La República perseguida es un libro de investigación que pone de manifiesto la obsesión franquista por perseguir a los perdedores de la Guerra Civil más allá de sus fronteras. La obra construye un relato histórico sobre múltiples ejemplos de persecución y represión contra el colectivo exiliado en Francia durante los tres conflictos que han marcado la historia de España y Europa en el siglo XX: la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Espías, diplomacia secreta, operaciones policiales, condiciones de vida de los refugiados españoles… todo envuelto en las difíciles pero fecundas relaciones de España con su vecina Francia. El libro recorre pasajes inéditos de esta historia de perseguidores y perseguidos; habla de la red de espías de Franco instalada en Francia desde 1937; analiza la detención y extradición de dirigentes republicanos; desenmascara a los agentes secretos tales como Urraca Rendueles y Victor Druillet durante sus acciones de cooperación entre nazis, franquistas y colaboracionistas franceses, y llega hasta las operaciones policiales de «caza de brujas» contra los comunistas españoles a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. Operaciones, una vez más, desarrolladas en suelo francés pero bajo auspicios franquistas, que nos revelan el porqué pudo Franco perpetuarse en el poder después de haber perdido su guerra sucia a favor del eje nazifascista.

Jordi Guixé Coromines

La República perseguida

Exilio y represión en la Francia de Franco, 1937-1951

ePub r1.0

Titivillus 04.06.2022

Título original: La República perseguida

Jordi Guixé Coromines, 2012

Prologuista: Paul Preston

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

El general franquista Juan Bautista Sánchez González saluda al general francés Falgade. Le Perthus, 1939.

Prólogo de Paul Preston

PRÓLOGO

Desde hace unos años, he admirado a Jordi Guixé por sus tenaces esfuerzos de investigación sobre la historia y la memoria contemporáneas de España y Cataluña. También he tenido la suerte de conocer sus capacidades de trabajo y de gestión en el campo de las políticas de memoria. El presente libro es buena muestra de lo fructífero de sus labores de historiador e investigador. Se trata de un trabajo exhaustivo e intensivo sobre un tema que nos acerca al universo represivo de la dictadura franquista desde múltiples ángulos.

El principal eje del libro es ciertamente novedoso: el concepto de «represión exterior» o «represión extraterritorial» del régimen franquista. Se trata de un tema que llena un vacío conceptual historiográfico. Ni los múltiples estudios del franquismo en España, cada vez más numerosos sobre lodo en referencia a la represión ejercida por los militares rebeldes durante la Guerra Civil y después, ni los trabajos de historiadores propiamente dichos del «exilio español» han tratado el tema tal y como lo maneja el Dr. Guixé. El libro de Jordi Guixé es novedoso en el análisis de una obsesión: la obsesión enfermiza del franquismo por perseguir a sus enemigos republicanos incluso fuera de sus fronteras. Esa obsesión recordaba las palabras pronunciadas el 26 de julio de 1936 por el ciertamente desquiciado general Queipo de Llano: «no esperen los dirigentes salvarse, apelando a la fuga, pues los sacaré de bajo de la tierra, si es preciso, para que se cumpla la ley».

Tres épocas convulsas son analizadas por Jordi Guixé en esta espléndida obra: la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Como dice el autor, un arco histórico complejo, catastrófico y donde el exilio republicano en Francia actúa como núcleo central de estas tres guerras consecutivas y como perdedor reincidente en los tres conflictos.

Jordi Guixé no trata el exilio republicano desde el punto de vista de las víctimas. Habla de ellas y retrata casos representativos, pero más bien la obra se centra en las acciones de los verdugos. Verdugos con nombres y apellidos —Urraca, Velilla, Lequerica, Druillet, Serrano Suñer, Franco, etc.—, y también verdugos institucionales: el triángulo nazifascista de España, Francia y Alemania durante el final de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Triángulo que sustituiría uno de sus vértices —Alemania— por los anglosajones durante la Guerra Fría. Un ejemplo bien documentado lo encontramos en el traslado de hombres pronazis a la embajada de Washington, como el mismo Lequerica, a partir de 1945.

El libro, pues, analiza la represión contra el exilio republicano, contra sus líderes políticos más buscados. De esto ya se sabía algo por los trabajos de historiadores como Josep Benet. Lo que nos hace deudores de Jordi Guixé, como fruto de su trabajo en fuentes primarias y archivos, es la claridad con que analiza las operaciones policiales concretas y puntuales lo cual da al libro un valor inédito muy potente. En paralelo, el autor nos ofrece unos subcapítulos que contextualizan acertadamente los entresijos de las colaboraciones diplomáticas oficiosas o secretas, sin las cuales no se entenderían las operaciones de represión que son analizadas en la obra. La fiabilidad del libro se basa en los más de ocho años de investigación con fuentes primarias que hizo el autor en su gran recorrido por archivos franceses y españoles —policiales, militares y ministeriales—. Detrás se intuye una labor ingente de manejo de documentos y no todos a disposición libre del público o los investigadores. A nivel metodológico se puede observar una influencia del maestro Josep Benet: el documento debe ser interpretado, contextualizado y contrastado para poder crear un relato histórico.

Un elemento especialmente llamativo del libro es su revelación tanto de la fluctuante pero constante colaboración de los servicios de información de Francia con los de Franco, como de los entresijos de las actividades de los agentes diplomáticos y policiales destinados y protegidos en embajadas y consulados.

En cuanto al contenido, es imposible hacer una referencia adecuada en un breve prólogo. Pero me gustaría destacar algunos episodios, como la primera parte del libro sobre el análisis de los servicios franquistas en el exterior o lo que llamaría los primeros espías de Franco. El autor no se obsesiona con los nombres propios, pero en cambio analiza muy acertadamente cómo funcionaba la red de agentes, a qué fines respondían y muestra con ejemplos y hechos cómo estuvieron organizados, qué realizaban, dónde operaban y cómo eran vistos también por los servicios de información franceses, españoles y alemanes o italianos. Tantas diatribas escuchadas sobre Juan March, Francesc Cambó, Eduardo Aunós, Francisco Velilla, Bertrán y Musita, etc., quedan resueltas en el libro, al documentar sus acciones de apoyo y financiación a los sublevados desde sus refugios dorados de Francia durante la Guerra Civil.

La represión durante la Segunda Guerra Mundial contra el colectivo exiliado es un tema fundamental. La importancia del libro de Jordi Guixé estriba no solamente en la luz que arroja su investigación sobre los crímenes del régimen de Franco, sino también por las pistas que proporciona sobre los «negocios» que tuvieron los franquistas en Francia durante la contienda mundial. Entre los temas realmente fascinantes en los que abunda el libro se encuentra el de los agentes españoles que también lo fueron de la Gestapo nazi y que además sufrieron la depuración de los tribunales aliados después de 1945. Entre las aportaciones en este sentido, el autor nos ofrece las biografías de unos siniestros protagonistas de esta historia, relacionados desde los años treinta hasta su muerte con los partidos de extrema derecha, como Pedro Urraca Rendueles y el policía francés Victor Druillet.

Aunque esta historia podría tener continuidad hasta la transición y hasta hoy en día, los últimos capítulos del libro se limitan a la época de la Guerra Fría y definen perfectamente la política franquista y la capacidad de supervivencia de una dictadura que fue pronazi en una Europa en guerra. No es novedoso para los que hemos estudiado el mito de Franco como «centinela de occidente», pero nos sorprende hasta qué punto el gobierno francés de los años cincuenta fue capaz de seguir el juego anticomunista y lanzar una operación policial, una «caza de brujas» digna de las razias nazis, sin garantías judiciales, contra los exiliados comunistas en Francia: la operación Boléro-Paprika. Operación muy desconocida y poco tratada en trabajos actuales, pero de una gran importancia por las condiciones, las formas y el contenido represivo que desarrolló. La represión franquista en el exterior se focalizó contra el exilio comunista de una forma brutal y con unas complicidades hispano-norteamericanas dignas de la guerra sucia.

La Guerra Fría marcó decididamente la acción y la política antifranquista. En primer lugar provocando una desunión en el interior y en el exilio que difícilmente se recuperaría hasta finales de los años sesenta o después de la muerte del dictador. Esa unidad con recelos que se había conseguido después de la entrada de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, se rompió con la lógica de política de bloques y Guerra Fría. Entre las fuerzas democráticas en el exilio se prohibían incluso reuniones con los comunistas y esto contribuyó aún más a la fragilidad del antifranquismo superviviente.

En definitiva, muchos son los episodios importantes relatados en el trabajo de Jordi Guixé. Apunta la represión contra los grandes nombres —Azaña, Companys, Largo Caballero y otros muchos—. En el caso de las extradiciones, los ejemplos breves y concretos nos sirven para analizar su complejidad y, a la vez, el papel del gobierno de Pétain y la insistencia española en «cazar» a los responsables republicanos. Otro ejemplo: sabíamos el papel de México en la protección de exiliados, pero no el nivel de implicación de personajes como Ragasol o Josep María Sbert en las negociaciones con México y con la embajada franquista en París para salvar vidas, evacuar a refugiados políticos a América, etc. También desconocíamos el periplo de las cajas secuestradas por el SERE y personalmente me ha impresionado una constante que se lee entre líneas durante toda la obra: ¿la famosa clandestinidad existió? Lo digo un poco irónicamente: claro que existió y gracias a ella fueron posibles las labores de resistencia nunca suficientemente reconocidas. ¿Pero existió en un sentido policial? Desde el principio la policía francesa y los servicios españoles en contacto con ésta tuvieron vigilados a la mayoría de exiliados políticos activos o con cargos en la República española, catalanes, vascos, anarquistas, comunistas, nacionalistas y otros. Esto subyace en este libro y sorprende, ante el presunto caos de la Guerra Mundial y la diáspora del exilio, la gran cantidad de información, vigilancia y persecución de las actividades de los españoles en Francia. Como el mismo autor me contó, incluso los testigos entrevistados se sorprendieron cuando se les informó de sus expedientes policiales o de sus domicilios «clandestinos» citados por los agentes de información, bien documentados en el libro.

En fin, el libro de Jordi Guixé, nos acerca a una síntesis de lo que fueron los años de la represión, los años de las guerras, los años de la política de bloques con concreción y detalle. Gracias a su esfuerzo estamos más cerca de la posibilidad de construir un análisis global. Los exiliados en Francia lo vivieron en su propia piel. Un exilio y una España que no estuvieron aislados de los conflictos mundiales, unos los padecieron mientras la dictadura los aprovechaba. No existió tal aislamiento del régimen de Franco y, más allá de la División Azul, participó activamente en la Guerra Mundial en el bando de los que perdieron esa otra guerra. Gracias a trabajos como este de Jordi Guixé, disponemos más elementos para saber cómo el régimen de Franco pudo sobrevivir a la derrota de sus aliados y seguir disfrutando de su victoria contra la República democrática española.

PAUL PRESTON

London School of Economics

Nota y agradecimientos

NOTA Y AGRADECIMIENTOS

Son muchas las cosas que se podrían aportar a este trabajo desde el punto de vista de la investigación y las fuentes primarias y terciarias, que cada vez son más interesantes. Sobre todo, los archivos de difícil acceso van desvelando algunos sucesos, hechos o personajes que en el presente relato histórico aparecen como interrogantes. Dos ejemplos bastarán: uno es el acceso, gracias a Juan Luis Urraca Cornette, al expediente policial de su padre, encerrado en el Ministerio del Interior y en Asuntos Extrajeres. Biográficamente nos aporta datos muy relevantes de sus actuaciones en Bélgica después de ser condenado en Francia, incluso de su final senil reclamándose acreedor del Estado en 1982 ante un gobierno democrático y socialista. Todo un episodio para seguirla investigación. Otro ejemplo es el asesinato de Trinitat Revoltó. Un caso oscuro, sin duda, pero ciertos expedientes que he podido consultar nos acercan a la verdad de los hechos: sus asesinos fueron tres miembros del PCE y demostramos con documentación judicial francesa que se trató de un crimen estrictamente político. Por cierto, los tres personajes —Manuel Díaz del Valle, Ramón Roldán y Ascensión Sánchez— fueron condenados a la pena capital en la Francia de 1954 por dicho asesinato. Este apunte obedece a que muchos expedientes y alguna laguna que se presenta en este trabajo poco a poco irán siendo resueltos, gracias a que considero la interpretación del pasado y de los hechos que estudio en este libro como una especie de working process que podemos todavía ir construyendo.

Es complejo también hacer un apartado de agradecimientos pues siempre te dejas a alguien. Si algún lector se encuentra en ese grupo de agradecidos olvidados, ruego perdone mis lagunas memorísticas. Es difícil agradecer en un trabajo que empezó en 1998 y que terminar, terminar, quizás no ha terminado. Pero que paró para ser editado en 2005. El primero que me ayudó y animó a seguir investigando el exilio y los archivos franceses fue el amigo y maestro Josep Benet. Desde el Centre d’Història Contemporània de Catalunya me ayudó en lo que pudo económicamente, pero me concedió sobre todo el don de la ilusión por investigar y seguir trabajando, a pesar de lo costoso que era para mi sobrevivir en París sin becas. También quiero recordar a su esposa Florencia Ventura. Ahí también apareció un apoyo emocional —y material—: la familia, a mi madre Teresa y mi infatigable compañera Ester; hermanos, amigos y demás allegados, a todos ellos mi amor y más sincero reconocimiento, paciencias incluidas.

Luego vino la tesis, a caballo entre París y Barcelona, y dos grandes amigos y guías espirituales y epistemológicos siguieron mis avatares historiográficos: los profesores Ricard Vinyes y Jean-Marc Delaunay, directores de la tesis transnacional.

Esta edición no habría sido posible sin el apoyo y la ayuda profesional de Vicent Olmos y la editorial Publicacions de la Universitat de València.

Un abrazo especial de amistad y admiración al maestro Paul Preston y, entre la primera época y la actualidad, algunos nombres de compañeros de profesión y otras fatigas que quiero dejar escritos en agradecimiento por su ayuda y colaboración: Jordi Pont i Miquel Serrano del Museo del Exilio, Geneviève Dreyfuss-Armand, Conxita Mir, Progreso Marín, Domingo Fernández, Jordi Oliva, Ricard Conesa, Toni Vidal, Fernando Hernández, Xavier Doménech, Xavier Muntanyà, Oriol Cortacans, Josep Calvet, Jordi Bou, Sophie Baby, Álvar Martínez Vidal, Manel Risques, Jordi Tàsies, Gerard Corbella, Oriol López, Laura Molinos, Ramón Soley, Antoni Vives, Nicolás García, Jordi Cabezas, Francesc Vilanova, Ferran Sánchez Agustí, Bárbara Bloin, Nuria Bonet, Anna Agustí, Noemí Torrelles, Anna Llucià…

Igualmente quiero mostrar mi agradecimiento a todos los profesionales de archivos y centros de documentación que han sido amables y atentos a mis peticiones. Igualmente, a los que me han prestado sus vivencias, su testimonio y una parte de su propia historia particular, que han creído y cedido para que se convirtiera en historia y memoria colectiva: Trinitat Revoltó, Sebastià Piera, Josep Pàmies, Enríe Puigcerver, Lise London, D. W. Pike, José Chinchilla, Ceferino Álvarez, José Antonio Alonso, Josep Zamora, Margarita Abril, Josep Serradell, Santiago Carrillo, Conxita Muntané, Narcís Falguera, Martí Bielsa, Andreu Barberà, Modest Duran, Emilia Sánchez…

Y para terminar, al tenaz y esforzado lector

Introducción

INTRODUCCIÓN

El estudio histórico y político de la dictadura franquista no se entendería sin el análisis de su intrínseco fenómeno represivo. La represión política, policial, social y militar que sacudió España fue el común denominador durante los casi cuarenta años de la larga noche franquista. Desde los primeros días de la sublevación militar de 1936 hasta las vigilias de las primeras elecciones democráticas en 1977, el eje represivo del régimen español se trazó contra un mismo enemigo democrático de referente republicano. El franquismo clasificó a los ciudadanos españoles. A sus enemigos los marcó con tinta roja con la única finalidad de doblegarlos, convertirlos o eliminarlos para borrar cualquier rastro visible del breve y único periodo democrático del Estado español: la Segunda República. Ése fue un eje transversal, constante y permanente de todo el periodo franquista. La historia de los vencidos no se puede comprender sin el análisis de la historia de los vencedores y su sistema represor.

Pero la represión franquista no fue solamente una constante de la política interior del «nuevo» Estado. También tuvo un papel de primer orden en la política exterior, especialmente en los años más convulsos de la historia europea. La represión exterior o extraterritorial del régimen marcó también las relaciones diplomáticas y multilaterales de Franco con el exterior. En ocasiones dichas relaciones afectaron de forma decisiva la propia pervivencia del régimen, pero entre 1944 y 1951, el doble juego diplomático le garantizó su perpetuación hasta la muerte del dictador.

La política exterior de Franco estuvo también marcada por su obsesión persecutoria contra los vencidos del bando republicano. Esa política represiva tuvo en el país vecino —Francia— su máximo desarrollo y a los exiliados republicanos sus perseguidos protagonistas. Ése es el núcleo y eje conductor del presente trabajo.

El libro historia un periodo de catorce largos e intensos años. Comienza con la consolidación de las primeras agencias de información y espionaje franquistas en Francia, en 1937, y termina con las operaciones de detención y deportación de republicanos comunistas por parte del gobierno francés —la «caza de brujas» en Francia— en 1951. Un amplio periodo represivo que se estructura y se dibuja a través de los convulsos y más traumáticos años de la historia del siglo XX. El arco temporal e histórico del libro analiza el exilio republicano y la represión policial, política y diplomática ejercida contra ese colectivo humano por parte de las autoridades españolas y también francesas a través de tres escenarios bélicos clave: la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Dentro de esos tres lustros de intensa historia se explican, por una parte, procesos complejos y coyunturales: acontecimientos internacionales, pactos, leyes y tratados diplomáticos; y por otra, procesos micro históricos: casos inéditos, particulares y ejemplos personales de una historia protagonizada por perseguidores y perseguidos. A través de la aportación inédita de documentación y nuevos datos aparecen en la obra temas tan importantes como poco conocidos sobre detenciones, extradiciones, repatriaciones y deportaciones de exiliados, así como listas de agentes y espías, sus organizaciones, acciones y operaciones policiales.

El texto se divide en diferentes apartados empezando por la explicación y contextualización de la red de agentes franquistas en Francia durante la Guerra civil. Un primer aspecto básico para analizar la ayuda de importantes personajes a la causa franquista. Trata también el asunto, para nada trivial, del espionaje con fines militares sobre la zona republicana a través de centros y agencias franquistas en el sur de Francia.

Este primer apartado explica como a mediados de 1937 en el sur de Francia se habían consolidado más de cinco centros de información política y militar directamente relacionada con el cuartel general de Franco en Burgos y Salamanca. Estos centros franquistas en el extranjero, eran financiados por monárquicos refugiados en Francia que ayudaron al bando sublevado a ganar la guerra civil con armas políticas, económicas y propagandísticas, en base al espionaje militar y estratégico. Entre los mecenas y colaboradores de Franco, figuraban grandes nombres como Francesc Cambó, Juan March, Eduardo Aunós, José Bertrán y Musitu, Quiñones de León, etc. Entre los agentes, nombres conocidos como Julián Troncoso, Josep Pla, Caries Sentís, Enrique Marsans y otros muchos. Éstos, crearon la primera red exterior de información y espionaje en contra del gobierno republicano, conocida como SIFNE. Pero la red también estaba formada por agentes anónimos, desertores de quintas del gobierno republicano, periodistas y escritores que consideraron la «cruzada» rebelde como la única vía para vencer y eliminar el régimen republicano. El papel que desarrollaron estas redes y su relación con los grupos de derecha y extrema derecha franceses fue importante en el desenlace del conflicto. Desde un punto de vista humanitario fue mucho más grave de lo que en algún libro de memorias de dichos agentes han expresado, pues alguna información sobre objetivos a bombardear, filtrada desde esas agencias en Francia, tuvo consecuencias fatales sobre la población civil y un elevado coste de víctimas.

Aparte de los nombres más conocidos que formaban parte de la red de espionaje, los agentes más efectivos informaron diariamente de los objetivos militares y civiles susceptibles de ser destruidos desde el aire. Por ejemplo, uno de los espías más activos José Camps espió a través de la frontera franco-española y coordinó la vigilancia de los puertos de Marsella y Sète. Camps envió desde Francia, unas 140 notas de información militar y política sobre el gobierno republicano. Las notas también hacían referencia a la captación de elementos republicanos para que ejercieran el contraespionaje. Algunos ejemplos: en la nota n.º 15 se refería a la captación de un sobrino de Ortega y Gasset y de dos importantes coroneles y un general de Madrid, que estaban dispuestos a rendir servicio a los franquistas pasando importantes informaciones. Camps terminaba la nota:

Je recommande à l’agent de liaison ces affaires avec l’ordre de détruire cette note au moindre danger. Une fois arrivée dans vos mains vous aurez la plus grande discrétion. […] C’est pour le moment tout ce que j’ai à vous communiquer et avec le cri de «Arriba España» recevez une très forte poignée de mains, signé José Camps[1].

En otra nota (n.º 16) se hacía referencia a la necesidad de destruir la fábrica de gas de Sagunto que abastecía a la República. En la n.º 134, informaba de la ayuda económica y política que la CGT francesa daba al gobierno republicano y del barco Villa Manrique, y algunos trenes que llevaban hierro y cobre, así como armas hacia Valencia y Barcelona. La nota 135 y, sobre todo, la 136 nos da una idea de la importancia del servicio de contra espionaje de Camps y de la importancia de sus fuentes. Se detallaban planos de fábricas de gas y explosivos en San Andrés, Barcelona; de Productos químicos de guerra en Valencia; de explosivos y ácidos en Noguera y Benicarló; de la situación de material de guerra en el convento de los Salesianos y en el cuartel de Lepanto de Barcelona; de los depósitos de camiones nuevos provenientes de Francia y Rusia en La Pobleta —Valencia—; y los terrenos de la Alcantarilla de los Alcázares, donde había importantes estocs igual que en Manises y Liria, que sumaban importantes piezas y aparatos de aviación. Sobre esta información Camps afirmaba: «Si on arrive à le détruire tout de suite, j’ai été advertí par les techniciens du Ministere de Munitions et Armament, on reussirait árendre inutile un VINGT CINQ pour cent du matériel d’aviation». Camps también adjuntó un plano con 36 aviones, de los cuales 22 trimotores para bombardeos, camuflados bajo los árboles en el aeródromo de Reus, dando detalles sobre la hora idónea para bombardearlos y destruirlos; según él, alrededor de las 7 de la mañana. También había estado informando del campo de vuelo de Sabadell; del lugar dónde se camuflaban los aviones para no ser bombardeados en el Prat de Llobregat —campo de Air France—; y del depósito principal de combustible de aviación del Prat «en una casa de campo después de la línea férrea Prat-Sitges, pasado un puente a seiscientos metros de la estación»[2].

Por otra parte, este primer apartado establece las bases para explicar la extensión y consolidación de esa red exterior franquista en territorio francés, una vez que Franco ganó la guerra civil. Algunos de los agentes fueron premiados con cargos diplomáticos, otros continuaron sus servicios de información policial y diplomática y otros fueron premiados con cargos y concesiones extraordinarias en empresas; por ejemplo, Bertrán y Musitu fue nombrado presidente de cementos Asland que obtendría la concesión exclusiva para las obras de reconstrucción de todas las regiones devastadas por la guerra civil.

La obra analiza igualmente, las relaciones entre Francia y España durante los primeros años del franquismo. Los pactos diplomáticos, sobre todo los oficiosos, fueron firmados entre el todavía democrático gobierno galo y la España sublevada en febrero de 1939. Dichos pactos, realizados una vez ocupada Cataluña pero con la guerra civil todavía por terminar, tuvieron una importancia vital para el desarrollo de la persecución política en Francia. Ya en febrero de 1939 se firman los pactos conocidos como «Bérard-Jordana» y son acordadas con el país vecino las Comisiones policiales de Recuperación de Bienes en Francia y el control de refugiados republicanos, así como las condiciones de trato, repatriación y vigilancia sobre éstos. Significaron, también, el reconocimiento de facto del régimen franquista, con lo cual se desarrolló una sustitución en la interlocución oficial e oficiosa en las relaciones exteriores españolas. Todo ello es argumentado a través de la interpretación de documentos oficiales, en el que destacan las negociaciones bilaterales, la ocupación de las sedes diplomáticas españolas en Francia por parte de agentes franquistas antes del primero de abril de 1939 y la situación humana y política de la masa de exiliados en el sur de Francia. Toda una serie de normas y condiciones de acogida, decretos y autos prefectorales y ministeriales marcaran el destino de miles de exiliados. Francia y España empezaron a aplicar medidas de control y represión desde el mismo febrero de 1939 que se alargarían los años que siguieron.

Con Franco instalado en el poder empieza la persecución de altos cargos del gobierno republicano refugiados en territorio francés. Este tercer bloque, el más inédito, narra la acción de agentes diplomáticos de Franco, de espías y de colaboradores policiales para controlar a los exiliados y sus organizaciones en Francia. También se analizan y describen las condiciones legales y policiales de «acogida». El gobierno francés estuvo, desde el principio, muy preocupado por tener a todos los refugiados políticos controlados y fichados. En el proceso de la firma del armisticio entre Francia y Alemania también altos cargos franquistas actuaron de mediadores. El armisticio tuvo como resultado la ocupación parcial por parte de la administración nazi del territorio francés y la instauración del régimen proalemán y colaboracionista del mariscal Pétain, conocido como régimen de Vichy. En ese contexto geopolítico es cuando empiezan las colaboraciones efectivas hispano francesas aceleradas por la entrada de Francia en la Segunda Guerra Mundial.

Las medidas radicales de control se endurecieron hasta el punto que reafirmar el papel concentracionario del sistema de campos de acogida. Una par de notas prefectorales enviadas a los jefes de diferentes campos de concentración asilo confirmaban:

45 réfugiés ont été appréhendés et diriges d’office sur l’Espagne […] les sentinelles ont été dotées de munitions à balle réelle et on reçu l’ordre de tirer aur tout réfugié qui ne se conformera pas aux sotnmations (Argelès, 11 julliet 1940).

… je donne l’ordre aux sentinelles de s’opposer par la force à toute évasión. Tout individu en état de rebellion sera abattu comme un chien (Bram, 23 juin 1940)[3].

Tanto la zona ocupada como la zona libre se convirtieron durante más de cuatro años en «territorio de caza y captura». Franco y su gobierno vieron una posibilidad para abordar el tema de las extradiciones de altos cargos republicanos, en la colaboración efectiva con Vichy y con los alemanes: acciones de agentes dobles contra exiliados que trabajaron para las policías secretas de Franco, de Pétain e incluso de Hitler. La participación de estos agentes en operaciones policiales compartidas con la policía francesa y alemana delata la activa colaboración del régimen con las potencias del Eje en ese «juego sucio». Deben ser destacados los subcapítulos dedicados al agente Urraca —jefe de la policía española, miembro del Servicio Exterior de Falange y también agente de la Gestapo— que participó en persecuciones contra cargos tan relevantes como Manuel Azaña, Lluís Companys, Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, Álvarez del Vayo, Portela Valladares, etc. Operaciones que el texto narra y detalla con documentos policiales inéditos.

Una cita del mismo Urraca explicitaba la persecución, el internamiento, incluso responsabilizaba de la creación de centros de reclusión concentración por parte de las autoridades francesas:

… la policía francesa continúa su persecución de los elementos españoles rojos destacados. Bien es verdad que esa acción policíaca se ha extendido a todos los elementos extranjeros de nacionalidad indeterminada —principalmente judíos de origen alemán— […] el Stade Buffalo, convertido en un campo de concertación, se ha visto lleno […] los españoles han llevado su parte también en la danza policíaca. Los españoles rojos, se entiende. Pero principalmente la persecución va dirigida contra los jefes[4].

Igualmente, el texto intercala algunos ejemplos de detenidos y perseguidos, así como otros sobre los procesos de extradición de cargos políticos. Párrafos de análisis jurisdiccional, diplomático y legislativo que adquieren un matiz humano al presentar ejemplos personales y expedientes concretos de extradición (Lluís Nicolau d’Olwer, Joaquín Ascaso, Largo Caballero, etc.). Hablar de extradiciones, repatriaciones y operaciones de recuperación en territorio francés no hace más que corroborar el afán represivo exterior del Estado franquista y su actuación en periodo de guerra mundial. El papel del gobierno francés también es analizado ampliamente, junto con la acción de la delegación mexicana en Vichy a favor de los republicanos españoles. Un rol indispensable de ayuda al exilio fue el desarrollado por el embajador y ministro de México Luís Iñigo Rodríguez, ayudado por algunos políticos españoles refugiados que se organizaron en su legación de Vichy.

Después de la etapa más crítica de la Segunda Guerra Mundial y con Francia liberada de los alemanes, se produjo un gran desconcierto entre franquistas y falangistas colaboracionistas en Francia y su reubicación ante la victoria aliada. Esta reubicación fue decisiva para Franco en la esfera internacional para permanecer en el poder. Algunos de los cargos más proalemanes y colaboracionistas, como el embajador José Félix de Lequerica y otros, fueron enviados a Estados Unidos, país que fue el verdadero director del nuevo orden occidental dentro de la política de bloques. Todas las acciones diplomáticas y represivas de la España franquista apuntaron contra el exilio comunista. Estos años de tránsito tuvieron en 1948 una fecha clave con la reapertura de la frontera con Francia y el nuevo reconocimiento de facto de Franco en la esfera occidental. La «aceptación occidental de Franco» incide en los pactos multilaterales con Francia y los anglosajones (Estados Unidos e Inglaterra). La represión exterior de Franco se concentró en los grupos comunistas, proclamando a su régimen garante del anticomunismo en Europa occidental: el «centinela de Occidente».

El mismo «cuñadísimo» de Franco, Ramón Serrano Suñer, fue entrevistado por Charles Favrel, un periodista de France Presse en octubre de 1945 acerca de la visión general de los acontecimientos y la permanencia de Franco en el poder ante la victoria aliada. La entrevista, muy interesante en su contenido, daba una visión realista del difícil momento que pasaba la España de Franco. Serrano empezó reconociendo su progermanismo con estas palabras:

V. es francés [dirigiéndose a Favrel] y soy a sus ojos una especie de monstruo: el hombre más representativo del fascismo español, el hombre más significado de la política proalemana seguida por España durante la guerra. Sí, soy realmente este hombre. He jugado una partida, la he perdido. Hitler ha muerto y el mundo me rechaza en el rincón de los condenados. Pues bien, voy a decirle lo que ha venido V. a oír de mi boca: Sí, he sido proalemán. España ha sido proalemana. Lo afirmo porque es verdad y reprocho a la España de hoy de no reconocer francamente lo que ha sido […][5].

Serrano Suñer también relató su encuentro en Berchtesgaden con el Führer, y explicó que la política de previsión, de espera y de expectación era la correcta; se había aplicado en España antes, durante su posible intervención en el conflicto, y ahora, ante el hundimiento de sus aliados del Eje. La revisión que Serrano Suñer hizo de la gestión de España durante el conflicto mundial desembocó en la pregunta más delicada de Favrel: «¿La salida de Franco del gobierno, será cosa de semanas, de días?». La respuesta de Serrano Suñer fue clara: «Franco dejará el poder en la hora que escogerá, no antes»[6].

La Guerra Fría dio ventaja a las posiciones de Serrano:

El comunismo ha sido siempre la bestia negra de la España nacionalista. Es el comunismo que nos ha hecho ir al fascismo, pues el régimen franquista se veía vedado a toda fórmula democrática en la hora en que la democracia acababa de conducir a la nación a la anarquía de las hordas rojas… Aun hoy, la cuestión rusa domina la política del país, bajo su doble aspecto comunista e imperialista. Yo pienso que los especialistas de las cuestiones internacionales están ahora fijados en Rusia[7].

Esta situación internacional y de pervivencia del franquismo desembocó a un último episodio represivo exterior. Después de la reapertura de la frontera en 1948, se declara una nueva guerra de bloques: la Guerra Fría. Los aparatos policiales europeos, también el francés, continúan con la vigilancia obsesiva y constante del colectivo de refugiados españoles, pero centra su persecución en las estructuras comunistas y en sus simpatizantes o afiliados. Esta fase culmina con las operaciones policiales de detención y deportación fuera de la metrópolis francesa de más de doscientos refugiados del Partido Comunista Español, el Partido Socialista Unificado de Cataluña y Partido Comunista de Euskadi. También se ilegalizan todas las organizaciones satélite de éstos y sus publicaciones periódicas, amicales, etc. Estas operaciones, conocidas con el nombre de Boléro-Paprika y Nevada, tienen su origen, una vez más, en la política exterior del franquismo contra su eterno enemigo republicano. Esta vez, Franco recibirá la ayuda en su acción represiva —que ocho años atrás le habían prestado Vichy y Berlín— de parte de los nuevos países democráticos vencedores del nazi-fascismo (Inglaterra, Francia y Estados Unidos). Los testimonios de personas como Sebastiá Piera o José Chinchilla, estos todavía vivos, permiten trazar un recorrido humano en el análisis de la alta política oficiosa. Las detenciones, ilegales y secretas, cierran este arco temporal de la represión exterior del franquismo y son un ejemplo de las estrategias policiales de la diplomacia española con Francia, siempre por encima de diatribas políticas o de regímenes dispares.

El mismo ministro Georges Bidault se entrevistó con el embajador Aguirre de Cárcer y en un tono irónico planteaba la estrategia anglosajona del franquismo a partir de los años 50:

… Ya lo sé, ya lo sé… mis informaciones son muy buenas… Tienen ustedes un flirt muy adelantado con Washington… Pero son como amores de mano izquierda… un poco incompletos… un poco clandestinos… América es la petite amie… la bonne amie de España… y ustedes necesitan una alianza más formal… alguna cosa como un matrimonio… un amor legitimo… la petite amie no es suficiente… pero se lo explique usted esto de la petite amie al Ministro!… No quiero pelearme con el Sr. Artajo[8]!!…

En definitiva, el presente texto narra el trayecto del exilio español a través de tres guerras. Estas acciones represivas son descritas y detalladas sobre la base de operaciones policiales concretas; informes e interpretaciones de expedientes de represores y de reprimidos. Todo ello acompañado de una constante contextualización necesaria de la «evidente vecindad» de España con Francia y Europa, y el peso que esta relación transfronteriza tuvo para todo el universo republicano del exilio. Un libro que aporta nuevos datos y documentos inéditos y descubre personajes clave para entender la participación del franquismo en esas tres guerras, siempre de forma oficiosa, oculta pero obstinada, constante, incluso de obsesión persecutoria. Obsesión que no fue gratuita, pues formaba parte de un objetivo y una política de Estado: aniquilar de la historia la Segunda República y los que la hicieron posible, dentro y fuera de España.

Siglas

SIGLAS

Organizaciones

SIM | Servicio de Información Militar
AFARE | Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española
AGE | Agrupación de Guerrilleros Españoles
AMERE | Agrupación Militar del Ejército de la República Española
AVER | Amicale des Volontaires de l’Espagne Républicaine
BST | Bureau de la Surveillance du Territoire
CARE | Comité de Ayuda a los Republicanos Españoles
CEDA | Confederación Española de Derechas Autónomas
CFLN | Comité Françáis de la Liberation Nationale
CIA | Central Intelligence Agency
CNR | Comité National de la Résistance
CTE | Compagines de Travail Étranger
DEIDE | Departamento Especial de Información del Estado (republicano)
DGSN | Direction Générale de la Sûreté Nationale
FET | Falange Española Tradicionalista
FTP | Franc-Tireurs et Partisans
GPRF | Gouvemement Provisoire de la République Française
GTA | Groupements de Travailleurs de l’Agricultura
GTE | Grupements de Travailleurs Étrangers
IR | Izquierda Republicana
JARE | Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles
JARC | Joint Anti-Fascist Refugee Committee
JEL | Junta Española de Liberación
JSUC | Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya
JSUE | Juventudes Socialistas Unificadas de España
MLE | Movimiento Libertario Español
MLN | Movimiento de Liberación Nacional
MOC | Main d’Oeuvre Collective
MOI | Main d’Oeuvre Immigrée
OIR | Office International des Refugiés
OSS | Organization of Services Strategies
PCF | Parti Communiste Français
PC Euskadi | Partido Comunista de Euskadi
PCE | Partido Comunista Español
PNV | Partido Nacionalista Vasco
POUM | Partido Obrero de Unificación Marxista
PQJ | Pólice aux Questions Juives
PSOE | Partido Socialista Obrero Español
PSUC | Partit Socialista Unificat de Catalunya
QS | Quaker Service
RG | Renseignements Généraux
SERE | Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles
SIFNE | Servicio de Información de la Frontera del Norte de España
SIMP | Servicio de Información Militar Periférico
SIPM | Servicio de Información y Policía Militar
SIS | Secret Intelligence Service
SSR | Service Spécial des Recherches
STO | Service de Travail Obligatoire
SPAC | Service de la Police Anticommuniste
SSS | Service des Sociétés Secrètes
UMEA | Unión de Mujeres Españolas Antifascistas
UNE | Unión Nacional Española
USC | Unitarian Service Committee

Archivos

ADHG | Archives Departamentales de l’Haute-Garonne, Tolouse
AGA | Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares
AGMB | Archivos del Gobierno Militar de Barcelona, Tribunal Militar Tercero, Barcelona
AGM Ávila | Archivo General Militar de Ávila
AGM Segovia | Archivo General Militar de Segovia
AHCS | Archiu Històric Comarcal del Solsonès, Solsona.
AHGM | Archivo Histórico General Militar, Centro de Documentación del Ejército Español, Instituto de Historia Militar, Madrid
AHMB | Arxiu Històric Municipal de Barcelona —Casa de l’Ardiaca—, Barcelona
AHN | Archivo Histórico Nacional, Madrid
AMAE | Archives du Ministère des Affairs Éxtrangers, París
AMAE | Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid
AN | Archives Nationales de France, París
ANC | Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
APCE | Archivo del Partido Comunista Español, Madrid
APDGP | Archivo de Personal de la Dirección General de Policía, Archivo Ministerio del Interior, Madrid
APP | Archives de la Préfecture de Pólice, París
BAP | Biblioteca Archivo de Peralada
CAC | Centre des Archives Contemporaines, Fontainebleau
CDJC | Centre de Documentation Juïve Contemporaine, París
CEHI | Centre d’Estudis Històrics Internacional, Barcelona
SRA | Spanish Refugee Aid, Tolouse y New York University

I. Guerra Civil. Los primeros espía de Franco en Francia

I. | GUERRA CIVIL.
| LOS PRIMEROS ESPÍAS DE FRANCO EN FRANCIA

1. El origen de agentes y agencias franquistas en Francia

1. EL ORIGEN DE AGENTES Y AGENCIAS FRANQUISTAS EN FRANCIA

En concordancia con los servicios de información alemanes e italianos y su asesoramiento, a partir del mes de agosto de 1936 se creó en España el primer servicio de información exterior de los fascistas españoles. La primera misión de este nuevo servicio de espionaje fue la de montar una estructura sólida, con colaboradores y agentes que proporcionaran información y ejercieran el contraespionaje de una manera organizada a favor del bando sublevado encabezado por el general Franco. El primer objetivo fue el de contactar a muchos informadores que trabajaran desde Francia contra el gobierno de la República y que procuraran por todos los medios favorecer su derrota. Toda información era válida y necesaria. En la creación de esta organización y los pequeños grupos de colaboradores se encuentra la base de lo que sería la red exterior de información franquista[1].

Se trataba de una red creada por refugiados españoles de 1936 en Francia de convicciones conservadoras y antirrepublicanas y coordinada por el Cuartel General del Generalísimo en Burgos. También las secciones falangistas se organizaron en Francia. Desde el año 1937 hay constancia de que la Sección de Intercambio de la Falange mantenía una activísima correspondencia con publicaciones francesas profascistas y nacionalistas como Action Française, La Falange, Candide, Choc, Gringoire, etc. Contaban con centenares de ejemplares y todas ellas con el común denominador del anticomunismo en un tiempo de fuerte expansión estalinista. Más adelante, establecido en calidad de jefe de la Prensa y Propaganda falangista durante los años 1938 y 1939, Antonio Hernández Soriano mantuvo una activa comunicación sobre publicaciones francesas con Joaquín Rodríguez de Cortázar, antiguo jefe de la Sección de Intercambio. Pedro Abadal y Antonio Aunós Pérez fueron propuestos por el delegado nacional del Exterior José del Castaño como jefe y subjefe, respectivamente, de la Falange en Francia en julio de 1937. En Francia, difícilmente podía admitirse el funcionamiento normal de una entidad con las connotaciones de la Falange, a lo que se sumaba algo de tanta importancia como la falta de reconocimiento diplomático de la España rebelde, hecho que no llegaría hasta finales de febrero de 1939. El gobierno francés ya había dado muestras de poca receptividad ante el partido español y así ocurrió con los intentos de cualquier mediación falangista en el tema de la repatriación de niños. No obstante, a comienzos de 1937, el ya inspector de la Falange, Pedro Abadal, recibía órdenes para el nombramiento de jefes comarcales en las principales ciudades francesas con el fin de extender la organización en el país vecino en donde una tímida infraestructura en torno a algunos residentes podía crear un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de actividades. Pocos días antes de cursar la orden de expansión se había alertado de posibles falsos delegados falangistas que, procedentes de las filas republicanas españolas, podían intentar labores de información.

El núcleo falangista exterior se encontraba ya estructurado y contaba con los siguientes responsables: jefe provincial, Pedro Abadal; secretario provincial, Aurelio Pérez Rumbao; delegada provincial de Auxilio Social, Lina Sánchez Mata (marquesa de Lambertye); delegada de Sección Femenina, Augusta Merle de Goñi; delegado de Trabajo y de la Central Nacional Sindical, Federico Velilla Martínez; delegado de Intercambio y Propaganda, Antonio Hernández Soriano; asesor religioso de las Juventudes y de la Sección Femenina, el sacerdote Joaquín Aller y Aller; delegado de Tesorería y Administración, Antonio Jiménez Salinas Hernández y delegado de Amis de L’Espagne, el Dr. Cousin[2].

Despachos de informadores se instalaron en territorio francés desde el mismo verano de 1936, auspiciados, sobre todo, por monárquicos exiliados que querían aniquilar la República. Desde los inicios de la Guerra Civil, la capacidad de actuación y los recursos fueron en aumento hasta la fecha de enero de 1937. La principal preocupación de estos agentes franquistas en sus primeras misiones era recoger la máxima información de tipo político y estratégico para poder beneficiar el bando sublevado[3].

Espiando entre la población francesa, se interesaron por los pasos de montaña pirenaicos de frontera, los emplazamientos de las líneas de alta tensión, los campos con uso aéreo o pistas de aterrizaje practicables, la posibilidad de alojamiento en refugios o pabellones para tropas militares, y también la capacidad de avituallamiento de pueblos y ciudades del sur, cercanos a la frontera[4].

Otra de sus primeras operaciones políticas fue el acercamiento hacia los jefes de las mencionadas Ligues de Droite, que habían sido disueltas por la presión del gobierno del Frente Popular de León Blum. El gobierno francés había dado la orden concreta a estos grupos de no relacionarse con espías franquistas. Pero la aproximación de posturas con los elementos de base y los simpatizantes dio su fruto. Agentes franquistas persuadieron y sobornaron a varios individuos franceses para que trabajaran para ellos.

El frente de alianzas, colaboraciones y redes de información o espionaje ponía en el mismo bando a fascistas italianos, nazis alemanes, patriotas, conservadores franceses y los reaccionarios españoles, que en 1937 ya podían ser llamados claramente franquistas bajo un único liderazgo del Caudillo.

Los viejos grupos de extrema derecha existentes en Francia de L’Action Française y la Jeunesse des Patriotes ya no estaban en la vida institucional de la Tercera República Francesa, pero no por eso dejaron de reagrupar activistas y coincidencias políticas individuales. La aparición de los nuevos fascismos europeos durante los años 20 y 30 representó la identificación directa de estos grupos derechistas franceses con las nuevas políticas extremistas. También en la forma de concebir la organización de nuevos y regenerados Estados. Éstos tenían que ser fuertes, militarizados, unificados y centralistas, con un pensamiento único que exaltaba los valores tradicionales y las evocaciones de épocas expansivas e imperiales. En el caso francés, Napoleón, Carlomagno y el Imperio de Ultramar eran mitificados como referentes de la nación para luchar con los enemigos internos de todo Estado sano: el comunismo, el obrerismo y el progresismo del Frente Popular. Esta ideología hizo cuajar, en confluencias y en contactos, las relaciones de los reaccionarios franceses con los fascistas españoles. Éstos fueron los que apoyaron y ayudaron a los generales golpistas del 18 de julio de 1936.

Uno de los primeros hombres que montó la infraestructura de agentes en Francia desde el interior de la zona ocupada por Franco fue el coronel Antonio Barroso Sánchez Guerra, militar de carrera y con dotes francófonas. Barroso fue un militar que permaneció siempre dentro del círculo íntimo de Franco. A partir de julio de 1936 fue el jefe de operaciones militares de Franco y un fiel integrante del equipo político del Cuartel General desde los primeros días de la Guerra Civil. En esa época el equipo político del Cuartel eran, a parte de Barroso, Nicolás Franco, Ramón Serrano Súñer, José Antonio Sangróniz y Lorenzo Martínez Fuset[5]. Más tarde colaboró con la Junta Técnica del Estado, fue jefe de la Casa Militar del Caudillo y, a partir de febrero de 1939, jefe de la Comisión de Recuperación de Bienes en el extranjero y en la organización de los servicios españoles de información durante la Segunda Guerra Mundial en Francia[6]. A partir de 1940 sería el agregado militar de la Embajada española en París. Después sería director de la Escuela del Ejército y Ministro del Ejército. Siempre estuvo al lado de la dirección política de Franco[7].

Los agentes franquistas también recibieron apoyo italiano. Agentes militares italianos contribuyeron igualmente al trabajo desde Francia a favor de Franco. Pasaban información al cuartel de Burgos, principalmente sobre sus operaciones militares en España y en referencia a las posiciones militares de sus escuadras de aviación que bombardeaban las zonas republicanas durante la guerra. Los más peligrosos para el gobierno francés, y ciertamente los más efectivos, eran individuos que teniendo cargos militares durante la República y habiendo colaborado con el gobierno de la Generalitat republicana en Catalunya, viendo el rumbo de la guerra, aprovechaban sus relaciones y experiencia para espiar y pasar información al bando sublevado. Fue el caso de Ugo Berti que estuvo en relación con François Faraill, un francés de Perpiñán, para informar vía Valencia haciéndose pasar por un periodista del periódico inglés Catholic Herald. Las informaciones versaban sobre la situación de buques de ayuda con material para los republicanos y sobre las posiciones y situación aérea de las fuerzas gubernamentales. Informaron del cargamento de los barcos Carmen —panameño— y LyngKang —noruego—, con 10 ambulancias, mantas, zapatos y accesorios de ayuda y socorro para heridos, 272 cajas de cartuchos y 632 proyectiles. Y también sobre la ubicación de las fuerzas de aviación italianas en hoteles de Palma de Mallorca o en Cerdeña, con los aviones dispuestos a realizar operaciones desde esas bases[8].

Uno de esos primeros agentes fue Félix Bolívar González —conocido por De Bolívar—, nacido en Bilbao el 21 de febrero de 1873 y exiliado, desde el 5 de diciembre de 1936 en Dax, donde residía cómodamente en el Hôtel des Baignots. De Bolívar llegó a Francia con un pasaporte expedido por el gobierno de la Generalitat de Catalunya. Provenía de Barcelona donde se alojaba en el Hôtel Ritz. Llegó con un vuelo de Air France hasta Toulouse con mucho equipaje y con una suma importante de dinero, aparentemente hurtada a la Generalitat catalana de cuya confianza gozaba hasta la fecha. Bolívar se instaló en el hotel donde iba frecuentemente a pasar las vacaciones y donde tenía algunas amistades francesas. Hombre de buena presencia, cultivado y con fama de derrochador, era un agente de confianza del gobierno catalán; tenía frecuentes reuniones en los consulados de España en Francia, sobre todo, Toulouse y Bayona, y también con los consulados belgas[9]. Interceptaba gran cantidad de correo censurado. El 17 de enero, junto a su hijo de 28 años, que también se alojaba en Dax —pensión Bains Saint-Pierre—, con José Pablo Guliudiz —comerciante de Bilbao— y un grupo de cuatro hombres más fueron conducidos por un coronel español hacia la zona rebelde para enrolarse en el bando sublevado vía San Juan de Luz. Previamente, Bolívar se había entrevistado con dicho coronel, perteneciente al Estado Mayor franquista a las órdenes del general Queipo de Llano. Dicho oficial venía de Perpiñán en misión secreta y ya conocía a Bolívar con quien tenía relaciones importante y secretas. De hecho, Bolívar era un doble agente dedicado al contraespionaje desde de la red que se organizaba operativamente en Francia. Según el informe de los servicios secretos franceses redactado por el comisario Philippeaux, Bolívar era:

personnage suspect, jouant double jeu au point de vue politique, et trahissant les autorités Gouvememcntales espagnoles, est très suspect au point de vue individuel […] il est très bien introduit dans les milieux de droite espagnols de la région de Bilbao et très bien informé, est un malhonnête homme, qui a fait de la prison en Espagne, après faillite frauduleuse, et serait le type du banquier ou de l’agent de change véreux, dénué de tous scrupules[10]…

Ante el panorama de la creación de una verdadera y consolidada trama de agentes fascistas —franquistas, franceses de ultraderecha, nazis y del fascio italiano—, el gobierno francés dio órdenes de actuar. Los prefectos respondían directamente a París de sus acciones e informaciones en el territorio. Toda la investigación de esta trama fue conducida directamente por los servicios del 2ème Bureau de Renseignements Généraux y por la misma Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Los primeros en ser vigilados fueron los enlaces entre los alemanes y los españoles sublevados. Los primeros militares alemanes encargados de asegurar las relaciones en territorio francés fueron el capitán Lietzmann, y el capitán Heinz von Philipsbom, residente en Bordighera —Riviera italiana— y encargado de las relaciones con agentes italianos, ambos en contacto con el general Faupel, embajador de Alemania en zona rebelde, instalado en Salamanca.

El primer y principal servicio que desde Francia se realizaba era el reclutamiento de voluntarios, escapados o desertores, que entraban en territorio español y se enrolaban en las filas franquistas. Huyendo desde la retaguardia republicana entraban en Francia y desde allí volvían, generalmente vía Irán, para incorporarse en el ejército rebelde. Se establecía un pase o documento para el reclutamiento y el transporte desde París. El capitán Lietzmann fue agregado naval en España hasta mediados de diciembre de 1936, fecha en la que fue trasladado a la agregación naval alemana en París. Allí se encargó de mantener las relaciones entre la embajada del Reich alemán y el antiguo embajador de España en París, Quiñones de León, residente en el Hôtel Meurice —rue du Mont Tabor— de París. Lietzmann también poseía un despacho privado para tratar éstos y otros asuntos oficiosos en Berlín —Charlottenburg (pensión Hass en el 99 de la calle Hardengergstrasse). En la España sublevada las funciones de agregado naval fueron asumidas por el capitán Kurt Meyer-Dönher, alias Maier.

Quiñones de León desempeñó el cargo, entre otros, de embajador en París desde 1918 hasta 1931: de arraigado talante conservador, se refugió a Francia al declararse la Segunda República española, y no dudó, debido a sus profundas convicciones monárquicas, en incorporarse en la trama de ayuda y colaboración con los franquistas. De todas maneras, como la guerra no estaba aún, ni mucho menos, decidida, Quiñones no podía mantener una relación directa con el capitán Lietzmann. La situación era delicada y el Servicio de Información Militar de la República también operaba en Francia vigilando a los posibles traidores. Aquí es donde interviene otro de los personajes que se irán consolidando en el trabajo secreto desde Francia: Propper de Callejón, secretario personal de Quiñones de León. Éste fue el encargado de mantener dichas relaciones con los alemanes. El hombre que desde un primer momento colaboró con él y representó al cuartel de Burgos en los ambientes diplomáticos de forma oficiosa fue José Antonio Sangróniz[11].

A partir de diciembre de 1936, los desertores voluntarios que desearon enrolarse al bando rebelde serían conducidos a través de Francia en lugar de Portugal gracias a la mejora de las nuevas redes de evacuación. Los vehículos destinados al transporte de voluntarios partían del Hôtel de la Nation —29 rue des Écoles— de París y se dirigían hasta San Juan de Luz. Allí eran recogidos todos los voluntarios en un despacho gestionado por Márquez Soriano, el cual proporcionaba dinero y documentación falsa para pasar la frontera por la localidad de Dancharinea. Desde allí eran conducidos hasta el Café de Madrid, en San Sebastián, donde se encontraba el despacho de reclutamiento franquista[12].

El contacto final entre el capitán Lietzmann y el embajador Faupel era asegurado por el mencionado Heinz von Philipsbom, que tenía como residencia parisina el mismo Hôtel de la Nation. Philipsborn ya había estado varias veces en España antes de la Guerra Civil donde conoció Faupel. Philipsbom era el hombre clave y, desde su domicilio en Bodighera ejercía de nexo de unión entre Italia, Alemania, Francia y España. Sus movimientos eran tolerados gracias a su amistad con el cónsul de Francia en Vintimiglia, el cual le había proporcionado un visado de libre circulación.

Las primeras entrevistas entre Lietzmann, Propper de Callejón y Philipsbom tuvieron lugar en la Grande Taverne, un cabaret alsaciano de los Champs Elysées de París. La cuestión principal era el envío de voluntarios al bando sublevado. El encargado de librar la ficha de presentación de voluntario y enrolamiento era Lietzmann; todos los documentos seguían el mismo modelo:

M………………… se présentera à l’Hôtel Meurice (chambre 51)

(Note: là, se trouve Propper) Je demande qu’il soit reçu et je donne ma garantie pour lui. Je prie de régler l’affaire immédiatement.

Signé: Lietzmann

Attaché Naval auprès de l’Ambassade d’Allemagne[13].

Al lado de la firma de Lietzmann figuraba el sello de la embajada alemana. También Lietzmann escribía cartas de recomendación a voluntarios que mandaba al capitán Mayer, el nuevo agregado naval en Salamanca.

Quiñones de León fue un personaje clave para la creación de los servicios franquistas. Colaborando con los agregados navales y militares alemanes, poco a poco fue buscando colaboradores dentro del sector español. Su primer hombre de confianza fue Francisco Marroquín, residente en Neuilly Sur Seine —calle Frédéric Passy— y que también estaba controlado por la policía secreta francesa. Se habían destinado unos fondos especiales desde Burgos para empezar a organizar estos servicios. A principios de marzo de 1937 tuvo lugar una reunión secreta de trabajo entre tres españoles y dos alemanes, coordinados por Marroquín. Se fijó la primera sede en París. Alquilaron tres habitaciones —a nombre de un despacho francés; Grumbach & Duclos, la 51, 53 y 55— en el Hôtel Meurice, y dos en el Hôtel Jubile[14]. Desde allí se empezaron a centralizar las misiones de espionaje contra el gobierno republicano español y también contra el gobierno francés por la influencia y los acuerdos con los alemanes.

París no fue un caso aislado, pues no faltaron intereses para extender rápidamente toda una red de agentes al servicio de los intereses de Franco, bajo nombres falsos o aprovechando despachos franceses, se protegían estos agentes de sus actividades secretas y de la policía francesa. Algunos eran agentes militares o policiales verdaderamente entrenados o destinados a funciones de espionaje. Éstos, generalmente eran los enlaces seguros con alemanes y con el interior de España. En otros casos, eran voluntarios o simples ciudadanos residentes en Francia, que por contactos o por relaciones políticas y amistosas contactaban con esta red y colaboraban con ella. Sin duda, amplios grupos de intelectuales a favor de la República realizaron las actividades contrarias, reuniendo simpatizantes franceses en conferencias y actuaciones a favor del gobierno legal republicano[15].

Gracias a las rápidas adhesiones y a la magna organización que nacía de los servicios antirrepublicanos, impulsada por el mecenazgo y voluntariado de refugiados ricos en Francia, rápidamente se extendieron una serie de grupúsculos al servicio de Burgos. Algunos, los más activos, eran personas que se consolidaron posteriormente con importantes cargos diplomáticos o policiales bajo el régimen franquista, pero su temprana respuesta dio a entender dos hechos irrefutables: la gran simpatía por los sublevados o el odio hacia la República, y la permisividad de un gobierno francés de izquierdas que conocía perfectamente la actividad de esta red, pero poco pudo hacer para reprimirla o desarticularla y las acciones contra espías españoles por parte de las autoridades francesas fue más teórica que práctica.

Bajo el auspicio de esos grupos y desde mediados de verano de 1937, se creó en Marsella un importante centro de control marítimo sobre los buques que abastecían Barcelona. También se espiaban los puertos republicanos y la situación de fragatas o hangares de armamento. Los primeros agentes de Franco en Marsella fueron agrupados en la agencia llamada Oceanía, formada por Juan Salvador, Alejandro Girini, Djemil Azrak, Pablo Raimundo Seitung-Otamendi y José Juan Ignacio Mingot[16]. En estas agencias también participaban económicamente algunos exiliados monárquicos bien relacionados con los ambientes burgueses de París. Éstos y algún banquero importante fueron pieza clave para la financiación y la infraestructura de todo el movimiento rebelde dentro y fuera de España. Franco y su rebelión militar buscaban sus propios fondos para poder pagar la gran empresa que acababan de emprender. Desde enero de 1937, Marroquín y Quiñones de León recibieron en París al emisario y secretario del cuartel general de Franco, Tito López Menéndez. Su misión era la de buscar recursos y soporte económico entre las personalidades del mundo financiero de la capital francesa para ayudar a la Junta de Burgos. Entre los posibles prestatarios, López escogió la familia de banqueros de la rue Latirte, los Rothschild. Entrevista que tuvo lugar el 2 de enero. Se desconoce si los hermanos Rothschild concedieron algún préstamo a Franco pero lo que sí se sabe es que tuvieron que huir a Estados Unidos en 1940 perseguidos por los alemanes.

Afirmar que Franco, o la primera Junta de Burgos, ideó en solitario toda la red de agentes y espías en Francia, sería concederle demasiado mérito. Alemanes e italianos (especialmente los alemanes) fueron decisivos para el triunfo del pronunciamiento, para la entrada por el estrecho de Gibraltar de tropas y para el bloqueo naval en julio y agosto de 1936; también lo fueron para montar y organizar el espionaje de guerra. Los consejos, ayuda e infraestructura del Tercer Reich estuvieron permanentemente presentes y activos[17].

Un ejemplo peculiar fue el de Juan de la Bellacasa y su esposa, la Sra. de la Bellacasa. En febrero de 1937 esta pareja tenía de forma oficial su residencia fijada en Londres. En realidad, residían en el Hôtel Prince de Gales de París. Su pasaporte les otorgaba la nacionalidad española (hijo de Juan de la Bellacasa y de María Bellver, nacido el 18 de mayo de 1896 en Madrid, pasaporte n.º 15 648) y con esta apariencia circulaban y se alojaban libremente en Francia portadores de visados temporales. De la Bellacasa no era otro que Víctor Hafner, nacido el mismo día —18 de mayo de 1896— pero no en Madrid, sino en Brendeu —Alemania—. Su amante, Else Gramlich era viuda de Karl Peppler, de nacionalidad alemana y ambos, relacionadas por amistad con altos cargos alemanes, como el mismo Goering. Bellacasa (o Hafner), había trabajado para los servicios de información aérea alemanes y estaba relacionado con la fabricación de aviones y material de guerra de la famosa empresa Raab de origen alemán. Había trabajado para la República española como asesor de información aérea y vendiendo armas y aviones. Igualmente, controlaba la compra de material de guerra en Francia. Al estallar la sublevación de julio del 36 en España, había sido infiltrado para traficar desde Francia con armas. La traición premeditada de Hafner afectó directamente a gran cantidad de adquisiciones militares que se gestionaban desde la embajada de la República española en París. Este doble juego de espionaje, traición y tráfico de armas fue seguido por otros agentes alemanes y de otras nacionalidades que, al igual que tantos muchos españoles, miraron con simpatía el golpe fascista en España. El incentivo era doble: actuaban de acuerdo con sus principios reaccionarios e ideas fascistas y —lo más interesante— se enriquecían muchísimo con ello. La policía francesa detectó a Hafner precisamente porque de pagar un alquiler paupérrimo en una habitación miserable de 250 francos mensuales de la época, pasó a alojarse en un hotel del rico distrito 16 de París donde una sola habitación le costaba 3000 francos al mes[18].

2. Los franceses también colaboran

2. LOS FRANCESES TAMBIÉN COLABORAN

La organización llamada Le Front Franc, con sede en París, publicaba un periódico bimensual difusor de formas de combate social con profundas ideas patrióticas basadas en un fuerte chauvinismo francés. Por otra parte, la publicación con el título Le Réveil du Peuple aparecía con un subtítulo Vers une entente de rénovation Internationale. Su fundador fue el arquitecto Jean Boissel, antiguo combatiente en la Primera Guerra Mundial, mutilado de guerra y caballero de la Legión d’Honneur, que se proclamaba un gran patriota francés. Los miembros más destacados de esta asociación eran igualmente partidarios de una acción combativa y pertenecían a medios sociales acomodados, profesiones liberales y también algún intelectual. Muchos eran abogados del círculo de l’École de París, destacándose Félix-André Picard, miembro del Consejo del Orden de Abogados Parisinos.

Podríamos decir que el Front Franc era el equivalente en Francia, en cuanto a ideología y perspectivas de acción, a algunos partidos fascistas de la Europa de los años 30. Su actividad de combate coincidía ampliamente con la del programa de Falange y, a la vez, sus puntos esenciales y políticos con el programa nacional-socialista de Hitler y el fascio de Mussolini. El Front Franc estaba en contacto con las organizaciones y algunos dirigentes de dichos regímenes. Sus principales enemigos eran el Frente Popular, los judíos, los masones y los comunistas. Las campañas más sonantes en París se realizaron contra Léon Blum y contra la URSS. Este grupo antidemocrático y antiparlamentario era partidario de la creación de una alianza estrecha en Europa occidental de todos los estados anticomunistas, dirigida por un poder autárquico que se enfrentara y venciera la Rusia comunista. Lógicamente, en referencia al caso español el Front Franc era colaborador y defensor del general Franco. Boissel y Picard establecieron relaciones entre el Front Franc y los falangistas partidarios de la sublevación militar del 36. Estas relaciones dieron su fruto y se acordó una visita al territorio franquista para completar las siguientes colaboraciones y objetivos comunes:

Establecer con la dirección de falange el lazo de unión para crear oficialmente un grupo integrado con los nazis y los fascistas para «transformar, renovar y salvar» el patriotismo francés, el patriotismo de los otros países mencionados y sus relaciones con la «nueva España».

Recoger esfuerzos para organizar en Francia un «Socorro Blanco» opuesto al «Socorro Rojo Internacional», esta organización de ayuda, sería gestionada en parte por la Cruz Roja Nacionalista y subsanaría las necesidades de los movimientos sociales anticomunistas y fascistas franceses.

Presentarse oficialmente a las personalidades nacionalistas españolas, intentando entrevistarse con el general Franco, con el fin de estimular la cooperación a nivel exterior y europeo. Este encuentro reforzaría la moral y la cooperación franco-española.

Organizar de regreso a Francia, conferencias, reuniones, publicaciones, etc. sobre la propaganda franquista y coordinar la colaboración con las oficinas falangistas en París.

Entregar la carta de presentación avalada por el delegado de propaganda franquista y conocido directo de Franco, Henry Lemery —abogado y senador francés—, personaje ultraconservador, que representaría, ante las autoridades sublevadas una muy buena garantía para el Front Franc[19].

El viaje se realizó en un corto espacio de tiempo, un grupo reducido se dirigió a Hendaya desde donde fueron acompañados por una delegación de Falange, hacia Burgos y Salamanca. Quisieron dejar constancia de que su objetivo no era un viaje de «turismo» sino de «trabajo», el grupo se autodenominó trabajadores de la causa común.

En cierto modo, estos primeros contactos fueron bien correspondidos por el gobierno de la junta de Burgos. El primer secretario diplomático del «gobierno» de Franco fue José Antonio Sangroniz, portavoz de la Junta golpista, que fue el encargado de desplazarse en julio de 1937 a Biarritz, para organizar el despliegue de una organización oficiosa fascista que partió desde Salamanca hacia París[20].

Dicha comisión propagaba las ideas y el favoritismo del general Franco en la prensa francesa con la intención de publicitario a nivel internacional. A la cabeza de los tres informadores de prensa se encontraba el abogado barcelonés Pedro Rivera, y sus colaboradores eran Manuel Arias —alias «Arnaldi»— ingeniero de Salamanca y hermano del comandante Arias Paz —jefe de propaganda de la Junta de Burgos— y Eduardo Conde —llamado «Marqués de Salses»—, comerciante de Barcelona. Provisionalmente se instalaron en el Hôtel Californie —16, rue de Berri— en el barrio 8.º de París. Desde allí empezaron a recoger información de todo tipo para transmitirla a través de la red de emisarios hacia Burgos y Salamanca.

A lo largo del sur de Francia y la zona de frontera circularon toda clase de agentes y espías de ambos bandos enfrontados en España. Los Servicios franceses intentaron tenerlos controlados. El centro de organización más importante del espionaje republicano fue en Biarritz (otras sedes fueron Marsella, Burdeos, Hendaya, París y Perpignan). La localización y su organización respondió a la necesidad de contrarrestar y espiar a los nuevos servicios del SIFNE —dirigidos por Bertrán y Musitu— y que articularían la red más efectiva del espionaje rebelde[21].

Sucedió a partir de abril de 1937 cuando las conexiones francesas en el sur del país vecino se hicieron más efectivas y ayudaron también en gran medida a organizar los servicios[22]. Un miembro del Parti National Française, M. Orain, hombre influyente y amigo directo de Nicolás Franco, hizo mucha presión en Marsella, para garantizar la continuidad de las oficinas de información en Marsella y la libertad de acción de sus miembros. Estos servicios, citados en una carta de Orain a Nicolás Franco, se unificaron bajo el mando del SIFNE, órgano dependiente del Jefe de Estado rebelde, el general Franco[23].

La mayoría de agentes tenía la residencia más o menos fija en las ciudades donde había representación rebelde, pues era donde la actividad informativa circulaba en mayor cantidad. El agente de Pau —Valeriano Cabezudo González—, por ejemplo, fue seguido y «descubierto» por el inspector de la policía especial Lafargue, que, por órdenes del controlador general de la región de Pau, el general Blanc, se encargaba de vigilar los posibles agentes franquistas. Cabezudo, nacido en Villaconancio —Palencia—, fue antiguo canciller del consulado español en Pau antes de la Guerra Civil, junto a su superior en Pau, el cónsul Mendicutti, fueron expulsados de sus cargos por el gobierno de la República. En ese caso, como pasaría con tantos otros, se trataba de un excargo consular republicano, expulsado por ser demasiado conservador y que, inmediatamente se adscribió al servicio de las filas sublevadas. Al estallar la Guerra Civil Cabezudo se refugió en Lisboa. Regresó a Francia y, entre Pau y Toulouse a partir de 1937, comenzó a trabajar en lo que sin duda se puede considerar como un consulado paralelo al servicio de la «nueva España». Entregaba pasaportes «nacionalistas», contactaba con simpatizantes falangistas, concedía salvoconductos y también se dedicó a efectuar registros e investigaciones a favor de los rebeldes, en continuo contacto con la Villa Nacho Enea, en San Juan de Luz: oficina llamada de «tránsfugas» que controlaba todos los agentes facciosos en el sur de Francia. El comisario Lafargue, descubrió, además, que para conseguir su documentación y un permiso de trabajo en Francia, Cabezudo tramitó a través de un amigo, un tal Duaso, un contrato como contable en su empresa de sandalias. A partir de ese momento la ficha de Cabezudo pasó a la Sûreté National, para que se tuviera en cuenta su dudosa documentación y sus actividades de espionaje. Esta práctica era habitual en personajes que, sin pasaporte diplomático rigente, tenían que procurarse un permiso de trabajo para poder residir en Francia libremente y para poder conseguir visados de viaje. Para viajar o residir en Francia con sus esposas, las cuales no podían pedir un permiso de trabajo, porque la mayoría no había trabajado jamás. Éstas obtenían del gobierno francés una carta de «non salarié» y dependían de la documentación de sus esposos para seguir residiendo en Francia con su familia. Esto explica que en los informes y expedientes policiales del gobierno francés las esposas, casi siempre estaban incluidas o citadas. Cabezudo sería el primer personaje en ocupar el consulado de Toulouse, Pau y Tarbea en febrero de 1939 y fue premiado como primer cónsul franquista en la zona[24].

Otro caso descubierto en Pau por el policía Lafargue, fue el del mallorquín Joan Coll Roses, nacido en Sóller, casado con María Ferrer, se dedicaba al comercio de hortalizas —en el 18 de la rue Serviez de la misma localidad—. Desde el comienzo de la Guerra Civil Coll, envió a los militares sublevados la suma de 200 000 francos que fueron interceptados y confiscados por los republicanos. Al cerrarse la frontera, empezó a traficar con mayoristas franceses para el bando sublevado y su personal odio a los republicanos le condujo a ponerse a las órdenes de Cabezudo y a total disposición de la nueva estructura que se engendraba en Francia al servicio de Franco[25].

Como en todos los casos de colaboración descubiertos, los servicios que se iban creando estaban protegidos por organizaciones francesas y por personajes de derechas y conservadores, partidarios de los generales rebeldes, que permitían y apoyaban las actividades más insospechadas en su territorio. En el mismo Pau, un grupo de extrema derecha, de gran influencia local, aseguraba las operaciones de cooperación. Los señores Dubien, presidente regional del Partido Social Francés; Grimaldi, abogado del tribunal de justicia e hijo del comisario central de policía de Pau; Boudon, también abogado del tribunal y expresidente de la sección local del partido ultra Action Française; Mirat, alcalde del pueblo de Meillon y Georges Charaudeau, familiar de un militar golpista; se dedicaban a ayudar activamente al cuartel de Burgos, evitando posibles sanciones del gobierno frentepopulista francés sobre los agentes españoles. Estos franceses, contribuían con sus cargos a gestionar una serie de recursos legales para impedir la aplicación directa de las leyes francesas y del famoso tratado de no intervención, como la compra de vehículos, (que eran introducidos por Irún hacia Burgos), o las colaboraciones económicas directas.

Un ejemplo de las relaciones económicas fue el grupo de trabajo que sentó sus bases de colaboración comercial y financiera entre el bando rebelde y Francia. Grupo que publicó una revista llamada Revue Économique Franco-Espagnole, el primer número de la cual apareció, en diciembre de 1938, con una portada nada acomplejada por defender la causa franquista[26].

Todos estos grupos fueron los verdaderos avaladores y colaboradores directos con los agentes franquistas. Charaudeau acogió a un piloto republicano y su ametrallador —Domínguez Godoy y Ávalos Ruiz— que aterrizaron en Pau el 3 de mayo de 1937. Eran desertores que querían poner el avión al servicio de Franco. Fueron detenidos y encausados por el tribunal correccional de Pau, para tratar su caso —aterrizaje, deserción, actividades ilícitas en territorio extranjero y otras acusaciones—. Tras una buena defensa del importante abogado Grimaldi, pudieron pasar por Irún hacia el bando deseado[27]. Gracias a estos grupos franceses, con influencias en justicia y en los sectores policiales, se crearon verdaderas agencias de reclutamiento de desertores y tránsfugas que se enrolaron en las tropas rebeldes. Todos los grupos extremistas franceses que ayudaron a la causa franquista, respondían a tres coordenadas:

La ideológica: gentes bien posicionadas que tenían simpatía por los regímenes autoritarios y adoraban el orden, la patria y la iglesia.

La política: sus partidos u organizaciones habían sido derrotados y prohibidos por un Frente Popular —unión de las izquierdas— con marcado tono comunista, y la rabia clandestina les hacía actuar.

La «visionaria»: deseaban para Francia lo que Franco quería para España, una autocracia, quizás no militar pero si fascista o de ultraderecha. En este sentido, no tardarían en conseguirlo y esta colaboración con el golpe franquista se convertiría en el preámbulo del colaboracionismo con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La colaboración con los alemanes no fue solamente fruto de la ocupación militar, igual que en España, estas fuerzas conservadoras, ya estaban presentes y preparadas para tratar con cualquiera que permitiera la existencia de su también «nueva Francia». De todas formas, Francia estaba más preocupada por las reacciones alemanas —y su política de apaisement— que las italianas o españolas en el tema de política de seguridad[28].

3. Los servicios franquistas: el SIFNE

3. LOS SERVICIOS FRANQUISTAS: EL SIFNE

Los servicios franquistas que se consolidaron en territorio francés fueron muy importantes para la obtención de información durante la Guerra Civil. Su organización en el extranjero fue compleja ya que implicaba una actitud de contraespionaje constante en territorio ajeno. En cierto modo, los dos bandos en guerra exportaron a través de sus agentes y agencias la lucha por imponerse más allá de las fronteras. Los servicios legales, los de la República española, actuaban contra los servicios franquistas que intentaban ganar amistades y mejorar su red organizativa. Esta batalla se desarrolló también en el ámbito de las competencias diplomáticas, dónde los franquistas buscaron adeptos y minaron el respeto internacional por la legalidad diplomática republicana. En muchos países se fueron retirando los embajadores del gobierno legal (Londres, Berlín, Roma, Lisboa, La Haya, Estocolmo, Copenhague, Riga, Viena, Budapest, Sofía, Lima, Asunción, Panamá, El Cairo, Tokio, Nankín, Varsovia, Vaticano…) fruto de la guerra, de las tensiones internacionales y de muchos intereses partidistas de grupos dirigentes extranjeros.

Francia era el país que jugó un papel más importante, por la proximidad geográfica, pero también porque fue reflejo de la complicada situación diplomática y política. La nueva estructura de los servicios en Francia siguió una distribución geográfica, sobre todo agrupada en las regiones colindantes con la frontera española: los Servicios de Información del suroeste (Hendaya, San Juan de Luz, Biarritz, Bayona, Burdeos y Pau), la zona sureste (Marsella, Sète y Niza), la zona central (Toulouse, Tarbes y Perpiñan) y la zona norte (París y Estrasburgo[29]).

Los centros de espionaje franquistas (La Grande Frégate y Nacho Enea de Biarritz y San Juan de Luz, junto con las oficinas de Marsella y París), fueron las sedes de coordinación de los servicios distribuidos en Francia siguiendo el mismo criterio que los servicios gubernamentales (Servicio de Información Diplomático Especial) de la República. Por ese motivo los agentes de ambos bandos vivieron una «guerra» de información en territorio francés y muchos agentes fueron, en ambos bandos, pero sobre todo en el gubernamental, agentes dobles que trabajaron infiltrados a favor del que sería el bando vencedor.

Los servicios de información franquistas se crearon más o menos improvisadamente desde julio del 36. A lo largo de la guerra, sin embargo, hubo una mejora y ampliación de la red dentro de España y en el extranjero. Los servicios creados fueron:

Secretaria general del S. E. el Jefe de Estado. Despacho de información de Salamanca. Sección Especial.

Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Prensa. Sección de Información. Burgos.

Ministerio de Orden Público. Despacho del Servicio Nacional de Seguridad. Sección de Información. Valladolid.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Despacho de Información. Burgos.

Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor. Sección Segunda de Información. Burgos.

Servicio de Información Militar Periférico (SIMP).

Con dos secciones creadas durante la guerra Civil para vigilar la frontera con franela:

Central Norte (Guipúzcoa, Navarra y Huesca), y su límite exterior entre Burdeos y Toulouse, dirigido por el Teniente Coronel Manuel Pérez Urrutia.

Central de Cataluña y su límite exterior de la costa mediterránea hasta Marsella, fue dirigido por el Teniente Coronel Antonio Cores y Fernández Cañete.

Comandancia Militar de Bidasoa y Servicios de Información de las Fronteras del Norte de España. SIFNE. Irún. En 1938 se fusionó con el SIPM.

Servicio de Información Militar, SIM, que en 1938 se convirtió en el Servicio de Información y Policía Militar. SIPM. Burgos[30].

El SIM franquista también incluía, desde la guerra un servicio de información, bajo el resorte del servicio nacional de información de Falange, una Sección de Inteligencia en Burgos. A partir de marzo de 1937 Múgica fue director del SIM y fijó cada vez más su interés en las actividades llevadas a cabo fuera de España. Su prioridad fue crear una red de confidentes en Francia, Bélgica y Gran Bretaña, con el fin de obtener noticias de orden político, transacciones de armas, organizaciones rojas en el exterior, etc. Sin embargo el SIM no estaba suficientemente preparado y echó mano de otros servicios de inteligencia creados por civiles, principalmente monárquicos catalanistas y conservadores carlistas. El coronel Ungría fue el tercer jefe del SIM que en pocos meses había cambiado siete veces de dirección, hacía falta una coordinación mayor entre los servicios del SIFNE y el SIM con el Estado Mayor rebelde[31].

Las funciones y las órdenes de información estaban claramente dirigidas desde Burgos y se pedía a los servicios que enviaran el Parte Diario de Información, que llegaba de forma «Urgente y Secreta» desde cada sector. Se pedían informes sobre la situación de los refugiados, y de la situación política interior francesa, además de muchas otras notas políticas y militares. Vale la pena detallar a continuación, a modo de ejemplo, el parte de la central de Navarra[32]:

El Parte Diario de Información que se transmitirá por escrito tendrá los siguientes argumentos y formato correspondiente:

Urgente y secreto |
COBERTURA DE NAVARRA | PARTE DIARIO DE INFORMACIÓN N.º—
E. I. mis (1 del subsector) | Para la 2.ª sección de M. M. de la
Mis. (el de registro de salida) | Cobertura de Navarra. —ORONOS—

I) INFORMACIÓN MILITAR:

A) Exiliados

Del Exterior y Del Interior:

Organización

Armamento, material y equipo

Identificación y localización de Partidos Comunistas

Partidos, grupos, centros de estudios, depósitos (de armas, municiones y vestuario), rasgos de enlace y de cuántos elementos puedan tener relación militar

Actividad de unidades, partidas, grupos o individuos aislados

Planes y propósitos

Ambiente

Moral

Ayuda externa de personal, material a organización militar

B) Francia

Organización de los tres ejércitos

Reclutamiento, movilización

Armamento, material y equipo

Localización de unidades (ejército regular). (Gendarmes)

Campos de aviación, centros de estudios, parques, depósitos y fábricas militares. Etc.

Actividad de unidades

Ambiente

Moral

II) INFORMACIÓN POLÍTICA:

A) Exiliados:

Partidos políticos:

Organización, dirigentes y filiación

Actividad

Propósitos

Moral

Relaciones entre los Partidos

Ambiente y moral en general

Propaganda

Actividades de los Partidos en general

B) Francia:

Partidos políticos:

Organización dirigentes y filiación

Actividad

Propósitos

Moral

Planes y propósitos

Propaganda

Relación con los exiliados

Gran parte de los diplomáticos que traicionaron al su gobierno republicano colaboraron de alguna forma con los servicios de información franquistas pasando valiosa información sobre relaciones, pactos y tratados de los republicanos con terceros gobiernos, especialmente los que no habían reconocido el gobierno de Burgos. Durante la guerra civil su actuación se centró en el comercio de armas y en el control de puertos y abastecimientos. Los agentes más implicados y más activos pasaron a ser protegidos por las delegaciones italiana y alemana, de las cuales también recibían instrucciones. A título privado y oficioso, también otros cargos diplomáticos de delegaciones de países «neutros», debido a su ideología o a su simpatía por la causa franquista, pasaron información al bando sublevado. Todos los agentes se agruparon, en verano de 1937, alrededor del Servicio de Información de la Frontera del Norte de España (SIFNE)[33].

Los primeros contactos para crear unos servicios de información en la frontera norte de España, los establecieron el general Mola y Francisco Moreno Zulueta, Conde de los Andes. El encargado de organizar el servicio como tal (SIFNE), fue José Bertrán y Musitu, fundador junto a Francesc Cambó de la Lliga Regionalista. Bertrán y Musitu fue abogado de Alfonso XIII y durante la Guerra Civil se afincó en Francia dónde estableció contactos con el ejército rebelde. Las primeras acciones del SIFNE, desde su despacho en el Grand Hôtel de Biarritz, fueron las de recoger adeptos y colaboradores. En un principio muchos catalanes integraron el servicio; hombres de la Lliga Catalana exiliados en Francia. Fue financiado, básicamente, por industriales y financieros de derechas (el mismo Musitu y Cambó). El servicio se puso en contacto directo con la embajada alemana en París para pasar información sobre las ayudas recibidas por los republicanos y los famosos abastecimientos de guerra y estableció las colaboraciones con el mencionado Von Goss. A la cabeza de la organización también estaba Quiñones de León, quien delegó en Francisco Moreno Zuluetea, Conde de los Andes, que había trabajado a favor del contraespionaje alemán durante la Primera Guerra mundial, y también en Bertrán y Musitu[34].

Después de la actuación del gobierno francés del Frente Popular destinada a controlar los espías franquistas en Francia, las oficinas se trasladaron definitivamente a la villa «La Grande Frégate». Desde allí se ampliaron los servicios hacia Burdeos, Niza, Marsella, Perpiñan y se reclutaron más agentes.

La red de agentes en Francia prosiguió su extensión y mejoró su organización con ayuda alemana. Un nombre importante era el capitán Karl Rau, que trabajaba en el servicio central de Información del ministerio de guerra alemán. Fue uno de los soportes que Hitler envió a Salamanca para ayudar a los militares sublevados a organizar el servicio de inteligencia militar y enseñar a agentes franquistas cómo se procedía a gestionar una central de información general, con datos sobre industria, economía, comercio, etc., bajo un único mando y control. El capitán Rau, también efectuaba varios viajes a París para asegurar que el servicio de información exterior funcionara.

Ante la inexperiencia española y las conveniencias del Eje, italianos y alemanes recomendaron a Franco la creación de un Estado Mayor conjunto bajo el mando del mismo Caudillo que acabaría en saco roto, pero que continuó un trabajo de asesoramiento hacia los servicios de información franquistas muy importante. En la mansión de La Ferme en el País Vasco francés, se reunían las coordinaciones de espionaje y los servicios de Franz von Goss, jefe de la Abwehr en España a las órdenes del almirante Canaris[35].

Los primeros agentes pasaban información utilizando documentación diplomática como el camuflaje más eficaz para viajar, cruzar fronteras y salvar controles policiales. Empezó a circular un importante contingente de personas de diferentes países europeos, dotadas de pasaporte diplomático, con inmunidad y que seria ampliada durante los años convulsos de la guerra mundial. La mayoría eran cargos intermedios, tenían superiores estatales y una cantidad indeterminada de agentes de base que hacían el trabajo local. Estos individuos fueron los que consolidaron las redes. Y así se prefiguró una de las diferentes redes internacionales de espionaje ampliadas durante la Segunda Guerra Mundial y que se consolidaría en la guerra fría. Podríamos citar, a modo de ejemplo, la instalación de un nuevo consulado en Estrasburgo por parte del gobierno franquista. Esa sede diplomática no respondía a la necesidad demográfica del colectivo español en la zona (pocos españoles había en esa región), pero en cambio, era una ciudad francesa fronteriza con Alemania, paso importante entre la relación de nuevos gobiernos y de nuevas colaboraciones[36].

Dos importantes personajes, también trabajaron con pasaporte diplomático para esa red como agentes y colaboradores entre Burgos y París. Se trataba de Alfonso Atamán y de Eduardo Aunós Pérez. Alfonso Alamán, personaje residente en París, de origen mexicano y apodado «marqués de San Clemente, o de la Barra», hijastro del marqués de la Barra —Francisco León—, administrador de una importante empresa petrolífera en París y presidente del Tribunal Arbitral mixto de la misma ciudad. Alamán, en relación estrecha con los medios monárquicos españoles, se inclinó a favor de los militares sublevados desde el principio de la Guerra Civil. La causa más directa de su implicación en los servicios franquistas fue ideológica, dominada por su antirrepublicanismo, pero se introdujo en los servicios a través de su cuñado, un tal Caballero, oficial del ejército a las órdenes del general Mola. Amigo de Eduardo Aunós, ayudó a realizar campañas de prensa a favor de los golpistas. Empezó actuando en el departamento de los Basses-Pyrénées y se estableció al servicio del Estado Mayor sublevado, a partir de abril de 1937, en San Sebastián.

Mucho más conocida es la implicación de Eduardo Aunós, leridano afincado en París. Fue diputado monárquico por la Lliga Regionalista de Catalunya, ministro de Trabajo, Comercio e Industria durante el directorio militar de Primo de Rivera. Se refugió en Francia cuando en 1932 el gobierno de la República pidió responsabilidades políticas a los ministros de la dictadura primorriverista. Aunós estuvo acusado de prevaricación por haber permitido la venta del monopolio estatal Tabacos de Ceuta y Melilla a su amigo Juan Match, por eso tuvo que escapar, primero a Toulouse y después a París. Allí, fue corresponsal de los periódicos españoles de derechas La Nación e Informaciones. Aunós mismo, con ayuda de personalidades francesas, creó en París una oficina de información política bajo el nombre de Bureau International de Documentation Latine —en el 22 de la rue Saint-Lazare—. También, como abogado que era, despachaba asuntos jurídicos y comerciales en otro despacho del 21 de la rue Berri. Pero lo importante fue la labor desarrollada por su despacho de información política, desde donde se gestó, en parte, la reorganización de la estructura de Falange Española[37]. Realizó su proyecto a partir de 1935, cuando la CEDA ganó las elecciones en España y pudo así, regresar a Madrid. Junto con José Antonio Primo de Rivera, hicieron efectiva la reorganización de la Falange, convirtiéndose en uno de los principales dirigentes. Al estallar la Guerra Civil, regresó a París y empezó una ferviente actividad a favor de Franco. Importante por su peso político posterior, fue su trabajo de organización del que más tarde se convertiría en el Servicio Exterior de Falange. El gobierno del Frente Popular francés no hubiera permitido la creación de una sección legal de Falange en su país, pero paradójicamente toleró la creación de ciertas oficinas que escondían la organización, asociación y propaganda fascista en su territorio. Una de las oficinas más activas fue la que diseñó Aunós.

A principios de abril de 1937, Aunós creó otra asociación, Hispánica, con el lema de «investigar, comunicar y difundir toda la información, estudios y documentos referentes a los países de lengua española». En realidad, la actividad de dicha asociación consistía esencialmente en combatir la política de los dirigentes republicanos españoles, y en difundir las tendencias del bando sublevado y de Falange en los medios políticos. El centro que funcionaba en el mencionado despacho de la rue de Berri, estaba en contacto con la agencia informativa italiana Prima Presse, de la rue Richelieu[38].

El periódico francés L’Humanité, emprendió una campaña de prensa contra Aunós y sus actividades y tuvo que huir de París por miedo a represalias; por otro lado, la decisión tomada por Franco de unificar la política española en un partido nacional único —la FET y JONS—, generó una delicada situación a líderes falangistas que tenían, a partir de ese momento, deber de obediencia a Franco. Con ese objetivo, Aunós se dirigió nuevamente a Salamanca para confirmar su adhesión al llamado «nuevo régimen». Aparentemente su servicio de información siguió funcionando, sobre todo dirigiendo duras y extensas campañas de prensa. Pero su actividad política fue sustituida por la nueva «delegación» nacional, encabezada por el diplomático profranquista Quiñones de León.

Esa «oficina», que funcionó como delegación oficiosa de la España franquista y que seguiría funcionando oficiosamente después de la victoria franquista, se convirtió en un verdadero centro de contraespionaje e información en París. En el Hôtel Meurice, se alquilaron unas cuantas habitaciones que realizaban las funciones de «cuartel general». A la cabeza de la delegación estaba Quiñones de León, que se encargaba sobre todo de las cuestiones políticas. El funcionamiento ocupaba a unos veinte agentes, la mayoría españoles y algún alemán, como asesores o colaboradores. Los directores eran Francisco Marroquín —conocido con el apodo de Max— y un alemán, el Doctor Meyer[39]. Durante los primeros meses, los esfuerzos principales fueron destinados a ganar la guerra. En este sentido los franquistas trabajaron intensamente recogiendo información sobre el alistamiento y envío de voluntarios al frente, sobre las estrategias de abastecimiento e intercambio de barcos en los puertos, el apoyo francés o extranjero a los republicanos y también el envío de armas y municiones. El alemán, nacido en Estrasburgo, Franz Müller, era el máximo encargado de informarse sobre la zona de los Pirineos y de la frontera. Dos austríacos, Edgar y Rochatz, se encargaban de hacer tratos sobre el tráfico de armas y material de guerra, como por ejemplo el envío de aviones Fokker, de fabricación checa, hacia Franco. Otro agente internacional dedicado al espionaje para los fascistas italianos y españoles, fue el belga Durinx, que controlaba el tráfico de armas que pasaban por Anvers. Todo este volumen de servicios constataba la eficacia de la nueva estructura franquista en Francia. La ayuda alemana era determinante y empezaron a funcionar las relaciones de un importantísimo aliado financiero de Franco: el Banco Suizo de Zurich; fiel defensor de los intereses económicos de gran cantidad de españoles y de generales golpistas. A finales de octubre de 1937, la mayor parte de documentación y, con ella, amplias funciones de las oficinas del Hôtel Meurice, fueron trasladadas a una oficina del número 158 del boulevard Malesherbes, premeditadamente situado enfrente del Consulado de España en París[40].

Una especie de «delegaciones» se establecieron en Marsella —Hôtel Astoria—, en San Juan de Luz, y en muchos despachos de personas que se ofrecieron como benefactores y ayudaron a montar una estructura ciertamente sólida, en relación con Quiñones de León. Uno de los más destacados correos fue Ezequiel Salgas. Éste, a parte de unir los centros de la frontera sur con España, trabajó incesantemente a las órdenes de Francesc Cambó, que había organizado un centro de información al servicio franquista desde su sede en el Hôtel Crillon de París —centro de trabajo y despacho de Cambó—. Sus actividades iniciales de información y financiación para Franco sirvieron, a partir de febrero de 1939, para denunciar y controlar los exiliados republicanos en Francia[41]. Desde París también editaba Occident, revista financiada por Cambó, de talante conservador y contraria a la República española, y que era el órgano representativo de los franquistas catalanes. En su primer número, editado el 25 de octubre de 1937 en París, esa revista bimensual se dedicó a difundir propaganda a favor de la España rebelde. Fue, en efecto fundada por el diputado de la Lliga Catalana, Joan Estelrich y cofinanciada también por Francesc Cambó. En un número del 10 de diciembre publicó un manifiesto favorable a Franco, suscrito por cuarenta y dos intelectuales que representaban todos los matices de la derecha, desde el conservadurismo hasta el fascismo, y en el que se aparentaba una cordialidad entre Francia y los insurgentes españoles muy lejos de la realidad[42].

Nos encontramos pues ante una trama de agentes y personas que trabajaron desde Francia para la causa de los militares sublevados. A partir de la fecha aproximada de agosto de 1937, esta trama configuró el complicado mundo de las relaciones entre espías, agentes, militares, hombres de negocios y hombres fascistas. Principalmente se trataba de españoles refugiados del 36 contrarios a la Segunda República y agrupados alrededor del mencionado SIFNE. Su relación con alemanes y con italianos era muy importante, así como el soporte de los grupos franceses de extrema derecha.

4. Pro Ayuda a Refugiados Españoles

4. PRO AYUDA A REFUGIADOS ESPAÑOLES

El Comité pour l’Aide aux Réfugiés Espagnols, (nombre dado en Francia a la Pro Ayuda a Refugiados Españoles) era una asociación de ayuda a los refugiados franquistas en Francia. Situado en el 13 de la rue Paradis en Marsella bajo el pretexto de aportar ayuda moral y material a los refugiados y servir de nexo de unión entre ellos. En realidad se dedicaba, junto con otra oficina situada en el 37 Cours Joseph Thierry, también en Marsella, a realizar trabajos de documentación e información en beneficio del gobierno de Burgos. Algunos de sus destacados miembros eran objeto de vigilancia estrecha por parte de la policía francesa, dadas sus actividades de espionaje. Uno de sus líderes era el organizador del Comité Jorge Utrillo Raymat. Utrillo nació en Barcelona en 1904, ferviente partidario del general Franco, se refugió en Marsella, en casa de sus suegros, en agosto de 1936 después ser abortado el alzamiento en Barcelona. Allí organizó desde finales de 1936 el Comité que en un principio se dedicó a prestar ayuda al bando sublevado y a los refugiados y desertores que huían hacia Francia desde la zona gubernamental. Utrillo se proclamó director del mencionado centro. Desde ese instante, se aprovechó de los subsidios de servicios que esta organización ofrecía a los refugiados franquistas que le pasaban a ver o que se dirigían a Marsella para pedir su ayuda. Individuo definido como muy activo y muy inteligente enseguida se relacionó con el grupo poderoso de Francesc Cambó y Juan March para recoger la mayor cantidad de información susceptible de interesar y favorecer al Estado Mayor de Burgos. El resto de los miembros de este equipo de Marsella, dividido en dos oficinas eran:

Enrique Mir, nacido el 1895 en Barcelona y amigo de Utrillo, también refugiado en agosto de 1936 y nombrado subdirector del Comité. Mir residía en la casa de su suegro, el Sr. De Andreis, industrial italiano, antiguo presidente de la Cámara de Comercio italiana de Marsella.

Francisco Solano Aguirre, alias Soler Fernand, nacido el 1906 en Durango, ingeniero industrial, que falsificaba documentos y pasaba información sobre ferrocarriles franceses, residía en el Hôtel Astoria de Marsella. Fue detenido por la policía francesa por falsificar documentación y por su actividad ilegal sobre ciertos convoyes de tren que transportaban víveres y material para el gobierno republicano español.

José María Sentís Anfruns, nacido en Barcelona en 1908, se refugió en el Hôtel Corona de Marsella debido a su afinidad por Franco en noviembre de 1936, dotado de un visado del Consulado de España en Perpiñán. Trabajaba como delegado de la firma inglesa Jantsen Knitting Mills y estaba en estrecha relación con los anteriores mencionados[43].

El comité Pro Ayuda prestó numerosos servicios a los refugiados españoles en Francia como también a los españoles desertores que deseaban cambiar de bando y regresar a la España rebelde. Sus primeras funciones eran detalladas de la siguiente manera:

Recibir a los refugiados a su llegada a Marsella y atenderles en todo hasta su salida en dirección de la España Nacional.

Facilitar a los refugiados el visado de sus pasaportes por la Administración francesa, intervenir en las dificultades que tuvieron varios refugiados de nacionalidad española, pero nacidos de padres franceses, con la autoridad militar de ese país.

Organizar viajes colectivos para los refugiados, gracias a los cuales obtenían todos ellos casi un 50 % de descuento sobre el precio del billete.

Informar a los refugiados y a los españoles establecidos en Francia, así como a los extranjeros que lo solicitaran, de las disposiciones de las Autoridades españolas.

Dar toda clase de informaciones a las Autoridades referentes a todo cuanto podía interesarles respecto a los evacuados que habían pasado por Marsella, su actuación, etc.

Proporcionar certificados y otra documentación necesaria a refugiados para transitar por Francia y otros países.

Tramitar las instancias de entrada en Italia de sus compatriotas que deseaban dirigirse a dicha nación para embarcarse en muchos casos para Palma de Mallorca, Sevilla, etc. Hacia la zona Nacional.

Facilitar a sus compatriotas las operaciones que tenían que realizar con Bancos establecidos en Francia y a veces responder, por mediación de amigos franceses, de los adelantos que se les hicieron.

Envío de correspondencia (controlada y censurada para evitar represalias) de la España Nacional a la zona roja; tramitación de las respuestas dirigidas a la España Nacional.

Envío en zona roja de cartas y documentaciones de toda clase y socorros sin pasar por la censura roja y con entrega a manos propias de los destinatarios, sin que se perdiese ni una sola carta ni un céntimo de las cantidades que nos fueron confiadas.

Envío de comestibles a españoles recluidos en zona roja.

Aconsejar a las familias con trabajo para procurar la salida de sus deudos de la zona roja, evitándolas ser víctimas de estafadores o chantajistas y, a veces, interviniendo directamente y consiguiendo bastantes éxitos en las cuestiones de salvamentos, a base del más absoluto desinterés, tanto personal como para la Obra.

Recuperación y envío de equipajes extraviados para los refugiados a su paso por Marsella y envío en España Nacional de joyas que los refugiados habían podido llevarse de la zona roja y que llegaban a la oficina por mediación de valijas diplomáticas y otros conductos.

Gestiones para averiguar el paradero de españoles retenidos en campos de concentración franceses y niños internados en ese país, en vista de su repatriación[44].

La oficina fue creada en octubre de 1936 a partir de una iniciativa de los citados Jorge Utrillo y Enrique Mir, para acoger a los refugiados que llegaban a Marsella desde la zona gubernamental, especialmente huidos de Barcelona. La primera actuación fue colocar el crucifijo, la bandera bicolor y retratos del generalísimo en todas las dependencias. El primer apoyo lo consiguieron a través del conde de Bulnés, cónsul de España en Génova, al que Utrillo y su socio ofrecieron sus servicios y los de la oficina a al Cuartel General de Burgos. En la calle Paradis número 13 de Marsella se pudieron alquilar dos pisos para atender las numerosas solicitudes de Ayuda y, sobre todo, a los centenares de españoles que desembarcaban en el puerto de Marsella. Pronto se pidió patrocinio y ayuda a Quiñones de León. Éste colaboró económicamente en la creación de la oficina y centralizó los informes.

A partir de abril de 1937 empezaron las complicaciones en el 13 de la rue Paradis. Llegaron a dicho domicilio en misión especial el comandante Antonio Escarpín y un tal Salvador, agentes del Servicio de Información Militar rebelde, con la misión de abrir una oficina «Oficial» de Ayuda a Refugiados dependiente directamente de los servicios secretos del cuartel de Burgos. La injerencia de los servicios secretos fue descarada y se pidió a José Antonio de Sangroniz, en esa época, jefe del gabinete diplomático de Franco en Salamanca, que hiciera de mediador sobre el destino final de las oficinas. La recomendación de acudir a Salamanca fue del mismo Quiñones de León, que envió a Enrique Mir para hablar con Sangroniz y Nicolás Franco. La oficina quería continuar su función de servicios para los fugitivos de la zona gubernamental. En el trayecto de la visita a Salamanca desde Biarritz, informó que habían recibido un telegrama firmado por el comandante Escarpín, ordenando taxativamente que la oficina de Marsella debería depender de forma inmediata de la central franquista de información SIM. Juan Salvador, franquista catalán de Barcelona que había montado una agencia de viajes en Marsella, sería el nuevo director. El conflicto de competencias pasó a ser un conflicto personal por conseguir la dirección de la oficina. En un principio Sangroniz recibió a Mir y por escrito certificó la función de la oficina prometiendo nuevas aportaciones económicas y dotándola de un carácter oficial. Esta versión de Sangroniz contrastaba con la del jefe supremo del SIM el teniente coronel José Ungría, que desde su jefatura mandó una carta a Utrillo en la segunda quincena del mes de junio de 1937, en la que afirmaba la necesidad de hacer desaparecer el carácter dual de la oficina de Marsella. En la carta aceptaba la creación de una única sede, con Utrillo a la cabeza, pero con la condición que se ampliaran las funciones de espionaje. Desde la jefatura del SIM, Ungría envió una carta a Utrillo con una serie de misiones a cumplir, destacó de forma especial la necesidad de gestionar todo el tema de los refugiados «nacionales», pasaportes, billetes, subsidios, bienes, acogida, cambio de moneda, etc. Con el añadido de una disposición especial:

7.ª Dispuesto recientemente por el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales que se intensifique la repatriación a zona liberada de cuantas personas leales al Movimiento Nacional se hallan aún bajo la dominación roja, esta Jefatura tiene la seguridad de que podrán servir de modelo y estímulo a las demás organizaciones y particulares que va a actuar en idéntico sentido… Dios guarde a Vds. muchos años. Burgos 19 de junio de 1937. —El Teniente Coronel de E. M. Jefe Estado Español— S. I. M[45].

Enrique Mir Deulofeu dimitió de su cargo al frente de la oficina en agosto, mientras Utrillo confirmaba su disposición a dirigir la organización y a cumplir con los puntos dictados por Ungría además de agilizar las repatriaciones a la zona rebelde, su nota de adhesión terminaba con una ferviente fidelidad a la superioridad de los franquistas:

Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestra adhesión inquebrantable a S. E. el Jefe del Estado, personificación de la causa libertadora de nuestra amada España, en mi nombre y en el de mis abnegados colaboradores. Dios guarde a V. muchos años… (firma): Jorge Utrillo Raymat[46].

El conflicto con Escartín continuó en Marsella. La Sûreté de Marsella dio cuenta a través del consulado republicano de las actividades clandestinas y las disputas internas. La policía francesa efectuó en agosto un registro a la oficina incautando documentos y abriendo un expediente contra la organización Pro Ayuda, por tratarse de un centro extranjero de información. Ocho gendarmes efectuaron la operación bajo la acusación que había agentes del SIM franquista operando en la oficina. La Sûreté recomendó al Ministerio del Interior francés dictar una orden de expulsión para Utrillo[47]. Anteriormente a la implicación directa del SIM, los franceses habían sido muy permisivos con la oficina y sobre todo, veían positivamente la repatriación de refugiados otra vez a España sin ocasionar ningún problema ni gasto a su gobierno, por eso habían autorizado la mayoría de actividades. En cierto modo, la injerencia de los servicios secretos aumentó las labores de información y espionaje en detrimento del servicio de repatriación[48].

En septiembre el coronel Ungría mandó a su agente Enrique Carrión quien se presentó como «delegado de repatriaciones», para que se encargara de reorganizar toda la oficina al servicio de la red de información en el exterior. Carrión fue encargado de crear un Patronato dentro de la Pro Ayuda para llevar sus propias gestiones. Fue una estrategia para afianzar la confianza de Utrillo —que lo presentaba como su más estrecho colaborador— para reconducir la función de la oficina hacía sus servicios e intereses[49].

Carrión denunció las actividades de Utrillo en un informe. En primer lugar, acusó a Utrillo de procurar el favor de personajes importantes aprovechándose de los españoles con pocos recursos. Favorecía a los títulos nobiliarios, personas de derechas y buena posición política, funcionarios y militares para que, al volver a España, emitieran informes favorables sobre su oficina. Se acusó a Utrillo de traficar con el rescate de personas, el rescate de dinero y tráfico de correspondencia. El arrendatario de Utrillo, su suegro, llamado Luis Pontet —francés de origen judío— fue acusado también de trapichear con los negocios. Según Carrión los refugiados entregaban cartas de forma secreta y pagaban 100 francos por un envío o 200 por el remitente. Las cartas embarcaban en Marsella (generalmente con el vapor Imerethi, que hacía la travesía Barcelona-Marsella) con destino Barcelona donde un enlace las repartía. El enlace del barco cobraba comisión y el de Barcelona también. Podía ganar unos 8000 francos al mes, que —según Carrión— Utrillo no ingresaba en la oficina (de esa forma Utrillo habría ganado unos 42 000 francos en 6 meses). Para cartas o paquetes especiales, que iban solos o con destino urgente, se habían llegado a pagar 2000 francos. El rescate de dinero, teóricamente gratuito, implicaba el cobro de unos intereses para la oficina. El porcentaje iba entre un 10 y un 25 % de la cantidad rescatada. Los enlaces en Barcelona, desconocidos por los implicados, cobraban los intereses de las cuentas comentes de los «salvados» con su autorización. Además se pedía «algo» para La Oficina.

Fueron importantes las operaciones del cambio de divisas ya que permitían cambiar pesetas republicanas por pesetas franquistas y de esas a francos franceses. En estas operaciones, realizadas solamente apersonas «afectas» al alzamiento, se implicaron los centros católicos de Marsella. Las parroquias ejercieron de colaboradores pues teniendo reservas de dinero recibían a refugiados mandados por Utrillo, también de forma ilegal ejercían de «oficina de cambio». Se ofrecía a los refugiados que se unieran a Franco y se repatriaran a España la oportunidad de cambiar valores anulados de moneda republicana por el nuevo cambio de peseta franquista hasta un valor de 30 000 pesetas «nacionales». Se intentó persuadir con ello a algunos españoles en Francia que todavía conservaban alguna cantidad líquida de moneda. La oficina de Utrillo se dedicó a promover repatriaciones cambiando 30 000 pesetas quedándose para él y los suyos una comisión por cada operación. Los refugiados poco influyentes eran directamente dirigidos por tren hacia Irún sin más visado ni papeles justificantes[50].

Ante ese duro informe de Carrión, las autoridades de Burgos decidieron actuar a favor de sus intereses y al final la oficina fue reconvertida en una central de información dependiente del SIM. Utrillo fue cesado, las labores de Pro Ayuda a refugiados dejaron de ejercerse y se cerró las dependencias al público en diciembre de 1937[51].

5. Más centros de espionaje

5. MÁS CENTROS DE ESPIONAJE

Otros centros muy importantes se situaron en la frontera occidental pirenaica. Sobre la costa vasca francesa, en San Juan de Luz y en Biarritz, se alojaron gran cantidad de refugiados monárquicos huidos. Esa comunidad no tardó en relacionarse con los medios aristocráticos franceses y con su ayuda se creó un centro de reunión y relación dónde se discutía la situación política, los intereses personales y colectivos, pero sobre todo, se canalizaba la ayuda destinada a la Junta de Burgos. Las primeras reuniones tuvieron lugar en la villa La Ferme, propiedad del conde de Gironde, en dónde se reunían numerosas personalidades españolas. Bien pronto esta villa se convirtió en una oficina organizada bajo la dirección del argentino Llorente, que la dotó de un transmisor clandestino de ondas TSF. para actuar de centro de espionaje. El 20 de agosto de 1937 esta oficina se transfirió a la villa Nacho Enea —6, avenue Larreguy en San Juan de Luz—. El centro, residencia de Antonio Angulo, marqués de Caviedes, acogió toda la actividad de los partidarios de Franco en la región. Se gestionaba el pase a zona rebelde de casi todos los demás agentes en Francia. Uno de los dirigentes de la organización fue el francés Iñigo Bernoville, corresponsal del periódico ultraconservador Action Française y encargado de un comercio de radio transmisión —Radio Nox—. Él mismo instaló el puesto emisor TSF para emisiones en Morse y verbales, algunas de las cuales fueron interceptadas por los Renseignements Généraux franceses[52].

Desde la fecha, finales de agosto de 1937, alrededor de la villa, la afluencia de personas y automóviles creció. La vigilancia de los servicios franceses de la Sûreté Nationale se intensificó. Bien pronto los informes desvelaron que la villa, además de ejercer de consulado oficioso del gobierno de Burgos, era, efectivamente, un centro de información y de propaganda muy importante. Albergaba los servicios de documentación, de prensa e información y efectuaba misiones de contraespionaje y de reclutamiento de voluntarios para el ejército de Franco. Los colaboradores más activos en un principio con el centro de la Villa Nacho Enea, eran Bernoville, la condesa de Gironde, Martínez de Irujo, Félix Vejarano-Bernaldo de Guirós, Carmen Zapino y Juan Manuel Bofill Gasset, este último sería expulsado de Francia por actividades de espionaje. También, desde la villa, dos agentes más actuaban contra el gobierno de la República cometiendo actos de sabotaje mientras se encargaban del servicio de transporte y coordinación con el centro franquista de Marsella, eran José María Marcet y Rogelio Vidal Carbonell[53].

Las autoridades francesas, ante tanta actividad, iniciaron un proceso de investigación y una instrucción policial contra el francés Bernoville y el centro Nacho Enea. Se inculpaba a Bernoville de fabricación de pasaportes falsos que se añadía a la infracción de la ley de radio-difusión francesa y la posesión de explosivos. De todas maneras, a parte de las sospechas y las denuncias iniciales, la investigación no concluyó en ningún proceso judicial.

Para alejar las sospechas de la policía francesa, se procedió a «descentralizar» los servicios más delicados y se creó otra oficina de ayuda a la central de la Villa Nacho Enea en una habitación del Grand Hôtel de Biarritz. Esa nueva oficina bien pronto llamó la atención de las autoridades francesas por la asidua afluencia de individuos alemanes provenientes de España. A la cabeza de la oficina estaba Francisco Moreno —conde de los Andes— y José Bertrán y Musitu, secundados por su hijo, Felipe Bertrán y Güell y su sobrino Manuel Doncel[54]. Bertrán y Musitu y Manuel Doncel, debido a sus «activités subversives» serían afectados por una orden de expulsión de Francia dictada por el Ministerio del Interior del 30 de julio de 1937[55]. Bertrán y Musitu fue el primer director del Servicio de Información de la Frontera del Norte de España (SIFNE), a las órdenes de la Junta de Burgos. Publicó en su libro del año 1940 un importante documento sobre el SIFNE, su organización, planificación, organigrama y coordinación desde Biarritz. En él se describían los Servicios de información y su extensión territorial[56].

Otro traslado de servicios también se produjo a otra villa, llamada La Grande Frégate, situada en la rue des Vagnes en Biarritz, vecina de villa Eugenia —residencia del conde de los Andes—. La villa Grande Frégate fue cedida por Mariano Iturralde, exsecretario de la delegación española en Caracas. Desde aquí se organizaban los servicios de información políticos, económicos y militares. Se convirtió en el centro más activo y efectivo del espionaje del bando rebelde. Unos documentos que interceptó la policía francesa, confirmaban la relación de estas centrales con otros centros distribuidos en París, Niza, Marsella, Burdeos, Toulouse y Perpiñán. Agencias que vigilaban los movimientos de material militar, de barcos franceses, de aprovisionamientos, de tráfico aéreo, etc. Todas las informaciones eran recogidas por «agentes de enlace» y mandadas a la villa Grande Frégate, dónde se centralizaban los informes antes de ser enviados a Salamanca. Los enlaces más destacados, que pudieron ser identificados fueron: Domingo y Alberto Gabarro, Luis Lamana, Pedro Ribera, José Borrell, Juan Antonio Conesa, Pedro Salisachs Robiralta, todos ellos agentes de enlace. Dentro de la Villa, los responsables fueron, Fernando Pries, Antonio Espinosa, Felipe Martín Patau y Manuel Vidal Cuadras que hablaba alemán y conducía agentes alemanes provenientes de la zona rebelde[57].

Los agentes alemanes, por su parte, poseían una central de información en el Hôtel des Flots Bleus en San Juan de Luz, dirigido por el doctor Frantz Rritter von Goss, que era el jefe de prensa de la Embajada alemana en Salamanca. Von Goss, había prestado servicios de espionaje en España durante la Primera Guerra Mundial y, con su experiencia, montó una pequeña oficina de información para relacionarse con los servicios franquistas de Nacho Enea y Grande Frégate. Sus colaboradores eran Aimée De Pont —austriaco— y el español José Soler Rodríguez. Igualmente la oficina de prensa e información estaba directamente relacionada con la Deutsch Nachrichten Büro (la agencia oficial de propaganda nacional-socialista de Berlín), de la cual el representante para el territorio español era el mismo Von Goss. Las relaciones entre Berlín, Salamanca y la oficina de Von Goss del Hôtel des Flots Bleus, eran aseguradas por el delegado de prensa alemán en París, el doctor Von Grote, y por un grupo de agentes más[58]. Los más estrechamente relacionados con Von Goss eran William Niesse, Juan Fernández Casals y Enrique Marsans. Casals y Marsans estaban fichados por la policía francesa desde abril de 1937 por tratarse de dos agentes que ejercían misiones de espionaje a favor del Estado Mayor franquista y al servicio de los alemanes. Éstos frecuentaban muy a menudo el Hôtel Britannia de San Juan de Luz, donde recibían voluminosa documentación de Italia, Suiza y Alemania[59]. Ante esta infraestructura alemana en territorio francés, el Ministerio del Interior dictó en julio de 1937 una orden de expulsión del país para Von Goss, que residía de manera estable con su familia en la villa Zato-Bethi de San Juan de Luz. La oficina continuó funcionando y el sustituto de Von Goss fue el agente alemán Rolf Schenmann, que siguió colaborando con los agentes Alfred Demiani y José Soler Rodríguez que continuó como secretario.

Otra agencia de información afín a las actividades a favor de los franquistas, fue la organizada por un grupo de periodistas italianos en el Hôtel Britannia de San Juan de Luz. Muchos de ellos en relación también con Burgos y Salamanca. A la cabeza de dicha oficina, Eduardo Saporiti, corresponsal de la agencia Stéfani y, ligados a ella, los periodistas Giovanni Carlassare, Indro Montanelli, Sandri Sandro, Renato Ciancalconi, Renzo Segala y Alberto Danilo Montenegro. El personaje más activo fue Danzi, jefe del servicio de prensa italiano en España, director del periódico La Gazetta del Popolo e íntimo amigo de Mussolini. Danzi tuvo diversos contactos con la agencia de Saporiti y se entrevistó con Sangroniz y el comandante Julián Troncoso[60].

Troncoso protagonizó un incidente bastante grave en septiembre de 1937. Como gobernador militar de Irán, agrupó algunos de sus hombres y agentes clandestinos para apoderarse de un submarino republicano anclado en el puerto de Brest. Uno de los agentes murió en el enfrentamiento con los marinos de la República y la policía francesa practicó algunas detenciones, incluida la de Troncoso[61].

El tándem Troncoso y Ungría fue decisivo para los servicios y la transformación del SIM en el SIPM en noviembre de 1937[62]

Antes de que el dubitativo gobierno francés decidiera actuar, la prensa difundió la noticia de la detención de cuatro espías en Marsella. La publicación en prensa ejerció fuerza sobre la opinión pública que acabó por presionar al gobierno para que reaccionase de alguna manera ante la «libre» circulación de agentes franquistas en el sur de Francia. Los informes recogidos por los periodistas coincidieron con los de la policía. El caso de los espías de Marsella destapó la colaboración de agentes del Parti Populaire Français, funcionarios de Correos y Telégrafos, con la red de los franquistas de la rue Paradis y cours Joseph-Thierry financiada por Cambó[63]. En efecto, los franceses Henri de Montricher, Adrien Santenac, Aimé Pigeyre y el español Jorge Lasoasa Dilla, trabajaban en relación con ambas oficinas. Éstos se relacionaban con dirigentes del Parti Populaire Français y con miembros de la Action Française. En esa oficina era donde se centralizaban todas las escuchas radiofónicas y telegráficas e informaciones de contraespionaje concernientes a los movimientos marítimos y de abastecimientos del puerto de Marsella destinados al gobierno de la República. Las notas y las grabaciones eran enviadas hacia los centros de Biarritz y San Juan de Luz, para ser compilados en informes destinados al SIFNE y al SIM (Servicio de Información Militar) de Burgos y Salamanca. Los informes eran redactados por el agente franquista José Camps que era el enlace entre la zona gubernamental y el exterior. Sus principales funciones eran las de reclutar agentes y colaboradores ala vez que «contraespiaba» a los republicanos desde dentro. También se detectaron numerosos telegramas cifrados, que eran mandados al cuartel general de los servicios italianos que, desde su sede en Palma de Mallorca, ayudaban al bando de Franco. Con esta valiosa información, se localizaban efectivos, hangares, aviones, depósitos de artillería y armas, todos objetivos para ser atacados y bombardeados (sobre todo en Barcelona). La efectividad de las operaciones de contraespionaje se dio, en gran parte, gracias a estas escuchas telegráficas y postales, las cuales, junto con los agentes infiltrados en los servicios republicanos, pasaron información militar muy valiosa para medrar las defensas gubernamentales y que provocaron un coste humano en bajas civiles muy importante a causa de los bombardeos[64].

Junto a las cuatro detenciones, la denuncia de la prensa recaía de forma explícita sobre los grupos de

ricos señores españoles, refugiados en Francia, tales como Francesc Cambó, Santiago Margarit, James Meir, colmados de fortunas, que, con delegados del bando rebelde y franceses de derechas como Sabiani y Ybarnégaray (futuros cargos del gobierno de Vichy), organizaban reuniones en el Hôtel de la Méditerranée, para trabajar en contra de la República[65].

La prensa denunció también la ineficacia del gobierno y de la policía que, a sabiendas de la existencia de esta red de espionaje, seguía manteniendo una operatividad nula. En el ámbito marsellés acusaron a las autoridades locales de favorecer el trato a los partidarios de Franco, a pesar de las actuaciones de vigilancia constante sobre los barcos y la flota francesa que ejercían en su puerto y de la intervención de submarinos y militares italianos durante dicha vigilancia[66]. Esa tolerancia hacia «lo rebelde» era secundada por miembros del Consulado español en Marsella y, sobre todo, por el Consulado francés en Barcelona. A través de su agregado comercial Camile Robín, relacionado con elementos de la Croix de Feu —fascistas franceses—, ayudó a muchos españoles franquistas a refugiarse en Francia al mismo tiempo que garantizaban el trayecto por mar desde Barcelona a Marsella de muchos facciosos que querían evacuar sus bienes fuera del territorio gubernamental, mucho más seguro que por vía férrea. Personal del consulado de Barcelona contactaba con la red de espías en Francia y pasaban valiosa información sobre la zona republicana. En cambio, los delegados del gobierno republicano, que iban a Marsella para realizar compras y tratos comerciales, a pesar de poseer pasaporte diplomático otorgado por el ministerio francés de Exteriores, encontraban serias dificultades entre los comerciantes y la alta sociedad marsellesa para poder realizar tratos. El gobierno republicano poco podía hacer para evitar dicha situación pues el gobierno de centro-izquierda de León Blum estaba ya en tal modo dividido, sobre todo en lo referente a la cuestión española, que no se podía permitir una denuncia sobre la acción del consulado en Barcelona sin provocar un escándalo y un debilitamiento de las relaciones de Francia con la República española. La situación era delicada[67].

Por su parte, referente al escándalo de los espías franceses, el ministro de PTT (Postes Telegraphes et Telephones), emitió un comunicado, asegurando que se investigaría a fondo el asunto y actuaría contra las asociaciones que estaban detrás de los funcionarios detenidos. Accionó el mecanismo para poder confeccionar una lista de casi un centenar de agentes que, de una manera u otra, se dedicaron al espionaje político, comercial y militar en los dos centros más activos, Biarritz y Marsella. De tal manera, se confirmaron todas las informaciones recogidas sobre agentes y agencias de espionaje por la policía francesa.

Los mensajes eran transmitidos al centro La Grande Frégate, que los enviaba, por correos especiales o por telegramas cifrados, cada noche, hacia las 20 horas, con el emisor del SIFNE que tenían oculto en Biarritz. Las comunicaciones portuarias iban destinadas a la «Secretaria General del Estado, Oficina de Información del mando nacional» de Burgos. Los denunciados públicamente en la prensa francesa fueron Manuel Doncel, como jefe de los servicios de espionaje de La Grande Frégate; Domingo Gabarró, José Gabarró y Albert Gabarró, como directores de organización. El periódico Ce Soir difundió la siguiente noticia con algún implicado más:

Les grands chefs en sont pourtant M. José Bertrand y Musitu et Felipe Bertrand Guell, domiciliés dans un grand palace de Biarritz. On sait que M. Bertrand y Musitu est un grand financier espagnol qui, pendant la guerre, en accord avec le gouvemement de Berlín, représenta en Argentine les intérêts financiers allemands. M. Bertrand y Musitu représente toujours les intérêts, allemands en Espagne[68].

Los subagentes Santenac, Pigeyre, Montricher y Lasaosa, fueron detenidos y juzgados por el procureur général de la Cour d’Appel d’Aix, por robo, sustracción de correspondencia, violación del secreto profesional y corrupción de funcionariado; después de haber demostrado que numerosos telegramas dirigidos al gobierno republicano a Barcelona y Valencia habían sido entregados a terceros y a la agencia de la rue Paradis. En seguida la investigación policial llevó a desvelar a más agentes. Jorge Utrillo fue también inculpado por dirigir la sede de información franquista en Marsella y clasificado por el ministerio del interior francés de «indésirable dans un but de sûreté publique»[69].

En otoño de 1937, los agentes, ante la presión policial francesa, se diseminaron por el territorio de la Provenza y el sur de Francia. A través de Utrillo se localizaron tres de los agentes más activos, José Antonio Batlle Vías, Luis Fernández Pujadas y, sobre todo, José Camps. Éste último un informador imprescindible ya que conocía y coordinaba los agentes infiltrados.

No obstante, la causa rebelde no dejaba de recibir simpatizantes y colaboradores en Francia. Desde septiembre de 1937 llegó desde Génova Enrique Carrión, marqués de Velilla, acompañado de José López Balboa, para reorganizar los servicios del SIM en Marsella. Carrión, había sido antiguo comandante del ejército español y ayudante de campo de Alfonso XIII, había hecho fortuna con plantaciones de tabaco en las islas Filipinas y ahora había llegado a Marsella para unirse a las operaciones a favor de Franco y reorganizar algún abuso cometido por Utrillo y sus colaboradores. El agente intermediario del SIM en Marsella era Jaime Ballester, gran propietario mallorquín dedicado a la exportación de frutas y materias primas. Utrillo fue expulsado por la policía francesa y el SIM quería poner orden en la oficina que dirigió y aclarar las comisiones de él y sus colaboradores, Alfonso Aracil Bordes, Josep Bragada Wood y su compañera, llamada Pontet. Carrión desmontó el servicio para volver a organizado con hombres de su confianza. A medida que avanzaba la guerra, cada vez se reclutaban hombres más convencidos y de mayor fidelidad. A finales de 1937 bastantes hombre de negocios, propietarios, abogados, derechistas, etc., sobre todo catalanes (Gaspar Matas Danés, Josep Bardia Miarnau, Joan Compàs Corrius, Josep Moradell Payet, Sebastià Laporte, Casals Sánchez, Jaume Puig Vila, Sebastià Ferrer Guitart, Enric Nin, Josep Vila Cardona, etc.) fueron interpelados e investigados por el commissaire divisionnaire Sallet, encargado de vigilar «l’Activité en France des agents nationalistes espagnols»[70].

Después de meses de seguimiento e investigaciones el gobierno francés decidió, por fin, poner freno a las organizaciones en el sur y aplicar diferentes sanciones hacia unas 86 personas implicadas en la red de espionaje. Las medidas adoptadas fueron respaldadas por una orden ministerial directa y se aplicaron en diferentes grados, según la gravedad de las acciones individuales. Dichas medidas fueron las siguientes:

expulsión directa del territorio francés;

expulsión pero con permiso de instalarse al norte del río Loire;

obligación a ausentarse durante algún tiempo de los departamentos pirenaicos;

rechazo de la entrada o el permiso de residencia en Francia;

prohibición de entrada para algunos individuos que se encuentren fuera de Francia;

vigilancia sobre algunos casos.

6. La efectividad del contraespionaje

6. LA EFECTIVIDAD DEL CONTRAESPIONAJE

El agente principal de Franco para del puerto de Marsella fue José Camps. Él y su compañero José Benito Batlle Vías se encargaron de misiones de contraespionaje. Los servicios franceses de la Sûreté Nationale dictaron contra ellos una orden de estrecha vigilancia. Gracias a esa vigilancia constante, se pudieron confiscar algunos de los documentos que pasaban al cuartel de los rebeldes y determinar documentalmente su implicación en la trama de espionaje.

Batlle Vías, nacido en junio de 1895 en Sitges, residía en Sète dónde era vigilado por la brigada móvil de la policía departamental. Su ayudante era Luis Fernández Pujadas, comerciante de Barcelona, que hacía de enlace desde allí hasta Francia. En julio de 1937, ambos fueron detenidos por el comisario especial de Sète antes de coger el tren hacia Marsella. Durante el registro encontraron dentro de su equipaje una maleta con documentos muy comprometedores; numerosas cartas manuscritas y dactilografiadas con todo tipo de información sobre barcos anclados en el puerto de Sète, con dirección a la España republicana y dos planos de aeródromos españoles. La maleta contenía distintos pasaportes con su fotografía y sellados por el gobierno de Salamanca que le acreditaban ante los gobiernos que habían reconocido a Franco, «para el cumplimiento de servicios especiales». También, a nombre de Batlle, se encontró una clave de correspondencia cifrada; esa clave confirmó que Batlle ejercía de hombre de enlace entre agentes a ambos lados de la frontera —con ayuda de Pujadas—, para pasar información a favor de los rebeldes. La policía decidió enviar a Narbona y Marsella un agente especializado de la Sûreté Nationale para vigilar a Camps. A Batlle se le confiscó toda la documentación y le fue dictada una orden de expulsión.

Camps, a parte de numerosos desplazamientos a través de la frontera franco-española y de la vigilancia entre los puertos de Marsella y Sète, logró enviar desde Francia, unas 140 notas de información militar y política sobre el gobierno republicano. Las notas también hacían referencia a la captación de elementos republicanos para que ejercieran el contraespionaje. En la nota n.º 15 se refería a la captación de un sobrino de Ortega y Gasset y de dos importantes coroneles y un general de Madrid, que estaban dispuestos a rendir servicio a los franquistas pasando importantes informaciones. El responsable de pasar las notas, un tal «Mr. A», nos es desconocido, pero en la nota se confirma la confidencialidad del servicio dirigido al Cuartel General de Burgos. La nota hacía referencia también a la posibilidad de convencer al comandante de aviación Páramo —ayudante del general Miaja— y al coronel Redondo, lugarteniente del Estado Mayor republicano que «ils pourront être des éléments qui nous rendaient des grands Services». Camps terminaba la nota:

Je recommande à l’agent de liaison ces affaires avec l’ordre de détruire cette note au moindre danger. Une fois arrivée dans vos mains vous aurez la plus grande discrétion. […] C’est pour le moment tout ce que j’ai à vous communiquer et avec le cri de «Arriba España» recevez une très forte poignée de mains, signé José Camps[71].

En otra nota (n.º 16) se hacía referencia a la necesidad de destruir la fábrica de gas de Sagunto que abastecía a la República. En la n.º 134, informaba de la ayuda económica y política que la CGT francesa daba al gobierno republicano y del barco Villa Manrique y algunos trenes que llevaban hierro y cobre, así como armas hacia Valencia y Barcelona. También hacía referencia al reclutamiento en Francia de jóvenes para el ejército gubernamental, a través de los consulados en de la República en Francia. La nota 135 y, sobre todo, la 136 nos da una idea de la importancia del servicio de contra espionaje de Camps y de la importancia de sus fuentes. Se detallaban planos de fábricas de gas y explosivos en San Andrés, Barcelona; de Productos químicos de guerra en Valencia; de explosivos y ácidos en Noguera y Benicarló; de la situación de material de guerra en el convento de los Salesianos y en el cuartel de Lepanto de Barcelona; de los depósitos de camiones nuevos provenientes de Francia y Rusia en La Pobleta (Valencia); y los terrenos de la Alcantarilla de los Alcázares, donde había importantes estocs igual que en Manises y Liria, que sumaban importantes piezas y aparatos de aviación. Sobre esta información Camps afirmaba: «… Si on arrive à le détruire tout de suite, j’ai été advertí par les techniciens du Ministere de Munitions et Armament, on reussirait à rendre inutile un VINGT CINQ pour cent du matériel d’aviation»[72]. Camps también adjuntó un plano con 36 aviones, de los cuales 22 trimotores para bombardeos, camuflados bajo los árboles en el aeródromo de Reus, dando detalles sobre la hora idónea para bombardearlos y destruirlos; según él, alrededor de las 7 de la mañana. También había estado informando del campo de vuelo de Sabadell; del lugar dónde se camuflaban los aviones para no ser bombardeados en el Prat de Llobregat —campo de Air France—; y del depósito principal de combustible de aviación del Prat «en una casa de campo después de la línea férrea Prat-Sitges, pasado un puente a seiscientos metros de la estación». Igualmente se añadían otras informaciones complementarias, sobre depósitos, armas y situación militar, muchas de ellas transmitidas por trabajadores, e ingenieros de los mismos puestos delatados. Otras notas eran transmitidas por los confidentes que trabajaban en los servicios de la Embajada rusa y por traidores, de entre los cuales cabe destacar un grupo organizado en Barcelona. Entre los informadores también se encontraban unos cuantos marinos, enrolados como republicanos en barcos de aprovisionamiento como el Aldecoa, Santo Tomé, Xan y Veleta; incluso había técnicos de dentro de la sección de información del Ministerio del Aire, que ejercían de contra informadores.

Camps también recogía información política del gobierno republicano y de la Generalitat de Catalunya: sobre las comunicaciones férreas entre Valencia y Barcelona y entre ésta y la frontera francesa; sobre la vigilancia de elementos de la CNT-FAI, por parte de la policía gubernamental y sobre los conflictos salariales entre los milicianos (según sus informadores en Barcelona el gobierno catalán debía más de 89 millones en salarios). También información de primera mano sobre la pugna entre comunistas y anarquistas. Más notas revelaban la situación de personalidades como el refugio de delegados rusos en la villa de Sert en Llavaneras, de la cual recomendaba la destrucción; la vigilancia del Hôtel Majestic del Passeig de Gràcia, que albergaba miembros consulares soviéticos; incluso daba detalles de la ubicación exacta del refugio del president Companys, dentro del Palau de la Generalitat, en caso de alarma. El mencionado informe 136, describía el resultado de un bombardeo, con el número de bajas y heridos y también las fábricas o edificios destruidos. En dicho informe se puede comprobar que incluso miembros de las obsoletas baterías antiaéreas del castillo de Montjuïc, artilleros de carrera, pasaban noticias sobre el anticuado armamento y la inexperiencia de los soldados de la Escuela Popular de Guerra, dando ánimos a los franquistas, por la ineficacia de las defensas de la fortaleza[73].

El Estado Mayor recibía también mapas aéreos de las ciudades que tenían que bombardear. Significativo es el mapa que realizó el SIFNE de Barcelona con todos los objetivos[74].

De este análisis de los informes de Camps es fácil deducir que los espías y centros de información situados en el país vecino se consolidaban cada vez más como bases importantes para el contraespionaje militar y político. Las bases de estos centros y organizaciones en territorio francés tuvieron más importancia que la simple promoción de la simpatía a favor de la causa franquista. Actuaron y espiaron al servicio de un cuartel militar y de un bando rebelde, cada vez más bien organizado, y con mayor número de informadores. La consolidación de esta red no pararía de generar beneficios a favor de la victoria del bando sublevado hasta final de la guerra y la aceptación definitiva y oficial de los franquistas como los representantes de España al otro lado de los Pirineos.

Conforme la organización y los resultados fueron más y mejores, la centralización y jerarquización de los servicios fue mayor. Esos individuos, a veces toparon con la consolidación del SIFNE y sus reforzados cargos. El propio SIFNE también fue absorbido por el SIPM el 28 de febrero de 1938, después de duras negociaciones entre Ungría y Bertrán y Musitu. El SIFNE era considerado por el núcleo duro del cuartel del generalísimo como demasiado catalanista y monárquico y el SlPM pretendía unificar la dispersión de servicios y la dispersión de actuaciones[75].

Otros grupos que se unificaron fueron los servicios hispano alemanes, organizados por mediación de la Gestapo. El primer centro y agentes que se reagruparon para unificar acciones fueron los de la Grande Frégate de San Juan de Luz, la dirección del cual, pasó en 1938 de Bertrán y Musitu al alemán conde de Bernsdorff, agente de la Gestapo[76]. En cierta manera la red de agentes franquistas se «profesionalizó» y cada vez había más expolicías y hombres formados por agentes alemanes e italianos. Militares como Antonio Barroso, policías como Pedro Urraca, iban manteniendo sus enlaces con los países del Eje y se ganaban la confianza demostrando la fidelidad y efectividad en sus actos al servicio de Burgos desde territorio francés. Se reforzaba y oficializaba la manera de trabajar con espías, confidentes, mensajes cifrados en clave, etc., que se habían practicado desde el principio de la Guerra Civil con ayuda italiana y alemana[77].

Por otra parte, hombres influyentes, aristócratas, empresarios y diplomáticos buscaban su lugar y el lugar del franquismo en la política exterior. En muchos círculos de la capital francesa, Quiñones de León había actuado desde 1936 como un verdadero embajador de Burgos y de Franco; junto a él, hombres ricos como Cambó, Urquijo, Juan March, y otros, apostaban por la causa rebelde a través de sus negocios y empresas. Al mismo tiempo eran correspondidos por cargos importantes de las finanzas francesas. Nombres importantes representaban los intereses y las acciones mayoritarias de fusiones financieras que ayudaron y simpatizaron con la causa franquista. Una de las operaciones de fusión más destacadas dio lugar a la financiera Banque Française Commerciale & Financière, gestionada por hombres como el futuro embajador francés en España de origen corso François Pietri, y potentados como Chocarno, Henri Dewez y otros. Esta financiera, a parte de albergar grandes sumas de dinero, ayudaba a gestionar fondos del gobierno franquista y de sus aliados y benefactores[78]. Hombres como los periodistas españoles Darnas, o Josep Pla, trabajaban desde Francia también a favor de la causa franquista, y conseguían unir los intereses de los potentados, presentaciones en sociedad y tratos comerciales con el trabajo de información en contra de la República[79].

En los servicios y la lucha de agentes republicanos con los que estaban montando en Francia los partidarios de Franco. Las implicaciones de potentados como March o Cambó y sus relaciones con Josep Pla, los hermanos Sentís y Bertrán y Musitu fueron evidentes. Además estaban en relación con agentes de la OVRA italiana y a pesar de algún golpe de la policía francesa contra la Grande Prégate los efectivos y sus servicios siguieron funcionando[80].

Mientras tanto la organización franquista en suelo francés se había consolidado. Las sedes y sus infraestructuras se extendieron a través de todo el territorio galo. Los grupos más importantes de agentes estaban divididos en los sectores de: misiones especiales —12 agentes—; sector de París —19 agentes—; el sector de Biarritz; los agentes del SIM y del SEF —Servicio Exterior de Falange—; los agentes extranjeros —italianos y alemanes; los enlaces españoles con la zona rebelde —41 agentes—; los agentes que garantizaban los fondos, y los españoles repatriados —32 agentes—; el sector de San Juan de Luz; el sector de Toulouse; los agentes «Volantes», sin residencia fija —42 agentes—; el sector de Pau; el sector de Perpiñán; el sector del Perthus; el sector de Irún; el sector de Bourg-Madame; el sector de Cannes; y el sector de Marsella con 34 agentes más o menos fijos.

El despliegue de agentes no sólo se vio reflejado a través de los informes franceses, sino que en la documentación original del Cuartel General del Generalísimo, donde se encuentran las listas y los nombres de los primeros integrantes del SIFNE y de otros servicios en Francia. En las primeras relaciones de agentes, se implican con números y dotaciones presupuestarias desde Burgos a personajes conocidos españoles tales como Felipe Rodes, Duran y Ventosa, Alberto Pirelli —que entregó más de 500 000 liras italianas al bando rebelde—, Enrique Marsans, Carlos Sentís, Josep Pla, y un largo etc., incluyendo un copioso listado de agentes que trabajaban desale las zonas de retaguardia —la conocida quinta columna[81]—.

El sector de Biarritz tuvo un destacado papel en toda la trama, destacando las sedes de la Villa Nacho Enea y el Grand Hôtel, encargadas de los trabajos de espionaje y desde un principio cofinanciados por Francesc Cambó y Juan March[82].

Las autoridades francesas trataban en sus informes de «Blancos» a los partidarios de Franco y, como es sabido, de «Rojos» a los republicanos. La emulación de los franquistas como «Blancos», hacía clara referencia al concepto de monárquico y antirrepublicano, conservador y realista; que en Francia tenía ese significado desde tiempos de la Revolución francesa, enfrontado a «les Bleus» que eran los republicanos.

A finales de 1938 y ante la ofensiva del Ebro, donde en gran parte se decidió el destino de la Guerra civil; los servicios franquistas en Francia seguían funcionando y aportando gran ayuda al bando sublevado. La coordinación con los alemanes e italianos fue decisiva y la aportación de estos dos países en tropas y material, pero sobre todo, en armas durante la batalla del Ebro, tuvo también la ayuda de la coordinación de los servicios en Francia. La acción de José Giacoma, amigo de Mussolini y de Franco, gran empresario militar, director de una fábrica de aviones en Italia. Encargado de la oficina de información italiana en París, realizaba muchos viajes con su avión privado a Burgos y a Italia para negociar la entrega de armas a Franco. Enviaba barcos y aviones a la zona rebelde y estaba muy bien relacionado con la mayoría del personal diplomático y gubernamental de Francia. A parte de la provisión de material de guerra y de los servicios de información, Giacoma ofreció un amplio servicio a los agentes franquistas en Francia. Sus relaciones con altos cargos del Ministère de l’Intérieur y con inspectores de la policía francesa, permitieron poder atenuar la acción ministerial contra la red de agentes franquistas investigada por brigadas y prefecturas de la Sûreté Nationale. En este sentido, la acción italiana fue triple. Además Giacoma estaba en estrecha relación con el jefe de los Servicios de Información Militar italianos, el coronel Emmanuelli, con sede central en la calle 20 de Septiembre de Roma. Dicho coronel, entre otras muchas funciones, era el encargado de ejercer el contraespionaje en la zona gubernamental española, sobre todo en Barcelona, en ese momento clave de noviembre de 1938. Los servicios italianos infiltraban agentes como soldados voluntarios sin pasaporte en la armada republicana para localizar campos de aviación, depósitos de munición, reservas militares y noticias sobre la cantidad y calidad de armamento[83]. Estas labores se realizaron coordinadamente con el SIFNE que proporcionó toda clases de información y localización de objetivos aéreos y militares[84]. Estas aportaciones italianas y de sus servicios, junto con el envío de más de 22 000 soldados para ayudar a Franco, fueron decisivos para el desenlace de la guerra y la definitiva ofensiva contra Cataluña.

Durante toda la Guerra civil, los servicios de información franceses de la Sûreté Nationale realizaron amplios informes sobre la situación de la guerra, de la colonia española en Francia, sobre la situación del bando rebelde, sobre los refugiados, etc.[85]. Francia investigó mucho y muy bien, pero actuó, a parte de las mencionadas órdenes de expulsión, con poca contundencia y aún menos firmeza; en su seno habían diversas opiniones e intereses que lo impidieron. Algunas listas de expulsión contra muchos de los refugiados colaboradores y agentes franquistas que hemos mencionado, fueron dictadas por el Ministerio del Interior francés. Pero su contundencia no representó un problema para la organización y el apoyo del bando rebelde[86]. En cierto modo, fue la primera muestra de la poca firmeza ideológica de la Tercera República francesa para tratar los «complicados» temas españoles. En ese momento que se empezaba a hablar de políticas de apaciguamiento (apaisement) ante las múltiples tensiones europeas que empezaban.

Los gobiernos francés y británico intentaron negociar una paz pactada con la cúpula republicana y sus partidarios que garantizara que no habría represalias políticas generales y que se comprometiera a que todos los acusados de crímenes de guerra fueran juzgados por tribunales ordinarios y mediante leyes preexistentes antes de la guerra. Pero Franco, el 13 de febrero de 1939 ordenó publicar la ley de Responsabilidades Políticas que creaba con efectos retroactivos un arma implacable de represión política encausando a todos los responsables y quienes hubieran ocupado puestos políticos o administrativos en partidos afiliados al Frente Popular o en organizaciones que lo apoyaran[87].

En febrero de 1939, ya se podía dilucidar el final de la guerra. En París, la oficina establecida por Quiñones de León, cada vez se parecía más a una embajada con poderes diplomáticos y relaciones políticas reales. La posición de los rebeldes en referencia a sus relaciones con Francia se reforzaba. En 1937 ya se había prohibido la exportación a Francia de las piritas de Huelva, hecho que conllevó una crítica feroz de los empresarios y la derecha francesa a su gobierno. Igualmente, Quiñones de León, no se escondía de negar todo tipo de facilidades económicas a Francia, con el objetivo de forzarla a concesiones políticas[88].

A pesar de entrar en terrenos pantanosos de negociaciones bilaterales, las intenciones políticas de los franquistas, iban consiguiendo sus triunfos que aprovecharon cada momento de debilidad y falta de decisión y rigidez de la diplomacia francesa. Entre tanto, agentes franquistas ubicados en Francia, poco a poco, fueron preparando su vuelta a España para seguir trabajando para construir el «nuevo régimen» desde el interior. Otros, como por ejemplo, el coronel Villalba, se entrevistaba con su cuñado el general Jordana, para repartirse cargos del gobierno; los más monárquicos —el duque de Alba o Cambó—, redactaban epístolas a favor de la restauración monárquica, etc. Dentro de ese ambiente de predicciones, los servicios del SIPM, SIM y SEF formaron y reclutaron los mejores agentes y cargos para defender su causa y la que sería su política oficial una vez Franco se proclamara vencedor. La reunificación, una vez más bajo las siglas del SIPM —Servicio de Información y Policía Militar—, intentaría dirigir todos los servicios de información en Francia. El director fue el coronel Ungría —antiguo agregado militar en París—; y algunos de sus agentes más destacados fueron Xavier Garriga, en Montpellier; y el conocido José Antonio Batlle como agente móvil que enlazaba con el comandante Pérez Urrutia, jefe del SIPM en Irún. Batlle fue substituido por Fidel Osete Sanz que trabajaría con los agentes italianos en Narbona y con Pau Vidal de Figueres, residente en Perpiñán. La importancia iba recayendo cada vez más en los servicios centralizados en París alrededor de Quiñones de León y de Francisco Marroquín, que pronto entraron en una pugna de intereses dentro de la embajada a partir de febrero de 1939. Personajes más fieles al sector falangista y al fascismo, desplazaron a los primeros agentes y colaboradores monárquicos. Estos nuevos agentes iban adquiriendo más protagonismo para acceder a cargos de poder, por ejemplo, el coronel Antonio Barroso y sus colaboradores más fieles, Selgas, Urraca, Del Castillo, Espinosa, etc. Selgas informaba a las autoridades españolas sobre «asuntos internos» y actividades de refugiados de todo tipo, incluyendo las acciones de personajes colaboradores con Franco, como Cambó y otros agentes; también el posterior embajador José Félix de Lequerica, con sus públicas teorías proalemanas. Todos ellos se fueron agrupando alrededor de la representatividad del gobierno franquista. Estos grupos, con sus diferencias personales, reforzaron definitivamente los servicios secretos de los facciosos en el país vecino. Como veremos más adelante, la diplomacia oficiosa de ingleses, norteamericanos y franceses, empezaría a guiñar algún ojo a Franco, y ya no se dictarían más órdenes de expulsión contra fascistas[89].

Por otra parte la propaganda franquista en París poco a poco iba recogiendo más adeptos. Uno de los corresponsales más destacados, antiguo miembro de la FAI, fue Barthélemy Calderón Font, barcelonés de nacimiento que haría una gran carrera a favor de la prensa y la propaganda franquista en París. Desde su colaboración en el Hôtel Meurice, con Quiñones de León; hasta sus efectivas relaciones con el coronel Barroso y posteriormente desde su puesto de delegado del órgano de la Falange en París Le Foyer Espagnol, realizó una gran labor de propaganda e información exterior a favor de Franco. Calderón también colaboraría posteriormente en Arriba, El Español, El Amanecer, y otros periódicos franquistas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, se relacionaría con los dirigentes de Falange como Federico Velilla Martínez y, finalmente, se refugiaría en España, ante la liberación de París, perseguido en Francia por haber colaborado con los alemanes[90]. Los agentes colaboradores como Calderón, Velilla y otros que combinaban información, acción y propaganda, fueron los que realmente permitieron un continuismo muy importante del desarrollo de la represión exterior del franquismo que arranca desde antes de la República y llegará más allá de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los servicios que primer adoptaron los Servicios Especiales en París, fue la entrega de autorizaciones y documentos para el paso de frontera así como los visados de viaje. Estas peticiones se gestionaban a través de la oficina del Hôtel Meurice y se mandaban directamente al Secretario del Orden Público en Burgos[91].

No se esperó hasta el fin definitivo de la Guerra Civil —en abril— para ocupar embajadas y consulados. Los tratados bilaterales con Franco, oficiosos pero firmados por Francia, Inglaterra y otros países, reconocieron la victoria de una nueva dictadura en el sur de Europa. Prevista la victoria fue clave el contacto diplomático con los gobiernos europeos para poder conseguir la aprobación oficial del nuevo Estado que se prefiguraba en España. El éxito más destacado de las gestiones bilaterales España-Francia fueron los llamados acuerdos Bérard-Jordana. A partir de entonces la impunidad de los agentes franquistas sería la tónica general en las políticas policiales y gubernamentales en Francia. Los perseguidos serian otros; los políticos de la República española refugiados en el país galo. Quiñones de León, fue recompensado por los servicios prestados con el cargo de primer embajador del gobierno franquista. Ocupó la embajada oficial de París, el 28 de febrero de 1939 a las 18 horas, cuando aún había guerra en España. Este cargo no lo ostentaría más de un mes porque él, monárquico convencido y amigo personal de Alfonso XIII, buscaba la restauración de la monarquía en España, para ello no contó con demasiado buen apoyo por parte del cuartel del Generalísimo.

II. Pactos y diplomacia con los rebeldes. Repercusiones de los acuerdos Bérard-Jordana

II. | PACTOS Y DIPLOMACIA CON LOS REBELDES.
| REPERCUSIONES DE LOS ACUERDOS
| BÉRARD-JORDANA

1. No intervención contra la Segunda República

1. NO INTERVENCIÓN CONTRA LA SEGUNDA REPÚBLICA

El socialista León Blum, presidente del Frente Popular francés teorizó demasiado sobre la necesidad de ayudar al Gobierno español durante la guerra. Teoría y práctica no compartieron camino. La política interior y exterior de su país contradijo los planes de ayuda y de soporte político al gobierno legítimo de la II República española. Sus acciones y sus relaciones diplomáticas con la República durante la guerra jugaron un rol decisivo en la balanza de fuerzas y en la permisividad de las acciones de espionaje realizadas en territorio francés.

En agosto de 1936 se declaró públicamente la no intervención en la guerra de España y junto con el gobierno británico se firmó el Pacto de No intervención, para ratificar la posición oficial de ambos países[1]. El Comité de no intervención era un organismo internacional creado básicamente para impedir los abastecimientos externos hacia los dos bandos en lucha. La primera sesión tuvo lugar en Londres el 7 de septiembre de 1936 y durante el período de su existencia sirvió para demostrar que todas las potencias estaban de acuerdo sobre un punto clave: aislar el fuego español e impedir su propagación. Esto no impidió que cada uno, dentro de los límites posibles, continuara ayudando al bando que le interesaba. De facto, todas las potencias intervinieron más o menos directamente en la Guerra civil. Fue decisiva la ayuda de las potencias fascistas —Alemania e Italia— a las tropas sublevadas. Dicho pacto definía una política internacional mediocre y dudosa y fue suscrito por 27 países. El gobierno español quedaba desabastecido de armas y de toda ayuda directa por parte de sus teóricos aliados: el resto países democráticos. La trampa estuvo en que la no intervención fue practicada al pie de la letra por muchos países teóricamente favorables a la Segunda República, mientras se permitía la intervención seguida y constante de alemanes e italianos en apoyo de la zona rebelde.

Las razones por las que el gobierno francés decidió actuar de esa manera son múltiples. La principal la encontramos en la política interior: la izquierda tenía miedo de perder la mayoría al decantarse en un tema tan importante como la intervención o no en una guerra vecina. El Frente Popular tenía la mayoría de los cinco grupos parlamentarios de izquierdas (Comunistas, radicales, republicanos, socialistas y sindicalistas), pero la derecha radical mostraba un apoyo claro y sin fisuras a los militares rebeldes. En política exterior, la militarización de Alemania y su potencia estratégica dejaron al gobierno francés sin aliados sólidos, y, consciente de su debilidad, y del contexto europeo de los emergentes fascismos, no podía arriesgarse a provocar un conflicto militar con Alemania[2].

La vecina III République acabó dando poca ayuda al gobierno republicano, difícil de evaluar en cantidad exacta, pero fue globalmente escasa. A partir de agosto de 1936, el gobierno francés permitió el uso de sus líneas férreas y de sus puertos para el abastecimiento. Colaboraría intermitentemente con provisiones y con ayudas mínimas de logística. Algunas facilidades de paso y agrupamiento a los brigadistas internacionales, servicios de envío de material proveniente de terceros países como Rusia o México, la limpieza de caminos fronterizos nevados en invierno, el préstamo de locomotoras conducidas por agentes de la SNCF, la utilización de puertos mercantes —y militares—.

Desde julio de 1936, el Gobierno español, pidió armamento a su vecino francés. El jefe del gobierno español, José Giral, solicitó por telegrama a través del embajador español en París —Juan Francisco Cárdenas—, el comercio de armas para ayudar a la causa republicana. En unos informes secretos, se aceptaba el envío de aviones, acuerdo que se cerraría con el ministro del aire francés Pierre Cot. Paralelamente, éste aceptó dejar pasar por Francia y por los puertos franceses, las mercancías y el material militar que provenía de Rusia y de Checoslovaquia, principalmente. El plan fracasó, en parte a causa del cese repentino de Juan Francisco Cárdenas; que simpatizaba con las ideas franquistas y huyó de su cargo en París hacia Burgos donde, después de adherirse a la causa franquista, fue destinado de forma oficiosa, como representante de Franco en Washington. Le sustituyó en representación de la República española en París, Álvaro Albornoz. Además, el asunto de la venta secreta de armas a la República española tenía las horas contadas, pues una filtración hacia la prensa francesa de derechas disparó las alarmas en el hemiciclo galo provocando un conflicto parlamentario. El 23 de julio, Léon Blum y su ministro de exteriores, Ybon Delbos, se entrevistaron en Londres con Anthony Edén, para tratar el asunto del envío de armas a España. Los ingleses, a través de Edén, les recomendaron la máxima prudencia y secretismo. Al día siguiente, en Francia, la prensa conservadora ya había dedicado sus titulares al proyecto de ayuda al Gobierno español. Un día más tarde, se acordó renunciar al envío de armas. De todas formas, Blum y sus ministros más cercanos a la causa de la República —Vincent Auriol y Pierre Cot—, siguieron gestionando oficiosamente, el abastecimiento de la zona gubernamental en España. Por parte española, los encargados de desplazarse a París para negociar el intercambio de armas fueron Fernando de los Ríos y Jiménez de Asúa. La visita de los representantes españoles generó otro debate parlamentario en el seno de la coalición de gobierno radical-socialista francés. La enmienda fue votada con el resultado de cuatro socialistas a favor y cinco en contra —uno de ellos era Blum—; cuatro radicales a favor y cuatro en contra. Sobre la ayuda, cualquiera que fuese, al Gobierno español por parte francesa, no se pudo plantear ninguna posición oficial, ni ningún nuevo trato a favor. El ministro Álvarez del Vayo denunció ante la Sociedad de Naciones la injusticia legal que se cometía contra España, pues se estaba poniendo al mismo nivel el gobierno legítimo elegido libremente a través de las urnas y a los militares rebeldes[3].

Dentro del bando rebelde, los asuntos se llevaron más decididamente y sin contemplaciones diplomáticas. Desde el 18 de julio de 1936, Italia y Alemania manifestaron amplias simpatías y gran apoyo hacia el general Franco. Su primera muestra de ello fue el envío de contingentes de voluntarios y material de guerra. La participación italiana consistió, sobre todo, en el envío de hombres que fueron incorporados dentro de las fuerzas rebeldes y de las unidades de combate de legionarios. Éstos ofrecieron también adiestramiento a los militares rebeles. La colaboración alemana tomó la forma de una logística a disposición de Franco de técnicos militares, sobre todo dentro de la artillería antiaérea y la aviación.

Parte muy importante del material de guerra utilizado por Franco era de procedencia ítalo-germánica; la artillería pesada consistía, en su mayor parte, en obuses italianos y alemanes, y la totalidad de los tanques y carros de combate, unos 300 o 400, fueron fabricados por la industria italiana —los tanques de 3 toneladas— y la alemana —los tanques de 7 toneladas—. Los aviones, al inicio de la guerra, fueron unos 500, y todos eran italianos y alemanes, pilotados por personal de ambos países.

En referencia a las operaciones militares, los italianos fueron poco eficientes durante los primeros meses de la guerra; las derrotas de los legionarios en Guadalajara en febrero y marzo de 1937 lo confirman. No obstante, después, sus efectivos sólidamente encuadrados se comportaron más eficazmente y demostraron su capacidad en las operaciones desde mayo a octubre en Asturias y País Vasco hasta la toma de Bilbao, Santander y Gijón. También actuaron decisivamente en los frentes de Aragón y Catalunya. Su volumen comprendía algunas divisiones —tres o cuatro— (división de las Flechas negras; división Littorio; división del 23 de Marzo) con un total aproximado de 30 000 hombres (entre los cuales se contaban algunos soldados españoles, por tanto, estaríamos hablando de un máximo de 25 000 legionarios italianos). Los alemanes fueron muchos menos dentro de la armada franquista, en total no pasaron de los 5000 efectivos. Su ayuda estuvo mucho más relacionada con la instrucción militar, estratégica y policial y con el soporte técnico y político.

Italia y Alemania también ayudaron diplomáticamente a Franco reconociendo su gobierno desde el 18 de noviembre de 1936, acreditando sus embajadores en Salamanca de forma oficial. Igualmente, otros cinco países reconocieron de forma oficial la junta rebelde de Burgos: Nicaragua (11 de noviembre de 1936), Guatemala (11 de noviembre de 1936), El Salvador (10 de noviembre de 1936), Japón (1 de diciembre de 1936) y el seudoestado artificial de Manchukuo (3 de diciembre de 1937). De todas formas, el reconocimiento de facto u oficioso fue más extenso. De hecho, hubo países que, sin posicionarse oficialmente, tuvieron relaciones oficiosas y fluidas con las autoridades franquistas. El país que más ejerció esta política diplomática a la sombra fue Inglaterra[4].

Fue a partir del 11 de noviembre de 1937 cuando sir Henry Chilton, embajador de Inglaterra en España, residente en Hendaya, inició un intercambio de notas con José Antonio de Sangroniz, jefe del Gabinete diplomático de Franco, en las cuales las autoridades británicas y las de Salamanca convenían el envío recíproco de Agentes encargados de la protección de los intereses comerciales entre el Reino Unido y los territorios españoles controlados por Franco. Dentro de los términos de un comunicado oficial publicado en Londres, ese acuerdo preveía el nombramiento de un Agente del gobierno británico encargado de la protección de intereses de los rebeldes y de los ingleses; éste debía residir en Salamanca u otra ciudad designada por Franco. En el mismo sentido un agente franquista debía desarrollar la misma misión en Londres. También, fueron nombrados agentes intermedios en otras ciudades menores. Ninguno de los agentes por parte inglesa obtendría el estatus de diplomático y de ninguna manera la relación sería apreciada como un tratado oficial. Las actividades de los dos agentes nombrados: sir Robert Hodgson, por parte británica, y el duque de Alba, por parte franquista, no se limitaron a acciones de respeto comercial y trataron activamente amplios asuntos políticos y militares.

Otros países también establecieron relaciones oficiosas con Franco: Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Vaticano, Suiza, Uruguay y Yugoslavia. Cabe remarcar que la Santa Sede, a través de Monseñor Antoniotti, delegado apostólico, remitió cartas de su gabinete el 7 de octubre de 1937, acreditándolo en calidad de encargado de Asuntos en la España Nacional. Otros gobiernos establecieron relaciones más ambiguas, pero efectivas: Turquía, Rumanía, Bulgaria, Dinamarca y Argentina[5].

Por su parte, el gobierno francés se negó, en un principio, a establecer ningún tipo de relación ni oficial ni oficiosa con Franco. Se limitaron a mantener los puestos consulares anteriores al 18 de julio: San Sebastián, La Coruña, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca —dentro del territorio peninsular— y Tetuán, Larache y Melilla —en el norte de África— y Las Palmas —en las islas Canarias—. El gobierno francés ratificó esas plazas consulares no significaban un reconocimiento hacia Franco. Los cónsules limitaron sus funciones a la protección de sus súbditos y a la salvaguarda de los intereses de Francia. De todas formas, debido al mantenimiento de los puestos consulares, las relaciones de éstos con las nuevas autoridades fueron inevitables. Principalmente, se relacionaron con los franquistas los cónsules de San Sebastián, Málaga y Las Palmas. El estatus de los agentes franceses en España se regía por la convención franco-española de 1862, convención que Francia consideraba en perfecto vigor. De todas formas, los franquistas intentaban una y otra vez convencer a los representantes franceses para que su gobierno reconociera al de Salamanca en detrimento del gobierno legal de la República.

Los franceses eran conscientes de sus intereses en la zona ocupada por las tropas de Franco. A modo de ejemplo, debemos recordar que en las regiones situadas al norte del río Tajo —cuyas capitales eran: Burgos, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Santander y La Coruña— había una población francesa de más de seis mil personas y unas cifras de negocios invertidos que se aproximaban a los 5000 millones de francos (3000 millones dentro de las compañías de ferrocarriles y mineras, 1000 millones en vidrio e industria química, 150 millones dentro de compañías de seguros y unos 850 millones dentro de empresas industriales y comerciales particulares y privadas). A parte de las sociedades francesas propiamente dichas que ejercían su actividad industrial y comercial en las provincias dominadas por los insurgentes, también existían numerosas sociedades, de nacionalidad española, pero constituidas con una mayoría de capital francés. En esas empresas, personal francés ocupaba también los cargos de administradores, directivos o ingenieros. Si bien es cierto que en todas las industrias y empresas, la mano de obra, trabajadores españoles, repercutía en la economía española; los beneficios y capitales eran repatriados —recuperados— en Francia[6].

En realidad, Francia no veía claro el establecer contactos con el bando insurgente. Sus relaciones, a pesar de las actividades de los agentes de Franco en su territorio, estaban reducidas al mínimo. La reanudación de relaciones fue debida a necesidades comerciales y a la importación de piritas. A principios de 1938, Quiñones de León fue consultado por el conde Pietri de la Rocca para organizar un consorcio que estimulara las relaciones económicas entre ambos países. El general Jordana, delegado de exteriores franquista, respondió a Quiñones que Francia seguía ayudando a los republicanos y que no veía razón para fomentar dichas relaciones. El conducto entre Francia y los rebeldes fue el cónsul Lesmartres, agente en San Sebastián, el cual despachaba con el mismo Jordana y con Espinosa de los Monteros, los cuales sentaron las bases para empezar ciertas relaciones bilaterales y oficiosas[7].

Aparte de sus intereses económicos, el asunto político que más preocupaba a la opinión francesa y británica era la influencia de Alemania e Italia dentro del bando rebelde. En París y Londres se temía que la ayuda de los gobiernos alemanes e italianos a Franco sería devuelta en forma de concesiones territoriales, bases militares en España y diversos beneficios de orden económico. Tanto Francia como Inglaterra temían que Alemania —sobre todo— reclamase una intervención directa territorial en España, estableciendo bases y planeando una ocupación del país galo desde el otro lado de los Pirineos. El cónsul general en San Sebastián se reunió en 1938 con el general Jordana, para tratar el asunto. El gobierno de Franco prometió que nunca permitiría una ocupación de Francia desde España y que ni Alemania ni Italia ocuparían, después de terminar la Guerra Civil, ni un solo pedazo del territorio español. La misma constatación fue dada, el 30 de marzo, al Foreing Office británico por el duque de Alba en Londres:

Le Gouvemement national donne l’assurance catégorique qu’il n’a jamais, à aucun moment, envisagé la cession de la moindre parcelle de territoire espagnol et qu’il ne consentirait en aucun cas à l’establissement sur son territoire de bases en vue d’une action étrangère[8].

Los pactos sobre ventajas económicas a favor de alemanes e italianos, Sagroniz, indicó, una vez más, al cónsul francés de San Sebastián que las autoridades de Salamanca habían decidido revisar todos los contratos relativos a las compras de minas contraídos con Alemania.

Los primeros contactos en cuestiones importantes fueron realizados por algunas personalidades francesas, como el antiguo —y futuro— embajador de Francia en España, François Pietri de la Rocca. Pietri realizó un viaje en zona rebelde a principios de 1938, para iniciar contactos con el bando franquista y estabilizar ciertas relaciones no oficiales pero necesarias. Su misión también respondió a la necesidad de asegurarse que las autoridades de Burgos no pactaran concesiones territoriales —en África o en la península con los alemanes—. En ese sentido, la necesidad del gobierno de Burgos de ser reconocido por las potencias europeas hizo abrir una vía de negociación con Francia —e Inglaterra—, tímida y oficiosa, pero, como hemos visto, bien activa desde fechas muy tempranas. Éstas fueron las palabras que el enviado francés recibió del gobierno de Burgos:

L’Espagne nationale ne cèdera jamais à personne la plus petite parcelle de son territoire métropolitain, insulaire ou colonial, contrairement aux insinuations répandues par une propagando hostile. Elle n’a jamais pensé attaquer la France, ni que l’on puisse prendre son territoire comrne base dans ce but. L’Espagne nationale n’a pris envers aucune puissance aucun engagement qui soit de nature à entrever son entière liberté d’action, tant au point de vue politique qu’au point de vue économique[9].

Tampoco se puede olvidar la polarización de la sociedad francesa en términos políticos. Las elecciones de 1936 ya habían dejado constancia de los extremos compartidos entre los admiradores de Mussolini y los de Lenin. Los gobiernos sucesivos tuvieron una tendencia progresista, ya fuera más izquierdista en el caso de Léon Blum o más centrista en el caso de Édouard Daladier y fueron más proclives a la causa republicana. Más que los conservadores británicos. Tanto unos como otros tuvieron una gran influencia en el desarrollo y final de la Guerra Civil, mucho más por lo que no hicieron o dejaron de hacer que por lo que hicieron realmente. Igualmente harían poco ante las diferentes estrategias de Franco y su supuesta neutralidad en el conflicto mundial que se divisaba en el horizonte. Franco aceptaría el papel de mediador que solamente aceptó después de derrotar la República y haber sido reconocido como jefe del nuevo Estado[10].

La influencia del dominio alemán, tuvo un rol decisivo en el contexto europeo e internacional. Marcó la política interior francesa y española. Los esfuerzos diplomáticos de negociación, convicción y presión hacia el país vecino cosecharon importantes resultados. El bando rebelde presentaba, sin duda, una gestión cuartelera y monolítica. Pero esa gestión supo rodearse de personajes, en su mayoría de tradición monárquica con amplias habilidades y contactos en las esferas diplomáticas extranjeras. Si bien es innegable la simpatía institucional de Franco y su más cercana cúpula por la Alemania nazi, gran número de los nuevos agentes exteriores franquistas supieron jugar hábilmente un papel oficioso y camaleónico ante las potencias anglosajonas y con la vecina Francia. De todas formas, las relaciones entre el cuartel de Burgos y el gobierno francés fueron, en términos generales, inestables y bastante confusas. El bando franquista quería establecer el reconocimiento diplomático urgente y oficial a su gobierno. Los franceses, después del éxodo republicano recibido y las presiones internas para mantenerse al margen del problema español, preferían mantener el reconocimiento de facto, o sea, oficioso. La ofensiva rebelde contra Cataluña y la presión de Gran Bretaña, más pragmática en decisiones políticas e ideológicas, decantaron al gobierno de la Tercera República francesa a favor de iniciar conversaciones con el bando sublevado. Cabe recordar que Gran Bretaña había establecido, ya en 1937, un contacto oficioso en Burgos. Francia debía actuar con más cautela, pues temía a su prensa y a su opinión pública, mucho más proclive a la causa republicana. El gobierno francés lo pudo comprobar en su propia piel a raíz del intento de mandar en verano de 1938 un emisario, Louis Malvy, del gobierno de Edouard Daladier a Burgos para iniciar relaciones extraoficiales. Una campaña de prensa las tomó contra el ejecutivo galo. La presión de fuerzas moderadas sobre la izquierda francesa —el llamado giro centrista del gobierno Daladier— provocó la paradoja de establecer una relación oficiosa con Burgos y Franco, de carácter secreto, a la vez que se reconocía el gobierno exiliado de la República española en su territorio.

En ese contexto, fue precisamente Georges Bonnet, ministro de exteriores del gobierno Daladier y gran defensor de la política de no intervención en España, el encargado de buscar secretamente al hombre ideal para negociar con los sublevados el futuro de pactos entre ambos gobiernos. Georges Bonnet y su política determinaron el giro, a partir del 10 de abril de 1938, de la ayuda francesa al gobierno legítimo español.

El cambio de prioridad del Quai d’Orsay se basó en que la estabilidad política de Francia se interpretaba junto con la supervivencia en España de una «República amiga». Esa máxima extendida en sectores de izquierdas franceses, dejó de ser aplicada en la política exterior y diplomática de Georges Bonnet, que se unió a los designios de la política exterior de Gran Bretaña[11].

La política de orientación anglosajona del gobierno Daladier-Bonnet, tuvo consecuencias negativas para el gobierno republicano español. Dicha política tenía un doble objetivo: buscar un diplomático que mereciese el respeto de Franco y, al mismo tiempo, que fuera capaz de desarrollar una estrategia aceptable para el Parlamento francés. El hombre escogido fue Léon Bérard, senador francés por los Basses-Pyrénées, exministro y miembro de Alianza Nacional[12]. Persona que sería grata para el general Franco, según la opinión del representante franquista en Francia, Quiñones de León.

2. Bérard-Jordana: pactos y vecindad obligatoria

2. BERARD-JORDANA: PACTOS Y VECINDAD OBLIGATORIA

El 3 de febrero de 1939, Bérard fue calurosamente acogido por el alcalde de Bilbao y futuro embajador en Francia, José Félix de Lequerica. Al día siguiente Bérard se entrevistó por primera vez con Francisco Gómez Jordana. Este primer contacto sirvió para sentar las bases de futuros acuerdos. Desde el primer día, Jordana reclamó la atención del gobierno francés sobre dos puntos clave: la voluntad del gobierno golpista por recuperar todos los bienes evacuados por los republicanos en Francia; y el reconocimiento jurídico oficial de las relaciones entre los dos países; un intercambio de representantes que implicaría un reconocimiento de jure de la España franquista por parte de Francia. Dicho reconocimiento predecía el abandono de la relación secreta e ilegítima de intereses clandestinos, reconociendo como único gobierno español el de Burgos, obligando a deshacer toda relación y reconocimiento oficial de la República, cargos, representantes y organismos republicanos[13].

La primera misión de Bérard fue de carácter estrictamente oficioso. Las peticiones iniciales del senador fueron que se dieran a Francia garantías de que al término de la guerra se retirarían los voluntarios y el material extranjero, de que España seguiría ejerciendo su soberanía sobre todos sus territorios peninsulares, insulares y marroquíes, de que colaboraría con Francia en Marruecos, y de que concedería a ésa una posición comercial igual a la de otros países, sobre todo respecto a la importación de piritas y mineral de hierro. No ofreció el intercambio de embajadores; de momento, sólo agentes generales. Jordana replicó que únicamente admitirían un reconocimiento legal, reclamó la garantía de la restitución de los bienes y asegurar que los voluntarios extranjeros —italianos y alemanes— saldrían en cuanto terminara la guerra[14].

A partir del 14 de febrero de 1939, León Bérard se instaló de nuevo en Burgos con dos diplomáticos franceses más. Bérard volvía a España con la autorización oficial del Consejo de ministros galo para negociar con el bando rebelde. En el decurso de las negociaciones, que tuvieron lugar los días 18 y 19, los franquistas jugaron con cierta ventaja y terminaron por imponer su posición ante los representantes franceses. El 23 de febrero se redactó un primer y único texto. En éste se pudo apreciar la rigidez del bando franquista y denotaba una francofobia declarada por parte de la cúpula militar y de la Falange, del mismo Jordana y del Cuartel del Generalísimo con las influencias del cuñadísimo Serrano Suñer, entre otros. El texto definitivo explicitó una postura muy ambigua por parte de los dos gobiernos implicados. Se empezó por la aprobación de tres puntos clave como base para futuros acuerdos: la necesidad de mantener una relación de buen vecindaje; la colaboración y pactos en relación a los territorios del norte de África; y las condiciones de compromiso explícito que el gobierno francés debería aceptar sobre el delicado tema de los exiliados republicanos. Estas condiciones las podemos resumir en los siguientes cuatro puntos:

prohibición de actividades políticas a los refugiados españoles en Francia.

prohibición de toda nueva entrega de armas a los republicanos.

obligación de ruptura de todas las relaciones con el gobierno republicano.

alejamiento de tropas y refugiados de la frontera pirenaica[15].

El texto, redactado el 23 de febrero, se brindaba a una interpretación ciertamente pantanosa y no ofrecía ningún compromiso político por parte española sobre las relaciones con Francia, sin definir el futuro funcionamiento diplomático. Bérard no podía aceptar ese texto. Al final, se llegó a un acuerdo de mínimos y el pacto definitivo cumplió los deseos españoles pero redujo sustancialmente la presión franquista manteniendo un contenido muy vago. Francia se comprometía a prohibir toda actividad política a los refugiados políticos republicanos —cierre de editoriales, publicaciones y sedes políticas en la frontera y los departamentos próximos a los Pirineos— reafirmando, al mismo tiempo, la intención de buena vecindad.

El ministro de exteriores francés, George Bonnet, unos días antes (el 19 de febrero) y durante la semana de las negociaciones, había reseñado la política necesaria del bon voisinage:

En conséquence, les deux gouvemements affirment leur volonté d’entretenir des relations amicales, de vivre en bon voisinage et de pratiquer au Maroc une politique de franche et loyale collaboration.

Y, en relación a las relaciones en la frontera y contra los refugiados españoles afirmaba:

Surveiller étroitement chacun sur son territoire toute activité dirigée contre la tranquillité et la sécurité du pays voisin. Le gouvemement français prendra notamment les mesures nécessaires pour interdire au voisinage de la frontière, toute action des ressortissants espagnols qui serait contraire à la disposition ci-dessus[16].

Esa «buena vecindad» era interpretada como una declaración en virtud de la cual ambos gobiernos se comprometían en su propio territorio a una vigilancia estrecha de toda actividad dirigida contra la tranquilidad o seguridad del país vecino, y en particular el francés declaraba que adoptaría las medidas necesarias para prohibir tales actividades por parte de españoles en la proximidad de la frontera. El texto del convenio se mantuvo en secreto[17].

En la víspera del acuerdo, el reconocimiento de Franco se planteó en la Cámara de los Diputados de París como resultado de una interpelación del diputado Forcinal, miembro de la Union Socialiste Républicaine (USR). Daladier provocó una moción de confianza sobre el tema y la obtuvo a su favor por 323 votos contra 261. Votaron en contra los socialistas, los comunistas y cerca de la mitad de la USR, pero sólo una minoría de los radicales socialistas.

Jordana se comprometió verbalmente sobre el futuro de la política internacional, ratificando su tendencia a la neutralidad y a la posible acción mediadora de la nueva España entre Francia e Italia. Los pactos Bérard-Jordana se firmaron finalmente el 26 de febrero de 1939, fecha que coincidía, no casualmente, con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. De alguna forma, Francia sentenciaba con estos pactos la suerte de la Segunda República.

A partir de ese momento los sucesos se aceleraron y las consecuencias del pacto con Franco de uno de los aliados ideológicos de la República española afectaron directamente al exilio y a sus dirigentes políticos. Los acuerdos favorecieron claramente a los franquistas. De entre ellos se puede destacar el alejamiento efectivo a más de 250 km de la frontera de los principales dirigentes y políticos republicanos. Igualmente, se inició una colaboración bilateral para la restitución al gobierno franquista de todos los bienes evacuados a Francia públicos y privados. Sobre este punto, los franquistas tenían su propia interpretación, insistiendo que en Francia se conservaba una enorme cantidad de armas, obras de arte, bienes, documentos, oro, etc., y para tal fin crearon la Comisión de Recuperación de los Bienes Españoles en Francia, que actuó también en la persecución de personas, mucho más activamente durante el período de la Segunda Guerra Mundial y bajo el régimen de Vichy[18].

El gobierno de Burgos establecía en los acuerdos con Francia la necesidad de retomar a la «Nación Española» todos los bienes que se encontraran en Francia, considerando la restitución de bienes a los legítimos propietarios como «justa y necesaria». Los propietarios podían ser el Estado mismo, sociedades o corporaciones, o bien, particulares. El gobierno francés se comprometió a utilizar todos los medios disponibles para retomar dichos bienes en la mayor brevedad posible. En un primer listado de febrero de 1939 el gobierno español reclamaba:

Las armas y material de guerra de toda clase perteneciente al gobierno enemigo o las que le estaban destinadas.

El oro depositado como aval en la Banque de France en Mont-de-Marsan.

El ganado de todas clases que haya pasado de España a Francia contra la voluntad de sus propietarios legítimos.

Toda la flota mercante o de pesca, sin distinción del puerto de registro español. El gobierno español pide el derecho de requisar la flota sin haber de pagar los derechos portuarios generados por ella hasta la fecha.

Todo el patrimonio artístico español exportado desde el 18 de julio de 1936 contra la voluntad de sus legítimos propietarios o posesores.

Los depósitos de oro, joyas, piedras preciosas, dinero líquido, monedas, valores, títulos, acciones, obligaciones, etc. pertenecientes al Estado español, a sociedades o a particulares españoles que hayan sido exportadas de España desde el 18 de julio de 1936, contra la voluntad de sus legítimos propietarios o posesores.

Todos los vehículos sin distinción de clase ni de propietario, matriculados en España, llevados a Francia[19].

Además de la reclamación puramente económica, el texto especificaba que ambos países se comprometían desde un principio a adoptar las medidas necesarias para ejercer una estrecha vigilancia, cada uno dentro de su territorio, hacia las actividades dirigidas contra la tranquilidad y seguridad del país vecino. Y el gobierno francés debía adoptar de una manera muy especial, medidas oportunas para prohibir a los españoles exiliados toda actividad política cerca de la frontera y contraria a la declaración del acuerdo.

El fondo de esa declaración se tradujo en una constante reclamación española de tipo político contra todas las actividades políticas de los exiliados en Francia. Desde el Ministerio español en París no cesaron las notas verbales y diferentes comunicados hacia los dirigentes franceses reclamando el sustrato político y económico de los acuerdos. Específicamente y a modo de ejemplo, el gobierno español, a través de sus agentes en el exterior controlaban las actividades de los republicanos en Francia para poder confeccionar informes de agravio hacia los pactos hispanofranceses[20]. Empezaron por hacer listas de todo tipo: organizaciones, partidos políticos, personas sospechosas, comunistas, asociaciones y publicaciones republicanas susceptibles de desarrollar actividades antifranquistas. Desde un primer momento se citaban los semanarios El Poblé català, Revista de Catalunya y Euzko-Deya, y a partir de ahí todos sus responsables, columnistas y escritores como, por ejemplo, Rovira i Virgili, que defendían la democracia como fórmula política y la ayuda de los gobiernos democráticos para el restablecimiento de esa forma en España. También se ejerció un estrecho control sobre las organizaciones del SERE (Servició de Evacuación de los Republicanos Españoles) y la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), los organismos del gobierno de la República en el exilio, la federación de emigrados, las oficinas de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno de Euskadi, etc. Las asociaciones vinculadas al exilio fueron expuestas en un cuadro-resumen por parte de las autoridades españolas que reclamaba su prohibición y la actuación francesa en contra de ellas. Diversas demandas fueron realizadas directamente a la policía francesa (2ème Bureau) para que iniciara investigaciones destinadas a paralizar y prohibir el funcionamiento de todas las sedes, organizaciones y oficinas. También se efectuaron investigaciones y listas del personal republicano diplomático. La finalidad era descubrir los fondos existentes en ellas, secuestrar documentos y reclamarlos para poder pedir cuentas a los responsables. Dichas reclamaciones, como veremos más adelante, bien pronto sentarían las bases para solicitar las extradiciones[21].

El gobierno francés accedió a retomar algunos de los bienes y prohibió las actividades políticas de los refugiados en su territorio —sobre todo de los partidos comunistas— y algunas publicaciones, pero no accedió a satisfacer las reclamaciones más represoras de los franquistas. Con el advenimiento de la guerra mundial y sus posteriores consecuencias la situación cambiaría de contexto, pero el fondo de los acuerdos, siempre estuvo en las negociaciones bilaterales, recogiendo peticiones de un régimen represor también fuera de su territorio y especialmente en referencia a los exiliados y su control.

El 28 de febrero de 1939, el gobierno de Franco fue reconocido oficialmente por Francia. Horas después Manuel Azaña, presidente de la República, anunció su dimisión. El hecho en sí fue una solución práctica para el gobierno francés y para Azaña, que esperó la grave noticia del reconocimiento de Franco para dimitir, no pudiendo ser acusado de abandono prematuro. Con la dimisión de la principal figura de la República, Francia obtuvo un gesto importante que marcó la división efectiva de la opinión pública francesa, pero que ofreció a Daladier y a Bonnet un crédito en sus negociaciones y decisiones para poder justificar ante sus ciudadanos los acuerdos con el nuevo régimen español[22].

El mencionado reconocimiento del gobierno franquista fue un acto decisivo en las relaciones hispano-francesas. Fue un pacto diplomático clave en la política exterior de Francia. En perspectiva, para Francia fue un acto de debilidad influenciado por la idéntica actuación de Inglaterra, pero que tendría una proyección diferente ante el inminente conflicto mundial. La Francia que reconoció a Franco reconocería a Pétain y colaboraría con Hitler, por eso los pactos Bérard-Jordana del 26 de febrero de 1939, por precipitados que fueran, significaron un importante hito en la política convulsa de los años 40.

Nadie podía negar que la Tercera República se había ganado a pulso los desastres y fracasos que padeció. A la debilidad y corrupción internas había que sumarle la llegada masiva de refugiados españoles. Miles de «huidos rojos» de todas las tendencias y condiciones que no era otra cosa que el epílogo a la vergonzosa actitud que había mantenido el Estado francés ante los sublevados franquistas durante los años de la guerra en España. Para España el nombramiento de Pétain como embajador en Madrid fue una buena noticia y a la vez un posible cambio para empezar a saldar cuentas con el incómodo vecino del norte. Mientras tanto en España, las críticas e insultos contra la Francia republicana formaban un catálogo casi interminable[23].

Los acuerdos de Burgos representaban el inicio de las relaciones diplomáticas con el bando franquista. Los pactos significaban per se el reconocimiento del régimen de Franco. Su importancia clave reside en que gran parte del texto de los acuerdos será presentado como agravio constante por parte de España en las mesas de negociación bilaterales con Francia durante más de dos décadas. Hasta el albor de los años 1950 los acuerdos Bérard-Jordana fueron la base textual que regularían dichas relaciones bilaterales[24].

El paso inmediato fue el nombramiento de embajadores y personal diplomático. Dos protagonistas marcaron la pauta en ambos países de una forma muy relevante, pero también con un estilo político muy diferente. Para Francia, era muy importante colocar un hombre agradable a Franco. El elegido había compartido campañas militares en África con Franco —contra Abd el-Krim—. Para los franceses era necesario buscar una figura que representase a la vez un acercamiento en política exterior a la nueva España y que pudiera ejercer una considerable presión para defender los objetivos franceses. El escogido fue Philippe Pétain, que hizo una importante labor de reconciliación diplomática. Pétain aceptó el puesto con algunas condiciones; unas de índole material y práctico (coche nuevo, reformas, prohibición de personal femenino en la embajada…); pero otras, de marcado carácter estratégico: pidió ser acompañado para las delicadas funciones de agregadurías militares y personal de seguridad e información, por personas escogidas por él mismo y de su confianza, con completa autonomía del resto de cargos diplomáticos. Este personal fue proporcionado por el Quai d’Orsay —Ministerio de Exteriores francés—. De este modo coexistieron dos núcleos diplomáticos en la nueva embajada[25]. Uno destinado a la labor interna en la política española, y otro más relacionado con el exterior y las relaciones diplomáticas. La ventaja de esta diplomacia paralela fue muy útil para ejercer presión sobre la administración parisina y acercar camaleónicamente posiciones hacia la cúpula franquista.

Para los vencedores, la diplomacia era entendida como un arma directa para conseguir un doble propósito estratégico: asentar su fuerza, su régimen dictatorial, e imponer su represión para aniquilar la República y la resistencia antifranquista; al mismo tiempo que fuera su causa y su dictadura era aceptada oficialmente en las relaciones diplomáticas. En las delegaciones españolas en Francia se alzó la nueva bandera bicolor, con águila incluida, símbolo que reafirmaba los acuerdos hispano-franceses y la impunidad diplomática que el país vecino estaba dispuesto conceder a los falangistas, militares y ultras que fanfarronearon ocupando locales, incautando bienes, documentación y persiguiendo a los representantes del gobierno republicano.

3. Los servicios franquistas y la ocupación de las sedes diplomáticas

3. LOS SERVICIOS FRANQUISTAS Y LA OCUPACIÓN
DE LAS SEDES DIPLOMÁTICAS

En Burgos y Salamanca, el Estado Mayor del Ejército franquista disponía de las secciones de investigación —Segunda Sección— y de numerosos servicios militares de investigación. Uno de ellos fue el SIMP (Servicio de Información Militar Periférico). Éste durante la guerra fue creado para supervisar los servicios exteriores, los pases de frontera y los informadores que se enviaban fuera del territorio franquista. Dependía directamente del Estado Mayor Central. Este servicio, estrechamente relacionado con el ministerio de Asuntos exteriores (dirigido por Francisco Gómez Jordana) y la dirección del SIM, funcionó continuamente hasta mayo-junio de 1939. A partir de entonces sus competencias fueron absorbidas por el SIPM (Servicio de Información y Policía Militar), que funcionaba des de principios de 1938. De hecho, ambos servicios funcionaron en paralelo hasta que la Jefatura del Estado español, una vez ganada la guerra, absorbiera la competencia del SIMP del Estado Mayor. Una muestra más de la estrategia centralizadora de la sede del Jefe de Estado[26].

La política exterior de Franco se centró en crear delegaciones oficiales de su régimen en el exterior. Par ello utilizó todos los esfuerzos de los servicios de información para asegurar «gente fiel a su causa» en los puestos consulares y embajadas. Las oficinas consulares en Francia eran un objetivo prioritario para controlar la gran cantidad de republicanos que buscaron refugio en el país vecino.

Para agilizar la operación de cambio consular, fue preciso que los franquistas organizaran, de antemano, personas dispuestas a ser nombradas por el gobierno rebelde, para que en el momento oportuno, se ocuparan de defender los intereses de éste en los puestos extranjeros en Francia y también en otros países. Los servicios del SIMP y del SIPM, jugaron un importante papel en la organización del personal diplomático franquista. Muchos bienes y personas evacuadas de España, llegaron a Francia y todavía encontraron en los puestos consulares cargos republicanos que gestionaron las mercancías, valores, obras de arte y fondos provenientes de la zona republicana. La mayoría de bienes fueron controlados por el gobierno francés que, en un principio, toleró su depósito en bancos, cajas o fondos franceses. A pesar de la inmediata ocupación de la embajada en febrero de 1939, los franquistas no podían incautar pero si informar sobre todos los bienes llegados por mar y por tierra a Francia.

La misión del SIPM fue la de controlar en Marsella, mediante sus agentes, ya existentes en esa ciudad (en éste caso era el ya mencionado Enrique Carrión, Marqués de Velilla), la llegada de barcos cargados de bienes, mercancías y personas provenientes de la España gubernamental. Por eso, a partir de principios de febrero, en una nota a la Jefatura del Estado, Carrión indicaba la imperiosa urgencia de poner personal franquista en sus puestos y preparado para poder ejecutar embargos a dichos barcos. Indicaba también la necesidad de poder captar algunos letrados franceses de confianza que pudieran defender esos embargos a favor del gobierno franquista, acciones que permitirían la recuperación de buen número de millones para «su causa»[27].

Los franquistas no dudaron en acelerar el proceso de ocupación de los consulados y los agentes del SIPM, respaldaron dichas actuaciones en Francia. Los servicios de información se articularon a partir de entonces alrededor de la embajada de París y de los consulados repartidos por todo el territorio. El despliegue y ocupación de cargos y edificios fue rápido pero no absento de problemas y conflictos. Por ejemplo, en Rodez se ocupó el consulado con el nuevo cónsul franquista —José Ferriol—, el cual provocó la mayor indignación de los servicios del SIPM y de los círculos más adictos al régimen por haber confiado en los servicios de un anarquista como ayudante; en Toulouse, el cónsul Cabezudo, admitía una desorganización enorme ante la gran cantidad de españoles que querían tramitar documentación, además Cabezudo también fue nombrado para desarrollar las funciones de cónsul en Pau y en Tarbes; en Burdeos el desconcierto también fue grande y la delegación diplomática estaba desbordada por la falta de coordinación entre los nuevos cargos[28]. Otros muchos problemas se ocasionaron en la ocupación de las sedes representativas del régimen de Franco en Francia.

En la temprana fecha del 18 de mayo de 1938 el SIPM manifestaba al Ministerio de exteriores en Burgos que uno de sus agentes destinados en Francia, había establecido conversaciones con un exministro francés «afecto a la Causa Nacional», sobre las eventualidades que podían suceder en los consulados de España en Francia en el momento en que los cónsules republicanos pudieran destruir archivos y documentación. A los servicios españoles y franceses les interesaba toda la documentación conservada en las sedes —hasta la fecha, republicanas—. Además, los franquistas pidieron la ayuda del gobierno francés para que ayudara con medios legales y policiales en las operaciones de intervención. La acción del SIPM ayudó a Jordana para preparar todo el asunto de las sedes diplomáticas. El asunto era oficioso y secreto, pero el éxito de la misión consolidaría la actividad de los nuevos agentes de Burgos en Francia, que según el subsecretario de exteriores francés, llamado Vidal, en una carta a Burgos afirmaba:

el éxito de las gestiones a realizar estriba en su secreto y en su oportunidad, el carácter particular de las gestiones iniciadas […] así como la buena organización con que cuenta en Francia el S. I. P. M., ha parecido aconsejable autorizar al Agente que ha iniciado las gestiones para que las continué, dando cuenta de ellas por conducto de su Jefatura al Ministerio de Asuntos Exteriores y trabajando de común acuerdo con esa Representación a fin de que pueda intervenir llegado el momento[29].

Los Servicios en Francia se agruparon de forma progresiva en el aparato del nuevo estado a través de la policía, la diplomacia y el ejército franquista[30]. Debido a la importancia para el decurso de la implantación de los servicios franquistas en el exterior y de la oficialidad diplomática, en Unos años tan convulsos, es necesario destacar lo que fue una verdadera ocupación franquista de los consulados y embajada en Francia, ante la evacuación y huida del personal oficial y en teoría, «leal» a la República, un mes antes de haberse terminado definitivamente la guerra en España. Fue otra muestra de la impunidad de actuación de los franquistas en Francia y de la posición de un débil gobierno galo que aceptaba, finalmente, al Nuevo Estado Español surgido de la rebelión.

Durante los años de la Guerra civil, las funciones diplomáticas que debían desempeñar los agentes consulares y de la embajada española en Francia eran muy importantes. Los cargos oficiales, así como todos los informadores se les creía personas muy leales a la causa republicana. Desde la rebelión militar en España, la Embajada de España en París se vio desbordada por los hechos. Hubo toda una serie de servicios secretos republicanos que se pusieron en marcha en Francia, pero no existía un verdadero Servicio de Información. El DEIDE (Departamento Especial de Información del Estado) fue creado en mayo de 1937 y el gobierno republicano lo tuvo que crear a marchas forzadas[31]. Los servicios republicanos estuvieron bastante desorganizados y desestructurados a pesar de su importancia a través de la embajada en París. Hasta el final de la guerra civil no hubo una verdadera y efectiva unificación y siguieron funcionando servicios de la Generalitat y del Gobierno Vasco por su cuenta e intereses.

El cambio de bando era una fácil tentación para algunos cargos acomodados de la diplomacia republicana. Esto obligaba a realizar muchos y repetidos cambios de los cónsules acreditados en Francia. Muchos de los funcionarios diplomáticos fueron cesados al principio y durante la guerra. Desde el gobierno del Frente Popular republicano se crearon unas listas de funcionarios sospechosos y se mandaron listas a más de cuarenta y siete misiones diplomáticas. Ante las circunstancias, algunos funcionarios en París, dejaron su butaca en la delegación de la Avenida Georges V y se pusieron al servicio del monárquico Quiñones de León, éste fue el caso de Román de la Presilla, Fernando de Kobbe, Eduardo Propper de Callejón, Carlos de la Huerta, Cristóbal del Castillo, etc. Algunos de ellos tendrían un papel clave en el desarrollo de los servicios de información franquistas[32].

La lista de representantes diplomáticos y cónsules del gobierno republicano antes de 1938 era muy diferente que la de enero de 1939[33]:

París: embajador, Marcelino Pascua.

Cónsul, Alfredo Nistal (subsecretario del Ministerio de Estado el 30-12-1938).

Bayona: cónsul, Roberto Castrovido Gil (periodista republicano de El País).

Burdeos: cónsul, Juan Climent Noya (diplomático, secretario de «segundo orden»).

Estrasburgo; cónsul, Isaac Abaytúa Pérez Íñigo.

Hendaya: cónsul, Emilio Moraita Serrano.

Lyon: cónsul, Felipe García Ascot (Diplomático, Secretario de «segundo orden»).

Marsella: cónsul, Carlos Gubern Puig.

Nantes: cónsul, Juan Antonio Fernández Navarro.

Niza: cónsul, Mario Aguilar Diana.

Pau: cónsul, Daniel Carreras Díaz.

Perpiñán: vicecónsul, Enrique Landaburu Ostiz.

Port-Vendres; cónsul, José Santaló Puig.

Sète: cónsul, José de Benito Mompel.

Tarbes: cónsul, Hilario Tejero Aguirre (cesado el 13-01-1939).

Toulouse: cónsul, Francisco Azorín Izquierdo (diputado socialista).

Había muy pocos diplomáticos «de carrera» como representantes del último gobierno republicano. Todos fueron separados del nuevo cuerpo diplomático creado por Franco en agosto de 1938. Las personas acreditadas en Francia por la República española, fueron invitados a emigrar a otros terceros países o bien, a residir en la franja comprendida entre los ríos Loira y Garona del territorio francés. El Director de la Police du Territoire et des Étrangers, llamado Combes, el 8 de marzo de 1939, concedía al personal diplomático republicano un visado de tres años para emigrar o regularizar su situación después de haber perdido el estatus diplomático[34].

A nivel político, la mayoría de diplomáticos «de carrera» destinados en Francia, se decantaron a favor del bando rebelde. El 23 de febrero de 1939 en una conversación telefónica entre el conde de Jordana y Quiñones de León se sentaron las bases para abordar el tema de la vigilancia y posterior ocupación de las delegaciones españolas en Francia, Argelia, colonias y protectorados franceses. Esas bases debían ser tratadas de forma urgente con el enviado francés a Madrid, León Bérard, para incluir el tema de las representaciones diplomáticas en Francia en la agenda de los posibles acuerdos franceses con el bando franquista. Mientras tanto, los delegados de la terminal República española evacuaban documentos y bienes de las legaciones oficiales y de otros centros, previendo la posibilidad que el gobierno francés permitiera en fechas próximas la ocupación de las sedes por los representantes de Franco y de su gobierno en Burgos. A partir del día 23 ya no hubo vuelta atrás y la maquinaria diplomática del nuevo gobierno franquista reconocido por Francia se puso en marcha para obligar los traspasos de las sedes diplomáticas[35].

Así pues, el intermediario de las negociaciones entre Léon Bérard y Jordana fue también José Quiñones de León. Mientras Franco dirigía las operaciones en el Estado Mayor del Ejército en Catalunya, Bérard y Jordana empezaron a debatir la entrada en los consulados. Mientras tanto también la prensa alemana se hacía eco y se felicitaba que los países democráticos como Inglaterra y Francia, tenían, al final que reconocer de algún modo la victoria de Franco[36].

Los diferentes servicios de información españoles en Francia precisaban dotarse de una apariencia legal y disponer de nombradas por su gobierno para que en el momento oportuno, se ocuparan de defender sus intereses en los puestos extranjeros (haciendo un especial hincapié en las zonas portuarias de Francia). La propuesta de los servicios de Burgos fue, en un principio, proceder al embargo de los buques y mercancías, mientras se esperaba un reconocimiento legal de su gobierno. Francia no colaboraría en confiscaciones y requisas directas hasta el reconocimiento de la victoria de Franco[37]. La apropiación por parte de Burgos hacía referencia a la interpretación de la propiedad estatal: pues si bien, todas las mercancías, bienes, etc., habían sido pagadas por el gobierno republicano, como el dinero era de origen español, consideraron patrimonio nacional incluso los bienes adquiridos en el extranjero. Según el informe de la Jefatura del SIPM, a manos de Carrión:

Se fundamenta esta teoría en el hecho de que ganada la guerra nadie ni ninguna nación podrá discutir al Gobierno Nacional la propiedad y los derechos de nuestro Gobierno sin que la misma Sociedad de Naciones pueda negar la soberanía del dicho Gobierno Nacional, caso muy distinto al ocurrido con Italia en Abisinia en que la Sociedad de Naciones se muestra remisa a reconocer su soberanía en Etiopía por razón de la conquista hecha de un país que era soberano y reconocido por el mundo entero. No ignora el que suscribe [Carrión] que el Gobierno Nacional que preside nuestro invicto Caudillo no se le escapará el tener en cuenta lo anteriormente mencionado, así como que ya tendrá tomadas sus medidas previendo el caso, pero por el especial cometido que el firmante ejerce en el puerto de Marsella y por el conocimiento que tiene del sinnúmero de buques que llegan a dicho puerto se cree en el deber de llamar la atención de las Autoridades de lo anteriormente mencionado significando que la urgencia del envío de representantes es preciso que se haga con toda rapidez[38].

En el tema de la ocupación de sedes diplomáticas y de recuperación de bienes, se apelaba el «derecho de conquista» eje teórico principal para desarrollar las futuras acciones del gobierno franquista también en el exterior. El agente Carrión tenía claro que hacía falta estar preparado:

Por los casos prácticos que conoce el que suscribe se permite también recalcar de nuevo que la representación nacional que se nombre deberá recaer en personas reconocedoras de estos asuntos las cuales deberán tratar de conseguir de los tribunales embargos mejor que requisas y a ser posible deben valerse de letrados franceses prácticos en esta clase de asuntos, letrados que se encontraran, sin duda ninguna, que sean afectos a nuestra Causa. La oportunidad de tener el personal dispuesto y en sus puestos, juzga el que suscribe que podría dar como resultado la recuperación de buen número de millones para nuestra España[39].

Con estas palabras, Carrión plasmaba las intenciones de sus agentes de convertirse en miembros de derecho y delegados diplomáticos en Francia, una vez pactado con el gobierno galo el reconocimiento de Franco. La rápida toma de posesión de las legaciones consulares y las rápidas operaciones de recuperación de bienes, confirmó el plan de Carrión.

De forma inmediata, Quiñones de León coordinó la operación de ocupación de consulados y de requisición de bienes, archivos y documentos. Cada agente tenía la misión de recuperar lo máximo posible. El 27 de febrero tomaban posesión muchos de los nuevos cónsules que tenían como primera función iniciar las misiones de recuperación de bienes. Muchos de ellos fueron los mismos agentes que trabajaron para Franco desde Francia durante toda la Guerra Civil.

La primera lista provisional fue mandada por Quiñones al ministro Jordana, los siguientes nombres figuraban en ella: Rafael Romero fue enviado al consulado de Burdeos, Fernando de Kobbe en Perpiñán, Valeriano Cabezudo a Toulouse, Tarbes y Pau, Pérez Andreu a Estrasburgo, Rafael García Mouton a Lyon, José Olozaga a Nantes, Francisco Luis Diez a Le Havre, Manuel Bermúdez de Castro a Bayona, Mario Roche en Montpellier, Bernardo Rolland también en Burdeos, pero pronto iría a París, etc.[40].

En un comunicado al encargado de negocios extranjeros Eugenio Espinosa de los Monteros, Quiñones de León proponía el envío de los primeros agentes consulares, de forma provisional pero con la misión de ocupar y relevar a los cónsules republicanos. El camino a establecer los delegados franquistas en las sedes diplomáticas estaba abierto. Las operaciones se iniciaron a partir del 25 de febrero de 1939.

París, Embajada y Consulado

El 26 de febrero de 1939 la policía francesa vigilaba la Embajada de España en París, situada en el 15 de l’Avenue Georges V. Unos cuantos cofres fueron transportados a domicilios particulares por una empresa de mudanzas parisina. Las cajas contenían documentos varios. Unas cajas fueron depuestas en el guarda muebles de la empresa de mudanzas —Maison Grospiron— y otras a un apartamento de la rue Jean Carriès, alquilado por varios refugiados republicanos. Los siguientes días 27 y 28 se repitieron las operaciones de evacuación de cofres. Por la tarde, alrededor de las 15 horas, el embajador Marcelino Pascua, recibió a Vincent Auriol, Paul Boncour y muchas otras personalidades políticas francesas. La prensa francesa también acudió para comprobar la veracidad de la evacuación de la Embajada por parte del gobierno republicano español. La inminente ocupación franquista de la Embajada de París era de dominio público. Marcelino Pascua afirmó a sus interlocutores que era mentira su arrebato con la consecuente destrucción de todas las obras de arte y decidió no abandonar su puesto hasta que recibiera la orden del Ministerio de Asuntos exteriores de su gobierno.

La orden no se hizo esperar. Por la mañana, Jules Henry, antiguo embajador de Francia para la República española, notificó a Marcelino Pascua el reconocimiento del gobierno de Franco por parte del gobierno francés. Pascua se dirigió a los despachos del Comité de Ayuda al Pueblo Español para hablar con el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Después de la conversación, Pascua volvió a la Embajada donde previno a todo su personal que debían abandonar los locales de la legación antes de las 16 horas. Se procedió a realizar un inventario de los bienes y obras de arte con el encargado de asuntos exteriores francés, llamado Lozé, al cual se le entregaron las llaves del edificio. El último representante de la República abandonó la Embajada a las 17.35 horas[41].

Veinte minutos más tarde llegaba Quiñones de León con su agente Marroquin, Felipe Rodés y otros colaboradores para tomar posesión de la legación española ante una veintena de seguidores franquistas que gritaban «viva Quiñones». El primer acto fue cambiar la bandera tricolor por la bicolor franquista y enseguida realizó una revisión de las instalaciones junto con el delegado francés Lozé. Después de ocho años y de dos años de trabajo desde París a favor de Franco, Quiñones de León volvía a tomar posesión del puesto de embajador de España en París. Uno de los lugares que más interés tenían en revisar era la bodega secreta situada debajo del garaje de la Embajada. Efectivamente, en esa bodega se habían guardado, desde diciembre de 1937 obras de arte, tesoros y joyas provenientes de España, entre ellas, los bienes del Gobierno de Euskadi. El antiguo encargado de las dependencias, Eduardo Gómez Saiz, fue interrogado sobre el paradero de los bienes y la verdadera finalidad del escondite, pues se habían encontrado disparos de bala en la pared y un fusil Mauser enterrado, signos, junto con unos colchones y almohadas, que la bodega había podido servir de escondite. Un cofre vacío, una espada, un puñal y la estatua de la Virgen de Covadonga «salvada» por el gobierno vasco y llevado a París con todo su «tesoro», se encontraron junto con otros bienes[42].

El mismo día 28 de febrero también fueron ocupadas las delegaciones españolas del Consulado en el Boulevard Malesherbes, la Cámara española de Comercio, de l’Avenue de l’Opera y la Oficina de Turismo del Boulevard de la Madeleine.

En nombre del gobierno de Burgos, con una fórmula escrita con el sello de la République Française y ante tres testigos del Tribunal Civil de la Seine, Quiñones de León, tomó posesión, ese mismo 28 de febrero, del Consulado español en París. El acta pretendía dar legalidad al acto de ocupación y, a la vez, realizar un inventario del estado de los bienes y edificios de los cuales se quería tomar posesión. El consulado, en el 165 del Boulevard Malesherbes, fue visitado por el notario francés que levantaba el acta, por Quiñones de León y algunos agentes más. El primer acto fue el cambio de bandera y la bandera bicolor franquista sustituyó la anterior republicana. Quiñones echó en falta mucha documentación de los últimos años; en cambio, el Protocolo notarial y el Registro Civil estaban intactos, junto con los del consulado de Estrasburgo, que se encontraban en París. En seguida fue nombrado cónsul general Bernardo Rolland, proveniente de la villa Nacho Enea. Las dependencias, mobiliario, máquinas de escribir y decoración de la cancillería, sala de espera, secretaría, despachos de cónsul, vicecónsul, canciller, oficinas del primer piso, etc., se encontraron en buen estado e intactas. Del archivo también estaban intactos los registros civiles (nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanías) y las actas notariales. En cambio fue evacuado todo el archivo de visados y pasaportes extranjeros, pasaportes españoles, certificados de nacionalidad (a partir de 1925 hasta la fecha), los expedientes del servicio militar y las quintas de los últimos 10 años, del servicio de contabilidad, los libros de caja y gastos así como el inventario, de legalizaciones, los certificados, los expedientes de rentas, pensiones y personales, toda la correspondencia desde 1936 hasta la fecha incluida la del ministerio, consulados y embajada. Alguna documentación, muy escasa, fue conservada por los ocupantes gracias a que los últimos días —a partir del día 23 de febrero— agentes franquistas en colaboración con funcionarios del consulado pudieron ir sustrayendo algunos documentos, los más recientes todavía no archivados. Pero en general, la mayoría de la documentación importante pudo ser evacuada[43].

Inminentemente, el día 5 de marzo, el jefe exterior del SIPM en la subcentral de Irún, Pérez Urruti, mandó un agente de refuerzo llamado Agustín Parrades Sicilia, dedicado a actividades de espionaje y refuerzo a la recuperación[44].

Otra importante misión de ocupación, si bien no fue estrictamente consular, fue la de la Agencia del Patronato Nacional de Turismo en París. Por su situación y su representación internacional su ocupación fue considerada de máxima importancia, oficina de proyección exterior de España, también debía ser tomada bajo la dirección del bando franquista. El 28 de febrero el agente Francisco Marroquin tomó posesión, en nombre del gobierno de Burgos, las oficinas de la Agencia de turismo. El 6 de marzo, Marroquin hizo entrega de las llaves de los locales al nuevo representante de la Jefatura Nacional de Turismo, el teniente coronel Francisco Vidal Sureda, ante la presencia de Quiñones de León en los mismos locales de la agencia, en el céntrico Boulevard de la Madeleine. Los locales estaban alquilados a la Compagnie des Messageries Maritimes, vicepresidida por el Almirante Lacaze, el cual recibió los «nuevos inquilinos con gran entusiasmo»[45].

Más adelante Francisco Marroquin, se convertiría en agregado especial de la Embajada de España en París. Nombrado efusivamente por Lequerica el 4 de septiembre de 1939 en nombre del entonces ministro de exteriores Beigbeder. El cargo de «agregado especial» concedió a Marroquin el pasaporte diplomático y la libertad de actuación alrededor de la nueva estructuración de las delegaciones franquistas en Francia[46].

El resto de sedes consulares

Fernando de Kobbe salió hacia Perpiñán para hacerse cargo del consulado con las explícitas instrucciones de dirigirse al puerto de La Nouvelle para recuperar cajas con documentos evacuadas por los republicanos. Debía, de forma inmediata poner en marcha la reclamación legal de los bienes y proceder a su embargo. Para eso, tenía previsto el contacto de los abogados Sacase y Galimier[47]. De Kobbe fue nombrado cónsul titular con pasaporte diplomático (n.º 123) en París el 27 de febrero de 1939. El enlace para la recuperación de bienes en Perpiñán fue el comandante de aviación Luis Navarro, el cual localizó dos camiones que fueron detenidos en Narbonne llenos de papeles y documentación provenientes de Perpiñán. También inició la recuperación de unas cajas de la 11.ª división republicana depositadas en Argelès y Saint-Cyprien, con dinero y plata, delatada por un excomisario político republicano llamado Antonio Rodríguez López. Muchas otras gestiones debía iniciar de Kobbe en Perpiñán, pues la colonia republicana en su departamento era importante, sobre todo, por las sedes y oficinas de algunas entidades de exiliados catalanes. Consistía en confiscar los fondos de dichas asociaciones de ayuda o culturales. Para gestionar las operaciones contó con la ayuda de letrados franceses. Los nuevos cónsules como de Kobbe hacían de puente entre el ministro Jordana y los delegados de recuperación para poder mejorar la eficacia y la información[48].

En Céret también se actuó para recuperar bienes en la estación de Cerbère y en el puerto de Port-Vendres. La reclamación, que afectaba a bienes, stocks y mercancías de toda clase, expedidas por CAMPSA-Gentibus y el gobierno republicano, fue gestionada por otro abogado francés, llamado Vixelles, a través del Tribunal de Primera instancia de Céret. En la zona, se procedió a embargar lingotes de plata en Le Perthus y Le Boulou. También se solicitó, a través de Vixelles, la liberación de prisioneros políticos del bando rebelde, retenidos en Amélie-les Bains.

En Toulouse se encontraba ya el agente Valeriano Cabezudo que debido a su gran trabajo a favor de los franquistas se encargaría, en un principio, de tres consulados, Toulouse, Tarbes y Pau. Cabezudo se propuso a sí mismo para los puestos pues poseía muy buenas relaciones en la región, y desde el nuevo cargo podría proseguir sus actividades de información. La representación de la España franquista en París envió una certificación el 27 de febrero que determinaba las funciones de cónsul a nombre de Cabezudo: «avec la faculté d’avoué, faire opposition et prendre au nom de l’État Espagnol toutes mesures judiciaires ou extra-judiciaires qu’il estimera utiles pour la récupération et reprise de toutes marchandises, deniers, valeurs, navires, etc.»[49]. El consulado de Toulouse fue tomado el lunes 28 de febrero. La toma de posesión efectiva del consulado de Tarbes fue realizada el 1 de marzo a mediodía y la de Pau el mismo día por la tarde. En esta última localidad, el acto de toma de posesión e izada de bandera franquista fue realizado a las 5 de la tarde, ante una concentración muy importante de españoles y de franceses. Se había organizado una manifestación a cargo de la asociación francesa Les Amis de l’Espagne Nouvelle, profranquista, para poner un entusiasmo popular y público al acto. El encargado del consulado —o vicecónsul— fue Francisco Sert y López, conde de Sert. En Pau la primera visita de Cabezudo fue destinada al prefecto para recoger las llaves del consulado, entregadas esa misma mañana a la prefectura por los delegados republicanos. El comisario central de policía, llamado Despagne, acompañó a Cabezudo para tomar posesión de los locales. Allí, ante la concentración de españoles y franceses, fueron revisadas las dependencias y se sustituyó el retrato de Azaña por el de Franco. Fuera, ante la bandera franquista un grupo de cincuenta españoles cantaba el «Cara al sol con el brazo tendido»[50].

Una de las primeras actuaciones del cónsul Cabezudo, fue la de controlar la gran cantidad de personajes españoles y franceses republicanos que acudieron el día 3 de marzo al entierro de Marcel-lí Domingo que tuvo lugar en el cementerio tolosano de Terre-Cabade (nicho 29). Marcel-lí Domingo murió en Toulouse repentinamente mientras se dirigía desde París hacia Perpiñán para visitar los campos de refugiados españoles[51].

Igualmente, el 5 de marzo un informador advirtió a Cabezudo sobre la existencia de cuantiosos bienes en el campo de Saint-Cyprien; más de seis millones de pesetas en papel y plata junto con documentación y un archivo fotográfico, evacuado de España por una división militar republicana. El nuevo representante español inició el rescate de dichos bienes. Efectivamente, el 10 de marzo Benjamín Araiz, antiguo funcionario del consulado en Toulouse entregó a los ocupantes varias sacas con importante documentación y cartografía republicana. Por orden de Quiñones, Cabezudo entregó las sacas al teniente coronel Carlos Pérez Urruti, delegado en Irún del SIPM, para que, a su vez, las mandara a los servicios centrales de Burgos. Otra misión fue la localización y recuperación de varias obras de arte reclamadas por el conservador del Museo Diocesano de Barcelona, llamado Reus. Las obras de arte habían sido expuestas en la Exposición de Arte Español de París, en 1937 y habían sido almacenadas en el Château de Maison Lafitte, las obras fueron recuperadas y enviadas a España vía Irún[52]. Otros objetos de arte fueron recuperados en Tarbes. Tres soldados republicanos (José Jiménez Miralles, Jacinto Turró Nogués y Sebastián Calvo Sahún) fueron detenidos por la policía francesa por poseer tres cuadros. Las pinturas fueron depositadas en la sucursal del Banco de Francia de Tarbes. Cabezudo informó al ministerio y Jordana le comunicó que los cuadros habían sido robados del museo del Prado y que debía rápidamente realizar las gestiones judiciales, con la ayuda del abogado Lalanne, para poder recuperarlos[53]. Otro importante tema gestionado por Cabezudo en sus primeros días como cónsul fue la repatriación de refugiados hacia España. El 8 de marzo, Quiñones de León, mandó una autorización a Toulouse dónde permitía a Cabezudo contactar directamente con los Prefectos franceses para poder «recomendarles» el envío a España de refugiados, previa solicitud de éstos, o bien, previa demanda del mismo consulado. Había gran cantidad de españoles refugiados en las circunscripciones de Toulouse, Tarbes y Pau, con familiares internados en los campos y con deseos de ser evacuados o de volver a España. Cabezudo tuvo que realizar una primera selección de peticiones y, previa autorización de París, coordinar con los prefectos la liberación de algunos españoles simpatizantes del nuevo régimen. Igualmente, durante los primeros meses, promovería la campaña de repatriaciones promovidas por Franco dentro de los campos a partir del mes de abril.

Francisco Diez, hermano del secretario de la Embajada de París se hizo cargo de la plaza de Le Havre, desde allí debía controlar los cargamentos y la posible evacuación de bienes hacia Inglaterra o América e impedir su tránsito. El nuevo cónsul Diez encontró muy poca documentación. Las llaves del local se las entregó el subprefecto francés de Le Havre y reinstaló los servicios en el local del número 16, rue Emile Combes. De acuerdo con el citado subprefecto recuperó muebles y otros enseres en el domicilio particular del excónsul republicano Francisco Tomás Rentería. En el archivo había documentos del Registro de Nacionalidad y del archivo del Consulado de Lille, que había sido suprimido. Diez se dispuso bien pronto a realizar embargos de mercancías susceptibles de ser requisadas. Todas las operaciones las realizaba a través de Tribunal de le Havre. Barcos con trigo para los refugiados, provenientes de La Habana, azafrán a nombre de los republicanos por valor de 2 millones de francos y otros bienes que España pudiera reclamar como suyos en todo el territorio de su demarcación. Con tal que los republicanos no pudieran acceder a ninguno de sus bienes[54].

En Burdeos urgentemente fue enviado primero Rafael Romero para encargarse de una misión de embargo de un yate, de nombre Vanadis que contenía tapices, muebles históricos, objetos de arte, joyas religiosas y lingotes de oro, entre otros valores. El mismo Georges Bonnet, ministro de exteriores, envió la información del embarque de bienes por parte de los refugiados españoles a Quiñones, recomendándole optar por la denuncia a los tribunales franceses de la ilegalidad de la expedición[55]. Romero contactó con un abogado francés colaborador con los franquistas, M. Sarazy, para que se ocupara del asunto. También inició la reivindicación de los barcos pesqueros españoles anclados en Burdeos. Romero salió el 27 de febrero para Burdeos para planear con Sarazy la operación. No obstante, Burgos consideró a Romero «incapacitado» para realizar la operación. De forma urgente, se mandó a otro abogado, de nombre Peyrelongue para que se encargara del asunto, que era muy importante: barcos, mercancías, haberes, valores, etc., consignados y expedidos en nombre del Gobierno de la República española y de CAMPSA-Gentibus que era su comprador en el extranjero. Romero no pudo continuar en Burdeos y se nombró, para supervisar esas importantes operaciones a Bernardo Rolland, hombre de confianza absoluta del régimen. Rolland, era uno de los agentes formados en la villa Nacho Enea con más experiencia. Rolland fue nombrado cónsul en París y para Burdeos se decidió confiar con Enrique Beltrán Manrique. El 7 de marzo el cónsul republicano, Juan Climent Noya entregó las llaves del consulado. El día 28 de febrero, Rolland, Sarazy, Beltrán Manrique y el nuevo vicecónsul Otero (representante del Movimiento falangista en Burdeos) tomaron posesión de la sede. La oficina estaba en perfecto estado pero la caja y los libros de contabilidad habían sido evacuados. Todos los carteles de propaganda republicana y otros folletos fueron tirados y se presentó la bandera bicolor franquista en el edificio y el Solar Español —centro popular de españoles residentes—. Se procuró enseguida la intervención del padre Garamendi para respaldar el acto dónde se cantaron himnos falangistas y se leyeron partes de Franco. Al final Rolland se dirigió a la colonia española. Rolland cumplió su misión de ocupación y volvió a su puesto en San Juan de Luz esperando indicaciones de Quiñones de León en cuanto a la titularidad del puesto de cónsul. Rolland envió una carta a Quiñones donde explicaba la operación y destacaba la gran acogida y colaboración del abogado Sarazy así como de las autoridades prefectorales[56].

Manuel Bermúdez de Castro, secretario de la «embajada» de Quiñones fue nombrado Cónsul en Bayona. Debía procurarse un abogado de confianza y se le otorgó, como en todos los casos, de poderes para emprender medidas judiciales o extrajudiciales en nombre del Estado español para la recuperación de mercaderías, barcos, bienes, valores, etc. El consulado fue tomado a las 16.00 h del día 28 de febrero. El anterior cónsul republicano, Roberto Castrovido, huyó dejando las llaves de la delegación a un profesor francés de su confianza, al cual se las requisó el subprefecto de policía por orden de Bermúdez. El subprefecto entró en el consulado acompañado por un notario y levantó acta sobre el estado en que estaba el edificio. Se habían quemado abundante documentación en las chimeneas y se habían llevado los sellos de la República. Una hora más tarde izaron la bandera bicolor con el escudo franquista, acto al cual asistieron bastantes personas —según el nuevo cónsul Bermúdez—. El asistente del cónsul, llamado Pareja, junto con el notario, siguieron varios días trabajando para completar el inventario de la documentación que había quedado. El acta notarial levantada en Bayona fue mandada al Hôtel Meurice de París junto con los libros hallados.

En Bayona, también se ocupó el Colegio Español, que se encargaba de enseñar a los hijos de españoles residentes o nacidos en Bayona. El colegio fue clausurado y su documentación requisada e inventariada. De todas formas los intereses de recuperación se centraron en los 51 barcos que estaban en el puerto, de los cuales 25 debían ser recogidos por el Almirantazgo de la Marina Nacional después de las correspondientes reclamaciones judiciales. En el puerto, todos los barcos españoles fueron censados con la finalidad de entregar un informe a Bermúdez para reclamar su titularidad. Otro centro del cual debía ocuparse en Bayona fue la Cámara de Comercio y su Tesorería gestionada por el Marqués de Casa Montalvo, que bien pronto se puso al servicio del nuevo consulado[57].

Alejandro Pons fue nombrado cónsul general en Niza. Este consulado no fue ocupado hasta el día 2 de marzo con la ayuda del abogado de la Audiencia Territorial de Grasse, llamado Salone, que ayudó al embargo de material. El consulado se encontraba en buen estado y con la mayoría de la documentación en su archivo. El excónsul republicano, Mario Aguilar, mandó a su secretario, llamado Brics, que entregara las llaves del consulado el día 28 a los máximos representantes españoles en Niza, dos personajes llamados Casanovas y Mendiguren. Éstos no dudaron en hacer alarde de su espíritu a favor de la España franquista y se citaron con Alejandro Pons para colocar las banderas bicolores en los armadores del puerto y en algún buque como el vapor Turia y también en las oficinas del consulado en el 20 de la rue du Congres de Niza. De las primeras actuaciones de Pons, destacamos la atención que le mereció la Compagnie Nationale de Constructions Aeronautiques du Sud-Est. En sus hangares y canteras se suponía que había importante material de guerra y de aviación para requisar. El subprefecto de Grasse y el mismo prefecto de los Alpes-Maritimes hicieron caso omiso a las peticiones del nuevo cónsul Pons. Afirmaron desconocer los acuerdos hispano-franceses de recuperación y, en principio, se negaron a colaborar. Al final se consiguió una orden del ministerio del Interior y los prefectos accedieron a investigar y registrar la fábrica de aviones. Se suponía de la existencia de 18 cédulas de aviones, combustible y muchas piezas, destinadas al gobierno republicano. Se efectuó el registro pero ningún avión o pieza fue encontrada. En Niza, Pons encontró reticencias por parte de las autoridades locales francesas más proclives a la República y la recuperación de material fue casi imposible[58].

Eduardo Becerra fue nombrado cónsul en Marsella. Puerto muy importante en el que había, como hemos visto, numerosos agentes y colaboradores. Cabe destacar sobre todos, el nuevo enlace de los servicios franquistas designado para ayudas de colaboración y recuperación de bienes, Carlos de Rafael. Éste mismo fue el encargado, por orden de Quiñones de León de entregar las credenciales consulares. De Rafael había preparado la entrada en el consulado de Becerra, conocía la hora y el día en que los republicanos abandonarían la sede y los pasos a seguir perfectamente planeados. Quiñones le había dado poderes plenos desde el día 28 de febrero para que actuara libremente. Otros colaboradores y agentes en Marsella que recibieron a Becerra, llamados Pujol y Richarson ayudaron en la toma de posesión. El edificio, guardado por la policía francesa, fue entregado a Becerra el día 3 de marzo. Según su informe, el edificio no había sido saqueado y los muebles, biblioteca y el archivo antiguo y protocolo no habían sido desmontados. Becerra reclamó la ayuda de un vicecónsul debido al enorme trabajo y al importante colectivo español en Marsella para empezar a ejercer sus funciones correctamente y ocuparse de las labores de recuperación. El mismo conde de Jordana envió un telegrama a Quiñones de León para que se ocupase rápidamente de los buques mercantes en el puerto de Marsella y todos los bienes que pudieran estar en depósito en esa ciudad. Para ayudar a la misión envió desde España como delegados de la Comisión de recuperación a Vicente Taberna —por parte del Ministerio de Industria— y a Luis Asprena —por Comunicaciones Marítimas—. En Marsella había también numerosas mercancías del gobierno republicano almacenadas en su puerto (cuarenta ambulancias norteamericanas, centenares de aparatos de radio, 200 toneladas de carne congelada, 200 toneladas de tabaco…). Todo a nombre de CAMPSA y de Loubet una petrolera marsellesa, también a nombre de la sociedad Gama y de la Mid Atlantic Schipping Cº. El abogado Lieutier, en nombre del gobierno franquista, consiguió obtener del presidente del Tribunal Civil de Marsella el embargo de tres petroleros Zorroza, Campero y Campeche[59]. Leutier recomendó a un amigo suyo y colaborador el marqués de Casa Pizarro para trabajar en la misión del consulado español[60]. Pronto destacó la importancia de los bienes depositados en Marsella. El 6 de marzo, por orden del ministro Jordana de designó una comisión especial para la recuperación del material en Marsella:

Militares:

Alfonso Barba Camer, coronel de Artillería.

Ramón Rodríguez Borlado, comandante de Ingenieros.

Eduardo Susana Almaraz, comandante de Ingenieros.

Luis Navarro Gamica, comandante de Aviación.

Gonzalo Taboada Sangro, comandante de Aviación.

Ernesto Ramajos Aguilera, capitán de Intendencia.

Civiles:

Luis Aguirre Fanaique, secretario comercial.

Félix Ara Olarte, ingeniero industrial[61].

Estos agentes también realizarían misiones en todos los departamentos del sur de Francia.

En Nantes, Quiñones de León certificó, el 27 de febrero de 1939 que José Olozaga había sido designado para ejercer las funciones consulares y todas otras acciones útiles para la protección de los intereses españoles en todos los departamentos dependientes de Nantes. Los locales estaban situados en el 13, rue d’Orléans. Las funciones de viceconsulado —en Saint-Nazaire—, fueron realizadas por el Conde Enrique de Suyrot y las funciones de Canciller por Mercedes de Silvera. Ésta última, empezó las gestiones de recuperación en el consulado bretón a razón de los buques españoles anclados en la bahía de Saint-Nazaire.

En Lyon el consulado fue ocupado por Rafael García Mouton a la espera del nombramiento oficial del nuevo cónsul. El 3 de marzo se realizó la ceremonia de cambio de bandera y de ocupación con la asistencia de un grupo de españoles, en una ceremonia poco lucida[62]. Los timbres, sellos y los libros estaban en posesión del alcalde de Villeurbanne, amigo íntimo del antiguo cónsul republicano Felipe García Escot. García Mouton, siguiendo las instrucciones de Quiñones de León, ocupó las dos sedes; una en la Cour Lafayette (n. 172) y otra en la Quai du Maréchal Joffre (n. 3). En los dos locales se procedió a hacer un inventario y revisión documental. Fue destruida la documentación que únicamente hacía referencia al período junio de 1936 hasta febrero de 1939; el protocolo notarial y los muebles, los libros de Registro civil, los ficheros de pasaportes y los visados de extranjeros, los expedientes de rentas y pensiones por accidente, expedientes de dementes, de servicio militar, etc., estaban intactos. El nuevo cónsul García Mouton, afirmó que no pagaría cuentas o deudas atrasadas o contraídas por la antigua legación. Dos comisarios de policía franceses ayudaron a la realización de las actas de toma de posesión[63].

Desde la Embajada española en París, Quiñones de León también intentaba afianzar con los altos cargos franceses. La colaboración más fluida se estableció con el ministro de exteriores francés George Bonnet. Un pacto se estableció a raíz del intento de venta del consulado de Casablanca por parte del gobierno republicano. Ello propició un acuerdo para que el gobierno francés se comprometiera a conservar todo el patrimonio español en suelo francés, en sus colonias o protectorados. Quiñones se reunió también con el ministro del interior Albert Sarraut para sentar las bases de la nueva configuración de las delegaciones españolas en Francia, a la vez que solicitaba una orden dirigida a las autoridades departamentales de todo el territorio francés —colonias y metrópoli— para que reconocieran las acreditaciones de los nuevos cónsules y personal franquista, representantes de España y con trato diplomático (pasaportes, inmunidad, uso corriente de la valija diplomática, etc.). La colaboración francesa, sobre todo por parte de Georges Bonnet y Sarraut, fue importante y casi desinteresada[64]. Agentes franceses fueron enviados a los edificios para colaborar con los agentes franquistas para registrar y ocupar las sedes diplomáticas. Las colaboraciones se establecieron más allá de los pactos políticos debido a la extensión estatal en Francia de la red de informadores sobre los republicanos españoles[65].

A pesar de todo el trabajo realizado por Quiñones de León a favor de la ocupación de las sedes, organización de agentes en Francia y colaboración desinteresada a favor de la causa del general Franco, bien pronto sería cesado de su cargo. Quiñones ultramonárquico y conservador, no era bien visto por algunos de los sectores más afines al «Movimiento» y a Falange. Desde Burgos se pretendía colocar en el puesto de París a una persona de más confianza y, sobre todo, más marcadamente fascista. El 20 de marzo fue nombrado embajador en París, José Félix de Lequerica. El nombramiento sorprendió a Quiñones que no aprobó la nominación pero que tuvo que aceptar contra su voluntad. Ante el envío de Pétain como embajador a Burgos para mejorar las relaciones entre ambos países, parecía una operación arriesgada colocar un personaje tan marcadamente proalemán como Lequerica. Este, había sido investigado por los servicios policiales franceses durante la Primera Guerra mundial porque desde San Sebastián había colaborado intensamente con los servicios secretos alemanes (enemigos de Francia). En el nombramiento de Lequerica el papel clave lo tuvo su mentor: Serrano Suñer, entonces ministro del Interior en Burgos, dirigente de Falange, que por su admiración y sentimiento pronazi, quería colocar en puestos importantes a personas de su mismo ideal y de gran fidelidad. José Casuso fue el hombre de confianza de Lequerica y el primer adjunto de la Embajada. Su toma de posesión conllevó problemas de competencias entre el grupo de Quiñones y Lequerica. Éste último se encontró con numerosos obstáculos para desarrollar sus funciones debido a que Quiñones utilizó sus numerosos contactos para boicotear la gestión de Lequerica y, sobre todo de Cristóbal del Castillo, hombre de importantes competencias después del embajador que junto con Barroso y Propper de Callejón, representarían el núcleo duro de la nueva delegación diplomática. La rivalidad llegó a tal punto que un excolaborador, Oria de Portafax, intentó crear una agencia de Información en nombre del gobierno español pero independiente de la Embajada de Lequerica. Oria de Portafax buscó incluso el contacto con españoles refugiados en París, para que realizaran funciones dobles de espionaje y persecución a las organizaciones republicanas[66].

Como veremos, el papel de Lequerica fue determinante en muchas acciones de represión y control de refugiados, y poco a poco se hizo con el control total de las gestiones del gobierno franquista en Francia[67]. Después de ser nombrado embajador, Lequerica tuvo una primera misión en defender el cumplimiento de los acuerdos Bérard-Jordana y los problemas pendientes con los exiliados y los servicios de asistencia republicanos (SERE y JARE). El embajador personalmente realizó un seguimiento muy directo de todos los asuntos[68].

Otro cargo muy determinante en París fue el nombramiento de Antonio Barroso, como se ha descrito en el primer capítulo, hombre de confianza del propio Franco, para el puesto de Agregado militar de la Embajada de París. El coronel Barroso ya había ocupado el puesto de agregado militar en París antes de 1936, año que dejó el cargo para unirse a la rebelión de Franco. Como agente extranjero, el gobierno francés dictó contra él una orden de expulsión en 1938, después de una investigación sobre sus actividades de espionaje. Barroso tenía amplias simpatías pronazis y había colaborado, durante toda la Guerra civil con los servicios de la embajada alemana en España[69]. Muestra de ello, fue su primera misión en el cargo: un viaje de «estudios» en Roma y Berlín para tomar ejemplo de las gestiones al mando de la agregaduría militar y aprender de los Estados Mayores de los dos ejércitos del Eje[70]. La llegada de Lequerica y Barroso aceleró todavía más las misiones de recuperación en París y también en todo el territorio francés, centralizadas a través de la Embajada. El coronel Barra pasó los poderes de la comisión de recuperación a Barroso. Su primera misión fue la recuperación del oro y de las obras de arte[71].

Muchos de los asuntos de gran trascendencia —la intercepción de nueve mil cajas en La Rochelle, el asunto de la recuperación del puerto de Marsella, de buques, petróleo, tabacos, plata, documentos, de materias primas —asuntos de CAMPSA—, etc.—, fueron coordinados y dirigidos por Barroso y Lequerica. Éste era aconsejado por los administradores franceses de la embajada Gervais y Rambaud.

Muchos de los cargos nombrados en un principio bajo la urgencia de recuperación y ocupación, fueron sustituidos tempranamente por personas más fieles o más cercanas a la cúpula militar franquista o a la Falange. En el control sobre los nuevos puestos diplomáticos también ejerció un papel de primerísimo orden, el SIPM que investigaba también los «asuntos internos». Podemos citar algunos ejemplos recogidos en un informe personal y reservado de la Subcentral de Catalunya: en Rodez el cónsul Ferriol se le controlaba porque había tomado como secretario del consulado un individuo de reputación anarquista. Y el seguimiento de sus actuaciones eran realizadas por un fabricante de embutidos de La Molina (Eugenio Cortés Ensenyat). Él mismo denunció al SIPM los hechos. En Toulouse, Cabezudo estuvo en el punto de mira del SIPM por su mala gestión y desorganización del consulado. También se desconfió de sus colaboradores, pues había delegado en amigos suyos cargos de secretaría y gestión que nada tenían que ver con el gobierno español (un secretario escocés de 22 años y un francés, llamado Senac, que en Tarbes no podía atender a españoles por desconocer el idioma). En Orán se nombró el antiguo cónsul de Toulouse que se pasó al bando franquista, según el SIPM, de dudosa actitud, que además había nombrado canciller a un judío llamado Schaw de origen alsaciano. En Burdeos, Bertrán Manrique era investigado por el SIPM porque al segundo mes de ser ocupado el consulado, todavía no había izado la bandera franquista y todavía había, en el balcón central del consulado, el escudo de la República. La colonia española franquista y los franceses simpatizantes no cesaban de quejarse de la falta de seriedad en el «respeto por los símbolos de la nueva España». Además, Manrique confiaba en el exvicecónsul, llamado Otero, que era masón y, aunque «afecto» al régimen, debía ser investigado por su ayuda a los «rojos». También hubo investigaciones a consulados como el de Sarajevo, dónde en cónsul era acusado de ser judío sefardita y «amigo de los rojos»[72]. Muchos de ellos fueron sustituidos por hombres «más fieles y afectos al régimen», uno de los primeros hemos visto que fue el propio embajador Quiñones de León.

En las colonias de Marruecos y Argelia, donde también se habían exiliado numerosos republicanos, también se organizaron servicios a través de los consulados y agentes de la todavía Jefatura Nacional de Seguridad. Eduardo Romero Gras fue un agente encargado de informar al ministerio sobre la situación de las sedes diplomáticas en Argel y la necesidad de crear allí también una serie de servicios policiales. Romero era agente del cuerpo de Investigación y Vigilancia destinado a la Brigada Político-Social de la Jefatura Nacional de Seguridad en Burgos —posterior Dirección General de Seguridad en Madrid—. En su misión secreta en los territorios franceses de Argelia cumplía funciones análogas a los agentes en territorio metropolitano. En febrero de 1939 también tuvo que encargarse de la ocupación de los consulados españoles en Argel, Oran, Sidi-bel-Abes, Tlemcem y alguna otra sede. Aparte de esas funciones Romero presentó un memorando donde recomendaba la necesidad de montar unos servicios de investigación, Vigilancia e Información en esos territorios, dónde residían miles de españoles susceptibles de investigación y vigilancia. Lógicamente Romero se proponía a él como director del nuevo servicio. Pero es interesante describir las funciones que recomendaba realizar a los servicios secretos en territorio francés de la colonia de Argel:

Conocer y hacer las fichas de los negociantes que trafican con los rojos, ya sean judíos, españoles, franceses etc.

Hacer las fichas de los españoles que están en oposición al Glorioso Movimiento Nacional y de los españoles que cotizan para los rojos.

Conocer donde viven y hacer las fichas de los dirigentes rojos que han huido a Argelia, tales como Mallol, Ramos, Gonzálvez, y otros políticos que en todo momento deben nuestras autoridades conocer su paradero.

Informar de los autores de asesinatos y robos cometidos en la España todavía no liberada, que han huido y fijado su residencia en dicha zona de Argelia.

Informar sobre españoles que figuran ser «nacionalistas» y lo que hacen es ponerse en convivencia con el Deuxième Bureau (contraespionaje francés).

Conocer los domicilios, nombres y apellidos de las familias que han recogido los niños españoles que fueron llevados a Orán como propaganda roja, con expresión de los nombres y demás circunstancias personales de los mencionados pequeños.

Acudir todos los días al campo de aviación de la Compañía Air France en La Senia, para tomar nota de los rojos que van llegando huidos a Orán; haciendo lo propio en la estación marítima.

Dar cuenta e informar de los barcos que salgan de los puertos con cargamento de material de guerra o de boca para los rojos y en general, todos los informes de carácter social y político puedan interesar a nuestras autoridades.

En el orden militar informar de lo siguiente:

Cuarteles, Mandos, Unidades, Movimiento de tropas.

Artillería, Emplazamientos, Piezas, Calibres, etc.

Aviación, Campos de aterrizaje, número de aviones, pilotos, depósitos de gasolina y otros combustibles.

Puertos, embarque de tropas, movimientos de las mismas, material y todo cuanto afecte al ramo de la guerra[73].

En resumen, la actitud del gobierno franquista fue afianzar sus agentes en el exterior así como consolidar las comisiones de recuperación de bienes y documentos, así como asegurar una fiel e incondicional lealtad a las órdenes del núcleo dirigente alrededor del Caudillo.

4. Debacle francesa y armisticio

4. DEBACLE FRANCESA Y ARMISTICIO

Después de su ocupación, las sedes consulares y diplomáticas se convirtieron en centrales de información del nuevo régimen español. Su rol pasaba por: «informar por todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de acontecimientos en el Estado de destino e informar al gobierno español». Esa información se acumuló por la práctica del espionaje. Método desaprobado teóricamente por el empleo de medios ilegales pero, de hecho aceptado por la fuerza de las circunstancias durante los años convulsos que seguirían a la derrota republicana en España[74].

El consulado de París también ejerció de centro de información sobre españoles; sobre actividades políticas, desapariciones, conmutaciones de penas, así como asuntos del embajador Lequerica y el cónsul Rolland. Allí se realizaron múltiples peticiones sobre desapariciones. Por ejemplo, las demandas de esposas o familiares de españoles deportados a los campos nazis al gobierno español para que los pudiera repatriar[75].

Las relaciones hispano-francesas se vieron condicionadas por el imparable avance y la política imperial del Reich alemán. La declaración de la Segunda Guerra mundial y la catástrofe militar francesa, llevó a Hitler y a sus tropas hasta París. Los alemanes invadieron el país vecino sin demasiadas complicaciones. Ante la derrota de Francia, se presentaban diferentes panoramas diplomáticos.

La Tercera República francesa no llegó en las mejores condiciones a la guerra. Había profundas divisiones internas y una crisis de «identidad nacional» que alimentaba la ultraderecha y los discursos antidemocráticos, incluso antirrepublicanos. A los problemas políticos se añadió un ejército mal preparado y con una mala predisposición colectiva. Todo ello aconteció la crítica coyuntura de otoño de 1939. El país estaba paralizado internamente y un sistema político que aguantaba mal las tensiones tenía que enfrentarse a un poderoso enemigo como Alemania. La drôle de guerre, que duró de septiembre de 1939 a abril de 1940, fue una excelente metáfora de esa Francia en crisis. Édouard Daladier dimitió el 21 de marzo de 1940. Fu sustituido por Paul Reynaud, que se encontró con una situación desesperada y un gobierno de circunstancias. Después de la invasión alemana, Reynaud dimitió el 15 de junio y Lebrun nombró al octogenario mariscal Pétain, abriendo unas relaciones mucho más fluidas y cordiales con España. El primer ministro, Paul Reynaud, tuvo que ceder a las presiones de la guerra y de la cúpula conservadora, encabezada por el mismo Pétain y el fascista Pierre Laval[76].

La apertura de relaciones con España, basada en la ejecución de los acuerdos bilaterales Bérard-Jordana, seguían mejorando la colaboración con el franquismo. Durante la primavera de 1940, se desbloquearon numerosos contratos comerciales y de cereales; Francia prometió incluso la detención de Juan Negrín y la disolución de todas las asociaciones republicanas en su territorio y sus órganos de prensa. Pétain y Lequerica estaban detrás de todas estas acciones, la presión fue tan fuerte que las decisiones fueron ejecutadas bajo un gobierno democrático, de base frentepopulista y todavía republicano —el de Paul Reynaud.

Esa nueva Francia, según los ultraconservadores tanto españoles como franceses, debía refundarse a partir de unas nuevas bases que partieran de la liquidación radical de cualquier pervivencia de la Tercera República y en eso coincidía plenamente con el proyecto franquista. Todo ello se sintetiza perfectamente en las palabras del escritor e intelectual profascista Charles Maurras:

La ocasión es magnífica para un cambio profundo y decisivo: el país se ha dado cuenta claramente de que su fulminante derrota ha sido resultado de la aplicación del régimen y los ideales republicanos a toda la vida política, social y estatal del país: familia, Gobierno, diplomacia, Ejército, moral pública y privada […]. Un sistema político-ideológico como el de la Tercera República solo podía acabar en un desastre como el de 1940[77].

Ante la imbatible campaña alemana, el gobierno francés se refugió en Tours (10 de junio 1940), pronto se trasladó a Burdeos. Allí mismo Pétain sucedió a Reynaud y fue encargado por el mismo Jacques Lebrun —presidente de la República francesa—, de formar un nuevo gobierno (16 de junio). Al mismo tiempo y de forma secreta, la cúpula favorable a Pétain se reunió en el consulado de España en Burdeos con Lequerica, para pedirle que España actuara como intermediario con los alemanes en referencia al armisticio. Tanto Franco como el embajador Lequerica veían a Pétain como único posible mando para la desesperada situación francesa, y se ofrecieron para mediar ante sus amigos y colaboradores alemanes la paz pactada. Pétain aparecía, a ojos del Caudillo, como la sola personalidad capaz de dar un golpe de Estado en Francia. No hizo falta, el 22 de junio en la comisaría de Gironde se firmó el armisticio franco-alemán. La delegación alemana y la francesa —Pierre Laval y Pétain— llegaron a un acuerdo sin precedentes en el libro negro de la historia de Francia; y de ese triste episodio, la España de Franco, a través de su embajador Lequerica y el agregado militar Antonio Barroso, fue protagonista destacado. En definitiva, la firma del armisticio fue fruto de la presión de una mayoría de dirigentes franceses, que veían como un mal menor —algunos muchas ventajas— el acercamiento y la sumisión al Reich. La intervención de los franquistas en la política interior de Francia, si no fue decisiva, sí que fue muy relevante. La figura de Lequerica —como representante del régimen franquista— fue determinante, y sus gestiones, sumamente eficaces. La ayuda del embajador español a Laval y a los partidarios del pacto con Alemania transformó a Lequerica en el actor principal. Su implicación ultra pasó la función teórica de diplomático de un país neutral, como oficialmente lo era. Recuperando la cita de Mattieu Séguéla; Lequerica fue como «la nodriza del armisticio, Pétain la madre, Laval el padre y Franco… el padrino»[78].

Así pues Philippe Pétain, mariscal de Francia, con todavía Léon Blum intentando salvar una fórmula de gobierno en Burdeos, pidió a Baudouin que contactara con Lequerica e hiciera de intermediario con los alemanes para fijar cuales serían las condiciones del armisticio. El 19 de junio, a las 6 horas de la madrugada, el embajador español, Lequerica, despertó Baudouin —ministro francés de exteriores— para informarle que los alemanes aceptaban abrir las negociaciones de armisticio[79].

Desde el Château de la Grenade, donde residía Lequerica se hizo acompañar por los coroneles Ansaldo y Barroso. Los detalles de la propuesta pedían la aclaración de si se trataba de Armisticio o de paz, o las dos cosas. Desde el consulado español en Burdeos se tuvieron que mandar emisarios y telegramas urgentes a Franco y Hitler para saber si aceptaban que España fuera el mediador[80].

En principio las intenciones y las peticiones de Lequerica no incluían la paz y el consejo de ministros francés veía avanzar a la Wehrmacht sobre la capital de la Gironde. Del 19 al 20 de junio los nazis bombardearon Burdeos y se produjeron muchos muertos y heridos. Al final el gobierno francés, ante el peligro inminente insistió a Lequerica que pidiera detener el castigo militar contra la región mientras duraran las negociaciones del armisticio. Al final lo consiguió, pero el telegrama que anunciaba el respeto hacia Burdeos, firmado por Hitler, no llegaría hasta el día 22[81]. Al final el fuego cesó y la entrada en vigor del armisticio fue, después de la reunión formal en un vagón-salón en Réthondes entre el general Hutzinger y el mariscal Foch, a la 1 h 35 minutos. También se había firmado, horas antes el armisticio franco-italiano[82].

En los duros discursos de Pétain contra los partidos políticos y a se dibujaba una toma de posesión de poder totalmente antidemocrática, auspiciada por el pacto franco-alemán. El resultado fue una forma autoritaria de gobierno en el contexto de los fascismos y el nazismo que rodeaban Francia. Se inició así el período conocido como el Régimen de Vichy, haciéndose efectivo el 11 de julio de 1940, cuando el mariscal Pétain se proclamó jefe del estado francés, y destruyó y persiguió los trazos democráticos, parlamentarios y republicanos en el territorio de su gobierno.

Pétain pronto tomó posesión de los poderes que le habían estado otorgados. Desde el 11 de julio de 1940 se promulgaron tres actas constitucionales. La primera, el Mariscal asumía las funciones de Jefe del Estado francés. Por la segunda, se atribuía la plenitud del poder gubernamental, ejecutivo y legislativo y la nominación y revocación de ministro, promulgación y ejecución de leyes, nominación de todos los empleados, disposición del ejército, derecho de gracia y finalmente, la negociación y ratificación de tratados internacionales. La tercera acta dejaba el mantenimiento del Senado y la Cámara de diputados en una provisionalidad dependiente del Jefe de Estado y estas instituciones habían sido aplazadas hasta nueva orden. Solamente debía convocar la Asamblea legislativa en caso de tener que declarar la guerra.

Además, el estilo y la redacción de las actas constitucionales era significativo: anunciadas en plural mayestático, representando fórmulas remotas del Antiguo Régimen —grata sorpresa según la opinión de Charles Maurras—. En resumen, Pétain no estableció una nueva constitución, fue de hecho una verdadera dictadura a su medida[83].

No podemos olvidar el poder y la influencia del hombre fuerte de Pétain, Pierre Laval; un político que, formado en el convencimiento de las izquierdas pacifistas de la Primera Guerra Mundial, evolucionó cada vez más hacia las derechas, convirtiéndose en uno de los artífices de la capitulación de Francia y que apoyó desde el primer momento al Mariscal en su política antirrepublicana. Pétain lo nombró vicepresidente del Consejo y, más tarde, su sucesor como Jefe de Estado. En diciembre de 1940, Laval fue destituido de su cargo y retirado de su derecho de sucesión. Marginado del gobierno hasta el 24 de abril de 1942, momento en el que recuperó sus cargos en calidad de vicepresidente y titular de las carteras de Relaciones Exteriores y de Interior. A partir de entonces, inició una política de extrema sumisión a los deseos de la Alemania nazi. Dichos acontecimientos provocaron gran satisfacción en Franco.

El asunto diplomático que se planteaba era muy importante, y no solo para Francia. La intervención española significaba el reconocimiento de una nueva situación en Europa en la que España tendría mucho que decir y mucho que representar y participar[84].

En la toma de posesión de Pétain, sus primeras palabras fueron de agradecimiento hacia el Caudillo; vale la pena citarlas:

Au nom de la dernière grande joie de ma vie, mon séjour en Espagne, j’ai voulu que ce soit ce pays et vous Généralissime Franco, l’épée la plus pure au monde, qui interviennent auprès d’Hitler. La France qui va naître, naîtra déjà avec cette dette de gratitude qu’elle doit à l’Espagne immortelle[85].

Recuperando las definitivas palabras de Francesc Vilanova, en relación a Francia, la España franquista «exudaba satisfacción». Francia había caído de un manotazo frente al poder alemán. En el Madrid del poder franquista, la derrota francesa abrió una ventana a un horizonte lleno de promesas. Para el dictador, aquel verano de 1940 y el de 1941 fueron los momentos de máxima tensión emotiva de toda la guerra y la tentación de estar en ella, activamente. Francia, como único reducto democrático que quedaba en la Europa continental, entraba en la oscura noche de la guerra, la represión, el exterminio y la obtusidad radical del ser humano y del hombre político. Ante este panorama, el mundo del exilio, lo republicano, lo rojo, lo democrático era señalado y perseguido de manera oficial por decretos, pactos y leyes emanadas de regímenes de naturaleza represora, militar y policial. La España de Franco era uno de ellos. Oficialmente, la no beligerancia lo mantuvo al margen. Oficiosamente, tenía aún muchos asuntos pendientes con sus enemigos políticos[86].

III. Inicio de la persecución franquista

III.
INICIO DE LA PERSECUCIÓN FRANQUISTA

1. La represión franquista sobre los refugiados políticos republicanos en Francia

1. LA REPRESIÓN FRANQUISTA SOBRE LOS REFUGIADOS POLÍTICOS REPUBLICANOS EN FRANCIA

Una de las muchas consecuencias de la larga duración de la Guerra Civil fue la de poner sobre la mesa el panorama de las relaciones europeas de la preguerra mundial: Italia estrechó más y más sus relaciones con Alemania hasta firmar en mayo de 1939 una alianza militar en toda regla, representada por el Pacto de Acero. Gran Bretaña se había mantenido incapaz de evitar la participación extranjera en la venta indiscriminada de armamento en el conflicto español. Y en abril de 1939, para Franco y su entorno inmediato, Francia era corresponsable de la situación generada por abrir su frontera a la República.

Para Franco y su Nueva España aparecían en el horizonte internacional dos bloques bien definidos y, tarde o temprano, habría que optar por uno de ellos: el representado por las débiles democracias, con Francia y Gran Bretaña a la cabeza, defensoras del caduco orden establecido, y el encabezado por las vigorosas potencias fascistas, modelos a imitar por la España que, con su apoyo, dejaría de ser insurgente para ganar su merecido terreno en la primera división de las relaciones occidentales.

Como el Caudillo y su «divino» destino ya se habían posicionado, la planificación militar y de servicios de información empezaron a tejer una red en la primavera de 1939, que se había preconcebido desde de 1937. En marzo de 1937 se firmó un protocolo hispano-alemán para marcar futuras directrices. Dos años más tarde —en marzo de 1939— España entraba en el pacto Anti-Komintern (firmado por Alemania, Italia y Japón en noviembre de 1936) y el 31 del mismo mes se firmaba el Tratado de Amistad con el Reich[1].

El periodo de más intensa colaboración de España con las potencias del Eje fue entre la caída de Francia en junio de 1940 y el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942. Aunque de 1943 a 1945 —años en los que el régimen de Franco intentó mantener la máxima neutralidad— no se ayudó demasiado a los aliados y se siguieron realizando actividades de espionaje del Alto Estado Mayor en colaboración con los alemanes e italianos, también a través de los Servicios Exteriores de la Falange. Esto confirmaría que los servicios franquistas fueron financiados por los alemanes y que éstos favorecieron la causa de Hitler y Mussolini hasta el final, a pesar de la política diplomática española de acercamiento a los aliados. Los militares del Estado Mayor mantuvieron una inclinación proalemana hasta el final y las investigaciones de los servicios norteamericanos e ingleses al respecto confirman las acciones españolas y la influencia real del Eje[2].

Todos estos pactos y tratados fueron catalogados de alto secreto como las relaciones militares o policiales entre los dos países. A diferencia de Italia, el Alto Mando Alemán no destacó ninguna misión oficial en España, aparte de los tres agregados militares correspondientes, pero sí que desarrolló, también en secreto, un vasto servicio de información —la KO-Spanien del Abwehr—, que bajo cobertura diplomática se mantendría muy activo hasta otoño de 1944[3].

Las relaciones secretas entre el Reich y Franco son también trasladables al territorio francés, sobre todo en el París ocupado y en el entramado de agentes de ambos países. Los pactos Madrid-Berlín, pasaban por París. Allí, de una forma casi descarada, durante los años de ocupación (1940-1944) se establecieron enormes contactos entre la Gestapo y otros servicios alemanes —contraespionaje, Abwehr, Komandantur, etc.— con los más modestos, pero no menos interesados, servicios españoles: básicamente el SIM, el SIPM y el SIE policial de la DGS. La máscara española fueron los servicios diplomáticos: Embajada y Consulado dotaban de documentación diplomática a cualquier agente que trabajase para alguno de los bandos interesados. También repercutió a la zona de Vichy —llamada Zona Libre— y, sobre todo al colectivo republicano exiliado, que era la presa por excelencia de tantas alianzas oficiosas.

Gracias a las investigaciones de diferentes servicios secretos, como el MI 5 inglés, las pistas se confirman con nombres y apellidos. Por ejemplo, el Secret Intelligence Service (SIS) una rama del MI5 inglés —descubrió a un tal Del Pozo al tratar con un agente alemán de la Abwehr, llamado GW (no identificado), sobre movimientos de dinero a favor de la causa nazi en Europa (su eje de trabajo era Londres-Madrid) pasando por París y Bruselas—. Según las investigaciones del SIS, Del Pozo fue el primer agente alemán que trabajó en Inglaterra ante la ofensiva de la Abwehr de crear agentes en el bando aliado a través de España y Portugal. Eso ocurría en septiembre de 1940[4].

En Inglaterra las cosas funcionaban como en París: la cobertura de GW con Del Pozo era la Embajada española. Del Pozo tenía contactos con un corresponsal de prensa, Luis Calvo, que a su vez era el enlace con Alcázar de Velasco, quien viajaba a Londres con el título de agregado de Prensa de la Embajada Española en Londres. El SIS realizó un informe contra Alcázar de Velasco en el que se le consideraba «un agente peligroso de alto nivel». Una estación de contacto muy importante fue París donde tenían relaciones con otros agentes españoles y nazis.

Los servicios del MI5 detuvieron a Calvo y lo interrogaron a fondo durante unos meses en Londres. Una trama a través de la Embajada y los servicios diplomáticos destaparon una red muy importante de espías españoles al servicio directo de la Abwehr nazi. El cargo más importante fue Alcázar de Velasco, que trabajaba para los alemanes con la aprobación de su amigo Serrano Suñer. Alcázar llegó a reclutar para su red de espionaje a más de 21 agentes (5 gal eses, 2 irlandeses, 11 escoceses, 2 o más españoles) para espiar a las industrias de guerra inglesas, fábricas de armamento, enviar información sobre bombardeos en Londres, etc. También informaban a la Embajada japonesa en Madrid donde, en un telegrama interceptado y descifrado en junio de 1942, explicaban los informes mandados desde Londres para sus jefes alemanes. El contraespionaje lo realizaba el agente inglés GW infiltrado en Londres, por lo que recibía grandes sumas de dinero nazi. El traductor y agente de contacto era Calvo y el agregado militar en Londres, el coronel Barra, el cónsul en Londres, Miguel de Lojendio y José Brugada Wood (agente del SIFNE en Francia), que aseguraban el envío de informes sobre inteligencia naval y militar inglesa a través de la valija diplomática española, fueron también responsables. Para los servicios ingleses, esta participación en la guerra por parte de españoles fue considerada una agresión directa entre septiembre de 1940 y verano de 1942. Sin embargo, la interpretación política y diplomática inglesa, más preocupada por mantener a España fuera de la guerra, no fue tan severa con el gobierno español.

Los agentes españoles que trabajaron para la Abwehr fueron numerosísimos y sorprendentemente eficaces para un país considerado «neutral». Hubo espías españoles nazis en la mayoría de embajadas y consulados extranjeros (otro muy activo fue un tal Ybarra en Buenos Aires).

Animados y coordinados por la ayuda del almirante Canaris, España fue, de alguna forma, una base de primera línea en lo que Ros Agudo ya ha descrito como «la guerra secreta de Franco»[5]. Un aspecto decisivo en la política del régimen franquista fue su voluntad y premeditación represiva. La victoria militar y el «derecho de conquista» legitimaron a un aparato represor destinado a eliminar a todos los adversarios políticos. La estrategia de pintar de «rojo» toda la España republicana escondía en sí misma, la negación de la manipulada «paz» franquista. Para la verdadera «paz» de Franco era necesario eliminar, sobre todo en sus primeros años como dictador, toda la estructura democrática, política, social y humana de la República. Eliminarla física y socialmente pero también de la memoria colectiva de la «nueva España». Esa obsesión se convirtió en la manía persecutoria contra rojos, separatistas y masones, y como vértice de su extensión, Franco y su gobierno militar, abrieron una Causa General inédita contra todos los «desafectos al régimen»[6]. Los primeros de esa lista negra fueron, obviamente, las instituciones representativas de la República y todos sus cargos políticos. Era importante para poder imponer su mandato, perseguir, detener, juzgar y castigar ejemplarmente, aunque fuese a través de farsas sumarísimas, a todos los herederos orgánicos del sistema republicano. Los cargos políticos de la República, los parlamentarios y los dirigentes de partidos políticos democráticos serían el objetivo inmediato de la represión planificada a partir de enero de 1939. La persecución no se limitó al territorio español sino que se extendió mediante pactos oficiosos y tramas policiales hacia el exilio francés. Para conseguir ese fin, a Franco no le faltaron aliados directos e indirectos.

Además de la red de los Servicios de Información civiles y militares, una organización que colaboró en la represión y persecución de refugiados fue la Falange a través de su Servicio Exterior y sus agentes. Aprovechando la ocupación alemana, la Falange funcionó de agencia propagandística del Partido Único español, además de asumir las tareas de información que eran remitidas a la central en España sobre la situación política que se respiraba en Francia. A estas labores se sumaban las asistenciales, que pretendían involucrar en el nuevo Estado a los españoles residentes en Francia. La Falange también pretendía iniciar una etapa de captación masiva de afiliados entre la colonia española. Sin embargo, estas últimas pretensiones no se cumplieron. Del medio millón aproximado de españoles, muchos de los cuales eran exiliados, solo 283 personas figuraban inscritas en las filas falangistas, cuya mayoría lo habían hecho ya en 1939[7].

Esta labor de captación junto con la de propaganda no tuvo demasiado éxito. Algunos hechos puntuales daban una nota de españolidad falangista en París; pero en general esta labor quedaba mermada por la pobreza de los materiales y muy especialmente por la escasez de papel de prensa que impedía realizar las publicaciones previstas. El órgano de expresión era la revista El Hogar Español, criticada desde España hasta el extremo de que el entonces responsable del Servicio Exterior, Genaro Riestra, enviaba en 1942 a Rafael de la Fuente en labores de inspección el encargo de reformar la mencionada publicación. No era para menos, desde Madrid se tenía la sensación de que en el núcleo francés la desorientación ideológica era un hecho. Federico Vetilla, encargado de la propaganda, se defendía de las críticas que le llovían desde España y pedía un trato más favorable ante las organizaciones alemanas en España. Las labores de propaganda de la Falange, centradas mayoritariamente en París, consistían en la rememoración de efemérides significativas para el estado franquista tales como el Primero de abril, el 18 de julio o el Día de la Raza. Oficios religiosos de acción de gracias, emisiones radiofónicas o comidas colectivas de celebración con hijos de residentes españoles ayudaban arcaizar los festejos. También se organizaban festivales benéficos para sufragar los gastos de niños enviados a colonias españolas o la coordinación de exposiciones de pintores españoles.

Algunas de esas funciones de propaganda se compartían con la gestión de Auxilio Social —los hogares infantiles que gestionaban la labor de repatriación, orfanatos, dependientes del Servicio Exterior y algunos centros de acogida de refugiados como el de Burdeos que, con el nombre de El Solar Español, funcionaba como una agrupación de acogida de residentes españoles—. Éste estaba gestionado por el jesuita Vicente Arramendi, quien afirmaba que a finales de 1941 esa agrupación era decididamente falangista y colaboradora del Nuevo Estado. Al principio, el centro no contaba con más de 40 afiliados. Otros nombres importantes vinculados a la gestión de ayuda del Auxilio Social en Francia fueron Quiñones de León, Merry del Val y Eugenio Espinosa de los Monteros[8].

Sea como fuere, las acciones de la Falange que aquí nos ocupan no son las funciones de propaganda, asistencia y afiliación. Lo que nos interesa, por su vinculación directa con los franquistas de los servicios diplomáticos, es la función de información. Muchos de los falangistas establecidos en Francia ejercían una labor de control y espionaje sobre los refugiados políticos y los excargos de la República española. Un falangista representaba, sin tener que estar vinculado a ninguna sección especial, un agente de Franco, un promotor de su régimen y un protector de sus intereses, especialmente fuera de su territorio y más aún en Francia, donde se refugiaba gran parte de los enemigos políticos del régimen. Uno de los agentes que más trabajó pasando informes a través del servicio Exterior de la Falange fue Pedro Urraca (que firmaba como «Perico»), quien comunicaba directamente a la jefatura de la DGS, los servicios consulares y la Embajada todas las informaciones que recogía y sus agentes o colaboradores. En una nota a Jiménez Rosado, le informaba de los servicios de un anarquista llamado Peris, acerca de un complot para acabar con la vida de Serrano Suñer; en otros mandaba informes de las detenciones de refugiados, sobre el seguimiento de personalidades políticas y gran variedad de noticias detalladas sobre refugiados, las actividades que desarrollaban, cantidades de dinero presumiblemente sacadas por algunos de ellos, informes sobre campos de concentración o los recursos y cargos directivos del SERE[9].

Todo ello iba a parar a manos de los responsables de Exterior en España merced a la labor falangista de información ejercida desde el país vecino. La Dirección General de Seguridad Española trabajaba estrechamente con la Falange Exterior. El mismo conde de Mayalde, responsable de la seguridad del Estado, había sido responsable de la Delegación de Información e Investigación de la FET[10].

Aprovechando la entrada en París de las tropas alemanas, los servicios de la Falange se pusieron en contacto con las autoridades nazis para las misiones de recuperación de bienes. Una de las primeras gestiones fue realizada directamente en colaboración con el gobernador militar alemán, Von Grote, para requisar toda la documentación en la sede del SERE. Aquella misión policial contó con la colaboración de la Gestapo y el citado gobernador militar alemán, que también inició la localización de personalidades republicanas (Portela Valladares, Julián Zugazagoitia, Lluís Companys, Manuel Azaña, etc.). Como veremos más adelante, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación en dos fases de Francia acentuaron el aislamiento de núcleos de exiliados. El armisticio empujó hacia el sur a los refugiados de las compañías de trabajo que habían enviado a zonas del frente y a las líneas defensivas de Francia y el cerco sobre los líderes republicanos se fue cerrando. Éstos difícilmente pudieron eludir la amenaza, el acoso efectuado por los agentes franquistas, alemanes y franceses colaboracionistas. Como veremos, las residencias forzadas y las demandas de extradición se aplicaron a muchos líderes, incluso la deportación a campos alemanes (como la de Largo Caballero). En todo este entramado las autoridades franquistas y sus agentes tuvieron un papel protagonista[11]. En la zona de la «Francia de Vichy» los consulados españoles contaron también con la colaboración policial del gobierno francés y de algunos agentes policiales destinados exclusivamente a funciones de recuperación de bienes y seguimiento de exiliados. Se había creado un triángulo de colaboraciones formado por Vichy, las fuerzas de ocupación alemanas y las organizaciones en el exterior del régimen español (del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Falange). Su función principal era la de controlar, cuando no de detener y perseguir, a los españoles republicanos. No cabe duda de la existencia de un amplio margen en el entendimiento entre el régimen franquista y el de la Zona Libre. Un ejemplo de ese entendimiento lo encontramos a lo largo de diversas relaciones entre organismos, incluso dentro de las instituciones benéficas y asistenciales. El régimen español comunicaba al Socorro Nacional de Vichy, como lo hacía con otras obras sociales de países autoritarios, como Alemania e Italia, informaciones relativas al funcionamiento y organización de la colonia española en el exterior. Su nexo era el Auxilio Social franquista en el exterior. Este servicio lo aseguraba la Falange que actuaba en Oran, Argelia y en el Marruecos francés a través de la captación de refugiados, «nacionales» y «rojos» dispuestos a colaborar ante el maltrato recibido por los franceses y las pésimas condiciones de vida. Todas estas tramas contaban con la connivencia del Consulado español[12].

En definitiva, el exilio político de la mayoría de cargos republicanos estaba profundamente cercado y vigilado, no sólo por las tramas policiales de control sino por todo un entramado social muy adverso al universo democrático del exilio español. Su control implicó una doble estrategia para llevar a cabo la mencionada persecución de refugiados en Francia. Por un lado, la naturaleza represiva del régimen orientó las presiones diplomáticas sobre el gobierno francés; la estrategia consistió en desarrollar una política oficial, enmarcada dentro de la política de relaciones hispano-francesas y sus estrategias con el nuevo régimen de Franco; y por otro, otra política oficiosa, ciertamente considerada secreta, entre altas esferas españolas y francesas, completada con unas relaciones policiales que transgredían la legalidad diplomática.

Muchos de los agentes más efectivos y activos durante la Guerra Civil, recibieron directa o indirectamente su recompensa. Algunos ejemplos son Cristóbal del Castillo, siempre cerca de Lequerica como encargado de negocios, también estuvo de Cónsul en Argel en octubre de 1940. Sangroniz pasaría por Alemania, Inglaterra y Francia como consejero. Juan Antonio Ansaldo Vejarano, como agregado aéreo en París y Londres; Eduardo Casuso Gandarillas, secretario de la Embajada en París; Rafael Espinosa de los Monteros Bermejillo, agregado naval en París, y un largo etcétera. Con esta red de recolocaciones los entresijos entre servicios diplomáticos y servicios policiales y de información estaban garantizados[13].

2. Las condiciones de acogida de los primeros refugiados. Control policial y trabajo obligatoria

2. LAS CONDICIONES DE ACOGIDA DE LOS PRIMEROS REFUGIADOS.
CONTROL POLICIAL Y TRABAJO OBLIGATORIO

Un informe secreto del 27 de enero de 1939 fue mandado desde el despacho de Albert Sarraut, Ministro de Interior, a través de la Direction de la Police du Territoire et des Étrangers, alertando a los prefectos del sur de Francia (Basses-Pyrénées, Hautes Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var y Alpes-Maritimes) del desenlace final de la guerra en España y de la problemática que implicaría acoger a una gran masa de refugiados, la gran mayoría sin recurso alguno. A partir de entonces se dictaron una serie de medidas en relación al que empezaba por ser llamado el «problema español» para referirse de los exiliados republicanos[14].

Hubo un largo debate en la Asamblea Nacional sobre las condiciones de acogida, y las medidas necesarias entorno a los españoles donde intervinieron Léon Blum, Jean Ibarnegaray, Albert Sarraut, etc. La derecha más reaccionaria, encabezada por el diputado de origen vasco quería el retomo inmediato de todos los refugiados a su país, pero la izquierda tampoco fue muy integradora, proponiendo alejar a los españoles a las colonias de ultramar, eso sí, con un respeto especial hacia los «refugiados políticos» y con la intención de proteger a los cargos más relevantes ante posibles demandas de extradición españolas. La primera conclusión fue la de repatriar al máximo número posible de exiliados, con la condición de los pactos que España acordase y de la voluntad personal de los propios españoles de «poder y querer trabajar en Francia para mejorar su vida y sus condiciones de existencia»[15].

Uno de las primeras indicaciones enviadas por el ministro a los prefectos se refería a la necesidad de tomar medidas sanitarias para todo refugiado español: visita médica y vacunación contra la varicela, tratamiento de enfermedades o heridas de guerra —mutilados e inválidos, aislamiento de personas contagiadas, etc.—. El siguiente paso propuesto obligaba a realizar una ficha de identificación personal para cada refugiado que se mandaría a la Direction Générale de la Sûreté Nationale para su clasificación. Igualmente, se mandarían copias a los prefectos en los departamentos donde los refugiados serían destinados. En tercer lugar, los prefectos debían facilitar provisiones materiales de comida, ropa y mantas, es decir, un mínimo botiquín de supervivencia. Los hombres válidos debían ser desarmados inmediatamente y se confería a los jefes de las regiones militares la responsabilidad de garantizar el orden y la vigilancia entorno a los grupos de españoles. Las normas fueron claras en relación a la integración de los españoles con la población francesa: no convenía la mezcla. Sarraut confirmó la habilitación de centros de internamiento, incluso escuelas a través de todos los departamentos para evitar el contacto de la población con los refugiados[16]. Otra disposición hacía referencia a la necesidad de animar al retomo de los refugiados, que serían conducidos hacia la frontera después de haber firmado una declaración de «regreso libremente a España». Los refugiados que poseían recursos propios podrían escoger libremente una residencia que debía ser notificada y tener el carácter fijo (los departamentos de la región parisina, Seine, Seine-et-Oise, estaban prohibidos, para fijar residencias de españoles)[17]. Para todos los otros refugiados, la inmensa mayoría, se establecieron situaciones especiales de alojamiento. Estas «situaciones especiales» se convirtieron en los campos de internamiento y otros centros de albergue, acondicionados mal y rápidamente para los españoles, donde las condiciones médicas y de avituallamiento citadas por Sarraut, no fueron puestas en práctica. En principio se entregó un Laissez-Passer con validez de un mes a cada refugiado para que lo cumplimentara con sus datos. La medida del gobierno galo pretendía que al cabo de ese mes muchos exiliados hubieran vuelto a España. Como sabemos, la realidad fue muy diferente. Además, se realizó un censo de información el 31 de diciembre de 1939 donde se cifraba la población española, considerada «no refugiada» en 439 945 personas, de las que 211 063, estaban contabilizadas como «sans profesión»[18].

Las detenciones por motivos políticos aplicadas por la legislación francesa del gobierno Daladier, empezaron a principios de septiembre de 1939. Respondían a un clima de guerra y a medidas legislativas de excepción y se basaban en la «loi du 12 novembre 1938 sur l’internement des étrangers suspects». La policía francesa comenzó a realizar una serie de listas y localizaciones de personas empezando por los simpatizantes comunistas. Salvo los campos para «indeseables» que dependían del Ministerio del Interior, todos los demás pasaron a la jurisdicción militar y al Ministerio de Guerra, bajo la dirección del general Ménard, quien también dirigió el uso de extranjeros para la defensa nacional. En cada región militar, los campos dependían de un Service des étrangers internados a caigo del 2ème Bureau y la dirección de cada campo era encargada a un teniente o capitán[19].

Para poder gestionar la masa humana de exiliados se dictaron una serie de normas con la finalidad de definir el sistema de acogida bajo el supuesto de «refugiados españoles». Cuatro regímenes administrativos fueron aplicados a los españoles según su honorabilidad, su apariencia, sus antecedentes (políticos y penales) y su actitud en general. Las condiciones, basadas fundamentalmente en la aplicación del decreto ley del 2 de mayo de 1938, se fijaron a partir del 11 de febrero de 1939[20].

Un primer caso fijaba la entrega de un recibo de la Carte d’Identité que daba validez y libertad al refugiado y podía ser entregada en función de su vigencia (mensual o trimestral). La aplicación era para todo el territorio francés pudiendo ser reducida la movilidad a uno o más departamentos. Este recibo legal sería entregado a todos los extranjeros, con situación personal especial o si se trataba de algún personaje honorable. Para los españoles, en principio, el visado sería igual que para todos los otros extranjeros. Éste representaba el régimen de entrada más favorable y ventajoso. De todas maneras, su regulación estaba sujeta a una comprobación de los antecedentes de la persona en cuestión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que debía avalar sus garantías.

Un segundo caso especificaba la entrega de un «salvoconducto provisional», de renovación mensual y limitado en movilidad a un solo departamento, incluso aúna sola ciudad o población. Era mucho más restringido y obedecía a un modelo creado especialmente para muchos refugiados donde figuraba en una ficha, el estado civil de la persona y sus huellas dactilares. Sería ofrecido a todos los refugiados considerados no peligrosos, pero implicaba la mínima circulación de éstos. El gobierno francés pretendía con este modelo agrupar a los españoles para controlarlos. Era el régimen que se concedía a la mayoría de exiliados españoles.

Un tercer caso asignaba a «residencia fija en una localidad determinada». Era un régimen de entrada aplicado a aquellas personas que, debido a sus antecedentes, debían ser vigiladas o que presentaban un comportamiento dudoso. Esta modalidad permitía aplicar sanciones penales graves a los que abandonasen su lugar fijo de residencia.

Un cuarto caso asignaba a «residencia fija en un centro especial de agrupamiento», régimen adoptado para los refugiados considerados particularmente peligrosos para la seguridad pública.

La realidad, sin embargo, fue muy diferente. Todos los soldados, exmilitares republicanos y la mayoría de hombres de mediana edad fueron a parar al modelo cuarto, es decir, a campos especiales de agrupamiento donde se les realizó unas fichas de estado civil personales para el control exhaustivo de refugiados durante sus primeros días[21]. La «asignación fija a residencia» fue aplicada a la mayoría de todos los demás casos. El «salvoconducto» se aplicó a mujeres y niños sin antecedentes, que fueron considerados por el gobierno francés «personal civil», pero como muchos de ellos no tenían recursos, ni residencia ni trabajo, también fueron recluidos en albergues o centros de acogida. El primer caso sólo se aplicó a ciertas personalidades políticas o algún artista o intelectual[22].

En realidad, la selección de personas no fue tan sutil como los decretos que firmaba Daladier en el Quay d’Orsay y, desde un primer momento, el control de españoles devino casi una obsesión. El 10 de febrero, el Ministro Sarraut envió una carta a los prefectos y jefes de policía de todo el territorio (incluido el gobernador General de Argelia), para recordarles que era indispensable extremar la vigilancia de los españoles. También desde todos los servicios de la Sûreté Nationale[23] se dieron instrucciones rigurosas. En primer lugar, la policía debía registrar a todos los refugiados para evitar que entrasen armas en territorio francés —condición sabida obligatoria para todos, mujeres y niños incluidos—. En segundo lugar, se mencionaba la necesidad de evitar que los refugiados se dispersasen por el territorio y se prohibía la salida de los centros de residencia —campos u otros habilitados.

La interpretación de las órdenes ministeriales variaba bastante en función del prefecto que las recibía. Desde la prefectura de Tolosa, por ejemplo, a partir de marzo de 1939 se procedió a «seleccionar» a los españoles del Comité Universitaire de Toulouse para determinar bajo la confección de listas policiales qué debían hacer con los estudiantes españoles. Otra vez la obsesión por la clasificación. Quien no fuera considerado «intelectual» debía ser internado en un campo de concentración, pocas opciones dejaban a los españoles.

Esta penosa acogida al otro lado de los Pirineos respondió a una falta de preparación por parte francesa además de otros problemas internos donde intervino la indiferencia de terceros países[24]. La única solución prevista en febrero del 39 fue provisional: el aislamiento en campos de todos los hombres en edad de llevar armas a la espera de ser repatriados.

A pesar de la derrota en España, la reorganización política republicana fue rápida en los campos franceses, y destacaba la de los comunistas. La cohesión del partido (PCE, PSUC y PC de Euskadi) después de cruzar la frontera siguió viva y pronto los militantes comunistas se lanzaron al combate antifascista, condición e instrumento de la lucha antifranquista y en su dimensión militar. La cultura comunista de los militantes españoles, como veremos más adelante, jugaría un rol principal en la Resistencia en Francia[25].

Los españoles que eran cogidos fuera de su residencia inicial podían recibir una orden de expulsión, es decir, repatriación forzosa. En otros casos, como por ejemplo todos los españoles entrados clandestinamente, la obligación de Assignation à résidence surveillée implicaba también la información a las gendarmeries locales para fichar y vigilar a los españoles. Cierto es que la mayoría de los «clandestinos» tan pronto como eran detenidos eran conducidos a los campos del sur de Francia; para liberarse tenían que disponer de una residencia familiar y un trabajo fijo.

A pesar de que el gobierno francés se vio superado por las expectativas de acogida, la coordinación y las operaciones de vigilancia fueron muy intensas y ciertamente efectivas. La gran capacidad de los servicios franceses y su red policial actuaron extensamente en todo el territorio. Contrariamente a lo que pueda parecer, el control sobre los refugiados españoles por parte de la Sûreté Nationale fue mucho más importante que el aparente caos del exilio masivo republicano[26]. La función de muchos campos de concentración no fue sólo de refugio y alojamiento sino que algunos campos tenían como objetivo principal el control y clasificación de refugiados. El campo de Rieucros —en Lozère— estaba destinado a seleccionar a los españoles que debían ser repatriados o expulsados de Francia. En cierto modo, fue un campo previo a la deportación y así continuó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de fatales consecuencias para las personas que lo padecieron.

Los primeros refugiados en ser clasificados fueron los que habían ocupado en España funciones oficiales, miembros del gobierno, políticos, militares, los dirigentes vascos y catalanes, así como los líderes sindicales. Muchos de ellos no fueron internados pero sí fueron vigilados y controlados con obligación de fijar una residencia.

En el departamento de Seine, sólo podían residir personalidades relevantes de la política y las finanzas o de primer orden del mundo de la cultura y la ciencia. Cada semana, la policía mandaba al Ministerio de Asuntos Exteriores la lista de personalidades aceptadas para fijar su alojamiento en el departamento de Seine con una validez de dos meses. También podían residir en este departamento los españoles que tuvieran un pariente francés de línea directa, autorizado por el mismo a residir allí.

Los profesiones liberales como escritores, periodistas, profesores de universidad e intelectuales también fueron clasificados según unos certificados de «alta calidad intelectual» concedidos por la prefectura. Los que no tuvieran dicho certificado serían otra vez internados en campos; los que lo consiguieron, podían ser aceptados en otros centros de alojamiento o residencias particulares[27]. Se autorizó una asociación —vigilada— de profesores españoles en Francia, en la que tuvo un papel principal Rodolfo Llopis[28].

El resto de españoles eran invitados a fijar su residencia en otros departamentos que no estuvieran prohibidos expresamente. Asignados a residencia vigilada, eran dotados de un salvoconducto que incluía la duración del permiso y la obligatoriedad de establecerse en un departamento fijo.

Uno de los objetivos de las clasificaciones a partir del agolpamiento en los campos de refugiados fue diferenciar a los milicianos y hombres capaces de trabajar de los niños y mujeres. El gobierno francés estaba muy preocupado por solucionar el tema de los milicianos republicanos, referidos a hombres en edad de trabajar o de realizar la prestación militar. El 11 de noviembre de 1939, una primera clasificación general daba un censo de 101 552 milicianos, de los que más de la mitad todavía estaban en los campos de concentración. Una cuarta parte estaban integrados en las compañías de trabajo, otros tantos miles en equipos de trabajo agrícolas del estado o bien por cuenta propia; y solamente, unos 1550 se habían alistado en la Legión Étrangère o en formaciones militares de voluntarios. Estas cifras nos proporcionan una referencia importante sobre la situación de la masa masculina refugiada. Otra estadística de primer orden señalaba el número de españoles, clasificados por departamentos, de los hombres, mujeres y niños, según dos parámetros que preocupaban enormemente al gobierno francés: si estaban «à la charge de l’État» o bien, si estaban «Hébergés par des particuliers ou oeuvres charitables». Sin entrar en demasiados detalles, esta última estadística ponía de manifiesto los esfuerzos por controlar las manutenciones y gasto público derivados del exilio español. En ese sentido, el gobierno francés priorizó las necesidades de control[29].

El grupo integrado por antiguos brigadistas internacionales que no tenían autorización de residir en Francia antes de 1936 eran expulsados del país antes de 4 días. Los autorizados debían volver a su domicilio original. Igualmente, los refugiados provenientes de los países del eje, se les asignaba una residencia obligatoria[30].

Previendo un estricto control sobre los refugiados, algunos fueron directamente a París para alojarse y permanecer más o menos de forma clandestina, amparados por la masificación de la gran ciudad. En abril, ante el creciente número de exbrigadistas y refugiados instalados en la capital, desde la dirección de la policía se tomaron medidas más contundentes. La disposición citada de dirigir a los extranjeros a otros departamentos fue sustituida por una orden directa contra los excombatientes: debían ser dirigidos por grupos a secciones del campo de Argelès y Saint-Cyprien. Para mejor ejecución de dicha orden, se dieron instrucciones precisas a las brigadas de policía, a la Policía Criminal y a la Sûreté Nationale para que todos los antiguos milicianos descubiertos fueran detenidos en la Prefectura de París. Desde allí se estableció una relación de control directo con el Prefecto de los Pyrénnées Orientales y asegurar su internamiento. Los individuos que intentaran escapar de esta medida, serían expulsados de Francia con excepciones solamente aplicables a los enfermos o mutilados[31].

Dada la estricta situación de control, se estableció un acuerdo con el SERE y el gobierno mexicano para realizar un censo que permitiera a muchos españoles reemigrar al país americano. El 4 de mayo del mismo 1939, Jean Berthoin, Secretario General del Ministerio del Interior, autorizó la formación de la comisión del SERE, de acuerdo con la delegación mexicana en Francia, para efectuar dicho censo. Los españoles debían cumplimentar un modelo reglamentario de salvoconducto o permiso de viaje válido para toda Francia además de una atestación expedida por la delegación mexicana en París y visada por la policía. Los encargados de realizar el censo tenían permiso para visitar los campos de concentración y centros de albergue. Los españoles debían rellenar dichos documentos bajo la condición de no realizar ningún tipo de actividad ni propaganda política[32].

Otras disposiciones giraron alrededor del reagrupamiento de las familias, la mayoría separadas. En miles de casos los españoles se vieron incorporados en las Compañías de Trabajo Extranjero, internados en campos militares o voluntarios de la legión dentro de los Batallones de Marcha o en trabajos de fortificación y defensa. Después de la declaración de guerra y del Decreto de Movilización General, se formaron con rapidez y se adscribieron a ellas unos 55 000 españoles, 12 000 enviados a la línea Maginot y unos 30 000 a la zona entre esa línea y el río Loira. Los integrantes de estas CTE trabajaban en obras públicas, en la construcción o reparación de instalaciones militares, la industria bélica, etc.[33].

Ante la dispersión general de refugiados, el Ministerio de Interior francés intentó agrupar a las familias siempre bajo dos preceptos principales: la conducta irreprochable del refugiado (desde el punto de vista moral y político) y la capacidad de supervivencia o de medios propios del considerado «cabeza de familia». Si se cumplían esas dos condiciones, que obligaban al refugiado a tener un puesto de trabajo en Francia, éste podía reunirse con su familia. También se aceptaban los casos en que el refugiado era integrado en una CTE: se le daba la posibilidad de que la familia se trasladara donde éste se encontrara para poder reagruparse. Para los reagrupamientos también se mantenían todas las disposiciones anteriores de prohibición de determinados departamentos, puestos de trabajo, etc.

La norma de reagrupamiento provocó una avalancha de peticiones por parte de miles de familias de refugiados. Dado que el gobierno francés permitía la liberación de un refugiado si tenía familia directa residente en Francia, muchos de ellos presentaron cartas alegando familiares con domicilio fijo, trabajo, etc., para poder liberarse de los campos y poder vivir con su mujer e hijos, y viceversa. El gobierno estableció un precepto más sutil para evitar la enorme cantidad de peticiones. En realidad, las desestimó todas acogiéndose a la condición de residente en Francia anterior a 1936. Todos los residentes posteriores eran considerados refugiados políticos y como tales no podían acogerse a las disposiciones especiales para poder reunir a sus parientes. Los residentes debían cumplir la mencionada condición de «antigüedad». De esa forma, la libertad personal y familiar pasaba por la incorporación a un puesto de trabajo en Francia. La entrada en «la vida económica del país» les permitía perder la condición de «refugiado asistido»[34].

El decreto francés del 12 de abril de 1939 cambió algunas disposiciones ya que la autoridad militar creó las CTE. También por esas fechas fue prohibida la propaganda, la correspondencia y la difusión de prensa republicana (Decreto del 17 de abril de 1939), que coincidió con la publicación, en varios periódicos, de las actividades y conmemoraciones del 14 de abril en honor de la proclamación de la República[35]. Todas las medidas de persecución contra la prensa antifranquista y republicana se añadieron a la persecución física y a la voluntad de regular la condición de los exiliados.

Desde los internamientos masivos de enero, febrero y marzo de 1939, la población en los campos fue disminuyendo. A mediados de junio eran 162 932 los internados y a finales de julio 95 336. Un año más tarde, quedaban algo menos de 5000 españoles internados, la mayoría de ellos en Argelès (unos 3000). La disminución se debió a varias causas: el retomo a España, la reemigración a otros países, la utilización por parte de la administración francesa de los refugiados como mano de obra y los contratos privados de empresarios franceses a algunos de ellos[36].

Como referencia, a partir del armisticio en junio de 1940, 18 000 refugiados habían reemigrado hacia América, unos 125 000 se habían quedado en la metrópoli francesa y otros 10 000 se encontraban en el norte de África; todos los hombres, habían pasado, como mínimo, por los campos de concentración y de internamiento del sur de Francia a principios de 1939. En cuanto a las mujeres y a los niños, habían sido trasladados, durante algún tiempo, al interior; hacia la zona más próxima del midi francés; solamente en la Haute-Garonne habían más de 8 centros de acogida.

Muchos de los internados en campos fueron dirigidos hacia la industria de guerra, muchos otros hacia la agricultura. A pesar de las condiciones de trabajo en una economía de guerra, esa situación ayudó a mejorar las condiciones de hacinamiento en campos y de separación forzosa de familias. Fue en ese momento que empezaron las nuevas políticas de repatriación. Pero seguían quedando dos categorías de refugiados españoles por atender: las mujeres, los niños y los ancianos.

El 7 de febrero de 1940, una circular interna dirigida a los prefectos determinaba que los refugiados que todavía estaban a cargo del Estado debían ser divididos en dos grandes categorías: los que debían ser repatriados a España (o a un tercer país) y los que podían quedarse en Francia:

Los repatriados:

Los niños que tuvieran a sus padres en España.

Los huérfanos, a menos que por ciertas circunstancias el prefecto considerase oportuno que se acogieran a la asistencia pública francesa.

Las mujeres y niños que no pudieran justificar su sustento natural en Francia ya fuera por medios propios o porque el cabeza de familia se encontraba en un campo de concentración, en una formación militar o trabajando en la industria de guerra —militar, agrícola o industria.

Los enfermos o inválidos refugiados en Francia no por motivos políticos sino por escapar de la Guerra Civil en España[37].

Bajo normas muy rigurosas, se aplicaban algunas excepciones en los casos en que los refugiados pudieran procurarse un trabajo de inmediato para subsistir o los casos en los que el regreso a España supusiera un peligro grave para la vida y libertad del repatriado. Según los prefectos, la mayoría de mujeres no corrían ningún peligro al volver a España, lo cual no era cierto. Los refugiados que se quedaran en Francia debían encontrar un empleo y tener un comportamiento intachable, en caso contrario serían inmediatamente conducidos hasta la frontera española. Los que no pudieran encontrar trabajo, serían dirigidos al Ministerio de Trabajo para tramitarles fichas de orientación profesional.

Los refugiados afectados por estas disposiciones debían partir lo antes posible a través de la frontera de Hendaya-Irún y los convoyes serían escoltados por patrullas de guardias-móviles hasta la frontera.

Los de la segunda categoría podrían permanecer en Francia:

Los refugiados válidos susceptibles de ocupar un empleo remunerado.

Los inválidos, heridos e incurables que no pudieran volver a España sin riesgo de represalias políticas. Este grupo sería acogido por el Ministerio de la Salud Pública.

Las familias cuyos miembros, uno o el cabeza de familia, hubiera conseguido un empleo remunerado. Este grupo, una vez conseguido domicilio, dejarían de ser considerados refugiados al cesar el Estado de hacerse cargo de ellos. Además tendrán ayudas del gobierno para reagrupar el núcleo familiar. La necesidad e insistencia por el reagrupamiento residía en que la reunión del núcleo familiar garantizaba la estabilidad del trabajador, indispensable para el rendimiento y, según el propio Sarraut, «indispensable para la actividad del país».

Las familias cuyo miembro principal perteneciera a una CET o a una formación combatiente.

Las familias cuyo miembro principal estuviera internado como sospechoso de algún delito.

La estrategia del Ministro del Interior solamente perseguía librarse de la necesidad de destinar presupuestos extraordinarios a fondo perdido al problema de los refugiados españoles. Con esas medidas, parecía que gran parte del problema, sobre todo con el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de tantas personas se iba solucionando. El informe de Sarraut concluía que gracias a las medidas tomadas, el número de refugiados a cargo del Ministerio del Interior se había reducido hasta una cantidad mínima:

J’entends, en effet, qu’á cette date, le nombre des réfugiés à la charge de l’État, au titre du Ministère de l’lntérieur soit devenu infime. Notre hospitalité reste ouverte à qui apporte à la Nation le concours de son travail; l’intérêt supérieur du pays commande qu’elle soit désormais fermée —hormis pour les invalides et les malades et sous les réserves indiquées plus haut aux oisifs ou aux inútiles[38].

Los preceptos del gobierno francés sobre refugiados tenían que cumplirse para el 15 de marzo de 1940. Se estableció una prórroga hasta el 1 de mayo para poder evacuar los campos de concentración de españoles. Esta prórroga establecía que el gobierno y el Ministerio de Trabajo debían detener las repatriaciones durante unas semanas para procurar insertar el mayor número de mujeres y de jóvenes refugiados en puestos de trabajo.

Operaciones de reclutamiento para el trabajo

El artículo 3 del Decreto del 12 de abril de 1939 estableció que los extranjeros beneficiarios del derecho de asilo que tuvieran entre 20 y 48 años, debían proveer a las autoridades militares prestaciones y trabajos ejecutados en formaciones militares y análogas. Un año más tarde, se modificó este decreto para ampliar a jóvenes de entre 17 y 20 años y a varones de 49 a 55. Los españoles fueron reclutados sin tener en cuenta las formalidades administrativas pertinentes. En un principio se acordó que los trabajadores incorporados serían tratados como militares, es decir, se establecería una categoría análoga a la de los militares en cuanto a sueldo, alojamiento, permisos, etc. a pesar de que debían cumplimentar una serie de fichas obligatoriamente para poderlos contar y organizar; si no lo hacían podía conllevar la expulsión a España[39].

Sin embargo, en el verano de 1939 la guerra europea era inevitable. El reclutamiento de españoles para las CTE se acentuó, el trabajo se convirtió en un servicio obligatorio para todos los extranjeros y el servicio militar, una obligación para los franceses.

El trabajo, remunerado simbólicamente entre 50 céntimos y un franco por día, convertía a los refugiados en mano de obra precaria. Las primeras compañías fueron formadas por militares y se destinaron principalmente a los trabajos de la defensa nacional, sobre todo fortificaciones. En octubre de 1939 los campos de concentración se vaciaron de hombres ante la necesidad de mano de obra de los franceses. Algunos miles volvieron a España dadas las pésimas condiciones de vida en el país vecino. Según algunos datos, a finales de 1939, el número de «refugiados políticos», sin contar el resto de la colonia española, ascendía a unas 140 000 personas[40].

Devino urgente hacer un recuento de españoles en las compañías para poder establecer cuántos y quiénes tenían derecho de asilo en Francia. Se designó a un representante del Service des Étrangers de la prefectura de policía dentro de las CTE para contar el número de españoles y determinar su «estatus» de derecho de asilo. Los españoles que solicitaron el derecho de asilo, debían cumplimentar cuatro ejemplares de las fichas de control que los comandantes de las compañías regulaban y mandaban posteriormente a las prefecturas de policía. Estas copias se enviaban a los ministerios de la Defensa Nacional y de Guerra, del Interior, concretamente a la Dirección de la Policía del Territorio y de Extranjeros, al Buró de Reclutamiento y a los Archivos Departamentales correspondientes. Una vez finalizado el recuento, se crearon unas comisiones de revisión para estudiar cada caso.

Los españoles mayores de 55 años también podían presentarse voluntarios para el trabajo en compañías. El Ministro del Interior advirtió a los prefectos que las compañías y los centros de reclutamiento debían funcionar, como mínimo, hasta el primero de junio de 1940. La confirmación del mantenimiento de los centros de alojamiento para españoles fue muy importante para la perduración de la idea de «almacenar» refugiados como posible medida de control de extranjeros y, según el Ministro de Trabajo, como verdaderos «depósitos de mano de obra»[41]. En ese sentido, a partir del 30 de abril de 1940, se puso en marcha la revisión de los centros de refugiados y de sus condiciones con la finalidad de mantener a los españoles agrupados y disponibles.

Los primeros motivos que justificaron el mantenimiento de dichos centros fue la necesidad imperiosa de mano de obra para la industria y la agricultura. El Ministerio de Trabajo aceptó cubrir los gastos ocasionados por la manutención de los españoles a cambio de mantenerlos en centros o campos para poder utilizar su fuerza de trabajo. Así, los campos de Bram (Aude) y Gurs (Alta Garona), entre otros, fueron centros de agrupamiento de españoles. El gobierno francés empezó a realizar estadísticas sobre hombres, mujeres y niños aptos para el trabajo[42]. No podían ser «reclutados» los españoles peligrosos para el orden público, los mayores de 70 años y los enfermos graves que serían hospitalizados a cargo del Estado. La difícil situación de Francia provocaba cambios constantes en las condiciones de vida de los refugiados. La nueva hoja de clasificación se mandó a los prefectos departamentales para que realizaran las estadísticas necesarias de forma urgente[43].

Para una control más efectivo, las compañías no pudieron realizar ningún desplazamiento entre el 15 al 31 de mayo mientras duraron las comisiones de revisión. Gracias a estas disposiciones ministeriales de revisión tenemos la clasificación hecha por la Dirección de Policía en mayo de 1940: las hojas de revisión, realizadas por la Dirección de Policía se terminaron a finales de mayo y fueron mandadas al ministerio. En total, operaban más de 208 compañías repartidas por todo el territorio. La media era de 250 españoles por compañía. Los campos y centros de agrupación de compañías eran unos 98 en toda la Francia metropolitana[44].

Berthoin estudió una medida general que proponía la «liquidación del problema español» mediante una operación nacional de reinserción social y laboral con éxito. En una reunión el 26 de abril de 1940, el Ministro expuso todos los gastos ocasionados por el exilio español y por los créditos otorgados para cubrir dichos gastos. Según Berthoin, en abril de 1940, todavía había 175 000 españoles que recibían subsidios del estado francés. Del informe y la reunión, una vez más, se concluyó que ese problema debía ser solucionado de forma inmediata[45].

Desde España también se empezó a gestionar el problema de la masa de españoles exiliados desde nuevas perspectivas. Los representantes franquistas, a través de la embajada y el consulado en París, prohibieron a los españoles dotados de un certificado de nacionalidad enrolarse en el ejército francés. De lo contrario, la nacionalidad española sería retirada. El gobierno de Franco, empezó a ver positivo el retomo de los españoles residentes en Francia, libres o dentro de campos de refugiados, para ayudar, en vez de a Francia, a levantar la economía española y a reconstruir el país.

Como es sabido, España se encontraba en una situación económica cada vez más deficitaria. La economía, industria y comercio españoles no producían suficiente ni para el consumo interno. Gran número de hombres en edad de trabajar habían perecido en el frente y muchos otros, obreros especializados, se encontraban refugiados en Francia. El gobierno español, ante su depauperada situación, aprovechó las circunstancias internacionales de guerra para reclamar el retomo de los exiliados. La llamada de Franco se resumía en que «todos los españoles con la conciencia pura y el pasado honesto, tienen su lugar en España para trabajar y reparar las desgracias del pasado»[46]. El mensaje de Franco iba claramente dirigido a los trabajadores, excluía a políticos e incapacitados. Cada vez que un refugiado se dirigía a algún consulado o la embajada, se le persuadía para retomar a España.

El gobierno francés, en otra de sus decisiones de colaboración con España, concedió permiso para que representantes franquistas visitaran los campos de internamiento con el objeto de incitar a los refugiados al regreso. Ya desde abril de 1939 se habían dado instrucciones en ese sentido a los responsables de los campos. Paralelamente, el gobierno franquista seguía enviando listas de republicanos acusados de «delitos de sangre»[47].

Por ello, las autoridades francesas decidieron «acordar todo tipo de facilidades a los representantes extranjeros encargados de proceder al examen de las peticiones de visado presentadas por los refugiados españoles». Poco a poco, esa actitud fue variando a partir de la declaración de guerra entre Francia y Alemania, ya que el gobierno franquista quiso evitar un retomo masivo. Desde ese momento, el gobierno de Franco repartió propaganda para provocar un retomo mucho más controlado, fichado y selectivo:

… ya nadie cree en la leyenda de la represión… Volved a la España, Una, Grande y Libre que os está esperando. Mientras que la guerra os ha dejado huérfanos sobre un suelo extranjero, vuestra Patria os espera. Vosotros, españoles que tenéis una conciencia pura y un pasado honorable, encontraréis aquí el lugar que os corresponde para trabajar para hacerla mejor y para curarla de sus males[48].

De todas formas, el consulado español, en su estrategia por controlar —y depurar, si era necesario, a los refugiados políticos— no concedía pasaportes ni certificados de nacionalidad. Daba a los españoles un «salvoconducto» provisional con el fin de poder clasificar en afectos o desafectos a los refugiados que retomaban. Este simple salvoconducto no representaba ninguna garantía. Muchos españoles fueron reticentes a repatriarse. Los gastos de repatriación de los españoles considerados «no sospechosos» iban a cargo del gobierno español. La orden de propiciar repatriaciones de mano de obra y de correr con los gastos fue extendida a todos los cónsules españoles en Francia. Por parte francesa, bajo los diferentes acuerdos de repatriación, el Ministère des Travaux Publics puso a disposición de la Embajada española en París un tren especial y algunos vagones extra añadidos a trenes regulares cada vez que un grupo de españoles era repatriado[49].

En definitiva, todas las operaciones de reagrupamiento en centros y control de refugiados determinó el destino de miles de españoles ante la entrada de los alemanes en Francia. El hundimiento de Francia ante la ocupación nazi y el cambio de régimen, precipitaron nuevas fórmulas y variantes para abordar el problema de los refugiados.

El nuevo gobierno de Vichy impulsaba una corriente política hostil a los extranjeros y tomó medidas extraordinarias: retiró la nacionalidad francesa a quienes la habían obtenido durante los años anteriores y empezó el control estricto sobre los «enemigos de la revolución nacional», sobre todo judíos y franco-masones. Se opuso a la entrada de más refugiados e invitó a los exiliados españoles a volver a su país. Las CTE fueron disueltas desde la firma del armisticio y gran parte de los españoles que se encontraban en zona libre fueron obligados a volver a los campos de concentración, aunque algunos pudieron seguir trabajando en la agricultura o en distintas actividades en situación semiclandestina. Las CTE fueron reemplazadas por otras compañías que eliminaron el empleo a título individual e introdujeron un reclutamiento grupal. Esto implicó la concentración masiva de exiliados. Una ley del 27 de septiembre de 1940, dirigía la nueva legislación sobre extranjeros y, en octubre, las compañías se volvían a recuperar como Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE) manteniéndose, con ciertas modificaciones, también en la zona ocupada. La creación de las GTE, aparte de aprovechar por imperativo económico la mano de obra baratísima, también separaba del mercado de trabajo un contingente muy grande de competencia insoportable[50].

Otro grupo de españoles que, por su adscripción política, sobre todo anarquistas y comunistas, fueron controlados más escrupulosamente, fueron obligados a trabajar en las GTA (Grupos de Trabajo Agrícola). De esos, los que podían desprender plantear dudas sobre su potencial conducta problemática en territorio francés o bien, a causa de sus antecedentes, serían dirigidos al campo masculino de Vernet (Ariège) y las mujeres al campo de Rieucros (Lozère). Los refugiados que tenían familias con hijos menores de 18 años, serían enviados a los campos de Rivesaltes (Pirineos Orientales); todos los demás, debían ser internados en los campos de Argelès (Pyrénées-Orientales) o Gurs (Basses-Pyrénées[51]). Estas medidas policiales explican la permanencia, sobre todo en Argelès, Rivesaltes, Noé y Gurs, de internados españoles hasta el año 1945 y 1946[52].

Durante los dos años que prosiguieron, la mayoría de españoles refugiados se situaron en la zona libre y los que permanecieron en la zona alemana fueron reclutados por los alemanes dentro de la organización Todt, compañías de muy duras condiciones de vida y trabajo. La selección masiva de trabajadores forzados, terminaría en la deportación a campos alemanes.

De hecho, en la toma de Dunkerque por los alemanes, el 4 de junio de 1940, la mayoría de españoles hechos prisioneros fueron forzosamente incorporados en la organización Todt, llamada así por su jefe, el ingeniero alemán Fitz Todt, y encargada de la construcción del Muro del Oeste (de la fortificación militar de la frontera occidental de Alemania que llegaba hasta el Atlántico)[53]. Una serie de fondos documentales depositados en París analizan ampliamente todos los procesos de la Organización Todt y los Rotspanier[54].

El nombre lo acuñaron los alemanes, que definieron a los españoles refugiados como Rotspanier. Tan solo en territorio de Vichy más de 1300 españoles fueron obligados a trabajar en campos de la organización Todt. Algunos se escaparon y lucharon contra los alemanes incluso organizando atentados en departamentos más seguros del sureste o del centro. En una carta del 20 de marzo de 1942 entre el director ministerial alemán Dr. Best y el delegado del Ministerio del Interior se trataron las acciones represoras a tomar contra los evadidos. Hemos encontrado el caso del campo llamado La Pallice del que, el 1 de febrero de 1942, se escaparon 310 españoles, principalmente trabajadores refugiados, anarquistas y comunistas. La lista fue enviada a la Komandantur para que detuviera e internara a todos los fugitivos[55].

La administración alemana gestionó el asunto de los Rotspanier como un problema de agrupación e internamiento de mano de obra. Problema cargado de una indiscutible interpretación represiva hacia los españoles refugiados. Se generó importante documentación al respecto: fotos, planos, reglamentación sobre los internamientos, etc. Por su parte el gobierno de Vichy, poco pudo hacer pero respetó el pacto con México para salvaguardar la vida de algunos políticos. La policía de Vichy llegó a detener a más de 240 soldados alemanes por delitos de sangre en territorio francés; Léon Bérard, desde la comisión francesa para el armisticio envió dicha Esta el 16 de diciembre de 1941 a la cúpula de Vichy afirmando que todos los detenidos eran acusados de asesinatos, abusos, violaciones, robos, etc., contra ciudadanos franceses[56].

Es relevante mencionar las estrategias de agrupación e internamiento alemanas. Muchos españoles fueron reagrupados en campos y compañías de trabajo con la excusa de un decreto emitido por la administración nazi, llamado decreto de Nomadismo. Eran consideradas nómadas las personas sin domicilio fijo, sin profesión determinada o sin trabajo y sin ingresos. También eran considerados nómadas los bohemios y los gitanos. Un decreto del 6 de abril de 1940 incluyó como nómadas al grupo de los refugiados españoles, incluidos los refugiados en Francia. Bajo ese supuesto, se pretendía evitar la libre circulación de las personas consideradas «nómadas» apelando a la «seguridad pública». A partir de ese decreto les era obligado fijar una residencia en algún centro, albergue o campo de reagrupamiento [concentración], bajo la vigilancia de la policía y la gendarmería[57].

A causa de esta ley, la libre circulación de personas disminuyó muy considerablemente. Donde más se apreció fue en París. Muchas personas huyeron a otros departamentos o se escondieron. Los que fueron sorprendidos y no pudieron dar fe de trabajo estable, residencia fija, etc., fueron detenidos e internados en el campo de Monthléry o fijados en lo que fueron las primeras «ciudades» de agrupación a las afueras de París, en Seine-et-Oise.

Los nazis no se anduvieron con rodeos y el centro alemán en el Hôtel Magestic de París, pidió una lista completa y por departamentos de todos los Rotspanier a los prefectos franceses. En algunos casos, al final de los informes de los prefectos, en muchos departamentos de toda Francia, se incluía una nota que afirmaba que los elementos españoles, vencidos en la Guerra Civil no habían ocasionado ningún problema en su departamento ni a la población francesa. Incluso el prefecto de París mandó una nota a favor de los españoles al jefe de la administración alemana de la sección administrativa y de la policía[58]. Desgraciadamente, la posición de algunos cargos franceses, en zona ocupada y en zona libre, no evitó internamientos masivos en campos y lagers alemanes, donde se encontraron con prisioneros ingleses, gitanos, judíos, etc., y encontraron un triste y cruel final. Con tantos conflictos —como en la línea de demarcación de la frontera entre la Francia ocupada y la de Vichy y muchas otras discusiones políticas— la administración alemana y la francesa tuvieron profundos desacuerdos[59].

En ese escenario, es difícil apreciar hasta qué punto los franceses fueron conscientes de que estaban jugando con la vida de miles de personas inocentes; pero los procedimientos alemanes sobrepasaron las capacidades de reacción de muchos políticos franceses. Las listas, los internamientos, la organización Todt, y muchas disposiciones represoras no tuvieron una gestión única por parte de los hombres de Pétain.

Con ayuda de la administración alemana, Lequerica pidió que el acuerdo franco-mexicano, permitiera retener en Francia a un grupo fichado de refugiados «potencialmente peligrosos» que no convenía ni que emigrasen a América ni que retomaran a España. En eso influyeron también las presiones de Estados Unidos[60].

El 11 de noviembre de 1942 los alemanes traspasaron la línea de demarcación y ocuparon la zona libre. Vichy pasó a depender de las fuerzas de ocupación y como consecuencia, se creó el Servicio de Trabajo Obligatorio (STO) a través del cual se comprometía a mandar obreros a Alemania para la industria de guerra. Esto aumentó los grupos de la organización Todt[61].

El STO fue instituido por ley el 16 de febrero de 1943. A través de ese decreto (uno de los textos que inculparon más flagrantemente a Pétain en el proceso contra él en 1945), miles de franceses y refugiados extranjeros fueron conducidos a Alemania o a territorios alemanes para trabajar en la retaguardia a favor de la industria de guerra nazi. Agrupados en Oflags o Stalags, más de 250 000 franceses fueron reclutados por el STO.

El penoso pacto del mariscal Pétain con los alemanes fue el del retorno de un prisionero francés por cada tres especialistas. Este pacto no se cumplió y las condiciones de trabajo, sobre todo en las canteras, los campos de trabajo y empresas Todt, pronto fueron criticadas también por los franceses. Entonces, el gobierno de Vichy propuso potenciar trabajadores extranjeros «para no sacrificar sangre y sudor galos».

Un episodio triste con origen en la política de agrupamiento y trabajo que había empezado en las CTE y terminaría en hornos crematorios[62]. Tal como refleja un informe enviado a los prefectos de octubre de 1943, fue una acción de protección de los ciudadanos franceses por parte de Vichy que desembocaría en fatales consecuencias para españoles y otros extranjeros, como italianos.

Se calcula que fueron forzados a ir a Alemania unos 40 000 republicanos españoles. Otras cifras oficiales calculan unos 26 000 dado que hubo deserciones masivas[63]. Al terminar la guerra, algunos de ellos serían considerados «prisioneros de guerra por colaboración con el enemigo» y los que participaron en la construcción del muro atlántico fueron detenidos por los ingleses[64]. Otros pocos fueron repatriados. Todo vino condicionado por la nueva situación internacional y muy determinantemente por la injerencia del gobierno franquista sobre los españoles refugiados en Francia.

En el asunto de las deportaciones a Alemania, el gobierno de Franco y su máximo responsable Serrano Suñer, se lavó las manos. Los «rojos» españoles no eran españoles y por tanto, la solución quedaba en manos de las autoridades alemanas. Eso mismo dijo Serrano Suñer en una entrevista con el máximo jefe de la Gestapo Heinrich Himmler, en septiembre de 1940, un mes después de ser enviado el primer convoy de civiles españoles a Mauthausen proveniente del Camp des Alliers en Angoulême[65]. El primer convoy de prisioneros militares españoles a Mauthausen procedía del campo de prisioneros de guerra Moosburg VII-A en Baviera con 398 españoles. Salió de Moosburg el 5 de agosto de 1940 para llegar al día siguiente a Mauthausen.

Un número importante de españoles fue deportado e internado en campos nazis —especialmente el de Mauthausen, donde fueron confinados más de 7000 españoles—. La mayoría llegaron en los años 1940 y 1941, hechos prisioneros durante las razias de 1940 junto con soldados franceses[66]. Después de 1941, pocos españoles llegarían a Mauthausen, de los cuales, alrededor de los dos tercios perecerían allí.

Entre 1940 y 1945 fueron deportados casi 9000 republicanos españoles a los campos de concentración nazis. De éstos, tan sólo 3000 sobrevivieron. El primer grupo de españoles fue deportado entre 1940 y 1941 principalmente al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, procedentes de los campos de prisioneros de guerra. Allí fueron categorizados como «apátridas» pero con la S de «Spanier». El segundo grupo de españoles fue deportado entre 1943 y 1944 a partir de su participación o relación con las actividades de la Resistencia francesa y por ello considerados «prisioneros políticos españoles». Los republicanos estuvieron internados en once campos de concentración (Buchenwald, Mittelbau-Dora, Dachau, Flossenbürg, Neuengamme, Natzweiler, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen y Grob Rosen) y dos campos de exterminio (Auschwitz y Stutthof[67]).

3. Se abre la veda en Francia: territorio de «caza y captura»

3. SE ABRE LA VEDA EN FRANCIA:
TERRITORIO DE «CAZA Y CAPTURA»

La Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de Francia, dividió este país en dos claras zonas territoriales y políticas: una, ocupada directamente por los nazis y administrada por el gobierno alemán desde el cuartel general ubicado en el Hôtel de Ville de París, centro de operaciones de los alemanes en Europa occidental; ésta correspondía también a la zona noroeste más una franja que descendía hacia Burdeos hasta Irún. La segunda zona fue administrada por el «nuevo Estado» francés, trasladado desde París a Vichy; a la cabeza del cual, el Mariscal Pétain, se rodeó de derechistas, conservadores, fascistas y militares que, a cambio de cargos y poder, aceptaron el armisticio que los sometía al Tercer Reich.

Esta división entre la «zona libre» y la ocupada, dejó, sin embargo, una presencia imprecisa de núcleos de resistentes que serían efectivos en determinados lugares. Eran grupos muy reducidos que, aparte de las organizaciones comunistas, representaron un símbolo político de lo que se llamaría la «Francia libre»: la de la Resistencia, organizada des del exilio francés de algunos generales como De Gaulle pero participada por miles de exiliados españoles que ayudaron a liberar Francia. Desde que Francia firmara el armisticio con Alemania, un sector de la población francesa y un gran número de españoles, rehusaron aceptar la nueva organización del país. Desde el 18 de junio de 1940 el general De Gaulle había lanzado proclamas de resistencia desde Londres. A partir de la total ocupación el 1942, la resistencia se generalizó.

Aparte de organización francesa resistente dirigida entre el norte de África y Londres, ésta propició la organización del llamado maquis antifascista, formado por resistentes que querían seguir luchando contra el invasor alemán y los regímenes autárquicos.

Muchos exiliados españoles participaron en dicha resistencia; la mayoría eran trabajadores, soldados de la Guerra Civil, enrolados en partidos de izquierdas, sobre todo los comunistas y anarquistas que aportaron una decidida actividad antifascista en Francia. Jean Moulin, saltó en paracaídas desde Inglaterra y se encargó de unificar las fuerzas resistentes dentro de la MUR (Mouvement Unifié de la Résistance) que se verán incluidos en un único grupo, creado en febrero de 1944, llamado FFI (Forces Françaises de l’Intérieur).

Los españoles, sobre todo los comunistas, después del paréntesis provocado por el pacto Molotov-Ribentropp, se unieron en bloque a la resistencia e integraron los FTP (Francs-Tireurs Partisans) o la MOI (Main-d’Oeuvre Immigrée). Muchos de ellos vivieron en su propia piel la deportación y los campos nazis, donde encontraron la muerte; otros fueron también perseguidos y encerrados o ejecutados en territorio francés y otros muchos fueron repatriados a España, fruto de acuerdos de colaboración y de la confusa política sobre el tema de repatriaciones. Confusa porque en un principio, los acuerdos hispano-franceses como Bérard-Jordana, en su afán por reprimir a los republicanos huidos, aceptaban la repatriación masiva de exiliados.

Sin embargo, el envío de los primeros convoyes, vía Irún, provocó la renegociación de repatriaciones. Franco no tenía suficientes centros penitenciarios, campos u otro tipo de espacios donde encerrar y «clasificar» a toda la masa de repatriados. Muchos niños fueron internados en albergues de Auxilio Social en España, muchas madres en prisiones hacinadas. Los padres en el exilio, en Alemania o desaparecidos. Un drama humano masivo que derivó hacia una clasificación bajo criterios más selectivos sobre los exiliados que convenía repatriar, juzgar y ejecutar en España. Todo con el fin de redimir, doblegar y eliminar orgánicamente a los republicanos españoles.

Así pues, parte del esfuerzo de la política exterior española en Francia se centró en colaborar con sus amigos alemanes[68] y con las autoridades de Vichy, para intentar, a partir de julio de 1940, localizar, perseguir y entregar o extraditar a España, los políticos, parlamentarios, diputados, ministros, etc., que habían tenido significación y cargos importantes durante la República y la Guerra Civil, bien en Madrid o en los gobiernos vasco y catalán. Desde ese momento, el gobierno español, a través del embajador Lequerica, intentó controlar a los políticos republicanos refugiados en Francia.

Las notas que envió Lequerica a la dirección de policía de Vichy eran claras y concisas y las dudas políticas que existían acerca de su actuación como máximo representante de la España franquista en territorio extranjero se disiparon con la ocupación alemana y la firma del armisticio. Había llegado la hora de actuar. Denunció algunas de las asociaciones españolas republicanas que, en su opinión, seguían manteniendo actividad en Francia. Sus agentes ya se habían ocupado de vigilarlas y pasarle los informes. En ese informe acusó explícitamente a la Comisión Permanente de las Cortes, refugiada en Aix; a Mariano Ansó como representante del gobierno de Negrín y sus funciones de ayuda a los refugiados españoles en sustitución del SERE y JARE; la actividad de la CNT y FAI encabezada por Federica Montseny; la masonería representada por Portela Valladares; los cuáqueros norteamericanos que ayudaban a los exiliados, etc.[69]. Sobre este último grupo existían amplios informes que relacionaban a sus miembros con algunos refugiados republicanos españoles:

Vichy le 15 octobre 1940,

P. M. Laffont au Directeur Chef de la 2ème Section.

Comme suite à la Note du 11-09-1940, la D. Police T. E. et concernant les ressortissants des groupements espagnols extrémistes mentionnés dans des documenta remis aux autorités françaises par M. de Lequerica, j’ai l’honneur de vous rendre compte des résultats de l’enquête à laquelle j’ai procédé confonnémentaux instructions reçues: […]. Le nommé KERSHNER, directeur de la secte religieuse «Les Quakers» s’identifie comme suit: KERSHNER, Howard, né le 17-11-1899 à Tesiot, Kansas (EEUU). Cette personne de nationalité américaine a son domicile habituel i Glen Rodge, est entré en France le 10 juillet 1940 venant de Lyon. Est arrivé à Vichy le 12 juillet 1940, après à Toulouse. […] Margaret Tawler, Herbert LAGLER, Antoni Ma, SBERT Massanet, et Mana Antonieta FREKES Jover, Pieire Louis RERTHAUD[70].

El comisario Laffont ejerció sobre los cuáqueros una estrecha vigilancia y elaboró informes detallados. También daba una lista de algunos exiliados que mencionaba de forma especial: José María Sbert, exdiputado de la Generalitat de Catalunya, refugiado en Vichy; Valentín Fuentes, exalmirante de la flota republicana, que se encontraba en Montauban; José Riquelme, general republicano, también en Montauban; Manuel Tenreiro, marino; Manuel Calvo, policía republicano; Luis Escobar; Fernando Abarrategui, magistrado del tribunal supremo republicano; Nicolás Alba; Alfonso Alejo, García Altagoitia, pintor; José Aranguren, general de la Guardia Civil en Barcelona que defendió la legalidad republicana; Enrique Líster, coronel acusado de terrorista; Francisco Puig, acusado de anarquista y comandante de un «barco pirata»[71]… Y así toda una serie de denuncias que abrían el camino a la actuación represora en Francia y a un colaboracionismo que los españoles sabían fecunda y eficaz. Lequerica se permitió además, sugerir algunas disposiciones adicionales en referencia a la actitud que debía tomar el gobierno francés con respecto a dichos republicanos y sus asociaciones. El gobierno francés empezó a sentirse presionado por los acuerdos con España y por los tomados con México. Los franceses no querían mantener tantos refugiados en su territorio; de ahí el enorme interés en que México acogiera a los republicanos españoles, sobre todo, a los que habían tenido alguna responsabilidad política. Además, algunos de los nombres dados por Lequerica eran protegidos, incluso funcionarios temporales de la delegación mexicana, con el riesgo de provocar, si se actuaba contra ellos, una ruptura de las negociaciones franco-mexicanas. Por este motivo, los servicios de información de Vichy plantearon algunas soluciones a los informes de Lequerica que contemplaban: a) solicitar a España la petición de extradición urgente de aquellos refugiados acusados de haber cometido algún delito, con el objetivo de tener un argumento frente a una posible protesta por parte de México; b) asignar una residencia vigilada en localidades alejadas de cualquier colonia española a las personalidades republicanas para quiénes no se solicitase la extradición, y c) obtener la garantía del gobierno mexicano de la libre circulación y embarque a través del Atlántico de futuros emigrantes[72].

Estas disposiciones preventivas serían muy importantes para analizar las operaciones realizadas por el gobierno de Vichy y sus estrategias. Vichy se mantuvo entre un doble juego entre España y México, a la vez que ejercía un estricto control sobre los republicanos españoles. Así, las líneas principales que marcarían el exilio de esos años fueron tres: emigración hacia América, privación de libertad en territorio francés y posible extradición de los «responsables políticos».

La presión del gobierno español a través de los servicios franquistas contrarrestó los efectos de las medidas de Vichy para evitar la huida y emigración a México u otros países americanos de representantes políticos como Azaña, Negrín, Prieto y tantos otros. A partir de ese momento, hubo diferentes actitudes por parte de los responsables políticos franceses[73].

El seguimiento y localización de refugiados ya había empezado en el territorio ocupado por los alemanes y las autoridades españolas coordinaron un acuerdo con la Gestapo y la policía militar alemana para buscar y entregar a España los «líderes rojos» que se encontraban en jurisdicción nazi. El cónsul francés en San Sebastián informó a Robert de La Baume que, gracias a este acuerdo entre España y Alemania, Rivas Chérif, cuñado de Azaña, y José Menéndez, antiguo director de la Dirección General de Seguridad republicana ya habían sido detenidos en julio de 1940[74].

El embajador La Baume, por su parte, se reunió con el ministro Serrano Suñer en Madrid el 6 de agosto de 1940. En esa entrevista se habló del seguimiento de republicanos españoles en Francia y de la necesidad de intervención de las autoridades de Vichy para su control en vistas a una posible gestión de extradición por parte del gobierno español. Un telegrama secreto enviado por el mismo La Baume a París, resumía los aspectos más destacados de las intenciones de Serrano Suñer y del gobierno franquista en varios temas, sobre todo en la política a seguir en relación con el eje Berlín-Roma y las relaciones bilaterales entre España y Francia. En esas relaciones, la posición de los franceses para controlar a los exiliados españoles en su país significaba un acercamiento[75].

Otra carta del ministro de Asuntos Exteriores francés, Paul Baudouin, al embajador La Baume en Madrid confirmaba el compromiso de Vichy de colaborar con España. Baudouin transmitía a Serrano Suñer que el gobierno francés trataría la cuestión de los refugiados políticos españoles en un espíritu de amical comprensión con la vecina España. Para demostrarlo, introdujo la disposición, a partir del 22 de junio (por insistencia del gobierno de Franco) de impedir la salida de territorio francés de los antiguos cargos republicanos hacia terceros países. Las autoridades prefectorales, los Prefectos y las comisarías de la policía del territorio, recibieron instrucciones precisas. Baudouin pedía, así mismo a La Baume, que estrechara los contactos con las autoridades españolas para iniciar un intercambio de informaciones para favorecer el seguimiento de algunos cargos que habían conseguido esquivar la vigilancia francesa[76].

Es importante destacar que los acuerdos sobre intercambio de información, listas, seguimiento, etc., hacían referencia a la vigilancia y seguimiento de refugiados en territorio de Vichy a nivel gubernamental y diplomático. Vichy quiso controlar, en la medida de lo posible, la actuación policial en su territorio. Una de las maniobras políticas de presión más visibles fue el cambio de embajador y ministro en octubre de 1940; de La Baume por François Piétri, precedido en el Ministerio por el de Laval por Baudouin. El cambio de cargos significaba un acercamiento definitivo de Vichy al Reich y un alejamiento de Gran Bretaña[77]. El colaboracionismo marcó la política exterior de Vichy de una forma definitiva. A partir de entonces las actuaciones que se habían considerado «ilícitas» en los procedimientos de persecución policial, fueron aprobadas y la represión del régimen de Vichy, contra todo tipo de refugiados políticos, se generalizó hasta el final.

Otra acción del gobierno español contra los cargos políticos de la República exiliados, fue privarles la nacionalidad española; a través de las nuevas disposiciones legales y jurídicas españolas, reflejadas en la Causa General, que decidían quiénes la «merecían» y quiénes no.

Otra estrategia para localizar y elaborar las listas de españoles republicanos, fue la oficina francesa de la Commission Centrale de Contrôle Postal (Comisión Central de Control Postal) establecida en Vichy. Muchos documentos de esos servicios todavía están clasificados, pero algún documento conservado en los fondos de la Sûreté Nationale nos indica las operaciones de intercepción policial de correspondencia por parte de las autoridades de Vichy y la elaboración de listas a partir de los nombres que en ella aparecían. Por ejemplo, encontramos una información intervenida en una carta personal dirigida a Antoni Maria Sbert al Hôtel des Lilas en Vichy en la que se cita a tres españoles que piden ayuda y subvenciones. Éstos son descritos como «refugiados españoles por razón de su actividad civil o militar del lado del Frente Popular durante la guerra civil en España». Uno era un antiguo capitán de operaciones en Belchite, Ferruccio Gorla Calvarola, otro, jefe del partido en la industria provincial de Asturias, Rodríguez Guidiello, y el tercero era precisamente un antiguo amigo y colaborador del presidente Companys, periodista y antiguo alcalde de Lérida, Félix Lorenzo Páramo[78].

Iba cuajando una política continuada de contacto con los servicios de información para configurar expedientes de personas «fichadas» por tres Estados represores[79].

Bajo Vichy, el Estado y la administración vivieron importantes y numerosas reformas que afectaron los instrumentos nacionales de represión y persecución. La ley del Estado francés sobre los funcionarios del 17 de julio de 1940 concedía a los altos funcionarios un insólito poder. Las figuras de nuevos secretarios generales, como el de la policía, René Bousquet, nombrado por Pierre Laval, fueron clave en el dispositivo represivo. En una escala inferior, los prefectos disponían de unos poderes como nunca habían dispuesto en un pasado ni en un futuro ya que pasaban a tener todos los poderes en sus manos; desde la decisión de internar, las modalidades y penas aplicables; hasta decisiones sobre el funcionamiento orgánico de los campos[80].

Durante la primavera de 1941, otra amplia reforma creaba la figura de los prefectos regionales (ley de 19 abril 1941) y a su lado los intendentes de policía. Los servicios de policía, antes muy divididos, fueron centralizados; al igual que la policía municipal de poblaciones mayores de 10 000 habitantes. Pierre Puches —secretario de Estado del Interior, creó tres servicios represivos especiales: la Policía para cuestiones Judías (PQJ), Servicio de Policía Anti-comunista (SPAC) y Servicio de Sociedades Secretas (SSS).

Así se constituyeron unas estructuras al margen de la administración de las que el Estado tomó el control. Entre 1940 y 1942, las estructuras centrales de la policía francesa se organizaron de la siguiente manera: el Secretariado General de Policía era el intermediario obligado entre el Ministro y su administración; de él dependía la Dirección General de Policía Nacional, que sustituía a la Dirección General de Seguridad Nacional que, a su vez, controlaba tres direcciones clave: la Policía Judicial, que devino Policía de Seguridad en octubre de 1942, los Servicios de Información General y la Seguridad Pública. En cuanto a la policía municipal estaba bajo el control de los prefectos y de los intendentes de policía. Todos los servicios tenían de alguna manera que rendir cuentas de alguna forma administrativa al gobierno alemán que decidía, arbitrariamente o de forma pactada muchas decisiones referentes a detenciones, internamientos, etc. También existía una Delegación General de Territorios Ocupados (DGTO), dependiente del Ministro del Interior y delegada en el prefecto Jean-Pierre Ingrand[81].

Con Franco vencedor, Hitler en expansión imparable y Pétain en él poder, el exilio, con ayuda de organizaciones y contactos internacionales, empezó a organizar otra huida masiva del territorio francés, para evitar la represión a tres bandas que lo acechaba. La verdad resumida fue que nadie, excepto México aceptó masivamente a los exiliados españoles[82]. La segunda emigración, a través de los servicios diplomáticos mexicanos, y los servicios de ayuda a los refugiados, el SERE y la JARE, en manos del dividido gobierno de la República en el exilio, se realizó a los países latinoamericanos de acogida. Pero, la emigración a América, realizada de forma selectiva y estando Europa en guerra, fue muy difícil de organizar para los miles de exiliados que todavía estaban refugiados en Francia.

A título referencial, el gobierno de Vichy mandó elaborar a su Ministerio del Interior un censo para calcular muy sumariamente el número de exiliados republicanos desde la firma del armisticio. A partir de la ocupación y el estallido de la guerra, calcularon, con la colaboración de la legación mexicana, que aproximadamente un 10 % del contingente exiliado se fue hacia terceros países y que, cerca de un 30 % inicial —del medio millón de exiliados— volvieron a España. Así pues, el recuento se efectuó con unas cifras muy genéricas que correspondían al siguiente resultado:

Alistados como voluntarios al ejército francés | 30 000
Miembros de las compañías de trabajadores | 50 000
Recluidos en campos de concentración | 40 000
Residencias de acogida —inválidos— | 10 000
Industrias familiares y tareas domésticas | 50 000
Beneficiarios de organismos republicanos españoles | 30 000
Sostenidos por recursos propios | 10 000
Indigentes —sin domicilio fijo— | 50 000
Sin ningún tipo de control | 30 000
Total | 300 000[83]

Estas cifras, a pesar de no ser demasiado precisas, sirven para dibujar un panorama bastante acertado del desorden del año 1940. La cifra global se puede considerar muy cercana a las estadísticas gubernamentales de Vichy y a los censos de refugiados realizados por otros estudios. La base para desarrollar estas cifras son documentos originales. En general, muestra que unos 30 000 recibieron ayuda de organismos republicanos en un momento delicado, cuando 90 000 permanecían prisioneros, en campos de internamiento o en las compañías de trabajo obligatorio. Fue la otra cara de una represión masiva del colectivo exiliado. En cambio, sí que fue decisiva la ayuda del gobierno de México, sobre todo en el campo selectivo de la represión personalizada contra los cargos republicanos.

4. La intervención mexicana

4. LA INTERVENCIÓN MEXICANA

La derrota francesa de mayo-junio de 1940 y consecuente armisticio, agravó la situación de los exiliados cuando el gobierno de extrema derecha de Pétain, de manera legal, y con la intermediación de Franco —a través de su embajador Lequerica, inició una venganza de Estado que se abalanzó contra todas las izquierdas. Ante tal situación, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, envió a Luis Íñigo Rodríguez como ministro plenipotenciario de México en Francia[84]. En un telegrama recibido en Biarritz, donde se encontraba replegada la Legación mexicana, el 1 de julio de 1940, comunicó a Rodríguez:

México está dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia… Si el gobierno francés acepta en principio nuestra idea, expresará usted que desde el momento de su aceptación todos los refugiados españoles quedarán bajo la protección del pabellón mexicano… Conteste urgentemente[85].

La respuesta fue inmediata; el día 8 de julio el Mariscal Pétain lo recibía para debatir el porvenir de los refugiados. Según Pétain, los españoles refugiados eran gente indeseable, pero alabó la intención de México y aceptó la oferta. En ese punto empezó la misión mexicana en Francia y el pacto franco-mexicano a favor de los refugiados españoles. La legación mexicana empezó a visitar campos de concentración y a elaborar listas de posibles embarques de inmediato. La selección de convoyes era difícil y debía ser coordinada con la JARE y SERE. Pero la misión mexicana se topó con un importante obstáculo al organizar el primer convoy, que tenía que partir de Francia el 22 de agosto de 1940: las disposiciones alemanas sobre los refugiados.

La actuación requería un pacto. Éste establecía que el gobierno de México se comprometía a acoger a todos los refugiados que se encontrasen en Francia o en sus posesiones en el norte de África y que quisieran ir a aquel país, haciéndose cargo de su traslado. Además, proporcionaría recursos a través de su legación para atender las necesidades de refugiados en suelo francés que no recibieran ningún tipo de ayuda económica. Los alemanes aceptaron, al principio, los términos del acuerdo, pero poco después cambiaron de criterio y obstaculizaron la organización de expediciones y barcos. Hasta 1942, en que Alemania rompería relaciones con Vichy, llegaron a México unos 4000 refugiados. Según Alicia Alted, las cifras podrían oscilar, para el periodo 1939-1950 entre 20 000 y 24 000 exiliados a México[86].

La legación mexicana en Vichy a través de su representante diplomático, Luis I. Rodríguez, explicó públicamente y al colectivo exiliado los términos bajo los cuales se había establecido el acuerdo entre Francia y México. Las bases de dicho acuerdo, redactadas por el mismo Rodríguez eran las siguientes:

El gobierno y el pueblo mexicanos ofrecen su hospitalidad a todos los republicanos españoles que se hallan en Francia, en sus colonias y en sus protectorados, sin distinción de sexo, edad, opiniones religiosas, ni matices políticos, con la sola condición de que expresen libremente su deseo de emigrar a México.

El Estado Francés mantiene y asegura, por lo que le concierne, el respeto a la existencia y a la libertad de los refugiados españoles, limitando exclusivamente a los crímenes y delitos de derecho común no conexos a otros de naturaleza política, toda medida de extradición y excluyendo cualquiera represión que no sea de la competencia de los Tribunales franceses,

El Gobierno y el pueblo mexicanos atenderán, por conducto de esta Legación, a la subsistencia de todos los refugiados españoles que no estén comprendidos en los grupos que reciben una ayuda económica de las Autoridades Francesas por prestación de servicios u otras causas.

El Gobierno y el pueblo mexicanos se encargarán del transporte marítimo de los refugiados españoles a México.

Para coordinar todos los servicios que habrá de exigir esta inmigración, se creará un Organismo especial, dependiente de esta Legación, que funcionará de acuerdo con las Autoridades Francesas.

Conforme a las bases anteriores, esta Legación estudia ya, conjuntamente con la Administración Francesa, la creación de dicho Organismo, la forma de proceder a documentar a los refugiados y la manera de subvenir a sus necesidades económicas, hasta tanto se procede a su embarque[87].

Pero llevar a cabo esa evacuación requería forzosamente una serie de múltiples y laboriosos trabajos, de documentación, censo, arreglo de transportes marítimos, etc. Las acciones fueron emprendidas con toda diligencia y con la connivencia de delegados diplomáticos. Los refugiados debían rellenar cuestionarios con sus datos personales y formularios de solicitud para la ayuda económica. En principio, la intención mexicana era ayudar a los refugiados en todo su conjunto, no sólo a casos particulares o a nombres propios, sin embargo, la realidad de la coyuntura política en Francia y la actuación de los alemanes, condicionaron la intención inicial y, a pesar de que las ayudas fueron importantes, no fueron tan masivas como se esperaba. Incluso Rodríguez llegó a encargarse personalmente de salvar a personajes y políticos importantes en peligro. En una de las memorias creadas por los servicios franceses de información se citaban los siguientes casos como algunos de los más defendidos por la Legación mexicana: Largo Caballero, Alonso Mallol, Portela Valladares, Nicolau d’Olwer, Gómez Hidalgo, Zugazagoitia hijo, familia Rivas Chérif, Azcárate, entre otros[88].

El gobierno español expresó su total desacuerdo ante el pacto, alegando que la autoridad moral del gobierno del mariscal Pétain presentaba una importante contradicción al aceptar la protección de bienes y personalidades «rojas». La Embajada española mandó diferentes cartas, la primera el 3 de septiembre de 1940, en las que dejaba constancia de su rechazo al pacto franco-mexicano.

Como iremos viendo, la acción diplomática y el acuerdo franco-mexicano fueron de gran importancia para la protección de los exiliados españoles. Su repercusión fue inmediata y doble: por un lado, se aceptó oficialmente la disposición del gobierno mexicano para acoger exiliados españoles; por el otro, se detuvieron las entregas y extradiciones de cargos republicanos a España.

Aun así, en septiembre de 1940, fueron muchos los altos funcionarios republicanos que permanecieron en Francia por propia voluntad o por simple imposibilidad de emigrar. Una importante lista de diputados, cargos y parlamentarios fue realizada por la legación de México en Vichy, en el Archivo de dicha legación se leía el siguiente enunciado:

Para poderles impartir los cuidados a nuestro alcance tendientes a garantizar una efectiva protección sobre sus personas, consideradas como responsables de primer grado por el régimen franquista y expuestas por consiguiente a la rabiosa persecución desencadenada en su contra por la Falange Española y la GESTAPO alemana, auxiliadas amistosamente por los partidarios de Laval, procedimos desde luego a la búsqueda de quienes habían desempeñado cargos de significación en el período republicano y, a pesar de las graves dificultades que esta empresa nos reportó, originadas especialmente por la incógnita obligada de muchos y por la movilidad de sus domicilios, justificada por los acontecimientos del nuevo orden, reunimos al fin, confidencialmente y hasta donde nos fue posible completar, las siguientes informaciones que en gran parte se deben a la ayuda entusiasta y cordial de la masa anónima refugiada[89].

No debemos olvidar que la situación de la inmensa mayoría de refugiados españoles en la zona libre, era muy lamentable. La mayor parte de ellos estaban desprovistos de los recursos mínimos, muchos vivían en habitaciones lúgubres, otros internados en campos, hospicios o asilos. A finales de 1940, la mayoría eran conscientes de que su esperanza de emigrar a América no se vería cumplida. Los embarques fueron destinados en primera instancia a los exministros, exdiputados o excargos de la República, también a cierto sector de privilegiados. Algunos refugiados, caídos en la desesperación, cometieron delitos de robo o hurto en algunas ciudades muy pobladas como Marsella, ciudad desde donde se gestionaban muchos de los barcos con destino a América. Los encargados de distribuir fondos y billetes (Carlos de Juan, Eladio Egocheaga, Pilar Lubian y otros) fueron duramente criticados por grupos de refugiados más humildes[90]. Un destacado documento titulado «La hora del reparto» dirigido a la dirección de la JARE es un buen ejemplo de ello[91].

El gobierno franquista tuvo acceso a las listas de los embarques. Un ejemplo de ello es el embarque del vapor Alsina el 15 de noviembre de 1941, donde se encontraron diferentes autoridades republicanas. Igualmente, contaban con información sobre el SERE, con sede en el 94 de la calle Saint-Lazare de París, y listas con relaciones alfabéticas de nombres de las personas que debían embarcar, esta vez, el 20 de diciembre de 1939, en el vapor Cuba y desde el puerto de Burdeos hacia la República Dominicana. En las listas figuraban 270 españoles incluyendo a niños y mujeres que venían de campos de refugiados y otros centros. Como vemos, pues, los franquistas seguían obteniendo información de primera mano[92].

Con el objetivo de evitar más fricciones, el gobierno de México acogió al SERE y JARE en su territorio pasando a ser organizaciones mexicanas de ayuda a los refugiados españoles. Por parte del SERE, el representante fue el doctor Puche y por parte del JARE, Indalecio Prieto. A través del «velo jurisdiccional» que ejercía la representación mexicana en Francia, se pudo seguir distribuyendo subsidios a los refugiados, incluso en la delegación mexicana del París ocupado[93].

Sin embargo, las fricciones acabaron por aparecer entre los representantes de los organismos de ayuda. Rodríguez, intentó que los refugiados políticos fueran puestos bajo la protección del Estado mexicano ante la dificultad de las evacuaciones masivas. Los dirigentes políticos también ejercieron mucha presión para favorecer su rápida evacuación de Francia ya que el terror se había generalizado después de las ejecuciones en España de dirigentes políticos. Ante el traumático panorama, su obsesión fue la de embarcar por encima de todo. En diciembre de 1940, uno de los españoles encargados de reagrupar a los principales cargos de la República para evacuarlos a México fue el coronel Estrada, exjefe del SIM republicano. Estrada, desde Marsella, intentaba confeccionar las listas de pasajeros a los que la legación mexicana les concedía un pasaporte para el viaje. Estrada también fue acusado de partidista y de ayudar preferentemente a los comunistas y a los miembros de la UGT[94].

La misión del presidente Cárdenas y de Luis I. Rodríguez para llevar a todos los refugiados a México, no pudo realizarse en su totalidad por evidentes motivos materiales pero también por motivos políticos.

Pero no por ello fue menos importante ya que ofreció ayuda y refugio a todo un exilio político y intelectual, además ejerció presión diplomática sobre Pétain para respetar el pacto de no extraditar a más republicanos a España. La legación mexicana «contrató» a una serie de refugiados españoles para ayudar en la comisión especial de atención al exilio español en Francia. Como funcionarios del gobierno de México, podían trabajar mejor y con una relativa libertad aunque sin documentación española y no gozar de inmunidad diplomática, algunos, como el mismo Ragasol o Carlos de Juan, serían detenidos, juzgados y confinados. Los españoles que trabajaron en la legación de México en Vichy para organizar la ayuda a sus compatriotas refugiados fueron: Joan Vila Comas, Miguel Aguilera López, Lorenzo Suarez Pintó, Fernando Arizmendi Artesano, María Arizmendi, Eduard Ragasol Sarriá, Antoni María Sbert Massanet, María Antonia Freixas Jover, Valero Muñoz Ayarza, Carlos Gómez Soler, Laureano Blanco Huerta, Luis Lozano Martín, Víctor Tamargo, Joaquín Tamargo, Antonio García Martín[95].

Ragasol fue empleado por la Embajada de México en Vichy y, entre sus funciones, se ocupó de recibir asiduamente la visita de refugiados y cargos republicanos. A partir de la ocupación alemana, Ragasol se encargó de contactar con parlamentarios y políticos españoles escondidos en territorio ocupado para procurarles los medios de traslado hacia la zona libre y proporcionarles un subsidio. Posteriormente, también se encargó de gestionar la acogida y emigración hacia México. La ayuda económica concedida a los refugiados y que gestionaba Ragasol a través de la Embajada de México era de 1000 francos por mes para los diputados (500 francos para las esposas de éstos y 300 francos por hijo) y 500 francos por mes para los demás refugiados (300 francos para esposas y 250 por hijo).

En su labor también se reflejaron una vez más, las discusiones, egoísmos e intereses del exilio (conflictos entre el SERE y la JARE, privilegios de intelectuales, políticos y profesiones liberales, roces partidistas…). Sea como fuere, la intervención directa de la legación mexicana en los casos más críticos fue decisiva y salvó vidas. Incluso los servicios mexicanos se dedicaron a confeccionar listas paralelas para compararlas a las de personas perseguidas por el gobierno de Franco[96]. Sin embargo, por su responsabilidad política y por el proceso directo de persecución por parte de agentes de Franco directamente enviados a Francia, debemos recordar como casos muy graves los de Manuel Azaña, Lluís Nicolau d’Olwer y las detenciones por la policía alemana con la ayuda de los agentes franquistas y con el consentimiento de Vichy, de Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, Cipriano Rivas Chérif y la entrega directa de Lluís Companys y Joan Peiró. Más adelante, en 1941, gracias a la colaboración policial hispano-francesa, se produjeron detenciones más numerosas en la Costa Azul y en Niza que abrirían nuevos procesos judiciales en Francia y demandas de extradición.

A pesar del pacto franco-mexicano, todos los casos y procesos particulares de detención e interpelación, tuvieron un seguimiento judicial, con instigaciones y encarcelamientos en territorio francés. Los pactos con México, al final, se respetaron, pero las presiones internas de hombres como Laval, Darían y otros miembros del gobierno partidarios de un acercamiento sin pretextos a la política española y sus asesores alemanes, fueron muy fuertes, provocando una situación de inseguridad y peligro constante hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, éstos fueron los años más duros para el exilio político después de la Guerra Civil española.

El 7 de abril de 1941, el Ministerio del Interior francés envió una carta a los prefectos bajo su jurisdicción y al Ministro de Exteriores pidiendo la confección de unas listas completas para averiguar el alcance de la ayuda mexicana a los refugiados españoles[97].

Los españoles que no podían acogerse a la ayuda mexicana y cuya situación no estaba bien especificada según el gobierno francés, debían ser dirigidos —internados— a centros que dependían de la Sûreté Nationale. En cuanto a los subsidios recibidos mediante la delegación de México en Vichy, las autoridades francesas no se opusieron a que los refugiados españoles beneficiarios siguieran recibiendo las ayudas siempre y cuando, la gestión de las mismas fuera realizada por la intermediación del Secours Nacional (organismo francés gestor de ayudas y subsidios apersonas necesitadas, inválidos, mutilados, etc.). De todas formas, con la finalidad de controlar la actividad de la oficina mexicana en Vichy, la dirección de la Sûreté Nationale, inició una vigilancia discreta pero atenta hacia los locales de la legación. También se activó el apoyo y la decisión de México en favor de los republicanos[98].

Detrás de la actitud represora de Henri Chavin, jefe de la policía de Vichy, contra los refugiados protegidos por la legación mexicana se hallaba la denuncia, acusación y solicitud de extradición del gobierno español sobre esas personas. Francia había decidido investigar por su parte e iniciar, si fuera preciso judicialmente, procesos de represión política contra los inculpados. Las autoridades francesas quisieron conocer exactamente qué españoles recibían ayuda de México y pretendieron ejercer un seguimiento individual sobre cada caso a fin de determinar si era conveniente que siguieran recibiendo dicha ayuda o si podían permitir que los afectados continuaran bajo la protección mexicana.

Muchos de los refugiados que recibían un subsidio de la delegación mexicana también fueron investigados. El hecho de recibir un subsidio era motivo suficiente para estar en el grupo de individuos que debían ser controlados. La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en España, que encausaba a familiares directos, afectaba a muchas familias exiliadas y dejaba poco margen de actuación sobre los refugiados por parte de las autoridades francesas ya que no podían devolverlos a España y no se podía garantizar la reemigración hacia América[99].

Dos personalidades destacadas ayudaron a redactar el pacto franco-mexicano de agosto de 1940, fueron Eduard Ragasol y Antoni María Sbert. Sbert fue agregado el 25 de agosto de 1940 por el embajador de México, Luis I. Rodríguez, como consejero jurídico. Su certificado de acreditación fue visado por los servicios de exteriores franceses en septiembre del mismo año. Fue el encargado de elaborar la convención de 1940 para, entre otras cosas, evitar extradiciones a España y entregas ilegales. Ragasol, que había sido director de la Association des Amis de la République Française, había sido representante del SERE y siguió gestionándolo gracias a los subsidios de la delegación mexicana cuando se prohibieron el SERE y el JARE. Además de participar en la redacción del acuerdo franco-mexicano, se ocupó del asunto de los fondos del JARE y de la detención y largo proceso contra Nicolau d’Olwer. Ambos, junto a Mariano Ansó, Julio Jáuregui, Carlos de Juan, Vicente Carrillo, José Riquelme, Julio Just y José Fuentes, trabajaron a favor de los refugiados españoles en Vichy a través de la legación mexicana. De todas formas, ninguno de ellos quedó inmune a la represión propiciada desde España y, como en tantos otros casos, la Sûreté Nationale, realizó fichas de información sobre ellos para determinar si sus actividades como «expertos» comprendían también actividades antifrancesas y revolucionarias[100].

Algunas listas de españoles internados han podido ser localizadas, por, ejemplo una del campo de Vernet (liste 1114) titulada Internés secourus par la légation du Mexique présents au camp de Vernet qui ne se sont pas fait remarquer. Como en todos los casos, los beneficiarios de la ayuda de México siguieron el mismo proceso selectivo: los comunistas y libertarios debían ser internados en centros vigilados —campos—, también los miembros de las Brigadas Internacionales. Efectivamente, la red represiva afectó también a los que arropaba México bajo su protección.

Lequerica exigía en nombre de su gobierno una vigilancia policial muy estricta en territorio francés a la vez que se oponía a la reemigración y repatriación. Pero las listas no concordaban con el número de demandas de extradición, inferiores, que se veían suplidas por internamientos y detenciones de cargos en territorio galo. En marzo de 1941 se suspendieron definitivamente las operaciones de reemigración bajo el pretexto de que los gaullistas reclutaban a voluntarios españoles en México. Los servicios policiales franceses también se obsesionaron por el riesgo de subversión y prefirieron el internamiento. Aún así, siguieron embarcando pequeñas expediciones[101].

La animadversión al régimen franquista por parte de México provenía directamente de la ideología y de la gestión política iniciada por el presidente Lázaro Cárdenas. Su sucesor, Ávila Camacho, aplicó la misma política referente a los refugiados españoles. Sin embargo, es preciso señalar ciertos matices interesantes. Matices que sentaban un precedente en cuanto a los nuevos intereses estatales de México, sobre todo, para con su vecino Estados Unidos, que justo empezaban a despuntar. Por ese motivo, a partir de 1941 y 1942, Ávila Camacho aceptó a los republicanos españoles refugiados siempre y cuando no fueran comunistas.

El nuevo presidente no veía con buenos ojos la gran cantidad de cuadros y dirigentes comunistas que había acogido Cárdenas. Debido a esas ideas y a presiones del gigante vecino, decretó que, dado que los militantes de extrema izquierda no eran de la simpatía del nuevo gobierno mexicano, solamente aceptaría dar protección y refugio a antiguos gobernantes republicanos e inmigrantes trabajadores en la agricultura o técnicos especialistas sin afiliación comunista con el objetivo de contribuir al desarrollo de la explotación agrícola o industrial del país. Según Camacho, esta medida iba destinada a proteger los intereses de los mexicanos y de los propios refugiados[102].

En resumen, la misión mexicana, y más concretamente la de Luis I. Rodríguez, atendió a los refugiados políticos más destacados, pero también lo intentó con los más desvalidos: contestó miles de cartas dando apoyo moral y político a quienes se lo pedían; proporcionó, desde la legación mexicana, documentación para la emigración a más de 100 000 españoles y extranjeros; file depositario y administrador de fondos de la República española y de particulares (sobre todo de la JARE); actuó como puente internacional para canalizar ayudas, como los importantes comités cuáqueros, que colaboraron en mejorar las condiciones en los campos de concentración; y también protagonizó hechos históricos en período de guerra, tales como ayudar a escapar a Juan Negrín y asistir y proteger al presidente Azaña que, al final de su periplo, fue enterrado con la bandera mexicana encima de su féretro. El prefecto de Montauban no permitió la bandera de la República española durante el sepelio y Rodríguez le dirigió estas palabras: «Pierda cuidado, señor prefecto, no insisto más sobre el caso. Lo cubrirá con orgullo la bandera de México; para nosotros será un privilegio: para los republicanos, una esperanza y para ustedes, una dolorosa lección»[103].

5. La actitud de Vichy ante Wiesbaden

5. LA ACTITUD DE VICHY ANTE WIESBADEN

A partir de octubre de 1941 la situación de los refugiados españoles fue delicada y el planteamiento del gobierno de Pétain sobre la cuestión no seguía una clara dirección. Los cambios de opinión, de leyes y disposiciones gubernamentales guiaban el destino de miles de personas. El gobierno de Pétain pretendía eximir de su cargo a unos 100 000-150 000 extranjeros que consideraba «indeseables» en la zona libre. Para ellos pretendía acuerdos de emigración con otros países y procuró que la administración del Reich estuviera de acuerdo. Desde la firma del armisticio franco-alemán, la cuestión de la emigración hacia América sufrió repetidas variaciones según la postura de los gobiernos español y alemán. Unas posturas que resulta interesante analizar en más detalle[104].

Desde junio de 1941, el gobierno español, a través de su Embajada hizo saber que, bajo las circunstancias de guerra, era mejor evacuar a los españoles de la zona libre. Por esa razón, aceptó la repatriación de los refugiados que no fueran delincuentes comunes. Solamente se oponía a la salida de Francia de los españoles afectados por las demandas de extradición.

A partir de entonces, el gobierno francés aplicó stricto sensu esa postura española e intentó abrir la emigración a personas sobre las que, estando en listas entregadas por los servicios policiales del gobierno español, no pesaba una demanda de extradición legal según la jurisdicción francesa.

El gobierno alemán, sin embargo, fue mucho más severo. Una reunión de suma importancia tuvo lugar entre dos representantes en Wiesbaden, Bérard y el barón Wolfgang Von Welck —delegado de Asuntos exteriores por Ribbentrop—, se entrevistaron para tratar el «problema español» una vez más. Las determinaciones por parte alemana fueron no oponerse a las repatriaciones de españoles de la zona libre siempre que no fueran «comunistas activos»; además, pidieron que los comunistas fueran entregados a las autoridades de ocupación para enviarlos a Alemania y «aislarlos» (en campos de concentración) y finalmente, que Vichy debía impedir que ningún refugiado español embarcase hacia América.

Ante esta actitud, mucho más intransigente, sobre todo contra el colectivo comunista, el gobierno francés actuó intentando establecer un plan ejecutado desde el Ministerio del Interior para confeccionar listas de refugiados clasificados en: 1) posibles repatriados (refugiados repatriables), 2) «Comunistas activos» que debían mantenerse en campos de concentración y 3) refugiados que optaban por emigrar a América.

En un primer momento, el gobierno francés trató de aceptar las disposiciones alemanas pero protestó enérgicamente ante la intención de trasladar a campos alemanes a miles de refugiados considerados comunistas. La situación era delicada para Francia, pues no sólo había dado asilo político a esos españoles sino que era humillada cada vez que la policía alemana y la española actuaban impunemente en su territorio sin poder evitarlo. La convención de armisticio no observaba ninguna disposición obligatoria hacia Francia en el espinoso tema de los refugiados. Por eso, el gobierno francés se comprometió a cumplir algunos puntos, como el internamiento de comunistas bajo su jurisdicción y vigilancia, pero no aceptó algunos otros más complejos, como la total prohibición de barcos hacia América y la entrega directa de refugiados. Las discusiones prosiguieron hasta agosto de 1941, cuando Bérard y Von Welck se reunieron nuevamente sobre los refugiados. Las opiniones seguían la misma dirección divergente y los alemanes pusieron una condición final que consistía en controlar las listas de los españoles desde su administración (los posibles repatriados, los que querían reemigrar y los comunistas internados en campos franceses). A pesar de las negociaciones los franceses tomaron sus propias medidas ya que imperaba solucionar el problema[105].

La línea de actuación del gobierno francés se podía resumir en cinco puntos principales: 1) Acelerar, en la medida de lo posible, los procesos de repatriación de acuerdo con las autoridades españolas excluyendo, por petición alemana, a los comunistas; 2) continuar las negociaciones de la comisión de Wiesbaden con los alemanes para que aceptaran las evacuaciones hacia América de barcos con refugiados que, por motivos políticos, no pudieran regresar a España —este punto era muy importante pues el control portuario por parte de los alemanes podía impedir la salida de numerosos barcos—. Además, la medida mantenía en suspenso el acuerdo franco-mexicano para el reemigración; 3) continuar prohibiendo la salida de Francia de los españoles con demandas de extradición, incluyendo los casos en los que la extradición había sido rechazada por la justicia francesa; 4) evitar la repatriación a España de refugiados que podían ser útiles a la economía francesa y que podían prestar su mano de obra. Esta petición era, sobre todo, defendida por el Ministerio de Agricultura francés, necesitado de mano de obra. En definitiva, se pretendía el mantenimiento de las compañías y campos de trabajadores; 5) autorizar la salida hacia África del norte o América de refugiados españoles que lo desearan con la condición de que los grupos fueran reducidos y después de haber revisado cada caso por separado. Se accedería a dar permiso a las personas que nunca habían sido incluidas en las listas que la Embajada española en París entregaba a los franceses y a las personas que nunca habían ejercido un rol importante en la política española hasta entonces[106].

Las medidas y disposiciones que el gobierno francés tomó en referencia a los refugiados españoles dibujaron una política confusa entre sus aliados españoles y alemanes. Para el colectivo exiliado resultó ser una política poco clara en temas de reemigración, extradiciones y procesamientos. Como se verá, algunos refugiados fueron juzgados en Francia más de dos y tres veces esperando decisiones judiciales y políticas por parte de la cúpula de Vichy. Las presiones alemanas fueron contundentes y conllevaron trabajos forzados y exterminio. Mientras tanto, el gobierno franquista mantenía intactas sus demandas persecutoras hacia el gobierno vecino contra un buen número de exiliados que vivieron, sin duda, los años más difíciles de su exilio.

6. ¡Sálvese quien pueda!

6. ¡Sálvese quien pueda!

Los hombres con cargos políticos durante la República tenían razones más que fundadas para intentar emigrar a México, Argentina, Chile o cualquier otro país que los acogiese. El fusilamiento, en el castillo de Montjuïc, de Companys el 15 de octubre de 1940 y los siguientes, en Madrid, de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, el 9 de noviembre, provocó el pánico generalizado en el mundo del exilio[107].

Ser entregado a España era el final más trágico para un refugiado político, más aún cuando había participado en la vida política y parlamentaria de la democracia republicana. Las primeras ejecuciones de ese complicado entramado represivo exterior que el franquismo había podido desarrollar, alarmó también a la opinión pública internacional y provocó más presiones, aparte de la mexicana, sobre el gobierno de Vichy que tuvieron efectos positivos: aunque se produjeron algunos casos más de entregas y ajusticiamientos, la alarma ya había sonado en el universo del exilio político.

En este sentido, no debemos olvidar las repatriaciones forzadas, más bien irregulares, de numerosas personas enviadas por franceses y alemanes en convoyes ferroviarios, muchos de ellos de mujeres y niños, que eran directamente entregados por Irún, donde muchos fueron internados en centros de reclusión o campos de concentración durante largos años.

Algunos grupos de comunistas, los más estigmatizados, buscaron refugio en la URSS y entraron a formar parte del Ejército Rojo para luchar en el frente Este contra los nazis. Otro colectivo comunista se quedó para luchar en territorio francés, formando la Resistencia, dentro de las fuerzas de los Franc-Tireurs Partisans (FTP) y las Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), donde se organizaron con el Partido Comunista Francés y con otros antifascistas —anarquistas, socialistas, republicanos y nacionalistas— españoles.

A pesar de los casos más críticos y conocidos, las listas de políticos de todos los grupos de la vencida República seguían circulando aceleradamente por todos los despachos de los servicios de información españoles, franceses y alemanes. Los informes sobre exiliados, su localización, residencia, trabajo, currículo político, etc., se intercambiaban con fluidez. Los expedientes de información que los servicios franceses generaban, incluso para los que se creían clandestinos, era detalladísimos[108]. El 24 de octubre de 1940, desde Marsella, unos diputados exiliados, pedían ayuda urgente y mandaban esta carta al Parlamento mexicano:

Los diputados españoles que se encuentran el Francia suplican al señor ministro de México que, si lo considera razonable, transmita los siguientes extremos, con la máxima urgencia, al señor presidente Cárdenas y al señor don Indalecio Prieto:

Primero: Ante la situación gravísima de la política internacional francesa, la libertad y la vida de las personalidades españolas que se hallan en Francia se encuentran en peligro inminente.

Segundo: Si existe la posibilidad de salvarlas, ha de procederse con la máxima rapidez y decisión.

Tercero: El único procedimiento que garantiza plenamente su salvación consiste en que venga a recogerles a Casablanca un barco de guerra mexicano.

Cuarto: Al considerarse obligados a formular esta propuesta, impuesta por la gravedad del momento, que serenamente consideran, creen salvar su responsabilidad.

Firman: J. Lluhí Vallescá, Julia Álvarez, Rodolfo Llopis, Emilio Baeza Medina, Eduardo Frápolli, F. Gómez-Hidalgo, Juan Casanellas, Mariano Joven, M. Pérez Martínez, Honrato de Castro[109].

Durante los primeros meses de 1941, las medidas de control de las autoridades francesas sobre los españoles en el territorio de Vichy se endurecieron aún más. Según la versión policial se debían renovar las órdenes de vigilancia e internamiento debido a que era imposible reinsertar socialmente a individuos peligrosos para la seguridad pública. Así en una carta a los prefectos de la Zona Libre el Ministro del Interior comunica:

Los individuos organizadores de movimientos agitadores, constituirán un serio peligro para el orden público. Por consiguiente, y dadas las circunstancias, se ha decidido endurecer las medidas de control actualmente en vigor y prever una colaboración más estrecha entre los distintos servicios responsables del orden público[110].

Las medidas de control fueron recogidas en un informe del nuevo ministro del Interior, Marcel Peyrouton, donde quedaban bien claras las intenciones del gobierno de Pétain: una primera medida fue la fuerte censura del correo, permisos y visitas. La correspondencia era severamente controlada a la llegada y la partida. Se establecía como obligatorio informar a la dirección de la Sûreté sobre toda correspondencia con citas políticas y los textos incomprensibles. Ese control resultó especialmente efectivo para todos los españoles internados en campos y otros centros. Los permisos solamente se autorizarían por motivos plenamente justificados y por motivos familiares graves. Las visitas sólo se concedían a parientes muy próximos a los internados y todos los objetos, enseres y aportaciones de los visitantes no podían ser entregados en mano, debían pasar por el director del campo.

Los interrogatorios y registros también pasaron a ser a diarios. Según la correspondencia recibida, las visitas o su pasado político, las personas más sospechosas eran sometidos continuamente a interrogatorios y registros minuciosos dentro de los barracones sobre sus efectos personales con el fin de descubrir documentos de propaganda política o incluso armas.

De descubrirse algún objeto o documento comprometido, se efectuaban investigaciones fuera del campo sobre el entorno del sospechoso. Igualmente, se decidió que las Brigadas de Policía Móvil, colaborarían con los Servicios de la Policía Criminal, para compartir jurisdicción con los Servicios de Vigilancia de los Campos. Las investigaciones oportunas podían competir a los diversos servicios policiales y el comisario especial del Campo podía dirigirse directamente a alguno de dichos servicios para obtener ayuda e información[111].

La preocupación por posibles rebeliones dentro los campos fue tan obsesiva que se desarrolló realizó un «Plan de protección preventiva de disturbios en los campos de internados». Éste consistió en contactar con el Ministerio de la Guerra para colocar fuerzas policiales o militares cerca de los campos importantes para mayor y más rápida actuación. La Brigada Móvil y el comandante de la División Militar fueron los encargados de ejecutar el plan de protección y asegurar una rápida actuación. Los centros considerados más peligrosos por sus elementos «agitadores» eran Vernet, Argelès, Barcarès y Rieucros.

El campo de Vernet tuvo una especial significación para la represión política. En los años 20, después de haber acogido prisioneros austríacos y alemanes desde 1918, fue utilizado como depósito de material de guerra. En 1939 la mayoría de anarquistas de la columna Durruti fueron trasladados allí; también llegaron otros refugiados trasladados de otros campos y considerados peligrosos. Se llegaron a concentrar 10 000 hombres. En una fábrica de ladrillos aneja, en Maceres trabajaban otros 5000 hombres. Era un campo de durísimas condiciones que en septiembre de 1939 albergaba a unos 200 hombres y a una compañía de trabajo de 170. Pero a partir de octubre se abrió otra vez ante la llegada de los «refugiados peligrosos para el orden público». En él fueron encerrados hombres y mujeres de 58 nacionalidades, entre los que se encontraban personalidades intelectuales de renombre. Por ello se convirtió en un centro de resistencia intelectual y en una reserva de cuadros que alimentaría la resistencia en Francia desde 1942[112]. En ese sentido, la preocupación de la Sûreté francesa ante una potencial revuelta no estaba infundada.

Una especial referencia fue enviada por telegramas cifrados y secretos desde principios de febrero de 1941 a todos los prefectos, insistiendo que todos los refugiados españoles, sobre todo los que ejercían propaganda comunista, se debía actuar contra ellos, el encargado de redactar las medidas fue una vez más Chavin:

Diriger ceux de ces espagnols faisant l’objet de renseignements précis desquels il résulte qu’ils sont dangereux pour l’ordre public: hommes sur Vernet, femmes sur Rieucros, après avoir avisé en toute préfets Ariège et Lozère.

Transférer au camp de Gurs après avoir avisé Préfet Basses Pyrénées ceux de ces espagnols qui vous paraissent susceptibles participent au mouvement extrémiste notamment s’il s’agit d’hommes âgés monis de 40 ans.

Vous appartient décider si les autres espagnols secourus doivent être maintenus dans centres organisés par légation Mexique répartis dans localités importance minime votre département. En tout état de cause faire surveiller intéressés pour décélérer immédiatement toute agitation extrémiste et pour empêcher constitution noyaux révolutionnaires.

S’il y a lieu me proposer assignation à résidence dans commune de Cantal ou Ardèche. Si légation refusait continuer versements secourus m’informer. Me rendre compte exécution ces mesures.

Signé: Chavin[113].

Por aquellas fechas se enviaron telegramas cifrados recordando que todos los detenidos en operaciones policiales —haciendo referencia en una próxima redada en febrero de 1941 en Montauban— debían ser interrogados y los sospechosos llevados a Vernet o Rieucros si eran considerados peligrosos. Después de su clasificación muchos serían internados en Gurs, concretamente, los hombres menores de 40 años y con buena salud. La orden afectaba a todos los detenidos y a los socorridos por legación mexicana, según las disposiciones previstas en los telegramas citados.

Para poder concretar dicho control de forma exhaustiva una nueva orden obligó a los prefectos a confeccionar listas de españoles residentes de sus departamentos. Una copia debía ir a los servicios de la Policía Nacional (Inspección General de Servicios de Policía Judicial) y la otra debía ser transmitida o comunicada a los servicios de la policía española para determinar la «peligrosidad» de los individuos en cuestión[114]. Así pues, parece evidente que los agentes españoles revisaban también las listas de sospechosos.

Debemos mencionar que muchos comisarios y algunos altos cargos no estaban de acuerdo con la colaboración policial con los españoles y en algunos casos las directrices cruzadas entre servicios policiales y los prefectos acarreaban malentendidos.

Mientras había prefectos dispuestos a comunicar las listas, otros —siempre según la documentación conservada— entregaron las listas pero sin precisar la «peligrosidad» de los individuos. Otras notas policiales, por ejemplo el Director General Adjunto de la Policía, Henri Cado, transmitieron una orden en septiembre de 1942, en referencia a la peligrosidad de reunir a los grupos de trabajadores españoles porque su unión provocaba la movilización política. Líderes comunistas españoles habían aprovechado esos grupos de hombres de mediana edad para introducir propaganda e ideas resistentes. Todo ello, junto con el factor añadido de que casi todos los hombres habían luchado en la guerra civil y tenían experiencia militar, convertían las compañías de trabajadores en un polvorín revolucionario y antifascista de resistencia a favor de los aliados dentro del territorio francés. Henri Cado no se equivocaba y por consiguiente, el internamiento, las listas de sospechosos políticos, las detenciones y deportaciones se perfilaban cada vez más como la contundente solución represiva. La solución al «problema» de los refugiados se radicalizó. Por ejemplo, en referencia a la compañía de Travailleurs Étrangers des Pyrénées Orientales, la gran mayoría de españoles, y la creación de un clima filocomunista dentro de su organización, Henri Cado, citaba:

Il importe done de prévenir tout incident de cette nature en prenant dès à présent les mesures suivantes: D’abord, me signaler en vue de leur intemement, tous les travailleurs étrangers de votre département qui se feraient remarquen en second lieu; faire exercer une surveillance très étroite sur ces formations et faire procéder à des enquêtes approfondies toutes les fois que des faits suspeets vous seraient sígnales […] enfin tout fait qui vous paraîtrait de nature à provoquer le renforcement des Services de Sécurité dans ce Département[115].

El comisario encargado de revisar las listas era un tal Taupin, y los prefectos mandaron listas muy completas de los españoles. Se trataba, sobre todo de antiguos milicianos del ejército republicano que habían pasado por diversos campos del sur de Francia. La mayoría jóvenes solteros, separados de sus familias que trabajaban casi todos en canteras o empresas de la organización Todt, para la industria de guerra alemana. Por ejemplo, el prefecto de la Mayenne, envió el 21 de octubre de 1942 dos listas una «A» que comprendía los individuos sospechosos y una lista «B» que comprendía los individuos vigilados[116].

IV. Policía, espías y represores: Pedro Urraca Rendueles

IV. | POLICÍAS, ESPÍAS Y REPRESORES:
| PEDRO URRACA RENDUELES

1. Represión selectiva en el exterior

1. REPRESIÓN SELECTIVA EN EL EXTERIOR

A través de su red diplomática y con el asesoramiento directo de sus amigos alemanes en asuntos policiales, Franco creó una red de agentes y espías para perseguir a los refugiados. Era una red totalmente oficiosa pero estaba camuflada dentro de las estructuras oficiales de la Embajada española en París y por los miembros adjuntos a ésta. No todos los agentes formaban parte del cuerpo diplomático, pero a efectos de libre circulación se inscribían con algún cargo dentro de la Embajada o el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Vichy adoptó una postura oficial de respeto por la vida de los exiliados pero no dudó en aplicar órdenes y normas de vigilancia, obligatoriedad de residencia, regulación de pasaportes, visados, títulos de viaje, control de libertad sobre la movilidad real en el territorio, permisos de trabajo y un largo etcétera que afectó directamente a la vida cotidiana del exiliado. Igualmente, el cuerpo policial se implicó de facto mediante la asignación de tres agentes colaboradores directos con los policías y la Embajada franquista, especialmente destinados a seguir e investigar a los políticos refugiados en su territorio. Los agentes enviados por la Dirección General de Seguridad y el Servicio de Información y Policía Militar (SEPM) y su relación con sus superiores, configuraron la base de la red exterior Franquista.

La coyuntura internacional permitió una interesante interpretación sobre la «no beligerancia» del franquismo. La actuación directa de Franco en territorio francés tuvo una repercusión directa en la interpretación del eje represivo franquista: fue una obsesión personal del General y su régimen pero también fue un elemento histórico de colaboración en un proyecto antidemocrático, represor, policial y colaboracionista, representado por un eje de «nuevos estados fascistas». En este sentido, el balance de víctimas de un país u otro no justificaron los medios y las relaciones empleados para los planes de colaboración policial, de información y seguridad vigentes hasta 1944. Mientras Europa y el mundo estaban en guerra, Franco también libraba su propia guerra.

La conexión de la Dirección General de Seguridad (DGS) con múltiples servicios fue constante y efectiva. Incluso los intercambios comerciales estaban envueltos en tramas de agentes y espías. El Servicio Interior, a través del Departamento de Coordinación y el Servicio Nacional de Información e Investigación concedió visados a Andreas Langevin, con un pretextó comercial para actividades de espionaje[1]. También controlaba los informes y la correspondencia entre el Secretario del Servicio Exterior de la Falange y la DGS, así como los visados, embarcos, intercambio de información y operaciones secretas sobre el paso de frontera. Por ejemplo, Francesc Fité Trulla, que había trabajado para el SIM republicano y estaba en contacto con los servicios ingleses y norteamericanos, se enriquecía ahora pasando refugiados desde Francia hacia Andorra y Barcelona[2].

Como se verá, la Comisión de Recuperación de Bienes, con la excusa de la recuperación de bienes, dinero, obras de arte, joyas, armas y fondos se creó esta red de persecución de enemigos políticos. Las reclamaciones oficiales seguían en paralelo las entregas, detenciones e interrogatorios oficiosos que, ejecutados o no, con petición de extradición o sin ella, involucraba los políticos fichados por el franquismo.

Los cargos más destacados de la Embajada realizaron misiones de recuperación de bienes y control de agentes, dirigiendo las relaciones con los alemanes y las operaciones de información contra el exilio republicano.

En un expediente sobre Antonio Barroso aparecía la petición de un pasaporte especial para su hijo, Manuel Barroso Feltrer y para algunas autoridades alemanas que lo acompañaban a la sede de la Embajada con misiones de la Comisión de Recuperación en agosto de 1940[3].

Cristóbal del Castillo Campos, como ministro consejero de la Embajada que había ostentado el mismo cargo en la embajada republicana, cambió de bando, fue separado de la carrera diplomática y empezó a trabajar para los franquistas, y fue confirmado en el cargo y nombrado nuevamente el 8 de marzo de 1939 como consejero. Del Castillo, que despachaba directamente con Lequerica y Serrano Suñer, ejerció importantes funciones de información y de diseño de estrategias.

Diseñó un plan para reunificar las acciones de control sobre los consulados del sur, en Tolosa, Perpiñán y las zonas donde había un mayor número de republicanos. Desde el principio insistió en la necesidad de formar a un agente secreto, vinculado a la DGS, para coordinar dichas funciones. Pedro Urraca Rendueles empezaría como tal en abril de 1940[4].

El embajador Lequerica depositó gran confianza en Barroso, en Cristóbal del Castillo y en Propper de Callejón. Del Castillo fue nombrado cónsul de Argel, donde la colonia exiliada fue también muy importante, el 30 de octubre de 1940. Las comunicaciones Argel-París (Del Castillo-Lequerica) funcionaron como una delegación más de la red diplomática en Francia.

Después del 11 de agosto de 1944, Propper y Del Castillo volvieron a ser encargados de negocios en París —de forma provisional ya que Lequerica se marchó de Vichy a Madrid por miedo a represalias aliadas[5].

Otros nombres de agentes en Francia: José Antonio Sangroniz y Castro, Cristóbal del Castillo, Propper de Callejón, Juan Antonio Ansaldo y Vejarano, agregado aéreo en París y Londres en 27 enero de 1940; Eduardo Casuso Gandarillas, secretario de la Embajada de segunda clase desde el 25 marzo de 1939; Federico Diez y Ysasi, secretario de la Embajada en París, tomó posesión el 30 de mayo de 1939; Faustino Aramijo y Gallardo, secretario de segunda clase de la Embajada en París; Rafael Espinosa de los Monteros y Bermejillo, agregado naval en París; Rafael Forns y Cuadra, secretario de primera clase; Pedro Urraca Rendueles, agregado policial de la Embajada en París[6].

La DGS aplicó en algunos casos, como en los de Francisco Cruz Salido y de Julián Zugazagoitia, la orden directa de la Dirección General de Seguridad, que disponía de poderes judiciales y se le otorgó un Juzgado Especial Militar Eventual, creado para juicios sumarísimos y urgentes. La DGS elaboró un amplio expediente policial contra Zugazagoitia donde se descubre un proceso verbal y un interrogatorio previo al consejo de guerra. Desde el archivo de la prisión provincial de Madrid situada en la calle general Portier 54, se certificó la entrada de Zugazagoitia como preso, indicando que la «fuerza conductora» entregaba el preso a «disposición del consejo de guerra» por el mandamiento del «Juzgado Especial Militar Eventual de la Dirección General de Seguridad». En la ficha de prisión se indica el consejo de guerra con fecha 21 de octubre de 1940, que fue «ENTREGADO al piquete de ejecución en virtud de la Dirección General de Seguridad, que se une, para cumplimiento de la sentencia de PENA DE MUERTE dicta causa n.º 100 159 de esta Capitanía general el 9 de noviembre de 1940»[7].

Efectivamente, la orden fue expresa de la DGS y ésta tuvo la última palabra los mismos 8 y 9 de noviembre sobre el destino de los presos. Así quedaba constancia en una nota reservada de la DGS al capitán general de la 1.ª Región militar (sección 5.ª), al director general de Seguridad, al juez especial eventual y al director e inspector de las prisiones de Madrid:

En virtud de los dispuesto por el Exmo. Sr. General Juez Instructor del Juzgado Especial Eventual, a las seis horas y cuarenta y cinco minutos del día de mañana, se servirá usted hacer entrega de los dos reos, JULIÁN ZUGAZAGOITIA MENDIETA hijo de Fermín y Juana, de 41 años de edad, casado, natural de Bilbao, periodista; y FRANCISCO CRUZ SALIDO, hijo de Enrique y Francisca, de 42 años de edad, casado, natural de Jaén, periodista, a la fuerza de la Policía Armada y de Tráfico, portadora del presente escrito, que ha sido designada para dar cumplimiento a la sentencia de pena de muerte, dictada en la causa número 100 159 de la Capitanía General de la 1.ª Región Militar […] a cuyos reos les han sido prestados los ejercicios espirituales[8].

En el expediente de Cruz Salido, encarcelado también en la prisión de Portier, solamente se incluye la sentencia de pena de muerte, su ingreso el 21 de octubre y su fusilamiento el 9 de noviembre. Todo indicaba la amplia potestad de acción represiva y ejecutiva de la DGS[9].

Esta «comisión de persecución» en Francia estuvo bajo las órdenes directas de Barroso y Lequerica. El encargado de asuntos consulares[10] de la Embajada, Cristóbal del Castillo, actuaba de supervisor de operaciones con Propper de Callejón[11]. Éstos, a su vez, se apoyaban operativamente en el grupo policial, dependiente de la DGS, compuesto por Gabriel Coronado y Pedro Urraca Rendueles que, camuflados como personal de la Embajada, eran hombres de confianza del director de la DGS, José Finat y Escribà de Romaní, conde de Mayalde. Todos ellos tenían relación con el coronel alemán Rudolph, encargado de los servicios de información de la policía nazi en la zona ocupada. Por parte francesa, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional, M. Brochet, delegó a dos hombres clave para realizar las operaciones en el territorio controlado por el gobierno de Vichy; el agente informador De Saulnes y Víctor Druillet.

Más tarde, algunos de estos agentes y colaboradores, a partir de 1941 y hasta el final de la Guerra Mundial, serían recompensados con cargos de cónsul y otros de alto nivel; por ejemplo, Propper de Callejón fue nombrado cónsul en Orán; Espinosa de los Monteros, después de ser secretario de Embajada en Berlín, fue nombrado cónsul de Marraquech, etc.[12]. Cabe destacar el papel de Espinosa, quien mantuvo una estrecha relación y colaboración con los nazis en la Embajada de Berlín; de epicúrea educación vienesa y con un alemán perfecto, fue el encargado de despachar con Ribbentrop el día siguiente del fiasco de reunión en Hendaya entre Franco y Hitler[13].

Con el estudio y análisis de la red policial y con la investigación documental de sus acciones podemos explicar mejor la persecución de exiliados, las detenciones arbitrarias, los expolios a oficinas y casas particulares, las entregas directas y las demandas de extradición. Dichas acciones policiales sucedían en un contexto histórico-político muy particular pero los métodos, informes, sobornos, en definitiva el estilo, con que se llevaron a cabo, describía un mundo paralelo, novelesco y complicado, pero represor que jugó con la vida y la seguridad de las personas, acarreando graves consecuencias. Ese estilo y muchos otros «tics» represivos y policiales sentaron sus bases en el primer franquismo y se sufrieron en España hasta la muerte del dictador.

2. Colaboración y organización policial

2. COLABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLICIAL

Entre julio y agosto de 1940 se sentaron las bases para una posible colaboración policial a nivel ministerial entre Francia y España. Básicamente, la mayor insistencia provenía del gobierno español, que estaba muy interesado en establecer una colaboración oficial entre Madrid y Vichy. En este sentido, el director general de seguridad, el Conde de Mayalde, envió una nota oficial a la dirección de la Sûreté Nationale francesa en la que pedía una relación oficial entre ambas direcciones policiales con la finalidad de establecer un intercambio regular de informaciones y mayor colaboración en la búsqueda de personas sospechosas[14].

La intención de España era establecer unas nuevas relaciones policiales con el gobierno de Pétain, creyendo que todas las facilidades les serían ofrecidas desde el nuevo Estado «conservador, nacionalista y autoritario» francés.

España creía tener suficientes avales con su participación en la firma del armisticio franco-alemán del 22 de junio y en la consecuente toma de posesión del mariscal Pétain el 10 de julio. El embajador francés en España, Robert de La Baume, fue el encargado de recoger las intenciones del gobierno español: el pacto policial debía ser paralelo al que España había alcanzado con Portugal e Italia estableciendo una colaboración cordial y efectiva. La forma del pacto era indiferente, lo que importaba era el fondo; si se redactaba un texto oficial ose mantenía verbalmente eran cuestiones menores, lo que importaba era sentar una base sólida de colaboración. Tal era la importancia de dicho acuerdo que el conde de Mayalde estaba dispuesto a desplazarse a Vichy.

Por su parte, Pétain y sus ministros tenían dos motivos de peso para buscar la colaboración y la amistad de la España franquista: mantener la neutralidad española y la búsqueda de una apertura hacia Alemania. Vichy deseaba tratar a España como a una intermediaria con Alemania para, principalmente, atenuar las cláusulas del armisticio y de la ocupación de su territorio desde principios de julio de 1940[15]. Asimismo, seguía pendiente el asunto de las colonias norteafricanas y su situación en la Guerra Mundial.

La Dirección Política del Ministerio de Exteriores francés recibió sendas notas el día 5 de agosto y 12 de septiembre del mismo año, en las que recomendaba que el acuerdo debiera ser estrictamente verbal, siguiendo el ejemplo de Portugal, pues Italia tenía acuerdos firmes y por escrito con España. La Baume estaba a favor del pacto y así lo recomendó a sus superiores en Vichy[16]. En estas notas también se refería al viaje que el conde de Mayalde estaba realizando esas mismas fechas a Berlín para sentar las bases de las nuevas colaboraciones policiales con los alemanes. La Baume citaba el viaje de Mayalde para presionar a algunos de sus jefes políticos más germanófilos como Piétri —que pronto sustituiría a La Baume en Madrid— y a Laval.

El 20 de septiembre de 1940, el Ministro del Interior, a través de la Dirección General de la Sûreté Nationale, escribía una carta al ministro de Asuntos Exteriores, señalando que solamente se podían encontrar ventajas en establecer el acuerdo policial con España. Según la dirección de la policía francesa, el pacto mejoraría el funcionamiento de las policías de ambos países, pudiendo colaborar y transmitir información sobre las personas sospechosas a ambos lados de los Pirineos[17].

Mientras tanto, los acuerdos entre la policía española y la alemana seguían un cauce menos burocrático y más directo. Las persecuciones de refugiados españoles republicanos en territorio ocupado se iniciaron rápidamente después de la firma del armisticio franco-alemán. El presidente Companys y otros habían sido detenidos durante el mes de agosto. La impunidad en estas detenciones provocó y estimuló la movilización de México y de la opinión pública francesa e internacional. Así pues, no se concretó ningún acuerdo escrito en materia policial, pues amplios sectores del gobierno francés no comulgaban con la ilegalidad de la entrega directa, sin un juicio previo, de altos cargos y personalidades políticas en su territorio. Pero en la misma carta, la dirección policial francesa insistió en la necesidad de realizar una reunión secreta con el conde de Mayalde o algún alto funcionario de la seguridad española en territorio francés[18]. Sin embargo, algunos agentes fueron destinados a colaborar con los agentes franquistas. La colaboración policial se mantuvo así en un plano oficioso, secreto, hasta más allá de los años cincuenta, especialmente en los asuntos referentes a los exiliados españoles en Francia.

Por su parte, el gobierno español sí que estaba preocupado por organizar y establecer nuevos pactos policiales para consolidar sus relaciones internacionales. Las relaciones policiales más fructíferas fueron las establecidas con el gobierno nazi. En 1941, los servicios de policía se organizaron con el asesoramiento y la ayuda de Himmler y altos funcionarios alemanes. Los servicios policiales en España estaban dividida en tres grupos básicos:

La policía, dependiente directamente de la Dirección General de Seguridad, que estaba dividida en:

—El cuerpo general de policía.

—La policía militar y de tráfico.

La Guardia Civil, dependiente del ejército.

La milicia falangista.

Una nueva ley del 8 de marzo de 1941 reorganizaba al primer grupo policial. A grandes rasgos, la intención del gobierno y de la propia DGS era elevar el nivel de los funcionarios de la Dirección y de los agentes de la policía militar que, hasta entonces era muy bajo en comparación con sus homólogos europeos. Básicamente, se trataba de una operación de relativa modernización que contemplaba un buen programa de formación y unas bases sólidas para asegurar la fidelidad de ambos cuerpos al régimen[19]. Se crearon dos nuevas escuelas de policía; una para los cuadros superiores: comisarios y comisarios jefe; la otra para los subalternos: inspectores, agentes y el cuerpo de la policía militar (totalmente militarizado y dirigido por oficiales de carrera del ejército). Para reclutar a nuevos agentes y alumnos se empezó una campaña entre universitarios, estudiantes y oficiales de reserva. La selección, dirigida y organizada por el conde de Mayalde, sería realizada bajo un estricto escrutinio de antecedentes políticos de los candidatos.

La reforma también respondía a la necesidad del Estado español de acentuar la vigilancia interior y exterior y de afianzar la represión política contra toda posible oposición al régimen. En este sentido, también se dio rienda suelta a las milicias de la Falange para que pudieran ejercer funciones policiales.

Algunas voces críticas surgidas del bando aliado empezaron a reflejar en la prensa la dureza del régimen instigada por la colaboración con los alemanes. Las críticas al régimen franquista no eran infundadas ya que, junto con las reformas policiales, una ley sobre la Seguridad del Estado sentaba las bases para ampliar específicamente la represión política. Promulgada el 11 de abril de 1941, esta ley preveía nuevas penas graves que iban desde 30 años de cárcel hasta la pena de muerte para un número elevado de casos sobre «crímenes políticos»[20].

La justicia franquista y las fuerzas del orden aplicaron a rajatabla las tesis doctrinarias del nuevo régimen, se dedicaron desde un principio a neutralizar cualquier brote de contestación individual o social a esos principios, lo que reforzaba el control social ejercido a través de los mecanismos específicamente represivos de posguerra[21].

Recordemos que el decreto del 24 de julio de 1936, constituía la Junta de Defensa Nacional de Burgos y un bando del 28 de julio del mismo año hacía extensiva hasta 1948, la declaración de estado de guerra a todo el territorio nacional sometiendo así a consejo sumarísimo todos los delitos contra el orden público. A partir de aquí se promulgaron paulatinamente una serie de leyes especiales y extraordinarias, siendo la de Seguridad del Estado del 29 de marzo de 1941 la que suplió la legislación penal ordinaria. Aunque el franquismo no adaptó el código penal a sus necesidades hasta 1944, cualquier ejercicio medianamente serio de oposición política o de subversión social recibía inmediatamente la consideración de rebelión militar que, por la ley del 19 de febrero de 1942, restituía a la jurisdicción ordinaria competencias sobre actividades de carácter político (asociación ilícita, propaganda ilegal, paros, huelgas, atentados a la seguridad del Estado o desobediencia a órdenes del gobierno).

Posteriormente, el Decreto-Ley del 18 de abril de 1947 introdujo nuevos cambios, en razón de la persecución de la guerrilla y de los maquis. Se definieron los delitos de bandidaje y terrorismo, derogando la ley de Seguridad de 1941 y restableciendo la competencia de la justicia militar para todos los delitos en ella tipificados. Más adelante, se siguieron redefiniendo las prerrogativas militares y ni la ley de Orden Público de 1959, ni la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963, sustrajeron nunca al ejército los poderes excepcionales que siempre conservó. Con todo ello, hasta bien avanzado el franquismo fue posible catalogar de delito de rebelión militar una amplia gama de meros comportamientos políticos de oposición y disidencia[22]. Esa legislación permitió todo tipo de imputaciones delictivas dentro y fuera de España (cabe señalar que sólo en 1940 había en España 200 000 presos políticos).

El hecho de incluir estos supuestos en una ley para la «seguridad del Estado» delata la situación de miseria profunda y actos de bandidaje acaecidos en el interior de España. Sin entrar en profundidad en la aplicación de esta ley, resulta interesante citar algunos de sus rasgos distintivos. Por ejemplo, en el capítulo primero, concerniente a crímenes contra la seguridad exterior e interior del Estado y contra el gobierno nacional: contra instigadores de golpes de Estado y los miembros de movimientos separatistas, preveía penas muy graves, incluso la pena de muerte. Numerosos artículos preveían penas graves para los depositarios de armas y los divulgadores de propaganda subversiva. También se mezclaban disposiciones sobre los sabotajes materiales o políticos, los ataques a funcionarios y a sus familiares. Otros capítulos de la ley hacían referencia a los robos a mano armada y a los secuestros.

El artículo 41 castigaba a aquéllos que intentasen restablecer en España un régimen constitucional y de partidos políticos o sociales. Igualmente preveía penas muy graves para los que intentaran recrear organizaciones inspiradas en el Frente Popular. El último artículo de la ley, delegaba la competencia de gestión y reconocimiento de crímenes a los Tribunales militares del Estado para la aplicación de la ley de Seguridad[23].

El Gobierno dictó esta nueva ley penal por la necesidad que tenía de codificar jurídicamente la represión que el régimen empleaba sistemáticamente contra sus enemigos políticos. La reforma policial, más inspirada en el espíritu del Partido Único —Falange— y las detenciones masivas en el interior y en el exterior, demuestran que dicha ley tuvo como objetivo su aplicación práctica e inmediata. La justicia española amparaba así el proceso del régimen franquista de reprimir severamente todos los crímenes cometidos contra la nación.

El Estado se consolidaba y con ello debía ordenar y legislar su sistema represivo. La represión, fruto de venganzas, envidias y delaciones, pasaría a ser cada vez más institucionalizada y legislada por el Estado[24]. Reparaz, nuevo jefe de la DGS de Madrid, introdujo importantes cambios en la forma de tratar los casos de detenciones y actuaciones policiales contra perseguidos políticos. Quiso eliminar el sistema creado de impunidad policial, delaciones orales, envidias, rencillas y venganzas. La justicia y la represión debían ser ponderadas y ejemplares: «a partir de ese momento las denuncias fueron tramitadas por escrito y formalmente, castigando las mentiras y denuncias vengativas»[25]. Los métodos de los anteriores jefes de la Policía, como Orbaneja, predecesor de Reparaz en Madrid, que se basaban en «detener o liberar apersonas a cambio de paquetes de cigarrillos», se convertirían en procesos más burocráticos y oficiales, aunque eso no haría menguar la implacabilidad del franquismo para con sus enemigos políticos; al contrario, las nuevas leyes y reformas mejoraron el aparato represor.

Después de intentar profesionalizar la policía franquista, Reparaz dimitió del cargo al no poder cambiar las formas enquistadas, las actuaciones indiscriminadas y las barbaridades de la policía privada de la Falange. Reparaz se fue a Barcelona donde dejó la dirección policial para dirigir el consejo de administración de cervezas El Águila[26].

La consecuencia de dichas leyes represoras fue el enjambre humano que suponían los centros penitenciarios franquistas. Éstos daban una pésima imagen a los representantes franceses de la Embajada y el Consulado galo en Madrid. Es bien sabido que las cárceles de Franco estaban sobresaturadas. En Madrid, 15 000 reclusos se repartían en los centros penitenciarios de hombres[27]; mezclados con delincuentes comunes, la inmensa mayoría estaba presa por causas políticas y por internamiento directo de las acciones de la policía y la milicia falangista. Muchos todavía seguían presos de las redadas policiales realizadas después de la caída de la capital. Dos años y medio más tarde, aún no habían sido interrogados e ignoraban, esperando un incierto destino, la causa de su encarcelamiento.

Otro gran grupo de presos era el de los internados administrativos, retenidos en las cárceles «por disposición del Director General de Seguridad» durante varios meses. Éstos se encontraban en la misma situación que las personas que habían sido detenidas por la policía y esperaban que alguien estableciera las causas de su detención o emitiera algún proceso verbal acusatorio desde los sótanos de la Puerta del Sol (sede de la DGS).

Todos ellos, hacinados en las prisiones, sin las más mínimas condiciones higiénicas, durmiendo en los pasillos o en el suelo, torturados o agredidos, sufrieron las consecuencias: enfermedades, desnutrición, etc. Algunos, condenados a muerte, aguardaban la ejecución o conmutación de su sentencia. No debemos olvidar los tristemente conocidos paseíllos nocturnos, en los que algunos eran fusilados aleatoriamente.

Durante esos años, la imagen más habitual de los alrededores de las cárceles madrileñas eran las largas colas de familiares esperando visitar a los encerrados y proporcionarles comida o ropa.

Ante este panorama, las autoridades francesas mandaron un informe a la sede central del gobierno en Vichy explicando que la situación de los presos y detenidos políticos en las cárceles era precaria e inhumana. La frase que firmaba bajo el retrato de Franco en todas las cárceles, «La disciplina de un cuartel —La serenidad de un Banco— La caridad de un convento», fue descrita por el cónsul francés como una «amarga broma»[28].

En el análisis del interior carcelario, el cónsul francés André Montaudon informó de que, a pesar de la fuerte represión y de las pésimas condiciones, los presos comunistas se organizaban activamente. Citó las cárceles de Comendadoras y Santa Rita como ejemplo donde los comunistas habían conseguido adjudicarse tareas de auxiliares (organización de los detenidos, administración y alimentación, etc.) que les permitían ejercer cierta influencia sobre otros presos y conservar, más fácilmente, relaciones con el exterior[29].

El personal penitenciario, desbordado por la situación, sufrió también la presión de las detenciones masivas del régimen para el que trabajaban: carecían de medios y de ayuda que, junto con la creciente burocracia represiva, convirtieron las cárceles en un universo gris y penoso del franquismo. Un universo distante pero inseparable de las nuevas tendencias de la policía en su represión política, más jerárquica y más organizada. La teoría policial fue una, la realidad dura y cruda del detenido y el preso político fue otra muy distinta.

Después de estos y otros muchos informes, el gobierno francés decidió definitivamente no acordar ningún pacto de Estado con la policía española, sobre todo para el control y seguimiento de los refugiados políticos. Compartieron información, listas y hubo colaboraciones puntuales pero no se crearía ningún organismo para el funcionamiento bilateral de las dos policías.

El gobierno español hacía y deshacía a su antojo en todo momento. Una muestra de ello fue el envío a finales de año, en diciembre de 1941, de más agentes policiales a Marsella, Perpiñán y Tolosa. Sin un acuerdo policial establecido, la Embajada de España en París, intentó gestionar mediante los cónsules españoles de las ciudades citadas y las autoridades prefectorales francesas, la regularización del permiso de residencia y circulación de los policías españoles[30]. La reacción del ministro del Interior fue recomendar extrema prudencia y no conceder según qué visados o permisos a agentes policiales extranjeros. Al percatarse de que ninguna orden, consulta, ni mucho menos autorización había sido aceptada, el ministro no vio con buenos ojos que funcionarios de una policía extranjera ejercieran actividades en su territorio, como queda demostrado en su nota dirigida al ministro de Exteriores:

J’estime que l’exercice de la Police est un des pouvoirs normaux d’un Pays souverain et qu’il ne saurait être question de faire contrôler par des agents d’un autre État la population étrangère en France, cette attribution étant du ressort exclusif du Gouvemement Français. Je vous prie de bien vouloir m’indiquer la suite que cette affaire aura comportée[31].

El ministro de Asuntos Exteriores, el almirante Darían, ante la afirmación de su homólogo en Interior, se percató de que el director de la Policía de Estado, Brochet, y el secretario general de Policía en Vichy, Chauvin, habían acordado a través del agregado militar Barroso y el embajador Lequerica la colaboración entre agentes de Vichy y de la DGS española. Desde el ámbito político, el gobierno francés quiso llegar al fondo de la cuestión. Todas las miradas apuntaron al encargado diplomático en Madrid, François Piétri. Darían envió una nota a Piétri destacando su sorpresa ante el envío, sin acuerdo de su gobierno, de funcionarios policiales españoles al sur de Francia. En la misma nota, Darían le pedía que investigara en el gobierno español las razones y las intenciones que motivaron tal acción unilateral. Las razones no eran otras que la inmunidad de acción con la que los servicios secretos españoles creían poder actuar. Llevaban actuando impunemente en Francia desde 1937 y seguirían haciéndolo entonces que sus aliados alemanes ocupaban la mitad de ese país y les conferían colaboraciones especiales a través de esos mismos agentes[32].

Los policías franceses que colaboraron al margen de su país, como Víctor Druillet, fueron castigados judicialmente. Los que no fueron acosados hasta el fin de la contienda mundial fueron los agentes españoles, algunos agentes dobles alemanes, como un tal Crespo —a quien la policía francesa persiguió por colaboracionismo y espionaje— que camparon a sus anchas en territorio francés persiguiendo por razones políticas a los republicanos refugiados allí. Por ese motivo es imprescindible estudiar a fondo alguno de esos agentes dobles[33].

3. Urraca Rendueles y Víctor Druillet. Los agentes franquistas más destacados

3. URRACA RENDUELES Y VÍCTOR DRUILLET.
LOS AGENTES FRANQUISTAS MÁS DESTACADOS

Pedro Urraca Rendueles

Fue el agente de policía más importante de la red represora de los exiliados políticos en Francia. Trabajó a las órdenes de la DGS, pero viajaba por Francia y realizaba viajes transfronterizos con un pasaporte diplomático en el que figuraba como «agregado policial» de la Embajada española en París. Sus sobrenombres como agente secreto fueron: Pedro Rendueles, Urraca, Urracarendueles, Unamuno (como agente alemán) y a veces el sobrenombre de Cornette.

La razón por la que presentamos una breve biografía explicativa sobre este agente es su directa participación en los casos de seguimiento más destacados, incluyendo detenciones, interrogatorios y persecuciones de republicanos. Además, fue un agente que trabajó a tres bandas: para los intereses franquistas, alemanes —fue agente de la Gestapo— y también con Vichy en misiones especiales.

Nacido en Valladolid el febrero de 1904, hijo de Emilio Urraca y Concepción Rendueles, se casó en Francia con Hélène Cornette —Hélène Urraca— nacida el 17 de enero de 1908 en París, donde nacería su primer hijo, Jean-Louis, el 27 de julio de 1936[34].

En Valladolid, primero trabajó como empleado de banca. El 1 de septiembre de 1929 ingresó como agente en el cuerpo de policía. El 15 de octubre de 1934 fue destinado a la Oficina de Información Policial de la Dirección General de Seguridad de la República. Durante la Guerra Civil, desertó del cuerpo y, después de haber realizado algunos viajes a Francia, se instaló en el país vecino el 1 de enero de 1938, escapando de los imperativos de la guerra[35].

En cierto modo, Urraca huyó del conflicto que, desde su posición, le obligaba a participar activamente en la guerra. Como muchos otros, escogió actuar a favor del bando sublevado realizando acciones desde su cargo en la policía gubernamental. Este cambio de bando lo llevó a Francia desde donde colaboró más activamente a favor de Franco. Al finalizar la guerra, su expediente pasó por el Tribunal de Depuración franquista que afectaba, entre otros, a antiguos funcionarios y trabajadores del gobierno republicano. Como muchos otros policías y cargos militares que pasarían a la historia por su represión activa durante todo el franquismo, como Pedro Polo Borreguero, Antonio Barroso o Gerardo Caballero, sus actuaciones durante la Guerra Civil fueron determinantes para poder «limpiar» su expediente depurador.

Finalmente, el nuevo régimen franquista le concedió la rehabilitación y la plaza en la Embajada en París el 7 de noviembre de 1939. Su entrada en Francia por Hendaya se la proporcionó el salvoconducto n.º 19 061 expedido en San Sebastián con las prescripciones de «permiso de residencia para extranjeros en Francia».

En París, se domicilió en el número 13 de la Avda. Georges V, pero tuvo otro despacho en el 112 del Faubourg Saint-Honoré hasta agosto de 1944. Su enriquecimiento y sus operaciones colaboracionistas le permitieron adquirir también una casa más confortable en el 133, rue de l’Université.

La creación del agente franquista

Al final de la Guerra Civil y antes de la Segunda Guerra Mundial, Urraca estuvo destinado en Roma, con la misión de representar a la «España conservadora» y trabajar contra la República para poder entrar en contacto con los servicios italianos «amigos de Franco». Después de establecer algunas amistades regresó a Francia. De hecho, sus acciones no llamaron la atención de los servicios de policía franceses hasta 1940. Fue a partir de la firma del armisticio entre Francia y Alemania que dividía el hexágono en dos, cuando los servicios secretos franceses empezaron a sospechar, sobre todo por sus relaciones con las autoridades alemanas, principalmente con la Gestapo, que le profesaba un gran aprecio como doble agente[36].

En uno de los expedientes que sobre él se guardan en los archivos policiales del Ministerio del Interior francés hay un documento que cita su condición de agente alemán

[Urracarendueles —Spanier— Beamter —alle Grenzstellen—

10 november 1942.

Dienstreisen nach Vichy, Marseille und Nizza,

-----------------------

Pedro Rendueles Beamter —unbesetzie Gebiet— alle zuständigen Stellen

31 marz 1942

Reiseziel: Vichy]

Su traducción equivaldría a:

[Urracarendueles —Español— funcionario en todos los puestos fronterizos/aduanas. 10 de noviembre 1942.

-----------------------

Viajes de servicio a Vichy, Marsella y Niza —funcionario para la Zona no ocupada en todos los puestos disponibles. 31 de marzo 1942. Objetivo del viaje: Vichy]

Paralelamente, sus actividades estaban ligadas también a la organización franquista secreta que actuaba en territorio galo, más concretamente, con la red de servicios policiales que los españoles habían montado a través de la Embajada y el Consulado de París, de la que Urraca fue uno de sus hombres más destacados. Su cargo exacto es difícil de precisar, quizá podría definirse como un «un agente secreto doble que trabajó para diferentes servicios de información».

Ante las autoridades francesas, Urraca se definía como miembro adjunto de la Embajada española en París y así era como él mismo se presentaba. La placa en la puerta de su domicilio versaba el cargo mencionado de «Miembro Adjunto». Un título que fue defendido por la Embajada española como «Agregado Policial», aunque nunca figuró en listas oficiales de personal. Esta mención, aunque le otorgaba ciertos privilegios diplomáticos, en sí misma no desvelaba nada, ni cargo ni posición oficial. Esta falta de precisión en su función en territorio francés jugaría un papel clave cuando, más tarde, la policía francesa lo buscaría para expulsarlo de Francia.

Los franquistas establecieron colaboraciones policiales con los alemanes en general y la Gestapo en particular. Sobre todo a partir de las continuas entrevistas entre Himmler y el conde de Mayalde, iniciadas inmediatamente después de la victoria de los rebeldes en España. Igualmente, Serrano Suñer también se esforzó en este sentido empujado por su obcecado germanismo.

Dichas relaciones se concretaron y cogieron forma dentro del territorio francés, especialmente en el ocupado, pero también en el controlado por el gobierno de Vichy, gracias, en gran medida, a los agentes secretos. Muy pronto, las acciones conjuntas se traducirían en una colaboración fraternal[37] de los policías franquistas con los nazis para la persecución y captura de los refugiados políticos españoles.

Fueron las direcciones centrales de Madrid las que organizaron y planificaron estas colaboraciones. Dos organismos importantes que tenían jurisdicción policial de información: la Dirección General de Seguridad y el Servicio Exterior de la Secretaría General del Movimiento (Falange Española Tradicionalista y de las JONS). Urraca fue un empleado directo de ambos servicios[38]. Su cargo pues, no dependía directamente de la Embajada o del Ministerio de Asuntos Exteriores español, sólo en Francia se hacía pasar por personal diplomático para aprovechar salvoconductos y libre circulación, además de contar con el apoyo y protección que otros cargos consulares y diplomáticos le ofrecían. En realidad, su nombre no constaba en ninguna lista de agentes, ni empleados diplomáticos, ni agregados, ni personal civil, policial, ni militar, circunstancia que confundió a los servicios franceses y que ha mantenido oculta su verdadera identidad y sus funciones durante muchos años.

Los servicios creados por Franco para proseguir la represión de los republicanos en el exterior, confluyeron en cuatro organismos clave, que recibían los informes de forma paralela. La cúpula franquista era el nexo de unión y todas las decisiones importantes estaban centralizadas y supervisadas por la Secretaría Militar del Jefe de Estado. Podemos afirmar que los consulados realizaban el «trabajo de campo» ya que tenían el contacto directo con la población, a través de informadores y pequeños espías. Éstos, en mayo de 1939 hicieron un importante seguimiento de los partidos republicanos, como el PSUC y el POUM, y enviaron informes al Consulado General en París o directamente a la Embajada, donde el personal destinado a la información y control de actividades políticas tomaba las determinaciones o lo exponían a la cúpula del gobierno militar en España[39].

Los organismos del gobierno español que participaron en la coordinación de agentes como Urraca y en las actuaciones de los servicios secretos en el exterior fueron básicamente:

Los militares: a través del SIPM y el SIM, dirigidos por el general Juan Vigón Suerodíaz. Su agregado militar en París y colaborador más eficaz fue el coronel Antonio Barroso y Sánchez Guerra, que fue nombrado presidente de la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en Francia.

Los organismos diplomáticos, Consulado y Embajada, que encubrían y protegían a los agentes. En el caso de París estaban dirigidos directamente por Gómez Piñán, jefe de los Servicios de Información franquistas y supervisados personalmente por el embajador José Félix de Lequerica.

La estructura policial, que dependía directamente de la DGS, bajo las órdenes de Gerardo Caballero; fue organizada en París con la colaboración de Propper de Callejón y encargada también a Barroso. Éste fue el encargado de encontrar un hombre de confianza para coordinar y dirigir las operaciones: Pedro Urraca Rendueles, a quien se le dio el cargo de «agregado policial de la Embajada de España en París».

El Servicio Exterior de Falange: al que Urraca enviaba también directa y puntualmente sus informes a su jefe y amigo, José Sebastián de Erice y al jefe de Falange en Francia, Federico Velilla[40].

Así se hilvanó la relación entre los principales servicios de información. La coyuntura política y militar de la invasión alemana de Francia, junto con la política represora del primer franquismo y de sus diferentes organismos interiores y exteriores culminaron en las acciones diplomáticas para favorecer la rápida colaboración entre los franquistas y la Gestapo.

Otra figura clave en estas relaciones fue Gerardo Caballero Olabezar, nacido en Bilbao y militar de profesión, el 30 de mayo de 1939 fue integrado en la Comisión de Estudio, Defensa y Preparación de la Frontera Francesa, en la región de los Pirineos Occidentales (Guipúzcoa y Navarra). Los méritos y las misiones de Caballero le convirtieron en gobernador civil de Guipúzcoa y posteriormente en director general de Seguridad, y el 21 de agosto de 1941 el Reich alemán le otorgaría la Cruz del Mérito de la Orden del Águila por sus servicios. Hasta 1944, año en que pasaría a ser el mando de tropas de la Casa Militar de Franco, realizó muchos servicios con los alemanes y organizó, en parte, la red de agentes colaboradores en el exterior gracias a su experiencia en la frontera[41].

Consolidado como agente, en junio de 1940, Urraca se puso a disposición de los alemanes. Desde su mediocre posición inicial de agente de tercera categoría, su contundente acción y su implicación en operaciones contra altos cargos republicanos (Azaña, Companys, Zugazagoitia, etc.), escaló posiciones hasta llegar a ser un agente, amigo y colaborador directo de Gerardo Caballero y el principal contacto de la policía española con la Gestapo. De igual forma, y a través de un agente doble, Víctor Druillet, también se convirtió en el contacto de los servicios especiales del nuevo régimen francés de Vichy. Esta piedra angular de agentes, cuyo nexo era Urraca, formó un grupo de hombres con la función de realizar las actividades secretas de información que configurarían el cuerpo subterráneo del triángulo Franco-Pétain-Hitler, para llevar a cabo las acciones represivas contra los republicanos españoles.

Sus actividades en territorio francés

El perfil de Urraca era el de un hombre de muy buena presencia, siempre bien peinado y muy bien vestido, considerado inteligente, pero poco cultivado; cualidades todas, aparentemente apreciadas para desarrollar su tipo de actividades[42].

El gobierno español, aprovechando las circunstancias que le ofrecía el triángulo policial creado, se saltó las leyes de derecho internacional y sometió a una implacable represión a refugiados españoles en territorio extranjero. Tristemente, de sobras conocemos las consecuencias de las detenciones para algunas personalidades, en teoría residentes bajo la protección del gobierno francés y de los tratados internacionales sobre los refugiados políticos.

El equipo que formó Urraca estaba principalmente compuesto por tres colaboradores: un agregado policial, llamado Ansaldo, ayudante de Barroso dentro del equipo del Agregado militar de la embajada de España; Federico Velilla, jefe de la Falange en Francia; y un policía alemán que le ofreció la Gestapo como ayudante, llamado Landsater. Además, muchos falangistas residentes en Francia y colaboradores con el régimen franquista que no habían vuelto a España, podían ser considerados apoyos para efectuar labores de información, siguiendo las estructuras que ya se habían creado en 1937.

Así lo creyó la policía francesa y así fue en realidad. Muchas de las acciones que se delataron, tales como actividades, reuniones, seguimientos a personas, actos de propaganda, etc., provenían de cohabitantes españoles que, actuando como infiltrados en grupos republicanos o por sus contactos, ejercían de informadores ocasionales que colaboraban directamente con los funcionarios del gobierno español y la policía francesa. El contacto directo de Urraca por la parte francesa fue el comisario Druillet, a quien, más adelante, el propio gobierno de Vichy se encargaría de censurar por la falta de legalidad en sus acciones.

Fuera de su círculo más próximo, Urraca contactaba con el coronel Knochen, jefe de la Gestapo en París, con el agente Zuchristian, de la Dirección General de la policía Criminal alemana y con los agentes alemanes encargados de los asuntos españoles, llamados Alisch y Delian[43]. Efectivamente, durante la ocupación, las relaciones de Urraca con la Gestapo fueron muy estrechas, hasta el punto de que él tenía libre acceso a sus oficinas y servicios, con poderes para consultar los archivos de la policía alemana. En las dependencias de la Gestapo, sus relaciones directas fueron con los agentes Bauer y Schultz.

Las operaciones de detención fueron planeadas por los servicios franquistas, muchas de ellas organizadas por Urraca, y ejecutadas por la policía alemana o francesa; en todas ellas hubo siempre un contacto o «escolta» español, que era agente de Urraca, o algún colaborador suyo. Incluso en los casos más flagrantes de conducción directa de los detenidos a la frontera española, Urraca realizaba personalmente el trayecto hasta España para, una vez allí, que se les juzgara o ejecutara. Los casos más conocidos son los de Lluís Companys, Julián Zugazagoitia, Joan Peiró y Francisco Cruz Salido[44].

En el caso Companys tuvo una participación muy importante ya que fue él quien le interrogó por primera vez en la prisión de La Santé después de su detención en la localidad bretona de La Baule[45]. Otras detenciones en las que colaboró y que, después de un juicio sumarísimo en España se salvaron de la ejecución, fueron Teodomiro Menéndez, diputado socialista, Cipriano Rivas Chérif, antiguo cónsul de Suiza y cuñado de Azaña, un ingeniero llamado Montilla, entre otros. Todos ellos fueron condenados a cadena perpetua y a trabajos forzados.

Otras extradiciones pudieron ser evitadas gracias a la intervención de la legación de México y al respeto a la legalidad francesa por parte de algunos altos cargos de justicia y algunos ministros, evitando así entregas a España (Tarradellas, Ragasol, Azaña, Ventura Gassol, Portela Valladares, Álvarez del Vayo, Nicolau d’Olwer, Frederica Montseny, J. M. Sbert, etc.).

En todas y cada una de estas operaciones intervino la figura de Urraca con la participación de otros agentes, como el mismo Velilla, el agente Ansaldo, Ricardo Duque (que desde 1939 era el contacto entre Gómez Piñán y el General Vigón) y con la inestimable colaboración en la frontera de un catalán llamado Macias que había sido inspector general de la frontera catalana durante la República y que, cambiando de bando, se integró en la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en Francia y al equipo de Barroso.

Tráfico con refugiados de origen judío

Urraca estuvo implicado en otros turbios asuntos de espionaje. Uno de los más graves y que le valdría la condena a muerte por un tribunal francés, devino alrededor de los refugiados judíos. Urraca organizó una sección de «ayuda» a franceses judíos que, escapando del terror nazi, quisieron refugiarse en España, donde Franco se había comprometido a no extraditarlos a Alemania. Esta «ayuda» a la emigración judía, fue posible gracias a la privilegiada relación de Urraca con la policía alemana. Éstos le otorgaron, se supone por confianza, la potestad de supervisar —conceder o denegar— los visados a extranjeros que pedían la entrada a España a través de la Embajada española en París[46]. Con ese privilegio consiguió enriquecerse cuantiosamente «gestionando» la entrada en España de muchos judíos provenientes de toda Europa, sobre todo de los adinerados, que escapaban de los alemanes.

El caso que hemos podido documentar del súbdito holandés Leys Cowis, es un buen ejemplo de lo expuesto. Cowis pidió el visado al Consulado español para poder entrar en España. Urraca se entrevistó con él e intentó convencerlo de que gestionaría su viaje a España y le ofreció papeles legales de forma gratuita. Una vez aceptado el trato, Urraca le explicó el funcionamiento de sus servicios para ayudarle a entrar en España y lo dirigió a su colega Ansaldo para que le tramitara el visado (que él no podía conceder personalmente). Ansaldo lo recibió y aceptó el trámite con la condición de que sus bienes y valores fueran transportados, para mayor seguridad y poder esquivar el control francés y alemán, a través de la valija diplomática española.

Cuando Cowis hubo aceptado legar los valores a la sede diplomática española, Ansaldo le selló el visado. Cowis entró en España pero cuando llegó no había nadie esperándole, como mucho le esperaba una detención, y nunca más volvió a ver sus valores, dinero o pertenencias; ni mucho menos a Urraca ni Ansaldo. Cowis no fue un caso aislado, Urraca y Ansaldo estafaron a gran cantidad de refugiados judíos, a menudo, con un botín muy importante[47].

Otras veces, el refugiado de tumo era «desvalijado» en territorio español, incautando todos sus bienes directamente en el momento de la detención. Conocemos el caso de un ciudadano francés judío que, con una suma importante de dinero, dejó a su mujer en el sur de Francia y se dirigió hacia la frontera española con un visado del Consulado español de París[48]. En España, agentes policiales, previo aviso de sus homólogos en Francia, lo detuvieron, le quitaron todos los bienes y lo internaron en el campo de Concentración de Miranda de Ebro[49]. En unas cartas que se conservan en el Memorial de la Shoah de París y que él envió a su mujer durante su internamiento, se descubrió que en este campo de concentración y hasta 1945, había internados muchos judíos pasando hambre, siendo víctimas de la represión y penalidades análogas de tantos otros presos. Durante más de tres años reclamó la maleta y su dinero a las autoridades franquistas sin recibir ninguna respuesta. Terminada la Segunda Guerra Mundial, fue liberado y llegó a Francia casi desnudo, cubierto sólo con un abrigo que le dejó otro preso, sin dinero y en un deplorable estado de salud con un billete de tren que le había enviado su mujer[50]. Un triste y revelador ejemplo del trato que Franco reservó a cierto grupo de «refugiados».

El hecho de que España aceptara a judíos fue, en parte, por motivos económicos. La promesa de no deportarlos a los campos nazis se mantenía a cambio de bienes y dinero, y muchas veces terminaba con la reclusión del refugiado en un centro de detención. El respeto a la libertad de los judíos en España merece un debate prudente. Gran cantidad de judíos, provenientes principalmente de Francia, fueron internados en Miranda de Ebro, donde fueron obligados a realizar trabajos de construcción del propio campo o en trabajos forzados en el campo de Nanclares de la Oca[51].

Los judíos españoles eran libres de desarrollar su actividad económica bajo el franquismo, pero su religión estaba prohibida —se cerraron las sinagogas de Barcelona y Madrid— y vivían en constante incertidumbre. Lógicamente, los que habían participado en partidos de izquierdas o republicanos, los comunistas o los que habían tenido conexiones con franco-masones, fueron deportados a Alemania. De hecho, a principios de 1941 el embajador alemán Von Stohrer, había reclamado a Franco que estableciera en España la misma ley antisemita que en Alemania (Nürenberger Gesetze) pero Franco lo había descartado por la influencia de la Iglesia católica y por su propia actitud personal. Aún así, muchos fueron los que denunciaron y persiguieron a judíos, sobre todo los falangistas más extremistas para, en la mayoría de los casos, apropiarse de sus riquezas[52].

Debemos precisar que Urraca no fue el único agente que se dedicó al tráfico de refugiados judíos siendo agente franquista. Otros expedientes policiales sobre agentes nos revelan actividades análogas, como el caso del comerciante barcelonés Josep Seguí Pi y tantos otros[53]. Las actividades de Urraca durante ese período le reportaron grandes sumas de dinero que le permitieron adquirir en París un inmueble por valor de 7 millones de francos[54].

Impunidad relativa. El conflicto con la justicia francesa

Los servicios de información franceses descubrieron el turbio asunto de los judíos gracias a un incidente ocurrido en 1941. Un ciudadano judío fue detenido por la policía al intentar cruzar la frontera española. De inmediato, denunció insistentemente a Urraca y Ansaldo, acusándoles de estafa y de haberle proporcionado los papeles y permisos necesarios para poder entrar en España. El incidente llegó a la policía francesa que, tratándose de un asunto tan grave, actuó con celeridad y contundencia. Ansaldo fue expulsado de Francia y obligado a volver a España. Urraca fue objeto de un registro personal y domiciliario junto con una orden de comparecencia. En su domicilio descubrieron gran cantidad de divisas europeas y joyas. Las autoridades francesas decidieron expulsarle y el gobierno español se comprometió a juzgarlo, pero la intervención de la Falange al más alto nivel (Velilla) y de las autoridades alemanas en su favor alegando todos los servicios prestados —incluso citando la entrega de Companys— lo salvaron. En realidad, Urraca se había convertido en un agente difícil de sustituir y no interesaba a ninguno de sus superiores que fuera sancionado[55].

A partir de ese contratiempo, Urraca, sin ningún tipo de intimidación, continuó con su «tráfico de bienes y personas». Sin Ansaldo, amplió el número de colaboradores e implicó a un catalán llamado Macias, a un judío infiltrado, de nombre Gabizon —que era un agente de la Gestapo en España— y a un ciudadano de Luxemburgo, llamado Pat, alias Folmer. El grupo lo cerraba la esposa de Urraca, Hélène Cornette, de origen judío, que se encargaba de organizar los viajes y envíos de la valija diplomática.

Operaron juntos hasta 1943 cuando el grupo se desarticuló porque Hélène fue detenida por la policía francesa con la valija en Hendaya; la registraron y encontraron gran cantidad de joyas y valores. Fue llevada a Burdeos, donde se instruyó la causa a través del Tribunal Militar de la ciudad. Inmediatamente, Urraca pidió la intervención de las autoridades alemanas, que tenían plena jurisdicción en la ciudad. El coronel Knochen intervino para liberar a Hélène con la condición de que Urraca pasara una copia de toda la documentación confidencial que él enviaba a Madrid a los servicios de información alemanes. El trato no fue difícil de cumplir[56].

Debido a sus actuaciones en territorio francés y al expediente que le había abierto la policía administrativa, se había configurado sobre Urraca un importante dossier de antecedentes en los archivos de la Sûreté Nationale. La liberación de Francia en 1944 y la derrota del Eje en 1945 comportaron el cese de sus servicios en sus múltiples secciones, incluida la baja de la Dirección General de Seguridad (concretamente en noviembre de 1945[57]). Todos sus «negocios» y actividades cesaron también y tuvo que refugiarse en Madrid. Las policías francesa, inglesa y norteamericana lo buscaron por «colaboraciones y espionaje a favor del enemigo». Urraca, sintiendo el peligro en su propia piel, creó un dossier falso sobre sus actividades y ofreció sus servicios a la policía inglesa y norteamericana para poder seguir trabajando o realizando misiones desde la Embajada española. De hecho, los norteamericanos habían «reclutado» a oficiales nazis para incorporarlos a sus servicios de espionaje, por eso no es de extrañar que Urraca ofreciera también sus servicios.

La decidida acción de la policía francesa frenó a Urraca. Los nuevos pactos franco-españoles, la situación internacional creada después de la batalla de Stalingrado y las nuevas colaboraciones con el último agregado militar español en París, González de Mendoza, que sustituyó a Barroso en 1943, abrieron perspectivas diferentes.

El nombramiento y presentación oficial de González de Mendoza habían tenido lugar el 14 de diciembre de 1943 ante Pétain y Lequerica en París. Pétain declaró que el momento por el que estaba pasando era muy duro —Laval era quien dirigía el país— pero elogió la carrera de Mendoza y le confesó que el ministro Jordana había consultado oficiosamente a Vichy la conveniencia de colocar en el cargo a González de Mendoza[58]. A él le tocó vivir los años duros de la represión alemana en Francia y siguió con los mismos agentes colaboradores en París. Tras la liberación de París, todos los colaboradores de esos años debían irse del país.

Urraca intentó mudarse a Suiza para trabajar en la Embajada o en la agregaduría militar encabezada por el mismo González de Mendoza. Pero sus intentos por salvar a colaboradores suyos u otros colaboradores con los nazis vía Zúrich no gustaron a Mendoza, que tenía una política de apertura hacia el mundo anglosajón (jugada que, por otra parte, Lequerica supo llevar a cabo a la perfección, destinado posteriormente a Washington) y, al final, tuvo que resignarse a esconderse y escapar de Injusticia francesa[59].

Así pues, la policía judicial francesa abrió un proceso contra Urraca. Primero, dictó una orden de expulsión como «indeseable» que culminaría en sentencias más graves: la orden de búsqueda y expulsión fecha del 21 de abril de 1945. Los servicios franceses dependientes de la Sûreté Nationale y de los servicios de información, enviaron circulares al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Dirección para Extranjeros y Pasaportes —a su director Colmar— y a la Dirección de la Vigilancia del Territorio, Roger Wybot. El órgano superior que debía firmar la orden era el Ministerio del Interior. Con fecha del 30 de abril del mismo año, y después de recoger los informes en el dossier policial sobre Urraca, el ministerio del Interior pasó la resolución definitiva de expulsión firmada por Wybot a todos los organismos correspondientes el 17 de mayo de 1945.

El servicio encargado de ejecutar la orden fue la policía judicial. Los inspectores Lucien Sannier y Pouplot se dirigieron el 19 de junio al domicilio de Urraca en el 133 de la rue de l’Université. La orden tenía que ser entregada personalmente para que fuera efectiva a efectos judiciales. La conserje del edificio notificó a los inspectores que el Sr. Urraca y su esposa se encontraban ausentes, de viaje a España y que desconocía la fecha de regreso, pero que tenían intención de volver. Los inspectores ya se iban cuando vieron en la puerta del domicilio de Urraca una placa con el sello de la Embajada de España con el texto:

Esta casa es propiedad del Sr. M. Urraca-Rendueles, Agregado de la Embajada Española en Francia. Para cualquier información, diríjanse a la Embajada Española, 13 Av. Georges V de París[60].

Los inspectores, al comprobar que no era un mero «indeseable» y que efectivamente estaba de algún modo vinculado a la Embajada, decidieron pasar un informe a la Dirección de la Policía Judicial, que se interesó por su caso e inició una revisión de sus expedientes. Así pues, si bien el Ministerio del Interior francés sólo había dictado orden de expulsión, la policía judicial planteó una relectura de los informes y del caso. Fácilmente pudieron encontrar más actos imputables y se inculpó a Urraca de delitos mayores de espionaje y colaboracionismo. Como se verá, la investigación culminó en una sentencia a la pena capital.

Urraca no estaba en España, estaba escondido en París, seguramente refugiado en la Embajada española, intentando burlar las órdenes de captura y expulsión. Durante más de dos meses esquivó a los diferentes servicios de policía y a las brigadas encargadas de localizarlo. La policía judicial intervino a través de los servicios de la Embajada española, de la que sólo consiguieron sacar más confusión. El mismo inspector Loucien Sannier llevó a cabo una investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores español, para averiguar el cargo exacto de Urraca, si era o no diplomático o cuál era su categoría profesional y laboral. Un funcionario del Ministerio, llamado Torres, confesó que la Embajada conocía a Urraca pero también le mostró que no figuraba en las listas de personal diplomático y por tanto, oficialmente, no formaba parte del personal de la delegación. Torres añadió que en los últimos tiempos no habían tenido noticias de Urraca y que, de cualquier forma, como Urraca no figuraba en las listas oficiales, no disfrutaba de ningún tipo de inmunidad diplomática. Por tanto, según él, nada se oponía a las órdenes de detención o expulsión.

Urraca consiguió ser invisible ya que durante algún tiempo adoptó una identidad falsa. Se convirtió en ciudadano belga con permiso de residencia en París, con el pasaporte a nombre de Gustave Megang. La documentación la podía haber falsificado Urraca o alguno de sus contactos, pero ciertamente, los permisos de residencia se los proporcionó el gobierno español, seguramente a través de sus delegaciones en Bruselas y París[61].

De nuevo volvieron a inspeccionar el domicilio de Urraca. La conserje afirmó, una vez más, que todavía estaba de viaje en España pero que había recibido órdenes de derivar a toda persona que preguntara por él a la Embajada española en París. Esta vez añadió más detalles: el correo de Urraca lo recogía regularmente una tercera persona y la Sra. Urraca y su hijo se encontraban en Colombes, en casa de su suegra (Avda. Marceau, n.º 11). En Colombes, la policía pudo comprobar que la dirección correspondía a la sede social del Club Internacional de Amigos de los Vascos, donde afirmaron conocer a Urraca, pero que no lo habían visto desde la Liberación de Francia.

La búsqueda se complicaba cada vez más. El mismo Urraca respondió a una de las órdenes de citación a los servicios centrales de la policía enviando una carta con una foto suya tamaño carné, con su firma y con el sello de la Embajada, en la que decía que no podía obedecer la orden de expulsión que le habían enviado pero se mostraba dispuesto a recibirlos en su despacho de la Embajada española para informarles de lo que fuera necesario[62].

Así pues, sabiéndose perseguido, con una identidad falsa se alojó en un nuevo domicilio amparado por la protección y refugio de la Embajada española en París. Debemos apuntar que, a pesar del refugio diplomático, entre los miembros del personal español, reinaba un clima de miedo, psicosis y de incertidumbre sobre el devenir político del régimen franquista que los protegía. Después de la derrota del Eje, las actividades seguían su curso pero todo el personal estaba preparado para una posible evacuación, se podría decir que iban a trabajar «con las maletas hechas». De ahí que los contactos con las amistades y colaboradores en Bélgica fueran muy fluidos y muchos falangistas se refugiaran en Bruselas[63]. De hecho, toda la delegación de la Falange de la Embajada de París se refugió en Bélgica durante los últimos días de la liberación de París. Incluso Urraca buscaría cobijo en suelo belga.

Al final, cuando decidió retomar a España el 6 de septiembre de 1945, fue detenido en Hendaya por la policía francesa. Como la orden que le afectaba era de expulsión del territorio francés, lo acompañaron hasta la frontera para hacer efectiva su «expulsión de Francia»[64]. Sin saberlo, la policía de fronteras le hizo un gran favor ya que Urraca llevaba su documentación auténtica, además se le encontró un pasaporte diplomático válido y sellado con el visado del Ministerio de Asuntos Extranjeros francés[65]. No deja de sorprender la facilidad de escabullirse y salir del mal paso de este agente que pasó de perseguidor a perseguido.

Todavía hoy no conocemos exactamente quién fue el contacto de Urraca dentro de la policía francesa, pero muy probablemente se tratase de alguien de peso, pues la relativa impunidad con que los servicios de información trataron el asunto sustenta esta hipótesis. Además, al cabo de un mes, el 16 de octubre de 1945, se le otorgó un permiso de 3 meses para viajar a París firmado por e] mismo director general de los Servicios de Información.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español, le concedió varios visados diplomáticos para que pudiera viajar por Francia y Bélgica. Muy pronto, su nuevo destino de trabajo sería la Embajada española en Bruselas y, más adelante, el Consulado de España en Amberes.

Mucho más apropiado que Francia, Bélgica se convirtió en un verdadero nido de agentes de información que, a través de administraciones diplomáticas, crearon importantes infraestructuras oficiosas de espionaje e información en el nuevo contexto político de la división de bloques y Guerra Fría.

En el único ámbito en el que se actuó con contundencia contra Urraca fue en el judicial. Después de un proceso largo de revisión de su caso, la justicia francesa dictó la orden judicial de busca y captura el 21 de enero de 1947. La sentencia contra él y su esposa fue resuelta de la misma forma, en rebeldía, que implicaba una condena dictada el 5 de enero de 1948 por el Tribunal de Justicia de París. La sentencia lo condenaba a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por haber pertenecido a un servicio de inteligencia enemigo. La condena también incluía una denuncia efectuada por una ciudadana judía llamada Sachs de la resistencia francesa, que también había denunciado a la suegra de Urraca (E8001 de la Gestapo[66]). Su esposa Hélène, fue condenada a cinco años de prisión y a una multa de 100 000 francos[67].

La justicia francesa contra Urraca

El 2 de septiembre de 1944, una información de la policía de los servicios de información de la prefectura de París notificaba que los servicios policiales ingleses y norteamericanos buscaban a Urraca, Velilla y Ferrer por «inteligencia con el enemigo». Un nuevo expediente policial se abría contra Urraca, sus amigos y sus colaboradores. Este expediente confirmaba la participación de Urraca dentro de la Gestapo[68]. En la misma nota también se confirmaba que en otoño de 1944, Urraca se había presentado a las autoridades norteamericanas para ofrecer sus servicios de información. Había realizado un informe muy completo con el que ofrecía como contrapartida todos sus informes derivados de sus relaciones con el nazismo. Las mismas notas hacían referencia a sus compañeros Velilla y Ferrer (Francisco Ferrer Bartolomé, otro destacado falangista).

La policía francesa descubrió la implicación de Urraca en actividades de contraespionaje y colaboracionismo a través de los archivos secretos alemanes. El pseudónimo de Urraca como agente alemán fue Unamuno y era tratado como el agente «F. 101 de la sección I./III».

Según estos archivos, la ficha de Urraca resumía en repetidas ocasiones clara y contundente sus actuaciones:

Colaborador con los altos cargos de la Falange y con Gerardo Caballero, de la DGS, fue instruido en el cargo de agregado policial para ocuparse de los asuntos de los «rojos» en Francia por el general Ungría desde principios de los 40. Después del armisticio franco-alemán, Urraca estableció contacto con los Servicios de Información Alemanes, forjando relaciones con altos cargos nazis como el coronel Knochen, jefe de la policía de información alemana en París, Zuchristian, jefe de la policía criminal alemana y los coroneles encargados de los «asuntos españoles», Alisch y Delian, que tenían la oficina en la Avenue Foch, número 98 en París. Por parte de la Gestapo, su contacto y colaborador era un tal Landsater[69].

En el fichero secreto de la policía nazi, los franceses también localizaron a Urraca en el expediente que confeccionaron para juzgar y condenar a Hermann Niebuhr, lugarteniente nazi de la Abwehr, conocido como «Henri» o «Doctor Neubauer». Sus verdaderas relaciones le otorgaban un rol importante y, una vez más, era señalado de manera firme como agente de espionaje al servicio de los alemanes.

La misión de Urraca, aparte de perseguir a los republicanos españoles e intentar detenerlos y llevarlos ante Injusticia franquista, consistió en establecer relaciones en la zona libre con agentes policiales franceses —como Victor Druillet— y con un equipo de colaboradores que había ido reclutando.

Como hemos visto, Urraca se lucró considerablemente con el contrabando, además de los chantajes a perseguidos judíos, de todo tipo de productos de lujo y divisas. Con la ayuda de Vicente Rodríguez Rodríguez y Augusto Casal Martínez, dos personajes que pertenecían al bando de la República. Rodríguez había sido internado en el campo de concentración alemán de Oranienburg y Casal en la prisión de Fresnes en París. Urraca los liberó a ambos en 1943 con ayuda de las autoridades alemanas y los utilizó para sus tareas de contrabando y otros tejemanejes utilizando, una vez más, la valija diplomática.

Igualmente, tramitó y emitió, mediante la potestad de conceder visados a España, muchos pasaportes a refugiados nazis que entraron en España huyendo de la liberación aliada.

Por todo ello, se produjo la mencionada expulsión en septiembre de 1945 con una orden directa del ministro del Interior francés. Había pasado una temporada escondido en casa de su suegra, la Sra. Stoeffel, en Sèvres, pero la policía le seguía la pista de cerca y pronto dieron el aviso de detenerle porque las imputaciones contra él eran mucho más graves que la simple expulsión. Cuando estas imputaciones revelaron la gravedad de sus acciones, éste ya había conseguido refugiarse en Madrid.

El expediente inculpaba no sólo a Urraca Rendueles sino también a su esposa Hélène Cornette y a su suegra, la Sra. Stoeffel —nacida Compvent[70].

Todos los sucesos contados anteriormente junto con la imputación de cargos que se detallan a continuación desembocaron en la firme decisión de juzgar «en rebeldía» a Urraca y a su familia[71]. Las sentencias fueron firmes, exceptuando la resolución final sobre Compvent, que fue amnistiada. El primer dictamen del juez fue el siguiente:

Hélène Cornette: sentencia del 5 de enero de 1948; 5 años de prisión y 100 000 francos de multa más gastos de juicio. Fue amnistiada por la ley francesa del 16 de agosto de 1953; cabe señalar que la multa fue pagada por la Embajada de España en París.

La primera denuncia la interpuso Antoinette K. Sachs contra Urraca y su suegra Compvent el 2 de febrero de 1945; les acusaba de haber ocupado su domicilio de París con la ayuda de la Gestapo. El alquiler del apartamento de enfrente del mismo edificio del número 113 de la rue de l’Université estaba a nombre de la suegra de Urraca. Había sido alquilado por éste y su esposa a su vecina, Antoinette Sachs, que era la legítima propietaria, una ciudadana francesa judía. Una vez instalados, la denunciaron a la Gestapo. Sachs recibió una citación para comparecer en el despacho del capitán Allisch, que era el encargado de las cuestiones españolas de la Gestapo de París. La comparecencia, como en miles de casos, significaba la detención y deportación directas. La confiscación del edificio se realizaba a través de la autoridad militar alemana y dos servicios especiales creados para confiscar bienes a los judíos.

Vecinos y conocidos confirmaron que la Sra. Stoffel tenía la intención de ofrecer el apartamento a su yerno. Varios testigos declararon haber visto en el apartamento a Allisch, amigo de Urraca, afirmando que les había dicho que Urraca podía hacer que le concedieran el apartamento confiscado a Sachs. En su declaración, la suegra de Urraca, una vez detenida por la policía, reconoció que su yerno había conseguido la propiedad del edificio a través de los alemanes y que era él quien decía que los alemanes querían ocupar el apartamento de la Sra. Sachs[72].

Durante su investigación, Sachs había pedido a una vecina que averiguara qué servicio se había encargado de precintar su domicilio y ejecutar la orden de detención contra ella. Su amiga y vecina, la Sra. Penaud, se encargó de averiguarlo. Ni los servicios alemanes de apropiaciones contra propiedades israelitas, situados en la Avenida Iéna, ni la Komandantur de la Plaza de la Opera eran los responsables. Fueron la Gestapo y su central en la Avenida Foch y los contactos de Urraca, a través de Allisch, los que precintaron y ocuparon el apartamento.

Los alemanes teman todo tipo de información sobre Sachs ya que era una persona muy bien relacionada con intelectuales y políticos antes de la ocupación, incluso con el mismo Albert Sarraut. Todo había empezado por la delación de su única vecina, que la conocía bien y que tenían alquilado el apartamento de al lado: la suegra de Urraca. Ella misma fue la persona que levantó los sellos de la Gestapo de la puerta del apartamento, pudiéndolo ocupar con todo su contenido y mobiliario[73].

La insistencia de Sachs generó la investigación y llevó a descubrir y confirmar el colaboracionismo de Urraca. Desde 1945, Sachs no había dejado de alertar a las autoridades judiciales sobre la necesidad de solucionar el caso y hacer justicia. Además, en 1947, el apartamento todavía estaba ocupado por personal de la Embajada española, más concretamente por un nuevo miembro de la delegación franquista en Francia, llamado Ignacio De Paco.

La instrucción e investigación policial del caso la llevó el comisario Francis David y el juez de instrucción Dupin. El proceso judicial fue puesto en marcha con la instrucción del caso contra Urraca y los suyos. Evidentemente, Sachs tenía muy buenos contactos; en una interesante carta a un alto cargo del Gobierno, llamado Hugot, el día de Navidad de 1946 hacía valer su posición ya que había sido la secretaria de Jean Moulin «Max», símbolo de la resistencia y primer presidente del Consejo Nacional de la Resistencia. Ella misma había participado activamente en la zona sur de Francia en operaciones de resistencia, pudiendo desplazase de forma clandestina a París. La acusación de la suegra de Urraca hubiera sido letal para ella y algunos de sus contactos de haber sido descubierta su actividad, por resistente y por judía. Al terminar la guerra, Sachs fue condecorada por su función de miembro de la Resistencia y le concedieron la Cruz de Guerra por su lucha[74].

Urraca tenía el despacho secreto desde donde gestionaba los visados y laissez-passer hacia España de judíos —y posteriormente refugiados nazis— al lado del apartamento. Efectivamente, la investigación y el informe de la Sûreté Nationale sobre Urraca, confirmaba que Barroso era el jefe del SIM en París, así como las implicaciones de colaboracionismo de Ansaldo, de Gerardo Caballero y del General Ungría de la 2.ª sección del Estado Mayor. También se citaba a otros agentes y colaboradores; Velilla y Landsater, el doctor Knochen, jefe de la Gestapo en París, el director general de la policía criminal alemana Zuchristian, Delian y Allish o Alish, como encargados de los servicios de información alemanes de la sección de Asuntos Españoles que se completaba con los agentes Bauer y Schultz, el luxemburgués Pat, alias Folmer, también Ricardo Duque, el General Vigón, jefe del SIM en España y Gómez Piñan, importante agente. El nexo de unión con los agentes alemanes en España era André Gabison[75].

El informe del juicio tuvo 404 páginas numeradas dentro de todo su expediente. Se dictó la sentencia y la condena en marzo de 1948. La orden del juicio contra la única ciudadana francesa imputada —como marcaban las leyes de depuración— fue publicada en el periódico Le Figaro del 24 febrero de 1948[76]. En el juicio se adjuntaron varias notificaciones originales de la lista de testigos —hubo 7— y un resumen de 20 páginas sobre el proceso realizado por el Tribunal de Justicia. Este informe, como otros anteriores, es de suma importancia. Acusa directamente a Urraca de estar vinculado a los círculos militares y policiales alemanes mediante una actividad represiva muy activa contra compatriotas republicanos, refugiados en Francia[77].

Entre otros, el informe del juicio, cita como en otras ocasiones las detenciones de Companys, Zugazagoitia, Peiró, Cruz Salido, Teodomiro Menéndez, Rivas Chérif, Montilla, etc., la mayoría de ellas realizadas personalmente con la colaboración de los agentes Bauer y Schultz. Igualmente, le imputa las operaciones de recuperación de bienes y tráfico de visados. También se acusa a su esposa Elena de transportar joyas a través de la valija diplomática española y expone que ella era, a su vez, amante del jefe del espionaje alemán Rudolf Wolters, alojado en Biarritz.

Un interrogatorio realizado al nazi Hermann Niebuhr citaba a Urraca como agente de la sección I./III dirigida por el Sondenfuhrer Nottermann, con el indicativo F. 7014. En 1943, Niebuhr, alias Neubauer, fue el encargado de crear una empresa para camuflar sus servicios y los de la inteligencia dirigida por el coronel Raille. Esta empresa era una tapadera para realizar contraespionaje a favor de las fuerzas del Eje, desde donde mandaba información privilegiada sobre la aviación aliada, provisiones para los alemanes durante la guerra, etc.[78].

[…] sous la dénomination de «La Petite Dame» avait été créé en France, à la fin de l’année 1941, par Pedro URRACA et son frère [Manuel Urraca] dit «CERVANTES» capitaine au Ministère de la Guerre à Madrid et un nominé PETROVICH, autrichien, opérateur radio… les frères URRACA ont transmis au Service F. III, jusqu’en février 1945 par radio, de nombreux messages ou renseignements d’ordre militaire ou politique, notamment sur les mouvements des bateaux alliés[79].

En efecto, Urraca realizó importantes servicios y conocía a los más destacados miembros del espionaje alemán. El hermano de Urraca, Manuel, era capitán de la 2 Sección Bis del Estado Mayor franquista[80]. Al igual que Velilla, presumieron de sus acciones paseándose por París en lujosos coches de las autoridades nazis. Los informes confirman las actividades así como la centralidad e importancia de este agente, protagonista en casi todas las operaciones represivas de Franco en Francia.

Empezó con el cambio en 1938 al pasarse al bando franquista, siguió entregando documentación oficial española a los alemanes a cambio de liberar a su mujer, y terminó presentándose como si nada en 1945 a los aliados, que lo buscaban para juzgarlo. En el informe judicial aparece como un personaje todopoderoso en la Embajada en París, tan influyente que el Cónsul lo temía; un agente excelente, buen conocedor del entorno que pudiendo pasar por ser una persona cultivada, supo introducirse en la sociedad francesa[81].

La única defensa que presentó fueron unas cínicas e interesantes cartas con el membrete oficial del Estado español. Cartas que el Ministerio de Asuntos Exteriores dejó escribir a Urraca a favor de la Sra. Stoffel simulando estar escritas y firmadas por su hija Hélène, con fecha del 30 de octubre de 1945, al inicio del proceso judicial. Aunque en la rúbrica figurase Elena Urraca, estaba escrita en puño y letra de Pedro Urraca[82]. Esta carta fue mandada directamente al juez Dupin y, figurando el remitente, pidiendo confirmación de respuesta al mismo Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. En ella defendía a su suegra, su bondad y su inocencia, indicando que él la había salvado de los alemanes a través de un «certificado de no pertenencia a la raza judía», que él le había procurado —aunque sí era de origen judío—. En definitiva, presentó un sinfín de mentiras y falsedades[83].

Otra carta, que muestra su prepotencia, enviada también por el mismo Urraca, defendía su propia causa. Con remitente en su domicilio de la calle Víctor Pradera, n.º 39 de Madrid, con fecha del 1 de diciembre de 1947, se exculpaba de su propio juicio y desmentía todas las acusaciones, pero aceptando sus relaciones, por «orden de sus superiores» y como agregado «especial» en la Embajada española, con las autoridades francesas y alemanas de facto. Después de desautorizar a todos los testigos que fueron citados en su contra durante el juicio, dirigió estas palabras al presidente del Tribunal de la Seine, el juez Ledoux:

No tengo nada que ocultar, nada que temer de la verdadera justicia, sea del país que sea, en tanto que sea justicia. No renuncio a ninguno de mis derechos a una defensa. Protesto contra la injusticia de la persecución de la que estoy siendo objeto, que no respeta mi condición de funcionario de una potencia extranjera neutra, y que no tiene en cuenta que mi ausencia de Francia responde a motivos ajenos a mi voluntad. Tengo la certeza de que algún día la verdad saldrá a la luz en todo su esplendor y que con la ayuda de mis buenos amigos franceses, que hoy no pueden salir en mi defensa por falta de suficientes garantías, quedará demostrada públicamente la corrección de mis actividades y la mala fe de mis delatores[84].

Urraca terminaba la carta citando como aval el remitente del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y que la Embajada de España en París podía hacer de emisaria o receptora de correspondencia a su nombre. Estas cartas confirman, sin lugar a dudas, su implicación y la alta consideración que de él se tenía en el Ministerio, así como la efectiva tramitación —y consecuente teórica existencia— de documentación a su nombre en el citado Ministerio.

La fecha de su muerte, después de su último destino en Bélgica, no aparece en ninguno de los documentos que sobre él se han descubierto, ni los servicios españoles dicen conocerlo.

Contra Urraca se conservan aún los documentos de la condena a pena de muerte, junto con las órdenes de búsqueda y captura «par contumace» —en rebeldía— como hemos indicado. La sentencia la podemos resumir en «culpable de colaboración con el enemigo» según dictaba el código penal francés y se comunicó también a través de Le Figaro[85].

Con una vida y una carrera oscuras, que empezó como policía de la República enviado a Roma para vigilar la actividad del rey Alfonso XIII, Urraca se convirtió en un peligroso agente espía del período de la Segunda Guerra Mundial; pero ni aliado, ni alemán, ni italiano: fue un agente de Franco, uno de los agentes españoles que con la impunidad diplomática y la garantía de España, tenía la capacidad oficiosa de jugar con más de un bando a la vez, y que en su propia biografía nos refleja una parte indispensable de la historia de la España franquista.

Como condenado a muerte dejó de lado su propia defensa, basada solamente en esa carta enviada desde su refugio en Madrid, alegando neutralidad. Como alegó neutralidad el dictador español y todo su régimen ante occidente. Como España, Urraca no fue neutral, él fue condenado a muerte por participación con los alemanes, espionaje y actuaciones fraudulentas, participación que tuvo también el régimen español que, al igual que sus responsables políticos, nunca fueron condenados.

Aún en agosto de 1970 un informe francés resumía las actividades de Urraca destacando contrabandos, tráfico de judíos y otras colaboraciones antifrancesas imputables, como un agente que:

[…] podía ser considerado un gato que, lanzado al aire, siempre caería sobre sus cuatro patas… que supo sacar partido de todas las coyunturas y coaliciones políticas[86].

Todos sus bienes en Francia fueron confiscados. Hasta 1965, para poder viajar a Francia tuvo que saltarse las órdenes de expulsión y detención. La ley de amnistía por motivos políticos que aprobó el gobierno francés el 6 de agosto de 1953 también afectó su expediente. El caso no fue dado por cerrado, pues el Ministerio de Justicia no derogó su expulsión ni amnistió su condena a muerte hasta el 6 de mayo de 1974[87]. En marzo y abril de ese año aún hubo correspondencia cruzada entre los Ministerios de Interior y Justicia en referencia al caso Urraca y sobre sus condenas. El caso se cerró definitivamente el 6 de mayo de 1974[88].

Las leyes y decretos de amnistía citados, aparte de ser de nuestro interés por el caso Urraca, merecen ser brevemente descritos por el impacto que tuvieron en Francia. Después de los episodios de los Tribunales de Depuración y otros muchos contra colaboracionistas, la ley de amnistía llegó 8 años después de múltiples condenas por crímenes de guerra, espionaje, colaboración con el enemigo, actuaciones contra la seguridad nacional, etc., casi todos relacionados con los nazis y el gobierno de Vichy. Resulta interesante presentar los artículos de la ley que más incumbían a personajes como Urraca:

Ordenanza del 28 de noviembre de 1944:

Art. 1.

Ha sido instituido gracias a la liberación del territorio metropolitano un Tribunal de Justicia que tiene la competencia de juzgar los hechos cometidos entre el 16 de junio de 1940 y la fecha de la liberación, que constituyen infracciones a las leyes penales en vigor el 16 de junio de 1940 y que revelen la intención de sus autores de favorecer las acciones de todo tipo, emprendidas por el enemigo y toda la legislación francesa en vigor…

La competencia del Tribunal de Justicia también se extiende a los actos anteriores al 6 de junio de 1940 imputados a los autores de los hechos explicados precedentemente porque impliquen la acción determinada de llevarlos a termino…

Si las acciones son emprendidas contra un magistrado del orden judicial, la Cámara Criminal de la Corte de Casación, bajo requerimiento del Comisario del gobierno, podrá designar otra sección del Tribunal para llevar el asunto…

Ley del 6 de agosto de 1953

Art. 3.—

Son amnistiados los hechos definidos en el artículo 1.º de la ordenanza del 28.11.1944, conllevando una modificación y codificación de los textos relativos ala represión de los hechos de colaboración, siempre que estos, sean de la naturaleza que sean, no impliquen o no sean susceptibles de implicar más que una pena por multa o sanción, o una pena de prisión inferior o igual a cinco años, acompañada o no de una multa inferior o igual a 200 000 francos.

Están excluidos de las disposiciones de este artículo aquellos que han sido objeto de una condena por algún otro crimen o delito y a una pena igual o superior a los 10 años.

Art. 4.

Son igualmente amnistiados los hechos referidos en el artículo 3 que han comportado, teniendo en cuenta las medidas de gracia que pudiesen ser aplicadas a penas de condena de cinco años o menos, con multas de 2 millones de francos y que superen la fecha del primero de enero de 1952.

De todas formas, no podrán beneficiarse de estas disposiciones los que han estado declarados culpables de asesinato, de violación, de delación al enemigo, o quien, por sus acciones o por sus escritos han expuesto, conscientemente, o intentado exponer personas a torturas, a la deportación o a la muerte, o han conscientemente participado a la acción del ejército o de los servicios de policía o de espionaje enemigos…

También son excluidos de las disposiciones del presente artículo aquellos quienes han sido objeto de una condena, por otro crimen o delito, a una pena de prisión igual o superior a diez años […][89].

Desconocemos las razones exactas por las que Urraca entró en el grupo de personas amnistiadas pues, claramente, con una orden de expulsión y una condena a muerte no entraba en las disposiciones adicionales en ningún caso. Posiblemente influyó su origen extranjero, también debió influir la cantidad de información que poseía, principalmente sobre acciones y planes policiales franceses durante el período de Vichy; y como motivo último nos remitimos otra vez a sus contactos dentro del Ministerio del Interior francés que debemos recordar, no llegó a depurar a todos sus cargos, ni mucho menos a los cargos policiales después de la Liberación.

Aunque Urraca fue finalmente exculpado, aún el 28 de mayo de 1974, la Dirección General de la Policía Nacional, envió una nota a todos los servicios del país en forma de orden de Oposición a la Residencia en Francia[90]. La orden interna[91] del gobierno francés se mantuvo y Urraca nunca pudo volver a residir más de tres meses en Francia ni poseer ningún bien en ese país. Sin embargo, las actuaciones concretas y su proceso personal de nuevos servicios para el gobierno español bajo las órdenes del Servicio de Información del Alto Estado Mayor, a partir de marzo de 1946, son desconocidas. Como anteriormente hemos indicado, faltan muchos documentos, dossieres y fichas que han desaparecido[92]. El último documento sobre su persona encontrado es la confirmación de la orden de Oposición a Residencia, fechada el 5 de noviembre de 1982.

No conocemos su fecha de jubilación ni de su defunción; los servicios de la policía española han mostrado su total desconocimiento de ambas fechas. Su última pista la encontramos en 1974 como funcionario del consulado de España en Amberes y con residencia en el número 4 de la calle Des Chevaliers en Bruselas. Pero desconocemos exactamente sus funciones posteriores al año 46 y de qué organismo dependieron exactamente a lo largo de los años 50, 60 y 70. El descubrimiento de nuevos informes sobre Urraca implicaría desvelar muchos aspectos secretos sobre la represión y el franquismo.

Víctor Druillet

Como hemos apuntado, otro agente clave para la relación policial entre los servicios españoles y franceses fue el comisario Víctor Druillet. Los antecedentes de las colaboraciones policiales de Druillet con los servicios franquistas los encontramos unos meses después de haber estallado la Guerra Civil.

Druillet, nacido el 3 de abril de 1892 en Bretagne d’Annagnac, viudo y con un hijo de 15 años —Edmond— fue enviado, a finales de 1936, por el Ministerio del Interior francés como delegado especial de investigación al puesto fronterizo de Le Perthus. La jurisdicción del puesto dependía del partido judicial de Céret, a través del cual se seguía la instrucción de los sumarios establecidos a causa de las acciones de grupos republicanos en la región fronteriza. Druillet hizo amistad con un agente, cuya verdadera identidad desconocemos y que los servicios del SIPM español numeraba el «agente 1006»[93].

El agente español estableció contacto con Druillet para arrendarle una casa. Pronto se forjó una relación de amistad y Druillet descubrió su simpatía por el bando de los rebeldes. A partir de estos primeros contactos, el agente español planteó a sus superiores la posibilidad de utilizarlo para servicios y favores de colaboración en la zona republicana ya que Druillet poseía un salvoconducto que le permitía entrar y salir a través de la frontera con relativa facilidad.

Rápidamente se implicaron en la trama agentes de ambos países vinculados al espionaje. Albert Vidal, que era agente de aduanas en Le Perthus, miembro destacado de Action Française y amigo de los servicios de información del bando franquista en zona republicana y en Francia, envió un informe sobre Druillet, firmado por el comité directivo de ese partido de derechas —M. Lecoeur— calificando a Druillet de un militante excelente y abnegado. Él también era de Action Française. A partir de entonces empezaron las relaciones y colaboraciones, coordinadas por los agentes de los militares sublevados y por los agentes llamados Jonqueres y Ferran, el señor Albert Vidal, Lecoeur y el llamado 1006, entre otros agentes de enlace qué irían entrando en la trama.

Druillet realizaba dos o tres viajes por semana a Figueras, cargado con víveres y otros encargos que le hacía Vidal. Vidal era un informador del puesto de Le Perthus que también trabajaba para ambos bandos de la frontera, su posición era privilegiada y sus ganancias y tratos comerciales frecuentes; sin embargo, a pesar de conocer y estar en contacto con toda la red de agentes, nunca quiso inmiscuirse con los servicios del SIFNE primero y del SIPM después[94]. Él escogía sus contactos y enlaces, prefiriendo a los agentes franceses. Se le toleraban sus funciones de correo por el cargo oficial que ostentaba. De regreso, recogía informaciones y noticias de algún colaborador en zona gubernamental. Un objetivo principal era la vigilancia del Port de la Selva o del puerto de Roses dónde se abastecían y llegaban barcos. Los agentes 1005 y 1006 le encomendaban también otros encargos, para que ejerciera de enlace con su destacado informador infiltrado, el comandante Alfonso Luna, a quien, aparte de informes, también pasaba dinero para gestionar los informadores en el interior republicano[95].

Los servicios secretos republicanos detectaron a Druillet gracias a la detención del comandante Luna. El amigo de Druillet, el agente 1006, advirtió del riesgo de continuar las misiones y la necesidad de abortarlas hasta que pudieran recomponer el servicio; además el agente franquista advirtió a Druillet de que los servicios republicanos lo estaban vigilando a él y a Vidal. Por parte francesa, un agente llamado Dumon, partidario del Frente Popular, fue enviado a Sarriá de Ter, en la provincia de Gerona, para investigar un accidente en el que murieron dos ciudadanos franceses. Dumon conocía los viajes de Druillet a España y sus misiones camufladas y el gobierno francés empezaba a dudar de la fidelidad de Druillet, pues habían descubierto su relación con Luna a través de la mujer de este último. Druillet consiguió sacar a sus hijos de la zona republicana, y los refugió en Francia[96].

Un día, la señora Luna llevó un paquete de ropa para sus hijos al garaje Gregori de Figueras. La policía del gobierno la siguió y la detuvo. Durante el breve interrogatorio, la mujer declaró que el paquete debía recogerlo un policía francés en el mencionado garaje: fue la pista definitiva que les condujo a Druillet y lo denunciaron. Advertido de la peligrosidad de sus acciones, recibió un par de advertencias por parte de algún informador suyo como un inspector de fronteras llamado Macias (que posteriormente sería uno de los agentes más activos) pero pronto reanudó sus actividades en suelo español.

Durante gran parte de la Guerra Civil, Druillet prosiguió sus labores de agente doble colaborador con el bando franquista. En algunas ocasiones le llamaron el alto y, en la aduana, o por el camino, algún grupo de carabineros intentó registrarle, Siempre se había escabullido aduciendo su condición de policía francés. El 17 de septiembre de 1938, el agente Casademon, a través de su empleado llamado Jaén, se puso en contacto con «1006» para organizar una cacería con Llombart cerca de Figueras. Druillet, como en otras ocasiones, fue uno de sus invitados junto con su hijo. De regreso a Le Perthus, los agentes del SIM republicano Ricardell y Campmany detuvieron su coche[97]. Esa misma noche, padre e hijo fueron encarcelados en Barcelona. Su detención alarmó a la prensa francesa y movilizó a muchos de sus contactos para que intervinieran. Al final, el prefecto de la región de los Pirineos Orientales intervino personalmente y fue a Barcelona para averiguar qué había ocurrido. El prefecto volvió con el hijo de Druillet para mandarlo a París y de allí conducirlo a casa de unos tíos en el departamento de Gers[98].

El joven fue interrogado por el agente 1006, que montaba guardia en la casa de Le Perthus, donde pasó la noche antes de marchar hacia París. El objetivo era averiguar lo sucedido pero el joven tenía claras consignas de no decir nada a cambio de mantener con vida a su padre. Según su declaración, habían sido interrogados y golpeados, acusados de «fascistas espías de Franco». Por la vía oficial, el prefecto francés no dio detalle alguno, dejando entrever que Druillet sería juzgado por el Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Barcelona.

Druillet estuvo encarcelado durante 5 meses en la checa de la calle Vallmajor, hasta la entrada de los facciosos en Barcelona. Con la victoria franquista, volvió a Francia para seguir desarrollando las funciones de inspector de la policía. Mantuvo sus contactos con agentes y personas afines al nuevo gobierno español más que nunca. Después de la ocupación alemana de Francia, Druillet, que era uno de los agentes más informados en referencia a las actuaciones y situación de los refugiados republicanos en Francia, siguió en sus labores policiales bajo las órdenes del director de la Policía de Estado, llamado Brochet. Su predisposición a colaborar y su preparación allanaron el camino para ejecutar nuevas colaboraciones con la policía franquista en territorio francés. Oficiosamente, se le encargó la misión a partir de la firma de los acuerdos Bérard-Jordana y del establecimiento de la Comisión de Recuperación española. Participó en muchas operaciones de seguimiento, localización y detención de refugiados políticos, asegurando las relaciones policiales oficiosas entre la España de Franco y Vichy, con sus respectivos interlocutores alemanes. Los contactos de colaboración se establecieron en varias reuniones y comisiones. Los mandos fueron el coronel Barroso y De Saulnes que pronto convocaron a Propper de Callejón —primer secretario de la Embajada española—, a Pedro Urraca, a Brochet y a Druillet. Por parte francesa, las más altas instancias policiales, como Chavin —secretario general de policía en Vichy— estaban al corriente de las operaciones que Druillet debía realizar conjuntamente con los españoles. La relación entre el grupo mencionado era muy fluida y generó interesantes informes con los que queda confirmada toda la trama de colaboración policial franco-española. Si la gestión operativa la aseguraban Barroso y De Saulnes, las acciones las ejecutaban Urraca y Druillet, con sus respectivos ayudantes subordinados.

Todos los contactos precitados se reunieron en riguroso secreto el 2 de diciembre de 1940 en la sede del Ministerio del Interior en Vichy en la que participaron Propper de Castejón, representante de la Embajada española, el director general de la Sûreté Nationale, Urraca, como comisario de policía representante del gobierno español, Brochet, director de la Policía del Estado y Druillet. En esa reunión se estableció que Druillet sería el encargado de colaborar con los agentes citados para las funciones de recuperación y colaboración policial en el territorio del gobierno de Vichy[99].

A partir de ese momento Druillet contó con instrucciones abiertas contra personas y bienes republicanos en el tribunal de Cusset. En una carta del 10 de febrero de 1941, el mismo Druillet relataba algunas de sus operaciones[100] donde citaba numerosas operaciones de registros e incautaciones de piezas de oro y joyas. Junto con la policía de Marsella, intentó requisar pequeños paquetes que contenían joyas o divisas con destino a América o que habían sido canjeados en algún tasador israelita. También la confiscación de numerosas cajas de documentos, junto con las del SERE, la JARE y las Brigadas Internacionales. Muchos de estos documentos pasaron directamente a los archivos de la Sûreté Nationale, utilizados para confeccionar expedientes y dossieres de control y modelos posibles de laissez-passer, condiciones de readmisión, pasaporte o libertad vigilada, sobre exiliados, pero también miembros de La Brigadas Internacionales[101].

También descubrió la red de beneficencia y subsidios que la legación de México repartía en territorio francés a los refugiados españoles. Todo el material recuperado iba, después de pasar por el Tribunal de Marsella o algún otro tribunal competente, a los diferentes consulados españoles[102].

Lequerica estaba informado de todas las actuaciones y, junto con Barroso, marcaba los objetivos transmitiendo las órdenes de España y las listas de perseguidos. Urraca emitía el siguiente juicio referente a las colaboraciones policiales en una carta al embajador Lequerica:

No quiero dejar de señalarle la actividad y el cariño con que, tanto el Inspector Druillet, como el Sr. De Saulnes —que tan eficazmente viene ayudando al Coronel Barroso, en las cuestiones de recuperación— han realizado todas las gestiones necesarias en las detenciones, registros e interrogatorios, así como las facilidades que, por parte de las autoridades […] nos han sido dadas para la realización de nuestro cometido […][103].

Fue la época dorada de las colaboraciones policiales. Druillet recibía alguna orden de sus superiores pero era, de hecho, la delegación española quien dirigía las actuaciones del comisario. Se le recomendaba «ser muy severo… de ello dependía la amistad franco-española» y, efectivamente, su participación fue muy importante en varias operaciones para lograr los propósitos del gobierno español (caso Calviño, detenciones de la Costa Azul, etc.). De todas formas, y a pesar de la sintonía política entre los regímenes español y francés, la feliz etapa policial de Druillet no duraría mucho. El gobierno francés, auspiciado por el pacto franco-mejicano y los derechos de los refugiados políticos, intervino de forma bastante contundente contra la ilegalidad de la persecución policial que el gobierno de Franco ejercía en su territorio.

El problema teórico de base radicaba en un conflicto diplomático: los acuerdos Bérard-Jordana y los pactos ante la Comisión franquista de Recuperación por una parte y la legalidad jurídica e internacional de Vichy por otra. En la práctica, las acciones de Druillet las denunciaron algunos de sus detenidos, de quienes destaca Portela Valladares ante un tribunal francés. Una vez más, Injusticia se interponía en la confabulación política.

El 4 de diciembre de 1941, Druillet recibió una citación del juez de Instrucción del Tribunal de Cusset —el mismo que tramitaría las demandas de extradición de refugiados españoles—. Para el inspector fue un duro golpe ya que se trataba de una inculpación judicial en un momento en que gobernaban los suyos y cuando contaba con el beneplácito de sus superiores y las felicitaciones de la Embajada española y sus superiores por los servicios prestados.

Portela Valladares que, pese a su avanzada edad, aún tenía influencias en algunos círculos liberales, presentó ante el gobierno de Vichy un memorando de su detención, interrogatorio y registro, realizado por Druillet, Urraca y dos otros agentes de Marsella (Rodellec y Porzic). Como veremos más adelante en el caso de Portela Valladares, Urraca y Druillet le requisaron 380 000 francos, una pintura de Romero de Torres y gran cantidad de documentos.

La denuncia que recibió Druillet lo inculpaba de usurpación de funciones, falsedad y detención arbitraria; tres acciones totalmente ilegales. Se le acusó de usurpación de funciones en tanto que ejecutó acciones reservadas a la Policía Judicial, ciertamente él no lo era, pero también era cierto que tenía órdenes desde arriba de desempeñar dichas funciones para detener e interrogar a personas. La falsedad hacía referencia al hecho de haber redactado él mismo los procesos de interrogatorio y haberlos firmado en lugar de Brochet, su superior cualificado, que además fue uno de los que le dio la orden de efectuar las operaciones. La acusación de detención arbitraria respondía simplemente a la ilegalidad de detener a cualquier persona durante más de 24 horas sin ninguna orden. En las operaciones de Marsella, Druillet detuvo e interpeló a más de diez en un mismo día y alegó que los mantuvo «vigilados» y no «detenidos» pues él mismo efectuaba los interrogatorios y le comportaba gran demora[104].

Esta denuncia afectó profundamente a Druillet ya que, además del prejuicio moral que suponía y de un débil estado de salud, para él y su familia instalada en Vichy, significó el fin de la buena reputación de la que había gozado en la ciudad por colaborar con Brochet y sus respetables contactos.

Su superior, Brochet, desapareció de Vichy y se estableció en Besançon, en la zona ocupada. Druillet depositó toda la documentación y valores, dado su volumen, en el Consulado de España en Marsella y el gobierno francés abortó todas las operaciones. El comisario de Vichy que sustituyó a Brochet, llamado Brois, cesó la operación de Druillet y lo reclamó a Vichy. Druillet fue encarcelado 52 días por sus actuaciones ilegales.

El avalador y defensor más tenaz de Druillet fue la Embajada de España en París; en marzo de 1941, Lequerica reclamaba en una carta al Ministro del Interior, François Darlan, el favor de concederle los servicios de Druillet[105].

Las diferentes intervenciones de la Embajada española y del mismo Druillet ante el gobierno y las autoridades de Vichy se repitieron toda la primavera de 1941 alegando los servicios prestados, su pasado en la Primera Guerra Mundial, sus condecoraciones, su detención por el gobierno español del Frente Popular, su ideología anticomunista y de aprecio hacia el nuevo Estado francés, las felicitaciones de Lequerica y de Chavin y las órdenes de Brochet. Numerosas notas se cruzaron durante este período para pedir la retirada de las acusaciones y la rehabilitación del inspector[106]. Todas las intervenciones fueron en vano. Nada pudo evitar que le investigaran judicialmente para confirmar algunas de las acusaciones recibidas. El asunto, a pesar de que Druillet defendía su causa alegando que recibía órdenes oficiales, era todo menos oficial.

En junio de 1941 el procurador general de Riom, a partir de la comisión rogatoria del juez de Cusset, abrió un informe judicial contra Druillet. El ministro de Justicia, Joseph Barthélemy, aprobó las conclusiones del caso y el proceso de investigación interno por parte de la Dirección de Personal de la Administración de Asuntos Internos de Vichy. El informe sentenciaba las irregularidades de la actuación de Druillet al servicio del Embajador de España[107].

El informe, firmado por Chavin sentenciaba que Druillet sería suspendido de sus funciones, pero que el asunto dependía sobre todo de la autoridad judicial. El 17 de mayo, Druillet fue internado bajo vigilancia en el Hôpital de Vichy. Darían respondió a las intervenciones de Lequerica diciendo que no era de su competencia intervenir en el asunto, pues dependía exclusivamente de la autoridad judicial. Lo mismo contestaron todas las autoridades a las que los españoles pidieron su intervención. El gobierno español, a través de su sede en París contrató a un abogado para Druillet que intentó alargar la enfermedad pulmonar de su defendido lo máximo posible para evitar que ingresara en prisión, pero se hacía necesaria una intervención del ministro Barthélemy o de Pétain a favor del detenido para que pudiera librarse de la cárcel. Todas las cartas de Druillet a sus amigos de la Embajada —Barroso, De Romero, Urraca y Lequerica— solicitaban lo mismo[108]. Su abogado, Louis Magnet, no consiguió ningún favor de Vichy, es más, Druillet fue encarcelado sin poder solicitar de libertad provisional.

Encontramos más actividades de Víctor Druillet en un dossier policial que envió el Director de los servicios de la Policía Judicial de Francia al Director de la Vigilancia del Territorio, fechado en París el 14 de febrero de 1945. El texto, que hacía referencia a la implicación de Druillet en la detención del president Companys, también hacía referencia a la búsqueda del exinspector de policía desde el 7 de octubre de 1944 por parte de las autoridades. Sobre él se abrió un expediente de depuración por colaboracionismo del cual desconocemos los detalles. La nota de la policía judicial citaba a Druillet en los siguientes términos:

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, à toutes fins utiles, la copie, avec son annexe, d’une note du Cabinet, en date du 9 de décembre 1944, faisant connaître que le nommé Druillet Víctor, né le 3-4-1892 à Bretagne d’Armagnac ex-inspecteur de Police, milicien en fuite, et au sujet duquel vos Services possèdent un dossier, aurait une responsabilité capitale dans l’arrestation de M. Louis Companys, President de la Généralité de Catalogue.

Druillet fait l’objet d’un avis de recherche en date du 7 octobre 1944, du Service des Renseignements Géneraux de Toulouse.

Le Directeur des Services de la Police Judiciaire[109].

Más adelante, Druillet y su esposa Denis Faustine, pidieron asilo en España. Acusado y condenado a muerte por colaboracionismo en Francia, pasando la frontera por Portbou el 16 de junio de 1945, se presentó en la comisaría de Figueras para pedir asilo y con una carta de recomendación del mismo Lequerica y del entonces Embajador español en París, Miguel Maten. Druillet había acompañado a Pétain a Alemania como guardaespaldas. Entrando nuevamente a Francia con un pasaporte falso a nombre de Edmond Lafourcade (ingeniero agrónomo), se enteró de la sentencia dictada contra él y decidió refugiarse en suelo amigo. La comisaría de la Frontera de la zona Oriental en Figueras y los servicios de la Dirección General de Seguridad lo interrogaron y confirmaron sus antecedentes como colaborador y agente de la «causa nacional» durante la guerra y policía al servicio del embajador Lequerica y el coronel Ungría, durante los primeros años cuarenta. En octubre de 1945, el gobernador civil de Gerona, indicaba la libre circulación y residencia de Druillet en España gracias a sus avales ministeriales y los servicios prestados[110].

Desconocemos las funciones al final de la vida de Druillet. Su expediente, en los archivos del Ministerio del Interior francés, todavía no está abierto a investigadores, ni bajo demanda expresa de derogación[111]. En relación con su familia, pocos detalles hemos podido conocer por la expresa intención de mantener en secreto todo el asunto. Lo que hemos podido averiguar es que Druillet fue enterrado en Figueras y que allí permanece. Condenado a muerte por un Tribunal de Depuración en Francia, no pudo volver a su país por riesgo a ser fusilado[112].

En todo caso, tanto en el asunto de Urraca como en el de Druillet, la justicia francesa se encargó de procesar sus actuaciones y sus persecuciones. Más que el trasfondo político, lo que Francia no quería permitir era la ilegalidad operativa de las acciones contra refugiados políticos españoles de estos dos agentes y sus relaciones con España a favor de una represión política que emanaba del gobierno de Franco.

V. Operaciones policiales contra bienes y personas

V. | OPERACIONES POLICIALES
| CONTRA BIENES Y PERSONAS

1. La comisión de recuperación de bienes en Francia: El «caso Calviño» y el «asunto Palomo»

1. LA COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN FRANCIA:
EL «CASO CALVIÑO» Y EL «ASUNTO PALOMO»

Como hemos visto, la obsesión franquista por la recuperación de los bienes depositados en Francia por parte de dirigentes de la República española, provocó la creación de una comisión especial destinada a tal fin. La Comisión de Recuperación se basaba en los acuerdos firmados en Burgos el 25 de febrero de 1939 entre Bérard y Jordana[1]. En estos, el gobierno de Franco ya recordaba la especial importancia que para él tenía el hecho de retomar a la Nación española todos los bienes que se encontraban en Francia. La restitución a su legítimo propietario de esos bienes, bien fuere al mismo Estado españoleas corporaciones, sociedades o particulares, era considerado como una necesidad prioritaria. El gobierno francés, reconociendo el sentido general de la demanda, se comprometió a poner todos los medios a su alcance para asegurar el retorno de dichos bienes en el mínimo tiempo posible[2].

La Comisión estaba integrada por diversos ministerios franquistas, Hacienda, Interior, Marina, Asuntos Exteriores, la Dirección de Bancos, etc. Por este motivo, varias comisiones —o subcomisiones— formaban parte de las operaciones de recuperación. Durante las primeras acciones, imperó cierta desorganización[3]. Por ejemplo, el Ministerio de Marina mandaba una comisión de seis personas para actuar en los puertos atlánticos de Francia e intentar recuperar la flota (la comisión dirigida por el capitán de fragata Luis Rodríguez Pascual e integrada por los oficiales Mariano Urzaiz, Jesús Laceras, Domingo Tomás Royo, Eduardo González y Luis Ansorena). Otra comisión actuaba simultáneamente en el Mediterráneo francés y estaba dirigida por Vázquez Armero. Una tercera fue creada para la recuperación del material de guerra, designada por la Comandancia General de Artillería[4]. Por parte civil, otra comisión fue creada por Hacienda y presidida por el Jefe del Servicio Nacional de Deuda Pública, Joaquín Ruíz y Ruíz, junto con Ramón del Rivero Miranda —Conde de Limpias—, César Arruche, Miguel Losa Vargas, en nombre del Banco de España y Víctor Artola, en representación de la banca privada. Esta comisión se encargaría de depósitos de oro, joyas, piedras preciosas, numerario, billetes, monedas, valores, títulos, acciones, obligaciones, etc. Sus gastos los cubría el Comité de Moneda Extranjera[5].

En marzo de 1939 empezaron a darse cuenta, después de la ocupación de los consulados y las primeras misiones de recuperación, de que si no unificaban las decisiones y las relaciones con las diferentes comisiones, el resultado no sería demasiado exitoso. Además, por parte francesa, el gobierno no estaba dispuesto a tratar con varias Direcciones a la vez para atajar los temas de recuperación.

El primer paso fue centralizar los servicios a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que confeccionó unas listas con los nombres de los integrantes, los lugares en Francia que debían visitar e inspeccionar y las fotografías de todos ellos para poder expedir pasaportes diplomáticos y así actuar con libertad. Otro departamento encargado de unificar esfuerzos y organización fue el Ministerio de Gobernación, que debía aportar estrategias e informaciones, además de salvoconductos para cruzar la frontera. La labor unificadora, creó una «oficina central» en la Embajada española en París, que debía ser informada en todo momento de las operaciones realizadas, así como los Consulados españoles en cada departamento o ciudades donde los delegados debían actuar. El 29 de abril, el entonces ministro de Exteriores, conde de Jordana, envió una carta a su homólogo en Hacienda, Industria y al Jefe del Estado Mayor del cuartel del Generalísimo, estimando la necesidad que para el mejor funcionamiento de las comisiones y para poder asegurar los contactos con los funcionarios franceses, los miembros debían estar constantemente en contacto con la Embajada de París, dicha carta iba dirigida al cuartel de Franco en Burgos y al Ministro de la Defensa nacional[6].

Las personas encargadas de unificar las comisiones fueron el coronel Alfonso Barra, Presidente de la Comisión Central y el jefe en Francia, el coronel Antonio Barroso que, como sabemos, era Agregado Militar de la Embajada y que a partir de entonces, dirigiría y coordinaría las comisiones y las operaciones de recuperación.

Una de las primeras operaciones coordinadas que realizaron fue la captura y repatriación de dos maletas, cuatro sacos con lingotes de oro y un florón dorado confiscados a unos soldados de la división Líster en Perpiñán. El 22 de junio de 1939 se condujo el material incautado a Barcelona donde se levantó el acta de entrega por parte del presidente Barra y de Caries Bosch Clos (de la Comisión de Recuperación) al delegado de Hacienda de Barcelona para depositarlo en la Caja de valores del Banco de España de Barcelona[7]. La Comisión de Recuperación también sirvió para perseguir a los acusados de «expoliar» los bienes reclamados. Era, en sí misma, una comisión de represión política en el extranjero. Por ese motivo fue necesario crear toda una red de colaboración policial alrededor de dicha Comisión[8].

El Servicio Exterior, incautó documentación proveniente de la Layetana Office (la oficina del gobierno catalán en París) y ofreció mucha información sobre la JARE, sus cuentas, los subsidios económicos que concedía, sueldos y comisiones. Hacía una referencia explícita a Nicolau d’Olwer como máximo responsable de ese organismo y a Joan Tauler como secretario de las oficinas de la Generalitat de Catalunya en París. La documentación llegaría a manos del Servicio Exterior franquista procedente de la administración francesa y la Comisión de Recuperación española. En una nota informativa se citaba el domicilio de numerosos republicanos y la orden expresa del gobernador militar alemán, Von Grotte, de registrar los locales del SERE, las oficinas de la Generalitat y el domicilio de Companys. Todo lo requisado fue mandado, según esta nota, al Consulado español en París para después ser trasladado a Madrid[9].

En la correspondencia de Sergio Cifuentes, Delegado Nacional del Servicio Exterior de la Falange con la DGS para asuntos de información, pasaportes y visados y otros asuntos exteriores con Pilar Primo de Rivera se refleja dichas peticiones para garantizar sus desplazamientos y los de las agentes en el exterior de la Sección Femenina[10].

En cuanto a las garantías de colaboración policial, las aseguraban los agentes franceses De Saulnes y Druillet a nivel de comisariado, y por la parte de los servicios franquistas, Barroso y Urraca como superior y coordinador respectivamente.

Una ley aprobada el 30 de enero de 1940 en España reforzaba la actuación de la Comisión para la entrega de bienes a España.

El Estado español es propietario de todos los bienes que hubieran sido expropiados, expoliados o confiscados en España durante la dominación roja, después del 18 de julio de 1936, y que se encuentran en el extranjero[11].

Después del 24 de junio de 1940, el cónsul general de España en París, Bernardo Rolland, bajo la autoridad de Lequerica, envió una nota al prefecto de policía de París, con la finalidad de que los agentes franceses iniciaran una investigación en los locales ocupados por las organizaciones españolas de exiliados creadas en París o sustentadas por republicanos españoles. Se pedía también la realización de un inventario completo de bienes y documentos pertenecientes a dichas asociaciones u organizaciones con el objetivo de devolver al Estado español todos los bienes confiscados. La policía francesa respondió a Rolland que todas las operaciones de ese tipo en París debían ser sometidas a decisiones judiciales francesas y ser supervisadas por las autoridades alemanas. En este y otros casos, sin embargo, la autoridad alemana en París, estuvo a favor de las reclamaciones españolas.

Además de las obras de arte, joyas, acciones, valores, dinero, oro, etc., se reclamaban bienes inmuebles como despachos y edificios con los documentos y valores en su interior, pertenecientes a las asociaciones republicanas. Se reclamaban también todos sus bienes privados porque el gobierno franquista los consideraba «fruto de la expoliación efectuada en España durante la Guerra Civil» y los bienes muebles abandonados por los refugiados a la entrada de las tropas alemanas. En definitiva, a través de la ley citada, la Comisión de Recuperación quería todo lo que pudiera provenir de España, fuera quien fuere su legítimo propietario. La Comisión confería al Consulado General de España en París las siguientes funciones:

El Consulado General realizará la función de depósito legal de todos los bienes muebles existentes o pertenecientes a organizaciones, despachos y dependencias fundadas o sostenidas por elementos rojos, desprendidos del inventario constituido en presencia de las Autoridades francesas, del cual un ejemplar será puesto a disposición de la Prefectura de Policía.

El Consulado se constituirá depositario de esos bienes, conforme al texto de la Ley española del 30 de enero de 1940, con el fin de protección y devolución eventual a sus legítimos propietarios.

La atribución del mencionado depósito a] Consulado General, le otorgará la facultad de transferencia de dichos bienes a lugares que él considerará más seguros para una protección más eficaz, notificando las resoluciones [de traslado], en cada caso, a las Autoridades francesas[12].

Estas disposiciones añadidas a la Comisión de Recuperación establecieron una auténtica persecución contra los bienes refugiados y las personas susceptibles de poseerlos. La confirmación de que el Consulado español actuó como depósito es importante para analizar la cuantificación de sus fondos. Muchos de los documentos y bienes incautados fueron enviados directamente a España, que era el destino final de todo lo requisado. Algunos documentos incautados durante esas operaciones en París, como algunos de la Layetana Office, donde trabajaban Lluís Companys, su secretario Joan Tauler y otros cargos exiliados, todavía no han aparecido y los fondos del mismo consulado dirigido por Rolland, importantísimos para el estudio de ese período se dan por inexistentes.

Hasta 1941, Francia entregó numerosos valores a España, cantidades de oro del Banco de España —casi dos millares de francos— barcos, vehículos, material de guerra y muchas cajas con documentos. Principalmente, las reclamaciones españolas a partir de 1941 eran sobre material de guerra, miles de caballos —unos 5000 que Francia necesitaba para su interés nacional y que estaba dispuesta a abonar con dinero— y algunos documentos importantes.

En Madrid, la insistencia de Serrano Suñer a Pietri ayudó a entregar más cajas con documentación y valores como las que tenían depositadas en Le Bolou. La entrega de estas cajas se efectuó el 21 de julio de 1941, bajo la dirección de José Pan de Soraluce, Director de Asuntos Políticos, y escoltada hasta la frontera por un convoy de 10 camiones con 14 soldados, 14 chóferes, un capitán y dos suboficiales. Dado el despliegue de la operación, se deduce que el cargamento era muy importante[13].

A su vez, la recuperación de documentación incautada durante las inspecciones y saqueos en domicilios particulares permitía configurar dossieres muy completos sobre las actuaciones políticas de los refugiados españoles. Debemos hacer mención del especial interés en la recuperación de los fondos de la JARE[14] que era el organismo susceptible de acumular y gestionar mayor cantidad de dinero. Paralelamente, el caso de los fondos de la JARE, también nos ha permitido descubrir una dudosa y obscura gestión de los mismos por parte de algunos responsables republicanos.

Aunque el objetivo era la devolución a España de todo valor, joya o moneda, la Comisión de Recuperación, mediante el agente De Saulnes, encargado de hacer el seguimiento diario, se destapó una complicada trama de apropiaciones indebidas y de mala gestión. Los informes de De Saulnes al coronel Barroso nos revelan los hechos.

Barroso recibió la traducción del francés, hecha por los servicios policiales franceses, de la documentación incautada a Nicolau d’Olwer durante su detención. Además de la correspondencia interceptada entre Nicolau d’Olwer e Indalecio Prieto, también estuvo implicada la Legación mexicana en Vichy[15].

En el asunto de los fondos de la JARE, estuvo involucrado Emilio Palomo, antiguo presidente del Tribunal de Cuentas de la República. Palomo había sido designado especialmente en julio de 1939 por la Diputación Permanente de las Cortes como encargado de controlar en México todos los bienes provenientes de España y que habían sido puestos a disposición de Indalecio Prieto, bajo la autorización del Presidente mexicano Lázaro Cárdenas. El 14 de enero de 1940, la policía mexicana descubrió que Palomo se dedicaba a robar paquetes de joyas del depósito que él mismo gestionaba bajo la supervisión de Prieto y del jefe de la policía mexicana, el general Núñez. Palomo huyó a Cuba.

Todo este asunto generó revuelo interno y el cruce de unas 40 cartas y notas entre Prieto, Nicolau d’Olwer y Rubén Romero, Embajador mexicano destinado en La Habana, para recuperar los fondos robados. Los franquistas, interceptaron las notas y dedujeron qué una importantísima parte de los fondos de la JARE, provenían de la venta de estas joyas depositadas en México y evacuadas en el vapor Vita. El mismo general Núñez fue el encargado de transportar hasta México capital, joyas y fondos provenientes del Vita llegados a Veracruz y los depositó en una villa acondicionada para acoger los fondos. Las joyas eran desmontadas, las piedras se vendían a Estados Unidos y el oro, después de ser fundido, se vendía al Banco de México, en unas operaciones gestionadas personalmente por Indalecio Prieto[16]. Estos valores sufragaron las ayudas a los refugiados políticos, distribuidas en Francia, con la supervisión de Nicolau d’Olwer y del Ministro mexicano Rodríguez y sumaban un montante de 5 millones de francos cada mes. Al enterarse de estas gestiones, tanto la policía de Vichy como los franquistas, se pusieron manos a la obra para intentar interceptar y recuperar este dinero pero poco pudieron recuperar ya que los fondos estaban casi agotados, eran los depositados en manos de Nicolau d’Olwer y Rodríguez, que tuvieron que soportar el peso de la persecución y la prisión, fruto de las acciones de recuperación[17].

Otro caso importante de recuperación fruto de la colaboración policial, fue el de Calviño Ozores, delegado del Gobierno Republicano, que fue al encuentro del ministro Rodríguez en Vichy, para negociar la transferencia al Gobierno mexicano de dos barcos de guerra republicanos, cargados con armas y municiones y anclados en Grecia. La suma de la operación ascendía a unos 30 o 40 millones de francos. El 28 de octubre de 1940, un agente informó a De Saulnes de que Calviño se encontraba en Vichy acompañado por dos ciudadanos griegos, venidos para negociar con el ministro Luis I. Rodríguez la transferencia de propiedad de los mencionados barcos. Estos barcos habían sido comprados a Rusia por el gobierno republicano español durante la Guerra Civil y no habían llegado a su destino. De Saulnes se cercioró de la noticia en el Comisariado Central del Servicio de Extranjería e intentó localizar a Calviño. El informador Santiago López, que ejercía de infiltrado para De Saulnes y que era funcionario de la legación mexicana en Vichy, consiguió localizarlo. Una vez enterado de su paradero, se dirigió inmediatamente a ver a Brochet para pedir vigilancia para Calviño durante unos días, pues tenía antecedentes de tráfico de armas.

Brochet designó rápidamente al inspector principal Druillet para que se encargara del asunto. Calviño, al día siguiente, después de refugiarse en la sede Union Syndicale des Banquiers de Province se dio a la fuga hacia Marsella. La Embajada de España mandó una nota al ministro del Interior para indicarle la urgencia y la necesidad de detener a Calviño porque se había dedicado al tráfico de armas en París durante los años 1937 y 1938 a favor del gobierno republicano. El Gobierno español ordenó la detención de Calviño. De Saulnes se dirigió al director de la policía del Estado, Brochet, y a su subordinado, el Inspector Druillet, para que se hicieran cargo definitivamente del caso[18]. Brochet puso a disposición de De Saulnes los servicios policiales de Druillet y de dos agentes más y, en cuestión de una hora, estaban persiguiendo a Calviño. La persecución duró tres días entre Vichy y Marsella, donde teóricamente había huido Calviño. De Saulnes fue a Marsella y Druillet se encargó de Vichy. Las órdenes eran de detenerle y ponerlo a disposición del juez de instrucción del Tribunal de Cusset, M. Brunel. Al final lo detuvo Druillet cuando bajaba del tren en Vichy. Éste lo amenazó con conducirlo a la frontera española si se negaba a colaborar.

El interrogatorio duró 48 horas. Después le condujo ante el juez Brunel, acusado de «apropiación de bienes pertenecientes al Estado español». Ante la falta de pruebas y la incomparecencia de De Saulnes, que volvía de Marsella, el juez dictó la libertad vigilada de Calviño. Fue entonces cuando Calviño, sin presentarse a la comisaría de policía, se refugió en la legación mexicana de Vichy. La Embajada de España insistió en el asunto y mandó diferentes notas encargando al abogado de Lequerica que tratara el asunto con un nuevo juez. En estas breves horas de libertad, Calviño pidió ayuda a Luis I. Rodríguez que lo alojó en sus dependencias del mismo Hôtel des Lilas. El círculo de vigilancia delante del hotel fue reforzado por agentes españoles, una vez advertido Propper de Callejón y Urraca de la huida de Calviño y de donde se alojaba.

La Rogatoria contra Calviño no se emitió hasta el 1 de diciembre, cuando el inspector Mondarel decidió registrar la residencia de la amante de Calviño, María Boyer, en Marsella donde, según él, ocultaba toda la documentación referente a las armas, barcos y valores depositados en Grecia y otros países europeos. La indignación de los representantes españoles fue enorme y acusó de negligencia al Inspector Mondarel[19].

Seguramente, era cierto que Calviño poseía gran cantidad de títulos de armamento y otros bienes, pues había sido jefe de compras de material de guerra bajo órdenes de Araquistain y Prieto. Calviño se entrevistó oficiosamente con el consejero jurídico de la legación mexicana, que no fue otro que Santiago López, un colaborador e informador de De Saulnes y los Servicios de Información franceses. Así, tanto franceses como españoles tuvieron conocimiento de los planes de Calviño. Éste reconoció que estaba trabajando para recolocar material de guerra conjuntamente con fabricantes franceses, armadores griegos y otros negociadores con los que había tenido contactos. Había mercancías en Grecia, Estonia, Suiza, Francia, Austria, Bélgica, entre otros países. Según él, de todo ello tenían noticia tanto el gobierno de Vichy, como la legación de México, concretamente, el delegado Luis I. Rodríguez[20]. En principio, Calviño se mostró dispuesto a colaborar con la condición de que no lo entregaran a España y de que el inspector Druillet no lo interrogara más (según su versión, porque durante su interrogatorio fue sometido a tortura).

Calviño aceptó restituir parte de los bienes a cambio del cese del acoso y la persecución. Según De Saulnes, Calviño intentó sobornar su informador Santiago López y a él mismo con el pago 100 000 francos. Este hecho provocó la ruptura de relaciones entre De Saulnes y López porque el segundo habría aceptado el soborno[21]. A partir de la investigación de De Saulnes, la Embajada española pasó los informes a Druillet y Propper de Callejón. Los españoles consiguieron confiscar la documentación de Calviño y de numerosos cargos del gobierno republicano, junto con listas de refugiados en Marsella, Saint-Raphaël y Niza.

La importancia del «caso Calviño», aparte de la detención y enjuiciamiento en sí mismo, generó una reacción en cadena hacia otras detenciones. Druillet encontró en la documentación de Calviño la dirección de más refugiados políticos republicanos, residentes en la costa del sur de Francia. Los papeles contenían información importante y el asunto pasó a manos de Propper de Callejón y los agentes franquistas. De Saulnes quedó relegado a un segundo plano y Propper envió a buscar a Urraca para que se encargara de recuperar el dinero y del seguimiento de los refugiados que figuraban en los papeles de Calviño. Las conversaciones secretas se desarrollaron entre el mismo Calviño, Propper y Carabiber, abogado de la Embajada española.

Más adelante, al final de este período de búsqueda y captura, el Gobierno español redactó un nuevo decreto sobre la reorganización de la Comisión de Recuperación de bienes en el extranjero. El texto, firmado por Franco el 17 de noviembre de 1942, pretendía centralizar los servicios de recuperación dentro de la nueva organización del Ministerio de Asuntos exteriores:

YO DECRETO:

Art. I.— La Comisión de recuperación de bienes en el extranjero funcionará en el Ministerio de Asuntos Extranjeros bajo la presidencia del subsecretario del Departamento. Los directores generales de Bellas Artes, de Justicia, de Banco y Bolsa, del Contencioso del Estado y de la Política económica, serán miembros de la comisión y el abogado del Estado del Ministro de Asuntos exteriores actuará como secretario.

Art. II.— La Comisión establecida en el artículo precitado, tendrá la dirección exclusiva de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que puedan ser formuladas en el extranjero en nombre del Estado español para reivindicar los bienes pertenecientes a éste último o bien, robados a particulares o a entidades oficiales durante la dominación marxista. Todo esto, en derogación de toda disposición que se opusiera a lo que es prescrito en el presente decreto.

Es lo que ordeno por el presenté decreto dado en Madrid el 17 de noviembre de 1942.

Francisco FRANCO

La centralidad de estos servicios resultó en una acción más efectiva. En la Embajada de España en París se creó un despacho especial para la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en Francia que también estaba plenamente implicada en la detención de los exiliados[22]. A partir de entonces las reclamaciones serían más formales pero no dejarían de existir hasta bien entrados los años 50[23].

2. Las detenciones de la Costa Azul

2. LAS DETENCIONES DE LA COSTA AZUL

Las operaciones policiales realizadas en la Costa Azul, llevadas a cabo con la base de las direcciones confiscadas a Calviño, permitieron trabajar conjuntamente a los policías Víctor Druillet y Pedro Urraca Rendueles. La impunidad con la que actuaron los policías se debía a una comisión rogatoria que aprobó el gobierno francés, una especie de citación judicial en blanco, entregada y firmada por el juez de Cusset. Esta orden otorgaba al comisario Druillet el poder para incluir en ella los nombres de los encausados que él y sus colaboradores españoles creyesen conveniente. Por este hecho, meses más tarde, la misma justicia francesa se encargaría de interpelar y juzgar al comisario Druillet, por uso y abuso de poder y también por colaborar con los servicios secretos de otro país. Esta acción policial y judicial se emprendió en estrecha colaboración con Urraca, a quien De Saulnes definió como el agente que supervisó las operaciones de Marsella y que describió «como un policía de gran clase, lleno de habilidades e incisivo que nos ha sido de gran utilidad»[24].

De Saulnes puso su coche y todos los medios necesarios a disposición de Druillet para poder efectuar con más efectividad las persecuciones en Marsella y todas las detenciones, interrogatorios y registros, fueron realizados en su presencia. En pocos días, la operación obtuvo muy buenos resultados: se realizaron detenciones e incautación de bienes y documentos de políticos republicanos importantes. Toda la información iba directamente a la Embajada española. Exponemos aquí algunos nombres de las personas que cayeron gracias a esta operación: Manuel Portela Valladares, Francisco Sánchez Sáez, Pilar Lubian, Josep Tarradellas. Federico Miñana, Ventura Gassol, Juan Morata Cantón, Mariano Ansó, Josep Casanellas Ibars, Federic Escofet, Joan Font, Martín de Vesses, Luis Lozano o Ildefonso de Irala. El informe detallado fue redactado por Urraca Rendueles que lo pasó, como era habitual, al Agregado Militar Antonio Barroso.

Un gran número de refugiados políticos se encontraban en Marsella con intención de embarcar hacia México. Con la ayuda de la legación mexicana, los refugiados se preparaban para a emigrar hacia el continente americano con los bienes que les quedaban y la documentación personal y política. El Consulado mexicano de Marsella otorgaba los visados con el acuerdo del Ministerio del Interior francés. Los refugiados consiguieron la documentación necesaria para embarcar pero, mientras esperaban la llegada del barco, pudieron ser detenidos con relativa facilidad. El barco tenía que ser el Alsina, que ya había efectuado otros viajes a Argentina y Brasil, pero para ir a México se desviaba mucho de su ruta, por eso, Portela Valladares, a través de sus buenos contactos, consiguió que la empresa suiza Trust de Bale se ocupase de ello. Aún así, devino una operación demasiado costosa y sólo pudieron pagar el embarque algunas personas con ahorros suficientes. La lista, entre familiares, servicio y amigos, recogía las siguientes cantidades:

Gabriel Franco | 12 500 francos por 1 persona
Mariano Granados | 62 500 francos por 5 personas
Baeza Medina | 50 000 francos por 2 personas
Honorato de Castro | 125 000 francos por 5 personas
Juan Morata de Castro | 125 000 francos por 5 personas
Manuel Portela Valladares | 60 000 francos por 1 persona
Martí de Veses | 70 000 francos por 2 personas
M. Bescansa | 25 000 francos por 1 persona
Ignacio Alberti | 125 000 francos por 5 personas

La suma era bastante desorbitada: 654 000 francos por 27 pasajeros, con la diferencia de precio de los pasajes según la clase escogida.

El barco había llegado con retraso debido al control en el tráfico marino: Italia y Alemania obligaban a todos los barcos que iban a países neutrales provenientes de zonas controladas directa o indirectamente por ellos, a regresar con una carga de alimentos para sus países. Por otro lado, en la zona controlada por los ingleses, los barcos que navegaban tenían que solicitar un Navicert o permiso especial que obligaba a lo contrario: prohibir la carga de comestibles y otros productos con destino a sus enemigos italianos y alemanes.

Ante los problemas de evacuación, Negrín y Méndez Aspe decidieron actuar y procurar un barco desde México a Casablanca —territorio francés— y desde allí trasladar a los refugiados. Negrín había pagado gran parte de los costes y envió a sus representantes, Pilar Lubian y Mariano Ansó, para que se ocupasen de las gestiones pertinentes. La lista que envió Negrín era de unas 200 familias pero para ello necesitaba ayuda económica de Portela Valladares a través del trust suizo. El telegrama de Negrín y la lista de familias también fueron interceptados por Urraca, que controlaba todas las posibles operaciones de la zona:

De Jean [Negrín] y François [Aspe], pour Mariano y Pilar, stop. Réfugiés espagnols que nous croyons se trouver en France et doivent être compris avec familles première expédition pour Amèrique suivant ordre indiqué, stop. […] «Communique noms personnes remarquables pas comprises dans ce télégramme pour approbation. Stop. Francisco Méndez Aspe»[25].

Finalmente, Portela Valladares accedió a avanzar unos 30 000 dólares. Las cosas estaban a punto de solucionarse cuando surgió el problema añadido de la concesión de visados; estos los negociaba el ministro Rodríguez con el gobierno francés pero hubo problemas internos a causa, principalmente, del gran número de documentos necesarios, pues el barco, en total, debía evacuar a unas 1000 personas. En el fondo, el problema real, como en tantas otras ocasiones en la gestión de los refugiados republicanos, era la eterna rivalidad entre Negrín y Prieto. Esta vez, el ministro Rodríguez quería defender el pacto firmado con Prieto que, según él, entraba en los planes del convenio franco-mexicano para la evacuación de refugiados españoles. Prieto quería enviar a Marsella dos barcos de la Cruz Roja, El Wyoming y el Wimipeg, y cumplir con las diferentes condiciones impuestas por el gobierno francés (que no eran pocas); reflejadas en un documento firmado por la legación mexicana.

El estado francés pondrá a disposición de la Cruz roja el Winnipeg de 10 000 toneladas y el Wyoming de 9000, para el traslado de mercancías a Europa y que habrán de ser destinadas para los prisioneros de guerra, que se encuentren en la Zona ocupada.

Que la misma Cruz Roja habrá de encargarse del transporte a México, utilizando dichas embarcaciones, del transporte de 3000 emigrantes cada mes, asumiendo el compromiso de obtener los «navicerts» correspondientes de todas las Potencias beligerantes.

Que el gobierno mexicano, por compensación de servicios, habrá de entregar a la legación en Francia, por cada uno de los buques fletados, la suma de 8 millones de francos, que se aplicarán íntegramente a la adquisición de comestibles y demás artículos de avituallamiento para los fines expresados. Con preferencia solicitase: azúcar, café, carnes, grasas, harina, arroz, garbanzo, legumbres secas, jabón, calzado y ropa interior.

El gobierno mexicano habrá de proporcionar, por conducto del órgano correspondiente todo el combustible necesario para los viajes de ida y vuelta, el cual será liquidado con cargo a los mismos fondos de socorro.

Que el Estado francés habrá de facilitar el mazout [combustible] necesario para la primera travesía dándole previa seguridad de recuperarlo posteriormente en sucesivos viajes.

Que una Comisión internacional, designada especialmente, comprobará que los combustibles que se transportan no sobrepasan a las necesidades del consumo del barco que se utilice[26].

Rodríguez añadía una nota de agradecimiento al gobierno francés y a la Cruz Roja por la aceptación de las mencionadas condiciones. Claramente, el proyecto más viable era el de México y Prieto pero requería el tiempo de preparación de un mes y medio o dos que proporcionaba a los agentes franquistas un tiempo de oro para encontrar a muchas personas y bienes. El mismo Urraca, en un informe del 15 de diciembre de 1940, comunicaba en estos términos a Barroso:

Era pues, necesario, al llegar a Marsella, realizar principalmente los puntos siguientes: Impedir el embarque. Recuperar el mayor número de fondos para el Estado Español. Detención de los principales organizadores. Averiguar las relaciones exactas de la Legación mejicana con los refugiados rojos en Francia[27].

Así se inició la operación policial de detención y registro domiciliario en la que la colaboración con la policía francesa de Marsella fue decisiva. El procedimiento se basaba en la detención de refugiados: la justicia francesa se hacía cargo de ello después de un interrogatorio y de considerarlos culpables de alguno de los hechos imputados por el Estado español y posteriormente, estando detenidos, los franquistas solicitarían las respectivas extradiciones, para conducirlos y juzgarlos en España. Los únicos que pudieron escapar de la redada fueron Paulino Gómez, Carlos De Juan y Fernández Clérigo. Las otras personas incluidas en las listas fueron interceptadas.

A continuación presentamos una síntesis del contenido de la correspondencia y otros documentos que resumían las detenciones de estos exiliados:

Manuel Portela Valladares

Fue uno de los más buscados por sus responsabilidades políticas como expresidente del Consejo de Ministros de la República española e inculpado por el Tribunal de Represión contra el Comunismo y la Masonería[28]. Fue en el marco de esta operación policial cuando se registró su residencia y fue detenido, caso que se analizará más adelante. Los franquistas querían llegar al fondo de la cuestión y averiguar dónde y cómo se había recolocado el oro español, los bienes y fondos republicanos evacuados. En este sentido, Portela había creado un trust en Suiza con la base de valores españoles del Tesoro Público republicano formado por Henri de Reding y la Bale; fue el mismo Negrín quien lo confió a Reding. Según declaraciones de Portela (versión estrictamente policial derivada de los interrogatorios) el trust fue destinado a crear una asociación humanitaria de ayuda a los refugiados. Las cantidades de acciones del trust ascendían aproximadamente a unos 200 o 300 millones de francos en oro y Portela era su administrador; ese patrimonio le daba el poder para fletar los barcos y otras acciones de evacuación y ayuda a los exiliados. Las fuentes que desvelaron estos detalles fueron documentos incautados y cartas cruzadas entre Portela y Reding, encontradas durante los registros.

Pilar Lubian

Amiga y colaboradora de Méndez Aspe y Negrín, con domicilio en Marsella, fue detenida y registrada. Solamente se le encontraron documentos relativos al proyecto de embarco de refugiados y algunos contactos con la delegación mexicana. En su declaración lo negó todo y se limitó a explicar que Méndez Aspe y Negrín se habían ido a Inglaterra.

Juan Morata Cantón

Había sido subsecretario de Gobernación durante la República, amigo de Federica Montseny y siempre al servicio de la CNT. También había ocupado cargos con los gobiernos de Giral, Largo Caballero y Negrín; fue Presidente del Comité Nacional de enlace entre la CNT y la UGT, Director General de Sanidad y Presidente del Colegio de Médicos de Madrid durante el gobierno del Frente Popular. Fue detenido también en Marsella, en el Hôtel Salvator. Se le incautaron 21 monedas de oro grandes, llamadas «onzas españolas», dos antiguas libras esterlinas de oro, pendientes, brazaletes, anillos y otras joyas de oro y brillantes. También documentación falsa como ciudadano cubano y brasileño y un pasaporte expedido por el Consulado General de España en París en agosto de 1939. Se le incautó un coche Fiat, y unos recibos de cuentas bancarias en el Crédit Lyonnais de París y en la Banca Suiza de Ginebra —unos 83 000 francos en total—. Pretendía embarcar gratis alegando que vivía sumido en la mayor pobreza. Sobre él, aparte de responsabilidades políticas y los delitos de sangre que le imputaban los franquistas durante la Guerra Civil, existía una orden de búsqueda porque se le acusaba de haberse apropiado de un gramo de radio del laboratorio médico del sanatorio de Valdecilla de Santander (también figuraba en la lista de asuntos denunciados en la Comisión de Recuperación). En su interrogatorio, Morata afirmó que el radio era responsabilidad del Dr. Sauret y él no sabía nada. Fue detenido y encarcelado por los franceses por poseer documentación falsa.

Francisco Sáez Sánchez

Era el chófer de Luis I. Rodríguez y fue detenido porque había sido chófer de Negrín. En su domicilio en Marsella, se efectuó el registro y, después del interrogatorio, fue puesto en libertad. Aunque Sáez prometió pasar información a los agentes, tampoco pudieron retenerlo por no encontrar ningún documento inculpatorio, a pesar de que le encontraron una nota que daba la pista para encontrar documentación importante del SERE.

Ventura Gassol i Rovira

Alojado en el Hôtel Excelsior de Saint-Raphael, fue detenido al salir de la Brasserie Strasbourg de Marsella. Llevaba encima 22 000 francos. Lo encerraron en comisaría y a la mañana siguiente registraron su casa, delante de su mujer e hijos. Allí le requisaron 70 000 francos más. Ante la falta de explicaciones sobre el origen de los fondos, siguió detenido.

Josep Tarradellas

También con domicilio en Saint-Raphael, fue detenido junto a Ventura Gassol. Durante el registro, le encontraron 28 monedas de oro, 100 dólares y un depósito de 50 000 dólares en el National City Bank de Nueva York. Tarradellas entregó el dinero y joyas que llevaba encima y, según Urraca, se mostró dispuesto a colaborar y a dar información, «está dispuesto a entregar cuanto tiene en su poder y a decir cuanto sabe»[29], por ese motivo fue puesto temporalmente en libertad condicional[30].

De hecho, Tarradellas estaba en un lugar privilegiado en los interrogatorios y registros, pues desde los servicios de información de la DGS de Madrid insistían que durante la guerra «había evacuado gran cantidad de dinero del Tesoro de la Generalitat a Toulouse, habiendo dispuesto aviones pilotados por personas de su confianza tales como Canudas, Xuclá y otros»[31]. Tarradellas era acusado de su participación en incautaciones, y otros actos «antinacionales» y estaba localizado en San Rafael, donde según la policía «tenía en su poder gran cantidad de dinero». De ahí su pronta detención. En su expediente constaba también una lista de domicilios de republicanos en la zona francesa no ocupada que había circulado de París a Madrid y a Vichy[32].

Josep Casanellas Ibarz

Detenido junto a los anteriores, y con domicilio en Marsella; después del registro de su casa, le encontraron un pasaporte de Costa Rica, expedido por el Consulado de este país en París. A pesar de que en el registro no encontraron nada, el pasaporte falso y la insistencia de Urraca en sus responsabilidades políticas como diputado de la Generalitat y las Cortes Republicanas, lo mantuvieron detenido en las dependencias policiales.

Mariano Ansó

Detenido en Niza, donde residía en el Hôtel Columbia con su esposa e hijos, había sido Ministro de Justicia del gobierno Negrín; en el exilio ejercía como representante de éste en territorio francés. En el momento de ser detenido, en una céntrica calle de Niza, se alteró mucho gritando que lo estaban cogiendo para llevárselo a España y asesinarle. Efectuado el pertinente registro, le confiscaron algunos documentos, poco comprometedores, y unos 50 000 francos. Fue encerrado en la prisión de Niza y puesto a disposición judicial por llevar un pasaporte falso en nombre del Gobierno vasco y sellado por el consulado argentino en Marsella.

Federico Miñana

Detenido en el mismo hotel que Portela Valladares, le requisaron documentos de mucha importancia, entre los cuales se encontraban las listas completas de refugiados acogidos por el SERE. También le requisaron una fotografía de Azaña en su lecho de muerte y cartas referentes a su defunción.

Baeza Medina

Residente en Marsella, no pudieron encontrarle ningún documento inculpatorio ni cantidad de dinero sospechosa. Sólo figuraba en las listas de embarque del Alsina.

Martí de Vesses

Alojado en el Hôtel Perón, era el secretario y el sobrino de Portela Valladares. Tampoco le encontraron documentos ni cantidades de dinero sospechosas.

Francisco del Rosal

Exmilitar republicano, comandó la popular «Columna del Rosal», vivía en el Hôtel Salvador de Marsella. Al borde de la miseria, esperaba poder irse a América. No le encontraron ningún documento y menos aún dinero.

Antoni Escofet

Fue el encargado de repartir los subsidios del SERE a los refugiados catalanes, sobre todo al colectivo de Perpiñán. La legación mexicana le entregaba el dinero que él repartía. No le encontraron ningún listado ni ningún documento o dinero.

Luis Lozano Martín

Era el secretario del ministro Rodríguez, residía en el Hôtel Astoria de Marsella. Al registrar su habitación, encontraron documentos de la legación mexicana y del propio Rodríguez de gran importancia y todos referentes a los refugiados políticos españoles. Uno que interesó mucho a los agentes de Franco contenía la lista donde aparecían los beneficiarios de los subsidios y las personas responsables de repartirlos. También se encontraron documentos referentes a la evacuación y sobre la detención de Largo Caballero.

Fernando Varela

Vivía en la Villa La Panousse, en Marsella, fue registrado en su domicilio en presencia de su esposa. Antiguo cargo republicano por Esquerra Republicana, le encontraron distintos documentos en relación a la actividad de algunos refugiados.

Ildefonso Irala

Con domicilio en el Hôtel Excelsior de Saint-Raphaël, fue detenido y su domicilio se registró muy escrupulosamente sin encontrar nada que lo inculpase. El SERE le encargó organizar el embarque de unos 20 000 refugiados hacia América. Pablo Azcárate encabezaba esta organización y la llevaba a cabo la compañía Ipanema. Los embarques fueron realizados antes de la ocupación alemana y sólo transportaban refugiados. Una vez entraron los nazis en Francia, se dejaron de fletar barcos; el último fue el Méxique que costó unos 110 000 dólares, pagados por el SERE de la mano de Azcárate y Rancaño.

En un primer momento, ante la detención de Ansó y Portela Valladares, la operación sirvió para abortar los tres proyectos de embarque de refugiados y aparte de recuperar mucha documentación y dinero, también se reunió mucha información sobre los refugiados; consiguieron detalles sobre la cantidad y la gestión de fondos, listas de republicanos y dirigentes, incluso algunas listas de brigadistas internacionales. Fue realmente un gran golpe contra el exilio político. Pero a pesar de la aparente impunidad con que actuaba la policía, que permitía la libre actuación de los agentes franquistas, los procesos judiciales no fueron sencillos.

Francia, a pesar de su voluntad de colaboración policial, mantuvo siempre sus acciones enmarcadas dentro de unos límites legales ya que la ley francesa no permitía las detenciones administrativas o gubernativas. Tenía que presentarse algún cargo concreto y estipulado como delito en la jurisprudencia francesa.

Dicho esto, no fueron retenidos en prisión todos los detenidos, sólo aquellos que tenían en su poder documentación falsa, delito severamente castigado en Francia, y los que, poseyendo una suma importante de dinero, no pudieron justificar su origen. Se mantuvieron, pues, las detenciones de Portela Valladares y Juan Morata en la prisión de Marsella, Ventura Gassol también en Marsella y Mariano Ansó, en la prisión de Niza.

El golpe policial en Marsella tuvo un gran impacto entre los refugiados, extendiéndose el miedo y la idea de que los jefes y dirigentes políticos de la República serían represaliados por las policías española y francesa, unidas ahora para poder entregarlos a Franco. Una vez más, el refugio y la única forma de ayuda, la buscaron en el ministro de México, Rodríguez, que hizo importantes gestiones con los ministros de Vichy y con los comisarios policiales franceses. En un principio, sus esfuerzos fueron en vano y los objetivos franquistas de la operación policial dieron buenos resultados: anular el embarco, detener a los dirigentes políticos, privarlos de documentación para evitar su movilidad e intervenir numerosos documentos políticos. También se incautaron de más de un millón de francos en oro, joyas y moneda para devolverlos al tesoro español.

Este importante éxito policial y el hecho de recoger datos sobre la gestión —en manos de Negrín y Prieto— de unos 5 millones de francos mensuales para la ayuda a refugiados, motivaron a Barroso y Urraca para proseguir las persecuciones y las detenciones. Urraca acababa su informe con estas afirmaciones:

No para aquí el asunto. Aprovechando las facilidades que las Autoridades francesas parecen dispuestas a dar habrá que seguir dentro de unos días, cuando los elementos rojos se hayan repuesto del golpe, los registros y las detenciones de personas como Carlos de Juan, domiciliado en Montauban, 3 rue du Lycée, Fernández Clérigo, domiciliado en Aix-en-Provence; Esgleas, domiciliado en Perigueux, la Montseny, que debe estar con él y tantos otros dirigentes a los que se puede encontrar dinero o documentos de importancia[33].

3. Las cajas del SERE

3. LAS CAJAS DEL SERE

Los agentes franceses y los franquistas llevaron a cabo otros registros e investigaciones. Un fondo que consiguieron requisar, amparado por las leyes francesas de prohibición contra asociaciones extranjeras y de exiliados, fue toda la documentación guardada por el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE). Las perquisiciones más importantes se realizaron los días 5 de diciembre de 1940 y los días 30 y 31 de enero y 3 de febrero de 1941. Éstas, supervisadas por la Dirección Criminal del Ministerio Fiscal del Tribunal de Apelación de París y otros tribunales —como el de Cusset y Riom— tenían como principal objetivo investigar, localizar y erradicar las actividades de las dos máximas organizaciones de ayuda republicanas el SERE y la JARE. En un informe policial se cita que en cuatro operaciones policiales pudieron ser requisados cerca de tres millones de francos y algunas otras divisas[34].

Todo el mecanismo para intervenir provenía de los pactos hispano-franceses de febrero de 1939. Por ejemplo, el 16 de marzo de 1940 se registró a fondo la JARE porque ese mismo día se aprobó una orden judicial que determinó su ilegalidad y la persecución de sus integrantes[35]. Pero a partir del armisticio se agudizó su aplicación y se renovaron disposiciones de actuación judicial y policial. En el caso del SERE, todavía se actuó con más contundencia pues se le atribuyó una filiación comunista que implicaba estar dentro de las disposiciones de persecución, seguimiento y prohibición de todas las actividades desde el 26 de septiembre de 1939. Además, los servicios de información franceses y las otras policías —alemana y española— sabían o presumían que en los ficheros del SERE encontrarían las listas completas de todos los comunistas españoles y de sus organizaciones, localizaciones, etc., información de vital importancia para su represión. La orden de inspección judicial fue emitida el 31 de enero de 1940. A partir de esas disposiciones, la contundencia de su aplicación dependía de la interpretación de las normas y de las acusaciones imputadas, así como de la voluntad política de ciertos dirigentes[36].

La primera intervención contra los locales del SERE la instruyó un Juez del Tribunal del Sena. Se procedió al registro con la orden del juez Martín en los siguientes términos:

[…] registros rigurosos y minuciosos con el objetivo de buscar y requisar todos los documentos, toda correspondencia relacionada con la asociación ilegal SERE, incluyendo documentos contables en casa de sus responsables: Pablo de Azcárate, González Peña, Segundo Blanco, Bilbao Hospitalet.

Y describía la orden en estos términos:

Buscar y requisar todos los documentos relacionados con la constitución, gestión, actividad del SERE y el origen de los fondos que lo alimentan. En caso de descubrir fondos que le pertenezcan, requisarlos. Si se descubren cuentas bancarias del SERE, bloquearlas. París, 31 de enero de 1940[37].

El organismo encargado de efectuar los registros y las apropiaciones era la Dirección de la Policía Judicial, que encargó a los comisarios correspondientes las tareas policiales que debían llevarse a cabo en las sedes del número 94 de la calle Saint-Lazare (recepción de refugiados, ficheros y caja); el número 11 de la calle Tronchet (sede de la asociación) y en el número 4 de la calle Arsène Houssaye (contabilidad y otros servicios). También dio orden de registrar los domicilios de 15 españoles más refugiados en París para encontrar documentación y fondos del SERE. Igualmente, se bloquearon las cuentas bancarias de 25 dirigentes republicanos vinculados a la organización del exilio (Azcárate, Rancaño, Mouley, Irala, Pucain, Pena, Mantecón, Templado, Baeza, Otero, Monzón, Del Rosal, Vázquez, Montseny, De Jáuregui, Oivares, Ragasol, Aiguadé, Osorio, Negrín, Méndez Aspe, Álvarez del Vayo, entre otros muchos[38]). En total fueron sellados por el Tribunal del Sena 422 lotes de documentos requisados en esta primera operación.

En una nota enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores, se citaba que los documentos confiscados habían llevado a la intervención de 1 300 000 francos y que la Embajada española había intervenido urgentemente para que todo fuera retornado al gobierno español[39]. La operación estuvo cubierta por los «derechos de recuperación» reivindicados por la Embajada de España. Sin embargo, el encargado de la Subdirección de Europa del Ministerio francés, Henri Hoppenot, dejaba bien claro que debían excluirse los fondos del SERE provenientes de organizaciones extranjeras, concretamente americanas:

Au titre des accords Bérard-Jordana ne sauraient s’exercer que sur les documents ou les sommes provenant d’Espagne, à l’exclusion des fonds mis à la disposition du SERE par des organisations étrangères, notamment américaines[40].

Los responsables del SERE, quisieron salvar el resto de la documentación poniéndola bajo protección de la bandera mexicana, de este modo, muchas otras cajas pudieron ser evacuadas de París hacia la zona libre[41]. Después de huir de París, el SERE dejó las cajas que contenían la documentación de los servicios centrales de este organismo en manos del cónsul general de México en Francia, el Sr. Bosques. Urraca y sus colaboradores descubrieron que las cajas habían sido trasladadas a Marsella porque estaban rotas y necesitaban ser reparadas. Durante el registro en de Francisco Sánchez Sáez, exchófer de Negrín y actual chófer del cónsul Bosques, los policías encontraron una nota del cónsul mexicano, en la que recomendaba a Sánchez la misión de llevar a Marsella todas las cajas con dicha documentación[42].

Urraca contactó con su amigo Druillet; ambos fueron los encargados de efectuar la operación en colaboración con el agente De Saulnes, realizando más de 20 registros en Marsella. Los agentes no dudaron en ir al guardamuebles marsellés Peone e Bozzi donde se encontraban depositadas las cajas. Después de revisar su contenido, corroboraron que se trataba de documentación del SERE y cogieron algunos documentos de muestra para entregárselos a Druillet como prueba para el juez de instrucción. Con ello pretendían obtener la autorización del juez para requisar todas las cajas. En total había 79, cada una con la etiqueta: «Depósito perteneciente al Cónsul General Bosques» y «Legación de México».

El 4 de diciembre de 1940 por orden del juez instructor de Cusset, el mismo Druillet realizó el registro. Como consecuencia, se sellaron las 79 cajas y diversos documentos confiados al resguardo del mismo Sr. Bozzi. Ese proceso, que estaba bajo el mando del juez Malet, cobró cierta notoriedad ya que las cajas pertenecían a la Embajada de México en Vichy y el caso pasó a ser conocido como el «Caso de las Cajas Bosques», nombre del teórico propietario. Por ello, el caso fue llevado a consulta al procurador general de Marsella[43]. El juez revisó algunos papeles y encontró documentos en español provenientes del campo de Argelès, con correspondencia entre los comisarios de guerra españoles y algunos batallones del ejército republicano español. Además, se encontraron muchos libros y documentos del SERE que formaban parte del voluminoso material[44].

Por su parte, el procurador general de Marsella consideró graves dos hechos: en primer lugar, el traslado de una documentación tan importante fuera de las sedes diplomáticas a las que pertenecía; la segunda, la imprudencia de registrar y abrir las cajas, cuyo contenido debía ser considerado archivos consulares, por tanto inviolables por el respeto a la inmunidad diplomática[45]. En un principio, el juez resolvió considerar un error la actuación del inspector Druillet y sus colaboradores y esperar una reacción del cónsul Bosques. Mientras tanto, dictó la confiscación de las cajas.

La misión de los agentes Druillet y Urraca fue sacar la máxima información posible sobre esos papeles y posteriormente, conducirlas 79 cajas a Madrid. Las autoridades españolas, a través de la Embajada no cesaban de reclamar las cajas como suyas. El responsable de negocios de la Embajada española en París, Propper de Callejón, se encargó de pedir a otro juez, llamado Fontreaulx, del Ministerio de Justicia francés, la propiedad española de las cajas. Esta acción dio resultado y antes de Navidad, se pactó la futura entrega de la documentación a las autoridades españolas[46]. La entrega se realizó los primeros meses de 1941 después de ser examinadas por la justicia francesa, que decidió que no eran relevantes para su interés nacional. Seguramente gran parte de los fondos del SERE, que actualmente está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es fruto de esa operación policial.

La labor de la policía francesa fue indispensable para poder actuar con tanta contundencia y organización pero esta colaboración policial pronto se vería afectada por la detención de Víctor Druillet, acusado de esa y otras actuaciones precipitadas, e ilícitas, como las detenciones de Portela Valladares y otros refugiados. Algunos jueces franceses no permitieron este tipo de acciones en su partido judicial. Los trapicheos y pactos policiales entre agentes dejarían a los jueces y al Ministerio de Justicia e Interior de Vichy las decisiones más importantes sobre detenciones y las extradiciones, un conflicto mitad político y mitad jurídico en manos de jueces y de ministros delegados de Pétain.

4. Otros casos de perseguidos y detenidos

4. OTROS CASOS DE PERSEGUIDOS Y DETENIDOS

Manuel Azaña Díaz

Una de las actuaciones más inmediatas directamente ejecutada por los agentes secretos enviados a Francia por Franco, fue contra el expresidente de la República española, Manuel Azaña. Éste fue acosado y perseguido en territorio francés, vigilado por personal de la Embajada mexicana, por la policía francesa y también por informadores de Franco.

El 7 de febrero de 1939, Azaña huyó de España y entró a pie en Francia como refugiado a través de los Pirineos. El 27 de febrero, Francia e Inglaterra reconocieron el gobierno de Franco, la guerra estaba ya decidida. A pesar de eso, Azaña, que se había refugiado inicialmente cerca de la frontera suiza, en Lons-le-Saunier, se encontraba demasiado lejos de España; él quería vivir más cerca de su país y terminó por encontrar una casa en Pyla-sur-Mer, al lado de Arcachon, en el Atlántico sur cerca, de Burdeos. Fue en Pyla donde comenzó la agonía de Azaña al detectársele su enfermedad del corazón[47]. No pasaría mucho tiempo hasta que la agonía y la nostalgia de su exilio se sumarían a los problemas políticos. La ocupación de Francia por parte de los alemanes precipitó el nuevo periplo del expresidente.

Azaña partió el 25 de junio de 1940 —tres días después de la firma del armisticio franco-alemán— hacia Périgueux para salir de la zona ocupada. En la residencia de Pyla —Villa l’Eden— se quedaron la hermana de su esposa, Adelaida, su cuñado Cipriano Ribas Chérif, la mujer de éste, Carmen Ibáñez, sus cuatro jóvenes hijos y tres personas de confianza del servicio de Azaña que le habían querido seguir en su exilio: Epifanio Murga, José Ibáñez y Alejandra Sánchez, El día 24, las motocicletas alemanas habían cruzado la pequeña población[48]. En julio del mismo año, el embajador La Baume recibió una nota del Ministerio de Exteriores español informando de la presencia de Azaña en la región de Périgueux y la necesidad de vigilarle y no dejar que saliera de Francia[49]. Azaña pues, estaba otra vez localizado y vigilado por la policía francesa y española.

La intervención de la legación mexicana fue decisiva para conseguir proteger su vida. El 2 de julio de 1940, Luis I. Rodríguez ya realizó una primera visita al expresidente de la República, instalado en Montauban, enfermo y acompañado por el general José Riquelme y el coronel Arturo Mena. En cierto modo, además de arropar a Azaña, también intentaban protegerle ya que había viajado enfermo en una ambulancia desde su domicilio de Pyla-sur-Mer, en la Gironde, zona ocupada por los alemanes, hasta Montauban, en el Périgueux, acosado por agentes franquistas. Al irse de su residencia tuvo que dejar en manos de sus perseguidores gran parte de su obra, cuantiosa documentación, su gran biblioteca, la caja fuerte con sus recursos y lo más preciado, a su familia más próxima.

En la primera entrevista con Rodríguez, Azaña le dijo que estaba profundamente deprimido por la constante presión y seguimiento por parte de los agentes franquistas, «con un poco de suerte —afirmaba constantemente Azaña— ya habré muerto antes de que me detengan y conduzcan a España».

Otra presión importante a la que fue sometido fue la obligación de permanecer en Montauban, ya que las autoridades de Vichy le negaron el permiso de circulación. Por tanto, tuvo que quedarse forzosamente en la localidad, vigilado y controlado por los policías franquistas y del Estado francés. La otra gran preocupación que lo angustiaba era la suerte que correrían su cuñado Cipriano Rivas Chérif y su familia.

El delegado mexicano intervino a favor de Azaña y solicitó expresamente a Pétain que no se permitiera su extradición ni entrega directa por parte de agentes franquistas y que tomase medidas para proteger la vida de su familia y de Rivas Chérif. También le entregó 2000 francos para facilitar su subsistencia y manutención. Efectivamente, Rodríguez se entrevistó con Pétain el 8 de julio de 1940, exponiéndole la desesperada situación del expresidente español y la intención del presidente Cárdenas de acogerle en México y ofrecerle su protección. Las condiciones a pactar con más urgencia eran el permiso de residir con su esposa en Montauban sin ningún peligro de ser detenido ni extraditado; el posterior traslado a la legación mexicana en Vichy, para recuperarse de su dolencia; y el permiso de viaje para emigrar a México lo antes posible.

El resultado de la entrevista fue muy positivo, Pétain se comprometió a aceptar las propuestas mexicanas y salvar la vida de Azaña siempre y cuando todo el asunto se mantuviera en el máximo secreto y discreción. La noticia fue gratamente acogida en el domicilio de la calle Lasserre, donde residía Azaña.

La alegría duró poco: unos días más tarde, el 14 de julio, a través del cónsul de Marsella, Gilberto Bosques, llegaba la noticia de que la policía falangista había detenido y conducido a España a un grupo de refugiados; habían sido detenidos e internados en la zona ocupada —la Gironde— por las autoridades alemanas, entre otros, su cuñado Rivas Chérif, la esposa de éste, sus cuatro hijos y su hermana, además de su personal doméstico. La detención se produjo en la misma residencia de Pyla-sur-mer, haciéndose efectiva la madrugada del el 10 de julio a las 5 de la madrugada por agentes franquistas y agentes alemanes. Requisaron su documentación, los libros y el dinero y dejaron a la familia detenida sin asistencia ni posibilidades de comunicarse con el exterior. Conducidos a la Kommandantur de Burdeos, las mujeres y los niños fueron recluidos en la villa l’Eden, a los hombres se los llevaron, conduciendo directamente a Rivas Chérif prisionero a Madrid vía Irún[50].

La casa fue desvalijada, el teléfono cortado y requisado todo el material. Fue muy importante la confiscación de documentación de Azaña, escritor muy prolífico, con un importante archivo de documentación. Todo el material que el expresidente tuvo que abandonar fue requisado por los franquistas y enviado a España. Una gran pista que nos confirma esta versión fue el descubrimiento, alrededor de 1985, de gran parte de la documentación de Azaña en las dependencias de la Escuela de Policía española. Esta documentación era la que había sido incautada por la Gestapo y la policía franquista en su domicilio de Pyla-sur-mer en 1940 y que, años más tarde, cuando lo descubrió su familia, los documentos volvieron a desaparecer. Todavía hoy siguen escondidos celosamente en alguna parte y aún no han podido salir a la luz pública[51].

Las autoridades francesas no pudieron hacer nada ante tal premeditada actuación. Las fechas habían sido escogidas muy oportunamente. Un informe del comisario de policía al Prefecto de la Gironde confirmaba que tenían noticias de la operación de la madrugada del día 10, pero que la intervención había sido realizada directamente por las autoridades alemanas, acompañadas de un comisario español (sin citarlo, aunque todas las pistas circunstanciales y documentales apuntan a Urraca) y un representante de la Falange española (se supone que Velilla o algún otro dirigente). El informe francés citaba el pillaje de villa l’Eden y que un camión alemán confiscó los documentos y varios objetos con rumbo a Burdeos. Se citó expresamente que la operación fue realizada «a petición de las autoridades españolas», que pidieron directamente a los alemanes la detención y la asignación de residencia de las personas concernidas, al margen de las autoridades francesas y del pacto del armisticio franco-alemán. Esta actuación queda también confirmada en una nota encontrada en los archivos de la Dirección General de Seguridad por Enrique de Rivas durante su investigación sobre la detención de Cipriano y el citado artículo sobre Azaña. El documento dirigido al Director General de Seguridad citaba:

Como consecuencia de dos viajes realizados a París, en ejecución de sus órdenes, en compañía de personas de nuestra Dirección General de Seguridad, se ha procedido a la detención de los elementos rojos que figuran al dorso […][52].

Como bien analiza Enrique de Rivas, las autoridades españolas realizaron una audaz jugada, pues del mediodía del día 9 hasta el mediodía del 10 de julio, Francia vivió un vacío de poder que hacía imposible la intervención, positiva o negativa, de una comisaría francesa, sobre todo a las 5 de la mañana, en las detenciones. Esa madrugada, doce personas más fueron arrestadas en la zona ocupada, entre las que se encontraban Cruz Salido y Zugazagoitia, que serían fusilados en España cuatro meses más tarde, el 9 de noviembre. Azaña nunca lo supo[53].

Ante estos terribles e ilegales actos de alemanes y franquistas, el ministro Rodríguez actuó con gran urgencia, entrevistándose con Paul Baudouin, ministro de Exteriores de Vichy, para que interviniese ante las autoridades alemanas y españolas para liberar a los prisioneros, los niños y las mujeres y solucionase favorablemente el destino de Rivas Chérif. La desesperación de Azaña, lo llevó a proponer su entrega a Franco a cambio de la libertad de su familia[54]. Rodríguez negó toda gestión en este aspecto y envió a un agente suyo, el ayudante del agregado militar mexicano de Marsella, para que se trasladara a Montauban, a disposición de Azaña, para vigilar que nadie le inquietara informar diariamente a Rodríguez de su situación.

El agregado militar mexicano en Vichy, Antonio López Haro Oliva advirtió, el 22 de agosto de 1940, de la llegada del policía Pedro Urraca a Montauban para vigilar la residencia de Azaña acompañado de agentes falangistas procedentes de Madrid con la intención de conducir a España al expresidente. Tras su alojamiento en el Hôtel du Midi, partieron hacia el norte en tren para localizar también al general Riquelme y a Fernández Clérigo[55]. Ésta, como tantas otras, era una misión de localización y vigilancia, pues la detención directa sería llevada a cabo conjuntamente con la policía de Vichy para evitar levantar sospechas sobre las intenciones de secuestrar a refugiados.

El momento de mayor peligro para Azaña fueron los días 14,15 y 16 de septiembre de 1940. El agente Urraca había llegado a Montauban con otros agentes de la Falange con la intención de detenerle. Afortunadamente, el diplomático Rodríguez había planeado una visita al expresidente. Cuando conocieron las intenciones españolas, gracias a sus informadores y al agente López Haro Oliva, dispusieron un plan para proteger a Azaña; se fueron de su residencia y se alojaron en el Hôtel du Midi. Allí, en nombre de la legación mexicana, habían reservado unas habitaciones donde colocaron la bandera mexicana para crear lo que sería un entorno de protección diplomático. Además del personal mexicano, también ofrecía protección al capitán López Haro, Carlos de Juan, Alfonso Castro Valle, los doctores Vaca y Pallete entre otros. Mientras tanto, avisaron del peligro que corría Azaña a los refugiados españoles en Montauban y muchos internados en el campo de refugiados de Septfonds; también mutilados de guerra no dudaron en dirigirse al Hôtel du Midi para acompañar a Azaña en esos momentos. Entre mujeres y niños se reunieron a unas 300 personas[56].

Urraca se había reunido a la hora de comer con el comisario de policía francés para preparar la operación. Ante la respuesta humana y la estrategia diplomática, los españoles, que pasaron toda la noche vigilando, no se atrevieron a hacer efectiva la detención.

A las diez de la mañana del día siguiente, todo estaba dispuesto para irse hacia Vichy para instalar a Azaña finalmente bajo la segura protección de la Legación de México. La estrategia consistía en simular un grave empeoramiento de la salud de Azaña para justificar el permiso de trasladarle al médico en coche. Una vez dentro del vehículo con Rodríguez al volante, pasarían el control de policía sin problemas porque dentro del coche oficial, conducido por el ministro de México, Azaña estaría bajo protección diplomática y podría ser llevado hasta la legación en Vichy.

El plan se frustró porque el Prefecto de Montauban pudo averiguar las intenciones de Rodríguez para sacar de allí a Azaña. El prefecto les impidió el viaje pero les aseguró que los agentes franquistas se marchaban a Vichy y que no cogerían a Azaña. Aparentemente, la filtración de los planes se produjo por una metedura de pata de la esposa de Azaña que envió un ramo al prefecto para despedirse y agradecer la hospitalidad de Montauban, ya que «nos vamos a Vichy el día 16».

Anécdotas aparte, Azaña, al final, no fue detenido; pero este tipo de acciones se traducían en informes que eran enviados, la mayoría de veces a través de la valija diplomática que no podía ser registrada, a tres principales destinatarios: el Servicio de Información Exterior del Alto Estado Mayor del Ejército, la Dirección General de Seguridad y el Servicio Exterior de la Secretaria General del Movimiento. Durante esos meses, se redactaron casi a diario informes de tipo general sobre las «actividades de los rojos en Francia»[57], o los privados y personales como los de los policías Urraca o Druillet[58].

Ante este constante acoso, una vez más, Luis I. Rodríguez intervino y se implicó muy personalmente a favor de Azaña. Su cargo político y el peso significativo y moral que, representaba para el exilio político, merecía la intervención de la legación mexicana. Para mediar en este asunto, Rodríguez solicitó audiencia personal con Pierre Laval para pedir explicaciones sobre la actuación de los «secuaces enviados por Franco». Merece la pena reproducir la significativa entrevista con el Presidente del Consejo de Estado francés Pierre Laval:

—Son asuntos ajenos a nuestra voluntad. Nada podemos hacer para evitarlos.

—Señor Presidente, que…

—Azaña es un refugiado. Nadie lo invitó a venir a Francia. En su condición actual no creo que sufra más que nosotros. Las consecuencias de la guerra se reparten en todos por igual…

—La familia Rivas Chérif se encuentra arrestada…

—Tenemos más de un millón de hombres prisioneros en Alemania y no puedo liberar a uno solo.

—Han saqueado la casa del expresidente de España…

—¿Usted cree que sea la única de la zona ocupada?

—El señor Azaña está gravemente enfermo…

—Todo el mundo lo está ahora en Francia.

—Corre el peligro de ser secuestrado en Montauban para llevarlo a Madrid.

—Quizás le resulte mejor eso.

—Ahí lo sacrificarían.

—Son gajes de la política.

—Se trata de un antiguo jefe de Estado que disfruta de la hospitalidad de Francia…

—Requerida por él exclusivamente. Ningún beneficio nos reporta su asilo.

—No se trata de beneficio sino de deberes morales cumplidos.

—¿Deberes morales? Por generosos perdimos nuestra guerra. ¿Quién se ocupa ahora de resolver nuestra situación?

—No lo dirá por el general Franco.

—Es nuestro amigo y no estamos en plan de perderlo solapando a sus adversarios.

—El gobierno de México se interesa mucho por acogerlos.

—Nosotros no y con mucha razón.

—¿Debo decirle algo al señor Azaña con relación a su carta?

—Absolutamente nada. Simplemente mis deseos de que mejore.

—Así lo haré, señor Presidente; muchas gracias por su atención[59].

A pesar de la frialdad y desprecio de Laval, Rodríguez consiguió mantener a salvo a Azaña del constante acoso de Urraca y sus agentes. El propio Pétain se mostró firme y contundente frente a la insistencia de Lequerica y los representantes españoles, para que accediera a entregar o extraditar Azaña. Pétain prohibió formalmente la entrega del expresidente y se expresó en estos términos:

Señor Lequerica, ¿se ha creído usted estar en su casa, o qué? ¡Empiezo a estar harto de sus tejemanejes[60]!

De todas formas, la contundencia y la determinación que Pétain mostró en el caso de Azaña, no aparecerían en tantos otros casos de republicanos refugiados en Francia acosados y perseguidos por sus servicios policiales en concordancia con los franquistas. Suponemos que, por respeto al cargo ocupado por Azaña y por su grave estado de salud, el jefe del Estado francés reaccionó positivamente. Otras miles de injusticias y barbaridades se ocuparían de juzgar su nombre.

A partir de ese momento, para controlar las cada vez más frecuentes actividades de los agentes franquistas, la legación de México dispuso también a un agente secreto de contra-información, Félix Lucas Mancera, destinado a actuar en el territorio de Vichy y la llamada «zona libre» que terminaría con la ocupación total alemana en julio de 1942. En septiembre, la legación mexicana consiguió el compromiso del ministro de Exteriores de Vichy, Paul Baudouin, que provenía de la firme decisión del Mariscal, de no permitir la extradición ni la entrega a España de Azaña. Aún así, viviría acosado constantemente durante cinco meses más hasta el fin de sus días. Azaña murió el 4 de noviembre de 1940 en su residencia de Montauban debido a su enfermedad crónica[61].

El caso del president Lluís Companys

Hemos podido conocer a Pedro Urraca, uno de los hombres más destacados de la red policial española para perseguir a republicanos en Francia, y de especial protagonismo en la detención del que fue el último presidente de la Generalitat de Catalunya republicana, Lluís Companys[62] Pero en su detención participaron directamente otros agentes y personalidades franquistas. Por parte de la Embajada, hubo la directa implicación embajador Lequerica y su jefe de asuntos consulares Cristóbal del Castillo[63]. El papel de Lequerica fue clave en la detención de Companys, aunque la orden directa de entrega la firmara Del Castillo[64].

Terminada la guerra y huyendo de los aliados, Lequerica fue nombrado embajador en Madrid, para terminar en la Embajada española en Washington. Por el camino había sido condecorado, entre otros méritos, con la Gran Cruz del Águila Alemana en enero de 1943 y la Legión de Honor francesa de manos de Pétain. Evidentemente, su mejor garantía, una vez vencido el nazismo, sería Estados Unidos[65].

El caso del presidente Lluís Companys es un ejemplo paradigmático sobre la represión exterior del régimen franquista. Entrelaza informes de Urraca y órdenes directas de Serrano Suñer con las actuaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo para intentar revestir de legalidad el caso de detención, entrega y ejecución del expresidente catalán. Algunos documentos inéditos, como el informe de Urraca en la prisión de La Santé, el expediente sobre Companys en la Prefectura de París, el expediente sobre su hijo y el suicidio de su hermano Camil Companys, así como la documentación del doctor Anguera de Sojo, médico personal de la familia, aclaran algunas lagunas existentes sobre el caso, muy bien analizado por el historiador Josep Benet[66].

Hacia finales de julio de 1940, llegó a París desde España el coronel Coronado, secretario del conde de Mayalde, jefe en aquellas fechas de la Dirección General de Seguridad en Madrid[67]. Tenía la misión especial de arrestar en Francia a Lluís Companys y a otras personalidades republicanas españolas. Desde su llegada a París y de acuerdo con la Embajada de España, Coronado estableció contacto con el coronel Rudolph del ejército alemán, ubicado en el Hôtel Majestic o en el Hôtel Lutetia[68], ambos centros, junto con el Hôtel de Ville y el Hôtel Matignon de las autoridades militares alemanas de ocupación. Los contactos se repitieron y el proceso de detención fue planeado entre Coronado y la policía militar alemana estableciendo al agente Urraca como supervisor de la operación[69].

El 13 de agosto de 1940, Companys fue arrestado en la casa donde residía en La Baule por los oficiales de la policía militar Schultz y Bauer, que estaban al servicio de Rudolph. En la detención intervinieron otro alemán y dos españoles, agentes de Coronado. En el momento de su detención, Companys vivía con su esposa, una sirvienta y, temporalmente, con un sobrino, Francesc Ballester, que también fue arrestado. Después de la detención, registraron la casa y Companys fue conducido, con Ballester, a una villa a los alrededores de La Baule, donde los alemanes tenían instalado su cuartel general regional. Allí estuvo hasta el 19 de agosto cuando los detenidos fueron trasladados a París en coches separados.

Companys fue trasladado directamente de París a La Santé y encarcelado en la sección llamada alemana, donde se recluía a los prisioneros de los alemanes. Allí le interrogó Pedro Urraca, que le advirtió de su aciago futuro y de su entrega segura e inminente a las autoridades franquistas. Entre el 26 y 27 de agosto fue conducido a la frontera española entrando por Hendaya.

Durante su estancia en La Santé, aparte de la mencionada e inédita entrevista con Urraca, tuvieron lugar una serie de negociaciones entre la Embajada de España y las autoridades alemanas sobre el proceso que había de seguirse para entregar a Companys a las autoridades españolas. En un primer momento, se encargó a Urraca y Monzón que condujeran a Companys directamente a España desde La Santé, pero sólo lo entrevistaron. Unos días más tarde, el conde de Mayalde, de regreso de una reunión en Berlín, se detuvo en París donde se volvió a reunir con Rudolph en el Hôtel Lutetia. En ese encuentro se firmó su entrega. Las dudas que pudieran surgir sobre la extradición de Companys se disiparon rápidamente gracias a una orden de Serrano Suñer, entonces ministro de Asuntos Extranjeros de Franco, que establecía que Cristóbal del Castillo, ministro consejero de la Embajada, interviniese para firmar la entrega con las autoridades alemanas de la policía militar sin más preámbulos ni dilaciones.

La orden de traslado fue firmada por el conde de Mayalde y Cristóbal del Castillo quien, como consejero de la Embajada española en París sustituía a Lequerica, que se encontraba ausente[70]. La delegación española en París recibió la orden de la conducción de Companys a Madrid el 25 de agosto de 1940 a través de una nota de los Servicios Exteriores y firmada por el encargado de la Embajada, Del Castillo. En dicha nota, clasificada, se especificaba que el conde de Mayalde, Director General de Seguridad, había dispuesto que Companys fuera conducido hasta Madrid por un oficial alemán y por Urraca, como podemos ver en este extracto:

Con referencia a mi telegrama, en el que daba cuenta a V. E. de haber sido detenido el expresidente de la Generalidad de Cataluña Companys, cúmpleme participar a V. E., para su debido conocimiento e información, que el Director General de Seguridad, que en la mañana de hoy ha continuado su viaje para Berlín, ha dispuesto que el citado sea conducido hasta Madrid. COMPANYS, saldrá mañana a primera hora en un automóvil e irá custodiado por un oficial alemán y por el Señor URRACA, funcionario de la Dirección General de Seguridad Agregado de esta Embajada. También pongo en conocimiento de V. E. que cumpliendo instrucciones del Director General de Seguridad he dirigido un escrito a las Autoridades de la prisión de La Santé a fin de que COMPANYS sea entregado a primeras horas del día de mañana al Señor Urraca, para su conducción a Madrid[71].

Efectivamente, Companys fue conducido hasta la frontera por Urraca, un agente alemán y otro policía español. Este policía español, no era tal. Se trataba del falangista Federico Velilla. Como es sabido —todo el proceso está en el expediente Companys de la DGS y muy bien estudiado por Josep Benet— en España fue encarcelado primero en Madrid y después en Barcelona, donde fue juzgado y fusilado el 15 de octubre de 1940[72].

Entre los españoles, las tres personas que conocían perfectamente el asunto, por haber intervenido personalmente, aparte de la orden directa de Serrano Suñer y de Coronado, en misión especial, fueron Urraca, por su clara implicación en el caso en relación con el servicio de espionaje alemán y sus agentes, Philippe Rodes, abogado de la Embajada de España en París y Aparicio Monzón, policía que trabajaba igualmente para los servicios secretos franquistas instalados en Francia[73].

Por parte francesa, las personas que intervinieron, no sólo en este caso sino en todos los asuntos oscuros que rodeaban la detención y persecución en Francia de los refugiados republicanos españoles, fueron diversos cargos y posiciones de la prefectura, Brochet, por ejemplo. Pero a fin de cuentas y sin ninguna duda se puede afirmar que la responsabilidad clave del agente de enlace entre todos los asuntos oficiosos recayó en el inspector de policía Víctor Druillet, colaborador directo con las autoridades franquistas y que también intervino indirectamente en la entrega de Companys.

En otoño de 1944, Eduard Ragasol, mediante una petición al gobierno galo liberado, intentó averiguar quiénes fueron los responsables de la entrega de Companys a los alemanes y llevarlo hasta la frontera. La nota de Ragasol ayudó a que la policía francesa realizara un resumen de las circunstancias de la detención de Companys, aunque no llegara a conclusiones más reveladoras que las presentadas.

Después de la liberación de Francia, Ragasol mantuvo conversaciones con De Gaulle y Tixier, incluso un oficio con J. Verdier, director general de la Sûreté Nationale, para tratar el tema de los refugiados políticos en Francia y presentó como caso Sagrante de colaboracionismo la acción contra Companys. También hizo hincapié, como hemos citado en repetidas ocasiones, en la participación de policías oficiosos en toda la trama como Urraca y Druillet[74].

Desgraciadamente, a pesar de haber responsabilidad en la colaboración policial, las cuestiones sobre la delación, etc. quedan relegadas a la categoría de suposiciones. Se ha tratado ampliamente el hecho de que por contactos con la policía francesa, los agentes franquistas conocían sobradamente la residencia de Companys en La Baule, es más, se ha demostrado que él, como tantos otros, estaba obligado a tener una residencia fija. En este sentido, y lo citamos solamente como ejemplo, el caso de Companys es una prueba más y un buen ejemplo del triángulo de colaboraciones impunes de las fuerzas represoras del momento, con una responsabilidad vertebrada por la organización franquista[75].

A Companys se le impuso la pena máxima. Disponemos de la publicación de su consejo de guerra y de fondos que explicitan exactamente cómo fue el proceso judicial franquista[76]. Pero además del consejo de guerra sumarísimo[77], como en tantos miles de expedientes más, Injusticia española condenó a través del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, a la incautación de todos sus bienes. Parte de ellos estarían destinados a pagar la condena, siendo ésta una sentencia que afectaba «a sus herederos y representantes legítimos así como los muebles, metálico y efectos que se hallasen».

Según su expediente, el embargo de sus bienes, no saldaba su deuda ya que cita que debía aún 388 668,95 pesetas y que su heredera, Ramona Companys, debía cargar con la deuda. Todo ello estuvo en vigor hasta el indulto de 1966 y hasta que la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas firmara el levantamiento del embargo el 3 de diciembre de 1966, nada más y nada menos que 26 años después de su ejecución[78].

Todos sus bienes muebles y algunos inmuebles «de mediano valor» según la fiscalía española, fueron adjudicados al Estado español en un auto especial el 4 de febrero de 1942. En febrero de 1948, Ramona Companys reclamó los bienes incautados «por actos contrarios al Movimiento Nacional». Ramona reclamó más de 900 000 pesetas y el Ministerio Fiscal contabilizaba poco más de 90 000. De todas formas, una ley de junio de 1945 sólo permitía devolver 25 000. El Ministerio Fiscal, sin embargo, denegó cualquier devolución alegando:

[…] no ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys Jover las fincas que fueron embargadas en pago de la responsabilidad civil declarada contra el mismo por realización de actos contrarios al Movimiento Nacional.

Firmado Agustín Piñol, Manuel Ruiz Gómez,

Manuel Torres, Higinio González[79]

El expediente fue tramitado a través de la Audiencia Provincial de Barcelona y remitido al Ministerio de Justicia. La condena citaba textualmente, entre otros muchos delitos que se le imputaban, «la incautación total de bienes, inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento perpetuo». La fecha era de los primeros días de existencia de la Ley de Responsabilidades Políticas, el 3 de diciembre de 1939[80]. Esta orden provocó que las fincas de Companys, como la de La Guardia de Tornabous, en la provincia de Lérida o una finca de la calle La Saleta de Barcelona, adquirida por el ayuntamiento de la ciudad, fueran subastadas a terceros y otros tantos valores ingresados «en la cuenta de Giros y Valores, Responsabilidades Políticas»[81].

La familia de Companys fue investigada años más tarde por esa Comisión Liquidadora; se volvieron a abrir gestiones a través del cónsul en París para averiguar la salud y el estado mental de su hijo Lluís, de su nuera, de la misma Ramona y de la otra hija, María, casada en México, a quien le abrieron la correspondencia para averiguar su domicilio[82]. En definitiva, el expediente de la fiscalía española muestra hasta dónde había que llegar para averiguar si una persecución política era aplicable casi treinta años más tarde, fecha de su prescripción. Cabe señalar que Ramona Companys no recuperó ningún bien incautado, sólo consiguió el indulto sobre la sanción que también la responsabilizaba a ella.

Entregas de la GESTAPO: Miquel Paronella Furquet

Se extiende en la Comisaría del cuerpo General de Policía de Figueras, a las diez y siete hora del día tres de abril de mil novecientos cuarenta y tres, para hacer constar: que habiendo tenido conocimiento el comisario Jefe de Frontera Zona Oriental Don JUAN MARCOS GÓMEZ, de que en el Mediodía de Francia existen distintos elementos rojos españoles, huidos a la vecina nación con motivo de nuestra guerra de Liberación, muchos de los cuales son autores de innumerables asesinatos, incendios y de toda clase de desmanes cometidos durante el dominio rojo, y que, entre otros se hallaba también el llamado MIGUEL PERONELLA FURQUET, autor moral y material de múltiples asesinatos cometidos en esta Ciudad y pueblos circundantes, todos enclavados en esta Zona de frontera; el Comisario que suscribe se puso en contacto con las Autoridades alemanas de ocupación de la zona que fue «Zona libre» francesa, aprovechando las buenas relaciones personales y profesionales existentes entre dichas Autoridades y esta Jefatura, para que procedieran aquéllas a localizar a todos aquellos elementos que se consideran deudores a la Justicia de nuestra Patria y me fuesen entregados. […] Dichas autoridades de ocupación se mostraron dispuestas a darme todo género de facilidades, dado el espíritu de colaboración que existe entre ellas y la Policía española, haciendo honor a esa reciprocidad, el día veintinueve de marzo último fue entregado en los límites fronterizos (Perthús), el antes anotado MIGUEL PERONELLA FURQUET, haciéndose cargo del mismo el Inspector Julio Escursell Diez y los agentes Fausto Alonso Batanero y José García Meire […]. (Firmado: Juan Marcos[83]).

Efectivamente, Miquel Paronella había sido miembro del Comité y el Ayuntamiento de Figueras. En 1943, época en la que Laval permite la ocupación total de Francia, las relaciones entre alemanes y españoles están en su mejor momento. Las extradiciones por la vía gubernamental no han funcionado como quería el Estado español pero quedaban todavía los viejos procesos policiales, secretos y de colaboración. Este proceso representa un aspecto paralelo al apunte sobre Companys; sin ser tan paradigmático, indica la línea represiva del franquismo y los múltiples ejemplos que han aparecido e iremos presentando. Represión policial, colaboracionismo, consejos de guerra, tenor y muerte.

Esta fórmula se repitió también en el caso que explicamos seguidamente de un exiliado del sur de Francia. En la actualidad, Pierre Paronella, hijo del detenido, vive en Saint-Girons, cerca de los Pirineos. Su madre murió sin saber exactamente qué le ocurrió a su marido y su hijo está intentando recuperar una memoria dolorosa para su familia pero necesaria para él y para su generación.

Pierre nos contó que tenía 6 años cuando, desde el trastero en su casa de Saint-Girons[84], vio como un grupo de policías alemanes en casacas negras, no militares, sino más bien policiales y armados con metralletas y alguien que hablaba español se llevaba a su padre. Nos explicó que nadie supo nunca mucho más a pesar de conservar parte de la familia en Figueras. El silencio y la desmemoria se impusieron por miedo, por terror. Su madre murió con dos noticias procedentes de España: su marido había sido ajusticiado, se desconocían las causas y en la respuesta judicial todavía se indicaba «paro cardíaco».

En el sumarísimo 31 701 se conserva la carta de María Paronella en la que pedía más información sobre el asunto. En este sumario, se puede esclarecer la verdad: Paronella, efectivamente, fue entregado por los alemanes a petición del comisario de la frontera, Juan Marcos, y conducido a Figueras para ser juzgado por un Tribunal Militar que lo condenó a muerte y lo ejecutó a la una de la madrugada del 20 de junio de 1944 en la prisión provincial de Gerona[85]. En el expediente consta además que murió en el acto frente a la tapia de la prisión y que fue enterrado en una fosa del cementerio de esta localidad. El procedimiento de Paronella consta de 123 páginas y ofrece mucha información sobre las causas, la farsa del juicio, los testimonios y denunciantes, etc. En otro estudio merecerá la pena detallarlo y compararlo con otros sumarísimos.

El Consejo de Guerra contra Paronella va unido a otro detenido (de quien no podemos dar el nombre) y a 6 nombres más —declarados en rebeldía— por no haber sido encontrados y procesados. El otro encausado, para quien el fiscal pedía la pena capital, tuvo mejor suerte ya que al final fue conmutada por 30 años y un día gracias a unos cuantos avales, entre ellos un informe de un cargo de la Falange de Figueras. Miquel Paronella, no recibió ayuda, alguna y un abogado militar de oficio de poco sirvió para evitar su trágico destino[86].

Lo más interesante que aporta el caso Paronella es que según el testimonio de otros exiliados y de su propio hijo, en la región del sur de Francia hubo hasta 12 casos más de entregas directas. Un seguimiento exhaustivo o una apertura definitiva de los archivos policiales ayudarían a dibujar este destacado episodio de represión.

Para terminar este ejemplo de colaboración policial y represión, debemos hacer referencia a una solicitud del 28 de febrero de 1967 de la Embajada Alemana; en ella reclamaba al gobierno de Franco, vía Asuntos Exteriores, una certificación de que Paronella había sido entregado por su policía a la policía española. Los certificados se pedían para poder tramitar una compensación económica a la viuda en Francia[87]. El gobierno español envió las certificaciones a Alemania con la inclusión de la página del procedimiento donde figuraba el escrito del comisario Juan Marcos; con ese documento y una fotocopia de la sentencia, los alemanes tramitaron la indemnización.

Resulta muy significativo que actualmente se estén estudiando más detalladamente los territorios españoles de frontera y sus relaciones para poder conocer certeramente los hechos y la multiplicidad de roles y relaciones de los cargos políticos y militares de esa zona[88].

Julio Álvarez del Vayo

Otro caso de persecución, esta vez ejecutada directamente por la policía francesa, fue el del Ministro de la República Julio Álvarez del Vayo[89]. Refugiado en Montgeron —Seine et Oise— inició los trámites burocráticos para pedir el pasaporte y la documentación para emigrar a México donde se había refugiado su esposa a principios de 1940. La excusa perfecta para poder reunirse con su familia y salir de Francia fue la necesidad de asistir a la conferencia Continental Americana a favor de los refugiados, que tendría lugar en México. La petición del pasaporte fue cursada en Versalles. Estos trámites alertaron a la policía francesa, que revisó el expediente de Álvarez del Vayo, descubriendo que estaba inculpado por la delegación Militar de Lille de «atentar contra la seguridad del Estado francés». Enseguida se inició una investigación dirigida por un juez militar nombrado por el Consejo de Guerra de Lille. Los comisarios Tomasi y Mallet fueron los encargados de presentarse en el domicilio de Álvarez del Vayo en Montgeron. Registraron todo su domicilio, documentación, bienes, etc. y le hicieron entrega de una citación judicial para personarse ante el Juez de Instrucción militar de Lille el día 1 de febrero de 1940. Paralelamente, otras dos citaciones recayeron sobre Del Vayo, una que provenía del procurador de la República en Avesnes —citación para «los esposos Álvarez del Vayo sobre su entrada irregular en Francia», y otra para presentarse en el despacho del prefecto de Seine-et-Oise[90].

Estratégicamente, Del Vayo se presentó a la prefectura de su departamento y consiguió que el prefecto le concediera un visado de tres días. Mientras tanto, Emile Pelletier, en esa época comisario especial en la Dirección General de Servicios de Información, alertó al prefecto del error cometido al concederle el visado ya que había otras citaciones pendientes y mucho más graves que implicaban al refugiado español. Gracias a ese visado, en el plazo de un día consiguió huir hacia el norte, seguramente hacia Bélgica, para pedir la protección diplomática de Inglaterra.

La policía francesa dio la alarma y las secciones policiales iniciaron la coordinación general para detenerle —desde la prefectura, la orden circuló hacia todos los servicios policiales y el informe de su detención pasó por los inspectores de la Policía Criminal, el inspector Jobard, hasta la cúpula de la Dirección de la Policía del Estado y la Seguridad Nacional.

El objetivo era impedir su salida de territorio francés pero por suerte, Álvarez del Vayo consiguió escapar. La estrategia de la visita al prefecto el 25 de enero de 1940, donde «entró muy disgustado y salió contento» —según la declaración de su chófer Ramón Cereza, interrogado por la policía[91]— le salvó de una detención segura. Con el título de viaje de tres días, Del Vayo se dirigió inmediatamente a las Embajadas de Inglaterra y México, donde pidió los visados de entrada en ambos países. Finalmente, huyó en tren hacia la frontera norte para salir de Francia.

Manuel Portela Valladares

El que fuere Diputado de las Cortes españolas entre 1905 y 1936 fue también durante la República gobernador general de la Generalitat de Catalunya, ministro del Interior y presidente del Consejo de Ministros. En 1938, a la edad de 71 años, se exilió a Francia donde residió entre París y Marsella.

En diciembre de 1940, su relativa tranquilidad en el exilio se vio truncada por el inicio de interrogatorios y registros por parte de un grupo de agentes de la policía francesa, encabezados por Druillet, que obedecían a una petición del embajador Lequerica. El primer registro en su domicilio se dio el 9 de diciembre de 1940. Esta detención formaba parte de la famosa redada policial contra los refugiados republicanos en la Costa Azul, descrita anteriormente. De los cuatro policías identificados como franceses que se presentaron en el domicilio de Portela Valladares, ninguno mostró su identificación; sólo dos eran realmente franceses, uno era un policía español y el cuarto era un empleado del consulado de España en Marsella. De su residencia en Marsella, se llevaron todos los objetos de valor y la documentación que les pareció más relevante desde el punto de vista político. Le requisaron los fondos personales que le quedaban: 395 000 francos en cupones franceses y 200 acciones nominativas de una sociedad francesa. También le requisaron un documento que lo hacía más culpable bajo la óptica de los tribunales franquistas: un carné de la Confederación de Potencias Masónicas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, con el número 16, en el que se reconocía a Portela Valladares con el Grado 33 y miembro del Consejo Supremo. El carné había sido expedido en Valencia en julio de 1937. También se incautaron de un cuadro de Romero Torres y algunos justificantes de otras cuentas bancarias. De todos modos, el pretexto de las autoridades francesas para detenerle fue el de «fraude y falsificación de documentos», pues le encontraron un pasaporte falso de nacionalidad cubana expedido por la República de Brasil. No le entregaron ningún tipo de recibo o inventario sobre todo lo requisado.

La primera excusa para entrar a expoliar su residencia fue que estaba acusado de ser el «jefe de un complot en contra del Generalísimo Franco, Jefe del Estado español».

Sin embargo, no se le acusó formalmente hasta el final de la jornada e implicaba a Portela en el robo de numerosas cajas de joyas y valores en Le Boulou (en la frontera pirenaica) pertenecientes a España y «sacadas ilegalmente por los rojos del país».

La instrucción la llevó, como venía siendo habitual, el juez de instrucción de Cusset. Esta acusación formal era una rogatoria más que tenía de fondo el amparo judicial francés pero que, de hecho, respondía a la colaboración policial prometida en los pactos franco-españoles que permitían la actuación de la Comisión de Recuperación de Bienes en el Extranjero dirigida por Barroso.

Portela fue detenido el mismo día e interrogado en la comisaria durante otros cinco días. Después fue conducido a la prisión de Chave, sin los medicamentos que necesitaba y sin posibilidad de recibir visitas ni alimentos. Finalmente, fue liberado el 24 de diciembre pero no pudo recuperar ninguno de sus bienes ni documentos. Igualmente, se le denegó el visado que había solicitado para emigrar a México ante la peligrosa situación en Francia. Se le dictó una orden de «obligación de residencia fija» sin posibilidad de libre movimiento[92] ni de salir del país. Pero él no se resignó y decidió rápidamente actuar para protestar contra su detención ilegal e ilegítima. En este sentido, una de las razones que permitieron su libertad fue el informe que él mismo envió al secretario de Estado y ministro de Justicia francés, insistiendo en el hecho de que unos policías franquistas habían participado activamente en las detenciones y el expolio de los refugiados políticos (su caso era un ejemplo) en suelo francés. Dicho informe provocó una investigación interna sobre la sección especial de la policía francesa que, aunque respetase de forma los acuerdos hispano-franceses, no podía permitir ciertos métodos que, judicialmente, eran ilícitos. Como hemos visto, su denuncia sirvió de precedente para juzgar, más adelante, los procedimientos del inspector Druillet.

Una interpretación muy diferente hicieron las autoridades españolas del caso. A través de sus agentes y habiendo recuperado parte de los bienes de Portela, presentaron la demanda formal de extradición para poder juzgarle en España en febrero. El Embajador Lequerica replicó ante el almirante Darían, ministro del Interior de Vichy, a favor de la actuación policial de Druillet y de sus gestiones para perseguir refugiados. Al término del proceso, las autoridades judiciales dieron la razón a Portela Valladares y no se actuó contra él haciendo caso omiso a la demanda de extradición española.

Lluís Nicolau d’Olwer

Su caso fue mucho más complejo y aunque no ofreceremos aquí todos los detalles, por desviamos del tema que nos ocupa, sí que podemos presentar unas pinceladas de su detención para ilustrar hasta qué punto la situación fue complicada en Francia entre 1940 y 1941.

Antiguo ministro de la República y dirigente del partido Acció Catalana Republicana, en el exilio fue presidente de la JARE en Francia, entidad impulsada por Indalecio Prieto y creada en julio de 1939 por la Diputación Permanente de las Cortes de la República para socorrer a los refugiados con los fondos que habían podido sacar fuera de España al finalizar la Guerra Civil.

El 8 de junio, Nicolau d’Olwer huía de París, con los bienes y documentos que pudo, para buscar refugio en el sur de Francia. Llevaba la documentación más importante de la JARE y entregó la potestad de sus fondos a la legación mexicana, estrategia que ya había pactado con Indalecio Prieto.

Durante esos días huyó de su propio refugio con la sensación de haberse ido de un París nunca visto: sitiado por trincheras, refugios subterráneos, sirenas de alarma y de preavisos de ataques y bombardeos. Las calles quedaron desiertas por la presencia de francotiradores alemanes camuflados en tejados y edificios. El único apoyo político real mínimamente sólido lo encontró en la legación mexicana. Cordialidades aparte, el motivo era entregar a Luis I. Rodríguez los valores y documentos de la JARE para salvarlos de las expoliaciones. Una delegación diplomática era, a pesar de todo, el lugar más seguro. El mensaje de Nicolau fue claro; «guardadlos hasta que los pueda volver a recuperar en otras circunstancias, o entregadlos, si me toca morir, en mi nombre a Indalecio Prieto». Sin querer ningún recibo ni comprobante del depósito para no comprometerlos, dejó claro que lo entregaba al «amigo, no al funcionario».

La descripción de los documentos, muy genérica, se limitaba a citar las divisas de cambio, correspondientes al saldo de los fondos de la JARE, provenientes de México y que iban destinadas a los compañeros refugiados; los comprobantes del fondo de la JARE y los pasaportes republicanos de Nicolau; en definitiva, todo aquello que lo pudiese comprometer personal y políticamente por su pasado republicano y por sus gestiones realizadas en Francia ante una posible y temida detención. Con él se llevaba una maleta con sus cosas y otros documentos poco comprometedores. El resto de sus archivos en París los había «convertido en cenizas»[93].

La legación de México también preparaba su huida y Rodríguez entregó la documentación al Dr. Francisco M. Vaca, consejero de la delegación, haciéndole responsable de la misma y recordándole la estricta confidencialidad del asunto, quedando en secreto entre ellos dos. Los documentos recorrieron la ruta de la huida y todos los traslados. Conscientes de que con la colaboración alemana los agentes franquistas que perseguían los bienes republicanos estaban alertados de la huida de París, la misión encomendada a los mexicanos no fue nada fácil.

El periplo duró del 8 de junio hasta el 6 de julio, cuando la legación se estableció definitivamente en Vichy, casi un mes de trayecto intentando esquivar a los informadores franquistas y las vicisitudes de los ataques alemanes. Según el mismo Rodríguez, el paquete de documentos fue alternando su ubicación; en Orleáns, después de un registro policial, lo llevaron a mano dentro del coche; en Tours lo ocultaron dentro de un viejo guardarropas bien chapado que ofrecía más seguridad; en Angulema, durante los bombardeos, lo llevaban a mano personalmente; en Saint-Emilion se quedó bajo una cama varios días; en Burdeos, lo encerraron en un cofre de un hotel, requisado por los alemanes; en Arcachon fue escondido en una toalla; en Biarritz, lo dejaron al cargo de un anticuario de confianza; en Bayona, lo incorporaron en el equipaje de Rodríguez en una oficina promotora de excursionismo y en San Juan de Luz, en una habitación que, por fatal casualidad, era la contigua a la del comandante en jefe de las fuerzas nazis, que estaban ocupando todos los edificios del puerto para colocar allí a sus oficiales —toda la villa Maitagarría que servía de albergue a los mexicanos fue desalojada por los alemanes, únicamente respetaron la habitación de Rodríguez en calidad de diplomático. Allí convivieron unos días con los alemanes junto con todos los bienes y documentos.

El respeto por Rodríguez no nos debe extrañar porque el gobierno mexicano había conservado su delegación en Berlín y, por tanto, las relaciones diplomáticas con el Reich alemán. Una vez pasada la zona ocupada, la seguridad de la legación volvió a peligrar; en Pau se refugiaron en su catedral; en Tolosa, confiaron el paquete de documentos a una familia de refugiados belgas; en Montauban, tuvieron que dejarlo todo en el coche y dentro de un garaje; en la Bourboule, dentro de la habitación del ministro ecuatoriano Sotomayor; en Clermont-Ferrand, guardado por una amiga del mexicano Gabriel Lucio que, curiosamente, trabajaba como taquígrafa de Laval.

Por último, llegaron a Vichy y la documentación se depositó en los arcones del Banco de Vichy reservados para la legación mexicana. Allí depositaron los documentos más delicados o que más responsabilidades podían atribuir a Nicolau d’Olwer. Una vez más, la actuación mexicana fue decisiva.

Pero allí no acabó el periplo. Los valores que pidió guardar a Rodríguez eran sólo una parte de la documentación y del dinero que Nicolau había conseguido hacer llegar a Vichy. Alojado aquellos días en el Hôtel Foch y en el Hôtel du Centre, pudo reunir todos los bienes con los que huyó. Sin embargo, lejos estaba de sentirse seguro. Vichy se había convertido en una ciudad-capital, donde las intrigas políticas, la guerra y la relación de los dirigentes franceses con los alemanes eran el pan de cada día; espías, agentes, policías, refugiados, tránsfugas, etc. se mezclaban con la población civil. En este sentido, uno de los destinos preferidos por los agentes franquistas fue la zona libre y su capital, donde se alojaron muchos refugiados políticos provenientes de París.

El caso de Nicolau d’Olwer fue tratado según los acuerdos bilaterales Bérard-Jordana y pasó a manos de la jurisprudencia francesa. La Sûreté Nationale conoció el caso de primera mano por Propper de Callejón, quien el 16 de octubre de 1940 informó al Inspector General de los Servicios de Policía Criminal de que Nicolau d’Olwer estaba detenido desde hacía unos dos meses y que el asunto lo llevaba el Tribunal de Cusset[94].

La denuncia para efectuar su detención la interpuso el Estado Español y la justicia francesa dictó una orden de registro contra Nicolau. Le acusaban de poseer bienes españoles y del Banco de España, del que había sido gobernador. Las acusaciones formaban parte del listado de causas que habían abierto los franquistas a través de la mencionada Comisión de Recuperación de Bienes en Francia, y en el caso de Nicolau, las gestiones habían obtenido resultados. La detención se hizo efectiva el 19 de julio de 1940.

El comisario Marcel Delrieu, de la policía móvil francesa, le tomó declaración y, como veremos, se encargó del proceso verbal de su detención. En el momento de registrarle y detenerle, efectivamente, la cantidad de bienes encontrados sorprendió, incluso al ministro Rodríguez, que desconocía la cantidad de joyas y bienes que poseía.

El dilema más importante fue la tasación de las joyas porque según ésta los valores susceptibles de ser requisados variaban muy considerablemente. En cifras generales, la policía francesa encontró en su habitación 573 000 francos en divisas extranjeras, 135 000 en joyas y 1 100 000 en títulos bancarios. También estaba el archivo de su correspondencia con Indalecio Prieto sobre el tema del vapor Vita y el oro de la República[95].

El 15 de julio de 1940, el embajador Lequerica y el coronel Barroso presentaron una querella contra Nicolau d’Olwer, acusado de tener en su haber parte del «tesoro de la República» y del fondo de la JARE que España quería recuperar[96]. El día 18 registraron su domicilio, expoliaron los bienes que encontraron y lo detuvieron en la localidad de Cusset. En ese mismo Tribunal local sería también tramitado su caso, especialmente complicado. También fue un caso emblemático: un tribunal y un juez franceses juzgaban una querella que España presentaba contra un alto cargo de la República defendido por republicanos exiliados, por la representación de México y tres letrados franceses para avalar la jurisdicción. En éste intervinieron, desde el primer día, la legación mexicana y su representante Luis I. Rodríguez, además, se buscaron buenos abogados: Valenciano, catedrático de París, P. Perrod, del Tribunal de Lyon, E. Épinad, Decano en Vichy y Eduard Ragasol y Antonio María Sbert, abogados de Barcelona[97].

Los esfuerzos fueron en vano y, sin poder liberarle, estuvo encerrado más de medio año. La acusación y el proceso legal derivarían en chantaje ya que Lequerica y Barroso, en nombre de España, le ofrecieron la libertad condicional a cambio de una suma muy importante de dinero, conviniendo su causa en un sinfín de negociaciones oficiosas. A pesar del chantaje, fue detenido dos veces más en 1942 y en 1944 por los alemanes. Pero el proceso más delicado para Nicolau d’Olwer fue el que vivió durante su primera detención. Interrogado por la policía de Vichy, se abrió un proceso verbal llevado a cabo por el juez Roussel del Tribunal de Cusset. Dotado con un pasaporte mexicano, los servicios de información franceses sabían perfectamente quién era Nicolau d’Olwer. Del expolio en su domicilio, se requisaron joyas y billetes por valor de 910 000 francos que fueron entregados a la delegación española en Vichy.

En su declaración, Nicolau d’Olwer afirmó que el dinero formaba parte de lo poco que quedaba de los fondos de la JARE que «había gastado ya los 31 665 695 francos que disponían para la ayuda a los republicanos españoles»[98]. La documentación que lo inculpó en mayor medida y lo retuvo en la cárcel, fueron los más de 700 documentos públicos y privados sobre el Banco de España, sobre el oro de Negrín (27 toneladas según algunos documentos) documentación de la JARE y las cartas y epístolas cruzadas con otros políticos antifranquistas. También descubrieron dos cuentas bancarias con unos 7 000 000 de francos en la Chase Banque y valores de la Compagnie Trasantlantique. Las acusaciones que pesaban sobre él, sumadas al descubrimiento de estas dos cuentas bancarias, dieron paso al chantaje: los millones para la España de Franco a cambio de su libertad. En resumen, ante esta delicada situación, Eduard Ragasol y Luis I. Rodríguez abrieron un tumo de conversaciones con el abogado de la Embajada española, M. Carabiber, para que fuera retirada, previo acuerdo con las autoridades de Madrid (Serrano Suñer), la querella presentada por Lequerica al Tribunal de Cusset. Una primera entrevista entre Rodríguez y Carabiber muestra el inicio del chantaje:

(…) el gobierno de Madrid, por conducto de su representación diplomática en Francia, se manifestaba «dispuesta a perdonar a Nicolau d’Olwer si recibía por ello la suma de 20 000 000 de francos […]».

Carabiber, autorizado plenamente por el embajador Lequerica para ultimar este asunto, no tuvo empacho en transmitirme tan indigna proposición:

—Qué vamos a hacer, señor ministro. De que Nicolau se pudra en la cárcel por falta de ayuda, a que salga de allí debido al esfuerzo de sus amigos, por importante que éste sea, es preferible lo último.

—Y, ¿no le repugna el procedimiento?

—Ya lo creo; mucho he reflexionado antes de intervenir en esto, pero los tiempos que corren no guardan moderación para nadie. Además, la vida del acusado bien vale los 20 000 000 que se reclaman. Es tan fecunda… Después sería tarde; quizás nos arrepintiéramos de no haber resuelto…

—No tengo autorización para hacerlo.

—Ni tampoco el señor Lequerica para plantearlo. Se trata simplemente, en este caso, de un entendimiento confidencial entre ustedes, en el que yo sirvo de amigable componedor. Más tarde vendrán los permisos oficiales si es que éstos se imponen. Por ahora no hay sino el deseo común de salvar a Nicolau: ¿el modus operandi?, muy sencillo: dinero. ¿Cuánto? Equis cantidad. Si le parece exagerada la que señalo, puede proponer la que a su juicio convenga. Millones más, millones menos, no serán un obstáculo insuperable para alcanzar el efecto que se persigue.

—¿Se olvida usted de la justicia francesa?

—¿Cómo voy a ignorar la acción de sus tribunales?

—¿Entonces?

—Pues no veo problema. La parte civil constituye la clave del proceso. Si la embajada de España la representa… allá el señor Lequerica para encontrar la fórmula. No le extrañe, señor ministro; quien manda, manda. Hemos perdido la guerra. Ni Churchill, ni Roosvelt, la han ganado. Son Hitler, Mussolini, Franco y Laval quienes empuñan el cetro de la victoria. ¿Vamos a oponernos a sus designios? Mereceríamos vivir en un manicomio.

—Le recuerdo que está hablando con un mexicano. Mi patria no tiene la condición de la suya. Amamos la libertad y hasta ahora nadie ha humillado nuestra bandera.

—Tiene razón; esta pobre Francia me saca de quicio.

—No lo he dicho por ofenderlo.

—Ni tampoco mis palabras llevaron esa intención. Medite serenamente lo de Nicolau. Aquí están mis señas. Ya me llamará cuando le parezca oportuno. Hasta otra vista.

Lo miré largamente mientras atravesaba el jardín para perderse más allá de la muralla.

Siquiera le debía haber confirmado mi juicio respecto a Franco.

Era este hombre, quien tanto se ufana de honesto, el que venía a golpear mi puerta, por conducto de su embajador, para venderme la libertad de uno de sus más ilustres compatriotas.

Si lo ha acusado de criminal ¿por qué no deja que la justicia de un país amigo le aplique la sanción que le corresponda, en lugar de empeñarse en negociar su destino?

Si lo sabe inocente: ¿por qué reclama una fortuna a cambio de la tranquilidad que merece?

Y así se llama caudillo…

¡Qué asco de bandolero[99]!

Ante la propuesta de chantaje, los abogados de la defensa, Valenciano, Perrod y Épinad, acompañados de Ragasol y Sbert, se encontraron con el abogado Carabiber, para tratar el delicado caso de Nicolau. Las condiciones le eran totalmente desfavorables. Su propio abogado, Épinad, emitió una carta al ministro Rodríguez, donde analizaba a fondo el caso y admitía la dificultad de defenderlo, pues era evidente que tanto Prieto, como Nicolau sabían que los fondos que gestionaban provenían de la República española, por tanto, eran los fondos «incantables» según los pactos hispano-franceses. La documentación requisada y las cartas cruzadas entre Prieto y Nicolau lo demostraban: los fondos eran españoles —las joyas, valores, acciones y oro evacuados de España con el vapor Vita—. Claramente, no se trataba de bienes mexicanos, que el gobierno de Cárdenas había «dejado» para ayudar a los refugiados españoles como había defendido Nicolau en su primera comparecencia verbal. El dinero, además, tenía que ser intercambiado y gestionado con formas poco ortodoxas, dada la dificultad de vender, tasar y colocar joyas y valores en el convulso mercado de ese momento[100].

Volviendo a los hechos, el caso empeoró todavía más porque las circunstancias de la detención escondían una clara intencionalidad política y una demanda española de extradición. El depositario de la demanda, el gobierno de Vichy, debía dejar la independencia de acción al poder judicial francés para que analizara el caso y sacase sus propias conclusiones. Pero evidentemente el poder judicial se encontraba totalmente sometido al poder político y el caso, camuflado bajo una inculpación económica, respondía a un claro intento de represión política, de responsabilidad política. Dicho así, los abogados de Nicolau, entendieron que la defensa tenía que sobrepasar el aspecto jurídico y de derecho y entrar en los sinuosos caminos de las negociaciones políticas y oficiosas con el gobierno francés y, si era preciso, con los representantes de la acusación civil: la Embajada de la España franquista.

La conexión política llegó a ser tan evidente que en muchas de las peticiones denegadas de libertad condicional, el texto era el mismo que el embajador Lequerica había redactado. Éste tenía, en aquellos días, mucho más poder del que tendría nunca un embajador en París, en parte provocado por la posición proeje y en parte por su papel de interlocutor entre Pétain y Hitler por la firma del armisticio franco-alemán. Se paseaba por París con el coche blindado del expresidente Azaña, y asistía a recepciones de las autoridades alemanas, condecorando acciones favorables al Tercer Reich y a la Falange española, en un intento de unir destinos y esfuerzos en una misma causa y colaborando de una manera incluso adoctrinante con el nuevo régimen de Vichy. Además, coordinaba las acciones de la mencionada Comisión de Recuperación y de las acciones de los diferentes servicios franquistas en Francia para el seguimiento de republicanos (recordemos que él mismo, junto con Barroso, a través de la Embajada se presentaron como parte civil de la acusación en la detención de Nicolau y en otros casos).

Con este panorama, la única salida para el caso de Nicolau, cada vez más maltratado en su celda de reclusión —llegaron a retirarle la cama durante el invierno— era la negociación económica. El chantaje o el pago de un rescate era la única salida. Lequerica propuso la cantidad de unos veinte millones de francos a cambio de retirar la acusación. Los franquistas necesitaban dinero y, ante la negociación reiterada de extradición del preso, el chantaje económico representaba la mejor solución. Los abogados de Nicolau aceptaron la negociación. Faltaba su propia aprobación. El encargado de planteárselo fue Ragasol. Dada la gravedad del caso y el estado de su salud, Nicolau decidió aceptar. La cantidad, en principio, era imposible de conseguir. Nicolau propuso los cheques bancarios que guardaba la legación mexicana, que ascendían a un valor de siete millones de francos, un millón más depositado en la Compañía Trasatlántica, el millón que habían decomisado durante su detención y el resto de las colaboraciones particulares de amigos. Las negociaciones y la redacción de los textos que tenían que aprobar los franquistas empezaron definitivamente el 6 de diciembre de 1940.

Las negociaciones las condujeron directamente Eduard Ragasol y Antonio Barroso entrevistándose hasta tres veces para pactar su liberación. Al final de las tres reuniones, con el consentimiento de Serrano Suñer, la libertad se fijó en 9 o 10 millones.

Las conversaciones y negociaciones entre Ragasol y Barroso nos acercan a una situación ciertamente inusual en el mundo del exilio. Se cruzaron cartas y entrevistas entre perseguidores y perseguidos, porque no debemos olvidar que Eduard Ragasol sufrió en su propia piel la represión franquista en Francia; fue objeto también de una detención por parte de la policía francesa y estaba en las listas de perseguidos por el franquismo, a la vez que cursaron contra él una demanda de extradición, de la que nos ocuparemos detalladamente más adelante.

La paradoja de la situación creada no impidió que Ragasol iniciase unas negociaciones inteligentemente preparadas. El primer paso que emprendió fue en relación al valor de las joyas. Envió una carta el 19 de diciembre a Barroso donde negociaba, con nuevas tasaciones y pruebas, un valor inferior al atribuido en un principio por la Embajada española. Ragasol dirigió un memorando explicando las mejores intenciones de Nicolau d’Olwer en referencia a la gestión de los fondos de la JARE y de los suyos propios. Merece la pena transcribir el texto enviado por Ragasol a Barroso:

Vichy, 19 de diciembre de 1940.

Las diversas conversaciones que el suscrito ha tenido tanto con el señor coronel Barroso como con el ministro de México y con los abogados del señor Luis Nicolau d’Olwer, le permiten establecer los puntos de manera que sea posible al señor coronel Barroso someter a su gobierno las líneas generales del acuerdo propuesto:

El señor Nicolau d’Olwer declara que nunca ha entrado en sus intenciones apropiarse de una parte cualquiera de las sumas puestas a su disposición en su calidad de presidente del comité JARE, destinadas a ayudar a los españoles refugiados, ya sea por el gobierno de México (Delegación Fiscal Mexicana) o por el canal del señor Prieto. Estos fondos tenían un destino especial y debían ser empleados en provecho de los refugiados españoles. Por tanto el señor Nicolau d’Olwer no tendría ningún inconveniente en que el montante sea entregado a la Embajada de España, ya que el comité JARE no puede ejercer ninguna actividad y, en consecuencia, este dinero tenía que volver a la colectividad española. Por supuesto, el señor Nicolau d’Olwer está enteramente de acuerdo en que las sumas que constituyen dicho saldo y que figuran en cuentas bancarias a nombre de sus antiguos colaboradores sean entregadas al señor coronel Barroso en su calidad de presidente de la Comisión Española de Recuperación. Habiendo declarado al suscrito el señor Rodríguez, ministro de México, que los titulares de dichas cuentas le habían entregado cheques en blanco que le permiten disponer de las sumas que representa el saldo de las cuentas bancadas y habiéndole ofrecido endosar los cheques para que sean remitidos al señor coronel Barroso con el fin de permitir al señor Nicolau d’Olwer dar prueba de su completa buena fe y de obtener el retiro de la demanda depositada contra él, el señor Nicolau d’Olwer da su conformidad a esta manera de proceder.

En resumen, el señor Nicolau d’Olwer está de acuerdo para que la integridad de las sumas puestas a disposición del comité JARE —incluidos por consiguiente los 500 000 francos en billetes de 5000 francos y las monedas extranjeras (libras, dólares, pesos mexicanos) aprehendidos en su casa y especificados en su interrogatorio del 30 de agosto de 1940 como pertenecientes a dicho comité, así como la suma aproximada de un millón de francos (1 000 000) entregada a la Compañía Trasatlántica para pagar viajes de los refugiados que no se han efectuado— sean entregadas a la Comisión Española de Recuperación. Él se compromete a firmar todas las piezas destinadas a facilitar la entrega de esas sumas a dicha comisión en la medida en que eso pueda depender de él.

La buena fe del señor Nicolau d’Olwer queda establecida por las justificaciones dadas por él en el curso de la instrucción, así como por las condiciones mismas en las cuales se ha convenido que tenga lugar la entrega al Estado español de las sumas indicadas; queda entendido que la Embajada de España retirará la demanda con constitución de parte civil depositada contra él (véase el adjunto proyecto de carta que dirija al señor embajador al señor juez de instrucción de Cusset informándolo del retiro de la demanda).

Estando dispuesto el señor ministro de México a entregar al señor coronel Barroso por intermedio del suscrito los cheques arriba mencionados previamente endosados, la Embajada de España hará asunto propio la obtención de las jurisdicciones que las han rendido, los desembargos de las ordenanzas que han bloqueado dichos fondos en manos de los bancos u otros detentadores o depositarios. En posesión de estos desembalaos y de los cheques que remitirá el señor ministro de México, la Comisión de Recuperación podrá realizar inmediatamente el giro a su provecho de las simas a que nos referimos. Simultáneamente con la entrega de los cheques por el ministro de México tendrá lugar la entrega al suscrito, para ser remitida en seguida al señor juez de instrucción de Cusset, de la carta firmada por el señor embajador de España informando al magistrado instructor del retiro de la demanda (proyecto anexo).

Habiéndose agravado en estos últimos tiempos el estado de salud del señor Nicolau d’Olwer, hasta el punto de inspirar las más vivas inquietudes —lo que no dejará de ser confirmado por el médico de la prisión— y siendo susceptible esta situación, si debiera conducir a una salida fatal, de engendrar complicaciones que harían prácticamente imposible la recuperación de las sumas mencionadas, conviene obrar con la más extrema urgencia y provocar por sentimiento de humanidad tanto como por los intereses bien definidos del Estado español, la libertad en breve plazo del señor Nicolau d’Olwer. Eduardo Ragasol[101].

La Embajada española aceptó las negociaciones con Ragasol y el 26 de diciembre, día de San Esteban, se acordó retirar la acusación fijándose la cantidad de 6 739 085,50 francos, para comprar la libertad de Nicolau d’Olwer. A la mañana siguiente, Nicolau escribió una carta al ministro Rodríguez autorizándole, «a pesar suyo y por circunstancias forzosas» a que hiciese efectiva la entrega de los cheques a Ragasol y éste, a su vez, a la Embajada.

La respuesta del gobierno franquista se hizo esperar y no fue hasta el 12 de enero de 1941 cuando se posicionaron como parte civil denunciante. Las pésimas condiciones en las que había vivido en prisión durante más de siete meses (incomunicado y soportando los días de Navidad con temperaturas de hasta doce grados bajo cero) provocó que el trato y las condiciones finales fueran dictadas por el gobierno de Franco, no según las negociaciones de Ragasol. Las cantidades fueron aceptadas pero no las condiciones. La parte civil —el gobierno español— no admitió el proyecto escrito por Ragasol y los abogados de Nicolau en que se daba por retirada la denuncia. Únicamente se comprometía a dar el visto bueno a la libertad condicional, bajo las siguientes condiciones: Nicolau tenía que declarar que la representación española en Francia debía poder disponer de los fondos mencionados y también de todos los bienes de los que se habían incautado, es decir, además de los fondos de la JARE, el dinero y las joyas de su propiedad y de la de su familia, también debía entregar los cheques en blanco emitidos por otros refugiados como donativos a la JARE. Al final, las condiciones tuvieron que ser aceptadas, lo que significaba que, aparte del aspecto económico, Nicolau podía ser, como efectivamente ocurrió, nuevamente detenido.

De todos modos, transcurrió casi un mes de negociaciones hasta la primera semana de febrero. Por la parte del principal depositario de los fondos —Prieto y el gobierno mexicano— los cheques debían pagarse a través de las cuentas en la Chase Banque a nombre de Manuel Oruezabala y Alice Oruezabala. Finalmente, el pago del chantaje fue aceptado por Prieto y el gobierno mexicano porque, aparte de las razones obvias del peligro que corría la vida del detenido, las actividades de la JARE en Francia estaban prohibidas y pensaron que los fondos podían ser destinados a resolver satisfactoriamente esa causa.

El último obstáculo lo puso la justicia francesa, que no aceptó la liberación y ante la complicada situación, el Tribunal de Cusset pasó el asunto al Tribunal de Apelación de Riom, que estableció el procedimiento burocrático para hacer efectiva la liberación[102].

Los cheques, en manos de Barroso, esperaban en París la primera orden del juez de Cusset para poder ser cobrados finalmente en el Chase Bank. El proceso tardaba generalmente unos tres meses, pero dada la urgencia de la misión, se hizo una excepción solicitándole al Ministerio de Justicia en Vichy que diera la orden directamente a París. Barroso insistió en la celeridad del asunto. Allí también se dirigió Ragasol para negociar la libertad, y volver a insistir para que la Embajada española presionara ante el Procurador General de Riom para que aceptara la retirada de la querella y la puesta en libertad de Nicolau d’Olwer. A todo esto, cabe señalar que se dictó una orden de captura contra el matrimonio Oruezabalapor su supuesta posesión de poderes en el Chase Bank. Éstos tuvieron que esconderse en alguna población de la zona ocupada[103]. Finalmente, fue aceptada la libertad y Ragasol fue el encargado de entregar al abogado Carabiber los dos cheques[104].

El 14 de febrero, Nicolau d’Olwer recuperaba la libertad condicional, libertad que le sería arrebatada en dos ocasiones más porque el gobierno franquista le había parado una trampa añadida: aunque por la vía ordinaria y oficial había retirado la querella y cobrado el dinero, seguía manteniendo el nombre de Nicolau d’Olwer en la lista de demandas de extradición. La vigilancia sobre su persona no desapareció. Según un dossier de los Renseignements Généraux de París, su teléfono fue intervenido y las escuchas se añadieron a un dossier de más de seis folios sobre su pasado político y sus antecedentes judiciales donde también se analizaban sus cargos y sus responsabilidades, como en la presidencia de la Associació per la Cultura Catalana en 1945[105].

Todo este periplo, muy detallado en su dossier, nos permite conocer su caso en profundidad y un episodio clave en su biografía. Paralelamente, nos permite deducir que su acoso y detención tuvo 4 protagonistas principales: la justicia de Vichy, el gobierno franquista mediante la Embajada, el Gobierno Republicano en el exilio y el Gobierno mexicano como autoridad neutral y mediadora[106].

VI. Extradiciones

VI.
EXTRADICIONES

1. El complejo asunto de las demandas de extradición

1. EL COMPLEJO ASUNTO DE LAS DEMANDAS DE EXTRADICIÓN

En un principio y por lo general, Francia hizo caso omiso a la mayoría de las reclamaciones políticas de Franco, aunque fueron numerosas las listas entregadas por los representantes franquistas con los nombres de republicanos reclamados por responsabilidades políticas, por ideología comunista o por pertenecer a la masonería; no resulta exagerado hablar de más de tres mil nombres, todos ellos inscritos en una lista que Lequerica menciona en sus documentos pero que Vichy nunca consideró oficial; esta ciña se redujo en agosto de 1940; y posteriormente, en septiembre del mismo año, hasta las 47 demandas finales[1].

En parte, el tema de las listas es confuso porque, hasta la fecha, no ha aparecido en ningún archivo consultado una relación seriada completa con todos los nombres denunciados por el gobierno franquista. Las listas son parciales, a veces amputadas o simples copias dispersas. Sí que aparecen citadas por cargos políticos y policiales del momento. Por ejemplo, Henri Chavin, director general de la Sûreté Nationale, en una nota del 21 de diciembre de 1940, informaba al ministro de Exteriores francés que había recibido una lista de 3000 nombres de parte del embajador Lequerica para que la añadiera a la lista inicial de agosto de 636 nombres que había enviado Serrano Suñer a La Baume[2]. El gobierno francés le respondió que sólo se tendrían en cuenta los 636 nombres coincidentes en ambas listas para que la policía aplicara la prohibición de salir de Francia[3]. En la mayoría de casos, los dossiers de los implicados fueron analizados por la justicia francesa en base a la legalidad de los tratados bilaterales en materia judicial sobre extradiciones.

Al margen de la configuración de listas, sin embargo, debemos tener en cuenta la actitud del gobierno francés ante las demandas de entrega de refugiados políticos. La postura del gobierno de Pétain en cuanto a los dirigentes republicanos españoles tenía como objetivo, por un lado, impedir toda actividad política que pudiese perjudicar las relaciones de buena vecindad con España y, por otro, se proponía respetar las obligaciones resultantes de los acuerdos en vigor y de uso internacional que regían los procesos de extradición.

A pesar de que el gobierno de Vichy hubiera preferido la emigración hacia terceros países de la mayoría de los republicanos citados en las listas, no era un buen momento para mantener a izquierdistas, socialistas y tantos otros antifascistas en un país reaccionario y socio de la Alemania nazi. Alemania le concedió una primera satisfacción al gobierno español al acceder a sus peticiones y mantener a los republicanos «peligrosos» y comunistas en territorio francés. De todas formas, Francia ya había deducido que la petición española, formulada por vez primera el 22 de junio de 1940 para impedir la huida de unos centenares de republicanos como Negrín, Azaña, Prieto y muchos otros, no era gratuita. España quería ejercer su represión a través de todos los medios posibles y uno de ellos fue las reclamaciones legales por extradición[4]: si tenía a la mayoría de sus enemigos políticos localizados e inmovilizados en el país vecino, sólo debería aplicar la reclamación judicial legal y esperar en la frontera la llegada de los perseguidos.

El gobierno de Vichy ordenó a los comisarios de frontera impedir la salida a los españoles citados en las listas oficiales. Muchos ya habían aprovechado el desorden provocado por la caída de Francia ante Alemania para huir sin visado ni permiso; otros, como hemos visto, estuvieron vigilados y acosados durante toda la Segunda Guerra Mundial. A partir de julio de 1940, todas las personas presuntamente sospechosas fueron sometidas a una estricta vigilancia por parte de la policía francesa. Se tomaron medidas de alejamiento y de «residencia obligatoria», sobre todo para alejar de la frontera española a algunos refugiados.

Todas las colaboraciones de las autoridades de Vichy relacionadas con los refugiados fueron efectivas a nivel policial pero no tanto a nivel político porque el gobierno español empezó a solicitar algunas extradiciones a través del ministro de Asuntos Exteriores. Francia vaciló ante las peticiones de extradición pero el acuerdo con México y las convenciones existentes que impedían entregas directas, hicieron decantar a jueces y cargos políticos en contra de las extradiciones políticas. La cuestión se complicó pero España no recibió la colaboración que esperaba ya que muchos dirigentes franceses creyeron que era mejor delegar en la resolución judicial sobre cada petición, y mientras tanto, favorecer la nulidad de la demanda y embarcar al mayor número posible de españoles hacia México u otro país[5].

El gobierno español tramitaba algunas demandas de extradición en las Cancillerías de Justicia de Vichy a través del Ministerio y del secretario de Estado para Asuntos Exteriores. De este modo, por una parte, Injusticia francesa pretendía tener en consideración los principios y fundamentos de derecho pero por otra, Interior se regía por una visión ajurídica, con especial énfasis en la seguridad, mientras que en Asuntos Exteriores, las presiones provenientes de España, Berlín, Washington o el Vaticano dominaban la política[6].

Los métodos y las vías necesarias para detener e intentar extraditar a republicanos no importaban. El objetivo último era siempre la extradición o expatriación forzosa a España de los inculpados; una vez allí la «justicia militar del nuevo régimen» se encargaría de ejercer su implacable procedimiento. Sin ninguna duda, en todos los procesos, la falta de legalidad, el móvil político e ideológico y la falta de escrúpulos en muchas actuaciones delataron el objetivo represor del régimen español.

Por suerte, Francia respetó considerablemente las normas del derecho internacional y sus pactos diplomáticos con terceros y tras las peticiones de extradición, se escondía el juego geoestratégico y diplomático del momento. Algunos sectores franceses olvidaron que si Franco no entró en guerra fue por debilidad no por amistad al país vecino. Fueron muy importantes y significativas todas las entrevistas bilaterales de la diplomacia hispano-alemana ante la delicada situación, sobre todo en 1941[7].

Es razonable planteamos si, en Hendaya, a cambio de su entrada en la guerra, Franco pidió a Hitler la Cataluña francesa, Marruecos y Orán. De confirmarse esta hipótesis, se explicarían muchas de las diatribas diplomáticas del Caudillo con su vecina Francia[8]. De todas formas, era evidente que un acercamiento francés a Alemania aseguraba los territorios franceses y frustraba las aspiraciones coloniales de Franco.

Una de las fechas más críticas para la entrada en guerra de Franco fue entre diciembre de 1940 y enero de 1941. El 7 de diciembre tuvo lugar en Madrid una reunión de alto secreto entre el almirante Canaris, Von Sthorer, el general Vigón y el mismo Franco para proponer definitivamente el 10 de enero como la fecha para que las tropas alemanas tomaran Gibraltar y España entrara en guerra[9]. En esa reunión, Franco determinó que no quería arriesgarse en ese momento a la ocupación inglesa que provocaría la respuesta aliada en Guinea, Canarias, Azores, etc. Menos aún cuando no le aseguraban los territorios franceses en África. Durante esa reunión también se habló del papel de la División Azul en Europa y de los otros servicios que Franco mandó para intervenir en la guerra. La División Azul no fue la única unidad militar española que Franco mandó al frente del ruso[10]. Salvador Salas Larrazabal creó una unidad especializada de combate de veteranos de cincuenta escuadrones llamada Escuadrón Azul, que era un grupo de caza aéreo, en el que hubo más de un reemplazo durante 1941-1942 y en 1943 se retiraron. También se mandaron grupos civiles y personal de apoyo, como auxiliares voluntarias de Sanidad Militar y miembros de las Sección Femenina de la Falange[11].

Esa política de intervención condicionaba enormemente las relaciones entre España y Francia. Cuando la amenaza de intervención de España en el conflicto era más importante, como en noviembre de 1940 cuando Franco ocupó Tánger, Vichy cedía en las relaciones; cuando la intervención española era menos posible, Francia reafirmaba su posición de fuerza. Una vez más, las relaciones bilaterales influyeron decisivamente en los conflictos políticos y en las constantes reclamaciones españolas[12].

Se podrían dividir las entregas de perseguidos políticos en «extraoficiales» y «oficiales» (extradiciones, propiamente dichas). Las primeras, han de plantearse en dos zonas: la ocupada (por los alemanes) y la libre (la de Vichy). Un acuerdo hispano-alemán permitía conducir por Irán, contacto fronterizo directo entre España y la zona ocupada, a los refugiados solicitados por Franco como responsables y enemigos políticos de su régimen. En su tipología fueron simplemente actos policiales llevados a cabo con total impunidad y sin ningún tipo de diligencia contra políticos republicanos. Los casos más graves terminaron con la casi inmediata pena de muerte.

El colectivo más perseguido en la zona ocupada fue primero el de los altos cargos de la República española, seguido inmediatamente de los comunistas y los resistentes (las grandes batidas de París nos lo recuerdan[13]). Sin duda, el drama humano más crudo del exilio fue la deportación a campos de concentración alemanes, donde murieron muchos republicanos españoles refugiados políticos. Hubo entregado convoyes y numerosas repatriaciones forzosas hacia la frontera española y también convoyes hacia los campos nazis. Estos convoyes eran consecuencia de los tratados bilaterales para las repatriaciones. Hubo también una gran injerencia a través de la aplicación del acuerdo de armisticio franco-alemán sobre el tema de los refugiados extranjeros. La política de repatriaciones, ciertamente ambigua tanto por parte española como por parte francesa, merecería un estudio específico aparte para poder averiguar cuál era el trato real y los conflictos generados sobre la masa de repatriaciones y posteriormente deportaciones a campos alemanes.

Las extradiciones oficiales propiamente dichas tuvieron lugar en la zona de Vichy. Después de 1968, el relevo al conflicto de expedientes de extradición lo tomarían unos dossiers especiales de terrorismo político en el contexto de otro tipo de relaciones policiales, reafirmadas bajo el fenómeno naciente de ETA[14]. Sea como fuere, el conflicto de las demandas políticas de extradición contra exiliados debemos situarlo en los años 40, extensible hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo expedientes abiertos hasta 1953. Por parte española, las extradiciones fueron tratadas como un incumplimiento de los acuerdos Bérard-Jordana. Los esfuerzos del Embajador Lequerica y del Ministro Serrano Suñer durante los primeros años de la Guerra Mundial, amparados por Alemania, fueron destinados a convencer al gobierno de Pétain para que aplicase en territorio no ocupado el mismo trato a los judíos franceses que a los republicanos españoles: selección e internamiento masivo en campos de concentración, repatriaciones y concesión de extradiciones[15].

2. Repatriaciones y extradiciones, las dos caras de un mismo problema

2. REPATRIACIONES Y EXTRADICIONES, LAS DOS CARAS DE UN MISMO PROBLEMA

En términos generales, el gobierno de Vichy apostaba por «deshacerse» de unos 100 000 españoles «hostiles a su régimen» refugiados en su territorio[16]. La primera propuesta con la que se trabajaba desde mayo de 1939 era la repatriación. Pero al gobierno de Franco tampoco le interesaba la entrada masiva de republicanos; las prisiones estaban llenas y los recursos de subsistencia eran insuficientes para albergar a tal cantidad de «indeseables». Vichy vio una posible solución con la aceptación de México, a partir del 8 de julio de 1940, de acoger a refugiados políticos en su país. La posición de España se limitó a aceptar la repatriación de unos pocos grupos —convoyes— de mujeres, niños y ancianos al mismo tiempo que entregaba la lista de sus adversarios con mayor relevancia de cargo durante la República[17]. Los convoyes de las mujeres de presos políticos fueron numerosos, pues los hombres eran necesarios en trabajos de industria de guerra o agrícolas o en compañías de trabajo, pero sus mujeres, ancianos y niños, vivieron el viaje obligado hacia Hendaya e Irún[18].

Otro capítulo fue el gravísimo tema de la repatriación de niños hacia España. Como ejemplo de la repatriación de niños podemos citar el caso de un niño español de 5 años reclamado por su madre biológica, Caridad Martínez Camps, que había sido llevado a España y entregado en adopción a una familia. La embajada francesa actuó de mediador en el litigio, pues el padre adoptivo, Ricardo Linera, negó, al igual que las autoridades franquistas a devolver al niño[19]. También hubo repatriaciones individuales, muchas de ellas coaccionadas por la llegada de los servicios de la Falange en Francia. Repetidas consignas eran dadas por el personal falangista a través de los diferentes consulados en Francia que realizaron grandes campañas entre los exiliados para que retomaran, con ayuda de Auxilio Social en el exterior. Conocida es la política engañosa del «volved a la madre patria; ella os acoge bajo su indulto y benevolencia»[20]. A pesar de que esta «acogida» significó en muchos casos el enjuiciamiento de los repatriados mediante detenciones y expedientes de depuración, obligó a muchos de ellos a pasar unas buenas temporadas en prisiones franquistas, lo cierto es que hubo un gran número de retomados, sobre todo entre los meses de mayo y octubre de 1939.

Franco había promovido una política de repatriaciones con Francia. Ese pacto en un principio se consolidó con el gobierno de Pétain. Para Francia representó un gran paso para poder deshacerse del «problema español» y de la caiga moral, económica y social que representaban los refugiados en su país. Pero Franco se echó atrás en su intención de acoger la entrada masiva de refugiados; España tenía las cárceles llenas y los bolsillos vacíos y Pétain tuvo que buscar una alternativa. La cuestión podía solucionarse por una doble vía: pactar con México —acuerdo franco-mexicano— para evacuar a América gran parte de los refugiados (habían calculado embarcar a unos 100 000) y aprovechar a los hombres válidos como mano de obra extranjera en la industria de guerra francesa.

En un principio, los acuerdos de repatriación se ejecutaron del 27 de febrero al 12 de marzo de 1939. Unos 25 000 soldados republicanos habían sido conducidos a España desde la estación de Hendaya por la frontera de Irún. Entre el 14 y el 15 de marzo, 5000 milicianos más fueron conducidos a España. Después de esa fecha, el gobierno franquista cesó las repatriaciones masivas a través de la frontera; sólo aceptaría casos puntuales y los no combatientes, es decir, mujeres, niños y ancianos, sin sobrepasar la cifra de unos 300 por día[21].

Una nota de Jean Berthoin, secretario general de la Sûreté Nationale, indicaba el 17 de marzo de 1939 que la apertura de la frontera franco-española favorecería las repatriaciones más o menos continuadas. El Ministerio del Interior estaba muy decidido a solucionar «su» problema de los refugiados españoles mediante repatriaciones y convoyes masivos hacia España. Los contactos con todos los prefectos de Francia y, sobre todo, con los de la zona fronteriza debían coordinarlas operaciones. Funcionarios cualificados de los ferrocarriles franceses —la SNCF— debían estar también en contacto con los prefectos. Berthoin propuso un «plan de evacuación» para la conducción de españoles a su país: vascos hacia Hendaya, catalanes hacia Cerbère; todo bajo la dirección de la Sûreté Nationale. El gobierno francés estaba, pues, muy decidido a aplicar su plan de repatriaciones[22]. El gobierno español, después de analizar el plan de su vecino y de haber aceptado algunos convoyes de republicanos se replanteó la aceptación de exiliados y decidió que para los hombres la repatriación se haría de forma selectiva. El ministro Georges Bonnet llegó a ofrecer camiones y barcos franceses con destino a Barcelona pagados por su gobierno para acelerar las repatriaciones[23].

Algunos prefectos, como el de la región bretona de Finisterre, el de Côtes-du-Nord o el de l’Ardèche confirmaban en sus misivas al ministro que en sus territorios, a partir del primero de marzo de 1940, habían cesado las repatriaciones de varones. Algunos centros de acogida —como el Chomerac de l’Ardèche— donde se albergaban refugiados españoles, fueron desalojados por las autoridades francesas por la circular del 29 de febrero de 1940 y se reubicó a sus «huéspedes» según nuevas disposiciones y categorías. La fecha límite para desalojar los centros fue el 1 de mayo. El desmantelamiento de muchos de esos centros también contribuyó al envío de convoyes de mujeres, niños y ancianos en dirección a Irún, como solución a la reubicación.

Otro criterio de selección fue el de las mujeres que tenían a sus esposos en España —muchos de ellos en prisión— que debían ser repatriadas de oficio. Se dieron muchos casos de mujeres que se quedaron sin techo en Francia y, con su marido en prisión, serían encarceladas al llegar a España, como el de Andresa Corral Marcos, con 4 hijos en Chomerac y una madre ciega de 75 años. Fueron mal acogidas en Francia, pero lo serían aún peor en España[24].

El encargado de supervisar las operaciones por parte francesa fue Berthoin. El encargado de la ejecución dependía de la Oficina Militar Central de Circulación, dirigida por el General Jouart, quien contactaba con el delegado de la Embajada de París, Armijo, para confeccionar las listas colectivas para el visado de los retomados[25].

La guerra en Francia y la ocupación alemana cambiaron las condiciones de repatriación y, en la zona ocupada, pasó a ser competencia de la autoridad nazi. Para Francia siguió suponiendo un «problema» a medio resolver. Después de la firma del armisticio con Alemania, sin embargo, el conflicto de las repatriaciones reaparecería en las negociaciones políticas entre España y Francia. Las necesidades del gobierno francés para terminar con el problema español eran cada vez más imperiosas y urgentes. El poder y la influencia de los alemanes también dificultaban el entendimiento entre las tres partes implicadas en las negociaciones. Como consecuencia de las conversaciones a tres bandas, Laval, Lequerica y Darían llegaron a unos acuerdos; uno en relación con los nazis; el otro con el gobierno francés de Vichy.

El primero de los acuerdos se negoció con el embajador alemán en París, Otto Abetz, y confirmaba el texto negociado en la Comisión de Armisticio. El acuerdo establecía la entrega de los comunistas españoles a las autoridades alemanas, el impedimento del embarque a América y las repatriaciones que el gobierno español desease. El segundo acuerdo, entre España y Vichy, lo firmó Serrano Suñer aprovechando la cumbre de Montpellier junto al general Franco. Los principales cinco puntos del acuerdo se pueden resumir de la siguiente manera:

Resolver de forma global la cuestión de los refugiados españoles. Su puesta en marcha debe servir para ayudar a Francia a librarse de la obligación de alimentar y mantener a un gran número de extranjeros y debe, por otra parte, desde el espíritu de esas negociaciones, permitir la facilidad de colaboración moral y política entre los dos países.

El gobierno español acepta pues, la repatriación de todos los refugiados españoles empezando por las mujeres y los niños, según una lista y un orden de prioridades establecidas por el gobierno francés.

El gobierno francés se compromete a entregar al gobierno de Madrid a todos los refugiados españoles, conforme a una lista que será confeccionada por los organismos españoles constituidos a dicho efecto. La lista incluirá a todos aquellos que las autoridades franquistas consideren responsables de crímenes cometidos en España, tanto crímenes políticos como de derecho común.

El gobierno francés se compromete en un futuro a entregar no sólo a los refugiados políticos, sino a los emigrantes españoles (es decir, ciudadanos españoles que no figuraban en la categoría de refugiados y que residían en Francia) cuya actividad fuera considerada criminal por el gobierno español y cuya presencia sobre el territorio francés podría ser juzgada perjudicial para el buen funcionamiento y desarrollo de las relaciones franco-españolas.

El texto del presente acuerdo no será publicado. Sus cláusulas deberán tenerse estrictamente en secreto y sólo los puntos que de común acuerdo se estimen oportunos podrán ser comunicados a terceros. Se trata de las estipulaciones y modalidades concernientes a la repatriación de mujeres y niños.

Un anexo bajo la forma de proceso verbal será definido para especificar las realizaciones técnicas[26].

En la práctica, se tradujo en la creación de dos comisiones centrales en Vichy. Una comisión para ocuparse de los refugiados ordinarios —el grueso del exilio y la emigración (formada por dos franceses y un español)— y la segunda comisión para hacerse cargo especialmente de los refugiados «especiales», como los acusados de crímenes políticos y de crímenes de derecho común (ésta estaba formada por dos españoles y un francés). Lo más importante del funcionamiento de esas delegaciones para el control de refugiados (control, represión y redistribución) es que fueron dotadas de unas prerrogativas especiales para ejercer la vigilancia, efectuar búsquedas, registros y proceder a detenciones según las órdenes dadas por las comisiones centrales. Las delegaciones dependían directamente de las dos comisiones centrales y debían actuar independientemente de las autoridades locales, casi con total impunidad. En algunos casos excepcionales o en casos juzgados absolutamente indispensables, éstas podían tomar contacto con los prefectos y ponerles al corriente de sus actividades[27].

Todo ello conllevó una importante reorganización de los servicios especiales destinados al seguimiento y control de refugiados. Los objetivos también cambiaron relativamente. La represión selectiva se concentró en los casos solicitados de demandas de extradición y, en cambio, la masa de refugiados, fueron objeto de una nueva represión de Estado más y mejor organizada con la finalidad de reagruparlos y decidir su suerte. También fue novedoso para Vichy la creación de unas delegaciones policiales dotadas de verdaderos poderes de actuación al margen del cuerpo administrativo francés, siempre tan burocrático y controlado políticamente. En la creación de estas delegaciones se veía claramente la mano de la administración alemana y, en menor medida, la española. El funcionamiento del acuerdo firmado por Serrano Suñer entró en vigor el mes de febrero de 1941 y permitió el inicio de redadas y detenciones en París y en la zona ocupada, así como en la zona libre de Vichy.

Las detenciones de refugiados políticos y de comunistas se hacían efectivas para todos los extranjeros residentes en Francia, no sólo para españoles. Numerosos refugiados alemanes e italianos fueron también detenidos; por ejemplo, el dirigente del partido socialdemócrata alemán, Rudolf Hilferding, uno de los líderes de la Segunda Internacional, fue encerrado y posteriormente ajusticiado el mismo 1941 gracias al funcionamiento de esas nuevas comisiones. El almirante Darían designó al ministro Rochas para ser el principal delegado francés con el título de presidente de la Comisión Central política creada en Vichy para ejecutar los acuerdos.

Cerca de las fronteras de demarcación, pero aún en zona libre, fueron organizados dos centros especiales de transferencia de refugiados. Uno de esos centros se organizó en Moulins, en el pabellón número 4 del campo de «selección» de la Sûreté Nationale, y estaba dirigido por el comisario francés Barbouilly, el inspector Jolivot y un policía alemán llamado Müller. Otro centro se estableció en Saint-Martial d’Artenset cerca de Libourn. Instalado en una granja aislada, su encargado era un funcionario alemán de la Gestapo, Oskar Hoffmann y numerosas patrullas alemanas iban y venían de la zona ocupada a la granja, cruzando la Enea de demarcación. También se reorganizaron los centros de transferencia y agrupamiento de refugiados, como el de Saint-Tropez, que pasó de ser un centro de transferencia de refugiados políticos hacia campos de concentración a ser un centro de agrupamiento para mujeres y niños[28].

A partir de estos acuerdos, la situación de numerosos refugiados, sobre todo la de los españoles, puede considerarse desesperada. Además del peligro de ser encerrados, ya no podían contar con la ayuda ni protección de las autoridades francesas, incluso la tolerancia tácita que los españoles habían podido disfrutar hasta la fecha estaba en grave peligro. En ese contexto, algunos refugiados tuvieron mucha suerte con la acción de ciertos funcionarios y oficiales municipales franceses que, en cierta forma, por su odio al ejército alemán, protegieron a los extranjeros que habían conseguido un refugio o domicilio seguro, una especie de complicidad pasiva en su colaboración con las denuncias y las investigaciones de la comisión. Todo ello ayudó a proteger y salvar algunas vidas[29].

Con pactos o sin ellos, el gobierno alemán operaba a sus anchas en el territorio ocupado, a modo de ejemplo, los ingresos de presos extranjeros en las prisiones de París, entre los que había muchos españoles, eran considerables. Los centros de reclusión, como la prisión de La Santé, se convirtieron en un lugar de almacenamiento y distribución de presos políticos. Los comunistas, fueran franceses, italianos, españoles o alemanes, se clasificaron en la escala más baja del presidio, junto con los judíos. A partir de ahí, la suerte de muchos de ellos dependía de su clasificación[30].

A pesar de la ocupación nazi en París, solamente quisieron acogerse a la repatriación 1248 españoles. Las autoridades francesas en la zona ocupada decidieron reforzar los controles y su rigurosidad y, además, crear un centro de clasificación en noviembre de 1940 en la Cáseme de Tourelles. Estas disposiciones fueron la antesala a la deportación a Alemania[31]. Agentes de los servicios de información operaban impunemente en las capitales, sobre todo en París. En menos de una semana se podían realizar hasta 700 interrogatorios, 10 registros domiciliarios, 6 asesinatos y 45 detenciones e internamientos[32]. Todas estas operaciones las llevaban a cabo unas secciones especiales de policía, el Service Spéciale de Recherches (SSR) destinadas a perseguir a judíos y extranjeros.

A partir de las duras disposiciones represivas del gobierno francés, desde España se pidió más severidad ante las demandas de extradición solicitadas. Éstas habían suscitado conflictos internos entre la justicia y el gobierno de Vichy y entre políticos de alto cargo. España, a través del embajador francés en Madrid, exigía revisar cada caso y entregar a los detenidos susceptibles de ser extraditados. El Ministerio de Justicia francés era firme y no quería entregar a ningún excargo político. Para los españoles, la cuestión era primordial: querían a Ragasol, Tarradellas, Ramírez, Ventura Gassol, etc., a todos los detenidos y obligados a permanecer en territorio francés. De hecho, desde las primeras demandas de julio y agosto de 1940, solamente ocho habían sido hechas efectivas por el gobierno francés, que correspondían a casos claros de piratería, robo y asesinato, todos ellos, delitos comunes comprobables.

La obsesión de Serrano Suñer por algunos casos, como el de Rascón Ramírez, al que acusaba de haber matado a su hermano mayor, se vio truncada por la inevitable naturaleza política de los cargos imputados. En eso Injusticia francesa también fue clara. Piétri, que mediaba en el conflicto, lo describía como una «gripe de desconfianza» que afectaba profundamente a las relaciones hispano-francesas[33]. Cada vez que el gobierno español solicitaba una demanda de extradición, la opinión pública nacional y extranjera, también los países suramericanos, expresaban sus más firmes quejas a Vichy, incluso el enviado norteamericano Wallner ejercía presión sobre Francia para que no procediera a aceptar las condiciones que España planteaba para algunos refugiados. Se dictó una orden de rigurosidad a los magistrados franceses para que revisasen cada caso a fondo y determinar si la extradición respondía a casos de excepción política o no.

Según el gobierno español, esas medidas eran excusas para evitar cumplir los acuerdos de extradición y los diferentes pactos franco-españoles. Partiendo de esta base, Darlan, Pétain, Serrano Suñer y Franco discutieron el asunto durante el encuentro que tuvieron en Montpellier[34]. A pesar de la buena voluntad de negociación presentada por los dos jefes del gobierno de Vichy, éstos no estaban dispuestos a generar otro tipo de conflictos diplomáticos si entregaban a españoles refugiados por motivos políticos; Darlan, de hecho, intentó en repetidas ocasiones clarificar qué hechos concretos, especialmente en referencia a los robos de bienes, debían ser considerados delitos comunes[35].

A principios de 1941, el total de la población española residente en Francia era de unas 550 000 personas. La gran mayoría vivía en condiciones normales con recursos propios o fruto de su trabajo, sin suponer ningún problema para la economía nacional francesa, más bien contribuyendo a ella. De esa suma total de ciudadanos de origen español, la administración francesa consideró que unos 150 000 refugiados políticos estaban desprovistos de recursos; su destino eran los campos de agolpamiento o de trabajadores. Los campos de internamiento y de trabajo fueron reparados y mejorados para acoger al contingente de refugiados —que serían considerados «indigentes»— de varias nacionalidades. El principal motivo de estos procedimientos era que el gobierno francés no tenía recursos para mantener a tantas personas en su territorio. La guerra y las condiciones económicas dificultaban enormemente poder asegurar una alimentación normal a los refugiados, una vestimenta decente para el frío, así como mantas y otros complementos para hacer frente a las bajas temperaturas. La leche para los niños y productos alimenticios eran escasos, como insuficiente era la asistencia médica para todos ellos, sobre todo, enfermos, ancianos y niños. La movilización de los hombres y el aprovechamiento de su mano de obra vaciaron muchos campos de refugiados con excepción de los campos —o centros— de castigo. Los nuevos centros serían también de jurisdicción militar y comportarían la concentración de personas y la reclusión en otros centros con la organización de la mano de obra. Otros españoles fueron hechos prisioneros y encerrados en Stalags alemanes y en compañías de la organización Todt a su servicio[36].

Las autoridades alemanas de ocupación, por su parte, establecieron un acuerdo con el gobierno español que concernía a los españoles refugiados en zona ocupada[37]. El acuerdo, a grandes rasgos, establecía la repatriación obligatoria en convoyes de mujeres y niños y el internamiento de adultos en compañías de trabajo, así como el traslado de los «comunistas activos» a campos de concentración en Alemania[38].

La Delegación General del Gobierno Francés en los Territorios Ocupados, también abordó el problema de los refugiados españoles. A partir de octubre de 1940, una circular del Ministerio del Interior comunicaba a los prefectos de la zona ocupada que debían realizar un censo completo de los extranjeros «indeseables e indigentes». Así, en enero de 1941, se realizó una lista de refugiados, ordenada por categorías y nacionalidades. En ella se cifraban 1675 españoles «indigentes» y 980 «indeseables»[39].

El prefecto Marlier, delegado de la zona ocupada, había pedido a las autoridades alemanas la autorización para crear campos de internamiento para recluir a los extranjeros «indeseables» en varias ocasiones. Se llegó a un acuerdo de mínimos con los alemanes y se debía escoger los campos, su ubicación y su infraestructura básica. Esperando la decisión definitiva de los alemanes, Marlier abrió algunas comisiones de repatriación a través de los servicios de refugiados. En un principio, fueron repatriados los ciudadanos belgas, holandeses, luxemburgueses y eslovacos, siempre con el consentimiento alemán. En el caso de los españoles, Marlier se puso en contacto con el cónsul español en París, Bernardo Rolland, para establecer la repatriación como la mejor solución al problema[40]. Las autoridades españolas permitirían el retomo de unos grupos de españoles determinados:

Todos los exiliados que habían dejado España antes del 18 de julio de 1936, sea cual fuere su edad o sexo.

De los que se hubieran exiliado después del 18 de julio de 1936, se permitía la repatriación de:

Mujeres

Niños

Los hombres sometidos a obligaciones militares, es decir, todos los nacidos entre 1906 y 1920, para ser incorporados al servicio militar en España o al ejército.

Podrían también regresar a España los hombres que se hubieran exiliado después del 18 de julio de 1936 y que hubieran pasado la edad militar, con la condición de que, en cada caso, se realizara un examen particular de sus antecedentes políticos por parte de las autoridades consulares españolas[41].

En principio, las repatriaciones estarían subordinadas a las demandas que transmitirían los franceses a las autoridades consulares españolas. Las demandas serían establecidas «de oficio» y afectarían obligatoriamente a los refugiados que, cumpliendo los requisitos para volver a España, quisieran quedarse en territorio francés. También en esos casos se procedería a la repatriación si no se cumplían alguno de los siguientes requisitos:

Motivos de relación familiar

Esposa o hijos de nacionalidad francesa

Servicio militar cumplido en el ejército francés

Ejercicio de una profesión o posesión de un establecimiento autosuficiente y remunerado o que presentara un interés para la colectividad

Invocación del derecho de asilo apoyado sobre los hechos políticos comprobables que pusieran en peligro su vida al regresar a España[42].

También afectaría a todos los refugiados que, beneficiándose de la acogida en Francia, hubieran sido objeto de alguna condena, orden de expulsión, rechazo de visado y residencia o hubieran cometido algún delito.

Las autoridades españolas aceptaron que la delegación francesa en zona ocupada fuera la encargada de realizar las demandas y propuestas de repatriación, seleccionando las peticiones y los refugiados susceptibles de ser repatriados. Los prefectos afectados tenían la prerrogativa de hacer firmar una declaración a los españoles que se negaban a ser repatriados. Una vez emitida su decisión, el caso pasaba a manos de las autoridades del Consulado español.

Los alemanes confirmaron sus condiciones sobre repatriaciones en una nueva entrevista entre Bérard y Von Welck en agosto de 1941[43]. El gobierno alemán no tenía ningún inconveniente en que los refugiados de la zona libre fueran repatriados a España, con la condición de que no se tratase de afiliados al Partido Comunista. Tampoco autorizaban la partida de barcos hacia América. Los comunistas —pedía el gobierno nazi— debían ser entregados a las autoridades alemanas y trasladados a la zona ocupada. Según ellos, el número ascendía a unos cuantos miles. Desde la zona ocupada, ellos se harían cargo de reagruparlos, seleccionarlos y determinar los que debían ser «aislados» en Alemania. Para poder proceder a la detención y agrupación de comunistas, Von Welck pedía un acuerdo entre la policía francesa, la española y la alemana. Sin concretar el texto, el encargado alemán especificaba que, en el fondo, la cuestión de la repatriación de refugiados hacia España (que tanto interesaba a Francia) dependía de la entrega de los comunistas de la zona libre a las autoridades alemanas[44]. Una forma muy sutil de esconder un chantaje. Si bien la estrategia no quedó explícita en ningún texto, Lequerica y Serrano Suñer sabían perfectamente el destino que les esperaba a los grupos deportados a Alemania.

Una estadística de noviembre de 1941, estipulaba que en la zona libre había la siguiente cantidad de españoles afectados:

1. Españoles en residencia Ubre: | 56 142
2. Españoles en residencia vigilada: | 101
3. Españoles internados o alojados en campos: | 3696
4. Españoles incorporados en un grupo de Trabajadores Extranjeros | 24 736
TOTAL | 84 675[45]

Del total de los casi 85 000 españoles censados en zona libre, podemos afirmar que 28 532 se encontraban en una situación delicada y sumamente peligrosa. Del total del censo, la estadística concluía que: 4367 españoles deseaban emigrar a México (según el gobierno francés, el número sería de unos 15 000 si no fuera por la intervención alemana en los puertos franceses), 738 eran considerados «peligrosos para el orden público» y 1011 deseaban ser repatriados a España[46]. De estas cifras destaca la poca cantidad de españoles que querían ser repatriados y los pocos que querían ir hacia América, por lo que deducimos que los refugiados conocían las maneras represivas de España y Alemania. El miedo les hizo escoger la opción de quedarse en Francia, a pesar de todas las dificultades del momento. Llegados a este punto, el conflicto de las repatriaciones, que llevaba más de un año sobre la mesa, no pudo ser solucionado satisfactoriamente por ninguna de las partes implicadas. Algunos acuerdos se aplicaron a los convoyes y algunos grupos, sobre todo de mujeres y niños provenientes de la zona ocupada, pocos de la zona libre, encontraron la cárcel y el menosprecio a su llegada a España. Según el recuento de una carta firmada por Himmler del 12 de diciembre de 1942, unos 200 000 españoles habían sido repatriados a España por los franceses. Muchos encontraron la muerte, otros la cárcel y la represión[47]. Los alemanes sí que actuaron de acuerdo con su «política negociadora» que siguió internando en campos y prisiones francesas y deportando a miles de españoles hasta 1945.

3. La aplicación legal de las extradiciones

3. LA APLICACIÓN LEGAL DE LAS EXTRADICIONES

Existieron muchos tipos de acciones policiales previas a la extradición «legal» de exiliados españoles. Uno fue la detención propiamente dicha, realizada en prisiones o comisarías, y otra, la obligación de permanecer, previo aviso oficial por parte de las autoridades francesas, bajo una especie de arresto domiciliario llamado «residencia vigilada», que fue el tipo de control y privación de libre circulación más extendido en el territorio durante los años 40.

La responsabilidad represiva de este tipo de «residencia vigilada» recayó sobre la policía francesa y las autoridades de Vichy. Pero la Embajada española no se quedó al margen de las disposiciones de vigilancia emprendidas, es más, instigó, incluso recomendó diferentes grados de privación de libertad. Por ejemplo, en abril de 1941 una orden del director de la Policía del Estado, en una nota firmada por el secretario general de la Policía de Vichy, Henri Chavin, obligaba a mantener la orden de «asignación de residencia vigilada» para Antoni María Sbert, Eduard Ragasol y Carlos De Juan. En una primera nota confidencial se citaba a los inculpados y se especificaba la renovación de la orden «debido a las investigaciones que la Embajada española deseaba se realizaran en sus respectivos domicilios», y terminaba la orden asegurando que un funcionario policial debía conducirlos a las localidades asignadas «por estas disposiciones, en cuanto se haya hecho el seguimiento a las demandas»[48]. El prefecto de Allier dio continuidad a la orden formulada contra los españoles que, una vez confirmada la dirección de su domicilio de cautiverio en Vichy, además sugeriría que «debido a la relevancia de estos extranjeros, operar con discreción…». Ragasol y Sbert fueron sometidos a vigilancia en su residencia de Vichy y Carlos De Juan fue obligado a dejar Vichy y volver a St.-Pierre-Ville.

La Embajada española insistió concretamente en que la policía francesa retrasara la orden de traslado a sus residencias para poder registrar sus domicilios y tenerlos localizados. En marzo de 1941, un mes antes de esta orden, la Embajada española había impedido que Sbert, Ragasol y De Juan fueran ingresados en un campo de concentración, tal y como había dispuesto la autoridad francesa. España sabía que la excesiva amenaza sobre los republicanos y el conocimiento de que iban a ser internados, provocaría su huida de Francia así que pidió explícitamente mantenerlos controlados:

[…] que no se inquiete a los interesados por el momento, para que, de ser necesario, podamos proceder a hacer registros para conocer si tienen en su haber sumas de dinero o documentos que puedan ser del interés de la Comisión de Recuperación de esta Embajada[49].

A partir de estas disposiciones, se solicitarían demandas de extradición sobre estos cargos «localizados» y controlados policialmente por la policía de Vichy con la colaboración de las autoridades franquistas y de sus agentes.

El director de Asuntos Criminales y el Ministro de Justicia del gobierno de Vichy, como tantos otros altos cargos y funcionarios que habían colaborado en la recuperación de bienes, se lavaron las manos cuando llegaron las extradiciones de españoles. Hubo interpretaciones muy distintas, pero dentro del propio territorio de Vichy, la excusa principal y más extendida fue la ambigüedad legal y de jurisprudencia. En el caso de la zona ocupada, como decía el súbdito español Manuel Muñoz Martínez, la jurisprudencia era imposible de aplicar si la detención había sido efectuada por los alemanes:

[…] el individuo ha sido detenido por las autoridades alemanas, situación que impide que prosiga el proceso de extradición […][50].

Queda claro que las autoridades de Vichy debían respetar los procesos utilizados por los alemanes y supeditarse a sus acciones. Un ejemplo de la falta de relación entre las disposiciones legales de extradición y la documentación generada por justicia, fue el de Joan Peiró, de quien se conservó el proceso de extradición abierto hasta 1955. Sobre Peiró se generó documentación desde el mismo año en que fue solicitada por España (1940) y se mantuvo en los dossiers del Ministerio de Justicia junto con el proceso de extradiciones de otros españoles hasta 1955, siendo públicamente conocido que Peiró había sido fusilado en Paterna el 24 de julio de 1942. Los otros nombres que figuraban en el mencionado dossier eran Julio Just Gimeno, Emilio Portela Caballé y Jaume Aiguadé Miró[51]. Ese dossier de extradiciones había sido elaborado por el gobierno francés en 1941 y encargado al director de Asuntos Criminales y de Gracias al magistrado responsable de los servicios del Ministerio de Justicia de París, de la Dirección Criminal 3ème Bureau-Extradiciones. Un dossier que agrupaba todos los casos para estar más y mejor informados y poder coordinar las demandas de extradición españolas que, en última instancia, competían al gobierno francés[52].

El 22 de octubre de 1941, el director del Gabinete Civil del jefe de Estado francés, un tal Nectoux, solicitó un informe sobre las extradiciones «legales» de españoles al director de Asuntos Criminales y de Gracia del mismo gobierno. Se confeccionó una lista de 42 nombres a título de resumen que empezaba en julio de 1940 y que sólo afectaba a exiliados de la metrópolis, pues los casos que se daban en las colonias francesas, como Marruecos, eran instruidos directamente por el sultán, que ejercía como una especie de gobernador con competencias jurisdiccionales[53].

Los procesos que pertenecían a la jurisdicción de la Cancillería de Vichy se aplicaban según el proceso de extradición previsto por la ley francesa del 10 de marzo de 1927 y se regían por la convención franco-española del 14 de diciembre de 1877. A todas las demandas cursadas legal y oficialmente se les dio respuesta jurídica. Aún así, a finales de 1941, todavía había 7 casos excepcionales que quedaban pendientes[54]: Joan Mauri Beltrán había sido detenido el 31 de octubre de 1941 y todavía esperaba una resolución por parte del tribunal correspondiente; Francisco Largo Caballero también había sido arrestado el 30 del mismo mes de octubre de 1941 y seguía igualmente pendiente de resolución; Manuel Rodríguez Martínez, dependía de una decisión «de gracia» del ministro de Justicia para ser o no extraditado; Joaquín Ascaso, estaba detenido en la prisión de La Santé de París donde los tribunales habían pedido informes suplementarios y una investigación más extensa sobre el acusado. La Dirección Criminal, contactó directamente con Asuntos Exteriores para conocerlos cargos exactos que el gobierno español le imputaba; Federica Montseny Mañé fue arrestada el 30 de octubre de 1940 y estaba pendiente de juicio; Manuel Portela Valladares fue declarado inocente de una primera causa y estaba pendiente de una segunda, que fue desfavorable a la extradición; Manuel Muñoz Martínez, estaba detenido por los alemanes que lo entregaron a las autoridades españolas. Los casos fueron analizados uno por uno para determinar con certeza si las causas imputadas por las autoridades españolas vía diplomática eran ciertas o no.

La persecución política abrió otras demandas que no llegaron a desencadenar ningún proceso legal de extradición porque el gobierno de Pétain se limitó a investigar la situación de los refugiados (dónde se alojaban, sus antecedentes, su situación laboral, etc.) pero no abrió ningún expediente, en cierta manera, sólo los «fichaba». También se informaba sobre republicanos del ámbito intelectual, educativo o político sin afiliaciones específicas.

Las demandas también afectaron, como afectó mucho en el interior de España, a las elites intelectuales y culturales de los exiliados, aunque raramente fueron represaliadas. Tal fue el caso de Manuel Rodríguez, que había sido gobernador republicano, Alberto Romero, Decano de la Universidad Central, Amanda Alberca y González Vera, de la Biblioteca Nacional y el parlamentario Gabriel Amunategui. El director del Gabinete Civil del mismo Pétain, M. Nectoux, solicitó informaciones específicas sobre este grupo pero sólo se abrió un proceso de extradición al exgobernador Manuel Rodríguez, que estaba a disposición del ministro de Justicia.

En efecto, todas las causas llegaron a la más alta instancia judicial porque, como hemos visto, a pesar de la fuerte presión diplomática española, era inútil y comprometido abrir procesos sin acusaciones verídicas, sobre todo contra personas que era públicamente conocido, incluso en Francia, que el único crimen que habían cometido era haber colaborado con el legítimo Gobierno de la República. El propio Nectoux tuvo que pedir consejo al ministro de Justicia para hacer frente al problema de las peticiones españolas[55].

Muchas demandas de extradición las realizaron los cargos diplomáticos, cónsules y, sobre todo, la Embajada a través de Lequerica. La extradición, para ser legal, debía ser tramitada a través de un tribunal español, que era el que representaba legalmente la acusación del delito o delitos cometidos, una muestra más de la unidad de acción de la justicia, la diplomacia y el gobierno de Franco. La comunicación diplomática de las listas e informes que implicaban demandas de extradición fueron formuladas constante e insistentemente, incluso de forma verbal en reuniones y encuentros con las autoridades francesas.

[…] la falta de demandas regulares tramitadas por la vía diplomática, que obliga a este alto magistrado [Le Garde des Sceaux] a no dar ningún tipo de continuidad a las intervenciones de los cónsules o representantes españoles, conforme a la Convención franco-española del 14 de diciembre de 1877 y a la ley del 10 de marzo de 1927 […][56].

En realidad, esta falta de legalidad ofreció la excusa para aplicar una política de «pasividad condicionada» del gobierno francés en los delicados temas de extradiciones[57]. Esa «pasividad condicionada» definía la política diplomática de superposición de legislaciones y sobre todo de pactos bilaterales. Sea como fuere, el gobierno español ya había puesto en marcha, en julio de 1940, una serie de peticiones «legales» de extradición que afectaban a los republicanos exiliados en Francia. Las entregas directas se paralizaron gracias a la intervención del gobierno mexicano. Ese pacto ilegalizaba las acciones subversivas de los mencionados agentes españoles y pretendía proteger el estatus internacional de condición de refugiado político a los exiliados españoles.

Desgraciadamente, debido a la arbitrariedad en la aplicación de los pactos con México, la policía de Pétain detuvo a bastantes republicanos españoles que no habían podido abandonar el territorio francés y que se consideraban en territorio de acogida. El grupo de republicanos detenidos por Vichy pasaron por los tribunales franceses (Riom, Cusset, Marsella, etc.), fueron requeridos por algún juez que pasó a estudiar los casos, revisó las órdenes de arresto y enjuiciamiento y procedió a juzgar a los implicados. Afortunadamente, a pesar de las detenciones, expolios e interrogatorios, la inmensa mayoría de las demandas de extradición fueron denegadas.

En un principio, Franco pensó que con la nueva situación mundial y siendo «neutralmente aliado de los alemanes», podría aplicar definitivamente su represión extraterritorial en Francia contra el exilio republicano con total impunidad pero hubo muchos factores que se lo impidieron. En primer lugar, porque Pétain no le profesaba especial simpatía a Franco y, en segundo lugar, y más importante, porque el régimen de Vichy, sobre todo su Secretaría de Estado para la Justicia, quiso y pudo aplicar los tratados y la legislación penal y territorial vigente. Es decir, mantuvieron los antiguos tratados en temas de extradición bilaterales con España, que fechaban del 1877 junto con unas modificaciones de tipo diplomático del 1923. Entre el respeto por la ley y el respeto por el tratado con México, Franco no logró su objetivo.

Por otra parte, en febrero de 1941, el exministro republicano Indalecio Prieto y todo su colectivo exiliado en México recibieron noticias de la legación mexicana en Vichy sobre la detención de cuatro antiguos funcionarios españoles y muchos otros altos cargos por parte de la policía del gobierno de Pétain. Seguramente, todos ellos serían entregados a España, donde les esperaba la pena de muerte. Prieto y los mexicanos atribuyeron la iniciativa emprendida por Francia a la presión que ejercía sobre ella el gobierno de Franco, para obtener la entrega de sus enemigos políticos. El gobierno mexicano se comprometió a protestar formalmente sobre estas acciones de Vichy. La prensa mexicana también se esforzó para desmentir a la prensa franquista que, a su vez, se esmeraba en desacreditar a los antiguos cargos republicanos y así, poder acelerar su extradición. Por su parte, el colectivo de republicanos españoles en México redactó un comunicado que iba acompañado de un estudio que reflejaba la situación jurídica, tan discutida, de los republicanos españoles recientemente encarcelados por las autoridades francesas[58].

El estudio presentaba un listado seriado de alegaciones sobre el carácter exclusivamente político, y no criminal, de las imputaciones. El Estado francés, fiel a sus principios jurídicos y tradicionalmente humanitarios, se comprometía a asegurar a las personas que habían buscado asilo en su territorio, el respeto a la vida y a la libertad, limitando toda medida de extradición a los crímenes o delitos de derecho común, sin ninguna conexión con otros de causa política. En principio, mejoraron considerablemente las condiciones de algunos detenidos como Largo Caballero, Portela Valladares, Alcalá Zamora y Alonso Mallol. Un precedente de resolución en Vichy fue la puesta en libertad de Portela Valladares y el ya citado procesamiento de uno de sus agentes colaboradores, el agente Druillet. También afectó a las operaciones policiales que los agentes franceses efectuaron durante el embarque de republicanos que huían de la guerra y la ocupación alemana en el barco Alsina, que debía partir del puerto de Marsella con destino a América Latina.

Para Francia, todo este asunto era una ardua y compleja tarea que quería solucionar cuanto antes. Además de las presiones españolas, internacionales y los problemas jurisdiccionales; el mismo Darlan afirmaba:

[…] sea cual sea nuestra posición, esta cuestión [de las extradiciones españolas] comporta un riesgo muy alto de crear incidentes y dificultades, tenemos pues, el más grande interés en abordar este tema, de tratarlo y negociarlo con la finalidad de aplicar soluciones que no puedan ser criticadas ni atacadas, desde un punto de vista de la justicia represiva y de la humanidad […][59].

La legalidad discernía judicialmente los delitos de derecho común (robos, asaltos, etc.) de los delitos políticos ejercidos durante la situación excepcional de la Guerra Civil. El gobierno francés quería aplicar «la excepcionalidad política» que defendía la convención de 1877 de una manera justa. La posición del ministro y del gobierno francés en general fue dejar a los magistrados competentes la facultad de pronunciarse sobre cada caso, tratado particularmente, después de un examen profundo del expediente y de la trayectoria de la persona en cuestión. Después de ese examen se decidiría si la fórmula de la «excepcionalidad política» podía ser aplicada o no.

Ciertamente, era una fórmula que, gracias al papel de la Justicia, ofrecía la posibilidad al gobierno de Vichy de implicarse lo mínimo posible. A partir de esa decisión, la máxima responsabilidad recaía en los magistrados del Tribunal Supremo y de su consulta con el ministro de Justicia —Garde des Sceaux— Joseph Barthélemy. De hecho, para Franco era una decisión equivocada y le supuso un importante revés. En efecto, la posición oficial de las autoridades francesas era delicada ya que se encontraba entre dos situaciones de riesgo en lo que a las relaciones internacionales se refiere. Por una parte, con el gobierno español —y por afinidad con las presiones de las autoridades alemanas— y por la otra, con varios países del continente americano.

La postura que adoptaron México y otros países latinoamericanos fue de firme actuación para así evitar que la represión de Franco contra los republicanos se extendiera más allá de sus fronteras. Por eso, ejercieron mucha presión con las herramientas que ofrecía la diplomacia internacional sobre Francia. La mejor arma para la negociación diplomática se la dio la coyuntura económica de la Segunda Guerra Mundial. Los países beligerantes necesitaban firmar tratados comerciales y de suministro para poder subsistir en aquellos tiempos y poder abastecer a su población y mantener sus economías de guerra y, en este contexto, América Latina jugó un papel muy importante.

España criticaba cada vez con más irritación la indulgencia con la que Vichy estaba tratando a súbditos españoles considerados «bandidos fugitivos» en su país. Precisamente, fue ése uno de los temas centrales de la cumbre de 1941 que tuvo lugar en Montpellier entre Pétain, Franco y Darlan. Franco expuso que él había abierto una Causa General para juzgar a todos los españoles que habían cometido «crímenes cometidos durante la Guerra Civil» y pretendía que la Causa General llegase a los republicanos refugiados más allá de sus fronteras, empezando por la vecina Francia. En el fondo, su Causa General era la forma jurídica oficial inventada para que los «vencedores» en España se vengara de los «vencidos». En teoría, las demandas legales inducidas a través de la Causa General o a instancias del gobierno franquista eran tramitadas por la Fiscalía General del Tribunal Supremo, pero después de una consulta a través del personal de sus archivos y biblioteca, se desconocen expedientes de extradición en los fondos de este organismo[60].

Después de las entrevistas de Montpellier y de las presiones por parte de México y sus delegados en Vichy, el gobierno francés decidió tomar ciertas medidas sobre las extradiciones para responder a las presiones, pero repletas de ambigüedad a la hora de interpretar sus verdaderas intenciones:

Que la procédure d’extradition, sans préjuger la décisión qui sera plise pour chaque cas particulier, soit hâtée dans la mesure du possible afin de ne pas donner l’impression au Gouvemement espagnol que nous cherchons à «noyer le poisson» par des atermoiements.

Que cette procédure ne donne pas des résultats purement négatifs, c’est-á-dire que l’exception politique ne soit pas admise a priori pour tous les faits commis en Espagne à l’occasion de la guerre civile. On ne comprendrait pas que les auteurs d’atrocités ou de pillages commis dans un but de lucre soient mis à l’abri de tout châtiment par suite d’une interprétation trop stricte de la convention franco-espagnole de 1877. Tel est le sens de la lettre adressée par le Département au Ministère de la Justice le 19 février.

Que nous soyons, par contre, en mesure de démentir les nouvelles répandues en Amèrique, d’apres lesquelles des réfugiés espagnols sont livrés de Police à Police sans recours préalable à la procédure d’extradition[61].

El gobierno franquista pretendía que las autoridades francesas impidieran legalmente la salida del país a más de 3600 exiliados republicanos en «vistas a que el Estado español requiriera su extradición»[62]. La lista definitiva fue muy distinta; de las demandas efectuadas inicialmente, solamente se tramitaron 37[63]. La convención diplomática del 14 de diciembre de 1877 que establecía que cada persona acusada o condenada sería entregada si el delito por el cual se había solicitado la extradición no era considerado por la parte receptora un delito político o no tuviera relación con delitos similares. La aplicación de este convenio se vio reforzado por una ley francesa del 10 de marzo de 1927, cuyas disposiciones se aplicaban a los puntos que no habían sido reglamentados por las convenciones diplomáticas particulares. En los artículos 5 y 2 de esta ley, a la que también se recurrió se disponía lo siguiente:

art. 5: En referencia a los actos cometidos durante una insurrección o una guerra civil, por uno u otros de los bandos implicados en la lucha y defensa de los intereses de su causa, solamente se podrá conceder extradiciones, si éstas han constituido actos de barbarie odiosa y vandalismo, los cuales serán juzgados según las leyes de la guerra y solamente después que la guerra civil haya terminado[64].

La admisión de la «excepción política» resultaba de la interpretación de los hechos que estaban indicados en los documentos judiciales que el gobierno extranjero (en este caso España) debía presentar para justificar los requerimientos de extradición. Por este motivo, el gobierno franquista mintió sobre las imputaciones, acusando a los implicados de crímenes de derecho común, o actos de barbarie o vandalismo. A partir de aquí, si la demanda era aceptada a trámite le tocaba el tumo a la Cámara de Acusaciones francesa, que iniciaba un proceso interno para comprobar los delitos. También se abría una investigación y expediente policial al encausado. La Cámara de Acusaciones era la que decidía si debía continuar o no el proceso de extradición.

A raíz del proceso judicial reglamentado por la ley francesa se desató un conflicto interno que derivó hacia el poder político. Se abrió un debate de competencias, jurisprudencia y principios, que escondía las diferentes tendencias personales en el seno del gobierno; los más legalistas e independientes por un lado, y las tendencias más fascistas y colaboracionistas por el otro. Los organismos competentes en máxima instancia se decidían entre las atribuciones políticas del ministro de Justicia y las judiciales de la Cámara de Acusación. En cierto modo, esto enfrentaba a las posturas más juristas con las más políticas, entendiendo como políticas las decisiones que se podían tomar arbitrariamente entre los altos cargos del gobierno de Vichy.

Ante todas estas presiones (de España, la política nacional, diplomáticas y de conflictos internos) Vichy se propuso una medida salomónica (en parte muy lógica de un Estado fascistizado y militarizado —bajo supervisión nazi— como era Francia entonces): anular las competencias de la Cámara de Acusación y otorgar al gobierno la potestad de decidir los procesos de extradición. De esta forma el gobierno podía modificar la ley del 10 de marzo de 1927 y podía anular la «excepción política» y ejecutar las extradiciones. El ministro Barthélemy, el almirante Darlan, junto con el director de Asuntos Criminales y bajo consenso del Ejecutivo, hizo efectiva la orden de que los jueces y magistrados fueran bien escogidos para poder manipular el consentimiento legal de extradición. La orden era del 5 de abril de 1941[65]. De esta forma, se inició el proceso contra republicanos españoles.

Un informe de la Dirección Criminal explicaba que el proceso se había iniciado contra un número de individuos, 37 en total, que, según el gobierno franquista, eran culpables de «piratería y contrabando». Francia aceptó los cargos de piratería y procedió a las detenciones de los implicados. Ese mismo día, de los 37, 19 fueron arrestados y la policía siguió buscando a los 18 restantes[66]. El tribunal encargado de instruir los casos fue el de Riom, tribunal político por excelencia que también pasó la historia por juzgar y condenar a importantes personalidades demócratas de la III República francesa, como Léon Blum y otros ministros del Frente Popular. De los 19 detenidos, se exculpó a 11 y dio 5 avisos favorables a la extradición. Se acordó la extradición por un decreto del 17 de julio de 1941 que, a su vez, denegó las extradiciones —que en un principio habían sido aprobadas— de Eduard Ragasol, Rodríguez Martínez, Mauri Beltrán y Ventura Vidal.

El mismo Darlan, en su papel como ministro de exteriores desde febrero de 1941, aguantó las diatribas hasta septiembre del mismo año, cuando decidió no conceder ninguna extradición más que tuviera que ver con hechos ocurridos durante la Guerra Civil española, fueran los que fueran. Incluso el responsable de la Dirección Criminal —un tal Corviny— decidió ignorar la orden del 5 de abril de 1941 de Darlan y abandonó la investigación, el arresto y la detención de individuos que figurasen en la Causa General de Franco para quienes se pedía la extradición[67]. Desgraciadamente, muchos de los procesos de extradición ya estaban en curso.

Ciertamente, todo el proceso legal fue bastante confuso, la mayoría de veces las órdenes dadas por un organismo a otro fueron contradictorias y las rectificaciones provocaron una demora administrativa que lo único que consiguió fue alargar la incertidumbre y la agonía de los refugiados mediante vigilancias prolongadas o detenciones innecesarias. El agotamiento administrativo y una mínima legalidad acabaron por imponerse. De todas formas, como cada caso fue tratado de forma individual, exponer algunos ejemplos concretos puede ayudar a comprender la complejidad de los procesos.

4. Algunos casos particulares

4. ALGUNOS CASOS PARTICULARES

Los procesos judiciales se alargaron hasta el año 1943. Joseph Barthélemy, ministro de Justicia, comunicó el 18 de abril de 1942 a Darlan las extradiciones que todavía solicitaba el gobierno español. En definitiva, se revisaron las 43 demandas (sin contar las de Marruecos y Orán, donde la competencia en materia de extradiciones era exclusiva de los mandatos allí establecidos. En una, los casos dependían del llamado comisario residente general de Francia en Marruecos y en otra, el otro el sultán de Argelia[68]). De todas ellas, 2 fueron directamente desestimadas el 23 de marzo de 1943 y 41 siguieron su curso; 20 acusados no pudieron ser detenidos ya que huyeron a Inglaterra o a Latinoamérica y 21 fueron arrestados y comparecieron ante las Cámaras de Acusación de los lugares de su detención. En el caso de Antonio López García, todavía no se había decidido si era necesario revisarlo o no, de los demás la situación que se decidió fue la siguiente[69]:

— 15 avisos desfavorables: |  |  |
Fernández Sánchez | Rennes | 18 abril | 1940
Anso Zunzarren | Aix | 12 mayo | 1941
Just Gimeno | Toulouse | 6 junio | 1941
Zulueta Giberta | Toulouse | 13 agosto | 1941
Portela Valladares | Aix | 5 septiembre | 1941
Bilbao Hospitalet | Aix | 9 septiembre | 1941
Tarradellas Joan | Aix | 15 septiembre | 1941
Gasol Rovira | Aix | 15 septiembre | 1941
Morata Cantó | Aix | 4 noviembre | 1941
Joven Hernández | Aix | 4 noviembre | 1941
Largo Caballero | Limoges | 19 noviembre | 1941
Montseny Mané | Limoges | 19 noviembre | 1941
Portella Valladares | Aix | 25 noviembre | 1941
— 7 avisos favorables: |  |  |
Portela Valladares | Agen | 26 junio | 1941
Ragasol Sarriá | Riom | 2 agosto | 1941
Rodríguez Martínez | Alger | 10 octubre | 1941
Mauri Beltrán | Montpellier | 21 noviembre | 1941
Ventura Vidal | Limoges | 5 diciembre | 1941
Muñoz Martínez | París | 16 enero | 1942
Ascaso Butria | París | 30 enero | 1942

Como ya hemos visto anteriormente, por aplicación de la ley de 1927, se respetó la decisión de la Cámara de Acusaciones de que si consideraba desfavorable la extradición, ésta era necesariamente refutada. Cuando era favorable, el gobierno apreciaba soberanamente si la extradición tenía que ser o no aceptada. En resumen, el gobierno de Vichy siempre tuvo la última palabra sobre los casos más críticos. Así pues, al final, Barthélemy sólo tuvo que revisar 7 peticiones favorables. Decidió extraditar a Emilio Portella Caballé por el decreto del 17 de julio de 1941, y denegó, por motivos políticos los casos de Eduard Ragasol, Manuel Rodríguez, Joan Mauri y Enríe Ventura.

Faltaba decidir la extradición de Muñoz Martínez, Ascaso Budria y Lago Lorenzo. Casos que generaron una búsqueda de antecedentes importantes, pero al final de muchos documentos y en muchas de las misivas judiciales oficiales, la justicia francesa acabó delegando al gobierno la decisión de extradición, «pues en las circunstancias de guerra que se vivían, estas decisiones tenían mucha influencia por lo que refiere a las relaciones franco-españolas»[70].

A pesar de que Pétain, Darlan y Barthélemy habían intentado favorecer las extradiciones trasladando la responsabilidad de ejecutarlas a la justicia, ellos mismos tuvieron que asumirla. Al final, no tuvieron más remedio que negar la concesión de extradiciones. Un informe enviado por Barthélemy al jefe de Estado, Pétain, le recordaba los problemas que tenían para poner en marcha la orden que el propio Mariscal había propuesto: enviar a todos los demandados por los franquistas a México, ya que «ese gobierno deseaba tanto la libertad de los republicanos españoles». Era la gran idea de Pétain para quitarse el problema de encima y no tener que negar extradiciones a Franco de forma explícita[71].

Desde la Secretaría General del Movimiento, que dependía de la Presidencia del gobierno, había un seguimiento exhaustivo de las demandas. Se pidió desde la Secretaría Política de Falange la extradición de Portela Valladares, de miembros del SERE, de Juan Ramos Vidarte, Juan Medina Vera, Antonio Pérez Torreblanca, Eduardo Ragasol, Manuel Muñoz Martínez, José Álvarez Liado, Manuel Albriach Bret, Juan Arroquia, José María Aberasturi Lachiondo, Fernando Sábin Camiruaga (arrestado por los alemanes en el frente ruso), Tomás Bilbao Hospitalet, Luis Fernández Clérigo, etc. Un largo listado que también se mezclaba con expedientes de responsabilidades políticas, represión de masonería y comunismo, etc. Desde España no cesaba la actividad represiva y apuntaba a Francia cada vez que un expediente se relacionaba con algún político republicano[72]. Otro elemento que intervino como herramienta de presión fue la firme postura de los alemanes para que Franco detuviera a sus enemigos. Pero, afortunadamente, los intentos ilegales de las colaboraciones policiales a través del Consulado y la Embajada de París articulados alrededor de Urraca y apoyados por Lequerica, no salieron como habían planeado[73].

A continuación reseñaremos algunos casos particulares de extradiciones oficiales que por su particularidad permiten ejemplificar el complicado universo de la política seguida por el gobierno y la justicia franceses. Además de los casos de Eduard Ragasol y Francisco Largo Caballero, se han añadido tres ejemplos que nos sirven de modelo comparativo. Aunque en todos los casos el gobierno español buscaba el mismo objetivo para conseguir la entrega de los perseguidos a la justicia franquista, los que presentamos resiguen tres vías diferentes a la hora de abordar su proceso de extradición. En términos generales, nos ayudan a establecer tres modelos diferentes.

El primero, un modelo de seguimiento consular y diplomático, gestionado a través de la insistencia de la Embajada española y de los contactos ministeriales de ésta con los dirigentes y funcionarios de Vichy encargados de las relaciones con Alemania y la zona ocupada, por tanto, con los tribunales de París y otras instancias de la zona controlada por los alemanes. Hay que recordar que la justicia y las jurisdicciones francesas, muy intervenidas por la administración de ocupación, se mantuvieron, sin embargo, como un poder independiente —el judicial—. Aunque no podemos afirmar que la «justicia no fue ocupada», sí que gozó de cierta autonomía en las gestiones de los Tribunales de Apelación y de Instrucción de casos. Ése fue el caso de Joaquín Ascaso.

El segundo es un modelo en que la acusación y la tramitación directa de la extradición provinieron de la Causa General del Estado Español que, directamente, actuó como acusación; fue el caso de Eduardo Castillo.

Un tercer modelo, más en la idiosincrasia interna de acusaciones y delaciones interiores del franquismo local, se planteó a raíz de una denuncia directa de unos habitantes de Cataluña, que se presentaron como acusación particular y parte civil ante el cónsul francés en Barcelona para abrir una demanda de extradición vía diplomática y conseguir que la persona denunciada, de la misma localidad, pudiera ser conducida a España y condenada por sus «crímenes». Ciertamente, es un caso singular pero muy interesante, pues en él vemos el alcance real de la maquinaria de responsabilidades políticas más allá de las fronteras del territorio español. Fue el caso de Félix Pacareu.

Joaquín Ascaso Budria

El 20 de junio de 1942, Joaquín Ascaso llevaba 30 meses encerrado en la prisión parisina de La Santé, pendiente de ser extraditado[74]. A Ascaso lo tuvieron retenido en París pero la extradición fue solicitada a Vichy, y Vichy tuvo que tramitar el proceso y la petición española. Mientras tanto, durante 30 meses, Ascaso estuvo encerrado en La Santé. La documentación había sido generada por el gobierno español en noviembre de 1941. El 7 de noviembre de 1941, el gobierno francés recibió la demanda y devolvió el expediente a las autoridades franquistas para que Ascaso tuviera tiempo de buscarse un abogado, pues el suyo, un letrado judío llamado Zevaes, había sido detenido por los alemanes. La dilación del gobierno francés se justificó alegando que la documentación para inculparlo no era suficiente, hecho que alargó todo el proceso[75].

Por parte española, la demanda fue realizada por el juez de instrucción de la Seu d’Urgell, alegando robos que Ascaso había cometido cuando era comisario de orden público en Aragón. La orden del juez de la Seu se dictó el 31 de agosto de 1939 y la demanda oficial de extradición por parte de la Embajada de España en París se tramitó a principios de 1941, una vez Ascaso había sido detenido por petición policial directa. Las acusaciones provocaron, como en la mayoría de casos, la acción y la colaboración de la policía que permitió detener a Ascaso en Chartres; fue arrestado y el Tribunal de Aix lo condenó a 6 meses de prisión y a una multa de 100 francos por haber ignorado, según ellos, una orden de expulsión. Su dossier terminó en París por imposibilidad de transferir el caso a Chartres o a Aix, ya que era difícil la comunicación administrativa de una zona a otra.

En el proceso verbal de detención —adjunto al de extradición— se interrogó a Ascaso y a su compañero Ortiz, que declararon ser objeto de la persecución política por parte del gobierno franquista y se defendieron negando haber cometido hurto alguno y diciendo que la imputación de robo era una excusa para conducirles ante tribunales españoles. El organismo encargado de tramitar la demanda y el proceso de extradición fue la misma Embajada de España en París, que reclamó una y otra vez el trámite del caso de Ascaso y protestó enérgicamente por la actitud de la policía francesa de haberlo dejado en libertad por falta de cargos después de haberle interrogado. Ascaso fue detenido nuevamente en París y conducido a La Santé. La insistencia de la Embajada española lo retuvo nuevamente encarcelado, hasta que fue liberado por el Tribunal de París en julio de 1942, por intervención del Procurador General del tribunal.

La Embajada de España, lo mantuvo en las listas de demandas de extradición pendientes pero después de su Liberación en 1942, ante nuevas peticiones de información sobre el interesado, las autoridades francesas dieron por cerrado el caso y comunicaron a España que no habían encontrado más pistas ni pruebas contra él[76].

Eduardo Castillo Blanco

Eduardo Castillo Blanco, nacido el 16 de octubre de 1903 en Aguarón (Aragón), fue objeto de una demanda de extradición emitida por el Tribunal Supremo desde su sede central de Madrid, imputada a través de la llamada Causa General[77]. El gobierno francés de Vichy tramitó la orden y decidió iniciar la investigación del caso, abriendo un dossier sobre Castillo y ordenando su detención. Como no tenía ficha de antecedentes delictivos en Francia, la Embajada de España, a través de sus informadores, envió los datos de Castillo —en forma de antecedentes penales— para facilitar el trabajo a la policía francesa. Les fueron indicados los datos de residencia, de estado civil, edad, nacimiento, etc., dejando el caso prácticamente servido en bandeja a las autoridades policiales competentes, que en éste y otros casos pasó a manos de la Dirección de los Servicios de la Policía del Territorio y de los Extranjeros y a la Inspección General de los Servicios de la Policía Judicial, concentrados en Vichy.

El encargado de supervisar todo el proceso fue el director de Asuntos Criminales y de Gracias, Hemi Corviny, funcionario de justicia de Vichy. Su secretaría técnica dependía directamente del 3ème Bureau de la Dirección Criminal del Ministerio de Justicia (que mantenía sus dependencias en París, como el Tribunal Supremo y otras competencias judiciales).

Desde Madrid, la insistencia no cesaba. La demanda sobre Castillo fue realizada el 31 de mayo de 1941 y la petición la firmó el secretario de la Causa General, Julián Paredes Martínez, quien pedía explícitamente la extradición de un «exiliado republicano en Francia», que debía ser entregado a los franquistas:

[…] AUTO.— Excelentísimo Señor Fiscal del Tribunal Supremo Don Blas Pérez González.—

Madrid, Treinta y uno de Marzo de mil novecientos cuarenta y uno— RESULTANDO que Eduardo Castillo Blanco, dependiente de farmacia, prescindiendo de otros hechos que pudieran constituir delitos de carácter político, durante los años mil novecientos treinta y seis a mil novecientas treinta y nueve, en las regiones Aragonesa y Catalana, tomó parte activa y muy intensa en la persecución, detención y muerte de muchas personas indefensas, distinguiéndose por su carácter sanguinario, y en el robo y saqueo de domicilios particulares, por cuyo procedimiento se apoderó de grandes cantidades de dinero y alhajas, con las que, en el último de los años citados, huyó a Francia, donde actualmente residen en Montauban, 18, Porte Moasture. […] CONSIDERANDO que los hechos referidos en el primero resultando de esta resolución, revisten caracteres de los delitos de asesinato y de robo comprendidos, respectivamente, en los artículos […], y cuyas penas son en el primer caso la de reclusión mayor a muerte, y en el segundo la de prisión menor a presidio mayor, se decreta la prisión provisional por ser la persona encausada como autor de delito y ser éste Español refugiado en Francia […][78].

Sobre la base a la Causa General, Castillo estaba acusado políticamente de delitos cometidos en España. Los motivos políticos se mencionaban de pasada y destacaba el hecho de haber cometido otros delitos, además de los delitos de sangre. Las autoridades franquistas eran conscientes de la negativa de extraditar españoles desde Francia por motivos políticos durante la Guerra Civil, por eso las denuncias debían referirse a otro tipo de delitos de derecho común. La información adicional sobre la residencia de Castillo en Francia fue proporcionada por los agentes franquistas y les fue útil a los franceses para poder comprobar las actividades del inculpado. Por último, la imputación teórica que se menciona en la petición del fiscal general del Tribunal Supremo, donde se cita la condena de Castillo a la pena de muerte, muestra claramente el verdadero motivo político de aquella demanda.

Esta petición de extradición constituía un modelo claro, breve y conciso de las extradiciones abiertas a través de la Causa General y de la responsabilidad de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esa Causa General fue una causa judicial abierta, inédita en la historia de España, que convertía a la mitad de los españoles en delincuentes, en presuntos culpables, en perseguidos o directamente en condenados. El modelo judicial de la Causa General sustituía la actual presunción de inocencia por una «presunción de culpabilidad» orquestada orgánicamente por el Estado español. Esta causa consideraba a toda persona perteneciente al bando republicano español enemigo del nuevo Estado franquista y, por tanto, tenía que ser juzgada. Fue un montaje judicial represivo en el interior, y como vemos, también influyó en la política exterior española para poder perseguir y encausar a los republicanos exiliados y solicitar su extradición.

Como en la mayoría de los casos, los franceses ignoraron la demanda, dando largas al gobierno español. Sin embargo, de forma oficial, no fue hasta 1954 cuando la Dirección de Asuntos Criminales levantó la orden de detención y extradición contra Castillo, en una carta del Ministro de Justicia al del Interior con fecha del 11 de octubre. Al final, después de haber examinado su expediente, y habiendo consultado con los ministerios competentes las gestiones de extradición (Justicia, Interior y Asuntos Exteriores), el gobierno francés, en la misma misiva, declaró que no parecía útil ni oportuno seguir manteniendo a Castillo encausado. Habían pasado trece años desde que se interpusiera la demanda, las razones argüidas fueron las siguientes:

[…] el nacional español Eduardo Castillo Blanco, autor de robos y asesinatos cometidos entre 1936 y 1939 y cuya extradición solicitó el gobierno español en 1941 […] en caso de que llegara a ser arrestado, sería una petición rechazada por el periodo en los que fueron cometidos los delitos y, además, por haber prescrito según el derecho francés […][79].

Félix Pacareu Salva

Pacareu, nacido en Llançà el 7 de noviembre de 1893, antiguo militante del Centro Federal de Llançà fue comisario de guerra durante el gobierno del Comité Popular en 1936 de la misma localidad. Se exilió en Francia en marzo de 1939. Allí escapó de un campo de refugiados y le fue aplicado el decreto del gobierno francés de 1938 que impedía la libre circulación sin residencia fija de los refugiados españoles (decreto por el cual se tuvieron que mantener abiertos muchos campos de refugiados). Su categoría era la de miliciano y debía permanecer internado y bajo control. A causa de su fuga fue condenado a 10 meses de prisión en Montpellier.

Encarcelado en Montpellier llegó una denuncia que habían presentado tres mujeres del Comité de Acción Católica también de Llanca, que había sido efectuada con la ayuda del jefe local de la Falange, Pere Masdeu, y del cura de la parroquia, Eduardo Frigas, con fecha del 28 de abril de 1939. El requerimiento del acusado se transmitió con celeridad desde la comandancia de policía de Llançà a través del representante de Francia en Barcelona, el Cónsul R. Binet[80]. Éste informó al prefecto de los Pirineos Orientales, de Perpiñán, éste al procurador general de Perpiñán[81] y de sus manos pasó al Procurador General de Montpellier.

El caso de Pacareu fue una muestra de las rápidas redes de comunicación consular y policial entre los poderes franquistas y los franceses también a escala local y regional. Todos los organismos que recibieron la denuncia y el informe de la denuncia repitieron de forma mimética la demanda de extradición que el informe español, pedía, incluso antes de que ésta fuera formulada legalmente. El mismo procurador general de Montpellier admitió en una nota al ministro que la denuncia le había llegado desde abajo, sin previo estudio o proceso gubernamental, es decir, las máximas instancias francesas desconocían la demanda:

[…] Las Sra. Vda. de Goteras, Sra. Vda. de Serradell y Sauri Pigem, con domicilio en Llansa —España— denuncian a PACAREU SALVA como el autor de delitos de derecho común cometidos en dicha localidad durante la Guerra Civil. No he creído oportuno tomar ninguna iniciativa al respecto sin sus estimables instrucciones […][82].

Efectivamente, Rosa Nadal (viuda de Goteras), Ana Escarpenter (viuda de Serradell) y Teresa Sauri Pigem, vecinas de Llançà y miembros de Acción Católica, denunciaron a Félix Pacareu por haber cometido robos y asesinatos durante el período de 1936 a 1939. Lo acusaban de abuso de poder y autoridad por robar dinero de las personas acomodadas de la localidad y de haber ordenado y dirigido el pillaje y casi total destrucción de la iglesia parroquial. También lo acusaron de la colectivización y expropiación de tierras que dividió según su propio criterio y conveniencia y lo acusaron de haber asesinado a Alfons Goteras, a Odón Rosa, a Joan Serradell, a Antonio Morera, al abad Ramón Vila y al vicario Josep Ciurana. En la denuncia adjuntaban el testimonio del jefe local de la Falange, Pete Masdeu y el del párroco Eduardo Frigas, que confirmaban todos los delitos cometidos y la necesidad de entregar al inculpado a las autoridades españolas.

La denuncia siguió su curso y el juez municipal del Juzgado de Instrucción de Figueras, Miguel Ordis Pagès, llevó a cabo la petición oficial de extradición y solicitó, a través de Portbou, la entrega de Pacareu para encarcelarlo en Figueras. Todas las diligencias judiciales fueron enviadas directamente al Ministro de Asuntos Exteriores español[83]. La causa fue instruida por el secretario del juzgado de Figueras, llevada por el abogado Norberto Sors Porta y se falló contra Pacareu con una sentencia de prisión provisional con delito de «prisión mayor o pena de muerte, sin ningún tipo de fianza o con una extraordinaria de 500 000 ptas.». La rapidez del proceso y la celeridad en la gestión del asunto se tradujo en una sentencia inmediata, dictada a fin y a efecto de que el inculpado, cuando fuese entregado por los franceses, pudiera ser directamente conducido a prisión, quedando encerrado allí en situación pendiente del veredicto definitivo, que tenía que ser formulado ante el acusado[84].

La particularidad de este caso radica en la capacidad de circulación directa de una denuncia y delación privada, respaldada por la Falange y la institución eclesiástica, que fue dirigida directamente hasta el instructor de la prisión de Montpellier, sin pasar por ninguna instancia superior más que el prefecto de Perpiñán. Un ejemplo más de la situación alegal y complicada de las demandas de extradición.

Al final, también se denegó la entrega de Pacareu pero fue privado de libertad hasta febrero de 1940 en la prisión provincial de Montpellier. La extradición fue rechazada porque la denuncia afectaba a hechos acaecidos durante la Guerra Civil y nadie aportó pruebas sobre los cargos que se le imputaban desde Figueras. De todos modos, como en otros casos, la justicia francesa mantuvo los expedientes de extradición abiertos hasta bien entrados los años 50; el 14 de octubre de 1955 los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia de Francia enviaron una orden definitiva para cerrar el expediente de extradición de Pacareu[85].

Eduard Ragasol Sarria

Merece la pena exponer el caso de Eduard Ragasol como un referente más del complicado debate político y jurídico que generaron las demandas de extradición realizadas por el gobierno franquista por la vía «legal» y diplomática al gobierno francés de Vichy.

El 2 de abril de 1941, Darlan daba la orden al Ministro del Interior y por delegación, a la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) y a la Dirección de la Policía del Territorio y de Extranjeros (DTE) 7ème Bureau para que recluyeran a «residencia forzada obligatoria» a Ragasol Sarria, Antoni María Sbert Massanet y a Carlos De Juan Rodríguez. Tres personalidades refugiadas en territorio francés para quienes la Embajada de España había pedido una orden de entrega —extradición—. La orden fue dictada el día 3 por el secretario general de la Policía, Henri Chavin[86], Se dictó una orden de registro en los domicilios de los implicados y una «asignación de residencia vigilada». Ragasol, igual que sus dos amigos y excargos de la República, residían por aquellas fechas en Vichy, cerca de la legación mexicana, con la que colaboraban en labores de ayuda a los refugiados españoles, gestionando las ayudas de la JARE y colaborando legalmente para ayudar a asegurar la protección de exiliados y preparar evacuaciones hacia Latinoamérica.

Ignoraba que la policía franquista también operaría allí y, a instancias de una denuncia realizada por la policía española, el 7 de julio de 1940 fue detenido por primera vez. Estaba acusado de transportar en su coche una parte del «tesoro de la República». Pronto pudo quedar en libertad. El 14 de julio Lequerica lo denunciaría otra vez acusándole una vez más de poseer el «oro de la República». Su residencia, el Château de Bussoles, que compartía con su esposa, fue registrada dando un resultado negativo y fue puesto en libertad de nuevo. Todavía sería detenido e interrogado una vez más el 22 del mismo mes, con idéntico resultado.

Ante el constante acoso e instigación promovida por las autoridades franquistas quiso preparar su emigración a México, pero la detención de su amigo Nicolau d’Olwer se lo impidió y permaneció en Francia para ayudarlo. Ragasol tuvo que trasladarse en abril de 1941 a Pinola —en la Haute Loire— en régimen de residencia vigilada, y el 2 de julio de ese mismo año era detenido a causa de una demanda de extradición solicitada por el gobierno español. La petición había sido formulada, como tantas otras, por Blas Pérez González, fiscal general del Tribunal Supremo, personaje que, por cierto, había ejercido como profesor en la Universitat de Barcelona, y había podido salir de la Ciudad Condal y salvar su vida gracias a la documentación que le había librado durante la guerra la Conselleria de Govemació de la Generalitat de Catalunya[87]. Ragasol era miembro del partido catalanista y liberal Acció Catalana Republicana. Diputado en las Cortes de la República desde el 16 de febrero de 1936, durante la Guerra Civil se mantuvo fiel a la causa republicana y al Gobierno de la Generalitat. Al estallar la guerra combatió en la defensa del Escorial. En definitiva, fue un personaje de gran prestigio personal y profesional. Desde París, ante la ocupación, se refugió en la zona libre de Vichy.

La Embajada española, a través de Lequerica, cursó la demanda de extradición de Ragasol y el 30 de julio del mismo año, el Tribunal de Riom dictó un aviso favorable al proceso. A partir del mes de agosto del mismo año se inició un intenso debate político en el sí del gobierno de Vichy a raíz de su demanda de extradición[88]. Colateralmente, los más acérrimos defensores de Ragasol, es decir, un grupo de republicanos españoles y la legación mexicana en Francia, intercedieron directamente para enfrentarse con los representantes de Franco en la Embajada. De esta forma se abrió una intensa batalla política para contestar a los grupos de presión favorables a la entrega del que fuere conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Ragasol fue juzgado en el Tribunal de Riom porque las autoridades españolas entregaron un documento con el título «Juicio» en el que se acusaba a Ragasol de haber organizado, a partir de julio de 1936, los servicios de una policía especial, configurada por delincuentes que asesinaban arbitrariamente a personas inocentes en Cataluña. También se le acusaba de haber robado valores importantes aprovechando su cargo político. Pero no se adjuntaban pruebas ni documentos que lo demostrasen.

Como ya sabemos, el móvil era puramente político y una vez más, ante la sentencia de Riom, que hacía temer lo peor, la intervención de la legación mexicana fue decisiva[89]. La representación de México en Vichy actuó con diligencia en este caso, como en tantos otros, apelando a la convención franco-mexicana del 23 de agosto de 1940 y también a la legislación francesa sobre extradiciones con España de 1877 y 1927. México incidió en el aspecto puramente represivo que se estaba aplicando a Ragasol y en la falta de objetividad durante el juicio de Riom. Los argumentos de México, a través de su representante, Luis I. Rodríguez, fueron transmitidos personalmente al mariscal Pétain y al ministro de Justicia Barthélemy.

El proceso de instrucción para la extradición enviado desde Madrid fue firmado por el procurador del Tribunal Supremo, Blas Pérez González y por el instructor de la Causa General, Julián Paredes Martínez, dentro de la cual se había incluido el caso de Ragasol. Esta acusación sirvió al Tribunal de Riom para dar el aviso favorable de extradición. Ragasol fue interpelado en Riom el 30 de julio. Éste protestó enérgicamente por las injurias de la justicia franquista sobre su persona y alegó que su proceso de extradición respondía únicamente a motivos políticos y deseos de venganza. Él mismo ante el tribunal, en calidad de letrado, se acogió, al acuerdo franco-mexicano y a los tratados de extradición que impedían cursar procesos por celos políticos. Ni su propia defensa ni su abogado M. de Boissy —abogado de Cusset— pudieron impedir la sentencia del presidente del tribunal M. Amiaud que, para poder conceder su extradición, se acogió estrictamente a la carta acusadora emitida desde Madrid, implicando a Ragasol en delitos de sangre, robos y delincuencia común, no política. Una vez más, se daba una interpretación criminal a la detención de Ragasol.

Por suerte, algunos cargos políticos intervinieron en el caso. Una serie de notas urgentes y reservadas se cruzaron entre tres personajes políticos de alto nivel: el gabinete personal del mariscal Pétain, el ministro de Justicia Barthélemy y el ministro de Asuntos Exteriores, François Darlan. Tres reconocidos hombres de derechas y próximos a la política totalitaria de alemanes, italianos y españoles, pero que, sin embargo, cedieron ante ciertas razones de humanidad y a presiones diplomáticas para revocar la orden de Riom.

El 5 de agosto, el almirante Darlan escribía al ministro Barthélemy sobre el informe confeccionado por la legación mexicana a favor de Ragasol, indicando las múltiples falacias y acusaciones que la demanda española contenía. También definía la sentencia de Riom como un «mero texto reiterativo» de la demanda española. Añadía, además, que las recientes sentencias de extradición sobre los republicanos Julio Just Gimeno y Mariano Ansó, dictadas por las cortes de apelación de Aix y de Tolosa respectivamente, habían sido rechazadas[90]. Éstas eran un ejemplo de la necesidad de respetar los pactos sobre la prohibición de extraditar a personas por motivos políticos.

El mismo Pétain consultó personalmente a Barthélemy los motivos que podían ser alegados para rechazar la orden. Todas las recomendaciones de Barthélemy a Pétain fueron realizadas a modo de informe en una extensa y sutil carta manuscrita de seis páginas. Este informe terminaba advirtiendo al Mariscal de que la revocación de la sentencia de Riom competía al jefe de Estado y solamente él podía confirmarla. La decisión judicial estaba tomada y el asunto entraba en la llamada fase gubernamental. Competía directamente a la máxima instancia del gobierno de Vichy aceptar la extradición o rechazarla, pues ambas decisiones —la judicial y la política— estaban dentro del marco legal francés. La carta de Barthélemy fue decisiva para salvar la vida a Ragasol[91].

Todos los hombres de Vichy conocían la implicación de Ragasol en la redacción del documento sobre la convención franco-mexicana para evitar la entrega de más refugiados políticos republicanos a Franco. En el caso de Ragasol, la máquina del funcionamiento diplomático se puso en marcha para poder evitar una confrontación entre la autoridad jurídica y el gobierno. La estrategia fue que en vez de aplicar la prerrogativa gubernamental y denegar la extradición enfrentándose a la decisión de un tribunal de justicia, el gobierno francés estableció los contactos entre Darlan y el embajador francés en Madrid —François Piétri— para que se detuviera la demanda desde Madrid, a través del mismo Serrano Suñer.

En efecto, en la carta de Darlan —recibida en Madrid el 13 de agosto— se confirmaba la intención de Serrano Suñer, como ministro de Asuntos Exteriores, de retirar la demanda. Sin embargo, la nota de un ayudante de Piétri, llamado Lamarle, confirmaba lo contrario: la intención de extraditar a Ragasol «interesa personalmente al Sr. Serrano Suñer»[92]. Piétri tenía órdenes de su gobierno de buscar urgentemente el momento oportuno para plantear la cuestión a Serrano Suñer. Lo intentó en un encuentro entre embajadores que tuvo lugar en San Sebastián, pero dudó sobre plantear la cuestión al ministro de Franco, pues el asunto era delicadísimo. Más aún, cuando el gobierno franquista había iniciado el proceso con Vichy de dos demandas de extradición más: las de Tarradellas y Ventura Gasol. Piétri reafirmó la complejidad del asunto debido a que la intervención directa de Serrano Suñer y de Lequerica en los asuntos de extradición podía provocar una afrenta de tipo diplomático. En este asunto, Piétri pareció estar más cerca de las posturas españolas que bajo los servicios e intenciones de su país pero su actuación fue, sin embargo, poco decisiva en este caso.

El asunto tomó el cariz de un problema diplomático y la noticia se propagó internacionalmente. Numerosos países latinoamericanos enviaron misivas pidiendo a Pétain que rechazara entregar a Ragasol. Incluso, de manera claramente oficiosa, el secretario de Estado norteamericano, M. Wallner, pidió prudencia a la hora de entregar a Ragasol y en una carta dirigida a Pétain reclamaba una «revisión estricta del caso».

La decisión final, sobre todo ante la ambigua postura de Piétri y la fuerte posición de Barthélemy, se encontraba entre las reacciones de los países americanos, incluyendo a Estados Unidos y México y el posible enfado del gobierno franquista si no se entregaba a Ragasol. Las autoridades francesas decidieron evaluar nuevamente la situación del caso dentro del conjunto de las demandas de extradición presentadas en esas fechas —más de 20— que generaron los conflictos políticos y diplomáticos citados en el seno del gobierno francés y de las relaciones franco-españolas.

Unas informaciones adicionales sobre Ragasol terminaron por decantar la balanza a favor del detenido y finalmente, en septiembre de 1941, se decidió firmemente no extraditarlo. Darlan recibió una carta de un amigo personal e informador, Gilbert Chambrun, en la que se describía a Ragasol como un político moderado, que tenía las manos limpias y que no podía ser extraditado. Ragasol había fundado en Francia la sociedad Les Amis de la France[93], una asociación constituida para colocar a los refugiados españoles según sus capacidades y sin distinciones étnicas o convicciones políticas dentro de actividades útiles para ayudar a la defensa nacional de Francia contra los alemanes. La sección española fue dirigida por Eduard Ragasol, la italiana por Umberto Piccinini y el presidente fue Gastón Abravanel.

La asociación Les Amis de la République Française (ARF) fue fundada en París en febrero de 1939 y registrada con el número 79501/3572. Se disolvió durante la ocupación de París en 1940 y sus dirigentes escaparon de la capital francesa. Su objetivo era servir a Francia en todos los dominios según las posibilidades de cada persona, sin distinciones políticas. A partir de septiembre de 1939, su principal función fue recoger a voluntarios de otros países para luchar en el ejército francés. Estaba formada por extranjeros refugiados en Francia y estaba dividida en secciones nacionales, de las que las más importantes fueron la sección española, la italiana, la polaca, la austríaca y la alemana. La sección española contaba con más de 700 miembros divididos en los grupos catalán, vasco y español. Su sede estaba en el n.º 18 de la calle Soufflet y en el n.º 10-12 de la Avda. Grande Armée de París pero su actividad no fue frenética porque los dirigentes franceses no aceptaron bien sus buenas intenciones.

La participación de Ragasol en esta asociación, así como sus contactos de alto nivel político, decantó a Darlan hacia las teorías de Barthélemy y decidió apoyarlo. Al final, la decisión fue firme y definitiva: el gobierno francés evitaría a toda costa la extradición de Ragasol[94]. Aún así, Ragasol permanecería vigilado en el Hôtel Sainte-Marie de Vichy, bajo el régimen de «residencia vigilada» y el acoso hacia su persona no terminaría aquí. También residió bajo «residencia obligatoria» en el pueblo de Vallières (Creuse).

En 1942, una orden del Gabinete del gobierno de Pierre Laval (instaurado el 18 de abril de 1942 y hasta el 17 de agosto de 1944, seguramente menos sensible a la causa de Ragasol por las personalidades políticas) decidía el internamiento en un campo de concentración de Eduard Ragasol, Carlos de Juan Rodríguez y Antoni María Sbert Massanet. Las autoridades españolas, al enterarse de la orden francesa, intercedieron a través de Barroso para modificar la operación. Barroso envió una nota a Chavin pidiéndole que no «inquietara por el momento a los refugiados españoles», pues los Servicios de la Embajada y de Recuperación de Bienes Españoles, querían efectuar registros en los domicilios de dichos refugiados para completar operaciones de recuperación de bienes y valores. Para desarrollar la operación con éxito, según Barroso, los refugiados republicanos, no debían sentirse acosados, al contrario, convenía que pudiesen actuar con cierta libertad para cogerlos, en el momento oportuno, con las posesiones y los bienes que buscaban. Barroso terminaba la nota diciendo que después de las operaciones previstas, las autoridades francesas podrían internarlos en el campo predestinado[95].

Una nota confidencial de la Dirección General de la Sûreté Nationale enviada por Chavin a los prefectos de la zona libre, confirmaba el internamiento de todos los españoles sospechosos y pendientes de extradición:

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les ressortissants espagnols incarcérés en France pour des crimes ou délits de droit conunun, connexes à des faits commis en Espagne pendant la guerre civile. C’est ainsi, notamment, que des individus ont tenté d’aliéner, sur notre territoire, des objets dérobés en Espagne. Afin que les Autorités Françaises soient en mesure de répondre à une éventuelle demande d’extradition concernant ces étrangers, je vous príe de prendre toutes dispositions útiles pour que ces étrangers soient, à l’issue des poursuites judiciaires en cours, diriges sur le camp du Vernet et me soient en même temps signalés.

Par delégation

Le secrétaire Général pour la Police

Henri Chavin[96]

Esta determinación de las autoridades policiales francesas no acabó de encajar en las operaciones de recuperación y los planes de Barroso y su equipo pero sí que mostraban una voluntad firme de controlar a los posibles españoles extraditables. Las operaciones de Barroso siguieron su curso, pero no influyeron en la decisión ya tomada de internar a Ragasol, quien estuvo confinado en el campo de Vernet d’Ariège, en el grupo C-66, hasta bien entrado el 1943.

Una carta de un compañero, Manuel Nogareda, que había sido oficial de la Primera Brigada Sanitaria de la Cruz Roja Española en Barcelona, abrió una diligencia ante Lequerica para liberar a Ragasol. Su salud se había deteriorado y padecía una neuralgia facial que solamente podía ser tratada en un centro especializado en Tolosa. Los médicos habían recomendado el traslado inmediato y realizaron las gestiones oportunas ante la Prefectura de Ariège para trasladar a Ragasol.

También el Ministerio del Interior francés estaba de acuerdo pero algún impedimento, como dijo Nogareda «alguna resistencia pasiva» impedía la orden definitiva. La «resistencia pasiva» eran las autoridades españolas que ejercían presión para impedir su traslado. Al final, Lequerica ordenó que averiguara con exactitud la situación a través de su agente Casuso. Finalmente, Ragasol fue liberado del campo de Vernet y más tarde emigraría a México, donde murió en 1962[97].

Francisco Largo Caballero

El 29 de noviembre de 1940, a las tres de la madrugada, el comisario especial de la policía de Albi, acompañado de un capitán y tres gendarmes, se presentó en el domicilio del que fue presidente del Consejo de Ministros de la República, Francisco Largo Caballero en la localidad de Trebas-les-Bains —en el departamento de Tarn—. A pesar de sus 71 años y su delicado estado de salud, Largo Caballero fue obligado a levantarse, vestirse y seguir a la policía francesa hasta la Prefectura de Albi. La detención fue llevada en el mayor de los secretos y sin ninguna orden expresa de un juez competente[98].

La legación mexicana, conocedora del peligro del refugiado, empezó una movilización diplomática a la vez que le ofreció asilo en las dependencias de su legación[99]. El 7 de diciembre escribía al Ministerio de Asuntos Exteriores de Vichy pidiendo su intervención para poner en libertad al detenido entendiendo que no estaba acusado de ningún delito de derecho común.

El proceso contra Largo Caballero fue muy largo y complicado. El conflicto sobro su entrega duró más de un año, hasta febrero de 1942. Pasó por la primera inculpación de las autoridades españolas en noviembre de 1940, por la petición de extradición en agosto de 1941, por la denegación del gobierno francés en noviembre de 1941 y por la asignación a residencia obligatoria después de su detención. Un calvario que acabaría sin extradición pero que costó muchos esfuerzos a la legación mexicana, a los numerosos organismos extranjeros que intervinieron y al propio Largo Caballero. Más allá de la entrega a España, su caso fue desesperante pues, pudiendo salvarse de la extradición, fue deportado a un campo de concentración alemán.

En la nota 510 del 7 de agosto de 1941, la Embajada de España y su embajador Lequerica, en nombre del gobierno español, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores la extradición del refugiado español Largo Caballero. Éste era buscado por el juez de instrucción de Madrid por «instigación a robos y asesinatos». La petición fue instruida por el Tribunal de Limoges, el cual, el 19 de noviembre emitió una sentencia desfavorable a la demanda española[100]. Pero el asunto no terminaría tan plácidamente y merece una breve síntesis.

Largo Caballero fue, entre otros muchos cargos ejecutivos, diputado a las Cortes españolas varias veces, destacando como presidente del Consejo de Ministros, ministro de la Guerra y ministro de Trabajo. Como alto cargo de la República se refugió en Francia en enero de 1939, se estableció en París hasta el 12 de junio de 1940, cuando las tropas alemanas llegaron a la capital francesa. Junto con su familia se dirigió al sur estableciéndose en Albi, después de 5 días de dura marcha evitando a los alemanes. Allí, con la salud debilitada, el prefecto le comunicó que debía alejarse, como mínimo, treinta kilómetros de la capital del departamento de Tarn. Entonces se alojó en una pequeña localidad llamada Trebas, donde la población lo acogió con hospitalidad, pero donde no había farmacia, ni médico, ni los servicios sanitarios más elementales. Allí vivió tranquilamente hasta el 29 de noviembre de 1940, cuando los agentes policiales lo detuvieron a las 3 de la madrugada, pese a su débil estado de salud y una lesión clavicular.

Permaneció bajo arresto en Albi, encerrado en una clínica sin poder comunicarse con el exterior, nada más y nada menos que 50 días. En enero de 1941 fue trasladado en pleno invierno con un ataque de arterioesclerosis que le impedía caminar y fue conducido a un pueblo llamado Crocq, en la región de Creuse. Durante ese largo período de seis meses, sólo una de sus hijas pudo acompañarlo. Todo ese tiempo lo pasó bajo régimen de «residencia obligatoria y vigilada». Al cabo de los seis meses su otra hija y su nuera se unieron a él en Crocq. La tranquilidad parecía llegar a su refugio obligado cuando, en octubre de 1941, fue nuevamente detenido y conducido a la prisión de Limoges, donde permaneció arrestado durante 31 días en condiciones precarias. Aun conociendo su estado de salud, su avanzada edad y su reputación política y social, lo mantuvieron encerrado en las celdas de ladrones y criminales. El motivo de la reclusión en Limoges respondía a la demanda de extradición del gobierno español sobre su persona. El caso lo llevó el mismo Tribunal de Limoges. El 19 de noviembre, atendiendo a las falsedades presentadas por el gobierno franquista y respetando las leyes de extradición francesas y el tratado franco-mexicano para la protección de los refugiados, junto con las muchas presiones recibidas, incluidas las norteamericanas, la demanda fue desestimada. Pero su satisfacción duró poco, pues las autoridades francesas no le liberaron y le impusieron la diligencia que él mismo describió de la siguiente forma:

[…] siguiendo el Decreto del 18 de noviembre de 1939, relativo a las medidas a tomar contra los sujetos peligrosos para la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado, fui conducido a Vals les Bains (Ardèche), a un centro de residencia vigilada donde, efectivamente, desde el 22 de Noviembre, estuve prisionero, aunque fui tratado con respeto y humanidad, privado de libertad hasta el 5 de febrero. A partir de esa fecha, se me adjudicó residencia forzada en Nyons (Drôme) […][101].

Esa misma epístola era un largo agravio que Largo Caballero envió a Pétain denunciando las vejaciones y los malos tratos sufridos. En ella, Largo Caballero hizo referencia a su situación mediante un breve estado de la cuestión, en el que analizaba los posibles motivos que habían provocado su privación de libertad: no podía responder a un motivo diplomático, pues la soberanía francesa era suficientemente «madura y autónoma» para ceder ante la presión española para su posible entrega; tampoco podía deberse a una actuación criminal de derecho común, pues no había ninguna acción, ni mucho menos pruebas que le imputaran actos delictivos; tampoco podía ser acusado de «individuo peligroso para la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado» pues no tenía contactos con el interior de España, apenas conocía el idioma francés y, además de la evidencia de la edad y de su enfermedad, siempre se consideró amigo del pueblo francés. El error, según Largo Caballero, se debía a una falsa denuncia y calumniosas acusaciones. Evidentemente, este «error» correspondía a la demanda de extradición del gobierno español y todas las presiones, denuncias, mentiras e implicaciones que eso representaba.

Comprendiendo el estado de acoso al que estaba sometido, intentó en vano emigrar a México. En cartas del 15 de marzo, 5 de junio, 22 de septiembre y 12 de diciembre, se dirigió al Ministro del Interior francés, para suplicar el permiso para viajar a México, apelando al acuerdo franco-mexicano y al trato de cortesía que el gobierno debía a un exalto cargo como él. También se lo pidió a Pétain. Al final de su carta, Largo Caballero mencionaba la posibilidad de embarcar el 15 de marzo de 1942 desde Casablanca en un barco portugués, llamado Nyassa, que zarpaba rumbo a México, pero su petición fue denegada.

Las intervenciones extranjeras a favor de Largo Caballero fueron numerosas. Aparte de la legación mexicana que actuó en su favor y le ofreció cobijo en su país, también intervinieron el secretario de la Embajada de Estados Unidos, M. Wallner, que envió varias notas a Vichy a favor de la emigración de Largo Caballero en nombre de su Embajada en Francia y del Departamento de Estado norteamericano[102]. El mismo Roosevelt intervino a través de su sede diplomática y de los secretarios Thomson y Cordell Hull[103]. También actuó el gobierno de Chile ofreciéndole asilo político. De igual forma intervinieron el gobierno de Costa Rica, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador y muchas organizaciones de toda América, tanto del norte como del sur.

Las peticiones para salir del país también se hacían para otros detenidos como Portela Valladares, Federica Montseny, Manuel Rodríguez Martínez, entre otros. Las firmaban diputados, senadores, intelectuales y sindicatos de trabajadores como la UGT y otros a favor de los refugiados detenidos y contra las intenciones del gobierno franquista.

La demanda de extradición del gobierno español condenó a Largo Caballero de por vida. Su periplo no terminó aquí ya que el gobierno alemán también intervino presionando a] francés a través de la Comisión del Armisticio franco-alemán, a favor de las demandas de extradición de Franco. Una vez más, el Reich puso de manifiesto la impunidad con la que ejerció la actuación arbitraria de sus formas represivas. Largo Caballero fue clasificado como Rotspanier y denunciado en las listas que los franquistas mandaban a los servicios alemanes clasificando a los refugiados de enemigos. El 20 de febrero de 1943, todavía bajo residencia obligatoria en Nyons, fue detenido por la policía política italiana y alemana. Interrogado nuevamente en Neuilly-sur-Seine, cerca de París, fue conducido a Berlín y, de allí, encerrado en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde permaneció internado hasta abril de 1945[104]. Liberado el campo, volvió a París donde apenas gozó de unos meses de libertad ya que murió en marzo de 1946.

Pau Puig Gallifa

Para finalizar la ejemplificación de las extradiciones a través de casos particulares, presentaremos una de las pocas demandas que, de alguna manera, el gobierno francés tuvo que gestionar a título póstumo. El caso de Puig Gallifa tiene un desenlace fatal debido a la entrega directa de un refugiado político por parte de las autoridades alemanas en mayo de 1942. Se trata de un caso poco comente de entrega ilegal que, como en otros casos, no respetó los acuerdos franco-mexicanos, ni los franco-españoles ni los franco-alemanes.

La demanda de extradición sobre Puig Gallifa también pone de manifiesto otro ejemplo de cómo trataron las autoridades francesas los casos de detenciones en territorio ocupado. Sabemos que las autoridades alemanas no se anduvieron con demasiadas apreciaciones legales a la hora de entregar a prisioneros políticos a Franco, pero estos casos tampoco estuvieron faltos de conflicto jurisdiccional. Además, alemanes y españoles sabían, casi dos años después de las entregas de agosto de 1940, que las autoridades francesas, a pesar de las muchas dudas y discusiones políticas y judiciales internas, se habían negado a entregar a refugiados denunciados en España por causas políticas.

Puig Gallifa residía en la calle Dumarie de Santonay, en el departamento de Loir et Cher. El 31 de octubre de 1941 fue arrestado por la policía alemana, que no le acusó formalmente de nada, no realizó ningún proceso verbal ni judicial y, sin inculpación aparente, fue conducido a un destino desconocido (seguramente a alguna prisión de París). A principios de noviembre del mismo año, el gobierno español formuló la demanda de extradición. La Embajada española envió la nota inculpadora n.º 690 del 10 de noviembre al Ministerio de Asuntos Exteriores de Vichy. La orden contra Puig Gallifa fue dictada por el juez de instrucción general de Madrid que lo acusaba de asesinatos y robos cometidos en España durante la Guerra Civil[105]. El Ministerio francés respondió a la nota de la Embajada de España en febrero de 1942 alegando que, ante la detención y falta de proceso judicial del inculpado, no estaba en condiciones de iniciar ningún juicio, ni mucho menos un proceso de extradición.

De todos modos, el gobierno de Vichy realizó una demanda formal a la Comisión de Armisticio franco-alemán (Comisión de Wiesbaden), organismo encargado de gestionar las relaciones franco-alemanas en el territorio ocupado y que, entre otras muchas cuestiones, trataba los contenciosos judiciales. El representante francés en la Comisión de Armisticio era Armand Bérard y a él le llegó una carta de Darlan preguntando sobre la situación del caso Puig Gallifa y las razones que le inclinaban a creer que seguía vigente un pacto entre la policía alemana y la española para entregar a refugiados residentes en la zona ocupada[106].

Bérard hizo sus indagaciones entre las autoridades alemanas y recibió una carta de la Wehrmacht el 8 de junio de 1942 en la que explicaba que Puig Gallifa había sido reclamado por las autoridades españolas de la Embajada de París. Dichas autoridades acusaban a Puig Gallifa de asesinato, incendio voluntario y pillaje. Por esos motivos la Wehrmacht informaba a las autoridades francesas que Puig Gallifa había sido entregado a España el día 5 de mayo de 1942 a través de la frontera de Irún[107].

El asunto fue tratado por las máximas autoridades de Vichy porque en sí mismo representaba una violación de la Comisión de Wiesbaden sobre el Armisticio franco-alemán ya que ésta había establecido que la administración de justicia para todo el territorio francés, ocupado o no, correspondía al gobierno galo. En este sentido, correspondía al gobierno de Vichy y no a las autoridades de ocupación la gestión de las demandas de extradición y la ejecución o no de las mismas. Ante tan flagrante ilegalidad, el gobierno francés, además de denunciar la acción de los alemanes, envió una queja formal a través de la Subdirección de Cancillerías y Contenciosos para que actuara contra la intromisión de las autoridades alemanas en la justicia francesa. El gobierno de Vichy también recordó a la Comisión de Armisticio que las demandas de extradición que los españoles hacían llegar directamente a las sedes nazis, debían ser remitidas a Injusticia francesa dado que ellos no tenían competencias en ese campo[108].

Sin poder cambiar el destino de Puig Gallifa, la dirección política de la Embajada francesa ya había formulado en fecha 25 de febrero un aviso a las autoridades españolas advirtiendo de que su caso no presentaba ninguna prueba concluyente que permitiese aceptar su extradición. La cancillería judicial de Vichy quiso interpelar a Madrid y a los alemanes sobre el asunto. Pero la Embajada franquista, ante la respuesta de las autoridades francesas, realizó la gestión directamente con la administración del Reich en París y así, el interesado, encerrado en dependencias alemanas, fue entregado a España en mayo del mismo 1942[109]. Los españoles se salieron con la suya y, dentro de la excepcionalidad del caso de Puig Gallifa, una vez más demostraron no tener escrúpulos a la hora de saltarse la legalidad y los pactos internacionales vigentes, para conseguir su objetivo de represión política. Por parte de la administración francesa el caso se dio por cerrado al no poder evitar, a pesar de sus quejas, lo inevitable.

A título comparativo y eligiendo algunos casos a modo de ejemplo, hemos podido comprobar que cada uno tuvo sus particularidades y siguió procedimientos muy distintos. Seguramente, el denominador común se encuentra en el hecho de que los perseguidos lo fueron por dos cuestiones básicas: las razones políticas que se derivaban de la obsesión persecutoria del gobierno franquista y el oportunismo y falta de escrúpulos de los agentes destinados a vigilar y perseguir. También fue básico el esfuerzo franquista por recuperar bienes (hemos visto que Franco puso uno de sus hombres más preciados a la cabeza de dicha comisión de recuperación).

Hemos visto también que la persecución política se tradujo en una persecución y represión directa, física y personal. Muchos casos se convirtieron, fuera del territorio español, traspasando la muy frágil legalidad internacional, en detenciones efectivas, en acoso, sospecha y vigilancia; se configuraron listas negras de republicanos y la policía no cesaba de intercambiar información. En algunos casos se aplicaron todas las estrategias represivas (policiales, políticas, diplomáticas, colaboracionistas, judiciales…) a la vez.

Los acuerdos franco-españoles no permitían la extradición por causas políticas, por eso el régimen franquista alegó motivos penales como robos, asesinatos, usurpación, crímenes, etc.; el Estado francés no sólo practicó detenciones arbitrarias, sino que cursó las demandas de extradición, muchas de las cuales provocaron conflictos internos entre la justicia y el gobierno de Vichy. Por suerte, la mayoría fueron desestimadas. Principalmente por este motivo hemos intentado analizar las demandas de extradición más allá de la intervención mexicana a favor de los refugiados políticos.

Como hemos expuesto, cada proceso fue muy complejo. El tema merece un estudio más a fondo y un análisis jurídico en la interpretación y un análisis de la documentación generada por la Fiscalía del Tribunal Supremo español.

El tema, complejo en sí mismo por la mezcla de legislación internacional, de acciones secretas, de procesos policiales y judiciales, entre otras muchas razones, también lo es por la dificultad de su investigación; la documentación está sumamente dispersa y dividida entre la administración española y francesa y dentro de éstas entre los diferentes servicios o ministerios implicados, sobre todo, Justicia, Interior y Exteriores. También es importante la documentación estudiada de los informes del policía Urraca, muchos de ellos enviados al Servicio Exterior de la Falange, en los que hay mucha información sobre el período y sobre la detención de refugiados.

Con toda esta documentación hemos intentado hacer una interpretación de la política de extradiciones del régimen franquista, que fue una herramienta importante de lo que denominamos la «represión extraterritorial» del régimen franquista contra todo el contingente político de la República. Un paso más en el estudio del genocidio franquista contra la vida democrática de España[110].

A pesar de su gran complejidad, hemos podido comprobar que, hasta 1960, se llegaron a cursar 186 demandas legal y oficialmente. De éstas, 51 fueron aceptadas, 39 rechazadas —28 de éstas por motivos políticos— y, en total, se presentaron 56 demandas más que no llegaron a ser cursadas legalmente por el gobierno francés[111]. La aceptación del régimen franquista terminada la Segunda Guerra Mundial no impidió que el gobierno español siguiera insistiendo en reclamar extradiciones.

Entre 1945 y 1960 se solicitaron 144 extradiciones, de las que 50 o más fueron rechazadas por causas políticas. El período más estéril fue durante la recolocación de Franco en el panorama internacional, sus años de breve «penitencia» entre 1945 y 1948, con sólo 5 extradiciones solicitadas. En 1949, cuando la reaceptación de Franco por parte de la Cuarta República francesa ya era una realidad, se redactó una nueva convención de extradición entre España y Francia con 16 artículos más precisos y concretos sobre las condiciones de entrega y detención y, sobre todo, sin referencias explícitas a los delitos cometidos durante la Guerra Civil. A partir de entonces, el gobierno español siguió con su insistente política en las extradiciones que a partir de 1945 se fijaría como objetivo principal la persecución de los comunistas españoles[112].

VII. La paz europea y el cambio de estrategia franquista

VII. | LA PAZ EUROPEA
| Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIA FRANQUISTA

1. Falangistas y fascistas ante el final de la Segunda Guerra Mundial

1. FALANGISTAS Y FASCISTAS ANTE EL FINAL
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Acabada la Segunda Guerra Mundial, España ofreció asilo a refugiados fascistas y a refugiados franceses colaboracionistas o de ultraderecha que huían de las posibles represalias y depuraciones en Francia. La Delegación Nacional del Servicio Exterior de la Falange fue el organismo encargado de gestionar la acogida de sus amigos franceses. Las milicias de la Falange eran muy eficaces en la organización de ayuda para sus correligionarios. Los delegados del servicio exterior acudieron a los puestos de frontera para socorrer y ayudar a los refugiados. El ministro secretario general del Partido, José Luis Arrese, dictó la orden desde Madrid para actuar en las operaciones de socorro. Los miembros de Ayuda Social también proporcionaban comida y avituallamiento en las poblaciones donde se refugiaban los franceses. El objetivo era dispersar por todo del territorio español a los refugiados que, demasiado concentrados, dificultaban las tareas de asistencia y eran fáciles de localizar.

Se procedió a realizar un censo y una clasificación de los refugiados: los censores ahora se convertían en censados. Se estableció un orden de prioridades para acoger a refugiados siguiendo un criterio de preferencia establecido por la Falange:

Los que pertenecían a la milicia fascista francesa «que ahora pagaba su amor al orden y su fe en la Patria».

Los que eran partidarios del Rassemblement National Populaire (RNP) y del Parti Populaire Français (PPF). Que eran los partidos con milicias fascistas más próximos y colaboradores con la Falange Española en Francia.

Los colaboracionistas con el régimen de Vichy y con los nazis alemanes. Que a su vez eran divididos en tres categorías:

Los que habían colaborado directamente con el régimen de Vichy, nacionalistas franceses y ultraderechistas.

Los que con mayor o menor necesidad habían trabajado abiertamente para los alemanes.

Los que habían ejercido, en beneficio propio, comercio interesado con los alemanes y que huían de Francia temiendo represalias[1].

Para clasificarlos en las categorías anteriores se confeccionó un cuestionario que ayudaba a realizar la selección y a comprobar las fichas personales para determinar la franqueza de cada refugiado. En estos cuestionarios se formulaban preguntas tan directas como a qué partido político pertenecía, cuáles eran sus jefes directos o dirigentes, si habían luchado con la milicia contra el maquis, los nombres de los jefes regionales, de las centurias, escuadras, y un largo etc. de informaciones personales y políticas[2].

Desde España se pretendía recolocar cuanto antes a todos estos refugiados por dos motivos principales: primero, por motivos económicos, ya que era necesario darles un trabajo para que vivieran con recursos propios sin ser una carga añadida para España; el segundo, por la imagen del régimen: igual que pasaba con los refugiados nazis, al régimen no le interesaba mostrar su simpatía para con el bando vencido del Eje ante los aliados occidentales, necesarios para salvar y reconocer a la España franquista.

A partir de noviembre de 1943, coincidiendo con la etapa de Fidel Lapetra al frente de la Jefatura Local y Secretaría Territorial, empezaron a circular rumores de que la Falange proporcionaba armamento a partidos nacionalistas franceses por la negativa de las fuerzas de ocupación alemanas a entregarles armas. Además, actuó y luchó en milicias contra los maquis y resistentes en el sur de Francia. En definitiva, los contactos con agrupaciones francesas partidarias del Nuevo Orden fascista tenían una larga tradición y el Servicio Exterior era el encargado de asegurar estas relaciones[3].

Eduardo y Antonio Aunós, junto con Pedro Abadal, eran los responsables en Francia de la Falange y dependían de las organizaciones de Suiza y Bélgica, según había propuesto el delegado nacional en agosto de 1937, fecha alrededor de la cual se fundó la delegación belga. El grupo español tuvo entre sus fundadores a Graciano Canteli, que contaba con la ayuda de la Legión Nacional francesa y con la del grupo Rex (los rexistas) además de recibir muestras de simpatía de los periódicos La Nation Belge, La Gazette, La Metropole y Le Pays Réel. La sintonía con destacados elementos del nacionalismo belga era manifiesta. Incluso organizaron una visita a España para Léon Degrelle, «huésped de la Falange». Al finalizar la Guerra Civil aparecieron algunos problemas internos, una especie de ajuste de cuentas intramuros, como las acusaciones contra el jefe local de Bruselas ante el Servicio Exterior de haber suministrado víveres al gobierno de la República durante la guerra y de tener contacto con sociedades judías. En mayo empezaba la publicación de un boletín de la Falange en Bélgica y en enero de 1941 cesaba de sus funciones Graciano Canteli, que siguió siendo un personaje muy destacado en la comunidad española en Bélgica dirigiendo el Centro de Beneficencia y la Casa de España; fue sustituido en su cargo por Carlos Folch Girona. En junio de 1944 Rafael Bravo Dunipe sería nombrado inspector extraordinario para el norte y centro de Europa que, más adelante, acabaría como jefe territorial en Bruselas de la Falange[4].

Al compás de los acontecimientos de la Guerra Mundial, la situación se volvía cada vez más difícil; en la primavera de 1944 el jefe falangista se quejaba de que le había resultado imposible insertar propaganda interior española en publicaciones francesas durante los meses de febrero y marzo. En julio de 1944, ante la Liberación de Francia por aliados y resistentes, Lequerica ordenó a los falangistas Jesús Suevos y Mario Peña que se hicieran cargo provisionalmente de la Jefatura en Francia y prepararan la evacuación del territorio para evitar represalias. Lequerica, que estaba en Vichy, huyó el 11 de agosto de 1944 para refugiarse en España. Como encargados de negocios provisionales en la Embajada dejó a Propper de Callejón y a Cristóbal del Castillo[5].

En un interesante informe, Mario Peña contaba con todo lujo de detalles la situación de los franquistas y falangistas en el París liberado, después de que el GPRF prohibiera sus organizaciones y de los partidos análogos a la Falange en Francia. El Partido Popular Francés había sido prohibido y su principal exponente, Jacques Doriot, convocó a los miembros de la Falange para analizar su situación, que pasaba a ser clandestina. En esa reunión, a la que asistió toda la cúpula del partido (el secretario Nacional del PPF, el jefe de Servicios Sindicales, Milicias, Prensa y Propaganda, de la Organización Clandestina para la zona de Francia liberada, el jefe de los Servicios de Información, etc.), se plantearon las claves para el futuro de las organizaciones pro-Eje y de las líneas a seguir para permitir el contacto con la Falange española. Se decidió que Jesús Suevos se quedaría en París a la espera de acontecimientos y se encargaría de la relación entre Doriot, su organización y la Falange. Doriot expuso la necesidad de mantener las relaciones bien estrechas para poder establecer una zona de protección en Francia que ayudara a la seguridad española. Su objetivo era que los españoles pudieran contar con un partido político afín, fuerte y bien organizado para poder sostener la lucha contra el Partido Comunista Francés y las organizaciones de refugiados españoles antifranquistas. Al mismo tiempo, los dos partidos en Francia, según Doriot, tenían que nivelar el equilibrio occidental al lado de Alemania. La realidad fue que Francia había sido liberada y debían, a pesar de mantener la unión, huir de París.

El cuartel general alemán y toda la órbita colaboracionista se instaló en Nancy, ciudad donde debían refugiarse también Mario Peña y los dirigentes de la Falange en Francia. Peña, con ciertas dificultades, pudo huir en el convoy alemán que evacuaba los documentos de la Komandantur de París a Berlín. La ruta que debía seguir era la única que quedaba libre: vía Bruselas. La organización de la Casa de España en Bruselas quedó en manos de Canteli, que pronto revalidaría su condición de presidente, provocando fuertes críticas entre núcleos de residentes españoles contrarios a que fuera dirigida por un miembro de la Falange. Peña, como uno de los encargados del Servicio Exterior, intentó reunirse en Nancy con sus colegas y colaboradores. Acompañado de algún agente, disponiendo de un vehículo alemán y con la ayuda de los informes y consejos del comandante militar nazi, Peña intentó cruzar las líneas de combate a través de Luxemburgo —enclave de combates entre unidades inglesas y maquis belga que intentaban dinamitar la retaguardia alemana—. Al final, tuvo que llegar a Nancy desde Alemania dando la vuelta por el puente del Rin y Estrasburgo. Cuando por fin llegó a su destino, todo el mundo se había batido en retirada y los servicios colaboracionistas y los alemanes habían sido evacuados porque las tropas norteamericanas ocupaban la ciudad. Peña no pudo localizar a Doriot ni a ningún otro responsable del gobierno del mariscal Pétain. La Liberación era una realidad.

Al no poder tampoco llegar a Berlín desde Colonia, decidió volver a Bruselas para refugiarse allí con la colonia española y otros cargos diplomáticos. Llegó cuando las tropas inglesas y canadienses liberaban la ciudad y tuvo que refugiarse en el Consulado español, mientras los colaboracionistas, monárquicos y fascistas eran perseguidos por las calles. A partir de entonces, la vida de todos los falangistas allí refugiados corría peligro. Peña fue acogido por el fundador de la Falange en ese país, Graciano Canteli. Allí ocultó documentación y ficheros provenientes de Francia. También ayudó a falangistas o franquistas a refugiarse en la Casa de España de Bruselas. Sus tareas no fueron agradables pues, además del avance aliado en la guerra, las actividades de los refugiados españoles antifranquistas y los grupos comunistas belgas y españoles, cada vez eran más efectivas y acosaban y perseguían a franquistas y colaboracionistas en el exterior[6].

En un intento de redimir su colaboracionismo, el cónsul español, junto con el de Suiza y Suecia, intentó realizar un «acto de benevolencia» entregando a las autoridades del Ejército belga de Resistencia, un tren militar que llevaba 1500 prisioneros políticos belgas a Alemania. La delegación española hizo de intermediario entre el Embajador alemán y las autoridades belgas para la entrega del convoy. De poco sirvió esta acción, pues bien pronto se sabría que la delegación española protegía a alemanes.

De hecho, España había sido la representante de Alemania en Bélgica y muchas de las gestiones diplomáticas entre ambos países habían sido tramitadas por los representantes españoles. Como nadie había abolido oficialmente (ni desde Asuntos Exteriores ni a través de ningún otro organismo) el pacto hispano-alemán, para las autoridades belgas restablecidas, los españoles eran «oficialmente responsables» de los representantes alemanes.

En resumen, en Bélgica no existía ningún documento oficial español en el que se señalara el abandono por parte española del acuerdo hispano-alemán, ya que carecía de sentido debido a la ocupación alemana de Bélgica, pero al ser liberada el acuerdo recobraba su validez de forma automática. De hacerse público este acuerdo, representaría una prueba más de la colaboración española con el Tercer Reich. Además, el Embajador alemán estaba refugiado con su familia en las dependencias españolas. Los bienes y las personas alemanas estaban de jure bajo protección española y las autoridades de Madrid debían posicionarse rápidamente sobre este asunto. De hecho, Peña fue el encargado directo de abastecer de comida a los representantes nazis hasta que fueron detenidos y conducidos a la prisión de Saint-Gilles[7].

La opinión pública belga, así como la de la colonia de españoles, se hizo eco de todas esas actividades y la prensa empezó a acusar a España y a su gobierno de proteger a nazis y de colaboracionismo. A pesar del carácter oficioso y secreto de las acciones, la prensa y muchos medios políticos desvelaron la actuación española. A partir de ese momento, todos los esfuerzos fueron destinados a «limpiar» la imagen de representantes franquistas y de falangistas ante la opinión pública y las nuevas autoridades belgas. España esperaba ansiosamente la llegada de autoridades inglesas para que mediaran en el conflicto. Una declaración de Franco en la que se comprometía a donar 100 camiones a Bélgica para su reconstrucción fue un «acercamiento» de España. La prensa belga reaccionaba con los siguientes enunciados:

El asesino Franco pretende comprar el silencio del pueblo belga para lo cual habla de enviar alimentos y ropas para la población civil, quizá con objeto de encontrar una compensación a los malos tratos de que han sido objeto, a su paso por España, los ministros belgas del gobierno en Londres, diputados, etc. Por otra parte se trata esto de una fanfarronada española puesto que conocemos perfectamente la catastrófica situación y la miseria en que se encuentra sometido por Franco el pueblo español, que no le permite, de ninguna manera, desprenderse de unas toneladas de víveres que para ellos son necesarios[8].

Debemos recordar que el gobierno de la resistencia belga, refugiado en Londres y que tomaría posesión después de la liberación, recriminó el maltrato recibido por el gobierno español. Principalmente fueron los ministros Pierrelot y Spaack que, antes de refugiarse en Londres, pasaron por España en 1940 huyendo de la ocupación y a su vuelta a Bélgica y ocupar sus cargos denunciaron el maltrato recibido por el gobierno de Franco, hecho que encendió aún más el ánimo antiespañol. Salvando las distancias, pronto se daría en Bélgica un clima de depuración parecido al de Francia.

Los días de la liberación de Bruselas por los aliados resultaron tensos para la Falange. Corrieron rumores de ataques a la sede de la Jefatura Territorial y contra-rumores de defensa armada del edificio por parte de falangistas. Mario Peña fue testigo de aquellos acontecimientos y enalteció la actitud del fundador de la Falange belga, Graciano Canteli, que sería detenido y puesto en libertad más adelante gracias a favores hechos durante la ocupación alemana[9].

Se persiguieron españoles colaboracionistas, se detuvieron a personas implicadas con los nazis, se prepararon listas de elementos que debían ser expulsados del país, etc. Al mismo tiempo resurgieron las actividades de los comités antifascistas españoles, legalizados nuevamente por las autoridades belgas, que desde sus oficinas empezaron a visitar a la población española para captar militantes y descubrir colaboracionistas.

Pronto realizarían algunos asaltos a la Casa de España, donde estaban ubicadas las dependencias del Consulado, la Jefatura de la Falange, la Cámara de Comercio y la Sociedad Española de Beneficencia, entre otras. Los comunistas intentaron asaltar la Casa y los falangistas allí refugiados ofrecieron resistencia apelando a la inmunidad extraterritorial. Dotado de mayor potestad que las asociaciones de refugiados españoles, el Partido Comunista belga también intentó participar en la ocupación. Al final, las tensas relaciones se suavizaron debido al intento ofensivo del ejército alemán en las Ardenas, coletazo que alertó a algunos sectores belgas de que las temeridades alemanas podían aun no haber llegado a su fin. Por eso, la situación de los falangistas españoles refugiados en Bélgica «mejoró» en el transcurso de unos cinco tensos y complicados meses. El respeto a los falangistas pasaba por el respeto internacional hacia el régimen de Franco.

Los servicios de inteligencia ingleses y el Deuxième Bureau francés mandaron encerrar a Canteli en la prisión de Saint-Gilles para interrogarlo sobre las actividades de la Falange y sobre el paradero y las actividades de Mario Peña, buscado por ambos servicios de inteligencia. Canteli estuvo totalmente incomunicado y solamente se le permitía salir un cuarto de hora cada diez días. Se salvó de ser fusilado porque había ayudado al jefe del Servicio de Información belga, llamado Fosti, y éste impidió que lo ajusticiaran. Debemos decir que Canteli y Peña tenían muchos contactos y personas que les estaban agradecidas de alguna manera: el presidente del Senado, el de la Cámara, ministros, senadores, jefes del ejército, sacerdotes, propietarios de industrias, etc. Pero nadie, ni el cónsul español, acudió en ayuda de los dos falangistas. Era un momento demasiado delicado para que cualquier cargo, del tipo que fuere, se posicionase del lado de fascistas. Su salvación tuvo lugar gracias a una estrategia en la gestión de las repatriaciones.

El gobierno belga quería expulsar a todos los españoles «perjudiciales para la vida del país», incluyendo a los refugiados, lo que significaba más del 60 % de la colonia española. Los falangistas aprovecharon esta ocasión para, con mucho tacto, ofrecer sus servicios en las repatriaciones a España. Hubo muchos residentes conservadores y de derechas, así como cargos franquistas que se habían refugiado en Bélgica durante la guerra y consiguieron permanecer en Bruselas. Finalmente, el 10 de abril de 1945, se acordó nombrar como jefe de la Falange a Rafael Bravo Dunipe, refugiado en Madrid, para que recuperase el cargo en Bélgica. Junto a Canteli, ejercería de representante en Bruselas hasta que las relaciones oficiales fueran restituidas. Peña propuso la solución provisional de nombrar a Bravo Dunipe para que sus amistades apaciguaran los ánimos contra el régimen franquista, debiendo «llevar una política de atracción adecuada que permita, con garantía de éxito, la preparación del terreno adecuado para el envío, en su día, de la Embajada oficial»[10].

En abril de 1945, manteniéndose como una de las últimas Falanges del exterior, la Jefatura Territorial de Francia seguía enviando informes sobre la situación política francesa y acerca de las actividades de republicanos residentes en ese país y participaba con los servicios de seguridad del Estado franquista informando sobre el importante tránsito de exiliados en la frontera. Se debe recordar que la máxima afiliación de Falange en Francia llegó a su máxima expansión al final de la Segunda Guerra Mundial, con 5000 socios. Su ilegalidad no impidió la continuidad en sus labores de información[11]. Por ejemplo, elaboró unos valiosos informes muy completos bajo el título «Los últimos días de Vichy» en que los servicios franquistas analizaban la prensa, el traslado de la Embajada española de Vichy a París, los problemas de evacuación del personal y algunas cartas muy interesantes de Pétain y Laval a Lequerica, también a Otto Abetz, sobre la peligrosa y delicada situación de los que habían colaborado con los alemanes[12].

Los contactos policiales entre agentes franceses y españoles en las zonas fronterizas de los Pirineos seguían siendo frecuentes. Por ejemplo, en abril de 1945, en una operación ilegal, un grupo de policías españoles cruzaron la frontera por Bourgmadame hacia Enveitg y asesinaron a un exiliado republicano llamado Ernesto García que trabajaba como agricultor. El asunto se mantuvo en secreto debido a una visita del cónsul español a Perpiñán, escondiendo ciertas impunidades en la frontera.

Las relaciones policiales en la frontera siguieron existiendo a pesar de la victoria aliada. El 5 de mayo del mismo 1945, el inspector francés Maylin, jefe en Le Perthus de los Servicios de Información se entrevistó con el jefe español de policía de La Jonquera para debatir la situación en la frontera. El verano de 1945, los ministros del Interior y de la Guerra intercambiaron correspondencia sobre la actitud de agentes y ciertos prefectos entorno a la colaboración policial con los españoles. Las autoridades políticas dejaban claro que la colaboración y el paso de la frontera no se podían efectuar y ni mucho menos con policías franquistas. El comisario de la prefectura de los Pirineos Orientales afirmaba:

Desde siempre ha habido intercambios y visitas de cortesía entre las autoridades policiales francesas y las españolas y estos encuentros, además de facilitar buenas relaciones de vecindad, ofrecen a sus servicios la posibilidad de obtener información valiosa[13].

Otras colaboraciones se gestionaban por intereses económicos pero siempre bajo un supuesto de negociación. El cónsul francés de Barcelona intercambiaba información en operaciones en Le Perthus para el abastecimiento de agua y luz españolas. Las autoridades españolas recibían a cambio informaciones sobre las actividades francesas y los grupos guerrilleros españoles. Él mismo envió una carta al Ministro remarcando que los contactos con los españoles eran muy importantes, necesarios y poco explotados. El inspector Maylin, aseguraba que «siempre he tenido excelentes relaciones con las autoridades españolas y en particular con el Sr. Manuel Guerrero como colegas que somos», cita textual que defiende la postura francesa de mantener las relaciones policiales, en este caso con el inspector de policía y fronteras Manuel Guerrero Soro[14]. Por tanto, desde las autoridades francesas (M. Leyer como jefe del Estado Mayor del ejército francés), se querían aplicar las disposiciones fronterizas firmadas en diciembre de 1944 sobre las colaboraciones y las restricciones de paso.

Federico Velilla fue otro falangista destacado que trabajó con el Consulado español en París. Ejerció sus actividades políticas a través del Hogar Español, que era la sede de la Falange en París. El decreto galo de asociaciones de 1939 prohibió la Falange de París como tal y el centro fue rebautizado con el nombre de Hogar Español, pero siguió funcionando al servicio de la causa franquista y todos sus entresijos. Estaba situado en el número 11 de la Avda. Marceau, edificio propiedad del gobierno vasco, requisado por los alemanes y entregado a los falangistas. Ese edificio comportaría numerosos conflictos de propiedad entre las autoridades españolas, las francesas y el gobierno vasco en el exilio. Velilla en 1937 había sido fichado por la policía francesa porque envió una carta al prefecto de París en la que sugería que un grupo de amigos suyos [milicias de la Falange] se encargarían de vigilar a los españoles republicanos exiliados residentes en París[15].

La Embajada española le cedió un vehículo parar desplazarse y un despacho para poder trabajar en la sede consular de la avenida Marceau. Las relaciones de las autoridades españolas con Velilla entraron en una fase de colaboración práctica cuando fue nombrado Presidente de la Falange española en Francia en marzo de 1940. Velilla fundó un periódico franquista llamado Presente con el subtítulo «Por la Patria, el Pan y la Justicia», cuyo primer número salió el 5 de octubre de 1940. A partir de ese momento, sus desplazamientos entre París, Vichy y Madrid fueron frecuentes y fecundos: se vivía un período exultante para los miembros y las actividades de la Falange en zona libre y en zona ocupada para el desarrollo de actividades de propaganda y captación de adeptos dentro la colonia española. Su vida social en París, rodeado de españoles partidarios de Franco, se nutría de una intensa actividad política. Su mentor fue Eduardo Aunós Pérez, nombrado por el régimen Embajador en Bruselas por sus grandes servicios a favor de la causa nacional durante la Guerra Civil en Francia y España[16]. Desde entonces, Velilla se convirtió en un elemento clave en la vigilancia e información de la colonia española republicana en Francia. Sus colaboradores estaban entre el personal diplomático y consular, destacando otra vez, al policía Urraca y otros miembros de la esfera falangista.

Tras la liberación de París, las cartas de la Falange y los servicios de Urraca y Lequerica, informes manuscritos, así como la información política y de prensa de París, etc., fueron todos enviados a Madrid[17]. También la correspondencia y los expedientes de represión (Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo) de los años 1943 y 1944, el seguimiento y las listas de implicados, etc. Todo debía ser evacuado ante la entrada de aliados y resistentes en la capital francesa. Velilla participó en dicha «evacuación» documental y de bienes falangistas que en muchos casos tuvo la estación terminal en bancos suizos[18].

Uno de los colaboradores directos e incondicionales de Velilla fue el agente franquista Calderón Font, barcelonés de nacimiento, que desde la sublevación militar de 1936 residió en Francia trabajando a favor del bando rebelde. Calderón, con un visado de periodista, fue el encargado de prensa y propaganda de la sección francesa de la Falange. Trabajaba directamente para las publicaciones El hogar español. Madrid y Fotos. Oficiosamente era el jefe de la prensa franquista en toda Francia. También tenía relación con la delegación de prensa española de París y directamente con el Ministerio de Información que colaboraba en 44 publicaciones en España, como Arriba, El Amanecer, El Español, etc. y firmaba sus artículos en la prensa española con el pseudónimo de Juan Pedro de Luna[19].

Calderón tenía un pasado muy activo. De joven fue un ferviente anarquista, miembro de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Emigró a Francia durante la República donde trabajó en un colmado en París, dirigió un cine en Biarritz, fue corresponsal de la prensa suramericana en Francia, entre otras muchas ocupaciones. En 1936 se volvió un convencido franquista y trabajó con Cambó en la publicación Occident y en la oficina clandestina de los rebeldes en París, con Quiñones de León al frente. Fue el encargado de asegurar las comunicaciones entre París y Burgos durante toda la guerra, convirtiéndose en un agente clave. Durante la ocupación y la Segunda Guerra Mundial, exhibió públicamente su ideología falangista, escribiendo artículos a favor del colaboracionismo con Alemania, incluso renunció a su nacionalidad francesa por «orgullo español» y poder ingresar con pleno derecho en la Falange española, que vivía en Francia los días de su máximo apogeo político.

Casado con una francesa de origen israelita en 1918, la hizo emigrar a España en 1942 para poder ejercer con mayor libertad sus ataques a los judíos con su pluma y sus actividades antisemitas. En esos años trabajó también en la Embajada española en colaboración con Barroso[20]. Después de 1944 tuvo que refugiarse fuera de París y se estableció de forma definitiva en Madrid, no sólo a causa de la liberación, también por el acoso de sus propios compañeros falangistas que, cuando descubrieron su origen anarquista, quisieron requisar sus bienes y propiedades en París. En España trabajó otra vez a las órdenes de Federico Velilla que, desde julio de 1944, también estaba refugiado en Madrid, en una editorial madrileña de libros franceses. Calderón siguió escribiendo durante largo tiempo para el diario falangista Madrid, como supuesto corresponsal en la frontera francesa.

Ambos fueron objeto de nuevas investigaciones policiales a partir de otoño de 1944. La policía francesa quería encontrar pruebas determinantes de la colaboración de ambos con las autoridades alemanas para poder procesarles. También por su pública y reiterada actitud antifrancesa, declarada en los medios de París, en sus periódicos o en sus artículos y reuniones de sociedad: «¡No estamos ya en Francia, ahora París es una ciudad Alemana!», había declarado Velilla en una de las asiduas reuniones falangistas de la parroquia española de la rue de la Pompe.

Una mención especial merece también Carlos Saavedra, marqués de Villalba, falangista, colaborador de Barroso y dedicado al espionaje. Saavedra, residente en el n.º 127 de la avenida Malakoff, de París era dirigente de la Sociedad de Carbonización y Carbones Activos situada en el n.º 50 bis de la calle Lisbonne de la capital francesa. Fue ayudante de Quiñones de León y realizó al final de la Guerra Civil la representación del Servicio de Información del Estado Mayor Español en Francia. También actuó como nexo entre la Falange española de París y los servicios centrales en Madrid y utilizaba el alias «Viana»[21].

El 10 de noviembre de 1941 entró en activo en los servicios franquistas de París. Barroso le entregó una carta de presentación y a título interno se le concedió el cargo de Agregado a la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en Francia, con una retribución anual de 100 000 francos. A pesar de todas sus acciones, un informe policial sobre sus actividades entre los años 1944 y 1946, afirma que Saavedra seguía fiel a su estatus de falangista, citando textualmente, «está por encima de la plebe» y como recompensa por los servicios prestados se le mantuvo como «agregado al Consulado de España en París».

Durante la ocupación tuvo frecuentes relaciones con oficiales del Tercer Reich en París y poseyó un despacho en el Hôtel Lutetia, centro de los servicios de contra-espionaje alemanes. Trabajó junto con el coronel Von Alisch, oficial de ocupación que gestionaba los permisos y la documentación, en los despachos del n.º 86 de la avenida Foch y era amigo de Urraca y Barroso. Fue uno de los agentes más sospechosos de colaboración con los alemanes y también uno de los más peligrosos, como queda reflejado en el informe policial sobre colaboracionistas realizado por los servicios centrales de la policía francesa el 6 de mayo de 1946[22].

Fue uno de los coordinadores de facilitar la entrada de agentes alemanes en España.

Los franceses también lo consideraron un doble miembro del Servicio de Información español y alemán, como había sucedido en otros casos, pero esta vez sin las pruebas necesarias para poder llevarle ante un Tribunal; pero como con tantos otros agentes del cuerpo diplomático español, no fue expulsado de Francia. Tuvo un subordinado directo llamado García Fernández y su expediente policial se mantuvo abierto hasta 1954[23].

Un nuevo informe policial de abril de 1947 dibujaba un perfil más detallado de algunas de las actividades de Velilla y alguno de sus colaboradores:

[…] nos consta que Velilla ha participado junto con Urraca, conocido en nuestros servicios, en el arresto de líderes republicanos españoles refugiados en Francia que serían posteriormente fusilados en España. Así, él condujo personalmente a Lluís Companys, expresidente de la Generalitat de Cataluña, a la frontera española. En su dossier constatamos que en noviembre de 1941 mandó dos cartas al comandante militar de la Plaza de Nantes que cerró con: «Heil Hitler y Larga vida a Franco […]»[24].

No es la única nota policial en la que se acusa a Velilla de conducir a Companys hasta la frontera junto con Urraca. Además, las acusaciones contra Velilla, una vez liberada Francia, lo relacionaban estrechamente con la Gestapo y los alemanes.

Un colaborador suyo, Juan Blázquez[25], también con un expediente policial abierto (el n.º 68 890) fue buscado por la policía y por los republicanos españoles, que querían vengarse de él por haber perseguido y entregado directamente a los alemanes a un importante número de españoles residentes en la capital francesa para deportarlos.

Otro español residente en París, Indalecio González, denunció a Velilla porque su hija desapareció en un viaje de vacaciones a España, organizado por el Hogar Español. Su hija no volvió y tras varios intentos frustrados de averiguar su paradero, le comunicaron que sin una autorización de los alemanes no tenía derecho a reclamar a la pequeña. Incluso Juan Negrín denunció a Velilla por robo, indicando en la denuncia que algunos bienes muebles que le habían robado durante la ocupación se encontraban en el apartamento de Velilla[26].

Otra reveladora información relacionó también a Velilla con un agente económico y financiero suizo. Todas las autoridades diplomáticas españolas en Francia y los agentes más destacados de la Falange y algunos cargos militares, como Barroso, González de Mendoza, Lequerica, Propper de Callejón, Urraca, etc., tuvieron una cuenta bancaria o un administrador financiero en Suiza. No es de extrañar que, durante la Liberación, uno de los primeros destinos de todos ellos fuera el país helvético, donde se realizaron numerosas operaciones bancadas. Esas personas incluso se encargaron de abrir cuentas y gestionar fondos de cargos y políticos españoles[27]. Concretamente, en el caso de Velilla, su gestor económico fue Gastón Gallacchi, nacido en Berna y con despacho en París[28].

Resulta interesante el tema de la evacuación de divisas, y personas, a Suiza. Fueron unos movimientos muy complejos que quedaron reflejados en las informaciones políticas que se mandaron a la Secretaría General del Movimiento en Madrid; hay documentos del Instituto Español de la Moneda que muestran los trapicheos de los falangistas, muchos provenientes de Alemania y Francia, pero también revelan los fondos que se depositaron en Suiza. Al igual que los nazis (el famoso oro nazi en Suiza), aunque en menor medida, algunos cargos franquistas que habían hecho fortuna durante la ocupación depositaron sus fondos en cuentas suizas[29]. El mismo Instituto de la Moneda Española, financiaba los servicios exteriores de la Falange y sus agentes. Muchos coincidían con cargos diplomáticos y se imputaban como gastos ministeriales, otros no y se pagaban con «fondos especiales». Documentos de diferentes años nos indican que en todas las delegaciones exteriores de la Falange, hubo unos presupuestos extraordinarios destinados a sufragar estos fondos[30].

Cuando Barroso dejó de ser agregado militar el 20 de mayo de 1943 —sustituido por González de Mendoza— y pasó a ser segundo jefe del Estado Mayor, pasó primero por el banco en Suiza. Antes de dejar el cargo pidió un visado especial para viajar a Suiza; igual que sus compañeros, había acumulado un buen saldo en los tres años y medio de sus servicios en París[31].

En definitiva, Velilla fue una pieza clave en la trama de represión contra los republicanos españoles y en la gestión de la información y el espionaje entre los alemanes y el gobierno franquista desde Francia. Los informes que Urraca mandaba a la sede central de la Secretaría Exterior de la Falange corroboran las versiones de la policía francesa[32]. El gobierno francés intentó controlar todas esas actuaciones, a veces con éxito, otras no. Pero con el fin de la ocupación y del régimen de Vichy, las actividades camufladas e irregulares de esos agentes políticos dejarían de ser impunes ante la policía y, sobre todo, ante la justicia democrática. El expediente de Velilla en los servicios policiales franceses terminaba con una nota del 9 de octubre de 1951 sobre su muerte, en la que se volvía a hacer referencia a su «gran actividad germanófila durante la ocupación»[33].

2. La aceptación occidental de Franco

2. LA ACEPTACIÓN OCCIDENTAL DE FRANCO

La política exterior que adoptaron los franceses y los norteamericanos al finalizar la Segunda Guerra Mundial para con el régimen de Franco no debe sorprendemos. Durante la Guerra Mundial y hasta finales de los años 40, una serie de motivaciones y el contexto político y económico internacional sentaron las bases de las relaciones que perpetuarían al dictador español en el poder. Todavía no había terminado la guerra cuando en la prensa norteamericana se podían leer frases como la siguiente:

[…] con el hundimiento inminente de Alemania y su destrucción como bastión contra el comunismo, España y Portugal adquieren el papel de barrera contra el comunismo rojo[34].

A partir de 1944, España abrió sus fronteras a miles de nazis, soldados y oficiales alemanes que, intuyendo la derrota, buscaron refugio en el extranjero, donde su vida no corriera peligro. Muchos de ellos fueron acogidos por Franco con toda normalidad[35]. La condición para refugiarse en España era que debían adoptar una nueva identidad española y abandonar la alemana[36], lo que dio lugar a los episodios de la llamada «ruta de las ratas» o «de los monasterios», ya que muchos de ellos fueron acogidos por parroquias y monasterios españoles, incluso se confirieron falsas identidades de clérigos fallecidos. Tal fue el caso del criminal nazi Walter Kutschmann, jefe de la Gestapo en Polonia, que adoptó el nombre de un cura fallecido en Vigo, Ricardo Olmo.

Algunos alemanes se incorporaron a los servicios de información franquistas. España, alegando su «neutralidad» dentro del conflicto mundial una vez más, concedía todas las facilidades a los alemanes que huían de represalias o de tribunales como el de la Seine, el de Roma o de Nüremberg[37]. Precisamente, las disposiciones internacionales obligaron a Franco a repatriar convoyes de refugiados alemanes desde España hasta la frontera alemana.

Todos estos episodios han sido borrados de la historia oficial, pero poco a poco van apareciendo referencias en archivos, en este caso franceses, que demuestran claramente el tránsito de refugiados alemanes hacia España. El 2 de febrero de 1946 se organizó una operación especial y secreta para repatriar un tren con 1250 alemanes desde España, entre los que había una treintena de mujeres y niños. Una comisión formada por Estados Unidos y España acordó la obligación de repatriar a estos refugiados, cuya mayoría eran soldados y miembros del ejército u otras secciones nazis. El director de la Reglamentación de Extranjeros (Pages) y el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores (Bousquet) tuvieron un papel importante en la preparación de la comisión encargada del transporte y la repatriación. Toda la operación fue supervisada por un miembro de la Embajada inglesa, uno de Estados Unidos, dos oficiales norteamericanos y dos encargados de la Societé Nationale des Chemins de Fer (SNCF) francesa. Se dispusieron 30 vagones de mercancías e intervinieron más de 300 agentes franceses. Desde Hendaya, el jefe de los Servicios de Información, colaboró con el jefe de la Guardia Civil que dirigía el convoy para la confección de listas nominales y la información referente a los repatriados. Esta operación fue un ejemplo más de las múltiples cuestiones en que España estaba implicada en política internacional[38]. Mientras tanto, de fronteras hacia dentro y camuflando la acogida de nazis, la radio española continuaba haciendo propaganda con la difusión de los discursos propagandísticos de Goebbels. Desde una emisora en Valladolid el 4 de febrero de 1945, cuando los rusos estaban a las puertas de Berlín, emitía las siguientes palabras de esperanza:

[…] los alemanes preparan un golpe formidable para detener el avance ruso. Actualmente ocupan posiciones desde las cuales pueden esperar el momento para atacar […] España y el generalísimo Franco y Alemania son los dos países europeos que aun poseen energía vital […]. La gran confianza marcada en los discursos de Goebbels se explica a través de los acontecimientos militares… Alemania, segura de su destino, está dispuesta a salvarse a sí misma y a salvar Europa[39].

Las ilusiones de Goebbels no eran fruto de su ignorancia sino que pretendía desesperadamente presentar al ejército alemán todavía capaz de hacer frente a los rusos. En el fondo, se trataba de una utópica intención de convencer a los aliados anglo-americanos de que aún era factible una unión con Alemania para combatir la URSS bolchevique y salvar a la «civilización occidental». Muchos son los hechos que explican la evolución de la «cuestión española» desde el final de la Guerra Mundial. En el momento de la capitulación de Alemania, la posición de Franco parecía desesperada y su régimen condenado. A pesar de las simpatías que tenía y el apoyo que recibía de Londres y Washington, todo parecía indicar que pronto se confirmarían sus temores de que una victoria británica rompería el cristal de todas las dictaduras europeas, incluyendo la franquista.

La conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada en septiembre y octubre de 1944, sentaría las bases del futuro organismo de las Naciones Unidas, también la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, dejó bien claro que la ilusión de Franco de convertirse en el «centinela de occidente» y tener un rol en la organización del mundo de la posguerra mundial, era una mera fantasía política. Los verdaderos sentimientos norteamericanos hacia la España franquista fueron expresados en una carta que el presidente Roosevelt dirigió al Embajador de su país en Madrid, el Sr. Armour:

Nosotros no olvidaremos nunca la posición oficial de España respecto a nuestros enemigos del Eje, ni tampoco la ayuda que les dio en los momentos en que las posibilidades de la guerra nos eran menos favorables. No podemos tampoco ignorar sus actividades, la finalidad, la organización y las declaraciones públicas de la Falange, tanto en el pasado, como en el presente. Los recuerdos no pueden ser borrados por actos actuales más favorables, ahora, respecto a nosotros, que estamos a punto de conseguir la victoria completa sobre los enemigos con los cuales se ha identificado en el pasado el régimen español actual, no tan solo espiritualmente, sino también con sus actitudes y actos públicos[40].

Al contrario que Churchill, el presidente Roosevelt no estaba, de ninguna manera, dispuesto a olvidar el pasado, ni tampoco a dejarse seducir por las astucias de Franco y sus diplomáticos más sibilinos. En términos generales, el juicio que manifestaba sobre los acontecimientos era más coherente que el del primer ministro británico. Roosevelt, en efecto, no se tomó seriamente los «servicios» prestados por Franco a los aliados cuando la guerra ya estaba decidida y su actitud no lo perjudicaría ante los alemanes. El presidente norteamericano, en la misma carta seguía así:

El hecho de que nuestro gobierno mantenga relaciones diplomáticas con el régimen español actual, no ha de ser interpretado por nadie como una aprobación de este régimen y su único partido, la Falange, la cual ha sido abiertamente hostil a Estados Unidos y ha buscado la manera de expandir al hemisferio occidental sus ideas fascistas. Nuestra victoria sobre Alemania arrastrará el exterminio de la ideología nazi y de otras similares […]. Aun reconociendo que la elección de un gobierno español corresponde, únicamente, al pueblo español, no veo lugar en la comunidad de Naciones Unidas para un gobierno que, como el español, está fundado en principios fascistas[41].

Roosevelt falleció en abril de 1945 y no podemos evaluar el alcance de sus declaraciones en referencia al régimen de Franco. A pesar de que su firme política hacia España y el franquismo no fue compartida por sus sucesores, mucho más pragmáticos y anticomunistas que él, durante los primeros años de posguerra, Estados Unidos no apoyó oficialmente la permanencia de Franco en el poder, si lo hizo fue de forma oficiosa y secreta. El 12 de abril de 1945, un informe reservado de Carrero Blanco corroboraba las estrategias políticas para lograr la supervivencia del régimen mediante un alineamiento con las potencias occidentales:

Nuestra posición es, pues, francamente sólida y puede sintetizarse en estos dos aspectos: Inglaterra y Estados Unidos nos necesitan, conjuntamente, para luchar contra el imperialismo ruso. Inglaterra y Estados Unidos se disputan nuestra amistad con vistas al futuro, cuando, desaparecido el peligro ruso, sus intereses se encuentren frente a frente[42].

En otro informe reservado, esta vez enviado a Franco después de la victoria absoluta de los aliados, Carrero subrayaba al Caudillo que sólo había que contar con tres armas para defender al régimen en la nueva fase post-bélica:

No tenemos más que tres, pero serán eficaces si se las maneja con habilidad: nuestro catolicismo, nuestro anticomunismo y nuestra posición geográfica […] de momento y con urgencia es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene esgrimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible[43].

Las recomendaciones de Carrero Blanco eran muy acertadas porque, efectivamente, el triunfo aliado en Europa sería el punto de partida del esperado purgatorio para el régimen franquista en el plano internacional, a pesar de las precipitadas operaciones de cosmética neutralista y constitucional desplegadas por el Caudillo. Ese purgatorio, que fue muy relativo, empezó oficialmente el 19 de junio de 1945 en la conferencia fundacional de Naciones Unidas en San Francisco y que podemos analizar en políticas oficiales hasta la aceptación de España en la UNESCO en 1953. El ostracismo diplomático empezó oficialmente, pero siguió trabajando oficiosamente en esas operaciones de maquillaje y cosmética occidentalistas[44].

En la Conferencia de Paz de San Francisco, celebrada en junio de 1945 prevaleció y se adoptó el punto de vista de Roosevelt. Allí se decidió, refiriéndose particularmente a España, que ningún país cuyo gobierno hubiera sido instaurado con la ayuda militar de las potencias del Eje podía ser admitido en la organización de Naciones Unidas. El golpe de gracia al régimen español parecía haber sido posible gracias, en parte, al triunfo de los laboristas británicos en las elecciones de junio de 1945. Los laboristas habían basado toda su campaña electoral contra la política de Churchill en referencia a España y Grecia, prometiendo a sus electores que, un golpe en el poder, restablecería las democracias en esos dos países. Igualmente, en la declaración de la conferencia de Potsdam, el 2 de agosto de 1945, los vencedores de la guerra proclamaron que no apoyarían la candidatura del gobierno español en Naciones Unidas. Los motivos que alegaban eran que España estaba dirigida por un gobierno establecido con la ayuda del Eje y que, a causa de sus orígenes, de su naturaleza y de su estrecha relación y asociación con los países agresores, no cumplía los requisitos necesarios para formar parte del organismo internacional. Así pues, el 9 de febrero de 1946, la Asamblea de Naciones Unidas adoptaba una resolución en la que se recomendaba a todos los miembros que se adhirieran al espíritu de Potsdam y San Francisco para votar contra la aceptación de España; y el comunicado añadía:

La Asamblea General de la ONU está convencida de que el gobierno del general Franco, impuesto por la fuerza de las armas, no representa al pueblo español y, por tanto, no permite la participación de éste en los asuntos internacionales […][45].

La exclusión de España de los organismos internacionales obtuvo su máxima aplicación jurídica el 12 de diciembre de 1946 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución donde se recomendaba a sus miembros retirar a los embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid. También invitaba a excluir al gobierno español de todos los organismos establecidos por la ONU o anexos a ella. Así pues, según estas resoluciones y las diferentes conferencias de paz, las declaraciones de intenciones, colocaban a España en el banco de los acusados ante la humanidad después de la victoria aliada.

El 11 de agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, telegrafió unas instrucciones muy precisas, dictadas por el propio Franco, para afrontar el período de aislamiento formal una vez resuelta la conferencia de Potsdam y retirados los embajadores:

No admita, en lo posible, injerencia en asuntos interiores de España, diciendo ser cosa nuestra.

Haga ver nuestro Régimen es de constitución abierta evolutiva en constante perfeccionamiento alejado de su base de partida por conveniencia pueblo y enteramente susceptible de acomodarse futura estructura España.

Acentúe postura simpatía para sentido social partido laborista que no causa aprensión sino en reducida zona capitalista, pero encuentra compresión masa popular española que forma base del Régimen.

Subraye progresiva importancia labor Cortes y su futura evolución carácter representativo, así como nueva Ley Municipal, que da base democrática Ayuntamientos y Diputaciones.

Exprese dolor país injusta calificación declaración de Potsdam, que supone ignorancia situación real española.

Asegure propósitos pacíficos España sincera colaboración amistad inglesa[46].

Detrás de Potsdam y las estrategias de Franco hubo muchas contradicciones entre las declaraciones y las verdaderas intenciones. Pero Potsdam estuvo marcada por la creciente crisis de bloques con la URSS (Molotov criticó en la conferencia las dictaduras española y argentina) y así, el anticomunismo de Franco fue tejiendo sus pequeñas alianzas, aunque como muy bien expresó un editorial de Le Monde «con alfilerazos no se mata al toro», en referencia a la retirada de embajadores en diciembre de 1946 ante la resolución de la Asamblea General de la ONU[47].

Sin entrar demasiado en el mundo político del exilio sí que debemos decir que el impacto de la victoria aliada resucitó a los órganos constitucionales de la República, pero no evitó la batalla política y las diferencias entorno a la reunión de las Cortes, lo que agudizaba la crisis para el gobierno en el exilio, aunque se vio reforzado por un halo de luz en la resolución de la ONU de 1946, ésta fue una victoria pírrica[48]. La realidad fue que tanto norteamericanos como ingleses, y posteriormente franceses, no estaban verdaderamente dispuestos a romper las relaciones con la España de Franco. Y mucho menos lo estaban a provocar un cambio político, cualquiera que fuera, en el sí de su régimen político. Si se asociaron a la condena solemne fue solo contra sus propias intenciones, presionados por la opinión pública y, en muchos casos, por el triunfo político de las izquierdas en la primera posguerra.

Mientras tanto, en Londres y Washington había una campaña a favor del Caudillo en marcha. En cierto modo, desde allí se siguieron las líneas trazadas por Madrid para presentar a España como no fascista, cuyo régimen no había sido impuesto por las armas y que no debía su existencia a las potencias del Eje. El objetivo de esta campaña era preparar el camino moral para la rehabilitación de la España franquista. Casi de forma simultánea, aparecieron en Londres y Washington las memorias de sir Samuel Hoare, embajador inglés en Madrid de 1940 a 1945 y las de Carlton Hayes, embajador norteamericano en Madrid de 1942 a 1945. Las obras aparecieron en 1946 y en 1945 respectivamente y fueron «casualmente» dos textos ciertamente cínicos y astutos a favor del dictador español. Son dos ejemplos más de la política fáctica del reconocimiento de Franco y la confluencia de intereses diplomáticos, políticos y económicos.

Hoare, aun atacando a Franco por su política proalemana, presentaba su propio testimonio del lado del dictador por el lazo que los había unido durante su estancia en Madrid: asegurar la permanencia de España fuera del conflicto internacional. El texto analizaba el éxito de su misión diplomática, que consistía en haber impedido que España entrase en la guerra. Sabemos que el embajador inglés contribuyó a dicho fin, pero también sabemos que Franco tenía muy claro que no quería ni podía materialmente entrar en guerra. Además, sobre todo a partir de 1943, Hoare dio ciertas garantías a Franco si sabía jugar bien su doble juego con los países anglosajones en detrimento de sus relaciones con el Eje[49]. A los alemanes tampoco les interesó que España entrara en guerra, pues tenían sus pactos prioritarios con Vichy sobre algunas pretensiones de anexión territoriales. Para Hitler, España fue un campo de pruebas durante la Guerra Civil, por eso sabían perfectamente que no se podía modernizar el obsoleto ejército español sin un coste económico demasiado importante para el beneficio que podían obtener de la entrada de las tropas españolas a su favor[50].

Para Hayes, que creía sinceramente en la neutralidad de Franco, la política española para con los nazis respondía a un plan de astucia diplomática. Según Hayes, Franco no emprendió ninguna acción contra los aliados que no fuese estrictamente necesaria para poder asegurarse a cambio la indulgencia de Hitler respecto a España, manteniendo la posición de «país no beligerante». Hayes calificaba a Franco de «amigo» de Estados Unidos; llegó a insinuar que España no era un país fascista y que la ayuda de Alemania e Italia a su bando durante la Guerra Civil había sido ampliamente exagerada. Hayes parecía haber olvidado las palabras que en 1943 le había dirigido en una carta al general Jordana, alegando infinidad de hechos que justificaban la opinión de las potencias occidentales sobre que España era un país fascista, cuyo régimen era idéntico al del fascismo italiano y el nazismo alemán. Jordana fue cesado como Ministro de Exteriores para ser sustituido por Martín de Artajo, personaje que concedió la apertura diplomática al régimen franquista para propiciar un clima de aceptación internacional durante la posguerra[51]. Por su parte, sabemos que antes del fin de la guerra, Mussolini y Hitler evaluaron su ayuda a España durante la Guerra Civil en tres mil millones de Liras italianas y tres mil millones de marcos respectivamente[52].

En el caso de Hayes, el cambio de intereses, manipulando la realidad, responde a aquella aceptación moral del régimen franquista de cara a la opinión pública, necesaria, por otra parte, para legitimar las relaciones comerciales y de interés económico. Las grandes empresas norteamericanas tuvieron una acción directa en la concesión de líneas aéreas, en la construcción del aeropuerto de Barajas, en la concesión de petróleo y la construcción de una refinería con importantes depósitos en Las Canarias, la concesión y construcción de las líneas telefónicas, etc. Dichas concesiones fueron otorgadas por Franco a los americanos en un intercambio de favores.

El gobierno franquista vio muy pronto que le interesaba cambiar de aliados para asegurarse su supervivencia. Pronto se dio cuenta de que la guerra, sobre todo a partir de la batalla de Stalingrado, tomaba otro rumbo y empezaba a ir mal para sus amigos de Roma y Berlín. En 1944, la gasolina ya la enviaba Estados Unidos y Franco empezó a mostrarse muy complaciente con los norteamericanos. A tal fin, empezó a redistribuir su red diplomática para hacer de Estados Unidos su nuevo protector. Su anticipada previsión para cambiar de bando llegó a todos los círculos diplomáticos aliados. Como iremos analizando, la red diplomática de la posguerra, junto con los Servicios Interiores y Exteriores de Información, fueron configurando el nuevo marco de contactos para asegurar la continuidad y la aceptación internacional del régimen. Paralelamente, se reforzaban como las armas represivas que habían sido desde 1936. El exembajador Hayes concluía en su libro:

España es un puente cómodo a través del cual nuestras fuerzas armadas podrán penetrar en Europa en caso de necesidad. España y los españoles, sea cual sea su forma de gobierno, pueden ser muy útiles a los intereses norteamericanos, tanto hoy como mañana […].[53]

Otra visión norteamericana fue reflejada en el órgano de prensa de las fuerzas armadas norteamericanas en Europa Star and Stripes. Esta publicación sostenía que la política anglosajona respecto a España estaba basada en la imposibilidad de reemplazar el régimen de Franco. Esta versión coincidía también con la del exembajador inglés Hoare, que estaba convencido de que el gobierno de Franco no podía hundirse porque no existía ninguna posibilidad de que algún gobierno de izquierdas pudiera sucederlo con estabilidad sin provocar desórdenes, caos y luchas internas. En cualquier caso, finalizada la Segunda Guerra Mundial, tanto en Londres como en Washington persistió la opinión generalizada de que Franco era insustituible. Como hemos visto, en cierto modo, el gobierno franquista estuvo apoyado durante la contienda internacional debido, principalmente, al pacto de no intervención y a políticas bilaterales de algunos agentes diplomáticos en nombre de gobiernos occidentales, sobre todo, ante las posiciones anticomunistas que tomaban las relaciones internacionales. Debían evitar crisis internas en España, sobre todo, para impedir el resurgimiento de los partidos comunistas o de pactos paralelos al Frente Popular. Un telegrama de la agencia norteamericana Associated Press resumía perfectamente la posición anticomunista del Departamento de Estado en Washington:

De momento, el Departamento de Estado busca el modo de fijar las consecuencias que tendría la caída de Franco y la posibilidad del advenimiento del comunismo en España y, en este sentido, la lucha contra el comunismo ha de pesar en la balanza más que la hostilidad de la opinión pública norteamericana respecto a Franco […][54].

El gobierno norteamericano, sin muchas divagaciones, determinó en dos puntos fundamentales su política hacia España: la prioridad máxima de la lucha contra el comunismo y que la España franquista podía y debía participar en el «sistema atlántico». Desde entonces, toda la política atlántica y su gran influencia en el mundo occidental estuvieron dominadas por la necesidad de cooperar con España. La cooperación conduciría al apoyo moral y financiero de Franco en el poder, por el peso geoestratégico de la península Ibérica, por la cruzada anticomunista del régimen y otros muchos factores. El desenlace, años más tarde, sería la aceptación de España en Naciones Unidas. Los esfuerzos públicos y formales de Estados Unidos y Gran Bretaña se mantenían fieles a la resolución condenatoria de febrero de 1946. Pero, de facto, sus estrategias oficiosas tendían constantemente a no aplicar dicha resolución.

La primera iniciativa oficial de anulación de la resolución de la ONU sobre el llamado «caso español» la tomó el general Marshall en octubre de 1948 desde su cargo de secretario de Estado; éste intervino a favor de España en una reunión general de la Asamblea en París, defendiendo la aceptación española en la organización. Sus homólogos francés —Schuman— y británico —Bevin— no rebatieron la postura de Marshall. Debemos situar en 1948 el punto álgido de colaboración occidental con el gobierno franquista. Ese mismo año, una comisión militar norteamericana encabezada por el senador y presidente de la comisión de las fuerzas armadas del Congreso, Chan Gurney, viajó a Madrid para entrevistarse con Franco y el general Vigón para normalizar las relaciones con su país. Cuando Gurney volvió de Madrid, declaró que era necesario aceptar a España en Naciones Unidas. En su informe concluía:

Todos los que resisten al comunismo han de ver el interés que existe para provocar el ingreso de España en Naciones Unidas […][55].

Por otro lado, las visitas a Franco de parlamentarios, militares, banqueros y hombres de negocios norteamericanos eran muy frecuentes. Concretamente, los americanos querían que España entrara en el pacto Atlántico para poder explotar bajo la legalidad internacional sus bases militares y otros pactos preestablecidos. En el Libro Blanco sobre el Pacto Atlántico, publicado por el Departamento de Estado en 1949, se citaba que la participación de España y de Alemania, no se veían como posibilidades remotas. El problema se planteaba ante la duda moral del resto de los Estados participantes en el Pacto. No veían políticamente correcta la aceptación de Franco en las instituciones internacionales democráticas. La oficialidad de España tendría que esperar aún unos años. Los anglosajones debían ir con pies de plomo porque la presión de la opinión pública internacional y dentro de cada estado occidental era muy fuerte. No se atrevieron a revocar la resolución de 1946 en solitario, sobre todo sin el consentimiento de Francia. Pero, por otro lado, hacía años que se habían procurado su éxito mediante colaboraciones y pactos políticos y comerciales[56].

Tampoco debemos ignorar el papel del Caudillo a la hora de presentar la posible «democratización» de España. Un cambio de orientación política, sólo a nivel formal, facilitaría su reconocimiento oficial ante las democracias occidentales. A nivel diplomático, éstas no cesaban de aconsejar a Franco que cediese y colaborase en mejorar su país con la garantía de mayores libertades públicas y políticas y que rebajara la dosis represiva del régimen. El dictador, fiel a sus intereses doctrinarios, estaba convencido de que a España le correspondía por derecho un lugar de honor en la comunidad Atlántica. Según Franco, poca cosa había cambiado: él estaba con Hitler y Mussolini cuando ellos «defendían Europa» del bolchevismo, y después ofrecía la cooperación a aquéllos que los sustituyeron en aquel «noble combate» anticomunista. En efecto, Franco llegó a reclamar la paternidad de ideas tales como la Unión Europea y el Pacto Atlántico.

El 22 de marzo de 1949, desde Madrid se difundía que la idea del Pacto Atlántico era de Franco, recordando la carta del 18 de octubre de 1944 a Churchill, en la que el Caudillo invitaba a las naciones occidentales a «tirar por la borda los prejuicios y reforzar la solidaridad continental»; además, Martín Artajo, en octubre de 1949 también declaraba:

Vemos que la mayoría de la opinión mundial llega a lo mismo, si bien no quiere reconocer explícitamente que se adhiere a una línea ideológica mantenida desde hace trece años en España […] Franco declaró al Sr. Churchill y a sir Samuel Hoare que el verdadero peligro era la URSS victoriosa en Europa[57]…

En la carta que el 18 de octubre Franco mandó a Churchill, el dictador se esforzó en remarcar claramente que:

[…] destruida Alemania, a Inglaterra sólo le quedará en Europa España. Nuestra amistad recíproca es deseable[58].

A partir de esta declaración de intenciones, las relaciones norteamericanas y británicas con España experimentaron, desde 1944, un ascenso interesadamente comercial, geoestratégico y explícitamente anticomunista. La lucha oficiosa de Franco al lado de las potencias occidentales contra el bloque soviético terminó de cuajar con la participación de Francia en ese juego de falseadas relaciones. Sobre todo, a partir de la reapertura de la frontera pirenaica en 1948. De alguna forma, la aceptación de Franco por parte occidental abría la Guerra Fría.

3. La actitud de Francia: pragmatismo frente a ideología

3. LA ACTITUD DE FRANCIA: PRAGMATISMO FRENTE A IDEOLOGÍA

La formación del Comité Francés de la Liberación Nacional (CFLN) tuvo lugar bajo la autoridad de De Gaulle el 3 de julio de 1943. René Massigli fue nombrado comisario para los Asuntos Exteriores y en noviembre se creó una Asamblea Consultiva provisional. Todo ello comportó una revisión de la política hacia España en relación a los principios democráticos a través de la delegación del CFLN en España. Allí, Jacques Truelle tomó la responsabilidad de establecer relaciones. Lequerica salió de la Embajada en París el 11 de agosto —tras la noticia de la muerte de Jordana— y dejó a Arcos como encargado. A partir de ese momento, aplicó sus estrategias diplomáticas a la política económica y encaminó su carrera hacia el cargo de ministro casi de inmediato[59].

José Antonio Sangroniz ocupó funciones en Argel, lo que implicó un establecimiento oficioso de facto del CFLN, aunque la legalidad todavía la representaba Vichy. El nombramiento de Lequerica como Ministro de Exteriores en el Palacio de Santa Cruz el 11 de agosto de 1944, significó claramente una continuidad y un claro inmovilismo ideológico del régimen franquista. Aun así, y conociendo sus actividades a favor de los alemanes —ampliamente descritas en este trabajo— Franco buscó la forma de romper las relaciones diplomáticas con Vichy de manera sutil y poco formal. Mientras tanto, permitió que el 27 de agosto, el delegado del CFLN, Truelle, se instalara en la Embajada de Francia en Madrid[60].

España, en el contexto de sus relaciones con Francia, no supo muy bien cómo reaccionar ante los resultados militares de comienzos del verano de 1944. La diplomacia española esperaba el desarrollo de los acontecimientos para saber cómo y con quién debía profundizar en sus relaciones. Los contactos con el Gobierno Provisional de la República Francesa (GPRF) en Argel y Londres estaban interrumpidos.

Sólo podemos destacar un movimiento en la línea franquista más fiel: la entrega de 38 franceses detenidos en la frontera de Canfranc y entregados en Francia a la Gestapo por la policía española. El GPRF, en palabras de su encargado de relaciones con España, Jacques Truelle, protestó enérgicamente. Durante el mes de agosto, y con la presión de la Liberación, la situación evolucionó considerablemente. El punto clave fue la muerte de Jordana el 3 de agosto a causa de una angina de pecho. Franco escogió urgentemente a Lequerica para el puesto. La sorpresa de los aliados y de Truelle fue considerable, todo el mundo esperaba a una persona más abierta y menos implicada en el colaboracionismo alemán. La poca predisposición española para mejorar relaciones con tal decisión en exteriores no fue del todo bien recibida.

La primera entrevista de Lequerica fue con su amigo Piétri y el primero le confesó que el mismo día de la muerte de Jordana, Franco le llamó para el puesto. Franco nombraba a los cargos según su simpatía y confianza personal sin tener en cuenta el pasado ni las interpretaciones en un cargo tan importante en esos días; Lequerica sería, sobre todo, un fiel servidor que cumpliría al pie de la letra las órdenes del Caudillo. Además de sus preferencias, Franco quería demostrar que él mandaba en el Estado español y que sus nombramientos no debían responder a presiones extranjeras[61]. Los cambios no tardarían en sucederse en el marco de la política exterior española. El 21 de agosto Piétri anunció a Lequerica que abandonaba su puesto y tres días más tarde, el representante del GPRF, se reunía en San Sebastián con Lequerica; Pétain era relegado y la Embajada de Vichy quedaba en suspense. Lequerica tuvo que prometer una «nueva actitud» de España ante los aliados y los nuevos representantes franceses.

Como ministro, Lequerica también impulsaba una política de alejamiento frente al Eje defendiendo el papel de España y el suyo propio como mediadores de las posibles fricciones entre Estados Unidos y los países de América Latina[62]. Los frutos no tardarían en llegar, una buena foto, recuperada por M. Jesús Cava, simbolizó ya el 2 de diciembre de 1944 el primer convenio aéreo con Estados Unidos[63]. El 25 de agosto, Truelle fue reconocido como el único representante de Francia en España y los periódicos falangistas, como Arriba, cambiaron totalmente sus actitudes publicando incluso fotos elogiosas del general De Gaulle, descrito como un «hombre de derechas, católico y defensor del orden»[64].

A pesar de las buenas palabras y los gestos cordiales, los nuevos representantes de Francia, emitieron una nota al gobierno español en la que condicionaban sus relaciones diplomáticas al restablecimiento del status internacional de Tánger, la restauración de la posición de Francia en la zona, la entrega inmediata de los edificios militares franceses en España, la liberación de todos los franceses presos en España por motivos políticos, la aceptación de vuelo de aviones civiles franceses sobre España, etc. La nota iba acompañada de una breve memoria sobre las relaciones y la posición de España desde 1940, en referencia a los Alemanes y al Eje, el papel del propio Lequerica en el armisticio franco-alemán, la no-beligerancia española, la anexión de Tánger, la campaña de prensa antifrancesa, los tratos y represión política contra los presos y evadidos, etc. La lista era larga y Francia quería mostrar sus nuevas cartas para negociar. Según Truelle, Francia recuperaba, gracias a los sucesos de la guerra y el prestigio de De Gaulle, una posición de fuerza, que no había sido tan privilegiada desde 1918, respecto a sus relaciones con España[65].

Por designios de De Gaulle, Francia no utilizó la política exterior con la fuerza que podía hacia el régimen de Franco. Una política de espera, de no intervención unilateral hacia el régimen franquista dejó en suspense un tiempo la acción diplomática con España. Más tarde, cuando se constituyó el gobierno de la Cuarta República, se tomaron decisiones más contundentes. Las relaciones habían sido marcadas por los sucesos políticos durante cuatro años. Si bien se podía considerar como un paréntesis anormal, el peso de la guerra y el fascismo del régimen español no permitieron normalizar un gran número de cuestiones pendientes hasta algunos años más tarde. De hecho, Francia fue el país occidental que más prodigó la exclusión de España en la Sociedad de Naciones y que más enérgicamente condenó al régimen franquista.

El país vecino salía de la Liberación en un ambiente de amplia resistencia al fascismo interno (Vichy) y externo (nazi, italiano, español). Abanderando los valores democráticos, actuó de forma contundente y cerró la frontera con España en 1946. Además, propuso una moción de censura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para aislar al régimen franquista de todo reconocimiento para obligarlo a dimitir.

En un principio, entre 1946 y 1948, esta actitud provocó un gran deterioro de las relaciones hispano-francesas. Lógicamente, la sociedad francesa salía de una ocupación militar alemana y de un régimen colaboracionista y fascista como el de Pétain y sus ministros. Por otro lado, la Francia de la Resistencia dio cobijo a los republicanos españoles, muchos integrantes voluntarios de las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), que lucharon en acciones de maquis y guerrilla contra los alemanes. Francia, además, conocía la política de asilo y acogida de España en relación a muchos nazis y colaboracionistas en su territorio. Por su parte, España creía que Francia dejaba impune la actividad guerrillera y antifranquista, que empezaría a ser especialmente activa a partir de 1944 y hasta 1948.

La Asamblea Consultiva francesa, que tenía la misión de restaurar la República y convocar con idéntica finalidad una Asamblea Constituyente, todavía bicéfala entre Argel y París, mostró abiertamente una hostilidad hacia Franco que plasmó el 31 de mayo de 1945 a través del acuerdo de la Comisión de Asuntos Exteriores, presidida por Vincent Auriol, la cual, aprobaba por unanimidad, la actuación conjunta con los Aliados e invitaba a Franco a abandonar el poder. La resolución añadía el supuesto de que Franco sería substituido por un gobierno formado por la agrupación de partidos demócratas de todo tipo y tendencias, encargados de convocar elecciones libres y democráticas. La Comisión también pedía que, en el caso de fracasar en la propuesta, se rompieran las relaciones diplomáticas de la República francesa con Franco[66].

A pesar de todo, se mantuvieron algunas relaciones bilaterales, como la firma de un tratado estrictamente comercial bajo el nombre de Acuerdo Comercial de San Sebastián de 15 de septiembre de 1945. El acuerdo concedía amplias ventajas a Francia, sobre todo en el campo de importación de materias primas y de abastecimiento. Para España podía suponer un primer beneficio político y diplomático. Al final, el acuerdo no se aplicó de forma eficaz y fracasó a pesar de representar un beneficio económico para ambos países.

Desde enero de 1945, España intentó normalizar las relaciones con Francia. El primer paso fue una reestructuración diplomática más acorde con el período de posguerra mundial y victoria aliada. El gesto más hábil del gobierno de Franco fue apartar al astuto Félix de Lequerica del escenario europeo. Sobre él pesaban todos sus actos colaboracionistas y represores con Vichy y los alemanes. Su destino definitivo fue mucho más estratégico: Washington, donde desarrollaría una importante función diplomática a favor de los intereses comunes entre España y Estados Unidos, principalmente en temas de anticomunismo y geoestrategia. Más adelante, otro personaje clave para la gestión diplomática de Franco, fue enviado a Washington como agregado militar: González de Mendoza, que había vivido en París y Berna y que ahora ayudaría a recomponer poco a poco la imagen del régimen franquista ante la nueva potencia norteamericana[67].

Por su parte, Francia intentaba marcar una línea clara de la política que debía seguir para con España. El mismo De Gaulle, en el papel de George Bidault —nuevo ministro de Exteriores— en varias declaraciones y ruedas de prensa tomó la palabra en nombre de su gobierno invitando a España a unirse a «la vía democrática», la única donde los dos países podían «realmente encontrarse y caminar juntos»[68] pero justificando las relaciones mantenidas anteriormente como un interés real que «un gran Estado debe llevar con su vecino, ligado a éste por la historia».

Desde bien pronto, para Francia, la coyuntura diplomática tuvo una doble estrategia. Por un lado, aprovecharse de la buena voluntad del poder para poner fin a la situación de excepción que agravaba su delicada relación en Europa y en África con España. Francia quería aprovechar la precariedad española al mismo tiempo que aprovechaba las corrientes de opinión pública y política para exigir la solución de unos cuantos temas pendientes. Su estrategia inicial tenía dos vertientes: la internacional, que pretendía restablecer el estatus internacional de Tánger y restaurar la posición preeminente de Francia; y la bilateral, terminar con las reivindicaciones españolas en África del norte, evacuar a los guardias civiles de Andorra, admitir la expulsión de los refugiados pronazis, liberar a los detenidos de nacionalidad francesa, autorizar el vuelo sobre el espacio aéreo español para aviación civil, liberar vehículos, aviones y otros materiales franceses inmovilizados en España y recuperar la convención diplomática de 1862[69].

La política realista de los encargados de asuntos exteriores de Francia se debatía entre la espera, que dependía en gran parte de la unidad del exilio y su capacidad de actuación para presentar una alternativa política a Franco, y el realismo de aceptar que la caída del régimen no sería tan inminente como se esperaba en muchos sectores; una última condición fue la de acordar la completa soberanía nacional a Francia sobre el trato y gestión de los refugiados republicanos[70].

El rol de Miguel Mateu i Pla

El 15 de septiembre del mismo año, el gobierno franquista reconoció oficiosamente el reinstaurado poder republicano francés y propuso a Miguel Mateu como embajador en París. La actuación no se concretó hasta finales de año dado que el mutuo interés por mantener buenas relaciones no pasaba de meras intenciones. España esperó a la legitimación del gobierno de De Gaulle por parte de los anglosajones antes de mover ficha y preparar la apertura occidental. Por parte francesa, el objetivo era evitar que el representante franquista no fuera, ni mucho menos, el primer Embajador acreditado en París por el nuevo régimen democrático. Mateu fue aceptado en voz baja el 18 de octubre como simple delegado[71].

Mateu fue presentado como moderado y francófilo. Catalán, exalcalde de Barcelona, gerente de un periódico monárquico y máximo accionista de la Hispano-Suiza, integrado en la sociedad francesa por numerosas relaciones de amistad y, en muchos casos, era apreciado por su realismo como hombre de negocios. En definitiva, fue el artesano de la normalización diplomática y el acercamiento bilateral. El 29 de junio prometió a Bidault, entre otras soluciones pendientes, la repatriación de 30 000 franceses metropolitanos refugiados en el norte de África. Pero su mejor oferta fueron las ventajas comerciales. Incluso propuso cambiar al responsable de exteriores en Madrid por alguien más francófilo (propuesta que hizo aprovechando la muerte de Truelle y su sustitución por Bernard Hardion en junio del mismo año[72]).

La labor no le fue fácil; en París encontró una situación política absolutamente incontrolada. Las depuraciones fueron llevadas por el nuevo gobierno democrático a los tribunales, que juzgaron sumariamente a un gran número de personas «colaboradoras con el enemigo alemán». Aparte del caos político, Francia, parcialmente destruida por la guerra, se encontraba en una situación económica gravemente empobrecida, en una crisis de posguerra. Casi sin ejército, los luchadores de la Resistencia iniciaron reformas para hacerse con el poder, destacando una mayoría comunista entre sus filas. De Gaulle, junto con otras fuerzas políticas y con los comunistas, pactó cómo debían ser los modelos y los procesos judiciales contra los colaboracionistas.

Ese pacto político en Francia se convirtió en un pacto de gobierno. Integrado por comunistas, socialistas y democratacristianos, tenía un objetivo claro en cuanto a su política exterior: posicionarse contra el régimen franquista y procurar su desaparición. No podían tolerar el «caudillismo» fascista de Franco en el marco de una Europa recién liberada. En ese contexto, la labor de Miguel Mateu como representante de Franco en Francia, estaba condicionada por la resignación a soportar los ataques que a diario recibía. Mateu intentó pulir la aspereza de las relaciones, calmó los ánimos y empezó a buscar algunas simpatías. Oficialmente, la Embajada española se limitó a tratar de falacias todas las noticias que la prensa y la radio difundían diariamente contra el fascismo español.

La política española era de esperar: casi de forma pasiva, aguardar el desarrollo de los acontecimientos para que la situación les fuera más favorable. Su estrategia se basó en la paciencia y en el convencimiento de que el tiempo calmaría las pasiones y vendrían nuevos cargos en el gobierno francés que comprenderían mejor la causa franquista. Una vez más, la paciencia y perseverancia de Franco dieron sus frutos.

Los días de Miguel Mateu en la Embajada de París como representante se llevaron los peores momentos de las relaciones diplomáticas. Mateu dels ferros como se le conoció popularmente, fue un personaje muy influyente en el palacio del Pardo y en los círculos económicos y sociales del franquismo. Amigo íntimo del Generalísimo, despachaba con él correspondencia directa sobre asuntos diversos. Durante la Guerra Civil, actuó discreta pero acertadamente y desde la retaguardia trabajó a favor del bando sublevado. Destacado empresario de la metalurgia y la energía, consiguió favores tan comprometedores como que su fábrica, la Hispano-Suiza del Poblenou de Barcelona, no fuera nunca bombardeada por los aviones italianos a las órdenes de Franco, cuando se suponía el objetivo más claro, por su utilización como industria de guerra republicana.

Mateu fue una persona muy dada a la observación internacional y desarrolló una labor de información muy amplia y útil en el gobierno de Franco durante sus días más críticos. Mateu enviaba sus informes, muy extensos y relevantes, a su superior, Lequerica, y detallaban noticias sobre política exterior francesa, política interior, relaciones bilaterales entre Francia y España, sobre los refugiados políticos republicanos y muchas otras impresiones personales y estrategias diplomáticas y políticas.

Las últimas notas de Sangroniz a Lequerica anunciando la llegada de su sustituto, fechan de primeros de febrero de 1945. Desde esa fecha —según conversaciones del primero con Bidault— podía dar garantía de que Mateu «sería recibido como el representante de una nación con la que se mantienen relaciones diplomáticas normales y que se le Darlan todas la facilidades para el ejercicio de su misión»[73]. Se debía preparar el camino para asegurar unas mínimas garantías de seguridad hacia el nuevo cargo. En París, tuvo lugar una reunión oficiosa entre Sangroniz y los militares Fontaine, capitán y comandante de fronteras en los Pirineos Orientales y el teniente Delon, jefe militar de la frontera del Perthus, para tratar el tema de la situación interna de España. En esa reunión se trataron también los temas referentes a los refugiados españoles y a los guerrilleros y su armamento en territorio francés. De los pactos secretos que se derivaron —que fueron pocos— salió una nueva cumbre que debía tener lugar en el castillo de Peralada entre el 7 y 8 de enero y donde deberían asistir el Sr. Mateu —como anfitrión y futuro embajador— y el general Caille, general jefe de toda la región fronteriza hasta Tolosa, acompañado por el teniente coronel Tessier, el prefecto de los Pirineos Orientales y los citados Fontaine y Delon. Por parte española, se propuso la participación también del capitán general de Cataluña, el general Martínez Campos del Estado Mayor y el gobernador civil de Gerona. Todos los militares franceses asistirían vestidos de paisano para mayor seguridad[74].

Al final, la reunión tuvo lugar el día 20. Los asistentes fueron los generales Ungría y Madariaga, los tenientes coroneles Moyano y Montesinos, el comandante Castro, el capitán Maristany, Miguel Maten y su secretario. Por parte francesa, acudió el general Caille, el cónsul de Barcelona, Coiffard, el capitán Fontaine y el teniente Delon[75]. Se trataron las cuestiones más importantes que atañían a las fronteras con repercusión en las relaciones entre los dos países. El cónsul Coiffard apoyó los puntos de vista españoles con el fin de conseguir un buen entendimiento. Los principales temas tratados fueron la situación de Francia en general y la guerra mundial, las actividades de los republicanos en Francia y la cuestión de la retirada de la Guardia Civil de Andorra, una cuestión compleja en las relaciones bilaterales de esos meses. Fue un encuentro de tanteo para poder establecer una relación más directa del gobierno español en París con ciertas garantías y confianzas. Caille era íntimo de De Gaulle y a través de él se podía intuir la postura del general. Pero algunos conflictos como el de Andorra, entre otros, impedían el restablecimiento de las relaciones normales entre los dos países.

Algo parecido había sucedido ya en noviembre de 1944 a raíz de la invasión guerrillera del Valle de Aran. El gobierno de Franco había protestado enérgicamente por las acciones «ilegales» que los españoles residentes en Francia llevaban a cabo en el territorio de los Pirineos, refiriéndose, como no, a la invasión militar del Valle de Arán. El mismo alcalde de Viella también se quejaba de los pillajes guerrilleros y de los rehenes que éstos habían cogido y llevado a Francia a raíz de su operación armada. El alcalde daba incluso direcciones en el sur de Francia y en Tolosa de los «bandidos» y «fugitivos» que el gobierno francés debía interceptar y detener[76].

Igualmente, a principios de 1945, los cónsules franceses en Barcelona y San Sebastián plantearon otra cuestión sobre temas diplomáticos y policiales pendientes. Ambos realizaron una petición para poder visitar a unos quince prisioneros franceses detenidos en la cárcel de Zaragoza por haber cruzado la frontera con el grupo de guerrilleros. Lequerica les denegó el permiso pues las autoridades francesas tampoco habían permitido visitar a los 140 españoles capturados por los maquis y conducidos a Francia en varias incursiones de la guerrilla. El cónsul francés en Madrid decidió llegar al fondo de la cuestión y pidió a los comisarios de Tolosa, Burdeos y Montpellier que investigaran si efectivamente había sido así. El asunto duró hasta julio de 1945, cuando el comisario de Tolosa, Paul Bertaux, informó al ministro del Interior de los resultados de la investigación, cuya conclusión fue que ya no quedaban españoles en campos o prisiones de la región de Tolosa[77].

Si el gobierno provisional de la República francesa deseaba obtener la liberación de sus compatriotas en España, debía negociar con el gobierno de Franco y acceder a ciertas peticiones. Junto a esas demandas, también se incluía la liberación de 3 policías encarcelados en España. A cambio, los franquistas pidieron liberar a 2 falangistas detenidos durante la ocupación del consulado de España en Tolosa a finales de 1944; se trataba de un inspector de policía franquista, antiguo alumno de la escuela de policía de Berlín que había tenido contactos con agentes de la Gestapo. El gobierno francés, en otro gesto de predisposición a negociar, ordenó a Bertaux la restitución de la documentación franquista requisada. Bertaux justificó que los documentos habían desaparecido o habían sido destruidos, pero hizo liberar a los agentes españoles[78].

Entre estas disputas y otros conflictos, Mateu mantenía que la clave era restablecer las relaciones diplomáticas oficiales —inseparables de las estrategias oficiosas— al mismo tiempo que las comerciales. En definitiva, un reconocimiento explícito oficial, sin renunciar a las quejas del gobierno de Franco en relación a los republicanos exiliados. Por otro lado, Francia sólo quería, por su interés económico y de reconstrucción civil y militar, el restablecimiento de las relaciones comerciales, aparcando el tema del reconocimiento oficial. De alguna forma, la situación volvía a recordar los pactos Bérard-Jordana de 1939 pero a la inversa y Francia quería evitar relaciones inmediatas directas imponiendo ella una comisión de recuperación de bienes y refugiados franceses en España, entre otras muchas cuestiones.

El gobierno surgido de la liberación quería alejarse de la España franquista pero tanto en la diplomacia como los servicios policiales había sedimentado un sustrato que nunca o en muy contadas ocasiones dejaría de existir. España intentaba jugar las cartas diplomáticas al máximo, dentro de un entorno complicado y adverso. Lequerica y Serrano Suñer, no dejaban de representar una España proalemana. Ante la situación internacional, Lequerica fue sustituido por Alberto Martín-Artajo Álvarez el 18 de julio de 1945 en la primera renovación del gobierno de Franco al término de la Guerra Mundial.

Charles Favrel, un periodista de France Presse entrevistó a Serrano Suñer en octubre de 1945 acerca de la visión general de los acontecimientos. La entrevista, muy interesante en su contenido, daba una visión realista del difícil momento que pasaba la España de Franco. Serrano empezó reconociendo su progermanismo con estas palabras:

[…] V. es francés [dirigiéndose a Favrel] y soy a sus ojos una especie de monstruo: el hombre más representativo del fascismo español, el hombre más significado de la política proalemana seguida por España durante la guerra. Sí, soy realmente este hombre. He jugado una partida, la he perdido. Hitler ha muerto y el mundo me rechaza en el rincón de los condenados. Pues bien, voy a decirle lo que ha venido V. a oír de mi boca: Sí, he sido proalemán. España ha sido proalemana. Lo afirmo porque es verdad y reprocho a la España de hoy de no reconocer francamente lo que ha sido […][79].

Serrano Suñer también relató a Favrel sus relaciones políticas con Alemania e Italia durante la guerra, así como las pretensiones coloniales, además de su encuentro en Berchtesgaden con el Führer, y explicó que la política de previsión, de espera y de expectación era la correcta; se había aplicado en España antes, durante su posible intervención en el conflicto, y ahora, ante el hundimiento de sus aliados del Eje. Incluso hablaron de la confianza en la victoria de Hitler hasta el último momento gracias a las nuevas armas y a su conocimiento sobre el ensayo secreto de material atómico. En cambio, confirmó que con el Eje se habían sellado acuerdos, pero que España nunca había firmado la adhesión al pacto tripartito.

La revisión que hizo de la gestión de España durante el conflicto mundial desembocó en la pregunta más delicada de Favrel: «¿La salida de Franco del gobierno, será cosa de semanas, de días?». La respuesta de Serrano Suñer fue clara: «Franco dejará el poder en la hora que escogerá, no antes»[80]. Las conclusiones e impresiones del cuñado del Caudillo se resumieron en una proclama clara y concisa: «nosotros confirmamos oficialmente la renovación del pacto antikomintern». A partir de esa afirmación, Serrano basó su discurso y su justificación en las pretensiones de Franco y del régimen de garantizar su continuidad a la vez que justificaba sus acciones pasadas en la lucha contra el comunismo.

La estrategia tenía su fundamento en las relaciones internacionales y en sus firmes convicciones de que el motivo que les empujó a dominar España a través de la Guerra Civil ahora les permitiría seguir gobernando. La posterior Guerra Fría dio ventaja a las posiciones de Serrano: «El comunismo ha sido siempre la bestia negra de la España nacionalista. Es el comunismo que nos ha hecho ir al fascismo, pues el régimen franquista se veía vedado a toda fórmula democrática en la hora en que la democracia acababa de conducir a la nación a la anarquía de las hordas rojas… Aun hoy, la cuestión rusa domina la política del país, bajo su doble aspecto comunista e imperialista. Yo pienso que los especialistas de las cuestiones internacionales están ahora fijados en Rusia»[81].

Y en cuanto al futuro que España estaba negociando para poder mantener a Franco en el poder, Serrano Suñer, marcó los objetivos de la política exterior de España de manera que convenciesen a los occidentales de su necesaria supervivencia:

Este día Europa estará agradecida a España de no haber permitido que nuestro continente fuese golpeado por la espalda [en referencia a haber echado a los comunistas de España]… Es porque estas consideraciones de alto alcance internacional coinciden con las necesidades del orden interior español, que Franco se mantiene en el poder. El Caudillo sabe que una evolución es necesaria, pero no quiere que los cambios de estructura del régimen que prepara sean el pretexto de una agitación anarquista de la que España, esta vez, no se levantaría[82].

Por otro lado, los movimientos en el exilio por parte de Negrín y Maura para sustituir a Franco se trasladaron a la capital francesa en busca de alianzas y alternativas políticas para reemplazarlo[83]. De forma especial, Maura buscaba alianzas entre la derecha española para restaurar una monarquía en España. Éste gozó de buenos contactos en el Quai d’Orsay y en círculos del «5ème bureau» del ejército francés. También tanteó a personajes como Sangroniz o Quiñones de León, en busca de alternativas políticas para España pero su estrategia no funcionó y amplios sectores del exilio rechazaron sus planteamientos, a pesar del apoyo de Solá Cañizares y el amplio crédito económico del financiero Matas que, dicho sea de paso, había ganado una gran fortuna trabajando para los alemanes. La Alianza de Fuerzas Democráticas dio a Maura un escaso plazo negociador, previendo su fracaso político.

No obstante, se tiene constancia de un informe del prefecto de los Alpes Marítimos, del 28 de noviembre de 1944, en que informaba al ministro del Interior de una reunión secreta entre Sangronitz, embajador de España en Roma y Miguel Maura, residente en Niza, para proponerle la instauración de un régimen parecido al inglés, con hombres políticos moderados, «apartados de extremismos y de la Guerra Civil», para iniciar un período de transición, acercarse a los aliados y evitar así otra guerra. El gobierno propuesto por Sangronitz colocaba a Maura a la cabeza, a Don Juan como rey y al general Franco como ministro de Guerra.

Desde Madrid se temió más al proyecto de Maura que a las alternativas republicanas. Una especie de parlamentarismo monárquico a la inglesa, que algunos franquistas habían planteado en la residencia de Maura el 16 de diciembre de 1944 como una alternativa de gobierno[84]. El trasvase de tendencias hacia el proyecto maurista entre los afectos al régimen era más sencillo y próximo y podían ver con buenos ojos el proyecto monárquico y conservador de Maura. Por su parte, los agentes españoles en Francia centraron sus estrategias en investigar las intenciones y actividades de los republicanos y la posibilidad de una unión real de todas sus fuerzas. Esa unión era lo que desde la representación diplomática se tenía que impedir a toda costa. Todo ese ambiente de deseado cambio político provocó un cierre hermético de la cúpula franquista frente a posibles negociaciones ante el inminente fin de la guerra mundial. En ese sentido, Lequerica envió una carta a Mateu el 22 de enero de 1945, recordándole «la necesidad de no tener ningún contacto o relación con Miguel Maura o con los demás jefes rojos expatriados»[85].

Las directrices desde Madrid dejaban claro que la estrategia a seguir por parte de Mateu estaba limitada a convencer al mayor número posible de políticos franceses —y demás personajes influyentes— que promulgaran entre los suyos la gran conveniencia de mantener a Franco en el timón de España. En primer lugar, debían complacer a los sectores de derecha, centro-izquierda, gaullistas y otros que tuvieran unas sólidas convicciones anticomunistas, y en segundo lugar, transmitir a sus superiores que a España le convenía abrir las relaciones comerciales más que las diplomáticas ya que estas últimas llegarían con estrategia, paciencia y perseverancia[86].

Aun así, algunos tics menos sutiles todavía permanecían en las formas franquistas. La carta de Lequerica apoyando la «serenidad y calma» iba acompañada de una nota firmada por los directores de las seis Academias Reales (Española, de Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas, Física y Ciencias Naturales, de Ciencias Morales y Políticas y la Academia de Medicina) en apoyo a Charles Maurras juzgado en Francia por fascista y colaborador, que fue condenado a cadena perpetua.

Así pues, Mateu se encontró una embajada revuelta y con necesidad de cambio. Habían pasado como cargos provisionales desde la Liberación, Carlos Arcos y Cuadra, conocido por el conde de Ballón, oscuro personaje que había trabajado en la Embajada de Berlín, y después Sangroniz, de amplia experiencia negociadora y con mayor sintonía con Mateu. Sangroniz acompañó a Mateu en la primera visita al Quai d’Orsay el 31 de enero de 1945. La entrevista fue con Jean Chauvel, secretario general del Ministerio. Chauvel dirigió a los dos representantes españoles directamente a Bidault para la presentación de las cartas credenciales a nombre de Mateu. Bidault aceptó una copia pero evadió la oficialidad del nuevo representante. La insinuación fue directa: el trato sería cortés y amable pero el establecimiento de las relaciones diplomáticas dependía de otros asuntos más graves y de algunos temas pendientes.

La Asamblea Consultiva francesa, gobierno provisional que preparaba elecciones democráticas, ofreció una total oposición al régimen de Franco ya que muchos de los políticos franceses no guardaban especial buen recuerdo de su paso por España hacia Argel para unirse a De Gaulle —uno de los cuales era Chauvel—. Mateu propuso conversaciones con los ministros «menos desafectos» a España y con el general De Gaulle para resaltar que España deseaba buenas relaciones con Francia, empezando con las conversaciones sobre intercambios comerciales y haciendo algunas concesiones, evitando los temas delicados. Paralelamente, Mateu sabía que la política de Francia hacia España dependía también en gran medida de la reacción de las otras potencias aliadas, especialmente, de Estados Unidos y Gran Bretaña. Francia vivía inquieta con vistas a las elecciones que estaban convocadas para abril y mayo de 1945. Mientras tanto, Mateu se entrevistó con los embajadores norteamericano e inglés, para poder acercar posiciones. La percepción que tuvo de los anglosajones fue claramente positiva.

De todo lo recogido, Mateu enviaba informes directos y cartas al Ministerio en Madrid. Por su parte, Lequerica despachaba con el representante francés, Truelle, sobre las mismas cuestiones y la necesidad de reconocimiento mutuo. La posición desde Madrid era más firme y ofensiva; Lequerica seguía reivindicando las relaciones diplomáticas entre los dos países y hasta llegó a decirle a Truelle que de no ser así, no podía haber relaciones comerciales entre ambos países[87]. También se refirió al «desorden revolucionario» de los rojos españoles en todos los medios y de las agresiones de éstos al Estado español que el gobierno francés dejaba impunes. La recuperación de los locales de la Cámara de Comercio española de París a manos del gobierno franquista era un gesto necesario para entablar relaciones comerciales y políticas. Para Lequerica, aparte del conflicto de la ocupación de Andorra, tema que se resolvió con la mediación del obispo de la Seu d’Urgell, había una serie de condiciones para el restablecimiento de la normalidad que, en su opinión, los representantes franceses debían tener en cuenta y que Mateu debía transmitir:

Impuesto de beneficios extraordinarios de guerra.

Nombramiento de una comisión de recuperación: sin duda, para no ser menos el Quai d’Orsay que Burgos, en el año 39, y hacer su pequeño convenio Jordana-Bérard. Otra puerilidad sin ninguna importancia. Ya hemos recibido algunas notas francesas e inglesas reclamando artículos introducidos en España por los alemanes… en esa materia España en casos iguales no tendrá inconveniente en atenerse a los precedentes de las relaciones franco-españolas.

Mercancías exportadas indebidamente de Francia sin certificado de origen, depositadas en su mayor parte en la zona franca en el puerto de Barcelona. También son motivo de reclamación y el Gobierno español puede asegurar su disposición para resolver el asunto.

Situación de los obreros franceses en España. Asunto de reciprocidad y en el cual nuestro interés suele ser habitualmente superior al de ellos por el mayor volumen de la población obrera española en Francia, comparado con la francesa aquí.

Tasa de expedición de autorizaciones de trabajo. Viejo asunto, también sujeto a reciprocidad, y en el cual el máximo interés, por la razón antes indicada, es el de España.

Cargamento vapor San Diego, asunto de trámite.

Petróleo de Porto Pí. Viejo interés de Juan March y de nuestro amigo Malvy. Siendo yo embajador, hice cuanto pude por resolverlo. Complicadísimo y largo, relacionado con la quiebra de Bauer-Marshall, etc.

Lequerica terminaba la carta concluyendo que no se diera más vueltas y se fuera al grano en el restablecimiento de relaciones:

Como usted ve, todo esto no tiene el menor interés y es precisamente materia normal de trato entre países. Déles pues una afirmación general de buen espíritu y no perdamos más tiempo […][88].

No todo era tan sencillo como Lequerica presuponía; el ambiente contrario a Franco era general; la prensa era radical y antifranquista, en la mayoría de periódicos se publicaban ataques directos a la colaboración de España con Alemania y de su falta de democracia. Además, la innegable relación del exilio antifranquista con la Resistencia, de alguna manera lo incorporaba a las directrices políticas francesas, que se regían por el espíritu de esa misma Resistencia. La alternativa, según Mateu, era que la situación política de Francia diera un cambio radical como consecuencia de las elecciones venideras o bien, por una decidida actitud personal de De Gaulle. Mateu debía seguir apostando por sus estrategias basadas en el anticomunismo, en el eje anglosajón y en la necesidad de relaciones comerciales con Francia. Ése era el camino a seguir. Si De Gaulle quería armar un ejército nacional fuerte y renovado necesitaba importar materia prima y piritas de España pero algunos de sus íntimos colaboradores, como el jefe del gabinete diplomático de Bidault, habían sido encerrados en campos de concentración españoles más de seis semanas y guardaban rencor a la acogida que Franco les había dado como refugiados. Era la contrariedad entre el pragmatismo y la ideología. Por el momento, la función de Mateu era intentar por todos los medios desligar el destino de España al de Alemania ya que los logros en el país vecino se dibujaban en un lejano y complicado horizonte.

La carta más clara se jugó en el lado anglosajón: un acuerdo de febrero de 1945 hizo posible que una instalación en Barajas permitiera a aviones norteamericanos aterrizar para el abastecimiento europeo. También el duque de Alba intentó acercar posiciones y Franco y Churchill intercambiaron alguna que otra carta con vistas a una coalición anticomunista. Otro tema que Mateu trató durante su misión diplomática fue el acercamiento a los refugiados españoles en vistas a su repatriación. En su opinión, la colonia española estaba poco cuidada y defendía una aproximación más sutil y convincente de los refugiados a su país de origen. Una estrategia que proponía el envío de víveres desde España como había hecho el gobierno suizo con los suyos; España no podía permitirse enviar un paquete a cada uno de los miles de españoles exiliados en Francia pero proponía «fomentar una acción consular de ayuda a los españoles necesitados, haciendo partícipes de ese socorro aun a elementos desafectos. El resultado sería tanto más hondo cuanta más alejada nuestra acción benéfica de toda significación política»[89].

Así pues, inició un informe de ayuda y auxilio a los españoles necesitados a través de la Embajada, el cónsul general y la oficina de comercio.

Además, se propuso iniciar un proyecto de repatriación de españoles aprovechando que el gobierno francés decretó el empadronamiento obligatorio de los extranjeros. Bajo su punto de vista, sí se podía fomentar la repatriación de los españoles sin delitos comunes —es decir, de los políticos— muchos de los exiliados que apoyarían a los gobiernos en el exilio volverían a España. Con esto, Mateu se refería a cambiar las condiciones de entrada y el procedimiento de la DGS de clasificación política de los repatriados. En resumidas cuentas, pretendía suavizar internamientos y represión por motivos políticos.

Uno de los planes inmediatos fue mandar unos cuantos vagones de naranjas a la comunidad española en Francia con la finalidad de promover una imagen moderada del régimen español. Esta actitud conciliadora de Mateu siguió chocando con impedimentos en Francia pero también, por su carácter suave, con la cúpula de Falange en España.

En medio de sus intentos por acercar posiciones, el gobierno franquista envió una comisión militar secreta a París para negociar con algunos sectores de la armada francesa; la comisión estaba acompañada por Urraca y el agente Villalobar y fue muy mal acogida por algunos miembros del gobierno francés que supieron de la visita de dicha comisión. Mateu criticó el «peligro que tienen estos viajes a pesar de la reserva y discreción que puedan poner en práctica sus elementos… en estos asuntos toda prudencia es poca y no sé hasta qué punto el riesgo que se corre compensa las ventajas esperadas…»[90].

La razón era la evidente contradicción, porque el régimen franquista seguía llevando en paralelo sus antiguos procedimientos a la vez que quería limpiar su imagen. Se sabe que paralelamente a los informes, notas y cartas de Mateu a Lequerica, el policía Urraca siguió enviando informes semanales sobre la situación y sus opiniones sobre los refugiados republicanos. Sobre ese tema, Mateu pronto recibió alguna noticia positiva por parte del gobierno francés y muchos interrogantes por parte del gobierno español. Los refugiados serían controlados por el gobierno francés, especialmente los extremistas y los comunistas, y Bidault se comprometía a alejarlos de la frontera pirenaica para evitar acciones guerrilleras. Pocos logros más consiguió Mateu en relación al entendimiento diplomático, que acabó en la crisis y posterior ruptura de relaciones de 1946 con el cierre de la frontera y la destitución de Mateu.

No obstante, su trabajo fue muy denso y mucho más importante de lo que se cree. Sus estrategias dieron frutos y su figura contribuyó a convencer a amplios sectores del país vecino de que Franco debía mantener el poder en España por el bien de todos. En marzo de 1945 Lequerica felicitó a Mateu por:

[…] la brillantísima correspondencia enviada por esa Embajada. Algunos despachos sobre materia económica han sido muy comentados por estos servicios y le confieso a Vd. me han ilustrado sobre puntos capitales. Al Caudillo se le envían los más interesantes. Le felicito cordialmente por ello[91].

Distanciamiento político…

En Francia se convocaron elecciones y la Resistencia, como fuerza integradora de todos los partidos democráticos que sobrevivieron a Vichy y los que surgieron durante el movimiento resistente de Argel, desapareció. Su órgano directivo, el Comité Nacional de la Resistencia, no tenía ninguna función y los grandes partidos (comunistas, demócrata-cristianos, socialistas y radicales) se presentaron a las elecciones por separado. Estos partidos se desvincularon, por una parte, de la dictadura política que sufrieron durante la ocupación alemana, y por otra, de su común denominador de «resistentes», vínculo de unión de todos los partidos desde la Liberación. En definitiva, recuperaron una independencia programática respecto a la línea de conducta y a los objetivos a seguir.

La disolución del Comité Nacional de la Resistencia afectó a la estrategia de los partidos franceses ante lo que ellos llamaban «el problema español». Algunos partidos, como el partido radical PRL (Parti Républicain de la Liberté) nunca se declararon antifranquistas y otros empezaron a relajar las condenas hacia el régimen español. El mismo De Gaulle deseó públicamente el camino democrático para España en una rueda de prensa del 13 de octubre de 1945[92]. En ningún momento habló de la posibilidad de romper con Franco, analizando las relaciones desde un ángulo puramente económico, constató que los medios de que disponía España estaban comprendidos «dentro de la economía mundial» y sutilmente se limitó a añadir su famosa frase: «las piritas no tienen patria», refiriéndose a la necesidad de seguir pactando con España su extracción e importación.

De todas formas, en estos primeros años de restaurada democracia en Francia, el Partido Comunista Francés (PCF), tuvo una gran influencia en las decisiones gubernamentales; su mayoría política y su preeminencia en la lucha antifascista abogando por el sistema democrático le confirieron una importante potestad y reconocimiento[93]. En este sentido, la participación del Partido Comunista Francés durante los diferentes gobiernos franceses, decantaría la balanza de relaciones franco-españolas hacia la cordialidad o hacia la discordia.

Los hombres decisivos de la renovada democracia gala se debatían entre su antipatía ideológica hacia el franquismo y su necesidad de convertirlo en socio económico. Una línea borrosa y muy confusa y un período en el que la ruptura siempre planeó sobre los intentos de aceptación. Bernard Hardion llamó la atención de Martín Artajo sobre las contradicciones francesas: por un lado, la administración gestionaba el acuerdo comercial; por el otro, las formaciones más implicadas en la Liberación denunciaban una política basada en concesiones y en la temporalidad de las decisiones. La reflexión consecuente apuntaba a una ruptura diplomática ligada a dicha polémica, más aún cuando jurídicamente los dos Estados no tenían relaciones bilaterales[94].

A partir de 1946, amparados por su convencimiento, los franquistas decidieron reducir la tolerancia y la paciencia y se endureció la política de la Embajada española en París. Las relaciones entraron en dos años de franca decadencia y España cambió a Mateu por Aguirre de Cárcer a la cabeza de la diplomacia española en Francia[95].

Para Francia, un acercamiento prudente al restablecimiento de relaciones con el régimen de Franco no parecía incompatible, en ciertas esferas gubernamentales, con una simpatía activa hacia los republicanos españoles. La reciente memoria de algunas heroicidades de muchos españoles exiliados contra el ocupante alemán, junto con los imperativos de la inserción social de miles de ellos en Francia, que habían pasado más de ocho años de guerra, hizo recordar la deuda contraída por la Francia democrática con los republicanos. Toda solidaridad con éstos implicaba malestar en Madrid pero la realidad superaba la ficción y en 1946, de los 302 200 españoles censados, alrededor de 105 000 eran considerados refugiados políticos. La mayoría de ellos, con la esperanza puesta en la liberación, en su propia lucha, en la de sus muertos, para «liberar a Francia para después liberar a España»[96].

La Unión Nacional Española (UNE) y la Junta Española de Liberación (JEL) celebraron unas intensas reuniones para reorganizar las estrategias políticas. Estas reuniones, sus informes y conclusiones también llegaban a los servicios de Madrid, por lo que resulta evidente que había infiltrados. Por ejemplo, sobre la UNE en la frontera, un amplio informe del Servicio Exterior de Falange describía así la reunión clandestina en Toulouse: el 6 de noviembre de 1944, se realizaba un congreso de la Junta Suprema de la UNE. Así se describían los asistentes: presidente, Dr. Aguasca, republicanos: Francisco de Troya, PSOE: Julio Álvarez del Vayo y Enrique de Santiago, sección femenina de la UNE: Julia Álvarez, UNE en África del Norte: Arguelles, CNT: Pascual i Arnau, Alianza Catalana: Martorell, Frente Gallego: Juan José Pla, militares: Riquelme, intelectuales: Hábeas Barga, Católicos: Padre Villar y el pastor Arias Castro, un representante del CADI (Centro de Acción y Defensa de los Inmigrantes), el exgobernador de Jaén, UGT: Ferrer, prensa francesa: André Würmser, Frente de Liberación Gallego: coronel Abel Paz, Agrupación Femenina: Pilar Jiménez, Union des Femmes de France, France Presse: M. Couquelin, Izquierda Republicana: Marín Caire y el mando de las FFI: Emile Bourgeois. El congreso concluyó con una carta a De Gaulle en contra del gobierno de Franco[97].

Las necesidades y las vicisitudes de la Guerra Fría superaron con creces las cuestiones morales para con los exiliados republicanos y los vencidos, además, fueron olvidados durante muchos años hasta muy entrada la transición en España. El reconocimiento y los gestos franceses fuera de círculos comunistas y del ámbito intelectual hacían presagiar buenas maneras: se concedieron condecoraciones a resistentes (la Legión de Honor y otras medallas), y en marzo de 1945 se modificó el estatus de refugiado —muchos de los cuales vigentes hoy en día[98]— estableciendo su protección; también se pidió formalmente la capitulación del régimen de Franco. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la urgencia de la recuperación económica llevó a los dirigentes franceses a practicar una estrategia oportunista hacia el régimen de Franco. La opinión pública en general, el trauma de la Guerra Civil, la culpabilidad de no haber intervenido y el paradigma de la Resistencia dirigieron todas las perspectivas a aplicar una política ideológica[99]. El 22 de febrero de 1946, diez resistentes españoles de la guerrilla antifranquista fueron ejecutados en España. Entre ellos Cristino García, un activo comunista que había luchado en la Guerra Civil como oficial del ejército republicano; exiliado en Francia, fue comandante del FFI y responsable de los guerrilleros españoles que ayudaron a liberar Gard, Ardèche y Lozère.

En 1943, participó en el ataque de la cárcel de Nimes liberando a detenidos y en agosto de 1944, durante la liberación de París, participó en el famoso combate de la Madeleine. Siguió activamente su liderazgo en la guerrilla antifranquista hasta que fue detenido en noviembre de 1945. Condenado en un juicio sumarísimo el 29 de enero de 1946, fue ejecutado junto a otros nueve compañeros. A partir de ese momento, la política oficial francesa tomó una determinación: el ostracismo oficial de la España franquista mediante el cierre de la frontera y el partidismo a favor de la España republicana exiliada. La indignación nacional que provocó en el país vecino la ejecución del «liberador de tres departamentos de Francia», empujó al gobierno francés a anunciar el cierre inminente de la frontera pirenaica el 26 de febrero[100].

De todas formas, la clarividencia de algunos políticos y los antecedentes de colaboraciones y relaciones oficiosas escondían ciertas dudas, incluso un cinismo diplomático, bien interpretado por las siguientes palabras de Indalecio Prieto:

Francia ha cerrado su frontera, una actitud generosa que le ha acarreado graves problemas y sólo una pequeña molestia a Franco. Pero no ha roto sus relaciones con Franco ni tampoco ha reconocido el gobierno de Giral… Por tanto, dada la coyuntura internacional, podemos suponer que Francia no puede hacer nada efectivo sin el previo acuerdo con Inglaterra y Estados Unidos[101].

Francia se quedó sola ante la propuesta pero no rectificó su posición y cerró la frontera con España cortando todo tipo de comunicación e intercambio comercial[102]. Con su postura, las autoridades francesas se mostraban fieles a la política democrática emprendida en las sucesivas conferencias de paz y en la Asamblea General de Naciones Unidas. A su vez, pretendían emprender una firme política contra el régimen franquista reduciendo el círculo de sus alianzas e intentando diseñar fórmulas alternativas para que las potencias occidentales provocaran la caída del dictador. En esta lucha, la posición anglosajona fue determinante. Ante la pasividad de Gran Bretaña y Estados Unidos, los franceses se quedaban solos con el cierre de frontera y su estrategia perdía efectividad. Lo que más perjudicaría a Francia sería el aislamiento económico; además de perder inversiones, importaciones y exportaciones que España le proporcionaba, Estados Unidos y Gran Bretaña sustituyeron a Francia como proveedores y posibles acreedores de España. También se vieron afectados los intercambios culturales y humanos entre ambos países, lo que provocaba un refuerzo del régimen franquista en territorio español por su xenofobia contra los franceses[103].

Poco a poco, el gobierno francés fue poniendo en perspectiva la realidad, que en cierto modo les perjudicaba en el campo económico y político, principalmente por la falta de aliados. Amplios sectores políticos franceses iniciaron presiones contra el bloqueo fronterizo. Por ese motivo, en agosto de 1947, canalizada a través del Quai d’Orsay (Ministerio de Exteriores), se inició conversaciones con el gobierno franquista para reabrir la frontera. Rápidamente, se halló un interés común. A partir de entonces, una vez más, el gobierno galo inició una política de gestiones oficiosas para no disparar la crítica de la opinión pública, sobre todo de los sectores de izquierdas y comunistas, de gran peso social y político. La sanción del bloqueo contra el régimen político español persistió, pero las colaboraciones, sobre todo económicas, impulsaron ciertos pactos bilaterales. Las presiones fueron creciendo y el 10 de febrero de 1948, se acordó reabrir la frontera progresivamente a personas, comunicaciones y mercancías. A partir de esa fecha, si bien no se hizo público, podemos afirmar que los países aliados del bloque occidental, se plantearon abiertamente las relaciones con la España de Franco como una confluencia de intereses beneficiosos, considerando así la permanencia del régimen como un mal menor.

La falta de una acción concreta en el plano político internacional y nacional sobre el exilio republicano y, principalmente, la tendencia creciente a confundir, con o sin razón, el estalinismo con el antifranquismo, provocaron una evolución negativa de las posturas de los poderes públicos para con el exilio republicano. El cambio de criterios y opiniones vino condicionado por el efecto de algunos elementos y organizaciones guerrilleros subversivos —los comunistas— en Francia y, sobre todo a partir de julio de 1947, por la cristalización del enfrentamiento este-oeste y el inicio de la Guerra Fría. La política de bloques decantó la balanza definitivamente a favor del pragmatismo político en detrimento de las opiniones ideológicas a las que se hemos hecho referencia. Una cita de Blaise Pascal acertadamente recogida en la exhaustiva obra de Anne Dulphy lo sintetiza claramente:

La fuerza es la reina del mundo y no la opinión… El imperio que se fundamenta en la opinión y la imaginación reina un tiempo, siendo un imperio dulce y voluntario; el imperio de la fuerza reina siempre. Así, la opinión es la reina del mundo, pero la fuerza es su tirano[104].

En política interior, Francia vio como el partido con mayor porcentaje de votos, el PCF, salía del gobierno en mayo de 1947. Los comunistas eran el grupo parlamentario que más censuraba la política fascista de Franco y que más insistía en el cierre de frontera hasta que España se democratizara. Además, su salida del gobierno precedió a la entrada de Francia en el ámbito atlántico —Plan Marshall y Pacto Atlántico—, ambos condicionantes de su giro en la política exterior. Por otra parte, sin los comunistas en el gobierno, fue más fácil iniciar las negociaciones para reabrir la frontera. Igualmente, significó el establecimiento de un diálogo menos tenso con las autoridades de Madrid. Reabrir la frontera no sólo supuso una aceptación de las relaciones comerciales y económicas, sino que en cierto modo, fue un éxito para Franco, que pudo restablecer lenta pero eficazmente toda la red de colaboraciones y relaciones policiales de información y de nuevas acciones de represión en el exterior. Aunque en secreto y de forma oficiosa, se pusieron en marcha iniciando una acción común contra los enemigos más activos del franquismo: los comunistas. Incluso en sectores del exilio político se produjo una fragmentación de bloques, aislando a los comunistas como nuevo frente de lucha política. En muchos sectores proliferó el antisovietismo y el anticomunismo.

Reencuentro policial

Después de la reapertura de la frontera y hasta 1950, el agregado militar en París fue Taboada. El embajador Aguirre de Cárcer y Chauvel negociaban la política de renovación de relaciones y colaboraciones y los principales problemas fueron la política interior y la Guerra Fría, donde tenían un papel destacado los comunistas exiliados. También debían pactar qué agregado militar francés se enviaba a Madrid.

En una reunión entre el coronel Pelissier, jefe del 2ème Bureau francés, con González de Mendoza y otros miembros del Ministerio español, se propuso al teniente coronel F. Valette, «sincero anticomunista», militar africanista que agradaba enormemente a los dirigentes franquistas. Valette fue nombrado y las relaciones entre ambos países y sus delegaciones militares fueron de intercambio de información renovada y constante. A Madrid llegó incluso una copia completa del Pacto Atlántico proveniente de París en noviembre de 1949[105]. Francia, posicionada oficialmente a favor del bando occidental, desarrolló estrategias de control policial secretas y oficiosas porque la opinión pública y la cámara de representantes no aceptarían el «juego sucio» en la nueva democracia gala. Las acciones de vigilancia se iniciaron sobre algunos partidos políticos y la población civil, especialmente sobre los inmigrantes y los refugiados políticos. La función de control se restablecía contra un colectivo ya vigilado y reprimido desde su llegada a Francia en 1939.

Para hacer más efectivas las nuevas medidas de control, se reforzaron las competencias de los prefectos. Una nueva figura de «súper-prefecto» tenía la misión de coordinar la acción de los prefectos y autoridades militares y policiales de una determinada región. También debía mantener el orden público asumiendo la máxima autoridad en casos extremos de huelgas, movimientos revolucionarios, etc. Las movilizaciones sociales de noviembre de 1947 y, sobre todo, las inquietudes creadas en la región central y oriental de los Pirineos, provocaron el nombramiento de 8 cargos con carácter extraordinario que representaban el poder central francés. El máximo exponente de estas figuras lo encontramos en Emile Pelletier, que fuera prefecto de la Alta Garona (Tolosa), nombrado el 7 de abril de 1948 inspector general de la Administración en misión extraordinaria en la 5.ª Región Militar, y fue el mejor ejemplo de «súper-prefecto»[106].

Como iremos viendo, su acción fue decisiva la gestión de la problemática de los exilados españoles en su territorio y la frontera. Su 5.ª Región militar comprendía los departamentos de Alta Garona, Tarn, Tarn y Garona, Lot, Lot y Garona, Aveyron, Aude, Pirineos Orientales, Ariège, Gers, Altos Pirineos, Bajos Pirineos y Landas. Una de las primeras acciones de Pelletier fue acercarse a la órbita del Consulado español en Tolosa, donde inició relaciones con el cónsul franquista Luis de Vinyals, según el cual:

Pelletier mostraba gran comprensión y atención a todas las demandas que nuestro gobierno le formulaba. Acabó con la propaganda escandalosa de los exiliados políticos españoles, denegando la autorización para la celebración de mítines, reuniones públicas, colocaciones de pasquines y manifestaciones, obligando a todos los extranjeros a renovar sus permisos de residencia y procediendo a la expulsión de elementos sospechosos[107]…

Pelletier, de acuerdo con los jefes de policía y otras autoridades civiles, pronto encontró apoyo y aliados en departamentos ministeriales de París. En cuanto a la colaboración con las autoridades españolas, podemos destacar la política emprendida por los Servicios de espionaje territorial (BST), cuyo jefe, el inspector Rossi, invitó a reunirse al jefe del Servicio Exterior del Alto Estado Mayor de Barcelona, el comandante José María Ortega y a su colaborador, el capitán Comas. Estos encuentros tuvieron lugar en Tolosa el 17 y 18 de noviembre de 1948. Los servicios de información franceses mostraron cierta complacencia en la colaboración con los franquistas. En cierto modo, sólo debían recuperar la tradición de colaboraciones pasadas. El jefe de información de la región de Tolosa, Jagot-Lachaume, se entrevistó también con el cónsul Viñals para intercambiar informaciones[108]. De todos modos, afirmar que desde entonces las relaciones hispano-francesas se normalizaron sería exagerar. La Asamblea General de Naciones Unidas no revocó las sanciones contra España hasta el 3 de noviembre de 1950 y Francia no nombró a un embajador en Madrid hasta diciembre de 1951, lo que nos indica que las relaciones fueron difíciles y sinuosas. Los intereses oficiales se limitaban al ámbito comercial y los oficiosos a las relaciones más políticas y policiales.

Por parte española, ejerció un papel destacado el embajador en París, Manuel Aguirre de Cárcer, quien desde 1946 trabajó a favor de los propósitos y gestiones para conseguir, en beneficio de España, la cordialidad, comprensión y colaboración entre los dos países. Según un informe suyo de 1948, conseguirlo no estaba lejos. El clima político estaba «templadísimo y favorable para los asuntos de España que se enjuician en Francia…»[109].

La situación política en Francia era decisiva para un entendimiento con España. En 1948, gobernó una coalición llamada la «tercera fuerza», compuesta por los democratacristianos, los socialistas y los radicales socialistas (enormemente patrióticos). Los socialistas apoyaban al gobierno y se enfrentaron a los comunistas. Entre los partidos, se creó un gobierno políticamente equidistante entre el gaullismo y el comunismo. Ese gobierno fue el que empezó a intervenir fuertemente en la política internacional y reinició una labor diplomática bastante libre de condicionantes. Un factor clave en la toma de confianza fue la ayuda norteamericana mediante el Plan Marshall, que fue inteligentemente utilizada para reconstruir el país con relativa rapidez. Muchos de los préstamos fueron destinados a mejorar el material de transporte, maquinaria y extracción de materias primas para exportación y autoconsumo[110].

España también necesitaba acuerdos económicos y financieros para intentar salir de la pobreza en la que aún estaba sumergida 10 años después de la Guerra Civil. Aunque a partir de la Segunda Guerra Mundial la modernización de España no fue ninguna prioridad para el régimen de Franco, que seguía obsesionado con sus persecuciones políticas, el Estado español necesitaba créditos para conseguir productos manufacturados, industria pesada, equipos y servicios eléctricos, navieras, minas, industria química y otras muchas fuerzas de producción. Estados Unidos fue el principal acreedor pero también se solicitaron créditos a la banca francesa que, con la aprobación del gobierno, fueron avalados en garantía por un consorcio bancario español de nueva creación, apoyado y dirigido por el Banco de España y que ayudaría a los industriales españoles exportadores[111].

En cuanto a la captación de voluntades, sugerencias, pactos y negociaciones, Aguirre de Cárcer supo rodearse de técnicos comerciales y financieros, así como de diplomáticos suficientemente hábiles para sentar las bases de posibles tratados económicos que implicasen también decisiones políticas bilaterales. Estas conversaciones se establecieron con políticos franceses cualificados, con directores de banca (Banco de Francia y otros) y con ministros y altos funcionarios próximos a la Presidencia de la República francesa. Todas estas acciones y gestiones gozaban de un halo de oficialidad.

Muy importante fue la tensa reunión mantenida entre el ministro de Asuntos Exteriores francés, Georges Bidault, con Aguirre de Cárcer, el 9 de abril de 1948, en la que, además de discutir los recíprocos ataques en los medios de comunicación, se evidenció la necesidad de establecer las bases para nuevas relaciones. Aun así, Bidault, no se abstuvo de mostrar su desacuerdo político con el régimen franquista:

[…] ustedes están jugando a una carta escabrosa. Esperan que la tensión con Rusia llegue al grado máximo de alarma y peligro, y con esta perspectiva catastrófica fundan su esperanza de que, llegado el momento, necesitaremos de España por su posición geográfica, estratégica, etc. y entonces iremos a buscarle… Pero le repito que esta carta es arriesgada y se basa en perspectivas peligrosas e indeseables… Que el Generalísimo Franco de un paso y nosotros daremos dos. Creo que esta frase resume mi pensamiento y el de mi gobierno[112]…

Aguirre de Cárcer le reprochó que el peligro soviético ya había sido advertido por las previsiones que el general Franco temía y denunciaba constantemente. Recordó al Ministro Bidault que España no estaba sola y que había recibido la visita de políticos norteamericanos y que, en ese sentido, se había firmado un protocolo Franco-Perón. Así se indicaba la tendencia del nuevo clima internacional que se vivía en relación al «caso español». Bidault, como respuesta, dando la entrevista por finalizada y mostrando estar muy bien informado sentenció:

Ya lo sé, ya lo sé… mis informaciones son muy buenas… Tienen ustedes un cortejo muy adelantado con Washington… Pero son como amores de mano izquierda… un poco incompletos… un poco clandestinos… América es la «amiguita»… la «querida» de España… y ustedes necesitan una alianza más formal… algo como un matrimonio… un amor legítimo… la «amiguita» no es suficiente… pero explíqueselo usted esto de la «amiguita» al ministro!… No quiero pelearme con el Sr. Artajo[113]!

Los franceses sabían perfectamente que a partir de 1948 la península Ibérica, incluyendo Portugal con su también régimen dictatorial, había tomado un papel protagonista en los asuntos norteamericanos. Dos ejes fundamentales guiaban sus intereses: la geoestrategia y el anticomunismo. Según el encargado de negocios del Quai d’Orsay:

Dos tipos de ideas dictan la actitud norteamericana: las razones comerciales y las razones estratégicas y militares. La plataforma española está llamada a jugar un papel de primer orden si, eventualmente, se produjera un tercer conflicto mundial. Además, para América, España es, ante todo, el único país donde no existe una quinta columna comunista[114].

En noviembre de 1950, se creó en Francia un grupo de amistad franco-española que organizó una delegación de 87 parlamentarios franceses pertenecientes a todos los grupos políticos salvo los comunistas y los socialistas. La delegación estuvo encabezada por Jacques Chombart de Lauwe y Guy Petit quienes defendieron el régimen español y un acercamiento a éste porque «España había sido el primer enemigo del comunismo». La visita a España, efectuada del 11 al 15 de diciembre de 1950, tuvo el importante preámbulo de las manifestaciones a favor del acercamiento organizadas el día 10 en Bayona y Biarritz en presencia del embajador Aguirre de Cárcer. También acudieron los cónsules de los departamentos del sur-oeste de Francia y los comandantes franquistas de Guipúzcoa, Huesca y Navarra, junto con el Alcalde de San Sebastián. La importancia de este preámbulo fue que por primera vez, acudían oficialmente autoridades civiles españolas a Francia[115]. El grupo francés también fue a Madrid en una visita oficial para estrechar lazos bilaterales. La delegación fue alojada en el Hotel Palace y conducida a El Escorial y otros lugares emblemáticos. También se le ofreció una recepción oficial en las Cortes a la que asistieron un gran número de intelectuales afines al franquismo para causar una buena impresión del régimen. Uno de los objetivos principales del grupo francés analizar el clima político español, con el trasfondo de preparar el terreno para mandar a un embajador a la capital española. Pronto, a finales de 1950, empezaron a sonar nombres para ocupar el cargo. A pesar de la seguridad de las gestiones, Francia esperó a que fuese primero Gran Bretaña quien se anticipara a mandar a su representante[116].

La presión anglosajona para que se reconociera a Franco fue decisiva en la determinación política francesa; también el Plan Marshall fue una herramienta de presión al gobierno galo, e indirecta pero claramente ayudó a sostener económicamente al Caudillo. Estados Unidos tenía pactos y acuerdos secretos sobre abastecimientos provenientes del plan de reconstrucción; sin duda, el mejor valedor de Franco ante la ONU fue Estados Unidos.

La reapertura de la frontera con Francia y el levantamiento de las sanciones a España, iniciadas en mayo de 1949 y terminadas en noviembre de 1950, marcaron el punto de inflexión definitivo para la normalización de relaciones entre París y Madrid[117]. En mayo de 1949, el entonces ministro de Exteriores, Robert Schuman, pidió a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la clase política discreción y neutralidad en la materia, pues una cláusula secreta del acuerdo para la reapertura de la frontera instauraba un férreo control policial sobre los refugiados españoles republicanos. Bien pronto, en septiembre de 1950, la campaña contra las organizaciones comunistas españolas y la operación Boléro-Paprika confirmaban los pactos y las determinaciones políticas del gobierno francés; la réplica política a las detenciones, métodos de represión de Estado sobre los héroes de la Liberación y las consecuentes órdenes de deportación y asignaciones a residencia[118].

Lo que cuatro años antes había sido la colaboración de la Francia resistente y la España republicana exiliada unidas en una lucha antifascista, ahora veía reconvertidos sus papeles. La política de la Cuarta República colaboraba en ciertos aspectos represivos y de seguridad con los franquistas, lo que hacía revivir las etapas previas a Vichy y su colaboracionismo. Normalizar las relaciones con Francia significaba reabrir las brechas de las reclamaciones franquistas en materia de refugiados comunistas. El impulso organizativo, de control y ejecución fue, una vez más, canalizado a través del entramado consular español y los prefectos departamentales en Francia. Las decisiones finales dependían de los ministerios en Madrid y París que gestionaban la red extensiva de los servicios de información franceses y españoles. A partir de 1949 y 1950, la consolidada red diplomática se aprovechó para pasar informaciones secretas que sobrepasaban el ámbito continental y metropolitano de Francia. Por ejemplo, en mayo de 1950 el cónsul francés en Montevideo, Albert Ledoux, envió una lista con 124 españoles al Ministro de Asuntos Exteriores francés —entonces el europeísta Robert Schuman— con los nombres y direcciones de republicanos españoles. La política de «listas negras» hacía recordar otros tiempos, pero el hecho es que el listado iba destinado a configurar un censo de personas de tendencia comunista, militantes o dirigentes del PCE, del PSUC y del PC del País Vasco, exiliados en Francia[119].

El gobierno de Franco, por su parte, pedía extradiciones y acciones inmediatas de represión contra los antifranquistas. Muestra de ello fueron las constantes demandas españolas que desde el embajador Aguirre de Cárcer se mandaban al ministro del Interior francés. Reclamaciones que se creían necesarias para la readmisión de un embajador en Madrid. Martín Artajo se refería en estos términos a Chombart de Lauwe, que era el representante de la delegación francesa enviada a España para preparar el camino al nuevo embajador:

[…] mostró (Chombart de Lauwe) nuestro amigo cierto temor a lo que pudiera exigírsele al nuevo Embajador, una vez llegado a Madrid. Como insistió mucho en ello, le dije que no preparábamos ninguna bomba atómica contra él. Pero añadí que debiera traer resueltos los principales asuntos que tenemos pendientes… Me pidió dos cosas: que le dijera a través del Embajador Aguirre de Cárcer, los candidatos más indicados para ocupar el cargo de Embajador, pero que le enviara una nota con los pleitos pendientes […][120].

Los representantes diplomáticos españoles enviaron una larga lista de pleitos pendientes al Quai d’Orsay en París. No había demasiadas diferencias, sobre todo en materia de control y represión, con las acciones de Lequerica y Barroso a principios de los años cuarenta; merece la pena presentar un resumen de las demandas franquistas para ver que la «apertura» exterior era una estrategia para el reconocimiento del régimen de Franco y evitar su hundimiento:

Orden público:

—Internamiento en campos o expulsión de los exiliados españoles del sur de Francia.

—Extradición de los criminales reclamados por nuestros Tribunales de Justicia.

Información:

—Castigo de la prensa que injuria a España y ofende al Jefe del Estado Español.

—Control de «Radio París», para impedir infundios y calumnias contra España.

—Amonestación a la agencia France Presse en el mismo sentido.

—Envío de corresponsales objetivos por parte de las agencias y periódicos franceses.

Reparación de daños:

—Firma y ejecución del Acuerdo Fiscal.

—Entrega inmediata del edifico de la Avenida Marceau.

—Indemnizaciones por los sucesos de Chambery.

—Facilidades de investigación de los bienes expoliados por los rojos que puedan hallarse en Francia.

Reciprocidad cultural:

—Normalidad de las escuelas españolas en Francia.

—Normalidad de las escuelas en Argelia y Marruecos.

—Facilidades para la Casa de España en París.

—Reconstrucción de la «Casa de Velázquez», en Madrid.

Comercio y crédito:

Ejecución de lo convenido[121].

Este listado establecía las prioridades políticas que impulsaba el director general de Política Exterior franquista. Una imagen de un régimen obsesionado en mantener sus sacras ideas y sus proyectos represivos. El gobierno francés cedió en algunas reclamaciones, principalmente en el tema de seguimiento y expulsión de refugiados «no deseables» y traslado de residencia de los comunistas en el sur de Francia. En referencia a colectivos no comunistas y otras reclamaciones de extradición, las demandas políticas no fueron satisfechas.

Las relaciones bilaterales se normalizaron definitivamente a partir de 1951 cuando Bernard Hardion fue nombrado Embajador en Madrid. De todas formas, lo que podríamos calificar de «relaciones de buena vecindad» entre el Palacio de Santa Cruz y el Quai d’Orsay no fueron una realidad hasta finales de la década de los 50, cuando Fernando María Castiella sustituiría a Martín Artajo como ministro de Exteriores emprendiendo una política un poco más «desarrollista» y no tan obsesionada en las típicas reclamaciones de Artajo, muy ligadas al purismo franquista y al problema de los refugiados «rojos españoles». Castiella, no fue menos franquista, pero lo tuvo más sencillo porque la diplomacia internacional ya había aceptado definitivamente al franquismo en sus más altos círculos e instituciones.

VIII. Organización comunista y «caza de brujas» en la postguerra mundial

VIII. | ORGANIZACIÓN COMUNISTA
| EN LA POSTGUERRA MUNDIAL
| Y «CAZA DE BRUJAS»

A finales de los años cuarenta, dentro de la espiral de la división de bloques, para el ministro Jules Moch (que en 1931 se había pronunciado al lado de la República española) las cosas habían de solucionarse aplicando medidas concretas. Según él —y su gobierno— era necesario expulsar, después de notificación, a toda persona que participase en manifestaciones políticas o sindicales y de forma inmediata a aquéllos que habían venido a Francia como «profesionales de la agitación bajo un encargo exterior, bien fuere para provocar movilizaciones y problemas, bien fuere para observar e informar desde el interior». Moch afirmó que la elección de la frontera dependería del implicado pero que debía ser expulsado del país. Terminaba, sin embargo, garantizando que ningún republicano español sería entregado a la Guardia Civil española[1].

El ministerio del Interior francés se propuso como prioridad la creación de ficheros sistemáticos sobre los refugiados españoles, sobre todo los adheridos a grupos comunistas. Pagès, que controlaba la Réglementation y los Renseignements Généraux, encargó también informes sobre la organización de los antifranquistas refugiados y sus actividades en contra del régimen de Franco[2].

Los textos policiales presentaron al PCE como el partido más activo y mejor organizado del exilio. Las organizaciones comunistas, sus infraestructuras y sus militantes fueron el punto de mira de todas las secciones policiales encargadas de la vigilancia de extranjeros y de información política, muchas de ellas aprovecharon los cuantiosos ficheros de la Sûreté Nationale creados desde 1939. Preámbulo que desencadenó medidas represivas, todo ello recordó a otras épocas y detrás la instigación constante del poder franquista desde su dictadura[3].

1. El censo policial del exilio político a finales de los cuarenta

1. EL CENSO POLICIAL DEL EXILIO POLÍTICO A FINALES DE LOS CUARENTA

La colonia española en Francia contaba en diciembre de 1950, con 344 903 personas, de las cuales 117 824 tenían el estatus de refugiados políticos. Contando con los refugiados en Argelia, 61 445, el total de la colonia sobre territorio francés era de 406 358[4]. Esta colonia representaba el 0,85 % de la población francesa y el 16 % del número total de los extranjeros residentes en el territorio metropolitano. La implantación española fue particularmente densa en los 13 departamentos del suroeste —Gironde, Landes, Bajos-Pirineos, Altos Pirineos, Alta-Garona, Ariège, Aude, Pirineos Orientales, Lot y Garona, Tarn y Garona, Gers y Hérault— el número total en estos departamentos era de 118 828 españoles de los cuales 57 760 eran considerados como refugiados políticos, es decir, representaban casi el 50 % del conjunto de la colonia española. Estas cifras situaban la colonia española en el tercer puesto de las colonias extranjeras después de la italiana y polaca:

TABLA

Repartición geográfica de la colonia española en Francia
por departamentos en 1950[5]

| «residentes ordinarios» | «refugiados» | total
Ain | 318 | 360 | 678
Aisne | 418 | 105 | 523
Allier | 628 | 1054 | 1682
Basses-Alpes | 618 | 148 | 766
Hautes-Alpes | 51 | 395 | 446
Alpes-Maritimes | 986 | 17 | 1003
Ardèche | 479 | 720 | 1199
Ardennes | 457 | 240 | 1199
Ariège | 2278 | 5269 | 7547
Aube | 478 | 316 | 794
Aude | 15 762 | 3143 | 18 905
Aveyron | 2180 | 3933 | 6113
Belfort | 250 | 145 | 395
Bouches-du-Rhône | 18 544 | 3345 | 21 889
Calvados | 595 | 1198 | 1793
Cantal | 354 | 773 | 1127
Charente | 516 | 775 | 1291
Charente-Maritime | 504 | 848 | 1352
Cher | 414 | 1114 | 1528
Corrèze | 384 | 1902 | 2286
Corse | 406 | 80 | 486
Côte-d’Or | 857 | 716 | 1573
Côtes-du-Nord | 205 | 121 | 326
Creuse | 95 | 432 | 527
Dordogne | 2026 | 585 | 2611
Doubs | 420 | 208 | 628
Drôme | 580 | 598 | 1178
Eure | 390 | 704 | 1094
Eure-et-Loire | 83 | 1168 | 1251
Finistère | 171 | 262 | 433
Gard | 6509 | 2887 | 9396
Haute-Garonne | 8978 | 12 699 | 21 677
Gers | 4236 | 2365 | 6601
Gironde | 19 328 | 6145 | 25 473
Hérault | 20 676 | 3970 | 24 646
Ille-et-Vilaine | 216 | 612 | 828
Indre | 94 | 475 | 569
Indre-et-Loire | 629 | 975 | 1604
Isère | 3639 | 1015 | 4654
Jura | 199 | 133 | 332
Landes | 1134 | 2022 | 3156
Loir-et-Cher | 249 | 804 | 1035
Loire | 3009 | 1097 | 4106
Haute-Loire | 74 | 321 | 395
Loire-Inférieure | 764 | 641 | 1405
Loiret | 13 | 2778 | 2791
Lot | 623 | 1634 | 2257
Lot-et-Garonne | 2229 | 2608 | 5537
Lozère | 66 | 479 | 545
Maine-et-Loire | 438 | 161 | 599
Manche | 273 | 347 | 620
Marne | 439 | 114 | 553
Haute-Marne | 528 | 240 | 768
Mayenne | 90 | 81 | 171
Meurthe-et-Moselle | 582 | 240 | 822
Meuse | 163 | 181 | 344
Morbihan | 85 | 145 | 230
Moselle | 452 | 77 | 529
Nièvre | 415 | 685 | 1100
Nord | 1320 | 302 | 1622
Oise | 413 | 208 | 621
Orne | 242 | 517 | 759
Pas-de-Calais | 702 | 302 | 1004
Puy-de-Dôme | 3118 | 1404 | 4522
Basses-Pyrénées | 11 256 | 2545 | 13 801
Hautes-Pyrénées | 4982 | 4714 | 9696
Pyrénées-Orientales | 14 816 | 9592 | 24 408
Bas-Rhin | 199 | 24 | 223
Haut-Rhin | 575 | 33 | 608
Rhône | 11 501 | 1412 | 12 913
Haute-Saône | 208 | 123 | 331
Saône-et-Loire | 777 | 720 | 1497
Sarthe | 128 | 332 | 460
Savoie | 741 | 947 | 1688
Haute-Savoie | 283 | 429 | 712
Seine | 21 745 | 7039 | 28 793
Seine-Inférieure | 2637 | 2637 |
Seine-et-Marne | 811 | 1770 | 2581
Seine-et-Oise | 2954 | 1295 | 4249
Deux-Sèvres | 236 | 43 | 279
Somme | 302 | 120 | 422
Tarn |  | 9975 | 9975
Tarn-et-Garonne | 2476 | 2688 | 5164
Var | 1139 | 895 | 2034
Vaucluse | 2973 | 893 | 3866
Vendée | 143 | 86 | 229
Vienne | 706 | 185 | 891
Haute-Vienne | 281 | 921 | 1202
Vosges | 225 | 362 | 587
Yonne | 9292 | 708 | 1637
Total | 227 079 | 117 824 | 344 903

Los informes del Ministerio del Interior reflejaban un análisis político y analizaban las instituciones del gobierno de la República española y de las autonomías vasca y catalana en el exilio, que se habían vuelto a reagrupar en territorio francés después de la Segunda Guerra Mundial. La actividad política fue muy importante en las acciones llevadas a cabo por algunos partidos, grupos y asociaciones antifranquistas, refugiadas y toleradas en territorio francés después del éxodo masivo que siguió a la Guerra Civil[6].

El eje de la lucha contra Franco en el exilio se fue debilitando a medida que el régimen franquista se iba perpetuando. Fueron muy pocos, una minoría que continuaron activos contra el régimen franquista entrados los años 50. Las únicas acciones destacables sobre el plano político, fueron derivadas o bien de la acción guerrillera, o bien por el reagrupamiento siempre ocasional de las fuerzas políticas en reuniones teóricas sobre estrategias y posibles cambios de régimen en España.

En 1931 empiezo la primera emigración política: nace la República y el mismo rey Alfonso XIII se instala en Francia. Muchos monárquicos y conservadores también lo hicieron. Otros emigrantes políticos fueron temporalmente a Francia para encontrar asilo político después de la revuelta de octubre del 34. Sobre todo los socialistas y comunistas. Por otro lado, muchos obreros gracias a la aplicación de nuevas leyes sociales durante la República volvieron a España. En 1936, el número de emigrantes en Francia era de unos 325 000[7]. Ante el triunfo del Frente Popular republicano, los refugiados políticos más conservadores llegaron a Francia, Inglaterra y Portugal. Muchos de los refugiados políticos de derechas colaboraron en las redes de información franquistas. La Generalitat de Catalunya fletó barcos, pagados con dinero público gubernamental, hacia Génova en 1936 para evacuar católicos y moderados considerados en peligro ante los desmanes revolucionarios[8].

Pero la gran masa de exiliados políticos del franquismo empezó a pasar a Francia en dos tiempos: el 1937, después de la ofensiva sobre Bilbao, y en 1939 después de la derrota de Cataluña. Durante 1938 los que pasaron al exilio huyendo de la ocupación de los Pirineos. Unos 150 000 vascos llegaron a Francia y después del acuerdo con las autoridades francesas de estos 32 000 fueron enviados a Cataluña, 63 000 volvieron a España y 19 000 se quedaron en Francia[9]. Las cifras manejadas posteriormente establecen que la retirada de las tropas republicanas de 1939, hizo huir a 550 000 españoles por los pasos fronterizos de Por-Bou, Le Perthus, Bourg-Madame y otros.

Los datos estadísticos del gobierno francés siguieron hasta los años 50, hasta 1952: a principios de 1945 la colonia española contaba con 304 571; hasta 1952 en Francia entraron unos 40 000 españoles más, de los cuales 15 000 aproximadamente lo hicieron clandestinamente. Después de 1952 la emigración clandestina disminuyó mucho reduciéndose hasta un ritmo de 50 personas diarias[10]. A partir de 1945, el gobierno republicano español en exilio retornó a Francia y a partir de 1946, el Presidente de la República española en el exilio encargó la misión de formar gobierno a José Giral, de Izquierda Republicana, que obtuvo toda la participación de los partidos y organizaciones del exilio excepto los comunistas y una facción del Movimiento Libertario Español, la tendencia de Federica Montseny de la CNT[11]. Otros gabinetes se sucedieron, los comunistas, que en 1946 se pudieron incorporar al gobierno en el exilio pero en agosto de 1947, Vicente Uribe Galdeano, dimitió, hubo otra crisis de gobierno y, seguidamente lo hizo el propio Rodolfo Llopis[12]. La historia política de esos años y de los diferentes gabinetes de gobierno, conflictos, dimisiones, marcaron el segundo lustro de los años 40. Se debe mencionar la gran influencia que tuvo la Guerra Fría también en la política del exilio republicano: mientras por una parte se producía la «caza de brujas» francesa, mediante las operaciones Boléro y Nevada, en el mismo año, el antiguo secretario de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles, acudía a Washington para armar un batallón de exiliados catalanes y ponerlos al servicio de los norteamericanos en la Guerra de Corea. Un ejemplo de la complejidad política del mismo exilio[13].

Los informes policiales franceses, a veces superficiales y con algunos errores, otras muy detallados, de una forma muy significativa, se dedicaron a censar uno por uno los partidos y las organizaciones políticas del exilio en su territorio. Informaciones que remiten todas a la época de la Segunda República y de la Guerra Civil, incluso de la fundación de partidos —como el PSOE— o Izquierda Republicana con la persecución de sus líderes y sus intentos de represión, incluso de asesinato; como fue el caso de la detención e internamiento de Julio Just Gimeno, que mantuvo el ideal republicano y de partido hasta la fecha de su muerte en 1976[14]. La extradición de Julio Just fue repetidamente solicitada por el gobierno de Franco, fue detenido por Vichy y en el año 1944, sufrió un intento de asesinato por parte de policías franquistas[15]. Igualmente, el PSOE que agrupaba unos 7000 militantes en Francia con aproximadamente el doble de simpatizantes, constituyó en Francia 150 secciones locales y 65 federaciones departamentales.

El colectivo catalán

También merecieron una especial atención los nacionalistas vascos y catalanes. Siendo sobre el exilio catalán el análisis más extenso. Se puede obtener de ellos una buena visión de la situación de los grupos políticos del Exilio catalán en Francia. Des de la aprobación del Estatut d’Autonomía de 1932, pasando por la retirada y el internamiento en los campos de concentración. Muchos nombres catalanes se pueden ver en los cementerios de los campos en Vernet, Rivesaltes y Argelès. Un episodio negro para las instituciones y libertades del pueblo catalán[16].

Políticamente el exilio catalán vivió uno de los complots nazi-fascistas más duros de la posguerra que comportó incluso la detención y fusilamiento de su presidente, Lluís Companys[17]. El exilio catalán pasó muchos conflictos internos, la presidencia asumida por Josep Irla, el Consell Nacional de Catalunya, el Consell Asesor y otros organismos que tuvieron una existencia en muchos períodos más teórica que práctica[18]. Se podían establecer cuatro grandes tendencias entre los grupos catalanes: moderados, representantes de ERC, su órgano de prensa era el diario L’Humanitat[19], partido más importante y más influyente; los socialistas, con la Federación Socialista Catalana y el Movimiento Socialista de Cataluña; el POUM —Partido Obrero de Unificación Marxista— y el PSUC —Partido Socialista Unificado de Cataluña— una múltiple coalición, fundada en 1936, comunista. La fundación del PSUC supuso una respuesta política unitaria al golpe militar de julio de 1936, resultado de la Unió Socialista de Catalunya, de la Federación Catalana del PSOE, del Partit Comunista de Catalunya y del Partit Catalá Proletari. La gran particularidad inicial del PSUC es que une en Cataluña, los representantes aquí de los dos partidos obreros principales de la Península: el socialista y el comunista.

Volviendo a ERC, debemos recordar que en Francia había unos 1000 afiliados, su tendencia en el exilio fue favorable a una unión entre republicanos moderados y socialistas y se oponía a un pacto con los monárquicos y con los comunistas[20]. El Moviment Socialista de Catalunya —MSC— quería «reagrupar en un solo partido catalán todas las tendencias obreras, técnicas e intelectuales que tienen fe en el socialismo…»[21]. El MSC defendía el principio de la autonomía catalana en el seno de una Federación hispánica. Tuvieron también un millar de afiliados. Su órgano de prensa se llamaba Endavant[22]. Igualmente se vigilaron con especial interés los partidos catalanes que tuvieron un amplio protagonismo durante la Guerra Civil como el POUM, con su órgano de prensa La Batalla, y otros grupos que son presentados como escisiones no ortodoxas de los partidos comunistas y/o socialistas[23].

El PSUC, que después de sus actos célebres de resistencia antinazi, se dividió en tendencias «kominformistas» o bien «comoreristas» hasta que él —Joan Comorera, secretario general— que fue expulsado del partido y posteriormente juzgado en España, murió en el penal de Burgos[24]. La rama más estalinista siguió funcionando incluso después de su prohibición y de la operación Boléro-Paprika. El PSUC empezó otra vez, dentro la Guerra Fría su clandestinidad[25]. Sus órganos de prensa fueron Treball y Lluita que fueron prohibidos pero pronto siguieron editándose en clandestinidad[26]. Esa organización clandestina se integró en el PCE y duró hasta la transición democrática.

Todos los partidos catalanes intentaron reagrupar sus fuerzas para mantener sus instituciones en el exilio e intentar retornar la democracia en España. La Alianza Nacional de Catalunya que publicaba el diario Catalunya. Otro intento surgió creando Solidaritat Catalana, para los del interior la unidad era representada por el Front Nacional de Catalunya. De estas alianzas y otros pactos fueron excluidos los comunistas del PSUC y también los republicanos independientes y hubo más discusión política que acciones reales[27]. Su actividad, pero, fue poca y en muchos casos nula. La política de bloques dividió el exilio en comunistas y anticomunistas y la unidad política catalana tan deseada por muchos sectores, no fue nunca posible, a pesar de intentar llegar a ser un bloque activo para continuar la lucha antifranquista.

Al final, en 1952, a las puertas de la aceptación de España en la comunidad internacional y frente una entrada de créditos norteamericanos muy cuantiosos, se puede afirmar que Franco obtuvo otra victoria política en su constante guerra contra el exilio después del hundimiento de sus amigos del Eje. A partir de los años 50, el antifranquismo se desarrolló más fecundamente en el interior, en los sindicatos verticales franquistas, en las fábricas, en la universidad, desde dentro del régimen. El exilio había sido tocado, no hundido pero totalmente desarmado, quedando en él la resistencia cultural, las elites políticas y un numeroso grupo de españoles republicanos que siempre mantuvieron la memoria de la democracia —y la República— española fuera de España. Las acciones represivas se centraron contra los grupos comunistas.

2. De la lucha antiazi a la lucha antifranquista

2. DE LA LUCHA ANTINAZI A LA LUCHA ANTIFRANQUISTA

Los exiliados españoles en Francia sufrieron dos guerras seguidas contra un mismo enemigo, expresado en las distintas variantes europeas del fascismo: una, el franquismo y la otra, el nazismo. Muchos de los republicanos que huyeron de la terrible e implacable, represión que los «vencedores» les aplicaban en España, se encontraron con una situación dramática en Francia. Después de ser mal recibidos en campos de refugiados (o de concentración de inmigrantes), se encontraron muy pronto, en un territorio francés ocupado por las fuerzas del Tercer Reich.

La ocupación de Francia la podríamos dividir en tres zonas territoriales y políticas: una clara zona ocupada directamente por los nazis y administrada directamente por el gobierno alemán, que comprendía la capital, París —centro de operaciones de los alemanes en la Europa más occidental— y la zona noreste. La segunda zona fue la administrada por el nuevo gobierno francés creado, como consecuencia de la ocupación nazi, por franceses de derechas, fascistas y militares que, a cambio de poder gobernar, aceptaron el sometimiento al Tercer Reich. Este nuevo gobierno francés profascista, emigró de París hacia el sur, se estableció en Vichy y estuvo encabezado por el mariscal Pétain, sometido a la mencionada supervisión total de los nazis. La tercera zona sería más política que territorial, físicamente era muy difícil de definir, ya que fue oscilando durante toda la Segunda Guerra Mundial y es lo que la historiografía francesa denominó la «Francia libre». Esta «Francia» se definió como la «Francia de De Gaulle», que incluía a la resistencia exiliada que no reconocía al régimen de Vichy y el valor del armisticio franco-alemán y a toda la agrupación de los resistentes a la ocupación nazi, en el exterior y en el interior, especialmente en la zona suroeste del país. Durante más de dos años, este territorio fue más imaginario que real y esta «tercera Francia» se redujo a bosques y montañas puntuales ante la total ocupación del mapa francés (junto con el gobierno De Gaulle en Argelia y Londres). Es en esta zona donde guerrilleros antifascistas querían seguir luchando contra el invasor y renegaban del régimen impuesto por Vichy, proponiéndose recuperar Francia: fue la llamada Francia de la Resistencia[28].

A pesar de las acciones aisladas de algún grupo de partisanos comunistas bretones, es bien sabido que el PCF no organizó una fuerza militar de forma oficial para luchar contra el invasor hasta después del 22 de junio de 1941, cuando Hitler invadió Rusia y rompió el pacto Molotov-Ribbentrop entre Rusia y Alemania. El PCF. mediante su nueva arma política llamada Frente Nacional (no olvidemos que era totalmente clandestino y perseguido), formó una fuerza militar llamada FTP (Franc Tireurs et Partisans). Estos FTP, juntamente con las FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) y el MOI (Main d’Oeuvre Immigré) realizaron la verdadera resistencia francesa y la guerrilla de lucha contra los nazis[29].

Desde la caída de Cataluña y la retirada hacia la frontera, las unidades del ejército republicano se mantuvieron reagrupadas bajo la autoridad de sus oficiales, lo que permitió evitar una desbandada dentro del caos. Además de mantener la cohesión de grupo, para muchos, la lucha no había terminado. A pesar de que muchos altos cargos se fueron a terceros países o a París, los militantes y cuadros intermedios se organizaron mediante estructuras políticas y militares que se impusieron en los campos. Por ejemplo, Evarist Massip, colaborador cercano de Joan Comorera, llegó a reconstituir 80 células del PSUC en el campo n.º 8 de Argelès y Josep Pàmies, en Barcarès recompuso las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas)[30].

Los comunistas españoles exiliados en Francia, pertenecientes al PCE y el PSUC en la clandestinidad, y ante la persecución ejercida por la policía fascista de Vichy, el ejército alemán y la Gestapo, ya hacía días que estaban organizados y habían realizado acciones de sabotaje. En octubre de 1940, ya se había realizado la primera reunión oficial en el interior del campo de concentración de Argelès, donde además, de luchar al lado del pueblo francés contra el nazismo, se decidió organizar políticamente a los refugiados[31].

Destacamos dos factores básicos en la rápida formación de fuerzas guerrilleras: en primer lugar, la estructura militar utilizada durante la Guerra Civil española y su organización en brigadas o divisiones así como los cargos militares, todavía bien presentes, en las estructuras de los exiliados, sobre todo de los comunistas que, con la voluntad de seguir la lucha contra Franco desde el exterior, querían mantenerla a través de lo que se llamaría el maquis. En segundo lugar, la distribución de la mano de obra española dentro de las compañías mineras y forestales en regiones inhóspitas también favoreció la guerra de guerrillas. La incorporación de estos refugiados en las empresas de guerra o de trabajo forzado del régimen de Vichy se hizo ya con una preorganización. Así pues, no es de extrañar que a finales de 1941 el PCE y el PSUC, ya hubieran creado una red organizativa por todo el sur francés, y en otoño de 1942, ya fueran a todos los departamentos de Francia de Vichy. El lema era «Trabajad menos. Sabotead más y mejor»[32].

El deseo de escapar a la reclusión en campos incitó a la incorporación voluntaria masiva en las compañías de trabajo o la Legión Extranjera. Los militantes comunistas se esforzaron en contestar a las condiciones de vida con acciones contundentes como huelgas de hambre y otras estrategias de resistencia. Pero la Segunda Guerra Mundial se desarrolló rápidamente en territorio francés y poco pudieron hacer para evitar los batallones. Dentro de las CTE y las GTE, los militantes del PSUC y del PCE fueron doblemente penalizados, como extranjeros y como comunistas. Además, el pacto germano-soviético, nunca comprendido por gran parte de los cuadros intermedios, no provocó muchos problemas a la militancia, mucho más preocupada por asegurarse el pan, evitar denuncias de compañeros o esquivar la represión de la policía francesa.

La estrategia del PSUC y del PCE fue la clandestinidad[33]. A partir de 1943, la instauración de las STO (Service de Travail Obligatoire) machacó todavía más a la masa exiliada. Además, para evitar la deportación de franceses, los prefectos mandaron listas de españoles a las autoridades de ocupación para que los sustituyeran. La única salida al dominio alemán y su implacable represión, fue la clandestinidad o la huida hacia el maquis. En el caso comunista, cuando empezaron los combates de liberación, la Unión Nacional Española (UNE) y su brazo armado, la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE), se encuentran en una posición casi hegemónica y lista para entrar en acción[34]. En septiembre de 1943, el Comité Central del Partido Comunista Español hizo público un manifiesto invitando

[…] a los patriotas españoles a unirse en un frente nacional, para defenderla existencia amenazada de España y de la vida del pueblo español, para cesar a Franco y a la Falange Española de la dirección del país y para llegar a la creación de un gobierno de Unión Nacional que gobernará en nombre y al servicio de España[35].

Por todo ello se había constituido la UNE. Su intención era crear una unidad republicana en el exilio para luchar contra el franquismo y los fascismos europeos, pero la amplia hegemonía comunista al frente del movimiento, provocó la disidencia de muchos sectores políticos. Disponía de una Junta Suprema de Madrid como brazo político y de sus brigadas de guerrilleros como brazo militar, la AGE, dentro de los cuales destacarían el general Luis Fernández como jefe de los guerrilleros residentes en Francia, y el general Juan Blázquez Arroyo, alias General César, como jefe del Estado Mayor. Paralelamente, no podemos olvidar que, como símbolo de las divergencias y de la falta de unidad en el exilio español, solamente dos meses después (diciembre de 1943) de la creación de la UNE en Francia, en México, los afines a los socialistas de Indalecio Prieto, crearon conjuntamente con los republicanos la Junta de Liberación Española (JLE) para contrarrestar la acción de la UNE dentro del exilio republicano. En cierto modo, los conflictos de 1939 en la creación del SERE y la JARE resurgían fuertemente cuando todavía no se había terminado la Segunda Guerra Mundial[36].

En términos generales, podemos decir que la UNE estaba integrada por los socialistas de Negrín, los comunistas (PCE y PSUC), algún nacionalista vasco y la CNT. Y la JLE, que consiguió la representación de la República española en la conferencia de fundación de Naciones Unidas en San Francisco, representaba al resto de fuerzas políticas, destacando Unión Republicana (Diego Martínez Barrio, que la presidió), los socialistas de Prieto, Izquierda Republicana (Álvaro Albornoz) y dos partidos catalanes de tendencia republicana; Esquerra Republicana de Catalunya (Antoni María Sbert) y Acció Catalana (Pere Bosch i Gimpera). Este segundo bloque, en el contexto posterior de Guerra Fría, se fue configurando como el occidentalista y anticomunista[37].

Volviendo a la UNE, a principios de 1944, ya había formado 5 brigadas guerrilleras en Francia. Estaban compuestas de españoles y algunos eslovacos, checos, polacos y otros voluntarios antifascistas; sus efectivos oscilaban entre 400 y 1000 hombres por brigada, y estas formaciones ocupaban, principalmente, los bosques de las zonas pirenaicas, limosinas y la Saboya. En la Liberación de Francia, todos estos maquis españoles participaron en las operaciones de las Fuerzas Francesas del Interior contra el ocupante y muchos de ellos recibieron condecoraciones y «cruces de plata con palma», distinciones concedidas por actos heroicos de guerra[38].

En 1946, después de la guerra, el problema de la reubicación se volvió a plantear ya que muchos republicanos españoles todavía permanecían encerrados en estos campos. Encontramos a un colectivo muy importante, unas 90 personas, en el campo de Gurs, los cuales tienen que ser liberados pero no se sabe exactamente qué hacer con ellos; finalmente unos 56 serían acogidos en un centro Tívoli en Burdeos y los otros asignados a residir en un sitio fijo y controlado[39]. En el campo de Noé, en la Alta Garona, el gobierno francés «instalaba» a los españoles políticamente más «indeseables». La ley que regía la instalación de campos era todavía la de noviembre de 1945, pero su nulidad práctica, como hemos podido comprobar, tardó mucho en aplicarse[40]. En el caso del campo de Noé, no se dio la orden de liberación de los españoles allí recluidos hasta el 25 de febrero de 1946.

Existen más de un centenar de expedientes personales de liberación que constatan que la liberación no era total, pues la ley francesa obligaba a asignar una residencia fija e invariable a los internados[41]. En el modelo de expediente constaba como objeto: «Asignación a Residencia», y además del nombre completo y la fecha de nacimiento debía constar el domicilio fijo donde residiría el afectado en cuestión. Tras la especificación del domicilio, en cada modelo oficial constaba la expresión: «donde está obligado a residir». Al final de cada modelo figuraba el siguiente texto:

La notificación de dicha orden ministerial ha sido realizada al interesado en el día de hoy por la persona responsable, que bajo la pena de sanciones previstas en el artículo 4 del Decreto Ley del 10 de noviembre del 39 —encarcelamiento hasta cinco años— no podrá en ningún caso, irse del lugar fijado por residencia y tendrá que conformarse en todas las prescripciones que le serán dirigidas por la ejecución de esta decisión por la autoridad competente… Firman: el director del campo y el interesado[42].

Ante este panorama, algunos españoles, convencidos de su antifranquismo, decidieron inscribirse en la UNE que expeditaba en Toulouse y donde, después de ser organizados en pequeños destacamentos, eran enviados al otro lado de los Pirineos[43]. La misión principal era subir la moral de los grupos maquis que actuaban en España. En términos generales, el efectivo de guerrilleros comunistas españoles aumentó desde un centenar al inicio del exilio, hasta más de 10 000 después de la liberación de París (del 19 al 25 de agosto de 1944).

Según la estadística de los archivos de la Sûreté Nationale las diferentes fuerzas guerrilleras españolas de filiación comunista eran las siguientes:

Militares de carrera agrupados en la Agrupación Militar del Ejército de la República Española (AMERE): 2500.

Guerrilleros, antiguos grupos de la Unión Nacional Española (UNE): 8000.

Paramilitares de las Juventudes Socialistas Unificadas de España y Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña (JSUE y JSUC): 3000.

Unión Federal de Estudiantes (UFEH): 250.

Fuerzas suplementarias como la Asociación de Deportes Españoles Antifranquista (ADEA): 500.

Total: 14 250[44]

En realidad, estas cifras eran inferiores, pues muchos miembros de una organización pertenecían a la vez a otros grupos y aparecen más de un vez en las estadísticas; así, por ejemplo, el coronel Fernando Claudín, del comité central del PCE, que sale como tesorero del Amical de Antiguos FFI y de Resistentes Españoles, está también en la cúpula de la AMERE y en el comité director de las JSUE. Lo mismo sucede con Miguel Ángel Sanz, con Líster y con bastantes más. Además, consideramos que las fuentes de la policía francesa incluyeron dentro del mismo paquete las filiales políticas del PCE y del PSUC (en este caso JSUE, JSUC, UFEH y ADEA) como ramas de acción guerrillera, lo que no era del todo exacto, pues no todos los militantes lucharon como guerrilleros. Es por esta razón que creemos más aproximada una cifra entre 10 000 y 10 500.

Ya el 19 de febrero de 1945, bastante antes de firmar el armisticio del 8 de mayo de 1945 que daba por finalizada la Segunda Guerra Mundial, el general francés Collet, comandante de la 17.ª región militar, enviaba una carta al comisario de la República francesa, en la que ordenaba —en representación del ministro de la Guerra— la disolución escalonada de la unidades guerrilleras españolas[45]. A priori se planteaba un plazo de un mes y medio, hasta el 31 de marzo para proceder a la disolución. El día 17, el general Collet, antes de emitir la orden, se entrevistó con el comandante del grupo de batallones guerrilleros españoles, el general Luis Fernández, para hablar de las operaciones, ciertamente complicadas, del desmantelamiento. La reocupación de los guerrilleros suponía un problema añadido al colectivo global de la inmigración española. Otro coronel francés, llamado Samuel, estableció contactos con los directores de la Main d’oeuvre collective (mano de obra colectiva), para estudiar la ocupación laboral de los guerrilleros y tratar los problemas planteados desde el Ministerio: alojamiento, los recursos de subsistencia, la alimentación, la concesión de una posible carta de racionamiento de alimentos y ropa, el documento de identidad, pasaporte, tarjetas de residentes y un largo etc.[46].

El complicado proceso fue más largo del plazo concedido por el gobierno francés. Al final, la disolución definitiva se aplicó con la orden del primero de abril de 1945, con la que también se desmovilizaban las Fuerzas Francesas del Interior. Esta desmovilización afectó negativamente a la acción de las brigadas de guerrilleros españoles y su «oficialidad». Después de algunas objeciones del Partido Comunista Francés, la UNE ordenó la desmilitarización de su sección armada dirigida por José Antonio Paz Martínez. Así pues, los efectivos guerrilleros de la UNE, restaban ahora «oficialmente movilizados al servicio de la industria nacional francesa». Pero, como veremos a continuación, los hombres del suroeste continuaron militarmente organizados[47].

Fue a partir de aquel mes de abril de 1945, bajo la presidencia de Louis Saillant, presidente del Comité Nacional de la Resistencia (CNR), cuando el general Luis Fernández, por su lado, creó en Toulouse el Amical de los Antiguos FFI y Resistentes Españoles, cuya sede social fue trasladada a París en 1947, al n.º 4 Cité Monthiers, (París 9ème[48]). Este Amical se convirtió, en realidad, en la reunión de los guerrilleros españoles con el objetivo oficial de «estrechar los lazos de amistad con las organizaciones de la Resistencia francesa y de socorrer a los mutilados y a las familias de los muertos de guerra»[49].

En el contexto de una Europa que se iba reconstruyendo con nuevos tintes políticos democráticos, el Partido Comunista español y sus organizaciones satélites se declararon siempre partidarios de una acción armada en el interior de España. Quedaba claro que para este colectivo, igualmente que para algunos sectores de la CNT, la guerra contra el fascismo no había terminado, pues faltaba derrotar a Franco. Asimismo, los comunistas españoles consideraron siempre prioritario reforzar la estructura de sus organizaciones militares o guerrilleras. Estas organizaciones militares querían seguir la lucha de guerrillas y con este objetivo en mente crearon células encargadas de reagrupar a los antiguos militares de carrera que habían luchado en la Guerra Civil española en el seno de la AMERE, a los antiguos militares «ocasionales» que lucharon con las FFI y FTP, además de los guerrilleros de la UNE, que después del armisticio se convirtió en pequeños grupos organizados en el Amical de los Antiguos FFI y Resistentes españoles, mencionada más arriba[50].

3. Organización e infraestructuras comunistas en Francia

3. ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMUNISTAS EN FRANCIA

La estrategia de recolocación de la España franquista en la esfera de las relaciones internacionales y el papel del anticomunismo durante la incipiente guerra fría, fueron los factores decisivos para entender la persistencia y acoso sobre el exilio político republicano. Esa presión franquista, así como la presión del gobierno de la IV República francesa, se focalizó sobre los exiliados comunistas. Todo ello respondió a coyunturas internacionales más extensas siempre defendidas por razones de seguridad nacional. La herida moral abierta por el espionaje se cauterizó apelando al patriotismo y sus intereses estratégicos desde la Guerra Civil española, pasando por la colaboración de americanos y rusos para derrocar al Eje, incluso el reclutamiento de brigadistas de la Lincoln Brigade para la OSS (Office of Services Strategies), precedente de la CIA[51]. La OSS había sido creada seis meses más tarde del ataque sobre Pearl Harbor, en junio de 1942, Roosevelt aprobó la creación de ese importante servicio norteamericano agrupado en la Office of Strategic Services, órgano central de la inteligencia militar y política estadounidense. Sus actividades cesaron al término de la guerra para dar paso a la actual CIA, creada formalmente en 1947[52], Desde los años 50, a causa de la Guerra Fría, las investigaciones de los Estados parecen indisociables de un conjunto de medidas de tipo puramente policial que después se aplicarían en Vietnam, Suez y el mismo Estados Unidos para actuar contra comunistas[53].

Después de la Segunda Guerra Mundial, el exilio comunista, que había colaborado ampliamente en la resistencia, en el maquis y en las fuerzas de liberación, tenía el convencimiento moral que Franco sería derrocado por presión de las democracias occidentales. La ilusión duró poco. Los años pasaron y Franco se mantenía en el poder. La organización en Francia del PCE determinó que debía mantener la lucha —política y también armada— pues sus objetivos no se habían cumplido. Ese doble objetivo, político y guerrillero se mantuvo hasta bien entrado el año 1948: se debía derrocar al Caudillo y restablecer la democracia en España. Por esa causa habían muerto tantos republicanos españoles. Desde Francia, el PCF siempre interpretó la ayuda de los comunistas españoles como un voluntariado. Nunca se les pidió nada. Solamente, en el año 1944, André Marty quiso utilizarla fuerza humana de la organización de los comunistas españoles, para llevarlos al frente de Bélgica en la ofensiva de las Ardennes. La dirección del PCE se negó rotundamente ante la pérdida humana que podría representar su implicación en la batalla abierta. Su organización debía conservarse para luchar contra Franco[54].

Muchas estructuras de la lucha antifranquista y guerrillera perduraron hasta el año 1950, en que fue nuevamente ilegalizado y entró en su etapa clandestina. La estructura de estos años mantenía su origen en el entramado militar y político de los años de la Guerra Civil. Algunos cargos dirigentes se habían modificado por su implicación en la resistencia francesa (FFI, MOI y FTP), pero en líneas generales, el PCE, conservaba su original estructura jerárquica y militar. Algunos exmandos republicanos mantuvieron su denominación y graduación, más en un plano léxico que práctico pues el PCE no consideraba que tenían organizado en Francia un ejército, pero sí una estructura guerrillera considerable. La organización paramilitar estaba basada en infraestructuras y organizaciones de supervivencia muy bien estructuradas, distintas del plano accidental y meramente presencial de otros muchos grupos políticos republicanos. Más adelante se verá que las infraestructuras comunistas no eran nada despreciables. Esto permitió hacer frente a una organización antifranquista activa, de guerrilla, de paso de frontera, de recaudación económica, militancia, mítines y campañas. Su efectividad fue desarrollada paralelamente a su fe ciega en el comunismo prosoviético y al dogmatismo estalinista[55].

El papel de la URSS en la creación de empresas forestales, centros de acogida y ayuda, hospitales, emisiones de radio y toda una serie de acciones que desarrollaron el antifranquismo más activo del exilio, fue muy reducido. Su influencia moral y de conciencia política sí fue muy decisiva. Enviaba agentes infiltrados para controlar el dogmatismo estalinista y evitar disidencias peligrosas. Pero su aportación en las estructuras de exilio y en su organización podríamos reducirla en medio millón de dólares. En una única reunión de dirigentes del PCE, entre los cuales Santiago Carrillo, con Stalin, en 1948, fueron discutidos temas de gran importancia «táctica», como el abandono de la guerrilla, la lucha en el interior, etc. Y, el PCE se llevó «de propina» el mencionado medio millón de dólares que fue ingresado en un banco de Checoslovaquia[56]. Las estructuras reales de los comunistas españoles en el exilio se crearon a partir de su capacidad organizativa. Esa organización dio lugar a numerosas especulaciones políticas por parte de las autoridades francesas que, cada vez más, interpretaban a los miembros del PCE o del PSUC como un estorbo, si no peligro, para su seguridad interior. El exilio de los comunistas desde la Guerra Civil fue duro y tormentoso[57]. El lado más clandestino de la organización comunista fue, sin duda, la estructura guerrillera. Ésta duró en Francia hasta finales de 1949. Obviamente esa estructura estaba aceptada y apoyada por el PCF y por el Kominform soviético. Las asociaciones comunistas que se agruparon entrono a dicha organización, representaban toda la estructura prosoviética y fue tratada por los servicios de información franceses como la rama de los «comunistas ortodoxos». La Guerra Fría también influyó mucho en el grado de aplicación interna, dentro de los partidos, de esa ortodoxia. Mientras tanto en el interior de España la lucha antifranquista, poco a poco, fue desarrollando una cierta autonomía, tímida y débil, pero real, con respecto a los cuadros del exilio. La autonomía de ciertas operaciones guerrilleras, las acciones en Catalunya del PSUC y las políticas de acción sindical a partir de los años 50 marcaron nuevas iniciativas que se interponían con la cúpula dirigente exiliada[58].

De enorme importancia fue también el llamado «cambio táctico» en referencia al desmantelamiento de la organización guerrillera. La reunión de Carrillo con Stalin en 1948, sentó las bases de dicho cambio[59]. Gradualmente, la acción política clandestina substituyó la lucha armada. Se aplicó de forma gradual, con algunas reticencias internas de sectores más militaristas. De hecho, la orden de desarticulación de la guerrilla fue dada el mismo 1948. A partir de entonces se inició un período de dos años de lenta adecuación de nuevas formas de actuación. Igualmente se debía resituar a miles de militantes que llevaban más de diez años luchando con armas y que, a partir de entonces, debían aprender a realizar política de base, infiltrarse en asociaciones españolas, el sindicato vertical franquista, para luchar «desde dentro convenciendo, más que venciendo». Los bosques y montañas, en muchos casos fueron sustituidos por pisos francos y escondites urbanos. La lucha por la huelga. Ésa fue la nueva táctica desarrollada a partir de 1950 hasta el fin de la dictadura.

Efectivos del PCE en Francia

De manera oficial, en 1949 se contaban, habiendo disminuido el número después de disidencias del titismo y de las diferentes purgas, unos 12 000 militantes en toda Francia. De éstos, unos 975 residían en Toulouse[60]. En estas cifras, muy generales, solamente se contaban los militantes seguros. Los simpatizantes, simples abonados a Mundo Obrero o los miembros de las organizaciones satélites del PCE no estaban incluidos en esta cifra. Los órganos satélites comprendían unos 3000 miembros más o menos regularmente inscritos. Los miembros teman que pagar una cotización mensual de 100 francos. Los militantes que tenían un cargo remunerado de forma regular y que no tuvieran cargas familiares pagaban 200 francos. Aproximadamente el 60 % de los miembros pagaban anualmente la cotización. También cargaban con la «obligación moral» de adquirir una serie de productos y publicaciones distribuidas con finalidades de autofinanciación. Los militantes compraban Mundo Obrero a 15 o 20 francos en vez de 10 francos que era su precio a la venta. También, debían ser inscritos en la revista Nuestra Bandera que costaba 40 francos. La reproducción de discursos de los líderes franceses, españoles o soviéticos eran también impresos y valían unos 20 francos. Entre todo se conseguía, aproximadamente, una cuota de entre 200 y 380 francos por militante[61]. Otros ingresos se recaudaban en las colectas o donaciones personales que recibía el partido. También había ingresos extraordinarios de venta de fotos, tómbolas, etc. A parte otros ingresos extraordinarios que el secretariado general del Comité Départemental podía ingresar. Los fondos eran tramitados por el secretario general departamental en la caja del Comité Central de París.

La expedición del carné de militante fue realizada de forma muy generalizada en todo el territorio francés. A pesar de seguir funcionando de forma autónoma, esa situación duró hasta 1947, cuando después de las huelgas del mes de noviembre, el Comité Central del PCE, decidió retirar el carné del PCF a todos los militantes españoles. Al ser muy peligroso hacer una carta de difusión con los nombres y la relación de afiliados porque la policía estaba muy alerta y era fácilmente interceptable, a partir de octubre de 1948, la filiación y la cotización figuraba en una cartilla encabezada por el título de Mundo Obrero, De esa forma figuraba como la inscripción al periódico. De todas formas, debemos recordar que hubo muchos militantes sin carné y muchos otros que lo tuvieron y no militaron de manera propiamente dicha.

La organización militar del partido comunista incluyendo el PCF, PCE, PSUC y PC de Euskadi, antiguos grupos de FTP, FFJ y guerrilleros, se caracterizó por la existencia de una preparación práctica constante. Incluso teorizaron con la creación de dispositivos militares (de alerta y militar general) en caso de una hipotética Tercera Guerra Mundial, que podía ser puesto en marcha en cuestión de días[62]. Las células locales eran el escalón extremo de la organización territorial, en cada departamento había representación del Estado Mayor. La unidad de combate era el grupo de cinco hombres: «la mano», con un jefe que la dirigía. Tres grupos de cinco constituían un pelotón con un jefe de pelotón y 10 pelotones formaban una compañía —es decir 150 hombres—. Todos ellos comandados obligatoriamente por un antiguo oficial, exguerrillero FFI. Al lado de estas formaciones, donde teóricamente intervenían todos los comunistas exiliados en Francia, existían «grupos de choque» especiales, formados por elementos seguros y decididos a emprender misiones autónomas especiales. Este grupo especial estaba formado por unos 10 o 15 hombres y funcionaba como un pequeño comando, dirigido también por un oficial.

Existía una interrelación muy importante entre los franceses y los españoles comunistas, en la formación de los Comités, que fueron divididos en militares, políticos y de agitación:

Comités militares: Toulouse, Montauban, Pamiers, Auch, Burdeos, Mont-de-Marsan, Bayona, Oloron, Béziers, Narbona, Sète, Perpiñán, Prades.

Comités políticos: Toulouse, Pamiers, Foix, Auch, Burdeos, Mont-de-Marsan, Bayona, Béziers, Narbona, Perpiñán, Sète.

Comités de Agitación: Montauban, Agen, Albi, Carmaux, Decazeville, Béziers, Carcasona, Saint-Gaudens, Tarbes, Pau, Dax[63].

Un examen profundo de las ciudades que tenían un comité militar permitió a los Renseignements Généraux de descifrar los grandes ejes de acción. Los informadores franceses hicieron un plano de situación y de ejes de los guerrilleros creados premeditadamente por los estrategas comunistas franco-españoles:

Sector Pirineos-oeste: Burdeos, Mont-de-Marsan, Bayona, Oloron. Se pueden constatar que en el sector afectaba a tres departamentos: Gironde, Landes y Bajos Pirineos y formaba una subdivisión militar. La importancia de ese sector era el puerto de Burdeos y su aeródromo. Todo un centro industrial que llegaba hasta Hendaya, donde se encontraba la frontera con España. Bayona también era un puerto importante e industrial.

Sector Pirineos centrales: Toulouse, Montauban, Pamiers, Auch. Toulouse era la sede política y del Estado Mayor que comandaba los otros sectores pirenaicos. La organización afectaba cuatro departamentos más: Tarn y Garona, Alta Garona, Ariège y una parte de Gers. Toulouse tenía importantes aeródromos y era un gran centro industrial, además de ser nudo ferroviario y de carreteras.

Sector Pirineos-este: Béziers, Narbona, Sète, Perpiñán, Prades. Béziers era el cuartel general y un importante feudo comunista. Narbona era un importante nudo ferroviario y de comunicaciones. En Sète había un puerto marítimo[64].

Al final de la guerra mundial el efectivo de los guerrilleros españoles en el suroeste de Francia era de unos 8000 hombres. En 1949 los militantes seguros eran unos 12 000 y 36 000 si se tenían en cuentan los simpatizantes y los miembros de las organizaciones satélites del PCE en Francia.

La cooperación entre sectores comunistas franceses y españoles fue organizada por André Marty. Según la policía francesa, una de las reservas más importantes de guerrilleros se encontraba en la Société Forestière Française du Midi, y se llamaba Sociedad Fernández Valledor y Cia. Ésta contaba con 500 guerrilleros disponibles, de un total de 700 españoles que trabajaban en ella[65].

Las organizaciones de soporte estaban formadas por elementos dirigidos políticamente y apoyadas por el órgano central del PCE —en muchas ocasiones también del PCF—. Sus connotaciones eran claramente de asociacionismo político. Las que tuvieron más amplio soporte y desarrollaron una mayor actividad fueron en Francia fueron:

La UGT comunista.

La AMERE.

La Amical de los Antiguos FFI y Resistentes Españoles.

La Unión de Mujeres Españolas Antifascistas.

Las Juventudes socialistas unificadas de España.

Solidaridad Española.

Los Españoles Partisanos de la Paz.

Las JSUE, Juventudes Socialistas Unificadas de España.

Las JSUC, Joventuts Socialistas Unificados de Catalunya, integradas en las JSUE.

CRRC, Conjunció Republicana Resistent de Cataluña y sus juventudes.

El Comité franco-español de la Juventud.

La Asociación de Deportados Españoles Antifascistas[66].

Los folletos y boletines diarios o periódicos no fueron pocos. Tuvieron una repercusión de captación de militancia y difusión política nada desdeñable. También por ese motivo más impactante resultó su prohibición. Los órganos de prensa o boletines políticos del PCE, del PSUC y del PC de Euskadi, o afines a ellos, que existieron en Francia desde 1945 a 1950 fueron los siguientes:

TABLA

Publicaciones comunistas en Francia

Mundo Obrero, órgano central del Partido Comunista de España con sede en el 59/61 rue Lafayette, París 10ème. Redacción y administración en el 8 av. Mathurin Moreau. Director de la publicación: Raymond Poirault.

Les Amis de Mundo Obrero, organismo que con el pretexto de sostener el órgano central del PCE, hacía colectas y patrocinaba manifestaciones comunistas.

Lluita, órgano de los trabajadores catalanes en Francia, órgano del PSUC, imprenta en 14 rue Paradis, París 10ème. Redacción y administración en el 33 rue de la Grange aux Belles, director de publicación; Decaster.

Euzkadi Roja, órgano central del PC d’Euskadi, redacción y administración en el 8 av. Mathurin Moreau, director: Ramón Ormazabal, este diario fue suspendido por razones de «falta de medios financieros».

a) Ediciones del Partido Comunista de España:

Ediciones Nuestro Pueblo, editor de revistas del PCE y traducciones de obras rusas. 33 rue des Amandiers, París 20ème. Director: Raymond Poirault, Impresión: Les impressions rapides, 7 rue Darboi, París.

Nuestra Bandera, revista de educación ideológica del Partido Comunista de España. Nuevo formato n.º 2, diciembre de 1949.

Cultura y Democracia, n.º 1, enero de 1950.

b) Revistas militares.

Cultura Militar, estudios militares del PCE. 170, rue du Temple, París 3ème. Gerente: Juan Barchino. Aparecía muy irregularmente.

Armas y Letras, boletín interior de l’AMERE. Dirección: 4 rue Belfort, Toulouse. No aparecía más en 1949.

Nuestro Combate, boletín interior del Amical de Antiguos FFI y de Resistentes Españoles. Administración: 4 Cité Monthiers, París 9ème. Aparecía muy irregularmente.

c) Revistas con soporte o tendencias filo-comunistas:

Anales del Hospital Varsovia, revista de estudios médicos y de propaganda del Hospital Varsovia, 15 rue Varsovia en Toulouse. Director: Dr. P. Germain.

Juventud y Juliol, órgano de la JSU, donde la última página estaba reservada a la JSUC. Redacción: 5, rue Montmartre, París. En 1949 hacía meses que no aparecía.

Mujeres Antifascistas, boletín bimensual de la UMEA, 4 rue Saulnier, París. Gerente: Anita Martínez.

Boletín de Información de la FDIF, Féderation Démocratique Internationale des Femmes, 32, me Jouvenet, París, 16è.

d) Órganos de las filiales comunistas:

MUR, boletín interior del Movimiento de Unidad Republicana, en el 24 rue Louis Deffés en Toulouse. No apareció más desde agosto de 1947.

La Catalogue Republicaine, órgano de la Conjunción Republicana Resistente Cataluña. Redacción: 2 bis, place de Puig, Perpiñán.

e) Boletines de organizaciones obreras:

Boletín Interior de la UGT.

Espectáculos, boletín de la Federación Española de Industria y Espectáculos. Director: Alfonso Gimeno.

El Obrero Español, órgano en castellano de la CGT, comunista.

f) Otras publicaciones:

Solidaridad Española, boletín interior del grupo.

La Voz de España, órgano de la Federación de los españoles residente en Francia[67].

Depuraciones internas

A principios de 1949, el Comité Central del PCE pasó un período de reestructuración de partido, sobre todo en referencia a la cuestión de la militancia. Todo fue influencia de la actitud tomada por la Unión Soviética hacia el mariscal Tito. Desde 1945 los comunistas españoles, a través de sus órganos de prensa y otras acciones, habían alabado la labor de Tito durante la Guerra Civil española, la clandestinidad en Yugoslavia, la lucha para la liberación de su patria y su organización como democracia popular. En definitiva, tenían una relación muy estrecha con el régimen titista. Bien pronto, y siguiendo órdenes de Moscú, las posturas fueron intercambiadas y los comunistas españoles se alinearon al lado de Stalin. Acusaban a Tito y todos sus simpatizantes, colaboradores, defensores, etc., de «traidores y saboteadores de la clase obrera». En el seno de la organización del exilio español, fue un actitud muy dura puesto que muchos comunistas españoles fueron en 1947 a ayudar a Tito en la revolución yugoslava y también combatieron con los partisanos griegos a su lado. La proclama de la sospecha, disidencia y delación estaba servida. Dentro de la conciencia política de los comunistas españoles se sembró una duda que dio lugar a numerosas acusaciones de «desviacionismo ideológico» y «nacionalismo burgués» que los jefes prosoviéticos del Comité Central y del Buró Político del PCE, empezaron a perseguir y castigar insistentemente.

La expulsión fue el método utilizado para erradicar ese «virus» implantado. La forma de expulsar un miembro del partido podía ser diversa y muy sutil dependiendo de cada caso (depuración, facturación, ir de vacaciones, etc.). La política que se aplicó fue muy dura, sobre todo hacia los miembros más indecisos y aquellos que no aceptaron una propuesta de acción en España o en Francia. Todos los que habían sido detenidos se convirtieron en sospechosos de delación. En general se impuso una línea dura de partido que sirvió para acusar todo indicio de contrariedad con las decisiones de la cúpula[68]. Se inició un verdadero régimen de delación entre las células, impulsado por la cúpula dirigente. Muchos militantes quisieron irse a Latinoamérica a causa del clima de peligrosidad y de la dureza política del partido. Muchos incluso negaron haber formado parte del partido. Las consecuencias se tradujeron en importantes bajas. Por ejemplo, los efectivos bajaron en una ciudad como Toulouse entre un 35 y un 40 %[69].

Todo ello respondía a la marcada línea dogmática entre el estalinismo y otras concepciones o interpretaciones del comunismo. El partido no se escindió porque no había posibilidad de escisión, el peligro era demasiado fuerte: quien no estaba ciegamente a favor del partido estaba en contra, no cabían intermedios. Se formó un triunvirato en París para dirigir todas las acciones entre Carrillo, Uribe y Mije, los cuales no habían tenido contacto con ninguna personalidad «titista». Todo ello coincidió curiosamente con la partida hacia el este, a Praga o a la URSS, de dirigentes como La Pasionaria, Antón, Líster, Luis Fernández y Blázquez Arroyo. En el seno del PSUC fue expulsado su líder más visible, Joan Comorera[70]. También en el PC de Euskadi, Ramón Ormazabal, miembro del Comité Central, fue expulsado. En Toulouse el antiguo comandante Luis Bermejo alias Toulouse, se convirtió en «disidente», acusado de ser el jefe de los titistas vascos y españoles. Estos ejemplos fueron los más paradigmáticos, pero un clima muy duro se extendió entre las bases del exilio comunista español[71]. Para evitar más bajas, a nivel más de base, ante la crisis, los jefes locales y departamentales se esforzaron para renovar la confianza a los militantes desorientados. A pesar de ello la disidencia marcó fuertemente la división de los comunistas[72].

La presión soviética se complementó con una cierta «atracción» del sistema «titista». Todo ello, provocó numerosas expulsiones y fugas del PCE hacia otras opciones o, como Comorera que volvió a Catalunya para proseguir la lucha. Después siguieron otras escisiones como el partido trotskista español, los círculos de Acción Socialista y la Asociación de los Jóvenes de las Brigadas en Yugoslavia, el grupo Horizontes de México, el POUM y la rama del PSUC comorerista que solamente duró hasta 1951[73], Comorera murió en una prisión franquista después de haber vuelto a España, curiosamente en septiembre de 1950, en el marco de la Operación Boléro, que prohibió todas las publicaciones comunistas (citadas más adelante) publicadas en Francia. Las autoridades francesas consideraron al órgano del partido escindido de Comorera como una escisión de la ortodoxia estalinista, y, como tal, no lo consideraron peligroso[74].

4. Escuelas comunistas y depósitos de armas

4. ESCUELAS COMUNISTAS Y DEPÓSITOS DE ARMAS

Las autoridades francesas denunciaron la creación de nuevas escuelas de cuadros por el PCE en el suroeste de Francia. Las denuncias se acentuaron a partir de marzo de 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, el PCE había creado en distintos puntos del territorio francés escuelas de cuadros destinadas a instruir a los mejores militantes para formar nuevos dirigentes comunistas o para enviar hombres preparados a España para seguir la lucha contra el régimen de Franco. En un principio estas escuelas estaban situadas en centros alejados de las aglomeraciones importantes y se situaban en granjas o casas de campo. Los profesores eran antiguos oficiales comunistas y cada escuela agrupaba alrededor de 20 o 25 alumnos que realizaban estancias de uno a dos meses. Los cursos trataban sobre el comando de masas, los métodos de conspiración, falsificación de papeles, supervivencia en la clandestinidad y también sobre teoría política marxista-leninista. Algunos militantes y alumnos después de su estancia eran colocados al frente de alguna célula del partido. Otros, la mayoría —un 75 %— eran enviados a España para realizar misiones determinadas. Estos últimos recibían 10 000 ptas por el viaje y otros posibles contratiempos[75].

Las principales escuelas se encontraban cerca de las siguientes ciudades: Bayona, Pau, Oloron, Osséja, Perpiñán, Foix, Carcasona, Toulouse, Marsella y París. La escuela de Toulouse se encontraba a 15 km de Toulouse en una granja llamada La Bourdette, el propietario era un francés M. Rey y la escuela era dirigida por López Tobar. La escuela se desarticuló en 1946 y se trasladó junto con todo el Comité Central del PCE desde Toulouse a París. También en 1948 se crearon escuelas en Bélgica. Y algunas se fueron repartiendo por la banlieue parisina[76]. La policía francesa y la española investigó las escuelas de cuadros de «Toulouse la Roja», pero tanto los franquistas como los franceses exageraron en las medidas de espionaje y contra espionaje que se llevaban a cabo en ellas. No fueron centros de formación de espías a favor de la URSS, era formación práctica e ideológica para las bases del partido y para misiones en España[77].

Otra actividad destacada de los comunistas en Francia fue la reserva y depósito de armas. Los depósitos importantes, verdaderas reservas de armas sobre todo en la región parisina, norte de Francia y valle del Rhône, estaban destinados en la previsión de actuaciones guerrilleras en España o también en un posible golpe de fuerza o acción violenta del PCF en Francia o en un conflicto internacional. Su utilización práctica fue abastecer a la guerrilla interior de España en armas y municiones. Las operaciones de tráfico de armas para la «resistencia» interior de España nos dieron episodios ciertamente novelescos de la lucha antifranquista[78].

Los depósitos en Francia estaban generalmente, escondidos en las canteras forestales de 5 a 15 obreros cada una, la mayoría españoles, que aprovechaban su trabajo para esconder y enterrar armas en los bosques. La policía francesa encontró algunos de estos depósitos. A partir de su descubrimiento empezó una interpretación exagerada sobre la utilización de las armas por parte de los comunistas españoles en Francia, de cara a un conflicto internacional o interno del propio país. Una especie de excusa para inculpar a los resistentes y a sus empresas e infraestructuras en complots de espías y agentes rusos.

Las armas provenían de las requisas que los resistentes españoles habían realizado contra los alemanes y eran guardadas en pozos «deposites» camuflados en explotaciones de madera[79].

Los comunistas afirmaron que guardaban armas para seguir la lucha en España y que las habían guardado desde que su participación en la liberación de Francia. Las armas eran, básicamente, las que habían abandonado los partisanos franceses y las requisadas a los nazis durante el conflicto internacional. Lo cierto es que las armas ya hacía mucho tiempo que estaban y se habían utilizado para alguna incursión guerrillera en territorio español[80]. Las armas efectivamente habían sido utilizadas para las acciones guerrilleras durante los años 1945-1948.

El depósito más grande descubierto por la policía francesa fue el de Barbazan. Representó el descubrimiento mayor de material militar desde la Segunda guerra mundial. En un inventario realizado por la policía francesa encontramos el contenido del arsenal: en tres contenedores distintos encontraron: 3 ametralladoras, 12 cargadores, 3 cajas de cartuchos, 2 ametralladoras alemanas, varias metralletas, pistolas de origen inglés, fusiles, revólveres de marca y orígenes distintos, 3000 granadas de mano con tiradores detonadores, cajas de municiones, una caja de piezas de recambio y otras armas individuales. En total, unas 8 toneladas de armamento diverso, que lo convirtieron en el depósito más grande descubierto después de la liberación de Francia[81]. En esta operación también fue importante la intervención de los agentes y servicios franquistas. En numerosos documentos de cónsules españoles, el gobierno español alertaba a su homólogo francés de la existencia de las armas de Barbazan. Los comunicados dirigidos al Ministro de exteriores y de interior, fueron repetidos desde finales de 1949. El futuro embajador francés en Madrid (lo sería en 1951) Bernard Hardion[82], ahora negociado en el Quay d’Orsay, recordaba al Embajador español Aguirre de Cárcer, el 11 de noviembre de 1949, la necesidad de intervenir sobre el arsenal de los comunistas y sus refugios[83]. En una carta de Aguirre de Cárcer a Robert Schuman —Ministro de exteriores francés—, se puede apreciar los méritos que se otorga a la embajada española en los asuntos de seguimiento de las actividades militares de los comunistas españoles en Francia:

el asunto Barbazan ha dejado bien claro hasta qué punto son justificadas las advertencias del gobierno de Madrid sobre los peligros que pueden comportar las actividades de los extremistas españoles en Francia si el Gobierno de la República francesa no toma enérgicas medidas para controlar y detener dichas actividades. Esto ha provocado pues, la base cierta de las reclamaciones españolas… ya hemos emitido una nota verbal al presidente G. Bidault, sobre este asunto… Se han establecido contactos entre las autoridades prefectorales y el Cónsul de España en Toulouse, M. Moralejo, para especificar las condiciones, parece ser, favorables, porque Moralejo y sus funcionarios puedan de acuerdo con la policía francesa, seguir investigando sobre el asunto Barbazan, para poder comprobar la gravedad de la situación. El consulado de España en Toulouse podrá, así mismo, facilitar la acción de la justicia, comunicando a las autoridades competentes las informaciones que su cancillería (consulado) posee sobre las acciones revolucionarias en cuestión y sobre las personas que hay que culpar por estos hechos… acabaré señalando a Vuestra Excelencia, el grave carácter de los hechos, así como la necesidad, para el futuro del entendimiento franco-español, que acordéis dar a nuestras reclamaciones e indicaciones la atención excepcional que se merecen[84]…

Así pues, el gobierno francés ya hacía mucho tiempo que lo sabía, pero nunca había intervenido, y esperaron la aprobación del plan de expulsión de los exiliados españoles para sacar a la luz el asunto, así, el «descubrimiento de las armas» pasó a ser un pretexto perfecto[85]. De todas formas, ese asunto provocó la indignación de los representantes franceses porque el gobierno español se pavoneó de haber podido confirmar sus advertencias. En una carta de Hardion a Schuman, se puede ver la actitud francesa:

El Palacio de Santa Cruz, (sede del Ministerio de Asuntos Exteriores Español en Madrid), no ha parado desde hace más de cuatro años, de denunciar las agitaciones criminales de los elementos comunistas españoles refugiados dentro de nuestros departamentos fronterizos. Tenemos que reconocer, así mismo que numerosas notas verbales, dirigidas por este motivo, han quedado sin respuesta alguna. El día que nosotros retomemos acciones en esas regiones (sobre comunistas españoles) tenemos que aguantar las proclamas de nuestros vecinos, en un tono de superioridad, diciendo que ellos tenían razón y que ellos estaban en el derecho de poner «el mundo como testigo» de su capacidad de previsión… Allí donde el realismo habría aconsejado moderación y paciencia, el don Quijotismo, incitó a nuestros vecinos a una actitud menos positiva, pero satisfactoria para el «orgullo nacional». Después de haber reaccionado según una sana concepción de los intereses de España, el Palacio de la Santa Cruz ha cedido, una vez más, a su demonio familiar ya ha hecho conocer públicamente su buen derecho. No hay nada que tenga que sorprendemos… Conviene, creo yo, no exagerar la importancia de este acto de satisfacción pueril… Debido a la incorrección de los procedimientos utilizados, es mejor no dar al Palacio de Santa Cruz, las informaciones que solicitamos… Tenemos, a pesar de todo, que reprender el seguimiento de personas sospechosas de utilizar el territorio francés como base de operaciones para efectuar actos en España… Por este efecto ya he informado al Agregado Militar de esta delegación, solicitando al Ministerio del Interior que me mantenga informado[86]…

Aparte del pequeño roce diplomático, los asuntos policiales siguieron su curso secreto y confidencial. J. Coiffard, cónsul general de Francia en Barcelona, incentivó la colaboración y las relaciones. En una carta del primero de mayo de 1950, Coiffard explica al ministro Schuman, como favoreciendo los encuentros «oficiosos» entre el comisario jefe de la Brigada Especial de Barcelona, Pedro Polo[87], con M. Vidal, Director de los Renseignements Généraux en Toulouse —y posteriormente para toda Francia[88]— y E. Pelletier, Prefecto de la Alta Garona e inspector de la V Región Militar. Coiffard concluye con estas palabras:

La acogida cordial que él [Polo] ha encontrado por doquier, ha dejado una impresión de buena voluntad, que se ha de procurar conservar… Yo creo que sobre el plano más técnico, la policía francesa tiene tanto interés como la policía española, para establecer estas colaboraciones[89]…

Los contactos dieron sus frutos muy pronto. El 10 de mayo de 1950 se confirman las relaciones policiales, en una nota «personal y reservada» del mismo embajador Aguirre de Cárcer, el jefe de negocios del Ministerio de Asuntos Extranjeros, José Sebastián de Erice, mano derecha del ministro Martín Artajo. En esa nota Aguirre de Cárcer ratificaba:

El otro día, aprovechando el banquete ofrecido por el alcalde de París Pierre De Gaulle, al que asistí, tuve una conversación de carácter general con el Prefecto de policía, en la que le señalé los rumores relativos a supuestos aprovisionamientos de armas para los rojos. Quedamos en contacto y después de esta conversación Bermejo (jefe de los Servicios de Información franquistas) tuvo una entrevista con un inspector de la policía que ha sido encargado de ocuparse del asunto[90]…

Esa colaboración policial sentó las bases para que el gobierno francés decidiera aplicar acciones represivas determinantes. Las actuaciones fueron destinadas a controlar e intentar anular la acción, organización y actividad política del exilio comunista español. El gobierno franquista había conseguido sus objetivos y su insistencia, así como su colaboración policial y sus informes confidenciales, fueron determinantes para que de forma inusual y antidemocrática, el ministerio del interior galo dictara órdenes policiales de intervención contra los comunistas[91]. Fue alrededor de 1948 cuando el gobierno francés empezó a plantearse seriamente que la organización de los comunistas españoles en Francia configuraba un colectivo nocivo para la convivencia de los franceses de la Cuarta República[92]. Aun en 1948 el hasta entonces ministro del Interior, Jules Moch, envió un informe al prefecto de la Alta Garona, Émile Pelletier, en el que le proponía posibles medidas de alejamiento y dispersión de los exiliados políticos españoles —especialmente los comunistas— a otros departamentos o lejos de la metrópoli[93]. El mismo cónsul español de Toulouse envió una carta al prefecto de la Alta Garona para sugerirle medidas de expulsión para los exiliados «radicales y peligrosos»[94].

Los políticos franceses propusieron soluciones al problema aceptando las opciones de expulsión o de redistribución de los republicanos más radicales. También se plantearon proyectos de ubicación de los exiliados en nuevos campos y centros de acogida, como el centro Haras de Perpiñán, e incluso se planteó construir un centro de acogida de españoles en el castillo de Salses en un informe donde también se trataban los problemas sobre las leyes aplicables, los pasos de frontera clandestinos, etc.; en este informe también se aconsejaba una posible colaboración con la policía franquista[95].

El 3 de marzo de 1948 tuvo lugar una reunión muy importante sobre este tema, donde se convocó a los prefectos de 15 departamentos —los más afectados por el exilio republicano— juntamente con representantes del gobierno y algunos subprefectos y jefes de la policía; en total, participaron en ella 36 personalidades[96]. A partir de estas inquietudes se iniciaron actuaciones contra un sector de exiliados en concreto, el considerado más peligroso para la seguridad nacional de Francia: los afiliados al PCE y sus afines[97]. Es muy importante mencionar que el servicio de información inglés (SIA) también montó una red clandestina de investigación a lo largo de los Pirineos para controlar las actividades secretas de la policía franquista y los pasos y actividades de los exiliados clandestinos comunistas y posibles guerrilleros con el apoyo y beneplácito del gobierno francés. Para poder hacer efectivo el control, se valió de antiguos cargos republicanos de tendencia y militancia anarquista (CNT, FAI y MLE). La sede de este servicio secreto se encontraba en Foix —Ariège— y estaba dirigido por el comandante inglés Hinma, el capitán Philips y un agente inglés que utilizaba el sobrenombre de Marshall[98]. Los agentes españoles «reclutados» utilizaban su nombre y el segundo apellido[99]. El alcance del control y las colaboraciones —ciertamente curiosas— cada vez magnificaban más el conflicto. Todos los enemigos o grupos enfrentados con los comunistas iban deviniendo potencialmente aliados de los occidentales en la división de bloques que poco a poco se iba perfilando[100].

1950 se presentó como el año clave y de cambio de estrategia política hacia el mundo del exilio republicano. Franco se había salido con la suya, su régimen estaba asegurado y ahora podía permitirse presionar nuevamente de forma clara y contundente al Ministerio del Interior francés para que actuara contra los comunistas españoles. Francia escuchó a Franco. Las políticas democráticas, las declaraciones de libertad, igualdad y fraternidad, dejaron de provocar amoralidad política a partir de 1950. El doble juego y las políticas secretas y oficiosas, poco a poco, dieron paso a políticas oficiales de control y represión contra los españoles en Francia.

Algunos preámbulos de leyes francesas como «Toda persona perseguida por sus acciones a favor de la libertad tiene el derecho de asilo en los territorios de la República»[101], nada tendrían que ver con la realidad práctica que imperó en las decisiones gubernamentales dentro del Hexágono. Esta cita de principios democráticos, defendida por la Constitución francesa y por el artículo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos, confirmaba una vez más la ambigüedad teórica de las resoluciones francesas y de su trato hacia los refugiados españoles. Evidentemente, los poderes franceses mantenían un cinismo político hacia los demócratas españoles, pero disminuyó ampliamente la evidencia práctica de apoyarlos y defenderlos. Bien al contrario, se dispuso reforzar el control policial y político, obligar a informes periódicos a los prefectos sobre los republicanos españoles y sus actividades y seguir todos los actos de éstos, así como reconsiderar las disposiciones de orden público con los servicios autorizados. El fin de todas las medidas era:

[…] conocer en profundidad lo que hacen las asociaciones en nuestro territorio, impedir que éstas se manifiesten demasiado ruidosamente y, de forma general, que con sus actos no carguen de mayor responsabilidad internacional al gobierno francés[102].

La presión sobre los exiliados se aceleró a finales de 1949 y durante la primera mitad de 1950. El ministro del Interior, Jules Moch, y los colaboradores designados para coordinar el control en toda Francia, el director de la Reglamentación, Pagès, y el director de la Vigilancia del Territorio, Roger Wybot, empezaron a diseñar medidas concretas para la represión de actividades subversivas de ciertos emigrados. Esa política se hizo de dominio público a través de unas declaraciones que el 27 de enero de 1950 el mismo Jules Moch realizó ante un grupo de representantes de la prensa internacional. Moch declaró que su gobierno había decidido, a partir de ese momento, marcar un punto de inflexión en la línea oficial seguida en referencia a los refugiados españoles[103]. Colocó abiertamente en el mismo plano la hospitalidad francesa hacia los refugiados y los deberes que les incumbían:

No tengo derecho a tolerar que los emigrados trasladen sus luchas a nuestro territorio y aun menos que se mezclen con la nuestras. No admitimos complots ni contra gobiernos extranjeros ni contra el nuestro[104].

5. La empresa Fernández Vallerdor

5. LA EMPRESA FERNÁNDEZ VALLERDOR

Los grupos comunistas de exiliados españoles se organizaron muy pronto, procurándose soportes logísticos y centros de trabajo o sanitarios. Que estos centros o empresas ayudaran a las actividades guerrilleras o a difundir los ideales comunistas entre los trabajadores o a los pasantes espontáneos, es un hecho innegable. A partir, sobre todo de 1948, el prefecto de Toulouse, Émile Pelletier, y los jefes de ciertas brigadas policiales, se dedicaron, bajo la presión directa de los cónsules españoles en Francia, a seguir y a investigar estos centros y empresas. Su obcecación era demostrar que estas infraestructuras, ciertamente controladas por el PCE y sus ramas del PC de Euskadi y del PSUC, se habían convertido en centros de espionaje a las órdenes del Kominform ruso. Los centros más importantes y más vigilados fueron la Sociedad Fernández Valledor y el Hospital Varsovia, los dos situados en el departamento de la Alta Garona (Toulouse). Estos centros ayudaron muchos a los exiliados españoles, también ejercieron un cierto sectarismo político, pero eran centros legales, incluso con pequeñas subvenciones o ayudas gubernamentales. Seguramente sí que hubo espías que trabajaron para el RGB ruso en territorio francés, pero formaban parte de las ramas clandestinas que tenía el PCE, o directamente bajo las órdenes del Komintern, no en centros públicos y legales, tal y como ciertos prefectos, policías y, sobre todo, los franquistas querían denunciar y demostrar.

A pesar de que nunca hubo pruebas, en la documentación que explica los motivos de detención y deportación de españoles en septiembre de 1950, estos dos centros que los refugiados comunistas españoles montaron en Francia, son reiteradamente acusados de infraestructuras de espionaje de obediencia soviética. Ciertamente ayudaron a desarrollar la red clandestina, de organización y de lucha antifranquista en Francia, y en este sentido siempre hubo algún espía introducido por el KGB ruso. Pero los centros no los montaron los rusos, al contrario, fue la organización de los comunistas catalanes y españoles que decidieron crear infraestructuras legales para garantizar su supervivencia y para apoyar sus acciones.

Existían varios informes sobre la organización comunista en Francia que representan páginas muy relevantes sobre su control policial. Muchas de las investigaciones generaron el gran informe sobre la colonia española en Toulouse y en toda Francia dirigido al ministerio del interior en París[105]. El control de «españoles indeseables» se materializaba muy destacadamente en los referidos informes de la Préfecture de Haute-Garonne. Se puede destacar un informe sobre la preparación de la operación policial —Boléro—; notas sobre Mundo Obrero clandestino y unas fichas nominales muy detalladas sobre miembros del PCE y PSUC. De hecho, existía un control policial estricto. El cónsul español despachaba con Pelletier sobre sus relaciones e intercambios de información, sobre las expulsiones, incluso sobre política general y diplomática en referencia al papel de España en occidente. Debemos mencionar informes muy detallados también sobre la CNT en el exilio, entre los que destacaba uno en particular realizado en 1951 de 38 páginas, con nombres, cargos, etc.[106].

Las listas desde la Préfecture de Haute-Garonne eran muy cuantiosas. Para unificar esfuerzos el 3 de marzo de 1948, tuvo lugar en Toulouse una conferencia de prefectos sobre los refugiados españoles, principalmente sobre los planes a seguir ante las organizaciones comunistas. Acudieron representantes policiales de diferentes secciones y representantes políticos de 15 departamentos y personalmente asistieron 36 prefectos. La reunión generó un informe de 26 páginas sobre las medidas que se debían tomar[107]. En efecto, según el mismo Pelletier, coincidiendo con fuentes de testimonios españoles implicados, en la empresa Fernández Valledor, se constituyó para dar soporte logístico a los exiliados comunistas españoles, después de la Segunda Guerra Mundial[108]. Según José Chinchilla, alias Ricardito, la empresa ayudaba a cobijar «compañeros que venían de España de luchar contra Franco». Chinchilla ejerció de jefe contable y reconoció que gran parte de los fondos, beneficios y recaudaciones iban destinados al PCE. El mismo Chinchilla fue deportado a Córcega en la operación Boléro del año 50[109]. La empresa también poseía un centro de reposo, cerca de Toulouse, para trabajadores enfermos[110].

El 31 de marzo de 1945 el general guerrillero Luis Fernández, fundó la Sociedad de Explotación Forestal Fernández Valledor y Cia. En 1948, debido a su gran expansión, la dirección general se trasladó a París, en el 10 rue Trousseau, la sede administrativa en Sant Gaudens, 20 rue du Fouech, y la oficina de venta en Toulouse, 393 route de Cugneaux. Los directores generales de la sociedad eran Luis Fernández y José Antonio Valledor y los vicedirectores técnicos, Juan Blázquez Arroyo y Rafael Pérez Candela, todos ellos exiliados políticos españoles y antiguos cargos del ejército republicano así como, de las FFI, que lucharon por la liberación de Francia.

Según las fuentes y los documentos policiales franceses se pretendió imponer como prueba de las actividades ilegales de tipo militar realizadas por el PCE y el PSUC, la organización camuflada en el seno de la empresa Fernández Valledor. Así se pretendía demostrar en el pleno del gobierno francés que las infraestructuras creadas por los exiliados comunistas españoles tenían que ser desmanteladas judicialmente, así como detenidos sus responsables. Según la policía, esta organización de base militar, era completada en la región de Toulouse por el Comité departamental del Amical de los Antiguos FFI y Resistentes españoles, la dirección de la cual era constituida por los siguientes exiliados; presidente: Miguel Ángel Sanz, vicepresidente: Eugenio Vizcaíno, y secretario: Santiago Sánchez, domiciliados en Toulouse. El informe policial cita textualmente:

La acción del Estado Mayor de los guerrilleros se detuvo. En Aude y los Bajos Pirineos, donde el centro más importante es Gincla (Aude), se cuentan unos 700 guerrilleros repartidos en explotaciones forestales, bajo la dirección del comandante Demetrio Soriano, nacido en Arocena el 20 de junio de 1902, presidente del Comité departamental del Amical y domiciliado en Carcasona, 11 rue Grignan. En Quillan, donde también parece que hay un centro, el jefe del sector era el comandante Eloy Castellano, nacido en Béjar el 12 de mayo de 1919. En Tarn el jefe de los guerrilleros era el coronel Félix de Lafen, fotógrafo y domiciliado en Albi. En Ariège reencontramos el antiguo jefe del maquis, Antonio Alonso José, alias «comandante Robert». En los Altos Pirineos encontramos la Sección departamental del Amical compuesta por los cargos: presidente: Emilio Gimeno Álvarez, domiciliado en Bagneres de Bigorre; secretario: Manuel González Zubiñaga, domiciliado en Tarbes, 1 bis rue Lamartine[111]…

Las informaciones sobre la perduración de la estructura militar dentro de la organización de los comunistas españoles, fue canalizada por la policía de los Renseignements Généraux, para poder demostrar la nocividad que los exiliados españoles podían representar para la nación francesa. Tenían que recoger pruebas, en el caso que el gobierno francés decidiese emprender una acción legal, o de fuerza, en contra del colectivo comunista español. En este sentido, no podemos ignorar el amplio seguimiento que la policía secreta efectuaba sobre los comunistas exiliados, pero si bien, sus fuentes eran fiables, la utilización de estas fuentes o informaciones se sometían a interpretaciones del todo partidistas en el contexto claro de anticomunismo.

El prefecto de la Alta Garona, Émile Pelletier[112], que a la vez era el inspector general de la Administración de la V Región Militar, en Misión Extraordinaria (IGAMAE[113]), en un análisis sobre la empresa Fernández Valledor, afirma que dicha empresa

está formada casi exclusivamente por exguerrilleros que pertenecían al Partido Comunista Español, estos, habiendo entrado en Francia al finalizar la Guerra Civil española, la mayor parte de los cuales, participaron en el suroeste de Francia, en los combates de la Liberación[114]…

En efecto, según el mismo Pelletier, coincidiendo con fuentes de testimonios españoles implicados, en la empresa Fernández Valledor, se constituyó para dar soporte logístico a los exiliados comunistas españoles, después de la Segunda Guerra Mundial[115]. En febrero de 1950, la empresa Fernández Valledor y Cia pasó a llamarse Societé Forestière Française du Midi, con sede social en el 393 de la calle Cugneaux en Toulouse. La sociedad fue financiada en un principio, con ayuda económica del PCF y del PCE, pero rápidamente consiguió beneficios propios.

Cuando fue creada, en 1945, contaba con un capital social inicial de 1 000 000 de francos. Bajo la dirección inicial de Fernández y Valledor, la empresa no dejó de expandirse y de prosperar, hasta el punto de llegar a 1950 siendo la primera productora de traviesas de vía para la SNCF (Socité Nationale des Chemins de Fer), los ferrocarriles franceses; por ejemplo, en el año 1949 se produjeron 180 000 traviesas de vía. En 1948 el capital social ya era de 2 100 000 francos, aportación realizada por un nuevo socio de la dirección; un comerciante francés de madera, Georges Baourdeleau[116].

La actividad inicial fue desarrollada en el territorio de la comuna de Juzet d’Izaut (Alta Garona) donde tres canteras ocupaban 60 o 70 trabajadores. Posteriormente, sobre todo, durante los años 1948-1949, abrió numerosas canteras de trabajo y la línea de acción comercial de la sociedad se extendió, además de la Alta Garona, por la Aude en Saint Ciar, Chalabre, Larder-sur-Lauquet y Saint Benoît; por la Ariège a Mirepoix, Dun, Bonnac, Col de Port; por Gers a Saint Aignan, Bassoues, Saint Arilnés; por Tarn a Mazamet y el bosque de Grézigues; por Gard a Alson: por la Lozère al Mont Aigoual y por los Landes a Mont Marsal. Fuentes de los Renseignements Généraux, afirman que el número de trabajadores llegó a 700 (que la policía cita como «guerrilleros»[117]). Otras fuentes, no menos críticas, pero más moderadas, como los informes del prefecto de la Alta Garona, Émile Pelletier, afirman que la empresa no paró de producir y que sus efectivos en enero de 1950 llegaron a ser de entre unos 250 a 260 trabajadores, de los cuales solamente 5 eran franceses[118]. Pelletier, pero, no acaba de citar todos los departamentos franceses donde había delegaciones de la empresa. La cifra de empleados teniendo en cuenta la expansión de los años 1948-1949, la podríamos efectivamente situar entre 500 y 700 trabajadores, pues la falta de mecanización, imponía labores con mucha mano de obra. También tenemos que tener en cuenta que el trabajo se concentraba en determinadas estaciones del año, por lo cual, el número de trabajadores podía variar mucho de una época a otra del año.

La empresa también poseía un centro de reposo, cerca de Toulouse, para trabajadores enfermos. Así mismo, también tenía un taller de reparación, para los vehículos de la empresa, que eran numerosos. Los transportes de explotación (que eventualmente podían ser utilizados para otras finalidades) formaban una flota, solamente en la Alta Garona, de 10 camiones, 4 camionetas y 3 motocicletas. Cada uno de los dirigentes tenía su propio vehículo.

El aislamiento y la prosperidad ayudaron a mantener la moral y el ideal comunista bien presente dentro de la empresa durante toda su trayectoria. En época guerrillera la empresa fue una sede de reclutamiento de grupos y partidas guerrilleras, así como un medio de financiamiento y soporte a la lucha antifranquista de los comunistas españoles. En muchos casos esta empresa repartida por los bosques, ayudó a desarrollar la clandestinidad en territorio francés de esta lucha de guerrillas.

Se puede afirmar que la estructura creada por el PCE con la Sociedad Fernández Valledor, representó un soporte clave para el colectivo comunista en Francia, pero en el año 1950 las duras acusaciones del prefecto Pelletier reincidiendo en el hecho de que la estructura empresarial todavía respondía aúna estructura militar, son infundadas, ya que, como hemos dicho, la lucha pasó al interior, reforzando las acciones en territorio español, no reforzando un ejército anticapitalista que tendría que haber actuado por la URSS y bajo órdenes del PCF, en caso de conflicto civil francés o mundial.

En este sentido la Sociedad Fernández Valledor, ayudaba a los comunistas autofinanciándose en Francia para seguir la lucha. Nadie negaba que ayudase a los guerrilleros antifranquistas —y lo hizo muy activamente desde 1945 a 1948— pero no se puede adoptar como verdad absoluta la visión exagerada que emite el prefecto Pelletier sobre la Sociedad Fernández Valledor, en una comunicación secreta al ministro del Interior. Además de esta visión particular concuerda con las informaciones que también tramitaban los diplomáticos franceses:

El PCE, dispone, dentro del suroeste de Francia, implantada a lo largo de la cadena montañosa de los Pirineos, de una reserva de cuadros y de tropas de choque, elementos de elite, con los cuales puede contar el PCF, el cual, tienen todas las facilidades de dirigir rápidamente sobre uno o más puntos determinados, gracias al importante parque de vehículos de distinto tonelaje, algunas decenas, que dispone la Sociedad Fernández Valledor. Esta información ha sido comunicada a los servicios de la Brigada de la ST (Surveillance du Territoire) y de los Renseignements Généraux de Toulouse, que ya siguen las actividades de esta empresa con gran atención[119]…

Así pues, los miembros del Amical de Antiguos FFT y de Resistentes Españoles, tanto los que trabajaban en la Sociedad Fernández Valledor como los que no, y los militantes o personas vinculadas al PCE o al PSUC, podían encontrar un buen soporte en esta empresa. La empresa ayudaba a los miembros clandestinos del partido que actuaban en el interior en pequeñas partidas, y muchas veces se camuflaban en buhardillas o en cabañas de la explotación forestal Fernández-Valledor y Cía.[120], como también camuflaba en sus recónditas subexplotaciones forestales pequeños arsenales o depósitos de armas, de los cuales hablaremos más adelante, requisadas durante la huida de los alemanes, y utilizadas por la lucha interior. Después de la operación policial de septiembre de 1950, la empresa redujo oficialmente el personal, pero los 700 hombres que habían trabajado allí, todavía se sentían vinculados. Recordemos una vez más que a partir de 1948 se decidió detener la organización guerrillera, por tanto, las infraestructuras que la ayudaban a funcionar, se reestructuraron también. A la vez que, después de la operación Boléro, aumentó la discreción a todo este mundo de clandestinidad. A pesar de todo la Sociedad siguió dando soporte económico y político al PCE y al PSUC.

Como se ha comentado anteriormente, también, dentro de la región de los Bajos Pirineos había otra sociedad comercial que sirvió igualmente de tapadera para la organización comunista, instalada en Pau: la Cooperativa de Fabricación de Sandalias de los Deportados Políticos Españoles, que era dirigida por Francisco Sanz Herranz, secretario federal del PCE, y asistida por Ricardo Hoscos Larralde, secretario del Amical de Antiguos FFI y Resistentes Españoles, José Lluch Plasin, secretario de la Solidaridad Española, Abelardo Goicoechea Ipanazar, secretario del PC de Euskadi, Vicente Martí Montesinos, secretario del PSUC y Felipe Palomino, secretario de la UGT comunista[121].

Paralelamente en la cadena pirenaica se encontraban muchas pequeñas explotaciones forestales de 5 a 15 obreros. En ellas se cobijaban y refugiaban algunos militantes y guerrilleros en dirección a España. En todos los Pirineos se podían contar unos efectivos de 1200 guerrilleros, la lista de las explotaciones fue controlada por la Direction Régionale des Eaux et Fôrets[122].

Hay que recordar que todas las empresas industriales y de transportes en los departamentos de la frontera daban trabajo a un gran porcentaje de españoles, de entre los cuales los comunistas eran a menudo los más numerosos. Se pueden destacar las siguientes empresas donde los exiliados españoles comunistas tenían una presencia destacada: Usine Commentry-Fourchambaud-Decazeville-CFD y Usine Arielor, la dos en Pamiers. Sabart: AFC, Alès, Frogé y Camargue. El grupo Péchiney de altos hornos, las dos en Tarascón. Société de los Talcs en Luzenac. Mines du Puymorens de hierro en Puymorens. Minas du Buocart en Sentein. Téxtiles Fonquernie, en Laroque de Olmes. Téxtiles Ricalens en Lavelanet. Usines de papeles de cigarrillos Job en Saint-Girons, etc.[123].

6. El hospital Varsovia de Toulouse

6. EL HOSPITAL VARSOVIA DE TOULOUSE

Su nombre se debe a que estaba (y está) situado en el número 15 de la rue Varsovie. Lejos de paralelismos con la capital comunista de Polonia, a pesar que siempre se le dio dicha relación, la etimología de la calle se debe situar en la lengua occitana: «Verse vin»[124]. El Hospital Varsovia, abierto a principios de octubre justo antes de la ofensiva, lo debemos relacionar con la necesidad de los guerrilleros españoles de poseer un hospital en la retaguardia del frente para recoger los heridos de los combates de «liberación» —sobre todo de la operación Reconquista de España durante la entrada por el Valle de Aran—. Fue así como las unidades de FFI, a partir de la idea de algunos médicos republicanos, organizaron de hecho un hospital militar que debía curar sus combatientes[125].

La dirección de los guerrilleros españoles responsabilizó a los FFI de la región para ocupar el edificio, antiguo castillo que, a pesar de su mal estado les había parecido apropiado por su localización en Toulouse y por haber sido abandonado por los alemanes[126]. El secretario del PCF, Henri Dupont redactó una carta de presentación al comisario de la República en la región, Pierre Bertaux. Éste, después de enterarse de la gravedad de algunos heridos españoles, dio la autorización para requisar el castillo. Muchos refugiados españoles de Toulouse y otras organizaciones de ayuda a los exiliados, tal como Solidaridad Española, creada en Francia en 1940 para ayudar principalmente a las familias de los deportados y a las víctimas del fascismo. Con ayuda destacada de miembros y organismos comunistas, la comunidad española en Toulouse ayudó a reconstruir y habilitar el viejo castillo como hospital[127].

Dicho centro fue instalado en ese viejo château, propiedad de M. Maigné. Ese caserón había sido requisado por los alemanes durante la ocupación y después medio abandonado. Adecuado como hospital, apenas estaba dotado con un mínimo de condiciones cuando llegaron los primeros heridos.

El Hospital Varsovia también acogió a muchos otros exiliados republicanos que habían participado en los combates guerrilleros en el suroeste de Francia contra los nazis, a exiliados participantes en el ejército francés de liberación y a los enfermos provenientes de los campos de concentración o compañías de trabajo en Francia o Alemania. En general, estaba destinado a todo el colectivo español exiliado que necesitase cuidado y atención médica. La finalidad era claramente asistencial y sanitaria a favor de los resistentes españoles.

En una Francia medio arrasada y empobrecida, el equipamiento médico y el material sanitario planteó serios problemas; los productos farmacéuticos eran escasos, era necesario encontrar camas, sábanas, toallas, asegurar la manutención, etc. Los Servicios de la Sanidad Militar francesa acordaron ceder un poco de material (medicamentos, instrumentos y alimentos) al hospital, al mismo tiempo que muchos productos y material fueron enviados por unidades de las FFI que los habían recuperado del ejército alemán en retirada. En abril de 1945 se podía percibir una mejora del hospital nada envidiable. A pesar de la difícil adaptación de los locales, se procedió a acomodar cuatro salas de hospitalización para hombres y una, con sólo dos camas, para mujeres. El hospital disponía de una modesta sala de operación, una farmacia, un laboratorio, un servicio de odontología, una intendencia aceptable y un dispensario.

A partir de la desmovilización de las fuerzas de resistencia, el hospital, hasta entonces militar, se convirtió en un centro civil. La reorganización de los poderes públicos provocó la necesidad de dotar al hospital de un estatus jurídico. Una asociación fue la encargada de oficiarse como órgano legal de gestión del hospital: la Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols que estaba regida por el decreto ley del 12 de abril de 1939 sobre las asociaciones extranjeras y autorizada por una orden del 4 de mayo de 1946. La Amicale tenía su sede social en Toulouse, 1 Place Jeanne d’Arc, y figuraba como arrendataria del edificio.

Los servicios del hospital mejoraron y se ampliaron. Una mesa de quirófano fue adquirida, una lámpara escialítica para poder operar, un bloque de esterilización eléctrica, un aparato de rayos X, etc. También las consultas externas aumentaron enormemente y el dispensario fue trasladado en un pabellón cercano, en el cual, durante el primer año, fueron practicadas 14 692 actas de visita. Más adelante, en 1949, todavía se crearía un nuevo dispensario detrás del edificio con mayor capacidad[128].

El conjunto del personal, médicos, enfermeros, personal administrativo y de servicio, era español, todos republicanos y la mayoría simpatizantes o afiliados al PCE o al PSUC. Los servicios del hospital eran gratuitos y la única condición para poderlos disfrutar era la de ser «refugiado español republicano». Un paciente de Septfonds, escribía en el número 8 de la revista del hospital, llamada Anales del Hospital Varsovia:

Amis d’exil et compagnons de lutte pour la reconquête de la Patrie perdue, l’Hôpital Varsovie est leur hôpital… Jamais je n’aurais pu penser que l’Hôpital Varsovie était le véritable coin de notre patrie où l’on trouve non seulement les soins nécessaires mais aussi l’affection de tout le personnel[129].

Los Anales del Hospital Varsovia fueron el órgano trimestral que apareció por primera vez en julio de 1948. En él se rendían cuentas de la gestión del hospital, sus actividades, sus relaciones con los enfermos y también las relaciones con las organizaciones de soporte y análisis políticos[130].

Económicamente, el Hospital Varsovia era mantenido en parte por los Seguros Sociales franceses a través de una convención firmada a finales de 1947, pero sobrevivió gracias a los donativos de sus enfermos, a la dedicación de su personal médico que trabajaba mucho a cambio de poco salario y, sobre todo, a las organizaciones de apoyo y ayuda, del mundo entero a los amigos de la España republicana. Hubo, en efecto, un amplio movimiento de solidaridad alrededor del hospital, modesto en sí mismo, pero de un alto contenido simbólico, patriótico y antifranquista. Además el alto porcentaje de refugiados españoles en la región favorecieron los movimientos de apoyo. La solidaridad estaba coordinada por el Comité Médico de Ayuda a la España Democrática, fundada por el doctor Walter B. Cannon, que se mantendría ligado a la causa del hospital durante unos cuantos años. También se debe recordar el apoyo moral, financiero y material del Unitarian Service Committee, asociación de socorro creada en Boston con sede en el 61 de la rue Jouffroy en París y que tenía muchos lazos con la norteamericana Joint Anti-Fascist Relief Association de Nueva York, benefactor directo del Hospital Varsovia. Ésta ya había participado en el reclutamiento de brigadistas internacionales para la Guerra Civil española y funcionaba como una especie de protectorado hacia las organizaciones antifascistas de izquierdas[131].

Referente al Unitarian Committee, se debeprecisar que una investigación de los Renseignements Généraux de París se había abierto en octubre de 1946 para descubrir el origen de las sedes del Unitarian o de la Joint Anti-Fascist en París. Con ella se buscó a Berthe Campi, directora del organismo en Francia. En esta primera investigación los resultados fueron negativos y no pudieron dar con la dirección correcta ni la persona inculpada[132].

En 1946 una reunión de organismos internacionales en Francia, determinó a grandes rasgos un reparto en sectores de actividad para socorrer a los refugiados políticos. Así, por ejemplo, los Cuáqueros (Quaker Service —QS—, representados por Eleanor Clark) se ocuparon de las escuelas y talleres en el sur de Francia, el International Rescue Refugee committee (IRRC, representado por M. Rodes) se ocupaba de la ayuda a los niños y el United Service Committee (representado por M. Cary) se ocupó de las curas medicales, hospitalarias en Toulouse (el Hospital Varsovia) y de dos casas de acogida de niños en Lyon. Este apoyo, moral y económico fue reglamentado en Francia y así, de manera oficial el USC se encargó del Hospital Varsovia. Este organismo tuvo una acción determinante y directa en la gestión del Hospital.

El USC dependía de la Unitarian Church, iglesia unitarista norteamericana que defendía la existencia de Dios pero rechazaba la doctrina de la Trinidad. A lo largo de la historia ese movimiento se ha caracterizado por la defensa de la razón como medio de resolver los conflictos religiosos y por el respeto hacia las libertades civiles y religiosas (los unitaristas defienden el derecho a la conciencia privada más allá de la autoridad de la iglesia y de las escrituras y animan al desarrollo de las capacidades del ser humano[133]). Una de sus figuras destacadas fue Noel Field, que trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores para Europa del Oeste y no escondía sus simpatías con el comunismo. La plaza que ocupó en el seno del gobierno norteamericano interesó a los servicios de espionaje soviéticos y él colaboró con ellos parcialmente. En 1936 dejó el cargo e ingresó en la Liga de las Naciones como especialista en cuestiones de desarme. En 1938 fue el encargado de controlar en España la retirada de los brigadistas internacionales. Durante cuatro meses en España, confirmó su devoción por el comunismo y se quedó en Europa a trabajar por ese ideal político. Field se quedó al lado de los exiliados, visitó campos, ayudó a gente y entabló relaciones con dirigentes políticos españoles, alemanes y del este de Europa. Trabajó para una filial de la Joint Anti-Fascist Refugee Committee durante la Segunda Guerra mundial, dejando la Liga de las Naciones. Junto con su mujer, Herta «Jo» Tempi —Field por matrimonio— ingresaron en el USC y se instalaron en Marsella. Durante la completa ocupación de Francia, vuelven a Ginebra donde siguieron distribuyendo fondos a la resistencia comunista alemana que los enlazó con los servicios de inteligencia americanos. Mediante Robert Dexter —director del centro en Lisboa— y agente de la OSS, organizó el contacto para colaborar con la OSS bajo la cobertura del Unitarian Service. El agente de la OSS en Suiza era Allen Dulles, hombre de confianza de Roosevelt[134]. Ese periodo, comunistas y la OSS norteamericana colaboraron intensamente para derrocar a Hitler. Al finalizar la guerra, Field recorrió el sur de Francia y decidió ocuparse solamente de las ayudas a los refugiados. Es nombrado director de la USC en Europa y Herta la directora de su agencia en París. En 1945 el USC trabajó en 15 países con 20 centros diferentes y se ocupó de distribuir los fondos del JARC destinados también al Hospital Varsovia[135].

El JARC participó también con importantes sumas a la gestión del Hospital Varsovia y algunos de sus miembros como Howard Fast y el doctor Edward Barsky formaron parte de su fundación. En 1949, Fast visita el Hospital y firmó en el libro de Oro pero no pudo cumplir con la promesa de entregar un millón de francos a los fondos del hospital argumentando la prohibición del gobierno norteamericano al partido comunista de hacer donaciones al extranjero. Parece que el JARC tuvo problemas con el House Un-American Activities Committee (HUAC) dirigido por el senador McCarthy, principalmente a causa de su apoyo a los republicanos españoles y al Hospital Varsovia[136]. Si el HUAC tuvo contactos con el gobierno francés para vigilar las actividades comunistas, podría haber tenido una decisiva importancia en la organización de la operación Boléro-Paprika[137].

Unas declaraciones del mismo Howard Fast, presentes en la editorial del número 9, del mes de julio de 1950 de los Anales del Hospital Varsovia —último número antes de su prohibición—, hacían referencia a las detenciones de varios miembros directores de la JARC por parte del HUAC. Según Fast, la causa fue:

El Comité de Actividades No Americanas nos ha exigido darle los nombres de los republicanos españoles que hemos ayudado, de suerte que al hacerlo nos hubiéramos convertido en criminales asociados al abominable Franco, Y porque nos hemos negado a ello, vamos a la cárcel[138].

El 21 de noviembre de 1947 un nuevo informe realizado por la Brigada 3G de los Renseignements Généraux de París, descubría más datos sobre esa organización, que apoyaba a los refugiados españoles. Con el expediente antiguo número 384 889, se archivó una investigación sobre el Unitarian Committee y sus dirigentes. La intensidad y los esfuerzos destinados a investigarlo reflejan el interés que la policía tenía en descubrir los organismos benefactores de «comunistas». El Unitarian Committee (USC) era una asociación creada en enero de 1940 con sede en el 25 de Beacon Street de Boston. Emanaba de la Joint Anti-Fascist Association impulsada por los «protestantes unitarianos» con la finalidad de ayudar a las víctimas del fascismo y del nazismo en Europa, en relación con la Office International des Réfugiés (OIR)[139].

Las ayudas en dinero, en especies y en material provenían de Estados Unidos y de Canadá y la mayoría constituían donaciones de particulares y fondos de las obras de esa iglesia protestante[140]. Desde su origen esa organización implantó sedes en Lisboa y Marsella, también centros de acogida para refugiados en Francia, en la región pirenaica, sobre todo destinada a socorrer los exiliados españoles republicanos. Su actividad en Europa se suspendió durante la ocupación alemana, siendo retomada después de la liberación de Francia con mayor fuerza instalando filiales en Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Austria e Italia. La oficina de Lisboa no dejó nunca de funcionar y su delegación en Canadá servía únicamente para recoger fondos para las sedes europeas. En Francia se estableció la sede en el citado número de la rue Jouffroy. Pero su actividad se desarrolló básicamente en el suroeste del país. Una especie de subsede fue creada en Toulouse con centros que funcionaron en las siguientes localidades:

Toulouse: El Hospital Varsovia, con su dispensario y un centro de distribución de ayudas a los refugiados españoles y víctimas de guerra.

Hendaye: un centro de convalecencia para víctimas de guerra.

Meillon: centro de convalecencia para los refugiados españoles en Francia.

Saint-Goin: centro de acogida para los niños españoles refugiados en Francia.

Les Andeles: local de acogida para niños y ancianos.

La persona más investigada fue Herta Tempi, porque ya había estado buscada durante la ocupación por los servicios policiales y porque la policía realizó una investigación exhaustiva sobre su persona y sus relaciones con rusos, alemanes, españoles y suizos, sospechosa de espionaje.

A partir de estas investigaciones y las encuestas policiales realizadas sobre los directivos del USC, el tema pasó a la DST de la Sûreté Nationale, con el fin de intentar realizar una completa radiografía de la organización y sus centros, uno de ellos el Hospital Varsovia. Se pueden apuntar algunas conclusiones de la investigación policial:

la suite d’infonnations en provenance de la frontière espagnole [SIPM franquista], l’U. S. C. est suspecté de servir de «couverture» à des agents de renseignement américains dont l’activité et les déplacements seraient ainsi facilités[141].

Esta declaración policial inculpaba aún más a toda la actividad, centro u organismo relacionado con el USC. La vigilancia se ciñó sobre ella. En Bayona en julio de 1946 un agente de la BST denunció que un coche perteneciente a la USC se accidentó llevando armas en su interior. Las sospechas empezaron a transformarse en acusaciones. Efectivamente, en 1946 y a finales de 1947 se efectuaron investigaciones policiales para determinar si el USC participaba o no de actividades secretas en territorio francés. De las investigaciones no surgió prueba alguna para poder censurar o acusar de actividades subversivas la asociación. Al contrario, se averiguó que sus ayudas en forma de víveres, vestidos, vehículos, medicamentos, etc., provenían directamente de Estados Unidos y que la embajada de ese país conocía y apoyaba la labor de ayuda del USC. También se pudo establecer al USC como uno de los agentes principales de la Commission Préparatoire d’Organisation Internationale pour les Refugies, en relación con la Entraide Française, ambas asociaciones con gran actividad asistencial y prestigio internacional.

Otras asociaciones ayudaron a través de muchas donaciones al Hospital Varsovia. Éstas eran, en su mayoría, asociaciones privadas y públicas muy dispares tales como los Cuáqueros norteamericanos; el Comité de Ayuda a los Republicanos Españoles de Montevideo, o el mismo Ayuntamiento de Toulouse. Igualmente se recibía soporte y donativos de la Casa de Galicia de Unidad Gallega, también de Nueva York; del Spanish Refugee Appeal Committee de Vancouver, en Canadá; de la Comisión de Ayuda al Hospital Varsovia de México; de la Comisión de Asistencia de Cuba; el Ayuntamiento de Zurich; de la Céntrale Sanitaire Suisse de Zurich y de diversas autoridades municipales de Zurich; de los ayuntamientos de Glasgow y Varsovia; de la Société des Amis de l’Espagne Démocratique de Praga; y algunos más[142]… Por ejemplo, el aparato de rayos X fue ofrecido en préstamo por la Centrale Sanitaire Suisse de Zurich a l’Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols; un documento precisaba que la donación era producto de las colectas a favor de los exiliados españoles en Francia[143]. La sanidad francesa cumplía también con su obligación social de retomar 56 francos por consulta médica realizada y devolvía los subsidios a los médicos como si se tratara de un centro nacional francés. En principio el Hospital Varsovia recibió todo el soporte legal y económico de parte del restaurado gobierno democrático de la Cuarta República.

Más allá de las connotaciones políticas, se podía hablar de integración progresiva de la inmigración española y del Hospital en la sociedad local, como lo confirmaban las siguientes palabras:

Au début de 1950, nous comptons avec un Hôpital petit mais efficace… Tels sont les résultats des efforts d’un groupe de médecins espagnols républicains aidés par toute l’immigration, par les démocrates du monde entier et par les médecins, les autorités et le peuple Français[144].

La dirección del centro pasó por diferentes manos, el primer director, el doctor José Torrubia dejó la plaza a Vicente Parra Bórdelas, el cual, a finales de marzo de 1948, fue substituido por el doctor Francesc Bosch Farjanes, exilado catalán que era titular de un carné de residencia privilegiado por haber luchado con las fuerzas de liberación francesas. Bosch disponía de una licencia de medicina y cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, otorgada en Madrid en agosto de 1930 por el ministerio español. En ese sentido todo el personal directivo era sobradamente acreditado en el ejercicio médico. El Dr. Bosch fue sustituido por el Dr. Josep Bonifaci Mora, que había ejercido como médico de cabecera en la URSS y médico personal del antiguo Secretario General del PCE, José Díaz. Bonifaci era miembro del Comité Central del PSUC[145]. Bonifaci, junto con los doctores Bosch y Rovira fundaron la publicación Anales del Hospital Varsovia, el primer número salió en julio de 1948. En el primer número de la editorial se insistía en que el objetivo principal del hospital era velar sobre la salud de toda la emigración española republicana en Francia[146]. En total aparecieron unos nueve números, eran de gran interés pues, en ellos, tanto Bonifaci, como Bosch como Pau Cirera y muchos otros, analizaron la patología de la guerra, del exilio y la emigración política y económica, de los campos de concentración nazis, de las compañías de trabajo forzado y de los campos de refugiados. Con ello confeccionaron un testimonio de alto valor social e histórico.

El Hospital Varsovia tuvo un cierto número de publicaciones propias. La principal, publicada de 1948 hasta 1950 fue Anales del Hospital Varsovia. El primer número fue lanzado en julio de 1948 y su aparición fue trimestral hasta el mencionado de julio de 1950. Existieron nueve números. En los Anales aparecieron interesantes artículos del doctor Bonifaci, del doctor Torralba y otros, así como en los primeros de los protectores norteamericanos Edward Barsky y Howard Fast[147]. Una primera editorial definía las finalidades tales como la asistencial, médica y también pedagógica y política que seguía el Hospital (Bonifaci fue uno de sus columnistas e ideólogos más fecundos):

Asistir a toda la emigración española, restablecer y conservar la salud física, soporte de la moral, estudiar la patología de la emigración, ser fuente de salud física y moral, y una escuela de formación de cuadros sanitarios entre la emigración, ser el hogar, la casa de salud para todos los republicanos españoles, sin discriminación de tendencias políticas o credos religiosos, ser en suma la obra sanitaria de una emigración política fuerte consciente de su misión[148].

En 1949, el Hospital contaba con 53 camas de medicina y cirugía; realizó 484 entradas correspondientes a 17 740 días de hospitalización. En comparación con actuales criterios, la tasa de ocupación era del 91,7 %, pero con una duración media de hospitalización de 36,35 días, más de tres veces superior a la actual. El dispensario realizó 26 529 actas de visita. Estas estadísticas, valoradas a principios de 1950, daban al Hospital Varsovia una buena salud, gestión y labor profesional. En junio del mismo año, Paul Éluard, escribió sobre el libro de oro del Hospital:

Le Peuple espagnol n’a perdu ni sa santé, ni sa Forcé. Il retrouvera le bonheur dans ses frontières. Ici, j’ai, une fois de plus, admiré la clarté de notre espoir commun[149].

Esta servicial y bien organizada infraestructura sanitaria dedicada a atender a los refugiados españoles pronto se vería afectada por una «caza de brujas» a la francesa dirigida a eliminar la eficaz organización de los comunistas españoles en territorio francés. Un «coup de force» contra el Hospital Varsovia y sus integrantes, abrió una verdadera batalla política y jurídica. El personal, los republicanos españoles no pudieron ser protegidos, pero el Hospital como tal logró sobrevivir.

La infraestructura sanitaria estaba claramente al servicio de los exiliados españoles en Francia, sobre todo creada para atender las necesidades médicas de todo el colectivo residente en Toulouse y en todo el sur de Francia. Pero como centro médico fue vigilado e investigado por los servicios de la DST y los Renseignements Généraux de la policía francesa desde su creación. El hospital, administrado por miembros del PCE y del PSUC, era observado muy de cerca, igual que pasaba con la sociedad Fernández Valledor, para compilar informes precisos sobre el funcionamiento del hospital. El objetivo era procurar una serie de pruebas para demostrar que dicha infraestructura escondía una sede más del servicio de espionaje soviético en Francia. Muchos informes fueron generados por el ministerio del interior, el principal responsable fue el prefecto de Toulouse, Pelletier, preocupado por la situación administrativa y jurídica, condiciones técnicas, funcionamiento y las actividades extramedicales que se podían practicar como órgano de la Kominform[150].

A partir de 1948 el círculo policial francés se empezó a estrechar contra el hospital y otras infraestructuras comunistas en Francia. El prefecto Pelletier empezó una campaña de investigación contra el centro de la rue Varsovie para intentar acumular pruebas de su tapadera soviética. El hospital era acusado de que las numerosas donaciones, según el prefecto, iban destinadas a crear un superávit y a engordar las arcas del PCE. El fin era conseguir la clausura del centro.

Una serie de factores iban estrechando el círculo contra el grupo gestor del centro médico. La política de los partidos anticomunistas también animó a crear una trama que empezaba a tomar forma material en las actuaciones contra las infraestructuras de resistentes en Francia. Denuncias por parte de la delegación española y sus franquistas contra el hospital y otros centros, etc. A partir de 1949 el círculo contra el centro sanitario se estrecha. El 7 de febrero de 1950 Pelletier propone a su superior, el ministro del interior, una intervención decisiva contra el hospital:

La brigada de policía encargada de la vigilancia, ha efectuado investigaciones por su cuenta. La BST también. Y si bien, es difícil aportar pruebas concluyentes, todo indica que el Dr. Bosch es uno de los agentes principales de la rama española del Kominform y, ciertamente, en todo el mediodía francés. Si bien el funcionamiento administrativo y técnico del hospital, de acuerdo con las mismas opiniones de los Servicios Departamentales de la Salud Pública y de la Población, no levanta ninguna sospecha ni mala información, no deja de ser, pero, un organismo inquietante bajo el punto de vista político… Planteo la oportunidad que la orden «Billoux» de agosto de 1945, que no tiene fecha límite, pueda ahora ser revocada y, como consecuencia, los médicos españoles no tengan más el derecho de ejercer como tales en el Hospital Varsovia, provocando así el cierre de dicho hospital. La población ingresada, que no pasa de 50 enfermos, puede ser, sin dificultad, readmitida en diferentes hospitales de Toulouse[151]…

A partir de ese momento se pueden intuir las diferentes presiones de los sectores anticomunistas y de altos cargos, como Pelletier, en contra de las organizaciones comunistas. Muchos de los informes de cargos de la administración francesa denotan una especie de «manía persecutoria» fruto del contexto de Guerra Fría, de sus propias convicciones y de presiones políticas por parte de terceros gobiernos —como el español—. Los procedimientos políticos y, sobre todo, los policiales lo demostraron. Esa persecución se consumó ocho meses más tarde en la operación de «caza de brujas» en Francia contra los comunistas extranjeros y sus organizaciones.

El 7 de septiembre de 1950 el Hospital fue asaltado por la policía francesa en el marco de la operación policial Boléro-Paprika. Los médicos, personal de dirección y todos los miembros citados en las listas generadas por el Ministerio del Interior, fueron arrestados. Posteriormente y sin ningún tipo de juicio o dictamen legal serían deportados a ultramar.

Los miembros del Hospital Varsovia vivieron la gestación de la persecución y el terrible desenlace. Bonifaci deportado a Córcega, Bosch a Argelia, otros médicos y todo el personal de origen español sufrieron los efectos políticos y policiales anticomunistas. La operación fue orquestada a nivel ministerial, de forma secreta y oficiosa, pero desde el gobierno legal de la Cuarta República, autodenominada «democrática». Se aprovecharon dos excusas operativas básicas que complementaron las investigaciones hacia importantes infraestructuras como la Sociedad Fernández Valledor y el Hospital Varsovia: como hemos visto, el descubrimiento de un depósito de armas en Barbazan y otro el asesinato de una refugiada española, Redempció Querol. Estos dos hechos, se aprovecharon para desplegar una operación fruto de la represión consciente sobre algunos refugiados españoles en Francia. Su gestación empezó mucho antes.

El ministro Pleven, aprovechó los informes y las teorías como las de Pelletier, Sauret, Bertaux, los cónsules franquistas y otros que, tanto el Hospital Varsovia como Fernández Valledor eran las bases fácticas de centros de espionaje que debían ser eliminados. Por suerte, el profesor Ducuing, junto con un grupo de médicos de Toulouse, con la aceptación y la petición explícita de la Amicale des Anciens FFI Espagnols, tomó todas las disposiciones para asegurar la continuidad de la atención sanitaria a los enfermos. Se inició así una batalla política y jurídica para salvar el Hospital que duraría cinco años. Durante este tiempo de lucha, muchos cambios se efectuarían en la gestión del Hospital. Por ejemplo, fue extendida la apertura del centro a toda la población, no sólo a los refugiados españoles. El relevo político en la gestión lo tomó el PCF, que aprovechó su organización, la solidaridad de sus afiliados y otros sindicalistas para confeccionar un grupo de «defensores» franceses del Hospital Varsovia. Todo ello comportó un símbolo que, sin duda, reflejaba una de las primeras crisis potentes de la Guerra Fría afectando a los niveles geográficos, sociales y profesionales de la sociedad.

Como consecuencia los doctores Bosch, Bonifaci, Bermejo y Rovira, también el contable Fermín Torralba y el encargado del economato, Daniel López, fueron detenidos en su domicilio. Seguidamente, el Hospital fue invadido y registrado a fondo, incluso las habitaciones de los enfermos, rajando los colchones y destrozando gran cantidad de material. La policía buscaba armas, un emisor de radio, documentación comprometida. No encontraron nada, ni en el Hospital ni en el domicilio de los detenidos. El personal detenido fue interrogado en la comisaría central de la rue du Rempart Saint-Étienne y después fueron conducidos al campo de concentración de Sables, situado a 10 km de Toulouse, donde fueron reagrupados otros 90 españoles, detenidos en la misma operación policial y provenientes de la zona del Midi francés. Desde el campo las opciones de los detenidos fueron escasas: volver a España donde les esperaban juicios y condenas, o acatar la deportación vía Toulon a Colomb Béchard en Argelia o a la isla de Córcega.

El asunto tomó un gran revuelo en la opinión pública francesa, sobre todo en Toulouse, y de la prensa en general. Algunos mítines fueron organizados en la capital de la Alta Garona por el Comité France Espagne, la Union Départementale des Syndicats CGT, l’Union des Femmes Françaises y el PCF. Reunieron más de 6000 participantes. El joven dirigente del PCF. Jean Boulet, declaraba:

Cette vaste opération n’a pas cu de précédent depuis l’occupation nazie… Le coup porté contre les républicains espagnols est un coup contre le mouvement de paix dans le monde[152].

Poco se imaginaba Boulet que 16 años más tarde sería él mismo quién dirigiría el Hospital Varsovia. El centro quedó gravemente afectado por la operación policial. En primer lugar era imperativo organizar la asistencia medical; era urgente encontrar un equipo médico para atender los enfermos después de la detención del personal español. En unas pocas horas se estableció un grupo de doctores que tomaron el relevo: el profesor Ducuing y los doctores Barsony, Baux, Biart, Champagnac, Garipuy, Lapeyrère, Paillé y Tauber. Al cabo de un mes escaso, sobre el plan jurídico se impuso la necesidad de solucionar el vacío legal provocado por la orden directa de Henri Queille, Ministro del interior, que disolvía la Amicale des Anciens FFI Espagnols, gerente del Hospital. Dicha orden ministerial, publicada en el Journal Officiel el 11 de octubre de 1950, precisaba en el artículo 4:

Les dirigeants de l’association dissoute doivent procéder à la liquidation des biens dans le délai d’un mois à dater de la notification de la présente décision[153].

Este problema de la devolución de los bienes dio lugar a largas peripecias jurídicas que duraron hasta bien entrado el 1955. El 31 de octubre, el consejo de administración de la asociación disuelta —la Amical española—, confió en un acta privada la gestión del Hospital al profesor Ducuing, para sortear la vía jurídica se creó la Société Nouvelle Hôpital Varsovie que adquirió por acta notarial del 6 de enero de 1951, el equipamiento del centro por un valor de 300 000 francos. La venta fue determinada por el notario Lascazes de Toulouse entre la Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols y la Société Nouvelle de l’Hôpital Varsovie.

El 4 de enero el Tribunal Civil de Toulouse designó un administrador para gestionar los bienes de la disuelta Amical. Ese administrador hizo bloquear las cuentas del Hospital y avisó que se disponía a tomar posesión del establecimiento. Por suerte, la decisión fue recorrida y la decisión del Tribunal no se aplicó. Más conflictos legales se disputaron hasta que el propietario del edificio, M. Maigné, puso en venta el Château y sus dependencias. Entonces la Société Nouvelle Hôpital Varsovie optó a la compra como arrendataria. La suma de la operación que ascendía a 6 millones de francos, fue aportada principalmente por el PCF. El acta notarial de compra-venta fue firmada el 12 de febrero de 1952, pero pasarían todavía 3 años para acabar con las disquisiciones legales y poder disponer de la gestión del Hospital. Todavía tuvo que crearse una nueva asociación para poder solucionar el problema ante el Tribunal: Les Amis de la Médecine Sociale. Asociación que propuso un alquiler para gestionar el Hospital a la propietaria Société Nouvelle. Al final, el 19 de octubre de 1955 el Tribunal Civil de Toulouse decidió levantar el embargo de bienes y consintió conceder la atribución de bienes a la Société Nouvelle con la reserva expresa de arrendar la gestión a la asociación de Amis de la Médecine Sociale. Esta fórmula satisfacía a todas las partes y, sobre todo a los beneficiarios y propietarios del hospital que pasaría a ser controlado casi totalmente por el PCF, que a su vez podría volver a ejercer en pleno rendimiento y capacidades su labor médica iniciada por los refugiados españoles. A partir de entonces el hospital fue conocido hasta la actualidad con el nombre de Hôpital Joseph Ducuing. Al cabo de muchos años, en abril de 1982, Société Nouvelle fue constituida en Sociedad Anónima que se disolvió al hacer donación de los bienes del centro a la asociación Amis de la Médecine Sociale.

IX. La operación Boléro-Paprika

IX.
LA OPERACIÓN BOLÉRO-PAPRIKA

1. El asesinato de Redempció Querol

1. EL ASESINATO DE REDEMPCIÓ QUEROL

Un antecedente que desencadenó la «caza de brujas» en Francia, fue el asesinato de una exiliada, Redempció Querol, encontrada dentro de una caja, violentamente asesinada, en el lago Gironis, cerca de Toulouse, el 10 de abril de 1950. Redempció Querol era una muchacha muy apreciada por todos los miembros del PSUC en Toulouse y que «trabajaba mucho y eficazmente para el partido»[1], era esposa de Miquel Montané i Escalas, un activo militante del PSUC, que se dedicaba a pasar gente y enlaces a Cataluña durante la lucha del interior. El 7 de abril la Guardia Civil española, cerca de la frontera, detenía hiriendo mortalmente a dos clandestinos que volvían a Francia después de una misión de enlace, probablemente en Barcelona. Uno de ellos era Miquel Montané i Escales, el otro se llamaba Joan Platé i Verges. Ambos fueron encontrados muertos un par de días más tarde con varios disparos en el cuerpo. Su asesinato tendría repercusiones dentro y fuera del PSUC, al cual pertenecían. Los dos ajusticiados en el lado español de la frontera fueron conducidos ante el alcalde del pueblo gerundense de Massanet de Cabrenys. Éste los enterró anónimamente en el cementerio municipal de su localidad. Treinta años más tarde, en 1986, un entierro oficial y una placa conmemorativa dieron el reconocimiento a los dos asesinados[2].

Montané y Platé eran veteranos en las filas del ejército republicano durante la guerra civil, poseían un largo historial en Francia como combatientes en la lucha contra la ocupación nazi. Fueron los primeros de formar parte de los grupos conocidos como «Grupos de Enlace» o «Aparato de Pasos» que, sin interrupción y durante más de once años estuvieron pasando y traspasando refugiados por la frontera pirenaica. Grupos exhaustivamente vigilados por la policía española y la Guardia Civil, porque además eran los grupos que mantuvieron el contacto entre Francia y las organizaciones guerrilleras de Catalunya, Aragón, Bajo Aragón, Levante y también los Grupos Urbanos dentro de las ciudades importantes como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid y otras. Otra de sus funciones también fue ocuparse de los guerrilleros que actuaban en las montañas, aportándoles documentación, servicio de guías, escondites seguros, cobijo en Francia y un largo etc.[3].

Efectivamente, Montané y Platé, fueron muertos en una emboscada o una delación en las cercanías de Massanet de Cabrenys, en un lugar montañoso conocido como La Costa el 7 de abril de 1950. Su muerte todavía presenta algunas incógnitas. Fueron enterrados en una fosa común, junto con el alcalde republicano también asesinado. 36 años más tarde en 1986, se recordó los guerrilleros asesinados en el mencionado acto, promovido por la Amical d’Antics Guerrillers Espanyols a Franca y por el alcalde de entonces de Massanet de Cabrenys que, cuando era todavía un chiquillo, vio personalmente como testimonio de excepción los cuerpos sin vida antes de ser enterrados y expuestos en el depósito del cementerio.

En palabras del máximo representante de la Amical de Guerrillers, Luis Martí Bielsa:

Ens hem reunit aquí per recuperar la memória històrica d’uns fets i retre homenatge als homes, als guerrillers, que un dia, ja llunyá, varen fer ofrena de llurs vides en la continuada lluita contra el feixisme… hi eren per tot, al principi els podíem trabar en les organitzacions franceses de Resitència o Grups de resistents espanyols. Més tard eren a les Unitats de les FFI així com les FTP. Però fonamentalment a les Unitats de l’AGE (Agrupació de Guerrillers Espanyols), en territori francés… Aquests no van tenir cap opció. Avui, després de 36 anys, son innombrables els testimonis que les gents de per aquí recoiden petits detalls sobre aquest esdeveniment que ha quedat gravat per sempre en les seves ments. Ens expliquen i ens assenyalen el lloc exacte on es va produir l’atemptat i, si no les haguessin tallat, veuriem encara unes grosses alzines amb les bales clavades en els seus troncs… Recordem els rostres d’aquells joves herois que van lliurar llur vida en nom d’unes llibertats democràtiques i per un món millor. Recordem també la identitat de qui fou el seu delator i possible organitzador de l’emboscada… no voldria acabar sense associar-hi la figura de la nostra companya Redempció Querol, esposa d’en Miquel Montané, la mort de la qual també al 1950, está estretament lligada als fets que avui han propiciar aquest acte[4]…

Efectivamente, como señala Martí Bielsa, Redempció Querol, había muerto en relación a su marido ejecutado, posiblemente denunciado por algo y por alguien. Su cuerpo fue hallado por un vecino de Toulouse que fue a pasear su perro en el lago Gironis[5]. El lugar era utilizado para tirar deshechos. En una caja de la misma tienda donde trabajaba, pusieron el cadáver y lo tiraron al vertedero. El perro del vecino, husmeando, lo encontró por casualidad.

El asesinato de Redempció fue interpretado por la policía francesa como una venganza de los agentes soviéticos por haber dejado descubrir, o haber delatado, el depósito de armas de Barbazan. No se sabe la relación exacta con ambos acontecimientos, pero Miquel Montané fue conducido de forma premeditada desde Toulouse hacia la frontera española, allí les esperaba la Guardia Civil y la muerte segura. El caso es que Redempció era «muy querida» y conocida en el ámbito del exilio español en Toulouse y murió por una relación directa al asesinato de su marido y a una serie de hechos que desconocemos exactamente[6]. Además, la ruta de paso de frontera que habitualmente utilizaba no coincidía con el lugar del tiroteo. Alguna delación hubo de forma intencionada[7].

Podemos decir que una cosa no influyó en la otra, pero, aisladamente y en definitiva, el asesinato de Redempció Querol puso en evidencia los lazos de algunos miembros del PCE con los servicios soviéticos en Francia y su estructura de espionaje, de acción y de control político[8]. Estos miembros solían ser militantes que habían decidido trabajar para los servicios secretos de la KGB para espiar la organización interna y controlar la «disciplina» de los diferentes partidos comunistas bajo la cobertura kominformista. En cierta manera se quería garantizar la pureza estaliniana mediante la vigilancia infiltrada. Los militantes con cierta relevancia dentro del partido, generalmente intuían quienes eran estos infiltrados, pero nunca podían comprobarlo, ni mucho menos divulgarlo[9]. Los únicos que lo sabían, en el caso del PCE, era la dirección del partido (Comité Central y Buró Político) y sus enlaces con Moscú.

El tema de los agentes españoles de la Kominform y de la KGB, era conocido pero sumamente difícil de delimitar; las redes clandestinas no funcionaron nunca con notas, comunicaciones u órdenes escritas, así como tampoco con informes redactados. La organización se basaba en la memoria personal de los individuos implicados[10]. Posiblemente, y pasados unos años, la apertura de fondos secretos en los archivos de la KGB, nos permitirá confirmar nombres y listas de espías y de infiltrados. Lo que sí sabemos es que Dolores Ibarruri Pasionaria estaba en contra de formar a españoles como espías dentro del partido al servicio de la URSS, ella siempre mantuvo la postura que: «los españoles que trabajen para España»[11], en el sentido que no era necesario que los españoles trabajasen para la Kominform ya que bastante tarea tenían en el exilio. En cambio, el personaje clave y más relevante como jefe de organización del control y del espionaje político, cofundadora de la KGB, fue Candad Mercader (Caridad del Río), la cual coordinaba toda la red de espionaje y de infiltración de los catalanes y españoles que trabajaron para Stalin; es bien sabido que, incluso seleccionó a su propio hijo, Ramón Mercader, como ejecutor de Trotski.

La investigación policial sobre el caso de Redempció Querol fue abierta por el Tribunal Militar de Burdeos, que puso de manifiesto, mediante las correspondientes investigaciones que Redempció fue asesinada porque, queriendo recuperar a su marido malherido, se inmiscuyó en algún asunto oscuro de éste en relación con el espionaje soviético. La hermana de Redempció fue interrogada por la policía francesa más de 24 horas seguidas para poder esclarecer el caso. Nadie sabía nada. La hipótesis defendida por algunos testimonios nos indica que los agentes infiltrados al ir buscar a Miquel Montané en su comercio de Toulouse, asfixiaron a su mujer, Redempció, porque ésta reconoció a uno de ellos[12].

La versión de los hechos, la podríamos resumir afirmando que Redempció Querol, al ver que su marido no volvía de la misión que le había conducido a la frontera pirenaica, indagó y preguntó a demasiada gente y en demasiados lugares sobre la extraña desaparición de su marido. Seguramente así, topó con algún asunto que no le convenía, quizás fue porque reconoció a alguien cercano, o descubrió algo que no tenía que saber sobre la red de infiltrados soviéticos en Toulouse. Quizás tan solo, tuvieron miedo que ella supiera algo y les interesó hacerla desaparecer[13]. Con ella murió la duda.

Redempció trabajaba en un comercio que servía de tapadora a los agentes soviéticos. El comercio era de Miguel Calvo, miembro del PCE, y estaba inscrito a nombre de su mujer, que era francesa, para no levantar sospechas. Miguel Calvo quiso ayudar a Redempció a resolver los hechos y fue él quien se dirigió al Consulado soviético para pedir explicaciones. Fue seguramente ante tanta insistencia cuando los agentes rusos decidieron actuar, una vez lo supieron mediante el consulado; la misma red de espías al servicio de la KGB la hizo matar[14]. Miguel Calvo a partir de entonces, tuvo que huir y esconderse constantemente, la policía de los Renseignements Généraux le buscaba porque era uno de los implicados más directos. Él mismo se entregó a la policía, dado que no tenía nada que ver con la muerte de Redempció y por tanto, no era necesario seguir huyendo. Estuvo detenido casi dos años en la prisión parisina de Fresnes, hasta que el año 1952 fue deportado a Córcega, en lo que fue la última deportación de la operación Boléro-Paprika. El jefe del grupo de espías fue Díaz del Valle, también buscado insistentemente por la policía francesa. A Díaz del Valle le encontraron, años más tarde, ahogado en el Sena, las causas exactas de la muerte se desconocen, pero respondieron a un «cierre definitivo» de este asunto des espionaje y «depuración» interna[15].

También en este caso de demostró la colaboración de la policía francesa con los Servicios Especiales españoles. En la misma investigación del caso se vio como los Renseignements Généraux hicieron el informe con documentos que procedían de los servicios franquistas. Un informe destinado al ministro de Asuntos Extranjeros Robert Schuman citaba:

gracias a los contactos establecidos por el intermediario e informador de los servicios especiales de Barcelona, con los servicios franceses interesados podemos aclarar el caso de Redención Montané (los franceses siempre citan el nombre de casada) (…) informaciones que serán verificadas para no perjudicar la acción de los servicios vecinos y para no alertar la central soviética (…) los jefes de los Servicios Españoles competentes han sido recibidos en París (…) los inculpados no serán capturados, de acuerdo con los servicios españoles, hasta que la exploración fructuosa del agente en España, sea considerada finalizada[16].

Todo ello fue utilizado como excusa operativa por el gobierno galo. Se tomaron medidas radicales por parte del gobierno francés. Una gran cantidad de exiliados fueron obligados a residir en la Bretaña francesa, lejos de la frontera sur. Miembros del PSUC fueron allí obligados y trabajaron en la reconstrucción de pueblos y ciudades como algunos barrios de Saint-Malo[17]. El siguiente paso fue la definitiva confección de listas y la actuación policial de deportación fuera de la metrópoli. El golpe fue contundente.

En definitiva, el asesinato del lago Gironis, y el descubrimiento de depósitos de armas en Barbazan y otros, fueron utilizados como excusa para difundir y declarar ilegales, entre finales de agosto y principios de septiembre de 1950, todos los partidos, asociaciones y órganos de prensa bajo control comunista español, catalán y vasco[18].

2. El golpe policial

2. EL GOLPE POLICIAL

La operación policial, intentó desmontar toda la organización comunista y antifranquista que se había organizado en Francia. Los cuadros organizativos no pudieron ser desarticulados totalmente, gracias a la capacidad organizativa del aparato clandestino comunista. Los partidos políticos y alguna publicación como Mundo Obrero, se reorganizaron en la clandestinidad o se reagruparon en el aparato clandestino ya existente. Las causas clave, que hicieron decidir la operación al gobierno francés, como se ha dicho fueron el anticomunismo creciente en muchos sectores franceses —la constante instigación del prefecto Pelletier— y la colaboración con los franquistas que se derivó de ello.

A partir de los amplios dossiers instruidos por el Ministerio del Interior sobre el PCE en Francia, nos da algunas de las principales líneas de la operación. El 18 de julio de 1950, el gobierno francés está convencido que el PCE ha creado en Francia una pequeño ejército subversivo dispuesto a entrar en acción en cualquier momento. Esta conclusión se transmitió en una carta al gabinete del ministro Jules Moch. La respuesta a la carta ya hacía tiempo que estaba prediseñada: alejamiento de los miembros del PCE, fuera del Hexágono y el montaje de una operación secreta sobre la base a las listas confeccionadas por los prefectos. Se citaba también la injerencia del gobierno español contra la actividad de los refugiados y sus órganos de prensa y asociaciones, insistiendo en que el gobierno vecino declarara la ilegalidad del PCE y filiales. El final del informe citaba claramente «Il conviendrait d’intervenir d’une façon officieuse auprès de l’Ambassade d’Espagne à Paris»[19].

El primer peldaño de la operación fue disolver y declarar ilegales todas las asociaciones y partidos políticos afines a los comunistas: PCE, PSUC, PC de Euskadi, Los Amigos del Mundo Obrero, La Amical de los Antiguos FFI y Resistentes Españoles, las Mujeres Antifascistas, UGT (disidente), las Juventudes Socialistas Unificadas de España, y la Solidaridad Española. Así mismo, fueron prohibidas las publicaciones: Mundo Obrero, Culture et Démocratie, Lluita, Nuestra Bandera, Mujeres Antifascistas, El Obrero Español, Juventud, Solidaridad Obrera, Partidarios de la Paz y Euskadi Roja[20]. En cambio, las asociaciones de carácter libertario y anarquista no fueron disueltas a pesar de que también propiciaron la formación de grupos guerrilleros y múltiples acciones de contrabando de armas, propaganda política y movilización antifranquista. También fue curioso que el PSU de Cataluña, partido formado por Comorera con sus seguidores expulsados del PSUC y del PCE, y también la publicación de su boletín bimensual llamado igualmente Boletín del PSU de Cataluña, tampoco fueron prohibidos[21]. Inmediatamente después, se realizó la operación policial contra las personas. Los jefes de policía de la DST (Direction de la Surveillance du Territoire) y, sobre todo, de RG (Renseignements Généraux) demostraron su capacidad de actuación rápida y también la planeada «mise en place» de un dispositivo tan amplio y tan bien coordinado como fuera necesario para detener en una madrugada a todos los implicados en las listas confeccionadas por los servicios de información en toda la extensión del territorio francés[22]. Hay que tener en cuenta que algunas de las personas que tenían que ser arrestadas eran «clandestinas» y muchos de ellos eran activistas políticos especialmente huidizos, por este motivo la operación requería muy buena organización y coordinación.

Las listas de individuos sospechosos, solicitadas por el ministro del Interior a los prefectos de los departamentos afectados, se empezó a elaborar los primeros meses del año 1950 —enero, febrero y marzo—. Muchos de ellos, pero, ya estaba «fichados» como clandestinos o como comunistas por las brigadas correspondientes del Renseignements Généraux. Estas listas se confeccionaban periódicamente desde el final de la guerra civil española. Figuraban en ellas acusaciones contra los comunistas, contra los Amigos de Mundo Obrero, contra las Amicales, etc. Todos ellos colectivos de personas, que hacía tiempo que estaban muy controlados por las diferentes policías y servicios secretos franceses y españoles. Llegaron listas de comunistas desde los departamentos más afectados por la operación (Gers, Haute-Garonne, Landes. Pyrénées Orientales, Ariège, Aude, Hautes Pyrénées, Aveyron, Lot, Basses Pyrénées, Tarn y Garonne) muy completas[23].

Una vez localizados y completadas las listas se dispuso la ejecución de la «redada». Debía ser de madrugada, con la máxima discreción posible, de forma secreta y sin levantar sospechas, sobre todo evitando al máximo la alerta de la opinión pública y de los medios de comunicación.

El timing policial de la operación fue el siguiente:

3 horas: Agrupación y aviso del personal del cuerpo urbano de policía.

3.15 hasta la 3.45 horas: Transporte de los comisarios de policía de su domicilio a los barrios determinados.

4.00 horas: Transmisión de las listas con el nombre y las direcciones de las personas para ser detenidas.

4.15 horas: Constitución de los equipos seleccionados para dirigirse a los lugares de las operaciones.

4.30 horas: Puesta a punto de las reservas de efectivos del CRS.

4.45 horas: Puesta a punto de las ondas urbanas de radio-policía.

5.00 horas: Inicio de la operación[24].

Así pues, el 7 de septiembre de 1950 a las 5 de la madrugada fue dada la orden de acción a las diferentes brigadas de policía. Éstas, con furgones o camionetas se dirigieron al domicilio de los perseguidos y de forma coordinada y fulminante, efectuaron las detenciones. En general, fueron las mismas brigadas encargadas del seguimiento y de la elaboración de los dossier de información sobre las actividades de los refugiados, las que los detuvieron, pero eso no es de extrañar que en muchos casos los arrestados reconocieran los rostros de los agentes[25]. Los efectivos movilizados fueron 60 coches de policía, 150 inspectores de la Surveillance du Territoire (DST) y unos cuantos centenares de gendarmes, sobre todo, de los Departamentos del Midi francés[26].

De las zonas de la Alta Garona y el Midi francés se agruparon los detenidos en el campo de Sables en Narbona y en el recinto de La Cité de Carcassone. En Narbona llegaron los convoyes a las 21:30 horas con 92 detenidos; 82 fueron dirigidos a Toulon, para ser embarcados y 10 fueron dirigidos hacia las fronteras del este —Estrasburgo—. A Carcassone llegaron a la 1:30 hora con 32 detenidos; 22 dirigidos hacia Toulon y 10 también hacia el este. En Toulon se reunieron los detenidos españoles para ser embarcados el día 9 de septiembre hacia Argelia y Córcega. Se fueron con el crucero Georges Leygues de la Marina Nacional, 69 fueron dirigidos a Córcega y 78 dirigidos a Argelia. Hasta el día 12 de septiembre fueron detenidos 12 españoles más que fueron llevados a Argelia con un avión de Air France[27].

El dispositivo tenía órdenes de detener el máximo número posible de inculpados y conducirlos directamente a las comisarías más cercanas para agruparlos y, sin ninguna vista oral, ni documento de arresto, meterlos en camiones y dirigirlos hacia los puntos convenidos de expulsión o de embarco en la frontera francesa. Los detenidos solamente fueron advertidos por la policía para que se proveyeran de su dinero y de alguna pieza de ropa resistente. No se permitían demoras ni excusas, el golpe tenía que ser por sorpresa y fulminante, a la vez que altamente discreto. La policía y el gobierno de Franco estaban al corriente de la operación. Lejos de estar satisfechos, no encontraron el golpe definitivo contra los republicanos españoles comunistas que ellos pretendían.

En Toulouse, un informe policial llamado Opération Boléro-Paprika, daba una detallada descripción la operación. Los Renseignements Généraux se refieren al pasaje de agentes franquistas enviados por Franco. Agentes del SIM que fueron mandados para asegurar e informar del abasto de la operación contra los comunistas y recoger otros datos[28].

De manera urgente, el mes de octubre de 1950 Franco envió agentes de información militar a Francia para asegurarse de la ejecución de la operación. El coordinador destinado a entrar por la frontera de Hendaya fue el capitán Guinda, un oficial que trabajaba para el servicio de información franquista en los sectores de Navarra y Aragón y que residía habitualmente en Jaca. Había una comunicación bien coordinada entre los servicios de información de los dos países de ambos lados de los Pirineos[29]. Lógicamente no pudieron ser detenidas todas las personas que figuraban en las listas, unos 75 españoles escaparon de la detención. Los militantes del PCE y del PSUC más significados, ya habían sido advertidos por sus informadores y pudieron esconderse. Algunos de los que posteriormente han afirmado que tuvieron suerte de escaparse no figuraban siquiera en las listas. Por ejemplo Sebastià Piera declaró que Elisa Uriz lo avisó para que se escondiera, y así lo hizo durante dos semanas. Ahora se sabe que Piera no estaba en las listas de inculpados, hecho que no impidió que un año más tarde fuera deportado en el marco de otra operación policial llamada Opération Nevada[30].

Se puede afirmar que el golpe fue muy efectivo sobre los militantes o simpatizantes de base, menos decisivos y peor informados. En los cuadros del partido, los únicos detenidos con cargos relevantes fueron Irene Falcó, secretaria de la Pasionaria, Ángel Álvarez Angelín, miembro del Buró Político del PCE, el Doctor Bonifaci del Comité Central del PSUC, y el general Luis Fernández. También afectó a José Chinchilla, alias Ricardito, que estuvo deportado doce años en Córcega y a Modest Duran, que gracias a la intervención del director de Radio Andorra y de un capitán francés pudo volver de Argelia al cabo de dos años. Fue uno de los pocos casos que el gobierno francés consideró «erróneo» y lo trasladaron otra vez al continente. Otros casos de deportados que han podido dar su testimonio fueron Enríe Puigcerver, Sebastià Piera y Trinitat Revoltó[31].

El gobierno francés quería dar un «golpe de efecto sensacional» y sobre la estructura guerrillera. Así pues, fueron deportados en su mayoría los antiguos guerrilleros que se inscribieron legalmente en las Agrupaciones Guerrilleras y de los Amicales de los antiguos guerrilleros, los jefes de células locales o departamentales, o militantes afiliados a alguna filial comunista que tenían una actividad poco decisiva. El número total de españoles detenidos fue de 177; desde la madrugada del día 7 hasta el día 9, día en que la policía elaboró la primera estadística[32]. La operación se efectuó principalmente por las brigadas de: Toulouse (Haute Garonne), Perpiñán (Pyrénées Orientales) y París (Seine), además de las brigadas de Lille, Lyon, Marsella, Nantes y Estrasburgo por la operación Paprika que afectó a 111 personas de otras nacionalidades. En total 228 personas fueron detenidas en este golpe de fuerza del total de las 404 que se incluían en las listas policiales.

La operación Boléro-Paprika comprendía dos acciones policiales paralelas; la operación Boléro era dirigida contra los españoles comunistas, que serían deportados a Córcega y Argelia. El nombre Paprika hacía referencia a la misma operación pero destinada a los comunistas de otras nacionalidades, deportados hacia el este vía Estrasburgo; los destinos de estos fueron Rusia, las tres democracias populares (Polonia, Checoslovaquia o Hungría) e Italia. En estos días de septiembre de 1950, se ejecutaron un total de 288 expulsiones, que juntamente con los españoles (operación Boléro) sufrieron: 2 búlgaros, 3 apátridas, 4 griegos, 6 húngaros, 13 italianos, 59 poloneses, 4 rumanos, 14 soviéticos y 5 checos (operación Páprika).

Los camiones que agrupaban los detenidos de la operación Boléro, casi todos españoles, desde las correspondientes prefecturas de policía y después de Sables (antiguo campo de concentración y de refugiados utilizado por los nazis cerca de Toulouse), los dirigieron a Toulon y a Marsella para ser embarcados hacia Córcega y Argelia. El texto de la orden policial la firmaban el propio ministro Queuille y el secretario de Estado para el Interior, Eugène Thomas.

3. La orden ministerial y sus protagonistas políticos

3. LA ORDEN MINISTERIAL Y SUS PROTAGONISTAS POLÍTICOS

El ministro del Interior, Henri Queuille, en septiembre de 1950 envió a los prefectos de Córcega y Argelia el siguiente párrafo, acogiéndose a la orden ministerial sobre la expulsión de individuos extranjeros del territorio francés del 18 de marzo y del 2 de noviembre de 1946:

He alejado del territorio metropolitano y he asignado en residencia dentro de vuestro departamento un cierto número de extranjeros que tienen calidad de «refugiados políticos» y no pueden, precisamente por eso, ser enviados a su país, España. Por razón de sus actividades subversivas en el seno de grupos a los cuales pertenecen por ellos mismo o por cuenta de organizaciones extranjeras, constituyen, en este periodo de tensión internacional, una amenaza muy seria para el orden público.

La medida de asignación forzada a residir en Córcega y Argelia ha sido tomada por este motivo, y permite someter estos extranjeros a una vigilancia muy estrecha. De todas maneras, si se da el caso, me veré obligado, si continúan teniendo una actitud punible, a poner en práctica medidas más severas todavía. Para evitar, en la medida de lo posible, que se produzca tal eventualidad, os ruego que os dirijáis vos mismo o que hagáis que se dirija una alto funcionario de vuestra prefectura, con toda solemnidad una aviso a estos extranjeros, un último aviso, conforme tienen que abstenerse de toda actividad contraria a los intereses del país que los acoge, y que el derecho de asilo conlleva unos límites que ellos no pueden transgredir sin que les comporte consecuencias muy graves[33]…

Por «actividad contraria» se entendía principalmente el hecho de poder establecer contacto con el Partido Comunista Francés o alguna de sus filiales. En este caso se entiende que no mencionaran al PCE y al PSUC, ya que se consideraban «oficialmente» prohibidos y por tanto inactivos, consideración, como ya se ha visto, del todo errónea. Este contacto político sería considerado como una reincidencia a la actividad subversiva. El ministro alertó a los prefectos que tenían que avisar a los deportados de que las sanciones nuevas que el gobierno decidió aplicarles en caso de «nueva subversión» serían más duras, restrictivas, e implicarían incluso el hecho de dejarles sin alimentos, y que además, estas nuevas medidas serían aplicadas de inmediato. El texto los firmaban el propio Ministro Queuille y el Secretario de Estado para el Interior, Eugène Thomas.

El artículo 23 de la Orden Ministerial del 2 de noviembre del 45 atribuía el derecho al ministro del Interior francés, en caso de urgencia, a poder expulsar sin recurrir a la comisión prefectoral a los individuos extranjeros sospechosos de actividades subversivas y de agresión política o ideológica contra la República francesa. Por este motivo y bajo esta ley, fue montada la operación de policía. Los prefectos de los departamentos franceses afectados ya estaban al corriente, y en este sentido era solamente el ministro quien podía revocar al orden. Esta ley reconocía el derecho de los expulsados a estar informados de los motivos de la expulsión y de poder rebatirles delante de una comisión prefectoral, con la comunicación de expulsión un mes antes de la ejecución. Pero el mismo texto reconoce al ministro la facultad de derogar los derechos de los expulsados. Esta derogación estaba prevista como excepcional y limitada a los casos urgentes[34]. La realidad era que en Francia después de tres años, la excepción devino la regla y todas las expulsiones de carácter político se realizaron sin convocar ninguna comisión prefectoral y recibieron el trato de urgentes. La policía expulsaba con el consentimiento del ministro y sin dar ninguna explicación a los detenidos, así esta orden era respetada en su letra, pero violada en su espíritu. Así pues, los españoles deportados en la operación Boléro, no tuvieron posibilidad de recibir garantías jurídicas. Sobre todo, teniendo en cuenta que los exiliados afectados por el orden de expulsión, tenían el derecho de asilo político concedido por el gobierno francés, sirvieron a la Resistencia y lucharon como soldados reclutados para ayudar en la liberación de aquel país.

Encontramos la respuesta en las opiniones del ministro del Interior, Queuille. Respecto la ley dijo que no estaba dispuesto a discutirla, pero ya que él era el responsable del orden público en Francia, delante del Parlamento y delante del país, él sería el único juez sobre el carácter de urgencia que podía presentar aquella medida tomada en virtud de los poderes que la ley misma le había conferido. Según sus palabras:

… no hablaré de los peligros que conlleva actualmente la guerra abierta, llevada a cabo en el interior como en el exterior contra las instituciones del mundo libre, y contra las de Francia en particular, por partidarios de regímenes políticos donde no existen los derechos humanos… Las condiciones del derecho de asilo reflejadas en las convenciones internacionales relativas a los refugiados de Nansen (1945), que no permite a los refugiados españoles abusar de la generosidad para constituir en suelo francés verdaderas organizaciones de combate a las ordenes de una potencia extranjera[35]…

El ministro Queuille afirmaba que a pesar de la urgencia en la aplicación de la expulsión, 75 de los españoles que tenían que ser detenidos consiguieron escaparse. Así, según él, si hubieran realizado un preaviso con un mes de antelación y todos los trámites normativos, hubieran tenido que movilizar toda la policía para poder detener, tan solo, un número mínimo de personas. Queuille siempre defendió la teoría, a su vez compartida por la mayoría de los gobernantes moderados occidentales, que todos los miembros activos del PCE o afines y los del PSUC, algunos con lazos directos con el Kominform, eran un peligro para la Francia de la Cuarta República, por eso había que apartarlos temporalmente del territorio, y alejarlos a otros donde fueran elementos más controlados y donde su acción pudiera ser más fácilmente neutralizada.

Con la visión de Queuille sobre los motivos de la operación se puede afirmar que la animadversión hacia los exiliados españoles comunistas necesitó una salida política rápida y radical a pesar de que la reflexión ministerial sobre las causas de las detenciones no llegó a ser nunca justificada. Hay que insistir en el hecho de que muchos de los detenidos tenían la Cruz de Guerra con Palma, concedida por el Estado francés por méritos de guerra, que muchos de los españoles todavía mostraban las heridas de guerra por haber defendido a Francia y que otros, por ejemplo, estaban tan bien reconocidos o integrados dentro del sistema social francés que recibían el 100 % de la pensión, directamente de las finanzas francesas y título vitalicio, como fue el caso de Miquel Portolés, deportado a Córcega.

Hay que tener en cuenta que durante este periodo la política francesa pasaba una crisis muy profunda. Tan solo en menos de tres años, desde el 5 de septiembre de 1948 hasta junio de 1951, Francia modificaría 7 veces la configuración de su gobierno. De entre una cúpula política ciertamente privilegiada, no era de extrañar que los cambios de los cargos se alternaran en cada breve y caótica crisis de gobierno. En todo caso los protagonistas políticos, con la exclusión de los comunistas, los cuales desde 1948 no entraban en la formación de gobierno a causa de su boicot político, habían desarrollado muchos y varios cargos ministeriales. El récord lo tiene el gobierno de Robert Schuman, del 5 al 11 de septiembre de 1948, seguido del precedente a la operación, con tan solo 10 días de duración (del 2 al 12 de julio de 1950), presidido, precisamente por Henri Queuille[36].

El gobierno que ejerció cuando tuvo lugar la operación Boléro duró 8 meses, desde julio de 1950 hasta marzo de 1951, presidido por René Pleven y que comprendía 22 ministros y 11 secretarios de Estado: 9 socialistas, 9 republicanos populares, 8 radicales, 4 moderados y 3 de la UDSR (Unión Démocratique et Socialista de la Résistance), el partido de René Pleven. Se cree oportuno detallar su configuración:

— Los socialistas (SFIO: Section Française de l’intemationale Ouvrière) ocupaban los siguientes cargos: al frente del nuevo Ministerio de Estado encargado del Consejo de Europa, Guy Mollet; la Defensa Nacional a cargo de Jules Moch; en Educación, Pierre Olivier Lapie; en Marina Mercante, Gastón Defferre; en Información, Albert Gazier; también las Secretarías de Estado de la Función Pública y la Reforma Administrativa, Pierre Métayer; en Interior, Eugène Thomas; en Guerra, Max Lejeune, y en Francia de Ultramar, Lucien Coffin.

— Los republicanos populares (MRP: Mouvement Républicaine Populaire) también accedieron al nuevo Ministerio de Estado para el Consejo de Europa, a cargo de Jean Letoumeau; también tenían Asuntos Exteriores Robert Schuman; Industria y Comercio Jean-Marie Louvel; Agricultura Fierre Pflimlin, Trabajo y Seguridad Social Paul Bacon; Sanidad Pública y la Población Pierre Schneiter; también las secretaria de Estado de la Marina André Monteil; los Asuntos económicos a Robert Buron; y en Salud Pública a Jules Catoire.

— Los radicales (RGR: Rassemblement des Gauches Républicaines) se repartieron Justicia, con René Mayer; Interior, con Henri Queuille; el Presupuesto, con Edgar Faure; los PTT, Charles Brune; Paul Giacobbi era ministro sin cartera; como secretarios de Estado en la Presidencia del Consejo, Maurice Bourgès-Maunoury; en Aire, André Maroselli, y para Educación Técnica, André Morice.

— Aparte de la presidencia del Consejo, los de UDSR, recibieron la Francia Ultramar, François Mitterrand, y la Reconstrucción y Urbanismo, Eugène Claudius-Petit.

— Para terminar, los moderados (PRL: Parti Républicain de la Liberté) recibían Hacienda, Maurice Pestsche; Trabajos Públicos, Antoine Pinay; para los Antiguos Combatientes, Louis Jacquinot, y para Industria y Comercio, André Guillant.

Esta mezcla en el gobierno respondía a acciones personales guiadas a menudo a oscuras con el fin de conseguir prestigio personal o de limpiar la mala imagen que muchos de los políticos habían adquirido ya durante la Tercera República. Sus esfuerzos cayeron en saco roto, y la actividad política nacía más de los impulsos puntuales y de presiones internacionales y diplomáticas, que de planes o programas de gobierno. Tanto es así que coincidiendo con la operación se inició el movimiento «Paix et Liberté» fundado por un radical, Jean Paul-David. El movimiento surgió después de las proposiciones de leyes anticomunistas, sobre todo por las operaciones policiales contra los comunistas extranjeros (principalmente españoles) y paralelamente al movimiento por la Paz iniciado por los comunistas europeos. Haciendo referencia a la operación Boléro-Paprika, la cual estaba apoyada por el gobierno de Pleven, por los franquistas y posiblemente por el FBI[37]. Al movimiento se agruparon a partir del 8 de septiembre de 1950, antiguos comunistas, hombres de derechas, moderados, radicales, incluso agentes de policía. Sus principales actividades fueron la propaganda en prensa y radio y las distintas movilizaciones en contra del mal gobierno. Este movimiento murió en 1954.

Para ayudar a confirmar la hipótesis de la acción de los servicios norteamericanos sobre estas organizaciones de izquierdas y comunistas (tanto españoles como francesas) y sus proyectos ideológicos sobre la opinión pública en Francia, es muy relevante la nota del encargado de negocios del Ministerio de Asuntos Extranjeros español, José de Erice, al embajador español en Francia, Manuel Aguirre de Cárcer. Como se ve en la nota se cita la introspección de los norteamericanos:

… te contesto sobre el informe pasado en el Franc-Tireur sobre la «Jornada internacional de la resistencia de la dictadura y en la guerra», en la que veo que tomará parte una serie de mandantes emigrados, sobre los que debe haber amplios antecedentes. Convendría que se lo comuniques a la Embajada de los Estados Unidos pues han pedido contacto entre la representación americana y nuestra Dirección General de Seguridad para el intercambio de fichas sobre esos agitadores…

Interpelaciones e intervenciones

Muchos diputados, sobre todo los socialistas y comunistas, interpelaron a favor de los deportados. Se dirigieron muchas notas al presidente de la Asamblea Nacional, para interpelar en los plenos parlamentarios sobre la operación Boléro. El mismo 7 de septiembre de 1950 el diputado André Marty hizo llegar una carta al presidente de l’Assamblée Nationale:

M. le président,

J’ai l’honneur de vous informer de mon intention d’interpeller le gouvemement sur les mesures arbitraires qu’il vient de prendre contre les Républicains espagnols et d’autres antifascistes immigrés, amis de la France, au mépris du droit d’asile et des traditions d’hospitalité qui sont l’honneur de nostre pays.

Signé: André Marty, deputé de Paris[38].

Fueron formuladas muchas notas oficiales de la Asamblea Nacional, dirigidas por diputados al presidente para solicitar interpelaciones en la cámara. De entre los diputados que más insistieron en pedir explicaciones se encuentra, a parte del citado André Marty:

— Pierre Poumadere, diputado de l’Ariège, que envió su nota el 9 de septiembre de 1950, en la que solicitaba explicaciones sobre la ilegal operación de policía.

— M. Tourne, diputado de los Pirineos Orientales, el 13 y el 18 de septiembre de 1950, formalizó una demanda de interpelación para pedir los motivos de expulsión, «en plan Gestapo», al comandante de las fuerzas Francesas del Interior Galiano.

— M. de Moro Giafferi, diputado y antiguo ministro, en este caso dirigió la nota directamente al ministro del Interior Queuille.

— Jacques Gresa, diputado de la Alta Garona, el 13 y el 21 de septiembre de 1950, pidió una interpelación sobre la deportación de la totalidad de los médicos del Hospital Varsovia.

— Mdme. Madelein Braun, diputada muy activa del PCF, fue una de las que más luchó a favor de los españoles deportados. Su primera interpelación fue para pedir explicaciones concretas sobre el caso de Leandro Caro, diputado en Cortes, miembro del Comité Central del PC de Euskadi, dirigente de Euskadi Roja y antiguo Ministro de Trabajo del gobierno vasco. Mdme. Braun además de pedir explicaciones, solicitó que su mujer pudiera ir a encontrar a Caro, que había decidido ir directamente a Moscú. Efectivamente, Caro fue expulsado por Kehl, y fue conducido por la DST a la frontera oriental de Alemania con Polonia[39].

— El diputado corso, Ferrucci, se enfrontó en un debate parlamentario con el diputado Vienny sobre la cuestión de los deportados. Ferrucci afirmaba delante del Presidente de la Asamblea Nacional y todos los diputados que:

los españoles llevados a Córcega viven en condiciones de decadencia física y moral, que no pueden conducir más que al crimen o al suicidio, están desprovistos de todo medio de asistencia, solamente la simpatía de algunos elementos de la población[40]…

— M. de Raulin llamado Laboureur, diputado de la Seine, el 19 de septiembre de 1950, pidió el porqué se tenían que expulsar refugiados españoles que ayudaron a la liberar de los nazis casi todo el Midi de Francia y el propio París.

— El popular Abbé Pierre, diputado, también solicitó el perdón y mejores condiciones de vida para los deportados en una «acción tan poco clara».

Todas estas demandas fueron supervisadas por el Cabinet du directeur génerale de la Sûreté Nationale y, posteriormente, fueron enviadas al ministro del Interior, para prevenir las preguntas y las informaciones que él podía o no dar en los debates parlamentarios, que fueron, ciertamente, muy crispados.

Las respuestas del ministro Queuille, fueron siempre contundentes, siempre defendiendo la postura del gobierno. Por ejemplo, se puede citar la respuesta a la interpelación del diputado De Moro Giafferi donde Queuille, defendió la operación y criticó las exageraciones de la prensa y de algunos colectivos que criticaban firmemente al gobierno francés. Puso en cuestión el derecho de asilo para los deportados ya que, según él y su versión oficial, eran culpables de atentar contra la seguridad del país. También habló de la situación de los españoles deportados diciendo:

… los extranjeros españoles están obligados a residir en una localidad, que a veces, ellos mismos han escogido, se les ha impuesto un perímetro de circulación del que no pueden salir, excepto si consiguen un salvoconducto que tiene que ser facilitado por las autoridades de policía locales. A parte de esto son libres de hacer lo que quieran. Es una práctica común y no cambia tanto las cosas el hecho de alejarlos de la metrópoli… Las familias podrán ir previa solicitud y una vez encontrado el lugar suficiente para alojarse. En resumen lo he hecho todo para garantizar la seguridad del Estado y el bien de todos los franceses[41]…

Muchas intervenciones de diferentes personas y organismos también intervinieron a favor de los españoles deportados. No se presenta un listado exhaustivo, pero se indican las más representativas. A nivel diplomático, el país que más insistió, a parte de los países del bloque comunista, fue Méjico. La embajada del gobierno mejicano en Francia, canalizó muchas protestas de organizaciones españolas exiliadas en Méjico, del mismo, José Giral, de diferentes organismos y también del propio gobierno mejicano. De los otros países occidentales, no se ha encontrado ninguna intervención oficial en el asunto, si en cambio, de organizaciones, sobre todo de antiguos combatientes y de Refugiados o de derechos del hombre.

A título de ejemplo se puede presentar una carta de particulares mejicanos dirigiéndose a la Presidenta de la comisión de Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1950:

… esta monstruosa represión absolutamente injustificada, forma parte de la ayuda que dan al sanguinario régimen de Franco los instigadores de la guerra y sus cómplices,, el gobierno francés tiene una gravísima responsabilidad con la ejecución de estos brutales atentados contra la persona humana y contra el derecho de asilo, pues estas injusticias violan los principios de la Carta de la ONU y de la declaración sobre los derechos del hombre aprobada por la Asamblea General de la ONU reunida el 10 de diciembre de 1948[42]…

Fueron enviadas muchas cartas reticentes a la deportación directamente al presidente de la República francesa. M. Veltman, secretario general de la Organización «des Résistants Hollandaise»: Organización Holandesa de los Resistentes y de los Antiguos Prisioneros Políticos del Régimen Nazi, también viudas y huérfanos de muertos por la patria, bajo el nombre holandés Verenigd Verzet 1940-1945, se quejó enérgicamente de la deportación de antifascistas españoles, y más todavía de que en fecha 30 de mayo del 51, el gobierno francés hubiese negado los visados para aquellos que querían acogerse al derecho de asilo de los países de las democracias populares. Como se sabe, sí que se concedió el derecho de asilo.

Así mismo, el Presidente de la Cort Internacional de Justice de La Haye, M. Bandesvant, mantuvo correspondencia con M. Queuille, sobre el asunto, defendiendo los derechos de los refugiados políticos y poniendo en duda la «legalidad» de las medidas de expulsión. La discusión más intensa fue sobre la ordenanza francesa del 2 de noviembre de 1945, que concedía al ministro poderes de expulsión[43]. Sobre este tema también encontramos una larga discusión de Queuille con el presidente de la Liga Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Dr. Sicart de Plauzoles, discutiendo largamente, la vigencia de la ordenanza del 2 de noviembre de 1945[44].

Otras organizaciones, en este caso también intervinieron a favor de los expulsados, una carta firmada por Françoise Leclerq y Claudine Chomat de la Unión des Femmes Françaises, que el 22 de mayo de 1951 denunciaba:

Arrancados de sus hogares viven en condiciones inocuas, sin trabajo, sin curas, en medio de un completo abandono. Ellos habrían muerto ya si no fuera por la solidaridad de la población local[45]…

Y piden al despacho del Ministro del Interior que, delante de tales condiciones, los deportados pudieran ser acogidos en los Países de las democracias populares, ya que éstos ya habían hecho oficial la acogida. Igualmente recomendaban, para agilizar los trámites que las peticiones de asilo las tramitase el CFDI, Comité Francés de Defensa de los Inmigrantes.

Otras peticiones también fueron dirigidas al ministerio francés a título particular, para pedir la libertad de determinados casos. El jefe del 2ème Bureau, M. Pujol, encargado del asunto, envió una circular para obligar a dirigir las intervenciones sobre las personas deportadas, realizadas por organizaciones o por familiares y amigos, a él mismo, por escrito, con las causas concretas de los agravantes personales y con la obligación de hacer constar el nombre completo, dirección y estado civil de aquél que formulaba la reclamación. La mayoría de reclamaciones pedían el retomo a sus hogares de los deportados. Casi todas ellas fueron rechazadas.

Igualmente encontramos muchas notas de peticiones de mujeres y amigas para poder reunirse con los correspondientes maridos o parejas, con o sin hijos, en Córcega o bien, en Argelia. Las consignas ministeriales aceptaron, en la mayoría de los casos y al cabo de unos meses, la legalidad del traslado y concedieron permisos de viaje a las familias.

Así pues, la mayoría de intervenciones e interpelaciones fueron ignoradas. Consta pero, que algunos deportados consiguieron que se anulase la orden de expulsión y pudieron volver a Francia. El director general de los Renseignements Généraux y el ministro ordenaron la revocación de la orden, en fecha 28 de junio de 1951 a: Abramson, Arenaz-González, Cirera Feliu, Garrido Pallaro, Lacchin, Vasak, Pueyo, Pore Gaudnia Fernando, Cerdà González, Jamroz, Gay Villa Juan, Fernández Puente, Díaz Pendero, Orechkov, Koperski, Acedo Pablo y Szalpual.

El artículo 23 de la Orden Ministerial del 2 de noviembre del 45 atribuía el derecho al ministro del Interior francés, en caso de urgencia, a poder expulsar sin recurrir a la comisión prefectoral a los individuos extranjeros sospechosos de actividades subversivas y de agresión política o ideológica contra la República francesa. Por este motivo y bajo esta ley, fue montada la operación de policía. Los prefectos de los departamentos franceses afectados ya estaban al corriente, y en este sentido era solamente el ministro quien podía revocar al orden.

Esa ley reconocía el derecho de los expulsados a estar informados de los motivos de la expulsión y de poder rebatirles delante de una comisión prefectoral, con la comunicación de expulsión un mes antes de la ejecución. Pero el mismo texto reconoce al ministro la facultad de derogar los derechos de los expulsados. Esta derogación estaba prevista como excepcional y limitada a los casos urgentes.

La realidad era que en Francia después de tres años, la excepción devino la regla y todas las expulsiones de carácter político se realizaron sin convocar ninguna comisión prefectoral y recibieron el trato de urgentes. La policía expulsaba con el consentimiento del ministro y sin dar ninguna explicación a los detenidos, así esta orden era respetada en su letra, pero violada en su espíritu.

Así pues, los españoles deportados en la operación Boléro, tenían que haber recibido explicaciones y haber sido tratados, como mínimo judicialmente, con derecho a defenderse y, en última instancia, derecho a ser «juzgados». Sobre todo, teniendo en cuenta que los exiliados afectados por el orden de expulsión, tenían el derecho de asilo político concedido por el gobierno francés, sirvieron a la Resistencia y lucharon como soldados reclutados para ayudar en la liberación de aquel país.

… los extranjeros españoles están obligados a residir en una localidad, que a veces, ellos mismos han escogido, se les ha impuesto un perímetro de circulación del que no pueden salir, excepto si consiguen un salvoconducto que tiene que ser facilitado por las autoridades de policía locales. A parte de esto son libres de hacer lo que quieran. Es una práctica común y no cambia tanto las cosas el hecho de alejarlos de la metrópoli… Las familias podrán ir previa solicitud y una vez encontrado el lugar suficiente para alojarse. En resumen lo he hecho todo para garantizar la seguridad del Estado y el bien de todos los franceses[46]…

Muchas personas y organismos también intervinieron a favor de los españoles deportados. No se presenta un listado exhaustivo, pero se indican las más representativas. A nivel diplomático, el país que más insistió, a parte de los países del bloque comunista, fue Méjico. La embajada del gobierno mejicano en Francia, canalizó muchas protestas de organizaciones españolas exiliadas en Méjico, del mismo, José Giral, de diferentes organismos y también del propio gobierno mejicano. De los otros países occidentales, no se ha encontrado ninguna intervención oficial en el asunto, si en cambio, de organizaciones, sobre todo de antiguos combatientes y de Refugiados o de derechos del hombre.

A título de ejemplo se puede presentar una carta de particulares mejicanos dirigiéndose a la presidenta de la comisión de Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1950:

… esta monstruosa represión absolutamente injustificada, forma parte de la ayuda que dan al sanguinario régimen de Franco los instigadores de la guerra y sus cómplices… El gobierno francés tiene una gravísima responsabilidad con la ejecución de estos brutales atentados contra la persona humana y contra el derecho de asilo; pues estas injusticias violan los principios de la Carta de la ONU y de la declaración sobre los derechos del hombre aprobada por la Asamblea General de la ONU reunida el 10 de diciembre de 1948[47]…

La prensa

Sin embargo, el medio que más eco hizo sobre la operación de expulsión y deportación de aquellos españoles, fue la prensa. Se encuentra la denuncia insistente de la prensa francesa de izquierdas o filocomunista, y también el apoyo de las medidas policiales e incluso, la demanda de más acciones, de la prensa de extrema derecha y, sobre todo, de la prensa franquista en España.

La prensa francesa estaba claramente dividida en dos grupos: las izquierdas y los liberales anticomunistas o derechas. El diario más imparcial, quizás fue Le Monde, pero al tener mucha «dependencia mediática» con el quai d’Orsay (el gobierno francés), se dedicó, igualmente, a justificar las deportaciones. Los únicos que apoyaron incondicionalmente a los españoles deportados, como ya se ha señalado, fue la prensa de izquierdas. Los prefectos y el servicio de Renseignements Généraux hicieron un seguimiento bastante exhaustivo de la opinión de la prensa porque sabían, que si alguien podía influenciar en la decisión gubernamental, era la opinión pública.

Los casos más seguidos por el gobierno fueron los reportajes realizados por Jean Pieraggi, el 18 de enero de 1951, en un diario de Bastia, llamado Corse Nouvelle, con el artículo titulado «La Verita sans fard», donde criticaba muy duramente al gobierno francés, incluso al italiano por permitir estas agresiones «fascistas» a personas trabajadoras y bien acogidas como refugiados en Francia. El prefecto de Córcega tuvo que pedir «perdón» a sus superiores de París, por la publicación y difusión del artículo[48].

El artículo provocó la exaltación del Cabinet de M. Queuille, fue publicado en el diario Ce Soir, con el título «Je reviens des campos de la mort lente», artículo presentado por André Wurmser, y escrito por Pierre Brandon abogado de París, que visitó Córcega a petición del M. Godart, antiguo ministro y presidente general del Comité de Defensa de los Inmigrantes. En este artículo se habla de la situación «cavernícola» en la que están obligados a vivir los deportados, donde no tienen medios de subsistencia ni ningún tipo de asistencia sanitaria para los enfermos. Presentaba fotografías muy sensacionalistas de españoles amputados y de lechos de paja como habitáculos. Si bien, la situación real no fue aquella, el impacto mediático causó una gran conmoción. Y los artículos cruzados entre medios ministeriales, otros diarios no tan izquierdistas y el propio ministro eran ciertamente interesantes[49].

En este sentido la prensa de izquierdas fue la defensora de los deportados y el «fiscal acusativo» del rol jugado por el gobierno, los temas de los artículos eran de radical condena:

Sommes-nous cinq ans après la victoire ou dix mois avant la défaite? «La residencia vigilada, es como en Vichy, y decir que no es privativa de libertad es una estupidez», «Los refugiados políticos españoles son deportados, las relaciones con Franco renovadas, un ministro promete a un gobierno extranjero hacer entrar los comunistas en razón», «Hay embajadas que intervienen en el Tribunal de Justicia Francés, el pacto franco-soviético es tenido como papel mojado, se deja rearmar Alemania, los industriales franceses los rearman, prensa francesa jugando a la democracia prepara el servilismo total de Francia, la guerra amenaza…»[50].

Por otro lado la prensa más «centrada», tuvo una visión moderada del problema haciendo hincapié en la relativa libertad de los deportados y en la asistencia sanitaria, de alojamiento y laboral que el gobierno ayudó a procurar a los deportados. Así Le Monde, publicó artículos como: «La majorité des Espagnols assignés à résidence en Algérie et en Corse ont trouve un emploi» y «Les espagnols envoyés en Corse sont simplement soumis à certains contróles»[51], siguiendo las versiones más «oficiales» del gobierno.

El diario más anticomunista y más de derecha, Le Figaro, ignoró más las condiciones de la deportación, y se dedicó intensamente a desmentir y criticar las noticias «adulteradas» de los diarios de izquierdas, sobre todo sus directos contrincantes L’Humanité y Ce Soir. A pesar de su visión política en artículos como «La peur de la vertié», defendió la supervisión sobre las condiciones de vida de los deportados. En otro artículo acusó directamente a la URSS de deportar mucha gente y de matarlos de hambre. Pero aún así insistió en pedir dignidad para los deportados y unas condiciones de vida justas, así como reclamaba una encuesta plausible sobre los españoles en Córcega y Argelia[52].

La prensa italiana también hizo cierto eco, encontramos el diario Operaio Italiano, en el n.º 2 de noviembre de 1950, el artículo «Comment vivent les déportés en Corse», que hacía referencia a las condiciones de vida de los españoles deportados y a las polémicas que esto había comportado en ciertos medios de prensa.

En general, todos los diarios franceses se hicieron eco, con más o menos insistencia, de la operación los primeros días, con los matices políticos muy marcados. Pero en cierta manera un tanto desconcertados por una medida tan rápida y secreta de este tipo, sin precedentes, desde 1946.

Es oportuno indicar que los órganos del PCE y del PSUC, Mundo Obrero y Treball, respectivamente, a pesar de estar prohibidos, reiniciaron sus ediciones clandestinas, por tanto, en formato mucho más reducido, más «camuflable», muy pronto. Ya en el mes de octubre de 1950, tres meses después de que el gobierno los clausurase, en agosto del 50, aparecen los primeros números clandestinos. Lógicamente, también hicieron eco de sus compañeros deportados, acusando al colaboracionismo franquista, detrás de la operación «fascista» del gobierno francés[53].

La prensa franquista también se hizo eco: los diarios españoles de 1950, tales como el Diario de Barcelona, Arriba, La Vanguardia, La Prensa, salió la noticia de la deportación «de rojos españoles por realizar actividades subversivas y trabajar para el espionaje soviético». La prensa española estaba claramente a favor de la deportación, pues era totalmente controlada por el régimen franquista. También es curioso, a pesar de la manera discreta en que se realizó la operación, que el 8 de septiembre de 1950 ya se encuentran noticias en La Prensa, Arriba, La Vanguardia y en el Diario de Barcelona, todas filtradas por la agencia EFE, sobre las detenciones[54]. Era muy importante el efecto propagandístico mediático, así pues, la prensa franquista tenía que estar en relación con los servicios de información políticos y diplomáticos, y de esta manera poder justificar, ante la opinión pública, acciones como la de esta deportación en masa. Por citar un ejemplo, en el caso de Sebastià Piera, deportado un año después, en 1951, en el periódico español La Prensa, apareció un artículo firmado por el franquista Manuel Tarín Iglesias, donde lo acusaba de espionaje y de haber trabajado mucho tiempo para los servicios soviéticos. Todo para justificar su deportación y la de su compañera Trinitat Revoltó. Eso se daba, a pesar de que, teóricamente, la detención y el traslado en Córcega de Sebastià Piera y Trinitat Revoltó fue un secreto policial francés[55].

La actividad clandestina se recuperó rápidamente. En París se establecieron nuevos pisos francos para reuniones y acoger refugiados. En el relato de José Jové Blavi, alias l’Escorça, después de la operación Boléro y de la prohibición de actividades al PCE y al PSUC, Santiago Carrillo le pidió si su apartamento en la portería de la rue Traversière podía funcionar como un punto de apoyo y contacto de la clandestinidad para el partido en París. Allí se celebraron reuniones clandestinas de la cúpula, se acogían refugiados y pasantes y servía de centro de correspondencia. Ese tipo de pisos y porterías ayudaron en gran medida al mantenimiento de la clandestinidad[56].

4. La deportación a Argelia y Córcega

4. LA DEPORTACIÓN A ARGELIA Y CÓRCEGA

La deportación fue realizada, tal y como hemos dicho, lejos de la metrópoli francesa. Unos españoles fueron dirigidos a Córcega y otros a Argelia. Las condiciones de vida iniciales fueron muy duras. Alejados de sus familias, mujeres, hijos y parientes, los españoles solamente recibieron unos cuantos francos para sobrevivir tres o cuatro días. El alojamiento en la mayoría de los casos no cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad.

Los detenidos a Córcega fueron conducidos a los pueblos del interior y los españoles tuvieron que buscarse la vida, trabajando en los bosques y, en cierta manera, viviendo de la solidaridad. La acogida, en general, fue mejor en Córcega que en Argelia, pero las ínfimas condiciones de vida eran muy parecidas. En Córcega la gente rápidamente se solidarizó con los deportados y les dieron trabajo, alojamiento y manutención, condiciones mínimas para sobrevivir. El prefecto de Córcega, Lucien Dévron, se encontró con todo el grupo de deportados sin saber muy bien que hacer con ellos (hay que tener en cuenta que Córcega era la prefectura más pobre de todos los territorios bajo el control de Francia). Y no es hasta diciembre de 1950, tres meses más tarde, que se encuentra un informe donde se habla de estos problemas, que fue realizado por el prefecto Lucien Dévron y enviado al ministro del Interior Queuille. Este informe fue provocado, como se ha señalado, por cuatro grupos de presión: por la prensa de izquierdas (L’Humanité, Ce Soir, Les Lettres Françaises, Corse Nouvelle, La Marseillese, etc.); por la interpelaciones realizadas en la Asamblea Nacional por bastantes diputados franceses, sobre todo diputados afines al PCF; por las intervenciones de diversas asociaciones internacionales, como la Liga de Derechos del Hombre, la Asociación de Mujeres Francesas, los Comités de Ayuda a Inmigrantes, etc; y también por la presión ejercida por los propios deportados que, hay que decir, tanto en Córcega como en Argelia, rápidamente se reorganizaron en células del partido comunista.

La falta de proceso judicial en la detención y deportación de los exiliados españoles fue sustituida por unos cortos y formales procesos verbales, tardíamente realizados en territorio corso o argelino. Tres meses después de la deportación, entre el 2 y el 10 de diciembre de 1950, se convocaron los deportados para que se presentaran a las comisarías de las ciudades más cercanas a sus domicilios donde, el comisario de los Renseignements Généraux pertinente, transcribía las declaraciones de cada uno, como una simple formalidad. El contenido de estos procesos verbales, además de su brevedad (alrededor de dos páginas por persona) no era nada revelador. El modelo era casi calcado mecánicamente. En todos se hacía referencia al lugar de nacimiento, nombre de los padres, hijos, domicilio y ocupación en Francia. También figuraba el municipio donde les obligaron a residir, ya fuera en Córcega o en Argelia, el lugar de trabajo que ocupaban allí, y la cantidad de dinero que les requisaron durante la detención. En todos los procesos verbales los inculpados se declararon inocentes y citaron que no entendían como, después de haber ayudado a liberar Francia de la ocupación nazi, de haber sido aceptados como ciudadanos y trabajadores legales franceses, además de haber obtenido condecoraciones militares, eran detenidos, deportados, separados de sus familias y tratados de forma inhumana. Para terminar, todos y cada uno de ellos recalcaron que querían poder volver a territorio francés con sus familias.

Las reclamaciones más habituales formuladas por los españoles asignados en residencia obligatoria y vigilada en Córcega y Argelia poco a poco se fueron canalizando de manera formal, mediante los prefectos o bien, públicamente, mediante la prensa. Las primeras quejas presentadas por los deportados hacían referencia a las medidas policiales sufridas, éstas son denunciadas repetidamente al gobierno francés y a sus representantes. Como tales son citadas, la misma detención, sin inculpación ni proceso y la mala acogida al puerto destinación, también destacan, sobre todo, la rotura de las unidades familiares y la prohibición de vivir en pareja, así como la posibilidad de que la pareja o familiares pudieran desplazarse a los lugares de deportación para visitar a los afectados. En último término protestan, dentro del territorio de destino, por la prohibición de desplazarse libremente y el sometimiento personal a una vigilancia estrecha. Igualmente en estos primeros meses, también se realizaron reclamaciones de carácter económico y de subsistencia, tales como las condiciones de alojamiento, nada previstas por el gobierno francés, las condiciones de trabajo, las condiciones de trato especial a los deportados enfermos y la cuestión del dinero para subsistir (en la mayoría de los casos, tal y como podemos ver en los procesos verbales, el dinero requisado por la policía se les devolvió tres meses más tarde[57]).

Todos estos problemas no tuvieron una solución efectiva en una primera etapa. Este hecho provocó que durante los meses de febrero y marzo de 1951 se formularan nuevas y rotundas quejas sobre las eternas cuestiones por resolver, sobre todo, las condiciones de residencia, las necesidades y condiciones de hospitalización para enfermos, la aceptación de viaje para los familiares y la pareja[58], etc. Estas quejas se añadieron a las reclamaciones de los prefectos de Córcega y Argelia al Gobierno francés reclamando créditos especiales para mantener los gastos de desplazamiento y de movilización de los efectivos de las brigadas policiales. Desde el gobierno hubo todo un periodo de discusiones entre departamentos para decidir qué departamento o ministerio tenía que presupuestar estos créditos, que aproximadamente ascendían a 3 millones de francos, 1,5 para Córcega y 1,5 para Argelia.

Se propuso una salida para los deportados. Aquellos que lo desearan, podían acogerse como refugiados políticos en uno de los tres países llamados de las Democracias Populares, es decir, Polonia, Checoslovaquia y Hungría. El planteamiento de esta opción fue tripartita. Primeramente la organización del PCE ya había establecido contactos, mediante la influencia comunista, con los tres gobiernos implicados para solicitar la acogida de los españoles deportados. En segundo lugar, a pesar de que a ciertos sectores del gobierno francés no les hacía gracia que los deportados volvieran a engordar la militancia comunista de las democracias populares, para los ministerios franceses implicados, la opción representaba una oportunidad para sacarse «un peso de encima» y detener las reclamaciones prefectorales sobre créditos y logística, así como una posibilidad para «olvidar el asunto». El tercer factor favorable, fue, sencillamente, el rápido trámite efectuado por Polonia, Checoslovaquia y Hungría a nivel diplomático, para aceptar a los deportados y, a nivel consular, para poder tramitar «le titre de séjour» (permiso de viaje o desplazamiento) a los implicados. En este visado tenía que constar la rúbrica: «refugiado español». Era válido para un periodo de tiempo muy limitado, solamente por los países de acogida y los de tránsito y, solamente utilizable para un solo viaje, es decir, de salida definitiva. El gobierno francés lo expidió de forma explícitamente regulada para que tan solo sirviera para un trayecto y que, una en el país de destinación, no fuera válido para volver a territorio francés[59].

Así pues, se preparó el traslado de los deportados que se acogieron a la opción de irse hacia las democracias populares. A los deportados de Argelia los recogí un barco polaco llamado Walter el 2 de julio de 1951. Se fueron 54 españoles del total. En Argelia se quedaron 29 deportados. De los que se fueron, el caso que se conoce mejor es el de Enríe Puigcerver, que fue hacia Polonia, donde allí pudo reencontrarse con su compañera. Vivió ocho años allí antes de que pudiera volver a Francia[60].

Los deportados de Córcega que aceptaron irse, embarcaron los días 19 y 20 de junio de 1951 con los barcos polacos Piast y Czech. Se fueron un total de 57 deportados; 8 a Polonia, 8 a Hungría y 39 a Checoslovaquia. Los 12 restantes se quedaron en la isla, donde la mayoría, vivieron el resto de sus días.

En la revisión de la operación efectuada por la policía francesa también figuraban 25 españoles que se daban por fugados, o sea que desaparecieron y también 11 que fueron devueltos a Francia[61]. De entre estos últimos había algún anarquista, como por ejemplo José Pueyo Montaner, que fue detenido por error y, después de demostrar que no era comunista, lo devolvieron a la metrópoli[62].

Los deportados desembarcaron en Ajaccio el 9 de septiembre a las 14.30 h y, escoltados por la policía los condujeron a la base naval de Aspretto. El mismo día por la noche, M. Boursicot, inspector general de la Administración en misión extraordinaria de la 9.ª Región Militar, supervisaba, juntamente con el prefecto Lucien Devron, la asignación de cada uno de los españoles a su población de residencia obligada. Los servicios de la policía devolvieron los papeles y dinero requisados a los detenidos y a todos los que no habían podido coger nada en la rápida detención, se les dio mil francos[63].

En el caso de Córcega tuvo eco mediático, sobre todo, por el artículo, antes mencionado, realizado por el abogado parisino Pierre Brandon y presentado por André Wurmser, publicado en el diario Ce Soir el 27 de noviembre de 1950: «Je reviens des camps de la mort lente»[64], el artículo lo presentaba el periodista André Wurmser, Brandon hizo una visita para conocer la situación de los deportados a petición del M. Godart, antiguo ministro y presidente general del Comité de Defensa de los Inmigrantes. Este artículo, juntamente con la campaña de prensa que iniciaron los diarios de izquierdas L’Humanité, Les Lettres Françaises y La Marseillaise, juntamente con la presión de asociaciones internacionales y alguna embajada como la de Méjico[65], provocaron la atención de la opinión pública y de algunos parlamentarios de París. En este sentido, el ministro del Interior, Queuille, pidió un informe urgente al prefecto corso Devron para poder —o no— desmentir las noticias.

Una reacción inmediata a la presión ejercida a favor de los deportados fue la concesión de permisos para qué las esposas o familia del continente pudieran reunirse con ellos. Está claro que los gastos de transporte y alojamiento y manutención irían a cargo de los interesados. Lo que no se pudo cambiar fue la estricta prohibición de que los deportados pudieran recibir visita en su residencia obligada, de otras personas extranjeras, con la finalidad de evitar el contacto de los españoles con miembros del partido comunista, y provocar la reorganización. «Se tenían que alejar del mal», como dice el sanitario de los 8 enfermos deportados y se inició, como en el caso argelino, una redistribución de los españoles por la isla, para favorecer las condiciones de acogida y las posibilidades de trabajo. Igualmente fue solicitado un informe a una asistente social del Service Social d’Aide aux Emigrants, informe realizado por Mlle. Pain en diciembre de 1950.

Es a partir de este informe realizado por el prefecto de Córcega, Devron, cuando realmente se demostró un mínimo interés por la situación de los españoles deportados. Por este motivo fue enviada la asistente social, Mlle. Pain, para realizar una encuesta de carácter social sobre los deportados españoles. La finalidad fue la de reunir todas las disposiciones y condiciones para permitir a los extranjeros que por razones de estado físico o por falta de recursos, eran susceptibles de recibir una ayuda material, ocho españoles recibieron tratamiento médico y alguno fue hospitalizado. También hizo una encuesta sobre la situación laboral y de alojamiento. Las conclusiones del informe eran aceptables para la supervivencia, pero mejorables en todos los aspectos laborales, económicos y socio-sanitarios.

El informe era bastante favorable, teniendo en cuenta las circunstancias de la misma deportación:

Nada de lo que he visto justifica la utilización de términos como el de «campo de concentración», en lo que refiere a la deportación de los españoles en Córcega.

Los españoles expulsados del territorio continental sufren del alejamiento de su ambiente de vida, hogar y trabajo.

Las condiciones de hábitat, a menudo diferentes de una localidad a otra, son análogas a las de la mayoría de la población de la isla, o sea, rudimentarias. El confort y las comodidades son escasas.

La comida, en todos los casos, es suficiente.

Cada uno, exceptuando los enfermos, tiene una ocupación más o menos remunerada, muchos trabajan para el servicio de carreteras.

Los extranjeros pueden escribir libremente a su familia y amigos, no se les ejerce censura, también pueden recibir dinero y paquetes.

La circulación dentro del municipio es libre, y pueden salir de ella con salvoconductos especiales otorgados por la policía, para visitas médicas, por ejemplo.

Los enfermos graves son hospitalizados en Corte o Ajaccio, y se benefician de la asistencia médica gratuita.

Dejando de lado su ideal político, la tradición de hospitalidad de la población corsa, en la medida de sus posibilidades, ha ayudado a todos los deportados.

Algunos refugiados no pueden trabajar debido a su débil salud.

Los proyectos inmediatos para mejorar la situación de los españoles deportados, según Mlle. Pain se resumen en:

Proveer de cama decente a los deportados que no tienen.

Ayudar a los que no trabajan con un subsidio, con un envío de dinero, de ropa, etc.

Ayudar a sus familias que han quedado en el continente[66].

En realidad, podemos asegurar que la subsistencia de los primeros días, fue gracias a la acogida de la población corsa. Lógicamente como en cualquier lugar, había de todo, pues por ejemplo en el caso de Trinitat Revoltó, que fue deportada en 1951, encontró enseguida trabajo de modista en una casa acomodada corsa, pero su jefa cuando supo que Trinitat había luchado contra Franco, después de explotarla laboralmente, la despidió Pero aparte de este incidente, también sostiene que la hospitalidad del pueblo corso, juntamente con el esfuerzo de integración por parte de los españoles que se quedaron definitivamente, jugó un papel muy importante en su subsistencia.

Los deportados sufrieron un control policial estrecho y periódico. Tenían la obligación de presentarse cada semana en la comisaría más cercana para dar cuenta de su situación y movilidad. Sebastià Piera y Trinitat Revoltó, en su especial deportación, lo vivieron durante 17 años, que con su familia, tenían que ir cada domingo «a fichar» a la comisaría de Ajaccio[67].

5. La Operación Nevada

5. LA OPERACIÓN NEVADA

El caso de Sebastià Piera y Trinitat Revoltó lo debemos enmarcar en una operación especial que la policía francesa bautizó con el nombre de Opération Nevada. La infraestructura policial, las causas y los motivos respondían exactamente a los de la operación de represión anticomunista Boléro. Esta operación Nevada afectó solamente a nueve refugiados españoles que no habían sido incluidos en las listas de la operación Boléro pero que, por insistencia de las autoridades españolas y por nuevas investigaciones posteriores, acecharían unos cuantos refugiados políticos más para ser expulsados o deportados.

El caso más paradigmático de entre los nueve deportados fue el de Sebastià Piera y su compañera Trinitat Revoltó. La operación Nevada y el análisis del expediente de Piera no conllevan la intención de profundizar en sus vivencias, pero si mostrarlo como un último y vivo ejemplo de la arbitrariedad aplicada en la última redada de la «caza de brujas» francesa en contra de refugiados españoles. Una muestra final de la continuidad represiva entorno a los republicanos españoles y al antifranquismo en particular.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale en nombre del ministro del Interior francés el 16 de noviembre de 1951 emitió un proceso verbal contra Sebastià Piera Llobera, nacido en Santa María de Meiá el 27 de diciembre de 1917 y contra su compañera Trinitat Revoltó Cervelló, nacida en Barcelona el 22 de febrero de 1917. Se les acusaba de «Atteinte à la Sûreté extérieure de l’État», y se les condenaba a una asignación en residencia forzada fuera de la metrópoli francesa en la isla de Córcega[68].

Piera hacía tiempo que estaba vigilado por los servicios franceses. Conocían algunas de sus acciones, incluso su nombre falso en la clandestinidad: Ramón Verdú Mora. En una nota de información policial sobre él se especula que, conociendo su falso nombre habían podido seguir su pista desde su llegada en 1949, proveniente de España habiendo pactado su libertad con los franquistas. Especulaciones que siguieron los miembros de su propio partido, de ahí su puesta en «cuarentena»[69].

El caso Piera empezó con una maquiavélica detención y un cruel chantaje. La policía anunció la orden de deportación cuando su primogénito Serge de 18 meses de edad acababa de ser internado en un centro de curas helio marino. La detención, siguiendo el proceso típico del secretismo de los procesos extrajudiciales, se produjo en el domicilio de la pareja en el 43 de la rue Championnet (París XVIII). A las seis de la mañana fueron detenidos y llevados a declarar a la Prefectura de París ante el inspector Albert Costa de la policía de la Direction de la Surveillance du Territoire. Piera, en la comisaría pudo reconocer al policía secreto que cada día le había seguido desde la estación de metro de Simplón hasta Vaugirard. Esta vez, el uniforme del obrero con su desayuno se había transformado en el de su interrogador[70].

Las preguntas giraron sobre muchos temas que tanto Trinitat como Piera negaron cada uno en una celda diferente. Según Piera la cantidad de cosas que la policía conocía sobre ellos era importante: sobre las lenguas habladas, sus falsos nombres, su estancia en la URSS y otros muchos detalles de los años 40, como la detención y tortura de Piera por parte de la brigada policial franquista de la Segunda Bis de Barcelona, etc. Cosas y hechos que solamente podían conocer a través de informes de la policía franquista. Esas informaciones, que ambos negaron continuamente, corroboraban las colaboraciones españolas en la confección de listas y expedientes policiales[71]. Otra versión plausible, era la delación por parte de algún compañero del partido o algún agente infiltrado en éste.

La obsesión de la policía durante el interrogatorio giraba entorno a sus misiones de espionaje en Francia. El proceso verbal quería haber podido reflejar que ambos declarasen haber estado formándose en la Unión Soviética para poder probar que ejercían el espionaje a favor de los servicios secretos del Kremlin. Ellos lo negaron a pesar de las presiones. Y en efecto, en la declaración verbal, se les acusa de espionaje, pero ellos en ningún momento aceptaron dichas acusaciones. El punto crucial fue cuando la policía les amenazó con que no les devolverían a su hijo hasta que se confesasen espías. La coacción a través del chantaje y secuestro encubierto de su hijo marcó un punto de inflexión en el interrogatorio, pero ambos habían decidido no aceptar confesar falsedades a pesar de la coacción sentimental, moral y física. También se probó con ello que la operación policial de vigilancia había sido muy bien organizada. Después de 72 horas de interrogatorios la policía los llevó hacia Marsella, antes pero tuvieron que entregar la Carte de sejour y la Carte temporaire de travail. Sin juicio ni sentencia eran condenados a desposeer identidad alguna en territorio francés a parte del sometimiento a una vigilancia postergada[72].

En Marsella estuvieron encerrados en el cuartel de policía dos semanas más, esperando que les llevaran el niño y que se reunieran con ellos otros cinco detenidos más, uno de ellos, llegó con la clavícula rota a causa de los interrogatorios. Al cabo de las dos semanas embarcaron con el Sampiero Corso en dirección a Ajaccio con la promesa —que esta vez si cumplieron— de que su hijo seria conducido directamente a Ajaccio[73].

El 7 de enero de 1952, Roger Wybott, director de la DST y por delegación Pierre Cirinelli, director general de la Réglementation, enviaban un recapitulativo sobre la operación Nevada al ministro del interior. En esa nota secreta descrita como «cake-za» (nombre clave para la gestión de la operación) se resumía el éxito de la operación policial. En ella se constataba que la operación Nevada había sido diseñada para detener y expulsar a 9 refugiados españoles, 6 de los cuales asignados a la isla de Córcega. La información judicial de la operación había sido instruida por un tribunal militar, concretamente el de Burdeos. De haber podido encontrar pruebas concluyentes los detenidos serían juzgados por un tribunal militar. Por eso, el asunto fue tratado como una operación gubernamental y policial de contraespionaje. Las acusaciones contra los detenidos eran claramente de actividad clandestina y espionaje a favor de un servicio de información extranjero (en ese caso la URSS). Los implicados fueron:

Arturo Caro, nacido en Madrid el 9-8-1909, residente en Villeneuve-Saint-Geoiges (Seine et Oise).

Charles Rosich, nacido en Tarbes el 2-3-1916, residente en Conflans Sainte-Honorine.

Sebastià Piera, nacido el 28-12-1917 en Vilanova de Meià y residente en París.

Trinidad Revoltó, nacida en Barcelona el 22-2-1917 en Barcelona.

Antonio Roca, nacido en Caspe el 4-6-1914 y residente en Marsella.

Antonio Gargallo, nacido en Castellón de la Plana el 2-8-1906 y residente en Arles.

Estos cinco españoles (uno de ellos nacido en Francia pero de origen español) fueron confiados en su deportación a la autoridad ministerial francesa que les desprevendría de todo documento legal de identidad. Otros dos españoles, Lucio Losa y Natividad Peribáñez [sic] (interpretamos Ibáñez), residentes en Biarritz pudieron evitar ser deportados alegando graves motivos de salud y familiares. Otro español, Antonio Estévez, residente en Toulouse pudo darse a la fuga y evitar ser detenido. Estos tres últimos nombres completaban la lista de afectados por la operación[74].

A su llegada a Córcega el destino de Sebastià Piera y Trinitat Revoltó pasó a depender de la DTS bajo la especial jurisdicción expresa del prefecto de Córcega. Éste debía escoger el lugar de residencia y ejecutar el control policial que fue establecido con la obligatoriedad semanal de presentarse a la comisaría. La prohibición de dejarla isla era contundente y la responsabilidad de los deportados pasaba al prefecto y al jefe de la general de Córcega. De todas maneras ninguna decisión podía ser tomada sin la supervisión de las autoridades policiales y ministeriales de París[75]. En Ajaccio, Piera se encontró con 14 españoles más, deportados en la operación Boléro de un año antes. En toda la isla permanecieron un total de 32 españoles deportados, entre los cuales compañeros de partido y amigos como el Dr. Bonifaci. Las condiciones fueron bastante duras, pero pronto la comunidad allí formada permitió generar vínculos de solidaridad, no sólo entre españoles, también algunos corsos —no la mayoría— pronto valoraron el trabajo y la adaptación de los españoles «vigilados»[76].

Desde su sede de París, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llamado Beauverger, mandó una carta al 11 de la rue Saussaies —central del Ministerio del Interior—, pidiendo informaciones sobre la situación de los españoles llevados a Córcega y sobre sus condiciones materiales de subsistencia[77]. Para confirmar su preocupación una entrevista tuvo lugar entre Beauverger y un representante del gobierno francés para tratar el asunto. La protesta pedía la derogación de la orden dictada de expulsión. La versión del Ministerio del Interior francés no cedía ni un ápice en la versión de los hechos: los nueve inculpados —ocho detenidos— eran un peligro para la seguridad interior y exterior de Francia. La carta de justificación ante la sede de Naciones Unidas, sobre las acciones policiales del gobierno francés, curiosamente era redactada y firmada, en nombre del ministro, por el nuevo subdirector policial des Étrangers et Passeports: Émile Pelletier. Pelletier confirmaba que las acciones antifranquistas y las convicciones republicanas de los detenidos no era la causa de la represión a los que se les había sometido. Las razones estrictas eran:

Ces étrangers ont déployé en France une activité politique incompatible avec la stricte neutralité qui leur convenait d’observer sur notre territoire, bien plus, ils se sont rendus coupables de menées anti-nationales au sein d’un partí politique et dans l’intérêt d’une puissance étrangère […]. À mon sens, la mission est inspirée contre ces étrangers de ne pouvoir poursuivre leur mission d’espionnage et de subversión[78].

Las palabras de Pelletier avalaban las formas políticas de la operación policial y la acusación de espionaje soviético contra los deportados. Como sabemos, nunca fueron juzgados por delitos de espionaje fue una operación simplemente política, no judicial.

Desde un análisis más personal, Piera y Trinitat, encontraron un trabajo y se resignaron a aceptar las condiciones de vida que les fueron ofrecidas[79]. Su deportación real duró 14 años, como asignación de residencia en Ajaccio, no podían abandonar la ciudad sin previa autorización policial. Además, como se ha indicado, debían fichar, «ir a misa» como ellos decían, cada domingo a la Gendarmerie. Con dos hijos más el ritual era vergonzoso pues evidentemente la población los estigmatizó como «controlados políticos». Cuando De Gaulle visitaba la isla, no podían moverse de casa y cuando Sebastià trabajó fuera de la ciudad debía acudir periódicamente a la comisaría más cercana. Las condiciones de los primeros años fueron muy duras; vivían en una barraca de jardín, y el primer objetivo fue el de recuperar a su hijo. Ante las constantes demandas y peticiones de Trinitat y Sebastià, la policía y las autoridades hacían caso omiso. Fueron interrogados nuevamente en Ajaccio por el mismo equipo policial que en París para sonsacarles una confesión. Ellos recorrieron a asociaciones de apoyo como la Union des Femmes Françaises, que les ayudaron a emprender una campaña pública para poder recuperar a su hijo Serge. Una campaña de prensa regional en La Marseillaise y también en l’Humanité —emprendida por la periodista Simone Tierry (corresponsal durante la Guerra Civil en España)— ayudó a que Trinitat pudiera desplazarse a Banyuls-sur-mer, para poder recuperar al pequeño Serge. Después de varios intentos para recuperarlo a través de la comisaría de Perpiñán, el director del centro termal, para evitar escándalos públicos se lo dejó llevar[80]. La solidaridad del pueblo corso fue muy importante para poder rehacer su vida en la isla. También lo fue la ayuda y la solidaridad de otros deportados. La situación fue crítica doblemente por su deportación física y por su marginación por parte del partido.

Tuvieron dos hijos más y formaron su familia y fijaron sus nuevas raíces en Córcega para toda la vida, a partir de esta operación Nevada. Diez años más tarde, en mayo de 1961, Piera escribió al ministro del Interior una carta manuscrita donde personalmente pedía para su mujer y sus tres hijos el levantamiento de la orden de expulsión del 16 de noviembre de 1951. Alegaba la verdad: plena integración en la vida social y laboral en Córcega, escolarización de sus hijos, buena conducta, ningún intento de fuga o desplazamiento exterior, etc. Esta primera petición iba acompañada de una recomendación del prefecto de Córcega, que se solidarizaba con Piera y Revoltó. La respuesta, desde el ministerio, emitida el 31 de julio de 1961, rechazaba la petición porque la dirección de la Surveillance du Territoire, se negó rotundamente. La nota secreta mandada por la DST en fecha del 19 de julio afirmaba:

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en raison de l’activité passée de Piera-Llovera et de sa formación idéologique et subversive au cours d’un séjour de plusieurs années en URSS j’émets un avis défavorable à la prise en considération de sa demande[81].

El director de la Réglementation, Pierre Godard, confirmaba al prefecto corso la decisión a la vez policial y a la vez ministerial, de no anular la orden contra Piera. Las peticiones hacia el gobierno por parte del prefecto de la isla se alargaron. El 21 de febrero de 1963 otra carta de Piera solicitaba la retirada de las medidas tomadas en su contra[82]. En abril de 1963 otra carta personal del prefecto pedía «clemencia» para la familia Piera y defendía su honestidad, la dedicación al trabajo y afirmaba que su «comportement actuel, au double point de vue, politique et nacional, est correct»[83]. Esta vez también, los servicios generales de la policía de la DST y del ministerio decidían mantener la orden. La primera vez que las autoridades francesas permitieron a Piera abandonar la isla fue en 1964. Debido a un informe médico y una carta adjunta mandada por Piera. La petición era esta vez a favor de su salud. Piera pedía el traslado a París para poder revisar la neuralgia facial que padecía provocada por las torturas que recibió en 1948 en la comisaría de Barcelona. Su salud había empeorado y la parálisis facial, a medida que envejecía debía ser tratada de alguna forma. Esta vez, el 24 de enero de 1964, Godard mismo firmó una nota autorizando conceder un salvoconducto especial a Piera válido para quince días con destino París. Después de su estancia en la capital francesa, con el objetivo de intentar operar la parálisis facial, que le acompañaría toda su vida, volvió a insistir con más cartas pidiendo el restablecimiento de su normalidad legal personal. En octubre de 1964 envió otra carta al prefecto de Córcega y al ministro del interior. La situación, sin juicio ni sentencia era inútil que se prolongara en el tiempo tantos años. Al final de muchas insistencias y por falta de pruebas y motivaciones, entre el 24 y 25 de junio de 1965, desde la subdelegación del Ministerio del Interior, llamada Service des Statuts des Étrangers et des Groupements Étrangers —4ème Bureau—, se emitió un Projet d’arrêtés portant abrogation d’expulsión et d’assignation à résidence. El ministro confirmaba la orden otorgando al prefecto de Córcega la potestad para ejecutar la decisión.

La disposición respondía al arrêté collectif 1208 del 26 de marzo de 1965, que liberaba a Sebastià Piera y Trinitat Revoltó de la oposición a desplazarse y de la obligatoriedad de permanecer en Córcega. También les liberaba de la periódica presencia en la comisaría para «fichar». Trece años duró la decisión arbitraria contra estos refugiados españoles, acusados y represaliados sin pruebas, juicios ni condenas, solamente respondiendo a motivos y presiones políticas. La operación Nevada fue, de hecho, el epílogo de la persecución anticomunista iniciado con la razzia policial Boléro-Paprika. La cita de algunos detalles de esta última operación se debe al acceso al expediente policial n.º 309 048, el mismo que fue abierto con idénticas señas en 1951 contra Piera. De todas formas, la perduración de la Guerra Fría provocó que el expediente de vigilancia policial no se cerrara definitivamente. En abril de 1971 Piera fue nuevamente detenido porque todavía figuraba de alguna manera vigente su condición de sospechoso y era necesario verificar su estado legal y personal[84]. Igualmente, después de la muerte de Franco, en 1977, la pareja pudo volver a España, y realizaron la anhelada visita por su tierra. De retomo a Córcega, la policía secreta los interceptó en el aeropuerto de Niza. La policía afirmó que sus nombres constaban en una lista de deportados y que no tenían derecho a la libre circulación. 26 años más tarde, los Renseignements Généraux, todavía los tenían «fichados». Por suerte, fue el último incidente que sufrieron como «deportados políticos» en el Estado francés y en la isla de Córcega donde todavía permanecen pues allí formaron su familia y su hogar[85].

El mejor ejemplo de todo ello se encuentra en la siguiente carta original que Trinitat Revoltó escribió sobre la condición de la deportación y su exilio:

A Còrsega van néixer els meus altres dos filis, per a en Sebastià i per a mi, es plantejava el problema de trasladar-nos o no al continent o continuar a Còrsega. Els nens treballaven be a l’escola i fèiem una vida de familia, de treballadors, digna, limitada, però per primer cop familiar. Les famílies dels antics deportáis eren, també, familia nostra, fins l’extrem de que, encara avui, per alguns dels seus filis, encara sóc la tieta. Vàrem constituir un grup, que va més enllà de les coincidències i de la militància política, que encara ara, no ha desaparegut. Tot allò i el contínu treball d’en Sebastià va fer que decidíssim quedar-nos a Còrsega, provisionalment, dones volíem tornar a Catalunya, quan Franco i el seu règim desapareguessin. Amb aquesta il·lusió hem viscut fins l’arribada de la democràcia, però aleshores, les circumstàncies i la nostra edat, no van permetre assentar-nos a Catalunya. Començar de nou no era possible, massa tard, a més els nostres fills petits, cursaven estudis universitaris i necessitaven la nostra ajuda.

Avui els tres són metges especialistes, molt estimats a Ajaccio per les seves activitats socials i polítiques, casats amb corses i perfectament integrats a la vida de l’illa. Tenim cinc néts adorables, que compensen les nostres crisis de salut i que somnien amb Barcelona de la qual parlem sovint.

En mirar enrere, constato el nombre important d’amics que ens han deixat per sempre, sense veure complerts tants esforços i sacrificis pel triomf d’idees tan nobles com les nostres. Encara que, sense cap dubte, la nostra generació ha contribuït en el seu avenç. El camí recorregut ha estat dur i difícil, amb moment de joia; com la victòria de Barcelona davant la sublevació franquista, ni que després fos vençuda, la destrucció de banderes nazis als peus del Kremlin, per soldats russos després del triomf, l’arribada de la democracia a Espanya, després d’una l’arguíssima etapa que mai ningú hauria dit que pogués durar tant i que semblava que ens condemnaria per sempre a no tomar mai més a la nostra terra… Ara passem, cada any, un temps a Barcelona, a casa la meva germana i nebots. La meva mare va morir molt jove i el meu pare descansa en terres de Rússia, després de la seva evacuació en la guerra, destinat als confins de Mongòlia.

Segueixo fidel a les nieves idees, les que fonamentaren la meva lluita, perquè constato cada dia, que encara és necessari i urgent lluitar, davant la rapidesa amb la que es transforma aquesta societat injusta. M’inquieta i em petrifica com deixarem el món a les generacions que venen. M’encantaría que renaixés la flama de la utopia i s’emparés de la joventut, sempre generosa, per fer avançar els ideals de justicia, llibertat, igualtat, respecte al planeta, solidaritat…

La meva vida ha transcorregut una etapa de la història del nostre país, convulsa, tensa i apassionada. La passió va conduir la nostra generació a excessos evidents i ens situà, particularment als comunistes, en un carreró condicionat per la nostra submissió i solidaritat activa cap a la Unió Soviètica, del qual era molt difícil sortir-ne i que molts cops ens situava en posicions d’enfrontament amb aquells que havien de ser els nostres aliats naturals i amb els quals a través del segle, hem tingut més xocs que col·laboracions. Crec que amb això es pot veure la nostra deficitària incapacitar per ajuntar les forces.

El sectarisme ha estat el gran comú denominador de les tres grans corrents revolucionàries a Espanya: l’anarcosindicalista, la comunista i la socialista. A les tres, juntament en valors emergents, hi ha elements per a una síntesi nacional que hauria de donar solució als problemes del nostre poble, amb la condició de què la cerca democràtica de nous projectes, la tolerància i el respecte presideixin totes les reflexions.

Estic convençuda de que la humanitat no té solució amb el sistema únic capitalista, que per la seva pròpia essència, col·loca com a valor suprem el diner, en detriment de l’home. Per frustrant i tràgic que hagi estat l’enfonsament del que hauria pogut ser una alternativa vàlida, necessitem inventar de nou, per evitar el deteriorament i l’esfondrament de la societat humana i hem d’adquirir consciència de la necessitat de lluitar per a transformar, preparant les primaveres del demà[86].

Anexo fotográfico

Fig. 1. Civiles refugiados en el metro de Madrid durante los bombardeos franquistas.

Fig. 2. Bombardeos delante del Coliseum de Barcelona. Museu Memorial de l’Exili.

Fig. 3. Alambradas del campo de Argèles. Fotografía de Manuel Moros@Fons Peneff.

Fig. 4. Acuerdos Bérard-Jordana. Burgos, febrero 1939. MuMe.

Fig. 5. Comité de ayuda a los niños españoles. Centre Archives Contemporaines, Francia.

Fig. 6. Los campos del exilio, la represión en las ciudades, mientras un ciudadano francés con su documentación se harta de comida al lado de los campos. Dibujo de Josep Bartolí. Cortesía de Georges y familia Bartolí.

Fig. 7. Los campos de Francia. Dibujo de Josep Bartolí. Cortesía de Georges y familia Bartolí.

Fig. 8. Sátira del Comité de No Intervención. Dibujo de Josep Bartolí. Cortesía de Georges y familia Bartolí.

Fig. 9. Bombardeo de la vía férrea de la ciudad de Figueres por la 52 escuadra italiana. Archivo General Militar de Ávila.

Fig. 10. Civiles esperando la apertura de la frontera. Fotografía de Manuel Moros©Fons Peneff.

Fig. 11. Convoyes de mujeres y niños trasladados a centros de acogida. Fotografía de Manuel Moros©Fons Peneff.

Fig. 12. Carles Sentís con Josep Pla en los años setenta.

Fig. 13. El conde de Jordana.

Fig. 14. Noticia de la detención de espías franquistas en el diario Ce Soir, 1937. CAC, Fontainebleau.

Fig. 15. La retirada. Paso por el Coll de Balitres-Portbou. Fotografía de Manuel Moros@Fons Peneff.

Fig. 16. Esquema del SIFNE (Servicio de Información de la Frontera Norte de España). Elaborado por la revista Sàpiens para el artículo de Silvia Marimon y Jordi Guixé, «Los Espías de Franco», núm. 61.

Fig. 17. Serrano Suñer con Himnel en Berlín. Bundesarchive.

Fig. 18. Franco y Serrano Suñer con Mussolini en Bodighera.

Fig. 19. Compañías de Trabajo Extranjeras en Francia. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 20. Vapor Sinaia partiendo hacia México. Fotografía Hermanos Mayo. Archivo Nacional de México.

Fig. 21. Construcción de vías férreas en Francia por las Compañías de Trabajo formadas por extranjeros y refugiados españoles. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 22. Españoles resistentes en los combates de liberación de Francia. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 23. Ficha policial de búsqueda de Julián Grimau con el sello de las SSR (Service Spécial de Recherches), 1940. AP París.

Fig. 24. Pedro Urraca con su esposa Hélène Comette y su hijo. Fotografía cedida por Juan Luis Urraca Comette.

Fig. 25. El presidente Lluís Companys en Irún cuando era conducido a la Dirección General de Seguridad en Madrid desde la prisión de la Santé en París. Fotografía realizada por Pedro Urraca y cedida por su hijo Juan Luis Urraca.

Fig. 26. Pedro Urraca, con su esposa Hélène Comette y su hermano Manuel Urraca, también agente de información del Alto Estado Mayor. Fotografía cedida por Juan Luis Urraca.

Fig. 27. Pasaporte diplomático de Pedro Urraca Rendueles, noviembre de 1939. Cedido por Juan Luis Urraca Cornette.

Fig. 28. Ficha policial de Cecilia Pedrerol, española resistente, esposa de Josep Miret Musté. AP París.

Fig. 29. Dibujo de Josep Bartolí alegórico del armisticio franco-alemán de junio de 1940. Cortesía de Georges y familia Bartolí.

Fig. 30. Recortes de prensa sobre el armisticio franco-alemán, en el cual participaron agentes españoles.

Fig. 31. Grupo de maquis y resistentes españoles. Imagen de Spain in Exili, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 32. Campo de concentración de Gurs, paradigma del internamiento administrativo masivo por parte del gobierno francés en zona libre. Museu Memorial de l’Exili, Amical de Gurs.

Fig. 33. Domicilio del 113, rue de l’Université de París. Casa ocupada por Pedro Urraca Rendueles como agente policial alemán y español. Cedida por Juan Luis Urraca.

Fig. 34. Alegoría sobre la Sociedad de Naciones en referencia a España: esconder la cabeza con una chistera inglesa que representaría a Chamberlain. «Ante una España quijotesca», dibujo de Josep Bartolí. Cortesía de Georges y familia Bartolí.

Fig. 35. Tarjeta postal con la imagen de Francisco Franco y sus aliados.

Fig. 36. Encuentro de Franco con Pétain en Montpellier. Museu Memorial de l’Exili. Fons Chauvin.

Fig. 37. Guipo de maquis y resistentes españoles. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Coinmittee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 38. Maquis y resistentes españoles caídos en combates. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 39. El agente franquista en Irán que cometió numerosas acciones armadas en Francia, sección Biarritz, San Juan de Luz. Imagen procedente del film Los espías de Franco. Cesión de Batabat y Xavier Montanyá.

Fig. 40. Primera fotografía realizada por la policía francesa para obtener información de los grupos de exiliados en Francia. Esta fotografía fue utilizada para realizar las copias tipo carné que compilaba la policía francesa. 1: Dionisio Eróles Batlle (CNT). 2: Aurelio Fernández (CNT). 3: Germinal Esgleas (CNT). 4: Lluís Companys (ERC). 5: Rafael Vidiella (PSUC). 6: Carles Pi Sunyer (ERC), presidente del Comité Nacional Catalá en Londres. 7: Artemi Aiguadé (ERC).

Fig. 41. Manifestación de exiliados en París a favor de Julián Grimau. La fotografía es policial y nos sirve para ver cómo la policía contaba manifestantes: con un alfiler agujereaba cada cabeza en la fotografía y en el reverso de la misma se contaban los puntos. AP París. Expediente policial Julián Grimau.

Fig. 42. Exiliados españoles construyendo traviesas de tren para la Empresa Forestal Fernández Vallerdor. Cesión de Ceferino Álvarez.

Fig. 43. Josep Bonifaci (apoyado en la fuente) con otros deportados españoles a Córcega en el marco Operación Boléro-Paprika. Cesión de Sebastià Piera.

Fig. 44. Hospital Varsovia. Toulouse. Cesión de Ceferino Álvarez.

Fig. 45. Instrucción de españoles en la resistencia. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 46. Joan Comorera con Dolores Ibarruri. El primero fue expulsado del partido en las depuraciones de 1948. Fotografía aparecida en el periódico Lluita, editado en el exilio en 1947.

Fig. 47. Comités comunistas del PSUC, años 1946-1947, en el exilio. Josep Codina es el primero de la mesa por la izquierda. Cesión de Eugenia Codina.

Fig. 48. Lisa London, resistente y deportada comunista francesa. París, 2000. Colección Jordi Guixé.

Fig. 49. Pablo Picasso con Herta Tempi en una reunión para recaudar fondos para los refugiados españoles y el Hospital Varsovia de Toulouse. La reunión seguramente tuvo lugar en la Sede del Unitarian Service Committee en París. Imagen de Spain in Exile, Unitarian Service Committee, Andover-Harvard Library (Boston, MA), EE. UU.

Fig. 50. Republicanos resistentes españoles en el maquis en Francia. Cesión de Ceferino Álvarez.

Fig. 51. Cartel sobre mitin del PSUC, en el exilio, en homenaje a Josep Miret Musté. AP París.

Fig. 52. Atentado contra la sucursal de L’Emancipation, órgano del partido fascista Partí Popular Français, Perpíñán, 1939. ADPO.

Fig. 53. Panfletos convocando movilizaciones a favor de los detenidos en la operación Boléro, Perpiñán. RG ADPO.

Fig. 54. Sebastià Piera y Trinitat Revoltó, París, 1951, poco después de haber nacido su primer hijo Sergi. El niño sería retenido en un centro heliomarino en Bañuls, para poder detener y deportar a Córcega a sus padres en el último coletazo de la operación Boléro, llamada operación Nevada. Cesión de Sebastià Piera.

Fig. 55. Mapa realizado por el Ministerio de Interior Francés. Población por departamentos de exilados españoles en diciembre de 1950. Debemos destacar el número todavía existente en Francia de 117 124 refugiados políticos a principios de los años 50. CAC, Francia.

Fig. 56. Plano policial sobre la localización de los puestos fronterizos de vigilancia especial con refuerzos de los Renseignements Généraux para el paso de frontera de republicanos españoles, maquis, evadidos de Francia y pasos clandestinos de frontera. Renseignements Généraux, ADPO.

Bibliografía

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Notas

[1] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, doss. 208, nota n.º 15 de información firmada por José Camps. <<

[2] CAC, Fontainebleau, doss. 209, nota n.º 136, de José Camps. <<

[3] CAC, Fontainebleau, 19880312, art. 4: Convention franco espagnole, Inspección générale des Camps. <<

[4] AGA, Alcalá de Henares, SGM, 51/20947. Informes del policía especial de la Dirección General de Seguridad en misión adscrita a la Embajada de España en París, con funciones de vigilancia y seguimiento de los «rojos» españoles. Informes de abril y mayo de 1940. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, SGM, Servicio Exterior Falange, 17.12, caja 67, 26 de octubre de 1945. Declaraciones de Serrano Suñer a través de la entrevista de Charles Favrel para France-Press. <<

[6] Ibídem, 28 y 29 de octubre 1945. Entrevista de Favrel tocando a su fin y tratando cuestiones internacionales y de colaboracionismo con el Eje. <<

[7] AGA, Alcalá de Henares, SGM, ibídem, caja 67. Citas textuales de las palabras de Serrano Suñer que marcaban la dirección de la política franquista. <<

[8] AMAE, Madrid, Francia, R 3114. «Embajada de París. Notas para el embajador Martín Artajo». <<

[1] Centre des Archives Contemporaines (CAC, Fontainebleau), Direction Générale de la Sûreté Nationale. Fond de la Sûreté Natianale-Fonds de Moscou, 19940499, art. —carton— 5. Document secret, n.º 662, 25 de enero de 1937. Service Extérieur de l’État Majeur de l’Armée. <<

[2] Francisco Blanco: «La sucursal en Francia del Servicio Exterior de la FET», Rastro de la Historia, n.º 9, enero de 2002. <<

[3] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, Secretaría General del Movimiento (SGM). Servicio Exterior de Falange, (9)17.12 51/20949, caja 65. <<

[4] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940499, arts. 5 y 6. <<

[5] Paul Preston: Franco «Caudillo de España», Barcelona. Grijalbo Mondadori, 1994, p. 277. <<

[6] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. Vigilancias de la embajada española y sus relaciones con alemanes. Expediente del caigo de Barroso y su curriculum militar desde el cargo de su padre el militar Manuel Barroso Feltrer. <<

[7] Archivo General Militar de Segovia (AGM, Segovia) para la Sección 1.ª, Legajo B-989 de Antonio Barroso y Sánchez Guerra, de su hoja de servicios. Un personaje interesante de estudiar pues en su trayectoria se encuentra la del propio Franco y la de todo un régimen político. <<

[8] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, doc. 486. Note Préfecture des Pyrénées Orientales. <<

[9] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, docs. 513-514. Doss. Del 21 de enero de 1937. Le Commissaire de Police de Dax. <<

[10] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6. Informe secreto n.º 79. Le Commissaire de Police de Dax à Monsieur le Sous-Préfet de Dax. <<

[11] Juan Avilés, op. cit., p. 118. <<

[12] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6. <<

[13] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, C. 3898. Direction Générale de la Sûreté Nationale sobre las actividades del capitán Lietzmann. <<

[14] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, nota C. 3241 de la Direction Générale de la Sûrete Nationale. <<

[15] CAC, Fontainebleau, MI, 19940499 art. 11, doss. 266. Sobre meetings republicanos y el Comité d’Accueil aux Enfants d’Espagne, 211, rue Lafayette, à París. <<

[16] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 11, doss. 5747 des Renseignements Généraux et la Police Administrative. <<

[17] Ángel Viñas: Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias, Madrid, Alianza Editorial, 2001. <<

[18] CAC, Fontainebleau, Foods de Moscou, 19940499, art. 6. Informe sobre Hafner y su historial en Francia. <<

[19] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940499, art. 6, doss. 228. Informe sobre relaciones entre nacionalistas franceses y falangistas españoles. <<

[20] Pedro Barruso: El frente silencioso. La Guerra Civil española en el sudoeste de Francia, Alegia (Guipúzcoa), Hiria, 2001, pp. 58-66. <<

[21] Yannick Pech, op. cit., p. 53. <<

[22] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg: La trama oculta de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco. 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 65-77. <<

[23] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou. Carta de Orain a Nicolás Franco. Affaire des espions nationalistes espagnols. <<

[24] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 46. Carta de Quiñones de León y Jordana sobre el nombramiento y méritos de Cabezudo para el puesto de cónsul en Toulouse. <<

[25] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940499, art. 6. Informe del policía Lafargue y el coronel Blanc para la SN. <<

[26] CAC, Fontaineblau, Fonds de Moscou, 19940946, art. 63 <<

[27] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940499, art. 6. Informe policial sobre el caso de los aviadores. <<

[28] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 65-66. <<

[29] Marina Casanova: La diplomacia española durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996, p. 46. <<

[30] Marina Casanova, op. cit. <<

[31] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 50 y 64. <<

[32] Archivo General Militar de Ávila (AGM, Ávila). Servicio de Información Militar Periférico —SIMP—. Leg. 4. Modelo de Parte Diario de Información. <<

[33] Según Marina Casanova, el SIFNE ha sido una organización muy citada pero poco estudiada, pocos libros hablan de ella con cierto detalle: El oro de Negrín, de Francisco Olaya; Espionaje. Espagne. 1936-1939, y los Dossier secretos de la guerra civil, de Domingo Pastor Petit; El frente Silencioso. La Guerra Civil española en el sudoeste de Francia, de Pedro Barruso; Experiencias de los Servicios de Información de la Frontera del Nordeste de España. Una teoría, una técnica y una escuela sobre la información general, de José Bertrán y Musitu; Los Servicios de espionaje de la guerra civil de España, de Armando Paz; La diplomacia española durante la Guerra Civil de Marina Casanova y La guerra secreta de Franco, de Manuel Ros Agudo. <<

[34] Marina Casanova, op. cit., p. 50. <<

[35] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 52 y 61. <<

[36] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 2; sobre ocupación de las sedes diplomáticas en Francia por parte del gobierno franquista. <<

[37] Ibídem. Nota de información n.º 6896, del 14 de junio de 1937, de Le Ministre de l’Intérieur —Direction Générale de la Sûreté Nationale— a M. le Ministre des Affaires Étrangères —Direction des Affaires Politiques et Commerciales— Europe. <<

[38] CAC, Fontainebleau. Fonds de Moscou, art. 7. La policía de la república francesa lo tenía fichado en el 21 de la rue Berri, en el 5.º piso, con un alquiler de 700 francos mensuales. Edificio que, por cierto, albergaba la agencia del New York Herald. <<

[39] CAC, Fontainebleau. Fonds de Moscou, art. 7. Nota C593 sobre el Service du renseignements du Général Franco en France. <<

[40] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 7. Notas sobre la vigilancia de agentes franquistas. <<

[41] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11287, «Actividades de los Rojos en Francia», notas e informaciones enviadas por Cambó al gobierno de Franco en 1939. <<

[42] Juan Avilés, op. cit., p. 125. <<

[43] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940946, art. 63, doss. 1760. Y 19940499, art. 6, n.º 4938, Commissariat Spécial de Marseille à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône. Informe sobre los miembros y las actividades del Comité pour l’Aide aux Réfugiés Espagnols. En 1937 fue creada por la Sûreté una lista de personas con la entrada prohibida en Francia o bien que debían ser expulsadas. En ese expediente se cita Gil Robles, Bermejo, Erice, Vidal Cuadras, Juan March, Espinosa. También un informe de 30 páginas relata las actividades de las organizaciones franquistas en San Juan de Luz. <<

[44] AGA, Alcalá de Henares, AE, 1059, caja 2. Pro Ayuda a refugiados españoles, Delegación Oficial. 13, rue Paradis, Marseille. Informe del 27 de diciembre de 1937. <<

[45] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10.99, cajas 2-3. Informes de Utrillo. <<

[46] AGA, Alcalá de Henares, cit. Respuesta a Ungría, jefatura del SIM en Burgos. <<

[47] AGA, Alcalá de Henares, cit. Informe de Utrillo. <<

[48] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, n.º 4938. Los dossiers creados en el fondo de la Sûreté Nationale sobre dicha oficina de Marsella, fichada como centro de espionaje franquista son muestra de ello. <<

[49] AGM. Ávila, Documentación Nacional, Servicio de información Militar Periférico. Legajo 4, carpeta 8, armario 31, hoja 3: Nota 1.º del coronel del Estado Mayor a Asuntos Exteriores, Burgos 11 de octubre de 1938. <<

[50] AGA. Alcalá de Henares, 10.99, cajas 2-3. Informe de Carrión a la Jefatura del SIM. <<

[51] AGA, Alcalá de Henares, 10.99, caja 2. Informes varios sobre los problemas entre Utrillo y Carrión y sendas justificaciones sobre el centro de ayuda a los refugiados en Marsella. Ver Anexo II, Doc. 4. Varias cartas cruzadas. <<

[52] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940499, art. 5. <<

[53] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6. Informe del 5 agosto de 1937 del comisario de la Police Speciale de Hendaya. José María Marcet, posiblemente se trate del futuro alcalde franquista de Sabadell, que lo fue entre 1942 y 1960, rico empresario que creó la famosa empresa Auto Nacional SA, fabricante del Biscuter en Sant Adriá del Besòs. <<

[54] Ibídem. <<

[55] CAC, Fontainebleau. Sûreté Nationale —Fonds de Moscou—, art. 6, doc. 5157, de septiembre de 1937. Informe del Commissariat Spécial d’Hendaye, al Sous-Préfet de Police (Sous-Préfecture de Bayonne). <<

[56] José Bertrán y Musitu, op. cit., p. 151, esquema realizado por el propio Bertrán y Musitu. La copia del esquema, más claro, es del libro de Pastor Petit: Espionaje 1936-1939, Barcelona, Bruguera, 1977, p. 40. <<

[57] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, doc. cit. Los agentes alemanes identificados que frecuentaban la oficina eran Kuno Docherthaler, Paul Otton Reuss, Puel Krotokowski, Gottfried Waldheim, Otto Kiezk, Hans Hubert y Wilhelm Mallet. <<

[58] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, doc. cit. Éstos eran Rolf Schenmann, Alfred Demiani, Víctor Moritz Oswold, Joseph Fischer y Hans Heinrich Brucker. <<

[59] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, doc. cit. Informe del Commissariat Special d’Hendaye, al Sous-oréfet de Police (Sous-Préfecture de Bayonne). <<

[60] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou. Informe del 5 agosto de 1937 del comisario de la Police Speciale de Hendaya. <<

[61] Juan Avilés, op. cit., p. 119. <<

[62] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., p. 94. <<

[63] CAC, Fontainebleau. Fonds de Moscou, art. 6, Affaires d’Espagne. Centre espagnol de Le Préfet de renseignements. Le commissaire divisionnaire Chef des services de Police spéciale à Monsieur Le Préfect des Bouches du Rhône. <<

[64] Copia de algunos telegramas dirigidos al gobierno de Valencia y Barcelona interceptados por los agentes de Marsella. <<

[65] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940499, art. 6, doss. 208 y 205. Centre espagnol de renseignements. Le commissaire divisionnaire Chef des Services de la Police spéciale à Monsieur Le Préfet des Bouches du Rhône. <<

[66] L’Humanité, 17 de agosto de 1937, «L’affaire des espions de Marseille». También dos artículos más sobre la condena y liberación de los espías de Marsella: «Les quatre fascistas de l’office d’espionnage franquista de Marseille sont remis en liberté», de 26 de octubre de 1937; y «Un espión franquista qui opérait à Marseille est condamné… avec sursis», L’Humanité, 16 de julio de 1938. <<

[67] Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid. Sección Guerra Civil. Sección Político Social. Leg. 18/1, n.º 19. Salamanca. Actividades Fascistas del Consulado de Francia en Barcelona. <<

[68] «Franco a un centre d’espionnage a Marseille», Ce Soir, 13 de agosto de 1937. Y también los informes de CAC, Fontainebleau, Sûreté Nationale —Fonds de Moscou. <<

[69] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940499, art. 6, 22 de septiembre de 1937. Étrangers suspects, Marseille. <<

[70] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, MI, art. 6, noviembre de 1937. Informes secretos de Sallet, commissaire Divisionnaire de Marseille. <<

[71] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, doss. 208, nota n.º 15 de información firmada por José Camps. <<

[72] CAC, Fontainebleau, doss. cit, nota n.º 136, de José Camps. <<

[73] CAC, Fontainebleau, doss. cit, nota n.º 136. <<

[74] José Bertrán y Musitu, op. cit., pp. 186-188. Mapa de Barcelona. <<

[75] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 102 y 103. <<

[76] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, art. 6, doss. 205. 31 de marzo de 1938. Telegrama secreto de los comisarios de Toulouse y Burdeos. <<

[77] José Bertrán y Musitu, op. cit., p. 129. <<

[78] CAC, Fontainebleau, doss. cit. Informe de la Préfecture de Police de París sobre la Banque Française commerciale & Financiére. <<

[79] CAC, Fontainebleau, cit., doss. 205. Informes sobre los centros franquistas en Francia. <<

[80] Félix Luengo Teixidor Espías en la Embajada: los servicios de información secreta republicanos en Francia durante la guerra civil, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1996, p. 27. <<

[81] AOM, Ávila, Cuartel General del Generalísimo, C 29415, relaciones nominales del personal del SIFNE. Documentación de primer orden para confirmar los informes franceses. <<

[82] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., p. 59. <<

[83] CAC, Fontainebleau, art. 6, doc. 6. Services de Renseignements italiens. Activité de l’Espionnage italien. <<

[84] José Bertrán y Musitu, op. cit., pp. 122-126. <<

[85] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940500, art. 384, doss. 4633. Tres tomos de informes, alguno con más de 500 páginas, descubren la importancia y el trabajo de los servicios de información de la Sûreté francesa. Informaciones secretas de la Guerra Civil, de los agentes franceses en Barcelona, de vigilancia de fronteras y de estadísticas y estudios de después de la guerra. Ciertamente, documentación interesante para poder reproducir y depositar en algún archivo bien organizado en España. <<

[86] Listas de expulsiones realizadas ya en octubre de 1937. <<

[87] Juan Avilés, op. cit., pp. 183-184. <<

[88] Ibídem, p. 185. <<

[89] CAC, Fontainebleau, Fonds de Moscou, 19940500, art. 278, doss. 4585. Sobre el agente Selgas. Según los archivos franceses de la Sûreté. <<

[90] Archives de la Préfecture de Police (APP), París. GA C-15 Calderón. Dossier Calderón Font. Jefe de Prensa Franquista, agente en relación con Antonio Barroso, Quiñones de León y Federico Velilla. <<

[91] APP, París. GA Services franquistes, 1939. <<

[1] Luigi Paselli: «L’illusion déçue de Manuel Azaña», en Azaña et son temps, Actas del Coloquio de Montauban, CNRS, Colección de la Casa de Velázquez n.º 42, Madrid, 1993. Véase también: Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, de Juan Avilés Farré, Madrid, Eudema, 1994, pp. 21-25; y Así terminó la guerra de España, de Ángel Bahamonde y Javier Cervera, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 134-145. <<

[2] Marina Casanova, op. cit., p. 45. <<

[3] Henri Michel: Le procès de Riom, París, Albin Michel, 1979, pp. 47 y 170. <<

[4] Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), París, Série Guerre 1939-1945/Vichy-Espagne, vol. 290, doc. 144, pp. 2 y 3, «Situation de l’Espagne insurgée considérée du point de vue internacional». <<

[5] AMAE, París, Série Guerre 1939-1945/Vichy-Espagne, doc. cit., p. 4, «Accord conclu entre l’Angleterre et les Autorités de Salamanque». <<

[6] AMAE, París, Série Guerra 1939-1945/Vichy-Espagne, doc. cit., pp. 8 y 9. «Situation du Gouvernement français vis-à-vis des autorités de Salamanque». <<

[7] Juan Avilés, op. cit., p. 129. <<

[8] AMAE, París, Série Guerre 1939-1945/Vichy-Espagne, vol. 290, doc. 144, p. 10. <<

[9] AMAE, París, Série Guerre 1939-1945/Vichy-Espagne, doc. cit., p. 12, p. 196. <<

[10] Juan Avilés, op. cit., p. 195. <<

[11] Ricardo Miralles: «Georges Bonnet y la política española del Quai d’Orsay (1938-1939)», Mélanges de la Casa de Velásquez, tomo III, 1994, pp. 113 y 118. <<

[12] Geneviève Dreyfus-Annand: L’exil des républicains espagnols en France. De la guerre civile à la mort de Franco, París, Albin Michel 1999, p. 75. <<

[13] Michel Catata: Les Relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rapprochement nécessaire, réconciliation impossíble (1939-1944), París, L’Harmattan, 1997, p. 24. <<

[14] Juan Avilés, op. cit., p. 186. <<

[15] AMAE, París, vol. 290, doc. 144: «Aide-Mémoire des accords Bérard-Jordana». <<

[16] AMAE, París, Papiers, 1940, George Bonnet, n. 6. <<

[17] Juan Avilés, op. cit., p. 188. <<

[18] AGA, Alcalá de Henares, Asuntos Exteriores (AE), Embajada de España en París, Comisión de Recuperación de Bienes en el Extranjero. Varias cajas. <<

[19] AMAE, París, vol. 290, doc. 144, «Aide-Mémoire des accords Bérard-Jordana». <<

[20] CAC, Fontainebleau, MI, 19940497, art. 13, doss. 262. Sobre material de guerra en la frontera catalana y otro convoy sospechoso en la frontera de Hendaya. <<

[21] CAC, Fontainebleau, MI, 19940947, art. 59, doss. 1351. Y AMAE, París, vol. 290, doc. 144. <<

[22] Michel Catala, op. cit., p. 31. <<

[23] Francesc Vilanova i Vita d’Abadal: El franquismo en guerra. De la destrucción de Checoslovaquia a la batalla de Stalingrado, Barcelona, Península, 2005, pp. 61-64. <<

[24] Geneviève Dreyfus-Armand, op. cit., p. 76. <<

[25] Michel Catala, op. cit., p. 37. <<

[26] AGM, Ávila, segunda sección del Alto Estado Mayor Central del Ejército. Sección Francia. Cajas 7-884. Fondo por clasificar pero de suma importancia. <<

[27] AGM, Ávila, Leg. 4, carp. 8, armario 31, Jefatura del Estado Español. Documentación Nacional, Servicio de Información Militar Periférico. Informe de Carrión al SIPM. <<

[28] AGM, Ávila, ibídem. Documentación Nacional, Servicio de Información Militar Periférico. Notas sobre la organización de los consulados. <<

[29] AGA, Alcalá de Henares. AB, caja 2. Burgos, 18 de mayo de 1938. Información de Vidal a exteriores. <<

[30] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., p. 98. <<

[31] Yannick Pech, op. cit, p. 27. <<

[32] Félix Luengo Teixidor, op. cit., pp. 32 y 152-153. <<

[33] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 2. El personal diplomático de la República española en París antes del 1 de enero de 1939. <<

[34] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 2. Nota firmada por Combes después de mandar una lista con dicho personal. <<

[35] AGA, Alcalá de Henares, AE, 11068, nota n.º 28. Reproducción de la conversación telefónica entre Jordana y Quiñones de León, del 23 de febrero de 1939 a las 12.30 h. <<

[36] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 3 de febrero de 1939. Agence Télégraphique «RADIO», Service de l’Étranger; La Presse Allemande et le Voyage de M. Léon Bérard en Espagne Nationaliste. <<

[37] AGM, Ávila, Documentación Nacional, Servicio de Información y Policía Militar. Legajo 4, carpeta 8, armario 31, hoja 4. Informe de la Jefatura del SIPM, realizado con las informaciones de su agente en Francia, Carrión. <<

[38] AMG, Ávila, cit., hoja 5. <<

[39] AMG. Ávila, ibídem. <<

[40] AGA, Alcalá de Henares, AE, Désignations provisoires. 27 de febrero de 1939. <<

[41] APP, París, BA, 2154: Espagne. Ambassade et Consulat. Informations. Surveillance exercée à l’Ambassade d’Espagne. <<

[42] APP París, BA, 2154, note d’information. 14 de abril de 1939. <<

[43] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 11068, p. 4, 28 de febrero de 1939. Inventario realizado por García Montón, en nombre de Quiñones de León de todos los bienes y documentos del consulado de París. <<

[44] AGM, Ávila, Documentación Nacional, Servicio de Información y Policía Militar. Legajo 4, carpeta 8, armario 31, hojas 8 y 9. Informe de la Jefatura del SIPM Estado Español, SIPM. Carta de Pérez Urruti a Quiñones de León. Información sobre la ocupación de los consulados estaba coordinada y en estrecha relación con la secretaría de los Servicios de Información del SIPM, del Estado Mayor. <<

[45] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10/97 caja 11068, 6 de marzo de 1939. Informe firmado por Marroquin y Quiñones sobre la ocupación de la Agencia del Patronato Nacional de Turismo. <<

[46] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11620, sobre Marroquin, Aramijo, Mateu, Barroso y la recuperación de bienes. <<

[47] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, p. 1, 27 de febrero de 1939. Informe enviado a Jordana. <<

[48] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 9 de marzo de 1939. Telegrama de Jordana a Quiñones y de este hacia De Kobbe. <<

[49] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 27 de febrero e 1939. Consulado de Toulouse, Tarbes y Pau. Nota de Quiñones. <<

[50] AGA, Alcalá de Henares, AE, cit., 2 de marzo de 1939. «Le drapeau rouge et or a repris possession, hier, du Consulat d’Espagne», dans Le Patrióte de Pau. <<

[51] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 4 de marzo de 1939. «Les obsèques de M. Marcelino Domingo, ancien ministre de la République espagnole», recorte de La Dépêche du Midi. <<

[52] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10.96, caja 11068, 11 de marzo. Cartas diversas de información sobre las Sacas de documentación del 10 de marzo, y sobre las obras del Museo Diocesano de Barcelona. <<

[53] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit. Cartas de Jordana a Quiñones referidas a la información emitida por Cabezudo sobre los cuadros. <<

[54] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 26 de febrero de 1939. Misiones Consulares en Francia. <<

[55] AMAE, París, Papiers 1940, George Bonnet, n.º 6. <<

[56] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 2 de marzo de 1939. Sobre el consulado en Burdeos, carta de Bernardo Rolland a Quiñones de León. <<

[57] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 11068, 27 y 28 de febrero de 1939. Notas de Bermúdez a Quiñones de León desde Bayona. <<

[58] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 16 de marzo de 1939. Informe de Alejandro Pons a Quiñones sobre su cargo en Niza. <<

[59] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., p. 4 y carta de 19 de febrero de Espinosa de los Monteros al ministerio de exteriores en Burgos, sobre el agente de Rafael y el cónsul Becerra. <<

[60] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 6 páginas del 28 de febrero al 6 de marzo. Carta de Quiñones a Becerra para la posesión del consulado en Marsella y la situación en general sobre las recuperaciones y sus colaboradores. <<

[61] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 6 de marzo. Nota de Quiñones a Becerra con los nombres y cargos de los nuevos agentes de recuperación. <<

[62] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit., 3 de marzo de 1939. Copia del periódico Lyon-Soir «Le drapeau nationaliste a été hissé au consulat d’Espagne». <<

[63] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit. Informe realizado y firmado por García Mouton del 3 de marzo de 1939. <<

[64] AGA, Alcalá de Henares, AE, caj. cit. Nota de Sarraut a Quiñones aceptando el envío de agentes franceses para colaborar. <<

[65] APP, París, BA, 2158, Mouvements Républicains. <<

[66] APP, París, BA, 2154. Espagne, Ambassade et Consulat. Information relative à l’activité de M. Oria de Portafax. <<

[67] APP, París, BA, 2154, 21 de marzo de 1939. Information sur la nomination de M. Lequerica cotnme Ambassadeur d’Espagne à París. <<

[68] M. J. Cava Mesa, op. cit., p. 148. <<

[69] APP, París, ibídem. Information concemant la nomination de Barroso, comme attaché militaire à l’Ambassade d’Espagne à Paris. <<

[70] APP, París, ibídem. Information sur le voyage de Barroso à Berlín et Rome. <<

[71] M. J. Cava Mesa, op. cit., pp. 158-166. <<

[72] AGM, Ávila, Documentación Nacional, Servicio de Información y Policía Militar. Legajo 4, carpeta 8, armario 31, hojas 9, 10 y 11. Nota del SIPM, subcentral de Cataluña. <<

[73] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 11068, febrero de 1939. Informe del agente Romero en Argel. <<

[74] Yannick Pech: Les Services secrets républicains espagnols en France. Organisation, Réseaux, Action, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2005, p. 25. <<

[75] AGA, Alcalá de Henares, AE, consulado de España en París, 54/11285. <<

[76] Francesc Vilanova i Vila d’Abadal, op. cit., pp. 63, 65 y 72. <<

[77] Ibídem, p. 85. <<

[78] Matthieu Séguéla: Pétain-Franco. Les secrets d’une alliance, París, Albin Michel, 1992, p. 48. <<

[79] Robert Aron: Histoire de Vichy, 1940-1944, París, Arthème Fayard, 1954, pp. 51 y 70. <<

[80] M. J. Cava Mesa: Los diplomáticos de Franco: J. F. de Lequerica, temple y tenacidad (1890-1963), Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, p. 171. <<

[81] Robert Aron, op. cit., p. 67. <<

[82] M. J. Cava Mesa, op. cit., p. 173. <<

[83] Henri Michel, op. cit., p. 19 <<

[84] Francesc Vilanova i Vila d’Abadal, op. cit., p. 74. <<

[85] Matthieu Séguéla, op. cit., p. 54. <<

[86] Francesc Vilanova i Vila d’Abadal, op. cit., p. 87 <<

[1] Manuel Ros Agudo: La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona, Ed. Crítica, 2002, p. 34. <<

[2] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 251-253. <<

[3] Ibídem. <<

[4] F. H. Hinsley y C. A. G. Simkins: British Intelligence in the Second World War. Security and counter-intelligence, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1990, pp. 94-95 y 104. <<

[5] F. H. Hinsley y C. A. G. Simkins, op. cit., pp. 108, 109 y 203. <<

[6] Ministerio de Justicia: Causa General. La dominación roja en España. Avance de la Información Instruida por el Ministerio Público. Prólogo de Eduardo Aunós (ministro). Ministerio de Justicia, Afrodisio Aguado, Madrid, 1943. Todo el texto, y especialmente un significativo prólogo de Aunós, describe la justificación franquista para abrir esta causa judicial general, pp. 5-8. <<

[7] Francisco Blanco: «La sucursal en Francia del Servicio Exterior de la FET», art. cit. <<

[8] Ángela Cenarro: La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 31 y 33. <<

[9] AGA, Gobernación, SGM, caja 63. Informes de Urraca. <<

[10] Francisco Blanco, art. cit. <<

[11] José Martínez Cobo: «El PSOE en Toulouse y en el Mediodía de Francia», en Alicia Alted y Lucienne Domergue (coords.): El exilio Republicano Español en Toulouse, 1939-1999, UNED-PUM, Madrid-Toulouse, 2003, p. 94. <<

[12] Ibídem. <<

[13] AGA, Alcalá de Henares. AE, 54/11650. Fondo sobre los cargos franquistas en los puestos diplomáticos de Francia. <<

[14] CAC, Fontainebleau, MI 940497, art. 44, doss. 1204, nota 1924, firmada por Berthoin en nombre de Sarraut. 27 de enero de 1939. <<

[15] CAC, Fontainebleau, MI, 940497, art. 35, doss. 873. <<

[16] CAC, Fontainebleau, MI, 19940497, art. 7, doss. 177, abril de 1939. Carta de Sarraut a los Prefectos. <<

[17] Ibídem. <<

[18] AGA, Alcalá de Henares, AE, 9.17.12/54 11316. Nombre total de la population espagnole. Estadística reproducida en el Anexo V, Doc. 2. <<

[19] Denis Peschanski: La France des Camps. L’internement 1938-1946, París, Gallimard, 2002, p. 77. <<

[20] CAC, Fontainebleau, MI, 940497, art. 44, doss. 1204, 11 de febrero de 1939. Régimes applicables aux étrangers provenant d’Espagne. <<

[21] Ibídem. Ver los modelos de fichas de entrada y características para cada refugiado. Es curioso apreciar que las huellas dactilares eran tomadas de todos los dedos de la mano. <<

[22] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940947, art. 65, doss. 1448. Documentos sobre la llegada de cargos comunistas como Riquelme, Moix, Guillen García y otros, y de las solicitudes de éstos para poder salir de los campos ante el miedo de la represión extendida y poder alojarse en residencias más adecuadas y seguras. <<

[23] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, nota n.º 40, 10 de febrero de 1939. «Confidentiel», firmada por A. Sarraut. <<

[24] Javier Rubio: La emigración de la guerra civil de 1936-1939: historia del éxodo que se produce con el fin de la II República española, Madrid, San Martín, 1977, p. 354. <<

[25] Phryne Pigenet: «La longue parenthèse guérillera du PCE en exil (1939-1950); expériences et composante de la culture communiste?», en I Congreso de Historia del PCE (1920-1977), Oviedo, mayo de 2004, p. 1. <<

[26] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940947, art. 65, doss. 1448. Vigilancia sobre las personalidades republicanas. «Toutes ces personnalités feront l’objet d’une surveillance discrète». Se establecieron listas por departamentos. <<

[27] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940947, art. 65, doss. 1448. <<

[28] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940947, art. 68, doss. 1591. <<

[29] AMAE, París, Série Guerra 1939-1945/Vichy-Espagne, vol. 284. Réfugiés espagnols. <<

[30] APP, París, BA, 2160. Espagnols provenant de la Catalogne. <<

[31] APP, París, ibídem, 29 de abril de 1939. Le Ministre de l’Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale. Direction de la Police du Temtoire et des Étrangers, à M. le Préfet de Police (Cabinet-Affaires de la Sûreté Générale). <<

[32] APP, París, ibídem, nota del 4 de mayo de 1939, firmada por Jean Berthoin. Los modelos de documentos están reproducidos en el Anexo VI, doc. 2. <<

[33] Alicia Alted, op. cit., p. 85. <<

[34] APP, París, ibídem, Notas de Berthoin referentes a los refugiados españoles. <<

[35] CAC, Fontainebleau, 19940497, art. 35, doss. 874. Artículos de La Solidarite y l’Éclair sobre el 14 de abril. También notas de la Sûreté sobre la persecución contra la prensa antifranquista y republicana. 17 de abril de 1939. <<

[36] Alicia Alted, op. cit., p. 77. <<

[37] APP, París, BA, 2160, 7 de febrero de 1940. Informe de Sarraut a los Prefectos de toda Francia. <<

[38] APP, París, ibídem, 7 de febrero, informe Sarraut sobre las condiciones durante la economía francesa de guerra. <<

[39] APP, París, BA, 2160, París, 19 de marzo de 1940. «Dénombrement des espagnols organisés en compagnies». <<

[40] No entraremos en cifras y estadísticas, algunas referencias están correctamente analizadas por Geneviève Dreyfus-Armand en su obra: L’exil des républicains espagnols en France, París, Albin Michel, 1999. Y también por Javier Rubio: «La emigración española en Francia de 1936 a 1946: flujos y permanencias», en Emigración y exilio. Españoles en Francia 1936-1946, Madrid, Eudema, 1996. <<

[41] APP, París, BA, 2160. Main d’oeuvre espagnole. <<

[42] APP, París, BA, 2429. Véase la clasificación de los españoles del campo de Gurs. <<

[43] Sobre esta nueva y básica clasificación de españoles refugiados, sobre «État des réfugiés espagcols hébergés aux frais du trésor dans le département de…» y la ficha de «orientación laboral». <<

[44] Documento muy importante para ver el censo de reclutamiento y las compañías que no dependían del Ejército. <<

[45] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940500, art. 193, doss. 2472. <<

[46] APP, París, BA, 2160, 3 de noviembre de 1939. «Information concernant les réfugiés espagnols en France». <<

[47] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940500, art. 159, doss. 2788. Cientos de cartas todavía están en los archivos del Interior franceses. La lista de republicanos reclamada era de 63 hombres enviada a la Sûreté el 10 de junio de 1939. <<

[48] Émile Témine: «Los campos de internamiento de españoles en el mediodía de Francia», en una cita de un texto distribuido entre los españoles refugiados; cfr. El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999, Alicia Alted y Lucienne Domergue (coords.), op. cit., pp. 69 y 70. <<

[49] APP, París, BA, 2160. <<

[50] Denis Peschanski, op. cit., p. 224. <<

[51] Ibídem, p. 120. <<

[52] Jordi Guixé: «Els últims camps de republicans: França 1944-1946», en el congreso de Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, MHC-Crítica, 2003, p. 55. <<

[53] Alicia Alted, op. cit., p. 87. <<

[54] Archives Nacionales de France, París (AN, París), AI, 40848, organización Todt. Fondo muy importante, inédito y por estudiar. Todo en alemán. Fue rescatado por los nortemericanos y devuelto a Francia para ser depositado en los Archives Nationales de París. <<

[55] AN. París, AJ, 40552. <<

[56] Ibídem. Carta firmada por el mismo Bérard. <<

[57] AN, París, AJ, 40885. Decreto de «nomadismo». <<

[58] AN, París, ibídem. <<

[59] AJN, París, AJ, 401365. <<

[60] Denis Peschanski, op. cit., p. 222. <<

[61] APP, París, BA, 1839. Dossier de los Renseignements Généraux, varios sobre las compañías de trabajo alemanas y la organización Todt. Internamientos y listas de españoles, así como las listas de la prisión de Tourelles con españoles clasificados como «indésirables». <<

[62] Louis Noguères: Le véritable Procès du Maréchal Pétain, París, Arthème Fayard, 1955, pp. 549-554. <<

[63] Dolores Villar Basanta: L’Hôpital Varsavie, 1944-1950, Mémoire de D. E. A., Études Ibériques. Toulouse, Université Toulouse-Le Mirail, 1997, p. 8. <<

[64] Alicia Alted, op. cit., pp. 89-90. <<

[65] Ricard Belis y Montse Ricard i Armengou: El convoi dels 927, documental de Televisió de Catalunya. <<

[66] Michel Fabréguet: «Les Espagnols rouges à Mautlausen (1940-1945)», en Guerres Mondiales et conflits contemporains, 162, 1991, pp. 77-98. <<

[67] Alfons Aragoneses y Elena Rodríguez Codd son los investigadores que ha realizado un trabajo de documentación exhaustivo en los archivos originales sobre la deportación de españoles. Han investigado para realizar la base de datos más completa sobre la deportación en la Amical de Mauthausen y otros campos, en la Universidad Pompeu Fabra y el Memorial Democràtic. Las fuentes consultadas se encuentran en forma original o copia en los archivos de los memoriales de Alemania, Austria y Polonia, además del Bundesarchive Hoppegarten en Berlín y Intemationaler Suchdienst en Bad Arolsen. <<

[68] Para ver la implicación de Franco con los alemanes y en la Guerra Mundial en el interior de España, véase La guerra secreta de Franco, op. cit., de Manuel Ros Agudo. <<

[69] CAC, Fontainebleau, 19890158, art. 4. Informaciones sobre los Quakers. <<

[70] CAC, Fontainebleau, ibídem. Nota de Laffont, posible policía que también colaboró con Druillet. En esta caja, en el artículo 4 hay muchas informaciones por departamentos sobre los comités de ayuda republicanos, organizaciones, dirigentes y centros de apoyo al exilio. <<

[71] CAC, Fontainebleau, 19890158, art. 3,11 de septiembre de 1940. Informes de Lequerica. <<

[72] CAC, Fontainebleau, ibídem. <<

[73] AMAE, París, Guerra 39-45, Vichy-Espagne, vol. 281,22 de junio de 1940. «Réfugiés politiques», p. 2; note de La Baume n.º 751 au Ministère des Affaires Étrangères. <<

[74] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 280, p. 8, nota 900, 16 de julio de 1940. De La Baume al Ministerio de exteriores, citando las informaciones recibidas sobre el acuerdo con la Gestapo. <<

[75] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 239, pp. 13-15. Resumen de la entrevista entre Serrano Suñer y La Baume. <<

[76] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 281, p. 19, 7 de agosto de 1940. Télégramme du Ministre des Affaires Étrangères à l’Ambassade de France à Madrid. <<

[77] Michel Catala, op. cit., p. 160. <<

[78] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. Nota de noviembre de 1941. <<

[79] AGA, Alcalá de Henares, AE-Embajada de España, doc. 54/11326. Telegrama de la Embajada de España en París y del Consulado de España en Lyon, que sobre este tema «pendiente» recibían peticiones de exiliados «rojos» como Nicolau d’Olwer y otros. <<

[80] Denis Peschanski, op. cit., pp. 171 y 172. <<

[81] Denis Peschanski, op. cit., p. 172. <<

[82] La URSS y Gran Bretaña también aceptaron acoger de forma sistemática a los refugiados españoles que huyeron de los alemanes, pero el concepto de «aceptación masiva» no se puede aplicar en el caso inglés, quizás en mayor medida a la URSS, pero el país que no tuvo, en un principio, reparo alguno en albergar barcos enteros de refugiados fue México. <<

[83] Rafael Segovia y Femando Serrano: Misión de Luis I. Rodríguez en Francia: la protección de los refugiados españoles, julio a diciembre de 1940, México, El Colegio de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2000, doc. 22, Convenio Franco-Mexicano. <<

[84] Ibídem, doc. 58, p. 66. Esta obra es, a parte del prólogo de Rafael Segovia y Fernando Serrano, una transcripción de los documentos oficiales de la legación de México y algún documento diplomático francés para el estudio de la misión del diplomático Luis I. Rodríguez a Vichy para ocuparse de los temas de protección de refugiados y relaciones con Vichy. Rodríguez fue escogido personalmente por el presidente Cárdenas. <<

[85] Rafael Segovia y Femando Serrano, op. cit., p. 14. <<

[86] Alicia Alted: La voz de los vencidos, op. cit., pp. 221-222. <<

[87] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 284, pp. 48-49. Letra original de Luis I. Rodríguez. <<

[88] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. <<

[89] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 85, p. 66. Lista completa de los diputados republicanos. <<

[90] APP, París, BA, 2160, 6 de diciembre de 1940. Réfugiés espagnols. Informations. <<

[91] AGA, Alcalá de Henares, AE, Servicio Exterior, cit. doc.: La hora del Reparto. <<

[92] AGA, Alcalá de Henares, AE, Servicio Exterior, 17.12, caja 67, carpeta año 1939. <<

[93] APP, París, BA, 2160, Informations policiales. <<

[94] APP, París, ibídem, 7 de diciembre de 1940. Information espagnola. <<

[95] AGA, Alcalá de Henares. AE, 10. 97, 11325. «Liste dti personncl de la légation du Mexique». <<

[96] La lista comparada entre la Legación mexicana y las que enviaba el Gobierno español a Vichy. <<

[97] AMAE, Víchy-Espagne, vol. 281, p. 117. Direction de la Police du Territoire et des Étrangers. Objet: Réfugiés espagnols secourus par la Légation du Mexique. <<

[98] Javier Rubio, op. cit., p. 480. <<

[99] CAC, Fontainebleau, MI, 880312, art. 4. Una Convención franco-española fue creada para el control de ressortissants espagnols, en ella se encargó del delicado tema de los internamientos de después de la guerra mundial. En teoría, después del 45 los internamientos, como los de Noé, Gurs, Rivesaltes, etc., eran ilegales. Este fondo del MI establece unos análisis detallados en clave interna de la administración francesa sobre ese tema, complementario al artículo del autor precitado. <<

[100] APP, París, GA J6. Dossier Julio Just Gimeno. Documentos sobre la solicitud de liberación de Julio Just del campo de Vernet en 1941. También existe en el mismo expediente policial documentos de los años 50 y 60. <<

[101] Denis Peschanski, op. cit., p. 223. <<

[102] CAC, Fontainebleau, MI, 1960283, art. 6, sobre la detención de Ventura Gassol y Josep Tarradellas, su intento de extradición y el agente mexicano enviado a Marsella para intentar mediar en e] asunto e impedir las intenciones de las autoridades españolas. <<

[103] Rafael Segovia y Femando Serrano: Misión de Luis I, op. cit., doc. 221, p. 577. <<

[104] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 284, p. 69, diciembre de 1940. Carta de la comisión de armisticio francoalemán del general encargado de la delegación francesa en París, Doyen, al general alemán Von Stulhnagel. <<

[105] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 284, pp. 159-162. Resumen de las conversaciones entre Bérard y von Welck, sobre el Rapatriement en Espagne ou départ en Amèrique des intemés espagnols se trouvant en zone non-occupée. <<

[106] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 284, p. 213. <<

[107] Josep Benet i Morell: La mort del President Companys, Barcelona, Edicions 62, 1998. p. 178. También la renovada versión El President Companys afusellat, Barcelona, Edicions 62, 2005, pp. 156-169. <<

[108] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 199496 y 19940497. Direction Générale des Renseignements Généraux. Informations sur les réfugiés espagnols. <<

[109] Rafael Segovia y Femando Serrano, op. cit., doc. 267, p. 223. <<

[110] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. El Secrétaire d’État à l’Intérieúr a todos los Prefectos de la zona libre. <<

[111] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. Informe de Peyrouton. <<

[112] Alicia Alteé, op. cit., p. 75. <<

[113] CAC, Fontainebleau, MI, cit., Telegrama descifrado y firmado por Chavin el 13 de febrero de 1941, por ello en la transcripción aparecen algunas incorrecciones gramaticales. <<

[114] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 2. <<

[115] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. Direction Générale de la Police Nationale, 26 de mayo de 1943. <<

[116] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem, 21 de octubre de 1942. A Monsieur le Chef du Gonvemement, Ministre secrétaire d’État à l’Intérieur [Laval], du Cabinet du Préfet de la Mayenne Laval. <<

[1] AGA, Alcalá de Henares, AE, Dirección General de Seguridad, 51/20949, caja 69, años 1940-1949. <<

[2] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, Dirección General de Seguridad, 51/20928. Josep Calvet Bellera: «“Indeseables y sospechosos”: Repressió i control social al Pirineu de Lleida durant el primer franquismo», L’Avenç. Revista de historia y cultura, n.º 275, 2002, pp. 18-26. <<

[3] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. Personal embajada, agentes. <<

[4] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. Personal embajada, agentes. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11650. Más agentes diplomáticos. Muy interesante sería seguir la trama de represión extraterritorial en el norte de África, dónde la trama en tres periodos —Guerra Civil, mundial y Guerra Fría— se cumple también a la perfección, con el añadido de compartir territorio resistentes comunistas con De Gaulle, y otras particularidades. <<

[6] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11650. Más agentes diplomáticos. Carpetas individuales que los servicios de la Embajada creó para cada uno de ellos. <<

[7] Archivo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (ADGIP), Ministerio del Interior. Expediente de Julián Zugazagoitia. <<

[8] ADGIP, ibídem, del 9 de noviembre de 1940. <<

[9] Archivo del Ministerio del Interior, Madrid (AMI, Madrid), expediente de Francisco Cruz Salido. AHN, Madrid, expediente de la DGS de Julián Zugazagoitia. <<

[10] Debo, una vez más, insistir en la importancia que tiene que el Ministerio de Exteriores actual se decida de una vez a abrir a los investigadores el fondo del Consulado de España en París. <<

[11] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. Cristóbal del Castillo Campos dimitió como ministro consejero de la Embajada española en París durante la República. Cambió de bando, por ello fue separado de la carrera diplomática y empezó a trabajar con los insurgentes. <<

[12] APP, París, BA, 2154. Infomiations policières. 1.er avril 1941, et nouveau Consul Général d’Espagne à París Alfonso Fiscovitch, 29 de abril de 1943. <<

[13] Richard Basset: El enigma del almirante Canaris. Historia del jefe de los espías de Hitler. Barcelona, Crítica, 2006, p. 224. <<

[14] AMAE, París, vol. 269. p. 1. Telegrama del 2 de agosto de 1940. <<

[15] Michel Catala, op. cit., p. 138. <<

[16] AMAE, París, vol. 269, p. 6. Note de la Direction Politique du Ministère des Affaires étrangères. <<

[17] AMAE, París, vol. 269, p. 7, 20 de septiembre de 1940. Note de la Direction Générale de la Sûreté Nationale au Ministre des Affaires Étrangères. <<

[18] Ibídem. <<

[19] AMAE, París, vol. 269, pp. 18-20. Carta del encargado de los asuntos de Francia en España (Direction des Affaires politiques et commerciales) al almirante Darlan, sobre la reorganización de la policía española. <<

[20] AMAE, París, ibídem. <<

[21] Conxita Mir Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida, Editorial Milenio 2000, p. 59. <<

[22] Conxita Mir, op. cit., pp. 59-60. <<

[23] AMAE, París, ibídem. Análisis interesante que sobre la ley hace un encargado francés en España. <<

[24] AMAE, París, vol. 239. El nuevo Estado franquista y represor reformuló su organigrama general en 1942. La Jefatura del Estado era el órgano supremo en el que se distinguían la Casa Civil y la Casa Militar de Franco como sedes directoras de dicha Jefatura. Sujeta a ésta estaban el Gobierno y el Partido. <<

[25] Ibídem. Declaración de Reparaz recogida por el encargado francés en España. <<

[26] AMAE, París, ibídem, p. 59. Direction des affaires politiques et comerciales. Départ du Chef de la Police de Madrid. <<

[27] Ibídem, 4 de noviembre de 1941. De los diez centros penitenciarios de Madrid podemos destacar los 2000 reclusos en Las comendadoras, 2000 en Santa Rita, 1200 en Santa Engracia y 2000 en Conde de Peñalver, entre otros. Informe del Cónsul general de Francia en Madrid, André Montaudon. <<

[28] AMAE, París, ibídem, 4 de noviembre de 1941. Informe del cónsul general de Francia en Madrid, André Montaudon. <<

[29] Este universo de organización personal y política dentro de las cárceles se ve muy bien reflejada en los estudios de Ricard Vinyes en Irredentas, Madrid, Temas de hoy 2003, y de Femando Hernández en Mujeres encarceladas en la prisión de Ventas, Madrid, Marcial Pons, 2005, sobre las cárceles de mujeres durante el franquismo. <<

[30] AMAE, París, vol. 269, p. 52, 19 de diciembre de 1940. Nota Verbal de la Embajada de España en París. <<

[31] Ibídem, p. 54, nota n.º 60. Le Ministre secrétaire d’État à l’Intérieur à Le Ministre aux Affaires Étrangères. <<

[32] CAC, Fontainebleau, Fonda Moscou, 20020081/10-62746. Informes secretos de la DST y que hacen referencia a agentes al servicio de algún Service de Renseignements Étrangers. En este caso a Crespo le inculparon de la misma responsabilidad que a Urraca, con la farsa de agregado de la Embajada, era un policía de la DGS española relacionado con la Gestapo y la policía militar alemana. Otros nombres de espías aparecen en los dossiers precitados y en fondos del Ministère de l’Intérieur (MI, 19990306). <<

[33] APP, París, GA, R3, exp. 172060. También en expedientes de los Renseignements Généraux de las Prefecturas, como las de París. Un dossier de un español nacionalizado francés, llamado Mario Felipe Siglos de Pacheco Pérez. Según la policía francesa, hombre con pasaporte francés, relacionado con los alemanes, armado, peligroso y que actuaba en zona ocupada, y también con Vichy. <<

[34] CAC. Fontainebleau, MI, 2001/64, MI, 1, 20 de abril de 1945. Direction des Renseignements Réneranx, París. Dossiers de Police administrative: A. 467225, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. <<

[35] Estos datos los extraje del expediente de Pedro Urraca Rendueles del Archivo de Bajas de la Sección de Personal de la Dirección General de Policía. Dicho expediente —que no es consultable— ha sido «expoliado», pues falta infinidad de documentación y datos. Una muestra más de la necesidad de ordenar, inventariar y crear accesos a los fondos de la policía y del Ministerio del Interior en nuestro país. <<

[36] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64, 1, A. 467225. Dossiers de Police administrative, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. <<

[37] CAC, Fontainebleau, MI, Police Administrative. Palabras utilizadas por los servicios secretos franceses al referirse al tipo de relaciones entre los agentes alemanes y españoles. Los expedientes de la Police Administrativa son nominales y hacen referencia —entre otros— a agentes españoles en Francia, se acceden por petición y nombre, todos bajo demanda de «dérogation» y supervisión del Ministerio del Interior del que depende el fondo. <<

[38] Documentación revisada en los fondos del Servicio Exterior de Falange, donde se encuentran numerosos informes de Urraca, manuscritos y mecanografiados. Y del expediente policial —depurado intencionadamente— en los servicios de Personal de la Dirección General de Policía (antes Dirección General de Seguridad). <<

[39] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940503, art. 4, doss. 38. Notas confidenciales consulares. Sobre espías como Francisco Pla y Prudencio Ribo; sobre el PSUC y los comunistas; exilio del POUM; del SERE; de los campos de concentración; traslados de domicilio; voluntarios de la Armada francesa; informes sobre los fondos de la República española, etc. También AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de París, varias cajas sobre las «Actividades de los Rojos en Francia». <<

[40] Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, documento del «Decálogo para los Camaradas del Exterior». <<

[41] AGM, Segovia, legajo C62/240-7. Hoja de servicios e historial de Gerardo Caballero Olabezar. <<

[42] CAC, Fontainebleau, MI 2001/64 1, A. 467225. Dossiers de Police administrative, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. Definición textual utilizada por los mismos servicios secretos franceses. <<

[43] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 1, A. 467225. Dossiers de Police administrativo, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974, ambos vivían en el número 8 de la Avenida Foch de París y se piensa que esos nombres, al igual que muchos otros, eran falsos. <<

[44] Cruz Salido, antiguo secretario general del Ministerio de defensa de la República española y director del periódico Liberal de Bilbao, fue detenido en Burdeos. Los instigadores fueron el coronel Coronado, el capitán López de Haro, Urraca Rendueles y los agentes de la Gestapo Bauer i Schultz. <<

[45] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM. Servicio Exterior de Falange 12.17/65. Informe enviado por Urraca donde relata su entrevista con Companys en La Santé. <<

[46] Diversos historiadores se han ocupado de estudiar la estancia en España de los judíos refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Destacamos los trabajos de Haim Avi, especialmente España, Franco y los judíos, Madrid, Altatena, 1982 y el recién aparecido estudio de Josep Calvet: Les Muntanyes de la Llibertat, Barcelona, L’Avenç, 2008. <<

[47] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 1, 467225. Dossiers de Police administrative, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. <<

[48] Estas prácticas no fueron generalizadas pero sí que se han documentado numerosos casos de evadidos judíos que las sufrieron tal como relata el estudio de Josep Calvet, op. cit., pp. 102-111. <<

[49] J. A. Fernández López; Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947), Miranda de Ebro, 2003. <<

[50] Archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine (ACDJC), CLXXXVI-3, docs. 1 a 7. Este caso es importante, pues, a parte de estudiarlo a través de sus cartas manuscritas, presenta un ejemplo de la situación de los judíos refugiados en España y confirma la permanencia de ciertas formas concentracionarias y de internamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. <<

[51] ACDJC, CDXIV-38: «The situation of the Jews in Spain under the Franco regime», p. 2; y Josep Calvet, op. cit., pp. 102-111. <<

[52] ACDJC, ibídem, p. 3. <<

[53] APP, París, GA, S18, exp. 73342, Josep Seguí Pi. Comerciante nacido en Barcelona el 2 de mayo de 1900, acusado de espionaje a favor de los servicios de información franquistas. Con amigos militares también realizó operaciones de trapicheo y chantaje a refugiados judíos. <<

[54] CAC, Fontainebleau, MI, A. 467225, dossier, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. Informe sobre Urraca. <<

[55] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 1, n.º 761216 y A. 467225. Dossiers de Pedro Urraca Rendueles. <<

[56] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. <<

[57] APDGP, Madrid, Expediente de Pedro Urraca Rendueles. <<

[58] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11598. Informes de la embajada en París. <<

[59] Centro de Documentación del Ejército Español, Archivo Histórico General Militar (AHGM), Madrid, Instituto de Historia Militar. Fondo Ángel González de Mendoza y Dorvier, caja 6237.4. <<

[60] CAC, Fontainebleau, MI, A. 467225, Dossiers de la Police Judiciaire. Informe confidencial del Inspector Lucien Sannier al commissaire Chef de la Direction des Services de Police Judiciaire, 1 Section. <<

[61] CAC, Fontainebleau, MI, cit, 8 de agosto de 1945. Dossier Urraca Rendueles. Direction des Renseignements Généraux —Sûreté Nationale—, en informe confidencial, informa de la falsa identidad de Urraca al directeur des Étrangers et des Passeports. <<

[62] CAC, MI, ibídem. Dossiers de la Police Judiciaire Urraca Rendueles. <<

[63] AGA, Alcalá de Henares, SGM-Servicio Exterior, Idd, 9.17.12, caja 68. Dossier sobre la huida del personal de la embajada de España en París y de la dirección falangista hacia Alemania y después hacia Bélgica, en lo que fue un interesante periplo para conseguir algún refugio. Informe del falangista Mario Peña sobre la huida de París. <<

[64] Debo recordar, para que se pueda entender bien la complicada ejecución de las órdenes contra Urraca, que la Policía administrativa y la judicial actuaban en Francia independientemente y, a veces, la coordinación de servicios no era tan rápida como aparentemente podía parecer. <<

[65] CAC, Fontainebleau, MI, 467225, dossier, Pedro Urraca Rendueles, 1935-1974. Telegrama muy urgente del día 6 de septiembre de 1945 del Commissaire Chef Service Renseignements Généraux Hendaye a la Direction Renseignements Généraux de París et al Chef Regional Bordeaux. <<

[66] Información corroborada en los ACDJC, Doc. Fichas individuales, Memorial de la Shoah de París, donde, sin embargo, no he podido encontrar la documentación relativa a dicha denuncia. Por el contrario, como se estudia más adelante, en el Ministère de la Justice sí que había la denuncia completa, con nombres y apellidos. <<

[67] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64, 761216. Dossiers de Pedro Urraca Rendueles. <<

[68] APP, París, 281555. Dossier spécial des Renseignements Généraux de París. Numeración antigua del expediente policial que, por suerte, no se destruyó y se conserva en los servicios centrales de policía; y que, bajo Demande de Dérogation, he localizado y consultado. <<

[69] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 761216, 10 de mayo de 1946 y 12 de enero de 1955. Informe sobre Urraca de los Archives Centrales. <<

[70] AN, París, Fondos Z: expedientes de justicia sobre los procesos y tribunales de Dépuration, Série, Z/6/433, dossier 4301. Dossier de Justicia contra Urraca Rendueles, Héléne Comette y Mme. Compvent, suegra de Urraca y viuda del alemán Stoffel. <<

[71] AN, París, ibídem. Se trata de un juicio en «rebeldía» cuando el inculpado o inculpados no se encuentran presentes y, por diversas causas (una de ellas, la fuga) no se han presentado ante el tribunal. <<

[72] AN, París, ibídem. Justice, dossier Urraca Rendueles. <<

[73] AN, París, ibídem, 14 de enero de 1947. Informe de Antoinette Sachs. <<

[74] Ibídem, 25 de diciembre de 194(5. Carta manuscrita de Mme. Sachs a Hugot. <<

[75] AN, París, ibídem. Nota del abogado Buchhold encargado de defender a la familia Urraca. <<

[76] Ibídem, «Aunantes légales, extraits des minutes de la Cour d’Appel de París», recortes de Le Fígaro, 24 de febrero de 1948. <<

[77] Ibídem. Informe de la Cour de Justice. <<

[78] APP, París, doss. 281555, Urraca Rendueles. <<

[79] AN, París, Z/6/43, doss. 4301, Procès verbal et déclaration du commissaire de la Sûreté Naiionale, Francis David. <<

[80] AGM, Segovia, legajo U-24. Breve expediente de Hoja de Servicios de Manuel Urraca Rendueles, que, al igual que el de su hermano, presenta dificultades de acceso para los investigadores. <<

[81] AN, París, ibídem. Informes previos al proceso judicial contra Urraca. <<

[82] Apreciación realizada por el autor después de revisar numerosos informes manuscritos del mismo Urraca. <<

[83] AN, Partí, ibídem. Certificado del 3 de noviembre de 1941, a nombre de Madame Kohn-Sachs, Antoinette, nacida el 18 de junio de 1897 en París. <<

[84] Ibídem, carta de 4 páginas de Urraca al juez Ledoux. <<

[85] Ibídem, Le Figaro, 12 de diciembre de 1947. <<

[86] AN, París, ibídem, dossier 281555, 8 de agosto de 1970. Último informe del expediente. <<

[87] Carta de los ficheros centrales de la policía que incluso interrogó al hijo de Urraca, Jean-Louis Urraca, que residía en la Résidence Les Marroniers, Les Grillons à Grasse. <<

[88] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 1. Informe firmado por el administrador Civil, jefe del despacho del ministro del interior, P. Padovani. Y A 467225, Urraca Rendueles. Dossiers de Police administrative. <<

[89] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64 1 y A 467225. <<

[90] CAC, Fontainebleau, MI, doss. 761216, Pedro Urraca Rendueles, sobre su orden de expulsión y sus acusaciones de colaboracionismo. Nota emitida por la Direction de la Réglementation, Sous-Direction des Étrangers et de la Circulatíon Transfrontire. Service des Statuts des Étrangers et des Groupements Étrangers. 4ème. <<

[91] CAC, Fontainebleau. MI, 2001/64 1, Dossiers de Police administrative, A 467225, Urraca Rendueles. <<

[92] Por parte francesa, numerosas fichas de investigación no se encuentran en los archivos consultados y faltan dentro de su expediente (S 46/1518, S 46/1519, S 46/1520, J 47/4382, G 45/13399…). Y por parte española, a parte del expediente depurado de la dirección de policía, Urraca parece no haber existido para ninguno de los archivos militares y ministeriales consultados. Incluso parece imposible poder conseguir su ficha de estado civil en Valladolid, para poder corroborar su defunción. En su expediente tampoco consta su fecha de defunción y puede ser que los famosos informes de la DGS hayan sido «depurados» por algún funcionario y antiguo colaborador. <<

[93] AGM, Ávila, expediente n.º 5465, legajo 9, carpeta 29, Víctor Druillet, p. 1, informe reservado del SIPM —subcentral de Irún—, n.º A.-3525. <<

[94] Tal y como explico en el primer capítulo, el primer servicio de los militares sublevados fue el Servicio de Información de la Frontera Norte de España —SIFNE—. En la posterior unificación de servicios pasaría a integrarse en el Servicio de Información y Policía Militar, SIPM. <<

[95] AGM, Ávila, expediente n.º 5465, legajo 9, carpeta 29, Víctor Druillet, p. 3. <<

[96] AGM, Ávila, SIPM, expediente 26755, legajo 9, carpeta 30, de Víctor Druillet. <<

[97] AGM, Ávila, ibídem, p. 10. <<

[98] Ibídem, p. 5. <<

[99] CAC, Fontainebleau. MI, 19890158, art. 3. <<

[100] Ibídem, resumen del informe de Druillet. <<

[101] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940497, art. 46, doc. 1240. <<

[102] Ibídem, informe de Druillet del 10 de febrero de 1941. <<

[103] AGA, Alcalá de Henares, AE, 9.17.12/54, exp. 11326, 1940. Nota a la Embajada de España en París. <<

[104] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, mayo de 1941. Memorándum de Druillet a Chavin, secretario general de Policía de Vichy. Embajada de España en París. <<

[105] AGA, Alcalá de Henares. AE, 9.17.12/54, exp. 11325. Portela Valladares y Álvarez del Vayo. Nota de Lequerica a Darían, Vichy, 14 de marzo de 1941. Embajada de España en París, mayo de 1941. <<

[106] AGA, Alcalá de Henares, AE 9.17.12/54, exp. 11326. Embajada de España en París. Notas y documentación sobre el «Affaire Druillet». <<

[107] Ibídem. Informe del Secretario General de la policía Henri Chavin. <<

[108] AGA, Alcalá de Henares, ibídem. Cartas manuscritas de Druillet a la embajada española. <<

[109] CAC, Fontainebleau, MI, 20000356, doss. 2248, Lluís Companys, 14 de febrero de 1945. Nota referida a Druillet dentro del expediente de Lluís Companys. <<

[110] Archivo del Gobierno Civil de la Provincia Gerona, legajo 100, exp. 10. Negociado Fronteras. Asunto: Druillet Dupin, 1945. Información sobre Druillet, que gracias al acceso reciente de investigadores a la documentación policial del gobierno civil de Gerona y a la colaboración de Josep Calvet, confirma las versiones familiares y los documentos que sobre él se conservaban en Gobernación y los archivos militares españoles y franceses. <<

[111] He solicitado repetidamente y sin éxito las Demandes de Dérogation referentes al expediente de Druillet; su inculpación y su dossier alcanzan hasta el 1979. Por eso, por secreto policial y por otras causas que desconozco no es posible consultarlo. Las entradas exactas son dossier 19790846, art. 124, el 1950671, art. 29, sobre Victor Druillet. <<

[112] Mínimos detalles dados por la nieta de Druillet en uno de los mensajes que me mandó. <<

[1] AMAE, París, Guerre 39-45/Vichy-Espagne 285. Sobre la comisión de recuperación y sus textos en febrero de 1939 dentro de los pactos Bérard-Jordana. <<

[2] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10.96, caja 11068. Notas de la idoneidad de localización de la comisión en París. <<

[3] Ibídem, Cartas del 29 de abril firmadas por Jordana a los distintos ministerios implicados. <<

[4] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10.97, caja 11070, 4 de marzo de 1939. Sobre comisiones que se trasladan a Francia para recuperar bienes pertenecientes a España. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 5 de marzo de 1939. Carta del ministro de Hacienda, Burgos. <<

[6] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem, 29 de abril de 1939. Carta de Jordana. <<

[7] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, 9.2.02, caja 4907, carta de Alfonso Barra y acta de entrega en Barcelona. <<

[8] AMAE, París, Guerre 39-45/Vichy-Espagne, 285, pp. 1-2. <<

[9] AGA, Alcalá de Henares, AE, Servicio Exterior, 17.12, caja 67, carpeta año 1940. En algunas notas que acompañan la documentación se habla de más cajas que podrían encontrarse sin catalogar en el AMAE de Madrid. <<

[10] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, 51/20948, caja 68. <<

[11] AMAE, París, Guerre 39-45/Vichy-Espagne, 284, p. 18. <<

[12] AMAE, París, Guerra 39-45/Vichy-Espagne, 284, pp. 21-22, 24 de junio de 1940. Carta de Bernardo Rolland, cónsul general al prefecto de policía de París. <<

[13] AMAS, París, Guerre 39-45/Vichy-Espagne, 285, p. 199, 18 de julio de 1941. Telegrama de notificación de la operación realizada por Piétri a Asuntos exteriores. <<

[14] CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, 19940497, art. 69, doss. 1596, 8 de enero de 1940. Dossier importante y muy completo sobre las actividades de la JARE y su historial. Se incluyen fotos y material diverso. <<

[15] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de España en París. Informe de la Comisión de 11326. Recuperación de Bienes en Francia. Nota de De Saulnes a Barroso. <<

[16] AGA, Alcalá de Henares, AE, 11326, exp. 3194. Ministerio del Interior de Vichy. <<

[17] Ibídem. <<

[18] AGA, Alcalá de Henares, AE, cit., 11326. <<

[19] AGA, Alcalá de Henares, AE. cit, 11326, Affair Calviño, Embajada de España en París, 1940. <<

[20] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de España en París, cit., nota del 4 de diciembre de 1940 sobre la entrevista a Calviño Ozores. <<

[21] Ibídem. Informe de De Saulnes, p. 4. <<

[22] AGA, Alcalá de Henares, AE. Nota de la Comisión de Recuperación, firmada por Felipe Rodés para el Embajador Lequerica donde hace referencia al Asunto Calviño y Nicolau d’Olwer. Acciones emprendidas por dicha comisión contra los mencionados refugiados españoles. <<

[23] AMAE, París, Série Guerra 1939-1945/Vichy-Espagne, 285, p. 318. Traducción francesa del decreto sobre la Comisión de Recuperación firmado por Franco. <<

[24] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de España en París 9.17.12/54, 11326. Informe de De Saulnes. <<

[25] AGA, Alcalá de Henares, AE, nota verbal, n.º 11326. Informe de Urraca a Barroso sobre las detenciones en Marsella. Embajada de España. <<

[26] AGA, Alcalá de Henares, AE, ibídem. Informe de Urraca. <<

[27] Ibídem. <<

[28] AHN, Sección Guerra Civil, Salamanca, expediente que figura en la lista de los dossiers del Tribunal para la Represión de la Masonería. <<

[29] AGA, Alcalá de Henares, AE, nota 11326. Informe de Urraca. <<

[30] CAC, Fontainebleau, 19800448, art. 124. En el expediente de Tarradellas solamente se hace referencia a los salvoconductos que pidió y algún visado prefectoral de después de la Segunda Guerra Mundial. Es un expediente al que le falta numerosa documentación. <<

[31] Archivo Histórico Nacional, Madrid, Fondos Contemporáneos, expedientes personales de la Dirección General de Seguridad. Exp. H-520, Tarradellas. <<

[32] Ibídem, doss. 77918. <<

[33] AGA, Alcalá de Henares, AE, nota 11326. Informe de Urraca a Barroso sobre las detenciones en Marsella. <<

[34] AN, París, Fondos BB del Ministère de la Justice de Vichy y de la ocupación, BB18 7079. Informaciones sobre la organización y actividades del SERE. <<

[35] N, París, ibídem. <<

[36] Ibídem. En este fondo se encuentra un importante informe generado por la citada investigación policial y judicial francesa, de más de 40 páginas, sobre la organización del SERE. <<

[37] APP, París, BA, 2159, SERE. <<

[38] APP, París, ibídem, lista de cuentas bancarias intervenidas, y lista de exiliados susceptibles de tener cuentas con fondos del SERE. <<

[39] CAC, Fontainebleau, MI, art. 4. Perquisítion effectuée au siége du S. E. R. E. 9 et 16 février 1940. <<

[40] Ibídem. Nota de Hoppenot. <<

[41] Ibídem. Ver listas de los lotes de documentos y cajas requisados entre la orden, el 5 de diciembre de 1939, y el 31 de enero de 1940. <<

[42] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 285, pp. 273-277. Asunto de las cajas del SERE. <<

[43] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3,26 de febrero de 1941. Direction des Services de Police à M. Le Ministre secrétaire d’État à l’Intérieur. <<

[44] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 285, p. 241. <<

[45] Ibídem, p. 242. <<

[46] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de España en París, 19 de diciembre de 1940. Nota de Propper de Callejón a Fontreaulx. <<

[47] Manuel Martínez Azaña: «De nouveau la France…», en Azaña et son temps, Actas del Coloquio de Montauban, Ville de Montauban-CNRS, Colección de la Casa de Velázquez, n.º 42, Madrid, 1993, p. 404. <<

[48] Enrique de Rivas: «Azaña à Montauban: de l’asile politique à la résidence forcée à perpétuité», en Azaña et son temps, Actas del Coloquio de Montauban, Ville de Montauban et le CNRS, Colección de la Casa de Velázquez n.º 42, Madrid, 1993, p. 409. <<

[49] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 281, nota 901, p. 9, 16 de julio de 1940. <<

[50] Enrique de Rivas, art. cit., p. 411. <<

[51] Manuel Martínez Azaña, art. cit., p. 400. <<

[52] Los nombres que figuraban eran: Epifanio Muerga Fernández, Máximo García Royo, Carlos Montilla Escudero, José Antonio Fernández Vega, Miguel Salvador Carreras, Miguel Alfaro Reparaz, Julián Zugazagoitia Mendieta, Teodomiro Menéndez Fernández, Carlos Morales La Huerta, Francisco Cruz Salido y Cipriano de Rivas Cherif. Este documento se encuentra dentro del dossier judicial constituido en 1940 contra Rivas Cherif para la DOS del Ministerio de Gobernación. Del artículo de Enrique de Rivas, art. cit., p. 415. <<

[53] Enrique de Rivas, art. cit., p. 415. <<

[54] Rafael Segovia y Fernando Serrano: Misión de Luis I. Rodríguez en Francia: la protección de los refugiados españoles, julio a diciembre de 1940, op. cit., docs. 288 y 289. <<

[55] Ibídem, docs. 303 y 304, p. 254. <<

[56] Ángeles Egido León (ed.): Azaña y los otros, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 218. <<

[57] AGA, Alcalá de Henares, AE 54/11287. Actividades de catalanistas rojos en Francia. <<

[58] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11228 y Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos contemporáneos, expedientes DGS, Madrid. Informes del Servicio Exterior de Falange y Expedientes de la Dirección General de Seguridad. <<

[59] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., vol. 291, p. 246. <<

[60] Enrique de Rivas, op. cit., p. 437 <<

[61] AGA, Alcalá de Henares, SGM, Servicio Exterior de Falange. Informe enviado por Pedro Urraca Rendueles sobre la muerte de Azaña en Montauban. Nota que confirma su implicación directa en el acoso y persecución del expresidente de la República. <<

[62] APP, París, BA, 2159, SERE. Notas de Renseignements Généraux sobre esta organización republicana y sobre muchos cargos políticos exiliados en París. Muchas referencias a Azcárate. El expediente policial contiene informes sobre la incautación de las cajas del SERE, los registros y las listas de personas implicadas. Comisiones rogatorias para identificar bienes de la organización de ayuda o de sus miembros. Noticias de los registros de los días 5 y 6 de diciembre de 1939. <<

[63] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. A Lequerica se le concedió por sus servicios colaboracionistas la Gran Cruz del Águila Alemana en enero de 1943, y Pétain le concedió la Legión d’Honneur. <<

[64] M. J. Cava Mesa, op. cit., pp. 184-187. <<

[65] AGA, Alcalá de Henares, AE/5411649, agentes, cit. <<

[66] Josep Benet: El President Companys Afusellat, op. cit., y La mort del President Companys, op. cit., p. 16. <<

[67] José Finat y Escrivá de Remaní nació en 1904. Conde de Mayalde y de Finat, y duque de Pastrana, entre otros títulos nobiliarios. Antiguo diputado de la CEDA, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, director general de Seguridad con el ministro Serrano Suñer. Fue el principal director de la represión franquista contra los republicanos en la inmediata posguerra, tanto en el interior del territorio como en el exterior, Consiguió ser una de las personas más importantes del régimen franquista. Miembro de la Junta Política de FET y de las JONS, embajador en la Alemania nazi, procurador en las Cortes franquistas desde su creación en 1943 hasta 1976, por designación del general Franco. También fue alcalde de Madrid (1952-1965). Amigo íntimo de Urraca y de Serrano Suñer, murió en 1995 sin que nadie pidiese nunca cuentas por sus crímenes. Citado en Benet, op. cit,, p. 158. <<

[68] Ibídem, pp. 162-165. <<

[69] CAC, Fontainebleau, MI, doss. 702614 sur Companys, art. 20000356. Transcripción e interpretación del informe que consta en el expediente de Companys de los archivos del Ministerio del Interior francés. <<

[70] APP, París, D 240, Companys. Dossier de la prefectura de París de informaciones sobre Lluís Companys i Jover. <<

[71] AMAE, Madrid. Europa-Exterior, ref. E-21, Detención de Companys. Documento inédito. <<

[72] Parte de los documentos citados por Benet en su último libro proceden de los fondos de estudio de la presente tesis, recogidos por mí en los numerosos archivos trabajados de París y Madrid. Algunos documentos no están citados y son de primordial importancia. <<

[73] Josep Benet, op. cit., pp. 85-109. <<

[74] CAC, Fontainebleau, MI, 20000356, art. 3, n.º 8 702 614, 1944-45, dossier Companys. Dossier creado después de la liberación y 4 años después de su fusilamiento. <<

[75] CAC, Fontainebleau, cit., dossier 702614 y 790746, art. 36. <<

[76] Casilda Güell: «Companys inèdit: el mite més enllà de l’home», en Cap a una revisió de la guerra civil i la postguerra a Catalunya. Conferencias «Memorial Pare Miquel Batllori», Barcelona, 25 de abril de 2006, pp. 2-4. Casilda Güell, ha presentado una interesante tesis sobre el exilio y prepara un libro sobre los diferentes aspectos humanos y políticos de Companys, algunos de los fondos consultados son también inéditos como el Archivo de la Familia Varela en referencia al sumarísimo y la ejecución de Companys. <<

[77] Generalitat de Catalunya: Consell de guerra i condemna a morí de Lluís Companys, President de la Generalitat de Catalunya (octubre de 1940), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, 214 pp. <<

[78] AGA, Alcalá de Henares, Ministerio de Justicia (MI), Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, expedientes 155 y 1282. Expediente interesante, ya que, a parte de profundizar en aspectos del expresidente Companys, analiza la extensión y repercusión de las leyes de represión política del franquismo y sus consecuencias retroactivas y colaterales. <<

[79] AGA, Alcalá de Henares, MI, ibídem. Acta de rechazo de 26 de diciembre de 1952. <<

[80] Sobre este tema, ver el interesante libro, sobre el Tribunal de Responsabilidades políticas de Francesc Vilanova: Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942), Barcelona, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Biblioteca Abad Oliva, 216, 1999. La sentencia del Tribunal sobre Companys publicada en el BOE, está reproducida también en El President Companys afusellat, op. cit., de Josep Benet, p. 452. <<

[81] AGA, Alcalá de Henares, MI, ibídem, 27 de septiembre de 1956. Informe del secretario de la Audiencia de Barcelona sobre las Responsabilidades políticas de Lluís Companys, 4 páginas. <<

[82] Ibídem. Nota de información sobre María Companys Nícó. También varias notas sobre su hijo Lluís. <<

[83] Tribunal Militar Tercero, Gobierno Militar. Barcelona, Consejos de guerra, Justicia Militar, Procedimiento S. O. 31701, contra Miguel Paronella Furquet, n.º de localizador, 52364. <<

[84] Entrevista a Pierre Paronella, Saint-Girons, julio de 2006. <<

[85] Tribunal Militar Tercero, Gobierno Militar, Barcelona, Procedimiento S. O. 31701, contra Miguel Paronella Furquet, 26 de marzo de 1984. Carta manuscrita de María Paronella al presidente del Tribunal Militar de Figueres. <<

[86] No detallaremos el consejo de guerra que ha podido ser consultado gracias a la apertura gradual de los procedimientos en el Tribunal Militar Tercero. Los expedientes —más de 100 000— están siendo catalogados entre el Arxiu Nacional de Catalunya y el Memorial Democràtic de la Generalitat, con la buena disposición del Gobierno Militar de Barcelona. Todo ello es un buen símbolo de cómo deben tratarse los archivos para el período y de la posibilidad que ello aporta al conocimiento de historias familiares, importantes para la construcción de procesos más generales. <<

[87] Tribunal Militar Tercero, Gobierno Militar, Barcelona, Procedimiento S. O. 31701, contra Miguel Paronella Furquet. Carta Embajada alemana, 1967. <<

[88] Una importante tesis realizada por el historiador Josep Calvet analizará todos esos procesos que, a partir de un sinfín de documentos y fondos inéditos, aportará gran cantidad de datos y un poco más de luz a todos esos aspectos más secretos —y más cínicos— de la historia de la represión franquista. <<

[89] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de España en París, doc. 54/11325. Copia del informe de la policía francesa que envió a la embajada y a los servicios españoles, en un intercambio de información sobre refugiados políticos. Portela Valladares y Álvarez del Vayo. <<

[90] AGA, Alcalá de Henares, AE, doc. 11326. Declaración de Del Vayo, Ramón Cereza. Préfecture de Seine-et-Oise. <<

[91] Ibídem: «Préfectura de Seine-et-Oise. Police d’État. Commissariat de la Circonscription». Déclaration de M. Ramón Cereza, 31 ans, chauffeur au Service de M. Álvarez del Vayo, Villa Casa Marga, Hameau de Bellevue, à Montegeron. <<

[92] AGA, Alcalá de Henares, AE, doc. 11325, doc. Portela Valladares y Álvarez del Vayo. Informe de Portella Valladares al secretario de Estado y ministro de Justicia francés quejándose de la persecución y el expolio recibido. <<

[93] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 356, p. 287, 8 de junio. Cita textual de la conversación entre Nicolau d’Olwer y Luis I. Rodríguez en la legación mexicana en París. <<

[94] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. Informations espagnols suspects. <<

[95] AGA. Alcalá de Henares, AE. Embajadade París, 11326, expediente de Nicolau d’Olwer. En él se encuentran unas cartas muy interesantes cruzadas entre éste e Indalecio Prieto sobre la gestión de fondos y las problemáticas del exilio en Francia. <<

[96] Josep Benet i Morell, op. cit., p. 174. <<

[97] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 361, p. 292. <<

[98] AGA, Alcalá de Henares, AE, Embajada de París, 54/11326. Documentación del Proceso Verbal de Nicolau d’Olwer. <<

[99] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 382. p. 304. <<

[100] APP París, BA, 2024, dossier sobre Indalecio Prieto. Del archivo de los Renseignements Généraux, analiza ampliamente su persona y figura política, especialmente, durante la República. Un expediente completo e interesante. <<

[101] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 390, p. 310. Nota al señor coronel Barroso, agregado militar de España, respecto al asunto Nicolau d’Olwer. <<

[102] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10-97, 11 326, Vichy, 23 de enero de 1941. Caso Nicolau d’Olwer. <<

[103] Ibídem. <<

[104] Rafael Segovia y Fernando Serrano, op. cit., doc. 390, p. 310. <<

[105] APP, París, BA, 2020, sobre Nicolau d’Olwer. <<

[106] AGA, Alcalá de Henares, AE. Documentos conseguidos en el fondo de la Embajada de España en París (AGA) y en la ficha policial de Nicolau d’Olwer; APP, París. Esta documentación, juntamente con los documentos de Luis I. Rodríguez, sobre su misión en Francia, configuran el fondo documental decisivo para dibujar con mucha exactitud el proceso y el periplo del caso de Nicolau d’Olwer. <<

[1] AMAB, París, Vichy-Espagne, vol. 288, Extraditions; y Michel Catata, op. cit., p. 190; Geneviève Dreyfus-Armand, op. cit., p. 93. <<

[2] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 281, p. 67. Note de Chauvin à le Ministre aux Affaires Étrangères. <<

[3] A pesar de constatar la citada lista en diferentes informes, la lista original todavía no ha sido encontrada. <<

[4] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, p. 88, 10 de febrero de 1941. Informe del gobierno de Vichy sobre extradiciones y refugiados españoles. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11288. Embarcos apoyados por el SERE y la Cruz Roja Internacional. En la misma caja hay un artículo titulado «La hora del reparto» realizado por un informador infiltrado que, dirigiéndose a la embajada española e informando sobre el embarco de republicanos, relataba las riquezas de Negrín y la mala gestión en la selección clasista en la emigración hacia México. <<

[6] Denis Peschanski, op. cit., p. 223. <<

[7] Víctor Morales Lezcano: Historia de la no beligerancia española durante la segunda guerra mundial (VI, 1940-X, 1943), Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. 53-63. <<

[8] Henri Michel, op. cit., p. 173. <<

[9] Paul Preston: Franco «Caudillo de España», op. cit., pp. 429-502. <<

[10] The Avalon Project, Documente: The Spanish Government and the Axis, Yale University. <<

[11] Christopher Alisby: Mercenarios de Hitler. Tropas Extranjeras al Servicio del Tercer Reich, Madrid, Libsa, 2006, pp. 67,84 y 85. <<

[12] Michel Catala, op. cit., p. 193. <<

[13] Véase la interesante obra sobre la resistencia comunista en París, de Lise London: L’écheveau du temps, Souvenirs de Résistance, París, Seuil, 1995. Traducida al español como La madeja del tiempo: Memoria de la Resistencia, Madrid, Ediciones del oriente y del mediterráneo, 1998. <<

[14] CAC, Fontainebleau, MI, 01996283, art. 6, Espagne. Dossiers del Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur. Subdossiers: Extraditions avec l’Espagne. <<

[15] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 288, Extraditions. Notas de Lequerica al ministro Darlan. <<

[16] Michel Catala, op. cit., p. 189. <<

[17] Ibídem, p. 190. <<

[18] Ricard Vinyes: El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo, Barcelona, Plaza y Janés, 2004, pp. 45 y 54; y CAC, Fontainebleau, Fonds Moscou, art. 19940500, doss. 2564. Las repatriaciones forzosas las confirman recientes estudios y los testimonios vivos de exiliados, como es el caso de Laia Berenguer y María Salvo, entre otros centenares. <<

[19] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 283, Enfants Espagnols en France. Litigio entre Caridad Martínez Camps y Ricardo Linera —padre adoptivo. <<

[20] Ibídem. <<

[21] AGA, Alcalá de Henares, AE, caja 8, 19 de marzo de 1939. Nota desde Francia de la Agencia de Información Havas. <<

[22] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 286, Repatriés. <<

[23] Ibídem. Comunicado de Quiñones de León a Jordana sobre la postura del ministro Georges Bonnet. <<

[24] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, marzo de 1940. Tres cartas del Prefecto y de la refugiada Andresa Corral sobre el tema de repatriaciones y de la obligación de cierre de los centros de albergue. <<

[25] Ibídem, nota del general Jouart. <<

[26] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 288, p. 47, 24 de febrero de 1941. Informe confidencial sobre repatriaciones e extradiciones de refugiados españoles. <<

[27] AMAE. París, Vichy-Espagne, ibídem, p. 48. <<

[28] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, p. 49. <<

[29] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, p. 50. <<

[30] APP, París, Répertoire numérique des Prisons de París (Fresnes et La Santé), pp. 107-109. <<

[31] APP, París, BA, 2439. <<

[32] APP, París, ibídem. État Numérique de l’actívité de la 3ème Section au cours de la période du 10 au 16 avril. 17 de abril de 1943. Sobre las listas estadísticas de la policía de los SSR (Service Spécial des Recherches), para judíos y extranjeros. También un ejemplo de internados a manos de los alemanes. <<

[33] AMAE, París, ibídem, vol. 289, pp. 102-107, Extradition d’Espagnols. El embajador Piétri a Darlan. <<

[34] Michel Catala, op. cit., p. 172. <<

[35] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 260, p. 45, 20 de febrero de 1941. Nota de la Direction politique du Ministère des Affaires Étrangères. <<

[36] Émile Témine, op. cit., pp. 71-72. <<

[37] Ibídem, p. 10. Nota de Darlan a Piétri. <<

[38] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 286, pp. 7-9, enero de 1941. Carta de Henri Chavin al almirante Darlan sobre los refugiados españoles. <<

[39] Ibídem, p. 11, enero de 1941. Informe del delegado del ministerio del interior francés en zona ocupada. <<

[40] APP, París, BA, 2439. Section Spéciales des Recherches. Diseñada especialmente para judíos y extranjeros. <<

[41] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 286, p. 12. <<

[42] AMAE, París, ibídem. <<

[43] AMAE, París. Vichy-Espagne, cit., vol. 284, p. 211. <<

[44] AMAE, París, Vichy-Espagne, cit., vol. 286, p. 51. <<

[45] Ibídem, pp. 74-75, 7 de noviembre de 1941. La Direction de la Police du Territoire et des Étrangers. Estadística para el almirante Darlan. <<

[46] Ibídem. <<

[47] Carta citada por el testimonio de Ventureta Ballús, «hija de la guerra», en una información solicitada sobre repatriaciones. <<

[48] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. Notas sobre el tipo de medidas a tomar contra los refugiados citados. <<

[49] Ibídem, 17 de marzo de 1941. Nota de la Embajada de España en París —copia—, Vichy. <<

[50] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 4, octubre de 1941. Informe de la Direction Criminelle, 1.er Bureau al Gabinete Civil del Mariscal Pétain. <<

[51] Ibídem. Estado de las extradiciones en fecha de 1955. <<

[52] CAC, Fontainebleau, MI, 19910593, art. 4, junio de 1941. Notas sobre el dossier de extradiciones. <<

[53] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 1, octubre de 1941. Informe de la Direction Criminelle, 1.er Bureau al Gabinete Civil del Mariscal Pétain. <<

[54] Ibídem. <<

[55] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, 31 de octubre de 1941. Cabinet Civil du Maréchal Pétain Chef de l’État, à Monsieur le Garde des Scuaux Ministre, Secretaire d’État à la Justice. <<

[56] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem, abril de 1942. Carta del Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Vichy. <<

[57] Fontainebleau, 19960283, art. 1. <<

[58] CAC, Fontainebleau, MI, 1960283, art. 6. Informe de la delegación francesa en México, del embajador de Francia a México Gilbert Arvengas al Ministro de Asuntos exteriores. <<

[59] CAC, Fontainebleau, MI. ibídem, 12 de febrero de 1941. Nota de la Dirección política del Ministerio de Asuntos Exteriores. <<

[60] Este es otro punto oscuro en la política de apertura y democratización de archivos en nuestro país. Dichos expedientes deben conservar copia en algún organismo oficial, pues, en muchos casos que se ha podido encontrar la demanda española por la vía legal, iba siempre acompañada por una demanda judicial y firmada por juez de las altas instancias fiscales del Estado español. En algún sitio deben encontrarse todos los expedientes de la época o alguna de sus copias. De momento, la Fiscalía del Tribunal Supremo afirma que en su archivo no posee ningún expediente de extradición. <<

[61] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 6, 29 de febrero de 1941. Nota de la dirección política del gobierno de Vichy. <<

[62] AMAE, París, Vichy, Espagne, vol. 281, pp. 67-68. Ver las cartas de Chavin de diciembre de 1940. <<

[63] Ver listados de 1941 referentes a extradiciones solicitadas, Doc. 4. <<

[64] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 1. Artículo 3 de la convención. <<

[65] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 6. Nota de la Dirección Criminal al ministro Darlan. <<

[66] Ibídem. <<

[67] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem, 18 de enero de 1941. Carta de Corviny a Darlan. <<

[68] Ibídem. Las extradiciones a los protectorados franceses del norte de África por el gobierno español a los cónsules de Marruecos y Argelia que fueron tramitadas fueron 16 en total, pues Vichy aplicó las mismas disposiciones de la ley de 1877. La documentación generada, nombres y listas (sobre todo del caso marroquí) se encuentran también dentro del CAC, MI, 19960283. <<

[69] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 6. Reseña de la situación en abril de 1942. <<

[70] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. Informe de Barthélemy a Darlan. <<

[71] Ibídem. Nota de Barthélemy a Pétain. <<

[72] AGA, Alcalá de Henares, AE, cajas 11316 y 11325. <<

[73] AGA, Alcalá de Henares, AE, 11325. Represión y extradiciones a través de los expedientes de Responsabilidades Políticas. <<

[74] CAC, Fontainebleau, MI, 19910594, art. 4, dossier 3148. <<

[75] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. <<

[76] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. Dossier de extradiciones, Joaquín Ascaso Budria. <<

[77] Como he mencionado, en los archivos de dicho tribunal insisten en que no conservan ningún expediente de extradición. <<

[78] CAC, Fontainebleau, MI, 19910594/4, dossier 3316 de Eduardo Castillo. Transcripción de una parte del informe de la Inspección de la Causa General, firmada por el secretario de la Causa General Don Julián Paredes Martínez. <<

[79] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. El presidente del Consejo al ministro de Justicia. Carta del 30 de septiembre de 1954. <<

[80] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem, 9 de junio de 1939. Carta del cónsul Binet al Prefecto de los Pirineos Orientales. <<

[81] Ibídem. Carta del Prefecto al Procurador de Perpignan. <<

[82] CAC, Fontainebleau, MI, dossier 3258. Carta del procurador general de Montpellier al ministro de Justicia enviada el 24 de junio de 1939. <<

[83] CAC, Fontainebleau, MI, 19910594/4, dosier 3316. Carta oficial del juzgado con entrada E 4519752, firmada por el juez Ordis, al ministro de Exteriores. <<

[84] Ibídem. La instrucción del caso, la declaración de los testimonios y la sentencia son documentos provenientes del juzgado de Figueres. Un total de 20 páginas se encuentran en el expediente de Pacareu en los archivos franceses. <<

[85] CAC, Fontainebleau, MI. Última nota del expediente de extradición de Félix Pacareu. <<

[86] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 281, 3 de abril de 1941. Réfugiés politiques. Nota de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Direction de la Police du Territoire el des Étrangers. Vichy. <<

[87] Josep Benet, op. cit., pp. 174-176. <<

[88] Ibídem, pp. 170-179. <<

[89] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 288, 2 de agosto de 1941. Dossiers d’extraditions, Eduardo Ragasol. Nota de argumentos sobre el caso Ragasol, presentada al ministro de Exteriores francés. Vichy. <<

[90] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 288. Dossiers d’extraditiotis. Eduardo Ragasol. Resoluciones de rechazo de extradiciones por los tribunales d’Aix y de Toulouse sobre Mariano Ansó y Julio Just. <<

[91] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem. Dossiers d’extraditions. Eduard Ragasol. Manuscrito de Barthélemy a Pétain. <<

[92] Ibídem. Dossier d’extraditions. Telegramas de Madrid a París, del 12 y 13 de agosto del 41, entre Darlan y Lamarle. <<

[93] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem. Informe de la Section Politique des Affaires Étrangères. <<

[94] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, vol. 288. Dossier d’extraditions. Eduardo Ragasol. Nota de Darlan a Barthélemy. <<

[95] AGA, Alcalá de Henares, AE, 10.97.11316. Extradición Eduardo Ragasol. Nota manuscrita de Chavin. <<

[96] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 3. <<

[97] AGA, Alcalá de Henares, AE, exp. 11316. Carta del 25 de enero de 1943 de Manuel Nogareda. Copia manuscrita. <<

[98] AMAE París. Vichy-Espagne, vol. 281, f. 1, Vichy, 7 de diciembre de 1940. Informe dirigido por la legación de México al Ministre des Affaires Étrangères. <<

[99] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 281, f. 2, Vichy, 16 de noviembre de 1940. Nota de la Inspection Générale des Services de Police Administrative, sobre Largo Caballero. <<

[100] AMAE, París. Vichy-Espagne, ibídem. Extradition Largo Caballero, f. 21, 13 de diciembre de 1941. Nota para la Embajada de España, de la dirección de Contenciosos de Vichy. <<

[101] AMAE, París. Vichy-Espagne, ibídem. Extradition Largo Caballero, ff. 24-26. Carta inédita y firmada que Largo Caballero envió directamente en febrero de 1942 al Mariscal Pétain personalmente, sobre su «acogida» en Francia. Dentro del expediente de Largo Caballero. <<

[102] AMAE, París. Vichy-Espagne, ibídem, f. 30, nota a. s. de M. Largo Caballero, Direction politique Europe, Ministère des Affaires Étrangères. <<

[103] Ibídem. f. 13. Nota de la Embajada norteamericana a la Direction Politique de Vichy, en referencia a los refugiados españoles Largo Caballero, Federica Montseny y Manuel Rodríguez Martínez. <<

[104] Julio Aróstegui: Francisco Largo Caballero en el exilio. La última etapa de un líder obrero, Madrid, Fundación Largo Caballero, 1990. <<

[105] AMAE, París, Vichy-Espagne, vol. 288. Extraditions. Dossier Pablo Puig Gallifa. <<

[106] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, dossier Puig Gallifa, 2 de marzo de 1942. Carta de Darlan a Armand Bérard. <<

[107] Ibídem, nota n.º 376, Le représentant du Ministère des Affaires Étrangères à la Délégation Française auprès de la Commission allemande d’Armistice A Monsieui le Chef du Gouvemement, ministre, secrétaire d’État aux Affaires Étrangères. Vichy. <<

[108] Ibídem, nota n.º 307, para la Direction politique du Ministère des Affaires Étrangères, Vichy, 30 de junio de 1942. <<

[109] AMAE, París, Vichy-Espagne, ibídem, dossier Puig Gallifa, Direction Politique Armistice, nota 9224, del 6 de julio de 1942. <<

[110] AGA, Alcalá de Henares, SGM, caja 14, Carpeta de la delegación Exterior. Contiene incluso algunos informes de Celia Jiménez, delegada territorial en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. <<

[111] CAC, Fontainebleau, MI, 19960283, art. 6, Dossiers Extraditions. <<

[112] CAC, Fontainebleau, MI, ibídem. V reforma de los acuerdos de extradición redactados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección General de Asuntos Consulares en 1949. <<

[1] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM, Servicio Exterior Falange, 17.12, caja 68, 1944, Refugiados Políticos Franceses. <<

[2] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM, ibídem. Cuestionario para los refugiados franceses. <<

[3] Francisco Blanco: «La sucursal en Francia del Servicio Exterior de la F. E. T.», Rastro de la Historia, art. cit. <<

[4] Francisco Blanco, ibídem. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11649. Dossiers de encargados de negocios y personal de la embajada. <<

[6] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM, 17.12, caja 67, 1945. Informe Mario Peña, sobre la retirada de Francia y sus actividades en Bélgica. <<

[7] AGA, Alcalá de Henares, SGM, ibídem. <<

[8] Ibídem. Informe de M. Peña donde él mismo cita los enunciados de la prensa. <<

[9] Francisco Blanco, art. cit., Rastro de la Historia, n.º 9. <<

[10] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, cit, caja 67, Informe de M. Peña. <<

[11] APP, París, GA, 17. Carpeta en la que la policía censa los afiliados de la Falange en Francia. <<

[12] AGA, Alcalá de Henares. AE, 54/11304, carpetas 3247 y 3286. <<

[13] AN, París, F1 A 3346, 20 de abril de 1945. Du préfet Pyrénées Orientales au Commissaire du Roussillon. <<

[14] AN, París, ibídem. <<

[15] APP, París, GA V1, exp. 3411, Federico Velilla Martínez. Según este expediente de la policía francesa, Velilla, fallecido en 1951, terminó sus días olvidado por las autoridades del régimen. No interesaba en la década de los 50 establecer relaciones con elementos tan protagonistas en las acciones de colaboracionismo durante la Guerra Mundial. <<

[16] APP, París, ibídem. <<

[17] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, 51/20886 y 52/09, sobre servicio Falange. <<

[18] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, 51/20886, cajas 70 y 71. <<

[19] APP, París, GA C15, 7 de junio de 1946, Barthélemy Calderont-Font. Información policial de «recherche» contra Calderón. <<

[20] APP, París, ibídem. <<

[21] APP, París, GA S4, Carlos Saavedra. Expediente policial. <<

[22] Ibídem. <<

[23] APP, París, ibídem. Nota e informes dentro de su expediente. <<

[24] Ibídem. <<

[25] Blázquez nació el 10 de agosto de 1910 en Cartagena. <<

[26] APP, París, GA V1, 3411, Informe realizado el 11 de diciembre de 1947. Nota de información exhaustiva sobre Velilla realizada por la Direction des Renseignements Généraux titulada: «Tous renseignements sur le nommé Velilla Martínez, Federico, né le 30-03-1900 à Torrijos de la Cañada —Espagne». <<

[27] Algunas referencias de esas cuentas se encuentran en cartas que a través de la valija diplomática se mandaban desde París a Madrid, y que están en el fondo de la embajada en el AGA. Uno de los que tuvo cuentas en Suiza fue el Conde de Mayalde, director general de Seguridad. <<

[28] APP, París, GA V1, exp. 281555. Gallachi nació en Berna el 4 de noviembre de 1900 y era conocido también por los informadores de los Renseignements Généraux. <<

[29] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, 51/20949. <<

[30] AGA, Alcalá de Henares, Gobernación, SGM, 51/20949. <<

[31] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11620. <<

[32] AGA, Alcalá de Henares, SGM, servicio exterior de falange, 17.12, cajas 67, 68 y 69. He podido reunir unas 600 copias de los informes de Urraca procedentes de dicho fondo, con interesantísimas informaciones de todo tipo provenientes de Francia. <<

[33] APP, París, GA V1, exp. 281555, carta de 9 de octubre de 1951. <<

[34] AMAE, Madrid, Boletín de Información Diplomática (BID), n.º 1263, 26 de mayo de 1950, New York Journal American, del 14 de febrero de 1945. <<

[35] Para refugiados nazis, ver la obra de Javier Rodrigo: Cautivos. Campos de Concentración en la España franquista, 1936-1947, op. cit., pp. 277-290. <<

[36] Las listas de refugiados, con el cambio de nombre e identidad, se encuentran en unos legajos secretos del AMAE de Madrid, pendientes de desclasificación para los investigadores de este importante episodio histórico. <<

[37] La Ruta de las Ratas, bautizada así por Simón Wiessental, fue la operación Odessa de Frederich Forsyth, cuando desde España o Génova muchos nazis fueron acogidos por Argentina y algún otro país latinoamericano. Asociación Española de Marina Civil. <<

[38] AN, París, F1 A 3345. <<

[39] MAE, Madrid, Boletín de Información diplomática n.º 1263. Citado en el periódico The Nation, del 17 de febrero de 1945. <<

[40] AMAE, Madrid, BID, ibídem. <<

[41] AMAE, Madrid, BID, ibídem. <<

[42] Enrique Moradiellos: Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (1936-1945), Barcelona, Península, 2005, p. 418. <<

[43] Enrique Moradiellos, op. cit., p. 419. <<

[44] Ibídem, p. 420. <<

[45] AMAE. Madrid, BID, ibídem. <<

[46] Enrique Moradiellos, op. cit., p. 439. <<

[47] Ibídem. p. 443. <<

[48] Javier Rubio, op. cit., p. 610. <<

[49] Véase Jordi Guixé: L’Europa de Franco, op. cit., pp. 4-13. <<

[50] Véase Paul Preston: Franco, Caudillo de España, op. cit., pp. 429-502. <<

[51] Carlton Hayes: «How we deal with Spain», Harper’s Magazine, diciembre de 1944. Copia en el AMAE, Madrid. Oficina de Información diplomática (OID). <<

[52] AMAE, Madrid, OID, Documentos secretos, 1944. <<

[53] AMAE, Madrid, BID, 1263. <<

[54] AMAE, Madrid, BID, ibídem. <<

[55] AMAE, Madrid, BID, ibídem. <<

[56] AMAE, Madrid, BID, 1264. <<

[57] AMAE, Madrid, Serie Europa, Francia, R-3107, exp. 4. <<

[58] Jesús Palacios: Las cartas de Franco. La correspondencia desconocida que marcó el destino de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, pp. 219-223, carta firmada por Franco el 18 de octubre de 1944. <<

[59] M. J. Cava Mesa, op. cit., p. 207. <<

[60] Anne Dulphy: La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955. Entre idéologie et réalisme, París, Direction des Archives du Ministère des Affaires Étrangères, 2002, p. 5. <<

[61] Michel Catala, op. cit., p. 326. <<

[62] M. J. Cava Mesa, op. cit., p. 227. <<

[63] Ibídem, foto en la p. 225. <<

[64] Ibídem, p. 328. <<

[65] Ibídem. p. 329. <<

[66] AMAE, Madrid, Francia, R 4780, exp. 33, 1946, París, enero de 1946. Reseña de la actitud francesa respecto España. <<

[67] AHGM, Madrid, Instituto de Historia Militar. Cajas 6235-6252; Fondo especial de González de Mendoza. En este fondo se puede analizar su interesante carrera militar y diplomática. Militar de matices intelectuales, escribió y teorizó ampliamente sobre la gestión diplomática y muchos otros problemas del régimen; además de ocupar agregadurías militares muy importantes en fechas decisivas de la historia. <<

[68] Ibídem. <<

[69] Biblioteca y Archivo del Castillo de Peralada (BAP): Fondo Miguel Mateu Pla. Correspondencia Personal y Reservada. Y La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955. Entre idéologie et réalisme. Anne Dulphy: La politique de la France, op. cit., de Anne Dulphy, p. 10. <<

[70] Anne Dulphy, op. cit., p. 11. <<

[71] Ibídem, p. 9. <<

[72] Ibídem, p. 12. <<

[73] BAP. Perelada, Fondo Miguel Mateu Pla. Correspondencia Personal y Reservada. Carta Particular n.º 14, de Sangroniz a Lequerica, 30 de diciembre de 1944. <<

[74] Ibídem, Carta de Sangroniz a Lequerica, 1 de enero de 1945. <<

[75] Ibídem, Carta de Mateu a Lequerica, 22 de enero de 1945. <<

[76] Dolores Villar Basanta: L’Hôpital Varsovie, 1944-1950, op. cit., p. 25. <<

[77] Ibídem, p. 26 y Archives Departamentales de l’Haute Garonne, Toulouse (ADHG, Toulouse), 2692W175, 5 de julio y 9 de abril de 1945, donde se citan unas cartas de Bertaux al Ministère de l’Intérieur, ciertamente muy interesantes del fondo Réfugiés Espagnols. <<

[78] Dolores Villar Basanta, op. cit., p. 26. <<

[79] AGA, Alcalá de Henares, SGM, Servicio Exterior Falange, 17.12, caja 67, 26 de octubre de 1945. Declaraciones de Serrano Suñer a través de la entrevista de Charles Favrel para France-Press. <<

[80] Ibídem, 28 y 29 de octubre 1945. Entrevista de Favrel tocando a su fin y tratando cuestiones internacionales y de colaboracionismo con el Eje. <<

[81] AGA, Alcalá de Henares, SGM, ibídem, caja 67. Citas textuales de las palabras de Serrano Suñer que marcaban la dirección de la política franquista. <<

[82] Ibídem. <<

[83] CAC, Fontainebleau, MI, 19800271, art. 109, Dossier Administrad ve de Juan Negrín 1940-1950. Interesante expediente del MI francés sobre la trayectoria de Negrín en Francia. Según el expediente, Negrín, cuando volvió a Francia desde Inglaterra, lo hizo con un millón de francos, y la policía se extrañó. A partir de ahí todos sus desplazamientos fueron seguidos e investigados, el viaje a Estados Unidos, etc. En París, también según la policía, se le localiza con gran cantidad de divisas. Presumen que va a América a buscarlas y las cambia en Francia. En todo caso, es un expediente interesante para un estudio monográfico sobre éste. <<

[84] AN, París, F1 A 3346. <<

[85] BAP, Fondo Miguel Mateu Pla. Carta de Lequerica a Mateu. <<

[86] Ibídem. De Lequerica a Mateu, del 2 de febrero de 1945. <<

[87] BAP, Fondo Miguel Mateu Pla, ibídem. Carta de Lequerica a Mateu del 15 de febrero de 1945. <<

[88] BAP, Fondo Miguel Mateu Pla, ibídem. <<

[89] BAP, Fondo Miguel Mateu Pla, ibídem. Carta personal y reservada número 9, de Mateu a Lequerica, del 24 de febrero. <<

[90] Ibídem. <<

[91] BAP, Fondo Miguel Mateu Pla, ibídem. Nota de Lequerica a Mateu del 18 de marzo de 1945. <<

[92] AMAE, Madrid, Francia, R 2698, exp. 1. Informaciones del Encargado de Negocios del Ministerio de Asuntos Exteriores español, el marqués de Zahara, enviadas a la sede del Ministerio en Madrid. <<

[93] AMAE, Madrid, Francia, R 3114, 25-26, 8 de junio de 1946. Embajada de España en París. Carta de Mateu al Ministerio. <<

[94] Anne Dulphy, op. cit., p. 25. <<

[95] BAP, Fondo Miquel Mateu. Informes políticos de Miguel Mateu, enviados al Palacio de Santa Cruz. <<

[96] Anne Dulphy, op. cit., p. 26. <<

[97] AGA, Alcalá de Henares, AE, Servicio Exterior, 17.12, caja 67. <<

[98] Pierre Paronella, que desde los 6 arios todavía tiene la condición de refugiado a pesar de luchar en el ejército francés y ejercer de profesor funcionario en Sarnt-Girons, entrevista a Pierre Paronella, niño del exilio. Saint-Girons, verano de 2006. <<

[99] Javier Rubio, op. cit., p. 656. <<

[100] Anne Dulphy, op. cit., pp. 121-122 y 134. <<

[101] Ibídem, p. 121. <<

[102] Pedro Martínez Litio: Introducción a las relaciones hispano-francesas 1944-1950, Madrid, Fundación Juan March, 1984, p. 34. <<

[103] Ibídem. <<

[104] Anne Dulphy, op. cit., p. 340. <<

[105] AHGM, Madrid, González de Mendoza, caja 22077, carpeta 1, agregaduría militar de París. Informes varios. <<

[106] Pelletier nació en 1898 en Saint-Brieux, en zona de la Bretaña. Entró en la carrera prefectoral el 1915, ocupando diversos cargos importantes hasta ser nombrado prefecto en Toulouse. Era oficial de la Legión de Honor, cruz de guerra el 1914-1918 y 1939-1945, medalla de la resistencia y caballero del Imperio Británico y del Orden de Leopoldo. Bastante conservador y profundamente anticomunista. <<

[107] AGA, Alcalá de Henares, AE, Dirección General de Política Exterior. Europa, 54/11294. Informe del cónsul español en Toulouse Luis de Viñals al Ministro de Exteriores. Dirección General de Política Exterior. Europa. <<

[108] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11294. Informe de la Dirección General de Política Exterior. Firmado por el cónsul Viñals. <<

[109] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/1288. Informe de Aguirre de Cárcer a Martín Artajo en Madrid. <<

[110] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11295, Plan Marshall, 1948-1951. Cifras de ayuda norteamericana e informaciones sobre la colaboración económica con España. <<

[111] AMAE, Madrid, Francia, ibídem. Informe diplomático económico de Aguirre de Cárcer. <<

[112] AMAE, Madrid, Francia, ibídem. Transcripción de la entrevista realizada por los servicios de la Embajada española en París y que fue enviada al ministro Artajo. <<

[113] Ibídem. <<

[114] AMAE, París, Série Europe 1944-1970. Espagne. Doss. 133. <<

[115] Anne Dulphy, op. cit., p. 380. <<

[116] AMAE, Madrid, Francia, R 3114. Circulares interministeriales entre Aguirre de Cárcer y Martín Artajo. <<

[117] Anne Dulphy, op. cit., 330. <<

[118] Ibídem, p. 355. <<

[119] AMAE, París, Papiers du Cabinet du Ministre Schuman. <<

[120] AMAE, Madrid, Francia, R 3114. Cartas de Aguirre de Cárcer a Martín Artajo. <<

[121] AGA, Alcalá de Henares, AE 11288. Listado de asuntos pendientes enviado por la delegación española a Roben Schuman. Véase el listado completo de «temas pendientes» a partir de 1947. <<

[1] Anne Dulphy, op. cit., p. 430. <<

[2] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576. Informe sobre el PCE en Francia. También en Anne Dulphy, op. cit., p. 431. <<

[3] Anne Dulphy, op. cit., pp. 434-435. <<

[4] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6. Politique des Républicains espagnois en France. <<

[5] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6. <<

[6] Geneviève Dreyfus-Armand: L’exil des républicains espagnols en Franee, París, Albin Michel, 1999, pp. 15-17. <<

[7] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6. <<

[8] Rubén Doll Petit: Els catalans de Génova. Història de l’éxode i l’adhesió d’una classes dirigent en temps de guerra, Barcelona, Publicación de l’Abadía de Montserrat, 2003. <<

[9] Geneviève Dreyfus-Armand, op. cit., p. 33. <<

[10] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6. <<

[11] Geneviève Dreyfus-Armand: L’exil des républicains…, op. cit., p. 250. <<

[12] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM, caja 67. Carta de dimisión de Vicente Uribe a Rodolfo Llopis, 2 hojas, París, 5 de agosto de 1947. La carta es una copia recogida por la Secretaría de Información Exterior de Falange. <<

[13] Jordi Guixé Coromines: «Catalans a Corea: les propostes militars d’un exiliat d’esquerres», L’Avenç, n.º 245. 2000. <<

[14] G. Dreyffus-Annand: L’exil des républicains…, op. cit., pp. 222 y 304. <<

[15] APP, París, GA J6, Julio Just Gimeno. Entrevista con su hijo (Barcelona, mayo de 2003) Julio Just Pellicer. La vida de Just fue muy intensa y un buen ejemplo en sí misma de las vicisitudes del exilio, fue detenido, deportado, perseguido e internado. Participó en casi todos los gobiernos de la República en el exilio. Su biografía sería una pieza clave para el estudio del exilio. <<

[16] Mémorial du Camp de Concentration du Vernet d’Ariège —Musée Municipal et Cimetière—. Véase también Daniel Díaz Esculles: Entre filferrades: un aspecte de l’emigració republicana deis Paisos Catalans (1939-1945), Barcelona, La Magrana, 1993. Y Geneviève Dreyfus-Armand y Émile Temine. Les camps sur la plage, un exil espagnol, París, Autrement, 1995. <<

[17] Josep Benet: Exili i mort del president Companys…, op. cit. <<

[18] Daniel Díaz Esculies: El catalanisme polític a l’exili (1939-1959), Barcelona, La Magrana, 1991. Y también Francesc Vilanova i Vila-Abadal: Als dos costats de la Frontera. Relacions polítiques entre exili exterior i interior a la postguerra, 1939-1948, Barcelona, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 2001. <<

[19] Robert Surroca i Tallaferro: Premsa catalana de l’exili i l’emigració (1861-1976), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004, pp. 165-166. <<

[20] Francesc Vilanova i Vila-Abadal: Als dos costats de la Frontera. Relacions polítiques entre exili i interior a la postguerra, 1939-1948, op. cit. <<

[21] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6. <<

[22] Robert Surroca, op. cit., p. 156. <<

[23] Wilebaldo Solano: «De la lutte contre le fascisme à la céntrale d’Eysses», en Jornet (coord.): Républicains espagnols en Midi-Pyrénées. Exil, histoire et mémoire, Toulouse, Presses Universitires du Mirail, 2005. Véase los libros de Pelai Pagès sobre Andreu Nin y el trotskismo en Catalunya (Andreu Nin: su evolución política 1911-1937) (1975) y El movimiento trotskista en España (1978). <<

[24] Miquel Caminal: Joan Comorera, Barcelona, Empúries, 1984-1985. Y también. Carme Cebrián: Estimat PSUC, Barcelona. Empúries, 1997. <<

[25] CAC, Fontainebleau, MI, A. 130211, amplio dossier policial A. 130211, dossier Santiago Carrillo: 800 páginas de información sobre la biografía de Carrillo, de su clandestinidad, de su expulsión de Francia, hasta la legalización del PCE en España. <<

[26] Robert Surroca, op. cit., p. 263. <<

[27] Francesc Vilanova i Vila-Abadal, op. cit. Estas luchas entre interior y exterior del exilio político catalán están muy bien reflejadas en esta monografía. <<

[28] CAC, Fontainebleau, MI, 471103 y A. 648984 sobre Lise London, con gran cantidad de notas también sobre Arthur London. En sus dos expedientes se habla ampliamente de la participación en la resistencia y de los episodios de lucha política durante la ocupación en París. Con ella había españoles y comunistas conocidos de su etapa en España. También hay documentación de los Renseignements Généraux sobre su detención, los hechos de la rue Daguerre y su deportación e internamiento. Una muestra más de la importancia de los documentos del MI francés. <<

[29] Para tener una visión muy enriquecedora de lo que fue la persecución comunista por parte de los nazis, recomiendo muy especialmente el libro autobiográfico de Lise London: L’échevean du temps. Sauvenirs de Résistance, op. cit. Trad. La madeja del tiempo: Memoria de la Resistencia, op. cit. <<

[30] Phryne Pigenet: «La longue parenthèse…», art. cit., pp. 2 y 3. <<

[31] Testimonios de Miguel Ángel Sanz y de Vicente López Tovar en David Wingeate Pike: Jours de gloire, jours de honte, le PCE en France (1939-1950), op. cit., pp. 52-60. <<

[32] Alberto Fernández: Españoles en la resistencia, Madrid, Zero, 1973. <<

[33] Entrevista a Sebastià Piera y Phryne Pigenet, art. cit., p. 6. <<

[34] Phryne Pigenet, art. cit., p. 12. <<

[35] AM, París, F/7/15589, Le problème espagnol. <<

[36] David W. Pike, op. cit., p. 36. <<

[37] Las acciones diplomáticas de este grupo con los occidentales y la ONU están documentadas en los AMAE, París, Série Europe 1944-1970. Espagne, 1939-1960. <<

[38] APP, París, BA, 2366, Libération. Fondo sobre la Libération de París y sus alrededores. Cabe señalar la participación de españoles en la liberación del campo de concentración de Saint-Denis al norte de París. <<

[39] CAC, Fontainebleau, 880312/4, Renseignements Généraux, informes. Convention franco-espagnole. <<

[40] Ibídem. <<

[41] APP, París, BA, 2371, Étrangers Internés. Españoles internados por ser tratados de comunistas en campos de concentración y en centros de reclusión. En la zona ocupada, muchos comunistas eran conducidos al Hôtel Matignon y después internados en el campo de Gourelles. <<

[42] ADHG, Toulouse, 1303W8. Documentación del campo de Noé y expedientes personales. <<

[43] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11294. Consulado en Toulouse, 1947-1951. <<

[44] AN, París, F/7/15589, Le problème espagnol. <<

[45] ADHG, Toulouse, 2692W175. <<

[46] ADHG, 2692W175, Réfugiés Espagnols. <<

[47] AN, París, F/7/15589, Le problème espagnol. <<

[48] AN, París, fondo F/7. Información de la policía de los Renseignements Généraux. <<

[49] AN, París, F/7/15589. <<

[50] AGA, Alcalá de Henares, Presidencia, SGM, caja 68, carpeta 1944. Datos sobre la UNE y la información sobre ella generada por la Embajada española en París. Congreso y mítines de noviembre de 1944 en Toulouse. <<

[51] José Antonio González Alcantud: «El enigma del secreto: Espionaje Político», Historia, Antropología y Fuentes Orales, n.º 34, 2005, p. 11. <<

[52] Manuel Ros Agudo y Morten Heiberg, op. cit., pp. 251-253. <<

[53] José Antonio González Alcantud, op. cit., pp. 20 y 21. <<

[54] Entrevista con Santiago Carrillo, líder del PCE, ya consolidado en 1944. Madrid, septiembre de 2001. <<

[55] APCE, Madrid, carpeta 31. <<

[56] Entrevista a Santiago Carrillo. Por cierto, Carrillo afirmó que el gobierno checo nunca les devolvió el dinero. <<

[57] CAC, Fontainebleau, MI A 130211. Expediente sobre Santiago Carrillo Solares de más de 800 páginas, sobre su figura política y su papel en el PCE en Francia hasta los años 70. Estos fondos policiales permiten estudiar el panorama de control exhaustivo sobre ciertos dirigentes aún considerándose clandestinos. <<

[58] Gregorio López Raimundo: Primera clandestinidad y segunda clandestinidad, Barcelona, Empúries, 1993 y 1995. <<

[59] Las teorías y los textos del dirigente Fernando Claudín explicaban muy bien todos los cambios internos del partido. Véase La crisis del movimiento comunista. De la Komintern al Kominform, prefacio de Jorge Semprún, París, Ruedo Ibérico, 1970, 680 pp. <<

[60] Entrevista con Enric Puigcerver, Barcelona, mayo de 2001. Entre éstos, Enric Puigserver fue el responsable de un grupo numeroso. <<

[61] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576. <<

[62] Jordi Guixé, op. cit., p. 56. <<

[63] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576. Organización militar del PCE, Renseignements Généraux. <<

[64] Ibídem. <<

[65] Jordi Guisé, op. cit., pp. 132-138. <<

[66] CAC, Fontainebleau, MI 19890576. Organización militar del PCE; más detalles en Santiago Carrillo, Memorias, op. cit., y Jordi Guixé, op. cit., pp. 47-83. <<

[67] CAC, Fontainebleau, MI 19890576, y Jordi Guixé, op. cit., p. 128. <<

[68] CAC. Fontainebleau, MI 19820599, art. 44. Resumen de un expediente policial que trata «les difficultés de Santiago Carrillo», sobre las líneas del partido y las estrategias directivas de Santiago Carrillo, incluso sobre análisis como los equilibrios internacionales de poder —Rusia con Checoslovaquia, Italia y Francia. <<

[69] Violeta Marcos Álvarez, art. cit., p. 151; en Alicia Alted y Lucienne Domergue (coord.): El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999, op. cit. <<

[70] Sobre el llamado «caso Comorera», es indispensable la obra de Miquel Caminal: Joan Comorera, Barcelona, Empúries, 1984-1985, 3 vols. También recogida de textos y opiniones sobre la su figura en VV. AA.: Joan Comorera, Un home clau en la política catalana (Cerrera, 1894-Burgos, 1958), Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997. <<

[71] AGA. Alcalá de Henares, Gobernación 17/12, caja 67. Sobre el partido comunista, las divisiones internas, incluso la carta de dimisión de Vicente Uribe. <<

[72] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, Exiliados españoles. <<

[73] Arxiu Municipal de Barcelona, Casa de l’Ardiaca (AMB), Barcelona, Reserva Hemeroteca, fondo especial. R1950 4, LXI, Butlletí del PSU de Catalunya. El boletín del PSU de Catalunya fue un símbolo de persistencia en la lucha de Comorera para mantener su ideal político. Numerosos artículos justificaban el error del PCE expulsándolo. <<

[74] ADHG, Toulouse, 2042W292. Informe sobre la creación en Toulouse del nuevo partido de Comorera con unos 79 miembros, y la redacción de su boletín. <<

[75] Entrevistas con Román, Pámies y Concepció Montané, varias fechas. <<

[76] CAC, Fontainebleau, MI 19890576. <<

[77] APCE, Cuaderno Cultura, n.º 6, enero de 1951. Manifiesto del PC sobre Españoles y Opinión democrática mundial. <<

[78] Conchita Montané apoyaba, con la cesión de su piso en Barcelona y con el tráfico de armas, a la resistencia en Barcelona y en Madrid. Todas las armas provenían de Francia (entrevista con la citada). <<

[79] Entrevistas con José Chinchilla y con Modest Duran, Sr. Girons y Belvianes, verano de 2006. <<

[80] Entrevistas con Enríe Puigcerver, Josep Pámies, Sebastiá Piera i Josep Serradell (Román), en las que todos corroboran la versión. <<

[81] Jordi Guixé: L’Europa de Franco, op. cit., pp. 145-149. <<

[82] Hardion ocupó la plaza de embajador francés en Madrid el año 1951, recompensado por sus gestiones con los agentes franquistas en París. <<

[83] AMAE, París, Série Enrope 1944-1970. Espagne, carta confidencial del embajador de España en París, del 27 de marzo de 1950, «personal y confidencial». <<

[84] AMAE, París, Série Europe 1944-1970. Espagne, carta de Aguirre de Cárcer a Robert Schuman, del 27 de marzo de 1950, «personal y confidencial». <<

[85] AMAE, París, ibídem. Documentos encontrados sobre el contacto policial entre Francia y España (entre muchos otros comunicados). Nota confidencial del 1 de mayo del Sr. Coiffard, ministro plenipotenciario encargado del Consulado General de Francia en Barcelona, al Sr. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores. <<

[86] AMAE, París, ibídem. Cita textual de la nota enviada por Hardion al ministro Schuman. <<

[87] CAC, Fontainebleau, MI, A. 43820. También existe un breve expediente con fotografía y breves notas sobre Pedro Polo Borreguero en estos archivos. <<

[88] CAC, Fontainebleau, MI, 20000356, art. 3, Vidal Directeur des Renseignements Généraux. <<

[89] AMAE, París, Cabinet Schuman, Direction Europe. Carta de Coiffard al Ministro Schuman del 1 de mayo de 1950. <<

[90] AMAE, Madrid, Francia, R 3117, 10 de mayo de 1950. Nota personal y reservada del Embajador de España en París a D. José Sebastián de Erice. <<

[91] APCE, Madrid, carpeta 31, octubre de 1950. Declaración del CC del PCE sobre la violenta represión del gobierno francés contra la emigración Republicana. <<

[92] Georgette Elgey: La France de la IVª République, la République des illusions (1945-1951). París, Fayard, 1993, y Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République. L’ardeur et la nécessité 1944-1952, París, Seuil, 1980. La Cuarta República francesa, que duró del 6 de julio de 1944 hasta el 6 de marzo de 1952, fue «la república de las ilusiones frustradas». A pesar de la ilusión democrática y de reconstrucción nacional, Francia vivió la República de más crisis políticas, y hubo cambios de gobierno constantes, en muchos casos consecutivos; problemas económicos, sociales, estraperlo, etc. <<

[93] ADHG, Toulouse, 2042W292. <<

[94] ADHG, Toulouse, 2042W291. <<

[95] ADHG, Toulouse, 2040W229. Informe de 31 páginas. <<

[96] ADHG, Toulouse, 2042W291. <<

[97] APP, París, BA, 2157. Expedientes sobre la organización del PCE en Francia y, sobre todo, de la dirección de tos Renseignements Généraux de París. Una caja con documentación sobre la vigilancia efectiva a miembros y filiales comunistas se cuentan desde 1927 a 1947 y después hasta 1969. En este fondo policial se encuentran variados documentos sobre publicaciones clandestinas y, especialmente, notas sobre la represión contra los comunistas desde 1944 hasta 1971. Pasando por la represión de la guerra, la organización de postguerra, la operación Boléro, e informaciones también de la. UGT y la CGT. Realmente imprescindible para el estudio del PCE en el exilio. <<

[98] ADHG, Toulouse, 2692W140, clandestina. Informe de Renseignements Généraux, del 2 de diciembre de 1948. <<

[99] Éstos eran José Estevez Coll —José Coll—, Pedro Marcas Bilbao —Pedro Bilbao— (ambos capitanes de la marina mercante española republicana); José Vallabriga Abizando —José Abizando— (capitán de milicia durante la Guerra Civil); Antonio Castreo de la Torre —Antonio de la Torre—, y Onofre García Tirador —Onofre Tirador. <<

[100] CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 5. Un interesante fondo sobre el movimiento libertario español en Francia. Persecuciones en Francia contra anarquistas y su evolución desde los años 40 hasta más allá de los 50. En el mismo fondo, se encuentra un diario manuscrito del coronel García Vivancos sobre su experiencia en el exilio y la postguerra, es un original manuscrito que convendría recuperar y transcribir. <<

[101] Preámbulo de la Constitución del 27 de octubre de 1946, citado en Anne Dulphy, op. cit., p. 386. <<

[102] Ibídem, p. 389. <<

[103] Archivo del Partido Comunista Español (APCE), Madrid, caja 92, carpeta 35/1. Informe del CC sobre medidas represivas del gobierno francés contra el PCE. <<

[104] Ibídem, p. 249. <<

[105] ADHG, Toulouse, 2693W140. Informes de 1952 y también otro de 1958. Muy interesante para ver la evolución en los años 50 de la colonia española, estadística y políticamente. <<

[106] ADHG, Toulouse, 2042W/291, cit. <<

[107] ADHG, Toulouse, 2042W/291, Control de «españoles indeseables». <<

[108] Santiango Carrillo: Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 390. En un párrafo de las memorias de Santiago Carrillo, donde afirma que después del replegamiento de las fuerzas que operaron en la invasión de la Vall d’Aran «la agrupación guerrillera fue transformándose en una gran empresa comercial, dedicada al corte de leña y a la repoblación forestal», sin dar más explicaciones y sin decir el nombre, efectivamente se refiere a la empresa Fernández Valledor y Cia. <<

[109] Entrevista con José Chinchilla, St. Girons, verano de 2006. <<

[110] AMAE, París, Série Europe, Espagne 44-49, 6 de febrero de 1950. Carta del prefecto de Toulouse al ministro del Interior (Jules Moch), y a la Dirección General de la Sûreté National. <<

[111] AN, París, F/7/15589. Informe sobre la actividad militar de los comunistas españoles en Francia. <<

[112] David W. Pike. op. cit. Émile Pelletier ha sido un personaje duro pero importante en la vida política de Francia. Entró en funciones el 22 de junio de 1947, restó en el cargo de prefecto y de inspector general de la V Región militar hasta 1955. En 1958, el general De Gaulle le nombró ministro del Interior. En sus memorias (Traversée d’une époque, Toulouse, 1974), cita como su mayor colaborador y encargado de asuntos españoles, Jean Sermet, gran hispanista que trabajaba para la Prefectura. Ni Pelletier ni Sermet dudaron nunca en utilizar la fuerza policial en los conflictos prefectorales. <<

[113] Este cargo fue creado por Jules Moch en febrero de 1948. Se estableció en cada una de las 9 regiones militares francesas y representaba un refuerzo para sus fuerzas del orden. Devenían altos funcionarios civiles con muchos poderes regionales (casi totales), llamándose «super-prefectos». <<

[114] AMAE, París, Série Europe, Espagne 44-49, 6 de febrero de 1950. Carta del prefecto de Toulouse al ministro del Interior (Jules Moch), y a la Dirección General de la Sûreté National. <<

[115] Santiago Carrillo: Memorias, op. cit. <<

[116] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576. Información de la Dirección General de la Sûreté National. <<

[117] AN, París, F/7/15589. Informe sobre la actividad militar de los comunistas españoles en Francia. <<

[118] Carta del prefecto de Toulouse al ministro del Interior (Jules Moch), y a la Dirección General de la Sûreté National, AMAE, París, 6 de febrero de 1950. <<

[119] AMAE, París, Série Europe, Espagne 44-49. El prefecto de la Alta Garona al ministro del Interior y Madrid. <<

[120] Informe sobre la organización comunista en Francia, CARAN, F/7/715589. Corroborada por Josep Serradell, alias Román, en entrevista personal. «Muchos guerrilleros venían a hacer noche en las cabañas o altillos de la empresa, para descansar, y tomar fuerzas y recibir alguna orden… ya que los que hacían de guerrilleros no trabajaban… Después de cada misión se tenía que organizar las pequeñas brigadas y lógicamente, asignarles el dinero suficiente». Mataró, marzo de 1999. <<

[121] Informe sobre la organización comunista en Francia, CARAN, F/7/15589. <<

[122] AN, París F/7/15589. Informaciones de los Renseignements Généraux. <<

[123] Ibídem. <<

[124] Imprescindible: Álvar Martínez (coord.): L’Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc (1944-1950), Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 2010. Primer libro colectivo de referencia sobre el Hospital Varsovia, en él los trabajos de diferentes autores nos acercan a la historia médica y política del hospital a parte de aportar una edición digital de todos los números de la revista Anales del Hospital Varsovia, una película inédita realizada por los grupos de ayuda norteamericanos y una aproximación más extensa sobre el hospital de Jordi Guixé: Solidaritat (humana) i resistencia (política) sota control policial: l’Hospital Varsòvia en el marc de la Guerra Freda (1944-1950). <<

[125] Janine Garipuy: Thèse doctorale d’Étaten Médecine: L’Hôpital Joseph Ducuing et son projet: Histoire, réalité et image d’aujourd hui, Toulouse, Université Paul Sabatier-Toulouse III, 1987, p. 4. <<

[126] Alicia Alted Vigil: «La ayuda asistencial española y franco-española a los refugiados», en Alicia Alted y Lucienne Domergue (coords.): El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999, op. cit., p. 76. Otros artículos monográficos sobre el centro sanitario, como la citada tesis doctoral de J. Garipuy y los trabajos de Vilar-Basanta, David W. Pike, Guixé y Álvar Martínez amplían las informaciones citadas y nos acercan a la visión definitiva que se quiere dar del Hospital Varsovia. <<

[127] Dolores Villar Basanta, op. cit., pp. 33 y 34. <<

[128] Janine Garipuy, op. cit., p. 9. <<

[129] Ibídem, p. 9. <<

[130] Ibídem, p. 10, doc. 2. Algunas estadísticas de pacientes que reflejan la importancia de la publicación de los Anales del Hospital Varsovia para poder seguir sus actividades. Algunas páginas del primer número. <<

[131] CAC, Fontainebleau, MI 19890158. Información sobre organizaciones comunistas. <<

[132] APP, París, GA U3, Unitarian Service Committee. <<

[133] Dolores Villar Basanta, op. cit., pp. 35 y 36. Harvard University Libraries. También poseen numerosas universidades y una influencia en la misma Harvard de Boston, donde se encuentran sus archivos, en los que figuran muchos inventarios sobre exilio republicano en Francia. <<

[134] Richard Basset: El enigma del almirante Canaris. Historia del jefe de los espías de Hitler, Barcelona, Crítica, 2006, p. 89. También existe la coincidencia de que la esposa de Roosevelt fuera socia protectora de la JARC. <<

[135] Dolores Villar Basanta, op. cit., pp. 38-39. <<

[136] Marie-France Toinet: 1947-1957, La chasse aux Sorcières. Le Maccarthysme, Bruselas, Éditions Complexe, 1995, pp. 67 y 159. Toinet cita que una de las preguntas del HUAC en sus interrogatorios era si habían leído a Howard Fast. <<

[137] Dolores Villar Basanta, op. cit., pp. 39-40, conjetura que comparto plenamente. <<

[138] Ibídem, p. 56. <<

[139] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576, art. 3. Asuntos de la OIR, su desaparición en 1951 y las estrategias y pactos de Robert Schuman con la OFPRA, Office Française de Protection des Réfugiés et Apartides. Única asociación que llegó con vida y actividad a los años 70. Su lema principal era: «Refugiado es toda aquella persona que cree que es perseguida en su país de origen por motivos políticos, raciales o religiosos». <<

[140] Ibídem. Rapport du 21 novembre 1947. Renseignements Généraux —Brigade G. <<

[141] APP, París, GA U3, Unitarian Service Comité y Hospital Varsovia. <<

[142] Janine Garipuy, op. cit., p. 13. <<

[143] Ibídem, p. 18, sobre la donación del aparato de rayos X y la situación de los organismos colaboradores y protectores del Hospital Varsovia. <<

[144] Ibídem, p. 20. <<

[145] Francesc Roca i Rossell: ICTINEO, Diccionari de les ciències de la societat als Paisos Catalans (s. XVIII-XX), Barcelona, Edicions 62, 1979. <<

[146] David W. Pike, op. cit., p. 178. <<

[147] David W. Pike, op. cit., pp. 173-180 y Dolores Villar Basanta, op. cit., p. 50. <<

[148] Dolores Villar Basanta, op. cit., p. 51. <<

[149] Janine Garipuy, op. cit., pp. 21-22. Copia del texto de Paul Éluard. <<

[150] AMAE, París, Série Enrope, Espagne, 189, marzo de 1950. Carta de Pelletier al ministro del Interior y al director general de la Sûreté Nationale. <<

[151] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576, Informe sobre organizaciones comunistas. Informe de Pelletier, 7 de febrero de 1950. <<

[152] Janine Garipuy, op. cit., p. 30. <<

[153] Ibídem, pp. 30-31, orden ministerial emitida por Queille. <<

[1] Entrevista con Margarita Abril y Josep Serradell (Román), abril de 2001. <<

[2] Entrevista a Concepción Montané Escales, Barcelona, abril de 2005. Fotos y un artículo de 1980 que guarda la entrevistada en su casa lo confirman, fotos y la carta de convocatoria al acto de homenaje. Acto que fue masivo y muy emotivo con el factor añadido que el entonces alcalde democrático había sido testigo de los cadáveres expuestos en el cementerio en 1950. <<

[3] Revista especial de l’Amical de Guerrillers Espanyols —sección catalana— en homenaje a Miquel Montané y Joan Platé, 24 de mayo de 1986. Sección de la asociación original en Francia: Amicale des anciens Guerrileros Espagnols en France (FFI) AAGE. <<

[4] Discurso de Lluís Martí Bielsa, en el acto-homenaje, documento cedido por Conxita Muntané. <<

[5] AGA, Alcalá de Henares, AE, 54/11294. Notas sobre el consulado de Toulouse, donde se analiza desde la óptica franquista las informaciones que tenían sobre el caso. <<

[6] Es una pregunta que constantemente he realizado en entrevistas con José Chinchilla, Sebastià Piera, Modest Durant, Josep Serradell y otros refugiados, en diferentes fechas y se advierte que es un tema gris dentro del mundo y la memoria del exilio comunista. <<

[7] Teoría compartida por Romi Montavé, investigadora del asesinato de su tía. <<

[8] Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Sant Cugat del Vallès, Barcelona, fondo PSUC, 14 de enero de 1995. Carta de Sebastià Piera a Germinal Ros. <<

[9] Entrevista a Josep Serradell, alias Román, llena de contradicciones, que afirmó desconocer a Redempció Querol y después afirmó haber estado en su misma casa refugiado en Toulouse. También testimonio de Sebastià Piera. <<

[10] Testimonio de Román (Josep Serradell), secretario de organización del PSUC en el exilio y hasta la transición. En la entrevista realizada confirmó que en aquella época de clandestinidad, se generaban escasos documentos políticos. Todas las órdenes de acción y directrices estaban en la cabeza de los responsables. <<

[11] Testimonio de Sebastià Piera y Trinidad Revoltó sobre las directrices políticas de la Pasionaria. Recordemos que eran muy conocidos de ella, y fue ella precisamente quien les dio el visto bueno para poder casarse. <<

[12] Entrevista con Concepción Montané, cit. <<

[13] Testimonio de Sebastià Piera. <<

[14] Entrevista con Sebastià Piera y Trinitat Revoltó. También citado en el libro de Ricard Vinyes: El soldat de Pandora. Una biografía del segle XX, op. cit. <<

[15] El testimonio de Miguel Calvo fue transmitido personalmente, durante los años compartidos de deportación, a Sebastià Piera. Es pues su directa versión de los hechos la que se ha presentado. <<

[16] AMAE, París, Cabinet du Ministre Schuman 1948-1953. Nota del 14 de junio de 1951, donde se informa del golpe contra el «problema español» y las medidas que aplicaron en 1950 los servicios franceses implicados. <<

[17] Entrevista cit. a Concepción Montané. <<

[18] Arrêté Ministériel de agosto de 1950. <<

[19] CAC, Fontainebleau, MI, 19890576, art. 3. Fondo sobre el PCE y su ilegalización —Opération Boléro. <<

[20] AMAE, París, série Europe, Espagne, vol. 133. <<

[21] ADHG, Toulouse, 2692W174, organizaciones republicanas en Francia. <<

[22] AMAE, París, Ambassade de la République Française en Uruguay, Communistes espagnols en France. Hay indicios de que en la confección de listas colaboraron los servicios franquistas. En este sentido se ha encontrado, incluso, que la embajada francesa de Montevideo (el embajador Albert Ledoux), en el Uruguay, pasaba listas de comunistas españolas peligrosos actuando en Francia al gobierno francés. Desde el mes de junio del 50 hasta el mes de septiembre se incluyeron en la lista un total de 130 nombres, proporcionados por un informador de Ledoux en la Casa de España, sede del PCE en Montevideo. <<

[23] ADHG, Toulouse, 5681W5. Opération Boléro-Paprika. <<

[24] ADHG, Toulouse, ibídem, citado en el capítulo exhaustivo dedicado a la Operación Boléro, en Jordi Guixé, op. cit., pp. 155-185. <<

[25] Así lo reiteran en las entrevistas sobre su experiencia personal los testimonios tanto de Puigcerver como de Fiera. <<

[26] Phryné Pigenet: L’opération «Boléro-Paprika, ou la protection des étrangers à l’épreuve de la Guerre Froide», Revue d’Histoire Contemporaine (París), 1998. <<

[27] ADHG, Toulouse, 5681W5, Boléro-Paprika. <<

[28] ADHG, Toulouse, 5681W5. <<

[29] ADHG, Toulouse, ibídem. Informes de la policía de los Renseignements Géliéraux. <<

[30] CAC, Fontainebleau, MI, A 309048, Sebastià Piera, 1951-1971. Expediente completo sobre la citada operación Nevada —que trataré al final del trabajo— con muchas notas de los Renseignements Généraux sobre su persona y las medidas aplicadas dentro de la operación de detención y acusación de espionaje. <<

[31] Entrevistas recogidas con todos ellos en diferentes fases. <<

[32] AN, París, F/7/16114. État Récapitulatif Opération Boléro-Paprika, 9 de septiembre, 11 h. <<

[33] Carta del Ministro al prefecto de Córcega y al prefecto de Argelia. <<

[34] Nota del ministro del Interior Henri Queuille a los jefes prefectorales del territorio francés, CARAN, F/7/16114. <<

[35] CARAN, F/7/16114, el presidente de la Liga de Derechos del Hombre. <<

[36] G. Elgey: Histoire de la IV République, La République des Illusions (1945-1951), París, Fayard, 1993. <<

[37] Jean-Pierre Rioux: La France de la Quarrième République. 1. L’ardeur et la necessité, 1944-1952, París, SeuíL 1980. <<

[38] Opération Boléro-Paprika, CARAN, F/7/11614. <<

[39] CARAN, F/7/16114, informaciones del Directeur de la Réglementation, M. Pagès, al Ministro. CARAN, F/7/16114. <<

[40] CARAN, F/7/16114, transcripción de un fragmento del debate y del enfrentamiento entre los diputados, ciertamente interesante. <<

[41] CARAN, F/7/16114, nota del ministro sobre su intervención en l’Assamblée Nationale. <<

[42] CARAN, F/7/16114, carta con las firmas originales del grupo de ciudadanos mejicanos que envían esta reclamación. CARAN, F/7/16114. <<

[43] CARAN, F/7/16114, cartas Queuille-Bandesvant, Queuille, el 26 de mayo de 1951. <<

[44] CARAN, F/7/16114, cartas Sicart de Plauzoles-Queuille, diciembre-abril del 51. CARAN, F/7/16114. <<

[45] CARAN, F/7/16114, carpeta de Intervenciones. <<

[46] Ibídem. Nota del Ministro sobre su intervención en l’Assemblée Nationale. <<

[47] AMAE, Madrid, Francia, ibídem. Carta con las firmas originales del grupo de ciudadanos mejicanos que envían esta reclamación. <<

[48] Carta del prefecto Drevron al Cónsul de Italia en Ajaccio, porqué en el artículo también se critica a los italianos, Al final de la carta afirma que está dispuesto a abrir un expediente al diario la Corse Nouvelle. <<

[49] Ce Soir, 26, 27 y 28 de noviembre de 1950. <<

[50] Recopilación de prensa de los diarios Ce Soir, L’Humanité, La Corsé Nouvelle, La Marseillaise, Les Lettres Françaises… <<

[51] Le Monde, 7 de noviembre de 1950 y 1 de diciembre de 1950. <<

[52] Le Fígaro, 19, 26 y 27 de noviembre de 1950. <<

[53] CEHI, Barcelona. Treball, Mundo Obrero y Lluita, números del 1 de octubre de 1950 y 12 de diciembre de 1950. <<

[54] Arxiu Històric Municipal de Barcelona (AHMB), Hemeroteca, diversa prensa española, septiembre-octubre 1950. <<

[55] Ricard Vinyes, op. cit., p. 184. <<

[56] Domènec Ribes: rue Traversière. Una història de la Resistencia Antifranquista a França, Barcelona, Llibres de l’Index, 2006, pp. 21-22. <<

[57] CARAN, F/7/16114, informe confidencial del Prefecto de Córcega y Argelia al Ministro. <<

[58] CARAN, París, F/7/16114. <<

[59] AMAE, París, Serie Europe, Ministro Schuman. Y también CARAN, F/7/16114. <<

[60] Entrevista con Enríe Puigcerver. <<

[61] ADHO, Toulouse, 5681W6, Opéración Boléro-Paprika, Estado de la operación en septiembre de 1951. <<

[62] ADHG, Toulouse, 5681W5. <<

[63] CARAN, F/7/16114, informe del prefecto Devron al ministro del Interior el 12 de diciembre de 1950. <<

[64] Ce Soir, 27 de noviembre de 1950. El tema se alargó una semana, en los artículos también aparecen fotografías de los españoles deportados. <<

[65] AMAE, París, Direction Amèrique, carta del embajador de Francia en Méjico al ministro de Asuntos Extranjeros. Méjico, 6 de noviembre de 1950. <<

[66] CARAN, F/7/16114, resumen del informe de la asistente social del Service Social d’Aide aux Emigrants, organismo integrado dentro de la Organización de Ayuda de los Inmigrantes. <<

[67] Entrevista a Trinitat Revoltó, mayo de 2001. <<

[68] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64. Dossiers de la Police administrative, n.º A. 309048, Sébastien Piera, 1951-1971, Proceso verbal n.º 1001/4 y 1001/3. <<

[69] ADHG, Toulouse, 2042W292, notas sobre vigilancia contra comunistas. Listas y principales «cabecillas». <<

[70] Ricard Vinyes, op. cit., p. 183. <<

[71] Entrevista a Sebastià Piera y Trinitat Revoltó, Barcelona, noviembre 2001 y Ajaccio, mayo de 2002. <<

[72] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64. <<

[73] Ricard Vinyes, op. cit., p. 186. <<

[74] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64. Note Direction de la Surveillance du Territoire, París, 7 de enero de 1952. <<

[75] Ibídem, Arrêté d’Assignation à Résidence. <<

[76] Ibídem. Comportement des étrangers expulsés et astreints à résidence, Ajaccio, 10 de marzo de 1952. <<

[77] Ibídem. Office du Haut Commissaire pour les Réfugiés, julio de 1954. <<

[78] CAC, Fontaincbleau, MI, 2001/64, ibídem, 11 de julio de 1954. Respuesta de Pelletier al Comisionado de las Naciones Unidas. <<

[79] Para un detalle biográfico más profundo, me remito al libro de Ricard Vinyes, El soldat de Pandora, op. cit., y a una reseña biográfica sobre Trinitat Revoltó realizada a partir de documentación del Arxiu Nacional de Catalunya y entrevistas personales (Joidi Guixé: Trinitat Revoltó: Una dona, una lluita, Barcelona, 1999, inédito). <<

[80] Jordi Guixé: Trinitat Revoltó: Una dona, una lluita, cit., p. 20. <<

[81] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64, ibídem. Carta manuscrita de Piera del 13 de mayo de 1961 firmada por él y por su esposa Trinitat Revoltó, donde adjunta la copia de la carta manuscrita y las diferentes posiciones primero del prefecto de Córcega y la nota interna secreta de la DST, negándole el indulto el 19 de julio de 1961. <<

[82] Ibídem. Carta de Sebastià Piera, 21 de febrero de 1963. <<

[83] Ibídem, abril de 1963. Carta del prefecto de Córcega a Interior y a la Direction Générale de la Sûreté Nationale. <<

[84] CAC, Fontainebleau, MI, 2001/64, ibídem. Note de Renseignements. Police Nationale, 7 de abril de 1971. <<

[85] Entrevista a Sebastià Piera y Trinitat Revoltó. <<

[86] ANC, fons del PSUC, Sebastià Piera. Carta original manuscrita. También, Jordi Guixé, art. cit., pp. 23-24. Trinitat, con una salud muy debilitada, sigue viviendo en Ajaccio y con sus palabras resume acertadamente su espíritu y el espíritu de tantos otros exiliados y su lucha por ideales, democracia y paz. <<