, y no cabe duda de que un intento de denominarlas en otra moneda, como el euro, encontraría fuerte resistencia por parte de la Administración norteamericana. En tercer lugar, todos los bancos centrales del mundo tienen parte de sus reservas en dólares, de modo que una depreciación brusca del dólar conllevaría fuertes pérdidas en sus balances y podría tener el efecto de desestabilizar todo el sistema financiero internacional. Por último, con la menor aceptación del dólar, Estados Unidos perdería una fuente de financiación barata de su déficit, y es concebible que la Administración norteamericana ejerciera presiones de toda clase para mantener la actual condición del dólar. El comportamiento de Estados Unidos no tiene por qué ser distinto del de aquellos países que, en otras épocas, han tenido la capacidad de imponer a otros el uso de su moneda.

Notas de lectura

La literatura sobre la balanza de pagos, sobre todo en lo que hace referencia a la relación entre sector exterior y coyuntura interna, es extensísima. Cualquier nuevo manual de macroeconomía lo trata. Un trabajo reciente, centrado en la experiencia del patrón oro del período de entreguerras, es la obra de Barry Eichengreen, Golden Fetters, 2005, que presenta un detalle histórico e institucional indispensable para entender este asunto.

El lector debería quedarse con la impresión de que la balanza de pagos es un instrumento muy útil, por una parte; por otra, que es perfectamente posible que los mecanismos del mercado no basten por sí solos para equilibrar los flujos de capital entre los países, cuando éstos no persiguen el máximo beneficio a corto plazo. Para una exposición sucinta de las muchas dificultades, véase «When a flow becomes a flood», The Economist, 22 de enero de 2009.

Capítulo 8

EL TIPO DE CAMBIO

Los movimientos del tipo de cambio dependen de las percepciones cambiantes de los rendimientos relativos de la inversión en países distintos, así como de la miríada de influencias que se ejercen sobre las tendencias relativas a importar y exportar.

ALAN GREENSPAN,

Presidente de la Reserva Federal,

16 de julio de 2002

Introducción

Muchas de las grandes discusiones en materia de política económica —y de política a secas— de los dos últimos siglos han girado en torno al tipo de cambio; éste ha ido cobrando mayor importancia con el desarrollo del comercio internacional, ya que las reglas cambiarias resumen los compromisos que los países que participan en los mercados mundiales adoptan con respecto a la estabilidad de sus monedas. La existencia de unas reglas claras y compartidas por los participantes es un elemento esencial en todo comercio, más aún cuando las partes se encuentran a grandes distancias y a menudo ni se conocen.

El siglo XX es el escenario de un cambio fundamental en las reglas del juego: el abandono del patrón oro y la adopción progresiva de tipos de cambio flexibles entre las grandes monedas. El patrón oro daba primacía a la estabilidad de los tipos de cambio y, como vimos en el capítulo anterior, subordinaba la política económica de cada país a la situación de su balanza de pagos. Estas reglas del juego obligaron a ajustes internos muy costosos en términos de producción y empleo, que dieron como resultado el abandono progresivo del patrón oro y su sustitución por reglas más flexibles. El gran defensor de esa mayor flexibilidad entre los economistas académicos fue Keynes; él supo dar con las frases justas para convencer a economistas y políticos de la conveniencia de un manejo menos mecánico de las magnitudes monetarias y, en particular, de la importancia de abandonar el oro como regulador de la cantidad de dinero. Hay que recordar, sin embargo, que aún hoy sus tesis no son universalmente admitidas, aunque los que discrepan de su posición pueden considerarse una minoría, que agrupa, en términos generales, a quienes desconfían de todo lo que signifique intervención discrecional del Estado en la vida económica.

Keynes fue uno de los inspiradores del sistema que nació en Bretton Woods en julio de 1944 y que permaneció vigente hasta 1971: un sistema de tipos de cambio fijos, anclado en el dólar como moneda de reserva, sin libertad de movimientos de capital y con una institución, el Fondo Monetario Internacional, cuya función se limitaba a suministrar liquidez a aquellos países que pasaran por dificultades transitorias en su balanza de pagos.

Desde 1971, fecha en que EE.UU. suspendió la libre convertibilidad del dólar, hasta hoy, el sistema monetario internacional ha sufrido infinidad de cambios, dos de ellos fundamentales: la deriva hacia un sistema de tipos flexibles, y la progresiva liberalización de los movimientos de capital. Ni uno ni otro pueden considerarse consolidados; podemos decir, parafraseando la respuesta del primer ministro de Mao Zedong, Zhou Enlai, a propósito de la Revolución Francesa, que aún es pronto para pronunciarse. No puede decirse que todas las economías deban tender a adoptar un sistema de tipos de cambio flexibles, aunque éste parece el más recomendable para grandes monedas como el euro o el dólar; tampoco puede afirmarse que se hayan cumplido las promesas de libertad de movimientos de capital en cuanto a la mejor asignación de recursos para la inversión, mientras que sí resulta cierto que los movimientos de capital han convertido el sistema financiero internacional en algo mucho más inestable de lo que había sido en el pasado.

Ya se ve, pues, que el tipo de cambio ocupa un papel central en la comprensión de las relaciones económicas internacionales. En un contexto de tanta amplitud, el propósito de este capítulo es muy modesto: se trata de familiarizar al lector con las fuerzas más importantes que operan sobre el tipo de cambio. No tanto de proporcionar información como de despejar las grandes líneas de un entramado muy enrevesado, de atender a los fundamentos más que a los detalles. Con una lectura atenta debería uno ser capaz de formarse su propio criterio, de plantearse las preguntas correctamente y de irlas contestando de forma ordenada.

Hubiera sido mejor poder presentar una visión completa de la determinación del tipo de cambio, de sus variaciones y de sus consecuencias, pero esa visión no está disponible: algunos modelos iluminan ciertos aspectos, otros dirigen su atención a otros distintos. Por consiguiente, hemos optado por ir guiando al lector a base de ejemplos. En la determinación del tipo de cambio intervienen, como veremos, dos grandes clases de actores: los privados —comerciantes e inversores— y las autoridades. Los primeros tienen sus propios intereses; las autoridades persiguen determinados objetivos generales. En cada momento, unos y otros constituyen las fuerzas activas cuya resultante será la evolución del tipo de cambio; y, con un poco de paciencia, es posible analizar qué magnitud tienen esas fuerzas en momentos distintos, para saber algo de la dirección que debería seguir el tipo de cambio.

Empezaremos, pues, introduciendo el mercado de divisas, en el que se determina el tipo de cambio; analizaremos, de forma muy simplificada, el comportamiento de los actores privados más importantes a corto plazo, los inversores; y con eso y con lo que ya sabemos de la política económica en una economía cerrada trataremos de analizar la influencia de factores como la inflación, el crecimiento o la productividad sobre el tipo de cambio.

El tipo de cambio: definiciones

La cita de Greenspan que encabeza este capítulo es un aviso: no esperemos descubrir reglas que permitan saber qué hará el dólar mañana o la semana que viene. Sí es posible, sin embargo, saber qué fuerzas actúan en cada momento sobre el tipo de cambio, y eso ya es mucho, porque nos permite hablar de tendencias y contestar algunas preguntas que escuchamos a menudo. Antes necesitaremos algunas definiciones.

Si designamos con el calificativo de «nacional» todo cuanto se refiere a la Unión Monetaria Europea (UME), y con el de «extranjero» a lo que se refiere a EE.UU., diremos que el tipo de cambio del euro, €, es el precio del dólar medido en euros; es decir, el número de euros que hace falta pagar para adquirir un dólar. El 13 de julio de 2007, el tipo de cambio del dólar era 0,7262: hacían falta 0,7262 euros para comprar un dólar; visto desde el otro lado del Atlántico, el tipo de cambio del euro era 1,3770: hacían falta 1,3770 dólares para comprar un euro.

Naturalmente, 1,3770 = 1/0,7262: el tipo de cambio del dólar frente al euro es 1/e. En lo que sigue nos atendremos a la definición inicial: el tipo de cambio de la moneda nacional es el precio de la moneda extranjera medida en unidades de moneda nacional.

Según esa definición, cuando el tipo de cambio aumenta, pasando, por ejemplo, de 0,7262 a 0,730 euros por dólar, el euro se deprecia: hacen falta más euros para comprar un dólar; en este ejemplo, el euro se ha depreciado en un 5,2 por 100 frente al dólar. Por el contrario, una moneda se aprecia cuando el tipo de cambio disminuye: cuando hacen falta menos unidades de la moneda nacional para comprar una unidad de moneda extranjera.[1]

FUENTE: Eurostat, 2013.

FIGURA 8.1. Tipo de cambio del euro, 2001-2015 (en el eje vertical se registra el precio de un euro medido en dólares: línea ascendente señala apreciación del euro).

Así, la Figura 8.1 registra el tipo de cambio del euro frente al dólar entre 2001 y 2015. De acuerdo con nuestra definición, vemos cómo el euro experimentó una ligera depreciación durante la primera mitad de 2001 para apreciarse, casi sin parar, después: un euro pasó de costar noventa centavos a costar casi 1,40 dólares.

El tipo de cambio de una moneda puede variar más o menos libremente, siguiendo las fluctuaciones del mercado de divisas, o puede haber sido fijado por las autoridades: así, el tipo de cambio del euro frente al dólar fluctúa a diario, si bien ocasionalmente las autoridades europeas o norteamericanas pueden intervenir en el mercado, comprando o vendiendo una u otra moneda. Por el contrario, el tipo de cambio del peso argentino frente al dólar estuvo fijado en 1, por decisión de las autoridades argentinas, durante la década de los noventa. En el primer caso se trata de un tipo de cambio flexible; en el segundo, de un régimen de tipos de cambio fijos. En el primer caso, la moneda se aprecia o se deprecia; en el segundo, las autoridades la revalúan o —más frecuentemente— la devalúan.[2]

El mercado de divisas: comerciantes e inversores

Greenspan hace depender los movimientos de los tipos de cambio de dos clases de factores: incentivos a la inversión y tendencias a exportar e importar. Unas corresponden a los que aquí llamaremos los inversores, las otras a los que llamaremos los comerciantes; unas se ejercen sobre la cuenta financiera, las otras sobre la cuenta corriente.

El tipo de cambio, como otros precios, se determina en un mercado, en este caso el de divisas; para ordenar las influencias que se ejercen sobre el tipo de cambio resulta conveniente imaginar que al mercado de divisas acuden dos clases de agentes, que designamos como comerciantes e inversores. Los comerciantes demandan moneda extranjera (dólares) para pagar sus importaciones, y ofrecen dólares que han ingresado como contrapartida de sus exportaciones. Los inversores demandan dólares si desean invertir sus ahorros en activos en dólares: bonos del Tesoro estadounidense, acciones de una empresa estadounidense o terrenos en EE.UU., y demandan euros para invertir en activos denominados en euros: deuda alemana o hipotecas españolas, acciones de empresas italianas o casas en la Riviera.

En un mundo sin libertad de movimientos de capital, los inversores no pueden acudir al mercado de divisas, ya que han de invertir sus recursos en activos en moneda nacional. De este modo, el tipo de cambio se determina exclusivamente por la demanda y la oferta que procede de los comerciantes. Si Europa se empobrece, e importa menos que antes, o si caen los precios de los productos europeos frente a los norteamericanos, las exportaciones europeas aumentan y sus importaciones disminuyen: la oferta de dólares aumenta con respecto a la demanda de dólares, y el euro tiende a apreciarse. Y al revés, un país que mantiene un déficit comercial frente a otro ve cómo se deprecia su moneda. Éste fue el caso en la economía mundial bajo el régimen de Bretton Woods, desde 1944 hasta mediados de los setenta.

Si fueran los comerciantes quienes determinaran la evolución del tipo de cambio, el euro habría tendido a apreciarse desde su creación, ya que EE.UU. ha mantenido un déficit comercial creciente con respecto a la zona euro. Si no ha sido así se debe a que, en un mundo de libres movimientos de capital, las decisiones de los inversores tienen una influencia mucho mayor que las de los comerciantes en la determinación del tipo de cambio, por dos razones. La primera es que la cantidad de dinero que mueven los inversores a través de las instituciones financieras es mucho mayor que la que mueven los comerciantes; la segunda es que la demanda de divisas procedente de los comerciantes, regida por contratos con clientes y proveedores, es más estable que la que proviene de instituciones financieras que revisan sus posiciones varias veces al día.

El Cuadro 8.1 nos da una idea de las magnitudes de las transacciones de unos y otros. Vemos que el volumen de transacciones, de 5,3 billones y cuarto de dólares diarios, es enorme (más del triple del PIB de un país como España); que el dólar y el euro son las divisas protagonistas, que el mercado está dominado por algunas grandes entidades financieras y, sobre todo, que la mayor parte de las transacciones (las que corresponden a las dos primeras categorías del epígrafe 4 y algunas del 3) provienen de las decisiones de los inversores o de quienes administran su dinero. A grandes rasgos, puede decirse que el 90 por 100 del volumen diario de transacciones proviene de los inversores, y sólo el 10 por 100 de los comerciantes. Por consiguiente, el comportamiento a muy corto plazo de los tipos de cambio depende sobre todo de las decisiones de los inversores: tratemos de ver qué hacen en el caso más sencillo posible, para irlo complicando poco a poco.

CUADRO 8.1. El mercado de divisas

* Las transacciones más frecuentes (el 24 % del total) se hacen entre dólar y euro. Las cifras anteriores suman más de 100 porque basta con que una divisa esté en un lado de una transacción para incluirla.

FUENTE: Triennial Central Bank Survey. Datos del Banco de Pagos Internacionales, 2013.

El comportamiento del inversor

Supongamos que estamos pensando en depositar nuestros ahorros, o parte de ellos, en un banco por un período de tiempo fijo, de un año, por ejemplo; y que podemos elegir entre un banco de la zona euro y una entidad estadounidense. En el primer caso, nuestros ahorros estarán en un depósito en euros, en el segundo en un depósito en dólares. Supongamos, por último, que se trata de entidades solventes en ambos casos: no hay riesgo ninguno de que no recuperemos nuestro dinero. ¿En qué nos fijaremos para tomar nuestra decisión? Naturalmente, empezaremos por los tipos de interés sobre esos depósitos, y nos sentiremos más atraídos por el activo en dólares si el tipo de interés del depósito en euros es, por ejemplo, del 3 por 100, y el del depósito en dólares, del 5 por 100.

Pero eso no es todo: para que nuestro cálculo sea correcto hemos de comparar el rendimiento de uno y otro activo en la misma moneda. Para invertir en dólares hemos empezado por cambiar nuestros euros en dólares al tipo de cambio de hoy y, al final del período, los volveremos a cambiar por euros, al tipo de cambio vigente en aquel momento; es decir, dentro de un año. Si esperamos que el tipo de cambio no varíe, que un dólar valga lo mismo que hoy dentro de un año, bastará comparar los tipos de interés para decidir. Pero supongamos que, por alguna razón, esperamos que el dólar se aprecie durante los próximos doce meses frente al euro; para ser más precisos, esperemos que se aprecie en un 2 por 100. En este caso, si invertimos en euros ganaremos un 5 por 100, como antes; pero si invertimos en dólares también ganaremos un 5 por 100. El depósito en dólares nos dará un 3 por 100, pero a ese 3 por 100 habrá que añadirle un 2 por 100, porque los dólares que recibamos se habrán revalorizado, con respecto al euro, en un 2 por 100.[3]

Es difícil exagerar la importancia de este resultado. Éste nos dice que, para tomar sus decisiones, los inversores han de tener en cuenta, necesariamente, dos factores: los tipos de interés de los activos y los tipos de cambio al inicio y al final del período de inversión (un año en nuestro ejemplo). Pero el tipo de cambio del final del período es una incógnita en el momento de tomar la decisión: el cálculo debe basarse en el tipo de cambio esperado dentro de un año, es decir, en las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio.[4]

Esta sencilla observación nos explica por qué es, en el fondo, imposible prever lo que ocurrirá en el mercado de divisas: acabamos de ver que eso depende, no sólo de lo que ocurra hoy, no sólo de fenómenos que todos podemos ver, sino de lo que los agentes esperen que vaya a ocurrir en el futuro. Y, ¿cómo saber lo que pasa por la cabeza de los demás?[5] Es difícil, en estas circunstancias, no estar de acuerdo con la conocida observación de Chesterton: «Cuando algo ha pasado por el cerebro humano, está irremediablemente perdido para la ciencia». Sin embargo, la situación no es ni mucho menos desesperada, porque nos permite, si no hacer previsiones, sí al menos ir contestando algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tipo de cambio. Veamos algunos ejemplos.

La política del tipo de cambio

Cuando varía el tipo de cambio de una moneda con respecto a otra, no tardan en oírse voces que exigen una actuación u otra por parte de las autoridades. Estas peticiones son, naturalmente, interesadas: una moneda débil beneficia a los exportadores, una moneda fuerte a los importadores y, en particular, a los consumidores. Así, cuando el euro se depreciaba frente al dólar, en los primeros años de su existencia, el público exigía una intervención que mantuviera la paridad inicial, y cuando el dólar empezó a depreciarse frente al euro, a partir de 2005, el público empezó a quejarse de la pérdida de competitividad que estaban sufriendo las exportaciones de la zona euro. Pero prescindamos de las razones para querer influir sobre el tipo de cambio, y preguntémonos cómo puede materializarse esa intervención. ¿Qué pueden hacer las autoridades, por ejemplo, para evitar que el euro se deprecie frente al dólar?

El apartado anterior nos da la respuesta: para producir una apreciación de la moneda, el Banco Central Europeo puede elevar el tipo de interés. A un mayor tipo de interés, los activos en euros serán más atractivos que antes; los inversores venderán activos en dólares para comprar activos en euros, la demanda de euros aumentará con respecto a la de dólares, y el euro se apreciará. Pero ahora ya sabemos lo bastante como para comprender que esta acción sobre el tipo de cambio tendrá consecuencias. En primer lugar, la apreciación del euro tenderá a empeorar la posición de la balanza corriente, porque aumentarán las importaciones y se reducirán las exportaciones. Y a la inversa: si las quejas de los exportadores son más ruidosas, de modo que se decide favorecer una depreciación del euro, se decidirá reducir el tipo de interés. Los recursos irán del euro al dólar, la demanda de dólares aumentará, y con ella su precio: el euro se depreciará. Ello provocará un aumento de las exportaciones de la zona euro, una caída de las importaciones, y una mejora del saldo de la balanza corriente.

En segundo lugar, ya vimos al tratar de la política económica cómo los movimientos del tipo de interés influían sobre la coyuntura interna. Así, un aumento del tipo de interés producirá una apreciación de la moneda y un empeoramiento de la balanza corriente, pero tenderá también a reducir la demanda agregada, a disminuir el crecimiento y aumentar el desempleo, mientras que una reducción del tipo de interés producirá una depreciación de la moneda, una mejora de la balanza corriente y un aumento del PIB y del empleo.

Con la introducción del tipo de cambio y de la balanza de pagos ya tenemos el cuadro completo en el que se toman las decisiones de política económica. Las autoridades tratarán de mantener la economía lo más cerca posible del pleno empleo con una inflación moderada (lo que se llama equilibrio interno) a la vez que procurarán mantener la balanza básica más o menos equilibrada (lo que se llama equilibrio externo). Los dos objetivos no siempre son compatibles entre sí: en septiembre de 1992 y en el Reino Unido, por ejemplo, mantener el tipo de cambio de la libra esterlina hubiera exigido unos aumentos del tipo de interés que hubieran agravado la recesión en la que estaba entrando la economía británica: las autoridades dieron preferencia a la estabilidad interna y decidieron abandonar el Sistema Monetario Europeo. Las autoridades españolas, por su parte, se inclinaron por la permanencia en el sistema, y el resultado fue la recesión de 1993. Ambos países estaban en circunstancias políticas muy diferentes, y mantenían posiciones distintas con respecto al proyecto europeo, lo que se vio reflejado en sus respectivas políticas económicas.

Tipo de cambio, inflación y política monetaria

Otra pregunta es cómo influye la inflación en el tipo de cambio. Supongamos que, por alguna razón —quizá por los efectos de un aumento inesperado de los costes, o por reivindicaciones extraordinarias de los trabajadores, o por un crecimiento de la demanda debido a un incremento del gasto público—, esperamos que la inflación en Estados Unidos vaya a acelerarse y a superar la de la zona euro: ¿qué esperaremos que haga el dólar? La respuesta intuitiva es que esperaremos que se deprecie. La respuesta es correcta, pero ¿por qué? Una vez más la intuición nos ayuda: si los precios suben más deprisa en EE.UU. que en la zona euro, ello significa que el poder de compra del dólar disminuye más deprisa que el del euro. En términos de bienes y servicios, el rendimiento de la inversión en dólares es menor que antes de acelerarse la inflación y, por consiguiente, la demanda de dólares por parte de los inversores será también menor. A esta menor demanda se le añadirá una menor demanda por parte de los comerciantes, porque los productos de EE.UU. serán ahora más caros que antes. Como resultado de ambas fuerzas, el dólar se depreciará: así pues, un aumento de la inflación suele comportar una depreciación de la moneda.

Esto supone, naturalmente, que el tipo de cambio es flexible. En un régimen de tipo de cambio fijo, como éste no puede absorber el efecto de la mayor inflación, el aumento de los precios estadounidenses se traduce en un aumento de las importaciones y una caída de las exportaciones —lo que los comerciantes llaman «pérdida de competitividad»— y, por consiguiente, en un empeoramiento de la balanza corriente. Éste acaba por traducirse en una salida constante de reservas, y las autoridades norteamericanas se ven enfrentadas a un dilema: o reducen la inflación por debajo del nivel anterior, o devalúan el dólar. Esta secuencia de acontecimientos resulta familiar a todo aquel que haya seguido la evolución de algunas economías occidentales, como la española, durante la década de los sesenta, o de economías como la turca o la china algo más tarde. Como el control de la inflación es muy difícil, porque exigiría un enfriamiento muy brusco de la economía, las autoridades prefieren renunciar a su compromiso cambiario: éste es uno de los modelos de crisis cambiarias que veremos en el capítulo siguiente.

Volvamos al tipo de cambio flexible. Hemos concluido que un aumento de la inflación conlleva una depreciación de la moneda. Supongamos, sin embargo, que estamos convencidos de la firme voluntad del Banco Central de mantener la inflación bajo control: ¿qué esperaremos entonces del tipo de cambio? La respuesta ya no es la misma que antes: en efecto, esperaremos que, al ver que la inflación aumenta, las autoridades monetarias incrementen el tipo de interés por encima de su nivel anterior. Es más, si las autoridades se toman en serio su responsabilidad, elevarán el tipo de interés hasta un punto en que, incluso tomando en cuenta la mayor inflación, los activos en dólares tengan un rendimiento superior al que experimenten antes de aumentar la inflación.[6] Por consiguiente, la expectativa de una mayor inflación puede no traducirse en una depreciación de la moneda si existe el convencimiento de que las autoridades no permitirán que ese aumento de la inflación sea permanente. De este ejemplo sacamos otra lección interesante, que nos será útil en el análisis de las crisis cambiarias: en general, no podemos prever cómo influye una variable sobre el tipo de cambio sin tener en cuenta la actuación de las autoridades.

Influencia del riesgo

El comportamiento del inversor descrito más arriba parte del supuesto de que, al comparar las alternativas de inversión, los inversores sólo toman en consideración los rendimientos esperados, es decir, los tipos de interés, y que éstos son perfectamente conocidos. En la práctica, sabemos que no basta con conocer los tipos de interés, porque el ahorrador elige entre muchos activos, que difieren entre sí también por otras características: el riesgo y la liquidez son las más importantes. Los ejemplos que siguen muestran cómo intervienen esos dos factores.

El primer ejemplo se refiere a la influencia del riesgo. En el otoño de 1998, cuando la crisis cambiaria se extendía de Rusia a América del Sur, el rendimiento de la deuda brasileña era muy superior al de los bonos del Tesoro norteamericano, incluso cuando la deuda brasileña estaba denominada en dólares, de modo que no existía riesgo de cambio. El diferencial de rendimientos se debía a la presencia de riesgo de impago: esto es, los ahorradores pensaban que era posible que, en el momento del vencimiento, las autoridades brasileñas no hicieran honor a su deuda, como habían hecho las autoridades rusas, y exigían un rendimiento superior para compensar esa eventualidad de impago. A este diferencial se le denomina prima de riesgo. En los momentos de inquietud en el mercado, la prima de riesgo aumenta, de modo que un aumento del tipo de interés del activo bajo sospecha puede no ser suficiente para atraer a los inversores: esto es justamente lo que ocurrió en Brasil.

Un caso particular de la influencia del riesgo es el de los activos-refugio. Desde el final de la segunda guerra mundial, los períodos de mayor turbulencia política suelen coincidir con una apreciación relativa del dólar: la razón es probablemente que, en esas circunstancias, los ahorradores prefieren sacrificar rendimientos mayores en aras de la mayor seguridad que puede dar la tenencia de activos sobre la economía más sólida y la potencia militar más fuerte. El dólar ha sustituido al oro como activo-refugio, y el oro sólo vuelve a parecer atractivo cuando las expectativas son muy malas.

Por último, de la misma manera que los activos difieren entre sí por el grado de riesgo, también difieren por su liquidez: así, si un activo tiene un mercado muy estrecho, es imposible comprarlo o venderlo en grandes cantidades sin afectar a su precio, y, por consiguiente, el ahorrador puede verse imposibilitado para disponer de él en un momento de apuro. Por ello, los activos menos líquidos —monedas de países pequeños o acciones de empresas que sólo rara vez cotizan— suelen necesitar una prima de liquidez, añadida al tipo de interés de mercado, análoga a la prima de riesgo anterior.

Crecimiento y tipo de cambio

Supongamos que se espera que la economía de EE.UU. crezca más deprisa que la de la zona euro, como sucedió entre 1999 y 2005: ¿qué esperaremos que ocurra con el dólar frente al euro? La respuesta intuitiva será: el dólar se apreciará. Una vez más, la intuición nos da la respuesta correcta, pero ¿cuál es el razonamiento? Después de todo, hemos visto que, si la economía está próxima a su potencial, un mayor crecimiento aumenta el riesgo de inflación y que, en general, la expectativa de una mayor inflación influye negativamente en la cotización de la moneda. ¿Por qué esperamos entonces una apreciación?

La respuesta está en que nuestro razonamiento se basaba en un supuesto muy especial: que el activo que considerábamos —un depósito bancario— tenía un rendimiento fijo. En la práctica, sin embargo, el inversor puede invertir en activos de renta variable —acciones— y, cuando tenemos en cuenta esa posibilidad, el misterio desaparece, porque un mayor crecimiento suele significar mayores beneficios, que suelen reflejarse en mayores dividendos y en una subida de los índices bursátiles. La expectativa de esos mayores rendimientos hace más atractivos los activos en dólares, y el dólar tiende a apreciarse. Así, un diferencial de crecimiento positivo estará a menudo acompañado por una tendencia a la apreciación de la moneda. Esto es justamente lo que ocurrió a partir de 1999, cuando la burbuja de las puntocom atrajo grandes cantidades de capital europeo a Estados Unidos: el ahorro europeo se invertía en activos estadounidenses, no en depósitos bancarios con un rendimiento fijo, sino en acciones con expectativas de altos dividendos.[7]

Productividad y tipo de cambio

A veces se ha querido explicar la evolución del tipo de cambio del euro por el mayor crecimiento de la productividad en EE.UU., que suele atribuirse o bien a una mayor inversión —especialmente en nuevas tecnologías— o bien a una mayor flexibilidad de sus mercados de factores —especialmente el laboral— y de productos. Por ello vale la pena preguntarse qué relación puede uno esperar entre la evolución de la productividad y el tipo de cambio. Hagamos como de costumbre y formulemos la pregunta: si la productividad en EE.UU. aumenta más que en Europa, ¿qué esperaremos que haga el dólar? La respuesta intuitiva es: se apreciará. Veamos por qué.

Imaginemos el caso más sencillo posible: en la zona euro y en EE.UU. se produce el mismo producto, el mismo PIB. En ambos casos, los empresarios fijan el precio de ese producto —es decir, el nivel de precios— añadiendo un margen al coste unitario del trabajo. Supongamos ahora que en EE.UU. se produce un aumento de la productividad, como resultado de la adopción de una innovación técnica o de una mejor organización del trabajo, mientras que en la zona euro las cosas siguen igual. Supongamos, además, que el aumento de la productividad no se traduce en un aumento de salarios, de tal modo que disminuyen los costes laborales por unidad de PIB. Al reducirse los costes, los empresarios estadounidenses pueden reducir los precios, y el dólar tenderá a apreciarse frente al euro, ya que su poder adquisitivo habrá aumentado. Si el tipo de cambio no se ajustase por sí solo, los comerciantes harían sus compras en EE.UU. para revender los bienes en la zona euro, lo que terminaría por llevar a una apreciación del dólar. Ésta no es una descripción muy realista de lo que ocurre cuando surge un diferencial de productividad, ya que éste no se presenta en todos los productos por igual y los mercados tampoco son idénticos entre sí, pero sí proporciona un criterio para decidir en qué dirección actúa la productividad sobre el tipo de cambio: un mayor crecimiento de la productividad en un país tenderá a provocar una apreciación de su moneda. Así vemos cómo la Figura 8.2 sugiere que, en estos últimos años, las diferencias de productividad pueden haber desempeñado un papel significativo en la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

FUENTE: The Economist.

FIGURA 8.2. Productividad y tipo de cambio (variación interanual, %).

¿Cuál es el tipo de cambio correcto?

En la escena internacional, es frecuente oír a un país acusar a otro de manipular su moneda para mantenerla en un valor artificialmente bajo. Por lo general, el acusador mantiene un déficit de cuenta corriente con el acusado, y acusa a éste de competencia desleal. Un tipo de cambio artificialmente alto —una moneda artificialmente baja—, reza el acta de acusación, hace que las exportaciones del acusado resulten más baratas de lo que deberían ser, y conquista mercados que deberían pertenecer al acusador, robándole así puestos de trabajo. Como esta acusación, de prosperar, puede dar lugar a sanciones comerciales, como la imposición de aranceles compensatorios, saber cuál debería ser el tipo de cambio natural, justo o correcto de una moneda no deja de tener interés.[8] Por desgracia, la pregunta no tiene una única respuesta.

¿Cómo saber, por ejemplo, si el tipo de cambio del renminbi, la moneda de la República Popular China, está en el nivel correcto? Nuestra intuición nos dice que, si un país presenta un gran superávit en su balanza corriente frente al resto del mundo, eso puede ser una indicación de que su moneda está por debajo del valor que le correspondería. En el caso de China, sin embargo, ese gran superávit no existe: China es excedentaria frente a algunos países —en particular, claro está, frente a EE.UU.— a los que exporta gran cantidad de manufacturas y de los que no importa gran cosa; pero no lo es frente a otros, como Alemania, de la que importa grandes cantidades de maquinaria; y es netamente deficitaria frente a los países productores de petróleo.

Es más, en un mundo con libertad de movimientos de capital, el signo de la balanza básica no dice gran cosa sobre el tipo de cambio de hoy y lo que sabemos del comportamiento del inversor nos dice por qué: las entradas y salidas de divisas provienen fundamentalmente de los inversores, y éstos atienden no sólo al tipo de cambio de hoy, sino al que esperan en el futuro. En el caso de China, por ejemplo, las grandes entradas de divisas que han llevado a un volumen de reservas superior al billón de dólares no vienen tanto por la cuenta corriente —los comerciantes— como por la cuenta financiera —los inversores—, y éstos han sido atraídos por la expectativa de ganancias en mercados como el inmobiliario en las grandes ciudades chinas. Ya se ve, pues, que el crecimiento de las reservas no nos da ninguna indicación fiable de una subvaluación de la moneda china. En definitiva, la búsqueda de un tipo de cambio correcto en un entorno que puede transformarse muy rápidamente es un ejercicio inútil, aunque pueda emplearse como herramienta en una negociación comercial.

Notas de lectura

El contenido de este capítulo reproduce, en forma más accesible, el de cualquier manual de macroeconomía o de economía internacional. En la obra de P. Krugman y M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 2006, el lector encontrará una exposición sistemática —aunque considerablemente más larga— de la materia. La relación entre productividad y tipo de cambio se encuentra bien expuesta en G. Corsetti, «Productivity and the Euro-dollar Exchange Rate», Dallas FED, mayo de 2004. La subvaluación del yuan se discute periódicamente en The Economist: véase, por ejemplo, una excelente discusión en «Precisely Wrong», 23 de junio de 2005.

Capítulo 9

CRISIS Y BURBUJAS[*]

Es una verdad evidente que, en el momento en que cualquier asunto ha pasado por la mente humana, queda definitivamente y para siempre perdido para cualquier objetivo de la ciencia … Incluso lo que llamamos nuestros deseos materiales son espirituales, porque son humanos. La ciencia puede analizar una chuleta de cerdo, pero es incapaz de analizar el deseo de un hombre cualquiera hacia una chuleta de cerdo, y decir cuánto hay en ese deseo de capricho nervioso, cuánto de costumbre, cuánto de amor obsesivo por lo bello.

G. K. CHESTERTON, Heretics, 1905

Introducción

Al hablar de la marcha de la economía a corto plazo partimos del supuesto de que las fluctuaciones cíclicas son inseparables del normal funcionamiento de una economía de mercado. Del mismo modo, al hablar de una economía abierta en la que los capitales se mueven más o menos libremente, no es posible ignorar la aparición periódica de burbujas especulativas, de crisis cambiarias y, en general, de episodios de inestabilidad financiera. Como objeto de estudio, las crisis nos ofrecen una ocasión para aplicar todo lo aprendido en los capítulos anteriores: se trata de fenómenos propios del corto plazo, y requieren de la existencia de un sistema financiero. En el caso de las crisis cambiarias, sus efectos se transmiten al conjunto de la economía a través de la balanza de pagos; afectan, naturalmente, al tipo de cambio; se ven exacerbadas por la presencia de movimientos de capital; y, sobre todo, ponen a prueba la solidez de la política económica de un país.

Pero las crisis no son sólo un objeto de interés para el estudioso: son fenómenos enormemente costosos en términos de crecimiento y empleo, pueden tener consecuencias políticas, (desde la pérdida de unas elecciones a un golpe de Estado) y acaban a menudo en serios conflictos sociales. Así pues, el interés por las crisis no es solamente especulativo. Éste suele concretarse en tres preguntas: ¿es posible prevenir una crisis, evitando crear las condiciones que la favorecen? Si esto no es posible —como no es posible prevenir un tornado o un terremoto—, ¿es posible prever su aparición, como se hace con los huracanes, para tratar de ponerse a salvo? Por último, si la crisis se produce de todas formas, ¿cuál es la cura posible? Estas tres preguntas orientarán el contenido del capítulo, pero antes de empezar conviene señalar que con ellas no se agota este asunto.

En particular, uno puede preguntarse si la existencia de burbujas especulativas es compatible con un mundo de individuos racionales. Ésta es una pregunta que ha hecho correr mucha tinta, y que no abordaremos aquí: partiremos de la base de que burbujas y crisis son fenómenos reales, y que uno no siempre se comporta según los dictados de la razón.[1] A diez años de la mezcla de crisis cambiarias y burbujas especulativas que recorrió medio mundo, desde el Sudeste asiático en 1997 hasta Brasil en 1998, siete años después de la «burbuja de las puntocom» y de la crisis cambiaria argentina, y cuando hay motivos para pensar que la economía mundial puede acabar en una depresión como la de los años 1930-1933, es mejor pensar que las crisis no son cosa del pasado, y que vale la pena tratar de familiarizarse con ellas.

Burbujas y crisis cambiarias son fenómenos muy distintos por sus orígenes y por su desarrollo, pero pueden tener consecuencias parecidas sobre la economía real cuando sus efectos se extienden al sistema financiero. Por otra parte, las crisis financieras pueden generarse desde el propio sistema financiero, sin que sea necesaria la existencia previa de una burbuja o de una crisis cambiaria. Empezaremos por describir sumariamente las burbujas y las crisis cambiarias; a continuación trataremos de contestar a la pregunta de la previsión para ambas; trataremos luego de las crisis financieras y de los canales de transmisión de una crisis al resto de la economía; y, para terminar, abordaremos las cuestiones relativas a la prevención y a la cura. El capítulo 10 se ocupa de la crisis iniciada en 2007.

Las burbujas especulativas

La Figura 9.1 resume lo ocurrido durante la más reciente de las burbujas especulativas experimentadas en las economías avanzadas, y, en particular, en la de EE.UU.: la burbuja de las compañías de tecnología informática. Vale la pena mirar el gráfico con detenimiento, porque su forma es la de todas las burbujas: un lento despegue hasta la cima, un período de vacilación y, después, el derrumbe. Vale la pena también fijarse en un punto en la curva que no llama la atención: en diciembre de 1996, cuando el índice NASDAQ, dominado por las acciones de las compañías más innovadoras, estaba en 1.000, el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, pronunció por primera vez la expresión «exuberancia irracional», referida al entusiasmo con que se compraban y vendían esas acciones. Como se ve, el mercado le hizo poco caso, pese a que los medios de comunicación repitieron la expresión hasta convertirla en una locución de uso corriente. El índice acabó alcanzando los 5.000 puntos (es decir, subió cinco veces más) hasta marzo de 2000, en que empezó el desplome. Ésta es otra característica de las burbujas especulativas: las advertencias de las autoridades no sirven para nada.

FUENTE: Economagic.com.

FIGURA 9.1. La burbuja de las puntocom: índice NASDAQ, 1990- 2009.

En los años cincuenta, el economista norteamericano Hyman Minsky ideó un modelo descriptivo de las burbujas que dividía su desarrollo en varias fases, a las que bautizó con nombres que es fácil recordar. Aquí lo emplearemos para el análisis de otra burbuja, la llamada burbuja de los mares del Sur, protagonizada por la Compañía de los Mares del Sur, creada en Londres en 1720, y cuyo auge y caída quedan resumidos en la Figura. 9.2.[2]

FUENTE: Temin y Voth, 2004.

FIGURA 9.2. La burbuja de la Compañía de los Mares del Sur, 1720.

La Compañía de los Mares del Sur no tenía nada que ver con los mares del Sur: fue creada en Londres con el propósito de dar liquidez a los tenedores de deuda pública inglesa. Como es sabido, Inglaterra solía financiar sus guerras mediante la emisión de deuda, y no a través de la depreciación de la moneda o del recurso al crédito. Los títulos emitidos eran de renta fija y a muy largo plazo, a menudo sin fecha de redención (deuda perpetua); como resultado, si bien eran valores seguros, no tenían liquidez. La Compañía de los Mares del Sur canjeaba títulos de deuda pública por acciones propias, que cotizaban en la bolsa de Londres y eran, por lo menos en teoría, valores líquidos: así, quien heredaba títulos de deuda, por ejemplo, y quería dinero fresco podía canjear sus títulos por acciones de la compañía y revender éstas en Bolsa. Naturalmente, el beneficio de los promotores dependía de la diferencia entre el precio de compra de la deuda y el de venta de sus acciones, por lo que tenían interés en ver subir la cotización de sus títulos. Un sencillo expediente para lograrlo era ofrecer buenas condiciones de financiación a los compradores de nuevas acciones, y así lo hizo la compañía: al poseedor de acciones viejas le bastaba dejarlas como colateral en la propia compañía para hacerse con acciones nuevas, sin desembolso adicional. El resultado fue extraordinario: emitidas a 130,5 en enero de 1720, las acciones cotizaban a 950 en julio. Pero entonces una inspección de sus libros reveló irregularidades contables; con ello se inició el desplome, y en septiembre del mismo año las acciones valían menos de cien.

Sigamos ahora la evolución de la burbuja con la terminología de Minsky. El fenómeno empieza cuando un activo cualquiera se pone de moda: suelen ser activos financieros como las acciones, pero pueden ser activos reales como los bienes raíces, el cacao o el café, los metales o, como en un caso famoso, los bulbos de tulipán. La moda puede estar o no justificada: lo está en el caso de los metales en época de carestía, del oro en períodos de inflación, del sector inmobiliario en épocas de bajos intereses, o del café y el cacao cuando se prevé que la cosecha será mala. En otros casos, en cambio, es difícil encontrarle una explicación. Lo importante es que se ponga de moda entre los inversores, que todos quieran tener ese activo. Para ello venderán otros de sus carteras: así, el activo de moda procede al desplazamiento de otros activos alternativos. Ésta es la primera fase.

Pero la oferta de ese activo no aumenta al mismo ritmo que la demanda: el activo escasea, su precio sube y entramos en la fase de recalentamiento (overtrading). Con la subida de precio hacen su aparición dos rasgos indispensables en la formación de una burbuja: la especulación y el endeudamiento. La primera consiste, sencillamente, en que quienes compran el activo lo hacen con el único propósito de revenderlo a un precio más alto: no les interesa su rentabilidad (interés si es un préstamo, dividendo si se trata de una acción) sino que la decisión se basa en la firme convicción de encontrar un comprador para su activo a un precio más alto. Es decir, en la esperanza de realizar plusvalías. La segunda se debe a que una buena parte de las compras se realiza a crédito: ¿por qué pagar diez hoy para cobrar veinte mañana? ¿No es mejor pedir prestados los diez y devolverlos cuando haya vendido el activo por veinte? Las entidades financieras prestarán el dinero necesario y, en general, admitirán el activo comprado como garantía (colateral) del préstamo. En algunos casos, las entidades invertirán en el mismo activo por su cuenta, aunque hoy en día es raro que lo permitan las autoridades supervisoras —los bancos centrales en muchos casos—, que suelen limitar estrictamente estas inversiones, y con razón, porque en ellas está el germen de las crisis. Durante toda esta fase menudean los avisos —como el de Greenspan de 1996— y los comentarios de analistas, profesionales y aficionados. En el caso de la burbuja de los mares del Sur, un conocido comentarista publicó varias versiones de un opúsculo en el que demostraba que el precio vigente de la acción de la compañía era excesivo. El opúsculo se vendió bien, pero su efecto sobre el ánimo de los inversores no fue decisivo.

Sin embargo, a medida que la cotización se aleja de cualquier estimación razonable, los que habían creído que aún podía subir más pasan a engrosar las filas de los que piensan lo contrario: empiezan a escasear los compradores y abundan los vendedores, y entramos en la fase de vacilación. La cotización se mueve sin ritmo definido, al capricho de noticias y rumores, algunos buenos y otros malos. Esta fase puede durar semanas, pero basta con poca cosa para que se inicie la fase de descenso. En ese momento suele tener un papel principal el sistema financiero: las entidades que han prestado para la adquisición del activo siguen de cerca su cotización; cuando ésta, en su descenso, cruza un cierto umbral, los bancos se dirigen a sus clientes para exigirles, o más garantías, o la devolución del préstamo; si no obtienen ni una cosa ni otra, venden en el mercado los títulos que obran en su poder. Esto se añade a la presión vendedora, y entramos en la fase de apuro (distress), en la que no sólo los inversores individuales, sino también las entidades financieras, empiezan a temer por la salud de sus balances. No hace falta decir que, si las entidades financieras han invertido en la compra de grandes cantidades del activo en cuestión, la urgencia de liquidar sus posiciones es mucho mayor.

Entramos así en la fase de revulsión o descrédito. Ya no parece haber compradores del activo, sólo vendedores (aunque es cierto que en cada transacción ha de haber uno de cada lado). Es más, la gente no quiere oír hablar, ni de ese activo, ni de cualquier otro que se le parezca; de ningún proyecto de telecomunicaciones, por bueno que pueda ser; de ninguna inversión en América Latina, aunque esté a mil kilómetros de Argentina o de México. Los responsables de los grandes fondos hacen saber a los gestores que es mejor que sus carteras no contengan ningún valor sospechoso cuando vuelva a reunirse el consejo de administración. La revulsión hacia el activo que estuvo de moda se ha contagiado a otros, y es ese fenómeno del contagio el que puede convertir una burbuja especulativa en un asunto serio.

La fase final de la burbuja es la del pánico. La expresión empleada por Minsky (Torschlusspanik) evoca la imagen de los vendedores que, amontonados en una sala, buscan una salida —un comprador— mientras el portón de la sala se va cerrando. Han de devolver sus préstamos, han de equilibrar sus balances, pero el activo se ha convertido en algo ilíquido: nadie quiere comprarlo.

Éste es el desarrollo normal de una burbuja, y cabe ahora abordar las preguntas enunciadas al principio. A la primera —¿es posible prever la aparición de una burbuja?— es preferible contestar negativamente. Basta pensar que la dificultad está en prever cuándo empezará el descenso: es decir, cuándo la fase de vacilación dejará paso a la de apuro. Hemos visto que este paso depende del número relativo de optimistas y de pesimistas en el mercado: es decir, depende del proceso de formación de expectativas, y la fase de vacilación, con sus oscilaciones a corto plazo sin tendencia definida, refleja cómo ese equilibrio se va alterando. Un ingrediente esencial en esta fase es la aparición de rumores, verídicos unos e inventados otros, a cuyo impulso se mueve el mercado de un día al siguiente. Justamente por eso resulta inútil tratar de prever la evolución del mercado a distancia: para cuando estalla la burbuja, los habituales del mercado han deshecho ya sus posiciones, y sólo suelen quedar los incautos.

Sin embargo, hay una condición necesaria para el desarrollo de una burbuja: la abundancia de liquidez. Las burbujas no sobreviven en una atmósfera de dinero caro —en la que es mucho más difícil obtener el crédito necesario para financiar operaciones especulativas—, aunque el dinero barato no es una condición suficiente para que nazcan. Esta observación permite contestar la pregunta relativa a la prevención: ¿es posible crear las condiciones que hagan difícil la aparición de una burbuja? La respuesta es afirmativa, y es que un aumento lo bastante grande de los tipos de interés cortará cualquier burbuja especulativa. Sin embargo, la misma respuesta nos indica por qué, en muchos casos conocidos, se deja que las burbujas sigan su curso: porque un aumento de los tipos de interés, además de dificultar la aparición de burbujas, tiene otros efectos. Por ejemplo, como hemos visto al tratar de la política económica, una contracción monetaria reduce el crecimiento del PIB y hace aumentar el desempleo. Además, si la burbuja se deshincha bruscamente, el efecto sobre la economía puede ser muy grande. Como veremos más adelante, esto sucederá si la burbuja ha afectado al sistema financiero, lo que no ocurrió, por ejemplo, en la de las puntocom de 2000. Y no hay que olvidar que nadie quiere ser considerado responsable de una recesión. Sea como fuere, las autoridades monetarias, y, en particular, la Reserva Federal bajo el mandato de Alan Greenspan, se resistieron a intervenir en el desarrollo de las burbujas, aduciendo que su trabajo es el control de la inflación, es decir, del nivel general de precios; porque, naturalmente, una burbuja centrada en unos pocos activos no llega a afectar directamente al conjunto del índice de precios.[3]

Así vemos que, si bien la previsión es prácticamente imposible, la prevención de las burbujas sí es factible, pero a un coste que muchas veces se considera excesivo: seguramente, los tipos de interés que habría que mantener para evitar la aparición de burbujas serían tan altos que condenarían la economía al estancamiento. Este matiz es importante, porque volveremos a encontrarlo al tratar de las crisis cambiarias: el remedio existe, pero puede ocurrir que las autoridades lo consideren, con razón o sin ella, como peor que la enfermedad.

¿Y la cura? Es bien sencilla, aunque tiene efectos secundarios: se trata de suministrar liquidez al sistema. El peligro de una burbuja es que la falta de liquidez que afecta al activo que estuvo de moda se extienda a otros, de modo que las entidades financieras se vean imposibilitadas para vender activos para mejorar su posición de liquidez y que, por otro lado, se cree una atmósfera de desconfianza hacia los bancos que incline a los depositantes a retirar sus fondos. «Cuando un prestamista no está seguro de saber distinguir entre buenos y malos clientes, se muestra menos inclinado a prestar dinero a quien sea».[4] Si esto ocurre, el dinero vuelve a desaparecer del sistema, y la economía se paraliza. Para evitar estas crisis de liquidez surgió la figura del prestamista de última instancia que hoy desempeñan los bancos centrales. El prestamista de última instancia está dispuesto a facilitar dinero a las entidades, y lo anuncia así para tranquilizar los ánimos, tomando activos como garantía: esto es, dejando caer a las entidades insolventes, pero con una penalización para las restantes, para evitar que los bancos estén acudiendo constantemente a su ventanilla.

El efecto secundario de esta medicina es el llamado riesgo moral (moral hazard): se dice que, si las entidades saben que serán rescatadas, no se conducirán con la prudencia requerida. Éste es un argumento empleado con frecuencia, en especial cuando se trata de evaluar las intervenciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional. A grandes rasgos, puede decirse que las reglas de operación del prestamista de última instancia tratan de reducir al mínimo ese riesgo moral: las entidades son rescatadas sólo cuando su pérdida puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero; y, si bien los recursos del prestamista estabilizan la entidad, no pretenden salvar el patrimonio de sus propietarios, ni la reputación profesional de sus gestores. El episodio del salvamento de la entidad gestora de fondos Long Term Capital Management, los casos de intervención de un banco privado por parte de las autoridades monetarias, o el caso del ministro de Hacienda de Corea del Sur, que, después de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional, fue procesado por traición en su país, indican que el argumento del riesgo moral quizá se haya exagerado. Los gestores y los propietarios de las entidades financieras, así como los responsables de la estabilidad financiera de un país, tienen incentivos bien claros para evitar poner en peligro la solvencia de su entidad, o la solidez de su moneda. En el caso de las burbujas, pues, la cura existe, es conocida, y suele aplicarse.

Dos observaciones finales son convenientes. La primera es que, a diferencia de lo que ocurre con las crisis cambiarias, las burbujas especulativas pueden producirse —y suelen producirse— en una sola economía: es el caso de la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII y de la burbuja de los mares del Sur en el XVIII. En un mundo en el que los capitales se mueven libremente, sin embargo, una burbuja generada en un país puede causar víctimas en otros: éste es el caso de aquellos inversores extranjeros que se han dejado seducir por el activo de moda. Así, la burbuja de las puntocom en EE.UU. atrajo capital del resto del mundo; la burbuja inmobiliaria tailandesa se cobró alguna víctima en otros países de la región; y se ha temido durante tiempo que el estallido de una posible burbuja inmobiliaria en algunas ciudades chinas pudiera afectar a la gran cantidad de capital extranjero que se ha invertido en China.

La segunda es que algunas burbujas especulativas pueden ser vistas como parte inevitable del proceso de destrucción creativa en que se basa, para muchos, el éxito del capitalismo; o, dicho de otro modo, que las burbujas tienen su lado bueno. Esta tesis es aplicable sobre todo a las grandes innovaciones tecnológicas en la economía de EE.UU., como el ferrocarril, el telégrafo, la radio y, naturalmente, las empresas de tecnologías de la información. No era difícil imaginar una demanda infinita para los servicios de esas innovaciones, y no fue difícil, por consiguiente, financiar las grandes inversiones necesarias a través de la emisión de acciones. En todos los casos, sin embargo, la demanda tardó en materializarse —la introducción de la electricidad en los hogares supuso una generación— e incluso las mejores inversiones realizadas permanecieron improductivas durante mucho tiempo: arruinaron a los inversores originales y fueron adquiridas a precio de saldo por otros, que pudieron ponerlas en marcha. Pero es evidente que al término de las burbujas quedaron activos reales: tendidos de ferrocarril, líneas de telégrafo o redes de fibra óptica. No puede decirse lo mismo de la burbuja de los tulipanes o de la de los mares del Sur.[5] Resulta interesante observar, por otra parte, que el fenómeno de las burbujas tecnológicas es menos frecuente en la Europa continental, donde las grandes innovaciones son financiadas, o con capital público, o a través de los bancos, y no de los mercados de capital.

Hay una tercera razón, que conviene no olvidar: si cualquiera es capaz de distinguir una burbuja cuando ésta ha pasado, es difícil saber con precisión cuándo se está formando una (el gráfico de la burbuja de las puntocom debería convencernos de ello). Uno puede, de buena fe, abstenerse de intervenir hasta que la burbuja adquiere tal tamaño, que nadie se atreve a pincharla por temor a las consecuencias. Esto es tanto más probable cuanto que son muchos los interesados en que la burbuja continúe, y se inventarán toda clase de excusas para demostrar que el alza del precio del activo está perfectamente justificada. Uno puede pensar que ese temor a pinchar una burbuja inexistente es una mera construcción académica, pero eso no es cierto: en 1927, el entonces ministro de Finanzas alemán (y anterior artífice de la reforma monetaria que terminó con la hiperinflación), Hjalmar Schacht, creyó adivinar una burbuja incipiente en la Bolsa alemana e intervino decididamente para terminar con ella; sin embargo, estudios posteriores han puesto de manifiesto que no había tal burbuja, y que la intervención de Schacht hizo abortar la recuperación que siguió a la reforma monetaria: véase el artículo de H. J. Voth citado al final del capítulo.

Las crisis cambiarias

En febrero de 1997, una empresa inmobiliaria tailandesa, Somprasong Land, dejaba de pagar su deuda exterior. Se iniciaba así la crisis del Sudeste asiático, que afectó a las economías de Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea del Sur durante todo el año 1997, para extenderse luego, a través del impago de la deuda externa por parte de Rusia, en agosto de 1998, a Brasil, y de ahí a Argentina y, tangencialmente, a Chile. En otoño de 1998, la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario en Washington se abrió con un discurso del presidente Clinton que dejaba traslucir el temor a una recesión de la economía mundial que, afortunadamente, no se produjo. Sin embargo, las economías de la ASEAN-4 (Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas) pasaron de crecer al 3,8 por 100 en 1997 al –9,4 por 100 en 1998; Brasil creció al –4 por 100 en 1999; la diferencia entre el crecimiento máximo y mínimo en Brasil fue de 13 puntos negativos; en Indonesia, de 19 puntos. Si bien la recuperación fue rápida en la mayoría de casos —no en el de Indonesia— la crisis resultó muy profunda. Sin embargo, no fue, ni mucho menos, la única de la historia reciente: basta citar la crisis del sistema monetario europeo de 1992-1993, que tuvo que ver con la recesión que atravesaron la mayor parte de las economías europeas en 1993.[6] Y, sobre todo, nada hace pensar que vaya a ser la última; por consiguiente, vale la pena que nos familiaricemos con esta clase de fenómenos.

Las crisis cambiarias se producen en una economía con un régimen de tipos de cambio fijos. Este régimen se caracteriza por dos cosas: la fijación del tipo por las autoridades nacionales y el compromiso, por parte del Banco Central del país, de suministrar divisas extranjeras, a los tipos de cambio fijados, a quienes las soliciten. Como vimos al hablar de la balanza de pagos, el país requiere divisas para pagar sus importaciones de bienes y servicios, sus inversiones en el exterior y sus deudas con el resto del mundo; obtiene esas divisas de sus exportaciones de bienes y servicios, de las inversiones extranjeras y de los préstamos del exterior.[7] La crisis se inicia cuando en los mercados de divisas surge la duda sobre la capacidad del país para hacer frente a sus compromisos internacionales. No olvidemos que, si un Estado puede pagar sus deudas emitiendo moneda, o instando al Banco Central a que lo haga, no puede hacer lo mismo con sus deudas internacionales, porque, por ejemplo, la zona euro no puede emitir dólares, ni al revés. La pregunta es: ¿van a poder pagar? Si la respuesta es negativa, la cosa es bien sencilla: los que operan en el mercado de divisas adivinan que tarde o temprano el país agotará sus reservas, y se verá obligado, o a vender las divisas en poder de su Banco Central a un precio superior al anterior (es decir, a devaluar su moneda) o a negarse a hacer honor a sus compromisos externos, cosa que todos procuran evitar. En este caso las condiciones para que se produzca una crisis cambiaria estarán presentes.

La pregunta puede surgir por varias razones, que podemos repasar siguiendo la balanza de pagos. Empecemos por la cuenta corriente. Exportaciones e importaciones se verán afectadas, sobre todo, por la inflación, comparada con la del resto del mundo. Nos fijaremos, pues, en el crecimiento de la economía, para ver si es muy superior al potencial; como a veces es el gasto público el culpable de un crecimiento excesivo de la demanda, nos fijaremos en las cuentas públicas. También atenderemos a la situación de nuestros clientes: si los principales países compradores de nuestros productos están atravesando un mal momento, esperaremos una caída de las exportaciones y un empeoramiento de la balanza comercial. Puede que en alguna de esas partidas encontremos síntomas de un desequilibrio significativo; de lo contrario examinaremos la cuenta financiera, para ver si nuestras inversiones en el exterior quedan más o menos compensadas por las inversiones extranjeras en nuestro país. Examinaremos, por último, la situación de nuestra deuda exterior, para ver si se avecinan grandes vencimientos que harán necesaria una refinanciación a la que nuestros acreedores pueden poner dificultades. Esto ocurrió, por ejemplo, en Corea del Sur en el verano de 1997. Y por último, procuraremos estimar el volumen de reservas internacionales en poder de nuestro Banco Central. Decimos estimar, porque algunos bancos centrales perfectamente respetables no publican las cifras, o lo hacen con mucho retraso.

Supongamos que, como resultado del examen, no nos atrevemos a responder a la pregunta con una rotunda afirmación: esto es, que dudamos de que el país tenga divisas suficientes para atender a sus compromisos. La siguiente pregunta es: ¿qué pueden hacer las autoridades para evitar una crisis, restableciendo el equilibrio entre las entradas y salidas de divisas? Una vez más, repasemos la balanza de pagos. Empezando por la cuenta corriente, vemos que una subida del tipo de interés, al contraer el crecimiento del PIB, reducirá las importaciones, y si logra, además, rebajar la inflación en poco tiempo, hará que se incrementen las exportaciones: la cuenta corriente mejorará. Al aumentar el tipo de interés, nuestra moneda se hará más atractiva; las entradas de capital crecerán, proporcionando divisas; nuestras reservas dejarán de disminuir para empezar a aumentar; el riesgo de crisis habrá decrecido, quizá hasta desaparecer. En términos muy simplificados, ya sabemos cuál es la medicina a aplicar: una contracción monetaria.[8]

La pregunta siguiente es quizá la más delicada: ¿están las autoridades en disposición de aplicar la medicina adecuada? Como hemos visto al hablar de la política económica, una elevación del tipo de interés tiene costes a corto plazo, en términos de crecimiento y empleo. Como es difícil convencer al ciudadano de que son costes incurridos para evitar un mal mayor, esos costes económicos se traducen, a veces amplificados, en costes políticos, y los gobernantes son poco proclives a incurrir en ellos. Dos ejemplos ilustran el dilema. En la primavera de 1997, algunos síntomas permitían prever que Corea del Sur podía tener dificultades cambiarias en el transcurso del año; para contribuir a evitarlas, el ministro de Hacienda presentó al Parlamento un programa de medidas de moderación del gasto público. La respuesta fue inmediata: 1997 era un año de elecciones presidenciales, y el presidente corría el riesgo de perderlas. No era el momento de hacerse impopular con medidas de austeridad, de manera que el programa fue pospuesto. El segundo ejemplo se produjo durante la crisis del sistema monetario europeo, en septiembre de 1992. Como consecuencia del fuerte aumento de los tipos de interés decretado por el Banco Central alemán, el Bundesbank, los países miembros se vieron obligados a elegir entre subir sus tipos o abandonar el sistema. En el Reino Unido se iniciaba una etapa de crecimiento lento, que se hubiera visto frenado aún más por una subida de tipos; y el electorado no era partidario de la entrada de la libra en la moneda única, de modo que los costes políticos de una medida semejante hubieran sido muy elevados. La decisión de elevar tipos sólo duró unas horas, y la libra esterlina acabó por abandonar el sistema.

Si la respuesta a la pregunta es negativa, entonces sí es muy probable que las reservas sigan disminuyendo hasta que las autoridades hayan de renunciar a su compromiso de facilitar divisas al precio fijado y se vean obligados a devaluar su moneda. A medida que los operadores del mercado de divisas vayan convenciéndose de que una crisis es muy probable, la precipitarán con sus actos: no sólo tratarán de deshacerse de todas sus tenencias de la moneda amenazada, con lo que agravarán la presión sobre la moneda nacional al pedir aún más divisas, sino que especularán contra ella tomando posiciones a corto plazo.[9] Adivinar cuál sería la decisión del gobierno de Reino Unido en septiembre de 1992 fue, según dicen, la clave del éxito del financiero George Soros en este episodio.

El final de una crisis cambiaria suele ser muy accidentado: en primer lugar, la devaluación final viene precedida por días, o semanas, de negativas, por parte del Gobierno, porque las autoridades no anuncian nunca su intención de devaluar y, cuando la devaluación se produce, la confianza en el gobierno se ve mermada. En Tailandia e Indonesia, por ejemplo, la crisis forzó un cambio de gobierno, y en Corea del Sur el partido del presidente perdió las elecciones. En segundo lugar, los efectos de la devaluación son ruinosos para quienes se han endeudado en moneda extranjera, y ello puede transformar una crisis cambiaria en una crisis financiera. Por último, la devaluación no puede ser una medida aislada: en efecto, como encarece el precio de las importaciones, lleva consigo el riesgo de inflación. Imaginemos que el país es importador de petróleo: una fuerte devaluación encarece el precio de la energía, y ese encarecimiento puede estar en el origen de una espiral inflacionaria que anule los efectos de la primera medida, volviendo a reducir las exportaciones y fomentando las importaciones. Para evitar el rebrote de la inflación, la devaluación suele venir acompañada de medidas de estabilización, es decir, de un enfriamiento de la economía. El resultado es una etapa de bajo crecimiento —a menudo, como en el caso de Brasil o de los países del Sudeste asiático, de crecimiento negativo— y de creciente desempleo, que con frecuencia da origen a conflictos políticos y sociales, como fue el caso en Indonesia a partir de 1997.

La previsión y la prevención de las crisis

Es natural que se haya dedicado mucho esfuerzo a la previsión de las crisis cambiarias; y, a primera vista, parecería que no se trata de un esfuerzo imposible: las crisis presentan una fachada de regularidad que las distingue de las burbujas especulativas: en general —aunque hay excepciones— las crisis cambiarias se producen en economías con fuerte inflación, con un déficit por cuenta corriente elevado, con un sistema financiero poco sólido y con un desequilibrio en las cuentas públicas. Parece que debería bastar con ensayar combinaciones distintas de esas pocas variables para dar con un modelo que fuera capaz de prever con antelación la aparición de una crisis cambiaria. Y, sin embargo, los muchos intentos realizados no han proporcionado resultados muy satisfactorios, en dos sentidos: han dejado de predecir crisis que se han producido, y han avisado de crisis que han terminado por no producirse.

La descripción del desarrollo de una crisis cambiaria del apartado anterior ayuda a comprender las razones de esos pobres resultados: una crisis cambiaria es un proceso que lleva tiempo, que tiene fases distintas, y cuyo resultado final no está predeterminado por las condiciones iniciales. Éstas —la existencia de un diferencial de inflación, de un déficit de la balanza corriente o de un déficit público— advierten de la existencia de un desequilibrio: si esas condiciones no se dan, es casi seguro que no se producirá una crisis. Por el contrario, si se dan, hay que pasar a la pregunta siguiente: ¿es probable que las autoridades quieran adoptar las medidas adecuadas para evitarla? Ésta es la pregunta que necesita mayor dosis de reflexión y de conocimiento de la economía de que se trate, y contestarla requiere un seguimiento continuo durante un tiempo. Contestada la pregunta, aún hay que hacerse una idea de cuál va a ser la evolución del entorno, sobre el que el país no tiene control: un entorno favorable puede contribuir a evitar una crisis, un entorno adverso la agravará. La Figura 9.3 es una representación gráfica del proceso que hay que seguir para tratar de prever la aparición de una crisis cambiaria.

FIGURA 9.3. Diagrama de las crisis cambiarias.

En este proceso, los modelos desempeñan el papel de sistemas de alarma: señalan cuándo vale la pena empezar a seguir la economía de cerca, al haber percibido la existencia de un desequilibrio inicial. En este sentido pueden resultar muy útiles, pero el resto del proceso necesita de la intervención humana.

La lección más importante de esta descripción de las burbujas especulativas y de las crisis cambiarias es que una crisis es el resultado de la interacción de un choque (a menudo llegado de fuera) y de las decisiones adoptadas por las autoridades. La posibilidad de evitar los efectos del choque externo existe, y cuando no se aplica el remedio adecuado es porque, expresa o tácitamente, las autoridades consideran que el coste de aplicarlo es mayor que el coste de la crisis. El ejemplo británico de 1992 o el de Corea del Sur de 1997 lo ilustran: así pues, una crisis tiene elementos imprevisibles y también elementos de cálculo racional.

Esta observación permite contestar brevemente a la siguiente pregunta: ¿es posible prevenir las crisis cambiarias? La respuesta es, en general, afirmativa: una economía tiene los instrumentos necesarios para crear las condiciones que hagan muy difícil la aparición de una crisis. Sin embargo, el coste de utilizar esos instrumentos puede ser demasiado alto para resultar políticamente tolerable. El control de la inflación requiere un Banco Central independiente del Gobierno; requiere, por consiguiente, una disciplina fiscal que haga posible evitar el recurso constante del Gobierno a la emisión de moneda; el mantenimiento de tipos de interés elevados dificulta el crecimiento; y la acumulación de reservas puede parecer un mal uso del ahorro en economías que presentan déficits de infraestructuras básicas. En resumen, la austeridad necesaria para prevenir una crisis es políticamente costosa.

Además, esa austeridad puede resultar insuficiente en algunos casos, por ejemplo, cuando se presenta el fenómeno del contagio. Al hablar de las burbujas, se observaba que, en la fase de revulsión, el rechazo de los inversores no se limitaba al activo de moda, sino que se extendía a otros que podían parecérsele. Algo parecido sucede en las crisis cambiarias cuando la desconfianza hacia un país se transmite a países vecinos o que tienen una estructura productiva parecida: así sucedió en Chile, cuando se vio obligado a implantar medidas transitorias de control de capitales para protegerse de las consecuencias de la crisis mexicana de 1994, a pesar de que las economías de ambos países guardan poca relación entre sí.

Las crisis financieras o bancarias

Las crisis financieras se producen, a veces, como consecuencia de una burbuja especulativa, a veces como resultado de una crisis cambiaria, y otras se generan dentro del propio sistema financiero. Tienen, pues, orígenes distintos, aunque su resultado final es siempre el mismo, derivado de la función del sistema financiero, que es facilitar liquidez a la economía. La mejor forma de entender cómo se producen las crisis es partir de la imagen simplificada del balance del sistema bancario del Cuadro 9.1, que reproduce el del Capítulo 5 (5.1).

CUADRO 9.1. Balance simplificado del sistema bancario

Ya vimos, al tratar de las burbujas especulativas, cuál es el papel del sistema bancario en su generación. En las fases de desplazamiento y recalentamiento, una buena parte de las compras del activo de moda se hace a crédito, y la banca acepta el propio activo como garantía de ese crédito; cuando, en las fases de apuro y de revulsión, la cotización del activo empieza a descender, también desciende el valor de la garantía exigida por el banco, hasta resultar inferior al mínimo exigido, de modo que se exige entonces la devolución del crédito. El comprador del activo, que pensaba revenderlo para devolver el crédito y quedarse con la plusvalía, no puede vender el activo a un precio aceptable, y tampoco puede devolver el crédito. El banco trata de recuperar el préstamo vendiendo las acciones del activo que tiene como garantía; pero, si la fase de revulsión está muy avanzada, sólo podrá vender el activo a un precio muy inferior al que figura en sus libros. Si esto es así, el valor de su activo habrá disminuido, y habrá de compensar esa reducción con una disminución de su pasivo, es decir, de sus depósitos. Por ejemplo, cuando uno de sus clientes se acerque a su ventanilla para pedir una ampliación o una renovación de su línea de crédito, el banco habrá de negársela. Si lo mismo ocurre con otros bancos, porque toda la banca ha contribuido a financiar la burbuja, el resultado es una disminución del crédito en toda la economía: es decir, una falta de liquidez. Lo mismo ocurre si la banca ha invertido grandes cantidades en la compra del activo de moda, la cual figura entonces en la partida de «Cartera de valores» del activo. En este caso, en cuanto la cotización del valor empieza a descender, se reduce el valor del activo en la misma proporción, y los bancos se ven forzados a reducir la liquidez que facilitan al sistema: así pues, en este caso, la reacción de los bancos en cuanto la burbuja empieza a deshincharse es mucho más brusca que en el caso anterior.

Las crisis cambiarias dan origen a crisis financieras mediante un mecanismo distinto. Si la banca nacional se ha endeudado con entidades extranjeras y, por consiguiente, en moneda extranjera, cuando la moneda nacional se devalúa como consecuencia de la crisis cambiaria, la banca nacional se encuentra con que el valor de su deuda en divisas se ha multiplicado: si no puede compensar esa reducción, la banca nacional vuelve a verse en la necesidad de proceder a una reducción del crédito. Éste fue el caso en Corea del Sur en el último trimestre de 1997.

Por último, las crisis bancarias pueden originarse desde el propio sistema bancario. El ejemplo más claro es el de la liberalización del sistema financiero, que conviene describir con algún detalle, porque ha estado en el origen de grandes crisis bancarias y causará, con toda probabilidad, algunas más.

En todas las economías el sector bancario está sometido a regulación, porque se trata de un sector basado en la confianza del cliente entre las entidades financieras —de ahí la denominación de sistema fiduciario— y porque es un sector de cuya salud depende el buen funcionamiento de una economía de mercado. En muchos países, esta regulación llega a abarcar los aspectos principales del negocio bancario: fija los tipos pasivos, es decir, la remuneración que las entidades pueden otorgar a quienes depositan sus ahorros en ellas; los tipos activos, es decir, los que las entidades pueden cobrar por sus préstamos; y hasta los sectores, actividades o empresas a los que las entidades deben destinar sus préstamos. Incluso en economías poco intervenidas, algunas entidades financieras han estado sometidas a una regulación muy estricta: así, por ejemplo, las cajas de ahorro y entidades de previsión. En estos casos, las entidades no son responsables de la gestión de sus propios riesgos, sino simples depositarias de los ahorros del público, y ejecutoras de las instrucciones de los poderes públicos.

En este contexto, liberalizar el sistema significa dejar libertad a las entidades para competir entre ellas remunerando su pasivo a tipos distintos, cobrando tipos distintos a sus clientes y seleccionando ellas mismas los riesgos que desean asumir, decidiendo así en qué tipos de operaciones participar. Lo que inspira la liberalización es la creencia, justificada en muchos casos, en que las autoridades no tienen una capacidad especial para dirigir los flujos financieros de la economía, y que quizá es mejor que lo haga el mercado, es decir, las empresas y las entidades financieras. Siguiendo esta creencia, los sistemas financieros de las economías avanzadas se han visto sometidos a un proceso de liberalización, más o menos rápido, durante las tres últimas décadas.

El resultado del proceso ha sido beneficioso sólo en parte, porque el sistema bancario que ha salido de él ha sido más ágil y eficiente que el anterior. Pero la transición ha resultado, casi sin excepción, extraordinariamente costosa, esencialmente por una razón, y es que las entidades no estaban acostumbradas a medir y gestionar sus riesgos, y su personal no tenía ni la formación necesaria ni los incentivos adecuados para una prudente gestión del riesgo: estaban más acostumbrados a seguir instrucciones. La liberalización abre oportunidades vedadas hasta entonces, pero con un riesgo mayor, y el mayor riesgo hace más probable que el balance de las entidades vuelva a desequilibrarse: así, los créditos fallidos en el activo obligan, una vez más, a reducir el pasivo, es decir, la liquidez del sistema. A menudo esta liberalización se extiende a las operaciones internacionales y ocurre que las entidades nacionales, atraídas por tipos de interés más bajos en el mercado internacional, se endeudan en divisas para prestar el dinero a tipos más altos en el mercado nacional. Este desequilibrio del balance (créditos en moneda nacional en el activo frente a deudas en divisas en el pasivo) hace a las entidades vulnerables frente a una crisis cambiaria: éste es el origen de la crisis financiera de 1997 en Corea del Sur.

En presencia de la libertad de movimientos de capital, la liberalización del sistema bancario nacional se convierte en una aventura llena de incertidumbres. En el proceso intervienen a la vez la situación de la coyuntura, la política económica nacional, la política de tipo de cambio y la situación exterior, que a su vez influye sobre la balanza de pagos. Además, la liberalización es, en gran parte, un proceso irreversible y, como tal, algunos de sus pasos no tienen vuelta atrás. En este momento no hay ninguna garantía de que se sepa cómo manejar el proceso, y, por consiguiente, lo que ocurra con los procesos de liberalización de los sistemas financieros de grandes economías como la china o la india es aún una incógnita.[10]

FIGURA 9.4. Canales de transmisión de la burbuja especulativa.

La transmisión de las crisis

Las crisis financieras, tanto si tienen su origen en burbujas especulativas como en crisis cambiarias, pueden acabar afectando a toda la economía: por eso precisamente las autoridades vigilan su aparición. Aunque al describir el desarrollo de unas y otras hemos indicado algunos de sus efectos, vale la pena recapitularlos con cierto orden. Porque aunque el estallido de una burbuja pueda tener apariencia de hecatombe, lo cierto es que su influencia se transmite por canales bien conocidos, de distinto caudal y a velocidades distintas. (Figura 9.4).

Cuando una burbuja especulativa extiende su influencia sobre la economía, lo hace sobre todo a través del canal bancario, con tres componentes: el primero es el ya visto de los créditos morosos, que obligan a las entidades a liquidar el activo de moda que tenían como garantía; el segundo, también descrito, es la pérdida de valor de sus carteras de valores como resultado del descenso de la cotización de ese activo; el tercero es consecuencia del contagio, propio de las fases de revulsión y descrédito. En estos casos el mercado se refugia en los valores de reconocida solidez y rechaza no sólo el activo de moda, sino todo lo que no sean valores de primera clase: es la huida hacia la calidad (flight to quality), que reduce aún más el valor de las carteras de los bancos. El impacto se ejerce en dos direcciones: sobre el mercado de valores —acentuando la presión vendedora y la baja de las cotizaciones, esta vez no limitadas al activo de moda—, y en el mercado crediticio, reduciendo la liquidez del sistema. Éste es el llamado credit crunch. La crisis de liquidez afecta directamente a la inversión de las empresas y también al crédito al consumo. La baja de las cotizaciones bursátiles, así como la bajada de los precios de los activos inmobiliarios si se trata de una burbuja inmobiliaria, afecta a la riqueza de las familias, y una menor riqueza de las familias se manifestará en un menor gasto de consumo. Si, además, como sucede en el caso de una crisis cambiaria, el gobierno ha de adoptar medidas de contención del gasto, la totalidad de la demanda agregada se verá reducida: el resultado será un menor crecimiento y, probablemente, un mayor desempleo. De estos canales, el que actúa con más rapidez es el que lleva al mercado crediticio. El efecto de una contracción crediticia sobre las empresas suele ser significativo; en cambio, el efecto a través de la riqueza privada que lleva a un menor consumo es más lento, porque el consumo es mucho más estable que la inversión, y, en general, el efecto es menos conocido. Naturalmente, en la medida en que esos efectos sean anticipados por las empresas, entrarán a formar parte de sus planes futuros y pueden inducir rondas sucesivas de menor inversión y menor empleo: así, una burbuja especulativa o una crisis cambiaria puede dar origen a una espiral deflacionaria. Éste era, precisamente, el resultado que se temía al final de la crisis del Sudeste asiático.

La formación de espirales en las crisis

El esquema de transmisión de los efectos de una crisis es engañoso, porque parece indicar que el choque inicial (la devaluación, o el estallido de una burbuja) se transmite de arriba abajo, por los canales indicados, y agota sus efectos al llegar a la demanda agregada, a lo que la prensa popular llama la economía real. En la práctica, sin embargo, el efecto del choque sobre la demanda agregada puede repercutir sobre el sistema financiero, iniciando una nueva ronda de efectos sobre consumo e inversión, y así sucesivamente, en un movimiento de retroalimentación que recuerda al que ya vimos en la formación de espirales inflacionarias, y que puede hacer que la economía se aleje cada vez más del punto de equilibrio de pleno empleo.

El más conocido de estos bucles es el llamado «acelerador financiero», que reproduce la figura siguiente: un choque inicial tiene una repercusión negativa sobre los balances del sector bancario; la consecuencia, como ya hemos visto, es una contracción del crédito; ésta a su vez da como resultado un menor crecimiento de la economía, y una caída de los beneficios de las empresas, que a su vez deteriora el balance de las entidades de crédito, bien por la pérdida de valor de sus carteras de títulos, bien por un aumento de la morosidad de los créditos, o por ambas cosas a la vez, y vuelta a empezar.

Esta no es la única fuente de inestabilidad en el desarrollo de una crisis. Otras espirales pueden generarse dentro del sistema financiero, por la interacción entre los bancos comerciales y el Banco Central; en el capítulo siguiente veremos que la interacción entre el sistema financiero y el sector público puede dar origen a espirales deflacionarias. En resumen, pues, las crisis financieras, sea cual sea su origen, suelen tener efectos muy perjudiciales en una economía desarrollada por dos motivos: el primero es la presencia de efectos externos, que hacen que una crisis originada en un sector tenga efectos sobre toda la economía, a través de la contracción del crédito. El segundo es la posibilidad de que se active alguno de esos bucles que llevan a la economía por una trayectoria de crecimiento cada vez menor y desempleo creciente.

FIGURA 9.5. El acelerador financiero.

Resumen

Las burbujas especulativas y las crisis cambiarias son fenómenos característicos de las economías de mercado. En un mundo de libertad de movimientos de capital como el actual, unas y otras pueden resultar extremadamente costosas en términos de crecimiento y empleo. Las burbujas son esencialmente imprevisibles; en cuanto a las crisis cambiarias, no es posible prever la aparición o no de una crisis sólo a partir de un desequilibrio inicial, ya que una crisis cambiaria resulta de la interacción de las condiciones iniciales con la actuación de las autoridades. Las condiciones iniciales nos avisan de la necesidad de tomar medidas correctoras, pero no pueden ir más allá. En ambos casos, el proceso depende esencialmente de la formación de las expectativas de los agentes, y éstas no se dejan capturar por los modelos al uso. Desde el punto de vista práctico, pues, nada puede sustituir el seguir muy de cerca su desarrollo.

Simplificando un poco, puede decirse que la respuesta de las autoridades es el resultado de un cálculo: tienen en sus manos los medios para evitar la formación de una burbuja o la generación de una crisis cambiaria, pero aplicar esos medios tiene sus costes, y pueden preferir no hacerlo. En algunos casos, el coste es político o incluso social; en todos los casos, las medidas correctoras, que consisten en un enfriamiento de la economía, tienen un coste económico.

Algo parecido puede decirse de la prevención, sobre todo en el caso de las crisis cambiarias. Es posible crear las condiciones que hagan muy improbable su aparición: una política monetaria estricta que mantenga baja la inflación; unas cuentas públicas equilibradas, que eviten que la demanda agregada sea superior al producto potencial; y una acumulación de reservas que haga difícil especular contra la moneda nacional. Pero crear esas condiciones tiene costes: básicamente, un crecimiento más lento del que sería posible y la inversión de parte del ahorro nacional en reservas improductivas.

Por último, cabe observar que la gravedad de las crisis se acentúa con la libertad de movimientos de capital, hasta el punto de que algunos dudan de que las ventajas que ha reportado la liberalización financiera puedan compensar el mayor riesgo de crisis que ésta lleva consigo.

Notas de lectura

La referencia más accesible para las burbujas especulativas sigue siendo la clásica de Charles P. Kindleberger, Manias, Panics and Crises, 2005; dos más recientes son la ya citada de Daniel Gross: Pop! Why Bubbles Are Great For the Economy, 2007, y la de P. Hoffman, G. Postel-Vinay y J. L. Rosenthal, Sustaining Large Losses, 2007, aunque ésta queda a medio camino entre el enfoque académico y la divulgación. Otra referencia clásica, centrada en la burbuja de las puntocom, es la de Robert Shiller, Irrational Exuberance, 2000.

La crisis del Sudeste asiático hizo correr ríos de tinta. Una visión centrada en el problema del riesgo moral —a mi entender, exagerada— es la de Paul Krugman, «What Happened to Asia?» 16 de enero de 1998. Hacia el final de la crisis, después del repudio de la deuda externa por las autoridades rusas, tuvo lugar el episodio del rescate del Long Term Capital Management. La obra de R. Lowenstein, When Genius Failed, 2001, ofrece una versión bastante distinta de la convencional, y mucho más interesante que ésta.

Sobre las crisis cambiarias, los trabajos más accesibles son los de Paul Krugman: el ya citado «What Happened to Asia», «A Model of Balance-of-Payments Crises», en Currencies and Crises, 1992, y El retorno de la economía de la depresión (Crítica, 2009). El caso de la burbuja de los mares del Sur está tratado en Temin, P. y Voth, «Riding the South Sea Bubble», AEA Papers and Proceedings, 2004. El artículo de Voth sobre la falsa burbuja es «With a Bang, not a Whimper: Picking the “Stockmarket Bubble” in 1927 and the Slide into Depression», Journal of Economic History, 2003.

Capítulo 10

LA CRISIS DE 2007

Hoy nos hemos metido en un enorme lodazal por haber fallado en el control de una máquina delicada cuyo mecanismo no entendemos. El resultado es que nuestras posibilidades de riqueza pueden quedar agostadas durante un tiempo (quizá durante mucho tiempo).

JOHN MAYNARD KEYNES,

The Slump of 1930, 1930

La esencia de la crisis

En agosto de 2007 se iniciaba una crisis financiera cuyos efectos duran aún hoy y cuyo final resulta imposible de predecir; también constituye una incógnita saber en qué consistirá esa normalidad a la que todo el mundo desea volver. Cuando se escribió la primera edición de este libro la crisis apenas si había comenzado, y muy pocos preveían que iba a ser tan larga y profunda. Seis años más tarde ya es posible ordenar las ideas para presentar los elementos más importantes de la crisis, esbozar las fases de su desarrollo, trazar un balance de las políticas seguidas y sus efectos y apuntar algunas de las propuestas hechas para evitar que una situación parecida vuelva a producirse.

A grandes rasgos, la crisis es el resultado del estallido de una burbuja inmobiliaria generada, en primer lugar, en Estados Unidos, y también en el Reino Unido, España e Irlanda. Cinco factores explican por qué sus consecuencias son mucho más graves que las de otras burbujas recientes: primero, los activos inmobiliarios suelen ser el componente principal del patrimonio de las familias, de tal modo que su valor tiene una gran influencia en el consumo privado; segundo, la financiación de las operaciones inmobiliarias es una parte importante, a veces la principal, de las operaciones de muchas entidades bancarias; tercero, en la financiación de esta burbuja desempeñaron un papel importante los llamados «productos estructurados», activos relativamente opacos; cuarto, esa financiación se generó en un mercado de capitales abierto, de modo que muchas entidades compraron activos emitidos en países y mercados muy distintos del propio y, por consiguiente, menos conocidos por ellas; quinto, la producción del activo objeto de la burbuja —construcciones y viviendas— empleó gran cantidad de recursos materiales y humanos que quedaron ociosos al estallar ésta, lo que explica en gran parte que los efectos de la crisis en el empleo hayan sido mucho mayores que en otras ocasiones. Tal constelación de factores no se había dado en otras anteriores: la crisis inmobiliaria en los países nórdicos, en España y Turquía en los noventa; las crisis cambiarias del Sudeste asiático de 1997-1998, o la crisis de las puntocom de principios del milenio, por mencionar algunos ejemplos.

El inicio de la crisis se sitúa, como se ha mencionado, en agosto de 2007, cuando aparecen los primeros síntomas de una contracción del crédito; unos pocos meses después ya se aprecia que se trata de algo más que de una crisis de liquidez, y a partir de ese momento difieren las políticas adoptadas por Estados Unidos y por la zona del euro. Las diferencias se deben, en parte, a que Estados Unidos posee las instituciones de un Estado y la eurozona no, y en parte también, a distintas prioridades de unos y otros. El resultado es que la recesión ocasionada por la primera contracción del crédito y agravada por el estallido de las burbujas inmobiliarias tiene un desarrollo distinto en un espacio y en otro: en 2015 Estados Unidos parece haber dejado atrás la crisis, aunque su crecimiento es aún moderado y vacilante.

Para entender la naturaleza de la presente crisis es preciso empezar por describir la evolución del sector bancario. Al tratar de las crisis en general en el capítulo anterior ya se vio que una pieza central en el desarrollo de una burbuja es el comportamiento del sistema financiero y, en particular, del sector bancario. No hay duda de que los cambios experimentados por éste durante el último medio siglo, y especialmente durante las dos últimas décadas, explican la amplitud y profundidad de la presente crisis, por lo que resulta indispensable tratar de resumir los más importantes. Salvo mención explícita en contrario nos referiremos al sistema financiero norteamericano, por ser éste el origen de los cambios más destacados y el creador de los productos financieros que han desempeñado un papel principal en el desarrollo de la crisis actual.

La evolución del sistema financiero

En el modelo del flujo circular del Capítulo 2 el sistema financiero es un mero intermediario pasivo entre el ahorro de los particulares y las necesidades de financiación de las empresas. En el Capítulo 5, al tratar de la política monetaria, vimos que el sector bancario es algo más, ya que la casi totalidad de lo que llamamos dinero es creación suya. Es bien sabido que el crédito es un componente de casi todas las operaciones comerciales, y que incluso una buena parte del gasto habitual de las familias se hace a crédito. Pero en los últimos 25 años el sector financiero parece haber cobrado vida propia, creciendo más que el producto interior bruto en la mayoría de las economías avanzadas, a la vez que las actividades relacionadas con las finanzas se han convertido en las más rentables: en Estados Unidos, el sector financiero percibía, entre 1973 y 1975, en torno al 16 por 100 de los beneficios empresariales; durante la última década esa proporción alcanzó el 41 por 100, al mismo tiempo que la remuneración media de los empleados en el sector casi llegaba a doblar la de los demás sectores de actividad privada. ¿A qué obedece esa transformación?

Más o menos hasta la segunda posguerra la banca era, tanto en Estados Unidos como en Europa, un sector en el que la aparición de una nueva entidad constituía algo relativamente raro y en el que los banqueros orientaban su conducta según la llamada «regla del 3-6-3»: pedir prestado al 3 por 100, prestar al 6 por 100 y estar a las 3 de la tarde en el campo de golf. En Estados Unidos, además, los bancos comerciales eran entidades locales, con un radio geográfico de acción limitado por la regulación, que prohibía el establecimiento de entidades bancarias de ámbito estatal. La banca era un sector estable, no extraordinariamente rentable —por ejemplo, la rentabilidad sobre fondos propios de la banca inglesa entre 1921 y 1970 estuvo en torno al 7 por 100— pero sin grandes sustos. Una clásica configuración de cártel u oligopolio.

La introducción de mayor competencia en el sector tuvo como principal efecto estrechar enormemente el llamado «margen de interés», la diferencia entre el tipo al que el banco conseguía los fondos y el tipo al que podía conceder los créditos.[1] De la diferencia entre el 6 y el 3 por 100 se pasó a unas pocas décimas, a medida que los ahorradores se acostumbraron a comparar ofertas de entidades distintas, mientras los prestatarios hacían lo mismo. Enfrentadas a la necesidad de mantener su margen de beneficio, las entidades hubieron de incorporar a sus carteras activos mejor remunerados, lo que obligaba, naturalmente, a aumentar el nivel de riesgo. Ocurre, sin embargo, que la regulación establece que a mayor riesgo más capital. En efecto, como el capital es lo que permite a la entidad responder frente a una pérdida del valor de sus activos, es lógico que el regulador exija que ese capital aumente en la medida en que la pérdida se hace más probable al aumentar el riesgo.

Naturalmente, cuanto mayor es el capital —representado por las acciones— para un mismo nivel de beneficio, menor es el beneficio por acción, y la inversión en una entidad bancaria pierde atractivo. El banco trata de economizar capital para mantener el interés de los accionistas, y ése es el origen de los llamados productos estructurados, que cuando empezó la crisis pasaron a llamarse activos tóxicos: el banco se dirige a una entidad especialmente creada al efecto o a un banco de inversión y le vende una cartera entera de créditos de todas clases: hipotecas, créditos al consumo, financiación de automóviles o créditos a estudiantes. La entidad compradora, a su vez, emite bonos, que son promesas de pago como cualquier otra obligación, con la garantía de los créditos comprados al banco, de tal modo que los pagos de las hipotecas, créditos al consumo y demás que figuraban en la cartera original van a parar ahora directamente a los compradores de esos bonos. El banco que generó la cartera de créditos cobra una comisión por «empaquetar» los créditos originales, pero se ha desprendido del riesgo de impago: si el que tomó la hipoteca deja de pagar es el comprador del bono, y no el banco, el que no cobra. De este modo, los créditos originales desaparecen del balance del banco y dejan, por consiguiente, de consumir capital.[2]

Una forma alternativa de reducir el riesgo de impago es tomar un seguro contra ese impago. Nacen de este modo los llamados Credit Default Swaps (CDS), por los que quien concede un crédito se asegura con una entidad, a cambio de un pago periódico, frente a la eventualidad de que el deudor no pague. El mercado de esos CDS ha alcanzado volúmenes enormes; por otra parte, los CDS presentan características que los hacen especialmente peligrosos como productos de inversión: en primer lugar, si bien su naturaleza es de un producto de seguro, no se les llama así, precisamente para escapar a la normativa que rige para las compañías de seguros, que obliga a éstas a mantener un cierto volumen de reservas, estrictamente especificadas, frente a posibles siniestros;[3] además, los CDS se comercian en mercados sin regulación, de tal modo que casi cualquiera puede ofrecer un CDS (vender un seguro) a quien quiera comprárselo, tenga o no fondos para responder en caso de impago, y uno puede comprar un CDS sobre algo que no posee, algo así como si uno pudiera suscribir un seguro de incendios sobre la casa del vecino. La mención a los CDS es necesaria aquí, porque en el transcurso de la crisis su existencia ha dificultado enormemente cualquier operación de reestructuración de la deuda, pública o privada, sobre la que se haya creado un mercado de CDS, ya que una reestructuración —una quita o un aplazamiento de los pagos— puede desencadenar una avalancha de reclamaciones de pago por parte de los compradores de CDS frente a las entidades vendedoras y precipitar el colapso de éstas. Todos estos riesgos son de sobra conocidos en el mundo financiero, lo que no obsta para que los CDS se sigan emitiendo y vendiendo.

Vemos así que el deseo de economizar capital, o, dicho de otra forma, el objetivo de crear valor para el accionista, lleva a la creación de una vasta estructura de productos financieros, de difícil valoración, que descansan sobre una base cada vez más pequeña de activos reales o tangibles.[4] Pero al mismo tiempo el banco debe tratar de financiarse al menor coste posible. Si su departamento comercial no le suministra bastantes depósitos de ahorradores, que suelen ser la forma de financiación más barata, ha de acudir a otras fuentes. La más frecuente la constituyen los llamados depósitos mayoristas (wholesale deposits), fondos que otros bancos o entidades financieras se prestan unos a otros a muy corto plazo (de uno a siete días, por lo general), que en circunstancias normales se renuevan casi automáticamente, pero que pueden interrumpirse sin previo aviso, obligando a la entidad prestataria a buscar alternativas con urgencia. Así pues, la necesidad de abaratar al máximo el coste de la financiación obliga a la entidad bancaria a aumentar el llamado funding risk, término que se traduce al castellano con una resonancia náutica no muy afortunada como riesgo de fondeo.[5] Fue precisamente la interrupción de la corriente de fondos a algunas entidades bancarias la que precipitó el inicio de la crisis en agosto de 2007.

Además, el desarrollo de un mercado interbancario a escala mundial ha tenido como efecto aumentar la interdependencia entre las entidades de todos los países: los pasivos (deudas) de un banco son a menudo activos de otro, de tal modo que la salud de éste puede verse quebrantada por la quiebra de aquél. Esta interdependencia —real en unos casos y supuesta en otros— ha dificultado enormemente las tareas de saneamiento del sistema bancario y ha sido una de las principales causas de la duración y profundidad de la crisis.

En resumen, el sistema financiero, cuya función de creador de medios de pago y de proveedor de crédito a la economía no ha dejado de ser central, ha ido evolucionando hacia una mayor debilidad estructural: la persecución de la rentabilidad para el accionista, estimulada en parte por los sistemas de remuneración e incentivos de los ejecutivos bancarios, ha dado como resultado un sector bancario muy grande, con una base de capital muy reducida, con una gran variedad de productos complejos, y operando en mercados de una gran volatilidad. Las Figuras 10.1 y 10.2 resumen esta evolución para los casos de Estados Unidos y el Reino Unido.

FUENTE: Alessandri y Haldane, Banking on the State.

FIGURA 10.1. Ratios de capital: Bancos de Estados Unidos y Reino Unido.

FUENTE: Ibid.

FIGURA 10.2. ROE (retorno sobre fondos propios), bancos de Reino Unido.

El desarrollo de la crisis

El 9 de agosto de 2007, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo llevaron a cabo grandes inyecciones de liquidez en los respectivos sistemas financieros: el mercado interbancario se estaba resintiendo del impago de bonos estructurados comprados por una caja de ahorros alemana, y la interrupción de los flujos normales de crédito a muy corto plazo que constituía una fuente habitual de financiación de las entidades financieras amenazaba con provocar una crisis de liquidez.[6] Así, el detonante de la crisis fue un fallo en uno de esos productos complejos generados por el sistema financiero en años anteriores.

Las intervenciones dieron la señal de alarma, pero los primeros avisos sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria venían de antes: desde el verano de 2006 se había ido extendiendo la opinión entre analistas y profesionales del sector de que algunos mercados inmobiliarios estaban sobrevalorados (el recalentamiento del esquema de Minsky), y los mercados ya habían podido escuchar algunas malas noticias: en marzo de 2007, la asociación hipotecaria norteamericana había publicado unas listas que indicaban un aumento del número de créditos hipotecarios morosos; en abril, había suspendido pagos New Century Financial, una gran entidad financiera especializada en hipotecas; en julio, el banco de inversión Bear Stearns había llevado a la quiebra a dos de sus fondos inmobiliarios. Se cumplía así una de las reglas casi invariables de las burbujas: siempre hay avisos, pero nadie les hace caso.[7]

Las primeras intervenciones de las autoridades monetarias pudieron parecer tímidas, pero no hay que olvidar que hasta el momento del estallido la principal preocupación de los bancos centrales había sido la inflación, porque el petróleo, las materias primas industriales y los alimentos habían registrado un alza sin precedentes, de modo que las autoridades quisieron dejar bien claro que su trabajo consistía en mantener la estabilidad de precios, y no en sacar de apuros a los inversores que hubieran tomado decisiones equivocadas. Menos de un mes más tarde, sin embargo, frente al descenso ininterrumpido de las bolsas y a las noticias cada vez peores del sector financiero, la Reserva Federal viró en redondo: el primer descenso de los tipos de interés tuvo lugar el 19 de septiembre, y seis meses más tarde había pasado del 4,75 al 2 por 100. Mientras tanto, los bancos estimaban que sus pérdidas, a finales de 2007, alcanzarían los 600.000 millones de dólares.

Esta fase inicial se prolongó hasta septiembre de 2008, y correspondería a las fases de apuro y revulsión del esquema de Minsky. Las autoridades facilitaban liquidez en grandes cantidades a las entidades financieras, pero la actividad crediticia no se recuperaba, porque la incertidumbre sobre el valor de los activos de unos y otros hacía que cada entidad guardara para sí la liquidez a que accedía, mientras que los mercados en que se financiaban las entidades emisoras de productos estructurados (papel comercial y fondos de mercado monetario) habían desaparecido. La falta de liquidez provocó las primeras quiebras: Northern Rock, un banco británico especializado en financiación hipotecaria, fue nacionalizado en febrero de 2008; Bear Stearns fue comprado por J. P. Morgan por un 10 por 100 de lo que había sido su valor meses antes; Lehman cerró sus fondos hipotecarios, y, por último, el 7 de septiembre de 2008, un año después de iniciarse la crisis, las dos grandes agencias hipotecarias de Estados Unidos, conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac, fueron intervenidas por la Administración, ante la imposibilidad de lograr en los mercados el capital necesario para evitar la quiebra. Sus activos sumaban cinco billones y medio de dólares, tres veces el producto interior bruto de un país como España.

La fase siguiente empezó el 15 de septiembre, cuando quebró Lehman Brothers, el tercer banco de inversión de Wall Street (Merrill Lynch acababa de ser comprado por Bank of America), por la misma razón que los anteriores: le había sido imposible conseguir en los mercados la financiación necesaria para mantener su actividad. Al mismo tiempo, sin embargo, la Administración decidió salvar de la quiebra a AIG, la mayor aseguradora del mundo, ante el temor de que su quiebra pudiera repercutir en el sistema financiero global, dado el enorme número de interconexiones de la entidad. Pocos días más tarde el secretario del Tesoro, Henry (Hank) Paulson presentó un plan de salvamento, en el que pedía al Congreso que le concediera plenos poderes para comprar activos del sector financiero en una situación que consideraba de emergencia; el plan fue rechazado, seguramente por la exigencia de que las actuaciones del Tesoro no pudieran ser objeto de examen posterior. La incertidumbre generada por esta constelación de acontecimientos fue tal que los mercados financieros se paralizaron y las bolsas registraron el descenso más brusco de todo el año. El 10 de octubre de 2008 fue una réplica del «Viernes negro» de 1929: 1.547 títulos sufrieron descensos en su cotización; sólo 87 subieron. Mientras, otro gran banco estadounidense, Wachovia, iba a la quiebra, y Washington Mutual era intervenido por el Estado y vendido a J. P. Morgan.

Las entidades de la Europa continental empezaron a verse afectadas por la crisis de liquidez. El banco belga Fortis y el francés Dexia fueron nacionalizados. También en Europa empezaron a aparecer planes de salvamento, con las limitaciones institucionales inherentes al estado actual de la Unión Europea: así, por ejemplo, la propuesta francesa de crear un fondo común de intervención (a imitación del programa de compra de activos de Paulson) fue rechazada por Alemania; a veces, el plan de un país tuvo efectos negativos sobre otro, como sucedió cuando Irlanda, excluida a instancias de la Unión Europea la posibilidad de dejar quebrar a alguno de sus bancos, decidió nacionalizar todos los pasivos bancarios, lo que provocó protestas del Reino Unido, que temió una fuga de depósitos hacia entidades irlandesas. Con todo, la presentación de los planes y la persistencia de tipos bajos de interés (el tipo de referencia del BCE era el 2,5 por 100, el de la Reserva Federal tenía el 0,50 como máximo, un valor nunca visto hasta entonces) parecían tranquilizar los mercados. Sin embargo, a finales de 2008 nadie se atrevía a dar la crisis por resuelta, porque el mercado crediticio seguía congelado, a decir de las empresas, que se quejaban de que las medidas para el restablecimiento del crédito no se habían puesto en práctica.

El año 2009 empezó con unos mercados menos caóticos, pero no más animados: el Gobierno alemán adquirió el 25 por 100 de Commerzbank, para ayudar a éste a digerir la compra de Dresdner Bank; los tipos de referencia seguían bajando, hasta el 1,5 por 100 en el Reino Unido y el 2 por 100 en la zona del euro. Por su parte, la economía real empezaba a manifestar los daños causados por la contracción del crédito: los índices de confianza alcanzaban sus mínimos en todos los países industriales, las previsiones de crecimiento para 2009 eran uniformemente negativas, caía el empleo y el paro iba en aumento, a ritmos distintos según los países. Por último, los mercados empezaron a tomar nota del enorme volumen de compromisos financieros contraídos por los Gobiernos, en parte por el gasto que suponían sus planes de rescate y, sobre todo, debido al crecimiento negativo de 2009. Las agencias de calificación, responsables de haber otorgado notas muy altas a activos que ahora se revelaban tóxicos, compensaban su actuación anterior rebajando la calificación de la deuda soberana de algunos países: Grecia, Portugal y España. La crisis, que hasta ahora se había mantenido en la esfera privada, empezaba a pasar a la pública.

Anotemos que a finales de 2008 empezaron a aparecer las primeras estafas, que siempre acompañan al desarrollo de una burbuja: el caso Madoff en EE.UU. fue seguido de otros en la India, en Alemania y en el Reino Unido; luego vendrían más. Por último, el 10 de febrero de 2009 tuvo lugar el episodio final de esta primera fase de la crisis: el Senado estadounidense, sin un solo voto republicano a favor, aprobó el plan presentado por el presidente Obama para el estímulo de la economía, reducido a 728.000 millones de dólares (aproximadamente un 5 por 100 del PIB de EE.UU.); sin embargo el plan, presentado al día siguiente por el secretario del Tesoro, obtuvo una fría acogida en los mercados, porque los índices no dejaron de bajar durante toda la presentación.

Hasta el momento podía uno pensar que la crisis era una crisis de liquidez provocada por un ataque de desconfianza: del mismo modo que cuando uno duda de la capacidad de su banco para devolverle el dinero que en él ha depositado se apresura a retirarlo por si acaso, así también las entidades que habían prestado financiación a otras querían recuperarla, y se negaban a extender más crédito. Se había producido un pánico bancario, sólo que esta vez los que tenían miedo no eran los particulares, sino las propias entidades financieras. Esto contribuye a explicar que países como España pudieran considerarse en esta primera fase a salvo de la crisis, ya que no habían sido emisores ni compradores de activos tóxicos. Pero en cierto modo hasta ese momento sólo se había movido la envoltura exterior de lo que iba a ser la causa principal de la crisis: el final de la burbuja inmobiliaria.

Anatomía de la crisis

La crisis se produjo por el estallido de una burbuja inmobiliaria y se manifestó en la pérdida de valor de viviendas y terrenos, así como de los créditos que financiaron su compra.

Para estimar el tamaño de una burbuja, es decir, la magnitud de la sobrevaloración del precio del activo —las viviendas, en este caso— con respecto a lo que sería un precio razonable, en una primera aproximación se compara el precio medio de la vivienda con la renta media del país de que se trate. La Figura 10.3 indica que, en el punto máximo del boom inmobiliario, el precio medio de la vivienda en Irlanda era el 175 por 100 de la renta de la familia media, un 75 por 100 más que el promedio a largo plazo; le seguía España, con un 50 por 100 más; el porcentaje de sobrevaloración era menor en EE.UU., a pesar de que el volumen total de hipotecas concedidas era mucho mayor.

Tomando el caso de España, lo que este gráfico indica es que un regreso del precio de la vivienda a su valor «normal» suponía una pérdida del 50 por 100 para el poseedor de una vivienda: éste se encontraba con una deuda de 100 para comprar un activo cuyo valor era la mitad. Esta deuda podía parecer soportable durante la época de euforia, pero el inicio de la recesión, con el aumento del paro, la convirtió en excesiva. Esta situación repercutió en los balances bancarios: lo único que los bancos podían recuperar con cierta rapidez era la vivienda objeto de la garantía, pero ello implicaba reconocer pérdidas en su balance. En cualquier caso habían de prever aumentos de la morosidad. Como todo eso era previsible, la carga de una deuda que se estimaba impagable ha seguido pesando sobre la salud de las entidades financieras afectadas.[8]

FUENTE: The Economist. BIS; Central Statistics Office Ireland; FHFA; Instituto Nacional de Estadística; Mini Standard & Poor’s; Thomson Reuters.

FIGURA 10.3. Precios vivienda y renta media.

La causa próxima, sin embargo, hay que buscarla en la desconfianza que se adueñó de todo el sistema financiero cuando se produjeron los primeros impagos de hipotecas-basura. En el caso de hipotecas corrientes el riesgo de impago residía en la entidad emisora, pero esta vez los productos estructurados comprados por bancos y otras entidades financieras estaban compuestos por una mezcla, en proporciones variables, de hipotecas buenas y malas, así como de otros créditos, y saber qué parte del riesgo de impago de una hipoteca determinada correspondía al título que uno había comprado era una tarea muy laboriosa. Cada entidad hubo de admitir para sí que desconocía cuánto valían los activos dudosos que figuraban en su balance; como había de suponer que las restantes entidades debían estar en situación parecida, la decisión más prudente era no prestar dinero a nadie, ante el riesgo de que el prestatario no pudiera devolverlo: el llamado riesgo de contrapartida pasó a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de las entidades. De este modo el mercado interbancario quedó paralizado y los bancos atesoraron la liquidez concedida por el Banco Central ante la perspectiva de no hallar nueva financiación durante un período de tiempo de duración indeterminada: este fue el origen de la contracción del crédito. Como esa incertidumbre se prolongó por mucho tiempo la falta de crédito empezó a afectar a familias y empresas, a la inversión y a las expectativas (véase la Figura 9.4 del capítulo anterior). Casi desde el principio de la crisis las noticias sobre la banca desplazaron a las relativas al sector inmobiliario de las primeras páginas de los periódicos.

Si la incertidumbre se prolongó durante tanto tiempo, fue debido a que las dudas sobre el valor de los títulos hipotecarios complejos dañaron los balances de la banca: por la aplicación del principio contable de mark-to-market, las entidades han de valorar los activos al valor del mercado de cada momento. Al no existir mercado para los activos más dudosos —algo que suele ocurrir en las fases de descrédito y revulsión— las entidades se vieron obligadas a valorar éstos por debajo de su precio de compra, reconociendo las pérdidas correspondientes. A medida que crecía la desconfianza hacia esos títulos aumentaban las pérdidas, lo que no hacía sino aumentar los recelos de unas entidades hacia otras. Por otra parte, al reconocer las pérdidas, las entidades se veían ante la alternativa de reducir su balance, es decir, la cantidad de crédito concedido, o de aumentar su capital, algo difícil en un tiempo de crisis. La contracción del crédito, a su vez, llevaba a una caída de la actividad, un aumento del paro y una pérdida de riqueza, lo que repercutía en una pérdida de valor de los activos. De este modo, al cabo de un año de iniciada la crisis, se había puesto en marcha una espiral deflacionaria que amenazaba con alejar cada vez más del pleno empleo a las economías avanzadas. La recesión provocada por la contracción del crédito amenazaba con convertirse en una depresión.

Política económica: primeras medidas

Las autoridades económicas habían de afrontar tres problemas distintos pero interdependientes: el primero era la recesión creada por la contracción del crédito, que se manifestó, en todas las economías avanzadas, en 2009. El segundo era el restablecimiento del flujo normal de crédito, para el que era preciso contar con una política monetaria expansiva que asegurara a los bancos el acceso a la financiación a coste razonable; el tercero, el problema de la deuda, que ponía en entredicho no la liquidez, sino la solvencia del sistema financiero. Estados Unidos y la eurozona abordaron los dos primeros de forma parecida, aunque no con la misma intensidad; por el contrario, la política seguida con respecto al problema de la deuda no ha sido la misma. Describiremos primero la solución común a los dos primeros, para detenernos luego en el problema de la deuda en el contexto de la crisis de la zona del euro.

La primera consecuencia de la contracción del crédito fue la caída de la demanda agregada, de acuerdo con el esquema del capítulo anterior: encarecimiento de la financiación, menor inversión y menor consumo, empeoramiento de las expectativas y menor crecimiento. Las autoridades se esforzaron en paliar lo que se creyó iba a ser un descenso transitorio de la demanda privada con aumentos del gasto público. En promedio, los países adoptaron planes de gasto público de un volumen equivalente a dos o tres puntos porcentuales del PIB. Los planes concretos se centraron en programas de obra pública, sobre todo en países como España, donde el estallido de la burbuja inmobiliaria hacía esperar un fuerte aumento del paro centrado en el sector de la construcción. En general, los efectos de esos planes, en términos de crecimiento y empleo, fueron más modestos de lo que muchos esperaban, aunque estudios bien documentados para el caso de Estados Unidos sugieren que su puesta en práctica contribuyó a evitar que la recesión fuera más profunda. Naturalmente, una consecuencia inevitable de esa política fiscal expansiva fue el empeoramiento de las cuentas públicas, aunque hay que recordar que la principal responsable de los grandes déficits públicos que han mostrado algunos países a partir de 2009 es la propia recesión, que provocó como siempre una gran caída de los ingresos por impuestos, y un aumento de los gastos públicos, sobre todo en subsidios de desempleo y prestaciones sociales.

El segundo problema era el restablecimiento del flujo normal de crédito. La solución debía ser distinta según se tratara de un problema de liquidez o de solvencia. En el primer caso bastaba con facilitar financiación a corto plazo a las entidades para que éstas pudieran atender las solicitudes de reembolso que se presentaran, y tanto la Reserva Federal como el BCE y el Banco de Inglaterra se prestaron desde el principio a inyectar liquidez en el sistema. De los tres fue la Reserva Federal el más agresivo. Sin embargo, pronto se vio que en muchos casos el problema era la solvencia: los activos de algunas entidades no alcanzaban a cubrir el valor de sus pasivos, y aquí las soluciones adoptadas a un lado y otro del Atlántico han sido distintas.

El problema de la deuda: la política de Estados Unidos

Para situar el problema hay que partir de un hecho: una burbuja deja tras de sí una montaña de deuda; esta deuda no se puede pagar en su totalidad, y como figura en el activo de los bancos hay que elegir entre reestructurarla (reduciendo su valor o alargando los plazos de pago) y poner al sistema bancario al borde de la quiebra. Por los efectos que un colapso del sistema financiero puede tener sobre toda la economía, a lo largo de la historia de las crisis las autoridades han elegido siempre la primera vía para salvar el sistema financiero.[9] La estrategia seguida por las autoridades norteamericanas —la Reserva Federal y el Tesoro— tuvo la salvación del sistema financiero como objetivo central: no se limitó a suministrar liquidez, como el Banco Central Europeo, sino que emprendió programas de compras masivas de activos de los bancos a unos precios que les aseguraron la supervivencia. Aunque al principio se trató de que inversores privados participaran en los programas de compra junto con el sector público, esa participación no fue posible porque los precios que proponían los inversores privados suponían unas pérdidas excesivas para las entidades vendedoras. El volumen total de compras llevó a la Reserva Federal a triplicar el tamaño de su balance. Pero no todas las entidades financieras recibieron ayuda: la acción gubernamental se concentró en aquellas que las autoridades consideraban «demasiado grandes para quebrar» (too big to fail), que luego se llamaron «sistémicas», porque se estimaba que su caída podía arrastrar al sistema entero, bien por tratarse de entidades con una extensa red de interconexiones (caso de AIG), bien porque su desaparición hubiera podido dañar la confianza del público y provocar el pánico. De este modo, mientras entidades como J. P. Morgan o Goldman Sachs multiplicaban el tamaño de sus balances, entre los años 2009 y 2012 quebraron 465 bancos, según datos de la Federal Deposit Insurance Corporation. Una política discriminatoria, pero que parece haber logrado su objetivo de sacar a EE.UU. de la recesión.[10]

La respuesta de la eurozona al problema de la deuda generada por las burbujas inmobiliarias fue muy distinta, y se describirá con algo más de detalle en el capítulo siguiente.

La deuda y la crisis en la eurozona

Hemos visto que la crisis financiera desatada en EE.UU. por el pánico en los mercados de productos financieros tuvo su repercusión inmediata en la banca de aquellos países europeos que habían sido grandes compradores de esos productos: Bélgica, Francia, el Reino Unido y, sobre todo, Alemania (de hecho, la señal de alarma de agosto de 2007 la dio una caja de ahorros alemana). Hay que recordar lo que ya se vio en el Capítulo 2, al tratar de las cuentas nacionales: un país que tiene un superávit de cuenta corriente (X-M positivo) está financiando al resto del mundo, es decir, está comprando activos extranjeros, reales o financieros. Es, pues, lógico que fuera la banca alemana la que se revelara como primera compradora de esos activos que luego se denominaron tóxicos, ya que Alemania llevaba años acumulando un superávit comercial, sobre todo frente al resto de Europa. A esta primera fase correspondió la recapitalización de algunos bancos alemanes, la de los bancos Dexia y Fortis, de la cual ya hemos hablado, y la nacionalización del banco británico Northern Rock, que se había especializado en la financiación hipotecaria e iba consiguiendo los fondos necesarios en mercados a corto plazo que quedaron paralizados. Pero la incertidumbre generalizada propició el estallido de las burbujas inmobiliarias en Irlanda, Reino Unido y España, y puso de relieve el problema de la deuda interna de la eurozona.[11]

En el capítulo anterior ya se vio cómo no hay burbuja sin financiación. La Figura 10.4 muestra de dónde vino esa financiación y cuáles fueron sus efectos.

FIGURA 10.4. Resumen de la burbuja inmobiliaria.

La línea del centro del gráfico mide el diferencial entre la deuda soberana de los países periféricos o PIIGS[12] con respecto al bono alemán a diez años, el Bund. Como se ve, al final de la recesión de 1992-1993 ese diferencial, lo que hoy llamamos la «prima de riesgo», era de casi 1.600 puntos básicos: si el Bund rendía un 1 por 100, la deuda de los PIIGS rendía, en promedio, un 17 por 100 (1 + 16). Entre 2002 y 2007, años del boom inmobiliario, ese diferencial pasó a ser prácticamente cero. Por consiguiente, durante esos años Estados, empresas y entidades financieras de los PIIGS pudieron disponer de recursos, en cantidades prácticamente ilimitadas, a un coste para ellas insignificante, aunque, claro está, no dejaban de ser recursos ajenos. Todos aprovecharon la ocasión, aunque no todos del mismo modo: en Grecia fue sobre todo el Estado quien se endeudó, en gran parte para financiar grandes mejoras de su Estado del bienestar y, en especial, de su sector público, mientras que en España e Irlanda los recursos fueron a financiar las burbujas inmobiliarias y, en el caso español, además, grandes adquisiciones de empresas extranjeras por parte de empresas españolas. Puede decirse así que en España e Irlanda el problema de la deuda tuvo un origen estrictamente privado, al contrario de lo que sucedió en Grecia. El gráfico recoge el efecto de esa financiación barata sobre los precios del inmobiliario, tanto en EE.UU. como en España. En él se observa el desarrollo de las burbujas y se ve que la de EE.UU. fue la primera en estallar, aun siendo mucho más suave que la española, si atendemos al aumento de los precios: en España el índice de precios inmobiliarios multiplicó por ocho su valor entre 1985 y 2008.[13]

El estallido de las burbujas, que siguió al susto de las hipotecas-basura, puso en evidencia la existencia de una enorme masa de deuda en el interior de la eurozona. Tomando como referencia la posición bruta de un país —lo que debe si es negativa, lo que le deben si es positiva— como porcentaje de su PIB, la de España era de –300 por 100: entre deuda pública y privada, España debía el triple de lo que producía en un año. Si atendemos a la posición neta (lo que le deben a uno menos lo que uno debe), la posición deudora de España se reducía a algo más de un billón de euros, es decir, al 100 por 100 de su PIB. En contrapartida, la posición neta de Alemania, la gran acreedora, era de 900.000 millones de euros. Si la zona del euro hubiera sido un solo país, su deuda conjunta frente al resto del mundo hubiera sido el equivalente de un 7 por 100 de su PIB. El problema de la deuda es, pues, un problema estrictamente interno de la eurozona y, con la excepción de Grecia, de origen privado.

La recesión provocada por la contracción del crédito y el empeoramiento de las expectativas no hace sino aumentar el problema: por lo que se refiere a la deuda privada, la pérdida de valor de los activos inmobiliarios deteriora los balances bancarios y hace dudar de la capacidad de pago de las empresas inmobiliarias, fuertemente endeudadas; por otra parte, la recesión misma empeora la posición fiscal de los Estados. Así, en el caso español, un superávit fiscal del 1,7 por 100 del PIB en 2007 se transformaba en un déficit superior al 10 por 100 cuatro años más tarde. En una primera fase, hasta finales de 2009, el objetivo de la política de la eurozona fue evitar la quiebra de cualquier entidad bancaria, seguramente por el temor al contagio, hasta el punto de que en un caso extremo, el de Irlanda, el Gobierno se vio forzado a nacionalizar todos los pasivos bancarios, es decir, a convertir los pasivos de toda la banca en deuda pública. En el caso de Portugal, la imposibilidad de atender a la recapitalización de la banca obligó a las autoridades a solicitar un rescate a la Unión Europea. España, por su parte, ha hecho frente al problema, aunque con mucho retraso, en parte concentrando el sector bancario, especialmente el subsector de las cajas de ahorros, creando un «banco malo» en el que situar los activos inmobiliarios más problemáticos de la banca, y recapitalizando algunas entidades gracias a préstamos recibidos de las agencias europeas, aunque sin llegar a solicitar un rescate que hubiera supuesto una intervención formal de las autoridades europeas y multilaterales.

A partir de enero de 2010, la política de la eurozona entra en una segunda fase, iniciada con la crisis de la deuda soberana griega. El principio de una nueva legislatura en Grecia hace aparecer un déficit público varias veces superior al anunciado por el Gobierno saliente; al hacerse pública la cifra y ponerse en duda la solvencia del Estado griego surge el pánico, esta vez en el mercado de deuda pública griega. Éste se transmite a la deuda de otros países periféricos, Portugal, España e Italia, dificultando el acceso de éstos a los mercados financieros: Gobiernos y entidades privadas experimentan grandes aumentos del coste de financiación, cuando no una imposibilidad absoluta de obtener recursos. El encarecimiento del coste de financiación deteriora la economía, agrava el déficit público, ya lastrado por el mayor coste de financiación, y confirma así las dudas sobre la solvencia de esos países. La Figura 10.5 muestra cómo se desarrolla esa nueva espiral entre el sector público y la economía privada.

Con el inicio de la crisis griega el problema de las finanzas públicas pasó a ocupar el centro de la escena: empezó a extenderse la idea de que todas las crisis de los países periféricos se debían a un comportamiento irresponsable del sector público, y esta idea, acertada sólo en el caso griego, informó la política de la eurozona a partir de ese momento. La crisis griega obligó por primera vez a diseñar un mecanismo de intervención por parte de las autoridades europeas en los asuntos de un Estado miembro. El resultado fue la creación de la llamada «troika», formada por funcionarios de la Comisión, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional (FMI).[14]

FUENTE: Soros, «The Tragedy of the Eurozone», NYRB, septiembre de 2012.

FIGURA 10.5. La crisis de la deuda griega y su repercusión.

Flujos y stocks, austeridad y reformas

La crisis puso de manifiesto la existencia de dos clases de problemas, que las economías periféricas presentaban en grados diversos: uno de stocks, el de la deuda, al que ya hemos hecho alusión, y otro de flujos, que tenía que ver con la capacidad de esas economías de generar una corriente de bienes y servicios suficiente no sólo para abastecer a su población, sino también para ir devolviendo la deuda contraída. Naturalmente, ambos problemas eran interdependientes: la burbuja había creado la deuda y había producido inflación, de modo que los precios en las economías periféricas habían aumentado más que los de sus socios comunitarios, con la lógica consecuencia de generar déficits exteriores y aumentar la deuda externa. Por ejemplo, entre 1995 y 2008 los precios en España aumentaron un 56 por 100, mientras que en Alemania lo hicieron un 9 por 100: por eso España presentaba un déficit por cuenta corriente del 7,6 por 100 de su PIB, mientras que Alemania presentaba un superávit del 6,3 por 100.[15] Hacía ya tiempo que se hablaba del problema de los desequilibrios persistentes entre países con déficit (Estados Unidos, España) y países con superávit (China, Alemania). La crisis se encargó de poner de manifiesto que, por lo menos en el caso europeo, la situación era insostenible.

Las recomendaciones de la troika pueden resumirse en tres líneas: ignorar el problema del stock de deuda, recomendar la reducción del déficit público mediante medidas de austeridad y proponer la recuperación de la competitividad y del crecimiento mediante reformas. Las medidas de austeridad comprendían reducciones de efectivos públicos, recortes de salarios y de prestaciones sociales y aumentos de impuestos. Las medidas propuestas eran, en la mayoría de los casos, necesarias si uno las considera aisladamente: el déficit público no era sostenible en el caso de Grecia, en todos los países afectados no estaban de más las reformas de la Administración, eran posibles mejoras en la eficiencia del Estado del bienestar, la eficiencia del sistema tributario podía ser puesta en duda y las rigideces del mercado laboral influían, sin duda, en la creación de empleo. Pero es bien sabido que las medidas propuestas iban a tener como efecto inmediato aumentar el desempleo y agravar la recesión, mientras que sólo el crecimiento podía generar recursos suficientes para ir disminuyendo la deuda. Eso es precisamente lo que ocurrió en todos los países periféricos, porque las autoridades europeas desoyeron todas las voces que recomendaban combinar la austeridad con el crecimiento. Como muestra el Cuadro 10.1, no se espera que éstos recuperen el nivel de crecimiento promedio de la zona del euro hasta 2018, diez años después del inicio de la crisis.

CUADRO 10.1. Previsiones de crecimiento, 2015-2020

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, abril de 2013.

La recuperación de la competitividad, que suponía la reducción de los costes relativos de los países periféricos frente al resto, implicaba una reducción de precios y salarios, lo que se llama una «devaluación interna», por oposición a la devaluación de la moneda, imposible en el seno de la zona del euro. Éste es un proceso doloroso, por cuanto exige reducciones de salarios en un contexto de baja inflación, en el que, no obstante, algunos países periféricos, entre ellos España, han hecho progresos muy significativos: la reducción de costes laborales ha permitido invertir el signo de la balanza comercial, que se espera presente un superávit en 2015, y las exportaciones han mantenido su posición en el mercado mundial, si bien el sector exportador español es aún relativamente pequeño. Por el contrario, no cabe esperar que por grandes que sean las mejoras de costes en Grecia sus exportaciones puedan reflotar la economía y compensar el hundimiento de la demanda interna consecuencia de las medidas de austeridad impuestas.

La divergencia de las políticas empleadas en Estados Unidos y en Europa, en especial en la zona del euro, se debe sobre todo a que el grado de integración política en uno y otra son muy distintos: en Estados Unidos ha sido posible concentrar la acción de la política en estimular el crecimiento a base de transferencias masivas de recursos públicos —es decir, del contribuyente— socializando así parte de las pérdidas sufridas por el sector financiero y por el inmobiliario. En la eurozona, esa mutualización ha sido políticamente imposible: los ciudadanos de los países más ricos no han aceptado contribuir a subsanar las pérdidas de los periféricos. Un intento de mutualización, la emisión de eurobonos, ha resultado fallido, y es posible que los acreedores no acepten la constitución de un fondo común de garantía de depósitos en el contexto de la unión bancaria proyectada. Mientras tanto, el problema de la deuda privada sigue sin resolverse, salvo en la medida en que parte de esa deuda ha pasado a ser deuda de los Estados periféricos: en el caso de Grecia, el retraso en reestructurar la deuda pública hizo posible que gran parte de los acreedores privados pudieran retirar sus fondos; en el caso español, la banca ha sustituido los depósitos de otros bancos por préstamos del BCE, y los acreedores privados han recuperado buena parte de su dinero. Pero sigue siendo una incógnita si la devolución de la totalidad de la deuda privada será posible. La experiencia histórica sugiere que no.

Costes y reformas

La crisis ha revestido múltiples formas y ha afectado de modo distinto a los distintos países, de tal modo que no se puede pretender expresar su coste con una sola cifra. El cálculo más sencillo, estimar cuál ha sido la pérdida en términos de bienes y servicios de la crisis, es seguramente el menos importante. Si nos fijamos en el caso español, por ejemplo, la destrucción de empleo, la reaparición de la pobreza en capas extensas de la población y la desaparición de la esperanza de un futuro mejor para muchos han infligido un sufrimiento que no es posible cuantificar, pero que debe superar con mucho la mera pérdida de bienes materiales. Y, sin embargo, incluso la cifra de PIB perdido a causa de la crisis es enorme. Si la zona del euro, la más afectada de las grandes economías del mundo por esta crisis, hubiera crecido desde 2008 a la tasa promedio del período 1995-2008, su PIB en 2015 (año en que el FMI estima que todos los integrantes tendrán crecimiento positivo) hubiera sido 1,2 billones de euros superior a la previsión del FMI, una diferencia algo mayor que el PIB español de 2014, y que cabe atribuir al impacto de la crisis. Conviene tener presente esa cifra, aunque sólo sea una grosera aproximación, cuando se formula la inevitable pregunta de cómo evitar que se reproduzca una crisis como la presente, porque hay que comparar los inevitables perjuicios que toda reforma comporta para algunos afectados con la enormidad de las pérdidas que una nueva crisis puede suponer.

Aunque no es cierto que las burbujas u otros fenómenos que pueden provocar crisis financieras tengan siempre su origen en el sistema financiero, no hay duda de que éste desempeña un papel central en su desarrollo y de que la severidad de las crisis depende en gran parte de la estructura del sector, de la calidad de su regulación y del comportamiento de las entidades que lo integran. Es, por consiguiente, lógico que quienes proponen condiciones para hacer menos probable una repetición de la crisis vuelvan su mirada hacia el sistema financiero y que éste haya sido hasta ahora el principal objeto de las propuestas de reforma. Naturalmente no es posible ni siquiera intentar dar un panorama completo de esas propuestas, pero trataremos de resaltar algunas grandes líneas que nos parecen más interesantes.

En cuanto a aspectos reguladores, merece la pena señalar, en primer lugar, el problema de la complejidad. Hay que tener presente que cada nueva disposición, como casi cualquier cambio, crea ganadores y perdedores. En el caso de un regulador benévolo, los ganadores suelen ser los usuarios y consumidores, y los perdedores, las propias entidades financieras. De este modo la aparición de nuevas normas crea resistencia en las entidades y pone en marcha un largo proceso de negociación entre éstas, el regulador y los poderes políticos, y el resultado final es la presencia de una maraña de normas de una gran complejidad que, paradójicamente, pueden dejar un amplio margen de maniobra a una entidad dotada de un asesoramiento legal competente. Por eso hay quien propone el diseño de una regulación más rudimentaria, pero también más básica, cuya interpretación sea más sencilla y cuyos efectos potenciales sean mejor conocidos.[16]

Para el lector no especialista, pero quizá deseoso de contribuir a que el sistema financiero nos dé menos sustos en el futuro, los dos asuntos de mayor interés en el conjunto de las líneas de reforma del sistema financiero son las que hacen referencia a las necesidades de capital de las entidades y al tamaño deseable de éstas. En cuanto a las necesidades de capital, hay que partir de la sencilla observación de que el capital de una entidad, sus recursos propios, la diferencia entre su activo (lo que tiene) y su pasivo (lo que debe) es el margen que tiene para absorber una pérdida: si sus recursos propios son equivalentes al 5 por 100 del activo, la entidad puede sufrir una minusvalía de hasta el 5 por 100 del valor de su activo sin haber de declararse insolvente; si equivalen al 20 por 100, la pérdida que puede soportar es cuatro veces mayor, y cualquiera dirá que en este segundo caso la entidad, menos expuesta a los avatares de la coyuntura, es más sólida. Al tratar de la evolución reciente del sistema financiero vimos, por otra parte, que la tendencia de las últimas décadas ha sido hacia la reducción del porcentaje de capital. Por consiguiente, es lógico que, ante la enormidad de los daños que para la economía en general pueden derivarse de la quiebra de entidades financieras, algunos propongan que se obligue a éstas a dotarse de más recursos, bien aumentando sus reservas a costa de sus dividendos, bien recurriendo al mercado para ampliar su base de accionistas. Esta propuesta ha sido objeto de una encarnizada resistencia por parte de algunas entidades, que argumentan que mayores exigencias de capital obligarán a una reducción del volumen de crédito disponible para la economía real. Hay razones para pensar, sin embargo, que ésa no es una consecuencia necesaria, y que el argumento carece de solidez.[17]

Un asunto en cierto modo relacionado con el anterior es la controversia sobre la posibilidad de que algunas entidades sean demasiado grandes para que pueda contemplarse su quiebra (too big to fail). Esta controversia se ha planteado con particular intensidad en EE.UU., en vista de que la ayuda de las autoridades se ha concentrado en algunas entidades, dejando quebrar a muchas otras, so pretexto de que éstas no ponían en riesgo el sistema. El resultado de esta discriminación es que las entidades consideradas como demasiado grandes para quebrar, o sistémicas, gozan de privilegios de que carecen las otras: en particular, pueden financiarse a un coste menor, ya que quienes les prestan el dinero saben que les será devuelto, y esta ventaja, en un negocio de grandes volúmenes y estrechos márgenes como es el bancario, les proporciona una ventaja competitiva. Quienes quieren acabar con esa discriminación dicen, sencillamente, que quien es demasiado grande para quebrar es demasiado grande para existir, y abogan por una limitación legal al tamaño de las entidades. Como es de esperar, las grandes entidades han opuesto una tenaz resistencia a esa propuesta, con argumentos que van de la naturaleza global de los negocios a la mayor eficiencia ligada al tamaño. Los primeros asaltos de lo que sin duda será un largo combate parecen haber sido ganados por las entidades.

En el caso de la eurozona, una reforma en ciernes es la que se refiere a la unión bancaria, que trata, sencillamente, de crear, a semejanza de los bancos centrales nacionales, una autoridad única para la regulación del sector bancario europeo, con los tres elementos que debe tener una autoridad de ese tipo: supervisión de todas las entidades de su ámbito de competencia, creación de un mecanismo único de resolución que permita decidir cuándo declarar insolvente a una entidad y creación de un fondo de garantía común para los depósitos inferiores a una cierta cuantía. Es este último elemento el obstáculo al progreso del proyecto, porque se percibe como un elemento de mutualización de las deudas de los miembros de la eurozona. Si bien esta unión bancaria no resolvería el problema creado por esta crisis, haría menos probable la aparición de otras futuras, y contribuiría a acortar la duración de las que pudieran surgir.

Perspectivas

Como se observa en el Cuadro 10.1, el resultado de esta crisis es una disminución del ritmo de crecimiento del PIB de magnitud y duración variables, menos significativa en los países emergentes, algo más en EE.UU., que no es seguro que haya consolidado un crecimiento todavía débil, y más severa en el caso de la eurozona, a la que nos referimos a continuación.

El problema de la eurozona se centra, por el momento, en los países periféricos, y, como ya hemos dicho, tiene un componente de stock, la deuda, y otro de flujos, el crecimiento. Las reformas recomendadas, que han sido seguidas con bastante fidelidad por los países afectados, no han dado los resultados anunciados, en la medida en que el crecimiento deseado no lleva visos de alcanzarse. El fracaso se debe en parte a un error en el diagnóstico (no todas las crisis eran fiscales) y en parte a errores de cálculo (las consecuencias negativas de las medidas de austeridad han sido mucho peores de lo que se temía, en particular en el caso de Grecia).[18] El restablecimiento de un crecimiento tolerable, es decir, que permita una mínima recuperación del empleo, es necesario para mantener a los países periféricos dentro del euro. Por desgracia, es difícil decir en qué podrían consistir esas medidas, y si serían aceptadas por todos los miembros de la eurozona. Por otra parte, no es seguro que un crecimiento moderado haga posible la generación de un excedente que baste para la devolución de la deuda, pública y privada, acumulada por esos países, sin que haya que acudir a una reestructuración. Esas incógnitas siguen presentes todavía hoy.

¿Cuál puede ser el futuro de la zona del euro? Las alternativas no son muchas: seguir como hasta ahora, con una situación económica precaria en los países del sur; aceptar que algún país del sur sea receptor de ayudas del resto por tiempo indefinido; reestructurar, total o parcialmente, la deuda, como ha sucedido en el caso de la deuda pública griega; aceptar la salida, definitiva o temporal, de algún país de la zona del euro (distinguiendo entre el caso en que fuera alguno de los PIIGS el saliente o fuera, por el contrario, Alemania la que abandonara el euro) y ruptura definitiva de la zona del euro.[19] En este momento hay demasiadas incógnitas para que resulte muy provechoso especular aquí sobre cuál de esas alternativas es la más probable.

Lecciones de Grecia

El futuro de Grecia en la Unión Europea es, pese a su escasa importancia cuantitativa, decisivo en algunos aspectos para el futuro de la Eurozona y el de la Unión Europea en su conjunto. Desde enero de 2015 las relaciones entre Grecia y sus principales acreedores se han deteriorado hasta tal punto, que es hoy concebible una salida de Grecia de la zona euro (la llamada Grexit). Trataremos de resumir los acontecimientos que han llevado a esta situación para, más que tratar de vaticinar cuál puede ser el resultado final, examinar cuáles podrían ser las consecuencias, para Grecia y para el resto de la Unión Europea, de las soluciones alternativas.

En enero de 2015, unas elecciones anticipadas dieron la victoria (sin mayoría absoluta) a una coalición de izquierdas conocida por su acrónimo, Syriza, que ganó las elecciones con un programa electoral que, entre otras, medidas, excluía la posibilidad de un nuevo rescate, exigía una reestructuración de la deuda, se negaba a la apertura de negociaciones con la troika (el equipo formado por representantes del FMI, la Eurozona y el BCE), y repudiaba algunas de las medidas aceptadas por el Gobierno anterior, entre ellas el despido de un gran número de funcionarios y los recortes en las pensiones públicas.

Verdad es que la medidas aceptadas por el anterior Gobierno impuestas por la troika como condición para recibir la ayuda financiera de la troika no habían dado buen resultado: una política fiscal en extremo contractiva, puesta en práctica mediante grandes recortes en los servicios públicos, había dado como resultado una caída del PIB del 27 por ciento, cifra sólo comparable a la de los EE.UU. durante la Gran Depresión; por otra parte, el anterior gobierno había progresado muy poco en la puesta en práctica de reformas que, como la liberalización de profesiones o la privatización de empresas públicas, no podían tener grandes efectos sobre el crecimiento a corto plazo. Por último, la devaluación interna experimentada por la economía griega por la vía de reducciones de salarios, si bien había mejorado la posición competitiva de la economía, apenas había tenido efectos sobre el crecimiento, por ser la economía griega una economía muy cerrada. Siendo esto así, el enfoque inicial del nuevo gobierno, que seguía un trabajo del nuevo ministro de Hacienta, Varoufakis, titulado «Una propuesta modesta para el reequilibrio de la zona euro», publicado unos meses antes, era digno de ser escuchado.

Por desgracia, las primeras declaraciones públicas del nuevo gobierno, guiadas posiblemente por la necesidad de convencer a parte de su base electoral, tuvieron la virtud, quizá más por la forma que por su contenido, de poner en contra a todos sus acreedores. Éstos empezaron por negar la necesidad de un nuevo plan, distinto del que el Gobierno anterior ya había aceptado. Pero los negociadores griegos, encabezados por el nuevo primer ministro Tsipras, no se consideraban obligados por las condiciones aceptadas por un Gobierno anterior e impuestas por una entidad a la que no concedían ninguna legitimidad, la troika. Esta es una posición frecuente en los gobiernos de países con democracias o frágiles o recientes, que suelen tachar de ilegítimos a gobiernos anteriores; pero, naturalmente, había de chocar con la de otros países con democracias más consolidadas. Poco a poco, la delegación griega se vio obligada a ir cediendo terreno, a la vez que sus bases electorales y sus socios en la coalición de gobierno se mostraban cada vez más inquietos y suspicaces. Por fin, a primeros de junio de 2015, después de muchas idas y venidas, el primer ministro Tsipras acordó un plan de reformas propuesto por el presidente de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker. Presentado el plan ante el Parlamento griego, éste lo rechazó; pocos días después, una delegación griega compareció ante la troika con una contrapropuesta, que fue a su vez rechazada por ésta. Como resultado de tantas idas y venidas, a mediados de junio no había acuerdo, unos y otros declaraban que el acuerdo era posible de no mostrarse tan tozuda la parte contraria, y los mercados de capitales sufrían las consecuencias de la incertidumbre en forma de caídas generalizadas.

Desde el principio de esta nueva etapa de las negociaciones, los acreedores insinuaron que, si bien deseaban mantener a Grecia en la eurozona, una salida de Grecia tampoco sería el fin del mundo, puesto que la deuda griega se había reducido sustancialmente gracias a las quitas anteriores, y el impago de la deuda restante no suponía un grave quebranto para los acreedores. Sin embargo, estas afirmaciones admitían objeciones: en primer lugar, la deuda griega, aunque menor que antes, es todavía hoy (último trimestre de 2014) de 417 mil millones de euros, de los que 160 mil se deben a Francia y Alemania. Del total de la deuda, 266 mil millones es deuda pública, sólo 20 mil millones es privada. Son sumas considerables, aunque no pondrían en peligro la estabilidad de las cuentas de los acreedores. Por otra parte, y éste es el efecto más importante, una salida de Grecia supondría una vulneración de la irreversibilidad del euro: todo el mundo sabría que, si las cosas se pusieran demasiado difíciles para algún otro miembro de la eurozona, ésta podría abandonarlo a su suerte. Llegada la próxima crisis, que, según hemos visto en este capítulo, no dejará de producirse tarde o temprano, el país más débil se vería sujeto a ataques especulativos que perturbarían, una vez más, los mercados de capitales: la estabilidad del euro se vería así seriamente comprometida, a la vez que las ventajas de pertenecer a la eurozona desaparecerían: así, una salida de Grecia puede ser el anuncio del final del euro y, con él, del proyecto europeo en su forma actual. Por último, el abandono de Grecia a su suerte pondría de manifiesto la debilidad de los vínculos que unen a los actuales miembros de la Unión Europea y actuaría seguramente como una fuerza centrífuga en el seno de la Unión. Los países que hoy no pertenecen a la eurozona se verían confirmados en su decisión de seguir fuera de ella, con lo que el proyecto de integración quedaría, en cierto modo, en suspenso.

Los partidarios de un acuerdo en los términos impuestos por la troika han puesto de relieve las consecuencias que la Grexit tendría para Grecia: el caos que supondría la adopción de una nueva moneda, los posibles efectos de una devaluación masiva sobre la inflación, y el cierre de toda financiación exterior. Hay motivos para pensar, sin embargo, que algunas de las consecuencias pudieran estar exageradas. No cabe duda que el primer paso de la ruptura de negociaciones entre Grecia y la eurozona sería el impago de la deuda oficial de aquélla (266 mil millones de euros), lo que aumentaría la solvencia del Estado griego y facilitaría su acceso a la financiación exterior. Ese impago no debería acarrear la suspensión automática de la financiación concedida por el BCE (aunque hay mucho interés en afirmar lo contrario, para aumentar la presión sobre las autoridades griegas), de modo que es posible que Grecia pudiera seguir en el euro. A medio plazo, sin embargo, sería quizá preferible que lo abandonara. En ese caso, la gran incógnita sería la capacidad del gobierno de gestionar las turbulencias que se producirían a corto plazo con la adopción de una nueva moneda; si las autoridades comunitarias mostraran una buena disposición para ayudar, esas dificultades podrían ser superadas.

El 24 de junio la eurozona envía al gobierno griego un ultimatum en forma de una lista de condiciones mucho más estrictas que las de la anterior propuesta de éste. A los dos días, el primer ministro Tsipras anuncia, por sorpresa, su intención de someter la oferta de la eurozona no a votación parlamentaria, sino a un referéndum a celebrar el 5 de julio. Los países acreedores consideran la decisión como el final de las negociaciones en curso, posponen cualquier nueva reunión hasta conocer el resultado del referéndum e inician la campaña a favor del sí. «Votar que no a la propuesta es votar que no a Europa» es la postura oficial. Por su parte, el gobierno griego exhorta a la ciudadanía a votar que no a un pliego de condiciones que consideran inaceptable para el pueblo griego. El 5 de junio el referéndum da como resultado una victoria indiscutible (60/40) del «no». El eurogrupo acuerda reunirse al día siguiente. Mientras, el ministro de finanzas griego, Varoufakis, presenta su dimisión, seguramente para allanar el camino de futuras negociaciones.

El 10 de julio, el primer ministro Tsipras presenta una nueva propuesta ante el eurogrupo, que concede buena parte de las solicitudes de éste (recortes adicionales por valor de 12.800 M€), pero es menos estricto en otras que la propuesta sometida a referéndum. Mientras tanto hacen su aparición cuatro nuevos elementos: Alemania no acepta la petición griega de prolongar la financiación del BCE durante un período de tres meses; los países bálticos, que han sufrido grandes ajustes como paso previo a su entrada en la eurozona, se oponen a lo que consideran un trato de favor para Grecia; el BCE declara no poder seguir facilitando liquidez a la banca griega, de tal modo que, de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ésta habrá de declararse en quiebra. Hay que notar que ésta es una decisión contraria a la función de un Banco Central, de difícil justificación en términos jurídicos y sin ninguna en términos económicos. Por último, trasciende un informe del FMI que declara insostenible la deuda griega. Por su parte, EE.UU. sigue insistiendo en la conveniencia de mantener a Grecia en la eurozona. El 14 de julio el Parlamento griego aprueba la propuesta del eurogrupo, que parece una capitulación en toda regla, con una fuerte oposición interna de los propios partidarios de Tsipras.

El 13 de julio se reúne el eurogrupo para analizar la propuesta de Tsipras y presentar un borrador de acuerdo al Consejo Europeo, órgano que reúne a los jefes de estado y de gobierno de la UE. Al término de una larga sesión, el eurogrupo acuerda considerar la posibilidad de iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo (Memorandum of Understanding o MoU) que siente las bases de un nuevo programa de rescate, cuyo coste se elevaría a unos 90-100 mM€. Pero el eurogrupo exige, como paso previo al inicio de negociaciones, que Grecia acepte e inicie la puesta en marcha de un programa más drástico que cualquiera de los anteriores, que incluye:

—  el inicio de la tramitación parlamentaria de legislación conducente a la adopción de nuevos tipos del IVA ampliación de la base del impuesto; adopción del Código de Procedimiento civil, que supone un cambio radical de los procedimientos jurídicos del país, y puesta en marcha del Consejo Fiscal independiente.

—  la posibilidad de transferir activos a privatizar, por valor de 50 mM€, a un fondo independiente con posible participación externa en sus órganos de gobierno.

—  la obligación, por parte del gobierno griego, de consultar con las «instituciones relevantes» cualquier disposición legal relativa a las reformas acordadas, antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Es fácil ver que la aceptación de las condiciones anteriores convierte a Grecia, en palabras de un diplomático asistente a las reuniones, en un «protectorado económico». No obstante, en la mañana del día 14, después de una sesión tempestuosa, el Consejo Europeo aprueba un texto que suaviza alguno de los extremos del borrador, eliminando en particular la posibilidad de una salida temporal de Grecia de la eurozona. Tsipras acepta el texto y promete someterlo a la aprobación del parlamento griego, aprobación que no puede darse por descontada. En los tres días siguientes, la propuesta es sometida a votación en Atenas, primero, y luego en el Bundestag alemán. El texto es aprobado en ambos parlamentos, pero con fortísima oposición: en Atenas, Tsipras ha de recurrir a los votos de la oposición para sacarlo adelante, ya que una buena parte de los parlamentarios de Syriza votan en contra. Dos miembros del gabinete, representantes de los socios de la coalición, abandonan el gobierno, y hasta diez miembros de la cúpula del partido son destituídos, con lo que el propio Tsipras queda en entredicho. En el Bundestag se manifiesta «la mayor oposición habida hasta la fecha a una propuesta de la canciller», y el ministro de finanzas Schäuble, si bien se adhiere formalmente a la propuesta, deja bien claro que no la considera viable. Algo parecido dice el FMI. Mientras tanto, sin embargo, el BCE ha accedido a seguir suministrando liquidez a la banca griega, de modo que ésta podrá ir levantando las restricciones sobre la disposición de efectivo (el «corralito») que había impuesto dos semanas antes. La financiación adicional es la estrictamente suficiente para que Grecia haga frente a sus pagos al FMI y al BCE.

La opinión profesional es unánime en considerar que los más desfavorables auspicios se ciernen sobre el acuerdo. Ni una sola hada benéfica se ha acercado a su cuna: las condiciones macroeconómicas impuestas mantienen el ritmo de reducción del déficit, lo que, dada la baja productividad de la recaudación tributaria, obligará a nuevos recortes y limitará aún más el potencial de crecimiento de una economía que no ha hecho más que deteriorarse. Las reformas comprometidas podrán quizá dar sus frutos, aunque la experiencia lleva a pensar que tardarán demasiado en hacerlo. La financiación otorgada por el BCE servirá para mantener la banca a flote, cosa necesaria, pero en modo alguno suficiente para una economía medio en ruinas; en cuanto al rescate, el 90 por 100 de los fondos solicitados servirán para hacer frente a pagos ya comprometidos.

Es muy posible que la economía griega dé algunos signos de vitalidad en los meses que vienen. Por una parte, puede que los países acreedores, una vez ha quedado perfectamente claro quién es el que manda, se muestren algo más indulgentes para con los griegos; por otra, la economía ha sufrido el desconcierto de los últimos meses, y es posible que la desaparición de la incertidumbre, aunque ésta haya sido sustituída por un panorama muy negro, baste para que remonte, por un efecto casi mecánico. Eso no debe engañar al lector: las grandes constantes —volumen de deuda, debilidad de la economía, mal gobierno del país— siguen presentes, y nada permite esperar que cambien como por ensalmo. No es posible afirmar, en definitiva, que los acuerdos recién adoptados hayan situado a Grecia en el camino de desarrollarse como uno más de los Estados de la eurozona.

Si vale la pena dedicar tanto espacio a la crisis greiga es porque ésta ha sacado a la luz los aspectos más problemáticos del proyecto europeo: tanto sus reglas de conducta como sus instituciones han quedado dañadas: nadie puede pensar que el euro es irreversible, o que la función del BCE es suministrar liquidez a los bancos solventes de la eurozona; nadie puede pensar que el mismo BCE puede hacer frente a su mandato con plena independencia de los poderes políticos; nadie puede pensar que los Estados miembros tienen idéntica soberanía sea cual sea su posición financiera. El espíritu que animó a los primeros impulsores de la Unión, en el documento escrito en la cárcel italiana de Ventotene en 1941 —terminar con las guerras internas y alcanzar una coexistencia pacífica con el resto del mundo— parece haberse evaporado, ocupado su lugar por una estricta lógica mercantil. El lector no debe desanimarse. Europa está donde ha estado siempre: en palabras de Romano Prodi, uno de los presidentes de la Comisión, «al borde del abismo».

Notas de lectura

El libro clásico sobre crisis y pánicos financieros sigue siendo el de Charles P. Kindleberger, Manias, Panics and Crises (Wiley, 1978), cuyo predecesor más conocido es el de Walter Bagehot, Lombard Street (1873). The Panic of 1907, de Robert F. Bruner y Sean D. Carr (Wiley, 2007), describe un pánico financiero que guarda muchas semejanzas con el de 2007. La génesis de los productos estructurados está presentada de forma muy amena en la obra de Gillian Tett Fool’s Gold (Little, Brown, 2009); una explicación más técnica, muy completa y accesible, es la obra de David Murphy, Unraveling the Credit Crunch (CRC, 2009). Dos obras de Gary Gorton, Slapped by the Invisible Hand y Misunderstanding Financial Crises (Oxford, 2010 y 2012), ilustran con detalle algunos aspectos de interés. El final de la burbuja inmobiliaria en EE.UU. no pilló por sorpresa a todo el mundo: la obra de Michael Lewis The Big Short (Allen Lane, 2010) narra la historia de media docena de inversores que se atrevieron a apostar contra las hipotecas-basura. Busted!, de Edmund L. Andrews (Norton, 2009), cuenta, en primera persona, cómo un periodista financiero experimentado quedó atrapado en una cascada de créditos que no podía pagar, y convencerá al lector de que toda la culpa de los desahucios no está en un lado del mostrador.

Naturalmente, la crisis dio origen a comisiones de investigación en aquellos países en que se considera que el poder legislativo tiene derecho a formarse su propio criterio sobre los asuntos importantes. The Financial Crisis Inquiry Report (2011) y The Parliamentary Commission on Banking Standards Final Report (2013) son los correspondientes informes para Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos se centran en el papel que desempeñaron las entidades financieras, y proponen reformas para evitar una repetición de la crisis. Estos aspectos han sido objeto de una extensa literatura. Citaremos como dos ejemplos accesibles los siguientes: The Bankers’ New Clothes, de Anat Admati y Martin Hellwig (Princeton, 2013), que se centra sobre todo en la necesidad de una mayor capitalización de los bancos, y 13 Bankers, de Simon Johnson y James Kwak (Pantheon, 2010), que trata de la creciente influencia del sector financiero sobre la política estadounidense. Sobre la reforma del sistema bancario el trabajo de Piergiorgio Alessandri y Andrew Haldane Banking on the State, y el de Andrew Haldane The Dog and the Frisbee (2012), dan una idea de la gran complejidad que reviste el diseño de una regulación adecuada. Una reseña de veintiún libros sobre la crisis, obra del académico Andrew Lo, es «Reading About the Financial Crisis: A 21-Book Review», Journal of Economic Literature, 2013.

La literatura sobre la crisis de la eurozona es igualmente extensa, pero más dispersa, ya que no abundan los informes emitidos por instituciones más o menos neutrales, y también porque la situación de la zona del euro y sus perspectivas distan de ser claras. El desarrollo de la crisis en sus aspectos económicos puede seguirse a través de los informes periódicos del FMI, World Economic Outlook; una valoración no muy favorable de las intervenciones de la troika en el caso de Grecia se encuentra en el documento del FMI «Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement», junio de 2013.

Para una visión histórica de las crisis en España, la excelente obra de Pablo Martín Aceña, Elena Martínez Ruiz y M.ª Ángeles Pons (eds.), Las crisis financieras en la España contemporánea, Crítica, 2013. Es inevitable mencionar, por último, la obra de C. Reinhart y K. Rogoff This Time Is Different (Princeton, 2009), que contiene una enorme cantidad de datos sobre los distintos tipos de crisis a través de la historia. Las posibles salidas a la solución actual las discute (entre otros muchos) G. Soros, en «The Tragedy of the Eurozone», The New York Review of Books, septiembre de 2012. Son dignos de mención los artículos de Martin Wolf, así como los de Walther Münchau, publicados a intervalos en el Financial Times. Por último, el trabajo de Sebastian Dullien, ‘A German Model for Europe?’, EFCR Policy Brief #83, julio de 2013, ofrece un análisis del modelo recomendado por las autoridades alemanas para hacer frente a la crisis.

Capítulo 11

LA GLOBALIZACIÓN

Recordemos que el laissez-faire es una regla práctica, y no una doctrina científica: una regla sensata, por lo general, pero sujeta, como la mayoría de las reglas sensatas, a numerosas excepciones; sobre todo, una regla que no se debe permitir ni por un momento que pueda ser un obstáculo a cualquier propuesta prometedora de reforma social o industrial.

J. E. CAIRNES, 1873

Introducción

Podría uno decir que pocas palabras tan feas han despertado pasiones tan violentas. Pero la ocurrencia no nos libraría de hablar de la globalización, ya que con ese nombre designamos un conjunto de cambios cuyo final no podemos ni siquiera adivinar, y que están transformando, de modo profundo e irreversible, el mundo en que vivimos. Poner una etiqueta a ese conjunto de elementos heterogéneos —cambios comerciales, económicos, políticos, sociales y culturales— tiene la ventaja de recordarnos que todos ellos tienen un origen común: la puesta en contacto de economías, países, pueblos o civilizaciones que hasta la fecha habían vivido más o menos aislados entre sí.

El término es de invención reciente, pero el fenómeno que designa no es ni tan antiguo, ni tan nuevo como a veces imaginamos. No es tan antiguo, porque no lo empleamos para designar las grandes invasiones sufridas por el continente europeo durante la segunda mitad de nuestro primer milenio, como tampoco diremos que la colonización española o portuguesa fueran ejemplos de globalización: los términos de «invasión» y «conquista» nos parecen más apropiados. Pensando un poco, estaremos de acuerdo en que, al comparar las hazañas de Gengis Khan —ejemplo de conquista— con las de los fabricantes de juguetes chinos de hoy —ejemplo de globalización— la diferencia esencial entre esas dos formas de toma de contacto reside en que la primera es bélica, y la segunda pacífica (o más pacífica). El instrumento de la primera fueron las armas; el de la segunda es el comercio.

Para ver en qué puede mejorar la economía nuestro entendimiento de la globalización, centrémonos en el aspecto económico de ésta: la globalización es la formación de un mercado mundial a partir de los mercados nacionales. Este enfoque tiene la ventaja de la simplicidad: unos pocos principios, sencillos y contrastados, permiten explicar buena parte del proceso, y hasta hacernos entrever lo que puede ser su desarrollo futuro. La sencillez tiene un precio: con este enfoque dejamos de lado otros factores —políticos, demográficos o culturales— que a veces han sido más importantes. En efecto, los móviles económicos no tienen por qué ser siempre decisivos, pero, en un caso como éste, tienen demasiada fuerza para ser ignorados, nos gusten o no. Naturalmente, con una explicación económica no se pretende relegar otras posibles a un segundo plano; tampoco se trata de pasar por alto el enfrentamiento entre partidarios y adversarios de la globalización. Se trata más bien de desbrozar el camino para ver mejor cómo esas diferencias de opinión no se refieren tanto a la economía como a asuntos que, como la justicia, pertenecen al dominio del ciudadano, no al del especialista.

La globalización entendida como integración económica es un fenómeno relativamente reciente, pero tampoco es de ayer. La fase más reciente del proceso se inicia hace más de medio siglo, al final de la segunda guerra mundial, cuando vencedores y vencidos, aquellos que habían sido «testigos del horror y la profunda tristeza de la guerra, [y que sabían] que otra guerra podía destruir por completo una civilización tan lenta y trabajosamente construida a lo largo de miles de años»[1] se pusieron de acuerdo —con alguna notable excepción— en que era mejor comerciar que pelear. Bajo la égida de Estados Unidos, las economías de Europa occidental primero, de Japón después, seguidas por América Latina y el Sudeste asiático hasta llegar a China e India, han ido configurando —con sus ventajas y peligros, como luego veremos— ese gran mercado que quizá termine por ser el espacio económico natural de las próximas generaciones.

Esta referencia a la historia reciente no es superflua. Hoy, el sentimiento general en Occidente y, en particular, en Europa, parece ser de temor ante el crecimiento de ese mercado. Sin embargo, Europa fue la primera beneficiaria del proceso después de 1945. Fue la posibilidad de entrar en el mercado de EE.UU. lo que permitió a las industrias alemana, francesa e inglesa iniciar su recuperación, que estuvo, a su vez, en el origen del crecimiento del sur de Europa a partir de finales de los años cincuenta. Las fábricas de zapatos que se abrían en Elche sucedían a las que se iban cerrando en Massachusetts; también nosotros fuimos tierra de emigrantes antes de convertirnos en país receptor. En resumen, si bien esta ola de globalización que estamos viviendo tiene características propias y es, hasta cierto punto, un proceso sin precedentes, tiene elementos ya conocidos y experimentados, que pueden darnos un marco de referencia en el que ir integrando lo nuevo. Preguntémonos, pues, qué ventajas nos ha reportado el comercio, por qué hemos pasado de beneficiarios de él a posibles perjudicados y qué podemos hacer para evitar los posibles daños en el futuro: porque, como decía Mark Twain, «la Historia no se repite, pero rima».

Tres lecciones del comercio

Para recordar cuáles son las ventajas —y los inconvenientes— de esa toma de contacto a la que llamamos globalización nos serviremos de un caso, el más sencillo posible, el que está en todos los libros de texto, el que nos repiten una y otra vez los partidarios del libre comercio. Imaginemos un país A (que podría ser China) en el que el trabajo es abundante, y el capital, en forma de bienes de alta tecnología, técnicos de alta cualificación, empresas e instituciones tecnológicamente avanzadas, es más bien escaso. Y otro, B (que podría ser Europa, es decir, nosotros), en el que sucede lo contrario: hay abundancia de capital de todas clases, y escasez de mano de obra poco cualificada. Imaginemos que, entre los muchos bienes y servicios de los que se compone el PIB de cada uno, figuran dos productos: los juguetes, para cuya fabricación se requiere mucho trabajo y poco capital, y los camiones, que se fabrican con poca gente y mucho capital (solemos llamar a los primeros intensivos en mano de obra y a los segundos intensivos en capital). Si A y B no tienen contacto entre sí, como sucedía con China y Europa hasta finales de los años setenta, ambos fabricarán, entre otras cosas, juguetes y camiones. Es de suponer que los juguetes serán más bien caros en Europa, y los camiones más bien caros en China.[2]

Pongamos ahora a B a comerciar con A. Como A es un país de mano de obra abundante, sus empresarios no tardarán en ver que les sale más a cuenta concentrarse en fabricar juguetes y cambiarlos por camiones fabricados en B, y los de B, donde escasea la mano de obra, observarán que vale la pena fabricar unos cuantos camiones más y cambiarlos por juguetes de A. B exportará camiones e importará juguetes, y A hará lo contrario. Como resultado de este mejor aprovechamiento de las capacidades de cada uno, al cabo del tiempo habrá aumentado la producción total tanto de juguetes como de camiones. Generalizando un poco, el PIB del conjunto de A y B habrá aumentado, y esto es exactamente lo que se quiere decir cuando se dice que el libre comercio es beneficioso. Podemos ir un poco más lejos y afirmar que, salvo en circunstancias muy excepcionales, tanto el PIB de A como el de B habrán aumentado. Todo apunta, pues, a que el comercio suele beneficiar a los países participantes, si medimos el beneficio por el aumento de su producto interior bruto. Ésta es la primera lección del comercio.

Si prescindimos del coste de transporte, al cabo del tiempo juguetes y camiones costarán lo mismo en Europa que en China; como unos y otros se fabrican ahora allí donde es más barato fabricarlos, los consumidores de ambos países habrán salido ganando. En Europa, los fabricantes de camiones verán ampliado su mercado, y con ello aumentados sus beneficios; lo mismo ocurrirá con los fabricantes de juguetes en China. Por otra parte, la competencia china habrá puesto en dificultades a los fabricantes de juguetes europeos. Al tener que aceptar menores precios, sus beneficios serán menores; si no consiguen compensar los menores costes de los fabricantes chinos mediante aumentos de la productividad, tendrán que imponer salarios más bajos a sus empleados; si éstos no los aceptan, el resultado será la quiebra y el desempleo. Así pues, el sector del juguete se verá perjudicado en Europa, y lo mismo ocurrirá con el del camión en China. Al mismo tiempo, la mano de obra poco cualificada, escasa en Europa antes de la apertura del intercambio, lo es menos ahora, porque la importación de juguetes chinos la hace menos necesaria; esa misma mano de obra, antes abundante en China, no lo es tanto ahora, ya que el sector del juguete en expansión la necesita en grandes cantidades; si no pasa nada, pues, como consecuencia de la apertura comercial los salarios tenderán a bajar en Europa y a subir en China, y al cabo del tiempo se igualarán. Más adelante veremos de qué depende que esa convergencia se produzca por arriba —cerca del salario europeo de antes del intercambio— o por abajo —cerca del salario chino—. Lo que interesa destacar ahora es la segunda lección: si bien el intercambio comercial beneficia a los países participantes, esos beneficios no se reparten por igual entre sus ciudadanos: el comercio crea ganadores y perdedores.

Las diferencias de costes están en la base de las decisiones de las empresas, y es por eso que A preferirá concentrarse en la fabricación de juguetes y B en la de camiones. Del mismo modo, las diferencias de niveles de vida están en la base de las decisiones de las personas: si los productos no se mueven y las diferencias de niveles de vida persisten, se moverá la gente; si las diferencias de costes laborales entre A y B determinan, no sólo que los juguetes de A lleguen a B, sino también que las empresas de B pasen a fabricar en A, las diferencias de niveles de vida entre el Norte de África y la Unión Europea, o entre México y Texas, explican los flujos migratorios de sur a norte. Penetración comercial y migraciones tienen una raíz común: la existencia de grandes desigualdades entre partes de un mundo cada vez más integrado. Ésta es nuestra tercera y última lección.

Por esta vez, lo que sugiere la teoría está de acuerdo con lo sucedido en la práctica. Por recurrir a un ejemplo familiar, no cabe duda de que el acercamiento de la economía española a la europea a partir de 1960 —en 1960, la renta per cápita en España era el 55 por 100 de la media europea, y en 1975 llegaba al 80 por 100— fue posible en gran parte gracias al acceso de nuestros bienes y servicios al mercado europeo, mientras que el consumidor europeo se beneficiaba, por ejemplo, de unas vacaciones más baratas que las que hubiera disfrutado en Normandía o en el Báltico. Si bien nuestro producto interior bruto no paró de aumentar, en el proceso no faltaron perdedores, sobre todo cuando, durante la primera mitad de la década de los ochenta, nuestra industria se vio sometida de lleno a la competencia exterior: sectores enteros quedaron, si no eliminados por completo, sí muy reducidos, y las regiones en que esos sectores estaban concentrados vieron cómo descendía su nivel de vida. Algo parecido ocurrió en otras partes de Europa: la construcción naval en Alemania e Inglaterra, y la siderurgia y la minería del carbón en Bélgica, son algunos ejemplos. Por último, la relativa pobreza de nuestro país sirvió de acicate, durante dos décadas, a la emigración, donde seguimos las huellas de Italia y precedimos a Portugal.

¿Cómo convergen las economías?

Las tres lecciones anteriores vienen a decirnos que dos economías distintas puestas en contacto acaban por parecerse, al menos en algunos aspectos. Dicho en la jerga de los economistas, acaban por converger. Esta observación nos recuerda el principio de los vasos comunicantes, y presenta la fachada majestuosa e inmutable de las leyes de la física, pero no estaría de más preguntarse cómo se produce esa convergencia en la práctica. Al contestar a la pregunta estaremos más cerca de saber a dónde puede llevarnos la globalización.

Volvamos a nuestro ejemplo: ya hemos visto que a medida que el sector del juguete crece en China se incrementa la demanda de mano de obra, y habrá de llegar un momento en que ésta empiece a escasear. Si los trabajadores están medianamente organizados, mucho antes de que escasee estarán pidiendo aumentos de salario para sus afiliados. Naturalmente, los empresarios tratarán de contrarrestar el efecto de los aumentos de salario sobre sus costes mejorando la organización de la producción, o poniendo al día la maquinaria: procurarán, en una palabra, aumentar la productividad. Pero todo tiene un límite, y llegará un momento en que los costes laborales empiecen a aumentar. Un día, el fabricante de juguetes de China habrá de pensar en dedicarse a otra cosa porque China habrá dejado de ser un país de mano de obra barata. Al cabo de un tiempo, dejará de exportar juguetes, y quizá exporte automóviles, o máquina-herramienta, o servicios financieros, o diseño: productos que requerirán menos mano de obra y más capital, y que se parecerán más a los que antes importaba de Europa.

Dos observaciones de sentido común nos convencerán de que la convergencia ha de producirse de esta forma. La primera es que, si la renta per cápita española se ha acercado a la de la media europea es porque nuestros salarios han ido acortando distancias con respecto a los europeos, porque es difícil que crezca la renta nacional si no crecen los salarios, que representan más de la mitad. La segunda es que la estructura de nuestro PIB y la de nuestro comercio exterior han cambiado profundamente. Si en los años cincuenta éramos un país eminentemente agrícola, como decían nuestros libros de texto, y exportábamos sobre todo naranjas, hoy la estructura de nuestras exportaciones no se distingue mucho de la de Francia o Alemania.

Esta forma de ver el proceso a lo largo del tiempo arroja nueva luz sobre el fenómeno de la globalización. Si bien, en un primer momento, A y B parecen encastillados en la fabricación de sus productos favoritos, con el paso del tiempo no sólo sus precios y salarios convergen, sino que también lo hacen sus estructuras productivas. Y esto puede producirse, además, de forma armónica, sin perjudicar a nadie: cuando los salarios de los trabajadores chinos del juguete resultan excesivos, pueden colocarse sin esfuerzo en otras ocupaciones en que, al ser mayor su productividad, su salario puede continuar su trayectoria ascendente. Algo parecido ocurre en Europa, donde los antiguos trabajadores del juguete ya han podido colocarse en otra cosa, evadiéndose así de la condición de perdedores.

Éste ha sido, a grandes rasgos, el proceso seguido por las economías de Europa Occidental con respecto a EE.UU. después de la segunda guerra mundial, por el sur de Europa poco después y más adelante por Japón y Corea del Sur. Las fricciones que ha producido el proceso han sido, en general, pasajeras, y la opinión general ha sido favorable a ese proceso de integración. Por ello vale la pena preguntarse qué es lo que hace que esta vez, cuando Occidente afronta la integración de China y, más adelante, de otras grandes economías en vías de desarrollo, no veamos las cosas igual. Para ello hay que darse cuenta de que el proceso que acabamos de describir sólo se desarrollará de forma armoniosa si concurren tres circunstancias que estuvieron presentes, en mayor o menor grado, en el caso europeo. La primera es que los salarios respondan al aumento de la demanda de trabajo: a medida que el trabajo se hace más escaso en A, los costes laborales han de subir. La segunda es que en el país rico se creen puestos de trabajo de buena calidad, es decir, de alta remuneración, que permitan a los trabajadores del juguete en B encontrar trabajos alternativos sin grandes pérdidas de salario. Para ello es, si no absolutamente necesaria, sí muy conveniente la tercera circunstancia: que el proceso de integración tenga lugar en un clima de crecimiento favorable, porque en una coyuntura al alza los trabajadores sobrantes en un sector encontrarán empleos alternativos con facilidad, y así la resistencia al cambio será menor.

Las tres condiciones se cumplieron en el período 1950-1975, en que las principales economías europeas alcanzaron a EE.UU.; más adelante, la integración de la economía española entre 1960 y 1985 fue más dificultosa, en especial por lo que se refiere a los efectos sobre el empleo: en esencia, se produjo en una época de crecimiento más lento.

Veamos ahora hasta qué punto se cumplen estas tres condiciones en el caso presente, y daremos con la raíz de nuestras preocupaciones.

China: amenaza, modelo asiático de crecimiento y economía dual

Una primera condición para que la integración se desarrolle sin tropiezos es que los salarios en el país A (China) no tarden mucho en subir. Eso requiere que la mano de obra empiece a escasear, y ahí se presenta la primera dificultad: China se nos aparece como un depósito sin fondo de mano de obra, del que la industria local se irá nutriendo para conquistar el mercado mundial, un sector tras otro. Textiles y juguetes primero, confección después, máquina-herramienta más adelante; a este paso, China será la fábrica del mundo, y quién sabe si no será también el laboratorio del mundo. Ésta es la visión, un tanto truculenta, dignificada por sus propagadores con el título de «teoría de la amenaza china»;[3] como tal —China produciendo todo el PIB mundial, el resto sentados sin hacer nada— no tiene visos de hacerse realidad. Sin embargo, encierra un germen de verdad: China es un país de abundante mano de obra poco cualificada, de forma que los salarios pueden tardar en subir. Tratemos de dar alguna cifra.

El excedente de mano de obra viene del campo, que, todavía hoy, ocupa al 40 por 100 de la fuerza de trabajo, para producir algo más del 15 por 100 del PIB, lo que, dicho sea de paso, da idea del nivel de pobreza de la China rural. Sabemos que, a medida que un país se enriquece —que aumenta su renta per cápita—, disminuye la proporción de su fuerza de trabajo empleada en la agricultura, en beneficio del empleo en la industria y los servicios.

Esta relación entre renta per cápita y proporción del empleo agrícola permite hacernos una idea del número de puestos de trabajo que precisará la agricultura en el futuro, y, por consiguiente, del número de puestos de trabajo que habrá de crear el sector moderno —la industria y los servicios— para absorber los excedentes que vengan del campo: si suponemos que la economía china crece al 7 por 100 anual entre 2000 y 2020, al final del período sólo necesitará 120 millones de trabajadores (hoy emplea a 370); para absorber el resto, el sector moderno deberá crear unos veinte millones de puestos de trabajo cada año.[4] Como resulta que durante la última década, con un crecimiento muy rápido, se han creado entre 5 y 10 millones de puestos de trabajo al año —en 2006, con un crecimiento superior al 10 por 100, que muchos juzgan insostenible, se crearon algo menos de 12 millones—, ya se ve que los trabajadores deseosos de abandonar el campo difícilmente serán absorbidos en su totalidad por el sector moderno. Por consiguiente, no hay que esperar que los salarios empiecen a subir.[5] Al contrario: la presencia de un excedente de población agraria es uno de los rasgos dominantes de la economía china de hoy, constituye sin duda una de las principales preocupaciones de las autoridades, y explica buena parte de su política económica.

Antes de dar la razón a los defensores de la teoría de la amenaza, sin embargo, hay que tener presente que el sector moderno de la economía china está orientado a la exportación. Ésta es una característica del llamado modelo asiático de desarrollo, seguido con éxito por Japón y Corea del Sur, y ahora por China, en el cual la modernización de la economía se guía por el sector exportador, de modo que las autoridades ayudan a las empresas que son capaces de vender sus productos en el mercado mundial. Así, al producir para el mercado mundial, la industria nacional puede alcanzar un tamaño adecuado, superior al que admitiría su mercado interior porque al tener que competir en el mercado mundial, se ve obligada a alcanzar el nivel de calidad, innovación y organización comercial de las grandes empresas de todo el mundo. El resultado ha sido, tanto en Japón como en Corea del Sur, la creación de una industria eficiente, y lo mismo está ocurriendo en China.[6]

La abundancia de mano de obra barata y la orientación de la industria hacia el exterior están en la base del extraordinario desarrollo de la economía china de las cuatro últimas décadas; pero no todo han sido beneficios. Por su misma naturaleza, el proceso de desarrollo ha ido configurando una separación creciente entre un sector industrial moderno cada vez más rico, creado en torno a algunas grandes ciudades próximas a la costa, y una población rural estancada, que nutre de mano de obra al sector industrial. Esto ha dado lugar a la llamada economía dual visible en la creciente desigualdad en la distribución de la renta, incluso dentro de una misma provincia.[7] El aumento de la desigualdad trae consigo un riesgo creciente de ruptura social, que se refleja en un número creciente de conflictos locales y que ha pasado a ser una preocupación central para las autoridades. En resumen, esta situación no es, a largo plazo, tolerable: la economía china deberá, por así decirlo, enderezar su rumbo para garantizar la continuidad de su crecimiento; y eso basta para poner en duda la teoría de la amenaza, basada en la creencia de que la situación actual puede prolongarse indefinidamente.

La pregunta es: ¿qué clase de ajustes debería experimentar el proceso de desarrollo de la economía china? La respuesta es, en apariencia, bien sencilla. Para evitar que siga aumentando la disparidad entre el campo y la ciudad es preciso actuar en dos direcciones: redistribuyendo renta de la ciudad al campo, y acelerando el desarrollo del medio rural. Pero ¿cómo lograr esos objetivos? Empecemos por el primero, la redistribución de la renta hacia las zonas más pobres. Esa redistribución no haría sino corregir una situación consolidada, pero injusta: el sesgo favorable de los regímenes comunistas hacia el obrero industrial, el cual favorece a la ciudad a costa del campo. En este sentido la República Popular China no ha sido una excepción, salvo al principio del período de reformas: además de soportar gravámenes y tasas de todas clases, los campesinos chinos se han visto privados, en años recientes, de los servicios de educación y sanidad, rudimentarios pero accesibles, de que habían disfrutado desde la fundación de la República Popular.[8] Sin embargo, todo indica que esa redistribución tiene, por el momento, límites muy estrechos: lo que los pocos ricos pueden transferir a los muchos pobres aún no es gran cosa.

El segundo objetivo, la creación de riqueza en el medio rural, donde aún vive más de la mitad de la población china, responde a una necesidad aún más apremiante: evitar una migración masiva hacia las zonas costeras, donde se concentra el sector moderno de la economía china. Pero ¿cómo hacerlo? Al inicio del proceso de reformas, las barreras administrativas a la migración interna —los ciudadanos debían obtener autorización expresa para cambiar de lugar de residencia— han ido desapareciendo por la vía de hecho, y se ha ido estimulando la migración hacia el interior del país. Al mismo tiempo, las autoridades han emprendido grandes proyectos de desarrollo regional para crear polos de desarrollo en lugares estratégicos.[9] Esos grandes proyectos, como otros relacionados con la construcción de una red de infraestructuras para todo el territorio, están mejorando la situación de las zonas menos desarrolladas del país, pero aún está por ver si se trata de un efecto transitorio, que se agotará cuando termine la construcción, o si se creará una base económica permanente. La larga experiencia europea en materia de política regional no permite esperar milagros de esas iniciativas.

La reducción de esas disparidades no sólo corregiría una situación injusta, sino que consolidaría el proceso de desarrollo de la economía china: al aumentar la renta de la población rural se fortalecería el mercado interno, y, al aumentar el consumo privado, se evitaría que el crecimiento dependiera en exceso de la inversión, como sucede hoy. Al mismo tiempo, contribuiría a tranquilizarnos, ya que un aumento de renta termina por traducirse en un aumento de las importaciones del resto del mundo: China empezaría a ser vista no sólo como un competidor, sino también como un cliente.

Sin embargo, esos ajustes pueden tardar en producirse y, mientras tanto, irá aumentando la penetración de los productos chinos en los mercados mundiales: en Europa, la mano de obra poco cualificada irá desapareciendo poco a poco de la industria para refugiarse en los servicios de escaso valor añadido —muchos de los relacionados con el turismo, por ejemplo— que, si bien peor remunerados que los de la industria, están a salvo de la competencia exterior.

Así, vemos cómo, en este caso, la primera condición favorable para una integración armoniosa —la respuesta de los salarios frente al mayor crecimiento— no se cumple. Con ello, lo que debería ser una fase transitoria de la integración —la condición de país de mano de obra barata— se nos aparece como algo que puede durar mucho tiempo. Miremos ahora el proceso desde el ángulo europeo para apreciar la importancia de la segunda condición: la creación de puestos de trabajo de alta productividad en número suficiente.

Europa: convergencia, productividad e innovación

La segunda lección del comercio —la existencia de ganadores y perdedores— derivaba de la tendencia de los salarios de China y Europa a aproximarse entre sí, a converger. La Figura 11.1 muestra la relación que existe hoy entre el salario horario en Filipinas y en Europa: comparado con el salario de un obrero filipino, el de un noruego es treinta y una veces mayor, y el de un español, más de trece veces.

FUENTE: The Conference Board, International Labor Comparisons program, december 2014.

FIGURA 11.1. Costes horarios en las manufacturas (en €). Año 2013.

Tarde o temprano, estas diferencias están llamadas a desaparecer, pero ¿cómo? ¿De qué depende que terminemos todos más cerca de los sesenta y seis dólares por hora trabajada que de los dos dólares por hora? Ésta es la pregunta que subyace a nuestras inquietudes; como es natural, el temor a que la convergencia tenga lugar cerca del extremo inferior de la escala es lo que inclina al ciudadano corriente a sentir una desconfianza instintiva hacia todo este asunto de la globalización.

Para empezar a contestar a la pregunta nos será útil remitirnos a la experiencia pasada. Preguntemos, por ejemplo, qué ocurrió entre EE.UU. y Europa de 1950 a 1975. En este caso, la convergencia se logró con unos salarios más altos de lo que habían sido en EE.UU. en 1950: la convergencia se produjo hacia arriba, y no hacia abajo, como hoy tememos que ocurra: si los salarios europeos crecieron más deprisa que los norteamericanos, éstos siguieron creciendo, de modo que seguramente nadie tuvo la impresión de haber salido perdiendo.[10] En la Europa de hoy, por el contrario, el salario real apenas ha crecido durante la última década, en parte porque la industria europea sufre, directa o indirectamente, la competencia de la mano de obra china. Esta competencia impondría unos salarios más bajos que los actuales en los segmentos inferiores de la producción industrial. Pero la combinación de unos sindicatos fuertes y un Estado del bienestar generoso hacen posible resistir la presión a la baja sobre los salarios: de aquí que el resultado sea, necesariamente, un mayor desempleo y un menor crecimiento.[11]

Observemos, sin embargo, que el proceso es el mismo que en el caso de Estados Unidos y Europa: en el país más avanzado van desapareciendo puestos de trabajo de cualificación inferior, a la vez que se crean puestos de mayor productividad. La diferencia está en las cifras: por el momento, la destrucción de puestos de baja productividad a manos de la competencia asiática no se ve compensada por la creación de puestos de trabajo de alta productividad en número suficiente. Hace medio siglo, los trabajadores estadounidenses que iban siendo sustituidos por europeos —a través de las importaciones estadounidenses— encontraban trabajo, a menudo en empleos más productivos y, por consiguiente, mejor remunerados que los que abandonaban; hoy, en Europa, este proceso parece haberse detenido o, mejor, parece avanzar muy deprisa en el extremo inferior y muy despacio en el superior. Ello se debe en parte a que nuestra tercera condición —un crecimiento rápido de la economía europea— lleva tiempo sin cumplirse, aunque ésta no es una explicación suficiente. Es más, si tratáramos de alcanzar un mayor crecimiento de nuestras economías, y si tuviéramos éxito en el intento —algo ni mucho menos seguro— el resultado sería, seguramente, un mayor déficit exterior provocado por un aumento de nuestras importaciones procedentes de China. El crecimiento de la economía española durante el último quinquenio es un buen ejemplo: ha permitido un enorme aumento del empleo porque se ha concentrado en actividades, como la construcción, que están a salvo de la competencia exterior; el aumento de la productividad, en cambio, ha sido casi nulo. No basta, pues, con crecer, aunque el crecimiento facilita las cosas; lo que hemos de preguntarnos es qué nos impide crear puestos de trabajo de alta productividad en número suficiente.

Si bien la productividad del trabajo depende de muchos factores, puede decirse, sin simplificar demasiado, que, en una economía avanzada, el componente más importante del aumento de la productividad es la capacidad de innovar. En efecto, ya no es posible obligar a la gente a trabajar más horas, ni a estudiar más años, para hacerlos más productivos hay que innovar, en el sentido más amplio del término: productos nuevos, nuevos procesos de producción, de distribución, de marketing, y hasta nuevas necesidades. Lo que sea, con tal de ofrecer productos y servicios que puedan soportar salarios crecientes. No debería ser motivo de preocupación el que la productividad en la industria china esté creciendo más aprisa que en la europea. Lo mismo ocurrió entre Europa y Estados Unidos hace medio siglo, y entre Corea y Japón hace treinta, y la razón es la misma que entonces: buena parte de los aumentos de productividad en la industria china se obtienen por la adopción de las técnicas ya en uso entre nosotros. Lo que ahora importa es que, para que nuestros salarios sigan creciendo, hemos de seguir innovando; la dificultad está en que ya no nos es posible innovar por imitación, introduciendo técnicas ya probadas en algún otro país (es decir, en Estados Unidos): hace tiempo que, en lo que a capacidad tecnológica se refiere, estamos en primera fila.

Se entiende, pues, que nuestros políticos den muestras de un súbito interés por la innovación, ya que, si nuestro análisis es correcto, será el ritmo de la innovación en Europa lo que determine la creación de puestos de trabajo de alta productividad que puedan ir ocupando a los desplazados por la globalización. Un ritmo demasiado lento puede hacer descarrilar el proceso, provocando o un descenso de los salarios, o un nivel de desempleo inaceptable en Europa. Por desgracia, aunque estamos de acuerdo en el diagnóstico, no hemos dado con el remedio: nadie sabe a ciencia cierta qué hay que hacer para fomentar el clima innovador en una economía, aunque algo hemos aprendido de los grandes esfuerzos dedicados al asunto.

Por ejemplo, hemos aprendido a separar la innovación de la investigación y del desarrollo: si bien es cierto que no hay innovación en ausencia de investigación, la investigación no deriva necesariamente en innovación. Lo que distingue una de otra es la motivación. ¿Quién puede saber qué mueve al sabio a investigar o al ingeniero a aplicar un nuevo principio al desarrollo de un proceso? Puede ser el deseo de escapar de la sórdida realidad cotidiana, la ambición de ser reconocido por sus colegas, las ganas de pasar a la historia o el ansia por lo sublime. Al innovador, en cambio, le mueve ante todo el afán de lucro, es decir, colocar un producto o un servicio en el mercado para ganar dinero con él. Precisamente por eso nos interesa: porque es él, y no el sabio ni el ingeniero, quien sabe cómo crear puestos de trabajo cada vez más productivos; de manera que, si las ayudas a la I+D tienen su utilidad, entre éstas y la aparición de innovaciones no hay una relación de causa y efecto.

La motivación del innovador nos da una primera pista, y es que la innovación se verá favorecida por un clima de fuerte competencia. No hay duda de que la falta de competencia no estimula la inventiva, lo que explicaría que en India, hasta no hace muchos años, aún se fabricara un automóvil de origen inglés del año 1947: éste era el único modelo autorizado. El innovador ha de creer que, si su producto es mejor que otros, se abrirá camino en el mercado. En una economía donde los actores no cambian —a no ser que sea por herencia— la innovación será considerada un incordio, y el innovador en ciernes preferirá colocarse a la sombra de alguien ya consolidado.[12]

Otra idea interesante tiene su origen en los trabajos de Christensen,[13] quien sostuvo que las grandes innovaciones, aquellas que rompen los moldes del pasado, suelen ser obra de intrusos en el sector, de recién llegados. Sucede que las empresas ya establecidas están demasiado ocupadas en preguntar a sus clientes qué quieren para mañana, y les falta imaginación para pensar qué podrían desear en un futuro más lejano. Así, por ejemplo, las grandes empresas de ordenadores de los años setenta se ocuparon de fabricar unidades de disco cada vez más perfeccionadas, y no prestaron atención a las posibilidades que ofrecían los discos pequeños; éstos eran, al principio, inferiores en calidad a las unidades de disco existentes, pero su hora llegó con la aparición de los ordenadores personales. Las unidades de disco, en cambio, desaparecieron del mercado. En la medida en que podamos generalizar estos resultados podemos concluir que la innovación se verá favorecida por la existencia de competencia, tanto más cuanto más fácil sea la entrada en el sector de que se trate: si el mercado está repartido entre unos pocos, por eficientes que sean, no es probable que abunden las innovaciones.

Así, pues, competencia y facilidad de entrada. A la luz de estas dos condiciones propicias, Estados Unidos parece llevar ventaja a Europa. Comparaciones entre ambos, realizadas desde distintas perspectivas, sugieren una posible explicación, y es que el modelo de desarrollo seguido por Europa desde 1945 ya no sirve. Este modelo se basaba en la concertación, tácita o explícita, entre empresas —muchas de ellas públicas—, entidades financieras y sindicatos, bajo la égida de gobiernos dispuestos a intervenir activamente en la vida económica. Las grandes decisiones podían tomarse sin necesidad de fraguar un consenso cada vez; los grandes proyectos encontraban autorizaciones y financiación sin dificultades; y un pacto tácito entre empresas y sindicatos otorgaba paz social a cambio de seguridad en el empleo. De este modo, Europa logró alcanzar a EE.UU. en poco tiempo, mientras trató de seguir su estela; pero cuando ya no basta con imitar para innovar, esa organización de la economía, que algunos llaman capitalismo coordinado, se revela ineficaz para sostener la innovación; y, por consiguiente, para mantener el crecimiento de la productividad.[14]

Al papel que cabe atribuir a esas diferencias de organización económica hay que añadir otro, más prosaico: el tamaño del mercado. Un mercado mayor, si estimula la competencia, también ofrece más oportunidades. Sean éstas reales o imaginarias, lo que importa es la percepción de que hay posibilidades sin límite para quien quiera aprovecharlas; y no cabe duda de que asociamos esa percepción más con Estados Unidos que con Europa. Transcurridos más de veinte años desde el lanzamiento del mercado único europeo seguimos teniendo un espacio económico fragmentado en mercados nacionales, y cada cual trata de proteger el suyo y extenderlo a costa del resto. El capitalismo concertado y el predominio de la óptica nacional sobre la europea se combinan para crear una figura que, a la luz de las condiciones que hemos sugerido como propicias, debe resultar particularmente adversa a la creación de un clima favorable a la innovación: la de los campeones nacionales, grandes empresas sólidamente establecidas, con pocos incentivos a la innovación y capaces de crear grandes barreras de entrada en sus mercados.

Aquí, como en el caso de China, los ajustes que debe sufrir nuestra economía para permitir un desarrollo armónico del proceso de globalización son de un orden de complejidad que rebasa por completo el ámbito de lo que llamamos política económica; y se hallan, por consiguiente, más allá de lo que un gobierno, por sí solo, puede acometer. Como en el caso de China, si esos ajustes se producen, cabe esperar que tomen mucho tiempo. Mientras tanto, la destrucción de puestos de trabajo en el tramo inferior de la escala de ocupaciones no se verá compensada por la creación de nuevos puestos en los tramos superiores, y el proceso correrá el riesgo de descarrilar.

Tres conclusiones

Este largo recorrido por el proceso de globalización, visto desde ambos lados de la barrera, nos lleva a tres conclusiones: la primera es que, hasta donde alcanza la vista, la globalización es un proceso irreversible. Recuerde el lector lo que vio en el primer capítulo: tres cuartas partes del PIB mundial va a parar al 18 por 100 de la población; la renta por habitante de un país rico, como EE.UU., donde viven trescientos millones de personas, es más de cincuenta veces superior a la de un país pobre como India, que tiene más de mil millones de habitantes; y estos dos mundos están en contacto, de manera que los habitantes de los países pobres tienen noticia —a veces exagerada— de la prosperidad de los países ricos. Así pues, la construcción de una Gran Muralla que nos aísle del resto del mundo es un imposible.

La segunda conclusión es que aun si fuera posible detener el proceso, sería una tontería hacerlo. La globalización trae consigo beneficios, y, en un sentido muy preciso, esos beneficios son mayores que los perjuicios, ya que, como vimos, el producto interior bruto del conjunto aumenta con el comercio. Otra cosa, igualmente cierta pero distinta, es que ese aumento no se reparta a gusto de todos. No se trata de un proceso perverso, va en la dirección deseada, porque permite que las economías más pobres empiecen a despegar aprovechando la ventaja que les otorga una mano de obra barata, a la vez que, en los países ricos, una mano de obra cada vez mejor formada se va desplazando hacia tareas más productivas, y mejor remuneradas.

Con todo ese proceso, irreversible y beneficioso, puede descarrilar: en China, la creciente disparidad entre un sector moderno y otro tradicional puede terminar en fractura; en Occidente, la presión a la baja sobre los salarios o el aumento del desempleo pueden obligar a los países afectados a protegerse de la competencia exterior. Para que no ocurra ni una cosa ni otra, el proceso debe sufrir ajustes, y hemos visto que esos ajustes no son sencillos: para crear riqueza en las zonas más pobres de China, o para crear un clima más innovador en las economías europeas, se requieren cambios profundos en instituciones, conductas y actitudes de la gente; esos cambios a su vez requieren tiempo, y sería una imprudencia confiarlos a eso que llamamos «las fuerzas del mercado» que no son sino una forma educada de designar el ejercicio del interés egoísta.

Esto conduce a la tercera conclusión y es que la globalización debe ser guiada por los actores de más peso en la vida económica de los países: gobiernos, grandes empresas —incluyendo entre ellas a las entidades financieras— y organizaciones de trabajadores, son quienes marcan los límites del terreno de juego en el que actúan libremente las fuerzas del mercado. No reconocer que esto es así equivale a convertir una institución muy práctica —la economía de mercado— en una divinidad intocable, y eso nunca ha dado buen resultado. Aunque este compromiso entre los grandes actores de la vida económica sólo suele darse después de una gran crisis, como ocurrió en Europa tras la segunda guerra mundial, esto no ha de ser necesariamente así. Puede uno ser pesimista sobre las capacidades de esos actores, pero no hasta el punto de pensar que es mejor dejar que lo arregle el azar.

Partidarios y adversarios de la globalización

¿Cómo situar estas conclusiones en el debate entre defensores y enemigos de la globalización que ha ocupado la última década? Con un enfoque exclusivamente económico, y siguiendo la práctica convencional de igualar felicidad con prosperidad material, y prosperidad material con crecimiento del PIB, hemos llegado a la conclusión de que la integración de países como China —y más tarde de otros— en el comercio mundial es beneficiosa para todos, si se evitan ciertos riesgos, entre los que un mal reparto de los frutos de la integración es el principal; que evitar esos riesgos requiere el esfuerzo de todos los ciudadanos afectados y, en especial, de los grandes actores de la vida económica; y que, si bien se trata de un gran esfuerzo, no está más allá de nuestras capacidades. Esto nos sitúa más bien entre los simpatizantes de la globalización, pero con dos reservas. En primer lugar, los partidarios de la globalización tienden, en general, a confiar más que nosotros en la capacidad de la economía de mercado para corregir los errores del proceso; o, mejor dicho, a desconfiar mucho más de la capacidad de los políticos para enderezarlos. Y, por último, los defensores de la globalización tienden a atribuir a ésta todos los bienes, y ninguno de los males que ha sufrido el mundo en los dos últimos siglos, y eso nos parece a menudo exagerado. Ni puede uno achacar todo el progreso de la ciencia a la aparición de una cultura comercial en el siglo XVII, ni puede uno considerar las catástrofes del siglo XX como accidentes por completo ajenos al proceso de globalización.

Las filas de los adversarios de la globalización, por otra parte, reúnen programas e ideologías de muy diversa procedencia. Por una parte, como la globalización es un fenómeno propio de las economías de mercado, es decir, del sistema capitalista, la crítica de la globalización acaba siendo una crítica del capitalismo mundial. Lo que ocurre es que, si hasta no hace mucho esa crítica tenía un modelo alternativo que proponer —un miembro u otro de la familia de economías socialistas— el fracaso económico, político y social de los países comunistas ha supuesto el descrédito de esa alternativa; así, los críticos del capitalismo global se ven sin alternativa que proponer. Esto es cierto tanto para los que subrayan los efectos de la globalización sobre el medio ambiente como para los que acusan a la globalización de aumentar la desigualdad en la distribución de la renta. En el caso de los efectos sobre el medio ambiente, es cierto que la actividad económica desde los inicios de la Revolución Industrial ha incidido sobre la naturaleza en un grado desconocido hasta entonces; como lo es que, en muchos aspectos, la desigualdad en la distribución de la renta ha tendido a aumentar. Pero en ambos casos es prematuro atribuir esos dos resultados a la globalización en sentido estricto, es decir, a ese proceso de integración económica que hemos descrito. En algunos casos —pero no en todos— puede incluso decirse que la solución es más globalización, es decir, más integración, y no menos.

Pero, para no salirnos de nuestro objetivo —ofrecer al lector aquellos datos económicos que puedan ayudarle en su tarea de ciudadano— concluiremos que, desde el punto de vista estrictamente económico, el proceso de globalización, bien llevado, es beneficioso para los implicados, y que las críticas que se le hacen en el plano económico carecen, casi siempre, de una justificación rigurosa. Por otra parte, el lector debe recordar que el punto de vista económico es, aquí como en otras grandes cuestiones, muy limitado, y que hacen falta otros muchos elementos, de distinto orden, para formarse un juicio completo; si los tiene en cuenta es muy posible que su actitud hacia el proceso de globalización termine por ser menos favorable.

Notas de lectura

Para un análisis equilibrado de las virtudes y los defectos de la globalización es buena idea acudir a los trabajos de economistas procedentes del Tercer Mundo, ya que muy a menudo los adversarios de la globalización se erigen en defensores de los menos favorecidos. Entre esos trabajos recomendamos el de Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalisation, 2004. El de Martin Wolf, Why Globalisation Works, 2004, tiene menos paciencia con los antiglobalizadores; el de Joseph Stiglitz, Globalisation and Its Discontents, 2002, es, sobre todo, una crítica de la actuación de los organismos multilaterales en el Tercer Mundo.

Como la antiglobalización, al igual que el movimiento ecologista, acoge gente de diversa procedencia, uno puede, si quiere, empezar sus lecturas antiglobalizadoras con El capital de Marx. Si no quiere remontarse tan atrás, el libro de E. F. Schumacher, Small Is Beautiful (1973), encuadra los problemas de la globalización en una concepción integral del hombre y la sociedad. Un clásico menor, El Informe Lugano de Susan George, 2001, es un buen ejemplo de la vertiente «antisistema» —es decir, revolucionaria— del movimiento antiglobalización. Por último, los trabajos recopilados por John Cavenaugh en Another World Is Possible, 2006, ofrecen un panorama de alternativas posibles, pero pacíficas, a la organización capitalista.

Capítulo 12

TRES ASUNTOS IMPORTANTES

Quienes compiten en el mercado y buscan en él sus beneficios deben estar tanto más sólidamente unidos por los lazos sociales y morales de la comunidad, pues en caso contrario también la competencia incurre en gravísima degeneración. Dicho con otras palabras: la economía de mercado no lo es todo… Debe mantenerse dentro del sólido marco de un orden total que no sólo corrige por medio de las leyes las asperezas de la vida económica, sino que además no le niega al hombre una existencia acorde con su naturaleza.

WILHELM RÖPKE,

Jenseits der Angebot und Nachfrage, 1958[*]

Introducción

Terminamos nuestro recorrido con una ojeada a tres cuestiones que no suelen figurar en un manual de macroeconomía: el papel del Estado, la distribución de la renta y la naturaleza de las leyes del mercado. Se incluyen aquí porque el libro pretende dar al ciudadano una idea de lo que dice la economía en algunos asuntos que despiertan su interés. Aunque nos hemos concentrado en lo que se refiere a la economía de los países considerados en su conjunto, y no a la de los individuos, y por eso no hemos intentado muchos asuntos de importancia, el panorama nos parecería muy incompleto si no mencionáramos siquiera los tres asuntos citados. Cada uno de ellos tiene múltiples aspectos, de los que el económico no suele ser el más importante, y ha dado origen a una enorme cantidad de literatura, sólo en una pequeña parte económica. Lo que aquí se ofrece es, pues, sólo una visión muy esquemática de algunos aspectos de estos asuntos.

El propósito de este capítulo no es tanto instruir como interesar y prevenir. Interesar, porque los tres asuntos afectan de forma directa, no sólo a nuestra vida cotidiana, sino también a nuestro concepto de la sociedad y de la persona, y porque se trata de asuntos poco técnicos, a pesar de su apariencia; asuntos en los que las orientaciones deben provenir del ciudadano, no del experto: aquél tiene, pues, una cierta obligación de reflexionar sobre ellos. Prevenir, porque los argumentos económicos se han empleado a veces, fuera de contexto, con fines interesados: esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la naturaleza de las leyes del mercado.[1]

El Estado y los mercados

Las relaciones entre el poder público y el individuo son una de las cuestiones de base de toda filosofía política, y una preocupación constante de todo ciudadano; no se trata, naturalmente, de entrar a analizarlas aquí. Sin embargo, uno de los aspectos de esas relaciones es el puramente económico: no se puede hablar, en una economía de mercado, de la producción y distribución de la riqueza sin tener en cuenta el papel que desempeña el Estado. Por eso es necesario ver en qué consiste la intervención del Estado en la economía, qué la justifica y con qué medios se lleva a cabo.

Se ha hablado mucho —y se seguirá hablando— de cuál es el ámbito apropiado de intervención del Estado en una economía de mercado. Naturalmente, en esa discusión la aportación de la economía no puede ser más que parcial, porque no se puede pretender zanjar la cuestión desde el plano económico: toda tesis sobre el papel del Estado descansa necesariamente sobre una concepción integral de la sociedad y del individuo. Pero, con ser parcial, esa aportación no deja de tener interés, porque los motivos económicos son invocados a menudo tanto a favor como en contra de la intervención del Estado, y adquieren el peso que les otorga una sociedad en que lo económico parece cobrar una importancia creciente; por eso hay que tratar de ver lo que valen.

No trataremos de abarcar lo que es el Estado en una sociedad, sino sólo lo que la economía dice del Estado. Nos centraremos en describir las dos funciones que se suele encomendar al Estado en una economía de mercado —la corrección de los fallos del mercado y la mejora de la equidad— y trataremos de las dos clases de instrumentos que emplea: la política de ingresos y gastos públicos y la regulación. Pero antes recordaremos el papel del Estado como garante de las reglas de juego.

Si, a mediados del siglo XX, uno podía defender la existencia de una alternativa a la economía de mercado, hoy esto ya no es posible: la economía de mercado ha ganado la batalla de la prosperidad. Sin embargo, vemos que esta prosperidad no ha alcanzado, ni mucho menos, a todo el mundo; y este fracaso no puede ser atribuido a la ausencia de mercados: tiene que haber algo más, y hemos de saber de qué se trata; de lo contrario, las recetas que solemos dar a quienes quieren imitar a los países ricos serán, en el mejor de los casos, inútiles.

Aunque muchos observan que todas las economías prósperas hacen un uso extenso de los mercados, rara vez he oído a alguien hacer notar que también en las economías pobres encuentra uno mercados por todas partes ... Si los mercados crean prosperidad, ¿cómo es que los que se encuentran en las economías de renta baja no las hacen prósperas también? ¿Por qué, aunque hay mercados casi en todas partes, la abundancia es tan poco frecuente?[2]

La primera respuesta a estas preguntas es bien conocida: para cumplir su función, los mercados deben estar respaldados por unos derechos de propiedad reconocidos. Todos sabemos que uno de los motores del crecimiento es la inversión; pero si el policía que está en la puerta del mercado puede confiscar mis ganancias, ¿qué interés tengo en invertir? Esta observación pareció, durante un tiempo, dar la clave del éxito de los mercados: en una economía planificada, los individuos no tienen ningún incentivo para esforzarse, ya que no disfrutan de los frutos de su esfuerzo; bastará con instaurar un sistema de derechos de propiedad bien definidos para que, liberadas las enormes energías hasta ahora reprimidas de la población, surjan espontáneamente mercados eficaces que lleven a una sociedad próspera. Esta idea tan sencilla está en la base de los programas de privatización emprendidos en los países de Europa del Este, y constituye uno de los tres elementos del llamado consenso de Washington: estabilizar, liberalizar y privatizar.

El resultado del experimento de privatización, sin embargo, no ha estado a la altura de las expectativas, en especial en el caso de Rusia, donde, entre 1990 y 1995, un Estado débil hubo de someterse a las exigencias de una oligarquía creada por él mismo, justamente aprovechando la existencia de los derechos de propiedad que el régimen acababa de reconocer.[3] La existencia de derechos de propiedad es necesaria, pero no suficiente.

Demos un paso más: los mercados son fuente de prosperidad porque hacen posible la especialización, es decir, la división del trabajo. Más aún, es el tamaño del mercado lo que limita la especialización: es más fácil encontrar especialistas en una gran ciudad que en un pueblo. Pero un mercado grande es un mercado extenso geográficamente, un mercado en que los agentes han de tratar a distancia, y eso no es posible sin la existencia de contratos, de algo que haga esos contratos ejecutables a distancia y que sancione su incumplimiento, aunque la parte perjudicada no esté físicamente presente. Además, un mercado grande no es sólo extenso en el espacio, sino duradero en el tiempo: ha de ser posible que mis derechos recaigan, no sobre personas, sino también sobre bienes que duran más que las personas: he de poder hacer valer mi derecho aunque el bien haya cambiado de manos, y ello exige que mi derecho pueda estar debidamente registrado. Ya se ve que en estas necesidades está el origen del derecho privado, mercantil y civil. Por último, todos los que participan en un mercado deben estar sometidos a las mismas reglas: uno no participará en un mercado en el que se sabe en desventaja con respecto a otros; de ahí derivan las reglas de defensa de la competencia, y las relativas a la transparencia y al uso de información privilegiada, no sólo en los mercados financieros, sino también en concursos públicos.

En la cita que encabeza este capítulo, Röpke afirma que la economía de mercado no lo es todo. La conclusión de lo anterior es que, en una economía de mercado, los mercados no lo son todo: necesitan un marco adecuado en que operar que fije las reglas del juego, se haga responsable de su cumplimiento y garantice un tratamiento igual a todos los participantes. Cuando las sociedades empiezan a organizarse en grandes unidades, esas funciones sólo puede asumirlas el Estado. Al entrar ahora en el detalle de las funciones del Estado tal como las entiende la economía, no hay que olvidar que este papel de garante de los derechos personales es la función esencial del Estado en una economía de mercado.

Las fallos del mercado y su corrección

La propiedad esencial de un mercado competitivo —la única que posee— es que, como resultado de la interacción de agentes preocupados tan sólo por su propia satisfacción, consigue que los recursos se asignen de forma eficiente: esto es, que no sea posible producir algo más de un bien o servicio sin que haya que producir algo menos de otro.[4]

Esta propiedad de eficiencia es intuitivamente atractiva, porque se percibe como una cualidad que sería aceptada por todos, con independencia de sus gustos y preferencias. Para ilustrarlo, volvamos a la economía de Robinson y Viernes (Cuadro 12.1), en la que el PIB consiste en carne y pescado, y comparemos dos situaciones eficientes, B y C, con la situación ineficiente A.

CUADRO 12.1. Tres asignaciones en la economía de Robinson y Viernes

Si Robinson es aficionado a la carne, preferirá B a C, ya que la producción de carne es mayor en B, mientras que Viernes, aficionado al pescado, preferirá C a B; los amigos de Robinson preferirán B a C, ya que B promete dar una mayor satisfacción a Robinson; los partidarios de Viernes se inclinarán por C frente a B; pero ambos preferirán cualquiera de las dos a A, la solución ineficiente, en la que hay menos carne que en B y en C, menos pescado que en C, y la misma cantidad de pescado que en B.[5]

La eficiencia es, pues, la gran cualidad de la economía de mercado; pero para que esté garantizada han de cumplirse ciertas condiciones, bastante estrictas; cuando alguna no se cumple, se habla de un fallo del mercado,[6] y desde siempre se ha considerado como una de las funciones del Estado corregir esos fallos del mercado. Veamos ejemplos de los más importantes.

El primero es el de los llamados bienes públicos: para decidir cuántas manzanas producir y a qué precio venderlas, se nos podría ocurrir llevar a cabo una encuesta: los consumidores declararían cuántas estaban dispuestos a comprar y a qué precio, y podríamos planificar la producción sobre la base de sus respuestas, ya que los consumidores habrían declarado sus verdaderas intenciones. Pero supongamos que, en lugar de manzanas, se trata de saber cuál es el tamaño óptimo de la administración de justicia, o del ejército: en este caso, una encuesta no dará resultado. Como la justicia está disponible para todos, y el ejército defiende a todos sin preguntar a cada cual si ha contribuido a su mantenimiento, cada cual declarará que prefiere prescindir del ejército, o de la justicia, pensando que otros pagarán, y uno se beneficiará gratis de su existencia.

En la práctica, el mercado opera como una encuesta tácita, donde los consumidores expresan su opinión con su dinero, y tienen interés en obrar de acuerdo con sus verdaderas preferencias, porque si uno no gasta en una manzana, se queda sin ella; si la compra el vecino, él se la come, no yo. En cambio, en el caso de aquellos bienes en los que no es posible excluir a nadie del disfrute, y en los que el consumo de uno no reduce la cantidad disponible para el consumo de otro (los dos casos anteriores), nadie querrá declarar sus verdaderas preferencias: aunque en realidad todos prefieren tener justicia, o policía que los proteja, o un ejército que los defienda, nadie lo dirá en público, para no ser el que paga. Así, el mercado no contestará a la pregunta de cuánto producir: en la práctica, la pregunta se responde fuera del mercado, se determina por el proceso político, y la financiación correspondiente es a través del presupuesto.

Otro ejemplo clásico es el de los efectos externos. Cuando un fabricante de papel instalado en la orilla de un río decide cuánto producir, lo hace sin tener en cuenta que sus vertidos pueden perjudicar a agricultores y pescadores aguas abajo: ésos son costes externos para él, y, al no tenerlos en cuenta, producirá más papel del que se consideraría adecuado si se tuviera en cuenta, no sólo la satisfacción del fabricante, sino también la de los perjudicados. También en este caso se solicita la intervención del Estado.

Para que el mercado sea eficiente, todas las partes deben estar en posesión de información completa y veraz sobre las características del producto o servicio objeto de transacción; si esta condición no se cumple, lo que ocurre, por ejemplo, cuando una de las partes tiene más información que la otra, ya no puede darse por descontado que el mercado producirá una asignación eficiente. Estas asimetrías de información constituyen la variedad más numerosa y diversa de fallos del mercado, hasta el punto de que ningún mercado real parece estar libre de alguna de ellas: el paciente que acude a la consulta del médico sabe menos que éste de su dolencia, y no puede, por consiguiente, decidir si el tratamiento prescrito es el más eficaz, o el más económico; el vendedor de coches usados sabe más que sus clientes potenciales sobre el estado de cada uno de sus vehículos; la compañía aseguradora no puede saber si el médico y el asegurado se han puesto de acuerdo en un tratamiento más rentable para el médico, aunque más costoso para la aseguradora. Un arquitecto, o un abogado, están en situación de ventaja frente a su cliente; por otra parte, al ir a contratar un seguro de enfermedad, el tomador tiene ventaja frente a la aseguradora, pues puede ocultarle una dolencia que encarecería el precio del seguro.

Por último, para que un mercado sea eficiente, ha de ser competitivo, lo que, en la práctica, quiere decir que el producto o servicio de que se trata ha de ser producido por una multitud de pequeños productores, sin que ninguno de ellos tenga bastante peso como para influir en el precio. El polo opuesto de la competencia, el monopolio, donde un solo productor abastece a todo el mercado, no da una solución eficiente: al monopolista le conviene producir menos, y vender más caro, de lo que sería el caso en régimen de competencia. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de mercados dominados por un pequeño número de grandes productores; éste es el caso de muchos sectores industriales, no sólo en mercados nacionales, sino incluso en el mercado mundial. Tampoco hay que pensar sólo en sectores como la energía o las telecomunicaciones: así, el 75 por 100 del comercio mundial de cereales está en manos de dos empresas, cuatro son las que controlan el 85 por 100 del tueste de café, y cinco, el 75 por 100 del comercio mundial de semillas de hortalizas. En EE.UU., el 80 por 100 de la carne de vacuno pasa por los mataderos de cuatro empresas; otras cuatro controlan el 70 por 100 del mercado de leche líquida; en el Reino Unido, las cuatro mayores cadenas de supermercados controlan el 80 por 100 de las ventas de productos alimenticios.[7] Aquí también se solicita la intervención del Estado.

En la práctica, la corrección de los fallos del mercado debe proceder en dos etapas: en primer lugar, hay que hacer lo posible para determinar si, en un caso concreto, los fallos son muy importantes; en caso afirmativo, la segunda etapa consiste en determinar cuál es la mejor forma de corregir el fallo. Pero antes de entrar en esta cuestión, pasaremos a describir el segundo objetivo, el de equidad.

El objetivo de equidad

Si uno pregunta a su alrededor para saber qué funciones cree la gente que deberían ser encomendadas al Estado, hay una que no falta nunca en la lista: la protección del débil. Desde muy antiguo, el Estado —el emperador, la república o el rey— se reservaba las funciones de administración de justicia, mantenimiento de la seguridad interior y defensa frente al exterior que hemos calificado de bienes públicos en el apartado anterior. En los últimos dos siglos, como parte del proceso de secularización gradual de las sociedades occidentales, han venido siendo transferidas al Estado funciones de asistencia que antes estaban encomendadas a la Iglesia; las obligaciones morales que los más afortunados tenían frente a los menos favorecidos se han ido transformando en derechos económicos de todo ciudadano —entitlements en inglés—, que han pasado a formar parte de las Constituciones de la mayoría de democracias occidentales, y el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizar su ejercicio efectivo. No hay acuerdo, ni mucho menos, sobre la extensión que deben tener esos derechos económicos —hasta qué punto un ciudadano tiene derecho a reclamar del Estado ciertas prestaciones económicas, como suplementos de ingresos, vivienda, educación o sanidad por el mero hecho de ser ciudadano—, ni sobre el grado en que el Estado deba asumir esas responsabilidades. Éstas son cuestiones que no puede decidir la economía, que puede contribuir, si acaso, a la elección de los medios que pueden ser empleados para el logro de los objetivos marcados por la sociedad.

Un marco para poner orden en este terreno puede ser el siguiente: el proceso político («la sociedad») se fija tres grandes objetivos: la eficiencia, la equidad o justicia, y la protección de las libertades individuales. Naturalmente, suele ocurrir que pretender algo más de un objetivo implique tener menos de otro: así, una mayor equidad puede redundar en menor eficiencia, si un exceso de impuestos sobre los ricos reduce el incentivo de éstos a contribuir al proceso productivo, o les lleva a emigrar; o una intervención excesiva del Estado con regulaciones destinadas a proteger al consumidor puede significar una merma de las libertades individuales. Es mediante el proceso político que la sociedad decide qué peso otorgar a cada uno de esos objetivos, y sólo entonces puede el análisis económico contribuir a la elección de los medios adecuados: por ejemplo, a decidir qué forma de intervención del Estado tiene un menor coste de eficiencia para alcanzar un determinado grado de cobertura sanitaria.[8]

Lo que hay que tener presente es que, si cabe confiar a la operación de un mercado competitivo sin grandes fallos la consecución del objetivo de eficiencia, no puede decirse lo mismo del objetivo de equidad: una solución eficiente no tiene por qué ser equitativa. Si volvemos al ejemplo anterior, la asignación A es ineficiente, y la B es eficiente; sin embargo, quizá preferiríamos la asignación A, con la condición de que carne y pescado se repartieran por igual entre Viernes y Robinson, a la B, si en ésta toda la producción fuera a parar a uno cualquiera de los dos. Por consiguiente, el objetivo de equidad debe ser perseguido explícitamente: al Estado suele encomendarse la misión de corregir los resultados del mercado, cuando éstos se consideran poco equitativos. Como, a diferencia de lo que ocurre con el concepto de eficiencia, el de equidad no es un concepto económico, sino exterior al ámbito que nos ocupa, no daremos aquí ejemplos de situaciones que pudieran considerarse injustas; baste decir que la operación del mercado por sí sola no las corregirá.

La intervención del Estado: política fiscal y regulación

El análisis de los instrumentos y las formas de intervención del Estado en la persecución de los dos objetivos anteriores constituye propiamente el campo de la teoría de la Hacienda pública, una disciplina por derecho propio.[9] Aquí sólo trataremos de dar una idea muy general de unos y otras, con el único propósito de dejar entrever la complejidad que rodea a las decisiones en este campo.

De los dos instrumentos clásicos de intervención del Estado en la vida económica, la política fiscal y la regulación, podemos decir, simplificando un poco, que la regulación es el instrumento preferido para la corrección de los fallos del mercado, en especial de los que pueden ser atribuidos a asimetrías de información, mientras que la política de ingresos y gastos públicos es el instrumento más usado para la persecución del objetivo de equidad. Señalaremos dos excepciones significativas: por una parte, la empresa pública o la agencia suponen gastos e ingresos para el Estado, pero su creación obedece al deseo de corregir fallos de mercado; por otra, el componente cuantitativamente más importante del gasto público en una economía avanzada, el denominado Estado del bienestar, persigue en parte objetivos de equidad, y en parte también objetivos de eficiencia. Sin necesidad de una exposición sistemática, daremos algunos ejemplos de intervención para la corrección de fallos del mercado, y nos detendremos algo más en el Estado del bienestar, porque se trata de un campo más familiar para el lector, y porque en él se centra buena parte de la controversia sobre el papel del Estado en una economía de mercado.

Bienes públicos. La norma es la provisión pública, aunque con algunas excepciones. En general, la política exterior y la administración de justicia suelen considerarse irrenunciables; la defensa puede ser —y ha sido— encomendada a profesionales mercenarios, el mantenimiento del orden a milicias o funcionarios locales.[10] La ejecución de infraestructuras se ha llevado a cabo, durante mucho tiempo, con financiación pública y provisión privada: obras ejecutadas por empresas privadas financiadas con cargo al presupuesto.

Efectos externos. En este caso, la forma de intervención más corriente es la regulación, que va desde la prohibición total de una actividad a la imposición de límites, tanto si se trata de los vertidos de una industria como de los ruidos de una discoteca. Como el problema de los efectos externos consiste, como hemos visto, en que el que ocasiona costes a terceros con su actividad acaba produciendo más de lo que produciría si tuviera en cuenta éstos, se ha propuesto a veces la creación de un impuesto sobre la producción que indujera al causante a una producción menor: éste es un caso en que la política fiscal puede ser empleada para la corrección de un fallo de mercado. Por otra parte, ya que el origen del problema puede verse también en el hecho de ignorar el causante la existencia de los damnificados, se ha sugerido la posibilidad de llegar a una solución mediante una negociación entre unos y otros; y Ronald Coase ha demostrado, en un famoso teorema, que, en determinadas condiciones, así se alcanza una solución eficiente, sin necesidad de la intervención pública.[11]

Asimetrías de la información. Aquí los ejemplos son muy numerosos: la necesidad de titulación para el ejercicio de determinadas profesiones tiene por objetivo informar al cliente de que quien puede prestarle el servicio tiene los conocimientos necesarios para ello; la prohibición de publicidad para otras tiene por objeto evitar que profesionales sin escrúpulos puedan aprovecharse de la ignorancia de sus clientes; la limitación del número de profesionales pretende garantizar a éstos unos ingresos adecuados, y atraer a su ejercicio a personas cualificadas y competentes; la exigencia de certificación de nuevos medicamentos pretende proteger al consumidor frente a productos ineficaces o potencialmente perjudiciales; ya hemos visto el papel de la regulación de las actividades de las entidades bancarias; la exigencia de autorización de los contratos de seguro pretende proteger al consumidor de sí mismo, al ahorrarle la lectura de un sinnúmero de cláusulas necesariamente complejas; por no hablar de la miríada de regulaciones de producto, bajo la rúbrica de requisitos de seguridad, cuyo objeto es también la protección del consumidor.

Mercados monopolísticos. En este terreno, la solución adoptada por EE.UU. desde principios del siglo XX es la regulación, bajo la forma de legislación antimonopolio.[12] Esta legislación establecía los procedimientos de defensa de la competencia como procedimientos judiciales, con sanciones penales. La solución adoptada en Europa, y en especial en la Europa continental, fue la empresa pública. El argumento es que, en un sector cuya estructura le lleve a ser dominado por grandes empresas por razones de eficiencia —caso de la energía en economías de tamaño mediano, como las de los países europeos—, si esas empresas están bajo control público, el Estado puede evitar que se comporten como monopolistas privados. Durante los últimos treinta años, por razones varias, algunas válidas, el concepto de empresa pública ha caído en descrédito, y se han llevado a cabo grandes esfuerzos, no siempre coronados por el éxito, por crear y mantener la competencia en los llamados monopolios naturales: energía y telecomunicaciones.[13]

Como hemos visto al tratar del crecimiento y de la globalización, garantizar un grado de competencia suficiente en los mercados de productos se percibe como una condición esencial para fomentar la innovación, y con ella el crecimiento de la productividad y, por consiguiente, el aumento del nivel de vida. En general, la defensa de la competencia ha sido considerada más importante en EE.UU. que en Europa, donde los gobernantes han estado más inclinados a proteger a los llamados campeones nacionales, que siempre tratan de dificultar la aparición de nuevos entrantes en sus sectores de actividad.

Fallos del mercado y fallos del Estado

En el panorama anterior, aunque muy esquemático, se observa que el ámbito y las formas de regulación cambian con el tiempo. Ello obedece a razones diversas: algunas son ideológicas, porque no hacen sino perseguir la limitación, por principio, de las actividades del Estado, que parece ser una tendencia generalizada en las últimas décadas, y que puede constituir una reacción al deseo de ver fallos del mercado en todas partes y, por consiguiente, necesidad de intervención del Estado en todos los ámbitos; otras, sin embargo, son fruto de la experiencia, porque se advierte que algunas formas de regulación, por bien intencionadas que sean, no cumplen su propósito.[14] La experiencia ha puesto de manifiesto a veces que el fallo de mercado que se trataba de corregir no era cuantitativamente muy importante; otras, que la intervención del Estado podía agravar las cosas: así, a los fallos del mercado se han contrapuesto los fallos del Estado.[15] Un ejemplo puede ilustrar la idea: supongamos que, para proteger al consumidor ignorante o incauto, el Estado dicta una normativa muy exigente para el ejercicio de una actividad: por ejemplo, un requerimiento de capital muy elevado para el ejercicio de una actividad financiera. Este requisito constituirá una barrera de entrada a la actividad, ya que su cumplimiento resulta en un coste más elevado para el que la ejerza. Pero supongamos que, con el tiempo, se pone de manifiesto que la Administración es incapaz de velar por el cumplimiento de la norma, bien porque no posee los recursos necesarios para una inspección eficaz, bien porque sus inspectores son corruptos. En ese caso, algunos ejercerán la actividad sin cumplir con la norma; como sus costes serán menores que los de quienes la cumplan, los infractores podrán ofrecer sus servicios a un coste más bajo, y los cumplidores irán abandonando el mercado: es el problema de la selección adversa, creado, en este caso, por la forma adoptada por la intervención del Estado.

Así, la experiencia ha llevado a plantear todo lo relativo a la corrección de los fallos del mercado de forma más rigurosa: en primer lugar, se trata de ver la importancia cuantitativa de esos fallos, es decir, la pérdida de eficiencia a que pueden dar origen; luego se trata de analizar qué clase de intervención es preferible: en particular, si hay alternativas públicas y privadas. En cada uno de esos pasos hay mucho margen para la apreciación subjetiva y la proyección de la ideología de cada cual, e incluso para las modas; en términos generales, puede decirse que, durante las últimas tres décadas, la tendencia general ha sido de no exagerar la importancia de los fallos, por una parte, y, por otra, de ir trasladando la carga de la prueba a las intervenciones del Estado. En caso de duda, la opinión suele inclinarse hoy por el uso de mecanismos privados.

Las formas de regulación han ido cambiando, por último, porque las organizaciones tradicionalmente encargadas de corregir los fallos de mercado han ido periclitando, o cambiando de orientación: es el caso de la regulación de las profesiones. Ésta estaba confiada a los colegios profesionales, organismos encargados de seleccionar y disciplinar a sus miembros para garantizar que no antepusieran su propio interés al de sus clientes. Pero en algunos casos el ejercicio libre de la profesión ha ido desapareciendo, para ser sustituido por el ejercicio al servicio del Estado o como empleado de empresas; en otros, la organización colegial ha sido aprovechada para obtener privilegios monopolísticos para el ejercicio de una actividad; en otros, por fin, los colegios se han ido transformando, de órganos de disciplina, en agrupaciones de defensa de los intereses de sus miembros. Hoy, la organización colegial puede considerarse como un vestigio de otros tiempos.[16]

El objetivo de equidad y el Estado del bienestar

El objetivo de equidad suele asociarse inmediatamente con la redistribución de la renta mediante un sistema de impuestos progresivos; sin embargo, éste no es más que un aspecto de la actividad del Estado, y no nos detendremos en él, porque es el más conocido y porque los problemas que plantea pertenecen de lleno al ámbito de la Hacienda pública. El conjunto de políticas no impositivas que pretenden mejorar la equidad se agrupa bajo el título de Estado del bienestar, y a él dedicaremos el resto de esta sección. En primer lugar, describiremos lo que se entiende por Estado del bienestar con un ejemplo; a continuación propondremos una lista de objetivos posibles para un Estado del bienestar, para que el lector vea hasta qué punto sólo hay acuerdo general en algunos, mientras que la mayoría son objeto de controversias en las que la economía no puede ser de gran ayuda.

El cuadro corresponde a un Estado del bienestar de tamaño medio, como el de España, y su estructura no difiere mucho de la de otros países europeos: puede, pues, ser empleado para fijar las ideas sobre los rasgos más característicos de la intervención del Estado.

En primer lugar, se observa que la actividad redistributiva, el gasto social o las prestaciones del Estado del bienestar son el componente principal del gasto público, el 60 % del total: esta característica explica la progresiva incapacidad de la política fiscal para actuar como instrumento de la política de demanda, a que ya hemos hecho alusión en el Capítulo 6: no puede pensarse en modificar el sistema de prestaciones sociales, por ejemplo, como se modifica el tipo de interés, para seguir las fluctuaciones de la economía a corto plazo; y, si a los gastos del Estado del bienestar le añadimos las inversiones públicas y los sueldos de la Administración, vemos que queda muy poco margen a la política fiscal para la gestión de la coyuntura. Además, es útil recordar, cuando uno tiende a pensar que la principal actividad del Estado es consumir, que un Estado moderno es, ante todo, una máquina de transferir ingresos, por una parte, y de regular la actividad económica, por otra.

CUADRO 12.2. Un Estado del bienestar: España 2011

FUENTE: Eurostat, 2015.

En segundo lugar, para entender la lógica de las actividades del Estado del bienestar hay que distinguir en ellas tres componentes: uno redistributivo, motivado por consideraciones de equidad; uno asistencial, nacido de la existencia de derechos básicos de todo ciudadano; y otro derivado de razones de eficiencia; estos tres componentes se mezclan en proporciones diversas en cada una de las actividades. Así, las prestaciones no contributivas tienen sobre todo naturaleza asistencial: se reconoce el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un nivel mínimo de ingresos, tanto a las familias de bajos ingresos con hijos, como a los que no pueden trabajar o no han podido hacerlo lo bastante para tener derecho a prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, el grueso de las prestaciones se divide, a partes casi iguales, entre las prestaciones contributivas y las prestaciones en especie.[17] Entre las primeras, las pensiones de jubilación son objeto de controversia; entre las segundas lo son, sobre todo, la sanidad y, en menor medida, la educación; unas y otras ilustran los términos en que se desarrollan las discusiones en torno al Estado de bienestar.

Empecemos por las pensiones de jubilación. En la mayor parte de economías avanzadas, la base del sistema de pensiones lo constituye el sistema de reparto, por el que la generación que forma la población activa paga, con sus cotizaciones sociales, las pensiones de la generación que ya ha alcanzado la edad de jubilación; durante las tres últimas décadas este sistema ha sido contrastado con otro, el de capitalización, en el que cada trabajador va constituyendo un fondo con sus cotizaciones, cuyos rendimientos pagarán su pensión cuando se jubile. Uno y otro sistema tienen riesgos, aunque son distintos; y, después de discusiones nunca finalizadas, algunos países se han decidido por adoptar un sistema mixto, con una base de reparto y un complemento de capitalización. Los debates han puesto de relieve dos aspectos interesantes; el primero es que los sistemas de reparto tienen un componente redistributivo tácito: si consideramos el pago de las cotizaciones sociales como una inversión, cuya rentabilidad es la pensión recibida, resulta que el rendimiento del sistema de reparto para las rentas bajas es muy superior al correspondiente a las rentas altas, y dado el peso relativo de los perceptores de ingresos altos y bajos en los órganos de gobierno del sistema de pensiones, éste suele presentar un sesgo a favor de las rentas más bajas. Por el contrario, en los sistemas de capitalización no hay redistribución posible, y por eso muchos —en general, los perceptores de rentas altas— los prefieren, hasta el punto de que durante las dos últimas décadas los sistemas de capitalización se han presentado a menudo como alternativas superiores a los de reparto. El segundo aspecto tiene que ver con la eficiencia: cuando se trata de determinar quién debería encargarse de administrar el componente de capitalización, es decir, de gestionar las aportaciones de los trabajadores para sacarles el máximo rendimiento, muchos ponen de relieve que la pretendida superioridad de los gestores privados puede verse más que compensada por unos gastos de promoción y administración mucho más elevados que los que ocasionaría la gestión pública: ésta puede, pues, resultar más eficiente, un resultado que choca con nuestra percepción habitual.

La sanidad es probablemente el campo en que tanto el grado como las formas de intervención del Estado se hallan más sujetos a controversia. En cuanto al grado de intervención, las posturas varían desde quienes consideran que el Estado debería garantizar una asistencia sanitaria básica, y dejar el resto a la elección del consumidor, hasta quienes consideran que todo ciudadano debería tener acceso gratuito a cualquier procedimiento médico. En cuanto a las formas más adecuadas, basta observar que, en la mayor parte de países europeos, la intervención del Estado, que obedece fundamentalmente a razones de equidad, se efectúa casi siempre mediante la provisión directa de servicios sanitarios.

En teoría, parecería más eficiente confiar la provisión de los servicios al sector privado, y proveer a los consumidores de financiación en dinero mediante transferencias de renta, que siempre proporcionan un mayor margen de elección al consumidor. Y, sin embargo, el que no se haga así obedece a razones de eficiencia: las transferencias en dinero son más eficientes si se cumplen dos condiciones, que el consumidor sepa elegir correctamente, y que quiera elegir correctamente. El primer supuesto no suele cumplirse en la práctica, porque el consumidor no suele saber a qué clase de tratamiento acudir; por lo que respecta al segundo, la experiencia indica que, en algunos casos, los consumidores pueden no ser conscientes de la necesidad de algunos cuidados médicos —éste es el caso de muchos cuidados preventivos—, y pueden preferir gastar el dinero en cosas que les parecen más urgentes. El Estado protege al consumidor contra sí mismo, y por eso la sanidad adopta la forma de prestaciones en especie.[18]

Si nos preguntamos por qué se confía la provisión mayoritaria de servicios sanitarios al sector público y no al privado, cuando suele admitirse la superior eficiencia de este último, la experiencia sugiere parte de la respuesta: en el caso de EE.UU., donde las sucesivas reformas sanitarias han tendido a otorgar un papel creciente a las organizaciones privadas, nada parece indicar que el grado de eficiencia haya ido en aumento. Un trabajo reciente muestra, por ejemplo, que la introducción de organizaciones privadas de gestión de la sanidad (las health management organizations o HMO) ha derivado en un aumento del personal administrativo del 18 al 27 por 100 del total, mientras que el personal médico ha descendido del 11 al 7,5 por 100; el ratio de personal administrativo por paciente ha pasado de 0,3 a 1,1.[19]

Con estos dos ejemplos bastará para apreciar la complejidad de las discusiones en torno a los componentes del Estado del bienestar; habrán cumplido su objetivo si el lector desconfía de las grandes generalizaciones en lo que se refiere a la elección de medios: cada caso merece ser analizado por separado. Esta necesidad es aún más aparente cuando se trata de la determinación de los fines.

Objetivos de las instituciones sociales

Cuando se trata de determinar qué objetivos debería perseguir el Estado del bienestar, como ejemplo de institución social, la economía desempeña un papel subalterno: se limita, en general, a señalar los costes de un objetivo en términos de otro. Es el proceso político el que determina qué peso hay que dar a cada objetivo. Para comprobar cómo la elección no resulta sencilla, el Cuadro 12.3 ofrece una lista de los objetivos generales de una institución social.

En la lista del cuadro, los objetivos están ordenados por el grado de aceptación de que gozaría cada uno en una sociedad occidental; así, todos estarían de acuerdo en los objetivos de eficiencia, siempre que su consecución no entrara en conflicto con otros: así, por ejemplo, podría considerarse que la imposición de condiciones muy estrictas para la percepción del subsidio de desempleo para mantener los incentivos a buscar empleo, objetivo 3, podría entrar en conflicto con la libertad de elección; o que considerar la pobreza como una lacra puede ayudar al objetivo 3, pero va en contra del 10. Pero ese consenso iría desapareciendo a medida que nos acercáramos al final de la lista: hay, por ejemplo, mucho mayor consenso en la necesidad de luchar contra la pobreza que en la de reducir la desigualdad; el objetivo de equidad horizontal entra en conflicto con las prácticas de discriminación positiva; los objetivos de dignidad y de solidaridad social se hubieran considerado absurdos hace cien años, como generadores de incentivos perversos (la legislación inglesa sobre la pobreza se basaba en parte en acentuar el estigma social de la pobreza para animar a todos a no instalarse en ella); algunos, por último, pueden considerar que al confiar al Estado la reducción de la pobreza y de la desigualdad se priva al ciudadano de la ocasión de ejercitar virtudes personales. Así, el cuadro ofrece más materia para la reflexión que soluciones. Ya hemos dicho que, en este terreno, la economía no tiene nada esencial que decir. Pero en la práctica cada sociedad toma decisiones sobre el grado y la forma de intervención del Estado. Ésta es una facultad que compite al ciudadano, y que el ciudadano tiene, además, obligación de ejercer, para no tener que lamentar que otros lo hagan por él.

CUADRO 12.3. Diez objetivos de las instituciones sociales

I. Eficiencia:

1.   Macroeconómica: no asignar una fracción del PIB superior a la necesaria a cada actividad.

2.   Microeconómica: distribuir los recursos asignados según el concepto de eficiencia del texto.

3.   Incentivos: evitar la generación de efectos adversos sobre la oferta de trabajo y sobre el ahorro.

II. Mantenimiento del nivel de vida:

4.   Lucha contra la pobreza: ¿Eliminar o aliviar? ¿Hasta qué nivel? ¿Por cuánto tiempo?

5.   Aseguramiento, para que nadie experimente una caída sustancial e inesperada de sus ingresos (enfermedad o desempleo).

6.   Moderación de las fluctuaciones de renta (enfermedad o desempleo).

III. Reducción de la desigualdad:

7.   Equidad vertical: favorecer a los menos afortunados.

8.   Equidad horizontal: eliminar diferencias irrelevantes (raza, sexo, religión) en la asignación de prestaciones.

IV. Integración social (sin definir):

9.   Dignidad: eliminar el estigma asociado a la recepción de prestaciones (Meade); considerar la seguridad, no como caridad, sino como derecho (Beveridge).

10.  Solidaridad social: que quienes perciben prestaciones participen plenamente en la vida social.

FUENTE: Barr.

La descripción del Estado del bienestar que acabamos de dar se esfuerza por ser imparcial, pero hay que admitir que se inspira en una visión de la sociedad algo más próxima a la socialdemocracia que al liberalismo clásico. Esta visión no goza, ni mucho menos, de un consenso unánime, y sus adversarios son dignos de consideración: sería un error tacharlos sin más de cavernícolas. Aunque uno tiende a identificar el modelo alemán con los excesos del Estado del bienestar, y aunque la prensa anglosajona no pierde ocasión de burlarse del llamado capitalismo renano nacido de la posguerra, lo cierto es que el modelo de asistencia universal cuyos excesos deploramos tiene su origen en Inglaterra, con el informe de lord Beveridge, y que sus más severos críticos fueron los liberales alemanes cuyas doctrinas están en la base del llamado milagro alemán.[20] Es preciso recordar también que, según el contexto, uno pone el acento en unos aspectos o en otros: Röpke escribía a mediados de los sesenta, cuando la economía mixta —en la que el Estado llevaba el control de mando de la economía— reinaba en todos los países de la Europa occidental; hoy quizá haya razones para temer una disminución excesiva de la esfera pública y de los bienes de dominio común a favor de la propiedad privada, y de ahí que una posición socialdemócrata nos parezca moderada.

La distribución personal de la renta y la desigualdad

En el apartado anterior hemos hecho referencia al objetivo de equidad como algo a perseguir dentro de cada país. Sin embargo, las consideraciones relativas a la distribución mundial de la renta y a la desigualdad global van cobrando una importancia creciente: la Revolución Industrial marca el principio de un proceso de divergencia entre los niveles de renta de los diversos países que da como resultado un aumento del grado de desigualdad entre sus ciudadanos, y tiene importancia saber si esa divergencia es algo permanente o si, por el contrario, puede uno esperar que las diferencias entre los países más ricos y los más pobres acaben por desaparecer, como está ocurriendo ya entre las llamadas economías avanzadas: sólo si esto es así puede tener alguna justificación recomendar paciencia a las economías más pobres. De no poderse dar por garantizada la convergencia, hay que pensar que nuestro mundo va a ser cada vez más inestable. En segundo lugar, durante las últimas décadas se ha querido imponer un conjunto de políticas a las economías emergentes —el llamado consenso de Washington— con la promesa de que su aplicación daría como resultado un acercamiento de sus niveles de renta a los de los países más desarrollados, y vale la pena ver si esto ha sido así.

Si al tratar de las cuestiones de equidad dentro de un país se ve que los prejuicios pesan a veces más que los hechos, esto es aún más cierto cuando se trata de la desigualdad a escala mundial, porque los prejuicios no son menos fuertes, y los hechos, en cambio, no son tan conocidos; y no todos resisten a la tentación de sacar conclusiones favorables a sus tesis sobre la base de observaciones muy fragmentarias. Aquí nos limitaremos a describir tres formas de medir la desigualdad, y a exponer lo que se sabe según cada una de estas medidas; de esa forma el lector, frente a un trabajo sobre el asunto, sabrá a qué medida se refiere el autor.[21]

Desigualdad entre países e intra país: medidas de desigualdad

Supongamos que se trata de medir la desigualdad entre la renta del ciudadano a del país 1, cuya renta media o renta per cápita es A, y el b del país 2, cuya renta media es B. Cualquier medida de desigualdad en la distribución de la renta se basa en la distancia que separa la renta de a de la de b. Como se desprende de la Figura 12.1, esta distancia puede descomponerse en tres partes: la distancia aA, que separa la renta del ciudadano a de la renta media de su país, A; la distancia AB, que separa la renta media del país 1 de la renta media B del país 2, y la distancia Bb, que mide lo que separa la renta de b de la media del país 2. A la desigualdad medida por AB, la diferencia entre las rentas medias de los dos países, la llamaremos desigualdad entre países; a las medidas basadas en las distancias aA y bB, desigualdades intra país.[22]

FIGURA 12.1. Desigualdad entre países e intra país.

Una y otra clase de desigualdad tienen interés por sí solas, porque contestan a preguntas distintas: el grado de desigualdad intra país es el que nos es más familiar, porque es el que tenemos asociado al objetivo de equidad; la desigualdad entre países, es decir, la diferencia de sus niveles de renta per cápita, es una medida del éxito relativo de cada país en el logro de cierto nivel de prosperidad material, y es el indicador que más se emplea para debatir sobre la convergencia o divergencia entre las economías.

Esta descomposición nos permite introducir las tres formas más corrientes de medir la desigualdad: la primera atiende sólo a la desigualdad entre países, es decir, considera cada uno como si todos sus ciudadanos tuvieran la renta media, como si todos estuvieran en el punto A o en el B. Este procedimiento tiene la gran ventaja de ser muy sencillo: basta con tener datos sobre el PIB y la población de los países para estimar su renta per cápita. Pero tiene dos principales inconvenientes: en primer lugar, no dice nada, naturalmente, sobre la desigualdad intra país; pero, además, otorga el mismo peso a países pequeños, como Borneo, que a países grandes, como China: si Madagascar, con diecisiete millones de habitantes, converge hacia la renta media mundial, el efecto sobre esta medida de la desigualdad será el mismo que si converge China, con mil trescientos millones, cuando todos estarían de acuerdo en conceder más importancia al segundo caso que al primero; por ello se introduce una segunda medida, en la que la renta media de cada país se pondera por la población de cada país. La construcción de esta medida no requiere más información que la de la primera.

Por último, nos interesa la distribución entre ciudadanos, es decir, la medida por la distancia ab; ésta es la única que puede contestar con exactitud a las preguntas sobre desigualdad a escala mundial; por desgracia, para su construcción se necesita disponer de encuestas a nivel nacional, llevadas a cabo con criterios homogéneos, y éstas son recientes en muchos países, de modo que los estudios se basan, en su mayoría, en aproximaciones sobre la base de las dos primeras medidas, y sus resultados deben ser tratados con cierta precaución.[23]

La Figura 12.2 resume de forma gráfica las diferencias entre las tres medidas:

FUENTE: Milanovic.

FIGURA 12.2. Tres clases de medidas de desigualdad.

Desigualdad entre países: convergencia y divergencia

La pregunta de si en los últimos cien años han aumentado o disminuido las distancias entre los niveles de renta de los países no tiene una única respuesta: la divergencia es un fenómeno más propio del siglo XIX, en que un pequeño número de países se distancia del resto; en el siglo XX se observan más casos de convergencia: así, Europa converge con América, Europa del Sur con el resto, luego Japón y Corea del Sur; pero también hay casos de divergencia, como ocurre con algunos países africanos, y de estancamiento, como es el caso de algunos países latinoamericanos. Para obtener respuestas más detalladas, Milanovic toma tres puntos de comparación, 1960, 1978 y 2000, y, para cada fecha, divide a los países de su muestra en cuatro clases: los ricos, los aspirantes, el tercer y el cuarto mundo, y observa cuál ha sido el movimiento entre los cuatro grupos de una fecha a otra.[24] Éstos son los principales resultados de la comparación: en primer lugar, el número de países no occidentales entre los ricos ha disminuido, de 19 a 9, y lo mismo ha ocurrido con el número de aspirantes no occidentales: ser rico y ser occidental han pasado a ser casi sinónimos. En segundo lugar, entre 1960 y 2000 han disminuido las esperanzas de los aspirantes: en 1960, 41 países no occidentales o eran ricos o estaban a punto de integrarse en el grupo de los ricos; en 2000, sólo 17. Por otra parte, mientras que el grupo de los ricos es cada vez más occidental, «ser africano se ha convertido prácticamente en sinónimo de ser pobre: los países africanos aspirantes en 1960 están hoy en el Tercer Mundo, y todos los que estaban en el Tercer Mundo están hoy en el cuarto». El número de ricos y aspirantes ha disminuido, mientras que el de los miembros del tercer y del cuarto mundo ha aumentado. Por último, casi todos los éxitos corresponden a países asiáticos: Taiwan, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Malasia; sólo dos países africanos, Botswana y Egipto, han logrado pasar del cuarto mundo al tercero.[25]

Estos resultados son, como se ve, más detallados que los que suelen ofrecer los debates convergencia/divergencia. No pueden ser considerados como definitivos; pero hay que admitir que no resultan muy reconfortantes para quien crea que una reducción de las desigualdades es un factor de estabilidad en el mundo, y que sería algo deseable desde el punto de vista de la justicia.

La desigualdad entre ciudadanos

La desigualdad entre ciudadanos, medida a partir de datos de encuestas nacionales, presenta el problema de la escasez de datos. El trabajo de Milanovic compara el período 1988-1993 y el 1993-1998; el principal resultado es que se observa un aumento de la desigualdad en el primer subperíodo, y una disminución en el segundo. Lo más interesante del análisis, sin embargo, está en la explicación de esas diferencias, que ponen de relieve que los cambios en la distribución global de la renta están dominados por la dinámica de tres países: China e India, como países relativamente pobres, pero muy poblados; y EE.UU., como mayor de los países muy ricos.[26] Así, el aumento de la desigualdad en el primer subperíodo se explica sobre todo porque, por una parte, el crecimiento de la renta rural en China e India es muy lento, y porque aumenta la disparidad entre la China urbana y la rural; en el segundo subperíodo, por el contrario, la renta rural en China e India se acerca a la media, aunque también aumenta la disparidad entre la China urbana y la rural; pero, como la renta urbana en China se aproxima a la de EE.UU., el resultado es que la desigualdad global disminuye.

La consideración de una distribución mundial de la renta no puede ser la misma que la de una distribución nacional: ésta corresponde a una comunidad política, con un grado de homogeneidad mucho mayor, y con mecanismos de redistribución establecidos. Sin embargo, una distribución nacional podría ser tomada como modelo hacia el que podría tender la distribución mundial. Desde esta perspectiva, es decir, si comparamos la distribución mundial con la de un país cualquiera, las dos diferencias más importantes son: un grado de desigualdad mucho mayor, y la inexistencia de una clase media. En cuanto al grado de desigualdad, una medida convencional (el coeficiente de Gini) da un valor un 60 por 100 superior en la distribución mundial que en la de EE.UU.: esta diferencia confirma la intuición, teniendo en cuenta que en la distribución global se comparan los individuos más pobres de los países más pobres con los más ricos de entre los ricos, es decir, toda la distancia ab de nuestra Figura 11.1. La inexistencia de una «clase media» mundial es igualmente notable: algo más del 40 por 100 de la población vive con una renta menor de 1.000 dólares per cápita; el 75 por 100 está por debajo de la media mundial de 3.526 dólares; la «clase media» incluye sólo al 17,5 por 100 de la población, mientras que, en los países de la OCDE, la cifra correspondiente está entre el 35 y el 40 por 100.[27]

Por último, si volvemos a la descomposición de la desigualdad total en desigualdad entre países e intra país, la comparación de la situación al principio de la Revolución Industrial con la de hoy da un resultado sorprendente: hace dos siglos, la desigualdad intra país explicaba el 80 por 100 de la desigualdad global: el 80 por 100 de la distancia ab estaba constituido por la suma de los segmentos aA y bB; hoy, el 80 por 100 de la distancia total se explica por la desigualdad entre países, AB. En otras palabras, si, hace doscientos años, uno quería saber si su interlocutor era rico o pobre, le preguntaba cuál era su oficio; hoy, es preferible preguntarle de qué país procede. Hace dos siglos, las diferencias de renta se daban sobre todo dentro de cada país; hoy, se dan sobre todo entre países.[28]

CUADRO 12.4. Evolución de la desigualdad, 1820-2000

FUENTE: Milanovic.

El Cuadro 12.4 resume los rasgos más característicos de la evolución global de la desigualdad, tomando como divisoria el año 1950.

Los datos anteriores no son más que una pequeña muestra de lo que puede ofrecer un análisis de la distribución mundial de la renta, presentada con el propósito de convencer al lector de que la evolución de la desigualdad no se presta a grandes generalizaciones. En particular, parece del todo prematuro querer establecer correspondencias estrechas entre medidas de política económica y resultados en términos de convergencia; y, si los escasos datos de que disponemos no bastan para condenar, como algunos hacen, el resultado de dos siglos de crecimiento, sí permiten pensar que la promesa de un mundo, no sólo más próspero, sino también más justo, no lleva trazas de cumplirse. Por decirlo con una expresión familiar: no acaba de llegar aquella tortilla por la que tantos huevos ha habido que romper.

Distribución personal y distribución funcional

Al hablar de la distribución de la renta era costumbre distinguir entre la distribución personal, la que hemos visto hasta aquí y que trata del reparto de la renta nacional entre los individuos, y la distribución funcional, que es la que considera el reparto entre los diversos factores de producción: salarios del trabajo, renta de la tierra, e interés, o beneficio, del capital. Cuando se define la economía como el estudio de la producción y la distribución de la riqueza, uno se refiere, en realidad, a la distribución funcional, no a la personal; cuando los economistas del siglo XIX hablan de teorías de la distribución, se refieren a la distribución funcional.

Los cambios experimentados por las economías avanzadas durante el siglo XX han hecho cada vez menos interesante el estudio de la distribución funcional. Por una parte, hasta hace un siglo había una estrecha correspondencia entre los propietarios de cada factor de producción y las clases sociales: el salario iba a la clase obrera, el beneficio al capitalista, y la renta al propietario de bienes raíces.[29] Esto ha dejado de ser así: los propietarios son casi siempre personas jurídicas, los grandes ejecutivos son a la vez accionistas, pero perciben un salario, los trabajadores tienen a menudo fuentes de ingresos diversas. Por otra parte, la división de los factores de producción en tres grandes grupos se ajusta poco a la realidad de las economías avanzadas: una explotación agrícola no es menos capitalista que una fábrica, una persona con una titulación superior puede considerar que acumula cierto capital humano, de modo que su trabajo no es la misma cosa que el de un obrero sin cualificación, y así sucesivamente. En consecuencia, las teorías clásicas de la distribución de la renta son cada vez menos aplicables, y uno prefiere ir directamente al estudio de la distribución personal; tanto más cuanto que los datos sobre la distribución funcional (véase el Cuadro 2.3) muestran una gran estabilidad a lo largo del tiempo.

Sin embargo, algo ha venido a perturbar esa estabilidad durante los últimos veinte años: la participación de los salarios en la renta nacional ha ido descendiendo: entre 1998 y 2006 en el G-7, la parte de los salarios en la renta nacional ha pasado del 63 al 59 por 100.

El origen de este cambio está en el proceso de convergencia debido a la globalización, del que ya hablamos en el capítulo anterior: como resultado de la entrada en el comercio mundial de la economía china, y, en mucha menor medida, de India, el factor trabajo, relativamente escaso en las economías avanzadas, ha pasado a ser más abundante, y por eso los salarios en Occidente no han subido, o han subido menos que el resto, sobre todo los más bajos, que corresponden al trabajo de menor cualificación, el que está más sujeto a la competencia de esas economías. La distribución funcional viene a completar lo que indica la distribución personal: en las economías avanzadas, los frutos del crecimiento se están repartiendo de forma más desigual, y la redistribución a través de los impuestos no alcanza a invertir la tendencia.

Las leyes del mercado

Al término de su lectura, no es probable que el lector se haya quedado con la impresión de que una economía es una máquina perfecta, cuyas leyes son tan inmutables como indiscutibles. A lo largo de toda la exposición hemos tratado de poner de relieve las carencias de datos, las insuficiencias de nuestros modelos y, sobre todo, esa radical incertidumbre que proviene del hecho de que nuestros sujetos, los hombres, anticipan necesariamente el futuro, y que cada cual lo hace a su manera. Esas carencias son, en su mayoría por lo menos, remediables; pero, en su estado actual, la ciencia económica no puede suministrar al economista práctico o al político un instrumental de la misma calidad que el que la física y la química proporcionan al ingeniero.

Y, sin embargo, uno oye con frecuencia expresiones como «las leyes del mercado» o «la lógica del mercado» para explicar, e incluso para justificar, acontecimientos cotidianos: es la lógica del mercado la responsable de que los salarios reales lleven algunos años sin subir en algunos países europeos; tras de la desaparición de sectores enteros de actividad en algunas economías occidentales están las leyes del mercado; ellas dictan que las manufacturas que vienen de Oriente hayan sido producidas en condiciones de extrema precariedad. A menudo se trata, como en los ejemplos anteriores, de acontecimientos que no nos gustan, o incluso que nos repugnan, y es por eso que se invoca a las leyes del mercado para darles la apariencia de lo inevitable y hacer así más fácil su aceptación. Es, pues, obligado tratar de dar alguna pista al lector sobre la naturaleza de esas leyes.

Podemos empezar por preguntarnos si las «leyes del mercado» a las que hay que obedecer son, como las de la naturaleza, regularidades observadas y contrastadas para las que hay alguna explicación en términos de algo más general, de la misma manera que el movimiento de los planetas se explica, como la caída de una manzana, por un principio general que llamamos ley de la gravitación universal; o si, por el contrario, se trata de normas que hay que acatar por algún imperativo moral, como la ley natural expresada, por ejemplo, en los diez mandamientos. La respuesta a esta pregunta es inequívoca: las leyes del mercado son, o quieren ser, leyes del primer tipo. Desde que la economía se desgajó de la filosofía moral, allá por los tiempos de Adam Smith, se ha propuesto, cada vez más, ser objetiva, es decir, neutral con respecto a los valores éticos.[30]

Las leyes del mercado no tienen, pues, la forma «Si no las cumple usted irá al infierno», sino «Si sale usted a la calle sin paraguas cuando llueve, se mojará»: el cumplimiento de las leyes del mercado tiene consecuencias más agradables que su incumplimiento, y por eso es preferible. Si nos preguntamos ahora qué diferencia hay entre seguir o no la lógica del mercado, qué propiedad tiene el mercado que haya que valga la pena seguir sus leyes, la respuesta ya nos es conocida: es la eficiencia. Bajo ciertas condiciones, el mercado asigna los recursos de tal forma que, si quisiéramos obtener algo más de uno de sus bienes o servicios, tendríamos que aceptar tener algo menos de algún otro: la asignación eficiente no deja desperdicio. Una exhortación a seguir la lógica del mercado, a que desaparezcan los obstáculos que se oponen a su libre operación, equivale, pues, a otorgar primacía a la eficiencia sobre otros objetivos de la sociedad.

La siguiente pregunta es: ¿merece la eficiencia esa primacía? ¿No habremos sacrificado demasiado en pos de situaciones eficientes? Antes de tratar de responder a ella no hay que olvidar lo que las economías occidentales —y, en menor medida, las del resto del mundo— deben a esa búsqueda de la eficiencia: un nivel de prosperidad material sin precedentes. Nada más, pero nada menos.

Beneficios exagerados y costes ocultos

En el Capítulo 2 ya hicimos alusión a algunas de las limitaciones del uso del PIB como medida de bienestar de una sociedad. Destacamos, en particular, que en el PIB, que es una medida de renta, incluimos el consumo de recursos no renovables, es decir, contamos como parte de nuestra renta lo que es, en realidad, capital, exagerando así los beneficios de nuestras asignaciones eficientes. A estas limitaciones hay que añadir otras, que, como costes ocultos, vendrían a reducir el valor de nuestro PIB, si fueran debidamente tenidas en cuenta. No pretendemos valorarlas, porque, en nuestra opinión, no es fácil darles un valor monetario, que es lo que el economista sabe hacer; pero, por lo menos, llamaremos la atención del lector sobre su existencia.[31]

El primero de esos costes tiene que ver con la destrucción del tejido comunitario: si el proceso de globalización ha sido, en parte, un proceso de emancipación, porque ha hecho a cada cual menos dependiente de su entorno inmediato, ello ha supuesto también la destrucción de muchas comunidades, precisamente porque la comunidad se basaba en parte en la interdependencia, y esa interdependencia parece existir cada vez menos: si no necesitamos al granjero de al lado para proveernos de alimentos, porque muchos de ellos vienen del otro extremo del mundo, necesitamos cada vez menos a nuestro vecino para darnos conversación, o para ayudarnos en una tarea doméstica; la tendencia a esta erosión de la comunidad la señalan anécdotas como el hecho de que, en los últimos treinta años, el tamaño de la vivienda unifamiliar en EE.UU. se haya duplicado, mientras que el número de personas que la habitan ha pasado a ser la mitad, y que, en los últimos diseños, las viviendas se proyecten sin un espacio común, la antigua family room.[32] A ello hay que añadir la destrucción del tejido urbano, basado en gran parte en el comercio, que ha supuesto la búsqueda de la eficiencia bajo la forma de grandes superficies, o la desaparición de industrias locales a manos de otras, más eficientes.

Un segundo coste oculto es el tiempo: es bien sabido que el hombre occidental dedica hoy más tiempo que nunca a lo que pasa por ser la satisfacción de sus necesidades materiales: en el caso de EE.UU., donde la productividad ha aumentado en un 80 por 100 desde 1960, el trabajador medio trabaja casi doscientas horas más por año que entonces: el equivalente de más de cuatro semanas de cuarenta horas, mientras que los salarios no han seguido la misma progresión. Una vez más, se trata de la lógica del mercado: sujeto a la competencia de una mano de obra más barata, el trabajador no tiene mucha elección.

La seguridad ha sido otra víctima de la búsqueda de la eficiencia. Si, hace casi cien años, el historiador inglés Hilaire Belloc predijo, con razón, que el ciudadano occidental renunciaría a parte de su libertad a cambio de mayor seguridad, la globalización ha terminado por ser una fuente de incertidumbre. Si bien es cierto que podemos sentirnos más seguros frente a la posibilidad de una mala cosecha en nuestro entorno por poder acudir a suministrarnos en otra parte, también es cierto que el trabajador se siente menos seguro que antes en su puesto, porque está sujeto a una competencia que desconoce y que puede llegar de cualquier lugar, y frente a la que la lógica del mercado le deja indefenso; parece como si, después de haber cedido parte de su libertad, la otra parte del pacto quisiera escabullirse de él, una vez más en nombre de la eficiencia.

Citemos, por último, la calidad del trabajo, y remontémonos, para ello, al origen intelectual de las economías modernas, a Adam Smith. Éste vio correctamente que la fuente del crecimiento estaba en la división del trabajo; pero no dejó de advertir de las consecuencias que tal división del trabajo comportarían al trabajador:

En el progreso de la división del trabajo, la ocupación de la gran mayoría de los que viven de su trabajo, es decir, de la masa de la población, pasa a limitarse a unas pocas operaciones muy sencillas; a menudo a una o dos. Pero el entendimiento de la mayor parte de la gente se forma necesariamente en sus ocupaciones ordinarias. El hombre cuya vida pasa en la ejecución de unas pocas operaciones sencillas, cuyos efectos son quizá también siempre los mismos, o casi los mismos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento … Pierde así naturalmente el hábito de ejercitarlo, y termina por ser, en general, tan estúpido e ignorante como le es posible ser a una criatura humana.[33]

Sería erróneo pretender que la Revolución Industrial ha sido la causa de un empeoramiento general de la calidad del trabajo; pero sí es posible afirmar que lo ha sido para muchos —basta leer los testimonios de quienes se interesaron por la suerte de la clase obrera durante el siglo XIX— y que aún hoy lo es: una vez más, las promesas de la industrialización sólo se han cumplido en parte.

Como hemos dicho al principio de este apartado, no se trata de valorar estas consecuencias, porque escapan a una medición en términos económicos, sino sólo de ponerlas de manifiesto. Si queremos volver a preguntarnos si la búsqueda de la eficiencia vale tantas renuncias, quizá hallemos la respuesta en la expresión más crasa de la posición utilitarista:

La preocupación por la eficiencia y el progreso es —y siempre ha sido— secular por cuanto condena todas aquellas restricciones religiosas que se oponen al logro de una mayor productividad por hora-hombre. Esta preocupación es anti-romántica (unromantic) por cuanto no sacrificará parte de la renta nacional para mantener a un campesinado feliz, o a una clase ociosa entregada a la cultura. Es materialista por cuanto considera que la felicidad es un objetivo más urgente —cuando no más digno— que la salvación. Y, sobre todo, es optimista por cuanto supone que la suma de la felicidad humana aumenta con el aumento de la riqueza.[34]

El lector puede decidir por sí mismo cuánto está dispuesto a sacrificar en aras de una sociedad como la que describe Dewey, dedicada a la búsqueda de la eficiencia.

Los impulsos económicos

Que podamos haber llevado la búsqueda de la eficiencia demasiado lejos, hasta el punto de sacrificarle bienes más valiosos, o que estemos esperando de ella cosas que no nos va a dar, como una mayor igualdad o una prosperidad generalizada, no son ideas nuevas; pero hay que seguir insistiendo en ellas. La eficiencia es un objetivo legítimo, pero acabamos de ver que, si nos empeñamos en considerarla como bien supremo, construiremos una sociedad muy poco atractiva. A menudo se oye decir que la búsqueda de la eficiencia va primero, y la de la equidad después; que la mejor manera de dar a cada uno un trozo mayor del pastel es procurar que ese pastel sea lo mayor posible. La experiencia nos muestra, por desgracia, que esto no siempre es cierto: un aumento sin precedentes del pastel global no ha dado como resultado una distribución más equitativa de la renta, e incluso algunos son hoy más pobres que hace un siglo; no puede sostenerse la idea que la prosperidad irá goteando hacia abajo, de modo que los países pobres pueden esperar su turno: muchos países convergen con los más ricos, pero muchos quedan fuera, y las recetas que se les ha dado para converger no han tenido grandes resultados. El argumento puede ser válido para un país como China, donde la clase acomodada es aún tan exigua, que las posibilidades de redistribución de la renta son todavía muy pequeñas, mientras que son muy grandes las posibilidades de aumentar el tamaño del pastel movilizando la gran cantidad de mano de obra empleada en el campo; pero no puede sostenerse para los países ricos donde, como hemos visto, la desigualdad no disminuye a medida que la renta media crece, y donde una pequeña fracción de la población posee una parte cada vez mayor de la riqueza.

Pese a todas esas limitaciones, la búsqueda de la eficiencia está detrás de las grandes transformaciones del mundo económico, y, en particular, detrás del proceso que llamamos globalización. ¿Qué le da esa fuerza? En el apartado dedicado a los fallos del mercado vimos que un mercado competitivo garantiza que, bajo ciertas condiciones, un conjunto de individuos preocupados tan sólo por su interés material darán como resultado una asignación eficiente de los recursos. Dicho de otra forma: la fuerza que hace que el mercado asigne los recursos de modo eficiente es el interés egoísta de los individuos. Para asegurarse la eficiencia, una economía de mercado no necesita acudir a los impulsos más nobles del alma humana: ni al patriotismo, ni a la preservación de la especie, ni a nada parecido; le basta con suponer que cada cual mirará lo mejor para sí, y, en particular, que cada cual desea poseer más: lo que mueve el mercado es la búsqueda del interés material. Lo que los economistas economizan, decía uno de ellos, es amor. Descansar en un impulso tan básico es lo que da a la economía de mercado su solidez; esto, y un mínimo de democracia, es lo que ha impedido que en Occidente se haya dado un Gran Salto Adelante, como en China, o una Nueva Política Económica, como en la antigua Unión Soviética.

Toda sociedad sana concede un lugar al interés individual, pero en ninguna se le deja el campo libre; se procura siempre uncirlo al carro del interés social. A veces advirtiendo de los males de la codicia, que es una enfermedad del alma; así, en el siglo XV, Enrique de Langenstein escribe: «Quien tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades, y sin embargo trabaja sin cesar para adquirir riquezas, está movido por un orgullo, una sensualidad o una avaricia condenables».[35] Ni siquiera Adam Smith, a quien se considera el gran apóstol del interés individual, parece haber concedido primacía al comportamiento egoísta en sus escritos, salvo en ejemplos muy concretos. Al hablar de la prudencia, por ejemplo —concepto relacionado con el interés individual, pero no idéntico a éste—, la describe como «aquella de las virtudes que es de mayor ayuda al individuo», mientras que «la humanidad, la justicia, la generosidad y el espíritu cívico son las cualidades de mayor utilidad para los demás».[36] La frase da por descontado que, en cualquier sociedad real, la utilidad propia ha de combinarse de algún modo con la de los demás.

Siempre se ha tratado de poner límites al ejercicio del interés egoísta, y por eso la eficiencia ha estado casi siempre subordinada a otros fines considerados superiores. En nuestros días, si damos tanta importancia a la eficiencia es por el deseo de legitimar el interés individual sobre cualquier otro; y no es exagerado afirmar que nunca ese deseo ha estado tan cerca de alcanzar su objetivo. Por eso mismo, renunciar a la primacía de la eficiencia equivale a renunciar a la primacía del interés individual, y ésa no es tarea fácil. Hemos visto que los beneficios de la búsqueda de la eficiencia —los frutos de la lógica del mercado—, extraordinariamente cuantiosos, se han repartido de modo muy desigual, al haberse concentrado en unos pocos: no es de esperar que éstos acepten de buen grado un cambio de rumbo que deje de inclinar la balanza a su favor. Durante un tiempo hemos podido confiar en el Estado para corregir los resultados del mercado, pero hay que pensar que el Estado moderno, demasiado hipotecado a los grandes intereses, ha llegado al límite de lo que puede hacer: ni los gobiernos socialdemócratas se atreven a contemplar grandes cambios en la distribución de la renta.

La renuncia, no a la eficiencia, sino a la primacía de la eficiencia —es decir, no al interés individual, sino a la primacía de ese interés individual— no puede proceder desde arriba, sino desde abajo, desde las numerosas iniciativas locales que quieren configurar comunidades alternativas.[37] No se trata aquí de describir esas alternativas, cuya lectura, no obstante, nos permitimos recomendar, sino sólo de observar que todas ellas implican alguna renuncia al objetivo de eficiencia, que va asociada, muchas veces, a la búsqueda de una economía más local: el mantenimiento del tejido comunitario se considera un objetivo más importante que la eficiencia en nuestras sociedades occidentales, donde el nivel de prosperidad excede con mucho de lo imprescindible, mientras aparecen síntomas de que las relaciones humanas se deterioran.

Es posible ir más allá y afirmar que ese cambio de orientación —no se trata de promover una revolución, sino de ir reequilibrando la balanza con paciencia— no se producirá desde el exterior, sino desde el interior: que el protagonista de ese cambio será cada ciudadano, y que tendrá su origen en un cambio de actitud. Para iniciarlo, nada mejor que recordar la frase de R. H. Tawney que ha sido el hilo conductor de este libro:

La ambición económica es un buen vasallo, pero un mal señor.[38]

Notas de lectura

El panorama de intervenciones del Estado puede encontrarse en cualquier manual de microeconomía o de hacienda pública. La literatura sobre el Estado como garante de las reglas del juego es muy extensa; las obras de Olson, Shleifer y Vishny, así como la de Steinfeld para el caso de China son muy recomendables también lo es, para la Unión Soviética y el fracaso de las «terapias de choque», la introducción al libro de Stiglitz, Whither Socialism?, 1994. Sobre cómo el Estado pretende, no siempre con éxito, corregir los fallos del mercado, no hace falta bibliografía: la experiencia cotidiana en cualquier economía europea es una guía suficiente. Sobre cómo la actividad privada puede sustituir al Estado en esa tarea, se recomienda el librito, ya antiguo, de Charles Schultze, The Public Use of Private Interest, 1977; la mejor exposición del Estado del bienestar moderno es la obra de Barr, ya citada; sobre la sanidad puede consultarse Fuchs (ed.), Individual and Social Responsibility, NBER, 1996. Sobre el papel del Estado, una buena muestra de la actitud minimalista en cuanto a su intervención son los ensayos de George J. Stigler recogidos en The Citizen and the State, 1975. Amartya Sen ofrece una perspectiva más moderada en On Ethics and Economics, 1988; un tratamiento analítico de la equidad se encuentra en H. Peyton Young, Equity, 1995; sobre el coste de la seguridad en términos de libertad individual, una exposición atractiva es la de H. Belloc, The Servile State, 1913 (reimpreso en 1977); la referencia clásica es la de C. Wright Mills, White Collar, 1950. El punto de vista del liberalismo europeo clásico se encuentra en la obra de W. Röpke ya citada especialmente en el Capítulo 4.

Por lo que se refiere a la distribución de la renta, el libro de Branko Milanovic, Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality, 2005, es una pequeña obra maestra. Una visión más optimista sobre la convergencia se encuentra en los trabajos de X. Sala i Martín, «The World Distribution of Income» y «The Disturbing “Rise” In World Income Inequality», 2001 y 2002, comentados por Milanovic. Una visión favorable de la economía de mercado se encuentra en la obra de Wolf ya citada; una posición utilitarista, mucho más matizada que la de Dewey, es la de Benjamin Friedman, The Moral Consequences of Growth, 2006.

NOTAS

[1] Hay otro camino para irse familiarizando con la economía: estudiarla a través de la historia de las ideas. Las doctrinas económicas son, en cierto modo, un reflejo de los acontecimientos, se nutren de las corrientes intelectuales de su tiempo y, ayer como hoy, son utilizadas para la defensa de intereses particulares. Seguirles la pista es, pues, una aventura muy fructífera. No lo haremos aquí, pero animamos al lector interesado a la lectura de una pequeña obra maestra: The Worldly Philosophers, de R. Heilbroner, 1953.

[1] Las unidades de medida empleadas en el Cuadro 1.1 se llaman «dólares de paridad del poder adquisitivo» en la jerga técnica, y corresponden a lo explicado en el texto.

[2] Naturalmente, una división en períodos ligeramente distinta mostraría la supremacía británica entre 1820 y 1850, la japonesa entre 1955 y 1975, y un crecimiento promedio superior para Asia, entre 1973 y 2013, debido a la presencia de China.

[3] Buen ejemplo reciente es el trabajo de Easterly citado al final del capítulo.

[4] W. Rybczyinski, One Good Turn, 2001, para la historia de las herramientas; para las innovaciones procedentes de China, J. Gernet, El mundo chino, 2007.

[1] Las unidades que aquí llamamos «familias» se llaman households en inglés; nuestro Instituto Nacional de Estadística las llama «hogares».

[2] Se llaman bienes finales porque están destinados al consumo final, para distinguirlos de los bienes intermedios: una barra de pan es un bien final, un saco de harina un bien intermedio. Para el cálculo del Producto Interior Bruto se incluyen sólo los bienes finales (barras de pan y automóviles, no sacos de harina y planchas de acero) para no contar la misma cosa varias veces.

[3] Un viejo chiste ayudará al lector a fijar las ideas: un pobre acude al médico —en los días en que los médicos tenían consulta gratuita y no había asistencia sanitaria pública— con una dolencia. Tras haberle escuchado, el doctor le da unas pastillas: «Tómese una —le dice— después de las comidas». «Doctor —le pregunta el pobre— ¿y quién me dará las comidas?». A menudo se habla de los beneficios de algo para el consumidor sin tener en cuenta que para ser consumidor hay que haber sido antes productor.

[4] Aquí suponemos que el sistema financiero está constituido por entidades bancarias. En la práctica, una familia puede colocar sus ahorros en una póliza de seguros, y una empresa puede financiarse emitiendo obligaciones en el mercado. Esta complicación, y otras muchas que se dan en la práctica, no cambian las cosas: las obligaciones serán adquiridas por una compañía de seguros, y el resultado final será el mismo: el ahorro privado estará financiando la inversión.

[5] A veces, la rúbrica de inversión suma la privada y la pública, y a veces la pública se considera gasto. El gasto público no incluye los pagos de la Seguridad Social, que se consideran transferencias; pero no hay unanimidad en estos detalles.

[6] Hay innumerables detalles, algunos importantes, que hemos pasado por alto. Por ejemplo, el lector puede preguntarse dónde han ido a parar los impuestos indirectos (el IVA en nuestro caso) que suponen la mitad de la recaudación fiscal. La respuesta es que los impuestos indirectos se añaden a la cifra que resulta de sumar el valor de la producción a la salida de las empresas —el llamado valor añadido bruto— para obtener la cifra del PIB.

[7] Por emplear una analogía contable, diríamos que nuestro flujo circular tiene las dimensiones de una cuenta de resultados, mientras que la riqueza quedaría recogida en el balance de la economía, un documento por cierto inexistente.

[8] Esta es una manera de enunciar la llamada ley de Say: la oferta crea su propia demanda.

[9] ¿Cómo se valoran los servicios? La contabilidad nacional es más precisa con la producción material, que, como vemos, es una parte decreciente del PIB; los servicios suelen valorarse por los salarios del personal empleado. Así, si sube el salario de los jueces, el PIB registra el aumento correspondiente; lo mismo sucede si sube el salario de los agentes encargados de poner multas de tráfico, aunque el consumidor puede tener dificultades en asignar ese aumento del PIB a una mayor producción de algo útil. La partida de SIFMI corresponde a los servicios de intermediación financiera indirectamente medidos, y tiene interés para el especialista. La inclusión de los impuestos indirectos corresponde a lo dicho en la nota anterior.

[10] Aunque lo emplee un político, el argumento no está exento de dificultades: si una gran parte de la inversión se destina a la construcción residencial, que se clasifica bajo la rúbrica de inversión, no se ve bien cómo esa inversión aumenta nuestra capacidad de producción y, por consiguiente, ayuda a devolver el préstamo.

[11] Los datos así corregidos suelen denominarse «en términos constantes» o «a precios constantes» en las estadísticas; también es corriente que se mencione el año que ha servido de base para los cálculos. Los que no están corregidos, donde las cantidades de cada año se multiplican por los precios de cada año, se denominan «en términos nominales» o «a precios corrientes».

[12] Véase McKibben, Deep Economy, 2007. Las estimaciones originales son de Partha Dasgupta. En la práctica, no es fácil decidir hasta qué punto un recurso no es renovable: el petróleo no lo es, como no lo es la madera, pero ¿y la energía? Si puede confiarse en que una fuente irá siendo sustituída por otra, como ha ocurrido durante los últimos dos siglos, no es fácil saber qué tasa de depreciación aplicar a los recursos hoy conocidos.

[1] Hay otra semejanza entre el crecimiento potencial y la tolerancia al alcohol: así como cuando aparecen síntomas inequívocos de embriaguez suele ser demasiado tarde para dar marcha atrás, así también, cuando ya es evidente para todos que la economía está creciendo demasiado, ya es tarde para evitar un aumento de la inflación. Como veremos, la política económica tarda en surtir su efecto, y por eso debe uno tratar de anticiparse a los acontecimientos.

[2] La literatura sobre números índices es extensísima, y en ella se plantean algunas de las cuestiones más interesantes de la teoría económica. Como la experiencia sugiere que no interesan a nadie más que a los economistas, en lo que sigue nos limitamos a lo indispensable.

[3] Hemos reproducido el cuadro del Instituto Flores de Lemus porque éste es, que sepamos, el único que hace públicas sus predicciones de inflación, que son utilizadas por organismos españoles y europeos.

[4] En sus comparecencias periódicas, el Gobierno suele hacer hincapié en la más baja de las dos; la oposición, en la más alta. Por otra parte, a veces se excluye, como en el Cuadro, el precio de productos como el tabaco, compuesto principalmente por impuestos.

[5] Véase R. J. Shiller, «Why Do People Dislike Inflation?», en C. y D. Romer (eds.), Reducing Inflation: Motivation and Strategy, 1996.

[6] En particular, la existencia de cláusulas de revisión de las pensiones evita el perjuicio que la inflación solía infligir a los que vivían de una renta fija durante su jubilación (la llamada eutanasia del rentista). También explica por qué los gobiernos suelen resistirse a formular previsiones de inflación realistas: una inflación más alta supone mayores pagos de pensiones por parte de la Seguridad Social.

[7] Ésta es la definición de hiperinflación de Cagan; otra, menos extrema, habla de hiperinflación cuando la tasa mensual es superior al 25 por 100, lo que equivale a una tasa anual superior al 214 por 100: lo que cuesta un euro a 1 de enero, cuesta 2,14 euros a 31 de diciembre. Un euro habrá perdido algo más de la mitad de su valor (un 53 por 100) en un año.

[8] Se cuenta que algunas empresas llegaron a pagar a sus trabajadores cada hora: las mujeres esperaban la paga en la verja de la fábrica y corrían a comprar; en los meses finales de la hiperinflación, se decía que uno iba a comprar llevando el dinero en una cesta, metiéndose la compra en el bolsillo, y no al revés. Éstas pueden ser exageraciones, pero hay documentos que efectivamente prueban pagos bisemanales. Véase Eichengreen, The Golden Fetters, citado al final del capítulo.

[9] En las economías precapitalistas, la causa más frecuente de la inflación era la necesidad de financiación de los conflictos bélicos. Otra causa era el descubrimiento de grandes yacimientos de metales preciosos, como en el caso de la España del Siglo de Oro; hoy, parecen ser más frecuentes los procesos que tienen su origen en conflictos de distribución; el ejemplo del texto es de este estilo.

[10] Vale la pena mencionar aquí que las economías europeas respondieron de forma distinta a una situación parecida: aplicaron una política monetaria restrictiva, pero no tanto como la de Volcker. La caída del crecimiento fue menos brusca que en EE.UU. —no hubo recesiones— pero duró mucho más tiempo, casi diez años.

[11] Un excelente ejemplo de estos estudios es el libro de Bruno, ya citado.

[12] Ésta es una definición clásica de dinero: una orden de pago contra el producto social.

[1] El procedimiento es el mismo en todos los países, pero las definiciones —en especial la de la población activa— no son idénticas, por lo que hay que llevar cuidado al hacer comparaciones de cifras entre países.

[2] En realidad, lo más probable es que una persona que no trabaja pertenezca a la población inactiva, sobre todo si es mujer: del cuadro se deduce que hay quince millones de inactivos en España (línea (2) menos línea (4) del cuadro) y menos de dos millones de parados; así que de los diecisiete millones de personas en edad de trabajar que no trabajan, sólo el 14 por 100 son parados.

[3] A la vez, lleva a ignorar todos los aspectos cualitativos del trabajo. Si bien las consecuencias de la división del trabajo sobre el desarrollo del individuo fueron tratadas por Adam Smith en Riqueza de las naciones, Libro V, Cap. 1, Parte III, Art. II, el concepto de calidad del trabajo parece haber desaparecido de la literatura económica para refugiarse en la sociología y, naturalmente, en el mundo real.

[4] Lo mismo suele expresarse, en términos más elegantes pero quizá menos inteligibles, diciendo que los cambios en la oferta de trabajo afectan a la demanda de trabajo y viceversa, lo que no ocurre con otros productos.

[5] En Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936.

[6] La tasa natural se llama NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment en inglés) y está asociada al nombre de Edmund Phelps, premio Nobel de Economía en 2006.

[7] Hay otra razón: los datos de empleo suelen ser mensuales, aunque las encuestas suelen tener periodicidad trimestral. Por el contrario, los datos de crecimiento, o del PIB, provienen de las cuentas nacionales, que se hacen una vez al año; la contabilidad trimestral está hecha de estimaciones que son objeto de frecuentes revisiones. Así, la información sobre el empleo es más ágil.

[8] Un ejemplo extremo lo da el caso español de la penúltima recesión (1993): un estudio del Banco de España estimaba la tasa natural de paro ¡en el 19 por 100! Ello significaba que, por debajo del 19 por 100 de paro, empezaría a aumentar la inflación. Unos años más tarde, en 2006, la inflación era del 2,4 por 100 y el paro del 8,5 por 100.

[9] El crecimiento promedio de la economía europea fue del 4,6 anual entre 1945 y 1973, y del 2 por 100 entre 1973 y 1992. Véase N. Crafts y G. Toniolo, Economic Growth In Europe Since 1945, 1996.

[10] El desarrollo de este apartado sigue el trabajo de Blanchard citado al final del capítulo.

[11] La excepción fue Japón, donde los trabajadores aceptaron reducciones del salario real a cambio de estabilidad en el empleo. Por lo que se refiere al clima social, el lector puede pensar en la situación española en 1976.

[12] La otra es la mayor generosidad de las prestaciones del Estado del bienestar.

[13] Una visión de conjunto muy accesible puede encontrarse en el trabajo de Nickell citado al final.

[14] Algunos proponen que el empresario corra con parte de ese coste social; la dificultad está en que, si ese pago se concibe como un recargo sobre el coste del despido, puede producir los efectos negativos sobre el empleo descritos más arriba.

[15] Un buen diagnóstico de la situación, hecho en 1993, es el informe del CEPR, El paro en España: ¿Tiene solución?, dirigido por O. Blanchard y Juan F. Jimeno.

[1] Henry Hazlitt, Economics in One Lesson (1946).

[2] El tipo de interés puede afectar al consumo por tres vías de desigual importancia: la primera es el coste de la deuda de las familias (pensemos en las hipotecas a tipo variable); la segunda, por el tipo de interés del crédito al consumo; la tercera, porque si un aumento del tipo de interés es causa de una baja del precio de las viviendas, o de una baja de los índices de bolsa, la riqueza de las familias se ve afectada negativamente, y con ello su consumo. En lo que sigue prescindiremos de estos efectos, menos conocidos y, posiblemente, menos importantes que el efecto del tipo de interés sobre la inversión.

[3] Las definiciones precisas de M1, M2 y M3 se encuentran en las publicaciones periódicas de la Reserva Federal, para el dólar, y del Banco Central Europeo, para el euro. Estas definiciones son convencionales: así, por ejemplo, aunque las tarjetas de crédito se aceptan a menudo como medio de pago, no se las considera dinero, mientras que las de débito, que están respaldadas por una cuenta corriente, sí lo son.

[4] Hoy, ningún Banco Central ha de redimir sus billetes; pero, hasta no hace muchos años, la Reserva Federal de EE.UU. entregaba una bolsita de plata a cambio de un billete de cincuenta dólares.

[5] Los bancos centrales no suelen prestar dinero a particulares ni a empresas no financieras. Las cuentas corrientes que algunos particulares se enorgullecen de mantener en su Banco Central son reliquias del pasado.

[6] Se llama banca comercial para distinguirla de la llamada banca de inversión, que no mantiene cuentas de particulares ni acepta depósitos.

[7] Este apartado ha sido incluido después de años de comprobar que no son muchos los que, fuera del sector bancario, se han dado cuenta de la relación existente entre los depósitos y la creación de dinero. En general, uno sabe que el banco acepta los ahorros que uno deposita en él y le abre una cuenta corriente a cambio. Eso es, naturalmente, cierto, pero en ese proceso no se crea dinero: se transforma efectivo en un depósito, y la cantidad total de dinero es la misma antes que después.

[8] La proporción equivalente en EE.UU. es del 10 por 100.

[9] En el capítulo siguiente veremos qué puede hacer el Banco Central cuando el efectivo en el sistema varía como consecuencia de los movimientos de la balanza de pagos: son las llamadas operaciones de esterilización.

[10] Monetary base en inglés; también se la llama high-powered money.

[11] Es por esto que, después de una crisis en la que el Banco Central ha inyectado liquidez en el sistema, suele tratar de eliminarla mediante las operaciones de mercado abierto que veremos a continuación.

[12] Un caso reciente es el ocurrido durante la semana del 9 al 16 de agosto de 2007, cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inyectaron el equivalente de casi un billón de dólares en sus sistemas; véase el final del capítulo dedicado a las crisis y las burbujas especulativas.

[13] Las operaciones de regulación de la liquidez más frecuentes se realizan entre el Banco Central y los bancos comerciales: el Banco Central subasta un volumen determinado de activos líquidos, en forma de préstamo, al mejor postor; los bancos acuden a la subasta y depositan títulos de deuda como garantía y se comprometen a recomprar esos títulos en un plazo no superior a dos semanas. Los bancos, pues, reciben una cantidad de activos líquidos por un plazo muy corto. El Banco Central suele tener otro instrumento para facilitar liquidez: permite a los bancos obtener activos líquidos mediante el descuento de papel a un tipo llamado «de descuento». Este tipo se emplea rara vez, pero la Reserva Federal lo empleó el 17 de agosto de 2007 para facilitar liquidez a la banca.

[14] Algunos bancos centrales, como el BCE, utilizan el tipo de interés, pero sin perder de vista el ritmo de aumento de la cantidad de dinero. Para los puristas, ello constituye una pérdida de tiempo.

[15] Véase Blinder, Central Banking: Theory and Practice, 1998. El 10 de agosto de 2007 Jim Cramer, gestor de fondos y figura de la televisión, acusó al presidente de la Reserva Federal de «ser un académico», porque éste había declarado que la lucha contra la inflación seguía siendo una prioridad, y acusó a la Reserva Federal de «no saber nada» y de «estar durmiendo» porque no parecía dispuesta a facilitar liquidez indiscriminadamente a todo el sector financiero; véase Martin Wolf, «A welcome return to fear», Financial Times, 14 de agosto de 2007. El día 17, la Reserva Federal redujo su tipo de descuento; véase nota 13 de este mismo capítulo.

[16] Ya hemos hecho referencia al hecho de que el control de las autoridades sobre las magnitudes monetarias no es absoluto, sino sólo parcial.

[17] Es cierto que los institutos de estadística publican la contabilidad nacional trimestral, que consiste en gran parte en extrapolaciones de los valores anuales; pero, pese al enorme esfuerzo que supone su elaboración, las cifras se ven sujetas a muchas revisiones.

[18] Véase A. Maravall y D. Pierce, «The Transmission of Data Noise into Policy Noise in US Monetary Policy», Econometrica, 1986.

[1] Éste es el mecanismo llamado del multiplicador. En general, si la gente consume una proporción c de su renta, el aumento de la demanda agregada que resulta de un aumento del gasto público en una unidad es 1/(1-c). Si c es 0,8, como en nuestro ejemplo, el multiplicador es 1/(1-0,8) = 5. La relación entre la proporción consumida de la renta y el multiplicador la da la suma de los términos de una serie geométrica de razón c.

[2] La proposición según la cual un aumento del gasto hoy se considera equivalente a un aumento de los impuestos mañana o, dicho de otra forma, que el tamaño de los déficits fiscales no afecta a la demanda agregada, es la llamada equivalencia ricardiana. La idea fue propuesta —y rechazada— por David Ricardo; su versión moderna se origina en un trabajo de Robert J. Barro de 1974.

[3] El primer recorte de impuestos de la posguerra, el famoso recorte de 1964 que aún hoy figura en los manuales de macroeconomía como ejemplo de la acción del multiplicador, fue propuesto durante la presidencia de Kennedy y llevado a cabo durante la presidencia de Johnson.

[4] Puede incluso sostenerse que éste es el único papel que deberían desempeñar los impuestos en la regulación de la demanda: que la política fiscal discrecional, en el mejor de los casos, no sirve para estabilizar la demanda. Este punto de vista se encuentra, por ejemplo, en el artículo de John B. Taylor, «Reassessing Discretionary Fiscal Policy», Journal of Economic Perspectives, 1998.

[5] Este cierto consenso no era, ni mucho menos, unánime. Los políticos y economistas liberales se mostraron siempre escépticos, cuando no abiertamente contrarios, a la manipulación de la demanda por parte de las autoridades. Esta oposición a la ortodoxia keynesiana entonces dominante no estaba constituida sólo por excéntricos, ni se limitaba a los integrantes de la llamada «escuela de Chicago» como Friedman; incluía a liberales europeos como Hayek o a los miembros del grupo Ordo en Alemania, como Wilhelm Röpke o Alfred Müller-Armack.

[6] Un análisis competente, aunque nada misericordioso, de los efectos de las políticas de Reagan se encuentra en el trabajo de Paul Krugman Peddling Prosperity, 1994.

[7] Es concebible que una economía no crezca, sencillamente, porque la sociedad no quiera crecer o, más exactamente, porque otorgue primacía a otros objetivos sobre el aumento de la prosperidad material. Ésta parece haber sido la regla en el pasado, incluso en Occidente, pero es casi seguro que hoy constituye la excepción.

[8] Todos los estudios recientes insisten en la importancia de un clima de competencia para mantener el crecimiento de la economía europea: véanse los trabajos dirigidos por J. Gual y por A. Sapir citados al final del capítulo. La recomendación es especialmente pertinente en el caso español, donde la defensa de la competencia no ha sido tomada en serio hasta el final de la década de los ochenta, con el mandato de M. Á. Fernández Ordóñez como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

[9] En el programa anterior se advierte una laguna de gran importancia: la ausencia de cualquier referencia a medidas encaminadas a lograr una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Esta ausencia llama la atención porque, con razón o sin ella, suele figurar en un lugar preeminente en todo programa de reformas estructurales (el alemán del último gobierno del canciller Schröder, por ejemplo): la razón es que una mayor disponibilidad de factor trabajo, en coste y en flexibilidad, tiene una incidencia directa sobre el crecimiento potencial de la economía. En el caso español, esa ausencia se debe, sin duda, al celo imperante entre ministerios.

[10] J. Delpla y Ch. Wyplosz, en el trabajo citado al final.

[*] Citado en J. Viner, Studies in the Theory of International Trade, 1937.

[1] T. Friedman, The World Is Flat, 2006.

[2] Un activo es un bien que no tiene utilidad por sí mismo, pero que es una fuente de servicios: una manzana se come, pero un coche proporciona servicios de transporte; una casa, servicios de alojamiento; una acción u obligación, una renta. La distinción, como todas, es en parte convencional.

[3] Hasta no hace mucho, la cuenta financiera se llamaba cuenta de ca-pital (capital account). Hoy, la cuenta de capital recoge partidas de poca importancia, y no merecerá más atención aquí, porque las razones del cambio pertenecen al ámbito de la técnica contable, si bien la mayor parte de los manuales usa todavía la nomenclatura antigua.

[4] Uno puede comprar una empresa o un terreno, comprando las acciones de la entidad propietaria. La inversión se considera directa si la intención del comprador es gestionar el activo físico comprado, lo que ocurre, por ejemplo, si compra la mayoría de las acciones; si sólo compra una pequeña parte, su inversión es financiera o de cartera.

[5] Las promesas de pago que hemos tenido que dar a nuestros acreedores extranjeros por valor de 110 forman parte precisamente de esas inversiones de cartera del exterior, porque nuestras obligaciones son, naturalmente, activos para el resto del mundo: les dan derechos frente a nosotros. Cuando no había libertad de movimientos de capital, la cuenta financiera se limitaba a recoger esas compras, y, por consiguiente, era el reflejo del saldo de la cuenta corriente: un déficit de cuenta corriente de 110 venía compensado por un superávit de cuenta financiera de aproximadamente 110; la diferencia radicaba en la variación de las reservas.

[6] Ello puede ser debido a un exceso de exportaciones sobre importaciones (cuenta corriente), a un exceso de las inversiones extranjeras sobre nuestras inversiones en el exterior (cuenta financiera) o a una combinación de ambos.

[7] Está afectada por incertidumbres de dos órdenes. En primer lugar, las autoridades monetarias pueden contrarrestar el efecto del aumento o disminución de las reservas para evitar que varíe la cantidad de dinero: es la esterilización de la que trataremos más adelante. En segundo lugar, ya hemos visto que la relación entre cantidad de dinero y precios es muy inestable.

[8] Este mecanismo es el que describe el encabezamiento del capítulo.

[9] Suele hacerse mucho hincapié en la resistencia de los salarios a bajar. No hay que olvidar, sin embargo, que muchos precios son muy rígidos. Como ejemplo, el lector puede observar la evolución de los precios de artículos objeto de fuerte competencia exterior, en particular por parte de los fabricantes chinos: textiles y confección. Verá que, aunque los costes de producción se han reducido enormemente, los precios para el consumidor final han seguido una evolución parecida a la del resto de manufacturas.

[10] La llamada esterilización consiste en compensar en el balance del Banco Central el aumento de activo ocasionado por el aumento de las reservas con la disminución de otra partida del activo, de modo que el pasivo —la base monetaria— pueda quedar constante. En la práctica, eso se hace invitando a los bancos a que adquieran títulos de deuda pública, que figuran en el activo del Banco Central: con ello se reduce, naturalmente, la cantidad de dinero en circulación: es una venta de mercado abierto.

[11] La nomenclatura está tomada de Martin Wolf.

[12] Como veremos al hablar del tipo de cambio, la compra de activos en dólares por parte del Banco Central chino aumenta la demanda de dólares en el mercado de divisas y sostiene la cotización del dólar frente a la divisa: China y Japón prefieren que sus monedas no se aprecien frente al dólar.

[13] Entre el «Resto» figura también Rusia, con un superávit de casi 100.000 millones de dólares en 2006.

[1] Si bien la prensa periódica suele recoger datos sobre los tipos de cambio, las revistas especializadas publican más a menudo gráficos de índices de los tipos de cambio. Los índices de tipos de cambio se calculan partiendo del precio de la moneda nacional en términos de una o varias monedas extranjeras (por ejemplo, de las de los socios comerciales del país de que se trate), y se comportan, por consiguiente, al revés que los tipos de cambio: un aumento del índice corresponde a una apreciación de la moneda nacional, y viceversa. En general, el propio gráfico indica si se trata de tipos de cambio o de índices.

[2] En la práctica dominan los regímenes mixtos, en los que las autoridades se fijan una paridad que les parece conveniente e intervienen para mantener el tipo en torno a esa paridad. Las formas de intervención y de fijación de las paridades son muy diversas.

[3] Naturalmente, si la apreciación esperada del dólar es superior al 2 por 100 (la diferencia de los tipos de interés), entonces el activo en dólares será más atractivo que el activo en euros.

[4] Los manuales la llaman condición de la paridad no cubierta de los tipos de interés: el mercado de divisas estará en equilibrio cuando la diferencia entre los tipos de interés aquí y allá sea igual a la apreciación o depreciación esperada del tipo de cambio.

[5] La necesidad de tener en cuenta las expectativas de la gente sobre el mañana para saber qué es lo que harán hoy está presente en el análisis de casi todas las decisiones importantes, y en especial de las decisiones de inversión, e introduce en cualquiera de las llamadas ciencias sociales un grado de dificultad desconocido en las ciencias de la naturaleza.

[6] Por ejemplo, si la inflación ha aumentado dos puntos, el tipo de interés aumentará algo más de dos puntos: este aumento del tipo de interés compensa con creces el aumento de la inflación. Técnicamente, esto se expresa diciendo que, para reducir la inflación, el tipo de interés real debe aumentar.

[7] Los datos indican, por ejemplo, que en el año 2000 la compra de acciones de empresas cotizadas en EE.UU. por parte de inversores europeos alcanzó la cifra de 266 mM de euros. Véase J. Fels y K. Kimbrough, en Morgan Stanley Dean Witter Research, marzo de 2001.

[8] En el momento actual, el acusador es EE.UU., y el principal acusado, China; pero Japón ha sido objeto de quejas parecidas, también por parte de EE.UU., en años anteriores. Hay que distinguir estas quejas de las que tienen algunos países emergentes exportadores de productos agrícolas, que acusan a los países desarrollados de impedirles la entrada en los mercados mundiales mediante subsidios a sus propias exportaciones.

[*] Este capítulo se basa en un trabajo anterior, «Burbujas especulativas y crisis cambiarias», publicado por el Centre de Recerca en Economia Internacional de la Universitat Pompeu Fabra en 1999.

[1] Ésta es la posición de Kindleberger, cuyo trabajo Manias, Panics and Crises inspira el enfoque de este capítulo. El libro es, todavía hoy, la referencia más completa y legible sobre este asunto.

[2] Una descripción de la burbuja se encuentra en la obra de Kindleberger, en el artículo de Temin y Voth y en el trabajo de Hoffman y otros citados al final del capítulo.

[3] Esta visión ha sido objeto de críticas a partir de la burbuja de las puntocom, y hay opiniones fundadas a favor de una vigilancia, por parte de las autoridades monetarias, de la evolución de los precios de los activos. En efecto, los poseedores del activo que se aprecia ven crecer su riqueza, y ello les llevará a aumentar su gasto, y con él se incrementará la demanda agregada.

[4] «On a short fuse», The Economist, 14 de agosto de 2007.

[5] La obra de Daniel Gross, Pop! How Bubbles Are Great For the Economy, 2007, expone de forma muy amena esta tesis.

[6] El Fondo Monetario Internacional identifica 105 episodios de crisis cambiarias en el período 1971-1992. La mayoría de ellas fue controlada con éxito, y por eso no se las recuerda.

[7] Olvidamos aquí la balanza de rentas y la cuenta de capital, poco importantes.

[8] La explicación es rudimentaria, aunque correcta: la respuesta adecuada pasa, necesariamente, por un enfriamiento de la economía.

[9] Es decir, venderán la moneda nacional para entrega, por ejemplo, a tres meses, esperando que para esa fecha la devaluación ya se haya producido, y ellos puedan comprar la moneda a un precio inferior al acordado para la venta.

[10] Véase, por ejemplo, FMI, «Financial Crises», WEO, mayo de 1998.

[1] En España, los cambios reguladores se inician en 1962, con la Ley sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca. Para una panorámica de las crisis financieras recientes en España, véase la obra colectiva citada al final del capítulo.

[2] A veces el banco se queda parte de la emisión de bonos, de modo que el riesgo de impago no desaparece por completo. Hemos descrito el producto estructurado más sencillo, lo que en inglés se llama Asset-Backed Security, ABS. Las CDO (collateralized debt obligations) y las CDO sintéticas son más complicadas, pero su efecto sobre el balance del banco es parecido. Hay una excelente descripción en la obra de Murphy citada al final, en el capítulo 6.

[3] Tiene interés observar que durante las burbujas suelen hacer su aparición instituciones o productos cuya única finalidad es aprovechar los resquicios de la regulación: los trusts durante el pánico de 1907 y los CDS durante el actual son dos ejemplos.

[4] El objetivo de crear valor para el accionista (maximizar el retorno sobre fondos propios) no es el único legítimo para una entidad financiera. Una mejor medida de la rentabilidad de las operaciones de un banco para la economía sería el rendimiento sobre activos, que mide la capacidad de la entidad financiera para invertir los recursos de que dispone, sean propios o ajenos, en activos rentables. Esta diferencia de objetivos está en la base de la controversia sobre las necesidades de capital de la banca. La obra de Admati y Hellwig citada al final es una buena introducción a un asunto muy importante.

[5] Asimismo, las entidades compradoras de los productos estructurados de la banca se financian en mercados a muy corto plazo, mediante pasivos sin garantías, pero por la misma razón muy volátiles, es decir, que pueden secarse de la noche a la mañana. Los suministradores de fondos a esos mercados constituyen lo que se ha llamado «sistema bancario a la sombra» (shadow banking system).

[6] En el caso español, los depósitos mayoristas de entidades de la eurozona en bancos españoles equivalía al 14,5 por 100 de su financiación. Esto da una idea de las consecuencias de un parón súbito (sudden stop) de esa fuente de recursos.

[7] La expresión «exuberancia irracional» fue acuñada por Alan Greenspan en diciembre de 1996, al inicio de la burbuja de las puntocom, que continuó su ascenso durante los tres años siguientes.

[8] En aquellos casos en que las hipotecas son «sin recurso», como ocurre en EE.UU., el activo es lo único que las entidades pueden recuperar. Cuando éste pasa a valer menos que el crédito, el propietario liquida su deuda poniendo el activo a disposición de la entidad financiera.

[9] V. Gorton, Misunderstanding…, cap. VIII: «Históricamente, en tiempos de crisis los contratos de deuda nunca han sido cumplidos» (p. 99). Salvar a los bancos no quiere decir preservar el patrimonio de sus accionistas, sino recapitalizarlos para mantenerlos activos.

[10] El lector encontrará un análisis muy crítico de esa política en la obra de Johnson y Kwak citada al final. Por otra parte, a mediados de 2013 se empieza a temer los efectos de una retirada de liquidez por parte de la Reserva Federal.

[11] A partir de aquí dejamos de lado al Reino Unido, que, al no formar parte de la eurozona y tener su propia moneda, goza de una autonomía de la que carece el resto.

[12] PIIGS es un acrónimo cariñoso con el que se designa, en medios comunitarios, al conjunto de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. La adición de la segunda I (Irlanda) data precisamente de esta crisis.

[13] Dos observaciones son necesarias: la primera es que en la desaparición de la prima de riesgo debieron de intervenir factores de riesgo moral (los inversores pensaron que alguien se ocuparía de que toda la deuda soberana se pagara), y también las reglas de Basilea II, que eximían a las entidades bancarias de respaldar con capital sus compras de deuda estatal de la eurozona; ésta, como se dice, no consumía capital, un atractivo adicional.

[14] El informe del FMI sobre la misión de la troika en Grecia citado al final del capítulo da una idea de la naturaleza de la intervención, las recomendaciones de la misión y las dificultades de su puesta en práctica.

[15] Datos de Eurostat elaborados por el Ifo, 2012, capítulo 2.

[16] Ésta es la tesis de A. Haldane, en The Dog and the Frisbee, citado al final del capítulo.

[17] Ésta es la tesis de Admati y Hellwig recogida, entre otros, por Johnson y Kwak.

[18] El lector interesado puede acudir al documento del FMI citado al final del capítulo.

[19] Una interesante discusión se encuentra en Soros, citado al final del capítulo.

[1] Del discurso de despedida del presidente Eisenhower, 17 de enero de 1961.

[2] Al decir que los juguetes son más bien caros en B queremos decir que nos dan menos camiones por un juguete en B de los que nos darían en A. En realidad, suele ocurrir que los camiones en China, sin ser muy caros, son de calidad muy inferior a los de la Europa. Prescindiremos de esa complicación.

[3] En abril de 2003, el sitio «China Threat» (amenaza china) en la web tenía un millón y medio de entradas, muchas de ellas relativas a la amenaza comercial (la mayoría se refería a una possible amenaza militar).

[4] El lector encontrará los detalles del cálculo en Pastor, Videla y He, «How Much Truth Is There In the Threat Theory?», manuscrito, 2003, disponible en apastor@iese.edu. Otros estudios dan cifras del mismo orden de magnitud.

[5] El lector curioso habrá leído artículos de revista aludiendo a fuertes aumentos de salarios aquí o allí, en una u otra actividad. Se trata de fenómenos muy limitados, que son como una gota en el océano.

[6] La estrategia alternativa, llamada de sustitución de importaciones, consiste en cerrar el mercado nacional a las exportaciones, y ha sido seguida por algunos países de América Latina, de Europa del Este, y, durante una temporada, por España, con resultados inequívocamente inferiores.

[7] Para dar una idea de la disparidad creciente entre ambos sectores basta apuntar que, si entre 1978 y 2005 un índice de productividad en la agricultura ha pasado de uno a cinco, en la industria ha pasado de dos a cuarenta: las diferencias salariales han seguido un camino parecido. Véanse Kuijs y Wang, «China’s Pattern of Growth», en China and the World Economy, 2006.

[8] Véase A. R. Khan y C. Riskin, Inequality and Poverty in China in the Age of Globalization, 2001.

[9] El más conocido es el de la zona de Chonqing, a 1.500 km al interior sobre el río Yangzi, cabecera de una región de 120 millones de habitantes. Las inversiones proyectadas suman doscientos mil millones de dólares, una cifra equivalente al coste de la red federal de autopistas de EE UU., construida en los años treinta.

[10] Sin embargo, las quejas por lo que se atribuía al efecto de las importaciones de productos japoneses sobre empleo y salarios en EE.UU. se hicieron oír desde la década de los ochenta.

[11] Éste es el argumento de Sinn, «The Pathological Expert Boom and The Bazaar Economy», 2005.

[12] También es cierto que una competencia sin cuartel tampoco favorece la innovación: nadie va a arriesgar tiempo y dinero en una innovación que, de tener éxito en el mercado, cualquiera puede copiar al día siguiente; por eso tenemos un sistema de patentes que, con todos sus defectos, otorga al innovador una protección temporal que le permite resarcirse de sus esfuerzos.

[13] C. Christensen, The Innovator’s Dilemma, 1997.

[14] La expresión viene de B. Eichengreen, The European Economy Since 1945, 2001; para otro análisis del relativo estancamiento europeo, véase E. S. Phelps, «Economic Culture and Economic Performance», 2006; otra perspectiva la da el trabajo de Aghion en el estudio de Sapir y otros, ya citado.

[*] Hay traducción española de la cuarta edición alemana, con el título Más allá de la oferta y la demanda, Unión Editorial, 1979.

[1] «Pese a las repetidas protestas de los propios economistas, existe una inveterada disposición por parte del público a considerar los principios de la economía política esencialmente como reglas de conducta» (John N. Keynes, The Scope and Method, citado, ibid). Las «repetidas protestas» deben ser cosa del pasado: a los economistas, como a los demás, nos gusta ser citados, aunque sea fuera de contexto.

[2] Mancur Olson, Power and Prosperity (2000), p. 173.

[3] Sobre Rusia, A. Shleifer y R. Vishny, The Grabbing Hand (1998), pp. 11 y ss. Una excelente visión del caso ruso desde la perspectiva de la reforma en China es la obra de Steinfeld, Forging Reform in China (1998).

[4] Una sociedad basada en una economía de mercado suele tener otras propiedades: puede estimular la creatividad individual, facilitar la movilidad social o proporcionar mejores oportunidades a sus ciudadanos. Aquí nos referimos tan sólo a las propiedades del mercado como procedimiento de asignación de recursos, opuesto, por ejemplo, a la planificación centralizada.

[5] Esto supone que las comparaciones se hacen entre bienes: si carne y pescado fueran sustituidos, respectivamente, por cañones y mantequilla, y Viernes fuera pacifista, podría preferir A a C, por ser menor en A la producción de cañones.

[6] Market failure en inglés.

[7] Véase McKibben, Deep Economy, citado en el Capítulo 2.

[8] El marco está propuesto por N. Barr, The Economics of the Welfare State, 1998.

[9] Public economics en inglés; el término economía pública también se emplea en español.

[10] En China, durante la dinastía Song (907-1127), cuando el imperio ya comprendía la mayor parte de sus límites actuales, el número de funcionarios imperiales era sólo de quince mil, el mismo que el de empleados municipales en una ciudad mediana de hoy: fuera de la capital, los únicos funcionarios imperiales eran los jueces. Véase Fairbank, China: A New History, 1992.

[11] La idea del impuesto suele atribuirse a A. C. Pigou (Wealth and Welfare, 1912); en la práctica, para el cálculo del impuesto adecuado se requiere una información sobre los costes de la empresa de que el Estado no dispone, y que la empresa no tiene interés en facilitar. En el otro extremo, la solución de Coase puede llevar a discusiones literalmente interminables. Es curioso observar que, en la práctica, los estudiantes de las escuelas de negocios suelen considerar la solución intervencionista de Pigou como la más acertada, y la de Coase («The Problem of Social Cost», 1960), basada en la negociación, como completamente inaplicable.

[12] Anti-trust en inglés. La ley Sherman, primera de su especie, data de 1890.

[13] Es difícil, en la práctica, comparar empresa pública y privada en términos de eficiencia para concluir que ésta es preferible a aquélla, y por ello es difícil medir las ventajas de la privatización de las empresas públicas, pero no importa: hoy, éstas son reliquias del pasado.

[14] La reacción contra la intervención del Estado en el ámbito microeconómico de la regulación del mercado coincide en el tiempo con el ascenso de una actitud más escéptica con respecto a las posibilidades de manejo de la demanda agregada en el terreno macroeconómico, y los actores son, en buena parte, los mismos: son dos facetas de una actitud de desconfianza hacia la eficacia, o la recta intención, de las actuaciones públicas.

[15] Government failures en inglés.

[16] Un análisis lúcido puede hallarse en el artículo de R. C. O. Matthews, «The Economics of Professional Ethics. Should the Professions be More like Business?», Economic Journal, 1991.

[17] Las prestaciones contributivas son aquellas a las que tienen derecho quienes se hallen en determinadas circunstancias (jubilación, incapacidad laboral o paro) y hayan contribuido con sus cotizaciones sociales durante su vida activa. Las no contributivas, llamadas también asistenciales, corresponden a los considerados derechos básicos. Las prestaciones en especie son aquellas en las que el ciudadano recibe bienes o servicios, no dinero.

[18] Esta preocupación por proteger al ciudadano puede, naturalmente, llegar demasiado lejos y privar al ciudadano tanto de libertad como de responsabilidad. El Estado paternalista es uno de los terrenos de disputa entre liberales y socialdemócratas.

[19] Véase S. Head, The New, Ruthless Economy, 2003.

[20] Un ejemplo se encuentra en la obra ya citada de Röpke.

[21] Para una exposición completa, la referencia obligada es la obra de Milanovic citada al final.

[22] Inequality between countries y within countries, respectivamente, en inglés. Hablamos de las medidas basadas en las distancias porque sobre esas distancias cabe construir índices distintos: el índice de Gini y el de Theil son los ejemplos más corrientes.

[23] Véase Milanovic (cit. Cuadro 9.13, pp. 112-123), para una comparación de los resultados de los principales estudios.

[24] Milanovic, cit., pp. 61-81. Los «ricos» son los países con una renta per cápita comparable a la de la más pobre de las economías occidentales; los aspirantes se definen como aquellos países cuya renta per cápita es superior a las dos terceras partes del último de los países ricos; los del Tercer Mundo, como aquellos que están entre un 50 por 100 y dos tercios del último de los países ricos; el cuarto mundo, como aquellos por debajo del 50 por 100.

[25] Milanovic, cit., p. 78.

[26] Como vimos en el Capítulo 1, China e India comprenden el 36,5 por 100 de la población mundial, y EE.UU. el 22 por 100 del PIB mundial. La Unión Europea contaría como una gran economía rica, pero no entra en la lista de países.

[27] Milanovic, cit., pp. 128-130. Las cifras están en dólares de paridad de poder adquisitivo.

[28] La globalización está invirtiendo esta tendencia, y puede ocurrir que en unas décadas la renta de cada uno dependa más de su trabajo que del país en que vive.

[29] Como anécdota, vale la pena recordar que, hasta hace un siglo, la participación en ciertos deportes olímpicos estaba vedada a los perceptores de un salario, por considerarse que estar a sueldo no era cosa de caballeros.

[30] Esta pretensión, considerada por algunos como imposible, priva a la economía de toda competencia para emitir juicios morales.

[31] Toda la literatura «alternativa» está llena de ejemplos. Aquí citaremos como referencia la obra, ya mencionada, de B. McKibben, Deep Economy, en especial los capítulos 3 y 4.

[32] McKibben, cit., p. 97.

[33] Riqueza de las naciones, Libro V, Cap. I, Parte III, Art. II. Simon Head, en su trabajo ya citado The New, Ruthless Economy, da ejemplos de cómo la predicción de Smith se verifica en las economías modernas.

[34] Donald Dewey, cit., en Schumacher, This I Believe, 1998, p. 198.

[35] En R. H. Tawney, citado al final del capítulo.

[36] Theory of Moral Sentiments, p. 189; citado en Sen, On Ethics and Economics, p. 22.

[37] Casi todos los libros alternativos están basados, como es lógico, en algún experimento práctico: las obras ya citadas de Schumacher, McKibben y Cavanaugh y Mander son buenos ejemplos. Sólo la literatura revolucionaria prefiere prescindir de cualquier evidencia experimental para sustentar sus tesis: el Informe Lugano, ya citado, es un ejemplo.

[38] «Economic ambitions are good servants, but bad masters», en R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 1948 (reeditado en 2006).

Primera edición: octubre de 2013

Segunda edición: octubre de 2015

La ciencia humilde

Alfredo Pastor

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