Tras el brutal golpe de Estado de 1936, la represión franquista puso en marcha todos los mecanismos a su alcance para la construcción de un «Nuevo Estado». Entre ellos, destacó la creación de la Brigada Político-Social (BPS), o Policía política, que, en palabras del escritor Manuel Vázquez Montalbán, era la «verdadera guardia pretoriana» de la dictadura. Pablo Alcántara, en un riguroso y exhaustivo trabajo de investigación, demuestra la evidencia de esas palabras a partir del estudio y la recopilación de información inédita de los expedientes personales de sus principales agentes, de sus boletines de investigación, de la documentación de los tribunales militares y civiles, así como de diversas entrevistas. En esta obra, la primera que trata la historia de esta institución en todas sus dimensiones, se desvelan asimismo sus relaciones con la Gestapo, la CIA y el FBI, o sus técnicas de tortura contra los militantes antifranquistas. Y analiza qué fue de los agentes de la BPS tras la muerte del dictador, cuando, de la noche a la mañana, se convirtieron en policías «demócratas», sin ser juzgados por su actuación durante los años de la dictadura.

Pablo Alcántara Pérez

La Secreta de Franco

La Brigada Político-Social durante la dictadura

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Titivillus 01.03.2024

Pablo Alcántara Pérez, 2022

Editor digital: Titivillus

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Dedicatoria

A mi abuelo Diego, por su memoria, que me sirve como ejemplo.

A mis padres, Ramón e Inés.

A todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad frente a las torturas de la BPS. En especial, a Chato Galante, Aquilino de Polio, Julio Diamante, Fausto Sánchez.

Gracias por vuestro compromiso.

Cita

No podía dormirme, oía

como un fragor de manos tanteando

en los cristales, como un advenimiento

furtivo de peligro. Al fondo

de la casa, en los arcones

que nadie registró, crujían

los papeles prohibidos, delataban

su oculta furia al borde

de la noche infantil, entrechocando

con las trémulas sábanas.

¿Todavía

vendrán, irán golpeando

con el fusil los muebles, la ceniza

de las últimas letras desterradas?

¿Vendrán ahora, cuando

ya no podemos encender

más que una sola luz

entre tanta invasión de andar a tientas?

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

Fragmento de «El registro»,

del libro Pliegos de cordel (1963)

Prólogo

En una de las últimas secuencias de la película La vida de los otros (2006), Georg Dreyman, un dramaturgo cuya vida íntima había sido escrudiñada por la Stasi, la Policía política de la extinta República Democrática Alemana (RDA), accede a los ficheros conservados en los archivos de la Alemania unificada y logra conocer la identidad del agente a quien se encomendó su vigilancia: junto a su clave (HGW XX/7) aparecen su fotografía y su lugar de residencia, lo que le permite ver, aunque sea de lejos, al hombre que captó en sus auriculares los avatares de su vida cotidiana y que, por tanto, tuvo en sus manos la posibilidad de marcar su destino.

El mundo de la ficción es proclive —por definición— a las licencias, pero el caso que presenta esta película presupone un nivel de transparencia difícilmente creíble por quienes han dedicado su esfuerzo a investigar para dar a conocer a la sociedad su pasado traumático y para que esta, a su vez, rinda a las víctimas de los sistemas totalitarios y autoritarios la justa reparación que merecen. Así, por ejemplo, en Argentina, desde el año 2006, un decreto presidencial facilita el «acceso irrestricto» a los archivos de la represión militar, lo que no ha impedido que los investigadores civiles hayan tenido que pelear denodadamente para quebrar la inercia obstaculizadora de los custodios castrenses. En Sudáfrica, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, establecida por iniciativa del arzobispo Desmond Tutu para cerrar las heridas del apartheid, concedió a los victimarios la posibilidad de pedir perdón a los afectados por sus acciones, lo que en cierto modo trasladaba al azaroso ámbito de la voluntad privada la punición de los abusos que se cometieron durante tantos años. En Rusia, en uno de esos juegos de equilibrio «marca de la casa» que en su momento tanto sorprendieron en el siglo XIX al canciller alemán Metternich, a día de hoy se puede consultar el listado de cuarenta mil miembros y colaboradores del NKVD —el siniestro brazo ejecutor de Stalin—, pero no los archivos de su sucesor, el KGB.

Desde siempre, las autocracias, los despotismos y las dictaduras se han servido de una herramienta fundamental para el aseguramiento de su poder: la Policía política. Se la llamara como se la llamara —popular, social—, el objetivo siempre ha sido el mismo: identificar y aplastar cualquier forma de oposición al régimen del que sus funcionarios eran entregados servidores. Ya fuera la policía de Fouché, la Ojrana zarista, los pichis y somatenes de Martínez Anido, la OVRA de Mussolini, los chequistas de Dzerzhinski, la Gestapo nazi, la Securitate rumana o la PIDE portuguesa, en todas se observa la misma mecánica transversal: la delación como fuente de información; la infiltración como táctica; el soborno como engrase de los resortes ocultos; la tortura como hábito; el ascenso como estímulo vivificante… En definitiva, la sensación de ejercer un poder casi omnímodo por delegación autorizada. Para la Policía política no hay ni cerradura inviolable, ni comunicación confidencial, ni asistencia letrada, ni presunción de inocencia. Por no haber, ni siquiera había habeas corpus: el detenido entraba durante un tiempo indeterminado en un territorio en el que la única regla que servía era la del tanteo de la resistencia física a la brutalidad hasta un paso más acá de lo irremediable. Y si, además, al sustantivo «policía» se le añadía el adjetivo «secreta» —con un claro matiz de reserva, de encubrimiento, de opacidad—, nos encontramos ante el correlato perfecto de una policía política.

Este libro es el resultado de un riguroso y sistemático estudio sobre la Brigada Político-Social (la BPS, el guantelete de la dictadura franquista), sobre su funcionamiento y sobre algunos de sus servidores más destacados. Había muy pocos precedentes y, obviamente, no ha sido una tarea sencilla: el autor ha tenido que tragar mucho polvo de archivo, soportar no pocas negativas de acceso y dar por supuesta una destrucción interesada de fuentes primarias —los «hornos de la Transición» no debían de dar abasto, tal y como en su momento denunciaron publicaciones como Cambio 16—, para recomponer, en la medida de lo posible, las escenas del mosaico con las teselas dispersas de las que se dispone.

Tras acabar con los restos del naufragio republicano —gente de la que se tenían fichas, biografías y fotos que permitieron su caza—, el aparato policial franquista hubo de evolucionar, ayuda extranjera mediante, para combatir nuevos fenómenos: los jóvenes hijos de la burguesía en pie de rebeldía, los trabajadores amparados por los enlaces sindicales, que actuaban desde dentro contra el verticalismo oficial; algunos dirigentes de viejos y nuevos partidos de quienes, por edad, no había ni una reseña ni una imagen de archivo. Las modulaciones en las líneas de actuación de la Policía política de Franco fueron fundamentalmente tácticas, que no en los métodos (flagrantes infracciones de los más elementales derechos humanos) ni en la estrategia: preservar al régimen incluso más allá del último aliento de su fundador.

La dictadura franquista no fue derrotada, sino que se plegó gracias a las normas que ella misma estableció. Es necesario señalar que, desde el momento de la planificación de la sublevación, la violencia fue una de sus señas de identidad, y la represión, una constante (y muy eficaz). A esto hay que añadir que la división de las fuerzas opositoras contribuyó enormemente a su debilidad.

Pablo Alcántara se ha enfrentado a una historia difícil, llena de engaños, de secretos, de violaciones, de torturas… y se describen minuciosamente los perfiles de agentes, inspectores y comisarios responsables de esos actos para que sus nombres no queden anonimizados en la particular contribución española a la historia universal de la infamia. Porque estamos convencidos de que, sin conocer esa historia, nunca podremos superar nuestro traumático pasado.

Los orígenes de la Brigada Político-Social se remontan a la División de Investigación Social, creada en 1926 bajo otra dictadura, la del general Miguel Primo de Rivera. Dedicada a evitar —como fuera— huelgas y manifestaciones, la Social se nutrió en principio de agentes curtidos en las calles, con olfato e intuición, así como de funcionarios de carrera por oposición. Muchos de ellos, como Saturnino Yagüe, Pedro Polo Borreguero o Eduardo Quintela Bóveda, transitaron por los cambiantes regímenes del primer tercio del siglo XX —la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República— y sortearon con mayor o menor sobresalto los avatares de la Guerra Civil; algunos, como Santiago Martín Báguenas, cayeron en la contienda, mientras que los supervivientes que apostaron por el lado ganador se insertaron en la recreada «división orgánica», cuya misión era estrangular a la hidra (marxismo, anarquismo y masonería) —quirúrgicamente diseccionada por el eficaz Eduardo Comín Colomer o descrita con tintes tragicómicos por el inefable grafómano Mauricio Carlavilla—, que amenazaba la existencia de la «España eterna». Para realizar esta tarea se incorporaron nuevos reclutas: antiguos quintacolumnistas, como Roberto Conesa o Juan Antonio Creix; ardorosos «voluntarios del 36», como Claudio Ramos; falangistas en trance de recolocación, como Melitón Manzanas, y, con el paso del tiempo, jóvenes carentes tanto de historial guerrero como de escrúpulos, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Bucear en sus expedientes personales supone una labor ardua y paciente, dado el protocolo de acceso a los archivos (según normativa vigente): hay que poseer una fe de fallecimiento del sujeto que se va a estudiar y que hayan pasado veinticinco años desde su muerte para poder ver su ficha biográfica. De no mediar una esquela u otra evidencia documental fidedigna, el historial de aquellos que convirtieron en su oficio la intromisión en la vida de los demás queda oculto bajo el polvo de los rimeros de papel sellado. Valgan dos casos a título de ejemplo: este libro nace de la tesis doctoral que Pablo Alcántara depositó para su lectura en la Universidad Autónoma de Madrid en julio de 2020, lo que significa que el autor pudo consultar, siguiendo las pautas descritas, los recorridos profesionales de bastantes responsables de la BPS en los años medulares del franquismo. Sin embargo, este trabajo habría quedado incompleto, carente de un aporte fundamental, sin el perfil de uno de sus más veteranos integrantes, aquel cuya carrera profesional comenzó en el Madrid de la inmediata posguerra y acabó en loor de celebridad durante la Transición: el «supercomisario» Roberto Conesa. Hasta la tesis de Alcántara, su retrato solo podía hacerse confrontando —especularmente— las entrevistas hagiográficas de Pilar Urbano en ABC con motivo de la desarticulación del GRAPO, los artículos críticos de Cambio 16 de la misma época, el recuerdo acusador de sus víctimas (José Satué en 1947 y Eva Forest en 1974) y la debelación por capítulos efectuada por Gregorio Morán en Diario 16, que acarreó al autor un consejo de guerra. Para consultar la fuente primaria —solo asequible un cuarto de siglo después de su óbito— ha sido necesario esperar al 27 de enero de 2019. Para conocer la de su mano derecha en los años setenta, Billy el Niño, habrá que esperar hasta el 8 de mayo de 2045, veinticinco años y un día después de su muerte por Covid el 7 de mayo de 2020. Es muy probable que para entonces ya no queden con vida víctimas de sus torturas. En el caso español, la escena final de La vida de los otros, más que en un film de denuncia política, solo cobraría sentido en una trama de ultratumba.

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

ÁLVARO SOTO CARMONA

Introducción

En 1977, en su Diccionario sobre el franquismo, Manuel Vázquez Montalbán escribió que la Brigada Político-Social (BPS), conocida popularmente como la Secreta, era la «verdadera guardia pretoriana» de la dictadura[1]. Y el objetivo último de este libro es demostrar que dicha afirmación es cierta.

La represión franquista tuvo una gran importancia no solo en los años de la posguerra, sino también en el ecuador y en el final del régimen. Gracias a ella se consiguió modular el miedo entre la población, aplicando el terror para mantener como fuera una dictadura que con el paso del tiempo iba perdiendo adeptos. La Brigada Político-Social —la Policía política— estuvo involucrada en las principales operaciones contra los luchadores antifranquistas, ya fuera en los montes en la época de los guerrilleros, en los centros de trabajo, en las universidades, en los despachos laboralistas e incluso, desde los años cincuenta, en los teatros, de manera que la mayor parte de los opositores al régimen pasaron por las garras de sus agentes y tuvieron que padecer sus contundentes métodos represivos.

En los últimos años se ha generado un intenso debate social y político —difundido por los medios de comunicación—, entre las organizaciones en defensa de la Memoria histórica y diversas formaciones políticas, sobre la importancia de la BPS, la forma de actuación de los agentes y las torturas que estos practicaban. Ahora bien, el foco casi siempre se ha puesto —y se sigue poniendo— en personajes concretos, como si hubieran actuado por cuenta propia y no formaran parte del sistema. Pese al interés social y político que despierta el asunto, son muy pocos los trabajos realizados acerca de la BPS. Precisamente, esta escasez de estudios fue la que me empujó, primero, a elaborar mi tesis doctoral y después a publicar este libro basado en ella.

Desde los primeros momentos del golpe de Estado de 1936, los franquistas fijaron entre sus objetivos la creación de un aparato represivo que sirviera a sus intereses porque sería clave para la construcción de su «Nuevo Estado». El Ejército se puso manos a la obra —al principio con la ayuda de Falange— y tanto jueces militares como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Armada tuvieron como misión reprimir a quienes habían luchado del lado de la República y en contra de Franco. Fue entonces, a principios de los años cuarenta del siglo pasado, cuando entró en escena la Brigada Político-Social.

Las actuaciones de la BPS no respondieron al mero impulso de unos agentes sádicos —aunque también los hubo—, sino que obedecían a un proceso, a un modo de actuación bien definido. Los policías no solo analizaban al detalle el funcionamiento de las organizaciones clandestinas antifranquistas, su base ideológica y sus principales cuadros, sino que, además, aprendieron las «maneras» de la Gestapo nazi y de la CIA estadounidense para llevarlas a la práctica. Así, a lo largo de su historia, la BPS utilizó diferentes métodos de tortura. En la mayor parte de las ocasiones los victimarios actuaban, además de por ideología, por dinero, a cambio de cuantiosas recompensas que el Estado ofrecía por detener a militantes del Partido Comunista de España (PCE), de Comisiones Obreras (CC OO), del Frente de Liberación Popular (FLP) o de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). El estudio de los expedientes de los principales agentes de la BPS en zonas como Madrid, Asturias, Barcelona, País Vasco o Valencia me ha permitido establecer una serie de perfiles (más adelante los veremos con detalle) bastante diferenciados: muchos agentes se dedicaban principalmente a cuestiones de propaganda; otros se encargaban de ordenar las detenciones y las torturas, y otros de ejecutarlas. El punto de unión: todos estaban al servicio del régimen, hacia el cual mostraron una fidelidad sin fisuras.

Las diferentes tácticas de la BPS se aprecian especialmente cuando se trataba de hacer frente a partidos políticos, sindicatos u organizaciones estudiantiles; por el contrario, cuando se actuaba contra la guerrilla o las organizaciones armadas, el modo era siempre el mismo: la tortura sin piedad. Únicamente se libraban los líderes de las organizaciones obreras, porque el régimen temía que, si recurría a la fuerza bruta, se produjera una respuesta de repulsa tanto dentro como fuera del país.

Tampoco se «tocó» a los primeros estudiantes antifranquistas de los años cuarenta y cincuenta: casi todos eran hijos de altos cargos del régimen, por lo que los agentes de la BPS tenían mucho cuidado en no hacerles ningún daño. Esto cambió cuando comenzaron a acudir a la universidad estudiantes provenientes de las capas medias, a quienes la BPS no dudó en aplicar la tortura, así como a numerosos intelectuales y trabajadores de profesiones liberales que iniciaron sus movilizaciones en los años sesenta y setenta.

Pero la oposición también aprendió de los golpes policiales y se preparó para hacer frente a la represión. Para las organizaciones clandestinas antifranquistas, los agentes de la BPS eran los «verdugos» del régimen y, por tanto, enemigos contra los que había que luchar. Para ello se redactaron manuales en los que se explicaba a los militantes cómo actuar frente a la Policía, cómo evitar ser detenidos, cómo esconder la documentación, cómo asistir a las reuniones y, en caso de detención, cómo guardar silencio en los interrogatorios.

La BPS realizó importantes detenciones de militantes y dirigentes del movimiento obrero y estudiantil, pero no logró contenerlo. De hecho, como han demostrado numerosos historiadores e investigadores, como Pere Ysás, Alberto Sabio o Nicolás Sartorius, la movilización y la organización popular fueron fundamentales para acabar con el régimen e instaurar, ya en la Transición, derechos democráticos y sociales…, aunque no en todas partes. Tanto en la Judicatura como en el Ejército —por no mencionar a los principales poderes económicos—, quienes ocuparon los puestos de mayor rango durante el franquismo los mantuvieron cuando el dictador murió. Lo mismo cabe decir de la Policía, cuerpo en el que la «reforma» de los primeros años de la Transición fue claramente insuficiente. La Unión de Centro Democrático (UCD), con Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior, y con la justificación de la «lucha antiterrorista», mantuvo a numerosos miembros de la BPS dentro de la Policía democrática.

Como afirma la historiadora Sophie Baby, en aquellos primeros años de andadura democrática se mantuvo una concepción «autoritaria» del orden público, que hizo que las acciones colectivas y las movilizaciones sociales acabaran casi siempre en desórdenes públicos, en enfrentamientos —a menudo con víctimas— entre manifestantes y policías. Los antiguos miembros de la BPS habían pasado a ser de la noche a la mañana policías «demócratas», sin que se hubieran llevado a cabo ni juicios ni la menor autocrítica sobre su actuación durante los años de la dictadura. Por ello, muchas de las técnicas policiales empleadas —como la tortura— siguieron usándose en los primeros años de la Transición. En 1977 se aprobó la Ley de Amnistía —apoyada también por los partidos de izquierda—, mediante la cual se «perdonaron» los crímenes cometidos por los agentes de la BPS hasta esa fecha. En realidad, no fue hasta 1986, con la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando se dio un giro en la concepción de las fuerzas policiales democráticas. En la década de los ochenta, muchos policías del franquismo se jubilaron —a menudo con importantes prebendas— y dentro del aparato policial aparecieron organizaciones sindicales que se movilizaron para instaurar una verdadera Policía democrática.

Aun así, algunos miembros relevantes de la BPS siguieron ocupando puestos en la Policía durante los últimos años de Gobierno del PSOE de Felipe González, e incluso participaron en sonados casos de terrorismo de Estado, como los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). De hecho, algunos métodos de la Policía franquista también se mantuvieron vigentes en los primeros años de la democracia, especialmente los relacionados con la represión de las protestas o la corrupción policial. Respecto a esta última, en la actualidad comprobamos con estupor cómo ha estallado el caso del excomisario Villarejo, miembro de la BPS en 1972, que realizó trabajos de espionaje para el PSOE, el PP, el rey emérito y diversos bancos y empresas.

Hace unos meses, el periodista Gregorio Morán, que fue denunciado durante la Transición por el policía Roberto Conesa por informar sobre su actividad represiva durante la dictadura, escribió las siguientes líneas para el diario Vozpópuli:

Roberto Conesa era una especie de Villarejo, con la diferencia de que sus manejos, manipulaciones, su pasado, en definitiva, formaba un currículo que ocultaba su tortuosa biografía de sádico torturador —sería el maestro de González Pacheco, Billy el Niño, que trabajó a sus órdenes—. Ahora que se prodigan las series televisivas sería una excelente y pedagógica idea la de seguir los vericuetos de este criminal con placa de comisario[2].

De momento, que yo sepa, no se ha propuesto ninguna película sobre este siniestro personaje, aunque el director Mariano Barroso ha realizado dos series donde, al menos, se habla de la BPS: El día de mañana, que narra la historia de un joven que en los años setenta llega a Barcelona para trabajar de comercial y que, por vericuetos de la vida, se convierte en confidente de los jefes de la Policía política, y La línea invisible, que gira alrededor de los dos primeros asesinatos de ETA, entre los que se encuentra el del inspector Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social en San Sebastián. También se ha producido el documental El silencio de otros, ganador de un Premio Goya, donde se habla de la lucha de los torturados por la BPS para llevar a sus victimarios ante la justicia. En 2021 apareció la novela Memoria del frío, de Miguel Martínez del Arco, sobre Manoli del Arco, que pasó diecinueve años en varias cárceles franquistas, y sobre las torturas que las mujeres sufrían a manos de la Policía política.

La primera pregunta que surge es por qué hasta ahora no ha habido investigaciones históricas sobre lo que significó la BPS durante el franquismo. En la Transición se realizaron reportajes periodísticos en distintos medios, como Interviú, El País, La Vanguardia, La Calle o Cambio 16, en los que se hablaba de la particular «transición» que estaba viviendo la BPS en su paso de la dictadura a la democracia. Casi siempre, estos artículos estaban relacionados con la violencia policial, con las torturas que los agentes de la Policía infligían en las comisarías, con las conexiones entre el Cuerpo General de Policía (CGP) y la extrema derecha y con el naciente sindicalismo policial.

Sin embargo, después del 23-F y del llamado «pacto de silencio», o «pacto de olvido»[3], entre los diferentes partidos políticos y la consiguiente bajada de intensidad de la violencia policial en las manifestaciones, los escritos sobre la BPS se fueron arrinconando. Entre 1982 y 2000, por ejemplo, en La Vanguardia tan solo se escribieron treinta y cuatro artículos relacionados con este asunto.

Cuando aparecieron los GAL —en la época del ministro socialista José Barrionuevo— se descubrió que algunos de los miembros de la «extinta» BPS «fueron reciclados y mantenidos en activo, y no hubo ruptura alguna en el seno del departamento». También se supo que estos activos habían conseguido infiltrarse en algunos grupos de lucha armada, como los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) o el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC)[4].

Algunos nombres salieron del anonimato cuando murieron. Este fue el caso de Roberto Conesa Escudero, que llegó a ser jefe de la BPS en Madrid en 1974 (nombrado por Rodolfo Martín Villa), uno de los principales investigadores del secuestro de Oriol y Villaescusa en 1977 y jefe de los servicios antiterroristas en el País Vasco en 1979. Después disfrutó de su jubilación en Canarias hasta que falleció en enero de 1994. Unos meses después, el periodista Gregorio Morán, quien, como dijimos antes, escribió sobre él en la Transición, le dedicó unas líneas en La Vanguardia:

Una biografía siniestra de antiguo izquierdista que traiciona a sus amigos de las Juventudes Socialistas Unificadas, inaugurando con esta relación una carrera policial de primer orden, plagada de medallas y distinciones. Alcanzó a ser el ejemplar más acabado de la policía política del franquismo. Pronunciar su nombre fue durante décadas mentar al más conspicuo de los torturadores, un tipo sin hijos ni pasiones ni inclinación alguna que no fuera la orgía del verdugo ante su víctima. Gozaba tanto con la humillación del detenido que en ocasiones alcanzó el orgasmo. Hay testigos. Su muerte apenas si mereció unas líneas en algún periódico, quizá porque el común de la gente no sabía de sus hazañas, y los que le recuerdan, como buena parte de nuestra clase política, prefiere no mentarlo. Por primera vez en mi vida me he sentido solidario con una decisión del ministerio del Interior, que, al parecer, no envió el acostumbrado fax a todas las comisarías anunciando la muerte de un laureado miembro del Cuerpo. Cuando se es una vergüenza para el Estado de derecho lo mejor es el silencio[5].

En los primeros años del siglo XXI, con el llamado «despertar de la memoria», comenzaron a aparecer libros y escritos que hablaban sobre la Policía política de Franco. Rafael Chirbes escribió La caída de Madrid (2000), donde narra los temores y las dudas de Máximo Arroyo, un comisario de la BPS que, durante los últimos días de vida del dictador, teme acabar como los esbirros de la Policía Internacional e de Defensa do Estado (PIDE), la Policía política de la dictadura portuguesa, que fue purgada durante la Revolución de los Claveles. Pero no fue así: los miembros de la Policía política franquista no terminaron como sus colegas salazaristas, muchos de los cuales vieron sus nombres publicados en los numerosos trabajos e investigaciones que se han realizado desde 1974 (como los de la historiadora Laura Pimentel). Es decir, lo contrario de lo que sucedió aquí. Sobre la Gestapo también se han realizado estudios e investigaciones rigurosas, como el famoso Historia de la Gestapo, de Jacques Delarue (1967), o el más reciente La Gestapo. Mito y realidad de la policía secreta de Hitler, de Frank McDonough (2016). En Estados Unidos, Tim Weiner ganó el Premio Nacional de la Crítica y el Pulitzer con Legado de cenizas. La historia de la CIA (2007) y Enemigos. Una historia del FBI (2012), respectivamente. En América Latina se han publicado informes sobre Derechos Humanos en Argentina (Informe Nunca Más) o Chile (Informe Retting), y en ellos se habla sin tapujos de la actividad de las Policías políticas en las dictaduras de Videla y Pinochet. Incluso un historiador español, José M. Faraldo, ha escrito un libro sobre la KGB soviética titulado Las redes del terror. Las policías secretas comunistas y su legado (2018).

¿Por qué entonces no ha habido en nuestro país un trabajo de estas características sobre la Policía política durante el franquismo? La principal razón puede que sea la dificultad de acceso a las fuentes por la normativa de archivos (como la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, o la Ley de Patrimonio Histórico), que impide que una gran parte de la documentación de los últimos años del franquismo o de la Transición pueda ser consultada, ya que, según las leyes que protegen los datos policiales, han de pasar veinticinco años de la muerte de un agente para tener libre acceso a su ficha personal. Otro motivo puede ser la falta de interés político en desenmarañar esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que participaron en la represión franquista trabajaron después en la Policía democrática.

El primer libro de investigación sobre este asunto publicado en España fue el del periodista catalán Antoni Batista titulado La Brigada Social (1995), que se centra en la actuación de la BPS en Cataluña. Quince años después, en 2010, el mismo autor publicó La carta. Historia de un comisario franquista (2010), sobre la historia de uno de los miembros de la BPS, Juan Antonio Creix. También en 2010 apareció Clandestinos, de José Ramón Gómez Fouz, sobre el funcionamiento de la BPS en Asturias. En 2011, Peligrosos demócratas, de Alberto Sabio, centrado en el papel de la Brigada en Aragón. Casi ocho años después, en 2019, Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia, del periodista Lucas Marco, y en 2020, Fichados, de Gabriel Carrión, sobre los boletines de la BPS. También se han publicado libros en los que, en algunos capítulos, se habla de las actuaciones de la BPS, como La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (2018), de Fernando Hernández Sánchez, o Verdugos impunes (2018), de José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar.

El objetivo de este libro no es otro que poner la atención en un asunto que pide a gritos ser estudiado y tratado como se merece. La sociedad española tiene derecho a conocer cómo actuaba la Policía secreta y la historia completa de lo que pasó en España desde el final de la Guerra Civil. Los materiales utilizados provienen de fuentes primarias (de la propia BPS), así como de entrevistas a algunas de sus víctimas y de la bibliografía existente hasta este momento.

Tan importante es investigar y reivindicar a las víctimas del franquismo como saber quiénes fueron sus verdugos.

1
Policía secreta y represión

Los números de la represión franquista

Si hablamos con cifras en la mano, la violencia franquista durante la Guerra Civil y la posguerra habla por sí sola: desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta el final del conflicto fueron fusiladas por los franquistas unas 100 000 personas (militantes republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas), y, desde el fin de la contienda hasta 1952, otras 50 000. Según la Dirección General de Prisiones, a comienzos de 1940 había en España 270 719 reclusos; en 1950 la cifra descendía a 30 640. Como bien señala Julio Gil Pecharromán, durante esta etapa los castigos contra los republicanos obedecían a un calculado propósito de consolidar el Nuevo Estado sobre el miedo de los derrotados y la exaltación del triunfo de los vencedores[1].

En un primer momento, el «terror en caliente» de los sublevados consistía sobre todo en detener militantes de izquierdas y saquear las sedes de los partidos y sindicatos que apoyaban al Frente Popular y a la República para sustraer las fichas de los afiliados. La autoría de la mayor parte de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en las primeras semanas del conflicto bélico hay que achacársela a las escuadras de Falange, que recorrieron el territorio sublevado deteniendo, robando y fusilando con total impunidad. Era muy probable que una persona detenida fuera ejecutada mientras era trasladada a la cárcel[2].

Durante los tres años que duró la guerra y los primeros de la posguerra, el nuevo Estado se fue perfeccionando y la represión se hizo más meticulosa, calculada y legal. Fueron las Fuerzas Armadas y policiales las que se encargaron de realizar dichas labores. Además, se estructuró y centralizó el sistema penitenciario con la creación, en 1937, de la Dirección General de Prisiones, cuyo principal objetivo era buscar una solución a la falta de espacio en las cárceles. Al año siguiente, con la aprobación de la Ley de Administración Central del Estado (30 de enero de 1938) y la creación del Ministerio de Justicia, se decretó la fundación del Servicio Nacional de Prisiones, que, una vez acabada la contienda, se hizo cargo de la depuración de elementos republicanos dentro del sistema carcelario. Fue así como los militares comenzaron a ocupar puestos de responsabilidad en la dirección de las prisiones[3].

En aquellos primeros años de dictadura, una de las principales formas de represión fue el encierro de los reclusos en campos de concentración. Según el investigador y periodista Carlos Hernández, hubo 296 campos repartidos por toda la geografía española, 34 de los cuales servían como hospitales de prisioneros y 17 para extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que por ellos pasaron entre 700 000 y 1 000 000 de personas. El primero se abrió dos días después del golpe de Estado del 18 de julio, en Monte Hacho, en Ceuta. El último se inauguró un año después en Miranda de Ebro y se mantuvo activo hasta 1947[4]. Por otro lado, el 8 de septiembre de 1939 se creó el Servicio de Colonias Penitenciarias, y desde entonces fueron miles las personas que se vieron obligadas a realizar trabajos forzosos en diferentes obras públicas. En la construcción del Valle de los Caídos, por ejemplo, trabajaron un total de 20 000 hombres[5].

Si bien es cierto que la represión más dura tuvo lugar durante la posguerra, estuvo muy presente tanto en el ecuador como en los últimos años de la dictadura, incluso puede que con más virulencia a partir de los años sesenta, cuando el movimiento obrero y estudiantil resurgió y la oposición en las calles comenzó a ser evidente.

En los años del «desarrollismo» franquista —de supuesta «paz», según la propaganda del régimen— la justicia militar tuvo un papel fundamental para aplacar —o al menos intentarlo— la oposición a la dictadura. Así, en 1954, fueron juzgados en tribunales militares 1266 militantes antifranquistas; en 1955, 902; en 1956, 717, y en 1959, 529. En el último año de la década hubo 1200 detenidos durante la Huelga Nacional Pacífica (convocada por el PCE); en 1960 se juzgó a 412 personas; en 1962 hubo 2500 detenciones en las huelgas que comenzaron en Asturias y se extendieron por 28 regiones del país; en 1963 fueron procesados en juicio militar 312 antifranquistas; en 1964, 329; en 1969, 400, y en 1970, 403[6].

Los últimos fusilamientos ordenados por consejo de guerra se produjeron el 27 de septiembre de 1975, lo que significa que la justicia militar desempeñó un papel clave en la política represora de la dictadura desde el principio hasta el fin.

A partir de 1963, debido al aumento de la oposición interna al régimen y a la crítica que llegaba desde los principales organismos internacionales, el franquismo decidió «especializar» su represión, para lo cual creó un aparato judicial de carácter civil, el Tribunal de Orden Público (TOP), que desde entonces se encargaría de juzgar los delitos políticos (salvo los de terrorismo, que siguieron en manos de la justicia militar). Entre 1964 y 1976, el TOP realizó 22 600 procedimientos judiciales, dictó 3889 sentencias y condenó a 6748 personas[7].

Por último, pero no menos importante, mencionar la continua y sistemática represión a la mujer que desde el primer momento llevó a cabo el régimen de Franco, erradicando los derechos igualitarios y de ciudadanía que se habían conseguido durante la Segunda República. El sistema jurídico de la dictadura se basaba en la subalternidad femenina: las mujeres «rojas» simbolizaban para el franquismo la decadencia moral y la pérdida de valores católicos. El psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera realizó un estudio sobre las mujeres republicanas y llegó a afirmar que eran «delincuentes marxistas femeninos», que llevaban el «gen rojo» en su interior, que eran débiles psicológicamente, que su conducta social era anormal y que por eso debían ser consideradas las principales valedoras de la «revolución marxista». Con estos argumentos se justificaron un sinfín de atrocidades contra las mujeres que se pusieron del lado de los republicanos[8]. Se calcula que más de 30 000 bebés[9] fueron sustraídos a sus madres, todas ellas republicanas y pobres, «misión» en la que la BPS desempeñó un papel fundamental.

La jurisdicción franquista en materia de represión y orden público

La legalidad franquista estuvo sustentada en la represión de quienes se oponían al régimen. Desde el principio, los actos en defensa de la República y de respuesta revolucionaria a la sublevación se tipificaron como delitos de «rebelión militar». Era la «justicia al revés»; a la que tiempo después aludiría Ramón Serrano Suñer en sus memorias: los partidarios de la República eran considerados el «enemigo interior», lo que servía para legitimar el sometimiento de la sociedad civil a la justicia militar[10]. De hecho, el estado de guerra se mantuvo durante doce años, hasta 1948, con el fin de controlar militarmente a la sociedad y aplacar al movimiento guerrillero.

Los objetivos de la represión eran todos aquellos que pertenecieron o apoyaron al Frente Popular, a las organizaciones de izquierda y a los sindicatos. Franco, antes de marchar para Marruecos, declaró el estado de guerra en Canarias, y lo mismo hicieron otros militares sublevados en los territorios que tomaron, de manera que fuera la jurisdicción de guerra, junto con la consiguiente supresión de derechos y libertades reconocidos en la Constitución, la que marcara el orden social y político del país. El 28 de julio de 1936 todos esos edictos se unificaron mediante la declaración oficial del estado de guerra con el bando emitido por la Junta de Defensa Nacional en Burgos[11], a partir del cual —y hasta el final de la dictadura—, la jurisdicción sería militar o estaría subordinada a los militares. Es decir, en última instancia serían los militares quienes se encargarían de impartir justicia y de imponer las sentencias.

Unos meses antes de terminar el conflicto, el bando nacional comenzó a legislar para darle un contenido jurídico a la represión. Así, la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939) declaraba la responsabilidad penal de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 «contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y a partir del 18 de julio de 1936 se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Todos los partidos y «agrupaciones políticas y sociales» que habían formado el Frente Popular, sus «aliados, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se han opuesto al triunfo del Movimiento Nacional, quedaban fuera de la Ley y sufrirían la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes, que pasarían íntegramente a ser propiedad del Estado»[12]. De este modo también se conseguía una legitimación política, ya que la normativa justificaba la sublevación militar y la represión «contra la destrucción material y espiritual de la patria». Así, hechos tan triviales como la militancia de base serían procesados en tribunales especiales[13].

En la Ley contra la Represión y el Comunismo (1 de marzo de 1940) se tipificaban todos los delitos políticos y sus penas: en el artículo 1 se mencionaba explícitamente el delito que suponía «pertenecer a la masonería, el comunismo y demás sociedades clandestinas»; en el artículo 2 se decía que estas «sociedades clandestinas» estaban «prohibidas, sus bienes confiscados y a disposición de la jurisdicción de responsabilidades políticas», y en el artículo 5 se afirmaba que la masonería y el comunismo serían castigados con «la pena de reclusión menor», aunque en ese mismo artículo se tipificaba como delito de reclusión mayor «el haber tomado parte en las asambleas de la asociación masónica internacional o en las asambleas nacionales» y «figurar en los cuadros de agitación, en las jefaturas y en los núcleos de enlace con las organizaciones externas y el haber participado activamente en los congresos comunistas internacionales y nacionales»[14].

En 1941 se promulgó la Ley de Estado, que fue sustituida por la Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo de 1947, dirigida especialmente a reprimir el movimiento guerrillero. En ambas se definía claramente lo que se consideraba «terrorismo» y cuáles eran las penas (artículos 1-4), así como las infracciones relacionadas con el bandidaje (artículos 5-8). Según la gravedad de los hechos, se podía llegar a sentenciar a pena de muerte[15]. Además, durante los años cuarenta se redactaron otras disposiciones dirigidas a determinar y tipificar ciertos delitos, como el de rebelión militar (marzo de 1943) o los de carácter político-social, establecidos en el Código Penal ordinario (diciembre de 1944) y en el Código de Justicia Militar (julio de 1945).

A finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta, el régimen quitó algunas atribuciones jurídicas a los militares para darle a la represión un barniz más «tolerable» y «civilizado». Por ello, como ya hemos mencionado, se creó en 1963 el TOP, formado por jueces civiles, aunque la jurisdicción militar seguiría teniendo peso, sobre todo a la hora de juzgar delitos de terrorismo. Cuatro años antes, en 1959, se promulgó la Ley de Orden Público, donde se delimitaban los delitos de «orden público», que eran los paros colectivos, los cierres temporales de empresas, los que propagasen la subversión y los que originasen tumultos en la vía pública (artículo 1). También se prohibía entrar en domicilios particulares sin orden judicial, así como las detenciones, que solo podían durar setenta y dos horas. Sin embargo, en esa misma ley se sistematizaron los estados de excepción, lo que significaba que las fuerzas policiales podían actuar sin cortapisas cuando fuera necesario y prolongar las estancias de los detenidos en comisaría más allá de lo estipulado[16]. Entre 1962 y 1969 se promulgaron seis estados de excepción, parciales o totales, y once desde 1959 hasta 1975: los tres últimos del quinquenio 1970-1975 fueron el 4 y el 14 de diciembre de 1970, y el 25 de abril de 1975[17].

En 1970 se decretó la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, en sustitución de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. La nueva ley tipificaba como delincuentes a los vagos, a los rufianes, a los que realizaban «actos de homosexualidad», a quienes ejercieran la prostitución, a los menores de veintiún años que abandonaran a sus familias e incluso a los enfermos mentales. Para todas estas personas se pedía el internamiento en centros de reeducación, multas e incluso penas de cárcel[18].

El 26 de agosto de 1975 se promulgó el Decreto-Ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo, por el cual se imponía la pena de muerte para los delitos de terrorismo que causaran la muerte a agentes de la autoridad. Este decreto dio cobertura legal para que el 25 de septiembre de 1975 se llevaran a cabo los últimos fusilamientos del franquismo contra militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y de ETA (Euskadi Ta Askatasuna)[19].

La creación del aparato policial franquista

Desde el inicio mismo de la rebelión militar, reestructurar el aparato policial fue una prioridad para los sublevados. De hecho, el 1 de enero de 1938 se publicó un bando en Valladolid relacionado con la nueva organización de la Policía[20]. Este asunto ha generado un intenso debate: historiadores como Manuel Balbé sostienen que, en lo relativo al orden público, el esquema franquista no adoptó modificaciones respecto al de los siglos XIX y principios del XX, y que el uso de la jurisdicción militar no se diferenciaba del de épocas precedentes[21]. Sin embargo, otros investigadores, como Pau Casanellas o Ramón Aranabat, afirman que sí hubo una ruptura, en primer lugar, porque el aparato represivo de la dictadura estaba relacionado con el golpe de Estado y la Guerra Civil, y, en segundo lugar, por la utilización indiscriminada de la violencia organizada, que hizo del franquismo un régimen completamente distinto a los de los períodos anteriores[22].

Durante la dictadura, las Fuerzas de Orden Público españolas dependían orgánicamente del Ejército, a diferencia de lo que había ocurrido en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini, donde las Fuerzas Armadas tuvieron un papel secundario en el mantenimiento del orden respecto al Partido Nazi o el Partido Fascista. En España, controlaban los principales organismos del aparato policial. Así, el ministro de Orden Público —llamado después de la Gobernación— siempre tuvo rango militar, salvo en tres períodos: de agosto de 1939 a octubre de 1940, con Ramón Serrano Suñer; del 12 de junio de 1973 al 4 de enero de 1974, con Carlos Arias Navarro, y desde el 4 de enero hasta el 20 de noviembre de 1975, con José García Hernández. En 1945, el 38 % de los gobernadores civiles eran militares, así como el 57 % de los cargos en la Dirección General de Seguridad (DGS) y el 45 % de los altos cargos del Ministerio de la Gobernación. El Gobierno Civil de Barcelona, por ejemplo, estuvo dirigido durante 21 años por un militar, situación que se repetía en la mayor parte de las regiones del país. En ministerios tan importantes como Justicia o Correos y Telégrafos, el protagonismo castrense era absoluto, y entre las preocupaciones del Estado Mayor se encontraba incluso la recogida de basuras[23]. Por supuesto, lo mismo ocurría con los servicios secretos y de información. Podemos afirmar que, desde el final de la guerra, la vida cotidiana del país estaba totalmente militarizada.

Además, como señala el historiador Ángel Viñas, el franquismo estableció una política de seguridad basada en la sobredimensión de las amenazas internas que pudieran provenir de los vencidos en la Guerra Civil o de quienes se oponían a la dictadura. Por ello, la «subversión» en las fábricas, en los centros de estudios, en los barrios más «conflictivos», e incluso en los teatros, se convirtió en el principal objetivo de las fuerzas policiales[24].

Los aparatos de investigación y represión jugaron un papel decisivo desde el estallido mismo de la guerra. Así, en septiembre de 1936 se crearon el Servicio de Información Militar, el Servicio de Información del Nordeste de España (SIFNE) y el Servicio de Información Naval, encargado de vigilar las actividades de las organizaciones contra el franquismo y llevar a cabo tareas de espionaje en zona republicana. En la primavera de 1937 se fundó la Oficina de Propaganda Anticomunista, dirigida por Marcelino Ulibarri[25], secretario particular de Franco, con el objetivo de recoger información en territorio de la República, así como de hacer propaganda a favor del régimen. Unos meses después, el 30 de noviembre, se instituyó el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), dirigido por José Ungría, miembro del Alto Estado Mayor[26], cuyo objetivo era homogeneizar los servicios de contrainteligencia.

En mayo de 1938 se creó la Delegación de Servicios Especiales y Recuperación de Documentos para incautar material de las organizaciones del Frente Popular y de los sindicatos, con el fin de depurarlos de «elementos subversivos» posteriormente. Se calcula que este servicio elaboró más de tres millones de fichas personales de miembros de organizaciones opositoras al régimen[27]. En él trabajó el policía Eduardo Comín Colomer, de quien hablaremos más adelante.

En septiembre de 1938 se organizó la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad y se restableció la Escuela de Policía Española. En marzo de 1939, el Ministerio de Orden Público cambió su nombre por el de la Gobernación, y, desde agosto de ese año, la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad pasó a ser la Dirección General de Seguridad. Terminada la guerra, el 26 de abril de 1939, mediante una orden general, se depuró a todos los elementos republicanos de la Policía y, finalmente, el 9 de marzo de 1942, se redactó otra por la que se exigía que los miembros de la Policía acatasen los principios del Movimiento Nacional[28].

Apenas un año antes, el 8 de marzo de 1941, se había promulgado la Ley de Policía, con la que se habían creado nuevos organismos, como el Cuerpo General de Policía (CGP) y la Policía Armada de Tráfico, que realizaban tareas de salvaguarda y vigilancia del Estado[29]. La segunda era una extensión de la Policía Armada —creada el 3 de agosto de 1939—, que tenía sus antecedentes en la Guardia de Asalto republicana, constituida para apoyar a la Guardia Civil en los enfrentamientos sociales. De hecho, gran parte de sus miembros se mantuvieron fieles al Gobierno del Frente Popular, lo que provocó una intensa depuración durante el conflicto y en la posguerra, así como la aparición de un nuevo cuerpo encargado de las movilizaciones callejeras. La Policía Armada estaba completamente militarizada, ya que sus jefes eran miembros del Ejército[30]; contaba con fuerzas de caballería e infantería, que se organizaban en banderas y grupos, y estos, a su vez, en compañías y escuadrones. La coordinación de los agentes (repartidos en ocho circunscripciones) corría a cargo de la Inspección General de la Policía Armada, al frente de la cual se encontraba un general de Brigada con todo su Estado Mayor. El 2 de septiembre de 1941 se delimitaron sus funciones y sus formas de actuación, y se le encomendó la misión de vigilancia permanente de elementos «subversivos».

El origen de la Policía secreta de Franco

Como mencionamos anteriormente, en el bando del 1 de enero de 1938 promulgado en Valladolid, se establecía uno de los primeros reglamentos que los sublevados elaboraron sobre la actuación de la Policía. Se trataba de una orden general extraordinaria que especificaba que el máximo responsable policial sería el comisario general de Seguridad Interior, José Medina Santamaría, quien, poco después, en su alocución a los agentes a su mando, reiteró los conceptos de disciplina y obediencia. También se le llamaría jefe superior de Policía del Estado Español[31]. Desde entonces hasta 1942 se estructuró todo el entramado de las Fuerzas de Orden Público, que se mantendría prácticamente intacto hasta el final de la dictadura.

La depuración de policías republicanos se inició con el estallido de la sublevación militar. En mayo-junio de 1938 se publicaron órdenes generales de busca y captura de personas que «vistan indebidamente el uniforme de alférez, marxistas actuantes como policías rojos, nombrados capitanes por los rojos, sargentos nombrados por los rojos, milicianos en los regimientos, mineros, pertenecientes al Cuerpo de Seguridad en zona republicana, etc.». Y con cada depuración, la organización del sistema policial se iba perfeccionando, y los agentes debían pasar por una rigurosa inspección de sus comportamientos públicos y privados para comprobar si eran partidarios o no del Movimiento Nacional[32]. Pero incluso antes ya pudo verse el importante papel que desempeñaría la Policía en las funciones represivas. En Madrid, en noviembre de 1936, en las Instrucciones Generales sobre la ocupación de la capital, el general Mola ya hablaba de una columna de Orden y Policía encargada de las tareas de registro y detención de «elementos subversivos»[33]. Finalizado el conflicto, el 26 de abril de 1939 se promulgó una nueva orden general para acabar con dicha depuración. Se pidió un listado de los funcionarios policiales de las distintas plantillas, al objeto de tener información sobre las actividades político-sociales anteriores, posteriores y coetáneas al «Glorioso Movimiento Nacional», así como de sus conductas públicas y privadas. En septiembre de ese mismo año se redactó una nueva orden por la cual se otorgaban atribuciones depuradoras a la Falange[34].

Fue más o menos por esas fechas cuando el nombre de la Brigada Político-Social apareció por primera vez en la prensa, concretamente en La Vanguardia, el 18 de abril de 1939, en el artículo sobre la detención, entre otros, de Segismundo Mas Abril, comerciante y militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que había participado en la lucha contra el golpe de Estado del 18 de julio en Cambrils, y que era amigo íntimo del líder de esa organización, Andreu Nin[35]. Sin embargo, no fue hasta dos años después, en marzo de 1941, cuando se pondrían los cimientos de lo que sería la Policía política del franquismo:

Así podrá la nueva Policía española llevar a cabo la vigilancia, permanente y total, indispensable para la vida de la Nación, que en los estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad que permita la clasificación adecuada de sus actividades y dé vida a la Policía política como órgano más eficiente de la vida del Estado[36].

Oficialmente, en la ley del 2 de septiembre de 1941, «sobre la regulación de presentación de denuncias y situación de presos y detenidos», recibió el nombre de Brigada de Investigación Social, y se encargó, junto a los Servicios de Información de la Guardia Civil y de Falange (con la Milicia Nacional de FET y de las JONS), de la represión política mediante seguimientos, intervenciones telefónicas, incautación de correspondencia privada, detenciones —sin poner al detenido a disposición judicial— y aplicación de métodos de tortura[37].

Junto a la mencionada reestructuración, era necesario dotar a la Policía de un contenido ideológico nacionalcatólico basado en la observancia de los principios del Movimiento. El 9 de marzo de 1942 se promulgó una orden general en este sentido; en 1943 se creó la Medalla al Mérito Policial, con la que se premiaban todos aquellos actos relevantes en defensa del orden que generasen emulación en el ámbito policial[38], y en 1946, los opositores al Cuerpo General de Policía estaban obligados a acreditar su adhesión al régimen, requisito que se hizo extensivo al Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Dirección General de Seguridad.

El hombre que se encargó de reorganizar la Policía fue José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, vinculado al sector más «pronazi» del régimen y director general de Seguridad durante la guerra y hasta finales de 1941, cuando fue nombrado embajador en Alemania. Fue él, junto con Severiano Martínez Anido, ministro de Orden Público durante la contienda, quien se encargó de estrechar los lazos policiales con el régimen nazi.

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Perfiles de los miembros de la Policía secreta

A raíz de las denuncias de las víctimas de torturas por parte la BPS —enmarcadas en la conocida como «querella argentina» iniciada en 2010 contra los crímenes del franquismo— y de varios documentales y reportajes de televisión, han salido a la luz algunos nombres de miembros de la Policía política franquista. Es el caso de Antonio González Pacheco, reconocido por sus víctimas por sus sádicos métodos. Sobre él se han escrito decenas de artículos y reportajes en los medios, e incluso se hizo un escrache delante de su casa pidiendo que fuera juzgado. En 2014 tuvo que comparecer ante la Audiencia Nacional, ya que la justicia argentina pedía su extradición. Finalmente, el tribunal español no la concedió.

Pero el peligro que corremos si nos centramos en miembros concretos de la BPS es que perdemos la perspectiva histórica. Pensar que González Pacheco era un policía que actuaba por iniciativa propia emborrona lo que en verdad fue la BPS: el brazo fundamental de la represión del régimen. Es cierto que Billy el Niño fue uno de los agentes más conocidos por la opinión pública, pero ni siquiera llegó a ocupar un puesto de importancia en la Policía política —tan solo en los últimos años de la dictadura subió varios escalafones—. En realidad, era un miembro más del engranaje policial que el régimen creó para reprimir cualquier acción antifranquista, por lo que sus prácticas estaban totalmente avaladas, incluso fueron premiadas, por la dictadura de Franco.

En el informe que José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar realizaron para la «querella argentina», que tiempo después se convirtió en el libro Verdugos impunes, aparecen los nombres y apellidos de algunos de los policías más famosos de este cuerpo, junto con sus datos biográficos más relevantes[1]. También han dado nombres Lucas Marco o Antoni Batista en sus respectivos trabajos (sobre Valencia y Cataluña)[2]. Estas investigaciones, junto con el análisis de expedientes policiales, de boletines de la DGS y de informes sobre la Policía realizados por la oposición antifranquista, me han permitido crear diferentes perfiles de los miembros de la BPS. Porque, aunque todos utilizaban métodos represivos, no todos eran como González Pacheco. Había agentes que venían de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República o que entraron en el cuerpo y se formaron durante la Guerra Civil. Dividiremos los diferentes perfiles en seis grupos.

La «vieja Policía»

El primer grupo lo forman los agentes que ya lo eran en la época de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Ya entonces su trabajo consistía en reprimir las acciones del movimiento obrero, por lo que, en cuanto se instauró el Estado franquista, se imbricaron perfectamente en el engranaje policial del nuevo régimen. Muchos llegaron a colaborar con la Policía política nazi, la Gestapo, y fueron perseguidos por las autoridades aliadas, si bien siempre contaron con la protección del Estado.

Eduardo Quintela Bóveda comenzó a prepararse las oposiciones a policía en enero de 1917. Las sacó unos meses después, y el 26 de septiembre comenzó a ejercer como agente en Barcelona. Diez años más tarde, en septiembre de 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera, entró a formar parte de la Brigada de Investigación Social (BIS) en Madrid. Durante la República, participó en la detención de miembros de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y fue uno de los testigos en el juicio contra Lluís Companys y otros dirigentes catalanistas acusados de proclamar la República Catalana en octubre de 1934.

Cuando, en febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones, se pidió su cese y, de hecho, fue apartado de la Brigada de Investigación Social y trasladado a Segovia. Tras el triunfo del golpe de Estado, Quintela se posicionó de inmediato en el lado de los sublevados y fue destinado a la Sección de Servicios Especiales en Valladolid. Allí, en el juzgado militar número 3 de la capital castellana, presentó su declaración de que no pertenecía ni a la masonería ni a ninguna organización del Frente Popular, y el 7 de septiembre de 1937 fue nombrado jefe de la Brigada Político-Social de Valladolid, donde permaneció un año y medio. Cuando los franquistas tomaron Barcelona (febrero de 1939), Quintela volvió a la Ciudad Condal, donde continuó realizando tareas represivas hasta su jubilación, el 8 de junio de 1955. Su trabajo fue premiado con numerosas felicitaciones públicas y ascensos[3].

Otro miembro destacado de este grupo es Pedro Urraca, que comenzó su andadura como agente de Policía (de tercera clase) el 1 de noviembre de 1929, es decir, en plena dictadura de Primo de Rivera. Formaba parte del Cuerpo de Vigilancia de Madrid, donde continuaba cuando se proclamó la Segunda República, aunque ya con el grado de agente de segunda, ascenso que consiguió en julio de 1933. Un año después fue trasladado a la Sección de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde realizó tareas meramente burocráticas. Fue durante la Guerra Civil y la posguerra cuando su trayectoria policial comenzó a despegar: primero se incorporó a la Oficina de Inspección de Guardia de la DGS, aún bajo mando republicano, pero a finales de 1936 decidió huir y unirse a los sublevados. En enero de 1937, el Gobierno republicano lo declaró «cesante» y lo buscaron para ser detenido, lo que le obligó a esconderse durante varios meses. Finalmente consiguió un pasaporte falso y 13 de octubre de 1937 viajó de Valencia a Francia. Un mes después regresó a España, concretamente a Valladolid, para unirse a la nueva Policía franquista, que le sometió a un exhaustivo interrogatorio sobre su pasado republicano. Urraca se mostró fiel al Movimiento Nacional y declaró haber ayudado a varias personas de derechas a salir de Madrid. Varios de sus compañeros apoyaron su declaración. El 10 de noviembre de 1937 su causa quedó sobreseída y pudo volver a ejercer como policía[4].

Desde noviembre de 1939 hasta noviembre de 1945, Urraca trabajó como agregado policial en la embajada española en París, desde donde, con ayuda de la Gestapo (el país galo entonces estaba ocupado por los alemanes), dirigió la persecución de dirigentes republicanos buscados por las autoridades franquistas. También redactó numerosos informes sobre los españoles exiliados en Francia y, de nuevo con el apoyo de las autoridades nazis, llevó a cabo el registro de los locales de las organizaciones republicanas. De esos registros salieron varias listas con los nombres y apellidos de los elementos izquierdistas que quedaban en la zona ocupada. En sus notas y diarios, Urraca señala a políticos como Manuel Portela Valladares, Julián Zugazagoitia, Federica Montseny o Manuel Azaña.

El 13 de agosto de 1940, la Policía alemana detuvo al dirigente catalanista Lluís Companys en una casa en Le-Bauleles-Pins, cerca de Nantes. Pedro Urraca no solo fue fundamental para localizarle, sino que, además, él mismo lo llevó hasta la frontera con España, junto con el miembro de las SS Helmut Knochen, para ser entregado a la Policía española[5].

Debido a su estrecha colaboración con los nazis, Urraca fue perseguido por las autoridades francesas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El 31 de octubre de 1945 fue obligado a salir del país, poco después de que apareciera el libro Franco est mort…, de Albert P. Prieur, donde se le señalaba como colaborador del nazismo. Sin embargo, en la España franquista comenzó a trabajar para la DGS. En 1948 fue enviado a Bélgica, con identidad falsa, para realizar trabajos de vigilancia a diversos grupos de exiliados. Recibió numerosas medallas al mérito policial y, en 1961, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. En 1967 se convirtió en comisario principal, aun sin haber pisado la Escuela de Policía y sin realizar un solo examen para ascender[6].

Jugando con dos barajas

En este grupo se incluyen los agentes que, durante la Segunda República, realizaron tareas represivas sobre todo contra grupos anarquistas. Algunos empezaron su carrera en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera, pero fue durante la República cuando verdaderamente destacaron, sobre todo por su actuación en la Revolución de Octubre de 1934, lo que en muchos casos les llevó a ser trasladados e incluso relegados de sus puestos. Estos agentes, en cuanto tuvieron oportunidad, comenzaron a colaborar con los sublevados, si bien hubieron de pasar por un exhaustivo examen para averiguar su grado de afección al régimen. En los años cincuenta y sesenta recibieron ascensos y asumieron la jefatura de la BPS en zonas tan importantes como Madrid o Valencia, llegando a actuar como interlocutores de los servicios policiales de Estados Unidos.

Vicente Reguengo González nació el 5 de noviembre de 1905 en Madrid. En mayo de 1928 fue nombrado agente de tercera clase en la comisaría de Gijón; dos meses después pasó a la División de Ferrocarriles, y, por último, a la Brigada de Investigación Social. Según el comisario jefe de la Brigada en Gijón, «el señor Reguengo no tiene amor a esta modalidad de los servicios policiales», afirmación que se demostró falsa durante los años de la dictadura, ya que Reguengo fue uno de los servidores más leales de la BPS.

En octubre de 1930 se trasladó a la comisaría de Barcelona, donde recibió su primera felicitación por haber intervenido para aplacar las «alteraciones de orden público y huelgas que se habían producido recientemente en Madrid y provincias». En julio del año siguiente ascendió a agente de segunda clase. En 1935 se le concedió, junto a otros 143 agentes e inspectores de Policía, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco «por la abnegación y patriotismo con que cooperaron a la acción de Gobierno y del Ejército» durante los sucesos de la Revolución de 1934 en Barcelona[7].

En junio de 1936, Reguengo fue trasladado de manera forzosa a la comisaría de Lugo, desde donde vivió el golpe de Estado del 18 de julio. Un par de meses después fue destinado a la localidad de Monforte de Lemos, donde trabajó como jefe de Policía. Durante el proceso de depuración, el gobernador civil de Lugo realizó un informe sobre Reguengo en el que declaraba que era una persona «considerada como derechista». El comisario de la capital gallega dijo de él que vino de Cataluña cuando la Generalitat se hizo cargo del orden público y que, desde el primer momento se «unió al Movimiento Nacional». El propio Reguengo declaró bajo juramento ante el alcalde de Monforte de Lemos que no estaba adscrito ni a la masonería ni a ninguno de los partidos o sindicatos que formaban el Frente Popular.

En agosto de 1937 regresó a la comisaría de Lugo y poco después fue trasladado a San Sebastián. En julio de 1938 fue nombrado agente de segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, cargo con el que empezó su fulgurante carrera en la dictadura. El 5 de enero de 1941 solicitó y consiguió el traslado a la Brigada Político-Social de Madrid.

Durante la década de los años cuarenta recibió numerosos premios y condecoraciones por detener a militantes de organizaciones «atentatorias contra la seguridad del Estado», eufemismo que se empleaba para hablar del movimiento guerrillero. En julio de 1948 fue ascendido a inspector de primera clase y en agosto de 1950, a comisario de tercera clase. En la década siguiente participó en la detención de miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y en la repatriación de españoles exiliados en Rusia, por lo que recibió dos premios de mil pesetas. En octubre de 1951 fue nombrado jefe de la Brigada Especial de Asuntos Sociales y dos años después (26 de octubre de 1953) fue elegido jefe de la División de Investigación Social, es decir, de la BPS.

En los años sesenta realizó multitud de viajes diplomáticos para conocer a fondo el funcionamiento de los cuerpos de Policía de otros países. En 1964 se desplazó hasta Portugal, donde se le concedió la Medalla de Ouro de la Legión Portuguesa. Fue el controvertido Henrique Tenreiro, presidente de la Junta Central de la dictadura salazarista, quien le entregó la condecoración, lo que hizo que la imagen de Reguengo saliera en las primeras páginas de la prensa portuguesa[8].

El siguiente hombre al que incluimos en este segundo grupo es Antonio Cano, que llegó a ser jefe de la BPS en Valencia. Empezó sus servicios en Madrid, en 1932, en la Oficina de Información y Enlace, que agrupaba a los Servicios de Información republicanos. Participó en la detención de militantes anarquistas, y durante la Revolución de 1934, actuó tanto en la represión de Asturias como en las diligencias abiertas contra Lluís Companys y los demás políticos que proclamaron el Estatuto Catalán de la República Federal Española. Ambos hechos le valieron la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, pero también provocaron que fuera apartado del servicio policial por «desafecto» a la República. La cuestión se zanjó tras la declaración de dos agentes, Hipólito Peinado y Julián Rodríguez, que dijeron que Cano era un «gran demócrata».

En mayo de 1937, el Consejo Provincial de Madrid llegó a la conclusión de que Cano era «afecto al régimen legalmente constituido», esto es, a la Segunda República, aunque, una vez acabada la guerra, varios funcionarios declararon que era una «persona de tendencia derechista» que había ayudado a civiles favorables a los sublevados a huir por las embajadas. Antonio Cano organizó y dirigió, en el seno de Falange, el grupo SS 5, que estaba en contacto permanente con el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM); es decir, se convirtió en un quintacolumnista. El 28 de agosto de 1939, tras el proceso de verificación, reingresó en la Policía y fue destinado a Valencia[9], donde ocupó el puesto más alto de la BPS.

El 24 de junio de 1921, Pedro Polo Borreguero fue nombrado agente de segunda clase del Cuerpo General de Policía en Barcelona. Cuando estalló la Guerra Civil, trabajaba en la Delegación General de Orden Público de Cataluña y el 30 de septiembre de 1936 fue destinado al puesto fronterizo de la Junquera. En mayo de 1937 se notificó su baja en la Delegación republicana, pues en ese momento ya trabajaba para el faccioso Servicio de Información del Nordeste de España[10].

Sin embargo, al agente Polo no todo le fue como la seda y, de hecho, se vio envuelto en asuntos turbios que por poco acaban con su carrera: en febrero de 1937 llegaron a poder de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid varias notas en las que unos funcionarios huidos de la zona republicana lo acusaban (a él y a otro agente) de haber prestado «servicio a las órdenes de los rojos en Barcelona» en la expedición de pasaportes. Al parecer, los dos policías no los facilitaban si no que se les entregaba a cambio de una gran suma de dinero. Una vez recibido el pago, denunciaban al titular del pasaporte a los agentes anarquistas de la FAI, quienes, al parecer, «lo asesinaban». Según los denunciantes, todos los funcionarios de la oficina de pasaportes huyeron a Francia, «llevándose, según rumor público, varios millones de pesetas que habían ido expoliando. […] Hay la sospecha de que Polo participó en el reparto». Pero el SIFNE corrió en auxilio de su hombre y redactó un informe en el que se afirmaba que «todos los informes recogidos sobre Polo coinciden en que se trata de una buena persona, seria, que cumple fielmente y con gran discreción su cometido». No obstante, el 5 de abril de 1937, la Jefatura Superior de Policía le abrió un expediente de depuración.

Cuando Polo decidió poner fin a su estancia en Francia (se entregó en Irún el 4 de febrero de 1938), fue conducido al Depósito Municipal y puesto a disposición del comisario general de Seguridad Interior, que lo envió a Valladolid en calidad de detenido. Pero de nuevo sus contactos se movieron para liberarlo. El 3 de septiembre, en virtud de un dictamen emitido por el abogado del Estado asesor jurídico del Ministerio de la Gobernación, se acordó «el reingreso con carácter provisional […] en el Cuerpo al que pertenece, hasta tanto que sea liberada Barcelona y puedan aportarse pruebas definitivas sobre la actuación del interesado». El 10 de febrero de 1940, el director general de Seguridad, a propuesta del ministro de la Gobernación, dio por cerrado el expediente con pronunciamiento favorable y, apenas tres meses después, Polo llegó a Barcelona como agente de la Policía política. Se convirtió en un colaborador de la Gestapo en la frontera entre España y Francia, y tras la Segunda Guerra Mundial participó, junto a los Reseignements Generaux franceses (antiguos servicios de inteligencia galos), en la desarticulación del PCE en el país vecino. Por ello la DGS lo premió en 1950 con tres mil pesetas. Su apoyo a los nazis fue pasado por alto por las autoridades francesas[11].

Los teóricos

En este apartado incluimos a los agentes que iniciaron sus carreras en tiempos de la República y de la Guerra Civil, pero que, durante la dictadura, se dedicaron fundamentalmente a recopilar la información sobre los vencidos para «ficharlos» y reprimirlos, y, al mismo tiempo, desacreditar a las organizaciones republicanas y de izquierdas publicando folletos y libros. Algunos de estos policías fueron cayendo poco a poco en el ostracismo; sin embargo, la mayoría pudo mantener su categoría y conseguir ascensos y prebendas.

Eduardo Comín Colomer nació en Zaragoza en 1908. Hijo de una familia de agentes comerciales vinculados a los círculos de la derecha católica de la ciudad, en 1926 comenzó a escribir artículos sobre espectáculos y deportes en El Noticiero, un periódico católico que durante los años de la posguerra se caracterizó por su lucha incansable contra la masonería. Sin embargo, la verdadera vocación de Comín Colomer era ser policía. Se presentó en tres ocasiones a las oposiciones (en 1929, 1933 y 1936), pero no logró sacar plaza. Tuvo que esperar al golpe de Estado del 18 de julio y al inicio de la Guerra Civil para empezar su carrera como agente[12].

El 19 de julio de 1936, Comín Colomer se presentó en la 5.a División Militar de Zaragoza para ofrecer sus servicios a los sublevados. Tres días después, su sueño de ser policía se vería realizado, aunque de forma interina. Fue inscrito en el Centro de Investigación y Vigilancia, donde se dedicó a tareas de control de la retaguardia. Su ascenso en el cuerpo fue inmediato, y muy pronto, en su ciudad natal y en Huesca, se encargó de las principales operaciones de detención de anarquistas[13]. Acabada la Guerra Civil, en 1941, fue nombrado agente de tercera clase del Cuerpo General de Policía en Madrid, lo que le proporcionó por vez primera un puesto fijo[14], si bien supo compaginar su labor en la BPS con sus tareas como escritor antimasónico.

A lo largo de su carrera tan solo vivió un momento de «caída en desgracia», en diciembre de 1941, cuando se le abrió un expediente por unas palabras vertidas contra una alta personalidad (en la documentación no se especifica quién). El error hizo que fuera trasladado a Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció alrededor de un año y medio. En mayo de 1943 regresó a Madrid, y allí comenzó a prestar servicios en la Secretaría Oficial de la Comisaría General Político-Social[15]. Poco después (julio de 1944) fue nombrado agente de primera clase, aunque el gran salto lo dio al año siguiente, cuando fue designado profesor en la Escuela de Policía, donde impartió la asignatura de Técnica de Investigación Político Social. Así fue como se convirtió en uno de los principales expertos en masonería y comunismo del régimen[16].

En 1947, junto al también policía Juan Antonio Escobar Raggio, fundó la revista Policía Municipal, y entre 1942 y 1962 colaboró asiduamente en la publicación Policía y participó en las emisiones en lengua rusa de Radio Nacional de España[17]. También escribió artículos para El Español y folletos para la colección «Temas Españoles», de la editorial Publicaciones Españolas, creada por el Ministerio de Información y Turismo para legitimar la visión franquista de ciertas épocas de la historia de España. Como no podía ser de otra forma, sus temas favoritos eran la masonería, el comunismo, el anarquismo y las Fuerzas de Orden Público desde el punto de vista del régimen[18]. Comín Colomer murió el 25 de enero de 1975. Su viuda, Julia Martín, donó a la Biblioteca Nacional 10 500 documentos entre libros y artículos. Tenía la «mejor biblioteca sobre la Cruzada» que existía, por lo que en 1964 fue condecorado por la Dirección General de Información[19].

Otro agente destacado en el grupo de «los teóricos» fue Julián Carlavilla, conocido como Mauricio Carlavilla o Mauricio Karl (seudónimo con el que firmó varios libros). Empezó su carrera como policía en Valencia, en 1921. En la ciudad del Turia apenas duró un año, ya que el gobernador civil pidió al director general de Seguridad su «traslado con urgencia de aquí» por sus faltas graves, ausentarse del trabajo e incluso tráfico de estupefacientes. En 1926, mientras estaba destinado en el protectorado marroquí, fue acusado de beneficiarse de la «prostitución clandestina tolerada y explotada en provecho propio». En esa época comenzó a escribir libros sobre cuestiones políticas y sociales, hasta que, en noviembre de 1934, tras los hechos de octubre, fue trasladado a Asturias, como muchos de sus compañeros de la Brigada de Investigación Social (BIS)[20].

Según el historiador Paul Preston, Carlavilla fue un policía «corrupto y obsesivo». En 1935 fue dado de baja en el cuerpo por faltas graves a raíz de una denuncia del diputado Francesc Cambó contra uno de sus libros[21], firmado como Mauricio Karl. A pesar de las pruebas que lo relacionaban directamente, el policía no se delató a sí mismo: «Me limito a no decir nada que, implícita o explícitamente, signifique descubrir la personalidad de Mauricio Karl», dijo[22]. De lo que no hay duda es de que, en sus libros, Carlavilla mezclaba anticomunismo, antisemitismo, paranoia antimasónica y homofobia[23].

En 1936 se fugó a Portugal, tras verse implicado en un atentado fallido contra el presidente de la República, Manuel Azaña (sí fue detenido el futuro agente de la BPS Juan Antonio Escobar Raggio), y al estallar la Guerra Civil ejerció funciones privadas al servicio de la embajada franquista de España en Lisboa, pero fue apresado por la Policía política portuguesa por algún asunto turbio y expulsado del país.

Desde 1941 Carlavilla pasó por diferentes destinos, como Girona o Palma de Mallorca, tras los cuales pidió una excedencia voluntaria. Durante ese tiempo (diez años) vivió inmerso en actividades editoriales y de diversa índole: por ejemplo, el Servicio de Información de la DGS señaló que Carlavilla se asoció con la viuda del exdiputado de izquierdas y conocido masón Eduardo Barriobero en un negocio de compra-venta de joyas, «aportando, al parecer, 50 000 pesetas». Ambos viajaron a París para «recuperar las joyas del señor Barriobero, no consiguiendo su propósito»[24]. También solicitó a la DGS una licencia de armas por haber recibido «amenazas de muerte por correo y teléfono, seguramente de elementos extremistas». Después de los años de excedencia voluntaria, en 1952 fue destinado a la BPS y, cinco años después, al Servicio de Información de Madrid. En 1955, el bibliotecario y documentalista Javier Lasso de la Vega se querelló contra Carlavilla por injurias y calumnias. Ya jubilado, la DGS le denegó la consideración de comisario honorario por sus «antecedentes desfavorables»[25].

Ni Comín Colomer ni Julián Carlavilla fueron una excepción en eso de compaginar las labores de escritor con las de policía. En 1952, Juan Antonio Escobar Raggio, agente de la BPS e historiador, publicó en la mencionada revista Policía una lista con los nombres de sus 96 compañeros que durante la Guerra Civil y el franquismo se dedicaron a la escritura, tanto de ensayos como de novelas. Según Escobar Raggio, la lista pretendía «exponer de una manera ordenada y ante propios y extraños la brillante aportación de la Policía al acervo bibliográfico cultural-español»[26]. Hubo quien se dedicó a la novela policiaca, como el barcelonés Tomás Salvador, que en 1954 recibió el Premio Nacional de Literatura por Cuerda de presos, y en 1960 el Premio Planeta por El atentado. Otro ejemplo es el del agente de la BPS de Valencia Tomás Cossías, que en 1956 publicó La lucha contra el maquis en España y en 1960 ganó un premio literario de la Diputación de Valencia por su novela El camarada Darío[27].

Los quintacolumnistas

Aquí se incluyen los agentes de la BPS cuya carrera se inició a mediados de los años treinta y que, durante la Guerra Civil, estuvieron en el lado republicano, fundamentalmente en Madrid o Barcelona, pero realizando tareas de espionaje, de sustracción de documentos y de liberación de presos. Era lo que se conocía como la «quinta columna». Cuando acabó la guerra, las autoridades franquistas examinaron la conducta y los antecedentes de estos agentes durante la República, y los que lograron sobrevivir a la purga siguieron su carrera durante la dictadura, llegando a ocupar importantes cargos en la BPS.

Según el investigador Carlos Piriz, el fenómeno de los quintacolumnistas en realidad estaba relacionado con las tramas contra la Segunda República, pero tuvo una gran importancia para formar una estructura cívico-militar que apoyara a los sublevados en el interior de las ciudades republicanas, sobre todo en la capital[28].

Juan Antonio Creix se hizo policía durante los años de la República, se puso del lado de los sublevados en la contienda y se enroló en el Servicio de Información de Policía Militar. Fue detenido en agosto de 1938 y llevado al centro de detención del número 1 de la calle Vilamajor, en Barcelona. Una vez terminada la guerra, en 1941, Creix solicitó ser admitido en la BPS, de la que llegó a ser jefe y desde donde quiso vengarse de la situación vivida como prisionero[29].

Saturnino Yagüe González nació en Madrid el 24 de septiembre de 1910. Tenía veintiún años cuando ingresó en la Escuela de Policía. El 18 de agosto de 1931 fue enviado a Barcelona como agente de tercera clase. Un mes después pidió una excedencia que se le concedió por «circunstancias familiares», parón que duró hasta noviembre de 1933 que fue cuando se reintegró en el servicio en Madrid. Durante la guerra, en noviembre de 1937, se hizo un pequeño informe sobre Yagüe en el que se decía que su comportamiento y sus conductas morales eran «buenas» respecto a la República, de manera que el 21 de diciembre de ese año fue nombrado agente de primera clase. En enero de 1939 fue llamado como recluta para participar en la guerra, si bien permaneció en el servicio policial[30].

Del 12 de agosto al 10 de octubre de 1939, Saturnino Yagüe fue sometido a un exhaustivo interrogatorio de depuración. Estas fueron las preguntas:

Fecha de ingreso.

Destinos que ha tenido desde su ingreso.

Que si ha ascendido después del 18 de julio o fue recompensado por su actuación.

Que si ha estado afiliado en los sindicatos o partidos políticos del Frente Popular. Y si es así, fecha de ingreso y cargos que tuvo.

Que si fue interventor o apoderado en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y con qué partido.

Que si desempeño algún cargo en el «Gobierno rojo» después del 18 de julio.

En qué forma suscribió las hojas que el «Gobierno rojo» hizo rellenar para continuar en su puesto.

Que como suscribió el apartado que consignase la ayuda prestada a la República frente al Movimiento Nacional.

Que si ha formado parte de las Milicias y si formó como voluntario o forzoso.

Que si formó parte de algún hecho en armas.

Que si participó en algunas detenciones de personas de derechas.

Que si conoce a algún compañero que formase parte de los «batallones rojos».

Que con qué cantidad contribuyó al sustento del «Gobierno rojo».

Que quiénes eran los más distinguidos izquierdistas dentro del Cuerpo de Investigación y Vigilancia y cuál fue su actuación.

Que cuáles han sido los servicios prestados para la causa del «Movimiento Nacional» o en beneficio de personas afectas a la misma.

Que cuáles han sido los medios de los que se ha valido para huir de la «zona roja».

Nombres de personas que le puedan avalar.

Algo más que manifestar[31].

Yagüe declaró que había entrado en el Sindicato de las Fuerzas Armadas de la CNT el 30 de enero de 1937, pero que no desempeñó ningún cargo dentro de la organización y que lo hizo únicamente para mantener el puesto. Dijo que no había pertenecido a ninguna milicia, que jamás detuvo a personas de derechas y que, para ayudar a la «causa nacional», divulgó actuaciones de la «Policía roja» e incluso guio los interrogatorios a personas derechistas para que fueran liberadas. Yagüe reconoció haber entregado a Falange un buen número de denuncias contra personas afectas al Movimiento Nacional realizadas en comisarías republicanas, y cuando las tropas de Franco entraron en Madrid, participó en detenciones de personas partidarias de la República. Es decir, fue un claro quintacolumnista dentro de la Policía. Nunca intentó huir de la «zona roja» y, en su declaración, dio varios nombres de personas que podían avalarle: un magistrado que trabajaba para el Ministerio de Justicia en Vitoria, un jefe de un sindicato afecto a Falange, un jefe de la Bandera XII y un jefe de la Legión. Los nombres de esas personas aparecen tachados. Por último, manifestó que estuvo en Falange antes del Movimiento Nacional.

Desde la Jefatura de Policía de Madrid se corroboró toda esta información, concluyendo que se trataba de un hombre de «ideas derechistas, de intachable conducta y buen funcionario», que rechazó detener a personas de derechas y que dio documentación falsa a personas afectas al Movimiento Nacional para que pudieran circular por la ciudad. En el informe se decía que Yagüe participó en acciones encomendadas por la organización clandestina falangista en Madrid, apoyando a derechistas que eran perseguidos, que hizo desaparecer fichas de un «fichero que tenían los rojos» y que, nada más entrar el Ejército de Franco en Madrid, fue nombrado segundo jefe por Falange de la comisaría de Hospicio. Por último, se solicitaba su reingreso inmediato en la Policía[32].

Tras pasar los exámenes de depuración, el 30 de noviembre de 1939 Yagüe fue reintegrado en la Policía de la capital y comenzó su carrera fulgurante: en diciembre de 1939 fue nombrado agente de segunda clase, con un sueldo anual de cuatro mil quinientas pesetas; en noviembre de 1940 fue ascendido a agente de primera clase, con un sueldo anual de siete mil doscientas pesetas, especializándose en la búsqueda y detención de miembros de la guerrilla urbana[33]; en enero de 1954 fue nombrado inspector jefe; en noviembre de 1956, comisario de segunda clase… En la década siguiente su carrera siguió por la misma senda, recibiendo un sinfín de medallas y condecoraciones por la detención de obreros y estudiantes. Todos estos éxitos culminaron en 1969, cuando fue nombrado comisario principal de la BPS[34].

Francisco de la Guardia Gilabert ingresó en la Policía el 12 de abril de 1928 como inspector de segunda clase en Granada, cargo que ocupaba cuando el 14 de diciembre de 1931 recibió felicitaciones por los «servicios policiales realizados». En marzo de 1935 se le destinó a Madrid, a la Comisaría General para la Represión del Contrabando y el Fraude, y en noviembre de 1937, ya avanzada la guerra, se le nombró agente de primera clase del Cuerpo de Seguridad organizado por las «autoridades rojas». Unos días después de que finalizara la guerra, el 14 de abril de 1939, se le sometió al interrogatorio de depuración antes mencionado (en el caso de Saturnino Yagüe). De la Guardia reconoció que había estado afiliado a la UGT, pero que nunca había tenido un cargo directivo. Que no fue apoderado del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 ni participó en ningún batallón de milicianos. Nunca realizó detenciones de personas derechistas por iniciativa propia. En cuanto a su labor en favor del Movimiento Nacional, hizo desaparecer antecedentes de personas de derechas, guardó dinero de algunos detenidos y realizó tareas de espionaje, descifrando textos de los republicanos. Por último, dio varios nombres de policías afines a la República, que aparecen tachados en su expediente personal. El 25 de octubre volvió al Cuerpo de Policía sin ningún tipo de sanción, tras ser apoyado por varios altos mandos policiales. A partir de entonces su carrera fue en ascenso hasta ser nombrado jefe de la I Brigada Regional de la BPS el 25 de noviembre de 1957[35].

Los infiltrados

Aunque algunos comenzaron a ser policías en los últimos años de la República, la mayoría de los que aquí llamamos «infiltrados» iniciaron su andadura durante la Guerra Civil y la posguerra. Cuando aún eran aprendices de los agentes anteriormente mencionados, llevaron a cabo tareas de infiltración dentro de las organizaciones políticas clandestinas y muchos estuvieron implicados en torturas policiales. Aunque sus carreras despegaron en los años sesenta y setenta, ya en los cincuenta habían realizado algunos trabajos policiales de importancia.

Roberto Conesa Escudero nació en Madrid en 1917. A los quince años entró a trabajar como mozo en una tienda de ultramarinos en la calle General Lacy. Según diversos testimonios, entre ellos el del periodista Gregorio Morán, Conesa estuvo afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) durante los años de la Segunda República, aunque de momento no hay documentación que lo demuestre[36].

En 1941 fue sometido a interrogatorio sobre su pasado durante la República y la Guerra Civil. Había ingresado en el cuerpo el 25 de agosto de 1939 y su destino fue la Brigada Político-Social, en la comisaría del distrito de Palacio. Dijo que en 1931 vivía en Madrid y que trabajaba en un establecimiento familiar. En 1937 le obligaron a afiliarse a la CNT, después de que a su familia les incautaran su negocio. No fue apoderado en las elecciones de febrero de 1936, no tuvo ningún cargo en el «Gobierno rojo» y tampoco participó en ningún hecho bélico. En cuanto a las ayudas a la «causa nacional», dijo que durante la Guerra Civil fue detenido por dar comida a personas perseguidas y que ayudó a la organización clandestina de Falange, la bandera clandestina 2.a y 44.a[37].

Durante los años de la posguerra realizó tareas de infiltración (en el PCE y el PSOE) y contribuyó en la desarticulación del Socorro Rojo Internacional y de las JSU. A finales de los años cuarenta ya era uno de los agentes más importantes de la BPS.

Sin embargo, el 18 de enero de 1946 tuvo un conflicto con el jefe local de la Brigada en Madrid. Este había pedido su comparecencia en su despacho, junto con los agentes Paulino Muñoz Sánchez y José Espejo Moreno, por una denuncia de malos tratos. La reacción de Conesa ante las acusaciones fue dejar su arma y su carné de policía encima de su mesa, sin dar ningún tipo de explicación, lo que provocó su detención. Entonces Conesa declaró que su brusca e indisciplinada manera de actuar se había debido a «un estado de inconsciencia y ofuscación que padeció en aquel momento por la fuerte excitación nerviosa en la que se hallaba», e incluso entregó un certificado médico apoyando su testimonio. Sin embargo, el 22 de enero la DGS decidió trasladarlo a la comisaría de Mahón, a lo que Conesa se negó. De hecho, el comisario de la ciudad menorquina mandó un escrito a la Dirección General diciendo que el policía no se había presentado en sus dependencias. El 2 de febrero se le suspendió de empleo y sueldo, al menos hasta que se aclarara el expediente disciplinario, y su traslado a Mahón quedó en suspenso. Un mes después, la DGS decidió bajarle treinta puestos en el escalafón policial, pero también que siguiera trabajando como policía en Madrid, lo que le permitió continuar su carrera[38]. El 3 de marzo de 1954 obtuvo la Medalla al Mérito Policial concedida por la DGS y el Ministerio de la Gobernación. En su discurso de agradecimiento dijo mostrar una «irrenunciable entrega total al Caudillo y a los postulados del régimen»[39].

Tras varios tropiezos policiales (de los que hablaremos en los siguientes capítulos), Conesa deambuló por diferentes lugares de Europa, vigilando las actividades de las organizaciones situadas ideológicamente a la izquierda del PCE que surgieron a principios de los años sesenta[40]. También trabajó para el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En febrero de 1960 pidió su reingreso en la Policía, pero su petición no fue aceptada hasta el 27 de noviembre, aunque sin recuperar su rango. En ese lapso de diez meses había perdido 1121 puestos en el escalafón. Recuperó su posición bastantes años después, a finales de los años sesenta, tras realizar un sinfín de detenciones de opositores antifranquistas, sobre todo de miembros de organizaciones de izquierda radical, como el PCE marxista-leninista[41]. El 17 de julio de 1967 se le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.

Ya en los años setenta, sus labores de infiltración se intensificaron. Participó en el Servicio de Coordinación, Organización y Enlace (SCOE), donde coincidió con el espía Luis Manuel González-Mata, alias El Cisne, a quien había conocido en República Dominicana. González-Mata describe a Conesa con estas palabras: «Es un hombre a quien muchos del servicio le han reprochado siempre su falta de tacto. Especialista en los servicios exteriores, pero sin las menores dotes de diplomático»[42].

Sin embargo, Conesa logró ascender hasta los puestos más altos de la Policía: en agosto de 1972 fue nombrado comisario de segunda clase; en abril de 1973, comisario de primera clase y, un año más tarde, jefe de la Brigada Central de la Comisaría General de Investigación Social. Durante ese tiempo participó en el grupo «Plaza España» de la BPS de Madrid[43]. El 9 de septiembre de 1975 consiguió ser restituido en su puesto del escalafón, y fue por entonces cuando recibió las primeras denuncias en los juzgados por malos tratos y coacciones[44].

Otro infiltrado destacado fue Conrado Delso, que comenzó su carrera como agente de la BPS en julio de 1938. En la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad le pidieron que acreditase su conducta moral, privada y pública, y para ello entregó un certificado de penales y una declaración jurada en la que constaba que no había pertenecido a ninguna de las organizaciones que conformaban el Frente Popular. La Comisaría de Investigación Social, en ese momento con sede en Valladolid, declaró que Conrado Delso era un individuo «de buena conducta y concepto público, adicto al Glorioso Movimiento Nacional y sin antecedentes penales». Delso poseía el título de perito mercantil, lo que lo convertía en una persona apta para ingresar en el cuerpo[45].

El 20 de junio de 1939 fue nombrado agente auxiliar del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, y fue destinado a Madrid, a la comisaría de Buenavista. En agosto de 1941 volvió a ser interrogado sobre sus actividades antes, durante y después de la Guerra Civil. Declaró que hasta 1934 había residido en Valladolid, donde estudió la carrera de perito mercantil; luego se trasladó a Madrid y trabajó en la academia Safos, y tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 volvió a su pueblo natal, Villaverde de Íscar (Segovia), donde de inmediato se puso a disposición de la Guardia Civil y de las autoridades, que apoyaban sin fisuras a los sublevados. Aseguró no haber pertenecido a ninguna organización del Frente Popular y no haber ocupado ningún cargo en el Gobierno republicano después del 18 de julio, ya que de inmediato se trasladó a la zona sublevada. Ni tomó parte en ningún hecho en armas ni pagó suscripciones a la República. Dijo que ayudó a mantener el orden ofreciendo su automóvil. Después fue llamado a filas[46].

El 22 de octubre de 1941 fue nombrado agente de segunda clase y poco a poco fue ascendiendo en el escalafón de la Policía política de Franco. En los años sesenta se dedicó principalmente a detener a militantes del movimiento obrero, ya que formó parte del Grupo I de la BPS, encargado de vigilar las actividades de los trabajadores y de apresar a los sindicalistas antifranquistas[47]. Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras (CC OO), le nombró varias veces en su autobiografía, cuando describe su detención y posterior encarcelamiento:

… cuando fuimos a entregar el escrito, después de terminar la reunión, bajamos desde Cuatro Caminos por Raimundo Fernández Villaverde hasta el Ministerio de Trabajo. Al llegar, casi a la altura del ministerio, nos salió al encuentro Delso, el tristemente famoso comisario de la Brigada Político-Social y responsable de la persecución de las CC OO. «Hombre, Camacho —me dijo—, tú por aquí…». Sin más explicaciones nos metieron en un Land Rover y nos llevaron inmediatamente al patio interior del Ministerio de Trabajo. Al cabo de un buen rato, en un furgón de detenidos, nos condujeron al Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol[48].

En los años setenta alcanzó su posición más alta en el escalafón policial cuando fue nombrado comisario de segunda clase (5 de febrero de 1971). El jefe superior de la Policía de Madrid declaró que Delso «era de una buena conducta moral y profesional, pública y privada, considerándole apto para el mando de una plantilla». Desde entonces fue uno de los miembros de la BPS más relevantes en la represión del movimiento obrero[49].

Claudio Ramos Tejedor nació en Arrabalde (Zamora), donde su padre era secretario del ayuntamiento. A los diecisiete años se incorporó a la Guardia Civil y el 25 de junio de 1945 ingresó en el Cuerpo Superior de Policía. Trasladado a Lérida, allí recibió felicitaciones por su lucha contra los guerrilleros y por la detención de una banda dedicada al tráfico de oro. Después solicitó ser destinado a Asturias. Llegó a Oviedo en 1946 y se dedicó a trabajos burocráticos. Poco después pidió el trasladado a la Brigada Político-Social. Junto con otros tres agentes fue agregado a la Brigadilla de Orden Público, dependiente del Gobierno Militar. Participó en la lucha contra la guerrilla, como en las detenciones de Manuel Fernández, alias El Peque, y de Joaquín González, alias El Tranquilo, las dos en 1951. Su trabajo consistía en conseguir confidentes y delatores dentro del movimiento guerrillero mediante detenciones y torturas[50].

Ramos Tejedor también destacó por su labor al hacer frente a las huelgas mineras de 1962 en Asturias. A comienzos de los años setenta se convirtió en jefe de la Policía de Oviedo, donde fue entrevistado, nada más asumir el cargo (diciembre de 1972), por el semanario Asturias Semanal. El artículo explica que su trayectoria era «brillante» y que se trataba de un hombre cabal, humano, empático y familiar, que pasaba con sus hijos (tenía siete) sus ratos libres y leía libros de criminología, derecho y sociología. Obviamente, en ningún momento se mencionaba a todas las personas a las que había detenido por motivos políticos. Tan solo se aludía a los «delitos de tipo policial», refiriéndose a lo que había sucedido en la minería y en la siderurgia asturianas, loando su actitud como policía: «Es un hombre con un sentimiento muy profundo de amor al prójimo que procura el bien a los demás, a costa, muchas veces, de su propio sacrificio. A veces nos planteamos cómo nuestro velar significa el descanso de otros»[51].

José Sainz nació el 25 de marzo de 1917 en la aldea de Campoó de Yuso (Cantabria). En 1943 fue destinado a la Brigada Móvil en Vizcaya, donde se dedicó a detener a miembros de la guerrilla antifranquista y a desarticular grupos del PCE. En febrero de 1946 lo trasladaron a la comisaría de Reinosa (Cantabria) y poco después a Asturias, para realizar acciones contra el movimiento guerrillero. También trabajó en Bilbao, ciudad en la que comenzó su carrera ascendente hasta llegar a lo más alto de la Jefatura de Policía[52].

Melitón Manzanas nació en San Sebastián el 9 de junio de 1909. Inició su carrera política cuando era muy joven, durante la Segunda República, ya que militó en Acción Popular, partido de derechas y monárquico del que llegó a ser jefe de juventudes en la ciudad guipuzcoana de Irún. El golpe del 18 de julio de 1936 fracasó en el País Vasco, lo que supuso su detención y traslado al Fuerte de Guadalupe, donde permaneció hasta septiembre de 1936, momento en el que logró huir a Francia. Posteriormente regresó a España, a la zona sublevada, donde combatió como voluntario (en la división «Flechas Verdes») en las ofensivas del Ebro, de Cataluña y de Madrid[53].

En mayo de 1939 empezó su carrera policial como agente auxiliar del Cuerpo de Investigación y Vigilancia en la comisaría de Irún, desde donde apoyó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Allí también realizó sus primeros interrogatorios y torturas, por las que recibió diversas felicitaciones. El 23 de mayo de 1946, la DGS premió públicamente a Melitón Manzanas por los trabajos realizados en la frontera francesa.

En la década de los años cincuenta su carrera se consolidó tras detener a militantes de la UGT, del PSOE y del PCE. Fue trasladado, pero poco después, en junio de 1958, volvió a San Sebastián.

En los años sesenta, Manzanas se especializó en ETA, trabajo por el cual recibió una felicitación pública (agosto de 1961) y un premio de dos mil pesetas. En la nota se decía que había detenido a veintidós miembros «de una organización separatista vasca, que habían realizado hechos contrarios al régimen». El 27 de julio de 1964 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, y tres años después fue nombrado inspector jefe del Cuerpo General de Policía y de la BPS en San Sebastián[54]. Se convirtió en uno de los policías más conocidos de la época —por los métodos que usaba— y en una de las principales dianas de la organización terrorista ETA, asunto que trataremos más adelante.

Los aprendices

En esta última categoría incluimos a los discípulos de los jefes de la BPS de los que ya hemos hablado (Saturnino Yagüe, Roberto Conesa o Claudio Ramos). Entraron en la Policía en los años sesenta o setenta, en el llamado «tardofranquismo», infiltrándose en el movimiento estudiantil, acudiendo a la universidad y participando en asambleas y reuniones clandestinas para después perseguir y detener a los cabecillas de las principales organizaciones universitarias antifranquistas.

El famoso Billy el Niño —llamado así por la facilidad con la que sacaba la pistola cuando interrogaba a sus detenidos— desarrolló una carrera fulgurante en los últimos años de la dictadura: en septiembre de 1969 fue nombrado funcionario en prácticas en el Cuerpo General de Policía; en diciembre de ese mismo año, ascendió a subinspector de segunda clase y, apenas seis años después, en septiembre de 1975, había subido nada más y nada menos que quinientos puestos en el escalafón. Su vertiginosa promoción se debió, sobre todo, a que fue uno de los policías que más activamente participó en las operaciones policiales contra el movimiento estudiantil durante los últimos años de la dictadura.

El 10 de agosto de 1970 recibió su primera recompensa —dos mil pesetas— por su «eficiente labor llevada a cabo en actividades estudiantiles», y solo unos meses después, el 26 de diciembre, le fue otorgada esa misma cantidad por capturar a los dirigentes de la Comisión Coordinadora Estudiantil. A lo largo de su carrera recibió seis recompensas más por detener sobre todo a jóvenes estudiantes y a militantes de la izquierda radical. Fue uno de los policías más conocidos entre las víctimas, porque sacaba la pistola en los interrogatorios y daba su nombre a los que torturaba. Desempeñaría un importante papel en la Transición junto a los grupos de extrema derecha[55].

Pascual Honrado de la Fuente entró en la BPS en 1954, con el aval de Claudio Ramos, y se convirtió en su mano derecha durante el resto de la dictadura. Conocido como Pascualón por los militantes antifranquistas, se hizo famoso por sus torturas en los interrogatorios. Recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, según el BOE del 31 de julio de 1967, «en atención a los méritos que concurren en los interesados, que se han destacado por su entrega al cumplimiento del deber y por sus condiciones de preparación, acrecentando con ello el prestigio corporativo, y con el propósito de fomentar la interior satisfacción y estímulo de los funcionarios dependientes de la Dirección General de Seguridad». En 1969 le concedieron otra medalla por su eficaz trabajo en la BPS[56].

3
Los métodos de la Secreta

En 1949, el Foreign Office británico describió así a la Policía política española:

… sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado. Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social que actúa por orden del jefe superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas «confesiones». Cuando se termina el dosier, al prisionero se le traslada a una de las prisiones del Estado y pasa a la jurisdicción militar[1].

La descripción que hacen los servicios de inteligencia ingleses no dista mucho de la realidad. La Policía política franquista innovó en ciertos aspectos, principalmente técnicos, gracias, primero, a la ayuda de la Gestapo nazi y, después, a los servicios policiales de Estados Unidos; pero lo cierto es que, en esencia, sus procedimientos apenas cambiaron en los cuarenta años de dictadura. El método era siempre el siguiente: la Policía obtenía información sobre las personas a las que se proponía detener, ya fuera mediante investigaciones o a través de agentes infiltrados en los grupos clandestinos o por medio de confidentes. Una vez realizado el arresto, se abrían las diligencias policiales, entre ellas la aplicación de la tortura durante el interrogatorio, hasta que, finalmente, los jueces instruían el expediente. En el proceso, por supuesto, participaban como testigos los policías que habían realizado las detenciones y los interrogatorios.

Primera fase: obtención de información

Roberto Conesa o Claudio Ramos, por ejemplo, se convirtieron en verdaderos expertos en la primera fase de infiltración en organizaciones clandestinas, hasta el punto de que debieron dar el relevo a sus «cachorros» cuando empezaron a ser demasiado conocidos.

El primer caso de infiltración de Conesa fue en el de Las Trece Rosas. El 5 de agosto de 1939, trece mujeres y cuarenta y tres hombres —todos militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)— fueron fusilados en las tapias del Cementerio del Este de Madrid[2]. Se les acusaba de haber asesinado al comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón el 27 de junio de 1939, cargo que nunca llegó a probarse. La militante de la JSU Lolita Márquez dio el nombre de varios de sus compañeros y compañeras a un policía infiltrado que se encontraba en la casa de otra militante, Joaquina Laffita, donde Lolita pensaba esconderse. Ese policía infiltrado resultó ser Roberto Conesa, que unos días después procedió a detener a la joven antifranquista, que terminó dando los nombres de las que años después se conocerían como Las Trece Rosas[3]. Su confesión no le sirvió de nada a la joven, que en diciembre de 1939 volvió a ser detenida y trasladada a la cárcel de Ventas, donde otras reclusas la culparon del «fusilamiento de sus compañeras». Estuvo tres meses en la cárcel, sin llegar a pasar por un consejo de guerra. A su salida de prisión volvió a contactar con algunos miembros de la JSU que estaban en la cárcel de Porlier, como Eugenio Mesón, líder de la organización en Madrid, para ofrecer su apoyo a la causa antifranquista. En mayo de 1943 fue de nuevo detenida y llevada a la DGS y allí volvió a ver a Roberto Conesa. En agosto entró en la cárcel, donde siguió trabajando para su organización, entregando folletos y documentación por las galerías de la prisión. En 1946 la trasladaron a la cárcel de Segovia y tres años después salió en libertad. Al año siguiente se casó, y en 1954 escribió un informe en el que relataba lo ocurrido a Las Trece Rosas y sus conversaciones con Roberto Conesa[4].

En 1949, el agente de la BPS también participó en la detención de varios miembros del PCE en la chocolatería La Rana Verde de la madrileña calle de San Bernardo. Allí trabajaba Pilar Cotarelo, mujer de Paulino García, entonces militante del PCE y, posteriormente, uno de los fundadores del PCE (m-l). Según Gregorio Morán, Roberto Conesa y Pilar, que también militaba en el PCE, tenían una «relación especial», ya que el policía se había infiltrado en el partido clandestino[5]. Los resultados del idilio fueron treinta y cinco personas detenidas, de las cuales siete comparecieron ante un consejo de guerra[6] (el juez fue el coronel Enrique Eymar[7]), entre ellas Pilar, a quien le impusieron prisión preventiva. La hermana de la detenida, María Teresa Cotarelo (camisa vieja de Falange, excombatiente y exregidora de Prensa y Propaganda de la Sección Femenina), escribió una carta explicando que Pilar era «madre de dos hijos», por lo que apelaba a la compasión del juez. Finalmente, el 7 de septiembre de 1950, Pilar Cotarelo recibió el indulto, a diferencia de los otros juzgados. A algunos de ellos se les redujeron las penas, pero tuvieron que seguir en prisión durante años[8].

En ocasiones, a los delatores se les prometía condonar sus penas si daban los nombres de otros miembros de la organización, sobre todo si se trataba de dirigentes. Así lo reconocía el jefe superior de Policía de Madrid en una carta dirigida al director general de Seguridad, fechada 1952, en la que, además, alababa el trabajo como agente infiltrado de Roberto Conesa:

… es tal su captación en estas actividades que para el mejor manejo de los enemigos del Régimen, y con riesgo evidente de su vida, se infiltra en sus propias filas y ello hace que en el año 1939 se introduzca en el Partido Comunista que funcionaba en esta capital después de la liberación, meses después hace lo mismo en las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, en el año 1943 lo hace en el comité del Partido Comunista de Zaragoza, y meses más tarde en el de Lérida, culminando así una tarea de una gran valentía[9].

Por su parte, el agente Claudio Ramos, aunque no se infiltró en ningún partido clandestino, demostró una gran habilidad a la hora de conseguir delatores y confidentes en esas organizaciones tanto en las fábricas como en las universidades. En 1955, Ramos investigó el caso de una avioneta que se estrelló cerca de Avilés y en la que se encontró numerosa documentación que acusaba de corrupción al gerente de ENSIDESA, Félix Aranguren Salas. El agente de la BPS se infiltró en la empresa y contactó con un trabajador, Diego O’Neil, que formó una verdadera oficina de información sobre los movimientos de comunistas y socialistas en la fábrica asturiana.

En los años setenta, Ramos también consiguió detener al dirigente comunista Julio Gallardo gracias a la delación de Pepe Vázquez, vendedor de máquinas de coser, cuya amante militaba en las Juventudes Comunistas. Durante su estancia en la cárcel, Gallardo se reconvirtió en chivato de la Policía, por lo que fue expulsado del partido en 1974[10].

Segunda fase: detención y tortura

En este lugar [en la comisaría de la calle Almagro 39] yo fui también torturado con los procedimientos más vejatorios y despiadados. Uno consistía en meterte un gran embudo en la boca y echar agua hasta que te sentías morir con una sensación de ahogo. Otro, colocarte una máscara de gas, con los conductos de oxígenos cerrados, hasta que era imposible soportar la angustia de la asfixia y caías al suelo sin conocimiento. Con estas técnicas atroces trataban de que firmases declaraciones que ellos habían confeccionado y que dieras nombres de otros compañeros responsables[11].

El testimonio del poeta comunista Marcos Ana no es único, sino que son cientos los testimonios de militantes antifranquistas que relatan los malos tratos sufridos. De hecho, en 1976, la Comisión Justicia y Paz, cercana al PCE, publicó un informe sobre las torturas policiales durante el franquismo y los primeros años de la Transición. En primer lugar, se explicaba qué se entendía entonces por tortura: «Cuando una persona inflige deliberadamente y sistemáticamente sufrimiento agudo, cualquiera que sea su forma (psicológica o física), a otra persona a fin de alcanzar su objetivo contra la voluntad de la víctima». La tortura física podía consistir en golpes, quemaduras, mutilaciones, inmersiones de la cabeza en agua, suspensión del cuerpo colgado de pies y manos, aplicación de corrientes eléctricas… La psicológica solía relacionarse con ciertas drogas, como el «suero de la verdad», pero también con la incomunicación, amenazas, insultos, etc. Lo cierto es que en los años setenta los métodos para torturar se iban volviendo cada vez más sofisticados, aplicándose cada vez con más frecuencia técnicas científicas, psicológicas y biológicas para doblegar la voluntad de las víctimas[12].

La tortura fue una práctica común a lo largo de la dictadura. En la fase de apertura de diligencias para detener a los miembros de las organizaciones clandestinas se redactaban los procedimientos policiales en los boletines policiales, donde, lógicamente, aparecía la actuación que se iba a poner en marcha y el nombre de las personas que serían detenidas (su edad, profesión, estado civil y papel en la organización). Posteriormente, esas diligencias se trasladaban a los consejos de guerra o a los juicios del TOP, ya que los gobiernos civiles, la DGS y los miembros de la BPS compartían información.

En el informe de la Comisión Justicia y Paz aparecen los nombres de los 115 hombres y mujeres torturados en España en 1976. Se aportan testimonios escritos de las víctimas y se describen métodos como la «bañera» (meter la cabeza del detenido en un barreño lleno de agua, orines o heces), el «quirófano» (se ataba de pies y manos al detenido y se le colocaba boca arriba sobre una mesa con los pies descalzos; varios agentes se colocaban encima de él mientras otro le golpeaba la planta de los pies), la «colgadura» (se colgaba al preso de una cuerda y se le golpeaba con porras), el «balanceo» (se le colgaba de los pies y se le balanceaba de un lado a otro mientras se le golpeaba), la «rueda» (varios policías rodeaban al detenido y lo pateaban por turnos) o la «picana» (se le administraban descargas eléctricas al detenido)[13]. En Madrid, fueron muchos los militantes antifranquistas que aportaron pruebas de torturas ante los jueces. También lo hicieron asociaciones de vecinos, grupos proamnistía —como en Guipúzcoa, Navarra o Vizcaya—, concejales de ayuntamientos, miembros de colegios médicos… Todos añadían recortes de prensa e imágenes de personas vejadas y torturadas[14].

Muchos militantes antifranquistas han contado en sus memorias las torturas que sufrieron en las comisarías a manos de los agentes de la BPS. Pedro Vicente, militante del PCE madrileño en los años cincuenta y sesenta, describió así lo que le hicieron:

Me repiten las tres preguntas, doy la misma respuesta. Me quitan los pantalones y los zapatos y me ponen las dos rodillas en dos montones de garbanzos mezclados con arroz para que no resbalen, la cara vuelta a la pared y las manos esposadas atrás, y mientras los garbanzos se van incrustando en las rodillas, no paran de darme puntapiés y puñetazos, hasta que por el insoportable dolor me doy con la cara contra el tabique de la pared y pierdo el conocimiento.

[…] Aun así me volvieron a subir a la cámara de los martirios, diciéndome: «A ver si aguantas esto». Me conectaron cables en ambas muñecas y soltaron descargas eléctricas cada vez más fuertes, hasta que sentí que se me paralizaba el corazón[15].

Como señala el historiador César Lorenzo, durante la dictadura franquista la práctica de la tortura no solo permaneció enquistada, sino que «se llevó a extremos nunca conocidos hasta entonces en cuanto a extensión e intensidad». Desde que los sublevados dieron el golpe militar y hasta mucho después de la muerte del dictador, bien avanzada la Transición, «la tortura a manos de funcionarios del Estado fue una realidad incontestable, sistemática, aunque su empleo se vio sujeto a los condicionantes políticos, se moderó su extensión y cambió su tipología. Pero la tortura siempre existió y se alentó y justificó por parte de las autoridades»[16].

Finalizada la fase de la detención (amenazas y torturas incluidas), y tras firmar el preso la declaración que los agentes querían que firmara, este pasaba a disposición judicial, ya fuera la justicia militar o la civil. En sus declaraciones ante el juez fueron muchos los militantes antifranquistas que denunciaron malos tratos por parte de la Policía.

Tercera fase: Juicio y denuncias por malos tratos

El 15 de octubre de 1939 fue detenida la portera y militante de UGT Prudencia Jiménez Gil. Mencionemos de paso que los porteros se convirtieron en un objetivo del franquismo, ya que muchos colaboraron con las autoridades republicanas para detener a personas de derechas durante la Guerra Civil. Tanto es así que en algunas capitales se creó un juzgado especial de porteros para investigarlos y depurarlos si era necesario[17]. En el interrogatorio policial al que fue sometida Prudencia, la detenida declaró que trabajaba en el portal de la madrileña calle de Malasaña 3, confesó que era militante del sindicato de porteros de UGT, que asistía a sus reuniones y que había ayudado a detener a personas de derechas. Sin embargo, cinco días después, el 20 de octubre, ante el juzgado militar número 3 de Madrid, dijo que las confesiones que había hecho se las habían sacado los agentes bajo tortura; que la habían pegado con un vergajo y aplicado corrientes eléctricas. Y denunció a los policías que la habían interrogado: Roberto Conesa Escudero, Fernando García Rubio, José Manuel García de la Mano y Francisco Rodríguez Benedicto. Los médicos forenses confirmaron que tenía lesiones subcutáneas en el dorso, los glúteos, los muslos y los músculos lumbares, pero el juez militar hizo caso omiso de la denuncia y condenó a Prudencia a pena de muerte, aunque después le fue conmutada[18].

No fue hasta el 20 de junio de 1940 cuando se abrió una investigación para aclarar los hechos. Unos meses antes, el 4 de abril, Prudencia declaró que la habían llevado hasta el centro de detención de la calle Fomento 9, donde los policías citados anteriormente la sometieron a torturas. Un año después, entre el 15 y 29 de abril de 1941, los agentes fueron interrogados y desmintieron todo lo dicho por la denunciante. Dos médicos militares volvieron a reconocerla y estimaron que no tenía ninguna herida fruto de malos tratos. Bueno, habían pasado dos años desde que la detuvieron… Finalmente, los cuatro agentes fueron absueltos[19].

En 1961, en Barcelona, varios miembros del Colegio de Abogados denunciaron que, tras las detenciones por unas protestas durante un concierto en el Palacio de la Música —entre ellos estaba Jordi Pujol, que exigía la libertad de expresión en catalán—, algunos manifestantes sufrieron malos tratos por parte de agentes de la BPS. La denuncia, como tantas otras veces, fue archivada y los medios de comunicación, como ABC, declararon que no eran más que injurias contra la Policía, que padecía una campaña de propaganda calumniosa. La prensa clandestina, como Mundo Obrero, pidió la disolución de la Brigada Político-Social, a la que no mucho después, durante el juicio del comunista Julián Grimau (julio de 1963), comenzaron a llamar la «Gestapo franquista»[20].

En 1965 se celebró un juicio del TOP contra diecinueve miembros de ETA, que pidieron ser absueltos por haber sido objeto de torturas por parte de catorce agentes. El presidente del Tribunal cortó las intervenciones de los abogados defensores diciendo que aquello era «una campaña contra la Policía española». Sin embargo, el fiscal reconoció los hechos, pero debido al secreto profesional, estos no pudieron aclararse[21].

Ante la negativa de los jueces a investigar, los abogados y los propios denunciantes decidieron recurrir a otras vías. Por ejemplo, muchos enviaron cartas a los gobernadores civiles, al ministro de la Gobernación, a los medios de comunicación —tanto nacionales como extranjeros— y a las autoridades eclesiásticas. En 1965, Eduardo Cierco, abogado defensor del estudiante Martínez Lorca, hizo llegar una carta al arzobispo de Madrid y a la prensa francesa denunciando que su defendido había sido objeto de malos tratos por parte de la BPS; que le pegaron en el vientre y en la cara, y que le retorcieron los brazos hasta conseguir una confesión. Cierco fue duramente criticado por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, en una nota de prensa en la que afirmaba que estaban «insultando a las autoridades españolas»[22].

Hubo una ocasión, en la primavera de 1968, en la que los estudiantes estuvieron a punto de lograr que miembros de la BPS se sentaran en un banquillo acusados de torturas. Al menos fueron interrogados ante el gobernador civil de Oviedo, tras las movilizaciones que se produjeron en la capital asturiana contra la guerra de Vietnam, en las que fueron detenidos dieciséis jóvenes. Tras pasar varias horas en las dependencias policiales, fueron procesados: a ocho de ellos se les impuso una multa gubernativa de quince mil pesetas por alteración del orden público, y a otros dos, una multa de diez mil pesetas[23].

Al día siguiente se celebró una asamblea en la Universidad de Oviedo y una de las detenidas, María Dolores Menéndez del Llano, tomó la palabra para decir que los estudiantes habían sido maltratados y las chicas insultadas (les llamaron «pingos», «pellejos» y «chigreras»): «[cuando] me preguntaban sobre tal o cual persona, lo negaba todo. Uno de los policías, Núñez Ispa, me pegó dos hostias. Este policía me llamó putilla. Y que cómo hacía eso estando mi padre mal del corazón. Al día siguiente conté todo lo que me había pasado en la asamblea»[24]. Varios estudiantes y profesores firmaron una carta de denuncia que enviaron al gobernador civil, que se negó a atenderles alegando que las acusaciones eran falsas. Entonces, el 16 de mayo decidieron poner una denuncia en la comisaría. Los estudiantes reconocieron a cuatro policías: Núñez Ispa, Valverde, Palacio y Pascual[25].

La denuncia llegó hasta el ministro de la Gobernación. El gobernador civil y el jefe superior de Policía, Claudio Ramos, defendieron a los agentes. El 29 de mayo de 1968 se abrió una investigación y varios policías fueron interrogados, incluidos algunos altos mandos de la Jefatura. El instructor del caso fue el comisario Rodrigo Palomares Osorio y como secretario se nombró al inspector Roberto González Pavón. Los policías llamados a declarar fueron, de la comisaría de Oviedo, el inspector de primera Claudio Ramos Tejedor, los inspectores de tercera Rafael Núñez Ispa, Pascual Honrado de la Fuente, Luis Alberto Valverde López, José Ramón López Martín, Severino Álvarez Azcano, José Fernández Rallo, Antonio Sandoval Romero y Gabriel López Palacio, y el subinspector de primera Juan de Dios Ferreira González. De la comisaría de Gijón declararon el inspector de primera Vicente Pedrosa Blanco y el de segunda Heradio Fernández Fernández.

Claudio Ramos fue de los primeros en hablar y no dudó en apoyar a sus compañeros. Dijo que las acusaciones no eran más que calumnias; que los estudiantes eran unos alborotadores y que todo aquello era una campaña organizada por los comunistas para desprestigiar a la BPS. Añadió que la Policía seguía unos protocolos en las detenciones, que llamaban y recibían a los familiares de los detenidos, a quienes obsequiaban con tabaco y café, e incluso trasladaban a su casa cuando eran puestos en libertad[26].

En febrero de 1969, las denuncias llegaron al TOP, que finalmente las desestimó tras dar crédito a la versión policial. De hecho, el fiscal se querelló contra los estudiantes que habían denunciado[27]. No obstante, y aunque no llegaran muy lejos, a partir de aquel momento las denuncias contra miembros de la Policía fueron en aumento, así como las cartas de intelectuales y artistas contra las torturas a manos de los agentes de la BPS. En febrero de 1969, más de mil intelectuales, profesionales liberales y artistas firmaron una carta pidiendo que se esclarecieran más de cien casos de torturas ocurridos en Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña y Valencia durante el estado de excepción[28]. Incluso algunos grupos de sacerdotes se encerraron en las iglesias para denunciar los malos tratos en las comisarías, como ocurrió con las varias decenas de curas vascos que se recluyeron en las oficinas del Obispado de Vizcaya en junio de ese mismo año[29].

El 10 de marzo de 1970, Joaquín de Goñi Zubilaga, periodista de La Gaceta del Norte de Bilbao, denunció a varios miembros de la Policía municipal de la comisaría de Erandio por la misma causa. Poco después, en octubre, seis jóvenes de Vigo denunciaron torturas y su caso incluso llegó a la UNESCO. En esta ocasión, los policías denunciados tuvieron que comparecer ante el juez[30]. En la década de los setenta, el agente Conrado Delso fue denunciado en dos ocasiones por malos tratos: el 21 de diciembre de 1970, por lesiones a César Vacas Pérez, y el 7 de enero de 1974, por lesiones graves a Tomás Pérez Vaquero. En ambos casos, tanto Delso como los demás agentes que le acompañaban en el banquillo de los acusados fueron absueltos[31]. Conesa también fue denunciado por esas fechas, concretamente el 5 de junio de 1974, por el sindicalista Vicente Llamazares Martínez. Como era de esperar, fue exculpado.

Obviamente, la prensa clandestina se hacía eco de esas denuncias y publicaba los nombres de los agentes acusados. Así, por ejemplo, en 1971, en los meses de marzo, junio y octubre aparecieron en el periódico A Voz do Pobo, periódico del PCE gallego, varias listas con los nombres (a veces también aparecían los domicilios) de los miembros de la Brigada Político-Social en Galicia. Lo mismo pasó en el periódico La Verdad, del PCE de Valencia. Otras publicaciones, como En Lucha, de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), ofrecían listados con los muertos y heridos a manos de la Policía en las manifestaciones, las huelgas o las asambleas. Información Española publicó algunos dibujos del pintor comunista Juan Genovés, que representaban a policías apaleando a los asistentes a una manifestación; en este mismo medio vio la luz su famoso «Ensayo de violencia» (1971). En el número de febrero de 1971 se publicaba un retrato de Juan Antonio Creix, el famoso torturador de la BPS en Barcelona, a quien se acusaba de ser «el principal causante de todas las torturas a lo largo y ancho de todo el pueblo vasco»[32].

También proliferaron las denuncias en los centros de estudio y de trabajo, en los que se vieron implicados agentes de la Secreta, siempre acusados de malos tratos por los denunciantes, especialmente en Madrid y Barcelona, donde las asambleas estudiantiles eran interrumpidas por la Policía; así ocurrió el 9 de marzo de 1972 en la Universidad Autónoma de Madrid[33].

Ya durante la Transición, el 12 de noviembre de 1976, se aplazó un juicio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid contra Roberto Conesa y Carlos Domínguez, a quienes había denunciado por malos tratos Fermín Espejo, de veintiún años, estudiante de Magisterio, que fue detenido el 25 de agosto de 1975 en el metro del Hospital Clínico de Barcelona acusado de pertenecer al FRAP. Según Espejo, fue objeto de malos tratos y lesiones que precisaron tratamiento médico durante el tiempo en que estuvo detenido, tanto en Barcelona como en Madrid, a donde fue trasladado desde la Ciudad Condal. El juicio se aplazó por dos motivos: en primer lugar, por la ampliación por parte de la defensa (la abogada fue Cristina Almeida) del número de denuncias contra otros funcionarios y, en segundo lugar, por la incomparecencia de Roberto Conesa en el juzgado[34]. Dos meses después, el 22 de enero de 1977, se celebró el juicio en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid. Los procesados fueron los inspectores de la BIS Álvaro Valdemoro, José María González Reglero y José Luis Montero Muñoz. El denunciante, finalmente, retiró los cargos contra Roberto Conesa[35].

Las «necesarias» recompensas y felicitaciones

Los bajos sueldos que, por lo general, recibían los agentes de la BPS hacían que en muchas ocasiones buscaran otro empleo, situación que incluso se comentaba entre los miembros de la oposición. Era el caso de Roberto Conesa, de quien se rumoreaba que había tenido que vender algunas de sus propiedades. «Fíjate cómo están las cosas que el comisario Conesa ha vendido su taxi y su tienda, y se ha tenido que ir América», le dijo Jorge Semprún a Ricardo Muñoz Suay en los días previos a la Huelga General Pacífica de 1959[36]. De ahí la importancia de recibir un sueldo extra a través de las recompensas. En ocasiones fueron colectivas, como el 4 de diciembre de 1939, cuando todos los miembros Cuerpo General de Policía y de la Policía Armada obtuvieron una felicitación por «el celo y el entusiasmo» que habían puesto en el traslado de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, desde Alicante, donde había sido fusilado, a San Lorenzo del Escorial. En realidad, la felicitación iba dirigida a los miembros de la Policía de todo el país[37].

Curioso era que recibieran más remuneración por perseguir a sindicalistas que por detener a narcotraficantes o proxenetas. Conrado Delso obtuvo cinco mil pesetas por participar en las diligencias policiales durante las elecciones sindicales de diciembre de 1966[38]. Sin embargo, en octubre de 1969, por detener a unos traficantes de grifa recibió dos mil quinientas pesetas, y un mes después, por apresar a varios delincuentes que comerciaban con material pornográfico recibió solo dos mil pesetas[39]. Es decir, para el franquismo era más importante acabar con la «subversión» de los obreros y estudiantes que detener a los delincuentes que controlaban el tráfico de estupefacientes o la prostitución.

En ocasiones surgían conflictos entre los miembros de la BPS a cuenta de las recompensas. Saturnino Yagüe y Conrado Delso recibieron una felicitación y un premio de mil pesetas, el 7 de marzo de 1953, por la detención de Ramón Forqueras Fonfría, jefe de la resistencia de Cataluña, y once dirigentes del Movimiento Socialista de Cataluña (MSC). Por la operación también fueron premiados varios policías de Barcelona, entre ellos Pedro Polo Borreguero, lo que supuso que Saturnino Yagüe interpusiera una queja a la DGS, ya que, según su testimonio, fueron los policías madrileños los que realizaron las detenciones, mientras que los compañeros catalanes tan solo habían actuado como apoyo. El 17 de julio de ese mismo año se produjo la rectificación y la Capitanía General de la 1.a Región Militar acordó felicitarles a todos de forma pública y colectiva. La condecoración también la recibieron Conrado Delso y Roberto Conesa[40].

¿Cómo se preparaba la Policía secreta?

Los miembros de la BPS debían entrenarse debidamente para hacer frente a la oposición antifranquista y justificar la represión. Para ello se redactaron y publicaron boletines informativos sobre el movimiento obrero y de izquierdas —a partir de las tesis del régimen—, y, posteriormente, en esos mismos boletines (solo accesibles para los policías) se anunciaban las detenciones que la BPS iba realizando a lo largo y ancho de todo el territorio.

El ya mencionado Eduardo Comín Colomer trabajó como documentalista y archivero en el Servicio de Recuperación de Documentos en Salamanca, de donde sacó importante información sobre el Frente Popular, sindicatos y logias masónicas, que posteriormente plasmó en sus libros y folletos, y que también apareció en estos boletines informativos de la BPS. Obviamente, la visión que Comín Colomer transmitía era la de una España convertida en baluarte de la lucha contra el comunismo y la masonería en todo el mundo. Así, las logias masónicas, los partidos comunistas y las organizaciones sindicales estaban conectadas entre sí y eran una plaga social. Además, la masonería tenía conexiones con los judíos, por lo que, en realidad, los Boletines de Información Antimarxista (BIA) apuntalaban la visión ortodoxa del régimen sobre la mítica «conspiración judeo-masónica»[41].

En total se publicaron cuarenta boletines (de entre 9 y 20 páginas) entre 1939 y 1945. En un primer momento, hasta febrero de 1939, salían dos a la semana; después pasaron a ser mensuales, y de enero de 1942 a octubre de 1945, bimensuales. Ya en la introducción del primer boletín se ponía de manifiesto su objetivo: justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la actividad represora contra las organizaciones de izquierdas, y ofrecer argumentos teóricos a los policías que actuarían contra los opositores al régimen:

Con la publicación de estos boletines, ha quedado cumplido el propósito de hacer llegar el conocimiento a los miembros del Cuerpo General de Policía un estudio retrospectivo de las fuerzas más o menos tenebrosas que, al servicio de poderes internacionales, realizaron contra España una de las confabulaciones más graves de su historia, lo que obligó a los patriotas, con santa indignación, a alzarse contra ella, para cortar con la espada el nudo gordiano que se había formado[42].

Según el autor (Eduardo Comín Colomer), España era «objeto codiciado de Rusia» para aumentar su hegemonía territorial, por lo que era preciso luchar con tesón contra la «infiltración roja» para convertir a España «en una, grande y libre»[43]. Hacer frente a las organizaciones comunistas era una cuestión prioritaria, y en este sentido resultaban mucho más eficaces los Estados dictatoriales que las democracias parlamentarias[44]. Detrás de todas las acciones estaba la masonería, ese «monstruo repugnante», moviendo los hilos en los procesos políticos que había vivido España en los últimos cien años, como la independencia de las colonias de América o la Primera República, que habían generado un ambiente de «subversión y descontento». Confesarse masón, según Colomer, era declararse «enemigo racial de España», de manera que en el escrito aconsejaba a los agentes que fueran desconfiados, porque los masones, esos «delincuentes contra el Estado», actuaban «bajo tierra»[45].

En 1945 los Boletines de Información Antimarxista desaparecieron y fueron sustituidos por los Boletines de Investigación Social, más centrados en asuntos relacionados con la actuación policial contra la «subversión».

Con la profesionalización de las Fuerzas del Orden se puso de manifiesto la necesidad de fomentar el aprendizaje de técnicas policiales más sofisticadas. De dicha necesidad nació, entre 1950 y 1962, la revista Policía: Revista Técnico-Legislativa, una publicación de carácter mensual que trataba sobre asuntos relacionados con la Escuela de Policía y con otras Policías del mundo, principalmente la británica Scotland Yard o la estadounidense FBI. También se publicaban crónicas sobre distintos servicios en diversos lugares del país, un listado de traslados del personal y registros sobre las legislaciones que afectaban a la Policía[46].

En el primer número de la revista apareció un artículo de «opinión», firmado por el entonces director general de Seguridad, Rafael Hierro Martínez, sobre la situación del país y del papel que debía desempeñar la Policía para mantener el orden. En el número de marzo, que coincidió con la festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía, se describían las distintas celebraciones que se realizarían, a las que acudirían las autoridades civiles, militares e incluso Carmen Polo de Franco, la mujer del dictador. También había secciones dedicadas a las condecoraciones que recibían los agentes, con entrevistas a los premiados. Cuando había nuevos nombramientos en las jefaturas de Policía o en la Policía Armada, se escribían reseñas y se ofrecían algunos datos biográficos de los recién ascendidos. En algunos números (como en el de octubre de 1952) llegó a aparecer el listado de agentes que pertenecían a la BPS[47].

En Policía escribieron agentes como Eduardo Comín Colomer y Juan Escobar Raggio. El director era el comisario de la DGS Lisardo Álvarez Pérez, y el subdirector, el comisario principal de la misma institución, Agustín Ripoll Urdapilleta. Algunos números iban acompañados de un ejemplar de algún libro escrito por un agente, como Técnica de interrogatorio, de F. Meinert (1940)[48]; Historia de la Policía, de Juan Escobar Raggio (1947), y El libro de oro de la Policía gubernativa, de Eduardo Comín Colomer (1953)[49]. La revista iba destinada a «todos los agentes de la autoridad gubernativa» para que, sobre todo, estuvieran al día de las nuevas técnicas policiales que poco a poco se iban implantando en otros países.

Las acciones contra grupos subversivos alcanzaron su máxima relevancia a finales de los años sesenta, cuando las protestas se hicieron comunes en diferentes lugares del mundo. El Mayo del 68 francés alcanzó el punto más álgido tanto de las movilizaciones como de la represión estatal, aunque se produjeran en un país democrático. El entonces ministro del Interior francés, Raymond Marcellin, estaba dispuesto a actuar con contundencia contra los grupos revolucionarios. En 1969 escribió el libro L’ordre public et les groupes révolutionnaires, traducido y publicado poco después en España con el título de El orden público y los grupos revolucionarios[50], donde se analizaban los diferentes grupos políticos de izquierda radical y se explicaba cómo hacerles frente. El historial de Marcellin como luchador contra «elementos subversivos» era bastante extenso. Participó en el régimen de Vichy, difundiendo las ideas de la «revolución nacional», si bien después se unió a la Resistencia. Tras la «liberación» francesa, fue candidato, en 1946, a diputado por el partido gaullista por la región de Morbihan. Cuando los socialistas dejaron el poder en 1950, Marcellin se convirtió en secretario de Comercio e Industria y procedió a cerrar la Cámara de Métiers de la Seine, controlada por los comunistas. También despidió a varios trabajadores de la CGT (sindicato igualmente dirigido por comunistas) del Centre National du Cinéma, y el 8 de marzo de 1952 fue nombrado ministro de Información en el Gobierno de Antoine Pinay. Fue un firme defensor de la continuación de la guerra en Indochina, de la intervención militar en el Canal de Suez y de que Francia no abandonara Argelia[51]. Con semejante currículo a sus espaldas, cuando fue nombrado ministro del Interior a nadie le sorprendió que se mostrara decidido a acabar con cualquier tipo de disidencia. Así, a iniciativa suya, el Consejo de Ministros del 12 junio de 1968 aprobó la disolución de once organizaciones francesas de izquierda radical, a la vez que se prohibía la celebración de manifestaciones durante la campaña de las elecciones legislativas. También aumentó el presupuesto para la Policía[52].

El prólogo de la edición española del libro de Marcellin lo escribió Jaime de Urzaiz y Fernández del Castillo, funcionario de la Administración del Estado, que desde 1955 ocupó varios puestos en el Ministerio de Información y Turismo. Urzaiz afirmó que Marcellin era el «mayor experto en orden público» que existía en Europa y que había sufrido «en sus propias carnes uno de los más vandálicos ataques perpetrados contra el orden público», refiriéndose al Mayo del 68 francés. Sin duda, este libro servía para «desenmascarar a los agitadores con pieles de estudiantes», pues no solo era válido para Francia, sino también para España, donde los «agitadores» debían ser reprimidos. De este modo Urzaiz corroboraba que el contenido sería útil para todos «aquellos dispuestos a actuar y no solo a padecer»[53].

Con unas 62 páginas (más anexos con textos y panfletos de «grupos revolucionarios»), el libro se dividía en tres grandes apartados. El primero analizaba los «grupos revolucionarios» que protagonizaron el Mayo del 68 francés (trotskistas, maoístas y castristas), que para el autor no eran sino «practicantes de la violencia», ya que las consignas sobre la reforma universitaria o sobre la guerra de Vietnam eran «solo pretextos que permiten crear una agitación revolucionaria». Las manifestaciones en las calles de París se convirtieron en «verdaderos motines» y en «provocaciones a las fuerzas del orden»[54].

Sin embargo, esta visión se alejaba bastante de la realidad. Fueron las fuerzas de represión del Estado las que actuaron en primer lugar y provocaron la radicalización del movimiento estudiantil. En aquel momento, Francia era uno de los países con más policías por habitante de toda Europa: sesenta mil policías, catorce mil miembros de la CRS (Compañías Republicanas de Seguridad) y dieciséis mil gendarmes controlados por el Ejército… En total, más de trescientos mil hombres armados por el Estado. En 1962, los CRS actuaron con dureza y asesinaron a ocho manifestantes en la estación de metro de Charonne, en una movilización por la independencia de Argelia. Lo cierto es que cada movilización del Mayo del 68 francés finalizaba con un elevado número de heridos y detenidos[55].

El segundo apartado estaba dedicado a los movimientos «revolucionarios» en Alemania Federal, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Países Bajos. Según Marcellin, estos grupos compartían con los franceses la idea de «empezar por una revuelta universitaria para poner en entredicho la democracia» mediante métodos como «apalear a los policías». El apoyo exterior de todos estos grupos, según el autor, provenía principalmente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina[56], la conocida como «Tricontinental», que albergaba «movimientos revolucionarios animados por una ideología semejante a la de los movimientos revolucionarios europeos». Así, Marcellin definía esta organización como el centro «de impulso, de unificación y de coordinación de varios movimientos imperialistas»[57], y se solidarizaba con la lucha de los estudiantes. La visión del francés era muy parecida a la del coronel San Martín —posteriormente involucrado en el 23-F— sobre las «conexiones exteriores» de los grupos estudiantiles antifranquistas[58].

La tercera parte (y, seguramente, la que más interesó a la BPS) giraba en torno a la cuestión del mantenimiento del «orden público». Para Marcellin era urgente tomar una serie de medidas, como la disolución de los «grupos subversivos», la expulsión de extranjeros participantes en los motines, la prohibición de movilizaciones en la vía pública (porque «las manifestaciones de estos grupos revolucionarios tienen como fin desencadenar en motines») y que se permitiera a los gobernadores hacer personalmente las diligencias judiciales con el fin de constatar la existencia de crímenes y delitos contra la seguridad del Estado. Asimismo, debían liberarse todos los edificios ocupados por los «revolucionarios», como las facultades, e impedirse por ley que los estamentos universitarios fueran un obstáculo para el establecimiento del orden público. Por todo ello, concluía, era necesario aumentar el número de efectivos policiales[59].

Como resultado de esta política de negación de extranjeros durante las movilizaciones del Mayo del 68, quince españoles fueron expulsados de suelo francés, entre los que se encontraba Manuel Castells Oliván, que fue jefe del Frente de Liberación Popular (FLP) en Barcelona y que huyó a Francia para no ser detenido, e Ignacio Fernández de Castro, fundador del FLP y que también estaba exiliado en París[60].

En España, el libro de Raymond Marcellin fue publicado por la Editorial San Martín, relacionada con la famosa librería del mismo nombre, situada en la Puerta del Sol 6, que se mantuvo abierta desde 1854 hasta 1992, cuando fue desalojada por el Ayuntamiento de Madrid en una operación especulativa. Fue frente a esa librería donde murió asesinado el presidente del Gobierno José Canalejas el 12 de noviembre de 1912. Tras la Guerra Civil y durante toda la dictadura, tanto la librería como la editorial se convirtieron en las principales divulgadoras de textos políticos y de orden público, siempre desde la óptica del franquismo. Se editaron libros sobre la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo…, y allí publicaron sus obras Eduardo Comín Colomer o Ángel Ruiz Ayúcar, militar que también participó en la represión llevada a cabo por el régimen de Franco durante la posguerra.

En la década de los setenta, las instituciones dedicaron una gran atención al disentimiento político. En 1974, después del asesinato de Carrero Blanco y con el ascenso de Arias Navarro, se recuperaron los postulados de los ultraconservadores, que se aseguraron el control del Ejército y de las Fuerzas de Orden Público[61]. En este contexto, la Editorial San Martín publicó el libro Subversión y reversión en la España actual, de Carlos Yuste[62], prologado por el historiador Ricardo de la Cierva, que señalaba que se trataba de un «análisis de los hechos, entramados con clarividencia»[63]. La primera parte del libro se centraba en la «subversión» y en las distintas formas de oposición al régimen, poniendo especial atención a los comunistas, que, según el autor, pretendían acabar con la familia, con las relaciones laborales y sociales y con todas las instituciones. La argumentación giraba en torno a la idea de que, gracias a Franco, España estaba a salvo de la conspiración comunista[64], que, de manera clandestina, pretendía hacer la «revolución para derrocar al régimen»[65], ayudada además por la infiltración de agentes soviéticos en sus organismos[66], el movimiento estudiantil, la «subversión terrorista» y la «lucha armada», protagonizada por «burgueses revolucionarios». El autor del libro —coincidiendo con las tesis de la línea más dura del franquismo— consideraba que ETA era un grupo de delincuentes a los que, paradójicamente, debía aplicarse la justicia militar y no la civil, que era la indicada para la mayoría de los delitos políticos[67].

La segunda parte giraba en torno a la «reversión», es decir, cómo hacer frente a la movilización antifranquista. Había que actuar dura y enérgicamente para obtener resultados, y se justificaba el uso de las armas siempre que fuera necesario[68]. Para hacer frente al «reto del marxismo», el régimen debía tomar medidas jurídicas, económicas y administrativas, reafirmando siempre los principios del Movimiento para mejorar sus estructuras y formar a líderes sindicales, estudiantiles y vecinales que obedecieran a dichos principios[69]. Si estas soluciones ideológicas no funcionaban —junto con la propaganda y la creación de un estado de opinión favorable al régimen—, había que ir directamente a por los grupos de oposición mediante acciones policiales, que podían ser informativas, de infiltración de agentes en las organizaciones subversivas y, por supuesto, de represión directa por medio de detenciones. La acción represiva, además, debía ir acompañada de la afirmación de los ideales y de un robustecimiento de las instituciones policiales, fundamentales para mantener el orden y atajar los conflictos[70].

Conexiones internacionales de la BPS

Durante los primeros años, el franquismo firmó acuerdos económicos y políticos con la Alemania nazi y la Italia fascista, aunque, según estas últimas iban perdiendo terreno en la Segunda Guerra Mundial, se fue distanciando. Ya en el contexto de la Guerra Fría, en los primeros años cincuenta, Estados Unidos estableció pactos con la España franquista. Todas estas relaciones internacionales, de la Gestapo nazi y después de los servicios secretos y policiales estadounidenses, especialmente de la con sus idas y venidas, afectaron a la BPS, que en un primer momento recibió instrucciones y entrenamiento CIA y del FBI.

En abril de 1938, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS y jefe de la Gestapo, escribió a las autoridades policiales franquistas proponiendo un acuerdo de cooperación entre ambas policías. El convenio, que ha investigado el historiador Manuel Ros Agudo, se firmó el 31 de julio de 1938 y decía así:

Por S. E., el ministro de Orden Público, general don Severiano Martínez Anido, jefe de la Policía española, y el Reichsführer SS y jefe de la Policía alemana, se acuerda ajustar a las siguientes orientaciones, los trabajos de colaboración entre la Policía española y alemana:

La Policía alemana y la Policía española se facilitarán mutuamente informaciones sobre experiencias generales y detalles respecto al comunismo, anarquismo, emigración y demás actuaciones peligrosas para el Estado, siempre que estas sean interesantes para la otra Policía.

La Policía alemana y la Policía española responderán recíprocamente a las demandas que mutuamente se hagan sobre experiencias generales y detalles referentes al comunismo, anarquismo y emigración, sin descuidar las actividades que en el futuro puedan desplegar los emigrados españoles adversarios de la causa nacional, repatriados después de la guerra o que se refugien en territorio alemán, como tampoco omitir la estrecha vigilancia de los alemanes sospechosos residentes en España.

La Policía alemana y la Policía española pondrán mutuamente a su disposición el material y comprobantes referentes al comunismo, anarquismo, emigración y demás actividades que puedan ser peligrosas para el Estado, así como notas informativas de las asociaciones y tendencias que tengan importancia para ambos países y que deban ser vigiladas o disueltas, siempre y cuando no se oponga a ello el interés del Estado.

La Policía alemana y la Policía española se auxiliarían recíprocamente y cuando convenga, conjuntamente, en las diligencias para descubrir las actividades y objetivos de los centros comunistas y de cualquier otra índole peligrosa para el Estado, siempre que sea posible según las leyes del país y no existan en aquellos intereses contrarios afectos al Estado respectivo.

La Policía alemana y la Policía española aceptarán recíprocamente las propuestas que se hagan en relación a la adopción de medidas ejecutivas, y obrarán según estas sugerencias en contra de los comunistas, anarquistas, emigrantes y afiliados a otras tendencias peligrosas para el Estado, siempre que sea posible según las leyes del país y no existan en aquellos intereses contrarios afectos al Estado respectivo.

La Policía alemana y la Policía española colaborarán también en el sentido de este acuerdo, en todas las demás cuestiones que no se mencionan en los puntos indicados, si no son contrarias a las leyes o a los intereses propios del Estado.

La Policía alemana y la Policía española se ayudarán mutuamente en la labor de investigación sobre personas, aunque estas se encuentren fuera del territorio alemán o español.

La Policía alemana y la Policía española se harán directa y sistemáticamente, por el medio más rápido, entrega de comunistas, anarquistas y afiliados a otras tendencias peligrosas para el Estado —esto es, sin que haya por medio intervención alguna—. Esta prescripción será aplicable a los individuos de nacionalidad alemana que hubiesen cometido delitos en Alemania y previa aprobación del ministro del ramo[71].

El 19 de octubre de 1940, Himmler visitó España. Fue recibido por los altos mandos del estamento policial en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Toledo, entre ellos, el director general de Seguridad, José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde; el jefe de la Policía Armada, el general Sagardía, además de Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores[72]. Esta visita influirá mucho en la promulgación de varias leyes y normativas sobre seguridad nacional, como la Ley de Policía de 1941 o la orden general del 9 de marzo de 1942, por la cual se exigía a todos los agentes que acataran los principios del Movimiento Nacional.

El 23 de septiembre de 1953 se firmaron los «pactos de Madrid» entre los Gobiernos de Estados Unidos y España. A cambio de establecer sus bases militares en territorio español, los estadounidenses proporcionaron millones de dólares en material y formación para las Fuerzas Armadas españolas mediante la Military Assistance Advisory Group. Se calcula que entre nueve mil y diez mil oficiales y suboficiales españoles fueron formados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos[73].

El 26 de septiembre, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo, y el embajador de Estados Unidos en España, James Clement Dunn, firmaron el «Mutual Defense Assistance Agreement with Tax Relief Annex and Interpretative Note in Regard to Tax Relief Annex», un acuerdo que afectaba a la seguridad militar, nacional y económica de ambos países[74]. La cooperación en materia militar influyó mucho en la BPS, que llegó a colaborar con la CIA en algunas operaciones internacionales. Por ejemplo, en ese mismo mes de septiembre el policía Vicente Reguengo participó en la investigación llevada a cabo por la agencia estadounidense en el «caso Beria», esto es, en la búsqueda en territorio español de Lavrenti Beria, jefe de la Policía secreta soviética con Stalin, que intentaba huir de la URSS tras la muerte del dictador (abril de 1953). De hecho, la Policía española preparó un informe sobre el agente soviético que llegó a manos de Joseph McCarthy, senador e impulsor del famoso Comité de Actividades Antiestadounidenses[75].

La BPS encontró a Gerhart Eisler, uno de los espías de Beria, aunque la información más relevante sobre este la proporcionó el diplomático nicaragüense Fabio Gallo, que aseguraba haber coincidido con el agente soviético en Gibraltar. Ni americanos ni españoles se creyeron del todo esta historia, aunque sí la investigaron durante varios meses[76]. Torcuato Luca de Tena, director del diario ABC, fue quien más atendió a estos rumores, escribiendo un artículo que tituló «¿Está Beria escondido en España?»[77]. Años después se descubrió que todo había sido un montaje y que el expolicía soviético había sido detenido y ejecutado en Moscú.

En diciembre de 1957, Vicente Reguengo (que ya era jefe de la BPS) viajó a Estados Unidos invitado por la CIA, junto con el secretario general de la Dirección General de Seguridad, Rafael Hierro Martínez, para recibir orientación sobre los nuevos métodos y las técnicas de investigación policial[78]. En mayo de 1958, Roberto Conesa también visitó Estados Unidos para recibir formación de la CIA[79]. Unos meses antes lo había hecho Juan Antonio Creix, aunque el curso que este recibió lo impartió el FBI[80].

En la siguiente década, la Policía española participó en operaciones internacionales, como la que se llevó a cabo para investigar el asesinato en Madrid del líder independentista argelino Mohamed Khider, que tuvo lugar el 4 de enero de 1967. Khider, que vivía exiliado en la capital de España tras haber salido de Argelia con 1,2 millones de dólares, recibió cinco disparos a bocajarro en la calle Guzmán el Bueno. El asesino huyó hasta la embajada de Argelia, pero la Policía le descubrió y obligó a la embajada a que lo entregara a las autoridades españolas. En el operativo policial estuvo implicado Roberto Conesa, que el 22 de marzo de 1967 fue premiado con quince mil pesetas por descubrir a los autores del asesinato[81].

4
A más presión, más reacción

La oposición al régimen nunca dejó de movilizarse. Primero fueron las guerrillas en los montes y las ciudades, y después los obreros, los estudiantes, los intelectuales, las asociaciones vecinales, las organizaciones feministas…, y también las agrupaciones terroristas, que comenzaron a actuar en la década de los años sesenta.

En la primera posguerra (años cuarenta), a la Policía le resultó relativamente fácil encontrar y detener a los «maquis» (guerrilleros), aunque les llevó más de una década acabar definitivamente con el movimiento. Pero fue a finales de los años cincuenta cuando la oposición antifranquista resurgió con fuerza, sobre todo a través del movimiento obrero y estudiantil, llegando a desconcertar a la Policía por las nuevas formas de actuación que pusieron en marcha. De hecho, la Secreta tuvo que realizar reuniones estatales y escribir manuales para conocer a esta nueva oposición y poder hacerle frente. Con la misma dureza, eso sí, de siempre.

Contra el movimiento guerrillero: delaciones, detenciones y torturas

Nada más iniciarse la Guerra Civil, en las zonas tomadas por los sublevados comenzaron a formarse partidas de «huidos» que intentaban escapar de la represión. Poco a poco se fueron organizando, especialmente tras la caída del frente norte (octubre de 1937), que fue cuando la guerrilla aumentó sus efectivos de manera considerable. Así, en los montes asturianos se emboscaron entre diez mil y quince mil fugaos armados, aunque, tras los primeros embates represivos, quedaron solo 1670. Finalizada la guerra, en esta región se creó el Comité de Milicias Antifascistas (CMA), órgano encargado de coordinar a todos los guerrilleros asturianos, dirigido por los socialistas Arístides Llaneza y «Comandante» Flórez, y un destacado militante comunista, Baldomero Fernández Ladrera, alias Feria[1].

El 22 de junio de 1941, el PCE constituyó en París la Unión Nacional Española (UNE), que se unió a la Resistencia francesa e intentó invadir territorio español por el valle de Arán (con cuatro mil guerrilleros). Esta iniciativa, denominada «Operación Reconquista» y comandada por el comunista Jesús Monzón, fracasó estrepitosamente y supuso la desaparición de la organización, en octubre de 1944, y la purga de sus dirigentes[2]. Tras el fiasco de la UNE, comenzaron a crearse guerrillas regionales y locales. Así, en noviembre de ese mismo año, se constituyó la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón; a principios de 1945, el PSUC creó la Agrupación Guerrillera de Catalunya, y poco a poco se fueron formando las demás: las agrupaciones de Extremadura, de Andalucía, de Galicia y León, de Asturias-Santander, todas bajo el control del PCE. En 1947, en Barcelona, la CNT creó el Movimiento Libertario de Resistencia y, entre 1945 y 1947, llegaron a Madrid varios antiguos combatientes que habían luchado con la Unión Soviética y la Resistencia francesa, como Agustín Zoroa, Eduardo Sánchez Biedma o Lucas Nuño, que estructuraron la guerrilla urbana o Agrupación Guerrillera de Centro, más conocida como «guerrilleros de ciudad».

Para hacer frente a todos estos movimientos, las autoridades militares tomaron medidas contundentes: por ejemplo, sobre la situación en Asturias la Columna de Operaciones escribió tres informes donde reconocÍa que el intento de acabar con las guerrillas estaba siendo un «fracaso» debido, principalmente, a la falta de «colaboración ciudadana» y a que numerosos vecinos de localidades pequeñas ayudaban a los huidos dándoles comida o actuando de enlaces. Por ello, solicitaba que se creara un Servicio de Información y Propaganda y que se actuara con más dureza, enviando a la zona más efectivos de las Fuerzas de Orden Público[3]. Y fue así como llegaron refuerzos de la Guardia Civil o de la BPS de Madrid y de otras comisarías menores. Los agentes Claudio Ramos Tejedor, en Oviedo, e Indalecio García Gayol, en Gijón, desempeñaron un papel clave en la represión a la guerrilla, junto con la Guardia Civil y la llamada «brigadilla», un cuerpo de la Benemérita cuyos agentes tenían gran autonomía en sus actuaciones: no estaban obligados a llevar uniforme ni se atenían a protocolos a la hora de hacer registros, detener y castigar a quienes consideraran oportuno[4]. A muchos guerrilleros se les internó en campos de concentración, aunque el método más usado para luchar contra ellos era buscar delatores. Por ejemplo, el agente de la BPS José Sainz contó en sus memorias que, mientras estuvo destinado en Asturias, un individuo se presentó de «modo espontáneo» en la comandancia de la Guardia Civil diciendo que era enlace de los huidos y que deseaba colaborar. Es decir, se ofreció para infiltrarse entre sus antiguos compañeros[5].

El Archivo Militar de Ávila custodia la carta de un supuesto «patriota» (así se hacía llamar) dirigida al delegado de Orden Público, en la que declaraba que era familiar de varios miembros de la Alianza de Fuerzas Democráticas y enlaces del PCE en Asturias; que podía aportar información a cambio de una pistola, una moto, documentación para viajar libremente por Francia y una pensión para su familia. El 20 de julio de 1946 se reunieron con él el propio delegado y uno de los jefes de la Guardia Civil, José Blanco Novo, y aceptaron la colaboración.

Un año después, el agente Roberto Conesa logró infiltrarse en el PCE y contactar con el dirigente José Satué Malo gracias a los chivatazos de José Tomás Planas, alias El Peque, y Luis Carlos Sánchez, El Rubio, que estaban al frente de las Juventudes Socialistas Unificadas e incluso se carteaban con Santiago Carrillo.

Conesa ya había estado infiltrado en esta organización en 1939, cuando precipitó la detención de la dirigente Matilde Landa el 4 de abril de ese año[6].

Las vejaciones y torturas contra los detenidos estaban a la orden del día ya en aquellos primeros años de represión. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1946, Casto García Roza, dirigente del PCE, fue hallado muerto en la comisaría de Gijón a causa de los golpes asestados por agentes de la BPS. Los comunistas acusaron a los policías José Sainz y Recaredo Gómez García de la mortal paliza, dato que el primero omite en sus memorias. Otro caso fue el de Cristino García Granda, miembro de la Resistencia francesa y guerrillero asturiano, que intentó suicidarse con unas cuchillas de afeitar tras sufrir varias palizas consecutivas. Fue fusilado el 21 de febrero de 1946 en las tapias del cementerio de Carabanchel Bajo[7].

A partir de 1948, las organizaciones guerrilleras fueron perdiendo apoyo social. En 1952 ya no quedaban guerrillas organizadas, tan solo individuos aislados que actuaban más por supervivencia que por un ideario político. El 5 de enero de 1960, en la localidad de San Celoni (Barcelona), fue abatido por la Guardia Civil Quico Sabaté, y el 15 de marzo de 1965, en el embalse de Belesar (Lugo), fue tiroteado, también por la Benemérita, José Castro Veiga, alias O Piloto. Con estas dos muertes se dio por finalizada la actividad de los «bandoleros», que era como el régimen denominaba a los guerrilleros antifranquistas[8].

Los datos de muertos y heridos entre 1943 y 1950 muestran la intensidad de los enfrentamientos entre las guerrillas y las Fuerzas de Orden Público: 2036 guerrilleros fueron asesinados por 243 agentes y 3211 guerrilleros resultaron heridos por 341 agentes[9].

Contra el movimiento estudiantil: del desconcierto a la represión despiadada

Los estudiantes jugaron un papel crucial en la lucha contra la dictadura, sobre todo a partir de finales de los años cincuenta, aunque fue con la entrada en la universidad de los jóvenes de clase media —ya en la década de los sesenta y setenta— cuando el movimiento estudiantil adquirió una dimensión nunca vista hasta entonces.

Primeros pasos

En un primer momento (años cuarenta y cincuenta) la BPS no sabía cómo actuar. Nicolás Sánchez-Albornoz, hijo del presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, contó en sus memorias la forma en que fue detenido en 1947:

Nuestra procedencia social tuvo por defecto desconcertar a la Policía. El franquismo y sus agentes eran de un marxismo primario. […] Los policías, servidores de los estratos sociales superiores, no concebían que individuos cercanos a esos sectores no se condujeran como ellos, sino al revés. El policía que detuvo a Javier Sanz Fauré le echó en cara crudamente que, viviendo en un piso tapizado de alfombras muelles, se metiera en berenjenales. A fin de cuentas, el esbirro presentía que los esquemas que se le habían inculcado se derrumbaban. Ese agente no hacía asco alguno a allanar casas obreras y detener a sus moradores, pero hacer lo mismo en un barrio acomodado le enervaba[10].

Sánchez-Albornoz y sus compañeros habían sido detenidos por intentar reconstruir la Federación Universitaria Escolar (FUE), una organización estudiantil republicana con sede en Madrid, pero con ramificaciones en otros lugares del país, principalmente en Barcelona (en Valencia, en aquellos primeros años cincuenta, también se creó la Unión de Intelectuales Libres, auspiciada por el historiador Manuel Tuñón de Lara). A Sánchez-Albornoz también lo acusaban de repartir octavillas y hacer unas pintadas en la Universidad Complutense en las que se leía: «¡Viva la FUE! ¡Viva la Universidad Libre! ¡Abajo el fascismo! ¡Libertad!». Roberto Conesa fue uno de los agentes implicados en las detenciones: él se encargó de dirigir el registro que la Policía realizó en el Liceo Francés de Madrid, lugar donde la organización escondía la propaganda[11].

Los detenidos permanecieron varios días en la DGS, pero los agentes no los tocaron. Se les condenó a penas de entre uno y ocho años de cárcel, y fueron enviados a la prisión de Carabanchel. Algunos, como Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana, cumplieron sus penas trabajando en la construcción del Valle de los Caídos. En 1948 lograron huir a Francia y luego a Argentina[12].

En los primeros años cincuenta, la actividad del movimiento estudiantil cayó en picado. Tan solo es mencionable un suceso (en 1951) relacionado con «un escritor por intentar reorganizar a la FUE, a la que pertenecía antes de la Guerra de Liberación». Se trataba de Rafael Guisasola, maestro, responsable de la Unión de Intelectuales Libres, con carné número 23 del PCE, aunque en entredicho por discrepar de las líneas oficiales del partido[13].

La situación cambió a partir de 1956, cuando el 1 de febrero un grupo de estudiantes del PCE de la Universidad Central de Madrid —que poco antes ya se habían movilizado con motivo del fallecimiento de Ortega y Gasset[14]—, escribieron un manifiesto (firmado por mil quinientas personas) pidiendo elecciones libres a delegados y sindicatos democráticos en la universidad. Con la publicación de aquel texto se inició una semana plagada de acontecimientos. La BPS, como era de esperar, estaba al corriente de la forma de actuación de los estudiantes antifranquistas y de las nuevas técnicas que comenzaban a llevar a la práctica, como infiltrarse en las organizaciones del régimen para plantear sus demandas, organizar cineclubs, congresos de escritores, etc. Pero el 9 de febrero, con motivo del Día del Estudiante Caído[15], un grupo de Falange acudió a la universidad y se enfrentó a los opositores antifranquistas en una movilización que estos habían convocado contra el SEU (Sindicato Español Universitario), la única organización estudiantil —de carácter fascista— permitida por el régimen. En los altercados resultó herido de un disparo el estudiante falangista Miguel Álvarez Pérez. Nunca se supo quién apretó el gatillo, aunque todo apunta a que fue o bien otro falangista, o un agente de Policía, ya que eran los únicos que llevaban armas de fuego[16]. El estudiante logró sobrevivir, pero el régimen comenzó a ver con preocupación lo que sucedía en los recintos universitarios. La situación incluso provocó una crisis de Gobierno y fueron destituidos el ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez; el rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo, y el secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández-Cuesta, a quienes se acusó de ser demasiado blandos. Asimismo, se suspendieron durante tres meses los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles: el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y el de no pasar más de tres días detenido[17].

Las movilizaciones estudiantiles de febrero de 1956 llegaron a preocupar tanto a la BPS que sus principales responsables, como Saturnino Yagüe, se encargaron de dirigir las investigaciones. Roberto Conesa también participó. El instructor de las diligencias policiales por los sucesos de febrero fue el comisario César Beléndez Romero, y el secretario en los interrogatorios, el agente Antonio de Diego Oroño. Los policías David Sánchez García y Francisco Sánchez Campanero completaban la lista. En total realizaron una treintena de detenciones[18].

Pero la BPS seguía sin saber cómo actuar… Varios de los jóvenes detenidos eran hijos de jerarcas del régimen, e incluso la prensa los trataba de «don» y de «usted». Así, por ejemplo, Julio Diamante, uno de los integrantes del núcleo comunista universitario, contó que el policía Roberto Conesa le zarandeó y le enseñó fotografías de gente ensangrentada., pero terminó preguntándole por el cine sueco y no le golpeó[19]. En el movimiento estudiantil había también miembros destacados de organizaciones franquistas (como Falange) que habían dado un cierto «giro ideológico» y que luchaban por liberalizar el régimen. Era el caso del escritor Dionisio Ridruejo o del policía Juan Lamberto Gómez Perales, miembro de la primera división de la Brigada de Investigación Social, que conocía al comunista Alberto López Campillo porque ambos habían estudiado en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid[20]. Todas estas detenciones tuvieron repercusión no solo en la prensa clandestina (Mundo Obrero), sino que aparecieron en periódicos extranjeros tan importantes como The New York Times.

Los detenidos de los sucesos de febrero de 1956 pasaron diez días en comisaría. Después fueron trasladados a la cárcel de Carabanchel, donde formaron una especie de «Universidad Libre», dando charlas a los presos políticos sobre diversas cuestiones. Estuvieron entre rejas entre quince días y tres meses, pero finalmente su causa fue sobreseída. El 23 de marzo de 1956, los policías que participaron en aquel operativo fueron reconocidos con premios que iban desde las mil a las 1750 pesetas[21].

Dos años después, en 1958, la BPS tuvo un tropiezo tras la detención de cuarenta y cuatro militantes antifranquistas que habían participado en el Congreso Juvenil de Moscú y preparaban la «Jornada de Reconciliación Nacional», impulsada por el PCE. De hecho, el 7 de febrero fueron premiados varios policías por participar en dicha operación[22], si bien nueve meses después, debido a la presión de las organizaciones clandestinas, los detenidos fueron liberados y el caso sobreseído. Después de estos sucesos, Roberto Conesa, que había dirigido la operación de vigilancia y detención de los cuarenta y cuatro comunistas, se apartó de la BPS durante un tiempo y, como ya hemos mencionado, trabajó a las órdenes del dictador Trujillo en República Dominicana[23].

Era evidente que la oposición le estaba perdiendo el miedo a la BPS. Jorge Semprún, uno de los principales dirigentes del PCE en el interior del país, describía así aquel momento:

Y es que la Policía franquista, la policía de Conesa, era una mierda, digámoslo claramente. Solo era eficaz en el control de viejos militantes con antecedentes, todos ellos salidos de la cárcel. Solo era relativamente eficaz, hasta finales de los años sesenta, en el control del sector obrero. Pero es que aquí el control de los posibles militantes no se ejercía tan solo por la Brigada Político-Social, sino por el conjunto de la institución capitalista […]. Pero en cuanto se saliera de ese universo de clausura y de difuso terrorismo capitalista, en cuanto uno fuera, como yo lo era, no solo un comunista sin antecedentes penales, sino también un dirigente no identificable ni por los viejos cuadros del partido, en ese caso, con esa Brigada Social de Conesa, capaz únicamente de trabajar a base de confidentes y palizas, podía uno moverse por Madrid como pez en el agua. Y así lo hice. Del súper agente Conesa me he reído yo todo lo que me he dado la gana[24].

El Informe del curso 1965-1966

Con el cambio de década, la Universidad española se transformó completamente. Tuvo lugar un proceso de masificación como resultado de la llegada de hijos de la clase media e incluso de la clase obrera: el número de estudiantes se incrementó desde los setenta mil de 1955-1960 hasta los cuatrocientos mil de 1970-1975. Tal aumento obligó a que se crearan nuevos centros universitarios, como la Universidad Autónoma de Madrid, y que se reforzara la plantilla de enseñantes con la contratación de profesores no numerarios (PNN); esto es, no funcionarios[25].

El principal objetivo de los estudiantes antifranquistas durante los primeros años sesenta era acabar con el SEU. Con ese propósito se celebraron en Madrid, en febrero de 1965, una serie de asambleas y manifestaciones que se extendieron por toda la geografía cuando cuatro catedráticos (Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren, Mariano Aguilar Navarro y Agustín García Calvo[26]) fueron expedientados y expulsados por apoyar abiertamente las movilizaciones. Entre febrero y marzo, las universidades de Barcelona, Salamanca, Oviedo, Zaragoza y Sevilla se sumaron a los actos y, finalmente, en el mes de abril, el SEU desapareció. Era la primera vez que el movimiento antifranquista conseguía poner fin a una institución del régimen[27].

Tras sufrir este varapalo, se crearon las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) o el Servicio Universitario de Trabajo (SUT), en un intento de atraer a los estudiantes hacia los postulados del régimen. Sin embargo, las más altas autoridades estaban preocupadas: «La juventud se nos ha ido», dijo Rodolfo Martín Villa, dirigente del SEU, en 1962.

Por su parte, ese mismo año el PCE constituyó la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) y, en el curso 1963-1964, nació la Unión de Estudiantes Demócratas (UED). Se realizaron asambleas libres con representantes de todos los centros universitarios y se creó una Coordinadora de Estudiantes que funcionaría como un sindicato democrático al margen del régimen. En marzo de 1965 se constituyó el Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEU). Del 9 al 11 de marzo de 1966 se celebró en Barcelona una asamblea universitaria, en el convento de los Capuchinos de Sarriá, en la que participaron 450 personas, todas ellas estudiantes e intelectuales. La «Capuchinada», que fue como se llamó al acontecimiento, fue disuelta a porrazos por la Policía Armada[28].

En la segunda mitad de la década, siguiendo la estela de las movilizaciones de jóvenes que estaban teniendo lugar en todo el mundo (Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, México…), el movimiento estudiantil antifranquista se radicalizó y aparecieron algunas organizaciones estudiantiles a la izquierda del PCE, principalmente de grupos trotskistas, maoístas y marxistas-leninistas. El Frente de Liberación Popular compitió con los comunistas por la hegemonía del movimiento universitario y, aunque la organización se disolvió en los años setenta, surgieron otras igualmente radicalizadas, como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). El movimiento estudiantil se fragmentó, dejando de lado la idea de crear un sindicato democrático y optando por las asambleas en las facultades. Las manifestaciones eran constantes y tenían lugar en todo el país, pero no solo contra la represión franquista y la democratización de la universidad, sino también contra la guerra de Vietnam, el capitalismo, o en apoyo de las reivindicaciones feministas[29]. Las protestas se extendieron a los ciclos de enseñanza media (institutos), lo que ayudó a que organizaciones juveniles como la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) adquiriera cada vez más fuerza.

El régimen franquista debía buscar nuevas fórmulas de actuación para hacer frente a una oposición cada vez más activa y envalentonada. Entre los miembros de la BPS reinaba el malestar, ya que los conflictos estudiantiles eran continuos y los agentes se veían obligados a doblar turnos (recordemos que sus sueldos eran bastante bajos), provocando estrés, ira y una fuerte tensión nerviosa. A la DGS le preocupaba esta situación y decidió analizar el problema, tanto el que provocaban las protestas estudiantiles como el causado por el desánimo en el seno de la BPS[30].

Durante los días 7 y 8 de septiembre de 1965, justo antes de que comenzara el curso académico, se reunieron los miembros de la BPS encargados de los operativos de vigilancia y seguridad en las universidades de todo el país. De aquellas reuniones salió el que hemos llamado «Informe del curso 1965-1966», de sesenta y cinco páginas, en el que se analizaban uno a uno todos los distritos universitarios[31]. Ya en la introducción se afirmaba que el 20 % de los estudiantes eran contrarios al régimen, cifra que llegaba al 30 % en universidades como Barcelona. Según la BPS, existían tres grupos de oposición en los recintos universitarios: los de carácter «marxista», como la FUDE, que era «el disfraz del comunismo en los medios sociales»; los «independentistas», que estaban en Bilbao y Barcelona, y los catedráticos o estudiantes sin adscripción, pero contrarios a la dictadura. La Policía tenía fichados a la mayoría de los dirigentes de los tres grupos.

En cuanto a las organizaciones afines al régimen, la situación no era muy alentadora: salvo en las universidades de Córdoba, Granada y Zaragoza, en los demás distritos reinaba la «total indiferencia» hacia el régimen (caso de Murcia) e incluso los «ambientes poco propicios» (como en Bilbao o Barcelona). El Informe también analizaba la «masa neutra», es decir, aquellos estudiantes que no estaban ni a favor ni en contra de la dictadura, que estaban entre el 90 % (caso de Salamanca) y el 50 % (caso de Barcelona). La Policía se temía que este grupo fuera «ganado» por los grupos clandestinos y que una huelga o una manifestación en Madrid o Barcelona pudieran hacer que esa masa se volviera contra el régimen[32].

Para frenar este incremento de la actividad estudiantil, la BPS diseñó la infiltración de agentes en las organizaciones antifranquistas. Para realizarlo con éxito, dichos agentes debían cumplir una serie de requisitos:

La cantera para estas infiltraciones está en la Escuela General de Policía, previa rigurosa selección, por cuanto es preciso aunar el espíritu vocacional que obliga al elegido a prescindir de sus atributos oficiales, con el deseo de llevar adelante unos estudios para no hacerse sospechoso a los restantes alumnos. Todo esto significaría, además del pago de los estudios, la consiguiente compensación económica que haga olvidar algunas «ventajas» propias de nuestra función[33].

El Informe también proponía controlar a los estudiantes que venían de otras universidades, las tertulias que se celebraban al margen del recinto universitario, vigilar de cerca a los estudiantes que ocupaban puestos dirigentes en las organizaciones clandestinas y estar atentos a su correspondencia. Como medidas extrapoliciales, se proponían medidas coercitivas, tales como rescindir las becas de los estudiantes que participaran en manifestaciones, la clausura de reuniones no autorizadas y que en los medios de comunicación se desprestigiaran las «algaradas estudiantiles»[34].

Muertos a manos de la Policía: Rafael Guijarro y Enrique Ruano

El objetivo, pues, era acabar con las movilizaciones y con esta finalidad se creó, el 27 de enero de 1968, una Policía de Orden Universitaria (POU) formada por miembros de la BPS, cuya función primordial sería vigilar la actividad de los estudiantes. El grupo apenas duró un mes, pero desde aquel momento la Policía no abandonó los recintos universitarios salvo en contadas excepciones. Además, el 30 de marzo de ese mismo año se creó un juzgado especial para la instrucción de sumarios por hechos delictivos de índole estudiantil[35].

Por otro lado, los recién creados servicios secretos comenzaron a realizar tareas de vigilancia entre los estudiantes. Y así, por ejemplo, el 25 de octubre de 1968 el Alto Estado Mayor (AEM) puso en marcha el «Plan Canadá» (así llamado por el subsecretario del organismo, el señor Montreal), cuyo propósito era recabar información de tipo documental, operativa y técnica para hacer frente al movimiento universitario, y además contaría con la colaboración de los servicios especiales franceses.

En la segunda mitad de la década de los sesenta, la brutalidad policial acabó con la vida de dos jóvenes universitarios: Rafael Guijarro y Enrique Ruano. El primero tenía veintitrés años de edad, era estudiante de la Escuela de Graduados Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y trabajaba como celador. Militaba en el FAR —escisión del PCE (m-l), organización que fue desarticulada el 30 de enero de 1967—. Justo un día después, varios agentes de la BPS fueron a su domicilio, en la calle Jaime el Conquistador 15. Según la versión policial —difundida por los medios de comunicación nacionales—, los policías pretendían incautar documentación de sus «actividades marxistas», para lo cual registraron la casa del estudiante, que vivía con sus padres. Al parecer, Guijarro pidió permiso para beber un vaso de agua en la cocina, situación que aprovechó para desplazarse a una de las habitaciones de la casa y lanzarse al vacío por la ventana. Según la prensa, la causa del suicidio fue el temor del joven al castigo que le impondría su padre cuando se enterara de sus actividades (aunque en la casa los policías no encontraron ningún documento de carácter político). La oposición no se creyó esta versión y desde Mundo Obrero se pidió que se esclarecieran los hechos. Hubo manifestaciones de repulsa en Madrid (donde la universidad cerró durante tres días) y Barcelona. La cantautora catalana María del Mar Bonet y el poeta Luis Serrahima le dedicaron una canción al joven Rafael Guijarro, titulada Que volen aquesta gent?[36].

En enero de 1969 fue detenido Enrique Ruano, militante del FLP, junto con sus compañeros José Bailo Ramonde, Dolores González Ruiz y Abilio Villena Pérez, que intentaban constituir el Partido Comunista Revolucionario (PCR). La diligencia fue supervisada por el jefe de la BPS Saturnino Yagüe y por el comisario Juan García Gilabert. A Dolores le incautaron las llaves de un domicilio donde estaban refugiados unos antifranquistas vascos que huían del estado de excepción, de modo que los agentes Francisco Luis Colino Herranz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón Cristóbal obligaron a Ruano a que los acompañara para registrar la vivienda, momento en el que también estuvo presente el portero del edificio. Según los policías, cuando le quitaron las esposas al detenido para que firmara el acta de registro, empujó a uno de los funcionarios, echó a correr y se tiró por una de las ventanas del piso (era un séptimo), que daba a un patio interior. El joven murió en el acto, aunque la familia no vio el cuerpo y el resultado de la autopsia nunca fue publicado. Apenas unos meses después, el portero falleció de un infarto, por lo que no pudo dar su versión de los hechos cuando el asunto se investigó[37].

Tanto la Policía como la prensa afirmaron que había sido un suicidio y que los agentes incluso encontraron un diario en el que podían demostrarse sus tendencias suicidas. Pero ni la oposición antifranquista ni la familia de Ruano se creyeron esa versión —los padres del joven denunciaron al ABC por publicar las notas del supuesto diario—, y los estudiantes de la Universidad Complutense paralizaron las clases durante una semana. Desde Mundo Obrero se pidió que se realizara una investigación objetiva, asegurando que el estudiante había sido asesinado por la Policía tras ser torturado[38].

Tuvieron que pasar veintisiete años para que se demostrara que Enrique Ruano no se había suicidado. En 1996, la familia del joven, junto a su abogado, José Manuel Gómez Benítez, logró sentar en el banquillo a los tres agentes que participaron en su detención: Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón. Al final, fueron absueltos por falta de pruebas, entre ellas el hueso de la clavícula de Ruano, que había sido serrada. Según los jueces, ese hueso habría sido «determinante para el esclarecimiento de los hechos». Todos coincidieron en que Ruano murió de una lesión no provocada por la caída, sino por «un objeto cilíndrico cónico», como una bala. Pero alguien había hecho desaparecer el hueso[39].

Años setenta: detenciones, torturas y vejaciones

La muerte de Enrique Ruano provocó un sinfín de movilizaciones. Parecía que al régimen aquello se le iba de las manos…, hasta el punto de que el 24 de enero de 1969 se decretó el estado de excepción en todo el país. El entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, aseguró que dicha medida se adoptaba para «restablecer la paz y el orden» y que solo se actuaba contra determinadas «alternaciones del orden público». Sin embargo, los datos lo desmienten, ya que durante los dos meses que se mantuvo en vigor el estado de excepción fueron detenidos 306 estudiantes según la oposición. Además, hubo alrededor de doscientas deportaciones y veinticinco denuncias de malos tratos. Quince estudiantes fueron juzgados por el TOP y veintinueve, por tribunales militares[40].

De alguna manera, el régimen se «especializó» en la represión universitaria. Así, algunos agentes, como el ya mencionado Billy el Niño, se convirtieron en verdaderos expertos en ella y fueron recompensados por ello, lo que significaba que, sobre todo, trabajaba infiltrándose en las organizaciones clandestinas. El 26 de diciembre de ese año recibió otro premio por participar en las detenciones de los dirigentes de la Comisión Coordinadora Estudiantil[41].

En enero de 1974 sucedió un hecho similar al de Enrique Ruano, pero esta vez en Valladolid y en la propia Jefatura de Policía. José Luis Cancho, militante universitario del PCE, fue detenido junto con otros veintisiete activistas. A Cancho le obligaron a firmar un documento por el que reconocía que era militante de dicha organización, pero él se negó. A la mañana siguiente, varios policías le torturaron y le tiraron por la ventana de la comisaría. Resultó herido de gravedad, pero sobrevivió. Según la versión policial, de la que se hizo eco la prensa, aquello había sido un intento de «suicidio», pero cuatro meses después Cancho presentó una querella contra cinco funcionarios del Cuerpo Superior de Policía por los supuestos delitos de asesinato frustrado y lesiones graves. Dos años más tarde, el 18 de noviembre de 1976, la Audiencia Provincial de Valladolid dictaba auto de procesamiento contra los inspectores José Antonio Benayas, Cipriano Belver, Manuel Cinos y Manuel Díaz Arribas por un delito de coacción previsto. Finalmente, el auto acordaba la libertad provisional de los procesados, que habrían de satisfacer una fianza de veinticinco mil pesetas cada uno. Sin embargo, ninguno fue juzgado, ya que se acogieron a la Ley de Amnistía de octubre de 1977[42].

Como ya dijimos, los estudiantes de enseñanza media también comenzaron a movilizarse, lo que dio lugar a la creación de la Unión de Juventudes Comunistas de España y su órgano de prensa, Mundo Obrero Estudiantil. El 20 de febrero de 1975, esta organización realizó varios «saltos[43]» en Madrid. En uno de ellos, en Carabanchel, fueron detenidos los militantes Alfredo Rodríguez, Marisol Rodríguez, Paca Pérez y María Rumin, junto con otros dieciocho compañeros. Alfredo llevaba una pancarta y fue golpeado y torturado en las dependencias de la DGS, de manera que fue trasladado a la enfermería y, finalmente, sin que nadie de su familia lo supiera, a un reformatorio. A Paca Pérez la arrastraron por el pelo; a María la golpearon de tal manera que perdió audición en un oído; a Marisol la dejaron que se ensuciara con la sangre de la regla… Antonio González Pacheco y Jesús González Reglero fueron dos de los agentes que participaron en los interrogatorios[44].

En 1973, en Asturias, el comunista José del Valle Lavandera, dirigente de la UJCE, fue detenido e interrogado por Claudio Ramos por convocar una asamblea en su centro de estudios, en Gijón. Ese mismo año, en el mes de abril, fue detenido —le pusieron una pistola en la sien— por repartir propaganda del Primero de Mayo en las cercanías del estadio de El Molinón. Fue condenado a dos años de cárcel, que cumplió hasta la Navidad de 1974 en las prisiones de Gijón, Oviedo y Burgos. En el mes de octubre de ese año llevó a cabo una huelga de hambre junto con otros cuarenta y cuatro presos para conseguir mejores condiciones penitenciarias. Estuvo quince días sin comer, pero ninguna de sus peticiones fue concedida.

Con el fin de hacer frente a las actuaciones de la Policía política, la UJCE se encargó de la preparación de sus militantes y publicó un manual sobre medidas de seguridad y formas de comportarse en los interrogatorios. Se titulaba «Normas prácticas de seguridad para todos los estudiantes antifascistas»:

La represión policíaca represiva se agudiza día a día, evidencia que la «política del palo» no puede acabar con el Movimiento estudiantil. Pero la Policía también aprende: cada vez la represión se cualifica más, dirigiéndola hacia los militantes más conscientes y constantes del Movimiento estudiantil. Es una obligación que tenemos, no solo de cara a nuestra propia seguridad, sino también de cara al mismo Movimiento, imposibilitar las medidas de la Policía en la medida de lo posible[45].

Contra el movimiento obrero: de la tímida resistencia a la movilización masiva

Desde el 18 de julio de 1936, la BPS, la Guardia Civil, la Policía Armada y el Ejército hicieron todo lo posible para evitar que las organizaciones obreras, que tanta importancia habían tenido durante la Segunda República, resurgieran. Para ello, como veremos, utilizaron la tortura de manera sistemática. Así, en 1948, los militantes comunistas Antonio y Tomás Sanz Calleja informaron a la dirección en el exilio de la situación en las fábricas del sur de Madrid:

El franquismo sigue aplicando el terror tan intensamente como cuando se terminó nuestra guerra. Cuando la policía nota que en un barrio, o en una fábrica, se despliega actividad antifranquista, detiene a unos cuantos obreros sin saber si son o no de los que luchan contra el franquismo, aunque algunas veces detienen a alguno de los que luchan. Como ella [sic], la Policía lo ignora, tortura y apalea a los detenidos hasta que encuentra a uno débil que habla […] y es entonces cuando la policía hace una redada […]. Por su hermano Bonifacio, que fue fusilado —dicen— saben que a los detenidos, después de esposarles y tenderlos en el suelo boca arriba, les pegan en el pecho hasta machacárselo, utilizando para ello un mazo de madera, y que les dan pinchazos con unas tijeras en la cabeza y en los testículos. Otras veces, ponen varias sillas encima de una mesa, esposan al detenido y le hacen subir a la silla más alta, y cuando está arriba quitan una silla, lo que provoca que el detenido caiga de cualquier manera y con peligro de matarse por tener las manos atadas[46].

Durante los primeros años de la posguerra, la mayoría de los miembros del movimiento obrero o estaban en la cárcel, o formaban parte de algún batallón de trabajo, o se hallaban en el exilio, o habían sido fusilados, por lo que su papel como agitadores sociales prácticamente había desaparecido. Sin embargo, ya en la segunda mitad de los años cuarenta y principios de los cincuenta, las cosas comenzaron a cambiar: aunque tímidos, tuvieron lugar algunos actos de resistencia obrera, como los sucedidos entre los estibadores de Barcelona o con los mineros asturianos. Los comunistas decidieron presentarse a la Organización Sindical Española (OSE) —el Sindicato Vertical— para, desde dentro, minarla y acabar con ella. En 1946 se produjeron algunos paros en las principales fábricas textiles de la Ciudad Condal y en la industria bilbaína. En 1951, también en Barcelona, tuvo lugar un boicot en los transportes, acción que desembocó en una huelga general en la ciudad y en su área metropolitana los días 12 y 13 de marzo[47].

Las huelgas obreras de los años cincuenta y sesenta

A partir de 1957, y coincidiendo con las movilizaciones estudiantiles, el movimiento obrero recobró gran parte de su fuerza, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Asturias. En esta última, el 14 de enero se produjeron paros en la mina de La Camocha, en Gijón, por la penosa situación de los silicóticos y los bajos salarios. La movilización se extendió a la cuenca del Nalón, donde, en el famoso pozo María Luisa, se produjo un encierro de cuatrocientos cincuenta mineros. Los trabajadores no consiguieron sus reivindicaciones, pero lograron ocupar algunos puestos en el Sindicato Vertical.

Al año siguiente, en marzo de 1958, el conflicto volvió a resurgir en la región asturiana con la reivindicación de la jornada laboral de siete horas. Veinte mil trabajadores se pusieron en huelga (también de Cataluña y País Vasco) y resultaba evidente que el malestar entre los mineros se iría extendiendo a otras zonas del país. En efecto, en abril de 1962 se iniciaron las conocidas como «huelgas del silencio»[48] por la suspensión de empleo y sueldo a veinticinco picadores del pozo Nicolasa, en Mieres. En la protesta llegaron a participar doscientos mil obreros de veintiocho provincias del país, que reivindicaban no solo mejoras salariales, sino también derechos democráticos y libertades[49].

Ante el aumento de la protesta obrera, el régimen respondió con la zanahoria, pero, sobre todo, con el palo. Cedieron ante algunas de las peticiones, como un ligero aumento de los salarios, en 1957, que igualó el poder adquisitivo a los tiempos de preguerra. Del 19 al 22 de mayo de ese año, José Solís, ministro y secretario general del Movimiento, viajó a Asturias para visitar algunas minas y la Casa Sindical de Oviedo (construida en 1954). Aunque el viaje fue publicitado por el NO-DO como un rotundo éxito, el gobernador militar de Asturias, Francisco Labadie Otermin, reconoció que no fue así, ya que un numeroso grupo de mineros expulsados de sus trabajos por hacer huelga se presentaron ante el ministro y le pidieron que les recibiera, a lo que Solís se negó. Sí los escuchó cinco años más tarde, cuando el ministro se reunió con una comisión de mineros que, de hecho, consiguió aumentos salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en el equipamiento para bajar a las minas, etc.[50].

Ante el «descrédito del sindicalismo oficial», como lo definió Labadie, el régimen solo tenía el «palo» para acabar con las movilizaciones de los trabajadores. Por ejemplo, en la huelga de 1951, el gobernador civil de Barcelona pidió a los mandos policiales que «tomaran todas las medidas a su alcance» para hacer frente a las movilizaciones, que fueron reprimidas duramente[51]. En Asturias, en las huelgas de 1957, la Guardia Civil detuvo a cincuenta y dos personas. Doce de ellas fueron juzgadas por delito de sedición solo por hacer paros y encierros en los pozos, y les cayeron penas de entre seis meses y dos años de cárcel[52]. En las huelgas de 1958 se decretó el estado de excepción en toda la región y fueron detenidos trescientos trabajadores[53], muchos de los cuales se vieron obligados a realizar el servicio militar en lugares tan alejados como Tetuán o Ceuta. Ochenta y tres fueron llevados a juicio, como Higinio Canga, miembro del Comité Central del PCE, que fue acusado de «rebelión militar» por formar parte de la dirección del Partido y por hacer huelga. Según declaró la Policía en el juicio, aquellas movilizaciones coincidían «con las actuales tácticas comunistas propuestas en el último Congreso [del PCE]». Las penas que les cayeron iban desde de los seis meses a los veinte años de cárcel. En las fotos del consejo de guerra, varios de los detenidos aparecen con un ojo morado[54].

A comienzos de los años sesenta, el movimiento obrero tomó un nuevo impulso, por lo que la represión volvió a mostrar su cara más despiadada. El 4 y el 8 de mayo de 1962 se decretó el estado de excepción. Las autoridades movilizaron a cuatro mil miembros de la Guardia Civil, la BPS y la Policía Armada, y se utilizaron todo tipo de medidas para doblegar a los trabajadores: toque de queda a partir de las diez de la noche, incautación de armas, servicios de vigilancia en las fábricas, control de entrada y salida de trabajadores^, incluso, en Asturias, se clausuraron numerosas minas para evitar encierros y se organizaron patrullas permanentes para vigilar las zonas donde más personas podían concentrarse (no estaban permitidas las reuniones de más de cinco). Entre los meses de abril y julio de 1962 fueron detenidos 395 trabajadores.

En el mes de agosto hubo nuevas movilizaciones, sobre todo en Asturias, exigiendo la libertad de los detenidos y el cumplimiento de las reivindicaciones. El régimen dio un paso adelante y decidió deportar a los mineros más destacados. En total, 126 trabajadores pasaron más de un año fuera de sus casas, en ciudades como Soria, Valladolid, Cuenca, Huelva o Murcia. Claudio Ramos y su ayudante, Pascual Honrado, fueron los encargados de dirigir las detenciones contra los deportados[55].

Como había ocurrido con el apoyo a las guerrillas, las mujeres asturianas desempeñaron un papel fundamental: participaron en las movilizaciones y constituyeron una comunidad de solidaridad para ayudar a las familias más perjudicadas. En la cuenca del Nalón formaron piquetes y se concentraron frente al pozo María Luisa, donde los mineros estaban encerrados. El 26 de marzo de 1957, un grupo de esposas e hijos de trabajadores interrumpieron el tráfico entre las poblaciones de Sama y Langreo, y recogieron firmas para pedir la libertad de los detenidos[56]. Una acción llamativa de las mujeres asturianas —también de las catalanas— fue el lanzamiento de maíz para hacer «tornar» a los esquiroles que pretendían volver al trabajo, como ocurrió en la localidad de Sorriego el 29 de abril de 1962. En los días siguientes, numerosas esposas e hijas de mineros se concentraron en el pozo Barredos y en el de La Camocha (explotados por la compañía Carbones Asturianos) para impedir la entrada de mineros a sus puestos de trabajo. El 2 de mayo, cerca de un millar de mujeres, algunas con pancartas, se repartieron por las minas de la cuenca del Nalón para impedir la entrada de esquiroles: por ejemplo, en el pozo del Fondón se concentraron alrededor de doscientas mujeres, dos de las cuales se convirtieron en símbolos de la lucha contra la represión franquista: Anita Sirgo y Constantina Pérez, ambas provenientes de familias republicanas represaliadas y casadas con Víctor Bayón y Alfonso Braña, respectivamente, mineros antifranquistas.

Anita y Constantina fueron detenidas a finales de agosto de 1963, junto con el marido de la primera, y fueron llevadas al cuartel de la Policía municipal de Sama de Langreo. El capitán Caro, el cabo Pérez y un agente apodado Sevilla se encargaron de los interrogatorios. Las dos mujeres fueron apaleadas y les raparon el pelo[57], una práctica muy habitual en los tiempos de la posguerra y que volvió a resurgir en los años sesenta a raíz de las movilizaciones obreras. La acción provocó que, el 30 de septiembre de 1963, 102 intelectuales denunciaran en una carta dirigida al ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, las torturas que habían sufrido los mineros y sus esposas. La carta iba firmada, entre otros, por el poeta Vicente Aleixandre, el antiguo rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo; el escritor José Bergamín, el poeta Gabriel Celaya o el dramaturgo Alfonso Sastre[58].

Como respuesta, Fraga publicó una misiva en la revista El Español, en la que denunciaba el escrito de los intelectuales como un «elemento del comunismo» y un «juego político». Aseguraba que las torturas de las que se hablaba eran mentiras, salvo la rapada de Anita y Tina, que el ministro justificó con las supuestas «provocaciones a las Fuerzas de Orden Público». La Benemérita, para esconder los hechos, pidió a Anita y a Tina que se cubrieran la cabeza con un pañuelo hasta que les creciera el pelo. Pero las mujeres se negaron e incluso se hicieron fotografías que muchos exiliados en París pudieron ver gracias a que aparecieron en Asturias en la vanguardia, una publicación de organizaciones clandestinas que operaban en el exilio francés. En octubre de 1963, 188 intelectuales firmaron otra carta pidiendo que se esclarecieran los hechos del caso de Anita Sirgo y Tina Pérez, y que se depuraran responsabilidades. Nadie pagó por lo sucedido[59].

El asalto a la comisaría de Mieres

El 12 de marzo de 1965 no fue un día cualquiera en la villa asturiana de Mieres. Frente a la comisaría, en la calle Ramón y Cajal 13, a escasos metros del ayuntamiento, se produjo uno de los primeros enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público desde el final de la Guerra Civil. En realidad, se trató de un hecho singular que merece un análisis detallado.

Todo empezó cuatro días antes, el 9 de marzo, cuando la Comisión de Despedidos, formada por 450 mineros expulsados de su trabajo por su actividad sindical y pertenecientes a diferentes organizaciones antifranquistas (comunistas y miembros de la Juventud Obrera Cristiana [JOC] y de la Hermandad Obrera de Acción Católica [HOAC]), se reunió en la Casa Sindical de Mieres. Desde el mes de mayo del año anterior reclamaban la readmisión de los expulsados y mejoras laborales para todos los trabajadores. A la asamblea asistió el delegado provincial de Mieres del Sindicato Vertical, Avelino Caballero, a quien los trabajadores solicitaron una reunión para el día 12 con Noel Zapico, presidente de la Sección Social del Sindicato Provincial del Combustible. Constantino Alonso González y Severino Arias Morillo, dirigentes de la Comisión y militantes del PCE y la HOAC, respectivamente, pidieron a todos los trabajadores que asistieran a la siguiente asamblea[60]. Sin embargo, lo que se encontraron fue la represión más cruel por parte de la Policía política. La noche del 10 al 11 fueron detenidos cinco de sus dirigentes, entre ellos, Severino Arias, que fueron trasladados a la comisaría de Oviedo, donde les esperaban varios agentes de la BPS y su jefe, Claudio Ramos Tejedor. Lo que iba a ser una reunión con los representantes sindicales franquistas finalmente se convirtió en una manifestación por las calles de Mieres convocada mediante el boca a boca. Algunos de los mineros, como Gerardo Iglesias, recorrieron la villa asturiana montados en una Vespa, dando palmas y llamado a la gente para que acudiera a la Casa Sindical. También se hizo un llamamiento a los trabajadores de Gijón, de Sama y de Infiesto para que se trasladaran a Mieres a reivindicar tanto la libertad de los detenidos como una mejora de los salarios y los derechos laborales de los trabajadores[61].

Una hora antes de la manifestación (convocada para las cinco y media de la tarde), comenzaron a llegar autobuses provenientes de las cuencas mineras de Langreo y de Gijón. Se congregaron entre mil y mil quinientas personas, según datos de la BPS y del Gobierno Civil, y cinco mil, según los convocantes. Incluso la prensa extranjera se hizo eco de la movilización[62]. Ante aquella demostración de fuerza —los asistentes reconocieron que «nunca habían vivido nada igual»—, los manifestantes se dirigieron a la Casa Sindical, que estaba vacía. Una mujer le dio un zapatazo al conserje que estaba apostado en la puerta y los trabajadores tomaron el lugar. Se realizaron mítines improvisados en los que se propuso ir hasta la comisaría, donde supuestamente estaban los detenidos[63]. Los manifestantes cruzaron las principales arterias de la ciudad: desde la Plaza del Mercado fueron por la calle Doce de Octubre hacia la Avenida José Antonio (actualmente, Avenida Manuel Llaneza), donde estaba la Escuela de Capataces (actualmente, la Casa de la Cultura). Según los asistentes, «los estudiantes [de la Escuela de Capataces] saltaban por la ventana para unirse a la manifestación». Después pasaron por el ayuntamiento, donde estaba apostado el comisario Arce, jefe de la Policía de Mieres. Fue allí donde empezaron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se vieron reforzadas con efectivos que llegaron de Gijón, Avilés y Oviedo. Durante los altercados, la Policía detuvo a José Ramón Fernández Álvarez, alias Teverga, comunista de la localidad de Sama de Langreo, al que se llevaron a la comisaría de Oviedo[64].

Cuando los manifestantes alcanzaron la comisaría de Mieres, varios agentes custodiaban la puerta. Los primeros querían entrar en el recinto para «liberar a los presos», de manera que empezaron a empujar a los policías, cuyas gorras volaron por los aires. Las mujeres participaron muy activamente en aquella jornada. Fue el caso de María Luisa Vigil Álvarez, Taina, o de Pilar Alonso Cachero, que realizaron algaradas para alentar a los manifestantes. Otras, como Juanita Prieto (militante del PCE), que tenía a su hija en brazos, se enfrentaron a los agentes de la Policía cuando estos amenazaron con llevarlas a la cárcel[65]. Mundo Obrero describió así la participación de las mujeres en la trifulca:

Miles de manifestantes se congregaron ante la comisaría. Un policía se dirigió a ellos desde un balcón diciéndoles: «¿Qué queréis?». Una mujer se quitó un zapato y se lo arrojó. Y como si hubiera sido la señal del asalto, docenas de zapatos volaron hacia el balcón y los manifestantes se lanzaron escalera arriba para liberar a los detenidos. En aquellos momentos llegaron refuerzos de la Policía Armada, produciéndose una verdadera batalla en los despachos, en las escaleras y en la calle[66].

Uno de los participantes en el asalto de la comisaría contó así lo sucedido:

La comisaría estaba en un primer piso. Los más jóvenes subieron, el hermano Gelín y el hijo de uno de los detenidos, Luis el Turrado. Nadie les abría la puerta, pegaron las pataes [sic]. Allí solo había un paisano viejín. Bajaron las escaleras. Tardaron en llegar los grises, que no eran muchos, y comenzaron a repartir leña. El paisanín se asomó a la ventana, alzando los brazos, diciendo que él no sabía nada de aquello. Y una mujer le lanzó un zapato. Llegaron los grises y comenzaron a tirar toletazos y le abrieron la cabeza a más de uno. Un paisano gritaba: «¡Mineros, no dejéis que las minas asturianas se manchen de sangre obrera!»[67].

La Policía comenzó a cargar con porras —no utilizaron armas de fuego— y a algunos mineros les abrieron la cabeza. Aun así, la movilización había sido todo un éxito: hasta que no llegaron los refuerzos mandados por Claudio Ramos desde Oviedo, la Policía de Mieres no pudo contener la revuelta. Según el investigador José Ramón Gómez Fouz, el enfrentamiento duró solo doce minutos; la prensa clandestina afirmó que la manifestación en su conjunto se prolongó unas dos horas[68].

Sea como fuere, el enfrentamiento no le sentó nada bien a los miembros de la BPS, que acababa de comprobar cómo los obreros desafiaban su autoridad. La represión no se hizo esperar y la misma noche del asalto Claudio Ramos, que seguía en la comisaría de Oviedo, interrogó a los miembros de la Comisión de Despedidos, a quienes se acusaba de encabezar la revuelta (aunque no estuvieron en ella). Severino Arias recordaba así el interrogatorio de Ramos:

El mismo día del asalto a la comisaría, recuerdo que, a la hora de terminar el interrogatorio, Claudio Ramos me dio varios puñetazos en el estómago y una patada en la espalda, y al policía que estaba con él le dijo: «Llevar a este ciudadano soviético a la celda». Él estaba muy cabreado y cansado. Y cuando estaba en el calabozo, me encontraron durmiendo, y eso le cabreó[69].

En los días siguientes fueron detenidos varios manifestantes, como Aquilino Fernández, que ya había sido apresado en la huelga de 1962:

El día 17 [de marzo] viene a por mí Arce en persona. Dejaron un Land Rover delante de mi casa. No me esposaron en casa. Tenía un perro que no les dejaba entrar. Me llevaron a la comisaría. No me pegaron, pero Arce me golpeó contra una puerta, y me jodió en la espalda. Me interrogaron todo lo que quisieron. Y me llevaron a Oviedo. Allí estaba Tino el del Alto. Nos llaman a declarar de noche, a las tres. Te trataban como te trataban. Estaba Ramos allí. Había algún policía que se hacía el bueno. Había uno que llamaban Palacio que primero me trato de buenas, pero luego de malo. Un día abrieron la puerta y era Ramos que preguntaba si había cantao [sic]. Y si no cantaba, a la nevera con él. Y como no canté, me mandaron quitar las gafas, porque las gafas no tenían la culpa, me decían. Y comenzaron a pegarme de hostias. Me intentaron pegar una patada en los huevos. Y para la celda. Los compañeros me decían que tenía la cara hinchada, encarnada por los golpes. A las setenta y dos horas nos soltaron, no tenían otro remedio, no tenían causa por la que juzgarnos[70].

El 20 de marzo, las mujeres y los mineros intentaron asaltar la Casa Sindical de Sama de Langreo. De nuevo Constantina Pérez Martínez, su hija Blanca Esther Bayón, y Anita Sirgo promovieron una manifestación que la Policía Armada logró disolver con facilidad[71]. Ni el Gobierno Civil ni la BPS podían permitir que se repitiera lo ocurrido en Mieres. Anita Sirgo recordaba así lo sucedido en Sama:

Yo fui a la concentración. Llevé un zapato, porque estaba harta de recibir toletazos, y corrían más que yo. Ellos van a dar golpes, pero iban a oler mi zapato. Y lo llevé en un bolso, un zapato viejo. Cuando estaba en la concentración, estaba en las escaleras, fue mucha gente. Policía aún no había. Subimos un grupo de mujeres, íbamos a por los del Sindicato Vertical. Cuando fuimos, no había nadie. Descolgamos el teléfono para que no llamaran a la Policía. Pero la Policía ya estaba abajo. Mira que había gente, pero ellos eran más. Vinieron camiones, con metralletas, cascos y todo. Subieron arriba a por nosotros. Y se pusieron en las escaleras. Nos dieron toletazos para bajar. Y me caí por las escaleras. Cogí la bolsa con el zapato. Un guardia civil vino a por mí y le tiré el zapato a la cara y escapé. A Tina la cogieron. Me tuve que esconder en casa de una compañera[72].

Por las manifestaciones de Mieres y Sama fueron detenidas cincuenta personas, treinta y cinco de las cuales fueron puestas a disposición del juzgado de orden público, acusadas de diversos delitos, como el de sedición (por la participación en la manifestación de Mieres), asociación Ilícita (por pertenecer a la Comisión de Despedidos) y desórdenes públicos (por la manifestación de Sama de Langreo). Se les impusieron fianzas de entre tres mil y cinco mil pesetas para poder salir de prisión[73].

El juicio por el asalto a la comisaría de Mieres se celebró el 16 de abril de 1966. Como pruebas de la acusación, la BPS mostró varias fotografías de la comisaría en las que podían verse las ventanas y las puertas rotas, así como el cartel de «comisaría» rasgado[74]. Finalmente, veintisiete personas, entre ellas los cabecillas de la Comisión de Despedidos, fueron juzgadas y declaradas culpables de manifestación ilegal y condenadas a diversas penas: entre seis meses y cuatro años de cárcel y cinco mil pesetas de multa. Tres hombres fueron absueltos del delito de sedición[75]. Por la manifestación de Sama de Langreo solo fue procesada Blanca Esther Bayón Pérez, que finalmente quedó absuelta del delito de desórdenes públicos. Su madre, Constantina Pérez, murió de cáncer en octubre de 1965. A su entierro acudieron centenares de personas como muestra de respeto y agradecimiento.

Por su parte, los agentes que participaron en la represión de la manifestación (el teniente Tomás y los policías César Fernández Lombao y Díaz Moreno)[76] fueron condecorados con medallas con distintivo rojo.

Algunos investigadores afirman que los sucesos de Asturias apenas tuvieron repercusión debido a la censura[77]. Sin embargo, gracias a la documentación consultada, hemos podido comprobar que no solo la prensa regional (La Nueva España, El Comercio, La Voz de Asturias) y nacional (La Vanguardia, ABC) hablaron de lo ocurrido, sino que los hechos aparecieron descritos en diferentes medios internacionales, como Le Monde y The New York Times[78]. El Gobierno Civil hizo llegar a los diarios del país (y a los extranjeros) una nota en la que aparecían titulares como «Otra maniobra subversiva al descubierto» o «Desórdenes en la Ciudad de Mieres». En el comunicado se afirmaba que todo había sido «una manifestación de claro matiz comunista», de carácter «violento y tumultuario» y que no había habido heridos. Cinco días después, el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros[79], declaró desde la Casa Sindical de Oviedo que todo había sido un «un golpe de fuerza, usando la buena fe de los trabajadores»[80].

La BPS, a través del Boletín Informativo de Investigación Social de mayo de 1965, describió los hechos de la siguiente manera para la DGS:

La transcendencia de este hecho ha sido muy grande por la repercusión que ha tenido en los distintos ambientes tanto en el interior y el exterior, acusándose abundancia de panfletos, de comentarios, emisiones[81].

La prensa clandestina se hizo eco de las movilizaciones. Horacio Fernández Inguanzo[82], líder de los comunistas asturianos, escribió dos artículos para Mundo Obrero describiendo los hechos. Para el dirigente, el asalto significaba «la real constatación de los nuevos y profundos cambios operados en la politización de las masas, algo más gráfico que la constancia del alto espíritu combativo de los mineros asturianos»[83]. Por su parte, el PCE sí hizo propaganda sobre lo ocurrido en Mieres, de manera que el 18 de marzo, en el barrio de La Calzada, en Gijón, aparecieron cientos de ejemplares de un folleto de tamaño folio, «Asturias», firmado por la Oposición Sindical Obrera (OSO), con el siguiente título: «Sigamos el camino de Mieres». La Policía incautó unos trescientos ejemplares[84].

La BPS contra Comisiones Obreras

Poco después de los hechos de Asturias, el fenómeno de las «comisiones obreras», asambleas en las que se agrupaban, sobre todo, trabajadores comunistas, pero también socialistas y del cristianismo obrero, y cuyo objetivo era convocar huelgas y negociar las condiciones laborales con los patronos, se extendió por todo el país, sobre todo a Vizcaya (1963) y a Sevilla y Madrid con la Comisión del Metal (1964), en la que participaba el histórico dirigente antifranquista Marcelino Camacho. Pero no fue hasta 1966 cuando se creó la primera estructura estable de la organización en la capital, la Inter-Ramas, que se encargaba de la coordinación de diferentes comisiones obreras de diferentes actividades. El 14 de mayo de ese año se celebraron elecciones sindicales, a las que se presentaron miembros de Comisiones Obreras (CC OO) con el lema «Vota al mejor». A pesar de la represión gubernamental y policial, según el PCE, consiguieron el 80 % de los cargos sindicales en las grandes empresas, el 50 % en las medianas, y el 30 % en las pequeñas. En algunas empresas, como la Perkins (fabricante de motores), la mayoría de sus cuadros sindicales eran antifranquistas[85].

De este modo las organizaciones obreras clandestinas comenzaron a salir a la luz. El 27 de enero de 1967 tuvo lugar la que se conoció como la «Marcha sobre Madrid», en la que participaron, según los convocantes, unos cien mil trabajadores e hicieron huelga cincuenta mil, entre los que se encontraban los de las principales fábricas de la capital, como Standard Eléctrica, Marconi, Boetticher, Pegaso, Barreiros… y los conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Se produjeron manifestaciones en Cuatro Caminos, en la plaza de la Villa y delante de las sedes de los sindicatos. También hubo movilizaciones en empresas del País Vasco, de Cataluña y de Andalucía (Sevilla). En Asturias, tras la detención de los dirigentes de la Comisión Provincial de Mineros, hubo una oleada de paros que afectó a las principales industrias de la región[86].

A mediados de los años sesenta, con la nueva hornada de jóvenes que empezaron a trabajar en las empresas de todo el país, las reivindicaciones laborales y democráticas subieron de tono. En 1966, en Villaverde Bajo (Madrid), surgieron las Comisiones Obreras Juveniles (CC.OO.JJ.) —el movimiento fue absorbido en 1971 por las Juventudes Comunistas—, que se extendieron por Cataluña, Galicia, Valencia y Zaragoza: su objetivo era denunciar las condiciones de precariedad en las que trabajaban los jóvenes, al tiempo que reivindicaban una educación pública de calidad para los hijos de los trabajadores[87].

Parecía que la situación se le escapaba de las manos al régimen, por lo que los altos mandos decidieron actuar de inmediato. El Sindicato Vertical y la OSE realizaron informes sobre CC.OO. alertando del «peligro de ciertos grupos». También lo hicieron los gobernadores civiles de varias regiones, como el asturiano José Manuel Mateu de Ros, que elaboró un dosier en el que hablaba de los problemas a los que se enfrentaba el sindicalismo franquista por su incapacidad para llegar a la mayor parte de los trabajadores. Para revertir la situación, el gobernador recomendaba tomar medidas de carácter preventivo, como organizar en comités a los trabajadores «legales» y darles una adecuada formación para que, a cambio, informaran sobre los miembros de CC.OO. en las empresas. Si esto no funcionaba, De Ros proponía que tomaran las riendas los policías y los jueces del TOP, a quienes solicitaba «una actuación más enérgica en sus sentencias»[88]. Es decir, comenzaron a proponerse medidas represivas, pero recubiertas de cierta cobertura legal que las legitimara. El 16 de febrero de 1967 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del TOP contra los integrantes de la Comisión Obrera de Vizcaya, a la que declaraba «ilegal», y lo mismo ocurrió el 4 de octubre de 1968 con la de Guipúzcoa. El 15 de octubre de 1968, las Comisiones Obreras del Arenal Alto (Madrid) fueron declaradas ilegales «porque están doctrinalmente entroncadas con el Partido Comunista Español, organizadas y tuteladas por el mismo»[89].

La actuación judicial se combinó con la policial. Después de las jornadas del 27 de enero de 1967, los principales dirigentes de la organización fueron detenidos, entre ellos Julián Ariza (de Perkins) y Marcelino Camacho (de Pegaso). En sus respectivas fábricas los trabajadores se pusieron en huelga para pedir la libertad de los detenidos, que finalmente fueron liberados. Sin embargo, a partir de entonces, los agentes de la BPS vigilaron las fábricas y los domicilios de los principales dirigentes de CC.OO. En total, según diversas fuentes, fueron detenidos entre ciento setenta y trescientos trabajadores[90].

El 24 de abril de 1967, veintiún militantes de CC.OO. fueron detenidos en Cornellá (Barcelona) por realizar una reunión ilegal en un local anejo a la parroquia de San Jaime. El 26 de septiembre de ese mismo año, ocho miembros de CC OO fueron apresados por la Guardia Civil, entre ellos Antonio González Martín y Justo Pegeo, que fueron retenidos en una prisión celular y puestos a disposición del Tribunal de Orden Público. En Valencia, durante el Primero de Mayo —se realizó una concentración de trabajadores en el centro de la ciudad—, hubo altercados entre los obreros y las Fuerzas de Orden Público: la Policía intentó detener al escultor José Soler Vidal y en la refriega resultó herido el agente José Antonio Martín de León[91].

El 3 de octubre fueron detenidos trece miembros de CC.OO. en la fábrica Medias Vilma, en Madrid, por participar en una reunión (a la que acudieron unas doscientas personas) en la que se decidió un paro para el día 27 de ese mes. Entre ellos estaban Julián Ariza[92] y Nicolás Sartorius[93]. El 1 de noviembre, en Vitoria, fueron apresados catorce miembros de CC.OO. por realizar una «reunión ilegal», y el 15 de diciembre fue puesto a disposición del TOP el dirigente sindical de Sevilla Eduardo Saborido por un supuesto delito de «desórdenes públicos»[94].

En los años siguientes los embates represivos de la BPS continuaron. El 11 de noviembre de 1968 fue detenido en Valencia el dirigente comunista Antonio Palomares. Varios agentes se presentaron en su casa, le golpearon mientras lo llevaban a comisaría, lo ataron a una cama y le dieron corrientes y patadas en el vientre y en el pecho. Según su testimonio estuvo cuatro días en comisaría y salió «más bajito», ya que le redujeron la estatura cuatro centímetros al deformarle el diafragma. Durante el estado de excepción de 1969, fueron detenidos 777 trabajadores en todo el país, de los cuales a cien se les acusaba de pertenecer a CC.OO. y a cincuenta y cinco de ellos a las CC.OO. JJ. —en el informe policial se habla de 288 «obreros comunistas»—. En Madrid se realizaron 390 registros en domicilios de trabajadores[95]. La mayor parte de los arrestados sufrieron torturas a manos de la Policía:

Me detuvieron seis veces durante el franquismo. Una de ellas fue durante el estado de excepción del 28 de enero de 1969. Tenía diecisiete años y estaba en las Comisiones Obreras Juveniles. Me detienen junto a mi padre, que era militante clandestino del PCE y CC OO. En aquellos días detuvieron a la mayoría de los que estaban fichados. A mi padre lo llevaron al día siguiente de detenerlo de la DGS a Carabanchel. Pero a mí, como a otros compañeros, me tuvieron doce días en dependencias policiales. En aquella detención me golpearon bastante, como a todos. Nos interrogaban cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde. Nos abofeteaban, nos ataban a la mesa. A uno de los que estaban detenidos, que estaba acusado de tener una multicopista en Getafe, le golpearon en la cabeza con un radiador[96].

Pero los obreros antifranquistas de Comisiones Obreras no se quedaron quietos. El sindicato publicó dos manuales, en 1969 y 1970, sobre cómo hacer frente a la Policía y qué medidas de seguridad debían adoptar para evitar ser capturados. Por ejemplo, se detallaban cuestiones como qué hacer con la correspondencia, ya que en Correos podía haber policías infiltrados: debían escribir un remite falso y utilizar buzones distintos para echar las cartas. Las direcciones de compañeros de sindicato debían ser aprendidas de memoria o escribirse en pequeños papeles que pudieran esconderse.

También se hablaba de la necesidad de realizar asambleas frecuentes para reagrupar a los obreros, transmitiendo la información de la convocatoria mediante el boca a boca o a través de octavillas anónimas. Solo debían conocer las reuniones de la propia comisión quienes asistían a ellas. Además, en el puesto de trabajo no debía haber nada de propaganda, y, en caso de detención, negar cualquier acusación de pertenencia y solo decir que sabían de la existencia de CC OO porque habían visto algunos panfletos[97].

El proceso 1001 y la presión nacional e internacional

El 21 de julio de 1970, en Granada, tres obreros murieron por disparos de las Fuerzas de Orden Público mientras se celebraba una manifestación a la que asistieron seis mil trabajadores de la construcción que habían ido a la huelga para pedir una mejora de sus jornales. Hubo más de cien detenidos. Los muertos fueron Antonio Huertas (peón de albañil, veintiún años), Cristóbal Ibáñez (marmolista, cuarenta y tres años) y Manuel Sánchez (peón, veintisiete años) El 13 de septiembre de 1971, la Guardia Civil mató por la espalda al obrero madrileño Pedro Patiño, militante de CC OO —ya había sido detenido dos veces antes, en 1959 y 1969—, mientras colgaba un cartel de apoyo a los trabajadores de la construcción en Leganés. Se convocó una semana de huelga pidiendo que se esclarecieran los hechos. El 10 de marzo de 1972, en El Ferrol, dos trabajadores fueron asesinados por disparos de la Policía Armada mientras participaban en una movilización de los trabajadores del astillero de Bazán, que pedían solidaridad con los obreros del astillero de Astano, en huelga por el despido de ocho compañeros dirigentes de CC OO en la fábrica. El resultado final del conflicto fue de 16 heridos de bala, 101 heridos, 170 despedidos, 60 encarcelados y 54 multados. Veintitrés personas fueron juzgadas por el TOP. Los muertos fueron los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla[98].

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, en la BPS se constituyó una sección especializada en conflictos obreros llamada «Actividades Laborales», dirigida por Conrado Delso, Rafael Núñez Ispa y Benjamín Caro. En diciembre de 1973, los tres recibieron felicitaciones públicas por «su meritoria labor informativa en los conflictos laborales y de hostigamiento sobre los líderes de Comisiones Obreras»[99]. Este grupo de la BPS desempeñó un papel clave en los sucesos que desembocaron en el conocido como «Proceso 1001».

El 24 de junio de 1972, en el convento de los Padres Oblatos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se había convocado una reunión de la Coordinadora Estatal de CC OO. Sin embargo, una decena de agentes de la BPS[100], que desde hacía una semana vigilaban aeropuertos y estaciones de tren y de autobús, la impidió mediante la detención de diez dirigentes en sus respectivas zonas[101].

En cuanto los sindicalistas llegaron a la DGS, los metieron a cada uno en una celda vacía —ni siquiera había una manta con la que cubrirse— e iluminada con una bombilla. Y comenzaron los interrogatorios. Los agentes de la BPS sabían que no podían tocar a los detenidos, porque las críticas de la opinión internacional serían inmediatas. En efecto, desde el primer momento se había organizado una campaña dentro y fuera del país a favor de los «diez de Carabanchel»[102].

Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, junto con intelectuales y artistas como Arthur Miller o Peter Seeger, enviaron escritos pidiendo la libertad de los presos. Hubo manifestaciones en España y en toda Europa, y ocupaciones de embajadas y consulados en Francia, Inglaterra y Alemania. El 12 de diciembre de 1973, una semana antes del juicio, se produjeron paros y concentraciones en Madrid, Cataluña y Asturias. No había duda de que aquel sería un «juicio contra el régimen»… Sin embargo, los «diez de Carabanchel» fueron condenados a entre dos y veinte años por el delito de «asociación ilícita»[103].

El último Primero de Mayo

Con motivo del Primero de Mayo de 1975, fiesta por antonomasia del movimiento obrero, el régimen volvió a actuar con contundencia, y esta vez no solo contra los «fichados», que solían ser detenidos un par de días antes de la fecha para intentar que las movilizaciones no se les fueran de las manos[104]. Tal y como analizó la BPS aquella jornada, la respuesta de los trabajadores fue «muy minoritaria», sobre todo porque CC OO estaba en plena campaña para las elecciones sindicales con las Candidaturas Democráticas Unitarias (CDU). El caso es que, en su «resumen de los hechos», y a partir de datos «meramente estimativos»[105], la BPS escribía en su boletín informativo que hubo cuatro atentados contra las Fuerzas de Orden Público, diecisiete banderas y pancartas colocadas en edificios públicos, diez comandos violentos, cuatro explosiones de artefactos, dieciséis manifestaciones consumadas, cuatro conatos de manifestación, seis manifestaciones relámpago y siete reclusiones y perturbaciones del orden público. Asimismo, se informaba de que se produjeron «pocas intervenciones de la Fuerza Pública», afirmación que se contradice con la realidad: solo ese día se había detenido en todo el país a 337 trabajadores y un hombre falleció en las movilizaciones en la ciudad de Vigo, el obrero de FENOSA Montenegro Simón, a manos de la Benemérita. Un año después del suceso, el Tribunal de Justicia de la VIII Región Militar absolvió al agente de segunda Justo Arias Sanfiz, autor material del disparo, que había actuado —según afirmaba la sentencia— en cumplimiento de su deber[106].

A pesar de la represión y de la detención de dirigentes y militantes, el movimiento obrero consiguió una importante victoria en las elecciones sindicales del 30 de junio de 1975. La participación fue del 88 % y, en zonas como Madrid, Barcelona, País Vasco o Valencia, la mayoría de los enlaces y delegados que salieron elegidos eran miembros de la oposición antifranquista. Más aún: las candidaturas democráticas llegaron al 60 % de representación en las grandes empresas y en las fábricas más importantes del país. De este modo, el Sindicato Vertical —y el régimen— sufría un golpe mortal del que no se recuperaría[107].

5
Los nuevos sectores antifranquistas

En la última etapa de la dictadura, la oposición al régimen se fue extendiendo. Ya no solo se movilizaban los estudiantes y los obreros, sino, como veremos en este capítulo, los intelectuales, los artistas, los miembros de las asociaciones vecinales y los profesionales liberales. Todos estos «espacios de libertad» hicieron que las organizaciones antifranquistas ampliaran sus bases y que surgieran nuevos partidos políticos y sindicatos, al tiempo que reaparecieron aquellas que defendían la lucha armada. Ante esta situación, la BPS tuvo que redoblar sus esfuerzos, tanto para analizar lo que estaba ocurriendo como para reprimir la disidencia, fuera esta del tipo que fuera.

Los «enemigos históricos»

Ya hemos visto cómo en los Boletines Informativos de Investigación Social la BPS siempre prestó especial atención al papel desempeñado por el PCE en la oposición al régimen:

Dentro de las luchas extremistas, en ningún sector se produjeron acontecimientos con el método y perseverancia que llegó a caracterizar lo producido por los comunistas; sus experiencias han sido numerosas y desde la propia prehistoria del bolchevismo, a raíz de las disidencias producidas en la Primera y Segunda Internacional, se vienen acumulando por los doctrinarios todas las enseñanzas, hasta convertir las más provechosas en normas de acción, que han llegado a nuestros tiempos como puntos del programa subversivo a desarrollar[1].

En el primer boletín, publicado el 16 de diciembre de 1946, se alertaba de que el PCE en el exilio estaba enviando a España a miembros del partido para llevar a cabo «la agitación subversiva». Asimismo, se hablaba de la CNT, de sus disidencias internas y de su afán por poner en marcha «campañas de violencia» en todo el país[2]. En el siguiente boletín, del 20 de diciembre, se volvía a mencionar a los comunistas y a lo que la BPS denominaba el «movimiento de resistencia clandestino», insistiendo en que había que vigilar como fuera las actividades de «huidos» en el monte para impedir que la propaganda comunista llegara a sus manos. Respecto al socialismo y a la UGT, en ese mismo número se ponía el énfasis en uno de sus dirigentes en el exilio, Ramón González Peña, de quien se afirmaba que intentaba reorganizar el sindicato para actuar dentro del país[3].

A partir de 1947 los boletines informativos fueron regularizándose (se publicaban semanalmente) y, aunque en ellos se hablaba de diferentes organizaciones clandestinas, como la UGT y sus «escuelas especiales» —donde se entrenaban los cuadros de la organización—, casi siempre era el PCE el que más atención merecía: se insistía en que había numerosos «grupos disciplinados» que recibían «consignas del exterior», así como «agitadores extranjeros» comunistas, enviados por la «Policía soviética», que se habían instalado en España para actuar contra el régimen. Según el boletín del 3 de febrero de 1947, tres de esos «agitadores» se llamaban Stolini, Maineri y Lupi, y aparecían descritos con todo lujo de detalles[4].

A finales de los años cuarenta, con la actividad de la oposición bajo mínimos, la BPS estaba exultante, tal y como demuestra el siguiente párrafo de un informe de 1949:

El hecho de que las estadísticas nos hagan observar que la delincuencia político-social ha experimentado un notable descenso, en relación con los hechos de los años anteriores, es motivo alentador que, sin embargo, más que de confianza para el futuro debe contar como ejemplo y experiencia[5].

En efecto, la mayoría de las organizaciones políticas de la República estaban desarticuladas. Los comunistas eran los únicos que resistían, aunque cada dos por tres sus principales mandos eran apresados por la Policía franquista. De hecho, el número de detenidos políticos descendió de 3899 en 1947 a tan solo 264 en 1951. Los socialistas pasaron de tener 100 detenidos en 1946 a solo 31 en 1951; los anarquistas, de 369 a 25, y los comunistas, de 1322 en 1946 a 81 en 1951[6].

El renacer del PCE

Con el aumento de la movilización obrera y estudiantil de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, las organizaciones clandestinas se reactivaron. Los mejor preparados eran los comunistas del PCE, que habían logrado mantener cierta estructura organizativa pese a sus luchas internas y a los constantes embates represivos por parte de la Policía. Aun así, en estos años comenzaron a surgir nuevas organizaciones opositoras al régimen, como la Nueva Generación Ibérica, liderada por Victoria Kent, o el Frente de Liberación Popular (FLP), con un ideario diferente al comunista. El FLP se alió con el PCE para organizar, el 18 de junio de 1959, la Huelga Nacional Pacífica (HNP), un acto que respondía a la estrategia de «reconciliación nacional» que los comunistas siguieron a partir de los sucesos estudiantiles de febrero de 1956. Sin embargo, no todos los miembros del partido cerraron filas en torno a la convocatoria y hubo quien abiertamente se mostró en contra, como Simón Sánchez Montero[7], uno de los dirigentes más importantes del PCE en el interior del país, que temía tanto las represalias a pie de fábrica por parte de la Policía como el recelo de las demás organizaciones de la oposición. Aun así, Santiago Carrillo, principal dirigente del PCE en el exilio, prometió la difusión en Madrid de un millón de panfletos llamando a la huelga no solo a los trabajadores, sino también a los intelectuales, a los estudiantes y a los profesionales liberales[8].

Según Carrillo, el PCE tenía entonces diez mil militantes en el exterior y entre diez mil y veinte mil en el interior[9]. Estas cifras inquietaban a la BPS, que llevó a cabo dos macrooperaciones para acabar con la actividad clandestina comunista. La primera tuvo lugar en mayo de 1959, un mes antes de la Huelga Nacional Pacífica, y en ella fueron detenidos varios dirigentes del partido, como Luis Lucio Lobato, en cuyo domicilio realizaron un registro[10], y otros del sector de la panadería. Eduardo Reviejo estuvo once días incomunicado en la DGS, y para presionarle detuvieron a dos de sus hermanas y a un sobrino de quince años, a quienes golpearon la cabeza contra la pared. Eutequio Tudela pasó doce días aislado en dependencias policiales y, debido a las torturas, estuvo un mes orinando sangre. Cristino Cea también pasó doce días preso en los calabozos, donde le apalearon brutalmente con porras y palos. También detuvieron a su mujer, a la que torturaron durante tres días. José Nicolás Carro estuvo doce días aislado en una celda, donde sufrió numerosas palizas[11].

Un mes después, el 8 de junio, la BPS capturó a varios miembros del FLP y de la Nueva Generación Ibérica. Ignacio Cortés, miembro del FLP, fue detenido mientras repartía pasquines convocando a la huelga general en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, justo cuando se jugaba un Madrid-Barcelona. Cortés dio los nombres de varios de sus compañeros tras ser torturado. Los principales dirigentes del FLP en Madrid, Bilbao y Barcelona fueron detenidos:

En Barcelona, los estudiantes Helios Babiano y Mario Rosa Borrás fueron torturados uno en presencia del otro, sin consideración de edad ni de sexo, y ante los resultados negativos del interrogatorio, la Brigada Político-Social detuvo a los padres de Babiano, los enfrentó a su hijo, malherido a consecuencia de las palizas[12].

El 17 de junio, la BPS logró apresar a su objetivo más codiciado, Simón Sánchez Montero, que fue sometido a torturas durante catorce días en las dependencias policiales. Le esposaron las manos a la espalda y no pararon de golpearlo en todo el cuerpo salvo en la cara para que no quedaran huellas visibles de las palizas. Según Mundo Obrero, Sánchez Montero mantuvo una actitud «ejemplar» y no lograron arrancarle ninguna declaración comprometedora contra nadie:

—¿Por qué están ustedes tan nerviosos? Si el detenido soy yo.

A esto no le contestaron. Después les dijo:

—Tienen ustedes un triste oficio. No es para estar orgulloso de él[13].

En total, entre mayo y junio de 1959, fueron detenidas 1200 personas relacionadas con la convocatoria de huelga general. Solo en la operación en Madrid participaron quince policías de la BPS, dirigidos por Francisco de la Guardia Gilabert[14].

Del 24 al 31 de diciembre de 1959, la mencionada política de «reconciliación nacional» quedó oficializada en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga, al que acudieron todos los dirigentes del PCE que había en el interior del país. Allí se insistió en la unidad de todos los opositores a la dictadura. En el congreso, Santiago Carrillo salió elegido secretario general del PCE y se destituyó a Antonio Núñez Balsera, dirigente del partido comunista en el interior, en Madrid, y miembro del Comité Central, a quien se acusó de «darse mucho a la bebida», aunque algunas investigaciones (sin contrastar) apuntan a que colaboraba con la BPS[15].

Fue en torno a este congreso comunista cuando se produjo la segunda macrooperación de la BPS contra el PCE. Para ello, la Policía preparó un dispositivo de carácter nacional, que se desarrolló entre el 3 y el 27 de febrero de 1960, dirigido por los comisarios Vicente Reguengo González y Jesús Ruiz Ayúcar. El instructor en los interrogatorios fue el inspector jefe Julián Cano de la Puente, que estuvo auxiliado por el también inspector Manuel Díaz Fernández-Yáñez[16]. En total, la BPS detuvo a 26 militantes comunistas que habían asistido al congreso, la mayoría obreros, aunque también había algunos intelectuales, como el escritor Luis Goytisolo. En Asturias, por ejemplo, primero cayeron cuatro de los seis delegados del PCE en la región y después otros 91 miembros del partido, lo que dejó a la organización prácticamente desarticulada[17].

Todos los detenidos se quejaron de sufrir torturas a manos de la Policía. En la portada del Mundo Obrero se publicó un artículo firmado por Santiago Carrillo en el que denunciaba que la mayoría de ellos llevaban un mes incomunicados en la DGS, sin poder hablar ni con los abogados ni con sus familiares y amigos, y estaban siendo sometidos a «interrogatorios brutales». Según el secretario general del PCE, todos contaban con la solidaridad del pueblo español, mientras las jerarquías de la Iglesia callaban… Uno de los detenidos en Asturias, Vicente Gutiérrez Solís, minero de la empresa Carbones La Nueva, quien después sería uno de los dirigentes de las huelgas de 1962 y del PCE en Sama, describía así los malos tratos sufridos a manos de la BPS:

Me detuvieron el 17 de febrero de 1960, a las dos de la mañana, mientras estaba trabajando en la mina. Ese día detuvieron a unas treinta y nueve personas más. Me tuvieron tres días en la Comisaría de Oviedo. Me subían y bajaban todo el rato. La celda era una gorrinera, estaba sucia. Me dieron una mantona que en fin. Me hicieron preguntas de todo tipo, sobre el trabajo clandestino, sobre Horacio. Me dieron de hostias por arriba y por abajo, rodillazos, patadas y puñetazos en el hígado, en la cara. Me rompieron un diente, que me arreglaron después en la Unión Soviética. También me esposaron a un radiador y me tuvieron varias horas así[18].

Sobre el desencadenante de las detenciones se dieron dos versiones. La primera, defendida oficialmente por el PCE, decía que todo comenzó en Madrid a raíz de la detención de un obrero metalúrgico, delegado en el Congreso de Praga, a quien la Policía detuvo el 20 de enero de 1960 por tener en su poder cientos de panfletos con propaganda clandestina. Sin embargo, para investigadores como Gregorio Morán, las pesquisas de la Policía tuvieron su origen en el chivatazo de un delegado del partido en Pamplona, exboxeador y pintor industrial, de quien nada más se supo tras volver de Praga. De hecho, después de su detención, el escritor Luis Goytisolo se quejó al partido en París de que el congreso había estado controlado por la Policía desde el primer momento, afirmación altamente probable, ya que los agentes llegaron a mostrar fotografías de las reuniones en Praga. Sobre las detenciones en Asturias, Gómez Fouz sostiene que fue el militante Aladino Cuervo quien dio nombres y datos sobre el funcionamiento del partido en la región, quizá porque creía que sus palabras mostrarían la gran actividad que mantenía la organización en el interior del país. El 19 de noviembre de 1960 se celebró el juicio contra veinticinco de los delegados del PCE que asistieron a dicho congreso, y resultaron condenados a penas de entre cuatro y veinte años de cárcel[19].

Detenidos y ejecutados: Grimau, Granado y Delgado

Con las huelgas de la primavera de 1962, la movilización contra la dictadura fue adquiriendo mayores dimensiones, y desde la dirección de la BPS se diseñó una actuación de escarmiento. Así, en 1963, detuvieron y ejecutaron a Julián Grimau, Francisco Granado y Joaquín Delgado.

Grimau era uno de los principales dirigentes del PCE en el interior de España. En 1954 fue elegido miembro del Comité Central y desde 1957 se encargó de dirigir el trabajo clandestino. Tras la detención de Simón Sánchez Montero en 1959, se trasladó definitivamente a Madrid y, bajo las órdenes de Santiago Carrillo, se ocupó principalmente de la coordinación del sector obrero. En un primer momento se dijo que el elegido por el partido para actuar dentro del país era José María González Jerez, pero este rechazó el nombramiento y se decantaron por Grimau. Sin embargo, según la literatura franquista, Grimau llegó a España por orden de los dirigentes del PCE en España, que querían utilizarlo como «bandera»[20].

La BPS conoció el paradero de Grimau en Madrid a través de varios confidentes. Según Gregorio Morán, fue Francisco Lara quien dio la dirección exacta. Lara, que había sido detenido en los años cuarenta y sufrido torturas y vejaciones durante los siete años que estuvo en la cárcel sin delatar a nadie, en octubre de 1962 era otra persona y estaba a punto de celebrar la boda de su hija. En efecto, pudo haber sido él, aunque, según la BPS, fue el dirigente Melitón Moreno Alcoroche, instructor del partido en los barrios de Usera, Ventas, Torrejón de Ardoz, Legazpi y Puente de Toledo, quien confesó que actuaba a las órdenes de un tal «Julián», que era quien controlaba el aparato de propaganda del PCE. Grimau fue detenido a las cinco de la tarde del 8 de noviembre de 1962, en un autobús donde solo había policías, en la Plaza de Manuel Becerra, después de una reunión con militantes y dirigentes de la organización[21].

Grimau fue interrogado y torturado por los agentes de la BPS, que hicieron que sufriera una «caída» por una ventana de la DGS que daba al callejón de San Ricardo. La Policía aseguró que se había tratado de un «intento de suicidio». Sin embargo, según los informes médicos, para «suicidarse necesitaba fuerzas, carecer de vigilancia y unas ventanas limpias de obstáculos», condiciones que, por supuesto, no se daban. Aun así, la versión del suicidio fue defendida, entre otros, por el ministro Manuel Fraga Iribarne. Los comunistas pusieron en marcha una campaña de denuncia para esclarecer los hechos, ya que, según el PCE, el caso de Grimau ponía en evidencia la esencia y la razón de ser del franquismo: «represión, terror y tortura». Fue juzgado en un consejo de guerra lleno de irregularidades (por ejemplo, el principal acusador había falsificado su título de abogado) bajo la acusación de haber cometido supuestos delitos que se remontaban a la Guerra Civil. Grimau fue ejecutado el 20 de abril de 1963[22].

Unos meses después, el 31 de julio, la BPS detuvo a los militantes anarquistas Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granado Gata. Los dos eran miembros del Consejo Ibérico de Liberación y se les acusaba de haber puesto dos bombas en la sede central de la Dirección General de Seguridad, en la sección de Pasaportes, y en el edificio del Sindicato Vertical en el Paseo del Prado, causando numerosos heridos y desperfectos en los edificios. En poco menos de quince días tuvieron lugar los interrogatorios, dirigidos por Saturnino Yagüe; la difusión del caso en los medios, el consejo de guerra y la ejecución de los dos hombres por garrote vil. Aunque en un principio los acusados negaron los hechos, finalmente confesaron, aunque su organización aseguró que el verdadero responsable de los atentados estaba en Francia. Sin embargo, la Policía necesitaba un cabeza de turco y ya lo tenían. Tanto Saturnino Yagüe como sus compañeros de la BPS recibieron una felicitación pública y diecinueve mil pesetas de recompensa por el arresto de los dos anarquistas[23].

En 1988, la CGT y familiares directos de Granado y Delgado pidieron la revisión del caso en el Tribunal Supremo. El recurso se fundamentaba en que habían conseguido los testimonios de Antonio Martín y Sergio Hernández, autores materiales de los atentados. Sin embargo, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, integrada por José María Ruiz-Jarabo Ferrán, que actuaba como presidente, y por los magistrados José Luis Bermúdez de la Fuente y Javier Aparicio Gallego, se negó a la revisión, argumentando que la sentencia del consejo de guerra se había realizado según la «legalidad vigente». Aunque el Tribunal Constitucional no admitió dicha resolución, el Supremo, por tres votos a dos, volvió a resolver en contra de la revisión del caso. Los dos magistrados que votaron a favor criticaron el proceder de sus compañeros, señalando que habían tenido lugar numerosas irregularidades en el proceso[24].

El PCE como «partido del antifranquismo»

Desde 1965 hasta el final de la dictadura, el PCE vivió su «década prodigiosa», en definición de Gregorio Morán, y se convirtió en el «partido del antifranquismo». En 1968 se llevó a cabo la invasión soviética de Checoslovaquia, hecho que Santiago Carillo y otros dirigentes del partido criticaron, con lo que se alejaban de la estela de la URSS, y provocó que miembros relevantes, como Eduardo García o Enrique Líster, abandonaran la formación o fueran expulsados.

Además de la mencionada estrategia de «reconciliación nacional», el partido proponía el «Pacto por la Libertad», cuyo objetivo era también la unión de todas las organizaciones, «de izquierda o derecha», que quisieran derrocar a la dictadura, y la «Alianza entre las Fuerzas del Trabajo y la Cultura», que abogaba por el trabajo conjunto de obreros e intelectuales[25].

En junio de 1972 se celebró el VII Congreso del PCE, momento en el que fue renovada la dirección del partido y se sentaron las bases para la creación, el 29 de julio de 1974, de la Junta Democrática de España, que sirvió para que formaciones tan dispares como el Partido Democrático del Trabajo, el Partido Socialista Popular, el Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón, la asociación Justicia Democrática o la Alianza Socialista de Andalucía se unieran en la lucha contra el régimen, si bien encabezados por el PCE y CC OO[26].

Previamente a estos acontecimientos que dieron al PCE el papel protagonista en la lucha antifranquista, en los últimos años sesenta la represión de la BPS no cejó en hacerse con sus miembros principales. Así, en mayo 1969, la Policía detuvo en Mieres al dirigente comunista Horacio Fernández Inguanzo, alias El Paisano, que mantenía contacto estrecho con el comandante Cocina, secretario del gobernador militar de Asturias, de quien pretendía conseguir apoyo para actuar en la región. En realidad, Cocina era un confidente de los servicios de información militares, lo que permitió la detención de Inguanzo por la BPS. Algunos de los agentes implicados en la operación fueron Pascual Honrado de la Fuente, Luis Alberto Valverde López, Claudio Ramos Tejedor, Gabriel López Palacio y Benjamín Rivaya Riaño.

Fernández Inguanzo escribió una carta a Santiago Carrillo describiendo los interrogatorios a los que fue sometido tras su detención: según dijo, estuvieron presentes quince policías, «aunque pasaron más por allí», y fue interrogado durante dieciséis horas. No recibió golpes ni palizas, ya que la Policía no quería que su detención tuviera publicidad en el exterior. Días después fue capturado el militante comunista Fausto García, al que golpearon hasta que le sangraron los oídos. El 20 de diciembre de 1969, Inguanzo fue condenado a veinte años de cárcel[27].

Para luchar contra el PCE, la BPS creó el llamado «Grupo Comunismo», dedicado al análisis y detención de miembros de esta formación, y dirigido por los comisarios José Almaraz Ruiz, Julián Otera del Valle, José Blanco Martín y Javier García Carpintero[28]. En la década de los setenta, el agente Roberto Conesa formó parte de la sección madrileña del grupo.

Desde el final de la guerra, los miembros del PCE se habían preparado arduamente para mantener firme su ideología y actuar psicológicamente contra las medidas represivas. En 1949, publicó un documento, titulado «Verdugos y traidores», en el que aparecían nombres de policías que participaban en torturas, malos tratos y vejaciones. En 1952 apareció otro documento con los nombres de 572 miembros de la BPS, entre los que se encontraba Roberto Conesa Escudero, al que se definía como «experto en luchar contra el partido». También figuraba Francisco de la Guardia Gilabert, de quien se decía que era el que «más pegaba». En otro texto, el militante llamado «Camarada Felipe» describió las torturas que había sufrido y explicaba que era fundamental ampliar la influencia del partido tanto en las fábricas como en los centros de estudio para que la Policía no pudiera contener las protestas contra el régimen[29].

Pero fue sobre todo en los años sesenta y setenta cuando el PCE comenzó a denunciar más abiertamente las torturas a manos de la BPS. Así, en 1970, en el número 4 de la colección «Cuadernos de Educación Política», se publicó un manual titulado «Los comunistas ante los tribunales y la Policía», que en su primer capítulo explicaba que la ONU había catalogado al régimen franquista como régimen «fascista», esto es, un «sistema policiaco» en el que las Fuerzas de Orden Público y la justicia trabajaban juntas.

Respecto a cómo eludir a la BPS y a la Guardia Civil, el manual expresaba la importancia de vincular el partido a las masas, es decir, impulsar la movilización y adoptar medidas de seguridad, tanto entre quienes mantenían una actividad abierta como entre los que actuaban clandestinamente. En ese sentido, la propaganda era un instrumento fundamental, y tanto sus responsables como quienes la escondían debían ser especialmente cuidadosos para evitar las sospechas de la BPS. Incluso se recomendaba que ocultasen sus verdaderos nombres a los compañeros de partido. Los pasquines y panfletos debían editarse e imprimirse en lugares alejados de los domicilios habituales de los militantes y se recomendaba no hablar de asuntos internos de la formación, sobre todo si quien preguntaba era un nuevo compañero. En este caso, había que cerciorarse de que se trataba de una persona de fiar, que no estaba fichado y que no bebía en exceso[30]. También se explicaba cómo actuar ante los agentes de la BPS en caso de detención y se hacía hincapié en que estaba en juego tanto el prestigio personal del detenido como la seguridad de la propia formación[31].

También avisaba de que los agentes de la BPS, «a pesar de los cambios», usaban siempre los mismos métodos represivos: se presentaban a deshoras en los domicilios de los detenidos y amenazaban a sus familiares, por lo que era recomendable que estos estuvieran sobre aviso y no les dejaran entrar en sus casas. También era habitual que, durante la estancia en el calabozo, hubiera un policía infiltrado que se hacía pasar por militante para sacar información. En ese caso, lo mejor era guardar silencio. Cuando llegaban los golpes, el arrestado debía aguantar y mantenerse firme en su negativa a dar nombres o información comprometedora. Se ponían ejemplos de comunistas íntegros, como Horacio Fernández Inguanzo, quien, tras varias sesiones de tortura, se negó a dar los nombres de miembros del Comité Central del partido. También se hablaba de un «comunista asturiano anónimo» que fue torturado por cinco o seis policías, comandados por Claudio Ramos, que dio la orden de «retorcerle los cojones y torturar». Lo agarraron de los pies, le tiraron del pelo, le amenazaron con darle «corrientes», y, pese a todo, no dijo nada. Por último, se aconsejaba que, cuando los detenidos salieran de la cárcel, solicitaran que les viera un médico que pudiera certificar las torturas y que las denunciaran en el momento de celebrarse el juicio[32].

Pese a la concienzuda preparación de los comunistas, los arrestos siguieron produciéndose. Así, a finales de 1973, Simón Sánchez Montero volvió a caer. Unos meses después, el 4 de abril de 1974, Francisco Romero Martín fue detenido en su domicilio, en la madrileña calle Londres, donde acudieron veinte agentes pistola en mano. En esos días también arrestaron a Pilar Brabo, que coincidió con Romero Martín en las dependencias de la DGS. A este le recibieron diciéndole: «Si te cogemos antes, te fusilamos», pero no le tocaron. Sabían que era un dirigente del PCE y que las campañas internacionales, las recogidas de firmas y las protestas obreras podrían extenderse por todo el país si lo torturaban y la prensa se hacía eco. El policía García-Valiño fue quien dirigió el operativo y Roberto Conesa estuvo presente en los interrogatorios. A Romero Martín lo situaron delante de un cristal a través del cual podía ver la habitación en la que se encontraba Pilar Brabo, a quien preguntaron si había estado en Cuba. Ella lo negó, aunque era cierto que en febrero de ese año había visitado la isla junto a Santiago Carrillo, lo que la llevó a pensar que su detención, o bien se había producido por un chivatazo, o bien porque la BPS tenía estrechas relaciones con la CIA[33].

El hecho es que las torturas estaban solo indicadas para los militantes de base o para los dirigentes del PCE de menor escalafón. Este fue el caso de Víctor Díaz Cardiel, en Madrid, que relató así su estancia en comisaría:

Me bajaron los cinco pisos, unos dándome de hostias en los riñones, en la espalda y en el estómago, otros quitándome los cordones de los zapatos y el cinturón. Me trasladaron a la Dirección General de Seguridad, en Sol. Me llevaron directamente a lo que llamaban «el despacho». Era una habitación en uno de los pisos bajos, de tres por cuatro metros, muy pequeña. Ahí me quedé, medio agachado, con las manos esposadas por detrás de las rodillas, rodeado de siete u ocho policías, y me empezaron a dar hasta que perdí el sentido[34].

En esos días también fueron detenidos, en Asturias, Vicente Gutiérrez Solís y Gerardo Iglesias. El primero describió así lo sucedido:

En mi última detención (en 1974) la Policía me buscó en coche por Sama. Se produjo una persecución espectacular por el centro de la ciudad. Nos saltamos direcciones prohibidas y semáforos. Iba a ir hasta el Carbayu, pero tenía miedo a que le aplicaran la ley de fugas. En la calle Dorado me vi atrapado y me cogió la Policía. Salió uno de ellos y me puso la pistola en la sien. Grité que me estaban deteniendo por ser comunista. Un vecino recriminó a la Policía lo que me estaban haciendo, y la BPS y la Policía municipal le amenazaron con detenerle a él también. Me llevaron primero al cuartel de la Policía de Sama y luego a Oviedo, con las esposas muy apretadas. Pedí que me las aflojaran, pero se negaron. Registraron mi coche, pero no encontraron nada. En la comisaria de la capital me volvieron a pegar[35].

La Liga Comunista Revolucionaria

Pese a la preponderancia del PCE en la lucha antifranquista, a principios de los años setenta surgieron otras organizaciones a su izquierda que criticaban al partido por «reformista». Nos referimos a formaciones trotskistas y maoístas que tuvieron cierta relevancia principalmente entre la juventud. Una de ellas fue la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), de tendencia trotskista, surgida en 1971 de la desintegración del FLP tras la muerte de Enrique Ruano. En 1972, la LCR sufrió una escisión que dio lugar a la creación de la LC, que seguía los postulados del francés Pierre Lambert[36]. En 1973, en Euskadi, la LCR se unió con el grupo ETA VI, los «poli-milis», alianza que duró hasta 1976[37].

En la época final de la dictadura, la LCR se convirtió en uno de los principales objetivos de la BPS, sobre todo en Madrid. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1973, Saturnino Yagüe obtuvo una felicitación pública por detener a varios dirigentes de la formación trotskista. También las recibió el 31 de octubre de 1974, el 26 de febrero de 1975 y el 17 de mayo de 1975[38].

Pero, sin duda, quien se convirtió en un verdadero experto en la lucha contra la LCR fue Antonio González Pacheco, Billy el Niño, quien el 5 de noviembre de 1973 recibió su primera felicitación por detener a varios de sus dirigentes. Unos meses después, el 5 de enero de 1974, obtuvo otro premio por capturar a varios miembros «del Comité Técnico de la Liga Comunista Revolucionaria». El 31 de octubre de ese mismo año recibió una recompensa de cinco mil pesetas, y el 26 de febrero de 1975 otra de dos mil pesetas por el mismo motivo[39].

Siguiendo el ejemplo del PCE, la formación trotskista preparó, en 1971, un manual de actuación contra los embates de la BPS. En el capítulo introductorio se explicaba que el incremento de las luchas obreras y estudiantiles de los años setenta había provocado que la Policía optara por «eliminar individuos en vez de organizaciones [con] años de cárcel y palizas» y perfeccionando sus métodos para «hacer que la gente hablara».

Entre las nuevas técnicas de la BPS estaba la publicación en la prensa de la vida y obra de los militantes antifranquistas, para demostrar a la opinión pública que a la Policía no se le escapaba nada. También utilizaban a los familiares de los militantes para hacerles ver que «no vigilan el camino de sus hijos» y convencerles para que formaran parte del sistema represivo. Por ello, la LCR avisaba a sus militantes de que debían disponer de pisos francos donde esconderse y estar atentos a la reacción de sus familias.

Para desarticular la organización, la BPS vigilaba muy de cerca las actividades de sus miembros. En muchas ocasiones, estos se relajaban y debido a despistes involuntarios daban a conocer información valiosa para la Policía. Además de la utilización de chivatos e infiltrados, la BPS contrataba a fascistas y a quinquis para amedrentarles. Para evitarlo, lo primero que debían hacer era arraigar la organización entre las masas, para que estas se movilizaran cuando tuviera lugar un caso de represión.

El manual describía cómo había que actuar en las denominadas «épocas normales», es decir, cuando no se producían detenciones relevantes pero la Policía intentaba captar información sobre la actividad de los partidos y sindicatos clandestinos. En esos períodos, la organización podía caer en un cierto relajamiento de las normas de seguridad, lo que podía resultar fatídico, ya que en las épocas en las que se sucedían las huelgas y manifestaciones, la BPS usaría la información conseguida para «cazar» a los militantes antifranquistas y pillarlos «con las manos en la masa», sobre todo a los miembros más señalados. Para evitarlo, era imprescindible disponer de una estructura bien organizada y preparada ideológicamente, y en ningún caso comportarse como «un círculo de amigos». Respecto a las detenciones, avisaba de que los agentes se comportarían como los típicos «poli bueno y poli malo», esto es, primero utilizarían la violencia psicológica y después la física[40].

Militantes como Luis Carreño, Jesús Rodríguez, Horacio Sainz Ollero, Chato Galante o Felisa Echegoyen, que fueron detenidos en varias ocasiones —cuatro veces en el caso de Chato—, recordaban perfectamente cómo les apresaron y torturaron. Los llevaban al calabozo, les pegaban en las plantas de los pies y les hacía andar en cuclillas mientras los golpeaban[41]. Si la detenida era una mujer, lo habitual era insultarla llamándola «puta» y diciéndole que su marido o compañero estaba con otra[42].

Chato Galante, que llegó a estar catorce días detenido en la DGS, describió de forma concisa las torturas que padeció:

En un primer estadio utilizaban la tortura psicológica, las palizas. Te pegaban con un paño en el cuerpo para que no quedaran marcas de los golpes. En la cabeza te pegaban poniéndote un casco. En un segundo estadio, utilizaban otras técnicas, como colgarte de una barra y golpearte, te esposaban los tobillos a las manos, te golpeaban en la planta de los pies, usaban la bañera, donde te metían la cabeza en un bidón en el que se meaban para intentar asfixiarte. Estas técnicas se las enseñaron los americanos. Billy el Niño decía que era un buen saco de boxeo. El último estadio, que se aplicaba sobre todo a los militantes de ETA, era la utilización de corrientes eléctricas[43].

Testimonios como el de Felisa Echegoyen también dan cuenta del sadismo de los policías:

José Antonio González Pacheco y cuatro inspectores de la Brigada Político-Social entraron en mi casa tumbando la puerta el 8 de octubre de 1974. Estaba sola, en la cocina, aterrorizada. Al oírlos me escondí detrás de la nevera. […] En unos segundos dieron conmigo, me sacaron de los pelos, a empujones, patadas y bofetadas. Me llevaron hasta la ventana del comedor, que estaba abierta, y me acorralaron. Pensé que querían tirarme por ella y comencé a gritar pidiendo auxilio. Billy el Niño me metió un pañuelo en la boca, empezó a darme puñetazos. […] Me llevaron hasta la DGS. Al segundo día de interrogatorios, en los que Billy el Niño se ensañó pegándome, insultándome e instigándome a que cantara, me sobrevino tal ataque de nervios que me dejó completamente rígida, sin poder mover ni un músculo[44].

El PCE (m-l)

El 17 de diciembre de 1964, en Bruselas, tuvo lugar una conferencia de grupos marxistas-leninistas en la que se decidió crear una organización antifranquista a partir de la unión de diferentes asociaciones obreras, estudiantiles y culturales, como la Oposición Sindical Obrera (OSO), la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), la Unión Popular del Campo (UPC), la Unión Popular de Artistas (UPA), la Unión Popular de Mujeres (UPM) o la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEDEM), entre otras. La formación se llamaría PCE (marxista-leninista), de inspiración maoísta, que conviviría con otros grupos radicales de izquierda, como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), del que hablaremos más adelante, el Movimiento Comunista (MC), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) o la asturiana Comuna Revolucionaria de Acción Socialista (CRAS), creada por el intelectual José Luis García Rúa[45].

La Policía franquista comenzó a actuar contra el PCE (m-l) desde el primer momento. Las primeras detenciones se produjeron en Barcelona, donde fue apresado el obrero Amador Alonso, trabajador de SEAT y antiguo miembro de la Oposición Revolucionaria Comunista de España (ORCE), a raíz del chivatazo de su compañero Bartolomé Rodríguez Beltrán, que fue arrestado por llevar propaganda del partido en su coche. Días después fueron detenidos otros 28 miembros de la organización en la Ciudad Condal, en Terrassa, en Sabadell y en Mataró[46].

En abril y mayo de 1965 tuvieron lugar los primeros arrestos de militantes maoístas en Madrid, como el del estudiante uruguayo de Derecho Jaime Varela, que el año anterior había entrado en contacto con un miembro del PCE llamado José María Erailze Pérez y con un tal Rodrigo Vercovich. Los tres formaron la FUDE. En la casa del estudiante uruguayo, los agentes de la BPS encontraron documentación del PCE (m-l)[47].

En abril de 1966 se produjo la detención de Paulino García Moya, uno de los dirigentes más destacados de esta organización. En la operación policial participaron, entre otros, el policía José Sainz González, que se había reincorporado a la BPS de Madrid tras haber pasado un tiempo en Bilbao, Saturnino Yagüe y Roberto Conesa, que consiguió un confidente dentro de la formación que se entrevistó con diversos militantes, como el apodado El Chaqueta. Durante varios meses, la BPS vigiló los pisos que el partido tenía en Madrid, en la glorieta de Quevedo, en la calle Bravo Murillo y en el barrio de Salamanca, donde, en la calle Ortega y Gasset, detuvieron a tres personas, entre las que se encontraban El Chaqueta y otro apodado Prieto. El tercero, que tenía pasaporte falso, era Paulino García, que fue reconocido por Conesa en la comisaría.

En total fueron treinta los arrestados, a quienes se incautó más de mil kilos de propaganda. Fueron juzgados cinco hombres y una mujer. El PCE (m-l) denunció en un comunicado que los seis habían sido sometidos a «crueles torturas» durante una semana en los calabozos de la DGS. Paulino García Moya fue condenado a diez años de cárcel por el TOP por «actividades comunistas», y al resto les condenaron a penas de entre seis meses y cuatro años de prisión[48]. El 9 de mayo de 1966 los policías que participaron en el operativo recibieron una felicitación pública y ocho mil pesetas para Saturnino Yagüe, seis mil para José Sainz y cinco mil para los demás[49], entre ellos Roberto Conesa, que desde entonces fue considerado por sus compañeros como un «policía habilidoso, experto, listo y trabajador»[50].

De hecho, Conesa recibió cuatro condecoraciones de entre dos mil y cuatro mil pesetas, junto con otros, como Saturnino Yagüe, por detener a miembros del PCE (m-l)[51].

La amenaza del sector de la cultura y de los profesionales liberales

Desde sus inicios, el régimen de Franco intentó imponer una cultura oficial que conectara con su ideal nacionalcatólico, para lo cual reprimió todo el legado cultural republicano, tanto de la izquierda como liberal. Sin embargo, pese a que numerosos artistas, científicos, profesores e intelectuales que habían apoyado a la República tuvieron que marcharse al exilio, en el interior del país existió una disidencia cultural que se hizo notar en diferentes grados según el momento en el que se encontrara la dictadura.

En 1944, en plena posguerra española, el PCE creó en París y en México el grupo Unión de Intelectuales Españoles, si bien no fue hasta más de una década más tarde cuando los comunistas comenzaron a actuar contra el régimen a través de la intelectualidad del país. Cineastas como Ricardo Muñoz Suay o Juan Antonio Bardem y poetas como Blas de Otero o Gabriel Celaya militaron clandestinamente en la organización, y, a partir de los años sesenta, con la nueva Ley de Asociaciones, surgieron numerosas sociedades culturales que, con la excusa de la «educación y la ciencia», realizaron un importante trabajo interno de oposición a la dictadura. Fue el caso de la asociación Amigos de Mieres, en Asturias, que logró tener miles de inscritos[52].

Así pues, además de fábricas y universidades, la BPS se veía obligada a vigilar teatros, estudios de televisión, sets de rodajes de películas, colegios de arquitectos y, sobre todo, despachos de abogados laboralistas, que, como veremos más adelante, se convirtieron en uno de los mayores quebraderos de cabeza para las autoridades policiales.

El sector de la cultura: actores, escritores y artistas

Fue en los últimos años de la dictadura cuando los sectores de la cultura se movilizaron abiertamente contra el régimen. En febrero de 1975, en Madrid y Barcelona, tuvo lugar una huelga de actores que reivindicaban mejoras en sus condiciones laborales. Las representaciones teatrales se paralizaron durante dos semanas y al paro se sumaron directores de teatro y de cine, bailarines, cantantes y hasta trabajadores de Televisión Española, cuyos responsables se vieron obligados a cambiar la programación. Las exigencias del sector del espectáculo venían de años atrás, en concreto del Primero de Mayo de 1972, cuando tuvo lugar una reunión en la Delegación de Sindicatos a la que asistieron más de doscientos actores para debatir sobre su futuro laboral. Entre los participantes se encontraban actores y actrices tan importantes como Manuel Gallardo, Tina Sainz o Marisa Paredes. En diciembre de ese mismo año se creó la asociación ACUSA (Avance Cultural, S. A.), que convocó diversos paros en el sector gracias a los cuales los actores consiguieron subidas salariales, aunque su propósito último era acabar con el régimen. Así, desde 1973 la BPS vigilaba de cerca los movimientos de ACUSA y sus apariciones en la prensa. Sabían quiénes eran sus promotores —escritores como Vicente Aleixandre o Ana María Matute— y tenían fichados a actores como Juan Diego, Lola Gaos, Concha Velasco, Tina Sainz o Adolfo Marsillach. El resultado de estas labores de vigilancia fue que el 8 de febrero de 1975, mientras tenían lugar los paros en los teatros de Madrid y Barcelona, fueron detenidas las actrices Rocío Dúrcal y Tina Sainz, a quienes se impusieron multas de entre cien mil y quinientas mil pesetas para quedar en libertad[53].

Profesionales liberales, abogados y jueces

En estos años también se manifestó contra el régimen un sector que, en su mayoría, desde el primer momento se había posicionado al lado de Franco. Nos referimos a los profesionales liberales, que en la recta final de la dictadura estaban dirigidos por miembros de la oposición, sobre todo en los Colegios de Licenciados y Doctores, en la Asociación de Prensa y en el Movimiento Democrático de Periodistas. Incluso el PCE consiguió que hubiera personas de su confianza en los mandos del Colegio Oficial de Arquitectos, muchos de los cuales se quejaban por los bajos salarios. No había duda de que las capas medias se estaban impregnando de los postulados del movimiento obrero y estudiantil; de hecho, los más movilizados habían luchado anteriormente en la universidad[54].

Sin embargo, entre los profesionales liberales, los que más relevancia adquirieron fueron los abogados laboralistas, que jugaron un papel fundamental en los juicios contra militantes antifranquistas y en la organización contra el régimen. En realidad, este posicionamiento tenía su origen en los años cuarenta, con las Comisiones de Penados, cuando los presos antifranquistas empezaron a organizarse en las cárceles para evitar las condenas a muerte. En la década siguiente algunos abogados, como Jordi Solé Barberá o Gregorio Peces-Barba, se ofrecieron para defender a los detenidos ante la justicia militar, lo que hizo que el cerco policial contra los abogados comenzara a estrecharse. A finales de esa década, fueron detenidos también varios abogados socialistas y comunistas de Cataluña y Madrid, como Francesc Casares, Antonio Piferrer, Antonio Villar Massó y Antonio Muñoz Atienza. En 1959, fue detenido el abogado del PCE Manolo López, que pasó seis días en la DGS, donde fue torturado por el agente Saturnino Yagüe y otros[55].

Pero fue en los años sesenta y setenta cuando la actividad política de este sector se puso de manifiesto en las decisiones de los Colegios de Abogados, abriendo sus propios despachos laboralistas o creando asociaciones que intentaban acabar con el poder de los franquistas en la abogacía. Un caso paradigmático fue el de la Agrupación de Jóvenes Abogados, organización en la que desempeñaron un papel crucial mujeres como Cristina Almeida o Manuela Carmena. En 1965, en Barcelona, la BPS detuvo a los abogados Joaquín Ferrer, Agustí de Semir y Antonio Cuenca. En 1967, le tocó el turno al socialista Emilio Barbón y a Nicolás Sartorius. Un punto de inflexión en esta actividad represora llegó durante el estado de excepción de 1969, con el que, además de numerosos arrestos, se produjeron registros de despachos y deportaciones a otras zonas del Estado. De hecho, 16 abogados madrileños tuvieron que marcharse de la capital de forma forzosa, mientras 23 catedráticos de universidad y el religioso Mario Gamo también sufrieron las represalias de la Policía[56].

Pero la disidencia en el seno de la abogacía se mantuvo e incluso adquirió nuevos tintes y más contundentes. Así, un momento álgido se produjo en 1970, cuando se celebró en León el IV Congreso de la Abogacía, en el que se aprobó por mayoría una declaración pidiendo la amnistía para los presos políticos, el fin de las jurisdicciones especiales, la derogación de las leyes represivas y la abolición de la pena de muerte[57]. En marzo de 1972 fue detenido el letrado gallego Rafael Bárez por su participación en la negociación del convenio colectivo de la empresa Bazán de El Ferrol. Y en diciembre de 1973, en las operaciones contra el dirigente comunista Víctor Díaz Cardiel, fueron arrestados los abogados Juan José del Águila Torres y María Luisa Suárez Roldán[58].

El 15 de mayo de 1975, los agentes de la BPS detuvieron a varios abogados del PCE en el despacho laboralista de la calle Atocha 49, donde dos años después tendría lugar la conocida como «matanza de Atocha» a manos de la ultraderecha. Los agentes, que vigilaban el despacho desde dos días antes, entraron pistola en mano y detuvieron a quienes estaban allí reunidos, 24 personas en total, entre las que se encontraban Manuela Carmena (tenía en su poder una fotocopia del «Manifiesto por la Reconciliación Nacional» de la Junta Democrática) y los también abogados Jaime Sartorius o Javier Sahuquillo. Según la Policía, los arrestados dieron versiones contradictorias sobre los motivos de la reunión, ocultando «vinculación alguna con el PCE»[59]. El portero de la finca donde estaba el despacho, Gregorio García Camacho, que actuó como testigo durante las diligencias policiales, entregó en la sede de la DGS el paquete que encontró en el patio interior. En su interior había trece ejemplares de Mundo Obrero del mes de marzo y nueve del mes de abril. Según su testimonio, el paquete debió de ser arrojado por alguna ventana de la sala en la que se celebró la reunión, «prueba» que, según la Policía, vinculaba a los abogados con el PCE. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, pero las diligencias no llegaron más lejos[60].

No había duda de que para la BPS los despachos laboralistas constituían una seria amenaza. De hecho, en agosto de 1975 la DGS publicó un Boletín de Investigación Policial en el que distinguía dos tipos de despachos: los de «claro matiz comunista» —que eran los que más preocupaban a la Policía— y los «desafectos al Régimen», donde estarían los socialistas, los nacionalistas vascos y catalanes o los cristianos de base. Para la BPS, los despachos laboralistas controlados por comunistas eran «verdaderos centros nerviosos y de decisión en cuanto a la política comunista del interior del país, y a los que se consulta a la hora de adoptar algún acuerdo por parte de los dirigentes del exterior»[61].

Desde 1964 hasta 1976, 45 abogados antifranquistas fueron juzgados por el TOP, la mayoría miembros del PSUC/PCE y de CC OO (17), pero también de la HOAC, de UGT, de ETA (2), del Movimiento Comunista, del MPAIAC, de ASO, del Partido Comunista del Interior (4) y de la Unión Democrática de Cataluña. La mayoría fueron juzgados por asociación ilícita o por tenencia de propaganda ilegal, pero también por desórdenes públicos, por ultrajes a la nación o al jefe del Estado, por reunión no pacífica o por sedición[62].

A principios de los años setenta, el sector de los jueces, fiscales y secretarios judiciales también comenzó a movilizarse, pese a haber estado desde el comienzo de la dictadura al lado del régimen, salvo honrosas excepciones, como la del juez de Laredo (Cantabria), José Luis Gil, que de hecho fue expedientado por su actividad antifranquista. Ya en 1970 se alzaron algunas voces individuales contrarias a la dictadura, pero no fue hasta 1972 cuando la judicatura, de manera colectiva, comenzó a dar su opinión. En Madrid, en casa de Clemente Auger, se formalizó la creación de Justicia Democrática, que dos años después, en 1974, se unió a la plataforma Junta Democrática, dirigida por el PCE. En su congreso fundacional, en 1977, participaron unos doscientos jueces, fiscales y secretarios judiciales, que representaban un 10 % del cuerpo de magistrados. Defendían una organización unitaria y un Estado de Derecho en un sistema democrático[63].

En efecto, fueron muchos los abogados y jueces que se atrevieron a denunciar la represión. Una de sus contribuciones más importantes fueron los informes que realizaron, entre 1971 y 1974, sobre la situación de la justicia, aglutinados en el libro Los jueces contra la dictadura, publicado en mayo de 1978 y firmado de forma colectiva (sin dar nombres concretos) por miedo a las represalias de la Policía. En el libro se hacía un análisis de la situación del régimen en sus últimos años de vida: se criticaban las leyes represivas y sus reformas, como la Ley de Orden Público; la jurisdicción laboral, que impedía la libertad sindical, y la falta de independencia del poder judicial respecto de la Jefatura del Estado. También escribieron un texto (en 1973) relacionado con la BPS titulado «Policía y política». En él se decía que la Policía debía encargarse de «defender las fronteras interiores de la sociedad civil»; que la justicia debía investigar los malos tratos a manos de las fuerzas policiales; que había que preservar la «acción defensiva policiaca», y que, si se cometían excesos, como detenciones arbitrarias o torturas, estas debían ser examinadas y exigir responsabilidades.

Nada de esto pasaba en la España franquista, donde la estrategia de la Policía consistía únicamente en preservar el orden público sin importar las consecuencias y sin discutir las actuaciones de los agentes, que en muchas ocasiones utilizaban la fuerza. Por su parte, los jueces hacían caso omiso de lo que ocurría en las calles o en las comisarías, y daban crédito absoluto a los resultados de los interrogatorios a los detenidos.

Sobre los excesos policiales, Justicia Democrática denunciaba que la Policía utilizara la fuerza para disuadir la convocatoria de manifestaciones o detener a personas. Sobre la tortura, el texto la calificaba como «ilícita e intrínsecamente inmoral» y como una «respuesta típica de la impotencia intelectual de los fuertes físicamente», ya que los que no podían dialogar acudían «a los puños y al látigo».

Justicia Democrática sabía que la tortura se aplicaba en España de manera sistemática y que los jueces y fiscales cerraban los ojos e incluso la justificaban como una manera de encontrar culpables. En los años setenta, las torturas eran enormemente refinadas y siguieron produciéndose durante años por la pasividad de la judicatura, ya que, cuando un magistrado se atrevía a denunciar los malos tratos, el caso era bloqueado por la jerarquía judicial. Para Justicia Democrática la solución a la represión y a las torturas de la BPS era una «evolución hacia horizontes de libertad que permitiera a los jueces y policías encontrar un terreno común de entendimiento» y, por supuesto, la denuncia de las arbitrariedades por parte de las autoridades policiales.

La lucha armada y el terrorismo

Fue también en los años sesenta y setenta cuando volvieron a surgir organizaciones que optaron por combatir la dictadura con las armas. En un primer momento, la Policía no les hizo demasiado caso, pero a medida que sus acciones se fueron haciendo más notorias, la BPS se especializó en estos grupos, a los que persiguió con saña.

La Policía secreta contra ETA

El 31 de julio de 1959 surgió en el País Vasco la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que sobre todo actuó en los últimos años del franquismo y durante los siguientes treinta años de democracia. La mayoría de sus miembros eran jóvenes descontentos con la política del PNV en el exilio y universitarios nacionalistas de la formación Ekin. Se inspiraban en las luchas guerrilleras del Tercer Mundo, por lo que en sus primeros años padecieron numerosos debates internos entre sus diferentes alas: la obrerista, la nacionalista y la «tercermundista». Finalmente, tras un período plagado de escisiones y asambleas, a finales de los años sesenta la organización logró consolidarse con la «guerra revolucionaria» como estrategia, propugnando un programa nacionalista y socialista[64].

Desde el primer momento, la BPS vigiló de cerca las actividades de ETA. En 1961, un comando intentó descarrilar un tren que llevaba a veteranos de la Guerra Civil a San Sebastián, pero la operación fracasó cuando la mayor parte de activistas fueron detenidos. Un año después, en la BPS de Bilbao se creó un grupo destinado únicamente a controlar las actividades del «separatismo vasco». El encargado de dirigirlo era José Sainz, que en junio de 1960 había sido nombrado jefe del I Grupo de la BPS en la capital vasca. Para Sainz, la organización era la «más peligrosa» de España. En agosto de 1962 se publicó el primer Boletín Informativo de Investigación Social sobre ETA, en el que se describía la detención de algunos militantes por la quema de unas banderas franquistas en San Sebastián. La BPS definía a ETA como un «conjunto orgánico del Partido Nacionalista Vasco», algo así como el aparato militar del PNV, aunque la organización había manifestado sus críticas a la histórica organización nacionalista[65].

A partir de 1964 se produjeron las primeras detenciones de envergadura contra la organización. En enero, fueron detenidos dieciocho militantes en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, y en septiembre, seis. En abril de 1967, tras el estado de excepción decretado en Vizcaya, fueron detenidas doscientas personas. En los calabozos de la BPS y la Guardia Civil la tortura se ejercía de forma habitual: en un informe del Gobierno vasco realizado en 2014 se analizaron las torturas policiales sufridas por miembros de ETA y la izquierda abertzale, y se denunciaron 213 casos de tortura entre 1960 y 1968. Además de golpes y puñetazos, los agentes utilizaban técnicas como la bolsa —que consistía en ahogar al detenido poniéndole una bolsa en la cabeza— o el electroshock[66].

Melitón Manzanas, Carrero Blanco y el atentado de la calle del Correo

En un primer momento la actividad policial contra ETA se circunscribía a las provincias vascas, ya que la organización no se consideraba un peligro fuera de Euskadi. Las cosas cambiaron en la recta final de la dictadura, cuando la Policía comenzó a advertir que ETA era algo más que un grupo de «bisoños irresponsables». El 7 de junio de 1968 se produjo la primera víctima mortal de la organización. La Guardia Civil paró en un control, en la carretera de Aduna, al militante de ETA Txabi Etxebarrieta, que disparó al agente José Antonio Pardines Arcay. Poco después Etxebarrieta murió en un tiroteo a manos de la Benemétira[67].

En agosto de ese mismo año tuvo lugar el asesinato del policía franquista Melitón Manzanas, un viejo conocido de la oposición antifranquista en el País Vasco por sus salvajes métodos de tortura[68]. Como ya dijimos, en 1939 comenzó su carrera policial en la comisaría de Irún, donde se dedicó al trabajo en la frontera con Francia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 fue acusado de malos tratos y de sustraer diez mil pesetas al contrabandista José Ayarbe Aldosoro. En los años cincuenta se especializó en el PCE y en los nacionalistas, y fue de los primeros agentes de Policía en analizar a ETA, desde que fue destinado a la comisaría de San Sebastián en 1958[69].

En los bares de la ciudad, Manzanas fanfarroneaba de sus éxitos y de sus métodos. Muchos militantes antifranquistas no olvidaron nunca el trato recibido por el policía:

A Timoteo Plaza, un militante comunista de Elizondo, le dieron una paliza tremenda. A otro de Elgoibar, Amancio Conde, que participó en la huelga de 1947, casi le matan de las palizas que le dieron. Y recuerdo muy bien a Juan Aguirre, de Erandio, que cuando salió de la checa de Melitón Manzanas pesaba treinta kilos menos que cuando entró, y mi compañero Juancho Aguirre se estremecía contándome cómo Manzanas torturó al jefe de los anarquistas vascos, Auspicio Ruiz.

Fue muy duro lo que nos hicieron en aquella comisaría de San Sebastián. Nos golpearon brutalmente y luego Manzanas me colocó un bolígrafo entre los dedos de una mano y comenzó a apretarme las uñas haciendo girar el bolígrafo… Sentí un dolor insoportable[70].

A mí Manzanas me hizo un interrogatorio que duró semana y media. No me dejaba en paz. Era acoso constante. De mí querían que dijera quiénes pasaban armas por la frontera[71].

Por todo ello, el agente se había convertido en un objetivo para ETA. El 2 de junio de 1968, en la Biltzar Ttipia (Comité Central) de la organización, que se celebró en Ondárroa (Vizcaya), se decidió asesinar a Melitón Manzanas y a José María Junquera, jefe de la BPS en Bilbao, el 2 de agosto. Este último logró salvar la vida, pero Melitón fue acribillado a balazos en su chalet de Irún delante de su mujer y su hija. Su asesinato se circunscribió en la conocida como «Operación Sagarra» (manzana, en euskera)[72].

Ese mismo día se decretó el estado de excepción en Guipúzcoa, y la Guardia Civil decidió concentrar en el País Vasco un 20 % de todos sus efectivos. Fueron detenidas 1953 personas; 350 sufrieron malos tratos y 192 lograron cruzar la frontera. Durante los tres meses que duró el estado de excepción se produjeron allanamientos de casas e iglesias, interrogatorios, deportaciones, torturas… La Policía de la región estaba desmoralizada y, para levantar los ánimos, José Sainz fue nombrado jefe de la BPS en San Sebastián y Juan Antonio Creix en Bilbao. Roberto Conesa fue enviado por la DGS para vigilar lo que pasaba entre los agentes vascos. En 1971, Claudio Ramos Tejedor fue nombrado jefe de la BPS en Bilbao por su experiencia contra la «subversión» en Asturias[73].

Aun así, hasta entonces la BPS nunca pensó que ETA pudiera atentar en Madrid. Subestimaban sus fuerzas y apoyos. Esta visión comenzó a cambiar a raíz del atentado contra Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y mano derecha de Franco, el 20 de diciembre de 1973.

Carrero Blanco había sido uno de los impulsores de los servicios secretos franquistas y de la represión contra la oposición. El 9 de febrero de 1971 se había creado la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), dirigida por el coronel José Ignacio San Martín, dependiente del Ministerio de la Gobernación, que trabajaría en tres sectores: el estudiantil, el laboral y el religioso-intelectual. Este servicio llegó a tener alrededor de cuarenta jefes y oficiales de los tres ejércitos, 308 colaboradores directos, tres mil colaboradores personales y siete mil telefónicos. El 20 de marzo de 1972, el BOE publicó la creación del Servicio Central de Documentación (SECED) del Servicio de Presidencia de Gobierno, el primer servicio secreto de la dictadura, propiamente dicho[74].

Unos meses antes, en mayo de 1970, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se había fundado el Instituto Español de Estudios Estratégicos, dedicado a realizar «análisis, de carácter estratégico, sobre las posibles adaptaciones a la situación española y las fórmulas convenientes de aplicación». En su estructura había miembros de la sociedad civil, de centros universitarios, de la Policía Armada, de la Guardia Civil y de la BPS. Se dividía en diferentes secciones (política, estudios sociales, logística nacional, estudios históricos y geográficos, orgánica de la defensa, métodos y conducción de la guerra, investigación científica, filológica, y relaciones y aliados) y tuvo contactos con diferentes organismos civiles y militares para llevar a cabo la vigilancia de la «subversión». Se celebraron numerosas juntas y asambleas en las que participaron los diferentes mandos de cada sección, junto con la Secretaría Permanente, para analizar la situación del país. Los agentes Roberto Conesa Escudero y Jesús Ruiz Ayúcar formaron parte de este instituto en nombre de la Dirección General de Seguridad[75].

Y, sin embargo, ningún servicio secreto o policial previó un atentado contra el presidente del Gobierno, que todas las mañanas hacía el mismo recorrido y con muy poca escolta. Ocurrido el incidente, los organismos responsables de la seguridad interior se culparon unos a otros. La DGS responsabilizó al SECED de no conseguir información sobre el atentado. El SECED se defendió dirigiendo sus ojos a los servicios policiales, dependientes del Ministerio de la Gobernación y encargados de la seguridad del presidente. Como declaró Javier Tusell, «había muchos servicios, pero eran malos», y Carrero, pese a la importancia de su cargo, estaba muy poco protegido[76].

Los servicios policiales iniciaron la investigación. El director de la Guardia Civil, Luis Iniesta Cano, envió una instrucción a todas las capitanías regionales de la Benemérita en la que pedía «actuar enérgicamente sin restringir ni el más mínimo empleo de sus armas ante elementos subversivos o cualquier alteración del orden público», que finalmente fue rechazada por el Gobierno[77]. En cuanto a la BPS, José Sainz mantuvo conversaciones telefónicas con Roberto Conesa, que dirigía la investigación. En sus memorias, Sainz criticó la actitud de la BPS en Madrid:

El problema vasco-separatista en general y mucho menos el de ETA, en particular, como apéndice radicalizado del propio separatismo, nunca fue estudiado detenida y profundamente desde Madrid ni desde otros lugares de España […]. Con frecuencia se enjuiciaban nuestras aseveraciones [las de los policías vascos] como exageradas y se sostenía que el problema no pasaba de la acción de un reducido número de exaltados criminales que debían ser capturados o eliminados por las Fuerzas de Orden Público[78].

Para intentar atajar las actuaciones de ETA en la capital, en marzo de 1974 José Sainz fue nombrado jefe de la Comisaría General de Investigación Social, y Roberto Conesa, jefe de la BPS, mientras que el coronel San Martín fue cesado como jefe de los servicios secretos. Sin embargo, Sainz no pudo evitar que, seis meses después, la organización volviera a atentar en Madrid, esta vez en plena Puerta del Sol, en la cafetería Rolando, en la calle del Correo 2, el 13 de septiembre de 1974.

El establecimiento se había convertido en objetivo de ETA porque era frecuentado por miembros de la Policía política, ya que estaba muy cerca de la DGS. La explosión de una bomba de treinta kilos en los baños del local supuso la destrucción completa del edificio. Murieron once personas y hubo entre 40 y 69 heridos, según diversas fuentes. La mayoría de los fallecidos eran civiles, aunque, contradiciendo a Victoria Prego y otros, murieron dos personas que trabajaban para la Policía: la administrativa de la DGS Concepción Pérez Paino y el inspector de policía Félix Ayuso Pinel, que falleció dos años y cuatro meses después, el 22 de enero de 1977, a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el atentado. Once policías resultaron heridos, algunos de gravedad, por lo que recibieron la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo[79].

José Sainz, que escuchó la explosión desde su despacho, puso al frente de la investigación a Roberto Conesa. En el País Vasco detuvieron al miembro de ETA José María Arruabarrena Esnaola, Tanke, que, tras una larga sesión de torturas, dio los nombres de quienes, supuestamente, habían ayudado a perpetrar el atentado: Eva Forest, antigua militante comunista, que había escrito el libro sobre el atentado de Carrero Blanco titulado Operación Ogro; Antonio Durán Velasco, antiguo miembro de CC OO; María Luz Fernández, militante del FRAP; Eliseo Bayo Poblador, Lidia Falcón O’Neill, Vicente Sainz de la Peña, María Paz Ballesteros, Bernardo Vadell Carreras y María del Carmen Bestard[80]. Todos sufrieron las represalias de la Policía política en la DGS. A Eva Forest la incomunicaron durante nueve días y diez policías la golpearon contra una pared. La mantuvieron varias horas de pie y la amenazaron con que la pegarían si se sentaba. En sus memorias no oculta quién era el agente que llevaba la voz cantante:

En esos interrogatorios, José Sainz se limitaba a preguntar cosas muy concretas sobre fotografías, pero Roberto Conesa dirigía lo que allí pasaba, que era observado por los demás como una obra de teatro. Tan pronto pasaba de un paternalismo lloriqueante a una furia incontenible que descargaba sobre mí en forma de golpes y patadas. En varias ocasiones sacó la pistola y me apuntaba, con el seguro fuera, diciendo que me iba a matar[81].

María Luz Fernández fue sacada de su casa a las dos y media de la madrugada a punta de pistola. Su padre y su hermano, que no estaban implicados, también fueron detenidos. Le dieron bofetadas y puñetazos en el estómago. A consecuencia de los golpes, le rompieron tres costillas. Estuvo incomunicada durante 106 días sin que la visitara ningún médico. Lidia Falcón dijo en sus memorias que no había estado involucrada en el atentado y culpó a Eva Forest por implicarla, ya que le había dejado su casa de Madrid para esconder a varios miembros de ETA sin que ella lo supiera. Estuvo tres días en la DGS, donde la insultaron, la obligaron a permanecer de pie durante horas y le dieron puñetazos en el estómago. Años después, Falcón señaló a González Pacheco, Billy el Niño, como uno de sus torturadores. Mientras la golpeaba, el agente de la BPS le decía: «Ya no parirás más, puta»[82].

La BPS llevó a cabo una campaña en los medios de comunicación para implicar al PCE en el atentado. Santiago Carrillo declaró en Mundo Obrero que ellos no habían tenido nada que ver y que no compartían la estrategia de ETA. Aun así, el 28 de septiembre de 1974, en unas declaraciones ante los medios, el comisario José Sainz manifestó que existía una relación estrecha entre los comunistas y la organización vasca. Años después, en su autobiografía, Sainz reconoció que esa relación no era real, aunque fuera cierto que algunos de los detenidos se declararan miembros de la organización[83].

El FRAP y los últimos fusilamientos del franquismo

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), creado por el PCE (m-l), también defendía la acción armada contra el régimen. En París, en 1971, se puso la primera piedra para la creación de la organización, y a partir de 1972-1973 comenzó a darse a conocer en el interior del país. Se formaron grupos en Madrid, Galicia, Navarra, Cataluña y Aragón[84]. Al principio, la BPS no les prestó mucha atención, pero el 26 de octubre de 1972 se produjo la primera detención de varios miembros del FRAP y la incautación de una imprenta clandestina. Entre los apresados estaba Luis Puicercús, que en sus memorias relató las torturas que sufrieron tanto él como su compañero Manuel Blanco Chivite, que describió a Roberto Conesa de la siguiente manera:

Era un individuo que se exaltaba de manera muy peculiar en las palizas y torturas a los detenidos. La saña de su actuación y la evidente excitación que le producían llamaban la atención de los que la sufrían. Los gestos de ira le demudaban la cara y le despeinaban la escasa cabellera. Aparecía en su frente una sudoración que constantemente hacía pensar en una sexualidad sádica satisfecha entre las cuatro paredes en que se desarrollaban las torturas[85].

La BPS comenzó a prestar verdadera atención al FRAP el Primero de Mayo de 1973. La organización había convocado una manifestación para ese día, a las siete y media de la tarde, en la Plaza de Antón Martín de Madrid. Los manifestantes acudieron en pequeños grupos de entre diez y veinte personas, y a la hora convenida se produjo la movilización con los consiguientes choques con la Policía. Resultaron heridos varios miembros del FRAP, y un subinspector de la Policía, Juan Antonio Fernández, murió tras ser apuñalado entre las calles de Atocha y Santa Isabel. En total, fueron detenidas 78 personas. A partir de entonces, la BPS hizo todo lo posible por acabar con la formación: primero se publicó un Boletín de Investigación Policial que relataba lo ocurrido, tachando a la organización de «violenta y peligrosa». Uno de los jefes de Policía de Madrid, Jesús Quintero, afirmó que habían declarado «la guerra contra el FRAP»[86], lo que significaba que la BPS utilizaría cualquier medio, incluida la tortura, para acabar con la organización. Uno de sus miembros, Julio Gomáriz, relató así su detención:

Fui detenido por Billy el Niño y varios miembros bastante jóvenes de la Brigada de Investigación Social [el 11 de agosto de 1975]. Fui llevado a los despachos de esa unidad y desde el primer momento me golpearon con extrema dureza, primero en la cara, luego con más intensidad y, tras tumbarme en suelo, también en las plantas de los pies. Se me acusaba de ser uno de los autores materiales del último atentado contra dos guardias civiles del canódromo. […] No tenían ninguna prueba contra mí, pero insistían en inculparme. […] También recuerdo que el último día, en un interrogatorio a solas con Roberto Conesa, que era el gran jefe, tras un despliegue donde me mostraron un amplio surtido de propaganda y de afirmar que la conseguían sin ningún esfuerzo, todo con el ánimo de apabullarme, me ofreció que si colaboraba nos mandaba a mi mujer y a mí donde quisiéramos. Yo no dije nada[87].

Uno de los episodios más graves fue la tortura y el asesinato del obrero y militante del FRAP y del PCE (m-l) Cipriano Martos a manos de la Guardia Civil. Martos fue detenido el 25 de agosto de 1975 por repartir propaganda en Igualada, en la provincia de Barcelona. Después de registrar su piso, los agentes lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil, donde, además de pegarle y de ponerle descargas eléctricas, fue obligado a ingerir el contenido de un cóctel molotov. Esto le produjo una intoxicación y hemorragias gástricas e intestinales, que desembocaron en su muerte el 17 de septiembre. Su cuerpo fue enterrado, tres días después, en una fosa de beneficencia en Reus. A sus familiares no se les permitió ver el cuerpo. Nadie fue juzgado por aquello[88].

Pero el momento álgido llegó con los cinco últimos fusilados por el franquismo, tres de ellos del FRAP, el 27 de septiembre de 1975. El 14 de julio y el 16 de agosto de 1975 habían sido asesinados el policía Lucio Rodríguez Martínez y el guardia civil Antonio Pose Rodríguez, ambos en Madrid. Los atentados fueron reivindicados por el FRAP y unos días después, del 15 al 23 de julio, fueron detenidos catorce de sus miembros. El 2 de septiembre fueron arrestados tres supuestos implicados en el asesinato del guardia civil, que reconocieron los hechos, aunque después de ser torturados (se puede concluir leyendo el sumario) por agentes de la BPS. A Pablo Mayoral, lo acusaron del asesinato del guardia civil, que tuvo lugar en agosto, aunque llevaba en la DGS y en la cárcel desde el 16 de julio. Por lo tanto, Mayoral no estuvo implicado en tales hechos. Blanco Chivite, otro de los detenidos, dijo:

A mí llegaron a golpearme con barras de hierro, con mazas de madera y nos obligaron mucho a hacer el baile del pato, que era obligarte a andar durante horas en cuclillas con las manos atadas a la espalda. Un juez militar acudió regularmente al despacho de la Brigada para supervisar cómo se desarrollaba todo y recoger las declaraciones que se habían tomado, y ese juez veía las cosas que se hacían, pero, por supuesto, no decía nada[89].

Vladimiro Tovar también describió su detención:

Nada más ser detenido me conducen a la Dirección General de Seguridad y allí estuve junto con otros camaradas alrededor de dos o tres semanas en una situación de absoluta alegalidad, puesto que cuando nos sacaron de los coches y nos llevaron a las celdas, nadie firmó ninguno de los expedientes de registro de detenidos que era preceptivo firmar cada vez que alguien arrestado era retenido en la DGS. […] Me interrogaron Roberto Conesa y su lugarteniente, Carlos Domínguez. Ambos me torturaron igual que a otros presos, a base de palizas brutales, con bates de madera, y especialmente con un método que era difícil de soportar. Te obligaban a tumbarte boca arriba en una mesa y te sacaban medio cuerpo fuera, colgando en el borde de la mesa. Pasados unos minutos en esa posición, es casi imposible aguantar, tratas de erguirte, pero el dolor es tremendo, los músculos se agarrotan y te sobrevienen mareos, vómitos, dolores muy duros[90].

Por estas detenciones, el 9 de septiembre de 1975 fueron felicitados públicamente veinte policías y premiados con recompensas que iban desde las quince mil a las treinta mil pesetas. Entre ellos estaban Roberto Conesa y González Pacheco[91]. Poco antes, el 28 de julio de 1975, Conesa había recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo junto con los policías Carlos Anechina Checa y José Manuel Villarejo Pérez (el conocido actualmente como «comisario Villarejo»), que recibieron la Medalla de Plata al Mérito Policial[92]. El 4 de agosto, Conesa y José Manuel Villarejo volvieron ser premiados, junto con otros nueve policías, con cuarenta mil pesetas por detener a varios miembros del FRAP[93].

A pesar de las irregularidades en el proceso y de las protestas internacionales (se marcharon varios embajadores) y nacionales, el régimen no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Finalmente se promulgaron cinco sentencias de muerte para Ángel Otaegui y Juan Paredes (militantes de ETA), y Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo, del FRAP. Las penas fueron ejecutadas al amanecer del 27 de septiembre de 1975, tres de ellas, las de los militantes del FRAP, en Hoyo de Manzanares (Madrid); otra en Barcelona y la última en Burgos. Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo fueron fusilados por miembros de la Policía Armada. José Humberto Baena murió acribillado por un pelotón de la Guardia Civil[94].

Pocos días después, el 1 de octubre, debido al aislamiento internacional y a la movilización social, el Gobierno convocó una concentración de adhesión al régimen en la Plaza de Oriente, en la que Franco hizo una de sus últimas apariciones públicas, esta vez al lado del futuro rey Juan Carlos I. El dictador dijo que lo que estaba pasando era un «conspiración masónica izquierdista, un contubernio comunista, terrorista en lo social».

Ese mismo día, Roberto Conesa Escudero, jefe de la BPS, recibió la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, la mayor distinción que el régimen concedía a una persona civil, que le fue otorgada directamente por Franco. El 7 de octubre fue nombrado comisario principal de la BPS[95]. Así premiaba el régimen franquista en sus últimos días a uno de sus principales baluartes en la represión.

6
La Transición y después

La Transición (1975-1982) fue una época de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales en toda España. Sin embargo, en el interior de las estructuras policiales, los cambios o no se produjeron, o apenas se notaron, sobre todo en los primeros años. La oposición política e incluso el sindicalismo policial los pedían a gritos, pero, como veremos, los primeros ministros de la democracia prefirieron seguir trabajando con los antiguos agentes de la Policía franquista y los mismos métodos.

Cuando se habla de la Transición española es habitual mencionar su carácter «pacífico» como una de sus principales señas de identidad, aunque, como han demostrado diversos investigadores, esa afirmación se acerca más al mito que a la realidad, ya que, desde diciembre de 1975 a octubre de 1982 —principalmente en los cuatro primeros años— la violencia, ya fuera terrorista, de extrema izquierda o, sobre todo, de extrema derecha, así como de los principales aparatos de seguridad del Estado, estuvo presente y protagonizó algunos de los sucesos clave del período. Investigadores como Ignacio Sánchez-Cuenca o Paloma Aguilar señalan con acierto que, desde los años sesenta hasta principios del siglo XXI, España ha sido el país que, sin estar en guerra, ha tenido las cifras más altas de violencia política y policial de Europa junto con Irlanda del Norte[1].

Durante los Gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD), hubo tres ministros del Interior, pero fue Rodolfo Martín Villa (del 5 de julio de 1976 al 5 de abril de 1979) el que más influyó en las políticas de orden público y en el futuro de los antiguos miembros de la BPS. Según datos del periodista e investigador Mariano Sánchez Soler, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1982 se produjeron un total de 2663 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados. Entre 1976 y 1983 hubo 591 muertes por violencia política, tanto de terrorismo nacionalista y de extrema izquierda (ETA, GRAPO, MPAIAC) como de terrorismo de extrema derecha, como el Batallón Vasco Español (BVE) o la Triple A, y de Estado. Las Fuerzas de Orden Público asesinaron a 54 personas y 630 resultaron heridas en manifestaciones, actos políticos y controles policiales. Ocho personas murieron cuando estaban bajo custodia policial y 275 resultaron heridas. Por último, 51 miembros de ETA y del GRAPO murieron en enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil[2].

Según la historiadora Sophie Baby, entre el 1 de octubre de 1975 y el 31 de diciembre de 1982, hubo en España 324 víctimas mortales por violencia policial, de las cuales 178 lo fueron por sus vinculaciones políticas. Baby distingue tres tipos de violencia policial por motivos políticos durante la Transición: la tortura, el incidente policial y el acto de brutalidad en las manifestaciones. Siete individuos murieron a causa de malos tratos; los incidentes policiales (contando las víctimas provenientes de controles de carreteras y de identidad, en detenciones y en persecuciones de sospechosos) provocaron casi el 80 % de las muertes (139), y los actos de brutalidad policial en manifestaciones causaron 32 muertes. En muchas de estas acciones participaron grupos de extrema derecha vinculados al aparato del Estado.

Los primeros Gobiernos de la democracia se movieron entre los intentos de reforma en la Policía (de carácter legislativo más que interno) y el mantenimiento de la paz social y el orden en las calles mediante el uso de las Fuerzas de Orden Público. Inmediatamente después de la muerte de Franco, las autoridades civiles y policiales se decantaron por lo segundo debido, sobre todo, a la herencia franquista, que veía en las protestas una forma de «subversión». Según Sophie Baby, entre el 11 de enero y el 31 de julio de 1977 se produjeron 4203 detenciones por delitos políticos, y en 1976 y 1977 no hubo ninguna manifestación que no acabara con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas estatales[3].

Toda esta violencia policial también se relacionaba con la estrategia antiterrorista seguida por los diferentes Gobiernos democráticos. El investigador Óscar Jaime divide dicha política en tres períodos. La primera etapa, de 1976 a 1980, se caracterizó por la indefinición de estrategias y objetivos policiales, debido a la perspectiva militarista de la Policía, si bien es cierto que a principios de 1978 aumentaron las normativas antiterroristas, pero sin coordinación entre los diferentes aparatos policiales. En la segunda etapa, de 1980 a 1982, se crearon mandos únicos de lucha contraterrorista. Y la tercera etapa, que empieza en 1982, con la victoria del PSOE en las elecciones, y dura hasta 1987, estuvo definida por el intento de aislar a ETA de la sociedad vasca. En las tres fases se utilizaron «grupos de incontrolados» de extrema derecha y parapoliciales, cuya máxima expresión fue la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)[4].

Como decimos, en los primeros momentos de la Transición, los gobernadores civiles y la Policía estaban dispuestos a hacer lo que fuera para evitar las movilizaciones en las calles. La primera víctima de los disparos de las Fuerzas de Orden Público durante la Transición fue el trabajador Teófilo del Valle, el 23 de febrero de 1976, en una manifestación en Elda (Alicante)[5]. Poco más de una semana después, el 3 de marzo, se produjo la llamada «matanza de Vitoria», en la que fueron asesinados cinco obreros (Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo de Basa; y, dos meses después, Bienvenido Pereda) y resultaron heridas centenares de personas a manos de las Fuerzas de Orden Público mientras asistían a una reunión en la iglesia de San Francisco durante la huelga general que estaba convocada en la ciudad vasca.

En las retransmisiones por radio entre los agentes y los mandos policiales se aprecia con claridad la mentalidad franquista que mantenían:

—Si desalojan por las buenas, vale, pero, si no, a palo limpio. Sacadlos como sea. Cambio.

—Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio.

—¿Qué tal el asunto ahora por ahí? Cambio.

—Te puedes figurar, después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, cómo está la calle. Cambio.

—Muchas gracias, buen servicio. Cambio[6].

Con el relevo en la Presidencia de Gobierno (de Arias Navarro a Adolfo Suárez), la cuestión del orden público se mantuvo en el primer plano. En la última semana de enero de 1977 tuvo lugar la llamada «semana negra» de la Transición. El día 23, en una manifestación en Madrid, fue asesinado el joven Arturo Ruiz a manos del ultraderechista Jorge Cesarsky, Al día siguiente, en las concentraciones de solidaridad con el fallecido, la estudiante María Luz Nájera murió al recibir el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía. Esa noche la tensión llegó a su punto álgido cuando un comando de ultraderecha entró en el despacho de abogados laboristas de la calle Atocha 49 y mató a cinco personas, hiriendo a otras cuatro[7]. En todos estos casos, las Fuerzas de Orden Público estuvieron implicadas. El famoso Billy el Niño fue interrogado en los juicios por la «matanza de Atocha» por, supuestamente, haber ofrecido información a los asaltantes sobre las personas que trabajaban en el despacho[8].

Después de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, celebradas el 15 de junio de 1977, llegaba el momento de legislar sobre materia policial. Uno de los primeros pasos se dio en los Pactos de la Moncloa, donde se acordó una nueva visión de las Fuerzas de Orden Público más democrática y respetuosa con las libertades públicas y los derechos humanos. En las FOP habría dos cuerpos: uno civil —Cuerpo Superior de Policía— y otro militar —Policía Armada y Guardia Civil—, dependientes los dos del Ministerio del Interior y con diferentes atribuciones cada uno. Sin embargo, una de las reivindicaciones de los sindicatos policiales, la desmilitarización total de la Policía, no se vio reflejada[9].

En la Constitución —aprobada el 6 de diciembre de 1978— también se contempla este asunto: por ejemplo, hay un cambio de denominación y las Fuerzas de Orden Público pasaron a llamarse Fuerzas de Seguridad Pública. En cuanto a la desmilitarización de los cuerpos policiales, los artículos 8 y 104 de la Carta Magna expresan la disociación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, a las que se encomienda «la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Aun así, tanto el Cuerpo Superior de Policía como la Guardia Civil seguirían siendo considerados institutos armados. Dos días antes, el 4 de diciembre de 1978, se había aprobado la Ley de la Policía, cuyo objetivo era reestructurar el Cuerpo Superior de Policía siguiendo los parámetros democráticos. Sin embargo, como veremos, todo quedó en papel mojado[10].

La Ley de Amnistía: ¿ley de punto final para la Policía secreta?

Una de las normativas democráticas que más favoreció a la BPS fue la Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1977, porque permitió que la mayoría de sus miembros se mantuvieran en sus puestos.

La amnistía de los presos políticos era una de las reivindicaciones más importantes de la oposición al régimen de Franco y la que más movilización provocó durante las primeras fases de la Transición. De hecho, antes de aprobarse la ley, el rey y el Gobierno habían promulgado varios decretos para liberar a los miles de personas que permanecían encarcelados por motivos políticos[11].

En su artículo segundo, la Ley de Amnistía se refería en concreto a los crímenes que las Fuerzas de Orden Público podrían haber cometido durante el franquismo:

Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas[12].

Así pues, lo que en un principio era una reivindicación de la oposición antifranquista, que permitía que los presos políticos dejaran de tener cuentas pendientes con la justicia, se convirtió también en una normativa que «perdonaba» los delitos de los miembros del aparato represivo del franquismo. De hecho, como veremos, la Ley de Amnistía fue utilizada posteriormente por la justicia española para no juzgar los crímenes de la dictadura, y eso que, como señala el equipo Nizkor, organización internacional que defiende los derechos humanos, la represión franquista fue un plan de exterminio pergeñado durante décadas, incluso apoyado por los nazis, contra los republicanos españoles. Durante décadas, la tortura, la persecución por motivos políticos y el encarcelamiento arbitrario —delitos considerados crímenes de lesa humanidad por las leyes internacionales— fueron apoyados y fomentados por la dictadura de Franco[13].

La Ley de Amnistía fue aprobada en el Congreso por una amplia mayoría: 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Para la izquierda (PSOE y PCE), se trataba de una «conquista democrática» histórica, e incluso Marcelino Camacho declaró que era «una reparación de injusticias», que con ella se cerraba el pasado de «guerras civiles» y que enterraba «sus muertos y rencores» para alcanzar «la paz y la libertad»[14].

Sin embargo, pronto se demostró que la normativa se utilizaría como «ley de punto final» para los policías del franquismo. De hecho, doce días después de aprobarse, el 27 de octubre, al inspector José Matute Fernández, jefe de la BPS en Tenerife, se benefició de la nueva legislación. El policía tenía dos causas abiertas por torturas; la primera, interpuesta por el estudiante antifranquista Julio Trillo, al que torturó en septiembre de 1975, por lo que fue condenado a cinco meses de arresto mayor, seis años de destierro de la isla y setenta y cinco mil pesetas de multa; la segunda, por haber acabado con la vida de Antonio González, obrero y militante comunista tinerfeño, que murió por los golpes recibidos el 30 de octubre de ese mismo año. El 9 de noviembre de 1977 era la fecha fijada para el juicio por esta última acusación, pero nunca llegó a celebrarse porque la Ley de Amnistía permitió que el inspector Matute quedase en libertad. También se libraron de ser juzgados los agentes José Antonio Benayas, Cipriano Belver, Manuel Cinos y Manuel Díaz Arribas, que habían participado en las torturas contra el estudiante José Luis Cancho en la comisaría de Valladolid y que quedaron en libertad bajo fianza de veinticinco mil pesetas en noviembre de 1976[15].

Es cierto que la violencia policial se fue relajando a medida que el proceso democratizador avanzaba, aunque se mantuvo presente durante toda la Transición. El 4 de diciembre de 1977 fue asesinado en Málaga, por los disparos de la Policía, el joven de dieciséis años Manuel García Caparrós tras intentar colgar una bandera andaluza en la Diputación. El 8 de julio de 1978, durante los Sanfermines de Pamplona, el militante de la LCR Germán Rodríguez cayó muerto por los balazos de la Policía. Ese día hubo siete mil disparos de material antidisturbios y 130 de bala. El jefe de la Policía de Pamplona estaba completamente implicado en los hechos y durante los disturbios declaró a sus subordinados: «Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar». Nadie fue juzgado por lo sucedido[16].

En 1979 se produjeron diversos altercados en movilizaciones que acabaron con muertos a manos de la Policía: el 4 de marzo, en Parla (Madrid), Ursino Gallego, un joven de catorce años, murió en una manifestación de protesta por la escasez de agua; el 3 de julio, en Tudela, Gladys del Estal perdió la vida en una concentración contra las centrales nucleares; el 25 de junio, en Valencia, Valentín González, militante de la CNT, murió en una movilización contra la mala situación de los trabajadores en la ciudad… Al año siguiente tuvo lugar uno de los asesinatos más terribles a manos de la extrema derecha: el 2 de febrero de 1980, Yolanda González, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue asesinada en Madrid por dos militantes de Fuerza Nueva, Emilio Hellín e Ignacio Abad. El policía Juan Carlos Rodas Crespo estuvo implicado en los hechos[17].

En 1981 se produjeron dos sucesos de torturas policiales que causaron un gran impacto en la opinión pública. El primero fue el caso de Joseba Arregi, militante de ETA, quien, en virtud de la Ley Antiterrorista, pasó ocho días en las dependencias de la Brigada de Información de la Policía Nacional. El 13 de febrero de 1981 murió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel con claros signos de maltratos físicos[18]. El segundo caso tuvo lugar el 11 de mayo de ese año, cuando se produjo el llamado «crimen de Almería», por el que fueron arrestados en Gérgal (Almería) tres trabajadores que vivían en Cantabria: Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas. El primero de ellos era trabajador de FYESA y militante de CC OO y del PCE; el segundo, de ACERIASA, y el tercero, de FEVE. Un hombre les confundió en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha) con los miembros de ETA que habían atentado contra el jefe del Cuarto Militar del Rey, el general Joaquín Valenzuela. El capitán de la Guardia Civil en Almería, Carlos Castillo Quero, no dudó en ir a por ellos en cuanto pisaron suelo almeriense y once guardias civiles los cogieron en la carretera de Gérgal. Los torturaron, los mataron y quemaron sus cuerpos (la gasolina que usaron para ello la compraron con el dinero que los asesinados llevaban encima). Tirotearon el coche para hacer creer que se había producido un enfrentamiento con terroristas. Tan solo tres de los once policías que participaron en los hechos fueron condenados por torturas y homicidio: quince años de prisión para el teniente coronel Castillo Quero y para el teniente Gómez Torres, y doce para el guardia civil Fernández Llamas. Tres años después, los acusados ya disfrutaban del tercer grado y al poco quedaron definitivamente libres[19].

De Policía secreta a Policía democrática

Según el historiador Xavier Casals, la violencia política (el llamado «voto de las armas» o «partido armado»), tanto de los grupos terroristas como de la Policía, moduló los tiempos de la Transición, permitiendo que el proyecto reformista de Adolfo Suárez consiguiera apoyos[20]. Las acciones de grupos como ETA y GRAPO hicieron que las autoridades civiles se apoyaran en los antiguos miembros de la BPS —se habían enfrentado a ellos durante el franquismo— para realizar tareas contraterroristas sin tener en cuenta sus crímenes.

Un caso paradigmático fue el de Roberto Conesa Escudero, quien, como hemos visto, fue uno de los principales miembros de la BPS desde el comienzo hasta el final de la dictadura. Mantuvo sus funciones durante los primeros años de la Transición, desempeñando un papel muy destacado en la Policía democrática. Así, el 9 de junio de 1976, Conesa fue nombrado jefe superior de la Policía de Valencia por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne[21]. De hecho, su nuevo cargo le sirvió como excusa para no asistir al juicio por malos tratos que se iba a celebrar contra él el 25 de junio, a causa de la denuncia interpuesta por el militante del FRAP Fermín Espejo, pero finalmente se suspendió[22].

El 11 de diciembre de 1976, los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre secuestraron a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y el 24 de enero de 1977, al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. El entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, decidió contactar con Roberto Conesa para investigar los dos secuestros. Después de dos semanas investigando («treinta y ocho mil horas», concretó el propio Conesa), el 11 de febrero descubrió dónde estaban los dos secuestrados, con lo que dio comienzo la operación de rescate, que Conesa llamó «Operación Valencia»[23].

A partir de entonces, las autoridades policiales y la prensa iniciaron una campaña a favor del policía. El ministro Martín Villa, en una rueda de prensa, explicó por qué le había escogido para la operación de rescate: «A grandes males, grandes remedios. Tras operar durante algún tiempo con la organización normal, decidimos recurrir a los especialistas y entonces es cuando liberamos a Conesa de sus obligaciones en Valencia»[24]. El periódico ABC le sacó en primera página y le hizo una entrevista que se mantuvo durante tres ediciones. En ella, la periodista Pilar Urbano alababa al inspector afirmando que era un policía cuya «vocación puede con él mismo», por lo que fue apodado «superagente». Así le describía la periodista:

Policía menudo, bajito, de ojos vivaces e inquietos, de tez cetrina y rostro curtido por quién sabe qué vientos y qué intemperies. Una vocación que puede con él mismo y que le ha hecho ser «policía-policía» durante las veinticuatro horas de cada uno de los 365 días de cada uno de los treinta y ocho años de historial. Él sabrá cuántos delincuentes atrapados y cuánto crimen descubierto en su hoja de servicios. Él sabrá cuánto insomnio y cuánta caminata y cuánto interrogatorio en la comisaría. Pero habla con profunda delicadeza de las mujeres, con comprensión y lástima de los malhechores, con respetuosa admiración de sus compañeros; en más de una ocasión, al referirse al «comando especializado» que trabaja con él, les llama «mis niños»[25].

Ante tanto halago, uno de los pocos que se atrevió a criticarle (junto al comunista Simón Sánchez Montero, quien, en las páginas de Mundo Obrero y de la revista La Calle, dijo que los GRAPO habían sido formados por el propio Conesa) fue el periodista Gregorio Morán[26]. Publicó ocho artículos en Diario 16, entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 1977, en los que relataba las andanzas de Conesa durante la dictadura franquista, las detenciones en las que había participado y sus métodos de infiltración y tortura. Morán, además, añadía los testimonios de varios detenidos que describían las torturas y los malos tratos sufridos a manos de El Orejas, que era como llamaban a Conesa desde niño[27].

Las críticas no sentaron nada bien al exagente de la BPS. De hecho, denunció a Morán, que fue detenido el 21 de mayo de 1977. Le pidió una indemnización de 20 millones de pesetas por daños y perjuicios, porque pensaba escribir un libro sobre su vida con una importante editorial, que al final no publicó[28]. Así contó Morán el proceso:

Por ejemplo: a mí me detienen por aquel asunto del comisario Conesa. La detención ocurre en la misma redacción del periódico, Diario 16. Nunca tuve del todo claro por qué me habían detenido. Luego supe que el general Milans del Bosch estaba detrás. Me llevaron a la calle del Reloj número 5, donde había entonces un famoso sitio de torturas. Pero no ocurrió nada. Había un policía que me hizo los papeles y allí me quedé. Luego, delante del juez, pregunté que por qué había tenido que pasar allí la noche. «Mire, yo no lo sé —me dijo el juez togado—, yo lo único que le puedo decir es que mi general Milans del Bosch me dijo: “Quiero a ese chaval (que no debió decir chaval, sino ‘ese hijo de la gran puta’) aquí mañana a las nueve”». A las nueve del día siguiente firmé y me marché[29].

Pese a las críticas de los partidos de la oposición y de algunos medios de comunicación, el Gobierno y los altos mandos de la Policía respaldaron a Roberto Conesa. El director general de Seguridad, Mariano Nicolás, dijo de él que «la campaña que se ha hecho en su contra le ha afectado mucho. Es un gran profesional muy estimado en los medios policiales internacionales»[30]. Y Martín Villa apostilló: «Mientras yo sea ministro, Conesa será comisario»[31].

El 4 de junio de 1977 fue nombrado comisario general de Información junto con otros siete cargos renovados por el ministro del Interior[32]. Asumió el mando de una brigada operativa —de 120 personas— dedicada, en principio, a luchar contra el terrorismo, aunque el ministerio también la usó para hacer frente al sindicalismo policial y la oposición política[33].

Unos días después, el 7 de junio, Rodolfo Martín Villa decidió que se les concediera la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a los agentes Roberto Conesa, Andrés Gómez Madariaga, Manuel Gómez Sandoval, Antonio González Pacheco, Jesús González Reglero, Manuel Cordón Cano, Antonio García Navas, Jorge Jimeno Bósquez e Ildefonso Rojo Miguel, por los servicios realizados en las operaciones de rescate de Oriol y Villaescusa[34]. Conesa, además, recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial el 1 de julio[35].

En enero de 1979, el exagente de la BPS estaba al frente de la política antiterrorista en el País Vasco. Bajo su mando tenía a tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad, a los que había que añadir los sesenta hombres que se llevó de su Brigada[36]. Rodolfo Martín Villa dejó el Ministerio del Interior en abril de 1979. El 13 de mayo, Conesa sufrió un infarto de miocardio e ingresó en la clínica privada Puerta de Hierro (Madrid). Tenía sesenta y dos años. Cuando le dieron el alta, decidió jubilarse y se trasladó a vivir a Canarias. El 15 de mayo, la Junta de Seguridad pidió al recién nombrado ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, que se le concediera la Medalla al Mérito Civil[37].

Pero Conesa no fue ninguna excepción. La mayoría de los agentes que habían actuado durante la dictadura consiguieron ascender en el escalafón de la Policía democrática y la mayoría de las denuncias por malos tratos se quedaron en un cajón.

El director general de Seguridad en los primeros años de la Transición fue Mariano Nicolás García, gobernador civil de Cuenca durante el régimen de Franco y hombre afín al Movimiento Nacional. Sin embargo, fue con el nombramiento como subdirector general de Seguridad de José Sainz, antiguo jefe de la BPS en Bilbao, en junio de 1977, y como jefe del Cuerpo Superior de Policía, en mayo de 1979, cuando los antiguos agentes franquistas estuvieron seguros de que mantendrían sus puestos y sus medallas. E incluso fueron ascendidos.

Este fue el caso del comisario Ballesteros, que en los últimos años de la dictadura asumió el mando de la BPS en Valencia. Durante la Transición, el periódico Levante informó de las palizas que había infligido a Antonio Palomares, primer secretario del Partido Comunista de Valencia[38]. Ballesteros no solo no fue expedientado, sino que se convirtió en jefe superior de la Policía de Bilbao. Otro ejemplo es el de Heliodoro Rodríguez, quien, en 1977, ascendió a jefe de Policía en Canarias, tras haber trabajado durante dieciséis años como infiltrado de la BPS entre los universitarios. Lo mismo ocurrió con Florentino Gómez Mesa, que pasó de trabajar en la BPS en Bilbao a tomar el mando de la Brigada de Estupefacientes en Madrid. Otro caso es el del jefe de Policía de Valencia, Benjamín Solsona, apodado El Galletas por los golpes que daba en la comisaría de Valencia durante el régimen de Franco, que fue ascendido a jefe de Policía en esta ciudad durante la Transición. O Enrique Mosquera, que trabajó en la BPS en La Coruña y que ya en democracia fue nombrado jefe de la Policía de Barcelona[39].

Por su parte, Claudio Ramos Tejedor, que ha aparecido en varias ocasiones en este libro (recordemos que fue jefe de la BPS en Asturias en 1972 y en el País Vasco en 1971 y 1974), fue nombrado, en 1977, jefe de la Policía en Canarias para luchar contra el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). Un año después lo cesaron, quizá porque sus hijas insultaron al entonces vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, por haber trasladado a su padre a las islas desde Madrid. En febrero de ese año seis militantes de la Confederación Canaria de Trabajadores y dos abogados laboralistas denunciaron a Ramos Tejedor por torturas. La revista Policía Española, del Ministerio del Interior, elogió al policía en su número de agosto de 1978[40], mientras que el gobernador civil de Tenerife, Luis Mardones, se deshizo en alabanzas hacia «un policía profesional que honra al cuerpo». Su cese supuso el fin de su carrera policial, aunque, cuando volvió a Madrid, consiguió trabajar como jefe de seguridad del Metro[41].

Muchos de estos agentes participaron en los diversos grupos antiterroristas que se crearon en aquellos años, como los «antigrapo» o los «antigolpe», motivo por el cual fueron condecorados. Antonio González Pacheco, Billy el Niño, recibió varias felicitaciones en esta época: el 24 de mayo de 1976 por desarticular a las Juventudes Comunistas; el 18 de agosto de ese mismo año por su participación durante una jornada de lucha; el 1 de diciembre (recibió además un premio de seis mil pesetas), por detener a varios miembros del PCE, y el 14 de febrero de 1977, por «los hechos acaecidos el pasado 27 de septiembre»[42], esto es, en el aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo.

En 1984, en su libro de memorias, titulado Al servicio del Estado, el exministro Martín Villa justificó de este modo tanto los ascensos como los reconocimientos a los antiguos agentes de la BPS:

Se me criticó por haber utilizado a algunos de los hombres, excelentes profesionales, que procedían de las antiguas brigadas sociales. Pero en la difícil etapa de los secuestros de Oriol y Villaescusa, que coincidió, además, con múltiples problemas de orden político y con actuaciones terroristas, la actuación del comisario Conesa, por ejemplo, resultó de gran eficacia. Mis despachos con él, en aquellos tiempos eran diarios[43].

¿Otra Policía era posible?

Ya durante los últimos años del franquismo se hicieron públicas las primeras críticas al régimen por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En 1974 se creó la Unión Militar Democrática (UMD), a raíz de lo ocurrido en la Revolución de los Claveles de Portugal, aunque este intento de hacer oposición dentro del Ejército fue sofocado rápidamente.

Tras la muerte del dictador, en el seno de la Policía se formaron las primeras organizaciones sindicales democráticas. El punto de inflexión fue la concentración de guardias civiles y agentes de Policía que tuvo lugar delante de la DGS y del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol de Madrid, el 17 de diciembre de 1976. Ese mismo día, en la Plaza Oriente, se celebró una asamblea —asistieron unas doscientas personas— en la que se leyó un manifiesto que reivindicaba que fueran considerados agentes de orden público y no soldados. Después de la asamblea, los participantes (alrededor de cuatrocientos) marcharon hacia el Ministerio de la Gobernación para hacer entrega de un escrito en el que se detallaban sus peticiones. Cuando llegaron a la Puerta del Sol se produjeron altercados con los mandos policiales. Por ejemplo, allí les esperaba el general Juan Chicharro, que exigió con insultos que los manifestantes se disolvieran. Estos pidieron la dimisión del ministro y, aunque lograron reunirse con él, el contenido del encuentro nunca se dio a conocer públicamente[44].

Desde el 18 hasta el 22 de diciembre fueron detenidos sesenta guardias civiles y policías, y cien fueron expedientados. A los arrestados los llevaron a los calabozos de Entrevías, donde les obligaron a hacer careos con sus compañeros para delatarse unos a otros. Muchos de los expedientados fueron trasladados, expulsados o conminados a pedir la baja «voluntaria»[45].

Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras organizaciones clandestinas de la Policía. Sus reivindicaciones fueron tanto laborales (mejora de salarios y equipamientos) como democráticas (derecho de sindicación, de reunión, de manifestación y de huelga). También pedían la desmilitarización de las Fuerzas de Seguridad y la supresión de la BPS.

El 3 de agosto de 1977, un mes después de las primeras elecciones democráticas, en las comisarías se difundió un documento de un colectivo llamado Nueva Policía, en el que un grupo de agentes que se declaraban «apolíticos y demócratas» denunciaban los ascensos de antiguos policías franquistas que, además, gracias a las medallas y a las compensaciones económicas recibidas por sus servicios al régimen, se podrían «jubilar muy bien». Se daban algunos nombres, como el de Roberto Conesa Escudero, que entonces dirigía la Brigada Antiterrorista, «equivalente a la Político-Social». Luego aparecían otros antiguos mandos y miembros de la BPS, a los que se calificaba de «hombres sin vida familiar, sin cultura, con graves problemas psicológicos y mentales, y con una educación al estilo de las peores brigadas nazis, sin escrúpulos, y tienen en su haber un largo historial muy desfavorable respecto a los detenidos que han pasado por sus manos». Los agentes que habían escrito el documento pedían que los demócratas obligaran al Gobierno a hacer cambios profundos en la DGS, que «hasta el momento sigue siendo igual que en el período franquista»[46].

Aunque aparecieron diversas asociaciones en el Cuerpo Superior de Policía, hubo dos que destacaron sobre las demás: la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Policial, que después pasó a denominarse Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía (SPCSP), y la Unión Sindical de Policía (USP). La primera tenía carácter corporativo y se convirtió en un sindicato homologable a las demás organizaciones sindicales europeas, basadas en el respeto de los derechos humanos. La segunda era un sindicato de carácter abiertamente progresista. En mayo de 1978, el SPCSP, tras un año de clandestinidad, fue legalizado, aunque en 1980 sufrió una crisis interna: cuando muchos agentes lo abandonaron como protesta porque el sindicato defendía a miembros de la antigua Policía franquista[47].

Por su parte, la USP, con el apoyo de organizaciones de izquierda y de sindicatos como UGT y CC OO, tenía como objetivo aglutinar a los miembros más progresistas de la Policía. Se fundó el 7 de diciembre de 1978 y se legalizó un año después, el 22 de noviembre de 1979. Fue a través de diversos artículos de opinión y de numerosas cartas al director que aparecieron en el diario El País como manifestaron sus quejas sobre la situación en el interior de la Policía. De hecho, uno de esos artículos le costó un expediente de sanción a uno de sus miembros, Jesús Merino de la Hoz, comisario de la Policía de Alcobendas. El 28 de septiembre de 1979, Merino escribió una carta al director titulada «Formidable editorial», en la que felicitaba al periódico por el artículo publicado tres días antes, «El pesimismo de un general», donde se criticaban las maneras antidemocráticas del general Milans del Bosch. Merino declaró que «hablar —escribir— tan claro y mejor es harto difícil, y quienes rebaten ideas objetivas a determinadas clases del Estado, [son] valientes y honrados»[48].

El 20 de octubre se le abrió un expediente de sanción, que refrendó el ministro Ibáñez Freire el 12 de noviembre. También fue multado por escribir un artículo en la revista Tribuna Policial, donde criticaba los privilegios salariales de algunos mandos policiales. Merino no solo recibió el apoyo de su sindicato, sino también de la mayoría de los partidos de izquierdas de su localidad, que le hicieron una cena homenaje a la que acudieron miembros del PCE y del PSOE, e incluso artistas como Pepe Noja. Al finalizar la cena dedicó unas palabras de agradecimiento: «Os doy las gracias, que manan de un corazón liberal. Esta es también una gratitud que viene de todos los policías liberales que lo son en España y que me han apoyado. Gracias a cuantos están aquí, a los que no han podido venir y, especialmente, a todo el vecindario. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad!»[49].

Varios de sus compañeros publicaron una «tribuna libre» en El País titulada «Libertad de expresión de los policías», en la que consideraban el expediente de sanción a Merino como «anticonstitucional», de «claro matiz represivo» y «una aberración jurídica»[50]. Pero el apoyo político y sindical no sirvió de nada. La sanción se mantuvo y Jesús Merino de la Hoz fue expulsado de la comisaría de Alcobendas. La USP también sufrió sanciones por parte de los mandos policiales. Concretamente, en Oviedo, el 18 de marzo de 1980, varios policías nacionales fueron detenidos por acudir a un acto del sindicato[51].

En la Policía Armada, que había sido uno de los cuerpos encargados, junto con la BPS (perteneciente al Cuerpo Superior de Policía), de la represión franquista, también aparecieron en los años de la Transición organizaciones sindicales. La más importante fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que consiguió aglutinar a unos doce mil miembros[52]. En palabras de uno de sus miembros, el USP trajo «la ilusión y esperanza para unos policías deseosos de un cambio esperado. Para el mando militar, el sindicato era sinónimo de indisciplina, politización y destrucción de la corporación. No olvidemos que los militares y algunos mandos naturales del cuerpo nos acusaban de ser unos rojos y revolucionarios comunistas portadores del caos y la destrucción de la corporación»[53].

El primer núcleo del SUP se formó en Sevilla. A mediados de 1977, los policías armados Manuel Tapada Pérez, Carlos Jiménez Fernández, José Manuel Osorno Marín, José López González y Guillermo Gómez Cunnighan llevaron a cabo una serie de reuniones para sentar las bases del sindicato[54]. Su primera aparición pública tuvo lugar el 2 de septiembre de 1977, en un despacho de CC OO, donde, en una rueda de prensa, varios policías condenaron los consejos de guerra que iban a realizarse por las protestas del mes de diciembre del año anterior. Desde allí pidieron la desmilitarización de la Policía Armada y que pasase a depender del Ministerio de Justicia. No querían ser militares, sino civiles[55].

El 28 de febrero de 1978 se levantó el acta fundacional del sindicato, pero no fue hasta el 21 de noviembre de 1984, seis años después, cuando por fin se legalizó. Entre los meses de enero y febrero de 1980, en Sevilla, los policías Ricardo Díaz, Francisco Torrecillas y José Luis Blanco fueron arrestados por ser testigos de la colocación de varias pintadas del sindicato y no delatar a sus autores[56]. Y es que los conflictos de la USP tanto con UCD como con el PSOE durante la Transición fueron constantes.

Aunque intentaba dar credibilidad a su política interior, la UCD no buscaba el consenso en el ámbito policial. Nunca respondió a las exigencias de los partidos de la izquierda, que pedían la renovación de los cuadros policiales, ni tampoco de los mandos franquistas de la Policía, que se sentían inseguros por las críticas sobre sus actuaciones policiales por parte de la oposición. Ya con el PSOE en el poder se intentó que algunos miembros de la USP escalaran en el escalafón, pero nunca se consiguió del todo y numerosos antiguos altos mandos y agentes de la BPS siguieron utilizándose para las tareas de contraterrorismo, motivo por el cual los sindicatos policiales empezaron a convocar las primeras huelgas de celo.

En 1986 se aprobó la Ley de Cuerpos y Seguridad del Estado, que acabó con la militarización de la Policía Nacional y cerró la «transición policial», ya que de ese modo se homologaba a la de los países del entorno[57]. Sin embargo, esta nueva Policía seguía —y sigue— padeciendo muchos de los déficits democráticos de la Policía de la dictadura.

Torturas y delincuencia común más allá del franquismo

En 1982, ya con el PSOE en el poder, José Barrionuevo fue nombrado ministro del Interior. Había sido concejal socialista de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid y había mantenido contactos estrechos con el anterior ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, cuando este era gobernador civil de Madrid. Barrionuevo mantuvo la política antiterrorista de UCD, conservando a casi todos los agentes y altos mandos de los anteriores Gobiernos. De hecho, Amnistía Internacional denunció en 1983 que en las comisarías se «seguía aplicando la detención prolongada en régimen de incomunicación».

En 1984, la revista Tiempo publicó un artículo en el que se acusaba al Gobierno de haber premiado a veinte policías denunciados por torturas, entre los que se encontraban Juan Luis Menéndez Moreno y Ricardo Sánchez Fernández, implicados en el caso de torturas al militante de ETA Joseba Arregi (1981), y Amador Miralpeix del Pino y José Manuel Ortiz Prieto, acusados de torturar al policía en excedencia José Manuel Castán Belmonte, que murió a causa de los golpes recibidos[58].

En 1985, varios torturados por la Policía franquista enviaron una carta al presidente del Gobierno, Felipe González, pidiendo el cese de Jesús Martínez Torres, comisario general de Información de Zaragoza y antiguo miembro de la BPS. Los remitentes denunciaban que, con este hombre al frente de la Policía, «no es, precisamente, la mejor garantía de que tan execrables prácticas como las que denunciamos no se sigan produciendo»[59]. Sin embargo, Barrionuevo mantuvo en sus puestos a Martínez Torres y a otros alegando que en los atestados policiales no aparecía ninguna información sobre las torturas y que todo era «un invento de los terroristas de ETA»[60].

Pese a que fueron aprobadas ciertas normativas que perseguían la democratización de la Policía, las prácticas franquistas se mantuvieron más allá de los años ochenta y noventa. La corrupción policial saltó a la escena púbica a principios de los años noventa a raíz de los diversos casos de «mafia policial» que se produjeron en Valencia, Madrid y Sevilla. En Valencia, de 1974 a 1987, operó una red de policías relacionada con la Brigada de Estupefacientes dirigida por el agente Antonio López Santisteban, que estaba en contacto con los narcotraficantes Antonio Gressa Gómez, El Maño, y su hermano Ángel, a quienes se protegía a cambio de suculentas sumas de dinero[61]. El fiscal pidió para López Santisteban cuatro años de cárcel por prevaricación[62], pero solo cumplió una parte de la condena.

Sin embargo, uno de los actos de corrupción policial más conocidos en los años ochenta fue el «caso Nani», la primera «desaparición forzada» a manos de las Fuerzas de Seguridad en la democracia española. Santiago Corella Ruiz, El Nani, era un delincuente común que se dedicaba principalmente al robo de joyerías. El 12 de noviembre de 1983 fue detenido junto con Ángel Manzano Rubio y Soledad Montero, y fueron acusados de robar la joyería Payber, en la madrileña calle Tribulete, y de matar a su dueño. El Nani había sido detenido anteriormente por robar otra joyería en Benafarces (Valladolid), de la que, supuestamente, se llevó 48 millones de pesetas en oro. Sin embargo, la Policía no encontró el botín, de manera que en agosto de 1983 salió en libertad.

Tras su detención, El Nani, Manzano y Montero fueron trasladados a las dependencias de la DGS en Madrid, donde se les aplicó la Ley Antiterrorista. Fueron torturados para arrancarles una confesión, pero ellos no dijeron nada. Se sabe que a El Nani lo vistieron con un mono azul de mecánico y que se lo llevaron hasta un descampado situado junto a la carretera de Canillejas a Vicálvaro, a fin de recuperar —según la versión de los agentes— unas armas e identificar al gitano que se las había vendido. Tres horas después se dio aviso de su desaparición y fueron alertadas todas las comisarías del país. A los seis meses se pidió la colaboración de la Interpol[63].

Al principio se afirmó que El Nani se había escapado; luego que lo dispararon y que fue enterrado en cal viva; también que sufrió un infarto a causa de las torturas… Lo que era evidente es que la investigación estaba llena de irregularidades. Por ejemplo, las firmas de El Nani en los atestados eran falsas, y en el documento de la DGS dedicado a Santiago Corella, aparecía «RIP» sobre el nombre, aunque después fue borrado. Las especulaciones se mantuvieron durante bastante tiempo: que si el cuerpo estaba en la finca del vizconde Jaime Messía Figueroa; que si El Nani colaboraba con la mafia policial; que si lo habían enterrado en Córdoba. El caso es que su desaparición hizo que salieran a la luz diversas corruptelas policiales por las que un buen número de agentes se llenaban los bolsillos con dinero robado. Finalmente, el joyero santanderino Federico Venero, confidente de la Policía, tiró de la manta y señaló directamente al «grupo antiatracos» del Cuerpo. Declaró que varios agentes —dio los nombres— estaban implicados en la mayoría de los robos a joyerías y que se quedaban con gran parte de los botines que recuperaban[64].

Sin embargo, de los policías implicados solo tres fueron condenados por la desaparición de El Nani y por la trama de corrupción, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, que recibieron condenas con penas superiores a veintinueve años. Se les consideró autores de delitos continuados de falsedad y detención ilegal con desaparición forzada, amén de otras penas menores por las torturas infligidas a Ángel Manzano y a Soledad Montero[65].

A inicios de la década de los noventa, en Sevilla, en plena fase de preparativos para la Expo 92, dos inspectores y trece agentes de policía fueron detenidos y acusados de tráfico de drogas, robos, coacciones, tenencia ilícita de armas y falsedad documental (octubre de 1991). Encabezados por los inspectores Pepe Robles y Francisco Climent, parece ser que se quedaban con el dinero y con la droga que hallaban en los registros policiales[66], aunque finalmente todos los integrantes del grupo fueron exculpados por falta de pruebas[67].

Pero, sin duda, el hecho más significativo de los primeros años del Gobierno socialista fue la creación, en el período comprendido entre 1983 y 1987, de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que recibieron la financiación del Estado y el apoyo a sus actividades en la que se denominó «guerra sucia contra ETA». Los GAL estaban integrados por guardias civiles y personas vinculadas a la extrema derecha, y fueron responsables del asesinato de veintisiete personas, diez de las cuales no tenían ninguna relación con la actividad terrorista. También practicaron secuestros y robos, sobre todo en la zona del País Vasco francés. La acción más conocida de los GAL fue el secuestro (1983) de los dos militantes de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala[68]. Sus cuerpos, con síntomas claros de haber sido torturados, no fueron encontrados hasta 1985.

El 4 de diciembre de 1983, los agentes del GAL secuestraron a Segundo Marey, un empresario al que los agentes confundieron con un militante de ETA. Este caso y lo sucedido con Lasa y Zabala hicieron que los diarios Deia, Diario 16 y El Mundo empezaran a investigar sobre sus actuaciones. En enero de 1988, la Audiencia Nacional juzgó al subcomisario José Amedo, acusado de contratar a mercenarios portugueses para llevar a cabo acciones de los GAL, y el 20 de septiembre de 1991 fue condenado a 108 años de cárcel por seis delitos de asesinato frustrado, lesiones, asociación ilícita y falsedad documental. En julio de 1993, tras descubrir que el entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, había utilizado fondos reservados, el juez Baltasar Garzón reabrió el «caso Marey», y el 29 de julio de 1998 fueron condenados el ya exministro del Interior José Barrionuevo (diez años de prisión) y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera (diez años de prisión) por secuestro y malversación de caudales públicos[69]. Tres meses después salieron de la cárcel gracias a un indulto del Gobierno de José María Aznar[70].

Paralelamente, en 1986, la Brigada Político-Social fue sustituida por la Comisaría General de Información (CGI), encargada de la captación, recepción y tratamiento de datos para la seguridad del Estado y el orden público. Se trata de un organismo relacionado principalmente con la lucha antiterrorista, de la que depende la unidad antiexplosivos (TEDAX). Desde su creación, tanto su plantilla como su presupuesto son considerados «información clasificada»[71].

En la actualidad, basta abrir un periódico o escuchar un informativo para saber que estamos asistiendo a uno de los asuntos más turbios de la democracia relacionados con agentes policiales: el «caso Villarejo» y a la famosa «policía patriótica». El excomisario y detective privado José Manuel Villarejo, miembro de la BPS en 1972, está siendo juzgado por espionaje a varias organizaciones políticas (Podemos, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya), por orden del Ministerio del Interior; por realizar trabajos para grandes empresas y bancos, y por destruir información. También se le ha relacionado con el rey emérito y con su amante, Corinna Larsen, de la que consiguió datos comprometedores relativos al monarca. Desde los años noventa, el excomisario Villarejo ha trabajado para diferentes Gobiernos en tramas de corrupción y espionaje de diverso tipo[72].

La «querella argentina» contra los crímenes del franquismo

A medida que los funcionarios públicos que provenían del franquismo se jubilaban con pluses por sus «méritos», e incluso ocupaban puestos relacionados con la seguridad de empresas privadas —Antonio González Pacheco trabajó como jefe de Seguridad de Renault, por ejemplo—[73], sus nombres iban cayendo en el olvido. Sin duda, el régimen democrático quería eludir sus sombras, aunque hubo ciertas excepciones, como el caso de Manuel Ballesteros, que en 1993 seguía siendo jefe de la lucha antiterrorista después de treinta y cinco años de servicio[74].

En los primeros años del siglo XXI, el nacimiento de nuevos colectivos que abogaban por la memoria histórica de los represaliados por el franquismo y la apertura de fosas comunes impulsó un discurso nuevo en defensa de las víctimas de la dictadura, que se hizo eco en los medios de comunicación y en la sociedad en su conjunto[75].

Así, cuando en enero de 2001 el Gobierno de José María Aznar concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al miembro de la Brigada Político-Social Melitón Manzanas, asesinado por ETA en 1968, diversas formaciones de izquierda y nacionalistas criticaron al Ejecutivo del Partido Popular (PP) por otorgar dicha distinción a una persona tan directamente relacionada «con la tortura y con la represión franquista». El entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró que, aunque condenaba los «execrables» hechos que se le imputaban a Manzanas, tal concesión se ajustaba al contenido de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y, de hecho, no ha habido ninguna iniciativa para hacer reversible la condecoración[76].

Durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la movilización por la memoria histórica llegó a su punto álgido con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007[77] y con el juicio a los crímenes del franquismo que encabezó Baltasar Garzón (2008). Sin embargo, la ley, que supuso un paso adelante fundamental para rehabilitar a las víctimas de la dictadura, recibió las críticas de buen número de asociaciones de aquellos que habían sufrido la represión franquista. Varios fueron los motivos aludidos, entre ellos, que no existía en el texto legal ninguna mención a la BPS y que no se declaraba ilegales los juicios del franquismo, sino ilegítimos[78]. Para la mayoría de las organizaciones memorialistas, esta ley era «insuficiente y en muchas ocasiones ni se ha cumplido, como en el callejero con nombre franquista», y no «pide responsabilidades jurídicas penales»[79].

Las asociaciones de víctimas del franquismo decidieron recurrir a los tribunales para conseguir la reparación y acabar con la impunidad de los perpetradores de crímenes de la dictadura. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó, en diciembre de 2006, una denuncia ante la Audiencia Nacional para localizar las fosas donde fueron enterrados centenares de desaparecidos del bando republicano. El juez Baltasar Garzón se encargó de la instrucción del caso, cuyas diligencias se aceleraron a partir de 2008, cuando el magistrado estableció un censo de los desaparecidos enterrados en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936. Dicho censo era necesario para hacer ver que el crimen individual era un método sistemático durante la dictadura y, desde luego, un crimen contra la humanidad, es decir, de carácter imprescriptible. El auto, publicado el 16 de octubre de 2008, hablaba de 114 266 desaparecidos. Del mismo modo, el juez Garzón ordenó la exhumación de diecinueve fosas identificadas, entre ellas, aquella en la que según parece se encuentran los restos de Federico García Lorca[80]. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela criticó a Baltasar Garzón por «arrinconar» la Ley de Amnistía, y en mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitía una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange contra dicho magistrado por un delito de prevaricación. El 14 de mayo de 2010, Garzón fue suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, con el argumento de que había evidencia suficiente de prevaricación al iniciar las investigaciones por los crímenes del franquismo, sabiendo que la Ley de Amnistía se lo impedía. El 23 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo resolvió el procedimiento con la absolución del juez, aunque manifestó que sus tesis eran «erróneas» y no quiso abrir ninguna investigación penal contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo[81].

En ninguna de las resoluciones judiciales relacionadas con la memoria histórica se ha tenido en cuenta ni el papel de la BPS ni las torturas infligidas a los miembros de la oposición en los años cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo. Al menos hasta que se interpuso la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo, presentada el 14 de abril del 2010 por dos familiares de víctimas (Darío Rivas Cando e Inés García Holgado) y la ARMH, que la instruyeron en el Juzgado de lo Federal número 1 de Buenos Aires[82].

Paralelamente, en la primavera de 2010, se creó La Comuna, asociación de antiguos presos del franquismo —principalmente militantes de la LCR, del FRAP, del PCE y de otros grupos de la izquierda radical[83]—, con el propósito de denunciar a los miembros de la BPS que habían llevado a cabo torturas y otros atentados contra los derechos humanos. Las querellas comenzaron a llegar al juzgado bonaerense en 2012 y, en septiembre de 2013, la juez que instruyó el caso, María Servini, pidió a España la extradición de cuatro de los policías acusados de torturas: Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González.

El guardia civil Jesús Muñecas ya había sido condenado por la justicia española a cinco años de cárcel por su participación en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; a González Pacheco se le acusaba de participar en las torturas infligidas a trece personas entre 1971 y 1975[84]; al agente Celso Galván (que fue guardaespaldas de la Casa Real) se le señalaba como uno de los torturadores de Chato Galante, en 1969, y de Acacio Puig Mediavilla, en mayo de 1973, en la DGS; al policía José Ignacio Giralte González se le responsabilizaba de torturar a Chato Galante, en marzo de 1972, y a Alfredo Rodríguez, en febrero de 1975. Los tres últimos policías pertenecían a la BPS[85].

El 5 de diciembre de 2013, dos de los encausados, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas, comparecieron ante la Audiencia Nacional para cumplir con el primer paso del proceso de extradición. El juez Pablo Ruz les informó de la petición y les preguntó si la aceptaban. Ambos se negaron. El 31 de enero de 2014, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la Sala de lo Penal su absolución esgrimiendo dos motivos: en primer lugar, que sus delitos habían prescrito a los diez años de haber sido cometidos, ya que no se consideraban crímenes de lesa humanidad, y en segundo lugar, porque la justicia española tenía preferencia sobre la argentina para juzgar estas cuestiones. El 30 de abril de 2014, la Audiencia Nacional negó la extradición con los mismos argumentos que los fiscales, declarando que las torturas de los policías de la BPS no eran un «ataque sistemático» a una parte de los españoles[86].

En octubre de 2014, la jueza Servini inculpó y pidió la extradición de 22 políticos y militares, de los cuales nueve eran miembros de las Fuerzas de Orden Público y de la BPS. Además de Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas, los otros siete eran:

Jesús González Reglero, que entró en la BPS en 1967 y que ya en democracia, en 1987, pasó a formar parte de la Jefatura Superior de Policía. En 2012 fue nombrado jefe de la comisaría de Policía de Leganés. Se le acusaba de torturas contra los militantes antifranquistas Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar, ambos militantes del PCE, en febrero de 1975, en las dependencias de la DGS.

Ricardo Algar Barrón, que ingresó en la BPS en 1969 y en democracia siguió formando parte de la Policía, siendo ascendido a comisario en 1988. Había sido denunciado por José María Galante, militante de la LCR, por torturas infligidas en 1974.

Félix Criado Sanz, miembro de la BPS en Bilbao desde los años sesenta. En 1967 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. La juez le imputaba haber participado en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya, militante de ETA, detenido el 11 de abril de 1969.

Pascual Honrado, policía franquista en Asturias. En 1967 recibió la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco y en 1969 la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Se le acusaba de torturas contra los militantes del PCE Gerardo Iglesias, en 1974; Vicente Gutiérrez Solís, en 1962 y 1974, y Anita Sirgo, en 1963.

Jesús Martínez, policía de la BPS y acusado de torturar al militante antifranquista José Aznar Cortijo.

Jesús Solsona, miembro de la BPS en Valencia. Durante el franquismo fue denunciado en varias ocasiones por participar en torturas. Fue nombrado jefe superior de Policía de Bilbao y Baleares en 1980 y 1988, respectivamente. La juez le acusaba de haber participado en las torturas infligidas contra los comunistas Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yáñez, el 23 de abril de 1971.

Atilano del Valle, miembro de la BPS, destinado desde los primeros años de los sesenta en Barcelona, donde fue inspector de primera y jefe de grupo de la Brigada de Investigación Social. El 3 de diciembre de 1975 se le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. La juez le imputaba haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa tras su detención en un piso de la Ciudad Condal el 24 de abril de 1971[87].

Ninguno de estos policías ha sido aún reclamado por la justicia española. Aunque la «querella argentina» ha conseguido el reconocimiento público de las víctimas del franquismo, no ha logrado aún sentar a ninguno de los imputados ante un tribunal. En nuestro país, en 2019, La Comuna interpuso querellas contra algunos miembros de la BPS por torturas. En total, se presentaron 34 denuncias: tres en Asturias, seis en Valencia, ocho en Guipúzcoa y doce en juzgados madrileños[88]. González Pacheco se convirtió en uno de los principales objetivos de los querellantes. Los medios de comunicación —como el programa La Sexta Columna, en 2015— han hecho reportajes sobre su figura[89]. En septiembre de 2018, varias asociaciones de víctimas hicieron un escrache en su casa para pedir que fuera juzgado, a imitación de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, que consiguieron que los criminales de la dictadura militar de su país se sentaran en el banquillo de los acusados ante un tribunal democrático[90]. El 7 de mayo de 2020, Antonio González Pacheco murió por coronavirus sin haber sido juzgado. El 11 de junio, el Congreso aprobaba, por 206 votos a favor, la abstención del PP y el voto en contra de Adolfo Suárez Illana y de Vox, la retirada de las medallas a Billy el Niño[91]. La democracia llegó demasiado tarde.

A modo de epílogo

Meses después de publicar mi libro Los hijos del 20-N, en 1993, dos policías me citaron anónimamente en un restaurante para venderme documentos sacados de los archivos de la antigua Brigada Político-Social (BPS). Su procedencia era tan oscura como mis interlocutores: según me dijeron, los archivos de la BPS de su comisaría habían quedado apilados en un rincón y olvidados; ahora los tenían en su poder y pretendían venderlos por varios millones de pesetas. Mi negativa fue rotunda, y mi explicación, sencilla: en el mejor de los casos, aquellos papeles darían para varios reportajes en algún semanario, pero quedaba todo el trabajo por hacer, esto es, contrastar los datos, los nombres, completar informaciones, contextualizar las historias… No les gustó nada mi desinterés. Les di el teléfono de mi editora por si querían ofrecerle la mercancía y nunca más supe de ellos.

Documentos como aquellos, por muy valiosos que parecieran, no eran más que papeles a los que les faltaba el trabajo concienzudo de un historiador paciente, intencional y sistemático. Un historiador como Pablo Alcántara.

Los métodos de la BPS, su historia y su realidad —con nombres y apellidos— quedan desvelados en esta apasionante investigación. La represión organizada, con sus leyes, militares, jueces, guardias civiles y policías, fue una maquinaria perfectamente engrasada desde la Guerra Civil con el fin de eliminar a quienes denominaban la «anti-España», esto es, el enemigo interior subversivo, que aglutinaba a todos los opositores al franquismo. Y en esta estructura represiva, la BPS desempeñó un papel fundamental, ya que sus miembros —«núcleo duro» del régimen— se identificaban ideológicamente con la dictadura.

La investigación de Pablo Alcántara cubre un espacio que estaba vacío: la Brigada Político-Social, la «guardia pretoriana» del régimen franquista, asunto sobre el que apenas hay bibliografía y, si la hay, siempre muy sesgada o parcial. ¿Cómo es esto posible después de cuarenta y seis años de democracia? El autor aduce varias razones: el secretismo de los archivos, las dificultades para consultarlos, determinadas leyes restrictivas^ Sin embargo, desde el punto de vista de quien esto escribe, existe una razón política por encima de todas: es otro de los precios de la Transición, ese período histórico donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y muy especialmente en el caso español, cuando lo viejo cambió de uniforme, de imagen, y se adaptó a lo nuevo sin pagar ningún peaje. Los historiadores, por lo general, prefirieron tocar otros temas del largo franquismo, menos cercanos en el tiempo.

Tras la muerte del dictador se trazó una línea de continuidad. Basta comprobar algunos datos sobre la represión ofrecidos por el fiscal del Tribunal Supremo en su Memoria de 1978 y que jamás volvieron a publicarse en informes posteriores. Durante 1977 tuvieron lugar 1028 manifestaciones públicas, de las cuales 788 (el 77 %) fueron disueltas por las Fuerzas de Orden Público. Además, se contabilizaron 1305 concentraciones, 430 encierros, 408 asambleas, 79 ofensas a la bandera nacional, 258 exhibiciones de banderas republicanas, 273 motines en cárceles y 44 ocupaciones de locales oficiales. Por estos actos fueron detenidas 4394 personas[1]. Como dato ilustrativo de la tensión creciente, un año antes, en 1976, el Tribunal de Orden Público (a punto de convertirse en Audiencia Nacional) había abierto 4795 sumarios, 2413 más que en 1974 (2382). Se trataba de controlar la calle y cortar de cuajo las movilizaciones, mientras en los altos despachos se negociaba una salida política sin romper con el pasado. Fue lo que denominaron una «ruptura pactada».

En 1977, la incertidumbre ante los pactos y silencios oficiales se mezclaba con una sensación de improvisación política. Acción-reacción. Las elecciones del 15 de junio dieron la victoria a la UCD. Adolfo Suárez formó nuevo Gobierno. Se abrió el periodo constituyente y se firmaron los Pactos de la Moncloa. Después de aquel verano, la Transición siguió su cadena de pactos y de sangre.

Para seguir enriqueciéndose, los reformistas del aparato franquista embarcados en el proceso hicieron desplegar conscientemente una violencia con un claro objetivo político: mantener su poder y su orden. Esa violencia fue organizada, alentada, inspirada, consentida e instrumentalizada desde las instituciones del Estado a dos niveles: 1) desde el corazón del aparato de Estado, a través de funcionarios en activo que disponían de medios y armamento para ejercer la violencia, y 2) desde instituciones legales del Estado que participaban de la superestructura del poder: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos.

Así lograron frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto que les convenía, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito del régimen franquista a la democracia parlamentaria con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente. La forma peculiar en que se realizó esta transición impidió que el Nuevo Estado rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública se incorporaron al naciente régimen sin apenas haber sido reformados, contentos por la Ley de Amnistía que les facilitó la izquierda.

Desde la Audiencia Nacional se aplicó una individualización de las causas abiertas por los asesinatos terroristas de ultraderecha. Todos los crímenes fueron obra de «grupos armados», compuestos exclusivamente por los miembros que se sentaban en el banquillo. Esta visión se aplicó en los casos de la «matanza de Atocha», en el de la revista El Papus, en el de Yolanda González, en el del Frente de la Juventud, en el del Batallón Vasco Español (BVE), en el del Ejército Español de Liberación… Todos ellos se consideraron o bien «acciones violentas aisladas», realizadas por los Guerrilleros de Cristo Rey (asesinato de Arturo Ruiz), por ultras disgustados (San Bao, Arturo Pajuelo, El Largo Adiós.), o bien como acciones que desencadenaron agresiones sin «objetivos políticos» (Miquel Grau, Jorge Caballero, Andrés García, Vicente Cuervo).

Como señalo en La transición sangrienta, en ocho años, desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1983, en que aparecieron los GAL desde las cloacas del Estado, la Transición española se cobró, entre muertos y heridos, más de 2663 víctimas por violencia política. De ellas, un total de 591 personas perdieron la vida, de las cuales 188 murieron en actos de violencia de origen institucional, incluidos los 54 muertos a manos de la Policía en manifestaciones (las más famosas fueron los «sucesos de Vitoria» de 1976, los Sanfermines de 1978 y las Diadas de Barcelona de 1976 y 1977).

La represión para controlar la calle se combinó con las acciones de terrorismo selectivo. Se trataba de crear el miedo. A través de «tramas negras» se permitieron y organizaron atentados y operaciones de castigo en los que participaron organizaciones legales como FE-JONS, el Frente de la Juventud, la Hermandad de la Guardia de Franco o Fuerza Nueva. Impunidad total. Ese es el balance.

En estas «tramas» estuvieron implicados o relacionados policías en activo, exmiembros de la BPS reenganchados en la Brigada de Información. En algunos sumarios salieron a la luz hechos y nombres que dejaban un rastro que jamás fue investigado pero que desvela su modus operandi. Veamos algunos ejemplos. Después del asesinato de Arturo Ruiz (23 de enero de 1977), el confidente «ultra» José Ignacio Fernández Guaza se refugió en la sede de la Brigada de Información —antes BPS—, desde donde huyó de la acción de la justicia con suma facilidad. También el dueño de la pistola que mató a Arturo, el argentino Jorge Cesarsky, colaboraba con los servicios de información de Eduardo Blanco, director general de la DGS. El famoso Billy el Niño y otro exmiembro de la BPS estuvieron estrechamente relacionados con la matanza de los abogados de Atocha (24 de enero del mismo año) y, aunque el juez instructor no aceptó su encausamiento, tuvieron que declarar en el juicio. Las «tramas negras» de la Policía aparecen también en diversos sumarios del Batallón Vasco Español y de los neofascistas italianos refugiados en España que realizaron atentados. Dos miembros de la extinta BPS torturaron hasta la muerte al etarra Joseba Arregi (febrero de 1981), lo que no les impidió seguir con éxito su carrera dentro de la Policía. Las conexiones policiales en el asesinato de Yolanda González (1 de febrero de 1980) jamás fueron investigadas.

Las víctimas casi siempre fueron personas jóvenes a quienes oficialmente arrebataron la vida conocidos comandos de «incontrolados». Murieron por disparos de pistolas reglamentarias, botes de humo lanzados a corta distancia, puñaladas, paquetes-bomba… Eran estudiantes y trabajadores jóvenes que se movilizaron con optimismo por la libertad y la democracia, y que después fueron silenciados por la propaganda oficial. A muchos de ellos ni siquiera se les ha reconocido como víctimas del terrorismo. Los muertos y los heridos están aquí, duelen, y constituyen el auténtico precio de la Transición democrática en España. Forman parte de la verdad y pueden morir por segunda vez con el silencio y el olvido. Porque lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad.

Existe un hilo conductor desde 1975 hasta mediados de los años ochenta. El engranaje de la represión se actualizó al ritmo que lo hacía el Código Penal y los antiguos policías de la BPS pasaban a engrosar las filas de la Brigada de Información. Los torturadores fueron amnistiados o premiados, pero sus métodos perduraron incluso bajo el Gobierno socialista de Felipe González. El 5 de noviembre de 1984, ya en plena democracia, publiqué un reportaje en la revista Tiempo titulado «La lista de policías acusados de tortura premiados por Barrionuevo», donde se demostraba que las viejas prácticas seguían en ciertas comisarías y brigadas. Los golpes, la mesa, el quirófano, las palizas técnicas… La Dirección General de la Policía no tardó mucho en presentar una querella que no prosperó: las pruebas documentales eran incontestables.

A pesar de las jubilaciones y de los decesos propios de la edad, los más conocidos exmiembros de la BPS continuaron trabajando al servicio del Estado: el «superagente» Conesa, Martínez Torres, González Pacheco, Ballesteros y otros jugaron un papel relevante en la Policía con el pretexto de que eran grandes especialistas en terrorismo. La «guardia pretoriana» del régimen de Franco se adaptó a las nuevas normas democráticas sin que nadie cuestionara su papel en la represión y en el dolor infringido, durante cuatro décadas, a los verdaderos demócratas.

Ahora, en este libro apasionante y cristalino, el historiador Pablo Alcántara ha sabido desvelar su realidad siniestra, la práctica de estos funcionarios, el verdadero rostro de la Policía política de Franco. La suya es una investigación necesaria para conocer la verdad, reflexionar y profundizar en los hechos, porque, como escribió Cervantes, la verdad siempre ha de saltar sobre la mentira como el aceite sobre el agua.

MARIANO SÁNCHEZ SOLER

Agradecimientos

Quiero agradecer que este libro haya salido a la luz, en primer lugar, a mi bisabuelo José Muñoz Muñoz, alcalde republicano de Valle de Abdalajís (Málaga), que huyó a Francia para no ser represaliado por el franquismo. Gracias a su historia comencé a interesarme por lo que había ocurrido en mi país durante la Guerra Civil y el franquismo, por recuperar la memoria histórica de sus víctimas, por el estudio de la represión franquista y por sacar a la luz los testimonios de todos aquellos que habían luchado contra la dictadura. También quiero dar las gracias a mi profesor de Historia de bachillerato en el Instituto La Luz (Avilés, Asturias), José María, por darme las armas de la teoría histórica necesaria para comprender todas mis pretensiones. Gracias a él me embarqué en esto de estudiar el pasado.

Gracias, cómo no, a mis padres, Ramón e Inés, y a toda mi familia. Sin el apoyo familiar no creo que hubiera llegado hasta aquí. Ellos han respaldado y respetado todas mis decisiones personales y me han dado apoyo moral y económico para seguir adelante. Ellos me han respetado mis inquietudes, mis ganas de seguir el estudio de la historia y la pasión por la investigación. Gracias por darme las alas para volar, padres. Me acuerdo mucho de mi abuelo Diego, que tantas historias de sacrificio y trabajo duro durante el franquismo me contó y que me han servido de guía para mis trabajos.

Gracias a todos mis amigos, tanto de Asturias como de Madrid, por los ánimos que me han dado, especialmente a Mauro, Víctor, Sandra, Jose, Jano, Martín, Lucía, Enol, Laura, Uri, Juan, Celia, Ana, Eloy, Vane, Lucas, Raúl, Alfonso, Óscar, Ale, Alberto, Diego, Sara, Viviana, María, Xandru, Raquel, Cristian, Borja, Agudín, Manu, Simón, Lucas, Galán, Gemma, Quico, Alejandro, Nuria, Bea, Jandro, Graci, Yasmina y Anahí. Os quiero.

Gracias a mis compañeros de organización por acompañarme en estos años, por ayudarme a comprender el mundo y a luchar por transformarlo. Gracias a mis compañeros de universidad, tanto de Oviedo como de la Autónoma de Madrid, por compartir conmigo la pasión por la historia.

A mi director y codirector de tesis, Álvaro Soto Carmona y Fernando Hernández Sánchez, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, por ayudarme a elaborar mi investigación y este libro, y por darme consejos para llevarlos a buen término. Y a la editorial Espasa, especialmente a Lola Cruz por su interés y por ayudarme a que este libro saliera adelante y a Javier Ponce.

También a historiadores e investigadores que se han convertido en mis maestros y amigos, como Pablo Martínez, Sergio Gálvez, Enrique Alejandre, Rubén Vega, Julio Gomáriz, Julián Vadillo, Juan Antonio Ríos, Víctor Aparicio, Xulio García, Antonio Segovia y Romina Criado, que me aportaron documentación, libros y consejos para mi tesis doctoral. Por enseñarme a ser un buen historiador y una persona comprometida con el estudio de la historia. Gracias por guiarme en este camino y por revisar mi trabajo.

Gracias a los archiveros por su ayuda. En especial a Henar, Isabel, Felipe, Violeta, Elisa, Eva, Bea y Noelia. Espero trabajar con ellos muy pronto.

Mención especial merece Mariano Sánchez Soler, periodista y doctor en historia con su tesis doctoral «La violencia institucional durante la Transición española. Terrorismo involucionista, represión policial y guerra sucia (noviembre, 1975-diciembre, 1983)», que ha escrito el epílogo de este libro. Gracias a sus trabajos quise ser historiador y me atendió amablemente en su casa de Alicante cuando comenzaba a escribir mi tesis. Me aportó numerosa documentación de vital importancia.

También deseo mostrar mi agradecimiento al dibujante y documentalista Alberto Vázquez García, por dejarme participar en su novela gráfica Los llazos colloraos sobre la lucha antifranquista en Asturias. A la escritora Inés Iglesias Martínez, con la que colaboré y escribí el prólogo de su novela Las voces del ayer, sobre la historia de su abuelo, minero antifranquista. Gracias a Lucas Marco, periodista valenciano de elDiario.es, con el que he escrito una serie de artículos sobre el policía Roberto Conesa y que me ayudó a elaborar mi tesis. También al investigador Juan José del Águila, que me permitió consultar sus ejemplares de los Boletines Informativos de Investigación Social en su casa (ahora están colgados en su blog «Justicia y Dictadura»).

Por último, quiero hacer llegar mi agradecimiento a todos los luchadores antifranquistas, hombres y mujeres, que dieron su vida en la lucha por la libertad. He tenido el privilegio de entrevistar a unos cuantos —en la parte final de este libro aparecen sus nombres—, pero con muchos otros no he podido hablar. Quiero hacer una mención especial a Chato Galante, militante antifranquista de la Liga Comunista Revolucionaria y uno de los impulsores de la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo, fallecido el 28 de marzo de 2020 por coronavirus. Tuve el placer de entrevistarle en varias ocasiones y pudimos trabar una cordial amistad. Un mes después, el 7 de mayo de 2020, murió su torturador, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sin ser juzgado.

Y una última mención especial a Fausto Sánchez García y Aquilino Fernández, apodado Aquilino de Polio, mineros y militantes comunistas asturianos, y a Julio Diamante, cineasta y militante del PCE en Madrid en los años cincuenta, fallecidos el 31 de marzo, 16 de mayo y el 1 de agosto de 2020, respectivamente. Espero que esta investigación sea un homenaje a la memoria de todos ellos. Gracias por mantener viva la llama de la lucha antifranquista y la memora histórica. Sin vosotros, este trabajo no existiría.

Anexos

Relación de siglas

AEM: Alto Estado Mayor.

ARMH: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

BIA: Boletín de Información Antimarxista.

BIS: Brigada de Investigación Social.

BPS: Brigada Político-Social.

BVE: Batallón Vasco Español.

CC OO: Comisiones Obreras.

CC OO JJ: Comisiones Obreras Juveniles.

CGI: Comisaría General de Información.

CGP: Cuerpo General de Policía.

CMA: Comité de Milicias Antifascistas.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo.

CRS: Compañías Republicanas de Seguridad.

DGS: Dirección General de Seguridad.

ETA: Euskadi Ta Askatasuna.

FAI: Federación Anarquista Ibérica.

FLP: Frente de Liberación Popular.

FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

FUDE: Federación Universitaria Democrática Española.

FUE: Federación Universitaria Escolar.

GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación.

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.

HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica.

JOC: Juventud Obrera Cristiana.

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas.

LCR: Liga Comunista Revolucionaria.

MC: Movimiento Comunista.

MPAIAC: Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario.

MSC: Movimiento Socialista de Cataluña.

OCN: Organización Contrasubversiva Nacional.

ORT: Organización Revolucionaria de los Trabajadores.

OSE: Organización Sindical Española.

OSO: Oposición Sindical Obrera.

PCE: Partido Comunista de España.

PCE (m-l): Partido Comunista (marxista-leninista).

PCR: Partido Comunista Revolucionario.

PIDE: Policía Internacional e de Defesa do Estado.

PNV: Partido Nacionalista Vasco.

POU: Policía de Orden Universitaria.

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

PST: Partido Socialista de los Trabajadores.

SCOE: Servicio de Coordinación, Organización y Enlace.

SECED: Servicio Central de Documentación.

SEU: Sindicato Español Universitario.

SIFNE: Servicio de Información del Nordeste de España.

SIPM: Servicio de Información y Policía Militar.

SPCSP: Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía.

SUP: Sindicato Unificado de Policía.

TOP: Tribunal de Orden Público.

UCD: Unión de Centro Democrático.

UED: Unión de Estudiantes Demócratas.

UJCE: Unión de Juventudes Comunistas de España.

UMD: Unión Militar Democrática.

UNE: Unión Nacional Española.

USP: Unión Sindical de Policía.

Siglas de archivos

AGA: Archivo General de la Administración.

AGHD: Archivo General e Histórico de Defensa.

AGMA: Archivo General Militar de Ávila.

AGMI: Archivo General del Ministerio del Interior.

AHA: Archivo Histórico de Asturias.

AHN: Archivo Histórico Nacional.

AHPCE: Archivo Histórico del PCE.

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica.

FNFF: Fundación Nacional Francisco Franco.

Entrevistas personales

Militantes del PCE y de CC OO

JULIO DIAMANTE. Militante comunista y director de cine. Comenzó los estudios de medicina y fue director de teatro en la universidad. En 1954 comenzó su militancia antifranquista en el PCE. En 1961 acabó sus estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Ha dirigido varias películas, como Los que no fuimos a la guerra (1962) o Tiempo de amor (1964). Es director del Festival de Benalmádena.

GERARDO IGLESIAS ARGÜELLES. Minero y dirigente comunista. Militante del PCE desde principios de los años sesenta. Fue detenido varias veces por dirigir huelgas y formar CC OO y encarcelado. En 1973 fue elegido miembro del Comité Central del PCE; en 1976, secretario general de CC OO Asturias, y en 1978, secretario general del Partido Comunista de Asturias (PCA). En 1982 fue elegido secretario general del PCE, llevando a cabo la fundación de Izquierda Unida en 1986.

VICENTE GUTIÉRREZ SOLÍS. Minero y militante comunista asturiano. Dirigente del PCE en la minería, fue desterrado de Asturias en 1962 y detenido en varias ocasiones en los años sesenta y setenta. Dirigente del PCA, fue concejal en Sama (Asturias) en el primer Gobierno democrático en 1979.

LAUDELINO SUÁREZ IGLESIAS. Minero y militante comunista asturiano. Entró a militar en el PCE a principios de los años sesenta. Participó en las huelgas de 1962.

AQUILINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, AQUILINO DE POLIO. Minero y militante comunista asturiano. Siendo niño, fue enlace de la guerrilla en los años cuarenta. Después comenzó a trabajar en la minería y en el PCE. Participó en las huelgas 1962 y fue detenido en varias ocasiones.

ANITA SIRGO SUÁREZ. Militante comunista asturiana. Su padre fue soldado durante la República y guerrillero antifranquista. Su madre estuvo en el campo de concentración de Figueras. Se casó con el militante comunista Alfonso Braña y a principios de los sesenta empezó a militar en el PCE. Participó en los piquetes de mujeres durante la huelgona de 1962. En 1963 fue detenida, torturada y le raparon el pelo. En 1965 huyó de la Policía y se exilió en Francia. Fue elegida miembro del Comité Central del PCE. En 1966 regresó a España, donde fue juzgada. Pasó cuatro meses en la cárcel. Después siguió en la lucha clandestina. Fue una de las impulsoras del PCE en las cuencas mineras asturianas durante la Transición. En la actualidad es una de las denunciantes en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

FRANCISCO PRADO ALBERDI. Militante del movimiento obrero asturiano y de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) a principios de los años sesenta, participando en las huelgas mineras. Militó en el PCE (i) y en CC OO, de donde fue dirigente durante la Transición y en los años ochenta.

PRIMITIVA SÁNCHEZ FAES, PRIMI. Militante comunista y mujer de minero. Participó en los piquetes de mujeres durante las huelgas 1962 y 1963.

PILAR ALONSO CACHERO. Participó en las luchas contra la dictadura tras la detención de su marido y de varios familiares.

AGUSTÍN BERMÚDEZ, TINO TARZÁN. Participó en las huelgas de los años sesenta y en el asalto a la comisaría de Mieres. Militante del PCE y de CC OO durante la Transición.

JUANA PRIETO FERNÁNDEZ, JUANITA. Su marido fue detenido y preso en la cárcel de Cáceres. Participó en el asalto a la comisaría de Mieres y en la militancia clandestina en el PCE.

MARÍA LUISA VIGIL ÁLVAREZ, TAINA. Comenzó a militar a principios de los años sesenta en el PCE. Participó en el asalto a la comisaría de Mieres.

DOLORES NEILLEY. En su época universitaria, en 1968, comenzó a militar en el PCE, por lo que fue detenida y torturada. En los años setenta se marchó a Australia, donde milita en plataformas ecologistas y en los Verdes.

Militantes del PCE (marxista-leninista) y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)

MANUEL BLANCO CHIVITE. Periodista y militante en el PCE (m-l) durante sus años universitarios. En 1970 fue detenido por primera vez; en 1975 volvió a ser arrestado y condenado a muerte, aunque la pena se le conmutó con la Ley de Amnistía de 1977. Tras salir de prisión, fue uno de los principales dirigentes del PCE (m-l) y fundador de la Agencia de Prensa de España Popular. Creó la editorial El Garaje y es uno de los fundadores de La Comuna, la asociación de presos del franquismo impulsora de la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

PABLO MAYORAL. A finales de los años sesenta comenzó su militancia en el PCE (m-l) mientras trabajaba de albañil. En 1975 fue detenido, encarcelado y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por treinta años de cárcel. Tras su salida de prisión en 1977, fue uno de los dirigentes del PCE (m-l) hasta su disolución en 1991.

Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR)

JOSÉ MARÍA GALANTE. Durante su época universitaria, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, comenzó a militar en el Frente de Liberación Popular (FLP) y en la LCR. Fue detenido y encarcelado varias veces. Durante la Transición, perteneció al Comité Central de la LCR. Participó en diversas plataformas ecologistas. Fue uno de los impulsores de La Comuna y de la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

FELISA ECHEGOYEN. Militante trotskista madrileña. Mientras trabajaba como administrativa en una fábrica, se unió a la LCR y a CC OO. Fue detenida y torturada en varias ocasiones. Ha denunciado a Billy el Niño en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

LUIS SUÁREZ CARREÑO. Militante madrileño de la LCR durante su época universitaria. Fue detenido y torturado en varias ocasiones. Es uno de los denunciantes en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

JESÚS RODRÍGUEZ. Militante trotskista madrileño en la LCR. Durante la Transición siguió participando en dicha organización. Es uno de los denunciantes en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo. Escribe artículos en la revista Viento Sur.

Militantes de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE):

JOSÉ DEL VALLE LAVANDERA. Comunista asturiano. A principios de los años setenta militó en la UJCE, por lo que fue detenido, torturado y encarcelado. Durante los años de la Transición, fue miembro del Comité Central de las UJCE en Asturias.

MARÍA RUMIN. Militante comunista madrileña de la UJCE, de la que se hizo miembro en 1973, por lo que fue detenida y torturada. Participa en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

MARISOL RODRÍGUEZ. Militante comunista madrileña. Pasó de los movimientos cristianos de base a la organización juvenil comunista en 1973. Denunciante en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

ALFREDO RODRÍGUEZ. Militante comunista madrileño, miembro de la UJCE desde principios de los años setenta. Fue dirigente de varias células en Madrid. Denunciante en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

PACA PÉREZ. Comunista madrileña y miembro de la UJCE a principios de los años setenta. Denunciante en la «querella argentina» contra los crímenes del franquismo.

Militantes de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC):

SEVERINO ARIAS MORILLO. Minero y dirigente del cristianismo de base asturiano. Participó en las huelgas de 1962 como miembro de la HOAC. Dirigente de la Comisión de Despedidos en 1964. Fue detenido durante el asalto a la comisaría de Mieres.

Militante del Sindicato Unificado de Policía (SUP):

JOSÉ TEJERO DÍAZ. Nacido en Granada, aunque trabajó en Sevilla. Policía nacional desde 1975 y militante del SUP desde sus orígenes en 1977. También es militante del PSOE.

Cronología

18 de julio de 1936. Diferentes jefes militares se sublevan contra la República, iniciando un golpe de Estado que fracasa y da paso a la Guerra Civil. Franco se rebela en Canarias, pasando pronto a Marruecos.

30 de septiembre de 1936. Franco es nombrado jefe del Estado y Generalísimo de todos los Ejércitos.

20 de abril de 1937. Formación de la Oficina de Propaganda Anticomunista.

9 de agosto de 1937. Fundación del Servicio de Información Militar.

30 de noviembre de 1937. Se instituye el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM).

1 de enero de 1938. Bando por el que se reestructura el aparato policial franquista, en Valladolid.

27 de mayo de 1938. Se crea la Delegación de Servicios Especiales y Recuperación de Documentos.

31 de julio de 1938. Se firma el convenio policial entre la Dirección General de Seguridad y la Gestapo.

30 de septiembre de 1938. Se organiza la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad y se restablece la Escuela de Policía Española.

9 de febrero de 1939. Se promulga de la Ley de Responsabilidades Políticas.

1 de abril de 1939. Fin de la Guerra Civil con victoria del bando franquista.

18 de abril de 1939. Se cita por primera vez a la Brigada Político-Social (BPS) en el periódico La Vanguardia.

26 de abril de 1939. Se promulga una orden general para acabar la depuración de todos elementos republicanos de la Policía.

20 de mayo de 1939. Comienzan a publicarse los Boletines de Información Antimarxista. A partir de 1945 se llamarán Boletines Informativos de Investigación Social.

2 de marzo de 1940. Se aprueba la Ley para la Represión de la Masonería, el comunismo y otras sociedades secretas.

13 de octubre de 1940. Las autoridades policiales españolas, con ayuda de la Gestapo, detienen del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, en Francia.

19 de octubre de 1940. Heinrich Himmler, jefe de las SS, visita España y se reúne con las autoridades policiales franquistas.

8 de marzo de 1941. Se aprueba la Ley de Policía, con la que se oficializa la Brigada Político-Social.

11 abril de 1941. Se promulga la Ley de Seguridad del Estado.

9 de marzo de 1942. Se publica la orden general por la que los miembros de la BPS deben obedecer los principios del Movimiento Nacional.

18 de abril de 1947. Se aprueba la Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo para reprimir el movimiento guerrillero.

1948. Finaliza del estado de guerra. La oposición antifranquista que provenía de la República es prácticamente eliminada.

26 de septiembre de 1953. Se firma el Mutual Defense Assistance Agreement with Tax Relief Annex and Interpretative Note in Regard to Tax Relief Annex entre España y Estados Unidos. Los norteamericanos comienzan a enviar ayuda militar y policial al Gobierno franquista. Agentes de la BPS reciben cursos del FBI y de la CIA.

10 de febrero de 1956. Se promulga el primer estado de excepción tras las movilizaciones estudiantiles en Madrid.

31 de julio de 1959. Se aprueba la Ley de Orden Público, con la que se regularizan los estados de excepción.

4 de mayo de 1962. Se promulga el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa por las huelgas obreras.

2 de diciembre de 1963. Se crea el Tribunal de Orden Público (TOP), tribunal civil que se encargará de juzgar los delitos políticos.

12 de marzo de 1965. Se produce el asalto a la comisaría de Mieres por parte de mineros y mujeres que se enfrentan a las Fuerzas de Orden Público en las calles.

15 de marzo de 1965. Muere tiroteado por la Benemérita José Castro Veiga, O Piloto, el último guerrillero en activo, en el embalse de Belesar (San Fiz de Asma, Lugo).

16 de febrero de 1967. El Tribunal Supremo ilegaliza las Comisiones Obreras.

27 de enero de 1968. Se crea la Policía de Orden Universitaria (POU).

2 de agosto de 1968. ETA atenta contra Melitón Manzanas, jefe de la BPS en San Sebastián.

25 de octubre de 1968. Los servicios secretos y policiales ponen en marcha el «Plan Canadá» para vigilar la actividad de los estudiantes antifranquistas.

17 de enero de 1969. Se produce la detención y la muerte, a manos de la Policía, de Enrique Ruano en Madrid. El 24 de enero se implanta por primera vez el estado de excepción en todo el país por las movilizaciones que se producen a raíz del suceso.

21 de julio de 1970. La Policía de Granada asesina a tres obreros.

4 de agosto de 1970. Se aprueba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

9 de febrero de 1971. Se crea la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN).

13 de septiembre de 1971. La Guardia Civil mata por la espalda al obrero madrileño Pedro Patiño, militante de CC OO y del PCE.

10 de marzo de 1972. La Policía asesina a dos trabajadores en las manifestaciones en El Ferrol.

24 de junio de 1972. Se detiene a la dirección de CC OO en el convento de los Padres Oblatos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En diciembre de 1973 se les juzga en el conocido «Proceso 1001».

20 diciembre de 1973. ETA mata a Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno.

13 septiembre de 1974: ETA atenta en la cafetería Rolando (Madrid), frecuentada por miembros de la BPS.

26 de agosto de 1975. Se promulga el Decreto Ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo.

27 de septiembre de 1975. Se producen los últimos fusilamientos del régimen franquista. Dos meses después, el 20 de noviembre, muere el dictador.

15 de octubre 1977. Se aprueba la Ley de Amnistía, por la que se «perdonan» los delitos de los policías franquistas.

4 de diciembre 1978. La Brigada Político-Social se disuelve, pero sus miembros siguen en la Policía democrática.

Fuentes y bibliografía

Fuentes documentales:

Boletines de Investigación Social en el Archivo Histórico Nacional.

Boletines de Información Antimarxista en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Expedientes personales de miembros de la BPS en el Archivo del Ministerio del Interior.

Consejos de guerra en el Archivo Histórico de Defensa.

Juicios del TOP en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Información de Gobiernos Civiles de Asturias y Madrid en el Archivo Histórico de Asturias y en el Archivo General de la Administración.

Información del Gabinete de Enlace en el Archivo General de la Administración.

Información de la Dirección General de Seguridad en el Archivo General de la Administración.

Información de la oposición antifranquista y organizaciones de izquierdas durante la Transición en el Archivo Histórico del PCE, Fundación 1.º de Mayo, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Largo Caballero, Fundación Salvador Seguí, web de la LCR y PCE (m-l)

Artículos de la revista Policía, de Interviú, de la prensa en Archivo Municipal Conde Duque, Biblioteca Nacional y hemerotecas digitales.

Bibliografía de referencia:

Águila Torres, Juan José del, El TOP: la represión contra la libertad, Planeta, Barcelona, 2001.

Aguilar, Paloma y Payne, Leigh, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, Taurus, Madrid, 2018.

Aguilera Marcual, Gemma, Agente 447, el hombre que detuvo a Lluís Companys, RBA, Barcelona, 2013.

Alcántara Pérez, Pablo, La lucha contra el franquismo en Asturias, Fundación Federico Engels, Madrid, 2020.

Álvarez Cobelas, José, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004.

Ana, Marcos, Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y de la vida, Umbriel, Madrid, 2007.

Antón, Julio de, Historia de la Policía española, Unilibro, Madrid, 2000.

Aroca Mohedano, Manuel y Soto Carmona, Álvaro, Combates por la democracia: los sindicatos, de la dictadura a la democracia (1938-1994), Universidad Autónoma y Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid, 2012.

Aróstegui, Julio y Gálvez, Sergio, Generaciones y memoria de la represión franquista, Universitat de Valencia, Valencia, 2010.

Arriero Ranz, Francisco, «El movimiento democrático de mujeres, del antifranquismo a la movilización vecinal y feminista: Ideología, identidad y conflictos de género», tesis doctoral, Universidad Autónoma, Madrid, 2015.

Aizpuru, Mikel, «¿El primer informe policial sobre ETA? Los archivos franquistas como fuente para la investigación histórica», Sancho el Sabio, 39, 2016, págs. 223-251.

Babiano, José (ed.), Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2015.

Babiano, José, Gómez, Gutmaro, Míguez, Antonio y Tébar, Javier, Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos, Pasado y Presente, Barcelona, 2018.

Baby, Sophie, «Memoria, justicia e historia: el enredo español», segundo seminario internacional «Memoria, cultura y ciudadanía», IHNCA-UCA, Managua, 7-9 septiembre de 2011.

— El mito de la transición pacífica, Akal, Madrid, 2018.

Balbé, Manuel, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983.

Baldó Lacomba, Marc, Ruiz Carnicer, Miguel Ángel y Hernández Sandoica, Elena, Estudiantes contra Franco: oposición política y movilización estudiantil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007.

Batista, Antoni, Brigada Social, Empuries, Barcelona, 1995.

— La carta. Historia de un comisario franquista, Crítica, Barcelona, 2010.

Bueno Lluch, Manuel y Gálvez Biesca, Sergio (eds.), Nosotros, los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2009.

Cabrero Blanco, Claudia, Mujeres contra el franquismo (Asturias 1937-1952), KRK, Oviedo, 2006.

Camacho Abad, Marcelino, Confieso que he luchado, Atrapasueños, Sevilla, 2015.

Casals, Xavier, La Transición Española. El voto ignorado de las armas, Pasado y Presente, Barcelona, 2016.

Casanellas Peñalver, Pau, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014.

Casanova, Julián (ed.), 40 años con Franco, Crítica, Barcelona, 2015.

Casanova, Julián, Mir, Conxita, Espinosa, Francisco y Moreno, Francisco, Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Planeta, Barcelona, 2002.

Caussay, Martí y Martínez i Mutanda, Ricard (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria, Oveja Negra, Madrid, 2014.

Delgado Aguado, Julián, Los grises: víctimas y verdugos del franquismo, Temas de Hoy, Madrid, 2005.

Díaz Díaz, Benito, «Tiempos de violencia desigual: guerrilleros contra Franco (1939-1952)», Vínculos de Historia, 5, 2016.

Díaz Sánchez, Pilar, Jueces contra el franquismo: Justicia Democrática, Maia, Madrid, 2016.

Díez, Luis, Las cloacas de la Transición, Espasa, Madrid, 2011.

Doménech Sampere, Xavier, Clase obrera, antifranquismo y cambio político, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008.

Domínguez Iribarren, Florencio y Fernández Soldevilla, Gaizka, Pardines. Cuando ETA empezó a matar, Tecnos, Madrid, 2018.

Domínguez Rana, Ana (ed.), Enrique Ruano: Memoria viva de la impunidad del franquismo, Editorial Complutense, Madrid, 2011.

Elorza, Antonio (coord.), Garmendia, José María, Jáuregui, Gurutz y Domínguez, Florencio, La Historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

Erice Sebares, Francisco, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista (1956-1963), Trea, Gijón, 2017.

Fernández Rodríguez, Carlos, Madrid clandestino. La reconstrucción del PCE (1939-1945), Domingo Malagón, Madrid, 2002.

Fonseca, Carlos, Mañana cuando me maten, La Esfera de los Libros, Madrid, 2015.

— No te olvides de mí. Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición, Planeta, Barcelona, 2018.

García, Isaac y Torres, Manuel, Policías sin censura, Taular, Madrid, 1985.

Gil Pecharromán, Julio, Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975), Temas de Hoy, Madrid, 2008.

Gomáriz Acuña, Julio, Relato de un miembro del FRAP, Garaje, Madrid, 2017.

Gómez, Gutmaro, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista. 1939-1950, Taurus, Madrid, 2009.

— Geografía humana de la represión franquista. Del golpe a la guerra de ocupación. 1936-1941, Cátedra, Madrid, 2017.

Gómez, Gutmaro y Marco, Jorge, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Península, Barcelona, 2011.

Gómez Fouz, José Ramón, Clandestinos, Biblioteca Julio Somoza, Gijón, 2010.

Gómez Roda, José Alberto, Comisiones Obreras y represión en Valencia (1959-1971), Historia i Memoria del Franquisme, Universitat de Valencia, Valencia, 2004.

— «La tortura en España bajo el franquismo: testimonio de torturas durante la dictadura y la transición a la democracia», Pasajes. Revista de Pensamiento Contemporáneo, 17, 2005, págs. 93-110.

González Calleja, Eduardo y Compagnon, Olivier (coords.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX, Casa de Velázquez, Madrid, 2009.

González Duro, Enrique, Las rapadas. El franquismo contra la mujer, Siglo XXI, Madrid, 2012.

Grimaldos, Alfredo, La sombra de Franco en la Transición, Oberón, Madrid, 2004.

Hernández Sánchez, Fernando, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Crítica, Barcelona, 2015.

— La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco, Pasado y Presente, Barcelona, 2018.

Iglesias Argüelles, Gerardo, ¿Por qué estorba la memoria?, Madera Noruega Editores, Oviedo, 2011.

— La amnesia de los cómplices, KRK, Oviedo, 2015.

Jaime Jiménez, Óscar, Policía, terrorismo y cambio político en España, Tirant lo Blanch y Universidad de Burgos, Valencia, 2002.

Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo, Planeta, Barcelona, 2007.

Jiménez Barca, Antonio y Ordaz, Pablo, Así fue la dictadura. Diez historias de la represión franquista, Debate, Barcelona, 2018.

Lobato Blanco, Luis Alfredo, Dos décadas del movimiento cultural y universitario en Asturias (1957-1976), Trea, Gijón, 1998.

López Garrido, Diego, El aparato policial en España, Ariel, Barcelona, 1987.

Marcellin, Raymond, El orden público y los grupos revolucionarios, San Martín, Madrid, 1969.

Marco, Jorge, Guerrilleros y vecinos en armas, Comares, Madrid, 2012.

Marco Sánchez, Lucas, Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia, Institució Alfons el Magnánim, Valencia, 2018.

Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984.

Martínez Zanuer, Mario, Presos contra Franco, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.

Mateos, Abdón y Soto, Álvaro, El final del franquismo, 1959-1975, Temas de Hoy, Madrid, 1997.

Molinero, Carmen e Ysás, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI, Madrid, 1998.

— La anatomía del franquismo, Crítica, Barcelona, 2008.

— De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Crítica, Barcelona, 2017.

Montoliú, Pedro, Madrid bajo la dictadura (1947-1959), Sílex, Madrid, 2010.

— Madrid, de la dictadura a la democracia (1960-1979), Sílex, Madrid, 2017.

Morán, Gregorio, Miseria, grandeza y agonía del PCE (1939-1985), Akal, Madrid, 2018.

Moreno, Juan, «Una cronología de CC OO durante el franquismo», Nueva Tribuna, Madrid, 2016, págs. 3-30.

Moya, Mauricio, La Policía y sus sindicatos en España, Fundamentos, Madrid, 1982.

Muniesa, Mariano, FRAP: Memoria oral de la resistencia antifranquista, Quarentena, Madrid, 2015.

Ortiz Heras, Manuel, La violencia política en la dictadura franquista, Bomarzo, Albacete, 2013.

Pérez-Olivares García, Alejandro, «La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del Madrid franquista (1936-1948)», tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2017.

— Victoria y control en el Madrid ocupado: los de Europa (1939-1946), Traficantes de Sueños, Madrid, 2018.

Preston, Paul, Franco. Caudillo de España, DeBolsillo, Madrid, 2010.

— El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, Barcelona, 2011.

Puicercús Vázquez, Luis, Propaganda ilegal. Itinerario de prisiones 1972-1975, Garaje, Madrid, 2009.

Rodríguez Tejeiro, Domingo, Las cárceles de Franco, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

Sabio Alcutén, Alberto, Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la Policía política (1958-1977), Cátedra, Madrid, 2011.

— (ed.), El coste de la libertad: presos políticos y censura policial en Zaragoza (1958-1977), Doce Robles, Zaragoza, 2019.

Sabio Alcutén, Alberto y Sartorius, Nicolás, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-diciembre de 1978), Espasa, Barcelona, 2019.

San Martín, Ignacio, Servicio Especial, Planeta, Barcelona, 1983.

Sainz González, José, Testimonios de un policía español, autoedición, Bilbao, 1993.

Sánchez Albornoz, Nicolás, Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012.

Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta, Península, Barcelona, 2010.

Semprún, Jorge, Autobiografía de Federico Sánchez, Planeta, Barcelona, 1977.

Serrano, Daniel y Serrano, Rodolfo, Toda España era una cárcel. Memorias de los presos del franquismo, Muevetulengua, Madrid, 2016.

Soto Carmona, Álvaro (coord.), Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical en Madrid (1939-1991), GPS, Madrid, 1994.

— Transición y cambio en España (1975-1996), Alianza, Madrid, 2005.

— «No todo fue igual. Cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de vida de los españoles: 1958-1975», Pasado y Memoria, 5, 2006, págs. 15-43.

Tejero Díaz, José, Memoria de una lucha clandestina (1976-1985), Fundación de Estudios de Seguridad y Policía, Málaga, 2015.

Turrado Vidal, Martín, Estudios sobre la historia de la policía, Ministerio del Interior, Madrid, 1991.

Tusell, Javier, La Transición española, Temas de Hoy, Madrid, 1998.

— Dictadura franquista y democracia: 1939-2004, Crítica, Barcelona, 2010.

Urraca Luque, Loreto, Entre hienas, Funambulista, Madrid, 2018.

Vega García, Rubén (coord.), Las huelgas de 1962 en Asturias, Trea, Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2012.

— El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo. 1937-1977, KRK, Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2013.

Vega Sombría, Santiago, La política del miedo. El papel de la represión en el franquismo, Crítica, Barcelona, 2004.

Villar, Ernesto, Los espías de Suárez, Espasa, Barcelona, 2016.

Viñas, Ángel, La otra cara del caudillo, Crítica, Barcelona, 2015.

Wilhelmi, Gonzalo, «Las otras víctimas de una transición nada pacífica», Actas I Congreso Víctimas del Franquismo, Madrid, 2012.

Ysás Solanes, Pere, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004.

Galería

Boletín de Información Antimarxista utilizado por los agentes de la Brigada Político-Social (BPS) para analizar a la oposición antifranquista.

Carnet policial de Conrado Delso Pérez, que comenzó su carrera como agente de la BPS en julio de 1938. Los miembros de la BPS se dividían en diferentes perfiles según sus formas de actuar.

Diversos dibujos de torturas policiales. En el franquismo fueron algo estructural y permitido por las autoridades.

A partir de 1947 aparecieron los Boletines Informativos de Investigación Social, donde se resaltaban las actuaciones que realizaba la Policía secreta.

Carta de información sobre el viaje del jefe de la BPS Vicente Reguengo a Estados Unidos. La BPS colaboró con la Gestapo nazi, con la CIA y con el FBI.

De izquierda a derecha, Karl Wolff, Heinrich Himmler, Franco y Ramón Serrano Suñer. El 31 de julio de 1938 se firmó el acuerdo de cooperación entre las autoridades policiales nazis y franquistas, que colaboraron en los años cuarenta.

La Dirección General de Seguridad (DGS), en plena Puerta del Sol (Madrid), fue el lugar donde la BPS practicaba sus interrogatorios y torturas.

Interior de la DGS, donde se ubicaban las salas de interrogatorio y tortura.

Imagen de una de las salas de interrogatorio. Precisamente desde la silla que se ve, Julián Grimau se lanzó al callejón de San Ricardo, perdiendo la vida.

La Policía siempre estaba presente cuando los estudiantes se movilizaban. Arriba, fotografía tomada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Abajo, manifestación ante la Facultad de Ciencias.

El minero Faustino Montes, torturado en Asturias. Los obreros fueron represaliados por la BPS por hacer huelgas.

Fotografía de Anita Sirgo y Constantina Pérez, mujeres asturianas antifranquistas a las que torturaron y raparon el pelo por participar en los piquetes de 1963.

Placa destrozada tras el asalto a la comisaría de Mieres, a escasos metros del ayuntamiento, el 12 de marzo de 1965.

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes fueron muy frecuentes en los últimos años del franquismo.

Portada del manual del PCE para hacer frente a la Policía. La oposición antifranquista siempre se preparó para contrarrestar a la BPS.

Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social en San Sebastián y torturador, fue asesinado por ETA el 2 de agosto de 1968.

Antonio González Pacheco, Billy el Niño, uno de los agentes que más torturó durante los últimos años del régimen de Franco.

Entierro del inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández, fallecido en el atentado contra el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Sus compañeros portan a hombros el féretro desde la Dirección General de Seguridad hasta la iglesia de San Ginés. El segundo por la derecha es el comisario Roberto Conesa.

Atentado en la cafetería Rolando, en la calle del Correo 2, el 13 de septiembre de 1974. Murieron once civiles, dos policías y hubo entre 40 y 69 heridos, según diversas fuentes.

Rueda de prensa de Roberto Conesa (primero por la derecha, sentado) y Rodolfo Martín Villa (de pie). Durante la Transición y la posterior democracia los agentes de la BPS fueron reciclados para las fuerzas de seguridad.

Pablo Alcántara Pérez (Avilés, 1992) es graduado en Historia por la Universidad de Oviedo y doctor cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis doctoral El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid (1956-1976). Experto en la represión franquista, la violencia policial y la Transición, ha escrito artículos tanto para periódicos como para revistas de divulgación, como elDiario.es, Público, El Salto, Nortes, El Militante, Atlántica XXII, Hispania Nova, Historia Actual Online o Nuestra Historia. Ha participado en diversos congresos sobre franquismo, así como en el podcast #RecuperandoMemoria. Es autor del libro La lucha contra el franquismo en Asturias.

Notas

[1] Manuel Vázquez Montalbán y Miguel Brieva, Diccionario del franquismo, Anagrama, Barcelona, 2019, pág. 21. <<

[2] https://www.vozpopuli.com/opinion/derecha-salvaje-ortega-smithtrece-rosas_0_1290172213.html [consultado el 10 de octubre de 2019]. <<

[3] Estos conceptos han sido acuñados por la investigadora Paloma Aguilar en su libro Memoria y olvido de la Guerra Civil española (Alianza, Madrid, 1996). Según la autora, tanto los políticos como la sociedad española quisieron olvidar la memoria de lo que fue la Guerra Civil y el franquismo para llevar adelante el proceso de transición hacia la democracia. Según otros investigadores, como Santos Juliá, durante estos años no hubo olvido, sino silencio: se intentaba no hablar de lo sucedido para alcanzar el futuro democrático. <<

[4] Xavier Casals, La Transición Española. El voto ignorado de las armas, Pasado y Presente, Barcelona, 2017, págs. 142-143, y «Nacimiento y condena de los GAL», Revista de La Vanguardia, 26 de julio de 1998, pág. 3. <<

[5] Gregorio Morán, «En los escondrijos de la memoria», La Vanguardia, 9 de abril de 1994, pág. 21. <<

[1] Manuel Ortiz Heras, La violencia política en la dictadura franquista, Bomarzo, Albacete, 2013, págs. 33-37, y Julio Gil Pecharromán, Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975), Temas de Hoy, Madrid, 2008, pág. 39. <<

[2] Santiago Vega, La política del miedo: el papel de la represión en el franquismo, Crítica, Barcelona, 2011, págs. 60-61. <<

[3] Domingo Rodríguez Tejeiro, Las cárceles de Franco, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011, págs. 36-49. <<

[4] Carlos Hernández de Miguel, Los campos de concentración de Franco, Ediciones B, Barcelona, 2019, págs. 9-49 y 72. <<

[5] Paul Preston, El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, Barcelona, 2011, pág. 659. <<

[6] Manuel Balbé, Orden público y militarismo en España, Alianza Editorial, Madrid, 1983, págs. 417, 427 y 429, y Francisco Erice Sebares, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista (1956-1963), Trea, Gijón, 2017, págs. 125-126. <<

[7] Juan José del Águila, El TOP: la represión contra la libertad, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 256. <<

[8] Mary Nash, «Vencidas, represaliadas y resistentes: las mujeres bajo el orden patriarcal franquista», en Julián Casanova (coord.), 40 años con Franco, Crítica, Barcelona, 2015, págs. 191-192 y 198-200. <<

[9] Enrique González Duro, Las rapadas. El franquismo contra la mujer, Siglo XXI, Madrid, 2012, págs. 23-27. <<

[10] Conxita Mir, «Violencia política, coacción legal y oposición interior», en «El primer franquismo (1939-1956)», Ayer, 33, 1999, págs. 132-134. <<

[11] Juan José del Águila, «La represión política a través de la jurisdicción de guerra y sucesivas jurisdicciones especiales del franquismo», Hispania Nova, 1, núm. extra., 2015, pág. 214. <<

[12] Julián Casanova «La paz con Franco», en Conxita Mir, Francisco Espinosa, Francisco Moreno, Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Planeta, Barcelona, 2002, págs. 21-22. <<

[13] Según diversos investigadores, como Juan Cano Bueso y Ernesto Pedraz Panalva, esta legislación era una «monstruosidad» y un «despropósito» jurídico, por su carácter retroactivo. Según Manuel Álvaro, era una «ley de excepción» que extendía el delito político hasta límites desconocidos en el ordenamiento jurídico anterior. Manuel Álvaro Dueñas, «Por misterio de la ley y la voluntad: la jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939-1945)», tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997, págs. 173-174. <<

[14] Ley de 1 de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A0153701539 [consultado el 21 de diciembre de 2020]. <<

[15] Decreto-ley sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, 1947: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1947-4518 [consultado el 21 de diciembre de 2020]. <<

[16] Ley 45/1959 del 30 de julio de 1959, de Orden Público, https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1959/182/A10365-10370.pdf [consultado el 21 de diciembre de 2020]. <<

[17] Juan José del Águila, «La represión política a través de la jurisdicción de guerra…», ob. cit., págs. 222-223. <<

[18] Ley 16/1970, del 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. <<

[19] Juan José del Águila, «La represión política a través de la jurisdicción de guerra…», ob. cit., pág. 223. <<

[20] Era una orden general extraordinaria, publicada en Valladolid, donde figuraba como máximo responsable policial el comisario general de Seguridad Interior. Julio de Antón, Historia de la policía española, Unilibro, Madrid, 2000, pág. 331. <<

[21] Manuel Balbé, ob. cit., págs. 400-401. <<

[22] Pau Casanellas Peñalver, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014, págs. 16-17, y Ramón Aranabat Mata, «La represión: el ADN del franquismo español», Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 33, diciembre de 2013, Universidad de Chile, Santiago de Chile, págs. 33-34. <<

[23] Manuel Balbé, ob. cit., págs. 441-447, y Alejandro Pérez-Olivares, Madrid cautivo. Ocupación y control de una ciudad (1936-1948), Universitat de Valencia, Valencia, 2020, págs. 52-53. <<

[24] Ángel Viñas, «La política franquista de seguridad y defensa», Historia Contemporánea, núm. 30, 2005, págs. 80-84. <<

[25] Marcelino Ulibarri (1880-1951), político carlista español. Diputado en Cortes, estuvo al frente del Servicio de Recuperación Documental y presidió el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. <<

[26] José Ungría (1890-1968), militar español. Trabajó en el Estado Mayor y durante la Guerra Civil se trasladó a Francia, donde ingresó en los servicios secretos franquistas y fue jefe de Servicio de Información y Policía Militar. Montó la red de espionaje en el Madrid republicano y fue nombrado jefe del servicio nacional de seguridad. En los años cincuenta volvió a trabajar para el Estado Mayor. Alejandro Pérez-Olivares, ob. cit., págs. 38-42. <<

[27] Jorge Marco y Gutmaro Goméz, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Península, Madrid, 2011, págs. 159-163. <<

[28] Julio de Antón, ob. cit., págs. 331-333. <<

[29] Ibíd., pág. 332. <<

[30] Salvador Farrás, «La policía armada», Diario 16, 27 de octubre de 1977, pág. 5. <<

[31] Julio de Antón, ob. cit., págs. 331-332. <<

[32] Ibíd., pág. 330. <<

[33] Alejandro Pérez-Olivares, ob. cit., págs. 29-32. <<

[34] Julio de Antón, ob. cit., pág. 332. <<

[35] «Detención de un íntimo de Andrés Nin», La Vanguardia, 18 de abril de 1939, pág. 5. <<

[36] Ley reorganizadora de la Policía, del 8 de marzo de 1941: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/Z1942/065/A01627-01632.pdf. <<

[37] Carlos Jiménez Villarejo, «Una aproximación a la “policía política” del franquismo, la Sexta Brigada de Barcelona», en Ana Domínguez Rana, Enrique Ruano: Memoria viva de la impunidad del franquismo, Editorial Complutense, Madrid, 2011, págs. 198-199. <<

[38] Julio de Antón, ob. cit., págs. 342-344. <<

[1] José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar, Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos, Pasado y Presente, Barcelona, 2018, págs. 140-149. <<

[2] Lucas Marco Sánchez, Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia, Institució Alfons el Magnánim, Valencia, 2018, y Antoni Bautista, La Brigada Social, Empuries, Barcelona, 1995. <<

[3] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Eduardo Quíntela Bóveda», Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), págs. 5-220. Véase Fernando Hernández Sánchez, «La vida secreta de los chacales. Farsa y ocultación de las biografías de torturadores», El Salto, 16 de agosto de 2018: https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/ocultacion-biografias- torturadores-brigada-politico-social [consultado el 27 de agosto de 2018]. <<

[4] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Pedro Urraca Rendueles», núm. 6352, AGMI, págs. 28-30. Véase Gemma Aguilera Marcual, Agente 447. El hombre que detuvo a Lluís Companys, RBA, Barcelona, 2013, págs. 32-40. <<

[5] Gemma Aguilera Marcual, ob. cit., págs. 88-95, y Loreto Urraca, Entre hienas, Funambulista, Madrid, 2018, págs. 112-127 y 144-149. <<

[6] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Pedro Urraca Rendueles», ob. cit., págs. 28-30 y 260, y Gemma Aguilera Marcual, ob. cit., págs. 130-157. <<

[7] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Vicente Reguengo», núm. 8066, AGMI, págs. 10-193. <<

[8] Ibíd., págs. 15-20, 205-218 y 485-487. <<

[9] Lucas Marco Sánchez, ob. cit., págs. 15-26. <<

[10] Servicio de espionaje franquista que durante la Guerra Civil tuvo su sede en Biarritz (Francia). <<

[11] Fernando Hernández Sánchez, ob. cit., y del mismo autor, La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco, Pasado y Presente, Barcelona, 2018, págs. 140-157. <<

[12] Juan José Morales Ruiz, «Masonería y periodismo en España. La publicación de la Ley de represión de la masonería en el periódico zaragozano El Noticiero», Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 17 (1991), pág. 923, y José Luis Rodríguez Jiménez, «Funcionarios franquistas al servicio de la teoría de la conspiración: el caso de Comín Colomer», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.), La masonería española en 2000: una revisión histórica, Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, vol. 2, Segovia, 2001, pág. 922. <<

[13] José Luis Rodríguez Jiménez, ob. cit., pág. 923. <<

[14] BOE, 17 de octubre de 1941, pág. 48. <<

[15] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Eduardo Comín Colomer», núm. 7985, AGMI, pág. 58. <<

[16] Ibíd., págs. 59-60. <<

[17] Ibíd., pág. 67. <<

[18] José Carlos Márquez, «La colección Temas Españoles: la contrarrevolución española y la divulgación de la interpretación franquista de la historia de España y de la Guerra Civil», Germinal: revista de estudios libertarios, núm. 5, 2008, págs. 21-22. <<

[19] Ibíd., pág. 67, y José Antonio Ferrer Benimeli (coord.), «Fondo masónico Comín Colomer de la Biblioteca Nacional», en ob. cit., pág. 382. <<

[20] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio», núm. 1736, AGMI, pág. 266. <<

[21] «El señor Cambó cita a juicio», ABC, 5 de julio de 1934, pág. 27. <<

[22] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio», ob. cit., pág. 657. <<

[23] Lucas Marco Sánchez, ob. cit., págs. 45-47. <<

[24] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio», ob. cit., pág. 500. Toda esta información la he conseguido gracias al periodista e investigador Lucas Marco. <<

[25] Ibíd., págs. 513 y 717. <<

[26] Juan Antonio Escobar Raggio, «Índice bibliográfico de policías escritores», Policía, Madrid, 1952, págs. 4-5. <<

[27] Javier Sánchez Zapatero, «Antecedentes de la literatura policiaca española: el caso de los atracadores (1955), de Tomás Salvador», Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica, Madrid, 2013, pág. 446. <<

[28] Carlos Piriz, «En campo enemigo. La quinta columna en la Guerra Civil española (1936-1941)», tesis doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2019, págs. 13-14. <<

[29] Antoni Batista, ob. cit., págs. 35-36 y 47-48. <<

[30] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente policial de Saturnino Yagüe», núm. 2806, AGMI, págs. 90-170. <<

[31] Ibíd., págs. 3-6. <<

[32] Ibíd., págs. 3-32. <<

[33] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente policial de Saturnino Yagüe», ob. cit., págs. 207-270. <<

[34] Ibíd., págs. 43-45. <<

[35] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Francisco de la Guardia Gilabert», núm. 7111, AGMI, págs. 44-45 y 221-224. <<

[36] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», núm. 10256, AGMI, pág. 305, y Gregorio Morán, «De mozo de ultramarinos a militante socialista», Diario 16, 24 de marzo de 1977, pág. 32. <<

[37] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 116. <<

[38] Ibíd., págs. 2-36 y 156-178. <<

[39] «Condecoraciones a varios funcionarios de la Policía», Policía, marzo de 1954, pág. 15. <<

[40] Gregorio Morán, «Un policía recorre Europa», Diario 16, 29 de abril de 1977, pág. 17. <<

[41] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., págs. 29-30 y 339-400. <<

[42] Gregorio Morán, «El Tío Carlos», Diario 16, 1 de mayo de 1977, pág. 17. Sobre la vida policial de Roberto Conesa he escrito tres artículos para elDiario.es junto con el periodista Lucas Marco. Relacionado con esta etapa está el artículo «La CIA formó a la Brigada Político-Social: entrenó dos meses a Conesa en sabotaje y anticomunismo en Washington»: https://www.eldiario.es/cv/CIA- Brigada-Politico-Roberto-Washington_0_984101892.html (26 de enero de 2020). <<

[43] En el que estuvieron los inspectores Carlos Peña Martínez, Antonio del Campo Cuéllar, Pedro Martínez Jiménez, Antonio Puerta Rodríguez, José Enríquez Couciero; los subinspectores Juan Regalado Blanco, Carlos Torres Álvarez, Antonio Robles Castillo, la administrativa María del Carmen Sáez Ruiz y la auxiliar Luisa Moreno Palomares. <<

[44] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., págs. 30, 31,513, 521, 523, 524 y 528. <<

[45] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», núm. 8908, AGMI, págs. 162-178. <<

[46] Ibíd., págs. 204-205. <<

[47] José Sainz González, Testimonios de un policía español, ed. del autor, Bilbao, 1993, pág. 175. <<

[48] Marcelino Camacho Abad, Confieso que he luchado, Atrapasueños, Sevilla, 2015, pág. 158. <<

[49] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit., págs. 41-44, 431,502-504. <<

[50] José Ramón Gómez Fouz, Clandestinos, Biblioteca Julio Somoza, Gijón, 2010, págs. 29-32. <<

[51] «Entrevista a Claudio Ramos Tejedor», Asturias Semanal, 9 de diciembre de 1972, págs. 22-24. <<

[52] José Sainz González, ob. cit., págs. 40-56. <<

[53] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Melitón Manzanas», núm. 6098, AGMI, págs. 54 y 74. <<

[54] Ibíd., págs. 55-56, 219-232 y 285-292. <<

[55] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Billy el Niño», págs. 2-3, en https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion- estudiantes_0_847615577.html [consultado el 20 de diciembre de 2018]. <<

[56] https://www.publico.es/politica/presentadas-tres-querellaspascual-honrado-billy-nino-asturias.html [consultado el 24 de septiembre de 2019]. <<

[1] The National Archives, Foreing Office, 371/79687, Londres, en José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar, ob. cit., págs. 140-141. <<

[2] Los nombres de las mujeres fusiladas eran Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Tenían edades comprendidas entre los dieciocho y los veintinueve años. Los nombres de los hombres eran Joaquín Álvaro Blanco, Felipe Arranz Martín, Delfín Azuaga Yonte, Federico Bascuñana Sánchez, David Bedmar Arcas, Enrique Bustamante Sánchez, Domingo Cándido Luengo Fernández, Vicente Criado Pérez, Máximo de Diego de Diego, Esteban Dodignon Gómez, Adolfo Domínguez Palazuelos, Jorge Escribano Rilova, Celedonio Fernández Galán, Francisco Fernández González, Ramón Fernández Peña de Secade, Antonio Fuertes Moreno Peñuelas, Enrique García Mazas, Ignacio González Hernández, Pascual González Pérez, Manuel González Pérez, José Gutiérrez González, Isidro Hernández de la Fuente, Adolfo Latorre Toledo, Pedro Lillo Carballo, Antonio López del Pozo, Carlos López González, Fernando López González, Vicente Martín Acirón, Julio Martínez Pérez, Francisco Montilla Torres, Rubén Muñoz Arconada, Rafael Muñoz Coutado, Luis Nieto Arroyo, Francisco Nieto Vaquerizo, Gil Nogueira Martín, Valentín Ollero Paredes, José Pena Brea, Román Prieto Martín, Severino Rodríguez Preciado, Gregorio Sandoval García, Luis Sanabria Muñoz, Enrique Sánchez Pérez, Francisco Sotelo Luna. Véase Paul Preston, El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, ob. cit., págs. 632-633. <<

[3] Biografía relatada de Lolita Márquez, «Represión franquista», carp. 44/15, Archivo Histórico del PCE (AHPCE). <<

[4] Ibíd. <<

[5] Gregorio Morán, «Superagente Conesa. Esta es su vida», Diario 16, 27 de abril de 1977, pág. 17. <<

[6] Vicente Alonso Duch, Antonio Ramón Gómez Vázquez, Luis Díaz Ortega, Vicente Fernández García, Antonio Manrique Gutiérrez y Alejandro Asensio Sacristán. Capitanía General de la 1.a Región Militar, «Consejo de guerra contra Pilar Cotarelo y otros», AGHD, pág. 1. <<

[7] Enrique Eymar Fernández (1885-1967) fue un militar español. Ejerció de juez militar en el juzgado Militar Especial para los Delitos del Espionaje, la Masonería y el Comunismo durante la dictadura de Franco. Fue encargado de los interrogatorios y de las sentencias a muerte de diferentes militantes antifranquistas, en aplicación, entre otras, de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1940 hasta 1963. <<

[8] «Consejo de guerra contra Pilar Cotarelo y otros», ob. cit., págs. 85, 86 y 163. <<

[9] Ibíd., pág. 258. <<

[10] José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., págs. 33-34, 144-149 y 211-215. <<

[11] Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y de la vida, Umbriel, Madrid, 2007, págs. 64-66. <<

[12] Comisión Justicia y Paz, «No a la tortura», Represión franquista, AHPCE, págs. 3-4. <<

[13] Ibíd., págs. 57-59. <<

[14] Ibíd., págs. 12-27. <<

[15] Vicente Pedro, ob. cit., págs. 236-237 y 241. <<

[16] César Lorenzo Rubio, «La máquina represiva: la tortura en el franquismo», en Pedro Oliver Olmo, La tortura en la España contemporánea, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2020, pág. 131. <<

[17] Gutmaro Gómez y Jorge Marco, ob. cit., págs. 189-191. <<

[18] Juzgado Eventual núm. 9: «Procedimiento sumarísimo núm. 30.158 contra los agentes Roberto Conesa y otros», AGHD, págs. 2-4. <<

[19] Ibíd., págs. 20-37. <<

[20] «Antecedentes y desenlaces de unas falsas imputaciones a la Policía española», ABC, 19 de febrero de 1961, pág. 89, y «Llamamiento del Partido Comunista de España al pueblo español y la opinión pública internacional», Mundo Obrero, 1 de diciembre de 1962, pág. 1. <<

[21] «Denunciadas torturas policíacas en el juicio celebrado contra diecinueve nacionalistas vascos», España Republicana, febrero de 1965, pág. 10. <<

[22] «Brutalidades de la Policía española», España Republicana, julio de 1965, pág. 7, y «Proceso contra el abogado Eduardo Cierco», España Republicana, septiembre de 1965, pág. 5. <<

[23] Gobierno Civil, caja 22631, fondo Gobierno Civil, Archivo Histórico de Asturias (AHA). <<

[24] Entrevista personal a Dolores Neilley, 18 de febrero de 2018. <<

[25] Jefatura Superior de Policía, «Yo, Prisciliano Fernández^», caja 22631, abril de 1968, fondo Gobierno Civil, AHA. <<

[26] Jefatura Superior de Policía: «Informe», 3 de junio de 1968, caja 22631, fondo Gobierno Civil, AHA. <<

[27] Jefatura Superior de Policía: «Sobre la querella del Ministerio Fiscal», 24 de febrero de 1969, caja 22631, fondo Gobierno Civil, AHA. <<

[28] «1300 autoridades españolas denuncian la brutal represión», España Republicana, febrero de 1969, pág. 7. <<

[29] «La protesta de los sacerdotes», Mundo Obrero, junio de 1969, pág. 2. <<

[30] «Denuncia de un periodista contra la Policía municipal de Bilbao», ABC, 10 de marzo de 1970, pág. 47, y «Las torturas infligidas contra seis jóvenes en Vigo, denunciadas a la UNESCO», A Voz do Pobo, octubre de 1970, pág. 3. <<

[31] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit., págs. 41-44. <<

[32] «Contra la presencia de Policía portuguesa en Galicia», A Voz do Pobo, mayo de 1974, pág. 2; Lucas Marco, ob. cit., págs. 101-104; «Creix torturador», Información Española, febrero de 1971, pág. 3; Juan Genovés, «Ensayo de violencia», Información Española, abril de 1971, pág. 5; «Crímenes fascistas en los últimos 4 años», En Lucha, agosto de 1973, pág. 17; «Intolerable», Mundo Obrero, abril de 1974. <<

[33] «Piden responsabilidades a los que interrumpen una asamblea», ABC, 9 de marzo de 1972, pág. 55; «Se rechaza una denuncia por malos tratos», ABC, 23 de marzo de 1975, pág. 89. <<

[34] «Suspensión de un juicio por supuestos malos tratos», El País, 13 de noviembre de 1976, pág. 30. <<

[35] «Juicio de faltas contra varios policías», La Vanguardia, 22 de enero de 1977, pág. 10. <<

[36] José Luis Losa, Caza de rojos, Espejo de Tinta, Madrid, 2005, págs. 244-245. <<

[37] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Saturnino Yagüe», ob. cit., págs. 207-208. <<

[38] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit., pág. 128. <<

[39] Ibíd., págs. 128-131. <<

[40] Ibíd., págs. 277-281. <<

[41] Pedro Víctor Fernández Hernández, «El Boletín de Información Antimarxista: un ejemplo de espíritu antimasónico del franquismo», en José Antonio Ferrer (coord.), Masonería, revolución y reacción, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1990, vol. 1, pág. 44. <<

[42] DGS: Boletín de Información Antimarxista, «El Partido Comunista de España después del 1.º de abril», núm. 8, febrero-marzo de 1942, Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), pág. 6. <<

[43] DGS: Boletín de Información Antimarxista, «El comité ejecutivo de la Internacional comunista», núm. 2, 31 de octubre de 1938, CDMH, pág. 9. <<

[44] DGS: Boletín de Información Antimarxista, «El Partido Comunista en la clandestinidad. La institución político-militar o el am-appart», núm. 3, 10 de noviembre de 1938, CDMH, págs. 5-7. <<

[45] DGS: Boletín de Información Antimarxista, «La masonería y el nuevo Estado, la masonería condenada por la Iglesia, el fracaso de la masonería en el mundo», núm. 16, mayo-junio de 1943, CDMH, pág. 7. <<

[46] Esta revista se encuentra en el Archivo Municipal Conde Duque en Madrid. <<

[47] «Escalafón del Cuerpo General de Policía», Policía, núms. 116 y 117, octubre de 1951, Archivo Municipal Conde Duque. <<

[48] Florian Meinert, «Técnicas del interrogatorio», Policía, núm. 170, junio de 1956, Madrid, Archivo Municipal Conde Duque. <<

[49] Eduardo Comín Colomer, «El libro de oro de la policía gubernativa», Policía, núm. 140, Madrid, octubre de 1943, Archivo Municipal Conde Duque. <<

[50] Raymond Marcellin, El orden público y los grupos revolucionarios, Editorial San Martín, Madrid, 1969. Fíjese el lector en que las iniciales de la editorial coinciden con el acrónimo de Escuela Superior Militar. <<

[51] http://www.senat.fr/senateur/marcellin_raymond59715v.html [consultado el 11 de octubre de 2018]. Véase también https://www.theguardian.com/news/2004/sep/15/guardianobituaries.france [consultado el 11 de octubre de 2018]. <<

[52] Pau Casanellas, «Ellos dispararon primero: protesta, represión y violencia en los 68 europeos», III International Conference Strikes and Social Conflicts: combined historical approaches to conflict. Proceedings, CEFID-UAB, 2016, págs. 331-332. <<

[53] Jaime de Urzaiz y Fernández del Castillo, «Prólogo», en Raymond Marcellin, ob. cit., págs. 7-16. <<

[54] Raymond Marcellin, ob. cit., págs. 17-27. <<

[55] Claire Doyle, Mayo del 68. El mes de la revolución, Fundación Federico Engels, Madrid, 2018, págs. 41-43 y 90-91. <<

[56] La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) surgió como resultado de la Primera Conferencia Tricontinental que se realizó en La Habana en enero de 1966. Su misión era ofrecer, canalizar y enlazar en un solo haz la solidaridad entre los pueblos de África, Asia y América Latina, en torno a sus luchas y reivindicaciones fundamentales: la defensa del derecho legítimo a la independencia nacional; la soberanía y la autodeterminación, y el respeto a la identidad y diversidad étnico-cultural. <<

[57] Raymond Marcellin, ob. cit., págs. 28-54. <<

[58] José Ignacio San Martín (1924-2004), militar español y diplomado del Alto Estado Mayor del Ejército. Durante el tardofranquismo y la presidencia del Gobierno del almirante Luis Carrero Blanco, fue director general de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) y del luego renombrado Servicio Central de Documentación (SECED), servicios de espionaje de la dictadura donde organizó el área de contrasubversión infiltrada en la oposición a la dictadura. También dirigió el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG). Durante el golpe de Estado del 23-F, como jefe del Estado Mayor del Acorazado Brunete, ordenó la ocupación de Radio Televisión Española, por lo que ingresó en la cárcel hasta 1986. Para más información, véase el libro Ignacio San Martín, Servicio especial, Planeta, Barcelona, 1983. <<

[59] Raymond Marcellin, ob. cit., págs. 56-67. <<

[60] Gabriel Carrión, Fichados. Los archivos secretos del franquismo, Almuzara, Córdoba, 2020, págs. 211-212. <<

[61] Paul Preston, Franco. Caudillo de España, DeBolsillo, Barcelona, 2010, págs. 827-828, y Pere Ysás Solanes, Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004, pág. 205. <<

[62] http://www3.uah.es/jmc/sanmartin.PDF [consultado el 8 de julio de 2019]. <<

[63] Ricardo de la Cierva, «Prólogo», en Carlos Yuste, Subversión y reversión en la España actual, San Martín, Madrid, 1974, págs. 2-8. <<

[64] Miguel Ángel Giménez Martínez, «Entre el poder y la obediencia: El Gobierno en la España de Franco», Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies Journal of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, vol. 39, 2014, págs. 23-25, y Carlos Yuste, ob. cit., págs. 33-41. <<

[65] Ibíd., págs. 180-187. <<

[66] Francisco Erice Sebares, Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista (1956-1963), ob. cit., págs. 56-57, y Carlos Yuste, ob. cit., págs. 108-114. <<

[67] Pau Casanellas Peñalver, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, ob. cit., págs. 9-12, y Carlos Yuste, ob. cit., págs. 199-203. <<

[68] Julián Delgado Aguado, Los grises: víctimas y verdugos del franquismo, Temas de Hoy, Madrid, 2005, págs. 241-242. <<

[69] Carlos Yuste, ob. cit., págs. 217-224. <<

[70] Ibíd., págs. 237-242. <<

[71] Manuel Ros Aguado, La guerra secreta de Franco, Crítica, Barcelona, 2002, pág. 181. <<

[72] «El Reichsführer Heinrich Himmler, jefe supremo de la Policía del Reich, llegó ayer a San Sebastián», La Vanguardia, 20 de octubre de 1940, pág. 2, y «El Reichsführer Heinrich Himmler de las SS alemanas, que llegará hoy a Madrid, entró en territorio español por Irún», ABC, 20 de octubre de 1940, pág. 5. <<

[73] José Delgado, Pablo León, «Génesis de la asistencia militar a España en la Guerra Fría», Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2017, págs. 1751-1754. <<

[74] A cambio, España se comprometía a ayudar a Estados Unidos en sus planes de ayuda exterior para «el mantenimiento de la paz mundial», dando ayudas y exenciones de impuestos al personal del Gobierno de Estados Unidos que estuviera en territorio español. Estados Unidos, a cambio, se comprometía a facilitar ayuda económica y militar para el «desarrollo de su propio poder defensivo» a fin de poder coordinarse y mantener la seguridad nacional, «Mutual Defense Assistance Agreement with Tax Relief Annex and Interpretative Note in Regard to Tax Relief Annex», pág. 6-9. <<

[75] El Comité de Actividades Antiestadounidenses fue un comité de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, activo de 1938 a 1975, que se dedicó, sobre todo, a investigar las actividades de organizaciones comunistas. Miles de trabajadores, intelectuales y artistas pasaron por sus manos. <<

[76] «Spain Police seek aid in “Beria Case”», San Diego Union, 9 de octubre de 1953, pág. 4, y «Memorandum for the director», 19 de octubre de 1953, en https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIARDP83-00764R000500080015- 4.pdf. <<

[77] «¿Está Beria escondido en España?», ABC, 23 de septiembre de 1953, pág. 18. <<

[78] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Vicente Reguengo», ob. cit., pág. 44. <<

[79] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 305. <<

[80] Antoni Batista, ob. cit., pág. 95. <<

[81] Federico Utrera, Canarias: secreto de Estado. Episodios inéditos de la Transición política y militar en las Islas, Mateos López Editores, Tenerife, 1996, págs. 278, 279, y DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 407. <<

[1] Benito Díaz Díaz, «Tiempos de violencia desigual: guerrilleros contra Franco (1939-1952)», Vínculos de Historia, núm. 5, 2016, págs. 107-115; Ramón García Piñeiro, ob. cit., págs. 278-280; Jorge Marco, Guerrilleros y vecinos en armas, Comares, Madrid, 2012, págs. 25-26, y Pelai Pagés i Blanch, «Cronología de la guerrilla antifranquista (1936-1965)», Ebre 38, mayo de 2013, págs. 149-150. <<

[2] Pablo Alcántara Pérez, La lucha contra el franquismo en Asturias, Fundación Federico Engels, Madrid, 2020, págs. 24-25; Ramón García Piñeiro, Luchadores del ocaso, KRK, Oviedo, 2015, pág. 23, y Fernando Hernández Sánchez, ob. cit., págs. 19-29. <<

[3] Columna de cperaciones de Asturias: «Instrucciones para el Delegado de crden Público», 26039, Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), agosto de 1939, págs. 1-3; «Misión de las fuerzas, zona de operaciones», 26040, FNFF, agosto de 1939, págs. 1-2, e «Informe detallado sobre las operaciones contra guerrilleros y huidos en Asturias», 5256, FNFF, octubre de 1939, págs. 1-3. Véase Pablo Alcántara Pérez, ob. cit., págs. 29-31. <<

[4] «Diligencias del 10 de noviembre de 1951 contra Peque y Tranquilo», Archivo Militar Ferrol. Información conseguida gracias a Ramón García Piñeiro, ob. cit., págs. 760-762. <<

[5] José Sainz González, ob. cit., pág. 81. <<

[6] Carlos Fernández Rodríguez, Madrid clandestino, la reconstrucción del PCE (1939-1945), Domingo Malagón, Madrid, 2002, págs. 67-70; Fernando Hernández Sánchez, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Crítica, Barcelona, 2015, págs. 215-217, y «Carta de un patriota. San Rafael I», Oviedo, marzo de 1947, Archivo General Militar de Ávila (AGMA), pág. 15. <<

[7] Información encontrada en diligencias policiales por la detención de miembros de un comando comunista, octubre de 1945, sig. 3352, AHPCE, pág. 3; «Verdugos y traidores», 1950, AHPCE, pág. 28; Claudia Cabrero Blanco, Mujeres contra el franquismo (Asturias 1937-1952), Oviedo, KRK, 2006, págs. 231-244; Ramón García Piñeiro, ob. cit., págs. 299-301, y José Sainz González, ob. cit., págs. 77-78. <<

[8] https://www.elnacional.cat/es/efemerides/marc-pons-quico-sabate-enemigo-publico-regimen-franquista_226401_102.html [consultado el 11 de septiembre de 2019], y https://www.eldiario.es/galicia/Piloto-ultimo-guerrillero-hombre-esperaba_0_228527794.html [consultado el 11 de septiembre de 2019]. <<

[9] Información del gráfico comparativo entre hechos de bandolerismo y represión por las fuerzas policiales desde los años 1943 a 1950. 1958. sig. 17945, FNFF. <<

[10] Nicolás Sánchez-Albornoz, Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012, pág. 90. <<

[11] En aquel operativo participaron, además, los siguientes agentes: el inspector del Cuerpo General de Policía, don Francisco de la Guardia Gilabert, jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y también los funcionarios del servicio Conrado Casimiro Arribas, Antonio Ruiz Fernández y Rafael Benito Asensio. Participó como secretario de las diligencias el miembro de la BPS Antonio Menéndez Conde. Otros agentes auxiliares que estuvieron fueron Antonio Ruiz Fernández, Paulino Muñoz Sánchez, Francisco Hernández Navarro. «Consejo de guerra contra Gscar Kriales y otros», leg. 1781, causa núm. 140189, AGHD, págs. 3-20. <<

[12] Para saber más sobre el período en la DGS, cárcel y exilio de Nicolás Sánchez-Albornoz, véase Nicolás Sánchez-Albornoz, ob. cit. Véase también la película Los años bárbaros, de Fernando Colomo, en la que se habla de dichos sucesos. <<

[13] DGS: «La actividad político social clandestina en España durante 1950», en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-delaguila/ págs. 17-18, y Fernando Hernández Sánchez, ob. cit., pág. 236. <<

[14] En un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 1955, el 82 % de los estudiantes no confiaba en las direcciones rectorales del país y un 55 % estaban disconformes con la situación social y política del país, en Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores: documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Editorial Complutense, Madrid, 1982, págs. 95-98. <<

[15] Celebración en homenaje a Matías Montero, militante del Sindicato Español Universitario (SEU) asesinado durante la Segunda República. <<

[16] Pablo Lizcano, La generación del 56: La Universidad contra Franco, Grijalbo, Madrid, 1981, págs. 139-141. <<

[17] Art. 14: «Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional», y art. 18: «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en las formas que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial». <<

[18] «Interrogatorio a Julián Marcos», Congreso de Jóvenes Escritores, Movimiento Estudiantil, AHPCE. <<

[19] Entrevista personal a Julio Diamante, 10 de enero de 2017. <<

[20] La historia del policía Juan Lamberto Gómez Perales es interesante. Trabajó durante un tiempo en Tánger, pero fue expulsado por tráfico de estupefacientes. Poco después fue readmitido, gracias a sus contactos con el Ejército, pero abandonó su puesto de vigilancia en un desfile de Franco y pidió una excedencia para irse a Ibiza, donde se casó con una canadiense. Después, la DGS lo envió a París para vigilar las actividades de los estudiantes exiliados. Sin embargo, fue allí donde contactó con Alberto López Campillo, a quien aseguró que le proporcionaría información sobre la Policía. También se ofreció para incorporarse al PCE. De regreso a España, en marzo de 1956, fue detenido por encubrimiento, prevaricación, violación de secretos oficiales y abandono de funciones públicas. Tuvo que pagar una multa de 12 000 pesetas y en el mes agosto lo expulsaron de la Policía. En 1958 se marchó a Canadá. Allí estudió Trabajo Social e impartió clases en la Universidad de Winnipeg. «Interrogatorio a Juan Lamberto Gómez Perales», Congreso de Jóvenes Escritores, Movimiento Estudiantil, AHPCE; BOE, núm. 237, 12 de diciembre de 1958, pág. 1, y https://passages.winnipegfreepress.com/passage-details/id- 102750/LAMBERTO_JUAN [consultado el 28 de diciembre de 2018]. <<

[21] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Vicente Reguengo», ob. cit., pág. 423; Pablo, Lizcano, ob. cit., págs. 105-107, y Roberto, Mesa, ob. cit., pág. 19. <<

[22] Se premió con tres mil pesetas a los comisarios Saturnino Yagüe González y Joaquín Pujante González; al inspector jefe Joaquín Fuente González y a los inspectores Eduardo Comín Colomer, Roberto Conesa, Félix Mínguez González, Felipe Pérez Luengo, Santos Pérez Abril, David Sánchez García, Andrés García Nargarida, Javier Olazábal Cortázar, Francisco Sánchez Cantanero, Francisco Hernández Navarro, Álvaro Varela Guillem, Ángel Gilabert Lafuerte, Miguel Molino Mimoso, Emilio Ruiz Almunia y Antonio Anteres Justes. Con dos mil pesetas a los inspectores Carmelo Sanz González y Ausencio Latorre Recio, y a los subinspectores Paulino Linuesa López, José Jiménez Piqueras, José Romero Calabuig y Miguel Rubio Rubio; con mil pesetas a los policías armados conductores David Díaz del Castillo, Francisco Galán Alfabra, José Martínez Guerrero, Jesús Ibarra Fernández, Francisco Tratal Rodríguez, Pedro González Trujillo, Valeriano Martínez Díez y Juan Superviel Álvarez. DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 300. <<

[23] «Declaración del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, febrero de 1958, pág. 1; «Proceso a los 44 jóvenes», Represión franquista, caja 48, carp. 2, AHPCE, y DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 309. <<

[24] Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez, Planeta, Barcelona, 1977, pág. 73. <<

[25] Marc Baldó Lacomba, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Elena Sandoica Hernández, Estudiantes contra Franco: oposición política y movilización estudiantil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007, págs. 158-160, y Pere Ysàs, ob. cit., pág. 17. <<

[26] Mariano Aguilar Navarro (1916-1992), catedrático de Derecho Privado en la Universidad de Madrid. Partidario en aquellos momentos de la integración de España en Europa, formó parte de la asociación Movimiento Europa, presidida por Salvador de Madariaga y de la que era su vicepresidente. Agustín García Calvo (1926-2012), catedrático de Lenguas Clásicas por la Universidad de Madrid. Realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca. En 1953 fue nombrado catedrático por la Universidad de Sevilla y en 1964 por la Universidad Complutense de Madrid. Después de su expulsión de la universidad, se exilió en Francia, donde fue profesor en la Universidad de Lille. Tras la muerte de Franco, se le restituyó su cátedra, donde se jubiló en 1992. José Luis López Aranguren (1909-1996), catedrático de Ética y Sociología en la Universidad de Madrid. Al principio pertenecía al círculo falangista alrededor de la revista Escorial. Pero poco a poco se fue distanciando del régimen, como harían otros intelectuales de dicha revista, como Dionisio Ridruejo. Enrique Tierno Galván (1918-1986) catedrático de Derecho Político en la Universidad de Salamanca. Consiguió, en aquellos años, nuclear a su alrededor a un grupo de profesores y estudiantes que se convirtieron en opositores a la dictadura, fundando en 1968 el Partido Socialista del Interior, posteriormente llamado Partido Socialista Popular. Durante la Transición, fue diputado y alcalde de Madrid por el PSOE hasta 1986. <<

[27] Rafael Angulo, Francisco Fernández-Buey y Alejandro Pérez, «El movimiento universitario bajo el franquismo: una cronología», Materiales de la Cultura, núm. 2, 1977, págs. 44-45; Marc Baldó Lacomba, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Elena Sandocia Hernández, ob. cit., págs. 215-216, y Santiago de Pablo, «Universidad y sociedad en la España de 1967: el contexto histórico de una homilía», Scripta Theologica, vol. 49, 2017, pág. 467. <<

[28] Rafael Angulo, Francisco Fernández-Buey y Alejandro Pérez, ob. cit., págs. 44-45; Gregorio Valdevira, La oposición estudiantil en el franquismo, Síntesis, Madrid, 2006, págs. 238-239, y «Un año de lucha estudiantil», Realidad, febrero de 1968, págs. 16-30. <<

[29] José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004, págs. 225-227; Gregorio Valdevira, ob. cit., págs. 238-239, y «Un año de lucha estudiantil», ob. cit. <<

[30] «Informe sobre el ambiente que reina en la Policía Armada de Madrid», FNFF, 27 de marzo de 1965. <<

[31] Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. <<

[32] DGS: «Informe sobre las reuniones de funcionarios del Cuerpo General de Policía, afectos al servicio de información y de investigación social, de plantillas correspondientes a distritos universitarios y con derivaciones en ellos, celebradas los días 7 y 8 de septiembre de 1965, sobre los problemas estudiantiles del curso 1965-66», FC-M°_INTERIOR_POLICIA_H, exp. 53109_133, Archivo Histórico Nacional (AHN) y FNFF, págs. 8-48. <<

[33] Ibíd., pág. 11. <<

[34] Ibíd., págs. 11-14. <<

[35] José Álvarez Cobelas, ob. cit., págs. 225-227, y Juan María de Peñaranda y Algar, Los servicios secretos de Carrero Blanco, Espasa, Madrid, 2015, pág. 31. <<

[36] Gregorio Valdevira, ob. cit., pág. 96; «Suicidio de un joven», ABC, 1 de febrero de 1967, pág. 58; «La trágica muerte del estudiante Rafael Guijarro», Mundo Obrero, febrero de 1967, pág. 10, y http://www.amnistiacatalunya.org/edu/musica/f-quevolenaquestagent.html. <<

[37] Ana Domínguez Rana, «A Enrique Ruano lo han asesinado. Un oscuro episodio de represión franquista nunca esclarecido», en Ana Domínguez Rana (coord.), Enrique Ruano: Memoria viva de la impunidad del franquismo, Editorial Complutense, Madrid, 2011, págs. 42-43; Pedro Montoliú, Madrid, de la dictadura a la democracia, Silona, Madrid, 2017, págs. 257-258, y DGS: «Informe de Manuel Enrique Ruano Casanova», AHN, págs. 4-28. <<

[38] Ana Domínguez Rana, ob. cit., pág. 50; «Del diario de Enrique Ruano», ABC, 23 de enero de 1969, pág. 16; «Enrique Ruano», ABC, 30 de mayo de 1969, pág. 18; «Enrique Ruano ha sido asesinado por la Policía», Mundo Obrero, febrero de 1969, pág. 5. <<

[39] Natalia Junquera, «No se tiró, lo mataron», El País, 17 de enero de 2009, en https://elpais.eom/elpais/2009/01/17/actualidad/1232183821_850215.html [consultado el 15 de enero de 2019], y José Yoldi, «Absueltos por falta de pruebas los policías acusados de la muerte de Ruano», El País, 25 de julio de 1996, en https://elpais.com/diario/1996/07/25/espana/838245619_850215.html [consultado el 15 de enero de 2019]. <<

[40] DGS: «Boletín extraordinario del 24 de abril de 1969. Comisaría General de Investigación Social. Estado de excepción», leg. 21.069, AHN, y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-delaguila/ [consultado el 15 de diciembre de 2020]; «Será mantenido el orden público con la máxima energía. Discurso de Carrero Blanco», ABC, 8 de febrero de 1969, págs. 17-22, y «Represión en la Universidad», Hora de Madrid, junio de 1969, pág. 2. <<

[41] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Billy el Niño», págs. 2-3, en https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-estudiantes_0_847615577.html [consultado el 20 de diciembre de 2018]. <<

[42] Enrique Berzal, «El caso del estudiante que saltó por la ventana de la comisaría», El Norte de Castilla, 2 de agosto de 2014, en https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201408/02/caso-estudiante-salto-ventana-20140731172613.html [consultado el 11 de enero de 2021], y Elvira Lindo, «Recuerdos del joven antifranquista», El País, 10 de febrero de 2018, en https://elpais.com/cultura/2018/02/10/actualidad/1518266583_439610.html [consultado el 11 de enero de 2021]. <<

[43] Acciones en las que los manifestantes salían rápidamente de sus escondites portando pancartas, que duraban hasta que los disolvía la Policía. <<

[44] «La UJCE y la unidad de la juventud», UJCE, Congresos, caja 155, AHPCE; «Fracasó la convocatoria de huelga general en Madrid», ABC, 21 de febrero de 1975, pág. 19; entrevista personal a Alfredo Rodríguez, Marisol Rodríguez y María Rumin, 18 de mayo de 2017, y entrevista personal a Paca Pérez, 23 de mayo de 2017. <<

[45] UJCE: «Medidas de seguridad», Informes General Movimiento Estudiantil, caja 125, carp. 5, AHPCE. <<

[46] Informes del Interior, núm. 141, sign. 174: «Informe de Antonio y Tomás Sanz Calleja sobre la situación en España», 5. 1, 15 de agosto de 1948, AHPCE, en José Alberto Gómez Roda, «La tortura en España bajo el franquismo: testimonio de torturas durante la dictadura y la transición a la democracia», Pasajes. Revista de Pensamiento Contemporáneo, 17, 2005, pág. 5. <<

[47] Pere Ysàs, «La imposible “paz social”. El movimiento obrero y la dictadura franquista», en Historia del Presente, núm. 9, 2007, págs. 9-10, y «El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975)», Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30, 2008, págs. 171-173. <<

[48] Eran conocidas así porque se convocaban sin ningún tipo de consigna ni propaganda. Si el minero que tenía más autoridad entre sus compañeros no bajaba a picar a la mina o no se cambiaba de ropa, los demás trabajadores le seguían. Pablo Alcántara Pérez, ob. cit., págs. 71-74. <<

[49] Irene Díaz y Rubén Vega, «El ciclo de las grandes huelgas mineras (1957-1964)», en Rubén Vega García (coord.), El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo. 1937-1977, KRK, Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2013, págs. 263-264, y Pere Ysàs, ob. cit., págs. 9-10. <<

[50] Pere Ysàs, ob. cit., págs. 171-172; Irene Díaz y Rubén Vega, ob. cit., pág. 282; NO-DO, 27 de mayo de 1957, en http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-751/1486785/ [consultado el 18 de marzo de 2019]; «Gobernador Militar de Asturias», 23 de mayo de 1957, caja núm. 18751 carp. 3, AGMA, y Pablo Alcántara Pérez, ob. cit., págs. 47-49. <<

[51] Pere Ysàs, ob. cit., pág. 171. <<

[52] «Carta capitán general de la 7.a Región Militar. Valladolid», 22 de mayo de 1957, caja núm. 18751, carp. 3, AGMA. <<

[53] Participaron en las diligencias, además de Claudio Ramos, el comisario Leovigildo Diosdado Herrero, los inspectores José Fernández Nespral y Gabriel González Palacio, y los agentes Pascual Honrado Fuente, Antonio Carrasco Muñoz y Gabriel López Palacio. Pablo Alcántara Pérez, ob. cit., págs. 65-69; Irene Díaz y Rubén Vega, ob. cit., pág. 274, y «Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros», Fondo Moderno, sumario 633, leg. 184, AGHD. <<

[54] Francisco Erice Sebares, ob. cit., pág. 67; «Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros», Fondo Moderno, sumario 633, leg. 184, AGHD, y Estado Mayor Central del Ejército, 7.a Sección, 3 de septiembre de 1958. AGMA. <<

[55] Ramón García Piñeiro, «Represión gubernativa, códigos de resistencia y respuesta obrera», en Rubén Vega García, Las huelgas de 1962 en Asturias, Trea, Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2012, págs. 291-294, y José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., págs. 63-64. <<

[56] Claudia Cabrero Blanco, «Asturias. Las mujeres y las huelgas», en José Babiano (ed.), Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2007, págs. 194-195. <<

[57] En 2017, el dibujante Alberto Vázquez García publicó la novela gráfica Los llazos coloraos, sobre la lucha antifranquista en las cuencas mineras, en la que yo mismo pude participar aportando información para el contenido histórico. Estoy agradecido por ello. También le doy las gracias a la historiadora Romina Criado Cardín por cederme su trabajo fin de máster sobre Anita Sirgo, ob. cit., págs. 8893; Víctor Bayón García, Crónica de una lucha: mi actividad en el Partido Comunista, PCE de León, León, 2011, págs. 45-46; Romina Criado Cardín, Anita Sirgo, trabajo fin de Grado, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2018, págs. 6-15; Alberto Vázquez García, Los llazos coloraos, Trabe, Oviedo, 2019, págs. 27-34, y entrevista personal a Anita Sirgo, 17 de septiembre de 2017. <<

[58] «Documento dirigido por 102 intelectuales a Fraga Iribarne», Mundo Obrero, septiembre de 1963, pág. 3. <<

[59] «Fraga Iribarne rebate las acusaciones de un grupo de intelectuales», ABC, 13 de octubre de 1963, págs. 55-56; «Nuevo escrito de 188 intelectuales al ministro de Información», Mundo Obrero, diciembre de 1963, pág. 3, y Víctor Bayón García, ob. cit., pág. 52. <<

[60] Borja Menéndez, «El día que las gorras volaron», en Atlántica XXII, núm. 38, mayo de 2015, en https://www.atlanticaxxii.com/el-dia-que-lasgorras-volaron/ [consultado el 10 de junio de 2017]; entrevista personal a Severino Arias Morillo, 25 de julio de 2017, y DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», Ministerio del Interior, exp. 53108_0210, AHN, pág. 5. <<

[61] Irene Díaz y Rubén Vega, «Conflictos obreros y movilizaciones sociales en el tardofranquismo y la transición», en Rubén Vega, ob. cit., pág. 311; Gerardo Iglesias, comunicación personal en Alberto Vázquez, documental «Poca ropa. El asalto a la comisaría de Mieres», autoedición, Mieres, 2015; DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 5. <<

[62] «La gran manifestación en Mieres», Mundo Obrero, abril de 1965, pág. 6. Aquilino Fernández Fernández, Aquilino de Polio, comunicación personal, 2 de septiembre de 2017; DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 5. <<

[63] «Maniobra subversiva en Asturias. Nota del Gobierno Civil», ABC, 13 de marzo de 1965, pág. 64; «La gran manifestación en Mieres», Mundo Obrero, abril de 1965, pág. 6; «Asturian Miners rush the Police Station», The New York Times, 14 de marzo de 1965, págs. 1 y 13; DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 5; Aquilino Fernández Fernández, Aquilino de Polio, comunicación personal, 2 de septiembre de 2017. <<

[64] Testimonio de Gerardo Iglesias Argüelles, en Alberto Vázquez, ob. cit. <<

[65] Testimonios de Juana Prieto Fernández, 4 de septiembre de 2017; de María Luisa Vigil Álvarez, 23 de agosto de 2017, y de Pilar Alonso Cachero, 25 de agosto de 2017. <<

[66] «La gran manifestación de Mieres», Mundo Obrero, abril de 1965, pág. 6. <<

[67] Agustín Bermúdez, Tino Tarzán, en comunicación personal con el autor, 24 de agosto de 2017. <<

[68] «Una manifestación digna de Asturias», Libertad para España, abril de 1965, pág. 4, y José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., pág. 103. <<

[69] Testimonio personal de Severino Arias Morillo, 25 de julio de 2017. <<

[70] Testimonio de Aquilino Fernández Fernández, Aquilino de Polio, 2 de septiembre de 2017. <<

[71] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 6. <<

[72] Testimonio de Anita Sirgo, 29 de agosto de 2017. <<

[73] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 6. <<

[74] Una de esas fotos aparece en el encarte fotográfico de este libro. Las encontré en el CDMH. <<

[75] Sentencias núm. 52/66 del 16 de abril de 1966 y núm. 64/66, del 4 de mayo de 1966, en José Gómez y Rubén Vega, Las sentencias del tribunal de orden público. TOPDAT: una base de datos para explotar, CC OO, Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2009. <<

[76] José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., pág. 106. <<

[77] Ibíd., pág. 103. <<

[78] «Un millieur de mineurs manifesten dans les Asturies», Le Monde, 15 de marzo de 1965; «Asturian Miners rush Police Station», The New York Times, 14 de marzo de 1965, pág. 13. <<

[79] José Manuel Mateu de Ros (1921-1974), excombatiente de la División Azul. Llegó a ser secretario del distrito universitario y director de la revista Acción del SEU de Valencia. Asimismo, se incorporó a la Organización Sindical Vertical, llegando a ser vicesecretario de Ordenación Económica de la CNS de Valencia. En 1956 fue designado vicesecretario de Ordenación Social de la Delegación Nacional de Sindicatos, además de ser secretario general del Consejo Social y procurador en Cortes, por representación sindical, entre 1956 y 1967. Sería nombrado gobernador civil de Córdoba y después de Asturias. <<

[80] «Nota Gobierno Civil», 13 de marzo de 1965, en La Nueva España, La Voz de Asturias, El Comercio, pág. 1; ABC, pág. 64, y La Vanguardia, pág. 44; «El pasado viernes se intentó en Mieres un golpe de fuerza, usando la buena fe de los trabajadores», La Nueva España, 18 de marzo de 1965, pág. 13; «Un grupo de vividores de la agitación pretende quebrar la justicia social de nuestro sindicato», La Voz de Asturias, 18 de marzo de 1965, pág. 10. <<

[81] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965», ob. cit., pág. 6. <<

[82] Horacio Fernández Inguanzo (1911-1996), político y dirigente comunista español. Al estallar la Guerra Civil ingresó en las milicias del PCE, en las que logró el rango de teniente de artillería. Fue detenido por las tropas franquistas y condenado a muerte, pena que se le conmutó. En 1943 salió de la cárcel, pero regresó en 1945 y allí permaneció hasta 1954, pasando a la clandestinidad. En el exilio desde 1958, realizó viajes a Asturias, donde fue dirigente del partido. Volvió a ser detenido en 1969, pero tras la muerte de Franco, fue elegido diputado a las Cortes y dirigente del Partido Comunista en Asturias. <<

[83] Horacio Fernández Inguanzo, «Asturias en la lucha por las libertades democráticas», Mundo Obrero, abril de 1965, pág. 3. <<

[84] Ibíd., pág. 19. <<

[85] Abdón Mateos López, «Comunistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones del Sindicato Vertical, 1944-1967», Espacio, tiempo y forma. Historia Contemporánea, núm. 1, 1988, págs. 403-407, y Juan Moreno, «Una cronología de CC OO durante el franquismo», Nueva Tribuna, 2016, págs. 6-9. <<

[86] Marcelino Camacho Abad, ob. cit., págs. 167-168; Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo, Planeta, Barcelona, 2007, pág. 448; Irene Díaz y Rubén Vega, ob. cit., págs. 316-321; «Las manifestaciones del 27» y «Manifestaciones de millares de obreros sevillanos», Mundo Obrero, 1 de febrero de 1967, págs. 6-7; «La situación laboral de Madrid», ABC, 31 de enero de 1967, pág. 63. <<

[87] CC OO JJ: «Ponencia de las Comisiones Obreras Juveniles ante la situación actual de la juventud madrileña», marzo de 1968, págs. 1-5. Archivo personal de Marcel Camacho. <<

[88] «Nota de la delegación provincial de sindicatos», ABC, 30 de abril de 1966, pág. 90; «Nota del sindicato madrileño del metal a sus afiliados», ABC, 14 de marzo de 1967, pág. 39, y José Manuel Mateu de Ros, «Posibles soluciones para contrarrestar y anular la acción de las llamadas Comisiones Obreras», mayo de 1967, FNFF, págs. 1-2. <<

[89] Juan Moreno, ob. cit., págs. 12-13. <<

[90] Marcelino Camacho Abad, ob. cit., págs. 167-168; Fernando Jáuregui y Pedro Vega, ob. cit., pág. 448, y «La victoria del 1.º de febrero», Mundo Obrero, 1 de febrero de 1967, pág. 4. <<

[91] Lucas Marco, ob. cit., págs. 92-93; «Varios detenidos por reunión ilegal», ABC, 25 de abril de 1967, pág. 71, y «Detención de miembros de las Comisiones Obreras», ABC, 26 de septiembre de 1967, pág. 53. <<

[92] Julián Ariza Rico (1934), sindicalista y político español, exdirigente de Comisiones Obreras (CC OO). Estudió Maestría Industrial, en la especialidad de delineante, y empezó a trabajar en la fábrica Perkins, donde conoció a Marcelino Camacho. Junto a él sería uno de los fundadores de CC OO, impulsadas principalmente por el PCE, del que fue militante entre 1963 y 1985, cuando fue expulsado. Ccupó varios puestos dirigentes dentro de CC OO. <<

[93] Los policías que participaron en las detenciones e interrogatorios fueron los miembros de la BPS Conrado Delso, Félix Villalba Campillo, Luis Calvo, Jaime Vicente, José Manuel Acevedo Alallara, Manuel Sánchez Fernández, Eladio Miguel Galindo, Ángel García Cuadrado, Eugenio Arilla Alperete, Alfredo Torres Vielba, José Miguel Montes Cano, Ángel Moneva Moneva, José Manuel Fernández Hidalgo, Juan García Gelabert, Jesús Morete Martínez, Miguel Ángel Gil Gutiérrez de los Silos, Carlos Rio-Miranda García, Luis Rubio Castro, Manuel Antonio Palacios Cura, Isidro Martín Francisco, Jesús Simón Cristóbal. Estos agentes actuaron cumpliendo las órdenes del jefe de la BPS Vicente Reguengo, que también mandó la inspección de los hogares de varios de los detenidos. «Juicio contra Julián Ariza y otros», 24 de octubre de 1967, CDMH, págs. 1-212. <<

[94] «Detención de catorce comunistas y separatistas en Vitoria», ABC, 1 de noviembre de 1967, pág. 40, y «Saborido Galán, ante Orden Público», ABC, 15 de diciembre de 1967, pág. 44. <<

[95] DGS: Comisaría General de Investigación Social, «Boletín extraordinario», 20 de mayo de 1969, AHN, y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-elarchivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 15 de diciembre de 2018]; Alberto Sabio, ob. cit., págs. 98-99, y Lucas Marco, ob. cit., págs. 95-97. <<

[96] Entrevista personal a José Benito, 20 de junio de 2018. <<

[97] DGS: Comisaría General de Investigación Social, «Normas de las Comisiones Obreras ante sus militantes», 19 de septiembre de 1969, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-queactualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/. Véase también DGS: Comisaría General de Investigación Social, «Instrucciones y normas de carácter orgánico y clandestino editadas por activistas de Comisiones Obreras», págs. 2-9, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-dela-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/. <<

[98] https://www.publico.es/espana/granada-recuerda-tres-obreros-asesinados.html[consultado el 12 de junio de 2019] y https://www.madridiario.es/437054/pedro-patino-y-su-lucha-por-la-libertad [consultado el 12 de junio de 2019] y https://www.ferrol360.es/las-dos-caras-del10-de-marzo-lo-que-fue-y-lo-que-es/ [consultado el 12 de junio de 2019]. <<

[99] Los demás policías que formaban parte de la sección eran José Soriano Rubio, Florentino Martínez Martín, Julián Pérez García, Luis Galache Corchete, Pedro Alcalá Galán, José Flores Alonso, Manuel Aparicio Fuente, Luis González Escanciano, Carlos Fernández López, Pedro Campos González, Jesús Murgui Rodríguez, Paulino Fernández González, Fernando Almenara Espallargues, Francisco Pérez Pérez. DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit., págs. 498-499. <<

[100] Estos eran Conrado Delso Pérez, Benjamín Caro García, José Alcarria González, Luis María Sánchez Rubio, Antonio Castaño Diéguez, Rafael Núñez Ispa, Antonio Carballo Hernanz, Antonio González Pacheco y Saturnino Yagüe. <<

[101] Los detenidos fueron Marcelino Camacho Abad (antiguo trabajador de la Perkins y dirigente de CC OO en Madrid), Francisco García Salve (sacerdote en Madrid), Nicolás Sartorius Álvarez de Bohórquez (abogado laboralista en Asturias y en Madrid, dirigente del FLP y del PCE y CC OO), Eduardo Saborido Galán (trabajador de Hispania Aviación y dirigente de CC OO en Andalucía), Fernando Soto Martín (trabajador de CASA y dirigente de CC OO en Andalucía), Francisco Acosta Orge (trabajador de Transportes Urbanos de Sevilla y dirigente de CC OO en Andalucía), Miguel Ángel Zamora Antón (reprógrafo en la Universidad de Zaragoza y dirigente de CC OO en Aragón), Pedro Santiesteban Hurtado (mecánico tornero en Burceña, Vizcaya, y dirigente de CC OO en Euskadi), Juan Marcos Muñiz Zapico (obrero metalúrgico en Mieres, dirigente de CC OO en Asturias) y Luis Fernández Costilla (electricista en Valladolid y dirigente de CC OO en Castilla y León). Entrevista a Francisco Acosta en «El proceso 1001. Los diez de Carabanchel», documentos de RNE, en http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso- 1001-10-carabanchel13-08-14/1691801/; Marcelino, Camacho Abad, Confieso…, ob. cit., págs. 269-270, y Daniel Serrano y Rodolfo Serrano, Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo, Muevetulengua, Madrid, 2016, págs. 251-252. <<

[102] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit. <<

[103] Francisco Gago, «Las Comisiones Obreras durante el franquismo», Tiempo y sociedad, núm. 24, 2016, págs. 67-70, 480; Marcelino Camacho Abad, «Haremos el proceso al régimen», Mundo Obrero, enero de 1973, pág. 2; «Marcelino Camacho nuevamente detenido», Mundo Obrero, 8 de julio de 1973, pág. 1. <<

[104] José Babiano, 1.º de Mayo. Historia y significado, Altaban, Madrid, 2006, págs. 73-74, y Juan Martín López Sánchez, «El 1.º de Mayo en el franquismo: “Por Dios, por España y por su Revolución Nacional-Sindicalista”», Junta de Andalucía, Sevilla, 30 de abril de 2018, en http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-1o-de-mayo-en-el-franquismo- pordios-por-espana-y-por-su-revolucion-nacional-sindicalista/ [consultado el 6 de octubre de 2018]. <<

[105] DGS: Boletín Informativo núm. 38, «Campaña subversiva 1.º de Mayo», 9 de septiembre de 1975, págs. 18-19, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los- boletinesinformativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estanen-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/. <<

[106] https://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/emocion-primero-mayo-resistencia/20150502131958029828.html [consultado el 14 de marzo de 2019]. <<

[107] Álvaro Soto Carmona, «Auge y caída de la organización sindical española», en Espacio, tiempo y forma. Historia Contemporánea, núm. 8, 1995, págs. 273-276. <<

[1] «Informe de la DGS sobre actividades comunistas en Madrid», abril de 1945, sig. 858, FNFF, pág. 15. <<

[2] DGS: Boletín Informativo núm. 1, 16 de diciembre de 1946, «Comunismo», «Anarco-sindicalismo», págs. 1-2, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 15 de septiembre de 2019]. <<

[3] DGS: Boletín Informativo núm. 2, 20 de diciembre de 1946, «Socialismo» y «Comunismo», págs. 1-2, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-elarchivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 15 de septiembre de 2019]. Ramón González Peña (1888-1952), minero, sindicalista y socialista, fue secretario general de la Federación de Mineros de la UGT, diputado en las Cortes de la Segunda República por el PSOE y participante en la Revolución de Octubre de 1934, por lo que fue encarcelado. Fue ministro de Justicia en el Gobierno republicano durante la Guerra Civil. Tras el final de la contienda se exilió en México. <<

[4] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Actividades comunistas» núm. 8, 3 de febrero de 1947, AHN, págs. 1-2. DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Las cuestiones sindicales en las actividades de los comunistas», núm. 10, 23 de febrero de 1947, AHN, pág. 1. Comisaría General Político-Social: Boletín Informativo, «Las escuelas especiales», núm. 14, 26 de abril de 1947, AHN, págs. 1-3; Comisaría General Político-Social: Boletín Informativo, «Sobre llegada de agitadores a España», núm. 26, 16 de diciembre de 1947, AHN, pág. 1. <<

[5] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «La agitación clandestina durante el año 1949», enero de 1950, pág. 1, en AHN y en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bpsque-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 19 de septiembre de 2019]. <<

[6] Datos conseguidos a través de los boletines de la BPS de 1950, 1951 y 1952 que se pueden encontrar en el Archivo Histórico Nacional o en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bpsque-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila. <<

[7] Simón Sánchez Montero (1915-2006), dirigente comunista español. De familia campesina, emigró a Madrid en 1927, donde trabajó como sastre y panadero. Durante la Segunda República se afilió al sindicato de panaderos de la UGT, en 1933, y en 1936 al PCE. Combatió durante la Guerra Civil en el bando republicano, encuadrado en un batallón sindical de panaderos. Al finalizar la contienda huyó a Sevilla, regresando a Madrid en 1944. Un año más tarde, en septiembre de 1945, fue detenido y condenado a catorce años de prisión, que cumplió en los penales de Alcalá de Henares y Burgos, hasta 1952. En 1954 fue elegido miembro del Comité Central del PCE, y en 1956, del Comité Ejecutivo. Uno de los máximos responsables del Partido Comunista en la clandestinidad, fue de nuevo detenido en 1959, siendo encarcelado hasta 1966. En 1973 volvería a la cárcel, hasta la muerte de Franco. Durante la Transición sería nombrado diputado en 1977 y 1979. <<

[8] Fernando Jáuregui y Pedro Vega, ob. cit., pág. 241; José Luis Losa, ob. cit., págs. 241-242, y Gregorio Morán, Miseria, grandeza y agonía del PCE (1939-1985), Akal, Madrid, 2018, págs. 567-570. <<

[9] Ibíd., y VI Congreso del PCE, AHPCE. <<

[10] Comparecencia de Luis Lucio Lobato, 14 de mayo de 1959, «Consejo de guerra contra Simón Sánchez Montero y otros», sumario 653, leg. 234, Fondo Madrid, AGHD, pág. 50, y «Simón Sánchez Montero y su grupo», 1959, caja 42, carp. 4, AHPCE, pág. 6. <<

[11] Simón Sánchez Montero y su grupo, 1959, caja 42, carp. 4, AHPCE, pág. 7. <<

[12] «Denunciamos», Nuestras Ideas, diciembre de 1959. <<

[13] «La ejemplar conducta de Simón Sánchez Montero ante la Policía», Mundo Obrero, 15 de septiembre de 1959, pág. 4. <<

[14] Estos policías eran los inspectores Conrado Delso, José Sánchez Guerrero, Javier Olazábal Cortázar, Gonzalo Garzón Barriuso, Emiliano García del Toro, Félix Mínguez González, Francisco Sánchez Campanero, Juan Ángel de la Torre Alonso, Eduardo Moreno Pérez Valdivia, Julián García Sánchez, Joaquín Gómez Zarranz y Carlos Anechina Checa. «Consejo de guerra contra Julio Cerón y otros», sumario 394, exp. 783, Fondo Moderno, año 1959, AGHD págs. 5-7. <<

[15] Edualdo Casanova, El Partido Comunista de España (1920-1991), Saberes inútiles, Zaragoza, 2018, págs. 267-268; Francisco, Erice Sebares, ob. cit., págs. 36-39; José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., pág. 46, y Gregorio Morán, ob. cit., págs. 584-586. <<

[16] También participaron los inspectores Enrique Bretaño Gálvez Medina y Aniceto Tamayo Vian, de Zaragoza. Por Valladolid, intervinieron los policías Enrique Sánchez Casaurran, Basilio González Lozano y Amancio Fernández Cernuda. Manuel Picón Cremata realizó diligencias en Santander. Julián Oter del Valle y Teófilo Ruíz Martínez actuaron en las de Barcelona. Mariano Sierra Gutiérrez y José de García Marco ejercieron diligencias en León. Antonio Fernández Arias y Manuel Díaz Fernández-Yáñez practicaron diligencias en Valencia. Enrique Sánchez Casurrarán, Julio Aguado Brugeras y José Luis Carlo Mora Sáez fueron los encargados de llevar los interrogatorios en San Sebastián. Donato San Juan Cabezudo, José de Gracia de Marco, José Sánchez Guerrero, Javier olozábal Cortázar y Emiliano García del Toro las realizaron en Madrid. En Asturias fueron Claudio Ramos en Oviedo y el guardia civil Recaredo en Gijón, en «Consejo de guerra contra Aladino Cuervo y otros», Fondo Moderno, sumario 183, leg. 308, AGHD, y José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., págs. 46-47. <<

[17] Consejo de guerra contra Aladino Cuervo y otros. Fondo Moderno, sumario 183, leg. 308, AGHD, pág. 48. <<

[18] Entrevista personal a Vicente Gutiérrez Solís, 31 de agosto de 2017. <<

[19] José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., pág. 47; Gregorio Morán, Miseria, grandeza…, ob. cit., pág. 592. «Sentencia», Fondo Moderno, sumario 183, leg. 308, AGHD, págs. 590-597. <<

[20] Francisco Erice Sebares, «La muerte de Grimau: crimen legal e impunidad política», Crónica popular, abril de 2013; Gregorio Morán, ob. cit., págs. 626-629; Ángel Ruiz Ayúcar, El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad, San Martín, Madrid, 1976, págs. 316-318. <<

[21] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Julián Grimau. Miembro del Comité Central del Partido Comunista», exp. 53103_556, AHN, pág. 6, y Gregorio Morán, Miseria, grandeza…, ob. cit., pág. 629. <<

[22] Francisco Erice Sebares, «La muerte…», ob. cit., y Gregorio Morán, Miseria, grandeza…, ob. cit., pág. 630; «¡Unios todos para que Julián Grimau sea el último español torturado!», Mundo Obrero, diciembre de 1962, pág. 2. <<

[23] DGS: Inspección General de Personal, «Informe de Saturnino Yagüe», núm. 8623, AGMI, págs. 329-331. <<

[24] https://www.cronicapopular.es/2017Z10/aniversario-de-las-condenas-a-muerte-de-los-anarquistas-joaquin-delgado-y-francisco-granado/ [consultado el 8 de octubre de 2018]. <<

[25] Edualdo Casanova, ob. cit., págs. 286-288, y Gregorio Morán, ob. cit., págs. 816-821. <<

[26] Junta Democrática: «Declaración de la Junta Democrática de España», 29 de julio de 1974, en http://biblioteca.andalucia.ccoo.es:8080/intranet- tmpl/prog/local_repository/documents/14670_6414.pdf [consultado el 3 de agosto de 2019]. <<

[27] «Expediente personal de Horacio Fernández Inguanzo. Carta a Carrillo», Represión franquista, caja 43, carp. 2, AHPCE; «Expediente personal de Horacio Fernández Inguanzo. Diligencias policiales. Expediente judicial. Represión franquista», caja 43, carp. 2, AHPCE, págs. 1-5; Benigno Delmiro Coto, Fausto Sánchez García, Trabe, Gijón, 2020, págs. 106-107 y 128; José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., pág. 138, y Gregorio Morán, ob. cit., págs. 814-815. <<

[28] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 586. <<

[29] «Verdugos y traidores, Represión franquista», AHPCE, págs. 2-30; Cables sobre policía del PCE, «Listado de policías» y «Policías destacados en la represión y las torturas», en «Represión franquista», AHPCE, págs. 1-14, y «Camarada Felipe, “Actuación del enemigo contra la organización, métodos empleados para contrarrestarla y experiencias adquiridas”», Madrid, abril de 1952, «represión franquista», AHPCE, págs. 1-3. <<

[30] PCE, Comisión Central de Educación Política, «Los comunistas ante la Policía y los tribunales», Cuadernos de Educación Política, 1970, AHPCE, págs. 1-10. <<

[31] Francisco Erice Sebares, ob. cit., págs. 154-155. <<

[32] PCE, Comisión Central de Educación Política, «Los comunistas ante la Policía y los tribunales», ob. cit., págs. 32-34. <<

[33] Fernando Jáuregui y Pedro Vega, ob. cit., págs. 857-859, y Gregorio Morán, ob. cit., págs. 860-863. <<

[34] Testimonio de Víctor Díaz Cardiel, en Antonio Jiménez Barca y Pablo Ordaz, Así fue la dictadura. Diez historias de la represión franquista, Debate, Barcelona, 2018, pág. 90. <<

[35] Entrevista personal a Vicente Gutiérrez Solís, 31 de agosto de 2017. <<

[36] Pierre Lambert fue un líder trotskista francés que durante años actuó como líder central de la Courant Communiste International (CCI) francesa, que fundó el Parti des Travailleurs. <<

[37] José Galante, «Una organización revolucionaria y democrática», en Martí Caussa y Ricard Martí i Mutanda (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria, Oveja Negra, Madrid, 2014, págs. 181-186. <<

[38] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Saturnino Yagüe», núm. 8623, AGMI, pág. 12. <<

[39] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Antonio González Pacheco», en https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino- represion-estudiantes_0_847615577.html [consultado el 20 de diciembre de 2018]. <<

[40] «Normas de seguridad LCR», 1971, págs. 1-12, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de- losboletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmenteestan- en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/. <<

[41] Entrevista personal a Luis Carreño, 20 de abril de 2017. <<

[42] Entrevista personal a Felisa Echegoyen, 20 de abril de 2017. <<

[43] Entrevista personal a Chato Galante, 15 de abril de 2017. <<

[44] Testimonio de Felisa Echegoyen en la documentación de la querella argentina contra los crímenes del franquismo iniciada en 2010. Firmado en Madrid el 22 de febrero de 2012, en Mario Martínez Zauner, Presos contra Franco, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019, pág. 101, y testimonio personal de Felisa Echegoyen del 20 de abril de 2017. <<

[45] Tino Burgos, «La izquierda revolucionaria en Asturias: los diferentes intentos de construcción de un proyecto alternativo al PCE», en Francisco Erice Sebares, Los comunistas en Asturias, Trea, Gijón, 1996, págs. 453-465; Ana Domínguez Rana, «La oposición revolucionaria al franquismo: el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y el frente revolucionario antifascista y patriota», Historia y Comunicación Social, núm. 2, 1997, pág. 298; Mariano Muniesa, FRAP: Memoria oral de la resistencia antifranquista, Quarentena, Madrid, 2015, págs. 2223, y Fernando Jiménez Vera, «La diáspora comunista en España», Historia Actual Online, núm. 20, 2009, pág. 38. <<

[46] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Partido Comunista Español (marxista-leninista)», núm. 67/1964, 24 de diciembre de 1964, AHN, págs. 5-19. <<

[47] DGS: Comisaría General de Investigación Social, «Actividades extremistas», 7 de mayo de 1965, núm. 16/1965, AHN, págs. 1-2. <<

[48] Ministerio de Información y Turismo, Gabinete de Enlace: «Paulino García Moya», Archivo General de la Administración (AGA). <<

[49] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Saturnino Yagüe», ob. cit., págs. 364-365. <<

[50] Lorenzo Peña, Amarga juventud: un ensayo de egohistoria, España Roja, Madrid, 2010, págs. 90-94, y José Sainz González, ob. cit., págs. 171-174. <<

[51] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., págs. 400, 438 y 450. <<

[52] Manuel Aznar Soler, «Literatura, historia y política en el exilio republicano de 1939», República de las Letras: Revista Literaria de la Asociación Colegial de Escritores, núm. 113, 2009 (ejemplar dedicado a: «1939-2009, setenta años del exilio cultural español»), págs. 374-377; Benigno Delmiro Coto, La rebelión de la cultura en Asturias. Las sociedades culturales frente al franquismo, KRK, Oviedo, 2020, págs. 87-89, y Luis Alfredo Lobato Blanco, Dos décadas del movimiento cultural y universitario en Asturias (1957-1976), Trea, Gijón, 1998, págs. 109-154. <<

[53] Gabriel Carrión, ob. cit., págs. 125-133, y Alex Niño, «Un estreno policial», El País, https://elpais.com/diario/1996/01 /15/madrid/14/01/1966 [consultado el 19 de enero de 2021].821708675_850215.xhtml <<

[54] Fernando Jáuregui y Pedro Vega, ob. cit., págs. 684-686; Luis Alfredo Blanco Lobato, ob. cit., págs. 104-105, y Céline Vaz, «Los arquitectos a finales del franquismo, entre la crisis profesional y el compromiso político-social», Segle XX. Revista Catalana d’História, núm. 10, 2017, págs. 38-45. <<

[55] Manolo López, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Bomarzo, Albacete, 2009, págs. 421-423 y 447-448, y Elsa Pascual, «Los abogados antifranquistas: actores de la lucha para el regreso de la democracia en España y víctimas de la represión franquista», en José Luis Muga y Santiago Vega Sombría (coords.), Verdad, justicia y reparación, Actas del I Congreso de Víctimas del Franquismo, Atrapasueños, Sevilla, 2013, págs. 5-6. <<

[56] DGS: Boletín extraordinario de Investigación Social del 24 de abril de 1969, «Estado de excepción», Madrid, leg. 21069, AHN, y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bpsque-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 15 de diciembre de 2018], y José Alén, Claudia Cabrero, Irene Díaz y Rubén Vega, ob. cit., págs. 128-132. <<

[57] Ibíd., págs. 7-10, y Pere Ysás, ob. cit., págs. 70-71. <<

[58] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Partido Comunista de España», 9 de marzo de 1974, págs. 7-8, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/. Para saber sobre la biografía de Juan Jose del Águila, información en https://justiciaydictadura.wordpress.com/about/ [consultado el 2 de agosto de 2019]. <<

[59] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Reunión Ilegal de Abogados», 6 de agosto de 1975, pág. 2, en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [consultado el 2 de agosto de 2019]. <<

[60] Ibíd., págs. 6-7. <<

[61] Ibíd. <<

[62] Elsa Pascual, ob. cit., págs. 3-5, y José Alén, Claudia Cabrero, Irene Díaz y Rubén Vega, ob. cit., págs. 132-137. <<

[63] Pilar Díaz Sánchez, Jueces contra el franquismo: Justicia Democrática, Maia, Madrid, 2016, págs. 19-28, y Fernando Jáuregui y Pedro Vega, ob. cit., pág. 679. Clemente Auguer Liñan (1933), magistrado y jurista español, presidió la Audiencia Territorial de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional entre 1998 y 2001. Terminó su carrera en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. <<

[64] Iker Casanova Alonso, Historia de ETA (1958-2008), Txalaparta, Navarra, 2007, págs. 17-20; Antonio Elorza (coord.), José María Garmendia, Gurutz Jáuregui y Florencio Domínguez, La Historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000, págs. 77-78 y 97, y Víctor Manuel Javato González, «ETA. Origen e ideología», Ab Initio, núm. 3, 2011, págs. 153-155. <<

[65] Antonio Elorza, Jose María Garmendia y Florencio Domínguez, ob. cit., págs. 224-226; Gaizka Fernández Soldevilla, «A sangre fría. El asesinato de José Antonio Pardines (y sus antecedentes)», en Florencio Domínguez Irribaren y Gaizka Fernández Soldevilla, Pardines. Cuando ETA empezó a matar, Tecnos, Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Madrid, Vitoria, 2017, págs. 94-98; Pablo Domínguez Román, «Orígenes de ETA y su desarrollo durante el franquismo», Revista de Clases de Historia, núm. 3, marzo de 2010, págs. 9-10. <<

[66] DGS: Boletín Informativo de Investigación Social, «Movimiento Nacionalista Vasco. Desarticulación de actividades de ETA», 23 de enero de 1964, núm. 3/1964, exp. 53106, AHN, págs. 1-18; DGS: Comisaría General de Investigación Social, «Desarticulación en Bilbao de un grupo afín a ETA», 4 de septiembre de 1964, núm. 50/1964, exp. 53107, AHN, págs. 1-8; Carlos María Bersitain, Francisco Etxebarría y Laura Pego, «Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2013)», Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Gobierno vasco, Universidad País Vasco, 2016, págs. 16 y 20, y José Antonio Pérez Pérez, Los años del acero. Transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-77), Biblioteca Nueva, Madrid, 1995, págs. 315-316. <<

[67] Antonio Elorza, Jose María Garmendia y Florencio Domínguez, ob. cit., págs. 224-226; Gaizka Fernández Soldevilla, ob. cit., págs. 94-98; Pablo Rodríguez San Román, ob. cit., págs. 9-10. <<

[68] Para ver más datos sobre su trayectoria policial, véase el capítulo 2. <<

[69] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Melitón Manzanas», ob. cit., págs. 54-55 y 285-292. <<

[70] Testimonios de los militantes del PNV Jokin Itza y Xavier Apaolaza, en https://elpais.com/diario/2001/01/28/domingo/980653598_850215.html [consultado el 12 de junio de 2019]. <<

[71] Testimonio de Francisco Pérez, gudari en el Batallón Gernika que luchó en la Segunda Guerra Mundial, en https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/07/08/politica/el-gudari-que-resistio-al- interrogatorio-de-meliton-manzana [consultado el 12 de junio de 2019]. <<

[72] Gaizka Fernández Soldevilla, «El simple arte de matar. Orígenes de la violencia terrorista en el País Vasco», Historia y Política, núm. 32, Madrid, julio-diciembre de 2014, págs. 291-293. <<

[73] Antoni Batista, ob. cit., pág. 212; Pau Casanellas, ob. cit., págs. 36-40, y José Sainz, ob. cit., págs. 176-180. <<

[74] Juan Alcalde, Los servicios secretos en España. La represión contra el movimiento libertario español (1936-1995), Universidad Complutense, Madrid, 1995, págs. 88-87, y Juan María de Peñaranda, ob. cit., págs. 80-90. <<

[75] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., págs. 570-577. <<

[76] Entrevista al general de brigada Manuel Fernández Monzón, que estuvo en el SECED, en el programa «Los servicios secretos en España. Su origen», Documentos RNE, en http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos- rne/documentos-rne-servicios-secretos-espana-su-origen-01-08-16/3332298/ [consultado el 9 de agosto de 2019], y Javier Tusell, Carrero Blanco. La eminencia gris del franquismo, Temas de Hoy, Madrid, 1993, págs. 436-437. <<

[77] Pau Casanellas, ob. cit., págs. 142-143. <<

[78] Ibíd., págs. 297-300. <<

[79] Los policías heridos fueron el comisario Conrado Delso Pérez, el inspector jefe Francisco Fernández-Valencia Matamoros, el inspector de segunda Fernando Simón Salvat, los inspectores de tercera José Ubach Taranco, Diego Robledo Hernández, José Ángel Anguiro Bardon, Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Manuel Aparicio Fuente, el subinspector de primera José María Sauras Vázquez, el sargento de primera Manuel Corrales Gómez, el inspector de policía Félix Ayuso Pinel y el policía armado Pedro Chicote Alonso. En DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Conrado Delso», ob. cit., págs. 31-32, y «Conrado Delso en listado con otros», caja 6, condecoraciones, AGMI, pág. 4. <<

[80] «Antecedentes de los detenidos» y «Refugios descubiertos en Madrid», ABC, 24 de septiembre de 1974, pág. 37. <<

[81] Eva Forest, Testimonios de lucha y resistencia, Megalde, Hendaya, 1977, págs. 51-72. <<

[82] https://www.publico.es/politica/billy-nino-torturaba-lidia-falcon-ya-no-pariras-mas-puta.html [consultado el 28 de junio de 2019]; Lidia Falcón O’Neil, Viernes 13 en la calle del Correo, Planeta, Barcelona, 1981, págs. 15-80, y Eva Forest, ob. cit., págs. 65-72. <<

[83] «Un hombre y una mujer ejecutaron el atentado de la calle del Correo», ABC, 28 de septiembre de 1974, pág. 31; «Cartas de Santiago Carrillo al director del Ya», Mundo Obrero, octubre de 1974, pág. 2, y José Sainz González, ob. cit., págs. 366-367. <<

[84] Carlos Hermidas Revilla, ob. cit., págs. 298-299, y Carmen García Ruiz, «Origen y desarticulación del Comité Pro-FRAP en Málaga», Andalucía medieval. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, vol. 13, Córdoba, 2001, Andalucía contemporánea III, págs. 5-6. <<

[85] Luis Puciercús Vázquez, Propaganda ilegal. Itinerarios de prisiones 1972-1975, Garaje, Madrid, 2018, págs. 43-47. <<

[86] «Nota oficial. 1 de Mayo», Información Española, mayo de 1973, en https://web.archive.org/web/20120620105954/https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/; DGS: «Desarticulación de grupos responsables de sucesos del 1.º de Mayo y otros», 42-09099-00022-0001, Gabinete de Enlace, AGA; Mariano Muniesa, ob. cit., págs. 44-45, y Francisco José Martínez Setién, «El FRAP entra en escena (mayo de 1973). Discursos, mensajes y opiniones en la prensa de la época», Historia y Comunicación Social, núm. 4, Departamento de Historia de la Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, 1999, págs. 368-370. <<

[87] Julio Gomáriz Acuña, Relato de un miembro del FRAP, Garaje, Madrid, 2018, págs. 90-94. <<

[88] Sobre este caso ha salido un libro que analiza con profundidad la detención y muerte de Cipriano Martos. Roger Mateos, Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de un militante antifranquista, Anagrama, Barcelona, 2018. <<

[89] Testimonio de Manuel Blanco Chivite, en Manuel Muniesa, ob. cit., págs. 142-143. <<

[90] Testimonio de Vladimiro Tovar García, en ibíd., pág. 243. <<

[91] Los otros policías eran Carlos Santos Arnechina Checa, Manuel Picón Cremata, Manuel Ángel Puell Espino, José Blanco Martínez, Javier García Carpintero, Pedro Martínez Jiménez, José Enríquez Concuerio, José María González Reglero, Loreno Hernández Gutiérrez, Gerardo Llinas Quevedo, Pedro Polo García, Tomás Rodríguez Calleja, Álvaro Valdemoro de Lara, Víctor Jesús Saiz de Aparicio, Ángel Fraila Ayuso, Juan Ignacio Herrero Romón y Juan Francisco Anguas Cañas. En DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 736. <<

[92] Ibíd., pág. 730. <<

[93] Los otros policías premiados fueron Carlos Anechina Checa, José Blanco Martín, Javier García Carpintero, Lorenzo Hernández Gutiérrez, Ángel Puell Espino, Eduardo Leal Gil, José Bernardo Barba Martín, José Luis Fraila Ayuso y Santiago Sánchez Casal, en ibíd., pág. 741. <<

[94] Carlos Fonseca, Mañana cuando me maten, La Esfera de los Libros, Madrid, 2015, págs. 113-155 y 180-220. <<

[95] «Condecoraciones concedidas con motivo de la festividad del primero de octubre», La Vanguardia, 1 de octubre de 1975, pág. 25; DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 745. <<

[1] Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, «Violencia política y movilización social en la Transición española», en Eduardo González y Olivier Compagnon (coords.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo xx, Casa de Velázquez, Madrid, 2009, pág. 95. <<

[2] Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta, Península, Barcelona, 2010, págs. 353-362. <<

[3] Sophie Baby, El mito de la transición pacífica, Akal, Madrid, 2018, págs. 345-400. <<

[4] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, Universidad de Burgos, Burgos, 2002, págs. 24-30. <<

[5] http://www.revistalacomuna.com/memoria/muerto-dictador-teofilo-del-valle/ [consultado el 20 de agosto de 2019]. <<

[6] https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/3-de-marzo-de-1976/audios/audios/detalle/2701862/-conversaciones-policiales-3-marzo-1976-radio-vitoria/ [consultado el 20 de agosto de 2019]. <<

[7] Los muertos fueron los abogados laboralistas Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Javier Sauquillo; el estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Los heridos fueron Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz. <<

[8] 8. Xavier Casals, ob. cit., págs. 284-286 y 290, https://radiorecuperandomemoria.com/2017/01/23/40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz/ [consultado el 20 de agosto de 2019], y en https://www.lamarea.com/2019/01/23/arturo-ruiz-el-joven-asesinado-la-vispera-de- atocha/ [consultado el 20 de agosto de 2019]. <<

[9] Pactos de la Moncloa, apartados VIII. Orden Público y X. Reorganización de los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público. <<

[10] Javier Barcelona Llop, «Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español», en Revista Española de Derecho Constitucional, 48, 1996, págs. 83-86, y Julián Delgado, ob. cit., pág. 357; Pablo Alcántara Pérez, «De la ley a la ley policial: sindicalismo en la policía y cambios en la legislación de las fuerzas de seguridad pública en la Transición y en democracia (1976-1986)», en Revista Historia Autónoma, 12, 2018, págs. 254-255. <<

[11] Tres días después de su coronación, el 25 de noviembre de 1975, Juan Carlos I promulgó mediante decreto el primer indulto general contra presos políticos, por el que fueron liberados 773 de ellos. El 30 de julio de 1976 se promulgó un nuevo decreto-ley que amnistiaba los delitos de «intencionalidad política», aunque con la restricción de «no poner en peligro la vida de nadie», que los jueces reinterpretaban. De ambas normativas se beneficiaron 266 presos políticos. En marzo de 1977 se aprobó otro indulto que liberó a 125 presos políticos. BOE, 25 y 26 de noviembre de 1975, pág. 24666; BOE, 3 y 4 de agosto de 1976, pág. 15097; BOE, 18 de marzo de 1977, pág. 6301, en Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política, Alianza, Madrid, 2008, págs. 286-289, y Carmen Molinero, «La Ley de Amnistía de 1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después», en Olga Espuny, María Jesús Espuny y Paz Espuny (eds.), 30 años de la Ley de Amnistía, Dickynson, Madrid, 2009, págs. 4345. <<

[12] Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. <<

[13] Equipo Nizkor, «La cuestión de la impunidad y los crímenes franquistas», abril de 2004, págs. 27-30. <<

[14] Marcelino Camacho Abad. Sesión Plenaria celebrada el 14 de octubre de 1977, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, págs. 960-963. <<

[15] Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, Oberón, Madrid, 2004, págs. 245-246, «El inspector Matute, amnistiado», El País, 27 de octubre de 1977, en https://elpais.Com/diario/1977/10/27/espana/246754811_850215.html [consultado el 10 de agosto de 2019] Enrique Berzal, «El caso del estudiante que saltó por la ventana de la comisaría», El Norte de Castilla, recuperado en https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201408/02/caso-estudiante-salto- ventana-20140731172613.html [consultado el 20 de diciembre de 2019]. <<

[16] https://www.publico.es/politica/garcia-caparros-murio-asesinado-disparo-policial-cabo-fallecio-cuatro-anos.html. <<

[17] Carlos Fonseca, No te olvides de mí. Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición, Planeta, Barcelona, 2018, págs. 21-65. <<

[18] Eduardo Parra Iñesta, «La práctica de la tortura en la Transición y democracia», en Pedro Oliver Olmo, ob. cit., pág. 216. <<

[19] Ibíd., págs. 215-217, y https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201605/17/caso-almeria-aniversario- horror-20160517104223.html [consultado el 26 de agosto de 2019]. https://www.eldiario.es/cv/opinion/Caso-Almeria-crimen_6_771382867.html [consultado el 26 de agosto de 2019]. <<

[20] Xavier Casals, ob. cit., págs. 555-556. <<

[21] «El jefe de la Policía superior, destinado a la Coruña», ABC, 9 de junio de 1976, pág. 14, y Lucas Marco, ob. cit., págs. 109-111; Gregorio Morán, «De comisario a superagente», Diario 16, 2 de abril de 1977, pág. 17. Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), político y diplomático español. Su trayectoria política se desarrolló desde los años cincuenta del siglo xx hasta el año 2011, ocupando casi ininterrumpidamente cargos de relevancia política e institucional, tanto en la dictadura de Franco como en el período democrático. Fue ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación entre diciembre de 1975 y julio de 1976, y presidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005. <<

[22] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 730. <<

[23] «Oriol y Villaescusa, rescatados por la Policía», El País, 12 de febrero de 1977. <<

[24] «Quince días tras los GRAPO», ABC, 12 de febrero de 1977, pág. 13. <<

[25] Pilar Urbano, «El rescate de Oriol y Villaescusa», ABC, 16 de febrero de 1977, págs. 48-49. <<

[26] Antonio Machín, «Super ¿qué? Conesa en la picota», La Calle, 10 de mayo de 1977, pág. 4. <<

[27] Gregorio Morán, «Superagente Conesa. Esta es su vida», Diario 16, del 24 de abril de 1977 al 2 de mayo de 1977. <<

[28] «Gregorio Morán detenido», El Alcázar, 21 de mayo de 1977. <<

[29] Antonio Yelo, «Entrevista a Gregorio Morán», Jot Down, 5 de enero de 2014. <<

[30] Antonio Machín, ob. cit., pág. 4. <<

[31] «Torturadores al poder (paralelo)», La Calle, 1-7 de mayo de 1979. <<

[32] Los otros nombrados junto con Conesa fueron José Sainz González, como subdirector general de Seguridad; Antonio Márquez Urquiaga, como inspector general de Personal y Servicios; Federico Sanz Gomara, como comisario general de Seguridad y Orden Público; José Trinitario Romero Sánchez, como comisario de Investigación; Francisco de Asís Pastor Jiménez, como jefe superior de Policía de Madrid; José María Callejas Peinado, como jefe superior de Policía de Barcelona, y Ramón González Hernández, como jefe superior de Policía de Valencia, en «Ocho relevos en la Dirección General de Seguridad», El País, 7 de junio de 1977. <<

[33] «UNP contra Conesa», Cambio 16, 15 de enero de 1978, pág. 28. <<

[34] DGS: Inspección General de Personal, «Expediente personal de Roberto Conesa», ob. cit., pág. 482. <<

[35] Ibíd., págs. 675-676. <<

[36] «El comisario Conesa, al frente de la policía antiterrorista en el País Vasco», ABC, 16 de enero de 1979, pág. 5. <<

[37] «Conesa se jubiló ayer», ABC, 16 de mayo de 1979, pág. 5. <<

[38] Lucas Marcos, ob. cit., págs. 77-78. <<

[39] Ana González, «El ascenso de los policías ultras», Interviú, junio de 1980, págs. 6-10; Luis Díez, Las cloacas de la Transición, Espasa, Madrid, 2011, págs. 180-181, y Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez, Lo que nos queda de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1995, págs. 165-170. <<

[40] «El Ministerio del Interior decidió la reorganización policial», El País, 1 de septiembre de 1978, pág. 8. <<

[41] Rubén Vega García, «Claudio Ramos, el represor eficaz», en Atlántica XXII, en https://www.atlanticaxxii.com/claudio-ramos-el-represor-eficaz/ [consultado el 18 de abril de 2018], y José Ramón Gómez Fouz, ob. cit., págs. 120-121. <<

[42] Alfredo Grimaldos, ob. cit., págs. 216-220, y «Expediente personal de Antonio González Pacheco», AGMI, DGS: Inspección General de Personal, en Raquel Ejerique y Laura Galaup, «La hoja de servicios del torturador Billy el Niño», en https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-estudiantes_0_847615577.html [consultado el 27 de agosto de 2019]. <<

[43] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pág. 156. <<

[44] «Manifestación de policías ante el Ministerio de la Gobernación», El País, 18 de diciembre de 1977; «Más de sesenta guardias civiles arrestados y unos cien expedientados», El País, 18 de diciembre de 1976. <<

[45] Ibíd., y José Tejero Díaz, Memoria de una lucha clandestina (1976-1985), Fundación de Estudios de Seguridad y Policía, Málaga, 2015, pág. 32. <<

[46] Los nombres de los otros policías eran Francisco de Asís Pastor Giménez, José Sainz González, Antonio González Pacheco, Andrés Gómez Margarida, Manuel Gómez Sandoval, Antonio del Campo Cuéllar, Pedro Martínez Giménez, José Luis Fraile Ayuso, Francisco J. Tejedor Peña, Jesús González Reglero y Antonio García Navas, «La Policía denuncia», Sección Represión franquista, caja 48, carp. 3.4, AHPCE, en Mario Amorós, Argentina contra Franco, Akal, Madrid, 2014, págs. 109-111. <<

[47] Mauricio Moya, La Policía y sus sindicatos en España, Fundamentos, Madrid, 1982, págs. 19-22. <<

[48] Jesús Merino de la Hoz, «Formidable editorial», El País, 28 de septiembre de 1979. <<

[49] Jesús de las Heras, «Solidaridad de Alcobendas con un comisario de policía», El País, 10 de octubre de 1979. <<

[50] Promotores USP, «Libertad de expresión de los policías», El País, 30 de octubre de 1979. <<

[51] José Tejero Díaz, ob. cit., pág. 61. <<

[52] Ibíd., pág. 87. <<

[53] Entrevista personal a José Tejero Díaz, 6 de diciembre de 2017. <<

[54] José Manuel Fornet Sánchez, «La policía que quisimos», diario digital El Satiricón, 20 de octubre de 2012. <<

[55] Manuel Torres e Isaac García, ob. cit., pág. 245. <<

[56] José Tejero Díaz, ob. cit., pág. 55. <<

[57] Ana González, ob. cit., págs. 6-7. <<

[58] Mariano Sánchez Soler, «La lista de policías acusados de tortura», Tiempo, 511 de noviembre de 1984, págs. 26-30. <<

[59] Los firmantes de la carta eran Ramón Iruretegoneya Marín, profesor de alemán; Pedro Paena Pinar, trabajador de Lackey; Sara Munáriz Agorreta, profesora de euskera; Floreal Torguet Pena, albañil; Rosa María Segura Sola, militante de CC OO y MC; Fernando Conde Gutiérrez del Álamo, sociólogo; Manuel Delgado Echeverría, militante del PCE; Javier Iriarte López de Goicoechea, militante del PCE; José Ignacio Lacasta Zabalza, militante de MC; Félix Matute Cañas, miembro del PCE; Pedro Moreno Rodas, militante del PCE, en «Torturados denuncian a Martínez Torres ante Felipe González», Tiempo, 17 de junio de 1985, págs. 24-29. <<

[60] Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez, ob. cit., págs. 175-181, y Eduardo Pons Prades, Los años oscuros de la Transición, Belacqva, Barcelona, 1987, págs. 295-301. <<

[61] Rafael Gómez Parra, «La familia controlaba la prostitución, la venta de droga y la compra-venta de oro», Interviú, 10 de octubre de 1991, págs. 40-44. <<

[62] >https://elpais.com/diario/1991/10/14/espana/687394812_850215.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[63] Mariano Sánchez Soler, «El primer desaparecido en España tras su detención», Tiempo, 12 de noviembre de 1984, págs. 37-40. <<

[64] https://elpais.com/diario/2003/11 /12/madrid/1068639868_850215.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[65] https://elpais.com/diario/1988/09/08/espana/589672805_850215.html[consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[66] Rafael Gómez Parra, «Policías mafiosos, amos de los bajos fondos de Sevilla», Interviú, 11 de noviembre de 1991, págs. 37-40. <<

[67] https://elpais.com/cultura/2012/04/28/actualidad/1335638296_116872.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[68] https://www.elmundo.es/nacional/gal/marey/crononacimiento.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[69] https://www.elmundo.es/nacional/gal/investigacion/3.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[70] https://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201407/29/barrionuevo-primer-ministro-entre-20140728212849.html [consultado el 30 de agosto de 2019]. <<

[71] https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cginformacion.php [consultado el 2 de diciembre de 2021]. <<

[72] https://www.eldiario.es/politica/diario-villarejo-revela-brigada-politica-pp-convirtio-objetivo-irrupcion_1_8121323.html [consultado el 9 de noviembre de 2021]. <<

[73] Jose María Irujo, «Las palizas de Billy el Niño», El País, 29 de septiembre de 2013. <<

[74] «Nacimiento y condena de los GAL», Revista de La Vanguardia, 26 de julio de 1998, pág. 3. <<

[75] Paloma Aguilar y Leigh Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, Taurus, Madrid, 2018, págs. 50-51. <<

[76] BOE, 9 de octubre de 1999, pág. 36050, y https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2017/05/aznar-defendi%C3%B3-la-medalla- a-manzanas-reprochando-a-iu-que-suscribiera-lizarra.html [consultado el 30 de noviembre de 2020]. <<

[77] Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. BOE, 27 de diciembre de 2007, pág. 53410. <<

[78] Equipo Nizkor, «Una ley aberrante», comunicado de prensa, 30 de octubre de 2007. <<

[79] Declaraciones de Raúl Herrero, miembro de la Comuna; entrevista personal, noviembre de 2019. <<

[80] Sophie Baby, «Memoria, justicia e historia: el enredo español», segundo seminario internacional «Memoria, cultura y ciudadanía», IHNCA-UCA, Managua, 7-9 de septiembre de 2011, págs. 16-17. <<

[81] Ibíd., págs. 19-21. <<

[82] Mario Amorós, ob. cit., págs. 30-31. <<

[83] Manifiesto «Quiénes somos», La Comuna, en http://www.lacomunapresxs​delfranquismo.org/manifiesto/quienes-somos/ [consultado el 29 de agosto de 2019]. <<

[84] Los torturados fueron José María Galante, Miguel Ángel González, Andoni Arrizabalaga Basterretxea, Antonio Hernández Cofrades, Francisco Villar del Saz y Aragonés, Luis Carreño Lueje, Silvia Carretero, Acaico Puig Mediavilla, Alfredo Rodríguez Bonilla, Antonio Chapera Varela, Felisa Echegoyen Castanedo, Francisco José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio, militantes de LCR, FRAP, ETA, PCE, entre otros. <<

[85] Mario, Amorós, ob. cit., págs. 32-34. <<

[86] Pedro Águeda, «La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Billy el Niño a Argentina», eldiario.es, en https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional- Billy-Nino-Argentina_0_255124849.html [consultado el 29 de agosto de 2019], y Mario Amorós, ob. cit., págs. 35-37. <<

[87] Auto del 30 de octubre de 2014 que imputa a varios cargos franquistas por crímenes de lesa humanidad, en http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/auto-30-octubre-2014-que-imputa-varios-cargos-franquistas-crimenes-lesa-humanidad [consultado el 29 de noviembre de 2020]. <<

[88] Juan Miguel Baquero, «Presentan la primera querella colectiva contra Billy el Niño y otros siete policías franquistas acusados de tortura», en elDiario.es, 3 de julio de 2020, en https://www.eldiario.es/sociedad/querella-colectiva-Billy-Nino- franquistas_0_916559214.html [consultado el 29 de agosto de 2019]. <<

[89] https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/equipo-de-investigacion-localiza-al-torturador-billy-el-nino-conversando-con-el-comisario-de-policia-de-chamberi-video_201902215c6deea​c0cf2230019534742.html [consultado el 28 de septiembre de 2019]. <<

[90] Marina Montoto Ugarte, «Una mirada crítica al relato mítico de la Transición: la querella argentina contra los crímenes del franquismo», Kamchatka, núm. 4, Madrid, diciembre de 2014, págs. 9-11. <<

[91] Andrés Gil, «El Congreso aprueba desclasificar las medallas, premios y condecoraciones de Billy el Niño», elDiario.es, 11 de febrero de 2020, en https://www.eldiario.es/politica/Congreso-desclasificar-condecoraciones-Billy-Nino_0_994600597.html [consultado el 20 de junio de 2020]. <<

[1] Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta, ob. cit., pág. 333. <<