En este libro el autor aborda en sus principales episodios la rápida trayectoria de la Primera República Española. Este periodo de la Historia de España duró menos de dos años, tuvo cuatro presidentes y una vida tan breve como intensa, llena de incidentes, disturbios e inestabilidad. La visión estrecha, partidista y personalista impidió que cuajara un régimen que la revolución de 1868 había presentado como posible.

Francisco Martí Gilabert

La Primera República Española 1873-1874

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Titivillus 07.01.2024

Francisco Martí Gilabert, 2007

Editor digital: Titivillus

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PRÓLOGO

PRÓLOGO

La revolución de 1868 destronó a Isabel II de Borbón, y con ella se acababa un capítulo largo de la Historia de España: la monarquía, que se pensaba que no volvería más.

Posteriormente se trataba de volver a la estabilidad, con una nueva forma de Gobierno, aunque los republicanos estaban en minoría: «Yo he creído siempre que la revolución de Septiembre, llevaba en su seno la República, como la semilla la raíz de la planta, como la planta el fruto», decía Castelar.

Con todo, el clima que se respiraba era monárquico; no había republicanos, pese a la impopularidad de la reina destronada. Cuando se votó en las Cortes la Monarquía en España, se trató de buscar un monarca para el trono español. «Entonces —escribe Aunós— se produjo uno de los episodios más lamentables de la Historia de España. Los españoles salieron por esos mundos a mendigar un rey, y el mundo se negaba a dárselo: tal era el miedo que las continuas convulsiones internas del país infundían a todas las cancillerías y cortes extranjeras. Apenas se sacaba a relucir con timidez una candidatura, y enseguida, las potencias interesadas en que no triunfase comenzaban a moverse e intrigar contra ella».

Entre los muchos candidatos a la corona española figuraba Antonio de Orleáns, duque de Montpensier (casado con la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina destronada), al que defendían algunos generales. Pero Prim, que gozaba de mucha popularidad, había proclamado en las Cortes que «la restauración de don Alfonso (de Borbón), ¡jamás, jamás, jamás!». Los Borbones estaban, pues, completamente descartados.

En vista de lo cual pensó el general Prim en una familia real que por sus características liberales gozara de las simpatías revolucionarias españolas. Así vino a reinar, en el segundo intento de la propuesta, Amadeo de Saboya, aunque su reinado fuera efímero: del 3 de noviembre de 1870 al 11 de febrero de 1873.

Para aprovechar democráticamente el momento, que se estimaba único, Prim manifestó al conde Keratry —llegado especialmente de Francia para convencer al general de un régimen republicano—, que en su opinión, España era esencialmente monárquica, y los principales republicanos «son mis amigos, pero viven de ilusiones. Son generales sin soldados». Por eso se buscaba desesperadamente un rey. En efecto, en las elecciones para reunir unas cortes republicanas constituyentes, solamente votarían el 39%.

El reinado de D. Amadeo fue muy accidentado. Desde la violenta muerte de Prim —su valedor—, le hicieron el vacío en Madrid unos y otros —especialmente los nobles—, sufrió atentados, la prensa lo humillaba, tuvo que disolver el cuerpo de artillería… hasta que, cansado de tantos problemas, presentó irrevocablemente la renuncia y se volvió a Italia.

A la caída de don Amadeo fue proclamado el nuevo régimen: la República —que era el régimen que faltaba experimentar—. El Parlamento votó la República por 256 votos contra 32, pasando a ser ministros republicanos muchos que lo habían sido en la monarquía saboyana. La República era un poder muy débil, impotente ante el desorden y la anarquía, al que las ambiciones personales alejaban de toda fortaleza necesaria y estabilidad.

Cronológicamente, la Primera República es uno de los períodos más cortos de la historia de España, pues no duró más que 11 meses, y tuvo cuatro Presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Fue un período breve pero con gran intensidad y trascendencia, de continuos sobresaltos, y volvió con la Restauración a la monarquía borbónica.

Acerca de la pintura de la República, disponemos de la pluma de Pérez Galdós, pues, como dice Jover Zamora:

«Encontramos un intento de honesta aproximación histórica a la realidad de aquellos hechos, poniendo a contribución del empeño no pocas lecturas y, sobre todo, un conjunto de fuentes orales y testimonios vivos que confieren al relato galdosiano, todavía hoy, caracteres de fuente histórica no desechada por los historiadores profesionales. Encontramos una fina sensibilidad histórica y estética para captar, y para expresar, el aliento épico vivo en la esforzada defensa de la plaza (Cartagena)».

Había mucha demagogia en el nuevo régimen, de la que se lamentaba frecuentemente Castelar: «La demagogia era la perdición de la democracia (…) el país espera actos y no discursos». Cierto es que el régimen parlamentario favorecía mucho la elocuencia. A Castelar, por ejemplo, se le llamó el nuevo Demóstenes, tal era la brillantez de su palabra, que entusiasmaba a unos y otros. Sin embargo, para gobernar todo eran problemas, a todos los gobernantes se le señalaban sus deficiencias, y la visión pequeña, partidista de su actuación explica el rápido desfile de presidentes.

La Primera República fue uno de los períodos más agitados y turbulentos que registra la Historia hispana, ya que puede decirse que «ni un solo día España respiró tranquila: el erario esquilmado; el Ejército, en completa indisciplina; perdido ante el extranjero el prestigio nacional; la anarquía enseñoreándose en gran número de ciudades, ensangrentándolas con crímenes horrendos, la unidad de España conquistada a través de la Historia tras de enormes sacrificios, próxima a perderse por los brotes cantonales». Así, con esos tonos negros, pinta el conde de Romanones el panorama republicano.

Por eso en los días de la Primera República se acuñó una frase peyorativa para el nuevo régimen que ha hecho fortuna: «aquello parecía una República». La práctica señalaba, así, a lugares y situaciones donde imperaba el desorden o el libertinaje: la anarquía. La calificación ciertamente era injusta, pero nacía de la experiencia tenida en 1873 o en 1931.

Ciertamente, «la República como forma de gobierno no se adapta, es inadecuada para España» —dice el citado Conde—. Y añade que «en otros países (la República) tiene hondas raíces y a su sombra se desarrolla la vida del Estado con normalidad (…). La República exige un clima social y racial adecuado que no existe en España». Por su parte, Carmen Llorca expresa razones que no tienen mucha entidad, pero sí responde a un hecho: «la monarquía tiene una vistosidad que se alía bien con la imaginación popular, creadora de mitos multicolores».

En un gráfico sobre la evolución del voto republicano se advierte que en 1873 reviste el voto más abundante para caer vertiginosamente en 1874.

Los demócratas tuvieron una reunión en el circo Price el 11 de octubre de 1868 —un mes después de la Revolución— y acordaron, con un voto en contra, que la República federal era la forma de gobierno que adoptaba la democracia, sin embargo, no resultó el federalismo.

Comellas, al estudiar este agitado período que va del destronamiento a la restauración pasando por la república, todo en el plazo de seis años, dice que podría dársele el título de «período de los ensayos», pues no hay forma de gobierno que no se ensayara.

En este libro nos hemos propuesto ver la rápida trayectoria de la Primera República española de 1873 a 1874. La visión estrecha, partidista, personalista… impidió que cuajara en el país un régimen que la revolución de 1868 había presentado como posible.

I. DE AMADEO DE SABOYA A LA REPÚBLICA

I. DE AMADEO DE SABOYA A LA REPÚBLICA

1. Amadeo de Saboya

La escuadra anclada en la bahía de Cádiz, dirigida por el almirante Topete, pero pilotada por los generales Serrano y Prim, en septiembre de 1868 se sublevó contra la monarquía encamada en Isabel II.

Los muchos descontentos con el gobierno de la reina destronada los divide Comellas en tres grupos: «los unionistas, monárquicos y partidarios de la síntesis entre libertad y orden», «los progresistas, defensores de la soberanía popular y la milicia nacional: eran, de momento, capaces de movilizar más simpatizantes. Se mostraban partidarios de la monarquía, pero estaban decididos a acabar con los Borbones» y «los demócratas, en su mayoría republicanos; intelectuales y teorizantes, eran pocos en número, pero algunos de ellos se habían hecho demagogos, y confiaban alcanzar en un futuro próximo la simpatía popular».

Estos grupos habían firmado en 1866 la convención de Ostende, y se comprometían a derribar el régimen de Isabel II, convocar Cortes Extraordinarias y que esas Cortes determinaran la naturaleza del nuevo régimen.

En la batalla de Alcolea entre las tropas sublevadas y las gubernamentales, vencieron los sublevados, e Isabel II, sin renunciar a la corona, se marchó desterrada a Francia.

En la Constitución de 1869 se decía que el régimen del Estado sería la monarquía, y que la persona del rey sería elegida por las Cortes. De momento, España era una monarquía, pero no tenía rey. Las Cortes, tras apasionados debates, aprobaron, por 214 votos contra 55, el artículo 33, que declaraba que la forma de gobierno sería la monarquía.

La elección de un rey no parecía fácil ni inmediata; por lo pronto, el 15 de junio de 1869, se instauró una regencia presidida por el general Serrano, que cedió la presidencia del gobierno al general Prim. Éste, hábilmente dio entrada al gobierno a los demócratas monárquicos.

En España había ambiente de república federal y proliferaron los pactos que suponían aprobar normas políticas.

El 15 de julio se suspendieron las Cortes y dejaron a Prim dueño de la situación. Al reanudarse las sesiones, y suspendida la supresión de garantías, solicitada por Prim, se produjo un retraimiento de los republicanos.

Con la dimisión de Martos y Zorrilla y la ascensión de Rivero y Topete, las fuerzas de Prim eran numerosas y su poder extraordinario.

Descartada Isabel II, había que buscar un rey. Entre los candidatos que se barajaron figuraban: el duque de Montpensier, el príncipe Alfonso de Borbón, Fernando de Coburgo, el duque de Aosta, Leopoldo de Hohenzollern, Baldomero Espartero. Hasta se pensó en las cortes escandinavas, pero inútilmente. Hay que reconocer que nadie quería ser rey de España.

Después de muchas gestiones, por fin aceptó (tras una primera negativa) ser rey Amadeo de Saboya, por voluntad de Prim, que era el primer ministro. Amadeo era el segundo hijo varón de Víctor Manuel II de Italia. En las Cortes de 3 de noviembre de 1870, Prim presentó oficialmente su candidatura; votada el 16 de noviembre, de 311 diputados. 191 votaron a Amadeo, 27 a Montpensier, 8 a Espartero, 63 a la República, 1 a la infanta María Luisa, 2 al príncipe Alfonso, y 19 papeletas en blanco. Embarcado don Amadeo, se enteró de la muerte violenta de Prim, su valedor, pero no se volvió atrás.

El 2 de enero de 1871 el nuevo rey entraba a caballo en Madrid. Fue en primer lugar a la basílica de Atocha para orar ante el cadáver de Prim, y después al Congreso a prestar el juramento de rigor; al palacio de Buenavista a darle el pésame a la viuda de Prim, y al palacio de Oriente, donde se cantó el Te Deum. Se instauraba con él una nueva dinastía extranjera. Fernández Almagro dice que aparte de sus cualidades o limitaciones, «la falta de Prim privaba al trono de la mano experta que, por haberlo levantado, era la más indicada para mantenerlo y afirmarlo».

2. Impopularidad

Amadeo I no cayó bien a los españoles; era extranjero, parecía un rey intruso, un rey prefabricado; era además hijo del carcelero del Papa, que estaba excomulgado. La opinión pública le acogió con indiferencia.

El día de la apertura de Cortes, se dio cuenta el rey de que los balcones de las casas aristocráticas estaban sin colgaduras. Querían significar el desagrado absoluto hacia el nuevo monarca. Se negaron a presentarse como cuerpo a don Amadeo. El clero se opuso al rey impuesto.

En cuanto a los militares, pudo comprobar el monarca que al publicarse la Real Orden de 24 de enero de 1871, la clase militar debería prestar juramento de obediencia y fidelidad a don Amadeo. Se aplicaron las penalidades previstas a los generales, jefes y oficiales que se negaron a prestar el indicado juramento.

Como hemos visto, la aristocracia se opuso a la dinastía. Cuando el rey pasaba por las calles, la nobleza cerraba las puertas y ventanas de sus casas. Una tarde las señoras acudieron en sus carruajes a la Fuente Castellana ataviadas con mantillas y peineta; y muchas lucían la flor emblemática de lis, para humillar a los reyes.

Después comprobó el monarca que en el pueblo no provocaba entusiasmo alguno. Los políticos se disputaban la lugartenencia de Prim. No podía apoyarse en nadie.

Las Cortes, parecía que no tenían otro fin que herir la susceptibilidad del rey y desprestigio de su dinastía.

El propio Castelar, republicano de siempre, humilló fuertemente a los Saboyas en el discurso de 20 de abril de 1871:

«Esta nación, cuya gloria no cabe en los espacios, cuyo genio tuvo, como Dios, fuerza creadora para lanzar un nuevo mundo, una nueva tierra en la soledad del océano; esta nación que cuando iba en carro veía tras de sí a los reyes de Francia, a los emperadores de Alemania seguir humildes sus estandartes; esta nación de la cual eran alabarderos, maceros, y nada más que maceros, los pobres, los oscuros, los hambrientos duques de Saboya, los fundadores de la dinastía (…)[1]».

A pesar de los esfuerzos de don Amadeo y su esposa —María Victoria del Pozo—[2], no lograban hacerse populares. El Rey paseaba a pie, sin escolta; trato sencillo con sus ministros, haciéndoles preguntas, y contrastaba sus opiniones; asistía a las corridas de toros, aunque no le gustaban; presidía la procesión del Corpus… Desde un principio, «fue blanco de sátiras y burlas en conversaciones, periódicos y revistas teatrales, si no se prefería darle un trato de glacial indiferencia». Se estrenó una revista bufa: Macarroni I.

Comellas tiene en cuenta las difíciles circunstancias en que le tocó reinar, y nos dice que «era un hombre sencillo, bien intencionado y sinceramente demócrata. Vino a España convencido —y éste sí que fue un error suyo— de que era rey por la voluntad del pueblo, y prometió desde el primer momento no oponerse jamás a esa voluntad».

3. Abdicación de don Amadeo

El Rey pensó apoyarse en los mayores partidos estableciendo un turno de sucesión entre los constitucionales de Sagasta y los radicales de Zorrilla. Pero la idea no prosperó, ya que Zorrilla no quiso reconocer al otro partido los mismos derechos que defendía para el suyo. El Rey se apoyaba exclusivamente en un partido, el antiguo progresista, el partido radical de Prim, sin su caudillo. El descontento y enemistad entre zorrillistas y sagastinos presagiaba un desenlace fatal que no tardaría en presentarse.

Amadeo de Saboya estaba cada vez más solo. El turno que había pensado fue un fracaso. Los reyes sufrieron un atentado en la calle del Arenal, aunque salieron ilesos. Los asesinos eran republicanos. Un hecho decisivo para la renuncia de don Amadeo fue la cuestión de los artilleros, que el 7 de febrero, un diputado republicano suscitó.

Se nombró para la Capitanía general de las Provincias Vascongadas a Baltasar Hidalgo de Quintana, a quien atribuían los del Cuerpo de Artillería cierta responsabilidad en el asesinato de varios artilleros que perpetraron los sargentos del cuartel de San Gil en 1866. En contra de las Ordenanzas, los jefes y oficiales no hicieron su presentación de guarnición en Vitoria al general Hidalgo de Quintana con el pretexto de estar todos enfermos. Tuvo que renunciar al cargo, pues el ministro de la Guerra le negó la autorización para llevar a los supuestos enfermos al castillo de la Mota, en San Sebastián. El presidente del Gobierno, Ruiz Zorrilla, le confirió un cargo en Cataluña. En Barcelona se reprodujo el plante, y aún se agravó. Los jefes y oficiales de artillería pidieron en masa el retiro. El Rey no estaba dispuesto a admitirles la renuncia, mientras los Ministros sostenían que era preciso admitirla y reorganizar el Cuerpo. Era un callejón sin salida: Si firmaba el decreto se ponía en contra de los militares, si se negaba a ello se ponía en contra de los políticos. Cuando el Gobierno le presentó el decreto de disolución del Cuerpo de Artillería, don Amadeo lo firmó, pero anunció al presidente su firme decisión de abdicar, dando al Gobierno un plazo de cuarenta y ocho horas para tomar las decisiones oportunas [3].

Temiendo Zorrilla que el rey se negara a firmar la disolución del cuerpo de artillería, planteó la cuestión en el Congreso, obteniendo de los diputados el voto favorable para la reforma del arma. Cuando al día siguiente, escuchó Amadeo lo ocurrido, suspendió la sesión. Quedó sólo Zorrilla. Amadeo se quejó del proceder del gobierno al procurar y obtener la votación de la Cámara que coaccionaba la voluntad real. Zorrilla ofreció su dimisión si no firmaba el decreto, y Amadeo:

«No será usted sólo quien dimita. También yo me marcho. Mañana le entregaré el Mensaje a las Cortes, abdicando la corona[4]».

Cuando el Consejo de ministros se reunió el día 10 para deliberar, la noticia estaba ya en la calle. Ruiz Zorrilla quiso impedir que el Parlamento se reuniera, a lo que Rivera se opuso. Los ministros se presentaron al Congreso, a los que Figueras interpeló. El Parlamento, constituido en sesión permanente, esperaba los acontecimientos.

Seguramente el conflicto fue estimulado, y quizá dirigido, con el propósito político para llegar a la abdicación de don Amadeo y proclamarse la República.

Rivera, presidente del Congreso, fue el autor de una intriga, junto con Figueras. Advirtió que la suerte de don Amadeo estaba a punto de ser juzgada, y que si el Gobierno era sustituido por otro de franca reacción autoritaria, la República se alejaría indefinidamente. Había que aprovecharse del disentimiento entre Ruiz Zorrilla —partidario de la autoridad del Gobierno— y don Amadeo, que como militar se inclinaba a los artilleros. Rivera se concertó con primates de las dos Cámaras, y con ocasión del debate parlamentario, la Cámara otorgó su confianza al Gobierno. Con lo que se pusieron frente a frente el Gobierno de Ruiz Zorrilla y el Rey [5].

Figueras —el futuro presidente de la República-en su discurso al Congreso, calificó de «menguados, antipatriotas, imbéciles», a los republicanos si no obraban con rapidez.

El 10 de febrero de 1873 Zorrilla y Martos recogieron el acta de abdicación de don Amadeo y su renuncia a la corona de España, en un mensaje al Congreso.

El 11 de febrero de 1873, se leyó el mensaje del Rey abdicando la Corona de España y se acordó deliberar juntamente con el Senado. El mensaje decía así:

«Dos años largos que ciño la Corona de España, y España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien prometió observarla [6]».

Se acordó aceptar la renuncia de don Amadeo, y se le envió una contestación a nombre de las Cortes, muy laudatoria, redactada por Castelar, «como puente de plata tendido al enemigo»:

«Bien puede V. M. decir en el silencio de su retiro, en el seno de su hermosa patria, en el hogar de su familia, que si algún humano fuese capaz de atajar el curso incontrastable de los acontecimientos, V. M. con su educación constitucional, con su respeto al derecho constituido, los hubiera completa y absolutamente atajado. Las Cortes, penetradas de tal verdad, hubieran hecho, a estar en sus manos, los mayores sacrificios para conseguir que V. M. desistiera de su resolución y retirase su renuncia. Pero el conocimiento que tienen del inquebrantable carácter de V. M., la justicia que hacen a la madurez de sus ideas y a la perseverancia de sus propósitos, impiden a las Cortes rogar a V. M. que vuelva sobre su acuerdo y las deciden a notificarle que han asumido en sí el Poder supremo y la soberanía de la Nación (…)[7]».

Al día siguiente, de madrugada salieron, los ya duques de Aosta, hacia Lisboa, donde les esperaba la familia real, ya que la reina, María Pía, era hermana de don Amadeo. Fueron despedidos «con descortesía manifiesta y aun con cierta hostilidad». Les despidieron un reducido número de amigos y cortesanos fieles.

Su reinado fue efímero, ya que había durado tan sólo dos años y dos meses.

4. Proclamación de la República

Prim tenía mucho ascendiente en España, por eso se le animaba para que aprovechara la ocasión y estableciera la República, convirtiéndose en su presidente.

En octubre de 1870 —tres años antes de la abdicación de don Amadeo— el gobierno francés envió a Madrid al conde de Keratry para concertar una ayuda militar. En la entrevista con Prim le había dicho el francés:

«Creedme: ha llegado la hora de que toméis la iniciativa y conservéis la gloria de un movimiento liberal del que ya no podríais ser el dueño ni el regulador de aquí a tres semanas (…) Poneos valerosamente a la cabeza del movimiento; sed el Presidente de una República basada sobre la unión ibérica, fundada en el consentimiento de dos pueblos…; declaraos Presidente de la República y os prometo, debidamente autorizado, el apoyo del Directorio republicano y del Gobierno francés[8]».

La respuesta de Prim fue ésta: «mientras yo viva no habrá República en España». Realmente resultaba difícil establecer la República en un país donde no había republicanos.

El 11 de febrero de 1873 José María Rivero —presidente del Congreso y de larvado republicanismo—, hizo esta propuesta:

«La renuncia de don Amadeo de Saboya a la Corona de España devuelve a las Cortes españolas la integridad de la soberanía y de la autoridad. Yo diría que este suceso es grave, si ante la majestad de las Cortes hubiera nada grave y nada difícil; pero como quiera que el Congreso de los Diputados no constituye solamente las Cortes, sino que además, está el Senado, tengo el honor de proponer al Congreso que le dirija un mensaje, que ya está redactado, para que unidos ambos Cuerpos colegisladores y representando la soberanía nacional, acuerden lo conveniente acerca de este documento y acerca del ejercicio de su autoridad[9]».

Con esto, Rivero liquidaba el reinado de don Amadeo, e inauguraba la República, aunque por táctica se presentó como monárquico.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. A pesar de que la Constitución prohibía que el Congreso y el Senado deliberasen juntos. Que se facultase al Consejo de ministros para gobernar en ausencia del rey. No se tendría en cuenta que la reforma de la Constitución no podía permitir el paso de la Monarquía a la República.

Se trasladaron, pues, los senadores al Congreso y se instalaron, junto con los diputados. Y los dos cuerpos reunidos, el Senado y el Congreso, quedaron constituidos en Asamblea Nacional.

La fusión de las dos Cámaras no era constitucional; tampoco podían éstas alterar la forma de gobierno, so pena de violar las leyes fundamentales del Estado. La ilegalidad del nuevo régimen, es puesta de manifiesto por Pi:

«Es verdad que la República no había nacido de combates ni de tumultos; pero no lo es menos, que tampoco debía a la Ley su origen[10]».

La ilegalidad de la proclamación de la República, lo afirma claramente el diputado moderado-conservador, Álvarez Bugallal:

«La proposición que se discute es abiertamente contraria a la Constitución vigente; la proposición que se discute somete a la deliberación de las dos Cámaras reunidas lo que las dos Cámaras ni reunidas ni separadas pueden acordar por carencia notoria y absoluta de competencia y de atribuciones, con arreglo a la ley fundamental del Estado (…) Si vuestro primer acto, al establecer la República, constituye un atentado contra la ley fundamental del país, ¿con qué títulos, con qué prestigios pensáis dominar las facciones?»[11].

El gobierno resignó los poderes recibidos por el rey, aunque el presidente del Congreso, exigió que los ministros siguieran ocupando el banco azul hasta que la Asamblea proveyera. Rivero, de temperamento autoritario, se condujo de tal manera, que protestó Martos, y como Rivero insistiera, replicó aquél: «No está bien, señores representantes de la Nación española, que, contra la voluntad de todos, parezca que empiezan las formas de la tiranía el día que la Monarquía acaba». Rivero tuvo que dejar el cargo de presidente del Congreso y enseguida abandonó la presidencia. En la misma sesión, ya de madrugada, se proclamó la República.

La alegría de los diputados era enorme. La Asamblea, en la que dos tercios habían sido elegidos como monárquicos, quería cuanto antes votar por la República.

Tras la lectura del mensaje de don Amadeo a la Asamblea, se presentó una breve proposición:

«La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara como forma de Gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un Poder ejecutivo que será amovible y responsable ante las Cortes mismas». Firmaban la proposición Pi y Margall, Salmerón y Figueras, y dos más. La proposición fue aprobada por 258 votos contra 32; y proclamada la Primera República española, traída más que por favor de sus fieles, por la conversión de los «monárquicos de la víspera».

El momento político, lo describe Pi y Margall así:

«Vacío el trono, mal preparadas aún las cosas para la restauración de los Borbones, sin más príncipes a quien volver los ojos, los hombres políticos, sin distinción de bandos, ven casi todos como una necesidad la proclamación de la República. Resueltos a establecerla se hallaban ya los que habían previsto y tal vez acelerado el suceso; y como hombres que llevaban un pensamiento y se habían proporcionado medios de ejecutarlo, empujan los unos a los tímidos, deciden otros a los vacilantes, e inutilizan todos a los que aún pretenden salvar de las ruinas de la dinastía el principio monárquico[12]»

La República fue en realidad la consumación del proceso revolucionario de 1868. Derribada la monarquía de Isabel II, y fracasada la extranjera monarquía saboyana, el paso lógico era el régimen republicano.

Como afirmaba Castelar: «nadie trae la República; la traen todas las circunstancias». La Monarquía había agotado todas sus posibilidades. Los partidos monárquicos no aceptaban encamar el principio monárquico ni en don Alfonso ni en don Carlos ni en un nuevo rey, y «así —como dice Badía—, los republicanos —minoría política de la situación— se encontraron con el país en las manos».

Proclamada la República, se votó para presidir el Poder ejecutivo al abogado catalán Estanislao Figueras. Rivero había pactado con los republicanos que el jefe de su minoría presidiera la Asamblea.

El fracaso de los últimos experimentos monárquicos llevaba, por exclusión, a la República. De ésta, ha escrito García Escudero que era «una república sin republicanos», o, como prefiere Comellas, «una República, en la que los republicanos se encontraban en minoría».

La Asamblea efectuó votación nominal para la formación del primer gobierno del régimen. Los ministros del Gobierno republicano fueron: Presidente del Poder ejecutivo, Estanislao Figueras; de Estado, Emilio Castelar; de Gracia y Justicia, Nicolás Salmerón; de Guerra, Fernández de Córdoba; de Marina, José María Beránger; de Gobernación, Pi y Margall; de Fomento, Manuel Becerra, y de Ultramar, Francisco Salmerón. Algunos ministros —cuatro— pasaron de la Monarquía a la República.

De todas formas, la República era la única opción que podían ensayar los revolucionarios. El fracaso de los últimos experimentos llevaba por exclusión a la República. Antes había habido: Junta Revolucionaria, Gobierno Provisional, Regencia y Monarquía.

Las manifestaciones callejeras de acatamiento y adhesión al nuevo régimen se generalizaron por todo el país. Se subrayó el hecho de que apenas se produjeron incidentes, lo que abona el alto espíritu cívico.

De todas formas, al proclamarse la República se vieron desórdenes de cierta importancia en Sevilla, Málaga, Córdoba, Soria, Valladolid…, que culminaron en Barcelona. En Montilla (Córdoba) las turbas, en su odio por el caciquismo de los terratenientes, saquearon la casa del alcalde y mataron a varias personas [13].

En Barcelona las clases conservadoras, la burguesía, concedieron un crédito de confianza a la nueva situación si conseguía mantener el orden y la paz social. El federalismo era allí potente.

El Capitán General de Barcelona dispuso que se concentraran en la Ciudad Condal parte de las fuerzas que operaban en Cataluña contra los carlistas, para dar un golpe de Estado. Pero se frustró el movimiento, y con la colaboración de elementos federales, lanzaron la tropa a la calle al grito de ¡Viva la República! Desbordados los mandos del Ejército, huyeron muchos jefes y oficiales, ya que la tropa les increpaba diciendo: ¡Que bailen! Algunos batallones fueron mandados por un sargento. La indisciplina cundió por todo el Principado. Sofocada la rebelión, la ciudad quedó a merced de unas tropas victoriosas, pero indisciplinadas.

Los únicos que reconocieron al Gobierno español fueron las repúblicas de Estados Unidos —Mr. Sieckles lo hizo en seguida— y Suiza. Posteriormente lo hicieron Costa Rica y Guatemala. Europa valoraba todo en la seguridad y en el fortalecimiento de los resortes del poder del Estado. «Era lógico, escribe Comellas, que mirasen con desconfianza a una España que aparecía en aquellos momentos, por excepción, como un foco de continuas e imprevisibles agitaciones».

Aunque el porvenir para la Iglesia no se veía con optimismo, ésta procuró mantener a nivel oficial una actitud de respeto hacia las autoridades republicanas. El arzobispo de Granada, contestando al Gobernador sobre el establecimiento de la República, escribía:

«La Iglesia no rechaza en principio ninguna de las formas de Gobierno incluso la republicana; y que hoy, como siempre, sabe vivir en perfecta armonía, lo mismo con los grandes imperios y tradicionales monarquías del antiguo mundo, que con las modernas repúblicas de América; respetando y acatando en todas partes, salvar las leyes de Dios y de la Iglesia, los poderes públicos y las autoridades constituidas, y contribuyendo cuando pueda por su parte al mantenimiento del orden y del sosiego público. Así lo han hecho hasta aquí el prelado y el clero de Granada, y así piensan hacerlo con la gracia de Dios en adelante, esperando a la vez la protección de la autoridad de V. E., para todo cuando pueda necesitar[14]».

II. LOS PRIMEROS PRESIDENTES: FIGUERAS, Y PI Y MARGALL

II. LOS PRIMEROS PRESIDENTES: FIGUERAS, Y PI y MARGALL

1. Estanislao Figueras

Los republicanos tenían, como dice Hennessy, tres conceptos básicos «consistentes en la creencia de que la República era la antítesis de la Monarquía, de que aquélla era inseparable de la descentralización y de que era completamente secular».

«El credo fundamental del republicanismo español (…), era el de que “la Monarquía era sinónimo de centralización política y administrativa; que creyeron como una verdad histórica evidente, que había sido (dicha Monarquía centralizada) la responsable de todos los males de España desde la ascensión al trono de Carlos I”. Por eso, propugnando una República federal creían defender una solución al endémico desgobierno de España»[15].

«El federalismo fue una gran utopía —sostiene Badía—. Porque la realización de su programa movilizó a diversos grupos sociales españoles que vieron en ello el cumplimiento de sus aspiraciones. La República de 1873 fue su coyuntura política (…). Y, aunque fracasó políticamente, influyó de forma decisiva en la conciencia política española, pues encontró en la persona y el pensamiento de Francisco Pi y Margall una sistematización que iba a conformar la mentalidad de dos grandes movimientos españoles: el regionalismo y el anarquismo[16]».

Con la abdicación de don Amadeo se impuso la República, y los candidatos a la Presidencia entablaron una justa para conquistarla: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. En ella, escribe el Conde de Romanones, «venció Figueras, no por reunir las excelsas condiciones, sino por ser el más hábil, el que inspiraba mayores simpatías y, sobre todo, menos celos, porque su personalidad no se imponía con la fuerza manifiesta de sus rivales[17]». Se ha preguntado si era la persona más indicada para presidir el Poder Ejecutivo de la República, en aquellos momentos tan trascendentales.

«El triunfo de Figueras produjo honda amargura en Pi y Margall, quien se creía muy superior a él. La hostilidad de Pi para con Figueras, con gran perjuicio para la República, persistió latente desde aquel momento».

Don Estanislao Figueras y Moragas, fue, pues, el presidente del Poder ejecutivo. Había nacido en Barcelona en 1810. Republicano desde su juventud, excelente abogado que gozaba de mucho prestigio como jurista, político y orador. En 1848 se fue a Madrid para ejercer su profesión. Al triunfar la Revolución mantuvo campaña con gran empuje a favor de la República. En las Cortes de 1869 dirigió la minoría republicana. En el anterior reinado formó con Pi y Margall y Castelar el directorio republicano. La minoría de Unión Republicana le proclamó su jefe y a sus órdenes quedaron Castelar y Pi y Margall. Con ocasión del artículo 33 del Proyecto de Constitución y la forma de Gobierno de la Nación, hizo una gran crítica de la Monarquía y una exaltación de la República.

Según la generalidad de autores, Figueras tenía un carácter débil, y su esposa, muy dominante, ejerció mucha influencia sobre él. Así escribe Romanones:

«La debilidad de su carácter, en él ingénita, constituía su más grave defecto; él mismo lo reconoció cuando, al ser acusado en la Cámara de aspirante a la dictadura, exclamó: “Dictador yo, que no mando ni aún en mi casa”».

«Estaba, dice otro autor, a merced de los acontecimientos. Ni salud, ni vallada. Carecía de ese temple viril que es necesario al gobernante en determinados momentos de su gestión[18]».

Figueras tenía auténtico pánico de ser considerado como autoritario. En ocasiones, sin ejercer la autoridad que el momento requería, dependía de los demás: su mujer y Pi y Margall. El juicio que hace monseñor Bianchi, encargado de los negocios de la Santa Sede, es éste:

«Algunos dicen que es verdaderamente católico y que practica los deberes del buen cristiano; reza el rosario, lleva el escapulario de la Virgen, observa los preceptos de la Iglesia. En cambio, otros aseguran que cumple estas cosas para mantener la paz en su familia, pues su esposa es una católica muy fervorosa».

En las Constituyentes del 54, Figueras fue uno de los diputados que votó contra la monarquía. Era ya en 1856 francamente republicano —dentro del partido demócrata—. En la sesión del Congreso de 7 de enero de 1856 pronunció un violento discurso, de tono republicano. Dicho discurso amotinó a los milicianos nacionales, «prorrumpiendo en gritos contra los diputados reaccionarios y en favor de la República». Participó en los movimientos revolucionarios del 66 al 68. Cuando triunfó la Revolución de 1868, Figueras hizo campaña a favor de la República.

A pesar de algunos incidentes, principalmente en Andalucía, Figueras, que era un auténtico republicano, podía afirmar:

«Cuando un pueblo verifica una transformación tan honda y esto se hace no sólo sin efusión de sangre, sino sin el más ligero desorden, este pueblo da la prueba más evidente de que es apto para la libertad y da la garantía más eficaz de que la forma republicana es ya la forma definitiva de España».

Los hechos desmentirían el excesivo optimismo de Figueras. Un periódico satírico republicano, La Flaca, señalaba los obstáculos que se iba a encontrar la República: «el primer cáncer, la empleomanía; el segundo cáncer, la clerigalla; el tercer cáncer, la indiferencia: si no la secundan los españoles, la república caerá, como la monarquía, por su propio peso; el cuarto cáncer, el ejército político; quinto cáncer, el falso patriotismo (…) la torpeza de los que confunden a cada paso el amor patrio con el odioso interés personal; sexto cáncer, tal vez el peor de todos, la impaciencia[19]». Todos esos problemas debería resolver el régimen, pero la dificultad estaba en las contradicciones de los propios republicanos.

El primer Gabinete de la República duró quince días, y en este corto tiempo se demostró que era imposible la convivencia de los republicanos con los radicales. Explicó la crisis Martos, presidente de la Asamblea, que se convirtió en árbitro de los destinos de España y se apoderó del Poder por la dimisión de los individuos del Poder Ejecutivo. Nombró Presidente del Poder Ejecutivo a Figueras y confirmó a los demás ministros. Además nombró Capitán general de Madrid a Moriones, que ocupó el Congreso y ordenó que la Guardia Civil rodeara el Ministerio de la Gobernación, lo que constituía un golpe de Estado, pero Pi y Margall, impidió que prevaleciera el golpe de Estado conociendo la debilidad de Figueras y de Martos. Figueras se dio cuenta de que, de hecho, la Presidencia ya era de Pi y Margall.

Pi, ministro de la Gobernación, penetró lleno de ira en el despacho del Presidente, le increpó, descubriendo intentos improcedentes a la confianza que el Gobierno había puesto en él. Figueras se dio cuenta de que la Presidencia del Gobierno, de hecho, había pasado a Pi.

Las Cortes, al día siguiente, eligieron un nuevo Gobierno: Presidencia, Figueras; Estado, Castelar; Gobernación, Pi; Gracia y Justicia, Salmerón; Fomento, Chao; Hacienda, Tutao; Ultramar, Somí; Guerra, Acosta y Marina, Oteiro [20].

En muchos pueblos, grupos armados se entregaron al destrozo de los emblemas monárquicos y al vejamen de las gentes de orden, al saqueo, al incendio y al asesinato.

En el momento de advenir el segundo Gobierno de la República, la situación de España era muy grave. Se oían gritos contra la unidad nacional, contra la propiedad, contra la autoridad, contra la familia y contra el culto.

Cataluña creía que era el momento para conseguir la autonomía política, y en la Diputación Provincial, para lograrlo se preparó un golpe que se estimaba decisivo. Figueras, por sugerencia de Pi, fue a Barcelona para deshacer la conspiración. Aparentemente lo consiguió, pero la guarnición se hallaba complicada en el movimiento, y en los cuarteles se gritaba: «¡Viva la Federal!», y los soldados indisciplinados, desobedecían e insultaban a sus Jefes.

En las grandes ciudades se organizaron cuerpos para-militares, que recordaban las Milicias nacionales, y tenían un doble objetivo: la consolidación burguesa y la revolución proletaria. Figueras decretó la formación de Voluntarios de la República. Se intentó robustecer este voluntariado eliminando el Ejército regular y sustituyéndolo por adictos a la República.

El ambiente antimilitarista se tradujo en la indisciplina militar, que llevaba a gritar: «¡que bailen!», lanzado este grito por la tropa a sus jefes, en cualesquiera guarnición. Figueras no podía detener la relajación. Se produjeron algunos asesinatos.

El Gobierno tenía que luchar en muchos frentes. Entre otros la sorda rivalidad de Figueras y Pi y Margall, que estuvo latente desde el primer momento. La crisis era inevitable, y Figueras la planteó en un mensaje a la Asamblea el día 24 de febrero. Pero la Asamblea le reiteró su confianza.

Eran muchísimos los problemas que el Gobierno debía abordar, y que Fernández Almagro enuncia: «Aumentaban por días las perturbaciones de orden público, hallándose en peligro continuo de asalto y destrucción —si es que no se consumaba el desmán— conventos e iglesias, registros de la propiedad, fincas particulares (…) La seguridad personal había desaparecido». Además de la guerra de Cuba y la del norte de España, se produjo el intento separatista de la Diputación provincial de Barcelona.

Figueras, ante tantos problemas, perdió la ilusión que tenía por el advenimiento republicano. Por esto, y por la muerte de su esposa, «cayó en tal depresión física y moral que hubiera abandonado su investidura si Castelar no media». Pidió un descanso e interinamente dejó la presidencia en Pi y Margall.

Cuando Figueras visitó a Pi para pedirle explicaciones por una frase peyorativa hacia él, dicha en el Congreso por Joaquín Pi y Margall —que Figueras creyó que había recogido de su hermano Francisco—, Pi le recibió fríamente y, aumentando su enojo, Figueras decidió abandonarlo todo. Con gran reserva dispuso su equipaje y, procurando pasar inadvertido, tomó el tren que le llevaría a Francia [21]. Se comentó que su marcha obedecía sólo al miedo.

Previamente había presentado su dimisión como Presidente de la República al primer vicepresidente de las Cortes, Eduardo Palanca, para que diera cuenta a la Cámara al día siguiente.

La renuncia cundió en el Congreso. Figueras no veía otra salida: si seguía en el gobierno tendría que apartar a Pi, lo que era casi imposible, y si continuaba quedaría como humillado y vencido; creía que la única salida era la huida. En cuanto al apoyo de Castelar y Salmerón, no era franco, no le perdonaban que hubiera sido él y no ellos Presidente de la República. Ahora esperaban sucederle. Por eso la huida se le ofreció como único camino, secretamente pasó la frontera y se fue a Francia.

La Comisión permanente, al margen del Gobierno, convocó la Asamblea Nacional para el 23 de abril. En ella se puso definitivamente en contra de la República a los conservadores o de orden que habían contribuido a su advenimiento.

El Gobierno llevó a cabo las elecciones a Cortes Constituyentes. Pero aunque Pi y Margall se abstuvo, los comités federales de las provincias no fueron neutrales y recurrieron a violencias y falsedades para obtener aplastante mayoría.

Figueras devolvió sus poderes a las nuevas Cortes. Había recibido el poder en malas condiciones: «los ánimos agitados, las pasiones exaltadas, los partidos disueltos, la Administración desordenada, la Hacienda exhausta, el Ejército perturbado, la guerra civil en gran pujanza». En esas circunstancias, «en Europa —como reconoció el propio Figueras— hubiera sido recibida la República con desconfianza». «Con júbilo, por el contrario, en América». En las Cortes quedó proclamada la «República democrática federal».

El conde de Romanones, al analizar la trayectoria de Figueras hasta la presidencia de la República, concluye: «se percibe con claridad que sin la influencia de Pi y Margall, quizás hubiera resultado un buen Presidente, pero que la sombra constante de su antiguo amigo y compañero de bufete, ejerciendo sobre él una acción avasalladora, le fue funesta[22]».

Abandonando el despacho ministerial, al despedirse de Pi y Margall le dijo Figueras: «Me voy, me voy de España, y así no seré obstáculo para usted y para nadie». Figueras, asustado por la anarquía del país, huyó a toda prisa, y sin dimitir, a Francia. Allí declaró a los periodistas, no sólo para justificarse, que en España estaban «los ánimos agitados, las pasiones exaltadas, los partidos disueltos, la administración desordenada, el ejército perturbado, la guerra civil en gran pujanza y el crédito en gran mengua».

Al morir, a pesar de haber rechazado el supuesto ateísmo, por imposición de su esposa, fue enterrado en el cementerio civil, ya que se consideraba como uno de los mayores librepensadores de su época.

Había sido Presidente de la República del 11 de febrero de 1873 al 12 de junio de ese mismo año. Total nada más que cuatro meses.

2. Francisco Pi y Margall

A Figueras le afectó mucho la muerte de su esposa. No tuvieron hijos, y tan abatido quedó, que pensó en renunciar a su puesto, pero se lo impidió, como vimos, Castelar. Interinamente, dejó la presidencia en manos de Pi y Margall. Pero el 1 de junio, ante las Cortes, Figueras presentó la renuncia definitiva de su cargo.

Figueras, desde Gobernación marchó al Congreso, donde extendió la renuncia presidencial y la envió a Palanca, vicepresidente para que la comunicara a la Cámara al día siguiente. La huida se presentaba como la única solución, pero era necesario que nadie lo supiera hasta que pasara la frontera.

El verdadero amo del Gobierno de Figueras había sido Pi y Margall. Cuando fue nombrado presidente Figueras, impuso sus directivos en el Gobierno, el Presidente estaba totalmente subordinado a Pi, hasta el punto que de muchas resoluciones importantes del Gobierno se enteraba Figueras por los periódicos.

Una comisión, robustecida por un piquete, se presentó en el Congreso para que Pi y Margall se hiciera cargo del Poder con los ministros votados por las Cortes. Su nombre se había impuesto como sucesor de Figueras, por eso los principales personajes le pidieron que aceptara la sucesión.

Pi y Margall nació en Barcelona en 1824, en un hogar muy modesto. Autodidacta desde sus años mozos. Siendo niño, empezó sus estudios en el Seminario de Barcelona, donde aprendió las lenguas clásicas. En 1847, en Madrid trabajó en el despacho de Figueras durante cinco años y se doctoró en Derecho. Emigró a París en 1866, estudió la política y sociología de su tiempo, tradujo El Principio federativo de Proudhon, y se considera el defensor del federalismo. Además de este autor, influyeron en él Hegel y Rousseau.

Tenía mucho prestigio por su autoridad, justicia y austeridad. Era el «incorruptible en una sociedad corrompida», «el pontificado infalible», dice Hennessy. Un catalanista, Almirall, hablando de la probidad y fracaso político de Pi y Margall, dice: «Si Pi era tan honrado, tan honrado como decían, debieron quitarlo de la Presidencia y hacerlo cajero de la República». Ortega y Gasset, después de elogiar su popularidad, escribe: «pero de dotes escasísimas, se nutría de los ridículos desplantes a que solía entregarse».

Se le ha achacado que, como era catalán, sus enemigos consideraban que anteponía los intereses catalanes a los de España.

No le faltaron los panegiristas; así Pablo Correa escribe:

«Sirve a los intereses del pueblo, fiel a la democracia y combate los privilegios de todas las clases: esclavo, empero, de la verdad, no adula jamás a las muchedumbres; ni le detienen los halagos, ni la impopularidad, ni el desprestigio de su nombre[23]».

Era francamente enemigo de los ejércitos permanentes y partidario de las milicias voluntarias (aunque no resultaron frente a los carlistas), el cantonalismo y el mantenimiento del orden.

Se habla de su tenacidad en sus convicciones, que no cedía por nada ni por nadie: ni las circunstancias, ni sus correligionarios, ni sus amigos; su espíritu era rectilíneo. Le faltaba instinto político, procedía siempre con reflexión, siendo así que los acontecimientos se desarrollan con rapidez, por lo que se impone la improvisación [24].

Sobre su personalidad, El Pueblo, del 13 de mayo de 1870 lo describía así:

«Tiene poco de político, mucho de doctrinario; no parece un diputado hablando en una asamblea, sino un catedrático explicando en una clase».

En Historia de la Pintura en España, por su sentido heterodoxo hirió los sentimientos de muchos, y fue prohibida por los obispos [25]. Fue ministro de Gobernación en el primer gobierno republicano. Posteriormente, al mismo tiempo que la presidencia, ocupó el ministerio de la Gobernación, y tenía fama de frío. El hombre de hielo fue llamado.

Pi y Figueras eran amigos desde la infancia, pero cuando éste fue nombrado Presidente de la República, fue grande su decepción. Se le censuró a Figueras el haberse dejado suplantar por Pi. Aparte de las cosas positivas del segundo presidente: honradez, árbitro de la política nacional, desinterés personal…, «le faltaba capacidad de mando, habilidad para realizar e imponer su pensamiento». No podía ser buen gobernante.

Creyéndose árbitro de los destinos de España, puso algunas condiciones, como la designación de los Ministros, en contra del nombramiento por la Asamblea. Propuso el siguiente Poder Ejecutivo: Presidente y Gobernación, Pi; Estado, Rafael Cervera; Gracia y Justicia, Manuel Pedregal; Fomento, Eduardo Palanca; Hacienda, José de Carvajal. Marina, Contraalmirante Oreiro, y Ultramar, José Cristóbal Somí. Ante las críticas de la Cámara, Pi retiró la propuesta. Para salir de la difícil situación creada, la Cámara acordó que continuara en sus funciones el Gobierno que había presidido Figueras. Éste aceptó el sacrificio, pero a las cuarenta y ocho horas, la Cámara eligió por votación un Ministerio nuevo, aunque antes de los diez días se declaró el Gabinete en crisis por sus divergencias.

Por fin obtuvo de la Cámara un voto de confianza, y pudo directamente Pi y Margall nombrar el Gobierno.

Quería Pi formar un Gabinete con todos los republicanos, pero no pudo lograrlo, ya que tuvo que admitir los nombres sugeridos por Salmerón y Castelar. Éstos estaban convencidos de la incapacidad de Pi, y con el deseo de sustituirle.

La extrema izquierda se negó a entrar en el Gabinete. Al fin, el ministerio fue éste: Presidencia y Gobernación, Pi; Estado, Maissonave; Justicia, Gil Bergés; Fomento, Pérez Costales; Hacienda, Carvajal; Guerra, González Iscar; Marina, Anrich, y Ultramar, Suñer y Capdevila. Pi y Margall tuvo que confesar su fracaso: «no he podido resolver la crisis con arreglo a lo que me prescribían mi razón y mi conciencia (…), renuncio no sólo a la autorización para resolver la crisis, sino también al cargo de Presidente del Gobierno[26]».

El 13 de junio Pi y Margall presentó a las Constituyentes su programa de gobierno. En el problema carlista, que consideraba fundamental, no pasó de propósitos, eludiendo su obligación de atacarlos militarmente. Expresó su disposición de implantar la disciplina en el ejército y recompensar a los jefes y oficiales que llevaran más de un año en campaña.

En cuanto a la Hacienda, que era el punto más difícil, dijo que resultaba imposible presentar un presupuesto del año económico 1873-1874, porque «¿qué presupuesto hemos de hacer sin que sepamos cuáles son las funciones propias del Estado, las de la provincia y las del municipio?». La organización del presupuesto «dependerá de la forma de la República», de las disposiciones del centro federal.

Acerca de la separación de la Iglesia y el Estado, reconocía que la «Iglesia hoy, a pesar de sus alardes de independencia, no se puede leer en España una bula de su Pontífice sin el pase del Estado, ni nombrar por sí misma a sus obispos, ni establecer las enseñanzas que le convienen». En cambio, después de la separación indicada «la Iglesia será completamente libre para regirse como quiera, sin necesidad de que el Estado intervenga en sus actos».

«Cierto que el Estado no le dará entonces las subvenciones de antes. Y si llegara un día en que esta Iglesia se rebelara contra el Estado; si llegase un día en que abusara de la independencia que tratamos de darle; como habría perdido el carácter que hoy tiene, y no sería más que una asociación como otra cualquiera, tendríamos el derecho de coger al más alto de los poderes y colocarle en el banquillo como el último de los culpables».

«Desde el momento en que en un pueblo hay absoluta libertad de cultos, las iglesias todas pasan a ser meras asociaciones, sujetas a las leyes generales del Estado. En esto, por cierto, no ganará solamente el Estado, sino también la Iglesia».

Sobre el problema social, anunció la creación de jurados mixtos, la regulación del trabajo infantil y la necesidad de que la venta de los bienes nacionales supongan un beneficio para los obreros. Recomendó, finalmente, la formación de una comisión que redactara el proyecto de Constitución Federal.

En la misma sesión, Salmerón fue elegido presidente de las Cortes. Salmerón mostró la necesidad de que la República fuera «para todos».

Pi y Margall se vio obligado a plantear la cuestión de confianza, ratificándola las Cortes. Había roces entre el ministerio y ciertos sectores de la Cámara, a los que se adherían los conservadores de la mayoría republicana.

A pesar de la guerra carlista y del separatismo de Cuba, Pi y Margal se declaró enemigo de los Ejércitos permanentes y partidario de las milicias voluntarias, que se implantaron en España durante su mandato y que fracasaron frente a los carlistas y el cantonalismo.

El 5 de mayo dirigió a los gobernadores unas instrucciones —que reproduce Romanones [27]— prohibiendo toda intervención en las próximas elecciones.

El 30 de junio, ante la guerra carlista, las cantonales, y el desorden en muchas partes, Pi pidió Poderes dictatoriales que obtuvo de la Cámara, pero la izquierda le combatió y la derecha le llamó el Rey Pi. Y comenta Romanones que no bastaba la concesión de estos Poderes dictatoriales, pues «el oficio de dictador no está al alcance de todos los temperamentos, y Pi no había nacido para serlo».

Además del Cantón de Cartagena —al que nos referimos en otro capítulo— el Gobierno tenía que enfrentarse con graves desórdenes y violencias. Insurrección de los núcleos republicanos del Sur: Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba; anarquía militar, disturbios de Valencia, huelga de Alcoy —con la primera participación de La Internacional, aunque últimamente se niega—, donde las turbas mataron al alcalde republicano Albors, diputado que había sido de las Constituyentes y votado la República. En Alcoy hubo una huelga planteada por aumento de salario y disminución de jornada. El alcalde se negó a las pretensiones de los huelguistas, quienes le dieron tres horas de plazo para dimitir, amenazándole de muerte si no abandonaba el puesto. Hubo incendios de fábricas y de casas. Como se oyera un disparo que se atribuyó a Albors, que se había refugiado en el Ayuntamiento, los huelguistas lo mataron y arrastraron por la ciudad.

Pi y Margall, incapaz de dominar la situación, débil en su labor de Gobierno, dimitió a los dos meses de presidencia. El fracaso de Pi el día 18 de julio, se produjo por el apoyo de la izquierda intransigente hacia la Revolución cantonal.

El 18 de julio se leyó una comunicación de Pi a las Cortes, reconociendo que no había podido resolver la crisis, la guerra carlista ni el cantonalismo, por lo que presentaba su renuncia:

«A las Cortes. Por decreto de las Cortes del 21 de julio último, se me autorizó para resolver por mí mismo las crisis que ocurriesen en el Ministerio que presidía. Ha llegado el caso de hacer uso de esta autorización y no he podido resolver la crisis con arreglo a lo que me prescribían mi razón y mi conciencia. Entiendo yo que dada la grave situación del país y los grandes peligros que amenazan a la República y a la Patria, sólo será posible un Ministerio en que aunadas en un sentimiento común todas las fracciones de la Cámara, pudiese hacer frente a las necesidades de la guerra y contener el movimiento de disgregación que ha empezado en algunas provincias. No me ha sido posible realizarlo. Poco afortunado para llevar a cabo mi pensamiento, que después de todo puede ser desacertado; blanco en las mismas Cortes no ya de censura, sino de ultrajes y calumnias; temeroso de que por quererme sostener en mi puesto se me atribuyese una ambición que nunca he sentido y se comprometiera tal vez la suerte de la República, renuncio no sólo la autorización para resolver la crisis sino también al cargo de Presidente del Gobierno[28]».

Admitida la renuncia de Pi, se alejó de la Asamblea por un tiempo. Un fuerte ataque de Ríos Rosas le hizo de nuevo ocupar su escaño. Ríos Rosas acusó a Pi por sus responsabilidades contraídas durante su Gobierno: el crecimiento de la guerra carlista y las cantonales, presentándole como enemigo de la unidad de la Patria: «las responsabilidades de S. S. consisten en no haber combatido ni sofocado ninguna insurrección».

El juicio que se ha hecho al gobierno de Pi y Margall —como ministro de Gobernación y como jefe de Gobierno— es totalmente negativo, así Comín Colomer dice que «toda su labor fue tan inútil, insensata más bien, que nada hizo a derechas, ya que a cuantos conflictos surgían, a los motines y escandaleras efectuadas por los republicanos, jamás opuso la fuerza, ni razón legal alguna: se contentó con dirigir largos telegramas cargados de consideraciones dogmáticas». Como jefe de Gobierno, tampoco hizo cosa positiva [29].

Y en cuanto a la concesión que le hiciera la Asamblea de Poderes dictatoriales, «le costó, dice el conde de Romanones, que la izquierda le combatiese con violencia y la derecha le llamase con el remoquete del Rey Pi[30]».

El 14 de julio, el diputado por Cartagena José Profumo Dodero decía en la Asamblea, relatando los hechos de Cartagena, que en la mañana del día 12, unos republicanos, o no republicanos, se propusieron destituir al Ayuntamiento, «tuvo noticia el señor ministro de la Gobernación (Pi y Margall, que era a la vez ministro y presidente), en las primeras horas del día 12, de que en Cartagena había este movimiento; tuvo noticia el señor ministro de la guerra, por conducto del gobernador militar de la plaza, de que el alcalde y el Ayuntamiento se ponían de su lado y estaban allí para sostener el orden. ¿Y qué hizo el señor Presidente del Poder Ejecutivo? Como de ordinario, se cruzó de brazos y se mesó la barba[31]».

Además del Cantón de Cartagena, contribuyeron a su caída los sucesos que hemos comentado de Alcoy.

Suñer y Capdevila [32], ministro de Ultramar, fue el que promovió la dimisión del Gobierno. Al debatir sobre el Cantón de Cartagena, dijo; «Me hallo dispuesto a castigar de un modo rudo e inexorable a los asesinos, a los incendiarios de Alcoy y a cuantos como ellos se presentan en otros puntos». Frente a los sublevados de Cartagena no había más que dos caminos: o la política de resistencia o de las concesiones: «yo declaro desde el banco del Gobierno que soy partidario para mis correligionarios levantados en Cartagena y en cuantos puntos pueda levantarse, de la política de concesiones».

3. El federalismo

El Estado Federal ejerció gran influencia en la revolución de septiembre. Pi, entusiasta del federalismo, lo propagó con todas las medidas a su alcance, por eso se ha considerado como un «verdadero apóstol».

La doctrina federal de Pi a la que nos referiremos, que defendió desde 1854, se sintetiza en estas palabras:

«Es la República Federal una República sinalagmática conmutada con la eminencia de la Justicia en la humanidad y el puro motivo de su naturaleza en Dios y hasta encuentra la síntesis fundamental del yo».

Es verdad que nuestra historia ofrecía precedentes de un federalismo embrionario. Sin embargo, escribe Badía: «creemos poder afirmar que fue el federalismo de Pi el que dominó a la fracción republicana del Partido democrático español. Fue precisamente a partir de esta fecha (Revolución de 1868), y bajo el influjo del federalismo pimargaliano, cuando esta doctrina se convirtió en credo y en mito federal de la pequeña burguesía y de los trabajadores[33]».

Brenan explica por qué el federalismo de Pi tenía tantos adeptos:

«Las razones de su popularidad en España en esta época no resultan difíciles de averiguar. El federalismo representaba ante todo una expresión de la devoción española a la patria chica y una protesta contra la política fuertemente centralizadora del régimen liberal (…) Pero representaba también una protesta contra el dominio autocrático y opresivo de aquellos gobiernos que sólo resultaría posible mientras pudieran seguir amañando las elecciones a su arbitrio. Y para esto necesitaban una administración fuertemente centralizadora. El federalismo, por consiguiente, era considerado como el sistema más apropiado para preservar los derechos de los municipios y para acabar con los caciques (…), en realidad, el libro de Proudhon, Du principe fédératif proporcionó a los federalistas españoles el fondo teórico que necesitaban[34]».

Los diputados federales, aprovechando el momento político —España sin rey—, crearon en las provincias una fuerte corriente de opinión republicana. El entusiasmo federalista empezó a encenderse en todos los elementos sociales que venían a enrolarse en el partido. El manifiesto de la Asamblea Federal de 1870 —redactado por Pi— presentó a la luz pública los sentimientos del partido. «La República demócrata federal —decía— ha sido aceptada y acatada con entusiasmo por el partido desde los primeros días de la Revolución de septiembre. La Asamblea ha declarado que ésta, y no la República unitaria, es y debe ser nuestra forma de gobierno[35]».

En la revolución cantonal se quiso imponer el principio federativo de forma violenta y desde abajo. La República y los políticos en Madrid intentaron la federación desde arriba. Pero fue un fracaso en los dos frentes.

Las circunstancias de la proclamación de la República obligaron a Pi y Margall a adoptar el procedimiento de arriba abajo, en contra de su teoría inicial, con lo que se distanció de la masa federal de sus ideólogos, pasándose a la burguesía de agitación, partidaria de la federación desde abajo.

«Este divorcio entre los intelectuales y la masa esterilizó la ocasión federal de la República».

«Ni los ideólogos revolucionarios pequeños burgueses tuvieron fuerza ya para imponer una política enérgica, sintiéndose apoyados por las masas; ni éstas, faltas de una dirección moderadora, consiguieron su objetivo de realizar su República democrática federal, al tomar el camino de la violencia y de la revolución[36]».

«La conciencia de federación desde abajo, que tenía que conducir a la cantonal, tuvo su génesis en el desencanto popular, al ver como la palabra República no respondía a sus aspiraciones».

La adhesión de la masa federal desde abajo, se explica por tres factores:

«Primero: la romántica impaciencia de las masas por encontrar inmediatamente la felicidad social en el Estado federal. Segundo: la tendencia descentralizadora de los regionalistas, que deseaban, ante todo, la proclamación de los estados regionales. Tercero: el activismo de la burguesía de agitación que en el procedimiento de abajo arriba, encontraba un medio de entregarse a la acción por la acción misma[37]».

III. PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

III. PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

1. Programa del ministerio

En la sesión preparatoria de las Cortes (31 de mayo de 1869) quedaron establecidos tres bandos: derecha, con Emilio Castelar como cabeza; centro, a cargo del marqués de Albaida; e izquierda, de carácter fuertemente federalista e intransigente.

El Parlamento era plenamente federal, hasta el punto que cuando un diputado pronunció unas palabras asegurando que la Asamblea era completamente republicana, se oyó una voz que añadió: «Federal».

Los diputados eran 390. Cuando se consignó la forma de Gobierno, 180 diputados votaron por la monarquía, y 61 por la República Federal, de los cuales sólo unos 30 eran considerados no-federales, y unos 12, monárquicos.

En cuanto a la «pureza» de las elecciones, 21 gobernadores civiles obtuvieron acta de diputado, porque, como dice Vera:

«algunos de los cuales recurrieron al medio nada lícito de convenirse unos con otros para presentarse candidatos por sus respectivas provincias; por lo que pudo decirse que habían firmado una sociedad de seguros mutuos sobre elecciones[38]».

El 13 de junio de 1873 formuló el presidente Pi su programa, enunciando la Constitución proyectada: «Separación de la Iglesia y el Estado, concesión de todas las libertades a las provincias ultramarinas, enseñanza gratuita y obligatoria». Que posteriormente cuajarían en artículos.

La doctrina federal de Pi era más filosófica que política; era la de que el poder circula de abajo arriba, y cada federación depende de la inmediata inferior del individuo, que es soberano, hasta el Estado, que es servidor de todos; y la de que la sociedad se articula a partir de sus células más sencillas, la familia, hasta las más complicadas: el Estado, la federación de Estados.

Algunos puntos, como el restablecimiento de la disciplina en el ejército y la defensa del orden público, requerirían más tiempo que el señalado, para lo cual era necesario que el Gobierno se liberase de los compromisos revolucionarios con los republicanos, autores de los sucesos delictivos. Las reformas de tipo social y económico: jurados mixtos de obreros y fabricantes, venta a censo reservativo de los bienes nacionales, regulación del trabajo de los niños… «requerían un tiempo que el Gobierno no alcanzaría, seguramente, a vivir. Una crisis determinó la renovación del Gobierno. Este Gobierno, como el anterior, no duró más que unos días».

Para sofocar el alzamiento cantonal, que veremos en páginas posteriores, le estorbaba a Pi y Margall su federalismo, que daba alas a las subversiones locales; si bien esperaba más de la persuasión moral que de la coacción jurídica. Sin embargo, encareció a las autoridades la necesidad de «cerrar el camino a la disgregación de España».

2. Las elecciones

Las Cortes Constituyentes se convocaron en marzo de 1873, y por una serie de razones, no resultaron ser el éxito que se esperaba.

Durante el tiempo transcurrido desde la convocatoria a la celebración de los comicios, aparte de la escisión entre republicanos y radicales, el Gobierno quiso aparecer no sólo como neutral, sino auténticamente respetuoso con la preparación y desarrollo de las elecciones.

Pi y Margall, ministro de la Gobernación, dirigió una circular a los gobernadores civiles, que comenta así Fernández Rúa: «hoy ya histórica, por su ejemplaridad, que difícilmente se repetirá en tales términos». En ella decía: «No tiene el ministro que suscribe por el mejor de los gobernadores al que procure el triunfo de más candidatos adictos a su causa, sino al que sepa conservarse más neutral en medio de la contienda de todos los partidos. El que más respete la ley, el que mejor garantice el derecho de todos los candidatos y la libertad de todos los electores, ése será el que se muestre más merecedor de ganar una provincia. No ha venido la República para perpetuar abusos, sino para corregirlos y extirparlos». Si alguien emplease la fuerza con la oposición, «no vacile V. S. en castigarle con mano fírme, tomando las necesarias precauciones para evitarlo».

Y comenta el conde de Romanones: «¡que aquellas elecciones fueron puras! Puras no, pero mejores que otras, indudable[39]».

La ley electoral de 1 de junio de 1873 establecía en el artículo tercero la mayoría de edad a los 21 años, rebajando en cuatro años la anterior edad mínima. Sólo tenían derecho a votar los hombres. Se quería con tal medida atraerse al electorado joven más radicalizado, con lo que aumentaría la opción republicana y el número de votantes.

«Los candidatos republicanos-federales obtuvieron 343 actas, con un total de 1 690 906 votos; los republicanos— unitarios, 1 acta con 4091 votos; los radicales, 20 actas; los conservadores-constitucionales, 7, y los alfonsinos, 3, con una suma de 160 118 votos».

Sin embargo, la abstención fue muy alta. Se calcula que votó sólo el 39%, porque los partidos no republicanos hicieron campaña por la abstención y, por otra parte, no se veía claro el camino de aquella República. Esta abstención hizo que los enemigos del régimen les negaran representatividad. El triunfo fue para los republicanos federalistas. El escaso número de electores para respaldar el triunfo de los federales propició a éstos un clímax de triunfalismo.

En una circular firmada por todos los miembros del Gabinete, que el Gobierno envió a los electores el 3 de mayo, subrayaba que «las raíces del régimen constitucional se han podrido en España por el falseamiento y la corrupción de las elecciones». Señalaba el Gobierno que veía «con profunda pena y denuncia que aquí los partidos más necesitados de la legalidad prefieren los motines a los comicios, y se desaniman prontamente de la contienda electoral si no les protege la sombra de la pública administración».

Aunque predominaban los extremistas: carlistas e internacionalistas. El grupo más homogéneo era el republicano federalista. Los demás: los demócratas radicales, los conservadores constitucionales, los alfonsinos, los carlistas apenas pesaban en el resultado electoral. El desarrollo de las elecciones fue calificado de «apatía y falta de interés», ya que la abstención fue más del 60 por 100 del censo electoral, y más acusada en Madrid.

Las Cortes, que Pi y Margall definió como «inexpertas», resultaron de bajo nivel intelectual, sin aspiraciones ni principios fijos. Cortes, en fin, que ofrecieron una mayoría, dividida en múltiples grupos que se combatían con fiereza. «A estas Cortes confiaba Pi la salvación de la República y la aprobación de la Constitución federal, cuya discusión no pasó del primer artículo», observa Romanones.

3. Proyecto de Constitución

Las Cortes Constituyentes se reunieron el 1 de junio de 1873 para dar organización y forma a la incipiente República.

No pudo salir un proyecto constitucional coherente, viable, tanto por acoso exterior carlista y cantonalista, como por la fragmentación e incoherencia de los propios grupos políticos. La mayoría federalista era sólo aparente. «El impreciso y contradictorio federalismo de sus miembros tenía, al menos, dos direcciones irreconciliables, que se manifestaban en una mayoría de republicanos benevolentes, partidarios de un proceso descentralizador encaminado a un federalismo organizado desde el poder, y en una minoría intransigente, defensora de un inmediato proceso federalista realizado de abajo arriba. En realidad, se trataba de un enfrentamiento entre una forma federal del Estado y una versión confederal de la República, como resultado de la unión voluntaria de varios Estados[40]».

Todos los problemas desaparecerían, decía Pi, si se elaboraba una Constitución de consenso, pero esto era imposible, por la división de los federales. Castelar presentó una Constitución redactada en una noche, que fue desaprobada por todos los demás.

El 17 de julio se leyó en las Cortes el proyecto de Constitución, para que propuestas las enmiendas se comenzase la discusión, que tuvo lugar el 11 de agosto. La Comisión encargada de redactar el proyecto estaba formada por 27 miembros y presidida por Castelar. Muchos de ellos eran juristas, y la mayoría federales.

El proyecto, formado por 17 títulos se desarrollaba en 117 artículos. Se basaban en la Constitución española de 1869, y para el estado federalista, en la de Estados Unidos.

El punto principal estaba en los títulos tercero y cuarto, que trataban sobre cómo se iba a contemplar en el texto la división territorial de España, de acuerdo con el criterio descentralizador y federalista.

El artículo primero, en contra de la unidad nacional, decía:

«Comprenden la nación española los Estados de Andalucía alta, Andalucía baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Provincias Vascongadas y Valencia[41]».

En el artículo segundo se anunciaba que las islas Filipinas, Fernando Poo, Annobón, Coriseo y los establecimientos de África serían Estados o poderes políticos «a medida de sus progresos». El hablar de estados en vez de provincias o regiones, «no era una simple cuestión de vocabulario» —dice Fernández Almagro— porque «a las unidades territoriales así calificadas les eran concedidas facultades supremas en todos los órdenes, sin otro límite que el previsto por el artículo 92», que se prestaba a diversas interpretaciones.

El proyecto respetaba la realidad histórica de los antiguos reinos, constituyéndolos en Estados, estableciendo que «los Estados podrán conservar las actuales provincias y modificarlas según sus necesidades territoriales». Aunque privó el sentido histórico, se pretendía mediante la forma federal corregir «los vicios sociales, políticos, económicos, administrativos, jurídicos…».

Este Código subrayaba los derechos individuales y libertades públicas. En la estructura federal, estaban en primer lugar los municipios y más arriba los Estados, que tendrían su constitución propia, siempre que estuvieran de acuerdo con la Constitución federal. El municipio tenía autoridad administrativa, económica y política, y, en su seno se delimitan los tres poderes: el legislativo, que corresponde al Ayuntamiento; el ejecutivo, lo personifica el alcalde, y el judicial, que lo encama un tribunal municipal nombrado por sufragio universal directo, como también son elegidos así el alcalde y los concejales.

En cuanto al Estado, el poder de relación correspondía al presidente de la República, que tendría que ser federal. Así la hizo proclamar José María Orense en las Cortes. Dando por cierto que el pueblo quería la República federal, y «siempre ha sido un sistema fuera de duda que lo mejor es aquello que es más popular».

Se advierte aquí la influencia del modelo constitucional americano: elegido por sufragio universal directo por un período de cuatro años, que tiene iniciativa legislativa, promulga leyes y puede convocar con carácter extraordinario a las Cortes.

El poder legislativo reside en las Cortes. Había un Congreso y un Senado. El poder judicial residía en el Tribunal

Supremo, que debía velar por la constitucionalidad de las leyes y estaba formado por tres magistrados por cada uno de los Estados.

La discusión del proyecto de Constitución apenas se inició, ya que al día siguiente de la lectura —17 de julio— cayó el Gobierno. Por lo tanto, la nueva Constitución no llegó a promulgarse. La Primera República moriría con la constitución de 1869.

4. Nicolás Salmerón

El 17 de julio, reunida la Asamblea, se instó a Pi y Margall a que abandonase el Poder. Se solicitó que se leyera una propuesta de voto de censura al gobierno, y la sesión acabó con duros ataques a Pi, y se pensó que la única solución era el nombramiento de Nicolás Salmerón, que tenía mucho prestigio como orador y por su crédito moral.

Al aceptar las Cortes por unanimidad la dimisión de Pi y Margall (18 de julio), fue elegido Nicolás Salmerón. Aunque algunos —93— diputados votaron a favor de la continuidad que representaba Pi y Margall —cosa sorprendente cuando se había aprobado por unanimidad su dimisión—, 119 lo hicieron por Salmerón, de tendencia relativamente moderada; mostraban un viraje de las Cortes hacia el principio de autoridad.

Nicolás Salmerón y Alonso nació en Alhama la Seca (Almería) en 1838. Abogado prestigioso, catedrático de Metafísica de la universidad Central, de la escuela de Krause, que enseñaba los principios ateos y panteístas de dicho filósofo; libre pensador, negaba toda religión positiva. Tomó parte, aunque accesoria, en la Revolución de 1868 por lo que estuvo en la cárcel y fue desterrado por algunos meses. Durante la presidencia de Figueras fue ministro de Gracia y Justicia, donde se prestigió políticamente. Por mayoría de la Cámara fue elegido presidente de la República.

Salmerón fue el teórico del federalismo español. Estaba convencido de la capacidad del pueblo para asociarse libremente.

Romanones, después de reconocer sus positivas condiciones, añade: «Le faltaba, como a su antecesor inmediato, sentido político y conocimiento de los hombres, por eso su paso por el Poder fue tan breve como estéril». Tan breve que desempeñó la Presidencia tan sólo treinta y siete días.

Salmerón, en las Cortes, con sentido realista y consciente de los problemas que le esperaban, se expresó así:

«El Gobierno de la República lleva seis largos meses de existencia y no ha sido aún elevado a la categoría de un Gobierno de derecho en la apreciación de los Gobiernos de Europa; vivimos en un completo aislamiento; nos estiman casi todas las naciones de Europa como un verdadero peligro (…). A una sola condición podemos esperar el reconocimiento y el concurso de la Europa para nuestra República, y esta condición es mostrar que no es inherente a la organización republicana el virus de la demagogia y que hay virtud bastante en nuestro Gobierno para vencerla, castigarla y extirparla[42]».

El día 19 de julio se presentó el nuevo Gobierno: presidente del Poder ejecutivo, don Nicolás Salmerón; Estado, don Santiago Soler y Pía; Gobernación, don Eleuterio Maisonnave; Gracia y Justicia, don Pedro José Moreno Rodríguez; Fomento, don José Fernando González; Hacienda, don José Carvajal; Guerra, don Eulogio Fernández Iscar; Marina, don Jacobo Oreiro, y Ultramar, don Eduardo Palanca.

En esa sesión, Salmerón expuso su programa de gobierno a las Cortes. Criticó duramente el movimiento cantonal, por poner en peligro la unidad de la patria, y afirmó que, aunque llevaría a cabo las reformas, ante todo se imponía restablecer el orden.

Al presentar el programa de Gobierno, se mostró como partidario del orden, de recuperar el orden público perdido por el régimen. El orden debía prevalecer sobre la política de reformas, a las que, por otro lado, no renunciaba:

«Algunos republicanos han llevado sus torpes propósitos, su obcecación, su verdadero delirio, rayano en el paroxismo hasta el extremo de sublevar algunas provincias erigiéndolas en Estados independientes y en cantones (…). Nosotros somos tan reformistas como los que más de esta Cámara; (…) nosotros tenemos principios profundamente radicales respecto a las reformas; pero queremos procedimientos conservadores, que las reformas se hagan de manera pacífica y gradual, por virtud de la discusión y por el imperio de las ideas en la conciencia de los hombres (…); todo aquel que de cualquier manera intente desconocer el imperio de la ley ha de sufrir inexorablamente el castigo de su delito[43]».

Y en esta línea, se dieron mandos a generales hostiles a la República, pero buenos profesionales y de absoluta confianza. Así, el general Ripoll quedó relevado de la jefatura de Andalucía, y fue nombrado el general Pavía, que desarmó a los insurrectos de Córdoba, conquistó Sevilla y rindió a Cádiz, y con ella muchas otras plazas. Nombró a Martínez Campos, que redujo a Valencia a la obediencia, bombarbeando la ciudad primero y tomándola al asalto después. La caída de la capital levantina en poder del Gobierno precipitó el derrumbamiento de otros cantones de la región.

Salmerón se apresuró a tomar medidas enérgicas contra el cantonalismo, ya que, a imitación de Cartagena, iban surgiendo centros del movimiento en Valencia, Sevilla, Cádiz y otras poblaciones. Para ello había que restablecer la disciplina. No se disponía del Ejército, porque los mandos eran mirados con recelo por los republicanos intransigentes, y por la degradación de la tropa; los soldados se negaban a cumplir las órdenes que les desagradaban y a salir contra los carlistas. Se requería con urgencia que hubiera Ejército, por eso Salmerón llamó a filas a 80 000 reclutas.

Aunque hubo cantones en Sevilla, Cádiz, Jaén y Granada, sofocados, se mantenían irreductibles los de Málaga y Cartagena. El jefe del cantón malagueño era amigo del ministro de Ultramar, Eduardo Palanca, que exigió que las tropas no entraran violentamente y la ocuparan aduciendo un acuerdo. El general Pavía no se avino a ello, y Málaga fue ocupada el 18 de septiembre. La conquista de Cartagena no fue tan fácil, como veremos.

Madrid fue el centro y motor de todo. Roque Barcia, editor de La Justicia Federal, publicó un manifiesto del Comité de Salud Pública de Madrid en el que se establecía:

«1.º Que en todos los puntos en donde el partido federal tenga la fuerza necesaria, se formen Comités de Salud Pública, representantes de la imprescriptible soberanía del pueblo. 2.º Que bajo la autoridad de esos Comités revolucionarios se proclame la autonomía administrativa y económica del Municipio, de la provincia y del Cantón, a la cual corresponde la elección de jueces, ayuntamientos, diputaciones o legislaturas, gobernadores, grandes asambleas cantonales y agentes económicos y administrativos, y 3.º Que esos Comités no se disolverán hasta quince días después de haberse promulgado el pacto federal, para evitar que el pueblo sea engañado, como ha sucedido hasta aquí[44]».

Como remedio para acabar enérgicamente con los insurrectos de Cartagena, declaró el 28 de julio el ministro de Marina que la escuadra allí sublevada, era pirata. Se publicó esta disposición: «Algunos buques de la Armada surtos en el puerto de Cartagena, haciendo causa común con las masas insurrecionadas en aquel Departamento marítimo, han desconocido la legítima autoridad de sus Comandantes y Oficiales; y ya en abierta sublevación contra el Poder único constituido por la voluntad de las Cortes, se han hecho a la mar, y al verificarlo se proponen llevar a término sus criminales propósitos en las costas del Mediterráneo», con lo que establecía el oportuno decreto[45]. Salmerón sabía que esa medida atentaba contra la soberanía de las Cortes, pero era prioritaria la defensa del interés supremo.

La facción izquierdista de la Cámara suscribió una enérgica protesta contra el Gobierno, «para que nadie pueda sospechar siquiera que aceptamos hoy la más leve complicidad».

Salmerón trató con dureza a los federalistas, y calificó a los cantones de «miembros disgregados»; para aplicar las reformas quería «procedimientos conservadores» con lo que provocó la ruptura en los lados de la Cámara y el alejamiento de los federales, como observa Badía.

Como la insurrección de Cartagena proseguía, y hubo combates entre sitiados y sitiadores, Salmerón abandonó el poder a consecuencia de una proposición de Martínez Pacheco para el restablecimiento de la pena de muerte y para poner fin a la indisciplina militar. Salmerón tenía que firmar la ejecución de dos artilleros, pero aun reconociendo la necesidad de dictarlas, le repugnaba hacerlo porque era contrario a la pena capital, y dimitió.

El hecho fue que habían sido condenados a muerte —un cabo y un soldado—, los dos de Artillería que se pasaron a las filas carlistas e hicieron fuego contra sus antiguos compañeros. Salmerón se negó a firmar la ejecución de las sentencias, como había mantenido siempre, y prefirió dimitir, como hizo el 6 de septiembre.

Su proceder ha sido duramente enjuiciado. Así Romanones escribe: «Su salida del Gobierno era una inhibición cobarde; nuevo Pilatos, no es posible que su proceder reciba de la historia un veredicto favorable». Su gobierno va del 18 de julio al 6 de septiembre.

Salmerón parecía que era el hombre oportuno para el Gobierno, pero su proceder defraudó completamente a los que habían puesto en él sus esperanzas.

Cuando Castelar, su sucesor, ocupó la Presidencia del Poder Ejecutivo, fueron fusilados los dos artilleros. Fusilamiento que constituía un símbolo, el mantenimiento de la disciplina para salvarguardar al Ejército.

Tres presidentes republicanos se habían sucedido a lo largo de cinco meses. La República se resquebrajaba.

5. Las cantonales

a) Extensión del movimiento

La palabra cantonal es la creación de las autonomías de las regiones o pueblos que proclaman su propio cantón. El cantonalismo es toda tendencia violenta descentralizadora del poder central.

Es uno de los acontecimientos «más desconcertantes» de la historia contemporánea de España, que va de julio de 1873 a enero de 1874. Se ha destacado su inoportunidad porque puso en situación crítica a la República y favoreció la causa carlista.

Un diputado en las Cortes afirmó que «el cantón es la consecuencia lógica de la república federal». Entonces federal y cantonal eran voces sinónimas. El federalismo fue predicado como panacea que curaría radicalmente todos los males. La orientación social sería más radical y avanzada.

Hay que destacar —observa Comellas— el particularismo ibérico que se relaciona con el anticentralismo. Los gobiernos anteriores habían creado una frondosa administración: provincias, gobernador civil, audiencia, diputación, delegaciones ministeriales que se superponían a una realidad multisecular [46].

Con frecuencia el alzamiento no va tanto contra Madrid como contra la capital de provincia. El municipio, por diversas circunstancias, se da cuenta de que tiene la posibilidad de rehacer su autonomía. Así Alcoy, Vinaroz, Betanzos…

Los pobres vieron en la subversión una oportunidad, una ocasión para la reivindicación [47]. Se observa la ausencia de un programa social en los distintos partidos políticos. Sólo el republicano federal, aunque tímidamente, se interesó por el problema. Con todo, Pi y Margall quiso mejorar la condición de los obreros y reglamentó el trabajo de los niños.

La revolución de septiembre de 1868, inclinada al federalismo, favorecía el «afán localista, insolidario y suspicaz, a la vez que ingenuo y de tono sentimental». Todo el movimiento federalista iba en contra de la historia.

«Pero no se trataba sólo de la reacción contra el centralismo estatal —escribe Espadas Burgos—, sino contra la organización provincial e incluso municipal, contra la capital de provincia, contra la cabeza de partido». Ahí se entiende ese aspecto anecdótico y resumen caricaturesco del complejo fenómeno, de cuando la escuadra insurrecta de Cartagena dice poner rumbo «hacia una potencia extranjera: Alicante», o cuando el cantón de Jumilla se proclama independiente y declara que «desea estar en paz con las naciones extranjeras y, sobre todo, con la nación murciana».

La doctrina federal la entendían los aprovechadores de una revolución de «campanario». Llenaba el vacío en que se agitaba la República que llevaba al cantón. Lo que atraía al cantón, no era asociarse para una superior unidad, sino «romper el vínculo del pueblo con la capital de provincia, y de ésta con el Poder central». «Se ponía la unidad nacional en entredicho o la impugnaban a fondo, alzándose en pro de poderes autónomos, por corto que fuese su radio, y no ya donde los tradicionales diferencias —de lengua, instituciones jurídicas, antecedentes históricos— pudieran explicar el fenómeno[48]». Así Granada y Jaén litigaban por sus límites. Utrera se hizo independiente de Sevilla. Betanzos quiso separarse de La Coruña, etc.

Algunos veían en la República federal la descentralización y con ella la prosperidad material y moral; ya no saldrían las sumas a la capital del Reino.

Juan Femando Badía señala tres factores en la acción de la masa federal:

«En la revolución cantonal estarán implicadas tres distintas revoluciones. Una revolución regional de tipo autonomista. Una revolución social que exigirá unas determinadas reformas, aspirando por último a subvertir el orden social establecido. Una revolución política que, a la vez que reivindique ciertos principios, pretenderá sustituir la influencia política de los ideológos revolucionarios pequeños-burgueses por la burguesía de agitación[49]».

«Paralelamente a estos intentos autonómicos, correrá la agitación social. Los clubs se transformarán en centros revolucionarios, y el proletariado federal exigirá concesiones económicas al amparo de la bandera reformista de la República. Peticiones que estallarán, a veces, en violentos chispazos de odio de clases como los sucesos de julio en Alcoy[50]».

Eran un estímulo para la revolución cantonal los extremismos de los republicanos. Algunos, como Engels y Kropotquin, han defendido la influencia de la Internacional, pero ha sido negada por Hennessy. Parece que la Internacional dejó en libertad a sus afiliados para que se unieran o no a la revuelta. El ambiente de confusión e indisciplina era el caldo de cultivo del cantón. Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla estaban perturbadas. Aquí, siguiendo el ejemplo de Cataluña, querían que los Centros republicanos ganaran a toda costa al ejército.

Lo mismo se podía decir de Levante y Castilla: Valencia, Castellón, Alicante, Torrevieja, Vinaroz, Cartagena, Murcia, Jumilla, Granada, Toledo. Salamanca, Béjar, Toro, Ávila… Si en el Norte y en Cataluña, no se registraron fenómenos cantonales, su ausencia se ha explicado por la guerra carlista.

El Comité madrileño de Salud Pública, presidido por Roque Barcia, ordenó, en fecha de 18 de julio, «que en todos los puntos en donde el partido federal tenga la fuerza necesaria, se formen Comités de Salud Pública, representantes de la imprescriptible soberanía del pueblo» y se proclamasen «la autonomía administrativa y económica del municipio, de la provincia y del cantón».

El alzamiento cantonal iba contra el Gobierno de Madrid, contra el Ejército y contra la Iglesia. Cuando se proclamaba un cantón, se desarmaba a la fuerza pública, se incautaba de Maestranzas y Parques militares y se ponían en práctica distintos programas. Así el de Granada era éste:

«1.º Imponer una contribución de cien mil duros contra los ricos. 2.º Proceder al derribo de las iglesias. 3.º Fundir todas las campanas y establecer una fábrica de moneda para acuñarla con el bronce de aquéllas. 4.º Incautarse de la Administración de Hacienda y de todos los bienes del Estado, y 5.º Dejar cesantes a todos los magistrados de la Audiencia[51]».

El decreto de 20 de julio de 1873 especificaba en el artículo 1.º:

«Las tripulaciones de las fragatas de la Armada Nacional, Almansa, Vitoria y Méndez Nuñez, la del vapor Femando el Católico y la del cualquier otro buque de guerra de los sublevados en el Departamento de Cartagena serán considerados como piratas al encontrárseles en los mares jurisdiccionales de España o fuera de ellos por fuerzas navales españolas o extranjeras, con arreglo a los artículos 4.º, 5.º y 6.º título V, tratado VI, de las ordenanzas generales de la Armada[52]».

b) La sublevación de Cartagena

Badía comienza esta sublevación de Cartagena así:

«El cantón murciano, más propiamente el cantón de Cartagena, constituye por sí mismo una sugestiva página de historia cálida y humana. En su recinto y en su peripecia, la revolución cantonal alcanzó acentos de epopeya[53]».

En Cartagena el cantón tuvo mayor pujanza y extensión, porque los medios de que pudo disponer eran más eficientes, como subraya Fernández Almagro: plaza fuerte, base naval bien pertrechada y guarnecida. Fue proclamado el cantón el 12 de julio, por iniciativa del diputado federal por Cartagena, Antonio Gálvez Arce, Toñete, secundado por el general Contreras San Román [54]. Proclamado el cantón desde el ayuntamiento, varios generales más y diputados llegan de Madrid, y es amparada esta sublevación cartagenera por el gobernador civil de Murcia, Altaill.

Se constituyó un «Comité de Salud Pública», primero, y posteriormente un Gobierno, presidido por el general Contreras y algunos agitadores madrileños y locales. Gálvez se erigió en general y se arrogó la jefatura de la Milicia, Ejército y Marina. Dispuso de 8000 hombres y de los barcos surtos en el puerto, que constituían la mayor parte de la escuadra. Sublevada la marinería y evacuada la oficialidad leal al Gobierno de Madrid, Roque Barcia se hizo cargo de la presidencia del Gobierno para que Contreras aplicara su esfuerzo a la organización militar.

Con los barcos, apoderados por Topete y Contreras hicieron varias correrías por las costas, al norte y poniente de Cartagena, para propagar la sublevación y arbitrar medios económicos y requisar víveres. Bombardearon Almería exigiendo dos millones de reales a las autoridades, pero la Ciudad resistió y no pagó dichos millones.

El desaliento ganaba los espíritus, después de cuatro meses de sublevación. Una proclama de Gálvez de septiembre de 1873, decía:

«Esta plaza no se entregará nunca: si alguno lo espera se engaña. Estamos resueltos a morir antes que sufrir esa deshonra. En esta plaza empeñó la federación cantonal y en esta plaza, con nuestra constancia y nuestra decisión, haremos que la federación triunfe y se propague a toda España[55]».

El vapor Vigilante fue apresado por la fragata alemana Federico-Carlos. Días después lo fueron las fragatas Victoria y la Almansa por la misma fragata alemana y la inglesa Swifesure que las condujeron a Gibraltar. Hubo protestas de las autoridades cantonales ante los cónsules respectivos.

Se decretó por Salmerón —el 20 de julio— que las fragatas Almansa, Victoria y Méndez Núñez y el vapor Fernando el Católico fuesen considerados «como piratas al encontrárseles en los mares jurisdiccionales de España o fuera de ellos por fuerzas navales españolas o extranjeras». Seguramente no había llegado ese decreto a conocimiento de las flotas extranjeras que realizaron la aprehensión; lo cierto es que dañó el prestigio nacional.

El Gobierno de Madrid organizó la Escuadra en Algeciras al mando del contraalmirante Lobo. Se enfrentaron las fuerzas gubernamentales, mandadas por Salcedo, con los cantonales al mando de Contreras que fueron derrotados. Hubo algunas bajas, más de trescientos prisioneros y requisadas muchas armas y municiones.

El Presidente de la República no se dejó influir por la filiación política del que, por su capacidad, debiera ser nombrado, y nombró comandante general del Ejército de operaciones de Murcia y Alicante al general Salcedo.

Los diputados intransigentes esperaban que el movimiento cantonal les daría el poder en las mismas Cortes, pero éstas se inclinaron hacia la derecha, con lo que la burguesía de agitación perdió toda esperanza de triunfo con la legalidad política [56].

Efectivamente, las Cortes, a pesar de la oposición extremista, mostraron buena disposición, o, por lo menos, dejaron hacer al Gobierno. Un diputado castelarino por Cartagena —Profumo— presentó el 30 de julio una proposición para que las Cortes declarasen haber visto «con profundo disgusto» la conducta de los diputados levantados en armas «contra su poder y su soberanía». La proposición fue aprobada por 125 votos contra 15 [57].

Los cantonalistas publicaron un decreto de 22 de julio, condenando como traidor al gobierno de Madrid. No reconociéndolo, formaron el verdadero Gobierno de la federación, que tendría su base en el mismo pueblo, con la autonomía económica y administrativa.

El Gobierno de Cartagena forzó el arbitrismo recaudatorio, el racionamiento de víveres, relaciones exteriores a través del Cuerpo consular, etc., y se dispuso a acuñar moneda: total, una serie de actos que manifestaran su presunta soberanía.

Por la acción cantonal se esperaba conseguir el desmoronamiento de la República unitaria y el triunfo del credo federal. Badía señala dos etapas en el cantón de Cartagena:

«Primera: del 13 de julio del 73 al 10 de agosto del mismo año. En ella los federales de Cartagena intentarán propagar el movimiento cantonal, por medio de las armas y el pronunciamiento, a las otras regiones de Levante (…) Segunda: A la acción cantonal sucederá la defensa cantonal. El 10 de agosto las tropas cantonales sufrirán un inmenso descalabro ante el general Salcedo, y se planteará el sitio de Cartagena[58]».

El 18 de julio se formalizaba el sitio de Cartagena; el 13 de agosto, el almirante Lobo iniciaba las operaciones navales contra la escuadra. Del 18 de agosto al 12 de enero del 74, Cartagena resistió tres sitios. López Domínguez lograría la capitulación del Cantón, el 12 de enero de 1874.

«Por fin la capitulación se impuso —escribe Badía—. La contrarrevolución había triunfado, llevada de la mano por los propios republicanos federales, por los ideólogos revolucionarios pequeño-burgueses. La cantonal había concluido».

Aunque hemos llegado al final del cantón, tenemos que recordar que el Cantón de Cartagena era uno de los problemas que dejaba pendientes Salmerón al cesar como presidente del Poder ejecutivo. Tampoco consiguió su sucesor Castelar acabar con la resistencia de Cartagena; finalmente, los cantonalistas se rindieron al Gobierno surgido del golpe de estado de Pavía, al serles concedido el indulto general y el reintegro en el ejército de los militares. Entre los cantonales de segunda fila fueron encarcelados o deportados a las Antillas y Filipinas.

IV. ESPAÑA EN GUERRA

IV. ESPAÑA EN GUERRA

1. La guerra carlista

a) La campaña de 1873

Con el advenimiento de la República el carlismo recibió un nuevo impulso. La guerra carlista estaba muy agravada, sobre todo en las Provincias Vascas y Navarra, pero también en el Maestrazgo, en Cataluña y Levante, con sus características especiales.

La República, en esta tercera guerra carlista (1872— 1876), dio el mando del Ejercito del Norte al general Pavía, que sustituyó a Moriones —tildado de desafecto al régimen— que prometió a los vascos y navarros: Paz y Fueros. Al día siguiente, el mariscal de campo carlista Dorregaray, que había entrado en España por Dancharinea, dirigió otra proclama: «¡La campaña comienza desde hoy!» Fue un acierto su nombramiento de comandante general carlista.

El duelo Pavía-Dorregaray duró solamente días, por traslado del general de la República a la Capitanía General de Castilla la Nueva; fue sustituido por Nouvillas. Hubo victorias y derrotas. Por una parte Dorregaray venció en Eraul, cerca de Estella, donde fueron hechos prisioneros algunos jefes, por otra fracasa en la persecución del enemigo. Las rápidas marchas facilitadas por el conocimiento experimental del terreno y por la natural movilidad del guerrillero hacían que los carlistas escapasen muchas veces indemnes.

Lizárraga, nombrado general de los carlistas de Guipúzcoa, trató de arreglar las diferencias con el cabecilla cura Santa Cruz, sin conseguirlo [59]. Es más, Santa Cruz fue sumariado y condenado a muerte, aunque fue indultado por la intervención de otros jefes.

Luchaban los carlistas con los liberales; pero también en su propio seno combatían entre sí los voluntarios con espíritu de cruzados y los consabidos «latro-facciosos».

Había cesado Nouvillas, general en jefe del Ejército del Norte, al ser nombrado ministro de la Guerra en el Gobierno de Pi y Margall. El contratiempo de Eraul hizo que reasumiera el mando. Como no contó con los recursos prometidos por el Gobierno, no tuvo el éxito esperado. Mientras los carlistas dominaban en Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. A Nouvillas le sucedió el general Sánchez Bregua, con menos experiencia que sus antecesores, por lo que los carlistas tomaron Oñate y Estella y establecieron el sitio de Bilbao, amenazando Vitoria.

Los carlistas se afirmaron, y don Carlos volvió a entrar en España por Dancharinea. En Zugarramundi recordó a los voluntarios «que la única bandera verdaderamente monárquica» era la suya: «la bandera de la legitimidad y del derecho». Tras unas victorias de sus tropas, fue hasta Guernica a jurar los Fueros, y a Loyola a rezar a San Ignacio. La presencia de don Carlos enfervorizó a sus huestes en distintos lugares, y muchos combatientes de las filas enemigas, jefes y oficiales, al comprobar la indisciplina, desertaron para incorporarse a las filas carlistas. Con lo que aumentaron las aportaciones de dinero —frecuentemente debido a la exacción— y eso permitió la compra de armas a Francia, sobre todo desde que la regía el mariscal Mac-Mahón, que quería contribuir a terminar con la peligrosa situación causada en España por la República [60].

Durante el gobierno Castelar, el 13 de septiembre de 1873, mandó en el ejército del Norte el general Moriones, que avivó la esperanza. Este conocía bien el problema, pues había hecho la guerra en ese mismo territorio. Dijo a sus soldados: «Vuelvo a verme entre vosotros como el padre al lado de sus hijos. Siento que la fortuna se os haya mostrado veleidosa; pero de hoy más, estad seguros de que nos sonreirá propicia». Hizo un oportuno llamamiento «a la más severa disciplina[61]».

Moriones liberó Tolosa, sitiada por los carlistas, y continuó a Navarra. Concentrados los carlistas en Estella, se riñó un combate muy duro en las faldas de Monte Jurra —7 de noviembre—, en el que Moriones, enfermo en Tafalla, y Elío —general en jefe del Ejército carlista de Navarra—, se atribuyeron los dos la victoria. Los liberales desalojaron a los carlistas de sus posiciones de primera línea, pero los carlistas cerraron a los liberales el camino de la codiciada Estella. Hubo ataques y contraataques. No persiguieron a Moriones por falta de caballería y pudo retirarse el jefe liberal ordenadamente. El 8 de marzo entraba don Carlos en Tolosa.

En Cataluña, la República dio el mando superior a Contreras, «republicano federal intransigente», como le califica Fernández Almagro, que poco después se pondría al frente del cantón de Cartagena. Muy difícil debió resultar a Contreras su autoridad sobre soldados que acusaban en su indisciplina las consecuencias de las ideas profesadas por el general mismo. Los gritos «¡Que bailen!» y «¡Abajo los galones!» estaban en Cataluña a la orden del día. Ya era bastante grave que vejasen, recusaran y hasta expulsaran del mando a los jefes que no eran de su agrado; es que además, hacían fuego contra ellos como ocurrió en Berga con un batallón de Extremadura que tiroteó a su coronel: pedían en masa la licencia absoluta; o se alzaban en franca sedición, cual hizo el regimiento de América al grito de «¡No forméis! ¡Fuera listas! ¡Abajo los entorchados del general, que es un tirano!»[62].

Un discurso parlamentario de Martínez Campos pinta al soldado republicano en Cataluña así:

«Allí iban los soldados con la levita abierta por el pecho, con el gorro frigio; muchas columnas quemando las casas, y otras cometiendo todo género de violencias (…). Al día siguiente de mandar las fuerzas que tres días antes habían arrojado cáscaras de naranja al general en jefe, y que se habían sentado en el camino no queriendo continuar la marcha que aquél les ordenaba; al día siguiente, repito, de encargarme yo del mando, aquellas fuerzas quedaron sujetas a la disciplina. Cinco coroneles y seis tenientes coroneles separé del mando por no haber sabido sostener la disciplina que yo mantuve sin fusilar a nadie, sin enviar a nadie a presidio, y aquellos batallones indisciplinados que se me entregaron (…), ¡cuánta gloria no han dado a la patria desde que yo los discipliné!»[63].

Del mismo modo procedieron en Cataluña otros generales a los que importaba muchísimo obtener esos resultados, ya que la indisciplina del ejército liberal hacía mucho más por el triunfo de los carlistas en Cataluña, que el general en jefe del Ejército realista, su Estado Mayor y comandantes generales.

Savalls, guerrillero graduado de mariscal de campo, sacó mucho partido de la situación y, con sus sorpresas y ardides, venció a jefes liberales. Tomó Berga el 27 de marzo de 1873, pero recuperaron la plaza Martínez Campos y Cabrinety.

Savalls tuvo éxitos y fracasos. Era superior a Santa Cruz en «dotes militares e intuición política». Representó Savalls en Cataluña un papel análogo, por el terror, al cura de Hernialde en Guizpúzcoa, siendo reprendido y arrestado por don Carlos. Savalls prometió a su rey fidelidad y sumisión absoluta, a cambio de olvidar el pasado.

Savalls había vencido a unas compañías gubernamentales. Cabrinety acudió inútilmente en su ayuda, con unas fuerzas indisciplinadas, y al ponerse al frente de su tropa, fue muerto a traición. Este desconcierto de las fuerzas republicanas fue aprovechado por los carlistas, que ocuparon media brigada, que dejó armamento y dinero y novecientos prisioneros en poder de Savalls, a quien el pretendiente le hizo marqués de Alpens.

Comín Colomer destaca la persecución religiosa con la profanación de las iglesias; algunas se destinaron a cuarteles como venganza por las victorias carlistas en Ripoll y Berga. Estas acciones, al parecer de los «incontrolados», operaban con las máximas garantías.

b) El sitio de Bilbao

Como en la primera guerra carlista, también ahora los carlistas querían conquistar una gran ciudad que les diera mucho prestigio. Aunque Vitoria ofrecía mayor posibilidad para ser tomada, y el valor estratégico era muy grande, se decidieron por Bilbao, que tenía mayor renombre en todas partes [64].

El primer objetivo del Gobierno era conseguir la incomunicación de la villa, que al principio fracasó. A fines del 73 se dominaba sobre toda la provincia vizcaína menos Bilbao, Portugalete y otros destacamentos liberales.

Cuando en febrero de 1874 cae Portugalete, comienza el bombardeo de Bilbao. Se habían dado unas horas de plazo para que pudieran salir distintas personas antes del asedio.

Desde febrero de 1874, San Juan de Somorrostro fue el principal enclave en las facciones de los dos ejércitos en torno a Bilbao. Ése fue el centro de operaciones de Moriones. Por el lado carlista, cerca de Somorrostro se estableció una línea defensiva en torno al pueblo de San Pedro de Avanto. «Apoyábanse en el mar por nuestra derecha, en la cadena de montes que desde Sopuerta conducen a Valmaseda por la izquierda —escribía uno de los combatientes—, por nuestra espalda en la ría de Bilbao, y la ría de Somorrostro, desde la parte de las Cortes hasta su desembocadura en el mar, era nuestro frente». En esas posiciones se libró en los últimos días de febrero un duro combate, con mucha participación artillera, que causó muchas bajas en los dos bandos y en el que Moriones no pudo romper las defensas carlistas.

Moriones pedía refuerzos, material, y el nombramiento de un nuevo jefe. En efecto, fue designado el general Serrano. En el mando carlista se produjo también un relevo: el general Elío sustituía a Dorregaray.

Entre los días 24 y 28 de marzo, los generales Loma, Letona y Primo de Rivera dirigieron una operación contra San Pedro Avanto, que fue una derrota para el Gobierno: varios batallones fueron destrozados y hubo cerca de 4000 bajas. Los carlistas aunque vencieron, perdían más de 2000 hombres y cayeron dos de sus jefes más célebres: Nicolás Ollo y Rada, que era muy popular.

Manuel Gutiérrez de la Concha, uno de los generales más prestigiosos del Ejército, dirigía las fuerzas gubernamentales. Si bien se le suponían proclividades alfonsinas, se le consideraba el mejor estratega del momento. Según Pavón:

«El raro conjunto de dotes para la complejidad del mando las poseyó, en el campo carlista, don Tomás Zumalacárregui, y entre los generales isabelinos o liberales, don Manuel Gutiérrez de la Concha».

El plan de Concha estaba basado en la sorpresa y en el riesgo. La primera y exitosa operación se dirigió al puerto de Muñecas, donde se destacó Martínez Campos. La toma de Avellaneda y el esfuerzo para penetrar por el estrecho y defendido desfiladero que conducía a San Pedro de Galdamés le permitieron el paso a Bilbao. El 2 de mayo las tropas de Serrano entraban en la villa. El general, al comunicar el triunfo a Madrid, puntualizaba:

«Tan brillante éxito es debido muy principalmente a la inteligencia, bravura y genio militar del marqués del Duero».

La liberación de Bilbao tuvo resonancia en España y Europa. En el lado carlista, por el contrario, significaba una gran decepción.

El 15 de mayo de 1874 el general Serrano regresaba triunfante a Madrid. Concha quedaba como jefe del Ejército del norte. Protegido Bilbao e iniciada su reconstrucción, quiso tomar el último reducto importante del carlismo: Estella. Mientras, perdió la vida el general Concha en Monte Muru. La operación se había preparado cuidadosamente. En la Ribera de Navarra se habían situado 50 000 soldados, 2500 de caballería y 80 cañones. La muerte del general significó una gran desmoralización en su ejército. Tomó el mando el general Echagüe, que se retiró hacia Tafalla y Logroño. El Ejército perdió más de 1000 hombres, convoyes de abastecimiento, cientos de oficiales heridos o prisioneros, recibiendo un trato duro de los carlistas.

A lo largo de 1874 se adivinaba la derrota del carlismo en la mayor parte de España, ajena a la guerra. Sólo unas cuantas provincias sostenían la guerra en puntos muy determinados. La falta de ambiente nacional hizo disolverse a las huestes de don Carlos.

2. La guerra de Cuba

Los españoles de la península, preocupados con los problemas de la República: el carlismo y el cantonalismo, no podían atender los asuntos cubanos. Si eran españoles los dos bandos que propugnaban la emancipación, aquí hay que considerar el elemento de raza de color.

«El negro y el mulato mantenían en Cuba una guerra contra España que, a más de constituir en sí misma un hecho político-militar, avivaba, al proyectarse sobre la gobernación general del país, un problema que, en todo caso, venía decidiendo a la opinión nacional en bandos numéricamente desiguales: muy escaso el de los abolicionistas de la esclavitud —que a este problema nos referiremos—, frente a los partidarios de conservarla, con algún piadoso retoque a lo sumo. Las clases conservadoras, en su más amplio sentido, eran opuestas, desde luego, a que se aboliera institución tan útil al mayor rendimiento de sus ingenios[65]».

Se tenía la impresión de que «España no podía conceder cosa alguna, en lo político o administrativo, sin correr el peligro de que su generosidad o buen sentido se tomara por flaqueza, y así, la insurrección se crecía bajo la condescendencia de un Estado débil». Se pensaba que España perdería prestigio si no contestaba a la guerra con la guerra. De esta idea participaban, señala Fernández Almagro, incluso algunos liberales y republicanos, partidarios de toda clase de reformas con tal de que no alterasen el régimen establecido por España.

Las reformas que conviniera introducir en el Gobierno de Cuba y Puerto Rico, no se habían tocado desde 1865 por Cánovas, ministro de Ultramar, y la resistencia cubana proclamaba que si acaso se propiciaría el status quo.

Al advenimiento de la República estaba vacante la Capitanía General de Cuba. El general Ceballos la desempeñaba interinamente y el Gobierno de la República nombró —25 de marzo de 1873— capitán general a don Cándido Pieltain. Ceballos no disimuló la desconfianza que le inspiraba el nuevo régimen, y se pronunció en «contra de cualquier reforma que pudiera poner en peligro la integridad del territorio o el modo de ser esta sociedad»: la cubana.

«El general Pieltain encontró al enemigo muy envalentonado y los mandos del Ejército algo movidos por la renuncia de aquellos jefes que no quisieron aceptar el nuevo régimen. Subsistía, desde luego, el problema político de los voluntarios y el del mal ambiente causado por los vicios y corruptelas de la Administración, de que eran señal, entre tantas otras, las deficiencias del transporte[66]».

En el combate de Jimaguayú murió Ignacio Agramonte, alma de la sublevación en el Camagüey.

La muerte de Agramonte motivó nuevos mandos en el ejército, discutidos por los insurrectos, recelosos por el poder temporal, que ejercía el llamado presidente de la República cubana Céspedes. Éste con «el grito de Yara» dio comienzo a la insurrección. Céspedes fue acusado de dictador, depuesto por la Cámara de representantes —27 de octubre de 1873—, y sustituido por Salvador Cisneros Bethancurt, marqués de Santa Lucía, presidente de aquélla.

a) La abolición de la esclavitud

Uno de los puntos programados por la República era la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba, por mucho que lo impidiese la suspicacia de las innegables e interesadas presiones del Gobierno de los Estados Unidos.

La abolición de la esclavitud de Cuba no salió adelante por los intereses creados y por la actitud de los conservadores. Más fácil resultó la de Puerto Rico.

Cuando se planteó en la Asamblea Nacional el proyecto de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, todo se iba en enmiendas y discursos. Rafael María de Larra abogó por que se rectificase «la peregrina especie de que esas reformas hubieran de servir a la causa de la separación de aquellos países del regazo materno».

Defendía Larra la suspensión de los embargos de bienes de los llamados infidentes. Y se decretaron otras disposiciones limitando las atribuciones de los capitanes generales y se modificaron algunas leyes.

La abolición de la esclavitud no fue fácil. Castelar persuadió a la oposición para que depusiera su actitud:

«Si no se vota la abolición, yo lo declararé ante Europa; yo lo declararé ante América; yo lo declararé ante el mundo; no se ha votado, porque aquella Asamblea que nació bajo la Monarquía, trajo la abolición de la esclavitud por comprometer y aún deshonrar a una República».

Finalmente la abolición de la esclavitud fue aprobada por la Asamblea nacional el 22 de marzo. El artículo de la ley decía: «Queda abolida para siempre la esclavitud en la isla de Puerto Rico». Se comunicó a las Antillas y a todos los Gobiernos de Europa, y se acordó poner en el Congreso una lápida con la fecha del acuerdo y esta inscripción: Este día fue rota la cadena del esclavo [67].

El movimiento de la abolición de la esclavitud había comenzado en Gran Bretaña (1807). En España los primeros Gobiernos de la Revolución (1868-1874) promulgaron la abolición: en la Península en 1870 y en Puerto Rico en 1873.

En Cuba se tenía miedo a la falta de apoyo de los propietarios cubanos, pues aquí el movimiento esclavista tenía más fuerza que en Puerto Rico, por eso no se dio libertad a los esclavos hasta 1880, reinando ya Alfonso XII.

b) El sexenio revolucionario

La revolución de septiembre de 1868 supuso para los cubanos muchas esperanzas. Hasta entonces el régimen monárquico les había sido presentado como genuina encamación del poder despótico; y encontrándose con uno que, aunque provisional alardeaba de liberal, la esperanza de grandes cambios fue enorme. Algunos pensaron en radicales reformas, pero otros querían una total independencia.

Distintas circunstancias contribuyeron a la primera gran crisis cubana: el crecimiento del interés de la ascendiente burguesía peninsular por las amplias posibilidades que ofrecía el espacio antillano, como productor de azúcar y como mercado reservado y seguro para los productos españoles.

Dentro de Cuba había una importante burguesía criolla y peninsular, dueña de plantaciones de caña de azúcar y de café trabajadas por mano de obra esclava, y una clase media de funcionarios y de pequeños propietarios agrícolas y ganaderos.

El proceso cubano iba desde el inmovilismo a la independencia. Y hay que destacar el viejo interés y la constante presión de los Estados Unidos sobre la población cubana y sobre España.

La primera guerra cubana (1868-1878) arruinó a muchos de los plantadores criollos, que empezaron a ser sustituidos por empresas norteamericanas interesadas en la producción azucarera, de las que llegarían a ser el primer cliente los Estados Unidos.

Las tendencias antiesclavistas se iban imponiendo. Distintas publicaciones tuvieron especial incidencia en el proceso abolicionista. Lincoln por la ley de 1 de enero de 1863 que disponía la libertad de todos los eslavos; esta ley tuvo inmediata repercusión en Cuba.

El poder y la influencia de los capitanes generales habían aumentado sensiblemente desde tiempos de Fernando VII. En ocasiones llegaron a adoptar una actitud de virreyes nada propicia a la consulta con el Gobierno de Madrid, cuyo desconocimiento de la realidad cubana era proverbial. Los capitanes generales tuvieron que adoptar un difícil equilibrio, situándose en un problemático justo medio entre un reformismo a ultranza y un inmovilismo radical.

En principio, el movimiento revolucionario del 68 no fue ni nacionalista ni abolicionista. «La revolución no agitaba la bandera de la emancipación inmediata y absoluta. Reconocía, simplemente, a los propietarios el derecho absoluto de insumisión». Libertad al esclavo, escribe Raúl Cepero.

«Aquí donde hay diversidad de razas y derechos… —se proclamaba en un manifiesto—, es peligroso el establecimiento de libertades políticas que faciliten medios de acción y concierto a los que se interesen en arrancar este territorio del nacional».

Creado el Casino Español de la Habana en 1869, nació como una sociedad patriótica, «consagrada a despertar el sentimiento de la madre patria en Cuba y a reunir esfuerzos para combatir a los enemigos». A ejemplo del Casino de La Habana, se crearon otros en Matanzas, Cienfuegos, Santiago… centros impulsores del conservadurismo cubano, desde donde se orientó la política del partido españolista y se financió y dirigió el movimiento de voluntarios de Cuba.

Cuerpo de combatientes paralelo al ejército regular, los voluntarios de Cuba, nacieron al servicio del antirreformismo colonial, como defensores del orden social establecido y de una Cuba española.

En España, los asuntos cubanos, la guerra iniciada con el «grito de Iara» y el dilema esclavismo-abolición constituyeron un capítulo de especial importancia en el sexenio revolucionario.

La proliferación de círculos hispano-ultramarinos por la geografía nacional y su inmediata adhesión al ejemplo dado por Madrid muestran hasta qué punto iban unidos los intereses económicos peninsulares en Cuba y la patriótica defensa de su unión con España.

De los centros hispano-ultramarinos salió la creación de una Liga Nacional para combatir las reformas de Ultramar, que se constituyó en un verdadero poder contra el Gobierno. «No basta —se decía en su primer manifiesto— que en la capital del Reino, unidos el moderado y el carlista, el conservador y el republicano unitario, hayan realizado la Liga Nacional para mantener la integridad del territorio; preciso es que en todas las ciudades, que en cada pueblo se haga igual fusión por esa lucha, de cuyo éxito depende el bien de nuestra Patria».

Desde el Casino Español de La Habana y desde todos los centros coloniales de las principales ciudades españolas se apoyó la política de la Liga y se afirmó la adhesión al general Serrano, cuyo concurso se requería como brazo armado del integrismo colonial.

Proclamada la República, y cuando el gobierno de Figueras aprobó la abolición de la esclavitud en las Antillas, la reacción de la Liga no se hizo esperar, y se acentuó el alejamiento de las clases conservadoras del régimen republicano, que atentaba contra sus intereses. «La abolición inmediata de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico dará por resultado que no vengan de allá el azúcar, el café, y los demás productos que allí se producen, y que de aquí no puedan ir las harinas, el trigo, los vinos, el aguardiente, los tejidos, quedando en consecuencia nosotros reducidos a la mayor miseria, y lo mismo nuestros hermanos de las Antillas», argumentaba Esteban Collantes en la sesión de Cortes del 18 de febrero de 1873. Sin embargo, la esclavitud fue abolida de momento, como vimos, sólo en Puerto Rico.

«Los Gobiernos del sexenio tuvieron siempre grandes dificultades económicas para atender debidamente las necesidades de hombres, de armamento, de equipo y de abastecimientos que requería la fuerza combatiente de la isla, cuyas condiciones de vida y de lucha fueron más que precarias. En realidad, los graves trastornos internos que vivió la península, especialmente la guerra carlista y el fugaz pero violento fenómeno cantonalista, impidieron que se atendiese adecuadamente la solución armada del conflicto cubano».

V. CASTELAR, PRESIDENTE DEL PODER EJECUTIVO

V. CASTELAR, PRESIDENTE DEL PODER EJECUTIVO

1. Comienzos de su presidencia

Castelar destaca sobre los tres presidentes que le precedieron, tanto por su espíritu nacional como por muchas otras condiciones: energía y prudencia, madera de hombre de Estado, la coherencia política —la republicana— en toda su trayectoria, es «tal vez uno de los raros ejemplos de político español que no cambia de partido». Isabel II quiso conocerlo. Ante los ofrecimientos de la reina, le dice abiertamente que él profesa ideas republicanas y que está seguro del fin de su monarquía.

Castelar fue el mejor orador del siglo XIX, como ha sido reconocido unánimemente; florido y retórico, cuyos discursos se sabían muchos españoles [68]. Como político fue completamente leal con el país, aunque tuviera que rectificar a su planteamiento inicial, cuando lo pedían las circunstancias.

Emilio Castelar y Ripoll, de ascendencia valenciana, había nacido en Cádiz en 1858. Su padre, liberal, tuvo que marcharse de Levante huyendo de la reacción absolutista, y con toda la familia se fue a Cádiz, ciudad que tenía mucha fama liberal[67a]. Fue educado por su madre, ya que, siendo él niño, su padre se fue seguramente a Gibraltar y nada más se supo de él. Castelar se resentirá de esta ausencia paterna en su formación [69].

A los veinticinco años era catedrático de Historia de España en la Universidad Central. Condenado a muerte por su intento revolucionario, huyó a París, volviendo a España a raíz de la revolución de septiembre en 1868. Aunque este año pudo alcanzar puestos importantes, su convencimiento republicano le distanció de los directores del nuevo régimen, y le alejaron de España.

En cuanto a su religiosidad, no hay unanimidad. Para el encargado de negocios de la Santa Sede, Castelar no profesaba religión alguna, aunque en su juventud practicó como cristiano. Para Menéndez Pelayo no pasa de un cristianismo estético y contradictorio. Sin embargo, espigando en sus discursos se puede sacar una impresión diferente: «Yo creo en Dios: porque he encontrado a Dios siempre en el fondo de la Historia, porque he encontrado a Dios siempre en el fondo de la Ciencia, porque he encontrado a Dios siempre en el fondo de la Naturaleza; y no extrañéis, no tomaréis a mal que yo levante mis brazos al cielo y le pida a Dios sus bendiciones para esta Cámara». Después de todo —decía en 1857—, «lo confieso, la idea más arraigada en mi alma, es la idea religiosa. Una cruz, la aguja de un campanario, una capilla de piedra, de esas que se levantan en la entrada de los pueblos, el eco de las campanas en la oración en la hora del crepúsculo, todo me llama a orar, todo me revela con sus encantos la verdad del sentimiento religioso que me enseñó mi madre».

Cuando habla de ella, lo hace siempre en términos apologéticos y recuerda su papel de educadora: la madre, dice, «reduce las ideas más sublimes a expresiones menores (…), habla de Dios como no hablan los grandes teólogos; cuando despierta a sus hijos y los viste, les dice cosas de religión que jamás han dicho ninguno de los predicadores más grandes ni más elocuentes».

Castelar combatió la Monarquía de Amadeo de Saboya, y al renunciar el Rey, contribuyó a la rápida proclamación de la República. Fue ministro de Estado con Figueras, Presidente de las Cortes, sustituyendo a Salmerón, y finalmente, Presidente de la República del 6 de septiembre del 73 al 3 de enero del 74.

Había tomado parte activa en todas las conspiraciones que se preparaban contra los Borbones. La República, según Castelar, era fruto de la Revolución de septiembre, ésta «llevaba en su mano la República, como la semilla la raíz, como la raíz la planta, como la planta el fruto».

El 7 de septiembre de 1873 renunció Salmerón a la Presidencia, ya que siempre fue partidario de la abolición de la pena de muerte, y le sucedió Castelar. Salmerón se refirió a la imposibilidad de formar un Gobierno de conciliación y sugirió a su sucesor: Emilio Castelar.

«Hay un hombre que no cede ciertamente a cuantos han servido hasta ahora a la Patria —dice el conde de Roma nones—, que no sólo brilla como orador sin igual hasta hoy, no ya en España sino en los fastos parlamentarios del mundo, que representa el espíritu de la mayoría y responde exacta y fielmente a la opinión del país en estos momentos, ése es el hombre que debe, no conciliar lo inconciliable, sino formar un Gobierno homogéneo, el único posible a mi entender, y a mi entender el único que puede salvar la libertad y la honra de la Patria y en quien yo fío la última suprema esperanza de que la democracia se afirme y la República se consolide[70]».

Pi y Margall, que estaba retirado de la política, volvió para disputarle la presidencia a Castelar. Pero éste fue elegido el 25 de agosto por 133 votos contra 64 que fueron otorgados a Pi.

El nuevo ministerio quedó formado así: Presidencia, Emilio Castelar; Estado, José Carvajal; Gobernación, Eleuterio Maisonnave; Gracia y Justicia, Luis del Río; Fomento, Joaquín Gil; Hacienda, Manuel Pedregal; Marina, Jacobo Oteiro; Ultramar, Santiago Soler, y Guerra, José Sánchez Bregua.

Como Castelar expuso en las Cortes, se propuso al tomar el mando, defender completamente la unidad e integridad de la Patria. El ejemplo cantonalista avivó su disposición, y fue completamente consecuente. Quería una «República de todos, para todos y por todos».

Sabía que infundiendo al régimen ese espíritu nacional, se jugaba su prestigio personal y político, considerado traidor por los exaltados republicanos. «He defendido la República federal —dijo—: he rendido siempre en mi corazón un culto religioso a todos estos principios, pero lo que ahora necesitamos, porque la política no es nada o es la transacción entre el ideal y la realidad, lo que necesitamos es orden, autoridad y Gobierno[71]».

Castelar era partidario de darle mucha importancia al Ejército, con las garantías técnicas y morales de los ejércitos permanentes. En este sentido se puede hablar de evolución en su pensamiento. Defendió la Ordenanza Castrense y el restablecimiento de las Direcciones generales. El Ejército español, declaraba: «en 1868 salvó todas las libertades; ese Ejército sobrio, sufrido, modelo de todas las virtudes militares, parece haber perdido la cabeza a la sombra de la bandera del deber, de la bandera de la República, y es necesario restablecer la autoridad en el Ejército». Por eso en todos los códigos militares figura la pena de muerte. Proclamó que daría mando a todos los generales, de cualquier partido que fueran, atendiendo a su prestigio profesional, y que sería completamente fiel a las Cortes. Entre sus sensatas disposiciones figuraba la abolición a metálico de los reclutas.

Pero Castelar el 13 de septiembre hizo esa petición: «Si no tengo, si no poseo la autoridad legal necesaria para defender la democracia, la libertad y la República de la mayor crisis que ha atravesado en los tiempos modernos; si no tengo este poder, no tendré la responsabilidad, e inmediatamente mandaré mi dimisión y la dimisión de todo este gobierno al Presidente de esta Cámara. Sin estos medios no estaré una hora en el Poder». Plenos poderes que eran en la práctica la dictadura.

Con lo que a las pocas horas de la formación del Gobierno se le concedieron poderes extraordinarios. Era el 9 de septiembre en cuya sesión fue elegido presidente de las Cortes, Salmerón. La fórmula autoritaria era la única que podía devolver a la democracia su prestigio.

«Castelar, al igual que Pi, para mantener el orden tenía que salirse de la legalidad y para evitarla se vio obligado a pedir a las Cortes plenos poderes —comenta el Conde de Romanones—, es decir, la dictadura. Castelar, hay que proclamarlo en honor suyo, tenía madera de dictador y haciendo uso de las facultades que las Cortes le concedieron, logró por algún tiempo imponer el orden en España[72]».

Las medidas que tomó el nuevo Presidente fueron:

«La ejecución de las penas capitales que dejó pendientes Salmerón y la rehabilitación de la Ordenanza militar en todo su rigor; el restablecimiento de las antiguas Direcciones generales de las distintas armas; la vuelta del Cuerpo de Artillería a la organización de que le privara el decreto de don Amadeo y Ruiz Zorrilla; el criterio seguido para proveer los altos mandos militares, habida cuenta del patriotismo y la capacidad; el llamamiento a filas a ochenta mil reclutas, aboliendo la redención a metálico y poniendo las reservas en pie de guerra; la suspensión de garantías constitucionales en todo el territorio[73]».

Se propuso por algunos diputados, la suspensión de las sesiones de las Cortes el día 20 de septiembre hasta el día 2 de enero de 1874. Tomada en cuenta esta proposición, fue aprobada por 124 votos contra 68.

Cuatro nuevos decretos venían a respaldar los poderes dictatoriales de Castelar. Entre otros, se disponía a controlar la prensa en unos términos que él mismo había calificado de tiránicos. Se comprende que toda la prensa, a excepción de la gubernamental, y no toda, criticó el rigor con que iniciaba su gobierno.

Hubo una reunión en casa de Figueras, con Salmerón y Pi y Margall, y decretaron la muerte política de Castelar. Salmerón, árbitro de las Cortes, prefirió, como veremos, el hundimiento de la República antes que la salvara Castelar.

El general Martínez Campos, después de sus éxitos en Valencia, se desplazó a Murcia. Hubo contactos entre Martínez Campos y Contreras, para rendir Cartagena, pero al disentir aquél del Gobierno, fue sustituido por el general Ceballos.

«El Gobierno faccioso de Cartagena —dice Fernández Almagro— continuaba defendiéndose y atacando hasta apurar los medios de que disponía, aunque sólo fuese para hacer valer más su capitulación llegada la hora de rendirse a la evidencia. A fin de impedir que la escuadra nacional de Lobo llegase a hacer efectivo el bloqueo, la del cantón, mandada por Contreras, salió a su encuentro, entablándose rudo y encarnizado combate —10 de octubre— a la altura del cabo de Palos. La Victoria intenta embestir a su antigua hermana la Numancia —cuenta un testigo del bando cantonal—. Quizá hubiese tenido lugar el gigantesco choque, pero la fragata francesa Semiramis, que con otras extranjeras se había mantenido como simple espectador, interpónese de repente entre los dos colosos y apacigua con su intervención el furor de ambas. A las dos horas y cuarto cesa el fuego. Ellos se dirigen a Pormán, y nosotros a Cartagena[74]». La victoria quedó indecisa.

La intranquilidad del Gobierno se unía con la del país; y Castelar, lo deseaba más que nadie, por eso le decía el 13 de noviembre al general Ceballos que si los emisarios del Poder ejecutivo no consiguen resultado; «es necesario proceder con energía al bombardeo de Cartagena. La opinión es suspicaz y llega a creer que el Gobierno tiene interés político en prolongar indefinitivamente el sitio. “Energía, energía, energía”». Y el día 23 le urgía: «No se puede retrasar más tiempo las operaciones sobre la plaza. Precisa que sean inmediatas, incontrastables (…) Le encargo operaciones vigorosísimas, de toda energía como lo reclama el interés de la patria, como merecen los crímenes de los insurrectos. De otro modo, peligra tanto como la libertad nuestra honra[75]». Y el día 26 Ceballos comenzó a bombardear Cartagena.

Los representantes del Cantón murciano pretendían para el cese de actitud, tratar al gobierno de poder a poder, exigían una total amnistía y la promesa firme de discutir y aprobar la Constitución federal. Presentada por Ceballos la dimisión, por divergencias con el Gobierno, quedó nombrado el general López Domínguez. Publicó un bando en el que decía:

«os aconsejo que depongáis las armas y abandonéis a los que con sus disolventes ideas han llevado el luto, la miseria y la desolación a esta ciudad (…) Pensadlo bien y escuchad una voz, todavía amiga, que en nombre del Gobierno republicano os ofrece libertad verdadera, orden, paz y sosiego (…). Se acerca el término de vuestra resistencia, porque el ataque ha de ser rudo y sangriento (…). El Gobierno, como liberal, es generoso, y no quiere el derramamiento de sangre: no le obliguéis a la severidad que repugna a los sentimientos de mi alma».

En tanto los cantonalistas continuaban la resistencia, aunque no con el ardor primitivo.

López Domínguez bloqueó la Ciudad, que por una serie de circunstancias, el Ejército sitiador tuvo que ocupar una línea extensísima. Además, pensaban los sitiados que los cambios políticos podían suponer en breve su triunfo, por lo que extremaban la desesperada resistencia. Cartagena capituló el 12 de enero de 1874 y López Domínguez entró en la plaza el 12 de enero de 1874. Castelar ya no era presidente, pero a él correspondía el acabar con el alzamiento cantonal.

2. El asunto del Virginius

El 31 de octubre el buque de guerra español Tornado apresó al vapor norteamericano Virginius, considerado filibustero, que fue conducido a Cuba; y se ejecutó a 53 pasajeros o tripulantes por decisión del comandante general de Santiago de Cuba, sin conocimiento del Gobierno de Madrid. El Gobierno de Washington protestó enérgicamente, pero no llegó a tiempo de impedir el fusilamiento

El Capitán General de la isla de Cuba, general Jovellar, justificó el hecho porque los tripulantes eran caracterizados separatistas, jefes de fuerzas armadas o miembros de la Junta de Nueva York, y transportar el Virginius víveres y pertrechos de guerra: armas, municiones, mercenarios (…). El Gobierno norteamericano adujo que el apresamiento no se había hecho en aguas jurisdiccionales de España, y que las ejecuciones iban contra el Derecho internacional y contra los convenios entre ambos países.

El Gobierno español tuvo que negociar con el de Estados Unidos con mucha delicadeza e imponer su autoridad a los españoles de Cuba, que no querían reconocer nuestra inferioridad.

En Cuba y en Madrid la noticia produjo gran satisfacción que, en principio compartió el Gobierno. Pero éste pronto entrevió las fatales consecuencias, que la ligereza de las autoridades cubanas, podían acarrear al régimen español. Nuestro embajador en Washington recogió la actitud de la prensa norteamericana ante el apresamiento y ejecución de algunos tripulantes: «fue un deseo general de vengar esos hechos sumariamente». Todo hacía pensar en un próximo enfrentamiento.

Las únicas actitudes oficiales del presidente Castelar y del embajador español destacan por su realismo y sensatez. A un despacho del general Jovellar —30 de noviembre—, Castelar contestó:

«En España nadie comprende que ni en pensamiento se resista a cumplir un compromiso internacional del Gobierno, y no comprendo que quiera ser Cuba más España que España. Una guerra con los Estados Unidos sería hoy una demencia, una verdadera demencia, y aunque fuese popularísima la guerra, para eso están los Gobiernos, para impedir las locuras de los pueblos. Recuerde V. E. lo que hizo Thiers cuando los franceses gritaban “¡A Berlín!”: demostrarles que la guerra sería un desastre; y ahí se ha capturado un buque en alta mar, se ha fusilado a españoles y a extranjeros sin esperar a conocer la opinión del Gobierno central, que preveía grandes catástrofes, y ahora se quiere cometer la última demencia, desobedecer al Gobierno nacional. Todos los argumentos de los Estados Unidos consisten en decir que España no manda en Cuba y van ahora a confirmar ese argumento. No se puede discutir un acto de Gobierno. Hay que obedecerlo. Inflúyase en la opinión, tómense las debidas precauciones, entréguese el Virginius y la tripulación superviviente de la manera que menos pueda herir el sentimiento público, pero entréguese sin dilación ni excusa. El servicio mayor que puede prestarse a la patria es obedecerla ciegamente[76]».

El Congreso de Washington desechó una proposición por la que se declaraba beligerantes a los insurrectos cubanos. Dicha proposición era un argumento que Castelar aducía al capitán general de Cuba en abono del acuerdo con Norteamérica.

Jovellar estaba dispuesto a cumplir las órdenes recibidas, pero había que exigirse a Washington «que en los puertos de la Unión Americana no se continuara preparando expediciones en favor de la insurrección».

Dadas las circunstancias, era muy «difícil que Castelar lograse un acuerdo más honroso del que, por su propia autoridad personal, a nombre de un país destrozado por tres guerras civiles, hubo de conseguir, ya que, a cambio de devolver el Virginius y dar libertad a los supervivientes de la tripulación o pasaje de dicho buque al tiempo de su captura, el Gobierno de los Estados Unidos prescindía de la reparación moral del saludo a la bandera en Santiago de Cuba —condición también exigida, en un principio, por el secretario de Estado, Fish—, en tanto España pudiese probar que el Virginius no tenía derecho a llevar la bandera de los Estados Unidos». Éste era el protocolo firmado en Washington por los representantes español y norteamericano.

Hubo diferencias de interpretación. El «atorney» general de los Estados Unidos emitió un informe declarando que el Virginius arboleaba la bandera norteamericana sin derecho el día de su apresamiento. El enojoso asunto quedó virtualmente resuelto, y en los sucesivos momentos de negociación, Castelar había contrastado su criterio con los de Serrano, Cánovas, López de Ayala y otros primates de la política, que se mostraron conformes.

La caída de Castelar dejó pendiente la reclamación del Gobierno español respecto a los daños y perjuicios que el Virginius había causado a España. Esta nota de nuestra Cancillería, no tuvo el éxito deseado. En 1874 «hubo de sustanciarse también la reclamación del Gobierno de la Gran Bretaña para que fueran indemnizadas las familias de los 16 súbditos ingleses fusilados a la vez que los norteamericanos (…)[77]».

Con este precedente, el Gobierno de los Estados Unidos reclamó también y aceptó el punto de vista del Gobierno de Madrid, dispuesto a «socorrer», no a indemnizar a las familias de los fusilados.

La cuestión del Virginius había sido una de las muchas dificultades de la República, pero hay que subrayar la prudencia y el realismo de Castelar. La crisis era un claro antecedente de la guerra del 98.

Frente a los estrategas de café, se alzaron posteriormente elogios a Castelar por su realista actitud. El 2 de diciembre de 1876 el ministro de Estado, Calderón Collantes, se expresaba así en el Senado: «mi enemigo político es el señor Castelar, pero yo me complazco en reconocer que una de sus mayores glorias, uno de los mejores títulos que tiene el señor Castelar al reconocimiento del país es el haber evitado en aquella ocasión una guerra que parecía inminente[78]».

* * *

El Gobierno de Castelar quería que el Vaticano reconociera a la República española el derecho a la presentación de obispos. Se llegó a un modus vivendi y se nombraron arzobispos de Toledo, Santiago y Tarragona, que veremos en capítulo posterior.

«La aproximación al Vaticano les dio (a sus antiguos correligionarios), no ya Pi y Margall y Figueras —que había vuelto a España, rehecho el ánimo y atenuada la conciencia de su fracaso— sino también a Salmerón, que más templado en lo estrictamente político, participaba del espíritu anticatólico de aquéllos. Castelar, en efecto, había quedado muy a la derecha de los republicanos genuinos, y si le fallaba el centro que Salmerón significaba, dado el equilibrio inestable de las fuerzas parlamentarias, sólo tardaría en caer el tiempo que durase la clausura de las Cortes[79]».

El Congreso aprobó el 5 de septiembre la proposición de Martínez Pacheco por la que entraba en vigor de nuevo la pena de muerte. Castelar había promovido esta disposición. De aquí provino la salida y retirada de Salmerón.

Los generales escribían a Castelar insistiendo en su aprobación, o amenazando con no estar al frente del Ejército. Entonces una parte del Ministerio, que representaba a Castelar o la tendencia conservadora, impuso la necesidad de que aprobase el proyecto de ley. Pero Salmerón, dirá Castelar en el Congreso el 14 de enero de 1889, «encasillado en la conciencia filosófica suya y en lo que él llamaba lealtad a los principios, negose con grave obstinación a pasar porque la propuesta de ley se aprobara». Aunque Castelar le insistió para que no se quedara al frente del Poder, fue inútil.

3. Memorádum gubernamental

El día 2 de enero de 1874 Castelar dio cuenta en las Cortes, con un Memorándum que leyó, de lo realizado por el Gobierno durante el interregno parlamentario. Expresó en él su deseo de una República, «no de escuela o de partido, sino nacional, ajustada por la flexibilidad a las circunstancias, transigente con las creencias y costumbres que encuentre a su alrededor, sensata para no alarmar a ninguna clase, fuerte para intentar todas las reformas necesarias, garantía de los intereses legítimos y esperanza de las generaciones que nacen impacientes por realizar nuevos progresos en las sociedades humanas[80]».

Aunque las generaciones educadas en la libertad y la democracia —decía Castelar en el citado Memorándum— detestan las revoluciones y los golpes de Estado, «si el desorden, si la anarquía se apodera de ellas y quiere someterlas a su odioso despotismo, el instinto conservador se vela de súbito y las lleva a salvarse por la creación casi instantánea de una verdadera autoridad[81]».

Se justifica Castelar de cómo utilizó la amplitud de poderes que le fueron concedidos:

«El Gobierno ha ejercido estos poderes, que eran omnímodos, con prudencia, atento a vencer las dificultades extrañas más que a extremar su propia autoridad».

En cuanto a las cantonales que pretendían romper la unidad patria, si no se había atajado totalmente, había sido por la falta de tropas y de recursos, aunque se mostraba optimista para su vencimiento.

Refiriéndose al aumento de las tropas carlistas y a sus éxitos, decía el Presidente, con claridad, que «la guerra carlista se ha gravado de una manera terrible. Todas las ventajas que le dieron la desorganización de nuestras fuerzas, la indisciplina de nuestro Ejército, el fraccionamiento de la patria, los cantones erigidos en pequeñas tiranías feudales, la alarma de todas las clases y las divisiones profundísimas entre los liberales, ha venido a recogerlas y manifestarlas en este adversísimo período».

Hace el Presidente un análisis del poderío carlista, y reconoce que «las consecuencias de los errores de todos se han tocado a su debido tiempo», por lo que la República pasa por durísimas pruebas. Por eso no se puede olvidar que estamos guerra; «que todo a la guerra ha de subrogarse. Que peligran la República y la libertad, los derechos a ser un pueblo moderno».

Elogia al Ejército, antes indisciplinado, pero que ahora «ha hecho en todas partes prodigios de heroísmo»; por la República «ha engendrado en su fecundo seno nuevos héroes y ha tenido en sus gloriosos anales nuevos mártires».

Igualmente alaba al pueblo armado que «ha contribuido también a sostener la causa de la libertad, desvanecidos los delirios separatistas». El Gobierno formó una milicia en la que toman parte todos los ciudadanos y contribuirán a la «defensa nacional y equilibrarán sus fuerzas; que no hemos salido de la tiranía de los reyes para entrar en la tiranía de los partidos».

Pasa revista Castelar a las cosas positivas:

«El orden se halla más asegurado, el respeto a la autoridad más exigido arriba y más observado abajo. La fuerza pública ha recobrado su disciplina y subordinación. Los motines diarios han cesado por completo. Ya nadie se atreve a despojar de sus armas al Ejército ni el Ejército las arroja para entregarse a la orgía del desorden. Los ayuntamientos no se declaran independientes del poder central ni erigen esas dictaduras locales».

Respecto a las medidas impopulares, que mostraban algunas restricciones de la libertad, dice que «si las desgracias de una doble guerra (la carlista y la de Cuba) han exigido la suspensión de algunos derechos, el eclipse de alguna libertad en el seno de la República, dejadla en su movimiento pacífico, y veréis con qué prontitud y con qué solidez recobra su propia naturaleza».

Por último, proponía una conducta de conciliación y de paz que aplacara los ánimos y que no los enconara, que fuera al mismo tiempo libertad y autoridad, que apelaran los diputados «de las injusticias presentes a la justicia definitiva, y podrán esperar de la historia el título de “propagadores, fundadores de la República en España”».

Castelar no admite que la votación de la Asamblea le pueda ser adversa. Por eso cuando —en vísperas de reanudarse las sesiones de las Cortes— algún general le propone un golpe de fuerza, lo rechaza, tanto por demócrata como porque confía plenamente en que las Cortes apoyarán su gestión.

4. Derrota parlamentaria

Castelar, convencido de que era muy difícil con aquellas Cortes gobernar, el 20 de septiembre con la votación de sus partidarios y con el apoyo de Salmerón —presidente de las Cortes— las suspendió para reanudarlas el 3 de enero de 1874.

Mientras, los periódicos radicales de Madrid comentan adversamente el «despotismo temporal» de Castelar, a pesar que ese despotismo resultara no sólo beneficioso sino necesario.

En cuanto al ejército, Castelar consigue la colaboración de Serrano y Topete; el general Pavía había sido nombrado capitán general de Madrid por el presidente Salmerón. El Presidente seguía el criterio para promover los altos mandos militares de tener en cuenta su patriotismo y su capacidad, más que su filiación política.

En el orden político, regresaron a Madrid: Figueras, Serrano, Topete, Echegaray, Manuel Silvela, representantes de distintas tendencias, que se habían exiliado a Francia.

Algunos diputados de Madrid consideraban a Cartagena como símbolo de la idea federal y deseaban su existencia hasta la reanudación de las Cortes, el 3 de enero, seguros de que derribarían a Castelar y podrían conseguir para Cartagena una completa amnistía. Como el Presidente no era partidario de otorgar dicha amnistía y les exigía una rendición incondicional, provocaron su derrota, como veremos, el 3 de enero.

a) Duelo Salmerón-Castelar

Salmerón es la figura más importante de la oposición. Los esfuerzos de Castelar por atraérselo fueron ineficaces. Por una parte se encontraba Castelar en discordia con los intransigentes por los nombramientos que hizo: Martínez Campos, Capitán General de Cataluña, y el general López Domínguez, director de las operaciones de Cartagena. A pesar de todo los moderados y radicales decían que Castelar los utilizaba para cargos secundarios, pero que no quería darles el Poder. La verdad es que Castelar no tenía a un partido propio, pues creía ingenuamente que la República sería aceptada por todos. Después comprenderá que era imposible gobernar sin un partido.

El golpe de Estado de Pavía se veía venir, pues se tenía la evidencia de su necesidad, ante la abundancia de pronunciamentos. Castelar sabe que si Salmerón persiste en su actitud enemiga, se tiene que identificar con una Asamblea de fanáticos y de incendiarios, lo que no cree que Salmerón corra ese riesgo. Por eso piensa que el entredicho que pesa sobre Salmerón le va a salvar.

Todos saben a dónde van, y sin embargo van hacia el precipicio. Castelar dice «no» a los radicales que sugieren una República federal, y dice «no» al Ejército que ofrece su apoyo para defender el orden y la patria. El Presidente exige la defensa de la República.

Castelar hace una invitación a Salmerón a través de La Discusión para que considere la gravedad de la situación, se aparte de la izquierda de la Cámara y que le preste su apoyo. Y dice Castelar «que la opinión nacional va a jugar un gran papel y que Salmerón no se comprometerá frente a la misma haciendo causa común con la oposición». Pero hay que reconocer que no están de acuerdo. Castelar no para de hacerle consideraciones a Salmerón, partiendo de su periódico, pero como subraya Llorca, «nada puede contra la obcecación de Salmerón en su actitud irreconciliable, (…) era una cuestión personal, de prioridad de influencias y de poder; era el hecho que Salmerón no iba a dejar que Castelar saliera triunfante de aquella crisis y se convirtiera en el presidente indiscutible de una República salvada por él[82]».

Salmerón exige un cambio de ministros a su gusto, a lo que Castelar se niega, diciendo que se presentará en la Cámara con el mismo Gobierno. La polémica entre La Discusión, órgano de Castelar, y La República, órgano de Salmerón, resulta cada vez más agresiva. Este último dice «que la dictadura de Castelar ha sido ineficaz de todo punto y que si ha conseguido disciplinar el Ejército no ha conseguido el mismo resultado con los generales[83]».

Castelar cree en la opinión pública. Pero Salmerón «no quiere que la República se salve si ha de ser obra de Castelar. Se muere de envidia y, como todos los débiles, mata con ella».

Se explica la actitud de Pavía. La popularidad de Castelar es grande, y este hombre está en manos de Castelar, no obstante Salmerón le niega su vida política.

b) El 2 de enero de 1874

La Cámara está trabajada por los enemigos de Castelar que capitanea la mayoría, y lo derrotará.

Castelar da cuenta a la Asamblea de lo que ha hecho el Gobierno desde el 20 de septiembre, y rectifica sobre el Ejército y la Federal. La Cámara está dividida en dos fracciones: los amigos de Castelar y los enemigos, capitaneados por Salmerón. Los primeros piden a la Cámara que declare que ha oído con grata satisfacción el mensaje de Castelar y que de un voto de gracias por el «celo, inteligencia y elevado patriotismo que ha desplegado durante el interregno parlamentario».

Los amigos de Castelar, al presentar tal proposición, querían que se discutieran los actos del Gobierno de Castelar para que saliera completamente justificado. Pero Salmerón tiene otra proposición en sentido contrario.

Creía Castelar que si se hubiera puesto a votar después de la lectura de su mensaje, hubiera ganado, por lo que Salmerón aceptó irregularmente la proposición que contrarrestaba con la proposición favorable.

Castelar no encontró en la Cámara el calor que esperaba: con lo que se sintió defraudado, ya que admiraba su propio talento y su arte de gobernar. Mayor defraudación experimentó al oír la proposición, presentada por sus enemigos:

«Los diputados que suscriben, ruegan a las Cortes Constituyentes se sirvan acordar que no hay lugar para deliberar sobre la proposición de confianza al Gobierno».

Unos generales aseguraron a Castelar que no obedecerían más que a él. Ellos sabían que si caía Castelar nadie podría seguir adelante con una República moderada y democrática, no demagógica.

Salmerón, «ciego en su odio y en su envidia», hace derribar a Castelar. Al ser preguntado, si no está con Castelar, ¿con quién está? Salmerón había votado para que le dieran el Gobierno a Castelar que había votado la pena de muerte, pero ahora «echa encima de los hombros de Castelar todas las responsabilidades que se tomaron de acuerdo con la Asamblea, le desprestigia ante la misma y pretende seguir con la República adelante[84]».

León y Castillo —que es del partido alfonsino— tiene la valentía de manifestar que Castelar «a pesar de que no simboliza en el Gobierno nuestra política, es la única bandera que hay aquí de orden posible en estos momentos; por eso le apoyamos (…); ha combatido la insurrección cantonal, que combate la insurrección carlista, que ha reorganizado el Ejército, que ha restablecido la disciplina, que ha creado los medios de gobierno para poder luchar contra la demagogia, salvando la sociedad, salva la República, que la salve[85]».

Francisco de Paula Canalejas, amigo de Castelar, resume el estado caótico, sereno y exacto. Hace un llamamiento a los diputados que concedan nuevamente el Poder a Castelar, pues de lo contrario irá a la izquierda, «y desde allí cae en un abismo tan hondo, que no volveremos a ver libertad ni República, que no volveremos a gozar ni República ni libertad en lo que nos queda de vida, y seremos responsables ante Dios, ante nuestro partido y ante la Historia de que por pasiones mezquinas, por rivalidades indignas, por escisiones y por luchas inexplicables hemos arrojado al abismo lo que tantos y tantos años costó al antiguo republicano edificar y ennoblecer[86]».

Aunque Castelar pidió la palabra, Salmerón le rogó que le dejara hablar a él. En su decisión de derribar a Castelar, dice abiertamente: «si no podemos gobernar con nuestros principios, con nuestros medios, con nuestros procedimientos; y con el patriotismo a que siempre ha respondido esta Cámara, decida que vengan otros hombres y otros partidos[87]».

Salmerón no puede permitir que el Gobierno de Castelar haya sido un éxito, que cuente con los militares, con los monárquicos y con la Iglesia.

Y antes que hable Castelar, Salmerón le dice:

«Sepa el Presidente del Poder Ejecutivo que todavía estoy dispuesto a apoyarle si, por fortuna, se decidiera a hacer una política que no contradiga los principios y las convicciones que toda mi vida he profesado. Mas, por doloroso que sea, tratándose de un antiguo maestro y amigo, si se aparta de mis ideas, tendré que negarle mi humilde voto, porque sobre el culto que tributo a la amistad está el debido a la propia conciencia».

Castelar daba cuenta de su labor en los cuatro meses de interregno y dijo que «desde el momento en que la existencia del Gobierno está completamente en tela de juicio y amenazada de muerte segura y próxima, el Gobierno no puede responder con la misma fuerza y con la misma autoridad que ha respondido hasta aquí del orden público; por consiguiente, se necesita que inmediatamente le sustituyáis con otro Gobierno».

5. Defensa del propio Castelar

Para cada uno de los que le han atacado tiene Castelar unas palabras, que son un ataque y una defensa propia.

A la Cámara le dice:

«El Poder que acepté, casi impuesto; el Poder que he mantenido vigorosamente en mis manos; el Poder que no entrego a ningún factor nuevo ni desconocido, sino que entrego íntegro, total, sin mengua, a esta Cámara, a una Cámara completamente republicana».

Contra el partido republicano defiende su republicanismo:

«Sin embargo, yo tengo que decir una cosa: yo no he sido nunca sospechoso al partido republicano en la oposición, y en la desgracia; le soy sospechoso cuando es el árbitro de la fortuna, de los tesoros de la nación, cuando reparte todos los honores; y si aquí soy sospechoso, es porque le digo que él sólo no puede salvar la República; es porque le digo que está hondamente dividido y perturbado; es porque le digo la verdad, como se la dije a los reyes, y porque le digo que él no gobernará como no condene enérgicamente y para siempre a esta demagogia (…) ¿quién se extraña, quién tiene derecho a extrañarse de que yo represente en el partido republicano el elemento conservador?»

A Salmerón —su mortal enemigo— le recuerda, sin nombrarlo:

«Con vuestro aislamiento os habríais consumido en vuestra cátedra, en vuestros periódicos y en vuestras academias; con mi coalición han venido la libertad, la democracia y la República».

Como la Cámara acusaba a Castelar porque era poco republicano por sus concomitanzas con los radicales, afirma:

«Y (…) vino la República, no traída por los republicanos, que no tienen derecho a llamarse fundadores de la República, ninguno de ellos tiene ese derecho: la República la trajeron los radicales».

A los que le reprochan el haber cogido el Poder, cuando lo dejó Salmerón, les responde:

«¿Por qué lo acepté? ¿Por elección mía? ¿Por impulso mío? ¿Por deseo mío? ¡Ah, no, señores diputados! Bajé en cumplimiento de un deber doloroso; bajé porque yo no podía volver la cara al peligro ni rehuir grandes y tremendas responsabilidades».

E, historiando su ejecutoria, dice Castelar que llegó la revolución de Septiembre; él teóricamente republicano y federal, dijo a los promotores hablando de los convenios contraídos con los demócratas:

«soy más conservador que ellos, yo deseo el sufragio universal, yo deseo los derechos individuales; pero no tengo inconveniente ninguno en que me limitéis el sufragio y me limitéis los derechos individuales, con tal que me deis la forma de gobierno propia de las democracias, con tal que me deis sobre todo y ante todo nuestra querida República».

Cuando vino la Monarquía —dice— «busqué los procedimientos legales de acabar con aquella Monarquía». Y estallaron las divisiones: una parte de los republicanos se inclinaba a los progresistas; y «yo, como más conservador, me inclinaba a los procedimientos parlamentarios. Y no fui —añade— un aliado del partido radical».

Recapitulando, afirma que había apoyado a Figueras, a Pi y Margall y a Salmerón. Después de elogiar calurosamente a Salmerón, que lo considera «como uno de los filósofos que más ilustran nuestra Patria», dice que empleó todos los medios de fuerza, pero Salmerón «se encontró al mes y medio de Gabinete con que no podía vencer ciertos obstáculos y ciertos escrúpulos nacidos de su conciencia».

Justificó las medidas que empleó para salvar a la República: «Yo pongo la República sobre la libertad; yo pongo la República sobre la democracia». Castelar se presentó como liberal y como demócrata: «yo soy liberal y muy liberal, y se conoce que soy liberal en que, habiendo tenido toda clase de poderes, casi no he usado de ellos; que si tienta la tiranía cuando no se posee, ¡cuán tentadora será la tiranía poseída!».

Castelar se presentaba sobre todo como republicano:

«prefiero la peor de las Repúblicas a la mejor de las monarquías (…) (pues) está en la naturaleza de las Repúblicas, les sucede a las Repúblicas, que tarde o temprano admiten el espíritu de siglo. Más para salvar y fundar realmente esa República urge fundar el partido conservador republicano».

En cuanto a la Iglesia será objeto de otro capítulo. Y respecto al Ejército, se hizo lo que se podía en aquel momento. Reconoce lo hecho en el pasado y lo que se necesita en lo futuro.

La mayoría de los republicanos se sintieron alarmados ante la política castelarina y juzgaron peyorativamente sus medidas. Comellas sintetiza la fuerte oposición a Castelar:

«La represión se les antojó arbitrariedad, la pena de muerte un crimen, la censura de prensa un acto de despotismo, el recurso al Ejército una política militarista, y las negociaciones emprendidas con el Vaticano, simple clericalismo[88]».

«Y ahora —dice Castelar—, puesto que soy sospechoso al partido republicano, puesto que soy un dictador estéril, puesto que traigo los partidos enemigos de la República a este sitio, puesto que me he convertido en cometa sin órbita yendo a otros cielos y a otras regiones, yo os pido, ya que tratáis de sustituirme, que me sustituyáis pronto, porque si algo me apena es el poder, y si algo me halaga es el retiro, a donde al irme tendré la seguridad de haberos dado la paz y el orden posible; ¡y quiera Dios que os le conserve!». Y convencido de su leal y acertado proceder, agrega: «no os le conservará si no seguís mi política, porque mi política es la natural, y podréis maldecirla, pero no podéis sustituirla[89]».

Algunos diputados gritaron: A votar, a votar. Así se hizo, y con la propuesta, el gobierno Castelar fue derrotado por 120 votos contra 100. Eran las cinco de la mañana del 3 de enero de 1874.

* * *

En los distintos discursos de Castelar se advierte, junto a su carácter español, la simpatía por todas las regiones españolas: su cariño por Valencia, de donde procedía su estirpe; Cádiz, donde nació, o Murcia, donde pasó algunas temporadas veraniegas y donde moriría.

En el discurso de la Academia Española de la Lengua, contestando a Víctor Balaguer, hacía Castelar un elogio a la lengua catalana: decía que se había elegido en él «al catalán de nacimiento y corazón, para que diga en su lengua natal a los suyos cómo aquí no existen diferencias de provincias, ni privilegios, ni jerarquías, antes bien, una igualdad fundamental de todos los españoles, en la que se alza fuertemente, así la unidad material de nuestro suelo, en cuyos surcos mezclaron mil batallas la fecunda sangre de todos sus hijos, como la unidad intelectual y moral de nuestro espíritu (…). No pretendemos suprimir las variedades engendradas por el movimiento desarrollo de la vida (…). ¿Quién será osado a proponer que desaparezcan lenguas tan primitivas como el vasco, tan tiernas como el gallego, tan dulces como el bable, tan músicas como el valenciano, tan vigorosas y onomatopéyicas como el catalán?»

Al criticar los esfuerzos de Prim para buscar un rey después del destronamiento de Isabel II, ya que promulgada la Constitución de 1869, España era una monarquía sin monarca, en las Cortes de 3 de noviembre de 1870, se pregunta: «¿Y vais a lanzar sobre un pueblo así a un monarca extranjero? Si no lo siente, si no se remueve, si no se levanta la nación española de su indiferencia, ¡ah!, demostrará algo bien triste, bien doloroso para todos nosotros: demostrará que España ha muerto». Y advertía a los futuros reyes: «Yo no puedo comprender cómo hay quien se atreva a traer un rey extranjero a España. Yo no puedo comprender cómo hay un rey extranjero que se atreva a venir a España[90]».

Las cantonales le ofrecían a Castelar manifestar su condición. Los dos primeros presidentes de la República eran catalanes, por eso Cataluña hablaba de declararse en cantón. Como dijimos, muchas provincias se levantaron más que contra el Poder central, contra la capital de provincia. Dentro de cada reducto se producían nuevas separaciones, así por ejemplo, Lorca no quiso someterse a Murcia, Betanzos quiso separarse de La Coruña, como Cádiz y Sevilla no querían nada con Madrid.

En el debate de 30 de julio, Castelar expresó la actitud —su españolismo— que había adoptado contra la doctrina federal y el cantón:

«Yo quiero ser español y sólo español; yo quiero hablar el idioma de Cervantes; quiero recitar los versos de Calderón; quiero teñir mi fantasía con los matices que llevaban en sus paletas Murillo y Velázquez; yo amo con exaltación a mi patria, y antes que la Libertad, antes que la República, antes que a la Federación, antes que a la Democracia, pertenezco a mi idolatrada España, y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a la más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas, y que íntegro debemos legar a las generaciones venideras[91]».

Y comentando este texto, concluía Fernández Almagro en 1968: «En las catastróficas circunstancias que España atravesaba, ese lirismo oratorio no dejaba de ser útil y tonificante[92]».

VI. EL GENERAL PAVÍA Y CASTELAR

VI. EL GENERAL PAVÍA Y CASTELAR

1. Opinión de los generales

Tal como estaban las cosas, se veía el golpe de estado como una necesidad que no podía tardar. Así escribe C. Llorca:

«El golpe de Estado de Pavía, o de cualquier otro, se veía venir, no porque se tuvieran noticias de su preparación, sino porque tenían la evidencia de su necesidad en un país donde los pronunciamientos eran una medicina tan usada como las sangrías en otro tiempo (…). Un mes antes del golpe de Pavía, el periódico del conde de Toreno, El Tiempo, anunciaba, sin que fuera desmentido por nadie, que se produciría un golpe de Estado».

En el mes de diciembre, a pesar de que continuaba la insurrección en Cartagena, se creía que el Gobierno era fuerte, y decidió aplicar medidas gubernativas en algunos puntos. El 22 de diciembre, el ministro de Gobernación Maisonnave dio un decreto autorizando a los gobernadores civiles a suspender periódicos, Diputaciones y Ayuntamientos. Y entonces se entrevistó Castelar con el Capitán general de Madrid, el gaditano Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, quien le manifestó, que en el caso de que la Asamblea derrotara al Gobierno, «disolvería las Cortes para salvar la sociedad amenazada por la demagogia».

El conde de Romanones hace una presentación, física y moral, del general Pavía, autor material de la muerte de la Primera República: Había nacido en Cádiz en 1827; su carrera militar fue brillante y rápida, a los cuarenta años llegó a Mariscal de Campo. Tanto Figueras como Salmerón, en circunstancias difíciles —posible movimiento alfonsino y los cantonales andaluces— que acabaron positivamente, mostraron su competencia. «Ejemplar acabado del militar español —dice el Conde— con todas sus condiciones y todos sus defectos. Dotado de valor personal notorio, en ocasiones temerario, y de amor abnegado a su Patria, caballeroso, culto como buen oficial de Artillería[93]».

Pero Castelar escribió una carta a los generales jefes de los ejércitos para saber su opinión. Esa carta permite conocer perfectamente el pensamiento castelarino. Así le decía a López Domínguez:

«Querido amigo: lo grave de las circunstancias me obliga a escribirle y hablarle como a mi propia conciencia en este momento supremo. Yo estoy resuelto a fundar la República en el orden, aumentar el ejército, a salvar la disciplina, a todo aquello que pueda darnos Patria. Pero yo estoy resuelto a emprender todo esto dentro de la legalidad. Si las Cortes me expulsan del Poder, yéndome a la oposición recuperaré todo lo perdido. Si las Cortes me sostienen yo sostendré esa política. Pero no salgamos de la legalidad. Yo le conjuro por la amistad que le profeso, por la confianza que me inspira, por mi honor y por el suyo, que sea fiel obediente a esa legalidad. Cerremos el período de los pronunciamientos militares, como debemos cerrar el período de las sublevaciones populares.

Una vez rota la legalidad, ¿dónde iríamos a parar? Iríamos a parar hasta la más exagerada reacción. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignominia sería cosa de morirse y de dejar un nombre horrible en la historia! Yo creo que por el espíritu de mi siglo que me anima, yo creo que la legalidad lo regulará todo y la Asamblea no desoirá a la voz de la opinión pública. Los diputados que llegan de provincias vienen animadísimos, y todos están decididos a sostener mi política. Legalidad, legalidad, aunque nombren a Pi y Margall. Yo se lo ruego a usted en nombre de lo más sagrado; yo lo espero de su conciencia, de su amistad, de su patriotismo[94]».

La contestación del general López Domínguez decía que «con mucho gusto escucho y siento sus exhortaciones, aunque me temo que la Cámara pueda tomar el camino que la legalidad sea la deshonra de la Patria, y entonces ¡cuánta responsabilidad podrá cabernos a los que hayamos tenido medios de volver por los fueros de la honra y de la dignidad de la Patria! (…) Me inspiraré en ella (la carta), procurando corresponder a los nobles sentimientos que se la han dictado».

Si Castelar intentaba llamar al camino de la legalidad, Figueras, Pi y Margall y Salmerón —los tres expresidentes del Poder Ejecutivo— se constituyeron en contubernio para imponer a la Cámara su voluntad: la caída del Gobierno Castelar.

Enterado Pavía —al dar por terminada su campaña en Andalucía— de que Castelar «estaba decidido a hacer patria, país y ejército, y a concluir las tres guerras civiles», le dijo: «Cuente usted conmigo[95]».

Al quedar dimitido el Gobierno, como vimos, se pensó nombrar a otro diputado Presidente del Poder Ejecutivo, por votación. El nuevo Presidente del Poder ejecutivo recaería en el diputado malagueño Eduardo Palanca, que Fernández Almagro presenta como «exministro federal y diputado malagueño de opaca personalidad».

De momento se suspendió la sesión, que se reanudaría poco después.

Pavía, al conocer la derrota de Castelar, envió a Salmerón, presidente de la Cámara, una misiva diciéndole que «desaloje el local». Estaban en la votación para el nuevo presidente del Poder Ejecutivo. Y al dar cuenta de la misiva, Salmerón aboga por seguir en sesión permanente, hasta que les desalojen por la fuerza.

Castelar defiende la continuación del escrutinio: «sin que el Presidente rehuya ninguna responsabilidad. Yo he reorganizado el Ejército, pero lo he reorganizado, no para que se volviera contra la legalidad, sino para que la mantuviera».

Un diputado propone que se de un voto de confianza al Ministerio dimitido, y Castelar, dice:

«De ninguna manera: aunque la Cámara lo votara, este Gobierno no puede ser Gobierno, para que no se dijera nunca que había sido impuesto por temor de las armas a una Asamblea soberana. Lo que está pasando me inhabilita a mí perpetuamente, no sólo para ser Poder, sino para ser hombre político».

Alguien sugiere que la Cámara y el presidente expidan un decreto declarando fuera de ley al general Pavía, y que se someta a un Consejo de guerra, pero no prospera.

La Guardia Civil entra en el edificio diciendo que se desaloje el edificio por orden del capitán general de Madrid. Un diputado, que ha votado contra la política de Castelar, ahora propone que la Cámara entera le de un voto de confianza. Pero éste comenta: «Ya no tendría fuerza y no me obedecerán».

El Presidente de la Cámara —Salmerón— ruega que todos los diputados ocupen sus asientos. «¿Acuerdan los señores diputados que debemos resistir? ¿Nos dejamos matar en nuestros asientos?» Varios diputados contestan: «Sí, sí, todos». Y mientras eso decían, se precipitaban a salir.

Al entrar la fuerza armada en el salón, algunos diputados apostrofan a los soldados: se oyen algunos disparos, queda terminada la sesión. Pavía, por si era necesario hacer un mayor alarde de fuerza, había ordenado que se hicieran unos cartuchos de cañón sin bala, para lo cual estaba preparada en la calle una pieza de artillería, pero no hizo falta. Eran las siete y media de la mañana. La República había terminado. El marqués de Villa-Urrutia subraya que todos los diputados habían abandonado el salón con más o menos precipitación y decoro, y añade con humor comentando la disposición de morir en sus asientos: «prefiriendo morir de muerte natural cuando les llegase su hora[96]».

Alguien alentó a Castelar para que él diera el golpe de Estado que esperaban los elementos de orden, o para que demorase la apertura de las Cortes, pero el presidente del Poder ejecutivo los rechazó.

En el ambiente había un presentimiento de una intervención militar. Proliferaban los augurios y los comentarios.

Castelar presentó su dimisión al ser desechada la proposición de confianza al Gobierno. Había llegado el momento. Cuando Pavía supo que Castelar había sido derrotado, mandó salir las tropas de los cuarteles y ocupar los puntos estratégicos de Madrid, pues la República disponía de unos diez mil voluntarios armados. Pavía se situó frente a las Cortes y envió a sus ayudantes para que en su nombre conminasen al presidente de la Cámara para que la desalojaran en el plazo de cinco minutos.

El interés partidista les llevaba a Salmerón y a la Cámara a no comprender la trascendencia del momento. Salmerón declaró que la votación no podía continuar, y que se constituían las Cortes en sesión permanente.

El fracaso de la República al no encontrar solución al orden público, hizo que sólo Estados Unidos y Suiza, fueron las únicas potencias que reconocieron inmediatamente al nuevo régimen. Las otras naciones adoptaron una política de espera.

Castelar había sido presidente de la República desde el 20 de septiembre de 1873 al 2 de enero de 1874.

2. Pavía y Castelar

Castelar, cuando los soldados entraron en las Cortes, permaneció en su puesto. Al coronel Iglesias —enviado de Pavía— le recuerda que él es todavía el presidente del Poder Ejecutivo de la República. Pero Iglesias le dice que él sólo obedece órdenes del capitán general de Madrid. Entonces los ministros, diputados y amigos le obligan a salir de la Cámara.

Cuando estaban en la calle, el exministro Oreyro, en nombre de Pavía, le suplica a Castelar que acepte el Gobierno, nombrando ministro a Maisonnave. Pero Castelar se negó rotundamente. No podía aceptar el Gobierno de manos de un General a quien la Asamblea republicana acababa de exonerar.

Para que quedara clara su actitud negativa al golpe de Pavía, Castelar hizo esta declaración:

«A la nación. Protesto con toda la energía de mi alma contra el atentado que ha herido de una manera brutal a la Asamblea Constituyente. De la demagogia me separa mi conciencia; de la situación que acaban de levantar las bayonetas, mi conciencia y mi honra. Madrid, 3 de enero de 1874».

¿Hubo acuerdo entre Pavía y Castelar? Categóricamente no. Aunque Castelar conocía sus intenciones, ya que el mismo general se las había dado a conocer. Por lo demás, todos sabían el propósito de Pavía; era un secreto a voces.

Se sabía en Madrid que los de Cartagena habían recibido órdenes para mantenerse sobre las armas hasta el 3 de enero, fecha de la intervención de Pavía.

A pesar de la promesa que le exigió Castelar a Pavía de respetar las decisiones de la Asamblea Constituyente, según Carmen Llorca, creía Pavía que colocando a Castelar ante los hechos consumados, éste aceptaría seguir en el Gobierno.

En 1876, en la sesión del 17 de marzo de las primeras Cortes de la Restauración, Pavía explicó su golpe de Estado:

«En el reducido gabinete de mi casa, yo solo, porque no consulté con nadie absolutamente, reflexioné lo que iba a ocurrir si el señor Castelar caía del Poder y era sustituido por un Gabinete cantonal o por la anarquía; esto último era para mí indudable, puesto que por más esfuerzos que hice no pude saber quién era el que le iba a sustituir, y los mismos diputados amigos míos me aseguraban que no podían ponerse de acuerdo para la sustitución».

Pavía quedó alerta, procurándose los recursos militares y políticos que necesitaría si Castelar caía del Poder. «Creía que Castelar era el único que pudiera pacificar el país, y que tenía tal fuerza que los republicanos y monárquicos le apoyarían». Y continúa Pavía: «Durante aquel período (suspensión de las sesiones de las Cortes), la izquierda y centro de la Cámara, que sumaban mayor número de votos que la derecha, se habían conjurado contra el señor Castelar y habían decidido derrotarle el mismo día que se reanudaran las sesiones. El país estaba aterrorizado de que pudiera realizar esto, y yo no podía creer que el acuerdo fuera definitivo. Pero pronto me convencí que la izquierda y centro de la Cámara, ciegos de coraje, compactos como un solo hombre, ansiaban que llegara el día 2 para derrotar al señor Castelar; y me convencí también que aquellos señores diputados que iban a derrotar al señor Castelar se iban a manejar después como lo hacen siempre los políticos españoles: que aunque se detestan, están unidos, asidos fuertemente de la mano, compactos como un solo hombre y bravos para destruir, pero sin pensamiento y en desacuerdo para crear[97]».

Ante esta situación, Pavía fue a hablar con Castelar y a rogarle encarecidamente que salvara a la sociedad. Que diera un decreto ordenando la suspensión de las sesiones y que él se comprometía a mantener el orden. Castelar se negó rotundamente:

«No quiero perder, no perderé un átomo de legalidad; el día 2 de enero me presentaré a las Cortes, explicaré mi conducta, y derrotado que sea, con amargura grande, llorando sobre mi patria, me retiraré a mi casa».

Y Pavía se preguntó: «¿Debo yo permitir que estalle la anarquía?» Y, sin consultar con nadie, por patriotismo se decidió a llevar a cabo el acto del día 3.

Pavía habló a los jefes de los partidos, y les exigió que no conspiraran contra Castelar; convino con ellos la disolución de la Asamblea y les dijo que cuando disolviera la Asamblea, «los llamaría y les entregaría el tablero político tal como lo recogiera, para que formaran un Gobierno que salvara el país, que salvara la sociedad (…)».

Después del golpe, Pavía dio un comunicado al Ejército y otra al Cuerpo Diplomático. Convocó a los jefes de los partidos políticos para que formaran Gobierno —Castelar se negó a acudir—, y Pavía declinó ante ellos el Poder.

Pavía no quería hacerse cargo del Gobierno; lo suyo era lo militar. Por eso, cuando los diputados abandonaron el Congreso, citó en aquel mismo lugar a los capitanes generales residentes en Madrid: Serrano, duque de la Torre, Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, su hermano José, marqués de la Habana, y Zabala; a los generales de la Armada Topete y Beránguer, y a los jefes de los partidos políticos más representativos: los constitucionales Sagasta y Alonso Martínez; los radicales Martos, Rivero, Becerra y Montero Ríos; el republicano unitario García Ruiz y los monárquicos alfonsinos Cánovas del Castillo y Elduayen. Castelar no quiso asistir [98].

También estuvieron muchos generales, brigadieres, otros mandos militares. La concurrencia era muy numerosa. Predominaban en la reunión los radicales, por lo que la solución en favor de Serrano, podía ser positiva.

Pavía les anticipó que estaba decidido a quedar al margen del Gobierno que formasen; sólo les hacía un ruego, que dieran una de las carteras a su amigo Eugenio García Ruiz, republicano auténtico, unitario, pero que «carecía de autoridad y de prestigio». Aunque los reunidos pensaban desairar al general, Sagasta dijo:

«Lo menos que podemos hacer con el General es darle una propina, bien se lo merece por lo que acaba de hacer».

Como la mayoría de los allí congregados eran monárquicos, había dos tendencias, sostenidas por Cánovas y Martos. D. Manuel de la Concha, creyó que era oportuno preguntar a Pavía cuál era su intención al disolver las Cortes. Al acudir Pavía, manifestó que era enemigo de la República Federal, pero partidario de la República Unitaria. Y por unanimidad, se designó presidente al General Serrano.

La solución de Serrano, grata a Pavía, era viable y formó un Gobierno homogéneo y no nacional. La continuidad de la República era una solución momentánea, sí repugnaba a todos la República federal.

Castelar, al hablar de estos hechos, dice categóricamente:

«Yo nada he tenido que ver, ni directa ni indirectamente, en el golpe del 3 de enero. Si yo hubiera sabido que aquello se intentaba, si yo lo hubiera sabido, queriéndole mucho entonces al general Pavía, le hubiera fusilado».

La acusación de connivencia entre Castelar y Pavía partió de Salmerón. En La Discusión, órgano de Castelar, el 3 de enero de 1874 se lee:

«No podemos menos de achacar la responsabilidad de todo lo que sucede al señor Salmerón, que ha ocasionado el conflicto gravísimo que últimamente ha trabajado al partido republicano».

3. Regencia de Serrano

Castelar comprendió desde el comienzo de su gobierno la necesidad de obrar con energía jugándose su prestigio personal y político; no quería hacerse cargo de la opinión del ala izquierda republicana. Su actuación fue tachada de despotismo, de militarismo y de teocracia.

Ya vimos la pérdida de confianza del Gobierno al desechar una proposición presentada, la dimisión de Castelar y la intervención de Pavía con la ocupación de las Cortes.

Aunque Pavía pudo erigirse en dictador o constituir un Gobierno nacional, no lo hizo, no quiso formar parte del mismo. Cuando supo que Castelar había rechazado el hacerse cargo de la Presidencia, encargó que formara Gobierno al general Serrano, duque de la Torre. Serrano ha tenido en general mala prensa. Así Carmen Llorca dice que «se hace el insustituible y no solamente lo hace creer a los demás, sino que acaba por creérselo él mismo. Se le consideraba no el salvador del país, sino el salvador de la situación hacia la que él se inclinase (…); era más bien el hombre que se reservaba hasta el final: es decir, hasta que veía con suficiente claridad hacia qué lado estaba el triunfo para ponerse a su lado[99]».

Cuando Serrano, tras la toma de Bilbao, regresó a Madrid, todos querían que se decidiera a proclamar claramente la forma del régimen que había de regir a España. Castelar confiaba en que Serrano se proclamaría presidente de la República y le designaría a él jefe del Gobierno. Pero la indecisión de Serrano birló a los republicanos el régimen.

Se llegó por un acuerdo general al nombramiento de Serrano. El nuevo Presidente del Poder ejecutivo se dispuso a gobernar con poderes dictatoriales. Esta nueva presidencia de Serrano constituyó un régimen indefinido. Alonso Martínez lo llamó Respública, y los contemporáneos la llamaron la Interinidad, palabra que ha hecho fortuna. En realidad fue la transición hacia la restauración borbónica (28-XII-1874).

Pavía hizo muchas gestiones para que Castelar se incorporara al Gobierno del país, a la República, de una manera activa. Todos unánimemente, condenaban a Salmerón y ensalzaban a Castelar. Pero Castelar estaba enfermo, y pensaba que su vida política había terminado para siempre, después de lo hecho por Pavía.

Descartado Castelar, no le quedaba a Pavía otro remedio que recurrir a otros hombres para que se viera que no había dado el golpe en provecho propio, sino en bien del orden del país. Mantuvo el calificativo de República, al menos nominalmente. El general Serrano «fue en verdad, el quinto presidente del Poder Ejecutivo de la República, y lo cierto es que lo fue durante más tiempo que ninguno de los otros cuatro presidentes auténticamente republicanos[100]».

Cánovas llama mac-mahonismo de la época, o sea «aspiración perpetua al poder supremo de un soldado de fortuna», escribía al príncipe don Alfonso el 17 de enero. Le había impresionado a Serrano la elevación del mariscal Mac-Mahon a la presidencia de la República francesa, con un mandato de siete años. Los radicales querían investir al duque de la Torre por tiempo indefinido. Así se desprende de la carta de Cánovas a la reina Isabel de 9 de enero:

«El propósito del duque de la Torre es consolidar la República unitaria con su presidencia vitalicia. Tiene el propósito desde Biarriz y hasta donde alcance, tratará de ejecutarlo. Ahora aplaza su propósito hasta la reunión de Cortes, que serán elegidas a viva fuerza (…). Desde que en Biarriz le ofrecieron los radicales la jefatura de su partido a condición de que mantuviera la República, en ninguna otra cosa ha pensado que mantenerla y ser su cabeza».

En el Manifiesto del nuevo Gobierno a la Nación firmado por el general Serrano, como Presidente del Poder Ejecutivo, y los diferentes ministros, de 8 de enero de 1874, se refiere a las circunstancias anormales porque el Poder Ejecutivo reasumió toda autoridad política revestido de facultades extraordinarias. Explica el origen y la división de las Cortes Constituyentes, «privadas de toda opinión, porque eran, para el sentimiento popular, objeto de tibia indiferencia (…), incapaces de formar un nuevo Gobierno duradero» que nos llevaría a la anarquía, al entronizamiento del «absolutismo carlista o a la desmembración de España en pequeños y agitados cantones».

La guarnición de Madrid no ha sido más que «instrumento y el brazo de la opinión pública unánime; la ejecutiva fiel y resuelta de la voluntad de una nación divorciada por completo de sus falsos representantes, cuya desaparición anhelaba, porque iban a matarla».

«Reunidos y consultados los hombres de importancia que residen en Madrid y representan dignamente a todos los partidos liberales, aclamaron y reconocieron al general Serrano por Jefe del Poder Ejecutivo (…). El general Serrano entonces ha formado el nuevo Ministerio».

Con el advenimiento de este poder —indicaba el Manifiesto— «no se destruye la ley fundamental; se suspende sólo para que, en realidad y en verdad, resplandezca y domine una vez vencida, como esperamos, la anarquía material y moral que hoy nos devora».

Señalaba el carácter transitorio, ya que después de la resolución de estos problemas, «volverá la Constitución de 1869 a dar al pueblo todos los derechos que en ella se consignan», y los ciudadanos votarán la forma de elegir al Supremo Magistrado de la Nación.

Tras decir que «la nobleza y las clases acomodadas no deben recelar de la democracia», añadía, dándose cuenta de la realidad española, mayormente católica: «menos aún deben recelar los buenos católicos y los hombres sinceramente religiosos (…). Ya ha cesado, por dicha, la corriente que en otras edades pudo llevamos al protestantismo, y es fácil augurar que la libertad de cultos no ha de romper entre nosotros la unidad católica de las conciencias, antes ha de afirmarla y ennoblecerla, fundándola en una espontánea concordancia en la fe, y no en la comprensión tiránica y en la violencia. El Estado, pues, no puede desatender ni ofender a la Iglesia, desatendiendo y ofendiendo así las creencias de la inmensa mayoría de los españoles, y poniéndose en abierta lucha con una de las fuerzas más poderosas, persistentes y organizadas que encierra la sociedad en su seno[101]».

Y, en consecuencia decretaba:

«Artículo 1.º Se declaran disueltas las Cortes Constituyentes de 1873.

Artículo 2.º El Gobierno de la República convocará a Cortes Ordinarias tan luego como, satisfechas las necesidades del orden, pueda funcionar libremente el sufragio universal».

Cánovas permanecía respecto al general Serrano «receloso y reservado», aunque políticamente —decía a la Reina— no hay que abrir «abismos innecesarios».

Sin embargo, Fernández Almagro hace de Serrano este elogio: «Ninguno de los jefes de partido o grupo que venían representando la oposición a la República, (…) aventajaba al duque de la Torre en talla y servicios, aparte la fuerza de que le dotaba su inteligencia con los radicales». Carmen Llorca, por el contrario, nos presenta una imagen peyorativa del general: «Serrano, el enigmático, es de mucho cuidado, y aunque nunca haga una oposición clara y abierta, es el hombre de la resistencia pasiva. Sigue su política, que es ni más ni menos que personal».

Fernández Rúa comenta:

«Tras la fallida experiencia republicana, el Poder había vuelto a manos del duque de la Torre (Serrano) y de los partidos que provocaron la Revolución de 1868. Se volvía, pues, al punto de partida y, al parecer, sin que la aleccionadora experiencia hubiera servido de nada. Eran los mismos hombres (…) que imposibilitaron la continuidad de los Gobiernos, que elevaron y dejaron caer en el vacío a don Amadeo, y cuyas ambiciones partidistas hicieron posible la proclamación de la República, a la que tampoco sirvieron con lealtad[102]».

El 3 de enero, el Gobierno quedó así: Presidencia, Serrano; Estado, Sagasta; Gracia y Justicia, Martos; Gobernación, García Ruiz; Guerra, Zabala; Marina, Topete; Hacienda, Echegaray; Fomento, Mosquera, y Ultramar, Balaguer.

Aunque el espíritu de la Revolución de septiembre se contraía muchísimo en sus posibilidades políticas, se mantenía la ficción de que regía el espíritu revolucionario de Cádiz y Alcolea. El Manifiesto del Gobierno a la Nación respondía a ese propósito, seguramente no compartido por todos. «La concesión que hacían explícitamente a la brusca realidad sobrevenida estribaba en rechazar cuanto habían hecho las Cortes Constituyentes de la República». El pueblo y el ejército así como las provincias se adhirieron entusiastamente. El nuevo Gobierno reconocía la necesidad de «un Poder robusto, cuyas deliberaciones sean rápidas y sigilosas, donde el discutir no retarde el obrar[103]».

Los radicales, que predominaban en la reunión de Pavía, deseaban que el general Zabala, por designación de Serrano, ocupara la presidencia de dicho Consejo de Ministros [104].

El general Zabala, el 13 de mayo, reorganizó así el Gabinete: Augusto Ulloa fue a Estado, Alonso Martínez, a Gracia y Justicia—, Sagasta a Gobernación, el contralmirante Rodríguez de Arias, a Marina, Juan Francisco Camacho, a Hacienda, Alonso Colmenares, a Fomento, y Romero Ortiz a Ultramar. Zabala se reservó la cartera de Guerra.

Provocó la crisis la oposición de los radicales por el carácter monárquico de Zabala y por el nombramiento del marqués del Duero para mandar la división al frente de Bilbao, y el del general Martínez Campos para la jefatura del Estado Mayor del Ejército del Norte. Serrano se reintegró al desempeño de la presidencia del Poder ejecutivo. El levantamiento del sitio de Bilbao le dio mucha popularidad. Zabala, al morir el marqués del Duero, tomó el mando del Ejército del Norte. Fracasado en dicha campaña, planteó la crisis —3 de septiembre— y le sustituyó Sagasta en la jefatura del Gobierno.

* * *

En 1872, la reina Isabel quería ganar a Serrano —distanciado entonces de don Amadeo— para la causa de don Alfonso. «Consideró Serrano aventurado el levantar la bandera del príncipe pública y resueltamente sin contar alguna garantía de éxito, ya que muchos elementos no se hallaban dispuestos a secundarle mientras no viesen a don Amadeo en trance de inminente caída. Había que empezar, a juicio de Serrano, por organizar un movimiento contra el Gobierno, en el que entrasen todos, carlistas inclusive, y dar la batalla sin prejuzgar expresamente la causa alfonsina[105]».

Al fracasar la intentona del 23 de abril. Serrano tuvo que huir y se estableció en Biarriz. En principio elude una entrevista con la reina, pero a un recado que la envía la soberana, le dice:

«Yo pienso, hoy como ayer, que no hay más solución que don Alfonso, pero tengo que disimular mi actitud en obsequio de la causa; que no me ostiguen, que me dejen elegir el momento».

El partido alfonsino necesitaba una cabeza para organizarse. Al fin se impuso el buen sentido y Cánovas se hizo cargo: era el único capaz de dominar a los demás.

El general Martínez Campos procedió de forma diferente a Cánovas: impaciencia de Martínez Campos, y reflexión de Cánovas; éste huía de toda hipoteca castrense.

Y el 29 de diciembre de 1874 cerca de Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Aunque no había antipatía política, sí distintos modos de proceder.

El Presidente del Poder ejecutivo, Serrano, estaba al frente del Ejército del Norte, no disponía de éste sino para combatir a los carlistas, y sabía la opinión dominante en los militares y el conjunto del país. Por eso Serrano, en conferencia telegráfica, se mostró opuesto a que el Gobierno resistiera. Los ministros querían «salvaguar la legalidad de su investidura, frente al poder que surgía». Y Serrano contestó que su patriotismo le vedaba que luchasen tres Gobiernos españoles entre sí. Y los ministros le declararon: que era su deber hacer saber a su presidente que estaban dispuestos a resistir, pero que se sometían a su criterio de aceptar el hecho consumado. Y Serrano, entregando el mando al general Laserna, que mandaba el primer Cuerpo del ejército del Norte, retirose a Biarriz.

La conducta del Rey Alfonso XII y de su primer Ministro, Cánovas, movieron al Duque de la Torre a regresar a España. Y tuvo el propósito, apenas llegado a Madrid, de presentarse al Rey y ponerse a su disposición, «pero fue disuadido por las notabilidades del partido constitucional, y el Duque —comenta A. Borrego— tomó mansamente el camino de sus posesiones en Andalucía», en Escañuela (Jaén).

Se cerraba así el paréntesis abierto por la Revolución de septiembre.

VII. LA REPÚBLICA Y LA IGLESIA

VII. LA REPÚBLICA Y LA IGLESIA

1. Sentido antirreligioso

En los distintos estudios sobre la Primera República, los autores se detienen casi exclusivamente en los hechos políticos, quizá por la escasa duración del nuevo régimen. Sin embargo, a través de las revistas eclesiásticas y de los periódicos de la época, hay datos suficientes para estudiar lo que supuso la República en sus relaciones con la Iglesia.

Aunque ésta procuró mantener buenas relaciones con las autoridades republicanas, ya que en principio la Iglesia no se identifica con ninguna forma de Gobierno, pronto se hizo ver que el porvenir de la Iglesia en el nuevo régimen no era ciertamente optimista. Lo que no nos puede extrañar si recordamos la ideología de los tres primeros presidentes, claramente puesta de manifiesto en las Cortes.

En efecto, el Gobierno parecía tener prisa en provocar roces con la Iglesia. Salmerón —el tercer presidente— lo expuso sin eufemismos:

«Sustentamos la absoluta, la irremisible imposición de nuestro tiempo de secularizar plenamente en todas sus relaciones la vida del Estado, de afirmar la propia independencia de la Iglesia en el cumplimiento de su fin religioso[106]».

En El Pensamiento Español de ese período aparecía una sección titulada «Orden Público» en la que se recogían distintos hechos de persecución religiosa en los diferentes lugares de España: asesinatos, destrucción de iglesias, profanaciones…

El programa anticatólico del Gobierno se acentuaba con la actuación de los carlistas, vengándose las turbas en los sacerdotes y en los templos, con la cooperación o pasividad del ejército.

La toma de Berga por los carlistas, con incendios y fusilamientos, produjo en Barcelona gran indignación. En vez de improvisarse un ejército de voluntarios para vengar los atentados cometidos, el 30 de marzo se dedicaron en Barcelona al asalto de los templos: San Jaime, el Pino, Belén, San Justo, etc. Algún templo fue convertido en cuartel, otros fueron devueltos al culto.

En cuanto a las profanaciones hubo de todo: desde cubrir con gorro frigio a las imágenes, a bailes organizados por el ejército indisciplinado y beodo, a los que asistían personas constituidas en autoridad.

Se prohibió en algunos lugares administrar el viático a los moribundos. En varios puntos de Cataluña fueron asesinados varios sacerdotes [107].

a) Problemas sobre la predicación

La predicación fue objeto de roces con las autoridades civiles. El Boletín Oficial de Lugo de 5 de julio de 1873 publicaba una circular del Gobernador diciendo que le llegaban muchas quejas sobre párrocos que, desconociendo por completo la misión que les estaba encomendada, hacían del púlpito tribuna política. El obispo protestó enérgicamente de las acusaciones calumniosas contra el clero, y decía en su contestación al Gobernador:

«V. E. encarga muy particularmente a los alcaldes para que, valiéndose de los foráneos, vigilen constantemente estos desmanes y le den parte de los párrocos que se excedan en sus predicaciones a fin de proceder contra ellos (…). Estoy más seguro de que habrá por parte de algunos pedáneos, siniestras, torcidas y arbitrarias interpretaciones de las palabras de los párrocos en el púlpito, que de éstos se propasesen a llevar a la cátedra del Espíritu Santo que Dios ha dejado a las disputas de los hombres». Una nueva circular del Gobernador decía que los sacerdotes calumniaban al Gobierno, de la República, reclutaban gente, pagada acaso con el dinero de la Iglesia, para encender la guerra civil. El obispo esta vez comentaba con humor: «decir que esta recluta la pagan los curas con el suyo propio, excitaría la risa de todos, porque sabido es que hace treinta y ocho meses que no han percibido un céntimo de su dotación».

b) Persecución al clero

La persecución al clero se recrudeció en todas partes desde la proclamación de la República, colocando a los sacerdotes en una situación difícil. A parte de algunos asesinatos, se leía en la prensa que «de varios puntos de provincias, nos comentan atropellos que hacen estremecer el ánimo y caer el papel de las manos; en algunas poblaciones ningún sacerdote se atreve a salir a la calle, a no ser disfrazado y por grande necesidad. Parece que la sotana sea ahora símbolo del mal».

El obispo de Gerona decía en una comunicación al Gobernador civil el 30 de julio de 1873:

«La mayor parte de las parroquias del arciprestazgo de Figueras, algunas de esta capital y otras de La Bispa, han sido abandonadas por sus respectivos curas párrocos, estando presos, muchos de ellos, tratados sin consideración alguna, y siendo conducidos a la prisión, maniatados, como si fuesen facinerosos (…), otros antes que la prisión y exposición de verse quizás confundidos con los criminales, prefieren la emigración a la vecina República francesa[108]».

A mediados de noviembre, a la una de la madrugada, el alcalde de Orihuela y un delegado del Gobernador de Alicante, acompañados de una compañía de la Guardia Civil, se presentaron en el colegio de los jesuitas. Se les dijo que «en cumplimiento de orden superior» estaban presos, concediéndoles doce minutos para marchar; lo que hicieron a las dos, camino de Murcia, sin manifestarles la causa del atropello. Los llevaron al Gobierno Civil, siendo muy bien tratados por el Gobernador. Al divulgarse la noticia en la ciudad acudieron muchas familias a interceder por ellos; se les autorizó a permanecer en las familias, presos bajo palabra de honor. Aunque se dijo que iban a mandarles a Cádiz y de allí a Ultramar, pudieron regresar a Orihuela [109].

c) Sectarismo andaluz

En Málaga fueron derribados los conventos de los capuchinos y de la Merced el 6 de marzo de 1873 [110]. En Cádiz, el Ayuntamiento regido por Fermín Salvoechea —revolucionario que había tomado parte activa en la revuelta de San Gil y en la revolución de 1868—, diputado y alma del movimiento cantonal de Cádiz, cometió muchas atrocidades. Arrojó a las monjas de la Candelaria y se anunció el derribo de su iglesia, con el objeto de hacer en el ensanche un buen negocio. Con tal motivo hubo una manifestación de señoras gaditanas que invadió las Casas Consistoriales. El Ayuntamiento organizó otra manifestación de mujeres a favor del derribo, parodia de la primera, que llevaba carteles en los que se leía: ¡Abajo los conventos! La manifestación anticatólica, precedida de una banda, recorrió las principales calles. Al compás de la Marsellesa gritaban: ¡Viva la libertad de cultos! ¡Abajo las monjas! ¡Mueran los curas! Desalojado ya el convento, penetró una turba destrozando y profanando las celdas. El convento fue derribado [111].

El municipio gaditano sustituyó en las escuelas la enseñanza de la Religión por la de la Moral universal, prohibiendo severamente dogma alguno positivo. Las escuelas que tenían nombres de santos, las cambiaron por los de La Razón, La Igualdad, La Armonía (…). Así mismo cambiaron el nombre de las calles con santo, por otros profanos como Voltaire, Juárez, Jacobinos, etc. Se suprimieron las fiestas religiosas y se creó una fiesta cívica del advenimiento de la República Federal. Se destruyeron todas las imágenes y todos los signos religiosos que había en las calles (…). Y otras muchas medidas en este sentido [112].

No se entiende cómo con todos los problemas que tenía el Gobierno, se enfrentaran con el sentimiento de la mayoría del país. El sectarismo les hacía ocultar la realidad.

Medidas antieclesiásticas se tomaron en otras muchas ciudades. Como la demolición de monumentos iba en aumento, unos días antes de concluir el período republicano, el director de la Academia de Bellas Artes, presidida por Federico Madrazo, dirigió una exposición al Ministro de la Gobernación, quejándose de que todos los días se veía en la necesidad de dirigir peticiones a diferentes organismos para paralizar con su persuasión «los tristes efectos de ese funesto afán de destruir, que parece haberse apoderado de todos los ánimos, que ha echado por tierra riquísimos monumentos de arte en crecido número, y que parece amenazar la existencia de todos los que quedan». Pero las numerosas exposiciones dirigidas al Gobierno obtuvieron «pocos y exiguos resultados[113]».

Las distintas profanaciones y los discursos de Castelar, Suñer, Díaz Quintero —con sus manifestaciones de ateísmo— vinieron a hacer creer a grandes sectores de opinión la incompatibilidad de la República con el catolicismo y dar lugar a una campaña contra la misma, promovida por los adversarios políticos. Para contrarrestarla, Joaquín

Riera publicó en 1873 El catolicismo y la República federal, en el que sostiene que la República no excluye la esencia y la forma de la religión, y que los dogmas del catolicismo «en manera alguna se oponen a los del gobierno republicano, como no se oponen a la existencia y desenvolvimiento legítimo de gobierno alguno».

2. Hacia la separación de la Iglesia y el Estado

La separación de la Iglesia y el Estado tenía bastantes partidarios entre los republicanos, que hicieron de ella una cuestión de honor. Así escribía El Imparcial el 25 de enero de 1869 que dicha separación es «la única medida conforme al programa de la Revolución».

Ya en la sesión de la Constitución de 31 de enero de 1870, desde distintos puntos de vista Castelar y Montero Ríos defendieron «absolutamente» la separación de las dos sociedades [114]. El propio Montero Ríos presentó un proyecto de ley, que fue duramente combatido y rechazado. En 1871, José María Orense y otros diputados pedían al Congreso dicha separación, para la que habían redactado un proyecto de ley que también fue rechazado. La propuesta obedecía, según Fernández Almagro, a clara influencia masónica, aunque tampoco faltaban entre los católicos partidarios de la separación [115].

El ministro de Gracia y Justicia, Pedro José Moreno Rodríguez, decía el 10 de abril de 1873, que en la República habían proclamado la independencia de la Iglesia, y habían de darle la independencia y libertad que no había podido tener nunca con el «nefando contubernio», entre la Iglesia y el Estado fraguado para consagrar las cadenas de la tierra. Se estaba preparando lo necesario para conseguir «la ansiada independencia de la Iglesia y del Estado a fin de que en adelante no sea la Iglesia un obstáculo a la libre realización del progreso humano, y tendría la más alta de las honras en poder decir a la Iglesia cuando llegue el caso: Eres definitivamente libre; se acabó para siempre el imperio de las regalías que tanto has condenado, y que sin embargo conservas a trueque de un pedazo de pan». «La República no podía vivir —añadía— sin que fuera un hecho la independencia de la Iglesia y del Estado, y fueran igualmente respetadas todas las creencias y todas las reuniones religiosas[116]».

Jové y Hevia manifestó que había oído con profunda pena proclamar la separación de la Iglesia y del Estado, y combatir a la Iglesia desde las alturas del poder: y protestaba:

«¿Es posible que el Gobierno español quiera realizar la triste separación de la Iglesia y del Estado, llevándola a un punto al que no lo ha llevado ninguna gran Nación de Europa?, ¿los separáis en son de guerra?».

Monseñor Bianchi —auditor de la Nunciatura—, comentando el 15 de junio el proyecto de separación, decía preocupado:

«Como los hombres que controlan la actual situación son desgraciadamente enemigos acérrimos de la Iglesia podemos temerlo todo. Pi y Margall, arrabiato socialista, hace todo lo contrario de lo que dice: por una parte decreta la separación de la Iglesia del Estado y al mismo tiempo nombra personalmente a los obispos[117]».

La Comisión constitucional presentó el 17 de julio de 1873 un proyecto de Constitución, firmado por Castelar, entre otros, en el que se decía: «Queda separada la Iglesia y el Estado» (art. 35), y «Queda prohibido a la Nación o Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios subvencionar directa o indirectamente ningún culto». El proyecto, que comenzó a discutirse el 11, tuvo un tumo a favor y otro en contra de la totalidad, sin que el debate pasara de ahí.

El 2 de agosto el ministro de Gracia y Justicia presentó a las Cortes un proyecto de ley declarando la independencia de la Iglesia, y renunciando el Estado a toda regalía:

«El Estado reconoce a la Iglesia Católica el derecho de regirse con plena independencia, y de ejercer libremente su culto; y por tanto, los derechos de asociación, manifestación, apropiación y enseñanza». «La Iglesia Católica española y demás corporaciones religiosas adquirirán y conservarán la propiedad en la forma que las leyes determinen». «El Estado renuncia: al ejercicio del derecho de presentación de todos los cargos eclesiásticos vacantes (…) sin perjuicio de los derechos del Patronato, al “pase regio”, a toda intervención en las dispensas». «Todos los miembros de la Iglesia Católica, en calidad de ciudadanos, quedan sometidos al derecho común». «Todo lo relativo a los bienes y derechos que posee hoy la Iglesia, así como lo referente a las asignaciones que hasta la actualidad ha venido percibiendo del Estado por varios conceptos, será objeto de una ley especial[118]».

El 1 de agosto de 1873, los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid protestaban a las Cortes por el proyecto de separación de la Iglesia y el Estado.

«El objeto verdadero de esa separación es el de que se prescinda o contraríen, en todo lo relativo al régimen y gobernación del Estado, los eternos principios del orden religioso, político y social, que enseña la Iglesia Católica (…). Significa el empeño de expulsión a Dios del Estado, o constituir un Estado sin Dios (…). Significa tener a la institución en que reside su autoridad como extranjera o advenediza, sin derechos de ninguna clase Significa relegar a una esfera puramente privada, la Religión Católica (…). Significa colocarla con desdén al nivel de una creación humana de escasísima importancia (…). Significa borrar de las instituciones y de las leyes toda idea cristiana (…). Significa, en fin, la solemne proclamación del ateísmo».

Los obispos pedían, en consecuencia, a los diputados que «negaran su aprobación al proyecto, o, en caso contrario, admitieran la más enérgica protesta[119]».

La República se encontraba con problemas más urgentes: las propias divisiones de los republicanos, la oposición y conspiraciones monárquicas, la nueva guerra carlista, las dificultades en las provincias de Ultramar…, por lo que Castelar, el 13 de agosto, pidió el aplazamiento de la discusión de la Constitución. La disolución de las Cortes por el general Pavía impidió que se llevara a cabo el proyecto de separación de la Iglesia y el Estado.

3. El Regium exequátur

Suprimidas las Órdenes militares por anacrónicas, el 9 de marzo de 1873, era preciso atender al gobierno eclesiástico del territorio exento, y Pío IX, por las bulas Quo gravius invalescunt y Quae diversa civilis indoles declaró suprimidas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, y agregó a las diócesis más cercanas su territorio, encargando su ejecución al arzobispo de Valladolid, cardenal Juan Ignacio Moreno.

El 26 de agosto de 1873 el Cardenal dio conocimiento al Gobierno del contenido de las bulas y se apresuró a darles cumplimiento —tras comunicárselo a los obispos—, haciéndolas publicar oficialmente en los periódicos de Madrid y de otros lugares.

Cuatro días después, el Gobierno previno al Cardenal que interrumpiera las gestiones del cumplimiento de las bulas, hasta que se concediera el pase. Monseñor Moreno envió el 6 de septiembre una larga y enérgica exposición al ministro de Gracia y Justicia, defendiendo la doctrina canónica y señalando la inconsecuencia gubernamental de su proceder.

Decía en primer lugar que el Gobierno de la República no había tenido en cuenta que el Regium exequátur o pase estaba abolido en España. El Código penal, en su reforma de 1870, de acuerdo con los principios proclamados por la Revolución, suprimió las disposiciones anteriores que señalaban penas a los que sin el pase ejecutaran, dieran curso o publicaran documentos pontificios. «Nada más contrario que el odioso Regium exequátur a la libertad absoluta de cultos, a la ilimitada libertad de conciencia y a la idea de separar la Iglesia del Estado»; principios que eran fundamentales en el orden político de la Nación.

Si la Iglesia había sido privada en España de sus derechos —decía el Cardenal—, prerrogativas y preeminencias, «sólo faltaba ya que, para acabar de oprimirla, se pretendiera ahora restablecer en perjuicio de su libertad e independencia el Regium exequátur, ese gran abuso del poder real; que el de la República no se atrevería a hacerlo extensivo al judaísmo, al protestantismo (…), porque sabe que no puede legalmente impedir su libre ejercicio a los que lo profesan, y por consiguiente oponerles el menor obstáculo que estorbe el cumplimiento de los mandatos de sus superiores jerárquicos. La Iglesia Católica en España tiene, por lo menos, el derecho de que, en el particular que se trata, se la iguale con las sectas, y el Gobierno el deber de no hacerla de peor condición que éstas». El Cardenal concluía que no podía prestarse a la supresión de la ejecución de las bulas interim no se les concedía el pase, por estimarla lícita de acuerdo a la ley, y que estaba obligado a obedecer al Vicario de Cristo.

Disueltas y extinguidas las Ordenes militares, quedaban también disueltas y extinguidas la dignidad de Gran Maestre, el tribunal especial de las mismas y todas las altas instituciones a que estaba aneja la jurisdicción eclesiástica. ¿Qué iba a hacer la Santa Sede?: igualar a los caballeros y demás fieles de los territorios dependientes de las mismas con los otros católicos españoles, sometiéndolos a la jurisdicción de los obispos más inmediatos.

Por la bula Quo gravius se declaraba abolida de modo absoluto y terminante la jurisdicción especial de las Ordenes militares. Y por la Quae diversa se suprimían las demás jurisdicciones especiales. Y si a pesar de no estar todavía sancionada como ley el proyecto de separación de la Iglesia del Estado —le decía el Cardenal al Ministro— él se consideraba libre de las obligaciones que el Estado tenía contraídas con la Iglesia, la lógica y la justicia exigían que se considerase también abolido de nuevo el pase, en unión del patronato real, de los derechos y regalías que disfrutaron los Reyes Católicos.

Esperaba el Cardenal que ningún católico se opondría a la ejecución de las bulas, sin echar de menos el pase para su cumplimiento, pues era un error condenado en el Concilio Vaticano I, sostener que se puede lícitamente impedir la libre comunicación del Papa con los obispos y los fieles, o que sin el beneplácito secular, no tiene fuerza alguna cuanto se establezca por la Sede Apostólica para el gobierno de la Iglesia.

4. Pequeño cisma

La disolución de las Órdenes militares produjo un cisma. Dichas Órdenes en el último cuarto del siglo XIX no eran más que un recuerdo histórico, pero en lo eclesiástico conservaban la jurisdicción exenta como verdaderas órdenes militares: jurisdicción que se ejercía por medio de los Prioratos.

Los Prioratos eran distritos, a modo de diócesis, el prior —que algunas veces estaba investido de la consagración episcopal—, tenía jurisdicción eclesiástica sobre numerosas parroquias, diseminadas en distantes y lejanas provincias [120].

Al incorporarse los maestrazgos a la Corona se creó el Consejo de Órdenes, que conocía los asuntos en última instancia. Cuando vacaba la dignidad de prior, asumía la jurisdicción, con título de Gobernador eclesiástico, el sacerdote designado por el Consejo de Órdenes, en nombre del rey, como Gran Maestre; a veces esa jurisdicción era ejercida por un titulado del Gobernador

Esa jurisdicción tenía muchos inconvenientes. Entendiéndolo así, el Concordato de 1851 designó en la nueva demarcación eclesiástica «un determinado número de pueblos que formen un coto redondo, para que ejerza en él, como hasta aquí, el gran maestre la jurisdicción eclesiástica (…). El nuevo territorio se titulará Priorato de las Ordenes militares, y el prior tendrá el carácter episcopal con título de iglesia “in partibus”. Las cuatro Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa subsistieron; y se dispuso que mientras no se determinaran los nuevos límites, continuasen ejerciendo la exención como antes».

La nueva demarcación no llegó a llevarse a cabo. No todos se sometieron. ¿Cómo habían de someterse?, se pregunta Menéndez Pelayo. «A un pelotón de clérigos díscolos, irregulares y aseglarados, se les acababan las ollas de Egipto, con acabárseles la selvática independencia de que disfrutaban bajo el tribunal ultrarregalista de las órdenes. Los dos prioratos de la Orden de Alcántara (Magacela y Zalamea), administrados de tiempo atrás por un solo prior, que solía residir en Villanueva de la Serena, se agregaron sin dificultad al obispado de Badajoz (algunos pueblos al de Córdoba); pero no sucedió lo mismo en el vastísimo y desconcertado territorio de la casa de San Marcos, de León, Orden de Santiago, que tenía pueblos enclavados en diez provincias civiles, cuya capital eclesiástica, puede decirse, que era Llerena, de cuyo partido dependían hasta cincuenta parroquias, siendo además residencia habitual del prior, que, por medio de dos provisores administraba las que tenía la Orden dispersas en Mérida y Montánchez, en León, Galicia, Salamanca y Zamora. ¡Hasta ochenta pueblos en Extremadura sola!»[121].

El cardenal Moreno ordenó la entrega de las parroquias exentas al obispo de Badajoz. Pero en Llerena, don Francisco Maeso y Durán, que hacía de provisor, resistió y protestó de la entrega, excusado con órdenes que decía tener del Ministro de Gracia y Justicia, arrastrando a mucha gente del clero y del pueblo de una docena de parroquias. Al ser requerido oficialmente por el delegado del obispo para que cesara en la jurisdicción y entregara los sellos, libros y objetos existentes en el gobierno eclesiástico, se negó a la entrega y al reconocimiento del obispo como prelado. Firmó el acta de notificación, si bien añadió su disconformidad y su decisión de seguir ejerciendo sus funciones. Hizo comparecer ante sí a los párrocos que habían prestado sumisión al delegado del obispo, pidiéndoles que le reconocieran por superior, y como se negaran a ello, les persiguió y encarceló con ayuda de la fuerza armada, nombrando regentes de las parroquias a los clérigos afectos al cisma. Arrojó del territorio al fiscal de la Curia del obispado de Badajoz, que en nombre del obispo se había presentado a tomar posesión. Hizo encausar y conducir preso a don Genaro de Alday, freire de la Orden de Santiago y gobernador que había sido del Obispado-priorato, por haber prestado sumisión a las disposiciones pontificias.

El Gobierno de la República protegió al clero rebelde, ordenando a las autoridades locales que prestaran, si era preciso, el auxilio de la fuerza pública para dejar en posesión de los templos al clero cismático, desalojando a los que reconocían a la autoridad legítima. En algunos lugares se encarceló a los sacerdotes que se oponían al cisma.

Tal como estaban las cosas, Pío IX tuvo que excomulgar a don Francisco Maeso. En Llerena, en la misa en la que se iba a leer la excomunión, se acercaron al altar los guardias municipales, armados de sables y revólver, para impedir la lectura de excomunión.

Duró el cisma hasta 1875. Durante la Restauración —reanudadas las relaciones con la Santa Sede— se desalojó de los templos a los sacerdotes cismáticos, restableciendo a los que habían permanecido fieles a la autoridad pontificia.

VIII. De la República a la Restauración

VIII. DE LA REPÚBLICA A LA RESTAURACIÓN

1. Gestiones republicanas para el nombramiento de obispos

El ministro de Ultramar, Francisco Suñer y Capdevilla, y su sucesor, Santiago Soler y Pía, con el propósito de provocar un cisma en la Iglesia de España, prepararon un proyecto de presentación de los obispos que no podía ser aceptado por Pío IX.

El 8 de septiembre, bajo la presidencia de Salmerón, el representante oficioso de la Santa Sede, Luis de Llanos, recibió una comunicación de la sección política de dicho ministerio, ordenándole que, de acuerdo con el cardenal Franchi —antiguo nuncio en Madrid— procurase el beneplácito del Papa para don Benito Isbert y Cuyás. El ministro Soler lo presentaba como «hombre de ciencia y virtud, de dignos merecimientos, ajeno a la política», canónigo de la colegiata de Alicante [122].

Isbert, nombrado recientemente, por intrigas, obispo de Cebú, en las Filipinas, deseaba obtener la venia de la Santa Sede para ir a desempeñar su elevado cargo. Se le indicaba que era un acto puramente particular y que debía imprimir el mismo carácter a sus gestiones. Lo cual iba mal con la forma oficial de la comunicación, el carácter de que se hallaba revestido Llanos cerca de la Santa Sede y lo grave del asunto, que de ningún modo era para ser tratado «con semejante ligereza».

Llanos no pudo menos de hacer presente al ministro de Estado «lo dificilísimo de la misión encomendada, dadas las especiales circunstancias». Tres eran las principales dificultades:

No estar reconocido por la Santa Sede el Patronato español para la provisión de sedes;

El proyecto presentado en las Cortes de separación de la Iglesia y el Estado;

El Papa se informaría de la idoneidad de la persona por monseñor Franchi.

Centrando el tema para la posible admisión de Roma, añadía Llanos:

«Si el Gobierno español no tiene inconveniente en que no se haga la mención del Patronato del Gobierno de la República en el Breve de Su Santidad, es de esperar que se logre el objeto deseado por V. E. (ministro de Estado), aunque no sin trabajo y dificultades, y necesitándose por lo menos tiempo preciso para imprescindible demanda de informes a España[123]».

El Gobierno aceptó, telegráficamente, las condiciones apuntadas por Llanos. Pero aunque la reacción de Pío IX fue negativa, ante la posibilidad apuntada por el enviado español de dar origen a un cisma en Filipinas, el Papa accedió a entrar en negociaciones, exigiendo que el Gobierno acabara con el cisma de Cuba [124].

Los primeros contactos con la Santa Sede comenzaron con Pi y Margall y continuaron en la presidencia de Salmerón, pero el nuevo presidente, Castelar, le impondría un nuevo ritmo a las relaciones hispano-pontificias.

2. Política religiosa de Castelar

Emilio Castelar representa las ideas moderadas o conservadoras llevadas a cabo en los cuatro meses de Gobierno, por eso fue más fácil el entendimiento con Roma.

El nuevo Presidente, con gran sentido realista, rectificó el laicismo de la República, rectificación que fue calificada por los republicanos de traición, y por otros sectores de contradictorio e inconsecuente.

Aunque Castelar había declarado anteriormente que la fe y la libertad eran incompatibles, ya Presidente, sostuvo que sin el acuerdo con la Iglesia, no era posible en España la democracia. Y el que había sido defensor de la independencia, de la separación de la Iglesia y el Estado, sucumbiría por sostener el nombramiento de unos obispos.

Castelar daba mucha importancia al restablecimiento de la paz religiosa, pues reconocía que los católicos estaban alarmados a consecuencia de las recientes disposiciones. En conversaciones familiares concedía que la Revolución se había dejado arrastrar por las exageraciones de los fanáticos, y que en España, herir la fe equivalía a herir el sentimiento nacional. «Hemos herido el sentimiento nacional —decía—; cicatricemos esta herida, pues aliviando a la Nación salvamos la República».

Dos problemas preocupaban a Castelar en el orden eclesiástico, el nombramiento de los obispos y el contrarrestar la influencia carlista en el Vaticano.

a) Nombramiento de los obispos

El Presidente se acercó a la Iglesia y empezó vivamente a negociar con Pío IX para obtener una benevolencia que no había obtenido don Amadeo. Castelar habló sinceramente. No pretendía nada contra la Iglesia; la quería libre y digna. No pretendía relaciones oficiales del Estado con la Iglesia, porque no quería hacerle pagar la protección deshonrándola, como hicieron los radicales al nombrar obispos inadmisibles. Mandaría que el sacerdote que a título de una presentación no admitida para el Arzobispado de Cuba, fomentaba el cisma, regresara a Madrid. El Papa nombraría obispos a los que quisiera, dentro de una lista de sacerdotes dignísimos que le presentarían, y que serían muy bien acogidos por los diocesanos. Quería Castelar llegar a un acuerdo para la restauración moral del país.

A Roma le agradó la actitud franca de Castelar, por eso le dispensó una acogida mejor de la que éste esperaba al comenzar las negociaciones. El Papa había reunido datos abundantes sobre los miembros del clero español para nombrar entre ellos a los obispos que debían regir las Diócesis vacantes, tan pronto la Constituyente declarara la independencia de la Iglesia. Para cubrir las veintidós vacantes se formó una lista de sesenta nombres, mandada por todos los obispos. En correspondencia a la benevolencia obtenida, Castelar se mostró deferente con la Curia romana en las recomendaciones sobre determinadas provisiones.

El ministro de Estado, José de Carvajal, propuso llevar el nombramiento de los obispos para las sedes vacantes, e hizo que se sometieran a la aprobación del Papa, en forma confidencial, las siguientes bases:

El Gobierno presentará confidencialmente a la aprobación preliminar de Su Santidad sacerdotes ilustrados y ajenos a toda pasión política para las Diócesis. Para las sedes arzobispales se propondrían obispos, y las vacantes se cubrirán de forma simultánea por el mismo procedimiento.

La Santa Sede dará confidencialmente su aceptación a las personas que reúnan dichas circunstancias.

El Gobierno hará entonces los nombramientos con las reservas que considere necesarias.

La Santa Sede preconizará, también con las reservas necesarias.

Los ministros de Estado y Ultramar se pondrán de acuerdo para retirar del Arzobispado de Cuba a Llorente, el que tomó posesión sin consentimiento y aun con la oposición de la Santa Sede [125].

Pío IX aceptó, en principio, estas bases y anunció su propósito de nombrar varios obispos. Siguieron las negociaciones, y al final el enviado español convino en los siguientes puntos:

El Gobierno español propondrá oficialmente los candidatos.

Su Santidad dirá confidencialmente cuáles le convienen.

Éstos, entonces, serán propuestos y presentados oficialmente por el Gobierno a Su Santidad, directamente, por pliego abierto o cerrado, que entregará al encargado de Negocios.

Su Santidad preconizará motu proprio y contestará oficialmente al Gobierno español.

Entre estas bases y las propuestas por el Gobierno de Madrid había diferencias fundamentales. Frente al «nombramiento» hecho por el Gobierno español, de que hablaba éste, la Santa Sede decía: propuesta y presentación, y frente a que la Santa Sede preconizará, Roma añadió: motu proprio. El Gobierno lo hizo notar, pero acabó por aceptarlas. Castelar, ya por disposición favorable al catolicismo, o porque pensase en el proyecto de separación de la Iglesia y el Estado, no dio —al menos en apariencia— toda la importancia que tenía el Patronato, y no dejó por completo a salvo los derechos de España, con lo que el Gobierno republicano resultó más complaciente con la Santa Sede que todos los monárquicos anteriores.

Reconocido a la República el derecho de presentación, el Gobierno se apresuró a publicar el 19 de diciembre de 1873 los decretos «nombrando» arzobispos de Toledo, Santiago y Tarragona, a don Manuel Barrio (arzobispo de Valencia), a don Miguel Payá (obispo de Cuenca) y a don Esteban José Pérez (obispo de Málaga), respectivamente. Hacía seis años que no había habido preconizaciones en España.

Este paso concitó contra Castelar a sus correligionarios de la izquierda y del centro, quedándose sólo con el ala derecha republicana [126].

No ya Figueras y Pi y Margall, sino también Salmerón participaban de dicho espíritu anticatólico. Al conocer Salmerón los decretos sobre el nombramiento de metropolitanos exclamó: «¡Guerra sin cuartel! ¿Qué nos queda de la República?» Salmerón, según La Política, le escribió una carta grave a Castelar, especie de memorial de agravios, expresándole su disgusto por el nombramiento, y otros diputados republicanos censuraron al Gobierno por tratar de resolver la cuestión eclesiástica de acuerdo con el Vaticano. Salmerón exigía de Castelar la anulación de los decretos de presentación de obispos. Sellada la alianza del grupo de Salmerón con el centro parlamentario presidido por Suñer y Capdevila, declararon funesta e intolerante la política de Castelar, e ignominosa su conducta de deferencia a la Iglesia [127].

Verificado el Consistorio el 16 de enero, tuvieron lugar las preconizaciones de los prelados, y se recibieron en España las bulas, pero el día 2 de enero el capitán general de Madrid, Pavía, había disuelto el Congreso, poniendo fin, de hecho, a la República. Así pasó el tiempo sin que se despachasen las bulas.

b) Resistencia a los carlistas

Castelar quiso contrarrestar la influencia carlista en el Vaticano, facilitada por el laicismo republicano.

Pío IX daba a Don Carlos el tratamiento de rey de España, tratamiento que preocupó seriamente a los partidarios de la reina destronada. Las diplomacias isabelina y Carolina libraban continuas luchas en las antecámaras pontificias [128]. El ambiente vaticano estaba principalmente a favor del pretendiente carlista.

«Hasta en la Corte Pontificia —dirá Castelar— se hacía propaganda carlista. Yo, al comprender las responsabilidades en que incurriríamos todos si por nuestros desaciertos o por nuestra ignorancia ocasionábamos el triunfo de los carlistas, que era el triunfo de la reacción clerical, busqué y hallé medios de venir a un acuerdo con la Santa Sede para el nombramiento de nuevos obispos que llenaran las vacantes, sin que fueran republicanos, sino que fueran menos carlistas, o no fueran más que obispos, que era lo que debían ser[129]».

A pesar de que el Papa tenía poca simpatía por la República, debido a su actitud con la Iglesia [130], Castelar quiso atraerse la benevolencia vaticana. Contaba con la baza más importante: sólo él era el representante legítimo de España, y no podía menos de jugarla con éxito.

En cuanto se supo en el campo carlista la presentación de obispos hecha por Castelar, se envió a Roma a don Vicente Manterola a protestar, en nombre de D. Carlos, «contra el acto de presentación hecho por Castelar». Recibido Manterola por el cardenal secretario, Antonelli, el 28 de enero de 1875, le contestó:

«Autorizo a usted para asegurar al Rey que la Santa Sede ha nombrado directamente preconizados sin que Castelar haya en nada concurrido a este acto. S. S. hizo saber al gobierno de Madrid la resolución de nombrarlos, e indicó sus nombres, preguntando si algo tendría que oponer contra alguno de esos candidatos, y lo hizo con el objeto de evitar que el Gobierno cerrase las puertas de sus respectivas diócesis a los nuevos prelados. La Santa Sede no ha podido reconocer derecho de presentación en el Gobierno presidido por Castelar, no habiendo reconocido el Gobierno de Madrid. S. S. por consiguiente, no ha reconocido en manera alguna el nombramiento de obispos que ha aparecido en la Gaceta de Madrid; y ha cuidado de consignar muy expresamente en el consistorio que nombraba los nuevos obispos motu proprio et exbenignitate Sedis Apostilicae[131]».

De todas formas, fue un éxito de Castelar y de su política realista. El enviado español podía felicitar al ministro de Estado:

«Felicito a V. E. por el feliz resultado de nuestras gestiones en Roma, por este primer paso conseguido de acuerdo con Su Santidad en favor de la Iglesia española, que hacía más de seis años se esperaba y que sobre todo en los seis últimos años se tenía por imposible».

3. La Restauración

El nombre de Restauración designó al principio el regreso de los Borbones al trono, pero no puede considerarse como una vuelta atrás. Se restaura la monarquía y la dinastía, pero, como dice Cánovas, aquel sistema era «del todo nuevo». Es cierto que se volvía a la legitimidad de antes, pero no a la situación de antes.

Cánovas, el artífice de la Restauración, trabajó mucho hasta conseguir la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso. Se pretendía dejarla al margen, ya que era muy impopular y representaba lo viejo.

El Príncipe de Asturias estaba en Inglaterra, pues Cánovas era partidario de este país, ya que Viena, donde estaba anteriormente, tenía demasiado carácter conservador.

Don Alfonso cumplió 17 años y era alumno de la escuela militar inglesa de Sandhurst; y con ese motivo, en noviembre de 1874, contestando a las felicitaciones de su cumpleaños, enviaba un manifiesto a los españoles, redactado por Cánovas, que decía así:

«Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi madre, soy el único ya representante del derecho monárquico de España. Arranca éste de una legislación secular confirmada por todos los precedentes históricos y está indisolublemente unido a las instituciones representativas que nunca dejaron de funcionar, legalmente, durante los treinta y cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con todos los míos el suelo extranjero».

Subraya la orfandad nacional de todo derecho público; el valor de la Monarquía «hereditaria y representativa»; afrontar el porvenir con libre decisión y procurando el acuerdo de los votos y el interés patrio; y la dura lección de las clases populares, «víctimas de sofismas pérfidos o de absurdas ilusiones».

Y, finalmente, con sentido realista, habla de la política conciliadora de la Restauración:

«Sea la que sea mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo verdaderamente liberal[132]».

Un mes después, al general Martínez Campos le constaba que Cánovas era enemigo de que los militares protagonizaran la restauración —tal era el espíritu legalista y civil—. Disentido de él, y considerando que el ambiente estaba preparado, le pidió al brigadier Luis Dabán que le prestase sus fuerzas, pues él no tenía mando de tropa.

Al salir Martínez Campos para Valencia, el 27 de diciembre de 1875, en carta a Cánovas le habla de la proclamación de Alfonso XII, de su personal responsabilidad, del momento oportuno…: «No me arrojo por amor propio ni por derecho; lo hago porque ustedes aseguran que la opinión está hecha». Y añade: «No me mezclo en política (…). Exijo, sí, que si el movimiento triunfa en Madrid, sea usted el que se ponga al frente del Gobierno». «Tengo el firme propósito —continúa— de no aceptar mando, ni ascenso, ni título, ni remuneración alguna». Y concluye: «La diferencia entre usted y yo estriba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión del alzamiento».

El 29 de diciembre en Las Alquerietas, lugar cercano a Sagunto, Martínez Campos proclamó rey de España a Don Alfonso XII, y tras una breve arenga, los soldados gritaron unánimemente: «¡Viva Alfonso XII!».

Después, Martínez Campos lo comunicó telegráficamente a Cánovas. Si Martínez Campos dio ese paso, el triunfo fue posible por la disposición favorable al espíritu nacional, obra indiscutible de Cánovas.

La primera impresión de Cánovas fue de disgusto, pensando que con esa proclamación pudiera perderse cuanto él venía preparando. Después se dio cuenta del acierto.

El hecho de la proclamación, lo conoció don Alfonso en París, donde había llegado el 30 de diciembre, dispuesto a pasar los últimos días de vacaciones de Navidad con su madre. No conocía el pronunciamiento de Sagunto. Don Alfonso se enteró por un escrito anónimo: «Sire: Votre Majesté a éte proclamé Roi hier soir par l’Armée espagnole. ¡Vive le Roi!»[133]

Posteriormente, doña Isabel recibió el telegrama en que Primo de Rivera y Cánovas le comunicaban oficialmente el éxito del pronunciamiento, y felicitaban a Sus Majestades «por este gran triunfo, alcanzado sin lucha ni derramamiento de sangre».

En el ministerio de la Guerra, Cánovas constituyó el Gobierno Provisional, al que llamó Ministerio-Regencia, en virtud de los poderes de don Alfonso. El 5 de enero se embarcó Alfonso XII en la fragata Navas de Tolosa, rumbo a Barcelona, donde llegó el día 9 de enero; entre aclamaciones entusiastas, se dirigió a la catedral, donde se cantó el Te Deum. En la ciudad condal firmó el decreto de ratificación del ministerio. Allí nombró su primer Gobierno, confirmando a Cánovas y los ministros. Pasó el 11 por Valencia y el 14 entró en Madrid.

Pío IX había sido padrino del bautismo del príncipe Alfonso, y le había dado la primera Comunión, de ahí que al enterarse de la proclamación Alfonso le envió un telegrama pidiéndole su bendición:

«Proclamado Rey de España por toda la Nación y el ejército, ruego a Vuestra Santidad se digne bendecir al pisar el suelo de su Patria, y al ocupar el trono de sus mayores, a su ahijado, que sea un defensor de la Iglesia y de su Santo Padrino».

El Papa, en despacho a la reina Isabel, expresaba sus sentimientos, que pedía fueran transmitidos a don Alfonso:

«Envía su bendición apostólica y queda pidiendo al Altísimo le conceda la mayor ventura en la difícil obra que va a emprender».

Las Gacetas de aquellos días traían las felicitaciones de los obispos. El de Cuenca «manifesta que ha dado gracias a Dios porque de una manera verdaderamente providencial, y sin efusión de sangre, se ha realizado el venturoso suceso del advenimiento de Alfonso XII; evolución que a la vez que termina un período histórico desastroso para la Iglesia y la Nación, inaugura un nueva era de reparación, de orden, de justicia, de protección a la única religión verdadera y de constante armonía entre la Iglesia y el Estado; ofrece el homenaje de obediencia, sumisión y fidelidad al Rey, y su más decidida cooperación para promover la ventura y prosperidad de la Patria[134]».

El 14 de enero recibía Madrid al joven rey con manifiesta alegría. La primera visita fue a la basílica de Atocha, siguiendo la costumbre borbónica, donde se cantó también el Te Deum.

Se cerraba así el círculo que comenzaba en 1868, con el destronamiento de Isabel II, y concluía con el advenimiento de Alfonso XII en 1875. Atrás quedaban aquellas palabras tan populares de Prim: «Los Borbones, jamás, jamás, jamás».

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA.

Albadil, V., Idea exacta de la Federación; la República Federal Española (Madrid, 1873).

Alberola, G., Emilio Castelar (Memorias de un secretario) (Madrid, 1950).

Artola, M., Partidos y programas políticos de España (1868-1931) (Madrid, 1969).

Ayllón Altolaguirre, M., Proyecto de Constitución democrática-federal de la República española (Madrid, 1873).

BadÍa, J. F., Historia político-parlamentaria de la República de 1873 (Madrid, 1973).

Barrionero, E., Don Emilio Castelar (Madrid, 1930).

Bécker, J., Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX (Madrid, 1908).

Bermejo, I. A., Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868. 3 t. (Madrid, 1875-77).

Brenan. G., El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil (París, 1962).

Caravaca, F., Pi y Margall (Barcelona, 1835).

Cárcel Orti, V., Iglesia y Revolución en España (1868-1874) (Pamplona. 1979).

Cárcel Orti, V., El Vaticano y la Primera República Española, «Saitabi» n.º 27 (Valencia, 1977).

Comellas, J. L., Historia de España Contemporánea (Madrid, 1988).

Comellas, J. L., Historia de España moderna y contemporánea (Madrid, 1968).

Comín Colomer, S., Historia de la Primera República (Barcelona, 1956).

Echenagusía Belda, S., La Primera República. Reformismo y revolución social (Madrid, 1973).

Eiras, A., El partido demócrata español (Madrid, 1961).

Espadas Burgos, M., Historia General de España y América, t. XVI-2 (Madrid, 1981).

Estramiana, J., Historia de las guerras carlistas (San Sebastián, 1979-80).

Fernández Almagro, M., Historia política de la España contemporánea (Madrid, 1972) 1.1.

Fernández Almagro, M., Cánovas: su vida y su política.

Fernández Catón, J. M., La bula «Quae diversa» y la supresión de las jurisdicciones exentas de las abadías de Sahagún, Eslonza y las Huelgas de Burgos y de la Orden de San Juan de Jerusalén y su incorporación a la diócesis de León en 1874. «Archivos Leoneses», 29 (León, 1975).

Fernández Rúa, J. L., La Primera República (Madrid. 1975).

Garrido, F. La Rebelión carlista, la religión católica y la República federal (Lisboa, 1874).

Hennessy, C. A. M., La República Federal en España (Madrid. 1962).

Jiménez, F., El último rey o la República en España (Barcelona, 1873).

Jutglar, A., Pi y Margall y el federalismo español (Barcelona. 1976).

Lacomba, J. A., La I República. El trasfondo de una Revolución.

La Gaceta de Madrid. 26-X-1868.

Lema, marqués de, De la Revolución a la Restauración.

López Cordón. M. V., La revolución de 1868 y la Primera República (Madrid. 1976).

López Domínguez, J., Memoria y comentarios sobre el sitio de Cartagena (Madrid, 1877).

Llorca, C., Castelar (Barcelona, 1968).

Martí, J., La República española ante la Revolución cubana (Madrid. 1873).

Martí Gilabert, F., La cuestión religiosa en la Revolución de 1968-1874 (Madrid, 1989).

Morayta, M., Historia general de España (Madrid, 1896).

Morayta, M., Las Constituciones de la República Española (París, 1909).

Oliver Sanz de Bremond, E., Castelar y el período revolucionario español, 1868-1874 (Madrid, 1971).

Opiso, A., Semblanzas políticas del Siglo XIX (Barcelona, 1908).

Oyarzun R., Historia del carlismo (Madrid, 1969).

Pérez Galdós, B., La Primera República (Madrid. 1953).

Pérez Galdós, B., De Cartago a Sagunto (Madrid, 1941).

Pi y Arsuaga F., y Pi y Margall. F., Historia de España en el siglo XIX (Barcelona. 1902).

Pi y Margall, F., La República de 1873. Apuntes para escribir su Historia (Madrid, 1874).

Pico, F. A., Emilio Castelar and the Spanish Church, «The Catolic Historical Review», n.º 52, (1966-1967).

Portillo, E. M., Historia Política de la Primera República Española (Madrid, 1932).

Puig Campillo, A., El cantón murciano (Cartagena, 1932).

Pujóla y Valles, F., Pi y Margall (Barcelona, 1902).

Rivas, N., Retazos de historia (Madrid, 1952).

Romanones, Conde de, Amadeo de Saboya, el rey efímero (Madrid, 1940).

Romanones, Conde de. Los cuatro presidentes de la Primera República Española (Madrid, 1939).

Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España (Madrid, 1969).

Trujillo, G., El federalismo español (Barcelona, 1967).

Tuñón de Lara, M., El problema del poder en el sexenio 1868-74, en «Estudios sobre el siglo XIX español».

Vera y González, E., Pi y Margall y la política contemporánea (Barcelona, 1886).

Vilar, Juan Bta., El sexenio democrático y el Cantón murciano (Madrd, 1983).

Vilarrasa, E. M. y Gatell, J., Historia de la Revolución de Septiembre. 2 t. (Barcelona, 1874).

Villalba Hervás, M., Historia contemporánea. De Alcolea a Sagunto (Madrid, 1899).

Villaurrutia, Marqués de, Serrano, el Duque de la Torre (Madrid, 1929).

FRANCISCO MARTÍ GILABERT es Doctor en Ciencias Históricas, y ha dirigido su investigación hacia el mundo contemporáneo; también ha estudiado las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en las que es un especialista. Ha publicado, entre otros títulos: El motín de Aranjuez; Política Religiosa de la Segunda República Española; Amadeo de Saboya y la política religiosa, y Carlos III y la política religiosa.

NOTAS

NOTAS

[1] M. Fernández Almagro. Historia política de la España contemporánea (Madrid, 1972), 1.1., p. 114. <<

[2] Hija del príncipe Carlos del Pozzo de la Cisterna y de la condesa Luisa Ghislain de Mérode, tenía 24 años de edad al venir a España, y fama de bella, religiosa y culta. <<

[3] Fernández Almagro, op. cit., p. 153 y ss; J. Vigón, Historia de la Artillería española (Madrid, 1947). <<

[4] Conde de Romanones, Amadeo de Saboya (Madrid, 1940) p. 142. <<

[5] Poco antes, se suspendió la solemne presentación de un hijo del monarca —Luis Amadeo— cuando ya estaban en la antecámara el Gobierno y las Comisiones del Senado y del Congreso sin recibirles el Rey, ni excusarse. La ceremonia quedó suprimida. Estaba don Amadeo muy molesto por la negativa de los duques de la Torre a apadrinar a su hijo, y que la duquesa declinó el ser camarera mayor. Además, muchos de los invitados le hicieron el desaire de no acudir a la comida de gala del día de Reyes. Había un divorcio entre los políticos y la casa real. <<

[6] Fernández Almagro, op. cit., p. 158. <<

[7] Ibidem., p. 159. <<

[8] E. Comín Colomer, Historia de la Primera República (Barcelona 1956), p. 139. <<

[9] Fernández Almagro, op. cit., p. 161. <<

[10] La República de 1873. Apuntes para escribir su Historia (Madrid, 1874), p. 7; Figueras escribió en carta justificando, como veremos, su huida: «La República se hizo ilegalmente y por una Asamblea que no tenía mandato para ello y que debió disolverse después de aceptada la renuncia de don Amadeo». <<

[11] Diario de Sesiones. 11 de febrero de 1873, p. 45. <<

[12] La República de 1873, pp. 12-13. <<

[13] «En muchos pueblos, al grito de “¡Viva la República federal!” grupos armados se impusieron al vecindario, entregándose, donde menos, al destrozo de los emblemas monárquicos y al vejamen de las gentes de orden, y en no pocos lugares, al saqueo, el incendio y asesinato», Fernández Almagro, op. cit., p. 165. En algunos lugares se destruyó el retrato de don Amadeo, hubo un repique de campanas, se vieron impunes malhechores. <<

[14] La Cruz, 1874, t. I. p. 296. <<

[15] Badía, J. F. citando a Hennessy, Historia parlamentaría de la República de 1873 (Madrid, 1973), p. 66. <<

[16] Badía, La Primera República (Madrid, 1975), p. 67. <<

[17] Los cuatro presidentes de la Primera República española (Santander, 1939). p. 27. <<

[18] Fernández Rúa, op. cit., p. 260; «Mas cuando en vez de discursos lo indispensable era gobernar, mandar con autoridad, resultó inferior a las funciones que asumía», en opinión de Romanones. <<

[19] Cit. por Espada Burgos, en la Historia General de España y América t. XVI-2, p. 211. <<

[20] La impresión que Pi y Margall le produjo a Layard, embajador británico en Madrid, era: «el peor y el más peligroso (…) Pertenecía al extremista partido republicano rojo, con una aptitud determinada y resoluta, que, aunque aparentemente tranquilo e impasible, era intransigente en sus opiniones y dispuesto a recurrir a cuantos medios necesitara para llevarlas a cabo», op. cit., p. 177. Por las asonancias de los cuatro apellidos: Pi. Tutao, Chao y Somí, se llamó a este Gabinete como «Gabinete Pajarero». <<

[21] Con mucho detalle cuenta Figueras la marcha a Francia en carta a un amigo de la Habana, reproducida por el Conde de Romanones, en op. cit., pp. 41-48. <<

[22] Op. cit., pp. 50-51. <<

[23] La Federación 1880, p. 19. <<

[24] Romanones, op. cit., pp. 64 y 72. <<

[25] «Este agitador catalán es el personaje de más cuenta que la heterodoxia española ha producido en estos últimos años». En cuanto a su Historia, «escandalizados varios obispos, subcriptores de la obra, de las inauditas herejías, que en ella leyeron, comenzaron a excomulgarla y a prohibir la lectura en sus respectivas diócesis», Menéndez Pelayo, Heterodoxos, t. II, p. 926. <<

[26] Romanones, op. cit., pp. 77-78. <<

[27] Op. cit., pp. 67-69. <<

[28] Romanones, op. cit., pp. 77-78. <<

[29] Comín Colomer, Historia de la Primera República (Barcelona, 1956), p. 310; «como político carecía de las mínimas condiciones, pues adolecía de carácter y entereza», Ibidem., p. 352. <<

[30] Op. cit., p. 78. <<

[31] Diario de Sesiones. «Si el Gobierno no puede responder de los gobernadores —dijo Profumo—, no sé por qué se llama Gobierno, ni dónde gobierne; deje Su Señoría ese banco» p. 356. Pi y Margall desaparecía del Poder cuatro días después de ese ataque. En muchos lugares dejó constancia de su actuación, presumiendo de buen sentido y honradez. <<

[32] Fernández Almagro lo califica de «orate más que sectario». En las Cortes se declaró enemigo de Jesucristo, y que no era el único hijo de María, que produjo la indignación general, especialmente impugnado por Manterola. <<

[33] Badía, op. cit., p. 86. El cantonalismo tenía un «afán localista, insolidario y suspicaz, a la vez que ingenuo y de tono sentimental», Fernández Almagro, op. cit., p. 177. <<

[34] El laberinto español, p. 119. <<

[35] Pi y Margall, La República de 1873, p. 140; Badia, op. cit., p. 128. <<

[36] Badia, op. cit., p. 322. <<

[37] Badia, op. cit., p. 323. <<

[38] Pi y Margall y la política contemporánea (Barcelona, 1886), p. 525. <<

[39] Op. cit., p. 67; «Si pudo ser cierta la inhibición del ministro, poco trabajo se tomó por vigilar si se cumplían sus órdenes (…). no tuvo verdadera vigencia»; Comín Colomer, op. cit, p. 262. <<

[40] Espadas, op. cit., 215-216. <<

[41] Fernández Almagro, op. cit., p. 173, y Espadas, op. cit., 216. <<

[42] Fernández Almagro, op. cit., p. 175. <<

[43] Diario de Sesiones, 19 de julio de 1873, pp. 798-801. <<

[44] Cit. por Comín Colomer, op. cit., p. 380. <<

[45] «Los tripulantes de las fragatas de la Armada Nacional “Almansa”, “Vitoria” y “Méndez Nuñez”, los del vapor “Fernando el Católico” serán considerados como piratas. Los comandantes de los buques de guerra de las potencias amigas de España, quedan autorizados para detener a los buques mencionados y juzgar a los individuos que los tripulen, reservándose el gobierno español la propiedad de los buques», Decreto completo en Comín Colomer, op. cit., p. 383. <<

[46] J. L. Cornelias, Histora de España Contemporánea (Madrid, 1988). p. 244. <<

[47] La Revista Social, 14.1.1873; La Federación, 15.11.1873; El Condenado, 21.VI. 1873. <<

[48] Op. cit., p. 327. Fernández Almagro. <<

[49] Op. cit., p. 327. Fernández Almagro, op. cit., p. 178. <<

[50] Ibidem, p. 32. En Alcoy (Alicante) se dio un conato de huelga y un choque sangriento entre la autoridad municipal y los obreros rebeldes. Asesinaron al alcalde Agustín Albors, diputado republicano; fue paseada en una pica la cabeza del jefe de la Guardia civil; y hubo 35 víctimas, entre muertos y heridos, e incendiaron varias fábricas y edificios civiles. <<

[51] Fernández Almagro, op. cit., p. 180. <<

[52] Decreto en A. Puig Campillo, El Cantón murciano (Murcia. 1986). pp. 134-135. <<

[53] Op. cit., p. 365. <<

[54] A Contreras lo presenta Hennessy como: «general incompetente, famoso por su oportunismo e informalidad», aventurero de lealtad discutible, op. cit., p. 163; Fernández Almagro, op. cit., pp. 182 y ss. <<

[55] Puig Campillo, op. cit., p. 280. <<

[56] Badía, op. cit., p. 368. <<

[57] Castelar intervino en el debate e hizo alarde de patriotismo, con la correspondiente cólera del ala izquierda. «Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que la Libertad, antes que la República, antes que a la Federación, antes que a la Democracia, pertenezco a mi idolatrada España, y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a la más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas, y que íntegro debemos legar a las generaciones venideras», Fernández Almagro, op. cit., p. 184. <<

[58] Badía, op. cit., p. 373. <<

[59] Don Carlos le desautorizó, y fue juzgado y condenado a muerte. Pero obtuvo el indulto y volvió a sus irresponsables operaciones. Santa Cruz se ha presentado como «un tipo perfecto de fanático individualista y montaraz» y llegó a mandar cerca de un millar de hombres. <<

[60] Fernández Almagro, op. cit., pp. 189-190. <<

[61] Ibidem. <<

[62] Ibidem, pp. 191-192. <<

[63] Diario de Sesiones del Senado, 5 de abril de 1890. Citado por Férnández Almagro, op. cit., p. 192. <<

[64] Férnandez Almagro, op. cit., pp. 220 y ss. <<

[65] Ibidem., p. 194. <<

[66] Ibidem. pp. 196 y ss. <<

[67] J. L. Fernández Rúa, La Primera República (Madrid, 1975), pp. 286-288. <<

[68] Menéndez Pelayo hace un expresivo canto a «las condiciones geniales de orador» y añade: «Alguna intrínseca virtud o fuerza debe tener escondida su oratoria para que yendo, como va, contra el ideal de sencillez y pureza, que yo tengo por norma eterna del arte, produzca, dentro y fuera de España entre muchedumbres doctas o legas, y en el mismo crítico que ahora la está juzgando, un efecto inmediato, que sería mala fe negar» Heterodoxos (Madrid, 1987), t. II. p. 95. El periódico genovés La Bandiera escribía: «Comprendemos el tumulto y la agitación producida por el afán del pueblo genovés en oír al divino moderno Demóstenes (…). Por esto comprendemos también con cuánta razón los españoles han proclamado a Castelar el primer orador del mundo». <<

[69] Muchos detalles biográficos castelarinos en C. Llorca, Emilio Castelar (Alicante, 1999), passim. <<

[70] Romanones, op. cit., pp. 125-126. <<

[71] Fernández Almagro, op. cit., p. 198. <<

[72] Op. cit., p. 134. <<

[73] Fernández Almagro, op. cit., p. 199. <<

[74] Ibidem, p. 200. <<

[75] A. Puig Campillo, El cantón murciano (Cartagena, 1932). <<

[76] Fernández Almagro, op. cit., pp. 202-203. <<

[77] Ibidem, p. 204. <<

[78] Llorca, op. cit., p. 193 <<

[79] Fernández Almagro, op. cit., p. 205. <<

[80] Ibidem., p. 207. <<

[81] Seguimos a C. Llorca que estudia con mucho detalle la intervención de Castelar. <<

[82] Ibidem., p. 202. <<

[83] Ibidem, p. 205. <<

[84] Ibidem, pp. 209-210. <<

[85] Ibidem, pp. 210-211. <<

[86] Ibidem, p. 212. <<

[87] Ibidem, 213. <<

[88] Op. cit., p. 247. <<

[89] Fernández-Rúa, op. cit., p. 505. <<

[90] Llorca. op. cit., p. 160. <<

[91] Fernández Almagro, op. cit., p. 184; E. Oliver Sanz de Bremond, Castelar y el período revolucionario español (1868-1874). <<

[92] Ibidem. p. 185. <<

[93] Op. cit., p. 163. <<

[94] Comín Colomer, op. cit., pp. 482-483. <<

[95] Fernández Almagro, op. cit., p. 205. <<

[96] Marqués de Villa-Urrutia, Serrano, el Duque de la Torre (Madrid. 1929), p. 210. <<

[97] Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1876; Fernández Almagro, op. cit., p. 206, cita parte del discurso. <<

[98] Fernández Almagro, op. cit., pp. 213-214; Comín Colomer trae una relación completa de los asistentes, op. cit., p. 570. <<

[99] Llorca, op. cit., p. 165. <<

[100] Ibidem, p. 235-36; Hennessy lo presenta así: Serrano «era un oportunista político, un intrigante inveterado, vacilante y dominado por su mujer, cubana criolla», p. 146. <<

[101] La Gaceta de Madrid, 9-1-187; Fernández Rúa, op. cit., pp. 515— 518. <<

[102] Op. cit., p. 521 <<

[103] Fernández Almagro, op. cit., p. 215. <<

[104] Fernández Almagro lo describe así: «era un militar valeroso e instruido (…); irreductible en su concepto de la disciplina castrense, ya que, de antecedentes isabelinos sirvió a Amadeo como ministro de la Guerra». Como político fue considerado inhábil, y fue acusado de desleal pero, «en el fondo no había otra cuestión que el antagonismo de republicanos y monárquicos», op. cit. p. 218. <<

[105] Fernández Almagro, op. cit., p. 235. <<

[106] A. Llopis y Pérez, Historia política y parlamentaria de D. Nicolás Salmerón y Alonso (Madrid, 1915). <<

[107] Vilarrasa y Gatell, Historia de la revolución de septiembre (Barcelona, 1875) t. I, pp. 732-734; De la Fuente, Retrato político de la República española de 1873. p. 26. <<

[108] La Cruz. 1873, t. II (Madrid, 1898). <<

[109] La Cruz. t. I (Madrid, 1875), p. 29. <<

[110] El alcalde de Málaga ofició al «Ciudadano obispo» que «acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia la demolición de todos los conventos de esta capital, espero dará Vd. las órdenes oportunas a fin que en todo el día de mañana queden desalojados para llevar a efecto dicho acuerdo. Salud y República federal». La Cruz, 1873,1.1, p. 123. Al día siguiente se decretó que el Obispo abandonase el palacio episcopal en el término de tres días, que se destinaría para «el cabildo de la soberanía popular». <<

[111] El Pensamiento Español del 2-IV-1873. <<

[112] La Cruz, 1.1 (Madrid, 1873), p. 45; Menéndez Pelayo. Heterodoxos, I, p. 989. <<

[113] La Cruz, t. I (Madrid, 1874), p. 174. <<

[114] Gaceta de Madrid. 2-II-1870; V. M. Arbeloa, Intentos de separación de la Iglesia y el Estado, Scriptorium victoriense (Vitoria, 1972). t. XIX, pp. 296 y ss. <<

[115] Op. cit., p. 148 <<

[116] La Gaceta. I1 —III-1873, p. 827. <<

[117] V. Cárcel Ortí, La Iglesia en la tormenta, «Historia y vida» (Barcelona, 1974), p. 55. <<

[118] Diario de Sesiones de las Cortes, n.º 42, p. 4; Ibid, t. 56, apéndice. <<

[119] La Cruz (1873) t. II, pp. 234 y ss. <<

[120] A. Manzano Ganas, El Cisma del priorato y sus repercusiones en Azuaga, con Llerena y Mérida, «Revista de Estudios Extemeños» (Badajoz, 1960), t. XV. <<

[121] Heterodoxos (Madrid, 1987), t. II, p. 991. <<

[122] Los informes que Mons. Bianchi —encargado de Negocios de la Santa Sede— transmitió al Cardenal Franchi eran contundentes: «Con verdadero disgusto debo manifestarle que no hay persona que hable bien de este joven eclesiástico. Prescindiendo de su vida privada, que deja mucho que desear, Isbert se ordenó sacerdote en Barcelona tres meses antes de la Revolución del 68, y poco después marchó a Madrid, donde mostró sus principios revolucionarios y sus amistades con los corifeos de la misma. Se trata de un joven poco serio, ambicioso, de ideas no católicas» V. Cárcel Orti, Iglesia y Revolución en España 1868-1870 (Pamplona, 1979), p. 322. <<

[123] Despacho del 8-VII-1873, leg. 1180. <<

[124] «El Papa mostró deseos de conocer personalmente a Isbert. Le recibió con las mayores pruebas de cariño y estimación personal, y a consecuencia de la entrevista renunció al Obispado, pues Pío IX dijo necesitarlo “por ahora en Madrid”. Le nombró prelado de la Corte Pontificia en forma extraordinaria y desusada» Cárcel Orti, La Iglesia en la tormenta, p. 55. <<

[125] Bécker, J., Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX (Madrid, 1908). <<

[126] «El Gobierno quiso aparecer católico, para no ser rechazado por la opinión —decía el Pensamiento político español—. No cabe hoy gobernar de otra manera. O muere la República aplastada bajo el peso de la opinión del país, o prescinde de ciertos compromisos para salvarse». La irritación de La República era tal que escribió: «Se ha atropellado por todo género de consideraciones y respetos a las Cortes, única autoridad llamada a decidir en el asunto(…); el partido republicano, que no consentirá ni tolerará nunca, que de esa suerte se desconozcan y se desvirtúen los principios fundamentales consignados en su bandera». <<

[127] «Roma —escribe Castelar— aceptó mi modus vivendi preconizando los obispos que nombré: pero nuestros amigos, fanatizados por la autoridad que por sorpresa ejercían, en vez de aplaudirme robusteciendo mi autoridad para consolidar la República, debilitando la fuerza reaccionaria, me combatieron cruelmente hasta ofenderme en mi honor personal», M. González Araco, Castelar. Su vida y su muerte (Madrid, 1900), p. 399. <<

[128] E. Oliver Sanz de Bremón, Castelar y el período revolucionario español (1869-1874) (Madrid, 1971), pp. 263-264. <<

[129] González Araco, op. cit., p. 399. Cuando en octubre de 1894 Castelar, que no ostentaba cargo político alguno, fue recibido por León XIII, se le dispensaron honores de jefe de Estado. En aquella larga entrevista, el Papa le quedó reconocido «por su actuación habilísima y tolerante al frente de la jefatura del Estado español al facilitar el nombramiento de los obispos que tanto suavizó las relaciones de la Iglesia con la República», Oliver, op. cit., p. 264. <<

[130] «Yo no tengo preferencias ni por Don Carlos ni por Doña Isabel —decía Pío IX—, si bien con esta señora me unen lazos de parentesco espiritual y el hermano de aquél, D. Alfonso, me ha prestado servicios personales. Pero desde luego no me gusta la República». AMAE, leg. 1180. despacho IV. <<

[131] A. Pirala, Historia contemporánea: Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra carlista (1875), t. III, p. 290. <<

[132] Fernández Almagro, op. cit., p. 241. Para la política de la Restauración, vid Fernández Almagro, Cánovas, su vida y política (Madrid, 1951) y J. L. Cornelias, Cánovas (Madrid, 1965). <<

[133] Era una letra femenina y tenía por firma el anagrama de Cristo, Fernández Almagro, op. cit., p. 246. <<

[134] La Gaceta, 11-1-1875. <<

NOTAS DEL EDITOR DIGITAL

NOTAS

[67a] Errata de la edición en papel. Emilio Castelar y Ripoll nació en Cádiz el 7 de septiembre de 1832. <<