El nombre de La Forestal, con el que habitualmente se conoce a la empresa que en 1906 inició sus actividades en nuestro país como «Compañía de tierras, maderas y ferrocarriles La Forestal Ltda.» continuándola más tarde bajo sucesivas denominaciones, sintetiza por sí solo un largo capítulo de la historia del norte santafesino. Una trayectoria que arranca de las primeras cesiones de tierras, en los albores de la década de 1880, y el comienzo de la explotación del quebracho colorado, que continúa con la formación de la compañía y la expansión de sus propiedades hasta constituir un latifundio de cerca de dos millones de hectáreas, que incluía una constelación de pueblos cuya vida entera giraba en torno a la fábrica de tanino y estaba sometida al arbitrio de la empresa; y remata, en los años cincuenta y sesenta del presente siglo, con la crisis del sector, el cierre de fábricas y el vaciamiento económico y humano de la región. Algo más que la historia de una empresa, entonces, pues ella se convirtió, en palabras del autor «en obsesionante símbolo de exterminio de riqueza forestal y de bárbara explotación del hombre» y también algo más que un episodio aislado, dada su íntima vinculación con «el drama general de la tierra argentina».

Gastón Gori

La Forestal

La tragedia del quebracho colorado

ePub r1.0

et.al 26.08.2018

Gastón Gori, 1968

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

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Prólogo

UNA HISTORIA MUY NUESTRA: PARA LEER Y AVERGONZARNOS

Volver a tomar en mis manos La Forestal de Gastón Gori y leer, leer, leer. Es volver a tomar conciencia de una de las caras de esa Argentina liberal que tuvo no sólo la apariencia sino todo el contexto de una colonia del Tercer Mundo. Ese aspecto nos lo muestra este libro, la profunda investigación de Gastón Gori, ese maestro, maestro en su profundidad, en su humildad. Que es lo que define a la sabiduría.

Déjeseme decir que este libro tendría que ser un manual en las escuelas secundarias y en las facultades correspondientes. Un libro de lectura obligatoria, obligatoria por razones morales y de curiosidad de oír, aprender y saber. Aquí está todo: la descripción de ese aspecto de la Argentina tomando una zona de ella. Que sirve como ejemplo. El latifundismo, la depredación de la naturaleza, el egoísmo del que tiene el dinero, y con él, el poder, y además el poder de ablandar al poder, la explotación más deshumanizada del hombre de la tierra. Gastón Gori nos describe con todos los detalles una de las empresas extranjeras que conquistó lo que quería de acuerdo a la fórmula: Veni, vedi, vici. Y tras de sí dejó el tendal, el campo de los derrotados, después de llevarse todo.

Cuando uno lee este libro se pregunta: ¿los responsables de los poderes del Estado, qué hicieron? La obra tiene los perfiles de una obra dramática, en medio del increíble escenario del norte santafesino. Shakespeare habría creado un drama incisivo y descrito todos sus protagonistas en forma cabal ya que están todos definidos: los miembros casi anónimos del poder con un egoísmo atroz y una crueldad que puede compararse con aquellos militares que dejaban morir de hambre a sus prisioneros; los políticos, siempre lejanos o con el doble lenguaje en los labios; los capataces del poder, surgidos de la pobreza y por eso más crueles que las órdenes mismas, y los siervos de la gleba, con sus músculos sólo para diez años, y los ojos de sus hijos, el silencio de sus mujeres, el alcohol como medicina.

Pero, finalmente, la revuelta. Lo épico en mentes que parecían que habiendo nacido esclavos iban a morir también esclavos. Gori le prepara el camino a Shakespeare en un ímprobo trabajo de juntar documentos, escuchar, describir épocas y emitir un juicio noble, limpio, sin agitaciones, pero indignado al comprobar con su honestidad la barbarie y la codicia.

Gori resucita una de las dos tragedias de aquel insumiso año 21, con tanta sangre de gaucho pobre derramada. Le basta con titularla: La Forestal. Y con ese nombre está todo dicho: la perfidia, la avaricia, la deshumanización. Todo en nombre del progreso. Se destruyó la naturaleza, se destruyó al hombre, se crearon jerarquías, se sembró la corrupción.

Gastón Gori es, y obra aquí, como un abogado consumado en la descripción del robo y del crimen disimulado con parágrafos, decretos, visitas, crónicas. Y la gran coartada del capital: cómo disimular y aparecer como benefactor. Un abogado que pone todo sobre la mesa: la época, los acontecimientos que movían al mundo, los saltos de las economías europeas, los señores y los inmigrantes, los pacientes pero también los rebeldes. Y, el momento culminante: las huelgas. El sentido de solidaridad y el altruismo: uno para todos. Los nombres de los anónimos. Los anónimos que no quemaron sus fuentes de trabajo con el lema: «lo que levanta la mano del hombre no debe destruirlo el hombre». Pero los dueños de todo sí quemaron el local de la Federación Obrera y, luego, una por una las viviendas de los obreros que no se sometían. Al gaucho Altamirano no sólo lo curtieron a latigazos sino que además le incendiaron su casita, donde vivía con su mujer e hijos. Y así, de a docenas. Todo en nombre de la libra esterlina. Que en aquel tiempo tenía algo de sagrado. Y todo esto en 1921, cuando la Argentina era gobernada por un presidente elegido por el pueblo.

Y luego la desocupación para muchos y las ganancias para unos pocos. Meses después, apenas, lo mismo iba a repetirse en el sur del Sur. Tumbas masivas sin cruces para la protesta.

Bastaría un solo párrafo de este estudio valiente, profundo, cargado de pruebas científicamente históricas, para damos cuenta qué fue el imperio de La Forestal. En 1939, no ya en los años de la huelga, el diputado Doldán dirá en la cámara de Diputados: «que en el departamento Vera, sobre 4.463 defunciones sólo 1.533 enfermos tuvieron asistencia médica, y cerca de 3.000 no la tuvieron. Estudiando las cifras de la mortalidad infantil desde 1928 a 1938, considerando los nacidos muertos y los fallecidos hasta los diez años de edad inclusive, de los 4.463 fallecidos, el 42,5% corresponde a niños. Pero la cifra era más abultada porque muchas criaturas nacidas muertas o fallecidas poco después del parto no son denunciadas a las oficinas del registro civil, lo que ocurre en los parajes más apartados y boscosos». Y ahora viene otro párrafo que desbarata toda posible disculpa o interpretación contraria: «El 80% de los fallecimientos ocurridos en el distrito de Garabato correspondía a la juventud entre los 11 y los 35 años».

La Forestal poblaba —para tener brazos baratos siempre a disposición— y despoblaba cuando no le interesaba la producción en tal o cual lado. Y en los tiempos de gran agitación obrera se prohibían las «ropas rojas y granates» a los obreros, ya que esos colores eran considerados subversivos. A quien llevaba pañuelo rojo al cuello o camisa de ese color, la policía privada de La Forestal lo desnudaba, le daban una azotaina y le prendían un cintillo azul y blanco que el desgraciado debía ostentar.

Detengámonos aquí: usar los colores azul y blanco para la obediencia, justo lo contrario de los que fundaron la Argentina, que con esos colores le opusieron sangre a la revolución y llevaron la libertad al sur latinoamericano.

¡Cómo se ensuciaron los símbolos! Algo que después se hizo común en la historia de las represiones oficiales en la Argentina!

Soy santafesino igual que Gastón Gori. Me hubiera gustado recorrer con él todas esas poblaciones paso a paso del Chaco santafesino. Muy cerquita de allí pasaba mis vacaciones en los meses de verano en mi adolescencia. Tal vez la edad y ciertas vejeces no nos permitan ya compartir ese paisaje y ésa nuestra gente.

Pero sí tengo el libro, que es volver a recorrer nuestra historia y volver a ver el rostro de la gente. Gracias, Gastón, por esta obra sabia.

OSVALDO BAYER

La iniciación y progreso del tráfico en quebracho

forma uno de los capítulos más notables

de la historia industrial de Sud América.

ARNOLD WRIGHT

Lo que levanta la mano del hombre

no debe destruirlo el hombre.

LORENZO COCHIA

año 1921, obrero de La Forestal

Abriendo picada…

En este libro se nombra «La Forestal» como denominador común por síntesis de los distintos nombres que caracterizaron la razón social que se iniciara como «Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.» modificada luego por sus continuadores conservando la designación que implica explotación de bosques. Está incorporada simplemente como La Forestal al conocimiento popular, y se la menciona de esa manera no sólo en publicaciones periodísticas o escritos judiciales, sino en documentos de otro tipo. De modo pues que decir La Forestal es mencionar la compañía que desde 1905 hasta nuestros días explota quebracho colorado, fundamentalmente, en la República Argentina. Ha hecho historia y continúa, dentro del país y fuera de él, una trayectoria. En cuanto ha influido sobre muy extensa zona, su actividad y los resultados de ella deben ser juzgados desde distintos puntos de vista, y relatado también su historial como que pertenece al pueblo argentino el derecho de ahondar en su pasado para corregir el presente en previsión del futuro. Con la ventaja de que, en el caso de La Forestal, muchos problemas están vigentes y ocupan el pensamiento de estudiosos, de legisladores, de gobernantes, de dirigentes políticos y gremiales que encuentran en el proceso que ha seguido desde sus comienzos hasta ahora, suficientes razones para tratar de afrontar, con legislación primero y con hechos después, soluciones que vienen reclamándose desde hace muchos años y que, todavía hoy, cuando se intentan, siguen siendo directamente beneficiosas para La Forestal[1] e indirectamente para un reducido número de habitantes, en aquellas zonas donde ha quedado, como recuerdo de los bosques que aún existen, el antiguo exterminio del quebracho colorado, sin que la nación haya aprovechado toda la riqueza, que, por el contrario, en gran porcentaje salió del país. Porque, además, estamos ante una compañía que si contra ella se levantaron ardientes palabras, ello obedecía a que hería o hiere, con su presencia todopoderosa, el sentimiento de patria. A ese sentimiento apelaron muchos cuando en el apasionamiento de las argumentaciones comprendían que, en el fondo, se trataba de defender la riqueza del pueblo argentino de la voracidad de capitalistas extranjeros, la opulencia de cuyas ganancias es ofensiva.

Pero también existe otro concepto: es el que sostuvo que sin la presencia de La Forestal, aquella región permanecería en estado salvaje. Corresponde a quienes parten desde el presente hacia el pasado desconociendo en su origen la realidad potencial de la nación en el momento, ya histórico, en que inició la empresa su enorme conquista de tierra, desconociendo lo que pudo hacerse distinto y no se hizo. También corresponde a quienes confían más en los capitales extranjeros —en muchos casos, se forman con lo que nosotros producimos— que en la capacidad económica de los argentinos, si ella fuese encausada no para servir de subsidiaria a inversiones voraces que en definitiva no solucionan nuestros problemas sino los de otros países de donde proceden las instituciones de inversores.

La Forestal, con el trascurrir del tiempo, y cuando el progreso sea una realidad viva y pujante en la región donde tanto hizo para sí misma y tanto dejó de hacer para el país, donde padecieron miles y miles de hombres en las labores de los quebrachales y donde otros creyeron hallar un destino cómodo; cuando un concepto nuevo sobre la función del hombre, del trabajo y de los bienes en la sociedad, libere al ser humano, y también allá, en el viejo Chaco de amplio abarcamiento interprovincial, ni el trabajo sea un sacrificio estéril para la felicidad de las masas laboriosas, ni el capital sea un vehículo de explotación, de injusticias y de opresión; cuando donde hubo quebrachales haya abundancia forestal crecida y dirigida por la inteligencia del hombre entre ciudades desarrolladas en medio del placer de engrandecer la patria, entonces, La Forestal será una especie de mito difícil de comprender, si la historia no socorre a los hombres para enseñarles sobre qué bases de antiguas miserias y asombrosas riquezas fue necesario construir, paso a paso, luchando, opinando y obrando, la sociedad equitativa que inevitablemente ha de formar el hombre, con su fe, sus conocimientos científicos y técnicos, con lo más excelente de su espíritu, con su confianza en la potencia creadora de los pueblos; sociedad que alcanzará, naturalmente, a aquellas regiones forestales donde aún se opone a un nuevo concepto de la función social de los bienes territoriales la avidez todavía no saciada de la empresa que ha hecho historia con su fabulosa riqueza y con la pobreza de generaciones de argentinos que la sirvieron.

El latifundio de La Forestal

1

El origen de los títulos de propiedad de la mayor parte de las inmensas extensiones de tierras que fueron o que aún pertenecen a La Forestal tiene una tramitación que no es, precisamente, inobjetable desde el punto de vista de la política de entrega del patrimonio territorial público al dominio privado.

El investigador, en este aspecto, inicia su tarea con el espíritu limpio de toda sospecha, porque cuando más, puede suponer que se encontrará con una de esas frecuentes y fabulosas ventas —en otros casos donaciones— de tierras públicas, cuya secuela aún padecemos los argentinos, y no prejuzga sobre los procedimientos, ya que por anticipado sabe de leyes preexistentes que permitieron la formación de inmensos latifundios, aunque no en medida tan fabulosa como las que forman el objeto de su preocupación. Pero apenas iniciado el estudio de los antecedentes que culminaron con la venta simulada —en realidad era en parte una dación en pago— de 668 leguas cuadradas[1] a «Cristóbal Murrieta y Cía», se siente alertado por coincidencias extrañas, por nombres que se vinculan al negocio y a otros subsiguientes; que reaparecen mostrando hasta qué punto el patrimonio territorial del Estado era objeto de ambiciones que, medidas en leguas de tierras o en intereses personales o de sociedades, revisten contornos asombrosos, y se hace difícil comprender la impasibilidad, la despreocupación o la ignorancia conque una generación de argentinos asistió a tales entregas del suelo, que significaban introducir dentro del país los intereses —en medida cuantiosa— de otra nación, mediante capitales que no siempre provenían de ella y de los cuales se beneficiaba en ventaja con respecto al fisco provincial o nacional. En cuanto a estas monstruosas entregas de tierra, el general Mitre —en otras circunstancias— dijo que sus dueños consultaban su propio interés y en último término el interés de la nación.

En virtud de ley del 22 de junio de 1872, el gobierno provincial contrató un empréstito con la firma Murrieta y Cía. de Londres. El apoderado de esa empresa en nuestro país era el doctor Lucas González. El pago del empréstito tuvo dificultades y los servicios no pudieron ser cubiertos como estaba previsto. En setiembre de 1880 el P. E., ante gestiones realizadas por el apoderado del acreedor, envió a las cámaras legislativas un proyecto de ley sobre autorización para contratar con Murrieta y Cía. el pago de lo que se le adeudaba del empréstito. Por el artículo 1.°, la tercera parte de esa deuda sería satisfecha con bonos del Tesoro, que devengarían intereses, y dichos bonos serían entregados a Murrieta y Cía. Con el objeto de acelerar la amortización, serían recibidos por el Estado provincial en pago de tierras públicas. El inciso 5.° establecía que se deslindarían tierras suficientes como para pagar las otras dos terceras partes de la deuda, y aclara el artículo 2.° que las tierras deslindadas se «venderán en Inglaterra u otras partes de Europa para destinar el producido al pago del empréstito», con lo que daba a entender que los posibles compradores serían buscados fuera de la órbita de intereses de Murrieta y Cía. aunque no la excluía, ni estaba en el pensamiento del P. E. excluirla, por el contrario sabía que esa empresa estaba —de antemano— interesada en las tierras como una solución de pago. El artículo 4.° coartaba toda otra posibilidad del P. E. para disponer más ventajosamente de las tierras, si se presentara el caso, porque no podía «darles ningún otro destino hasta que estuviera satisfecha la deuda». Era una especie de hipoteca por vía legislativa, que el gestor de Murrieta y Cía. lograba a favor de sus mandantes.

El autor del proyecto no era un ministro del P. E., como podría suponerse, ni tampoco el gobernador, sino el propio apoderado de la casa de Londres, doctor Lucas González, tal como surge explícitamente del mensaje enviando el proyecto y de la discusión —sumamente breve— que tuvo en las cámaras. Al tratarse el artículo 4.°, el senador Torrent dijo que votaría a favor de su aprobación «pues el apoderado de la casa Murrieta y Cía. está satisfecho, siendo el autor del proyecto».[2]

Sancionada la ley —5 de octubre de 1880— de importancia fundamental para las negociaciones subsiguientes, establecía también que se encargaría de su ejecución a una «persona idónea» y el 5 de mayo de 1881 el gobierno, habiéndose deslindado las tierras el 10 de abril del mismo año, otorga poder para venderlas, no a un negociador perteneciente al gobierno, por formar parte de él, o a un experto en asuntos de colonización e inmigración que tuviera fundamentalmente en cuenta estos aspectos, sino que consideró que la persona idónea de que hablaba la ley era el apoderado de Murrieta y Cía. e hizo recaer el nombramiento en Lucas González. De modo que el gestor de los intereses de la casa prestataria de Londres representaba a la provincia en la venta de 668 leguas cuadradas de tierra, autorizada por ley del 5 de octubre de 1880, de cuyo proyecto era autor en nombre de Murrieta y Cía. Ésta fue la primera coincidencia que suscitó reflexiones jurídicas al investigador.[3]

Si de acuerdo con el Código Civil —artículo 1892 y concordantes— no existía una incompatibilidad legal, es evidente que la coincidencia de poderes hizo que la mayoría de los senadores provinciales —en cierta ocasión— opinara que el doctor Lucas González había ejercido el mandato de Murrieta y Cía. y no actuó como representante de Santa Fe en la transacción sobre los títulos y la compra de tierra. El gobierno de la provincia le había abonado la suma de $ 10.000 por su intervención, pero luego solicitó veinte leguas cuadradas de tierra fiscal «como compensación de los servicios prestados» en calidad de apoderado. La Cámara de senadores rechazó el pedido «porque el doctor Lucas González no actuó como apoderado de la provincia, sino de Murrieta y Cía.».[4] Vuelve luego a insistir solicitando ahora 10 leguas acompañando el poder legalizado como prueba; el pedido es rechazado nuevamente, resolviéndose que el P. E. fijara honorarios y diera cuenta a las Cámaras. En una época en la que gratificar con donación de tierra era frecuente, donaciones que no reparaban en futuros perjuicios y que, contra el cumplimiento de la condición de poblar —fácil de eludir—, favorecían la especulación de unos pocos en detrimento de la masa de labradores sin tierra, no conceder 10 leguas al tramitador de un empréstito millonario y gestor de la venta de 668 leguas cuadradas era por lo menos una prueba de que los nuevos legisladores veían de un modo distinto los beneficios obtenidos por la provincia.

2

El mandato otorgado al doctor González lo facultaba para vender 404 leguas cuadradas de tierras, divididas en fracciones de seis «áreas» mensuradas, en el norte de la provincia de Santa Fe, por el señor Foster el 10 de abril de 1881; posteriormente se le otorga otro poder especial para enajenar 260 leguas, que resultaron ser 264 al levantarse el plano, divididas en dos «áreas», una de 100 y otra de 160 leguas cuadradas. La venta debía realizarse «en Inglaterra o en cualquier otro punto de Europa», pero era evidente que desde el primer trámite del doctor González, esta vez como apoderado de Cristóbal Murrieta y Cía., se tuvo el propósito de que esas tierras se entregaran a la casa comercial de Londres, en pago del empréstito.

De tal manera, sin que constaran comunicaciones sobre otras Gestiones realizadas por el doctor González para venderlas a otros interesados, y sin que pueda afirmarse que los hubiera buscado para obtener precio más ventajoso y condiciones contractuales más beneficiosas para el país, concertó la venta —con intervención del apoderado de Juan Bautista Alberdi, representante de Argentina— con sus poderdantes de Londres. Parte de la venta, por lo menos, era en realidad una dación en pago, pero la forma seguida subsanaba cualquier inconveniente de orden legal y cubría las apariencias de cumplimiento, por parte de la provincia de Santa Fe, de sus compromisos externos, resultando un negocio extraordinariamente ventajoso para Murrieta y Cía. que además, no se obligó a nada con respecto al destino que debía darse a esa parte del territorio argentino que pasaba a ser de su propiedad.

La deuda pendiente por el empréstito hasta el mes de julio de 1881 era de £ 110.873 y 3 chelines.[5] La tercera parte de esa cantidad —que se pagaría con bonos del Tesoro— debía convertirse a pesos fuertes a razón de 48 peniques por peso fuerte, comprendiendo en este cambio los gastos de envío de fondos a Londres, que debían ser por cuenta del gobierno; las otras dos terceras partes se pagaban con el producido de la venta de las tierras fiscales mensuradas por Foster. Los bonos podían ser destinados al pago de las mismas tierras. La operación quedó realizada por 504 leguas cuadradas, pagadas con letras de cambio en plazos de uno, dos y tres años, a contar desde la fecha de escrituración, 28 de setiembre de 1881. Se entregaron tres letras por la cantidad de £ 50.404,2 chelines, en total £ 151.212,6 chelines, equivalentes a $ 756.061,50 oro. Las letras debían entregarse a Murrieta y Cía. por cuenta del gobierno de la provincia. Posteriormente se firma otra escritura pública por la compra venta de 164 leguas cuadradas, todas de la mensura Foster. El precio pagado fue de $ 1.500 la legua cuadrada, que era el mínimo autorizado por ley de 1880, «sin que pueda jamás ser menor de mil quinientos pesos fuertes por legua».[6] De modo que el valor de las tierras compradas excedía al de la deuda existente hasta el día 1 de julio de 1880, añadiéndose a ello la compra posterior de 164 leguas cuadradas. El excedente que resultara entre el precio de la tierra vendida y la deuda por empréstito debía ser puesto por Murrieta y Cía. a disposición del gobierno de Santa Fe.

Resulta que no sólo se cubre la deuda existente en la fecha determinada por contrato, sino que se adquieren más tierras de las necesarias para este fin, con lo que se anticipa un crédito para pagos subsiguientes. El excedente estaría comprendido en una compra de tierras sujetas al cumplimiento de la obligación de poblar con familias labradoras procedentes de inmigración, según la política general sobre tierras públicas en la provincia de Santa Fe y los numerosos antecedentes de decretos y leyes relacionados con esa materia, que datan de 1853, donde se establece, al vender, la obligación de colonizar. La Comisión Especial Intercamarista de Investigación a La Forestal Argentina, S. A., designada en 1963, se preocupó por hallar el contrato complementario del 30 de noviembre de 1880, porque en él debió constar —dice— de qué manera la compradora aseguraría «la afluencia de la inmigración extranjera en la provincia; el establecimiento de fáciles vías de comunicación y de colonización de la tierra vendida».[7] La obligación de colonizar no figura expresamente en la escritura de venta, ni tampoco en la complementaria de la misma fecha que sólo trascribe en parte el contrato del 30 de noviembre de 1880. Esto es precisamente lo que nos indujo a decir que esta negociación de tan inmensa cantidad de tierra no es inobjetable. Objetable fue la designación del doctor Lucas González como apoderado de la provincia. Su capacidad en materia de derecho contractual no está en juego. Es su capacidad para lograr que una salida de tierras tan extensas de manos del Estado no quedara librada al arbitrio comercial de los compradores, y hay motivos para sospechar que recibió instrucciones en ese sentido, si es que no se prueban con el contrato de fecha 30 de noviembre. Era más que importante aplicar en esa venta, expresamente, los principios de la política de inmigración y colonización. El negociador, por las circunstancias de intereses que lo ligaban a Murrieta y Cía. y otras empresas inglesas, también relacionadas con esa casa de Londres, no debió ser preferido a otros hombres cuya antigua formación política hecha en el combate contra el desierto y en el estudio dé las cuestiones sobre tierras públicas y desarrollo agrario, hubieran significado una mayor garantía para lograr que 668 leguas de territorio argentino no quedaran en lo sucesivo a merced de propietarios extranjeros, dueños absolutos de fuentes fundamentales de nuestra riqueza: éramos, con el Paraguay, los dos países del mundo poseedores de enormes reservas de quebracho colorado… Bosques centenarios del norte santafesino pasaban a manos del capital inglés.

Es posible, dijimos, que en las instrucciones dadas se hiciese referencia a la necesidad de que las tierras que se enajenarían debían ser colonizadas con inmigrantes extranjeros agricultores, con lo que se aseguraría la subdivisión de las tierras en colonias, especialmente las que eran aptas para este fin. Pero en las escrituras de venta no quedó establecida esa condición como una obligación jurídica de Murrieta y Cía. y, por supuesto, sus sucesores. En las gestiones preliminares —los 10 documentos que las acreditan tampoco están en los archivos aunque se los menciona como enviados al gobernador-debió tratarse sobre ellas, como también en el contrato del 30 de noviembre, porque en la escritura del 28 de setiembre de 1881 se trascribe la ley del 9 de agosto de 1871. Esa ley se refiere a exención de impuestos a las colonias establecidas o que se establecieran en la provincia, y fue trascripta en la escritura pública con todos sus artículos.[8] Si se incluyó el texto de una ley sobre exención de impuestos a las colonias agrícolas, es porque, indudablemente, se habló de ellas relacionadas con las tierras que se vendían. ¿Cómo, de otra manera, surgiría el tema de incluir esa ley sin antes considerar que esas colonias se establecerían? Lo que no podremos saber, porque no quedó documentación, es si el apoderado de la provincia por la intervención de Juan Bautista Alberdi, trató de incluir en las cláusulas del contrato la obligación de colonizar. En la escritura complementaria se eludió la cita taxativa del contrato del 30 de noviembre de 1880, previo a la venta, y dice, por ejemplo, aludiendo a él: «Los artículos cuatro a doce (se refiere a pago) y varias otras provisiones […]». Por los artículos 15 y 16, «queda convenida la forma de otorgar la escritura […]». Pero no trascribe los artículos del contrato previo. Si efectivamente se trató de obligar al comprador a subdividir en colonias, es evidente que ese criterio no fue aceptado como inclusión expresa en la escritura de compraventa, y triunfó un subterfugio legal del representante de Murrieta y Cía. para ese acto. El compromiso, o el simple propósito de colonizar, quedaría expresado en forma verbal, así como se le informó al doctor Lucas González sobre la futura creación de una empresa colonizadora.[9]

Como una forma de evitar la obligación, se incluyó el texto de la ley sobre colonias, pero carecía de fuerza legal la obligación de colonizar y la ley quedó trascripta como una forma de satisfacer los escrúpulos de que tanta cantidad de tierra se entregara a extranjeros, en forma incondicional. El texto de la ley sobre colonias trascripta en la escritura cubre las apariencias. No era necesario que allí figurara para que rigiera también para Murrieta y Cía.; incluida o no, en territorio de la provincia de Santa Fe, se la podía hacer valer. Más aún, esas leyes de exención de impuestos a las colonias eran numerosas y no necesitaban ser invocadas: la misma dirección de rentas las tenía en cuenta al hacer las liquidaciones de impuestos. No se la trascribe, pues, como una condición o como recaudo legal a favor del comprador; se la trascribe con otra finalidad que está comprendida dentro de los «imponderables» que rodean a la tramitación de esta grandiosa entrega de suelo argentino.

Que el pensamiento gubernativo de que esas tierras se colonizaran surge también del decreto de aprobación de la venta, al decir que ella «va a asegurar la afluencia de la inmigración extranjera en la provincia, el establecimiento de vías fáciles de comunicación y de colonización de la misma tierra vendida». Pero el negociador representante de la provincia, y apoderado también de Murrieta y Cía., no logró o no propuso o no creyó necesario que la venta se realizara con esa condición expresa, ineludible y con sanciones en caso de incumplimiento, como era de práctica; de donde resultó un grave perjuicio para los intereses de la provincia y los generales de la nación. Tampoco puso reparos el gobierno al aprobar las operaciones y ordenar la protocolización de las escrituras, pero hizo la declaración citada, en el decreto de aprobación, lo que no tuvo más que un valor lírico… ¡La inmensa operación ya estaba hecha! El latifundio, rico en quebrachales como ninguna otra tierra del orbe, quedaba en manos de una casa comercial inglesa sin que la atara ninguna condición. El contrato complementario vertido parcialmente en otra escritura pública tampoco la contiene, y de ello no es responsable Murrieta y Cía. ni sus sucesores, hasta llegar a La Forestal, sino los argentinos que tuvieron facultades para impedirlo. La negociación, en este sentido, fue un triunfo para el comprador, y en lo que respecta a la creencia de los gobernantes de que allí se colonizaría y afluiría la inmigración extranjera agricultora según la tónica de la época, no pasó de una de esas ingenuidades que caracterizan a cierto sector de la burguesía argentina y de la oligarquía terrateniente, frente al poder del capital imperialista; ingenuidades u otras cosas, entre ellas, su autócomplacencia con las vinculaciones contraídas con ese capital mientras especula con nuestras posibilidades económicas en beneficio propio.

Si el gobierno de la provincia no hubiera creído que en todas esas tierras se establecerían colonias agrícolas y ganaderas —la colonia Romang, próxima a las tierras vendidas, prosperaba desde 1873— no habría estampado en el decreto de aprobación el pensamiento citado. Pudo contribuir a que así se creyera la comunicación de Lucas González,[10] al mencionar la formación de una compañía colonizadora. Pero la obligación de introducir inmigrantes con fines de colonización quedó en el tintero de los ingleses…

Ésta es la realidad legal en ese aspecto. La Comisión Especial Intercamarista Investigadora de La Forestal Argentina S. A. le asignó «capital importancia» al contrato complementario, confesando que «no pudo hallarlo no obstante el empeño que se puso por considerarlo de sumo interés». Todos los contratos referentes a este asunto están protocolizados, menos el que nos podría esclarecernos un punto tan fundamental… El autor lo encontró citado parcialmente en la escritura complementaria. No es allí donde debe buscarse la fuerza legal que permita que el enorme latifundio de La Forestal vuelva a manos argentinas, porque allí sólo se podrá comprobar hasta qué punto pudieron lesionarse los intereses del pueblo argentino. Todavía, trascurrido casi un siglo, subsisten serios problemas sociales y económicos derivados de aquellos desaciertos. Allí pueden aprender los legisladores la lección de la Historia y aplicar férreamente en el presente los resultados de su enseñanza. La vieja maestra de la vida —como se llamara a la Historia— debe ser, por sobre todo, la maestra que oriente a los que gobiernan. Ella forma a los grandes estadistas cuando saben aprovechar de su magisterio el movimiento progresivo de los pueblos, y cuando logran llevarlos, con manos seguras, a su porvenir, sin mirar hacia atrás lo antiguo que desmoronan para construir, en beneficio de la nación, los tiempos nuevos.

Investigar en esos antecedentes de La Forestal, para terminar luego pagando mucho lo que se adquirió por tan poco, no es precisamente saber aprovechar las lecciones de la Historia, que es donde, en la actualidad, se han conservado los primitivos papeles que documentan los orígenes del latifundio investigado.

3

La venta realizada a Murrieta y Cía. constituyó la salida más formidable de tierras del patrimonio público hasta 1881 y la entrega más grandiosa de quebrachales colorados que se realizara en el mundo. Santa Fe incorporó a sus límites parte de tierra nacional. Al trazarse definitivamente sus fronteras cuando aún no tenía su extensión actual, se realizó la trasferencia de una fracción de su territorio a la firma inglesa. Santa Fe tiene hoy una superficie de 5.397 leguas cuadradas —acrecentadas con respecto a 1881—, pero si tomáramos esa cifra actual como referencia, resulta que se enajenó a Murrieta y Cía. más del 12% de toda la superficie con que contaba la provincia, y era la única que tenía ingente riqueza de quebracho colorado. El norte quedó bajo el dominio directo del capital extranjero, dominio que ampliaría después con otras ramificaciones de sus tentáculos, hasta llegar a tener los caracteres de un «estado» propio, con sus puertos, ferrocarriles, ganadería, industria, poblaciones, sus normas policiales, comerciales, etc., etc. ¿Se consideraron estos resultados inmediatos y posteriores al realizarse una transacción de tal magnitud? Los legisladores que aprobaron la ley del 5 de octubre de 1880, que establecía la venta de tierra y pago del empréstito, no debatieron el asunto. Una breve sesión sirvió para sancionarla. Nadie levantó una potente voz de alarma, ni aportó razones prudentes, ni hizo notar la enormidad de la venta, quizá porque estaban en la creencia de que todas esas tierras se subdividirían en colonias. Nadie ofreció una solución distinta al pago de la deuda del empréstito.

El gobierno provincial tenía un antecedente importante en materia de pago de un empréstito con tierra pública, y exactamente estaba referido a las del Chaco Santafesino. Porque durante el gobierno de Nicasio Oroño se sancionó una ley, propuesta por él, de empréstito interno, cuyo producido estaba destinado al mantenimiento de una columna expedicionaria «al interior del gran Chaco», al establecimiento de postas y rehabilitación del antiguo trayecto a las provincias del noroeste y al transporte de familias agricultoras para poblar el norte. El empréstito, de $ 120.000, se recibió en dinero y en hacienda vacuna y yeguarizos, contra entrega de bonos con el seis por ciento de interés, que serían recibidos en pago de tierras fiscales ubicadas en las que se conquistaran para el trabajo del hombre, con un diez por ciento de premio sobre su valor nominal, «para facilitar la adquisición de la tierra por un precio módico y su población como lo concibió V. H.».[11] Sería vendida en lotes de tres leguas cuadradas de superficie. Este empréstito fue inmediatamente cubierto por capital local, habiéndose volcado hacia él una mínima parte de los recursos económicos con que contaba la población, en dinero y en especie. Eso demuestra que existían posibilidades inmediatas —en 1880 la provincia de Santa Fe reunía una fuerza económica muy superior— para dar cumplimiento al empréstito externo contratando uno interno, puesto que existían también en Argentina capitales dispuestos para ser invertidos en tierra, con la ventaja de que el interés y el premio reducirían el precio. Oroño había creado el antecedente del crédito en especie, vacunos y yeguarizos necesarios para el trabajo y el consumo, en las nuevas poblaciones. Dejó también el antecedente de las fracciones reducidas a tres leguas cuadradas en el Chaco Santafesino. En 1881 la provincia ya tenía también muchas experiencias sobre las medidas más convenientes para entregar las tierras en venta o en concesiones, de modo que no sería extraño que se las hubiera tenido presente en las instrucciones dadas al doctor Lucas González. Éste dice en su informe al P. E.: «la venta (a Murrieta y Cía.) de estos terrenos se hizo en grandes áreas y no en fracciones de tres o cuatro leguas como se pensó al principio para poder vender fracciones pequeñas».[12] Estas fracciones debían venderse en «Inglaterra u otros puntos de Europa», para pagar las dos terceras partes de la deuda del empréstito, pero es evidente que desde el principio de las gestiones que culminaron con la ley del 5 de octubre de 1880, se tenía encaminado el pensamiento en el sentido de entregar todas las tierras mensuradas a Murrieta y Cía., para salvar el crédito de la provincia en la plaza comercial de Londres… Quien abogó a favor de esta solución fue el apoderado de la provincia, a su vez representante de la firma inglesa en Argentina. Entre otros motivos para vender así, contenidos en su informe, da como razones: «Era forzoso pues hacer esta venta en cantidad suficiente para pagar esta deuda antes del próximo servicio, porque si llegaba desgraciadamente el caso de anunciarse en la Bolsa de Londres que la provincia de Santa Fe no pagaba su deuda, toda combinación de crédito era imposible; y mucho menos la formación de la compañía colonizadora, ni la construcción del ferrocarril que se proyectaba». Veamos si las razones son valederas. Se enajenaron primero 504 leguas cuadradas, luego 164, cuyo producido, según la ley del 5 de octubre, estaba destinado a pagar la deuda, convertida el 1 de julio de 1881, en la suma de £ 110.873. Pero por las 504 leguas se pagaron —a su precio mínimo de $ 1.500 la legua— £ 151.212; vale decir, que se vendieron tierras por un excedente de £ 40.339 con respecto a la deuda, excedente que equivalía a $ 201.695. La segunda venta de 164 leguas se realizó por la suma de $ 246.532,50.[13] De donde resulta que cumplida la ley que autorizaba el pago del empréstito y vendidas tierras suficientes como para completar el servicio hasta el 1 de julio de 1881, hubo un excedente a favor de la provincia de $ 448.227, lo que equivale a determinar que se vendieron, por ese valor, 300 leguas de tierra más allá de las exigencias para cumplir con la deuda de £ 110.873. En realidad la cifra en leguas es mayor, porque en la primera compra con bonos deben computarse los intereses. Si aceptáramos que 368 leguas cuadradas vendidas para satisfacer la ley del 5 de octubre de 1880 encubrían una dación en pago, podrían haber sido sustraídas a la política de inmigración y colonización, pero las restantes 300 leguas, en el momento de su venta, no pudieron sino ser enajenadas con todas esas previsiones, como era de práctica en la legislación y en la experiencia sobre subdivisión de la propiedad territorial del Estado. Esa negociación se hizo bajo la preocupación de mantener el crédito externo, olvidándose los intereses, más respetables, de la nación o de la provincia: una deuda exterior —que siempre aprovecha a terceros— es menos grave que una deuda de buena política contraída con el pueblo que se gobierna…

Además, el honor y el crédito se salvaban con una farsa: «se han estudiado dos escrituras de venta, una destinada al pueblo, en la que no se menciona para nada la causa de la venta, ni se inserta el contenido de la ley del 5 de octubre; y otra en la que se hace mención detallada del contrato del 30 de noviembre (hemos dicho que ese detalle no se hizo completo), del modo de hacerse el pago y del destino que se ha de dar a las letras recibidas en pago, etc., lo que no habrá necesidad de mostrar a los compradores, cuando llegue el caso de venderlos».[14] Y no era exacto que resultaba indispensable desprenderse de inmediato y entregar todas las tierras a Murrieta y Cía. en su extensión de 668 leguas, para salvar el crédito de la provincia. El mismo Lucas González lo demuestra sin proponérselo: «La casa me contestó —dice en el informe— por su carta del 6 de julio que acompaño bajo el núm. 6, proponiendo la compra de sólo doscientas y siete leguas en conjunto, y esto, si le daba largos plazos, como el único, medio de salvar el crédito» (el subrayado es nuestro). La propuesta de Murrieta y Cía. estaba más de acuerdo con la ley del 5 de octubre de 1880, que autorizaba a que un tercio de la deuda se pagara en bonos que serían recibidos en pago de tierra, y el crédito, según sus propias palabras, hubiera quedado abierto para la provincia. Pero no, el apoderado propuso —él lo dice en el informe— la entrega de toda la tierra que estaba autorizado para vender, de modo que también los dos tercios restantes se pagaran con exceso. Si el apoderado —a quien la provincia le pagó $ 10.000, más los honorarios acordados por la legislatura— era también apoderado de Murrieta y Cía. en la tramitación del pago del empréstito, esta operación debió reportarle los beneficios propios del pago que obtenía a favor de la casa de Londres, de toda la deuda existente hasta ese momento.

«Se han salvado el honor y el crédito de la provincia», dice el decreto por el cual se aprobó la venta. No sólo se salvaba el honor y el crédito, sino que después de cumplidos los requisitos de venta para dejarlo incólume —bastaban cubrir £ 110.873— se continuó salvando el crédito venidero haciendo la operación más fabulosa sobre tierras públicas que tenían en abundancia asombrosa un producto natural excepcional en el mundo: el quebracho colorado. Bosques inmensos donde se asentarían capitales para realizar fortuna astronómica salida de tierra argentina y amasada en gran parte gracias al brutal trabajo de los obrajeros (hacheros, cargadores, peones) introducidos como hordas miserables en el seno de los quebrachales; tierras que se fusionarían luego con el latifundio de la más obsesionante de las empresas que, como un monstruo contradictorio, admirado por unos pocos de la burguesía argentina y censurado por la mayoría del pueblo, preocuparía constantemente, a través de medio siglo, a la opinión pública: La Forestal…

4

La vasta zona del que se llamara el Chaco Santafesino no era desconocida. Quince años antes de que se enajenara, Nicasio Oroño había obtenido de la legislatura la sanción de una ley destinada a proveer de recursos para poblarla con colonias, luego de pacificarla, considerando ese programa «entre las grandes ideas que forman la más noble expresión del pueblo». El empréstito que necesitaba se cubrió inmediatamente con capitales argentinos. Posteriormente, el general Manuel Obligado realizó la campaña contra los indios y una serie de poblados y fortines quedaban en las rutas de llanuras y bosques que siguieran sus fuerzas. El Estado invirtió sumas crecidas —para esa época— en preparar el ambiente pacífico sobre un territorio que entregaría después al capital extranjero. Si se sumaran esas inversiones y las que les siguieron, difícilmente el precio pagado por las tierras cubriría el esfuerzo financiero del estado provincial y del nacional, sin computar las vidas de los argentinos que se perdieron al servicio de las armas que expulsaron a los salvajes o redujeron sus tribus.

En virtud de esa ley de Oroño se fundó definitivamente Reconquista —que había sido una de las primitivas poblaciones de la provincia— nueve años antes de perfeccionarse la venta a Murrieta y Cía., destinándose cuatro leguas para la «fundación de un pueblo y colonia agrícola», dividiéndoselas en suertes de quintas y chacras que se donaban, otorgándose el título de propiedad si dentro de los seis meses de dada la posesión el colono edificaba y labraba. El sentido democrático de esas donaciones estaba precisado en la disposición que prohibía donar más de una chacra, salvo que se tratara de familia numerosa, y no se la podía enajenar sino después de trascurridos cinco años, con lo que se buscaba no sólo la parcelación del suelo fiscal, sino el afincamiento de los pobladores. Ése era el mejor modelo de entrega de tierra enclavado en las llanuras rodeadas de bosques ricos en maderas industriales, en el corazón boscoso del norte. Hasta allí habían llegado ya inmigrantes italianos, franceses, alemanes, sin que faltaran especialistas en explotación de maderas,[15] herreros suizos conocedores del Chaco, antiguos pobladores de otras colonias como Alejandra, ubicada al este de las tierras vendidas en Londres, «caballeros ilustrados» que conocían varios idiomas, molineros que introdujeron máquinas industriales, y una masa de labradores friulanos que vivían en los ranchos de sus chacras…

De modo que no era ése un desierto desconocido y totalmente deshabitado por el hombre de labor. Al norte, a poca distancia de Reconquista, la colonia Avellaneda, sucesora de Ausonia, fundada en 1869, se desarrollaba según los principios de la ley epónima, y en los territorios nacionales, entre ellos el Chaco comprendía entonces parte de la provincia de Santa Fe, se tomaban previsiones no dando curso a solicitudes, de arrendamiento para explotar bosques —momentáneamente— para que no se perjudicaran los planes para crear «poblaciones de arraigo definitivo, que es el objeto esencial al que el gobierno debe prestar preferente atención». Florencia era colonia concedida desde 1876, y estaba situada en zona de obrajes, con inmigrantes agricultores e industriales[16] e iba a ser un fuerte centro económico, poblado por Langworthy, cuya concesión de 34 leguas cuadradas terminaría siendo incorporadas, luego, en acción de compra monopolizadora, al latifundio de La Forestal… Si hemos de abundar en detalles que demuestren que el norte no era en 1881 una región de misterio en cuanto a riqueza y su posible futuro, citaremos las explotaciones de bosques fiscales hechas clandestinamente, que fueron prohibidas en 1878 para crear un régimen de arrendamiento, y que, apenas legislado en ese aspecto, motivó el interés de colonizadores e industriales con capital argentino para efectuar ese tipo de explotación, especialmente la del quebracho y otras maderas duras. Clandestinamente sin pagar impuesto, explotaban bosques fiscales compañías de italianos, hasta 1879, y Teófilo Romang decía que «apenas tienen lo suficiente ganado con su trabajo se vuelven a su patria llevando una cantidad de dinero que de este modo se pierde para la República Argentina».[17]

Con contratos de arrendamiento se aseguraba ingreso al fisco por toneladas de maderas sacadas, y el Estado conservaba la propiedad de la tierra ayudándose, por otra parte, a la subsistencia de colonias próximas con trabajo complementario de agricultura y ganadería. La colonia Romang, fundada en 1873 a pesar de su población agricultora, era considerada por Peyret como una «agrupación de obrajeros», y su prosperidad trascendió a nuestros días. Allá había quebracho, ñandubay, guayacán, algarrobo, a pocas leguas de Vera y de las tierras boscosas de La Forestal.

La explotación de bosques atraía fuertemente el interés de los capitalistas y basta comprobar las incontables solicitudes de permisos para alambrar —desde 1870, nomás— que llenan voluminosos tomos de archivos, para imaginar la demanda de postes, en una época en que los alambrados se generalizaban en todo el país, y especialmente en sus colonias agrícolas y en las estancias ganaderas. Esa riqueza natural de maderas estaba casi totalmente comprendida en tierras fiscales, como el quebracho colorado con el que se fabricaban los durmientes para ferrocarriles. No es extraño que los interesados en tierras con bosques estuviesen vinculados a los negocios ferroviarios, como el mismo Lucas González, de Lucas González y Cía., constructor de ramales hacia las provincias del norte.

La situación del Chaco santafesino, sintéticamente descrita en cuanto a sus establecimientos de población anteriores a la venta de las 668 leguas cuadradas, demuestra que, contrariamente a lo que pudiera suponerse, no era imprescindible que para su adelantamiento se posesionara de ellas una fuerte empresa extranjera. El tiempo demostró que allí remarían el atraso, la pobreza, la falta de población, en medio de cinco o seis núcleos urbanos vertiginosamente levantados con el fin primordial de servir a los intereses de La Forestal, como sucesora de la propiedad de ése y de otros latifundios. Que no se trataba de tierras cuyas posibilidades forestales, agrícolas y ganaderas eran desconocidas por hombres vinculados al gobierno o que formaban parte de él, se deduce de una simple observación del plano topográfico levantado por Foster, en el que figuran como propietarios de considerables extensiones de campo —ricos algunos en quebracho colorado— apellidos de dirigentes de la política nacional o provincial y algunos de ellos sucesivamente habían pasado, estaban o pasarían por el cargo de gobernador, circunstancia que les permitía tener un buen conocimiento de toda la provincia y aun del país. De esos campos no faltaban los que ya fueran alambrados y que limitarían con tierras de las vendidas en Londres, según la relación topográfica del agrimensor Foster que las mensurara. Ya había penetrado en el norte —ríos, arroyos, cañadas, abras, pastizales y bosques de múltiples especies forestales— la acción de los capitales argentinos buscando expansión para la ganadería, la agricultura e industria de la madera, que, de acuerdo con De Moussy, tenía aplicación hasta ese entonces, en la construcción de viviendas, muebles, embarcaciones, puentes, etc., y cuya ampliación de utilidades hemos visto, hasta que por los puertos fluviales del litoral comenzara a salir, para ser exportado, el quebracho con destino a Francia y, posiblemente, a Alemania antes de 1890.

Si admitiéramos que esas riquezas y esas posibilidades no eran aún perfectamente conocidas por los gobernantes, la simple lectura del informe del agrimensor Foster podía instruirlos sobre las aptitudes de la tierra, la utilidad de los ríos y arroyos, la calidad de los pastos, la composición de los bosques, y aun las precipitaciones pluviales. «En este monte —dice refiriéndose al del Saladillo Amargo— se hallan al principio algarrobos, aromitos y ñandubay, desapareciendo estos árboles conforme se avanza al norte, sucesivamente en el orden en que los he nombrado, para ir siendo reemplazados por quebracho blanco y alguno que otro quebracho colorado al principio, siendo estos árboles, después, muy abundantes. Lo mismo sucede con la costa del Salado, aumentándose la anchura de la faja (boscosa). Hasta la altura de El Mistolar se encuentran ñandubay, más al norte no, siendo estos árboles reemplazados por quebrachos colorados, guayacanes, y otros que más al sur no se encuentran. Entre la faja de monte a que acabo de referirme y la del Saladillo, se encuentra una zona de campo abierto, alto, excelente para el establecimiento de colonias agrícolas». (El subrayado es mío). Y dice también: «Los pastos de toda la zona recorrida en general son fuertes, habiendo tiernos en las cañadas y costas de los arroyos, pudiendo asegurar que estos campos son inmejorables para criadero de hacienda vacuna. Hay lagunas de agua dulce, como ser la de Jume, de la Media Luna y del Ucle; se encuentra mucha arvejilla, trébol, canutillo y otros pastos tiernos excelentes para engorde».[18] Estas y otras informaciones dejó en su escrito el agrimensor comisionado para medir las tierras fiscales que se venderían —en la forma que vimos— para el pago del empréstito.

Todo gobernante tiene obligación de conocer por sí mismo o por intermedio de sus colaboradores, los adelantos de su época, y en la que nos referimos, en plena aspiración de desarrollo industrial, era elemental que las conquistas del pensamiento científico y de la técnica estuvieran presentes como factores que habrían de utilizarse en la tarea de gobernar al pueblo de una nación joven que concurría a todas las exposiciones internacionales, precisamente para no quedar rezagado en el conocimiento de lo que ocurría en el mundo en ese aspecto. Gobernar compulsando la realidad del presente no es más que una forma de mirar el futuro. El presente, para quienes no midieron las consecuencias de la venta en bloque y de una vez y a uno solo, de las 668 leguas, podía también aleccionarles con lo que ocurría en Europa y aquí, en materia de industrias forestales, y muy especialmente porque éramos uno de los dos países privilegiados por la naturaleza en cuanto al quebracho colorado. Es verdad que el descubrimiento del tanino del quebracho fue tardío con respecto a otras maderas tánicas —si hemos de referirnos nada más que a esa aplicación de su leña— pero databa de 1826… La madera del quebracho fue expuesta en París conociéndose sus cualidades excepcionales, en 1855 y en 1867, y estuvo representada en la exposición de Buenos Aires en 1872, habiéndola utilizado como fuente de tanino el curtidor francés Emilio Poisier, radicado en Salta, quien comprobó que era más eficaz que la corteza del cebil, utilizado hasta entonces en nuestro país. El mismo industrial llevó muestras de madera de quebracho colorado a Francia, «las que llamaron la atención por su riqueza en tanino». Los expositores internacionales observaron por primera vez en el mundo extracto de quebracho en París, en 1878, obtenido por Ernesto Dubosc, se supone que en intercambio de conocimientos y de maderas con Poisier, quien en el mismo año instaló en El Havre una fábrica para obtener tanino de quebracho. Un año antes de realizarse la venta a Murrieta y Cía., el doctor Witz instaló en la provincia de Corrientes un establecimiento taninero, ubicado en Peguahó, lo que hace suponer que en nuestro país no se estaba improvisando en esa materia, sino que tenía antecedentes conocidos.[19]

De manera que no era un misterio el valor potencial, en este aspecto, de los bosques que se enajenaban, ni lo que la industria había realizado en materia de tanino. Quizás los compradores extranjeros sabían más que los gobernantes argentinos, o los gobernantes argentinos no se preocuparon por saber tanto como los compradores ingleses, o simplemente todos estaban sabiendo todo…

Los capitalistas de Londres cumplían a conciencia con su función, como que eran hombres de una nación imperialista; la responsabilidad debemos buscarla —a esa altura del estudio que realizamos— en tierra argentina, y a ella es ajena el pueblo, gobernado por el régimen de una democracia permanentemente escamoteada.

El latifundio se negocia

1

Con el propósito de no extraviar al lector con una cantidad de nombres y de poderes especiales otorgados, que debían aparecer en el tratamiento del capítulo anterior, y porque no variaba el fondo legal de la venta realizada a Murrieta y Cía., hemos dejado de aclarar una circunstancia que ahora adquiere su verdadero carácter.

La escritura de venta debía ser firmada también por Juan Bautista Alberdi, que intervenía a nombre del gobierno y que conoció todos los antecedentes de la gestión y su contenido final, pero estando en Burdeos su deficiente salud no le permitió viajar a Londres y otorgó poder para que lo representara el señor Federico Woodgate, inglés radicado en aquella ciudad; de manera que este señor Woodgate, con el doctor Lucas González, actuaron en representación de nuestro gobierno. Pero las tierras adquiridas inmediatamente después fueron negociadas por Murrieta y Cía. y en esa negociación Federico Woodgate actúa como apoderado de Murrieta y Cía. Lo que demuestra que la vinculación de la casa de Woodgate en Londres ya tenía otros antecedentes. Y por último debemos aclarar definitivamente la situación de todos los negociadores: Lucas González y Federico Woodgate representan al gobierno de Santa Fe ante Murrieta y Cía., pero a su vez son apoderados de Murrieta y Cía. en el mismo negocio, de modo que a pesar de que esté salvado el aspecto legal, quien fue el árbitro, quien hizo como quiso en la operación fue Murrieta y Cía., que trataba en ese enorme negocio sobre entrega de territorio argentino, con sus propios apoderados en ese y en otros negocios. Eso ocurría en Londres, mientras en nuestro país, en la zona donde se habían deslindado las tierras para los ingleses, los colonos labraban reducidos campos y explotaban el bosque, y otros enérgicos creadores de riqueza argentina solicitaban concesiones de pocas leguas para crear obrajes de quebrachos y diversas maderas, algunas de las cuales fueron negadas con un «archívese»…

En Londres, dos extranjeros en nombre de Murrieta y Cía., otro inglés en representación de Alberdi y un argentino vinculado a los negocios ingleses firmaban la entrega del Chaco santafesino en una extensión de 1.804.563 hectáreas.[1]

Murrieta y Cía. se hizo propietaria de las 668 leguas cuadradas y fracción «con la esperanza de poder transferir parte de estos terrenos a una compañía colonizadora, que ellos formarían con sus amigos y bajo su responsabilidad, tomando ellos mismos una gran parte». Esto dice, con subrayado nuestro, el doctor Lucas González en el informe sobre las negociaciones previas a la venta. Y efectivamente se formó, no una compañía colonizadora con obligación de radicar inmigrantes sino la «Santa Fe Land Company Limited», Compañía de Tierras de Santa Fe. El 22 de agosto de 1883 Woodgate, esta vez a nombre de Murrieta y Cía., tomó posesión de la tierra mensurada después de haber participado en la medición, y el 8 de agosto de 1884 Lucas González, esta vez como apoderado de Murrieta y Cía., vendió el latifundio a la Compañía de Tierras de Santa Fe. En realidad, Murrieta y Cía. participaba de la nueva compañía aportando como capital el valor de las tierras argentinas que pasaron a ser de su propiedad.

De acuerdo con las escrituras públicas, Murrieta y Cía. pagó por 1.804.563 hectáreas, que resultaron en definitiva, a la provincia de Santa Fe, la suma de $ 1.002.594, a razón de $ 1.500 la legua; al año siguiente, el 8 de agosto de 1884, vendió a la Compañía de Tierras de Santa Fe a razón de $ 5.292 la legua. Ganó $ 3.792 por legua… Con esto se comprueba que el gobierno de la provincia cometió un grave atentado contra el erario público, al hacer un negocio desastroso. La provincia obtuvo $ 1.002.594 y Murrieta y Cía., que no trasfirió la totalidad de las fracciones, según constancia en el Departamento Topográfico, obtuvo $ 3.404.001,63, como lo establece la respectiva escritura pública. Y como Murrieta y Cía. forma parte de la compradora, de entrada nomás hizo con nuestras tierras el enorme negocio con una ganancia de $ 2.402.407… unos pocos meses después. ¡Y el P. E. agradeció a González y Alberdi porque habían salvado el crédito y el honor de la provincia! Fue un pésimo negocio o una condescendencia abusiva con el imperialismo inglés, al cual se le estaban preparando ya las vías férreas pagadas con dinero del pueblo, para que pudieran traer desde el corazón de los bosques del norte sus productos a los puertos del litoral[2]… A los $ 2.402.407 con que se beneficiara Murrieta y Cía. hay que agregarle los intereses de los bonos que recibiera en 1881. Así comenzaron en nuestro país los negocios que serían después de La Forestal. Así comenzaron, ¡a razón del 245% de ganancia!

2

Pero eso no es todo. La provincia que vendió la tierra, no sólo devolvió el dinero cobrado por ella, sino que le entregó más de dos millones de pesos a cuenta de reivindicaciones interpuestas… De modo que no era capital inglés el que se introducía, sino dinero argentino que manejaban los extranjeros en su beneficio. Este último «negocio» se realizó de esta manera: la Compañía de Tierras, que después se incorporaría a La Forestal, en 1905 reclama la devolución del impuesto inmobiliario desde 1884, correspondiente a 22 leguas, por haber sido «desposeída de ellas», ya que debió afrontar juicios de reivindicación por parte de los que se consideraban con derecho a campos comprendidos dentro del latifundio vendido a Murrieta y Cía., reivindicaciones que responsabilizaban a la provincia. El 25 de junio de 1909, el P. E. celebró un convenio —aprobado luego por la legislatura— por el cual la provincia abonaría a la Compañía de Tierras de Santa Fe, hasta la «cantidad máxima de tres millones doscientos doce mil ciento noventa pesos, moneda legal ($ 3.212.190) en títulos de la ley N.° 1505, de 3,5% de amortización por su valor nominal, en pago de las doscientas treinta y siete mil ochocientas veintisiete hectáreas vendidas por el gobierno de Santa Fe en fecha 28 de setiembre de 1881 y 18 de marzo de 1882, las que han sido reivindicadas por la Compañía».[3]

El gobierno entregó «inicialmente al contado —dice el convenio— la cantidad de $ 2.500.000 en títulos». Tenemos pues que el gobierno cobró por las 668 leguas cuadradas vendidas la cantidad de $ 1.002.594 y devolvió por indemnización en juicios reivindicatorios la suma de $ 3.212.190. Resultando que por la operación realizada en Londres dejó de ser propietaria de 1.804.563 hectáreas y todavía entregó a quienes dio el dominio la suma de $ 2.209.598. En otras palabras, le entregó a Murrieta y Cía., después Santa Fe Land Company Limited, después Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda., después La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales, 1.598.983 hectáreas, descontadas las reivindicaciones, y sobre eso también la suma de $ 2.209.596, sin contar los intereses. Y todavía, encima glorificaban al capital imperialista como factor de adelanto, de progreso y de población de nuestro suelo. ¿Qué crédito habían salvado, qué honor? Fue uno de esos actos frecuentes en los gobiernos de la oligarquía criolla que consistían en favorecer a los poderosos —internos y externos—, mientras se privaba de apoyo al pueblo. Les entregaban la riqueza territorial mientras el hombre de trabajo argentino o inmigrante no tenía —al decir de Sarmiento— diez leguas a la redonda, un pedazo de tierra donde apoyar la cabeza, puesto que se le expulsaba de ella. Y es más, en esos años los agricultores argentinos hijos de inmigrantes y los campesinos indígenas debían pagar a precios elevadísimos unas cuantas hectáreas para labrar, y en la inmensa mayoría de los casos[4] debían abandonar la tierra corridos por las gravosas condiciones que les imponían los concesionarios, que obtenían —con la sola condición de poblar— latifundios que hicieron la fortuna de unos pocos en detrimento de la agricultura y de la riqueza social distribuida en forma tan injusta que pesó y pesa aún en el estancamiento de nuestra economía agraria. Al colono laborioso no se le regalaba tierra para que trabajara, pero la que después de sus avatares empresarios se llamara La Forestal quedó tan extraordinariamente favorecida con el dinero argentino que engrosó sus arcas para fortalecerla. Quienes aún creen de buena fe que sólo el capital extranjero podía iniciar la empresa de expandir la civilización y el trabajo hada el Chaco, ya tienen el espejo donde mirar los procedimientos y las exigencias que, amparada por nuestras leyes, tuvo la empresa extranjera para exprimir al máximo, desde el principio, los beneficios que podía obtener de gobiernos complacientes y blandos con ella, pero duros y firmes al menor amago de resistencia del pueblo que se negaba a soportar malas condiciones de trabajo y de vida. Porque si por un lado a los extranjeros que aquí se radicaban para dirigir la empresa que expoliaría al habitante indígena y esquilmaría la riqueza natural del suelo, destrozando todo lo que le trajera un beneficio, si por un lado, repetimos, se los favorecía al máximo, por otro, se perseguía con leyes represivas a los extranjeros laboriosos, obreros de fábricas o peones de campo o agricultores arrendatarios, cuando, para defender sus derechos políticos o sus aspiraciones de trabajo digno, o la rebaja de arrendamientos, se organizaban o expresaban en actos públicos su necesidad de ser escuchados, o de trabajar menos de quince horas y descansar el día domingo… El tiempo pasado puede convertirse en tiempo presente, sin mayores riesgos. Libertad al extranjero que explotaba nuestra riqueza en gran parte con capital argentino en provecho de los ingleses, y persecución al pueblo trabajador, retaceándole también los derechos constitucionales de la organización democrática.

«El engrandecimiento de la provincia» a que alude el decreto que aprobó la venta de tierra era apenas una ilusión proyectada hacia el futuro lo real era que se daban las bases para la formación de una compañía, de su engrandecimiento y fortalecimiento con los caracteres de colonia extranjera. El pago de $ 3.212.190 como indemnización por parte del fisco, estaba demostrando que no era imprescindible el capital inglés o alemán para montar fábricas de tanino, ni mucho menos para explotar la comercialización de rollizos, puesto que veinte años después de ese pago existían empresas productoras de tanino, de origen nacional, con un capital social de menos de un millón de pesos. En total, cinco fábricas giraban, en 1932, con capitales de $ 500.000 cada una. ¡Y estábamos a veintitrés años del pago de los $ 3.212.190 a la compañía de tierras que engrandecería y haría más poderosa aún, en 1914, a La Forestal! Quiere decir que con ese importe, recaudado en colocación interna de títulos, el Estado podía hacer montar seis empresas industrializadoras del quebracho colorado y de explotación de maderas de nuestros bosques, sin necesidad de recurrir a Inglaterra ni a ninguna otra nación extranjera, y conservando además la propiedad de toda la tierra.

3

La Compañía de Tierras de Santa Fe, en uno de sus contratos modificatorios de anteriores constitutivos de la sociedad anónima, dice en 1909 que «la compañía ha comprado 643 leguas en Santa Fe» en 1881 y 1882, y «comprado y vendido tierras», con lo que se identificaba por origen con la casa Murrieta y Cía., dos de cuyos integrantes, de apellido Murrieta, suscriben en 1909 nuevas acciones de la Compañía”[5].

Sus actividades inmediatamente se encaminaron, entre otras, a la explotación de bosques en la zona noroeste del Chaco santafesino, marginando los grandes bosques de quebracho colorado. Fraccionó y vendió tierras aptas para agricultura o ganadería, casi siempre en grandes lotes, mientras preparaba en gigantesca operación como vendedora de tierra los prolegómenos que la conducirían a fusionarse con la industrializadora del quebracho colorado. Se organizó desde el principio, estatutariamente, para poner en movimiento y explotar en su beneficio toda la economía de un territorio determinado —comprendido también el comercio de alimentos y vestidos-de manera que pudo integrarse en La Forestal después que ésta estuvo creada y actuaba en Argentina con directorio reconocido y ubicado en Londres. Los comienzos de la Compañía de Tierras de Santa Fe, en cuanto a la explotación de bosques, se caracterizan por sus exportaciones de rollizos con destino a fábricas europeas, mientras, lindando con ella, pequeñas empresas integradas con capital argentino eran pioneras de la industria del tanino o explotadoras de obrajes y aserraderos.[6] Como vendedora de tierra, está comprendida en el movimiento general del país caracterizado por la quiebra definitiva de la política de colonización con adjudicación de tierra barata o gratuita al agricultor inmigrante o argentino. Subdividió una parte del territorio adquirido en las llamadas colonias San Cristóbal, Santurce, Portugalete, Ñanducita, etc., parcelando en extensiones variables que vendía a compradores cuyo dinero provenía en muchos casos del trabajo anterior en tareas campesinas. De este modo, el capital originado en el país con el trabajo agrícola invertido en compras a la Compañía de Tierras, se exportaba en forma de ganancia a Inglaterra. Pequeños capitales obtenidos, hasta después de 1895, con esfuerzo agrario de campesinos inmigrantes establecidos en otras colonias, o recién llegados para trabajar, se canalizaron hacia los campos que vendía. Allí no se invertía capital extranjero; por el contrario, el dinero de los agricultores nuevos y viejos que buscaban el norte engrosaba los fondos remitidos a Londres… También favoreció la formación de latifundios dentro de su propio latifundio, que para tanto daba la extensión del territorio poseído. Vinculada a empresas ferroviarias e influyente en los planes económicos del gobierno, no tardaron en atravesar sus tierras las vías férreas que unirían el puerto de Santa Fe con el noroeste y el norte de la provincia hasta el Chaco, y tuvo depósitos en Colastiné, Puerto Gaboto y Puerto Borghi. Las estaciones ferroviarias principales, como San Cristóbal, estaban en sus colonias, lo que le permitió trazar poblaciones con loteos estratégicos que le valorizaron la propiedad en forma astronómica. Si se realizaran minuciosas operaciones de contabilidad, siguiendo la serie de ventas de lotes, chacras y estancias enajenadas se comprobaría hasta qué punto el dinero argentino fue captado por la Compañía, de tal manera que su poderío financiero es una consecuencia no de la introducción de capital inglés, sino de la exportación de ganancias realizadas en nuestro país. Así es como el imperialismo provoca el empobrecimiento de los países dependientes.

Contribuyó dentro del cuadro general de acaparamiento de tierra pública a demorar el desarrollo de la economía agraria, impedidos los campesinos pobres y medianos de establecerse en nuevas chacras por la valorización desmesurada del suelo y las condiciones de venta. Siguió la política que consistía en estimular cierta actividad agropecuaria en partes de su dominio atravesado por ferrocarriles construidos o financiados por empresas a las cuales estaba vinculada directamente —Murrieta y Cía. se hace cargo de los bonos destinados a financiar las construcciones de Meiggs Son and Company— para luego lotear y vender, reservándose extensiones favorecidas por la naturaleza para la cría de ganado y la existencia de bosques de quebracho colorado. El trabajo en los obrajes ubicados fuera de la zona de quebrachales fue también un factor de valorización de las tierras, mientras la madera extraída aportaba otra ganancia. El noroeste del Chaco santafesino fue así el escenario del más grande usufructo del suelo por parte de una empresa que, cubierta con la apariencia de llevar el progreso a aquella región, produjo el más grave drenaje de capital argentino entre las compañías que especulaban con tierra, sin que se reinvirtieran en la producción agropecuaria, sino en la estricta medida en que volviesen a redituar beneficios a la Compañía. La historia de las poblaciones del noroeste, y norte, es la historia de las riquezas obtenidas por la Compañía de Tierras de Santa Fe y luego por su sucesora, La Forestal. En ese aspecto, está equiparada a las empresas llamadas de colonización, que obtenían grandes concesiones de tierra pública y especulaban luego con las ventas, o con arrendamientos. Son las que anatematizaba Mitre, según hemos dicho, las que consultaban en último término el interés de la nación, con la diferencia que las antecesoras de La Forestal y ésta misma no consultaron nunca otra cosa que su propio interés, en busca de sus propios beneficios. No contemplaba el interés de la nación, naturalmente, su acta de constitución como sociedad, ni estaba ello en su espíritu de empresa, ni en sus procedimientos, ni en sus fines. Sus fines últimos fueron obtener riqueza del suelo argentino como si se tratara de la prolongación territorial de Inglaterra, que es donde fueron y van a parar sus mayores beneficios. El parcelamiento de tierra realizado bajo este criterio en el territorio de la Compañía es un aspecto práctico de la política de nuestra clase gobernante de fines de siglo pasado —mientras hubo tierra pública— perjudicial para nuestra economía agraria y de retraimiento de la corriente inmigratoria en relación con el volumen que pudo incorporarse a la población rural del país, que sufrió el impacto del mal sistema.[7]

El hecho de que se hayan fundado poblaciones en el latifundio de la Compañía, aunque de escaso desarrollo —si se exceptúa San Cristóbal que debe su crecimiento a factores más recientes—, podría haber creado un concepto distinto del que estamos sosteniendo, pero el cuadro se aclara si agregamos que de 1890 a 1909, período de plena actuación de la Compañía, ingresaron al país 813.372 agricultores y en 1947 —estadística oficial— existían 172.234 propietarios en todo el país, en lo que se incluye terratenientes y poseedores de pequeñas propiedades rurales. Si consideramos las corrientes inmigratorias tipo golondrina, que no arraigaron debido a las deficiencias del régimen de la propiedad de la tierra, comprenderemos que la propiedad de los bienes territoriales del Estado, pasada a manos privadas o de sociedades comerciales en forma de grandes latifundios, impidió realizar una política de colonización agraria con afincamiento de los inmigrantes en las zonas rurales, en la medida en que ello pudo ser posible. La tierra quedó en manos de los especuladores. Un elevado porcentaje no tuvo por objeto la agricultura, ni aun la ganadería, sino su comercio. Así permanecieron despobladas no sólo las regiones boscosas, sino amplias llanuras cerealistas. En este sentido, no es una excepción lo que ha ocurrido con el noroeste dividido en grandes extensiones de campos que repulsaron a los habitantes después que la labor en los obrajes concluyó con los montes y dejaron lugar a la ganadería, en el mejor de los casos, o a ese nuevo tipo de desierto caracterizado por la soledad, la miseria de sus escasos pobladores que, a pesar de lo inhóspito, no abandonaron la zona donde nacieron o donde llegaron cuando la ilusión del trabajo productivo los llevó a vivir en los montes o en las abras donde se multiplicaba el ganado ajeno, cuyo destino no siempre conocían. Esos pobladores son las víctimas directas de la especulación con tierra realizada por la Compañía, que luego uniría 1.284.457 hectáreas a las de La Forestal. También lo son los trabajadores agrarios actuales, descendientes de los que abrieron camino a la riqueza de la compañía, valorizando las estancias, y campos de obraje, y así lo reconoce el diputado Vecchietti: «En el norte —dijo refiriéndose a sus pobladores en zona de La Forestal— faltan capitales y si nos exigen, para ocupar tierras, solvencia plena en el terreno económico, los que allí vivimos tendremos que hacer nuestras valijas»[8].

Desde San Cristóbal al norte no dejó la compañía por inversión de sus capitales más que tierra baldía, y hasta principios de siglo el norte sugería a los pobladores del sur la idea de salvajismo, desolación, explotación brutal de los hacheros, desamparo, aislamiento, crímenes… Y habían trascurrido más de treinta años desde que empezaran los imperialistas a extender sus intereses como especuladores con tierra, con bosques, con ferrocarriles, con puertos, con comercios al menudeo, etc., etc., frondosa actividad económica que, sin embargo, dejó en pie los problemas propios de zonas sin industrias, sin fuentes estables de trabajo, sin afincamiento nutrido de población, sin posibilidades privadas para los hombres que habitaban el feudo, como no fuera estar al servicio de sus intereses. Dejó en el país como consecuencia de su actividad en parcelamiento de campos, y luego en explotación de bosques de quebracho colorado, poblaciones aisladas, parajes que aún hoy, a pesar del aporte del pueblo argentino y de los hombres de empresa con capitales argentinos, oficialmente se consideran zonas —inhóspitas ¡a ochenta años de aquella supuesta acción progresista de los especuladores extranjeros!

«La gran propiedad —decía Peyret— fue, es y será en todas partes la adversaria del progreso», agravándose este resultado para la nación cuando la gran propiedad está en poder del capital imperialista.

Prolegómeno y nacimiento de La Forestal

1

La Forestal se formó sobre la base de la existencia de la Compañía Forestal del Chaco, luego fusión con la Argentine Quebracho Company y después con la Compañía de Tierras de Santa Fe. Pero antes de estudiar su formación, resultará favorable para el lector saber que otras fábricas funcionaban —además de los ensayos realizados— en Corrientes en 1880 cuando aún La Forestal no había instalado las suyas.

Desde el siglo pasado Alemania y Francia eran compradoras de rollizos para fabricar, el tanino, que se exportaban de Argentina, y numerosas curtiembres en diversos puntos del país los adquirían para tratar el cuero con su aserrín. Una de las más importantes era la establecida en Esperanza, en 1878, cuya actividad continúa. En 1887 en Corrientes, la casa Desimone, Costa y Valtier se proponía explotar todas las maderas del Chaco y poseía una aserrinera impulsada por máquina de vapor que era de reciente invención, importada de París. Producía aserrín de quebracho colorado —y muy posiblemente tanino— para cinco curtiembres instaladas en Buenos Aires.[1] Hasta esa fecha el aserradero más importante del Chaco santafesino estaba ubicado en Florencia, con instalaciones para extraer tanino destinado a la «gran curtiembre» de la empresa Langworthy. Esta industria caracterizaba a Florencia, que luego caería bajo la acción monopolizadora de la Compañía Forestal del Chaco, dueña de los obrajes y —la fábrica de tanino de Calchaquí y promotora de La Forestal. Harteneck y Cía. construyó su primera fábrica en la zona de Fives Lille en 1895 y luego montó otra moderna enCalchaquí en 1899, en la que trabajaban hasta 400 operarios, y fueron exportadas en ese año 402 toneladas de tanino elaborado con quebracho colorado de sus campos situados entre Calchaquí y Margarita, linderos del latifundio de la Compañía de Tierras. Carlos Harteneck había trabajado como curtidor con aserraderos en La Paz y sus nuevas industrias instaladas en la provincia de Santa Fe lo destacaban como el pionero más próspero en materia de extracto de quebracho. Y tiene algún interés señalar que cuando se midieron los campos donde posteriormente se establecería, el agrimensor dijo: «Son inmensos bosques de quebracho colorado, alternando con aberturas ricas en pastos tiernos de los que son apreciados en la industria ganadera».[2] El interés reside en que esos campos y esas instalaciones formaron luego parte del patrimonio de La Forestal. Una industria que sucumbió ahogada por la acción monopolizadora fue la de Benito Pinasco, también instalado en 1895, al norte de San Justo. “Una de las principales riquezas de las provincias —decía Pinasco[3]— la constituyen nuestros montes de quebracho. Los rollizos exportados en cantidad fabulosa van al extranjero, donde reducidos en forma de aserrín se emplean ventajosamente en las curtiembres en cambio de la corteza del roble y otras maderas conocidas”.

Fundamentaba luego las ventajas de fabricar el tanino en el sitio donde se encuentra el quebracho colorado y ofrecía al gobierno, a cambio de la exención de impuesto a su «industria nueva», capacitar a jóvenes designados por el P. E. y «remplazarlos a medida que estuviesen instruidos de todo el procedimiento». Es decir, Pinasco proponía formar peritos argentinos para desarrollar una industria nacional naciente. Este pionero de la industria del tanino preveía mejor que los hombres que nos gobernaban. ¡Qué hubiera sido de aquella vasta zona y de todas las que contienen quebracho colorado en el país, si hubieran sido explotadas en beneficio exclusivo de la nación! Hombres como Pinasco no le faltaban a Argentina para movilizar esa industria, y nuevos brazos se hubieran incorporado a ella con capitales nacionales, brazos de trabajadores argentinos y de inmigrantes extranjeros que hubieran concurrido con su esfuerzo, como lo hicieron con la agricultura, para hacer, su propia riqueza y la riqueza de la nación. Pero otros intereses se movían con más poder que el modesto y patriótico de Pinasco, y las enormes ganancias que ya producían los quebrachales no fueron orientadas por los poderes públicos para formar una gran industria nacional.

En 1904 se formó la Argentine Quebracho Company, con el exclusivo objeto de explotar el quebracho y fabricar tanino. Poseía una extensión de 278.487 hectáreas ubicadas al norte del latifundio que fuera de los herederos de José I. Gálvez y de E. Gálvez, de Llambí Campbell, arrendado por La Forestal, y tenía por lindero también a la Compañía de Tierras de Santa Fe. El total de las acciones de la Argentine Quebracho Company estaba en manos de la New York Tanning Extract Company. Construyó la fábrica de Tartagal, donde producía hasta 50 toneladas de tanino que se exportaba a Nueva York, conjuntamente con 70.000 toneladas anuales de rollizos de quebracho colorado. Empleaba aproximadamente 2.000 personas en la fábrica y obrajes, emplazando a Tartagal en lo que hoy se denomina estación El Tajamar, sobre la línea del ferrocarril de Intiyaco a Resistencia. La Argentine Quebracho Company utilizó procedimientos que eran exactamente los mismos que empleara La Forestal en su manera de establecer poblaciones sin futuro, para asiento de su administración y alojamiento de empleados y obreros. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1913 se fusionó con La Forestal que pasó a dominar en las 278.478 hectáreas y mantuvo la fábrica con escaso ritmo de rendimiento. El gerente, don Gustavo Brandéis, en un juicio contencioso administrativo de singular resonancia, aclaraba que la Argentine Quebracho Company pertenece a La Forestal.

En el año 1902, los hermanos Harteneck, de la firma Harteneck y Cía., que eran antiguos industrializadores del quebracho colorado, y los Portalis, Carlos y Federico, de la firma Portalis y Cía., formaron una sociedad sobre la base de los bienes territoriales que poseían ambas en la región de quebrachales colorados y de las instalaciones de sus industrias tanineras. La nueva empresa así originada se denominó Compañía Forestal del Chaco, y creó la industria forestal en gran escala en Argentina, siendo el punto de partida de la introducción de capitales alemanes e ingleses, destinados a fundar otras fábricas de tanino y a expandirse, cuando su directorio acordó en París crear la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada.

Los Harteneck tenían en Calchaquí la única gran fábrica de canino existente hasta esa fecha, con una capacidad de producción de 14.000 toneladas, equivalentes a 280.000 bolsas de tanino. La Forestal del Chaco poseía 237.338 hectáreas en la provincia de Santa Fe y 279.620 en el Chaco, lo que hace un total de 504.667 hectáreas, con todas las propiedades de Calchaquí, sus instalaciones, playas y obrajes; el ferrocarril Florencia-Basail y otras redes, con material rodante, locomotoras y vagones, más los accesorios edificados con fines de utilización ferroviaria; el puerto Piracuá en el Paraná Miní, al este de Florencia, donde tenía instalados administración, almacenes, depósitos, talleres, aserradero, curtiembre, etc.

La Compañía Forestal del Chaco, como continuadora de Harteneck y Cía. y de Portalis y Cía., produjo los primeros antecedentes en cuanto al método de explotación de los bosques de quebracho con propósitos industriales, creó la tónica regional de un tipo de trabajo que atraería poderosamente la atención pública por ser fenómeno extraño a la manera de desenvolverse las poblaciones argentinas, irrumpió en un medio virgen incorporando costumbres desconocidas aún, y la vorágine de una riqueza aparente que ha desorientado desde el principio no sólo el pensamiento de gobernantes con respecto a las consecuencias sociales y económicas de su actuación —comparada que fue con el sur—, sino que su poder de expansión, amparado por la naturaleza transitoria de la explotación de bosques, limitada por el agotamiento del quebracho colorado, hizo que se convirtiera en el ‘fenómeno industrial más discutido entre nosotros dentro de las actividades que tienen implícita la ocupación de la tierra.

La Compañía Forestal del Chaco era hasta ese entonces la más importante productora de tanino extraído del quebracho colorado, en el orden mundial. Su directorio estaba integrado por Carlos y Alberto Harteneck, Federico y Carlos Portalis, Víctor Negri, Brígido Terán y otros.

2

Con estos antecedentes relacionados con la actividad forestal en el norte, directamente referida a la explotación del quebracho colorado, llegamos a los días en que surgirá una denominación, parte de una razón social, que se entraría en el conocimiento popular con el nombre que se extendió a toda la República como un obsesionante símbolo de exterminio de riqueza forestal y de bárbara explotación del hombre: La Forestal. La denominación popular, sin la precisión técnica estatutaria, estuvo por sobre cualquier aditamento caracterizador legal de la sociedad anónima. Su inscripción en el registro de contratos públicos se hizo en 1906, como The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited: Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.[4]

El asiento legal o registro de la compañía «será ubicado en Inglaterra». La Forestal Ltda. tenía por objeto: «A) Adquirir y hacerse cargo como empresa en explotación, de los negocios industriales y comerciales de la Compañía Forestal del Chaco», otorgando poder a Arturo Brandon Boutellpara realizar la operación comprando todo el fondo comercial e industrial de la sociedad que formaron en Buenos Aires e instalaron en Calchaquí los hermanos Harteneck y Portalis. Federico Portalis figuró en el primer directorio de La Forestal, y Portalis y Cía. fue compradora de tierras a nombre de La Forestal.

Según memorándum de constitución de The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, la Compañía Forestal del Chaco había convenido venderle (por acuerdo tomado en París) «todas sus propiedades de toda clase, ferrocarriles, concesiones, privilegios, edificios, plantel de talleres, derechos, activo y pasivo, de modo que quede sustituida en todos sus derechos y propiedades» por La Forestal. Los bienes y tierras que poseía la Compañía Forestal del Chaco en la provincia de Santa Fe fueron valuados en la suma de £ 764.072 y los bienes y tierras ubicados en Chaco en la suma de £ 294.072, lo que hace un total de £ 1.078.264.

Casi al mismo tiempo que se realiza esta operación por la cual deja de existir la Compañía Forestal del Chaco y la sustituye La Forestal, la Compañía de Tierras de Santa Fe —que trasferiría después todos sus bienes y tierra a La Forestal— aumenta su capital mediante una nueva emisión de acciones.

Sobre los bienes inmuebles de la Compañía Forestal del Chaco que pasaban a integrar el activo de La Forestal, se constituyó una hipoteca a favor de sir Robert Harvey y del barón Federico Alfredo D’Erlanger «como fideicomisarios de los bonos de la emisión de quinientos cincuenta mil libras esterlinas» con que se aumentaba el capital de la nueva compañía.

Los Harteneck formaron parte del directorio e intervenían capitalistas alemanes que posiblemente ya pertenecían a la Compañía de Tierras de Santa Fe. La documentación que probaría esta intervención de alemanes en la Compañía de Tierras no está a nuestro alcance, pero en 1909 se registró una modificación de sus estatutos en la que constaba la propiedad de la tierra «que compró a Murrieta y Cía. y a los señores Kohn Rheinach y Compañía».

Suscribieron también acciones en la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda., C. C. Bobley, «director de una compañía anónima», y E. Niederhoffheim, «secretario de una compañía anónima», según dice el acta sin especificar el nombre de esas compañías.

El directorio de La Forestal, en 1910, estaba formado por C. E. Gunther, director del Banco Anglo-Sud Americano, y presidente de la Compañía de Extracto de Carne Liebig; H. Edlmann, director de la British and Foreign Marine Insurance Company Ltd.; Barón D’Erlanger, banquero; Alberto Harteneck, comerciante; H. M. Kersey, banquero; Federico Portalis, comerciante; H. Renner, director gerente de la «Gerb and Farbstofiwerke H. Renner and Co. Actiengesells-chaft». Los banqueros de La Forestal eran el Banco Anglo-Sud Americano y Emile D’Erlanger y Cía.

La Forestal, en sus estatutos de 1906, ha previsto todas las actividades propias de una compañía con facultades suficientes para organizar, dentro de un territorio determinado, las actividades totales para el desarrollo económico de un estado al que, al decir de Belisario Salvadores, no le faltaban encargados de relaciones «diplomáticas» y que en determinado momento enarboló bandera propia. «Ha llegado hasta tal punto la audacia de La Forestal Limitada que hasta hace poco tiempo —afirmaba en un escrito judicial el doctor José Gervasoni—[5] como signo de su poderío y del caprichoso imperio de su voluntad, izaba al tope de sus fábricas su enseña propia. Consistía ésta en una bandera alemana con las iniciales de la Compañía, la que se exhibía cada vez que uno de sus gerentes principales realizaba sus periódicas visitas, manteniéndose desplegada mientras duraba su permanencia, sin autorización alguna y como el menosprecio más hiriente a nuestra nacionalidad. Menciono este hecho —agregaba— porque ha sido comprobado oficialmente y ha originado una resolución del gobierno de la provincia. Ocurrió que pasando mi representado por Tartagal, tuvo oportunidad de presenciar el triste y deprimente espectáculo. Al llegar a esta capital denunció el hecho protestando de este acto francamente atentatorio a nuestra soberanía y llamando la atención del gobierno desde un órgano de publicidad. El entonces ministro de gobierno doctor Angel Chavarri acogió la denuncia y pidió informes a la Jefatura de Policía de Vera, la que a su vez los requirió del comisario de Tartagal. Este empleado informó, como si se tratara del hecho más natural, que era costumbre arraigada ya en las fábricas de La Forestal Limitada izar sus banderas al arribo de los gerentes principales».

Estaba organizada para monopolizar industrias, y como la fundamental en ese momento era la del tanino, ejerció en este orden un poder absoluto de dominio sobre el mercado nacional e internacional. No se limitó al territorio de la República Argentina; su directorio estaba facultado para: «A) Comprar, arrendar, adquirir de otro modo, poseer o desarrollar bienes raíces en cualquier parte del mundo, y promover o asistir, o formar otras compañías para comprar, arrendar, o negociar tales bienes y aplicar cualquier fondo de la Compañía en hacerlo, y suscribir por las acciones y valores de cualquier compañía de esa clase». Podía «B) adquirir por cualquier título propiedades forestales y terrenos agrícolas, en cualquier país», en la República Argentina o en otras partes, o el derecho de cortar árboles, cultivar o desarrollar sus propiedades en todo sentido que le resultara provechoso; negociar en maderas, leña; importar y exportar, sin limitación alguna, «cualquier otras cosas que suelen explotarse o hacerse convenientemente por los que se dedican a semejantes negocios o empresas, o a los que sean calculados directa o indirectamente convenientes para aumentar el valor o hacer remunerativo cualquier bien o derecho perteneciente a la Compañía». Dentro de sus objetos y fines estaban comprendidos «actividad ganadera y negocios de estancieros, cultivadores de frutos, curtiduría de cuero, minería, canteras, fábricas de ladrillos, contratistas, navieros; poseer y administrar puertos, muelles, diques; hoteleros, almaceneros, albañiles, ingenieros mecánicos y generales y a cualquier otro negocio que a juicio de la Compañía pueda explotarse convenientemente y en relación con cualquiera de los referidos terrenos y bienes o en relación con alguna de las empresas aludidas». Se ocuparía de «empresa de transporte de pasajeros y mercancías por tierra o por agua, ferrocarriles y tranvías, abastecimiento de agua, gas o electricidad para alumbrado o fuerza motriz», etc., etc.

Estas y otras múltiples previsiones de los estatutos no tendrían, por su vastedad, por la complejidad de sus actividades, una explicación aceptable si sólo se hubiera formado teniendo en vista las propiedades que adquiriría a la Compañía Forestal del Chaco. Creemos que existían ya acuerdos previos para incorporar todas las propiedades de la Compañía de Tierras de Santa Fe, porque los estatutos configuraban, además, los rasgos generales de un plan de labor preconcebido que luego veríamos desarrollar casi en su totalidad en una zona que abarcó el latifundio de la Compañía de Tierras de Santa Fe y parte del territorio del Chaco y luego Formosa. Por lo pronto, Calchaqui fue el punto de arranque hacia el norte en lo que respecta a la instalación de fábricas de tanino y de sus actividades colaterales.

El desarrollo de La Forestal es tan vasto y abarca un número tan amplio de explotaciones que tienen por objeto abastecer necesidades de poblaciones que de ella dependieron en millones de hectáreas, que llega un momento, el crucial de principio de siglo, en que resulta difícil dilucidar todos los entretelones, todos los movimientos financieros tácticos, todas las prácticas y combinaciones que utilizará para hacer del norte de Santa Fe y sur del Chaco un inmenso feudo, proteico, entre civilizado y bárbaro a la yez. Estamos en el instante decisivo en que pasará al sucesivo avance hacia el norte dentro del latifundio de bosques vírgenes atravesados por el ferrocarril Santa Fe y hacia nuevos campos que penetrará con sus obrajes. En una distancia de 200 kilómetros de vías férreas sólo dos estaciones no estaban —hasta 1925— dentro del territorio de La Forestal. En el ritmo de avance monopolizador estuvieron comprendidos no sólo sus nuevas adquisiciones, sino los arrendamientos de campos boscosos como el de Gálvez, de 64.551 hectáreas, hasta llegar a los 2.100.000 hectáreas incluyendo las de simple posesión sin título y las fiscales donde penetrara, según cálculo del diputado Belisario Salvadores.[6]

La inmigración que promovió fue la de sus altos empleados y técnicos, que era como dar destino, desde Inglaterra, a sus subordinados… No necesitaban de los inmigrantes extranjeros, que tipificaban la labor del campo en Argentina desde mediados del siglo pasado, para colonizar (inc. F. estatutos) ni mucho menos aún para el trabajo en los obrajes, porque no hubieran conseguido ningún obrero alemán, francés, italiano o español, etc., que se sometiera al bárbaro régimen del trabajo en los obrajes. Descartaron todo plan de inmigración y colonización previsto dentro de sus tierras; no tuvieron interés en la agricultura, a la cual repulsaron siempre. No tenían interés en fraccionar campos para cultivar o para medianos ganaderos independientes, dentro de las adecuadas obras de los montes y de las llanuras limpias de bosques, porque tampoco tenían interés en que nutridas poblaciones, no sujetas a su control, hiciesen más difícil moverse con libertad e imponer sus condiciones a todos los trabajadores. Era más conveniente para la compañía mantener cerrado el feudo y controlar todo lo que en él ocurría como propietarios absolutos. La apertura de la tierra a la inmigración extranjera o a la migración interna sólo debía estar condicionada a sus propias necesidades y no a las necesidades del país. Propietaria en el sentido más rígido del concepto de dominio, ejerció de acuerdo con él sus derechos reconocidos por nuestras leyes imprevisoras, respetados con blando acatamiento por quienes pudieron limitar ese dominio, y ejerció también los dictados de su voluntad aunque no estuviera encuadrada en la ley. Por ello fue investigada y sancionada por la opinión pública, pero también, y hay que decirlo para saber hasta dónde es necesario alertar la conciencia nacional, fue admirada y ensalzada por empleados, negociantes y políticos argentinos, con o sin intereses directos o indirectos con La Forestal, que identificaban el potencial de riqueza de la compañía con la riqueza de la zona norte… La riqueza era de ellos y actuaron en concordancia —como siguen actuando— con los derechos que se les acordaron y el arbitrio que se les permitiera.

El norte continuó siendo, con el advenimiento de La Forestal, el escenario de la más bárbara extracción de riquezas en beneficio del capital imperialista, mientras en clubes sociales se codeaba la élite de nuestra sociedad con la élite de los extranjeros que nos explotaban. Los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado llegaron a ser un símbolo de lo que puede hacer en perjuicio de la nación la gran propiedad territorial entregada a una sola mano, con el agravante de ser extranjera.

3

Al trazarse en 1886 los límites de la provincia con respecto a Santiago del Estero y el territorio nacional del Chaco, parte de las tierras de esta gobernación fue cedida en compensación a la provincia de Santa Fe por el P. E. de la Nación, como también las acciones y derechos que pudieran corresponderle al gobierno federal, emergentes de las concesiones o enajenaciones que hiciera con anterioridad, de acuerdo con la ley Avellaneda. Y es así como quedaron bajo su jurisdicción Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, Las Garzas y Florencia, y correspondieron a la provincia los derechos y acciones originados por la concesión de 80.000 hectáreas hecha a Eduardo Martín Langworthy, el 21 de noviembre de 1883, ubicada en lo que hoy es Departamento General Obligado, sobre el río Paraná Miní. Tenía por el norte la concesión dada a Pablo Groussac, en el Chaco austral, al sur el arroyo El Rabón, al este terrenos donde se establecería la colonia Serafina y al oeste el Paraná Miní. Gran parte de esas tierras quedaban incorporadas a la jurisdicción de Santa Fe. Dijimos ya que fue Florencia un centro productor de tanino, con fábrica instalada y aserraderos accionados con máquina de vapor. Esas tierras, los obrajes y las instalaciones fueron incorporadas al patrimonio de La Forestal después de haber sido propiedad de la Compañía Forestal del Chaco, con la participación en aquélla de sus principales accionistas. El hecho de que La Forestal comprara las tierras y las instalaciones llevaba involucrada la obligación de cumplir con el contrato de concesión que Langworthy tenía con el gobierno nacional. Por dicho contrato, hecho conocer por Belisario Salvadores, Langworthy debía introducir 250 familias agricultoras europeas para las que construiría casas de azotea. Debía levantar edificios públicos a su costa, escuela en cada una de las secciones de la colonia, y además un templo. Estaba obligado a subdividir de acuerdo con la ley de colonización e introducir por lo menos 63 familias por año. Ésas y las restantes obligaciones debían estar cumplidas dentro del plazo de 40 años «so pena de caducidad de este contrato». Establecía una prohibición: «El concesionario no podrá aprovechar los bosques existentes en la concesión, ni permitirá que los colonos hagan otra explotación que la acordada por ley de 10 de abril de 1879». El artículo 17 decía: «La falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas consignadas anulará este contrato además de incurrir el concesionario en la multa de 10.000 pesos moneda nacional». Langworthy no cumplió con el contrato, ni lo cumplió La Forestal, que además terminó por arrasar los bosques que había empezado a explotar el primitivo concesionario: por eso el diputado Salvadores decía en la legislatura, en 1921: «El 25 de noviembre de 1923 cumple el término fijado por el artículo 8.° —de caducidad de la concesión—, las 80.000 hectáreas de referencia deberán volver al dominio del fisco». Ése era el justo planteamiento jurídico, pero a la mayoría de los diputados —que aprobaban, no obstante, la exposición de Salvadores— no les preocupó esa inmediata recuperación de tierras fiscales, ni mucho menos plantear esta cuestión en momentos en que el P. E. terminaba de facilitarle a La Forestal la fuerza armada con que se persiguió y mató a tiros, en los pueblos y en los montes, a obreros que no querían ni morirse de hambre, ni vivir como regimiento de hacheros y obreros miserables. Nada se resolvió. Con razón decía Ortiz Grognet que «cuando el investigador llega a La Forestal sufre el mareo, y los cargos se esfuman». No fueron recuperadas las tierras al amparo del derecho que asistía a la provincia, como tampoco se puso freno a los abusos que se denunciaban. Cuando más, en algún aspecto, se refinaron los métodos y se hizo más ostensible el confort de los dirigentes y las comodidades de sus empleados, con lo que daban un blanco de llamativo asombro a los viajeros complacientes, investigadores o no, que observaban allí, en los confines del Chaco, el bidet con que soñaban para sus propias casas ciudadanas. Pero mientras tanto, les ocultaban, con una cortina llamada contratista, las mil peripecias de los obrajeros, de sus mujeres y sus hijos, y aun de los ancianos que iban acompañándoles, si es que no trabajaban, en el martirio de la deambulación y del agotamiento.

4

Incorporada a su patrimonio la concesión Langworthy, quedó involucrada esa nueva extensión de tierra con que se agrandaba dentro de los planes de explotación que se venía trazando. Los estatutos la facultaban para este tipo de fagocitación de bienes inmuebles e inmuebles, sin ley de monopolio que la frenara, ni gobiernos que limitaran sus provechos. Facultada estaba para eso y para «adquirir stock de acciones, tomar arrendadas o por otros títulos adquirir propiedades forestales en cualquier parte del mundo» (inc. B de estatutos), adquirir ferrocarriles, de manera que incorporó a su sistema los construidos por Langworthy, como también el puerto sobre el Paraná Miní, embarcaciones, etc. Y luego viene el paso definitivo en cuanto al Chaco santafesino. El 9 de enero de 1914 la Compañía de Tierras de Santa Fe incorpora a La Forestal inmuebles ubicados en Tostado, y todos los que le restaban de 643 leguas cuadradas, con lo que se integró completamente el feudo —con respecto a la provincia de Santa Fe—, con aquellas tierras, por donde ya avanzaba La Forestal con sus obrajes, sus ferrocarriles, sus instalaciones telefónicas, etc. Y no sólo incorporaba a sus dominios las tierras que estaban claramente delineadas, sino «incluso los terrenos de simple posesión que tomó por dichos títulos, estén o no comprendidos en los títulos», según escritura de transferencia de dominio. Esta operación estaba prevista en el memorándum de asociación de «The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited»: adquirir y hacerse cargo de la totalidad o de una parte de los negocios, bienes y compromisos de alguna persona o firma o compañía dedicada a una industria de que la Compañía tiene derecho de ocuparse, o que posea bienes idóneos para los propósitos de esta Compañía, y en cambio de lo adquirido pagar en efectivo o por la emisión de acciones, stocks, u obligaciones de esta Compañía, liberados entera o parcialmente. Tendríamos que poseer mejores elementos documentales para desentrañar el papel que cupo a la Compañía de Tierras de Santa Fe en la formación de La Forestal, que le iba a suceder en el manejo y explotación de todos sus bienes a partir de 1914. Venimos sosteniendo desde el principio que desde la Compañía de Tierras de Santa Fe, hasta llegar a La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras, Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales actual, no hay sino un avatar que se perfecciona legalmente, adecuándose a las circunstancias legales unas veces, modificando parcialmente sus objetivos otras, quizá también a circunstancias de competencia internacional comercial que, naturalmente, hasta ahora escapan a nuestro conocimiento. Pero todo se realiza sobre la base fundamental de las tierras de la Compañía Forestal del Chaco, las de Argentine Quebracho Company y de las entregadas a Murrieta y Cía., luego Compañía de Tierras de Santa Fe. El directorio de cada empresa actúa con notable anticipación a lo que ocurrirá tanto en el orden económico como en el jurídico, por ello no llama la atención que mientras existe evidentemente el plan de hacer de La Forestal la empresa que tendrá a su cargo todos los bienes de otras empresas de fines similares (los estatutos de la Compañía de Tierras son casi iguales a los de La Forestal de 1906), el directorio de la Compañía de Tierras de Santa Fe toma acuerdo en Londres aumentando el capital social mediante la emisión de nuevas acciones y, con respecto a la remuneración de los directores, prevé nuevas circunstancias venideras, acordando: «todo director que llegue a ser director de alguna compañía como nómino de esta Compañía, de igual modo retendrá para su beneficio cualquier remuneración que por tal concepto corresponda, no obstante que su habilitación para el directorado pueda ser tomada por él en fideicomiso para esta Compañía».[7] Es así como el apellido de Campbell Patrick Ogilvie, que era presidente del directorio de la Compañía de Tierras de Santa Fe, fue impuesto a una población forestal, por la Argentine Quebracho Company…

En el tiempo que transcurre desde 1905 hasta que se transfieren los bienes de la Compañía de Tierras de Santa Fe, hay una espera sugestiva que se relacionaría con la posesión treintañal de sobrantes. Hemos dicho que los títulos que recibe La Forestal no precisan exactamente la cantidad de hectáreas, que en algún caso no concuerdan con mensuras posteriores, porque además no necesita saber más que esto: se trataba de las propiedades originadas en las ventas de 1881 y 1883; y en el caso de la Argentine Quebracho Company, en las ventas que le hiciera la Sociedad de Crédito Territorial que dirigiera Llambí Campbell. Los títulos de la Compañía de Tierras de Santa Fe los recibe con la aclaración de que están comprendidos los terrenos de simple posesión, «estén o no incluidos en el título».

Para muchos no fue un secreto que La Forestal no hizo cuestiones de título cuando se trataba de extraer rollizos de tierras fiscales que ocupaba de hecho. Valoraba la posesión como un medio nada desdeñable de adquirir el dominio. Y no se trataba de pocas hectáreas invadidas y explotadas. Belisario Salvadores —que se ocupó durante muchos años de mensuras—, refiriéndose a esos terrenos poseídos por La Forestal, dijo: «Dentro de las líneas amojonadas por esta fracción (de 175 leguas cuadradas), aseguro existe una importante superficie excedente, la que se produce como consecuencia de la enorme tolerancia en medida lineal y angular, y muy especialmente como resultancia de la considerable extrapoligonal dejada sin calcular en las poligonales de aceleramiento del arroyo Las Conchas y del Río Salado».

Esa superficie excedente, treinta años después de poseídas sin títulos, se calculaba que valían $ 1.000.000, casi igual al precio que Murrieta y Cía. había acreditado a la provincia por toda la tierra entregada. De esos excedentes provienen diferencias de superficie en distintas mediciones. La Compañía de Tierras de Santa Fe permanece en posesión de esas tierras fiscales y de «otras que no están comprendidas en el título», desde 1883 hasta 1914, con lo que completa los treinta años para adquirir el dominio por simple posesión sin necesidad de alegar otro título, llegado el caso. Si hubiera transferido antes del término de treinta años, hubiese interrumpido la posesión y obstaculizado el derecho de propiedad que pudiere alegar La Forestal sobre los terrenos ocupados. Completada la exigencia legal de hecho en materia de adquisición de dominio por posesión treintañal, transfiere todas las acciones y derechos que podían corresponderle, extendiéndolos a los terrenos poseídos, aunque no fueran los que como excedentes podían resultar de los títulos. Ésta sería una razón por la cual se formaliza la escritura de la trasferencia de dominio a La Forestal en el año 1914.

Este proceso que se operaría con la posesión y el mero transcurso del tiempo, pudo ser previsto y no se tomaron en el orden fiscal recaudos suficientes para evitarlo. En el poder especial que se otorgó al doctor Lucas González para vender, la fracción XII no estaba deslindada con exactitud, empleándose, para ubicar el límite norte, la expresión «más o menos» referida al grado 28 de latitud, y si se tiene presente que en su prolongación las tierras eran fiscales, difícil resultaría al poder administrador impedir el avance de los obrajes dentro de su propiedad, librada, con el «más o menos», a la conquista de título por simple posesión.

Las imprecisiones figuran también en los títulos, no sólo en los mencionados terrenos de simple posesión sino al fijarse el precio aludiendo a «otros inmuebles ubicados en distintos departamentos».

El diputado Salvadores mencionaba el caso del agrimensor Francisco Wiggins que «practicó las operaciones de mensura, deslinde y amojonamiento de una propiedad del señor Williams Pats, la que algunos años después pasó a ser de La Forestal.[8] Como el campo a ubicar debía tener por límite norte el paralelo 28° de latitud sur, que lo era también de la provincia de Santa Fe, no habiéndose realizado el trazado material sobre el terreno, lo determinó el mismo agrimensor Wiggins y con base a esa demarcación ejecutó la mensura. Posteriormente la comisión de límites entre Santa Fe y el Chaco, presidida por el ingeniero Cobos, trazaba la verdadera línea y de paso constataba un error material en la operación Wiggins. Éste había trazado el paralelo a 580 metros más al norte de lo que correspondía. De acuerdo con el amojonamiento Wiggins se construyeron los alambrados que limitan esa propiedad de “La Forestal Ltda”. Después de la demarcación Cobos, la empresa no retiró hacia el sur sus alambradas como debía. Por esa razón quedó superpuesta, y en posesión de mala fe, en un ancho de 580 metros de norte a sur por un largo de 30.000 metros de este a oeste, a los lotes 15 de la letra D, y 11 y 12 de la letra C de la sección 1.ª del territorio nacional del Chaco, es decir, de una superficie de 1.740 hectáreas. «En los tribunales de la Capital Federal, se sigue un juicio —agregaba Salvadores— contra La Forestal, por explotación clandestina de los lotes mencionados. Hace pocos días en viaje desde Guillermina a Resistencia, he tenido oportunidad de ver instalados los guinches para cargar madera en el lote 12. Estos lotes fiscales constan de una superficie aproximada de 14 leguas cuadradas y han sido desflorados sus bosques por la “Gran Empresa”, pues fueron objeto de una explotación intensísima. He dicho que se trataba de una explotación clandestina. Dificultada ella por las autoridades nacionales, un alto funcionario de la empresa ofreció “cien mil pesos” a ciertas personas para que obtuvieran a su favor la concesión de explotación»[9].

«Las grandes compañías de que es sucesora “La Forestal Ltda.” y esta misma han tenido siempre formando parte integrante de su personal, a un agrimensor o ingeniero a sueldo, cuya única y exclusiva misión ha sido la de realizar las operaciones de mensura, deslinde y amojonamiento privado, administrativo o judicial, de los campos y también de las propiedades linderas a cuyos efectos muchas veces fue puesta en juego la influencia de los grandes terratenientes. Y nuestro departamento de ingenieros y nuestros tribunales, por descuido o negligencia, consintieron siempre el estudio de esas operaciones que están afectadas de insanable vicio de nulidad».

Ello evidenciaba el poder de La Forestal, que se consideraba árbitro absoluto en las cuestiones que le concernían, ante la incuria o la complacencia de quienes podían impedírselo con derecho. Tuvo por aliada a la burguesía terrateniente a la que, cuando afectaba sus intereses, conformaba disimulando —con variados procedimientos— sus motivos de tirantez. Cedió siempre hasta donde le convenía, después de sacar ventajas superiores, manejando con habilidad la política que la llevaba a obtener beneficios indirectos. Sus conflictos de vecindad llegaron a veces a los tribunales, pero en definitiva, las soluciones, aunque en forma circunstancial, le fueron favorables. Sabía que era fuertemente criticada y evitaba los enfrentamientos que la hubieran puesto ante la expectación general del pueblo. Prefería las soluciones sin escándalos, porque a la postre siempre ofrecían ventaja y se quedaba con otras iguales o mayores. Nunca le faltaron argentinos que fueron sus abogados, ni parlamentarios que abogaron por ella después de haberse alojado en una «casa de visita» y haber sido agasajados por la gerencia, con opulencia que los hacía retornar al recinto legislativo creyendo que allá, entre los bosques, la civilización había penetrado más profundamente que en el sur. Las excepciones se caracterizan por su espíritu combativo e invocan los intereses generales de la población y no la grandeza del feudo.

La Forestal empleó argucia, energía y tacto a la vez, y dinero. En definitiva, como potencia impersonal, concluía —con aparente falta de pasiones— por encontrar la forma adecuada de no romper vínculos con quienes podría suponerse que quizá fuera factible no tener por enemigo o por indiferente perjudicial. Se trataba dé propietarios con bosques de quebracho colorado o de ex contratistas que se le alejaban o de personas con influencia en medios oficiales o autoridades locales de poca jerarquía, pero útiles para ella. Respetaba sin excederse —hasta donde no tenía conflictos— a los hombres de la burguesía y distinguía con honores a los gobernantes. A quienes nunca consideró socialmente sino como fuerza de trabajo, fue a sus obreros y obrajeros. Cuando algo hizo por ellos, lo hizo para ella, calculado todo tan estrictamente que hasta llegó a hacer de sus donaciones una manera de crear barreras a sus enemigos y en definitiva de perjudicar a sus destinatarios, que quedaron sin bienes y sin porvenir. Aplicó muy bien el criterio de que a los enemigos hay que hacerles todo el mal posible y cuando se les hace el bien, hacérselo de tal manera que les resulte, al final, un perjuicio.

Una vez en posesión de la tierra gobernó despóticamente en ella; las cercó no sólo de alambradas, sino de un aislante subjetivo que revestía la naturaleza de un poder capaz de hacerse sentir más allá de sus propios límites geográficos. Fue implacable con cualquiera que, siendo hombre pobre, necesitado, se beneficiara aunque fuera con una cosa de valor insignificante utilizándola sin su consentimiento, así se llamara capataz o mayordomo el encargado de la represión.

La leña que se pudría en el suelo, sin valor económico, no debía ser tocada por el viajero de paso por sus propiedades. Lo que permite cualquier propietario al que acampa en su suelo, estaba vedado en territorio de La Forestal. Sus capataces o mayordomos estaban hechos en el molde de la compañía. Pero donaba 110 postes para alambrar, cuando un jefe de policía unido a vecinos caracterizados los solicitaba para una escuela de Vera. Jamás nadie en sus tierras puso el pie y pudo sostenerse por sí mismo, sin la anuencia del coloso. El feudo estaba cerrado para la iniciativa personal. Allí mandaba absoluta, totalmente, el poder omnímodo organizado para extraer riqueza del suelo cuya ampliación de dominio no tenía más oposición que la débil resistencia de capitales pequeños. El avance impetuoso sobrepasó los cálculos de quienes entregaron las primeras centenas de leguas cuadradas, y llegó a cubrir, hacia el norte y el este del mapa, nuevas propiedades con el color cartográfico que indica montes, arroyos, ríos y puertos fluviales. Avanzó sobre propiedades de pequeños explotadores de bosques y compró los campos de Iturriaga, Bronwell, Tourné, Cernadas, etc., etc. Agigantó en tal forma el concepto de dominio absoluto sobre su territorio y el arrendado, que se identificó en las expresiones idiomáticas corrientes como un estado de naturaleza especial, como un territorio que pertenecía a un ente distinto del privado, y así, aún hoy, lo que no es de La Forestal, o lo que no fue de La Forestal, es «particular»…

Vaya el viajero por la zona resto de aquel poderío, y pregunte: ¿De quién es esto? De La Forestal, le contestarán. ¿Y esto? ¡Ah, eso es particular! ¡De tal manera el concepto de «Forestal» vino a constituir una entidad aparte, como si fuera «estatal» por oposición a privado. Así es como en aquellas tierras el hombre argentino se sintió un extraño, un extranjero en su propio país, sometido a modos de vida no creados por las costumbres nacionales sino por los directivos de La Forestal. En eso vinieron a parar los ideales de democracia, progreso y libertad de los que ignoraron el extraordinario egoísmo, el implacable plan con que una compañía con domicilio extraterritorial llevó a cabo el dominio del suelo y la extracción subsiguiente de riquezas que pudieron ser exclusivamente de la nación argentina. Y en ello radica la grave culpa de los que gobernaron en sentido favorable para que las cosas ocurrieran de tal modo, para que varias generaciones de trabajadores nacionales dejaran su esfuerzo y sucumbieran mientras permanecieron vigentes los problemas sociales y económicos que aún se trata de resolver.

5

En este capítulo hemos procurado poner al lector frente al acta de nacimiento de La Forestal con el nombre de «Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.» después de escriturada en Londres y protocolizada en nuestro país. Hemos procurado seguirla en la consolidación de sus dominios para dar una idea de su vastedad, como también adelantamos algunos detalles de sus procedimientos, de su manera de ser, como quien, dentro de la aridez del tema, ofrece un descanso en el vericueto de asuntos legales que tienen por objeto la propiedad de la tierra y de bienes de otras empresas. Pero al concluir el apartado anterior y continuar con las investigaciones, nos vemos obligados a no dar por terminado el asunto. Y ello, aparentemente, pareciera incertidumbre de método en la exposición. En realidad, es otro el motivo. La Forestal ha sido siempre una entidad compleja, y no es sorprendente que cuando un asunto parece agotado, surjan, lejanos a los medios informativos comunes, nuevos negocios que no han tenido trascendencia pública en su época. Así, a esta altura de nuestro estudio, hallamos los antecedentes de otras empresas desaparecidas que fueron llevadas a situación financiera ruinosa mediante el manejo internacional de los precios del rollizo y del tanino. Las caídas periódicas del valor del quebracho colorado y su extracto tánico coinciden aproximadamente con nuevas adquisiciones de establecimientos de explotación forestal por parte del coloso que buscaba ejercer el monopolio en nuestro país desde 1906. Las firmas Arronga y Lozano y Juan Arronga poseían en conjunto cerca de 50 leguas cuadradas de tierra con bosques, obrajes y aserraderos. Esas tierras fueron adquiridas en parte al Banco de la Provincia y estaban ubicadas en Intiyaco, Los Amores, Las Chuñas, Los Quebrachos, y comprendían también las que pertenecían a López y Blanco. El asiento principal de los obrajes estaba en Intiyaco. Agobiadas económicamente por la caída de precios, fueron adquiridas por La Forestal, como los bienes de otra firma, Urdaniz y Cía., en el Chaco, y por el mismo procedimiento sucumbió la firma Ernesto Teopecke y Cía., que iniciara un buen plan de desmonte creando propietarios al este de La Forestal hasta que ésta impuso sus tentáculos allí, como en Reconquista, adquiriendo y levantando luego la fábrica de tanino de Enrique Pfhal. El importante establecimiento de Pedro Etchelouz fue también fagocitado por ella.

A estos derrumbes de industrias de capital nacional, le seguía la compra por parte de La Forestal; pequeñas empresas comparadas con el poder del monopolio ejercido desaparecieron sin dejar antecedentes muy fáciles de hallar, especialmente cuando su actividad forestal estaba circunscripta a la labor de obraje sin elaboración de tanino. También de esas adquisiciones provienen cifras sobre el número de hectáreas o leguas de que era dueña la compañía que no coinciden con los distintos datos que utilizaron legisladores de la época. Así es como el diputado Filiberti, en 1915, dice que la empresa poseía 704 leguas 2 kilómetros cuadrados, equivalentes a 1.761.741 hectáreas, manifestación hecha en una laudatoria exposición destinada a exaltar el nombre de La Forestal; y el diputado Belisario Salvadores afirmaba en 1921 que, en cifra global, abarcaba una superficie de 863 leguas incluyendo las arrendadas a José I. Gálvez, lo que hacía una extensión de 2.100.000 hectáreas.

Hemos comprobado en planilla de la Dirección General de Rentas, correspondiente al año 1916, que la Compañía pagaba solamente en la provincia de Santa Fe impuesto inmobiliario por 1.602.655 hectáreas, lo que corroboraría el cálculo de Salvadores para el total de sus dominios incluyendo el Chaco y las tierras arrendadas. Pero no se trataba exclusivamente de tierras con bosques de quebracho colorado, ni estaban todas ellas ubicadas en el norte, donde pudiera creerse que su valor productivo para ganadería o agricultura fuera reducido. Poseía latifundios en tres de los departamentos con las tierras más feraces, en el centro y sur de la provincia de Santa Fe, donde su valor de producción para cultivos agropecuarios y cerealistas es de índice elevado. En el departamento San Martín poseía 4.049 hectáreas; en Belgrano, 4.164 hectáreas y en el departamento General López, en el sur de la provincia, tres campos, uno de 10.801, otro de 1.843 y un tercero de 2.305 hectáreas, más una fracción de 2 hectáreas que hacen un total en General López de 14.173 hectáreas de las mejores tierras cerealistas y ganaderas, dedicadas a estancias, según plano de mensura judicial de las 4.049 hectáreas del departamento San Martín.

De haberse impuesto un régimen previsor en la distribución de la tierra pública tendiente a formar propietarios con explotación mixta, trabajadores directos de la tierra, en esas 22.173 hectáreas pudieron existir, no uno solo, sino 110 propietarios con 200 hectáreas cada uno. Y en el resto, comprendido en la zona boscosa, un régimen equitativo y beneficioso para la población pudo crear en 2.099.827 hectáreas, 695 propietarios de 3.000 hectáreas cada uno, con títulos que establecieran condiciones sobre la explotación de bosques, bajo legislación de orden público, aun admitiendo la entrega obligatoria de la madera de alto rendimiento de sustancia tánica a compañías industrializadoras, como un elemento esencial del titulo de propiedad.

Las adquisiciones de tierra con bosques están previstas por la compañía en la distribución de beneficios. Según un estudio publicado en Londres, La Forestal tiene un fondo de reserva para la amortización del capital que representan los bosques, y adquiere nuevos bosques que contienen más madera que la extraída. En otras palabras, con el capital que representa el valor de un bosque, podía adquirir tierras con maderas de quebracho colorado. Lo que se llama un negocio magnífico desde el comienzo, puesto que la provincia no tuvo en cuenta el valor de los bosques cuando vendió las tierras a menos precio del que tenía en ese momento, ya que Gabriel Carrasco, en el censo de 1887, calcula que el precio de una legua «en los distritos más alejados» era de $ 14.000 y el gobierno vendió a $ 1.500…

No sería extraño que finalizado este aspecto del estudio, cuando otros temas nos lleven a analizar nuevos antecedentes, nos encontremos con que el monstruoso latifundio no ha concluido de extenderse aún entre 1906 y 1921. Nos quedarían por considerar en detalle las adquisiciones en el Chaco donde, según informe de un ex empleado, poseía más de 400.000 hectáreas; las de Formosa, Santiago del Estero, Salta o las del sur de la república, donde probablemente es propietaria de tierras puesto que allá fue trasladado un funcionario en años recientes. Con ello se completaría el cuadro más asombroso de poderío en bienes territoriales que haya tenido una empresa extranjera de la industria forestal en nuestro país.

Son las dificultades para precisar las cantidades, las que nos obligan a mantenernos en la aproximación de las cifras. Ello da una idea de la falta de publicidad especializada sobre la propiedad de la tierra en las provincias y en la nación. En esa aparente vaguedad se ha manejado La Forestal, puesto que los datos que ha proporcionado en 1915 al diputado Filiberti no explican procedencia clara ni exactitud en las cantidades. Pero ciertamente en su organización no ha escapado ningún detalle reservado para su propia utilización con fines empresarios, de aquí que tuvieran ascendiente sus agrimensores e ingenieros hasta en los estrados judiciales donde se aceptaban sus estudios, según el diputado Salvadores. A lo anormal de la vastedad del feudo enclavado en suelo argentino, se añadía lo anormal del procedimiento denunciado por el legislador.

Chimenea y ruinas de La Fábrica que en 1902 inició en Fires Lille la producción de tanino en la provincia de Santa Fe, y que originaría a «La Forestal».

Obrajes y obrajeros

1

La industria del extracto de quebracho comienza con el golpe del hacha que abate el árbol y concluye en el expendio del tanino. En ese tránsito, que se inicia en los bosques y que tiene por meta las fábricas, toda una gama de labores forestales crean el atractivo peculiar de las zonas caracterizadas por cierto primitivismo que le viene desde el fondo de antiguas sugestiones salvajes. Porque el bosque fue del dominio del indio expulsado por fuerzas armadas, reducido en poblaciones misérrimas ubicadas en torno de los que fueron fortines, o alejado de su medio en un constante deambular de un punto a otro siguiendo el itinerario azaroso de sus conchabos, con frecuencia gratuitos. El bosque tuvo y tiene ese fondo viejo de salvajismo, y si se ha perdido su directa sugerencia de sitio para cualquier sorpresa, para cualquier riesgo de la vida, es porque otras generaciones le han puesto sus manos, lo han hollado a golpes de hacha y machete. Pero aun así el bosque tiene algo de hermoso, de magnifico y de amenazante a la vez. No es el medio natural donde viviría el hombre que no fuera valeroso. Todo lo que en él se hiciera tiene los contornos del sacrificio enorme, y aun de la intrepidez. Es el medio bárbaro donde se introdujo a fines del siglo el hombre, por lo general de otras provincias, que iba a padecer todas las penurias, todas las injusticias que fueran reveladas o reconocidas hasta por quienes tenían ojos y no querían ver… Pero allí, en los obrajes, lo que ha ocurrido, lo que ocurría, tuvo en ellos resonancia inevitable. Porque el trabajo del obrajero,[1] por sí mismo, era —y en otras circunstancias lo sigue siendo— suficiente para hacer reconocer que, de cualquier manera, podría convertirse en víctima. Víctima de la naturaleza y víctima de la avidez de lucro de quienes, para obtenerlo, contaban con la existencia de esos hombres, rudos, enérgicos, analfabetos en su casi totalidad, para dar el paso inicial de la industria: el que tiene por escenario el bosque, el que comienza con el golpe del hacha. No se trataba de bosque de quebracho colorado solamente, porque ésta es una planta que nunca se halla sola, ni rodeada exclusivamente por las de su especie. El bosque de donde se extrae el quebracho colorado —el chaqueño— es bosque fuerte con una multiplicidad de especies arbóreas, intrincadas, tupidas, y de hierbas y arbustos que lo hacen más cerrado aún. En él no se penetra sino a filo de machete, a golpe de hacha, y si lo recordamos, es porque de alguna manera debemos colocar al lector frente al escenario donde se ha de mover el más sacrificado y también el hombre menos valorizado en la escala social bien demarcada con el trato diferencial de las empresas, y especialmente por La Forestal, que utilizaron al obrajero, y del cual no ha quedado, como trabajador de los primitivos tiempos del rollizo y del tanino, sino el recuerdo de hechos, de relaciones interhumanas que no enaltecen ni a los extranjeros ávidos, ni a los argentinos que amasaron su riqueza a costa de ese ser que era, para ellos, tan esencial como la existencia misma del árbol codiciado.

El bosque de quebrachos tiene todo lo necesario para hacer de su medio un ambiente de rechazo del hombre, y cuando el hombre entra a trabajar en él, sabe que sus ojos, sus oídos, sus instintos, deben estar alerta. El accidente es algo consustancial del trabajo del hachero, y la muerte depende de un descuido. En Golondrina, en épocas de crecidas de las cañadas, cuando todos los seres vivientes de las abras y bosques inundados buscaban refugio en los altos donde el obrajero estaba instalado trabajando, más del cincuenta por ciento de los accidentes eran picaduras de víboras y los tribunales reconocieron que la muerte por ese motivo, ocurrida durante las labores en los bosques, es accidente de trabajo. «Trabajo asesino» le llamó un periodista, y no exageraba, como tampoco exageraba cuando le llamó brutal.

No siempre el bosque era trabajado en meses de verano, porque el obrajero no resistía las agresiones de insectos voraces multiplicados al amparo del calor y la humedad. Polvorines, piques, tábanos, garrapatas, mosquitos, viuditas, mosca brava y jejenes hostilizaban o le trasmitían enfermedades al hombre, a las mujeres y niños metidos en la maraña donde es señor del bosque el quebracho colorado. Para estar en él —desnudo el torso del hachero— no era suficiente ni el incentivo del trabajo, ni el imperio de la necesidad de vivir. La resistencia del hombre cedía ante la amenaza, más que de muerte por picadura de yarará, de la molestia permanente del escozor agudo, ardiente de los insectos. Y cuando a pesar de ello permanecía en el obraje, a fuerza de vivir rudamente en la naturaleza, se había convertido en un ser cuya sensibilidad estaba dominada por la voluntad de trabajo. A ese hombre era al que se lo explotaba brutalmente.

El obrajero de la primera época fue un hombre excepcional valorado por su enorme capacidad de rendimiento, pero subestimado como ser que necesitó la protección previsora de las leyes. Fue un desamparado que por su origen, su incultura y, quizá por su misma aceptación de condiciones infrahumanas, fue señalado como hombre bárbaramente explotado, pero no auxiliado con acierto: se pidió, a veces, que se crearan escuelas… pero vivió y murió en la miseria y el abandono social.

Alejo Peyret conoció obrajes, a fines de siglo, en la zona de Florencia, en tierras que luego serían de La Forestal, y vio caras bronceadas que «aparecían entre la vegetación enmarañada representando el mínimo de civilización y de sociabilidad». Y muchas décadas después quien viera fotografías[2] de jornaleros de La Forestal, podría decir que desde Peyret hasta la fecha, aquellos hombres que vivieran en las condiciones de jornaleros de obrajes, habían avanzado muy poco más allá, por su aspecto miserable, del estado primitivo de que dejara testimonio el director de la colonia San José. «Es una desgracia», decía un ex empleado de la empresa, refiriéndose a trabajadores forestales del Africa, «pero es así…».

2

Los obrajeros constituían el grueso de las poblaciones improvisadas en los desvíos y picadas internados en los bosques. Formaban una gran mayoría en el cuadro demográfico de las zonas que abarcaron las explotaciones de La Forestal. A principio de siglo, considerando el total de las poblaciones de los departamentos Vera y General Obligado de la provincia de Santa Fe, incluyendo antiguos y recientes habitantes de pueblos y colonias en las que nada tenían que ver las actividades de La Forestal, las estadísticas indican un total de 27.716 habitantes en Vera y 32.964 en General Obligado entre población urbana y rural; veinte años antes, en 1895, el primero tenía 7.000 y el segundo 12.000. El incremento de población desde 1895 a 1914 se explica por el desarrollo rápido de los trabajos forestales, de la «explotación fabulosa» —diría Pinasco— de los quebrachales, al comienzo de Harteneck y Cía., por «La Forestal del Chaco», la Taning Santa Fe, la Argentine Quebracho Company y los obrajes de propietarios no empresarios, después, y por último, por La Forestal que prácticamente cubrió con sus explotaciones de bosques la actividad obrajera del Chaco santafesino, monopolizando el comercio del rollizo y la producción de tanino. A su vasto dominio afluyeron los obrajeros. Ello no significaba un aumento demográfico de procedencia inmigratoria europea, como en el caso de las colonias agrícolas del centro y sur; fue un fenómeno muy singular de migración interna —probablemente fomentada en Corrientes donde tenían intereses los Harteneck— distinto de aquellas otras, periódicas anuales, más o menos importantes relacionadas con el trabajo agrícola en las regiones cerealistas. Desde Corrientes afluyó el grueso de los obrajeros y los correntinos fueron, por excelencia, los hacheros más sobresalientes; conjuntamente con ellos se destacaban por su número, aunque en escala menor, los santiagueños, los chaqueños y paraguayos, y los testimonios concuerdan en cuanto a sus condiciones personales caracterizadas por la tendencia al trabajo rudo, por su habilidad en el manejo del hacha y el machete. Era la masa que por su número daba la tónica del estado social de la región en el norte, por sobre lo que pudiesen significar los obreros de fábrica y los empleados de administración, y aun por sobre la trascendencia que pudiesen tener las poblaciones, como Villa Ana y Villa Guillermina. Porque éstas eran un aspecto visible y capaz de provocar admiración en su época de florecimiento, pero constituían un mínimo sector humano en la vastedad del Chaco. Lo que no se veía abarcado en conjunto, la masa de obrajeros en los bosques, cuadruplicaban, con los peones de playas y carreros, la población urbana. De acuerdo con el cuadro general de sus costumbres, de sus modalidades, de sus viviendas, sus vestidos y su vida de pobreza, se imponían en el criterio de quienes profundizaban su mirada para ver qué ocurría en los quebrachales. La situación de los obrajeros fue motivo de preocupación pública documentada desde antes de 1915, y hasta quienes tuvieron buena voluntad para ver con cristales sonrosados lo que se llamara el progreso del norte tuvieron que decir, cargándole la culpa a los contratistas, que el obrajero era un hombre del cual se abusaba.

La labor de explotación del bosque, es decir, para voltear los quebrachos colorados, cargarlos en cachapé y traerlos a las playas ferroviarias, tuvo una organización que fue modificándose con el tiempo, a veces por salvar en parte la responsabilidad de La Forestal ante la crítica pública por el sistema utilizado, en perjuicio del obrajero, y otras para mayor rendimiento del trabajo. Son distintas etapas que no se pueden precisar exactamente en el tiempo, pero que coinciden con el desarrollo del pensamiento social de los obreros, con sus movimientos organizados y con la resonancia de ciertas actuaciones legislativas promovidas por denuncias periodísticas. Esas coincidencias no explican todas las modificaciones en el sistema de la explotación de los bosques, ni en el trato hacia el hachero, pero vienen aparejadas como de causa a efecto.

Entre La Forestal y los obrajeros se había interpuesto a los contratistas, responsables aparentes de todo el sistema implantado para la explotación de los bosques, pero por más que se quisiera desligar a la empresa de las consecuencias del régimen imperante bajo la égida del contratista, a éste se lo consideró siempre como un dependiente de la Compañía, no sólo en cuanto a la opinión del obrajero sino en las derivaciones judiciales de hechos y derechos reclamados.

3

En una primera etapa, al contratista se le asignaba para su explotación una extensión de bosque cuya superficie era determinada en forma imprecisa: la deslindaban accidentes geográficos, una cañada, cierta abra, etc., o alambradas que separaban campos. Dentro de ella debían derribarse los quebrachos colorados, asistida la sección por ramal ferroviario del sistema Decauville, bajo la responsabilidad de un mayordomo de monte que vigilaba el cumplimiento de la explotación. El contratista reclutaba los peones, pero su ingreso era a su vez supervisado por La Forestal, a quien se le daba cuenta de su condición de jornalero en las secciones. Sin su visto bueno, nadie podía ser admitido, lo que demuestra la dependencia del contratista. Si es verdad que fueron los contratistas los que más abusaron del obrajero, ese abuso no era desconocido ni por la empresa ni por los poderes públicos. El legislador Filiberti decía en 1915: «Se ha informado ya que la empresa realiza el trabajo en los montes por intermedio de los contratistas, y es allí donde el peón sufre las consecuencias de su aislamiento con todas sus asperezas. Lejos de los centros poblados, internados entre los bosques, ejecutan una labor ruda y penosa. También se nota allí una mala práctica, de la que como lógica consecuencia fluye el abuso. Con frecuencia los contratistas pagan con vales, y, como se demoran en abonarlos, los obreros se ven obligados a negociarlos y en esta operación van a pura pérdida. Allí, como en todas partes, hay usureros implacables».[3] Y el diputado Saccone, que abogó ardientemente a favor de La Forestal, decía sin embargo, que «la explotación de los montes está entregada a los contratistas, que nada tienen que ver con el personal de la Compañía y que son también los únicos que ejercen y persiguen la explotación económica de los hacheros y carreros, que forman el núcleo más importante de los trabajadores de la zona».

El contratista fue el chivo emisario —eso no lo quiso ver el diputado Saccone—; sobre él se quiso descargar la responsabilidad del régimen servil impuesto. A pesar de las apariencias, los obrajeros trabajaron en condiciones muy próximas a la esclavitud, a cambio de la comida, el vestido y ciertos esparcimientos. Conservaban su libertad para conchabarse o no en La Forestal; si elegían lo último, debían salir de sus dominios, a veces expulsados con agentes policiales…

Éstos son los elementos que constituían sus relaciones de dependencia: 1.°) El obrajero se conchababa indirectamente con La Forestal por intermedio del contratista; la empresa respondía por accidentes de trabajo, le imponía cierta forma de seguro, le entregaba materiales para vivienda, etc. 2.°) Ingresaba al trabajo del monte, si era casado, con su mujer y sus hijos. 3.°) Por la cantidad de madera puesta en condición de carga, se le fijaba lo ganado. 4.°) Estaba obligado a comprar todas las mercaderías necesarias al contratista, que a su vez debía adquirirlas en La Forestal. 5.°) Sé le pagaba con vales, y los vales, o las fichas en su caso, volvían a manos del contratista casi siempre sin entrega de dinero, porque todo lo insumía la alimentación, el vestido, la bebida y aun las deudas por juego contraídas con el contratista cuando oficiaba de «aviador» en las jugadas, o por préstamos, Cada semana trabajaba de esta manera y todo el pago volvía a las manos del que lo conchabara. En resumen, cambiaba su fuerza de trabajo por la mantención… Sólo le faltaba el azote y la pérdida total de la libertad para ser un esclavo. ¡Y el diputado Filiberti decía que le faltaba el hábito del ahorro!

En muchos casos se instalaba en el monte con su familia. La mujer y los niños —hasta de diez años— ayudaban al hachero limpiando las marañas en torno al tronco del quebracho que hacharía después el hombre; no percibían salario, porque su labor consistía en una ayuda prestada al marido o concubino —el concubinato suplía casi siempre al matrimonio—, que trabajaba a destajo, como en la actualidad. La labor de la familia estaba comprendida en cuanto al pago, en lo que cobraba el obrajero. Sobre esa población de trabajadores: del bosque que sumaba miles de seres humanos, ejercía su explotación en beneficio de La Forestal y en el propio, el contratista. Pero éste a su vez gozaba, por lo menos en la primera etapa de la explotación de los bosques en el Chaco santafesino, de una sola libertad con respecto a sus ganancias: exprimir sin restricciones al obrajero. Porque por otro lado, en cuanto al cumplimiento de su deber de explotar la sección de bosque asignada, estaba atado a condiciones estrictas con respecto a La Forestal. Para que sus prestaciones le resultaran beneficiosas, se convertía en un abusador del obrajero, con conocimiento de la empresa.

La Forestal le entregaba una suma determinada por la cantidad de toneladas de madera recibida por balanceros de la Compañía y depositada en las playas. Con relación a esa suma se le ordenaba por escrito cómo debía distribuirse para el pago al hachero, carrero y cargador. Lo que le quedaba constituía su ganancia; pero no se le abonaba la totalidad del valor que representaba la madera entregada: se le retenía un 10% como garantía de playa. Si al levantar de allí la madera faltaba peso con respecto a la liquidación primera, ese 10% retenido respondía por la existencia en menor cantidad. La falta de peso podía producirse por el estacionamiento prolongado de los rollizos verdes o con picaduras o partes desmejoradas que al limpiarse hacían perder peso. Sobre esas disminuciones se hacía actuar la garantía. La madera en malas condiciones no era recibida por la Compañía, lo que importaba hacer suya la retención hasta la parte no recibida. Todas las herramientas de trabajo (hachas, machetes, piedra de afilar) las proveía La Forestal al contratista, y éste a su vez las vendía al obrajero y era responsable ante la empresa del pago; toda pérdida o sustracción era riesgo que él soportaba. Esto explica —aunque no justifica— que en la práctica el contratista aumentara con exceso abusivo el precio de las herramientas entregadas. Era responsable también de los elementos de protección contra accidentes provistos por La Forestal en una etapa más reciente de la explotación de bosques. Se les entregaban a los obrajeros —alrededor de 1930— alpargatas con punteras de acero, canilleras, anteojos protectores de vidrio inastillable, banda absorbente para cubrir la frente, guardafilo de cuero para el hacha y vainas para machetes, guantes de lona reforzados. De la conservación de todos esos protectores se responsabilizaba al contratista. Cuando hubo que realizar aportes para servicios médicos, o reajustes de jornales, o descuentos por seguros, el importe era acreditado al contratista, pero éste debía retener aportes o efectuar pagos y exigir recibo a nombre de La Forestal.[4] Todos estos elementos convencionales colocan al contratista en relación de dependencia con respecto a La Forestal, porque además era supervisado por un mayordomo de bosque, empleado de la Compañía, que vigilaba el estricto cumplimiento de órdenes sobre la explotación determinada en la sección que se le asignara. Se les acordaba, además, premios a los que tuvieran menor cantidad de accidentes entre los obrajeros de su zona, que era una forma de incentivación para disminuir a la Compañía los problemas derivados de la protección legal al obrero accidentado. Se revestía la entrega de esos premios de ciertas formas para darles significación, reuniendo al jefe médico con los médicos de la sección, al gerente, mayordomo, contratistas y alguna otra persona con cierta autoridad de mando sobre los obreros y empleados, y durante un almuerzo se distribuían entre los contratistas, según hubiese habido menor o mayor número de accidentes en su zona, lapiceras, relojes, etc. Estos actos constituían elementos que, para mayor abundamiento, deben ser considerados como provenientes del empleador hacia el empleado. Un contratista, por todo ello, era un dependiente de la empresa cuando explotaba bosques de sus dominios. Ni siquiera podía tomar, como hemos dicho, obreros por su propia iniciativa, porque eran conocidas las restricciones, que pesaban sobre determinados nombres, cuando estaban comprendidos en las «listas negras».

Sus abusos fueron conocidos desde el comienzo, porque se servía, para perpetrarlos, de los mismos medios que le proporcionaba La Forestal, que no ignoraba absolutamente nada de lo que pasaba en su feudo. Como contratista, se le adjudicaba el derecho de vender a los obrajeros de su dependencia —entendido por obrajero tanto el hachero como el carrero y peón de playa— todas las mercaderías necesarias para la alimentación, el vestido y las bebidas, y los obrajeros debían comprarle exclusivamente a él o a los almacenes de La Forestal. El comercio ambulante en los obrajes no existía ejercido por personas extrañas a la Compañía. Allí el contratista les vendía todo lo elemental para la subsistencia y para sus vicios. Ya llegaría el momento de implantarse otras formas creadas para rescatar de manos del obrero y del obrajero todo el dinero, o todos los vales o fichas con los cuales se les abonaran sus jornales. Por lo pronto, la mercadería que La Forestal le vendía al contratista con un 10% de descuento sobre precio al menudeo, era recargada por éste con un 50%,[5] y ese comercio vergonzoso se realizaba en la soledad de los montes, donde vivía la mayoría de los trabajadores de La Forestal, sin ninguna posibilidad para el obrajero de defender su salario del abuso, porque La Forestal impedía la entrada de comerciantes libres, para asegurar su propio lucro. La carne era pagada casi el doble por el obrajero, con respecto al precio en carnicerías de La Forestal, donde compraban obreros de la fábrica de tanino y empleados de administración. La carne era la base fundamental de la alimentación y era asunto conocido que su calidad no sólo era mala, sino a veces pésima. La Forestal faenaba para ese consumo los bueyes viejos, inservibles ya para el trabajo. La práctica de elegir los peores animales para el mercado interno de la Compañía se extendió, en algunos puntos de sus dominios, hasta nuestros días. «Toros viejos hemos visto carnear para la peonada», nos decían en Santa Lucía, en 1965.

Las condiciones impuestas a los contratistas tuvieron pocas variantes con el transcurrir del tiempo. Hugo Humberto Manni, que trabajó para La Forestal desde 1950 hasta 1963, respondiendo a un cuestionario de la Comisión Bicamarista de investigación a La Forestal Argentina S. A., manifestaba que a su juicio “puede estimarse en el 90% el capital del obraje que pertenecía en propiedad a La Forestal conforme al valor de los elementos de trabajo, y el 10% lo aportaba el contratista, y con respecto al aporte qué hacía el hachero puede considerarse nulo. [Se trataba de demostrar la relación de dependencia del contratista con respecto a la empresa]. Que también los mayordomos indican la forma de elaborar la madera y están vigilados en forma permanente los hacheros con mayordomos de obrajes, tanto o casi igual como vigila al contratista; que con respecto al rechazo de la madera la sociedad rechaza al contratista y no al hachero, porque tienen instrucciones por escrito los contratistas, que es una circular emanada de La Forestal, donde queda indicado el modo de elaboración y su rechazo. La sociedad determina el número o cantidad de hacheros que el contratista debe tener. En el año 1962, cuando los contratistas fueron al Chaco en busca de hacheros, fueron acompañados por el mayordomo de La Forestal, señor Octavio Villoria, y trajeron una cantidad de unos 200 hombres en junio de 1962. La sociedad se encargó de darle cierta cantidad de hacheros a cada contratista. Los gastos de traslado los pagaron los contratistas hasta el 50%, de conformidad al número recibido.

A fines de noviembre de 1962, La Forestal ordenó despedir a todo el personal que no tuviera un año de antigüedad para que no lo cumpliera. Que con respecto al salario o jornal del hachero, era La Forestal la que lo establecía o le comunicaba al contratista, de acuerdo con lo establecido cada año por las resoluciones que dictaba la Comisión Paritaria del Trabajo Rural N.° 5, de la ley 11.020. Suministraba la carne, que era transportada por medio de ‘zorras’ tres veces por semana, y a su vez los contratistas la fraccionaban, porque venía en piezas, y la distribuían a los hacheros con un precio directamente fijado por La Forestal, quien bonificaba a los contratistas con $ 0,50 por kilo; con ese producido debían pagar al hombre que la fraccionaba y que la llevaba al monte”.

Se les retenía en esos años $ 0,50 por cada tonelada de madera entregada hasta cubrir la suma de $ 4.000, en concepto de garantía de la buena explotación de las fracciones de bosques entregadas. Dicho fondo se le devolvía al contratista al terminar la explotación de las fracciones que el contratista hubiese empezado y no hubiese dejado terminadas a satisfacción de La Forestal, quien en otro aspecto, no se hacía cargo de las leyes sociales que beneficiaban a sus contratistas por considerarlos independientes.

La comida en los bosques estaba a cargo de las mujeres de los obrajeros o de obrajeros que se reunían con el fin de hacerla y consistía en asados, guisos o locros. En las cuadrillas de la administración de La Forestal, el régimen alimentario era similar. Se desconocían en absoluto las verduras y las frutas, y una proveeduría de contratista se reducía a vender arroz, azúcar, aceite, café, caña, fariña, fideos, galletas, grasa, harina, maíz pisado, sardinas, vino, yerba y, por supuesto, carne. Todo ello provisto por la Compañía y revendido a precios altos a los obrajeros. Con los contratistas, se dijo con frecuencia, comenzaba la explotación de aquellos miles de hombres sobre los cuales tenía control La Forestal, porque por más que se haya querido disimular las formas de dependencia para evitar que la culpa de la pésima situación social y económica del obrajero recayera sobre ella, por muchos motivos se la considera responsable, entre ellos, su poder suficiente para contener los abusos si eso se hubiera propuesto. El contratista, a pesar de las condiciones que debía cumplir y de las cargas que pesaban sobre él, fue en ciertos casos un favorecido por la Compañía. Si se quería que sus contratistas aparecieran como independientes de La Forestal, y responsables de lo que ocurría con los obrajeros, era porque las penurias, la miseria, y aun la mala vida que reinaba sobre éstos, bastaba para cubrir de oprobio todo un sistema brutal de explotación del hombre. Ese límite de separación no existía en los libros de contabilidad de la empresa, en los que estaban registrados los nombres de los obrajeros, día de ingreso y egreso y jornales pagados.[6] Por otra parte, en los pleitos por accidentes de trabajo, la empresa no controvertía esa dependencia, ni siquiera judicialmente, sino que de hecho socorría con ayuda social en caso necesario.

Decía el diputado Saccone —panegirista de la empresa—: «Los obreros dependientes de La Forestal gozan de un sueldo normal; son los que dependen de los contratistas los verdaderamente explotados». Si los créditos para el pago de jornales eran adelantados por la empresa al contratista a cuenta de la madera a entregar, estaban ocurriendo dos cosas: o la empresa regulaba el jornal o el contratista se quedaba con parte de él. En el primer caso, sobre La Forestal recaería la responsabilidad de la explotación a que aludía Saccone; en el segundo se estaba cometiendo una defraudación que de ninguna manera pudo haber pasado inadvertida dado la estricta vigilancia que se ejercía sobre el contratista. Los peones por otra parte, hubiesen tenido medios de información para saber que sus jornales no eran pagados en el monto normal, ni creemos que La Forestal hubiese consentido esa manera de quedarse con el dinero de los obrajeros. Lo correcto es interpretar que los jornales pagados eran miserables, ya que no alcanzaban a lo que normalmente ganaba —según el diputado mencionado— un obrero o peón de fábrica de tanino, y esa situación era consentida por La Forestal todopoderosa. Sobre el jornal de miseria recaía luego el zarpazo del comercio de alimentos, vestidos y vicios que se ejercía entre la masa de obrajeros.

Saccone dejó testimonios tan rotundos como éste: «En Colmena, cuando se paralizan los trabajos, los hogares sufren hambre y las mujeres se ven obligadas a recurrir a la Compañía en demanda de protección y de ayuda». Lo que calló es que no sólo en Colmena ocurría eso, sino en todos los obrajes y, en ciertos períodos, también en las fábricas de tanino. No dijo que La Forestal tenía más de cuarenta obrajes donde periódicamente el trabajo cesaba o disminuía, y que, así como en Colmena, la población del «estado» de La Forestal dependía de la caridad de La Forestal o del marisqueo: se alimentaban de aves y animales salvajes cazados en las abras y en los bosques.

Sin ese alimento subsidiario que aportaban los hombres «mariscadores», sin los tatú, peludos, mulitas, guazunchos, etc., la población de obrajeros, durante el receso de los trabajos, hubiera perecido de hambre o hubiera abandonado definitivamente la zona. Pero la caridad de La Forestal no es una virtud, es un motivo de vergüenza, y en otro aspecto, una medida previsora de la Compañía para mantener viviendo en sus dominios a la gente que luego necesitaría, desesperada por trabajar por cualquier salario. Esa caridad repartida entre miles de personas muestra en la contraparte el resultado de una lacra. Al capital imperialista no le interesa la caridad ni siquiera como una forma de cubrir las apariencias de socorro social, y bien ciego estaba el diputado Saccone cuando decía con su desesperante superficialidad: «La Comisión ha podido ver en un libro que se lleva, llamado de “limosnas”, pedidos por más de ochocientas raciones semanales que La Forestal regala a las mujeres y a los niños, porque no habiendo trabajo carecerían hasta de alimentos». ¡No se daba cuenta el diputado que en su provincia había poblaciones de limosneros que eran trabajadores de La Forestal, porque el alimento que figuraba a nombre de mujeres y niños debía ir a parar también a la boca de los hombres sin jornales, en la olla familiar. Los que no tenían trabajo eran ellos, y a su destino estaban unidas las mujeres y los niños! Más de ochocientas raciones semanales dadas en calidad de limosnas figuraban en un libro, y no aclara que cada sección debió tener su propio libro de limosnas para los limosneros de la zona; tampoco aclara que esos que recibían limosnas eran los que abatían los quebrachos colorados en los bosques, eran los que trabajaban en las fábricas de tanino, eran los obreros de La Forestal, sus mujeres y sus hijos.

No precisamente para crear poblaciones que para vivir debían recurrir a la caridad de la Compañía, había el Estado facilitado la penetración de intereses extranjeros en nuestro país, pero era su consecuencia. El testimonio, vertido en oratoria forjada en la ceguera o en espíritu de entrega avergüenza, por lo que afecta a masas trabajadoras argentinas que sucumbieron en la miseria mientras coadyuvaban a la formación de inmensos capitales que beneficiaron al extranjero.

En 1915 estábamos casi en condiciones, de repetir las palabras de Alejo Peyret escritas en 1888: los obrajeros vivían en un mínimo de civilización y socialmente en condiciones infrahumanas. Sólo nos podía adornar las imágenes de la miseria, la virtud cristiana de la caridad… Pero la potente realidad de pauperismo bien que empalidecía los méritos registrados en los libros de limosnas de La Forestal, y nos imaginamos al directorio, reunido en Londres, considerando con benevolencia esas dádivas vergonzosas hechas a los obreros argentinos. Estábamos apenas a un año de los preparativos para festejar las gloriosas jornadas de la independencia nacional…

Esas poblaciones de obrajeros que sobrevivían gracias a las limosnas estaban, sin embargo, en situación de privilegio con respecto a años anteriores, porque las limosnas de La Forestal eran de creación reciente. Calificaba el diputado de «obra humanitaria» realizada por La Forestal, a esas dádivas humillantes, porque su desinterés por la verdad lo llevó a no investigar su verdadera finalidad: mantener en su sitio y dentro de sus dominios a esa gente hambrienta que luego necesitaría. Eran los peones de los contratistas, los obrajeros, los que volteaban los quebrachos, los sin trabajo que luego se conformarían con vales o con fichas, con tal de comer y de tener esparcimiento en el juego y la bebida. Gente formidable con el hacha en la mano, y en la miseria, es decir, la más apta para el trabajo y la que se podía conchabar en cualquier momento y por cualquier jornal, hasta por el más miserable. La Forestal, con sus limosnas dadas a mujeres y niños pero aprovechadas por los hombres también, sostenía a los obrajeros que después proporcionaría a sus contratistas. El bajo jornal pagado permitía fijar un precio reducido a la madera entregada por el contratista, al que se favorecía con la habilitación para ejercer el comercio y con la libertad de explotar el juego —si lo quería— y las casas de bailes, que eran los preliminares del ejercicio público de la prostitución más escandalosa, del que existen numerosos testimonios. En 1935, el autor ha visto jardineras cargadas de rameras concurrir a carreras de caballos a pocos kilómetros de Villa Ana. Claro que esto ocurría con conocimiento de los directivos de la Compañía, desde que lo denunciaran legisladores y periodistas, sin que esos males se repararan hasta muy avanzado el siglo XX, por obra de los poderes públicos.

4

Decir que el latifundio es el origen de muchos males, es repetir una verdad bastante vieja. Si ese latifundio abarca dos millones de hectáreas en las que, además de los problemas que crean las grandes extensiones con un solo propietario, se agrega que el propietario es extranjero, entonces los males adquieren otros contornos, porque quienes los explotan hieren de continuo el sentimiento nacional en los hombres patriotas. Pero en el caso específico de La Forestal, no fueron los hombres de gobierno los que sintieron que allí se estaban lesionando los intereses de la patria, comenzando por el aprovechamiento abusivo del hombre argentino o su corrupción como ciudadano de un régimen democrático. Hubo legisladores que, en 1915, formando parte de una comisión investigadora, propusieron para corregir los males que venimos señalando en el ámbito de los obrajes, ¡la creación de escuelas!…

El aspecto subjetivo de las personas afectadas ha sido siempre la vía de escape para no afrontar en profundidad los problemas y darles una solución drástica. No dijeron que la pésima condición del obrajero obedecía a un factor psicológico, aunque hablaron de atavismo, pero repartieron la culpa entre el contratista y el origen geográfico de los obrajeros y sus costumbres negativas, pasando por alto el análisis a un sistema de trabajo que forzosamente mantenía en la pobreza y en la deambulación sin posible arraigo a la masa de trabajadores. Luis E. Filiberti, coinformante con Saccone, decía: «Los peones de los obrajes son, en su gran mayoría, correntinos y paraguayos. Debido a leyes atávicas, costumbres y medio ambiente, habituados desde la infancia a la ruda labor y a privaciones, son hombres hijos del rigor, de modo que sobrellevan sus pesadas tareas como si hubieran nacido para ese sistema de vida. Generalmente no tienen noción de economía y, así, derrochan todo cuanto ganan y se arruinan materialmente».[7]

Con ese criterio pasaba por alto hasta sus mismas aseveraciones en cuanto a la explotación que se ejercía por intermedio de los contratistas. No sabemos a qué parte del jornal se refería para destinarlo al ahorro, puesto que todo iba a parar otra vez a la misma mano que lo pagaba, también lo invertido en diversiones fomentadas con ese fin. En algunos obrajes, entre 1920 y 1922, el contratista instituía premios —cojinillo, poncho, caña, etc.— y repartía fichas como adelanto de pago de jornales para estimular el juego. El que quedaba con el mayor número de ellas ganaba el premio, con lo que quedaba caldeado el ambiente para proseguir las jugadas de taba en las que el mismo contratista oficiaba de «aviador» —cobrador de coima—, y al final del día, el dinero, las fichas o los vales volvían a su poder conjuntamente con lo que se había gastado en libaciones de bebidas que él mismo vendía, a veces por intermedio de «bolicheras» que eran mujeres traídas de exprofeso. Y se quería, desde la banca legislativa, que esos hombres hiciesen economía, que organizasen sus familias y adquirieran hábitos ordenados, allí mismo donde toda la acción del capitalismo conducía a exprimir al máximo y por cualquier medio a esos «hijos del rigor».

El contratista, sobre el cual se descargaba el golpe de la responsabilidad, era un hombre utilizado con fines de lucro insaciable y había caído en los vicios de un sistema que lo hacía culpable ante la mirada superficial de legisladores cuyas mejores intenciones perdían toda su energía durante las fastuosas recepciones en las casas de visitas. Allí, en salas ambientadas con muebles importados, de admirable estilo, iluminadas profusamente con lámparas eléctricas ajustadas con tulipas a las paredes sobre planchas de bronce repujado, y artefactos centrales de belleza desconocida en poblaciones del sur, y aun en ciudades, caminando sobre alfombras, sentados en sillones «de museo», mientras el whisky ascendía de la bodega en bandejas de plata labrada; allí, en Villa Guillermina, en un ambiente de confort moderno, y aun de lujo, donde la cocina no cedía en importancia a la de los más caros restaurantes y donde mirando hacia los patios el adorno de los jardines transportaba el pensamiento hacia un plano de paz, de recogimiento y de belleza construido todo para los directores extranjeros y visitas importantes—, muchos fueron los funcionarios y legisladores que terminaron por olvidar la miseria de los obrajes, las ranchadas de los suburbios obreros y el aniquilamiento de una fabulosa riqueza forestal en provecho de extranjeros. Luego, sentados en sus bancas o en sus despachos, cantaron loas al progreso del norte, o guardaron silencio, mientras el drama del hombre argentino metido en los bosques, el drama del quebracho colorado, se ahondaba en las fábricas, con la disconformidad obrera, y en la tierra dominada por La Forestal. Y sin embargo habían visto bastante como para levantar el tono en otro sentido, de manera que no fuesen las excepciones sólo uno que otro legislador —Alfredo Palacios, Belisario Salvadores, Amadeo Ramírez, José Gustavo Doldán, para citar algunos que dejaron testimonios— los que enfrentaran la realidad de una empresa que cubría su acción de aparente progreso con la exhibición de su propia inmensa riqueza, de su asombroso poderío, como si esa riqueza constituyera un bien general de los argentinos, permanente y necesario. Habían visto bastante y sabían lo suficiente como para —inspirados por sentimientos patrióticos— adoptar profundas medidas que hubieran hecho historia en nuestro país, Pero las mismas debilidades o las mismas concomitancias y compromisos que se observan cuando se trata de afrontar la acción de una reforma agraria que frenan las fuerzas políticas conservadoras, han frenado o no actuaron para liquidar —en beneficio de la nación— el poderío imperialista de La Forestal. Hubo, y existe, suficiente información como para tomar medidas de gobierno que protegieran, no solamente a los trabajadores que años después fueran masacrados o torturados en Villa Ana, Villa Guillermina, etc., sino al erario público, cuyos ingresos por pago de impuestos de La Forestal eran tan irrisorios como podían ser los beneficios que obtuviera un gobierno colonial del capital colonizador. El balance de La Forestal, para el ejercicio de 1916, fue calificado de «estupendo» por el diario La Razón; analizado por Salvadores en la Cámara de Diputados, éste decía: «Con los informes de la Dirección General de Rentas y los cuadros demostrativos de la misma repartición, se comprueba que “La Forestal Ltda.” paga anualmente por concepto de contribución directa y patentes a la provincia de Santa Fe, donde explota más de 2.100.000 hectáreas de tierra de su propiedad, aparte de las que tiene ocupadas en arrendamientos, además de las 64.551 hectáreas de los campos de Gálvez, menos de $ 220.000 moneda nacional, más el 70% del impuesto al quebracho tomando como base el rendimiento de los últimos ejercicios provinciales, lo que nos da $ 76.966, y tendremos que dentro de un cálculo excesivo, lo pagado anualmente al fisco por “La Forestal Ltda.” no alcanza a $ 300.000 moneda nacional. Bien: al gobierno inglés pagó “La Forestal Ltda.” por concepto de impuesto, el año 1916, las siguientes partidas:

Para el derecho sobre exceso de los beneficios, impuestos de guerra y a la renta y otras contingencias | £ 600.000.00.00
25% sobre el exceso de beneficios | £ 168.036.17.11
| £ 768.036.17.11»

o sean pesos moneda nacional 8.797.503,27. El gobierno de Su Majestad Británica cobró en concepto de impuestos $ 8.497.503 más, en un solo año, que el gobierno de la provincia de Santa Fe, de donde procedía el quebracho y donde estaban instaladas las fábricas de tanino. El P. E. se conformaba con un ingreso de $ 300.000… ¿Qué extraña pues que La Forestal impusiera el nombre del gobernador en ejercicio a una calle de Villa Guillermina, en memoria de su visita?

Ésa era la realidad que pudo ser comprobada por los gobernantes y por los legisladores que, para justificar la miseria de los obrajeros y peones de fábrica, los llamaban «hijos del rigor». Podría decirse que las cifras corresponden a 1916, un año después del informe Filiberti-Saccone, pero era de conocimiento público y oficial el balance de 1914, que sobre un capital integrado de £ 3.091.699, correspondía un activo neto de $ 26.000.000 moneda nacional. Las estupendas ganancias de La Forestal —el adjetivo es de La Razón—, que tenían su explicación, entre otros factores, en el bajo nivel de los salarios obreros y especialmente de los obrajeros, que formaban la masa más numerosa de trabajadores, no volvieron a modificar de inmediato, por parte del gobierno, el sistema impositivo, siguiendo el ejemplo británico. Los jornales del hachero, en la época que estamos considerando, no excedían de $ 2,20 diarios, y en 1933 la gerencia en Santa Fe manifestaba, en un juicio sobre indemnización por accidente de trabajo, que el hachero ganaba $ 3 diarios —y así lo aceptó el fallo— y que «un hachero trabaja de 18 a 20 días en el mes»,[8] lo que importaba $ 57. Una mediocre pensión para estudiantes cobraba, en ese año, $ 50 mensuales. Con un jornal de $ 2,20, mensualmente un peón cobraba $ 41,80, equivalentes a 10 kilogramos de carne aproximadamente. Lo asombroso no es que la gente sin trabajo, se alimentara con limosnas de La Forestal, puesto que con ese ingreso cualquier familia de obrero metida en los bosques debía forzosamente vivir en permanente estado de miseria. El diputado Saccone pudo decir esto sin ningún riesgo cuando manifestó que los obrajeros eran explotados. Pero a estas realidades aludidas en la Cámara de Diputados por la «comisión investigadora» de 1915, el miembro informante no las consideraba «impresiones objetivas» —según denominaba a las suyas—, las llamaba «referencias y fábulas»…

En cuanto a los impuestos, La Forestal no se sentía obligada, naturalmente, a dar más de lo que se le exigía desde los poderes públicos. Allí tuvo sus defensores y sus influencias. Decía el diputado Salvadores en 1921, página 289 del diario de sesiones ya citado: «Cuando en 1913 “La Forestal Ltda.” adquirió los bienes de la Compañía de Tierras de Santa Fe, entre ellos se incluyeron unas 80.000 cabezas, más o menos, de ganado mayor, cuya transferencia la ley grava con un impuesto especial, que no fue abonado por la empresa. Denunciado el hecho a la Dirección General de Rentas, “La Forestal Ltda.” es condenada por el gobierno de Santa Fe al pago del impuesto y multa, importando la liquidación $ 104.000 m/n. Apelada la resolución administrativa, el Superior Tribunal de Justicia la revoca eximiendo del pago a la compañía con un fallo tal que el Fiscal del Superior Tribunal, al notificarse de la sentencia, protesta de ella, manifestando que es violatoria de la Constitución nacional, parte pertinente, y su correlativa de la Constitución de la provincia. Esa sentencia, fue apelada ante la Suprema Corte de Justicia Nacional. Pocos días después de asumir el mando, el presidente pro tempore del Senado, señor Cepeda, por intermedio del ministro de Hacienda gestiona de “La Forestal Ltda.” un anticipo del pago por concepto de contribución que ésta debía hacer a favor de la provincia algunos meses más tarde. Por ese entonces la empresa tenía pendiente un asunto con el superior gobierno: discutía la contribución que se le exigía por uno de sus ramales ferroviarios, alegando que se trataba de una línea eminentemente industrial. Habían transcurrido varios años y el asunto corría sus trámites con sobrada lentitud y cuando todo anunciaba que la empresa remisa sería obligada a pagar más o menos 75.000 pesos, o en su defecto demandada, el ministro Meyer, de improviso, resuelve el asunto a favor de la empresa y ésta otorga el empréstito gestionado, “sin interés”. El P. E. negoció ese empréstito sin autorización legislativa y se olvidó de informar a las HH. CC. sobre el particular. […] debe reverse el decreto con que el ministro Meyer favoreció a “La Forestal Ltda.”, a expensas de la provincia, y debe también —concluía Salvadores— establecerse el verdadero destino que se les dio a los $ 200.000 de referencia».

Desde 1907, en materia de impuestos, la balanza se había inclinado a favor de La Forestal, y ni aun después, hasta nuestros días, sus ingresos fueron gravados en justa relación con la enorme destrucción y aprovechamiento para sí de la riqueza forestal, devastación operada en más de medio siglo, y que para tener un índice de las enormes ganancias que le ha reportado aprovechar la riqueza argentina y el trabajo de nuestros obreros, señalamos que en la década de 1947 al 57, según una publicación de la Comisión Intercamarista de Investigación a La Forestal, ésta habría ganado la suma de 50.000.000 de dólares. Y en seis años, desde 1958 al 63, según sus propias memorias y balances, ha ganado $ 750.157.452, líquidos, libres de pago de impuestos. No fueron menores sus ganancias, en conjunto, desde que comenzó a exportar rollizos, durmientes y tanino, desde 1905. Por supuesto que cuando en 1921 los obreros de la empresa se declararon en huelga por mejores salarios y contra la desocupación, no vaciló en permitir que su Gendarmería Volante utilizara winchesters y máuseres. Habían pasado seis años desde que se anotaran ochocientas raciones dadas de limosnas en los obrajes de Colmena…

5

El panorama de la vida en los obrajes no es privativo del norte de la provincia de Santa Fe; las conclusiones pueden aplicarse a todos los obrajes de la compañía expendidos en territorio del Chaco. Y si nos referimos sólo a La Forestal, es porque forma el tema principal del libro, pero no existió prácticamente ningún dueño de obrajes, propietario o no de la tierra, o sociedad con fines forestales, que no fuera acreedora a la marca de la opinión pública que señalara a los obrajes como centros de explotación inhumana del hombre y fomento de vicios. Tampoco escaparon al enjuiciamiento general de los latifundios como factores de atraso y como repulsadores de habitantes. En las zonas forestales, donde al trabajo en los bosques se unía la explotación ganadera, esta repulsa se convertía en expulsión armada de los habitantes no dependientes de las empresas. La Compañía Ganadera y Colonizadora del Salado, vecina y en litigio con la Compañía de Tierras de Santa Fe —que antecedió a La Forestal—, era dueña de 345 leguas cuadradas comprendidas en territorio de Santiago del Estero y Santa Fe, y tenía organizada una fuerza armada de cuarenta hombres al mando de Francisco Mena, «experimentado jefe oriental», con el propósito de perseguir «a los bandoleros y vagos que se refugian entre los montes de que abundan los campos». Esos llamados bandoleros y vagos eran los hombres que, expulsados de la tierra donde habían vivido durante varias generaciones, se conchabarían luego allí mismo o en otros obrajes, o se incorporarían al trabajo ganadero de la región. La Compañía Ganadera y Colonizadora del Salado, entre cuyos socios fundadores se encontraban Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Benjamín Butteler, Adolfo Bullrich, etc., trasferiría luego bienes territoriales al capital extranjero.[9]

El trabajo en los obrajes, así como la naturaleza transitoria de sus poblaciones, no difiere, en lo esencial, del fenómeno producido en los dominios de La Forestal. Desde el noroeste afluirían también los hombres y mujeres que padecieron en Santa Fe y Chaco el sistema de explotación de los bosques, en base a la concepción feudal del trabajo del hombre. Las agrupaciones de trabajadores indígenas no tenían un pedazo de suelo propio donde asentar sus hogares, ni tampoco tenían interés en constituirlos legalmente miles de jóvenes cuyos destinos no dependían de su voluntad, sino de las necesidades o de las maniobras de la compañía, que no proveía medidas para el asentamiento y porvenir de las poblaciones nuevas: cuando dividía y vendía tierra, apta para ganadería, no eran los obrajeros quienes entraban en sus planes. Éstos fueron siempre las víctimas del régimen, a pesar de su formidable capacidad de trabajo y de sacrificios. Menospreciados como hombres que carecían de instrucción y de ciertos hábitos de higiene o de costumbres que crea el bienestar, eran considerados como una fuerza de trabajo que debe ser atendida hasta el mínimo del límite necesario —alimentos, remedios— para que siguiera produciendo, y luego olvidada, salvo las excepciones que hacían que un obrajero se convirtiera en capataz… o en mayordomo.

Las generaciones de trabajadores que pasaron por los bosques y playas en obrajes de La Forestal dejaron memoria de asuntos penosos que subsisten en la tradición y en la realidad del presente en zonas que, llamadas antaño a ser de progreso, quedaron rezagadas con sus problemas enquistados hasta nuestros días.

6

Fueron los obrajes de La Forestal lugares poblados transitoriamente; concluida la explotación del quebracho colorado, sobrevenía la desocupación temporaria hasta el traslado a otros sitios de bosques vírgenes donde llegaba, por lo general, la línea ferroviaria de la compañía. En trenes especiales de doce a quince vagones se cargaban familias, llevando sus enseres domésticos, sus perros, sus chivos, sus loros y chapas para viviendas los que las poseían. Algunos hombres viajaban a caballo y formaban la caravana que se introducía en las picadas. Vivían luego en ranchos improvisados con troncos, ramas, cueros, o en «benditos»; las casillas de madera se utilizaron muchos años después. Un testigo de la época nos informa que la mayoría de los obrajeros, incluyendo mujeres y niños, dormían en el suelo, a veces en excavaciones —especie de zanjas— para protegerse mejor del frío. A estos males se los pretendía remediar creando escuelas para educarlos…

La vivienda llamada «bendito» no era más que una enramada similar a la utilizada por los indios. Cuando se inundaban los obrajes, la compañía enviaba vagones donde se guarecían. En los bosques, basta las exterioridades por las que se manifiesta la presencia del hombre eran un símbolo de la pobreza a que estaban condenados los obrajeros, sometidos a la férula de los contratistas y a la tutoría social de La Forestal. Se trataba, por lo general, de hombres jóvenes, de 20 a 30 años, que en raros casos soportaban más de diez años la vida del obraje en la misma zona; pero otros, unidos por vínculos matrimoniales o de familia natural, permanecieron al servicio de la compañía hasta que perdieron la fuerza física necesaria para el trabajo, pero La Forestal, que hacía pagos graciables a los obreros o empleados mientras gestionaban su jubilación o que acordara pensiones, se desentendía de los obrajeros fundada en que eran peones de los contratistas. Sus penurias fueron tan insoportables que muchos abandonaban las labores, y con el desarrollo de los cultivos de algodón y caña de azúcar en zonas próximas, comenzaron a preferir el cambio de actividad. Las quejas sobre el régimen imperante en los obrajes fueron tan numerosas, unidas al éxodo de obrajeros, que la compañía resolvió fijar los precios de venta de mercaderías en los obrajes para contener los abusos, obligando además a los contratistas a facturar las compras. Pero aún así, los abusos continuaron e introdujo una nueva modificación: fueron suprimidas las proveedurías de los contratistas y en cada ramal de vías férreas estableció sus propios almacenes ambulantes en vagones ferroviarios, uno para venta y otro para vivienda del personal. De tal manera La Forestal ejercía directamente el comercio prohibiendo, con carácter absoluto, esa actividad a cualquier otra persona en los obrajes. Los jornales de los obrajeros, en la parte invertida en alimentos, bebidas y vestidos, pasaba directamente a engrosar las ganancias de la compañía, sin necesidad de interponer al contratista, salvo en la entrega de carne. Perfeccionó también el método para adjudicar bosques a los contratistas, cuadrangulando superficies y clasificando de acuerdo al tipo de bosque en base a la densidad de quebracho colorado. Creó las cuadrillas por administración que explotaban el bosque dependiendo directamente de ella; lo que se pagara en esos obrajes podía servir de control a los obrajeros sobre los jornales abonados por los contratistas, que debían ser iguales. Pero la vida del obrajero, en definitiva, no varió. Con salarios bajos, condenado a periódicas desocupaciones, su miseria era un símbolo de la región del quebracho colorado constreñida al atraso o al estancamiento tanto por la acción de la empresa, encaminada hacia su propio lucro, como por la incapacidad o la indiferencia con que los gobernantes dejaron libradas a la voracidad del capital extranjero aquellas ricas tierras. Tanto no se mejoró la situación de los trabajadores, ni se diversificaron las fuentes de trabajo, que en el albor de 1920 ya se presentían graves días de tragedia en los que obreros compatriotas que amaban la justicia serían muertos a balazos por tropas argentinas que obedecían a intereses de la compañía extranjera.

Después de las conmociones sociales de 1921, cuando la misma Forestal proveyó a la despoblación de sus dominios con pasajes ferroviarios gratuitos o mediante la persecución sangrienta de sus gendarmes en los bosques, disminuido el personal de obrajes, se introducirían las destroncadoras Monkey, alrededor de 1923. El pasado dramático y bárbaro era reciente, el futuro siguió condicionado a los beneficios de la empresa. La legislación laboral vino después, cuando en la provincia de Santa Fe los bosques, por explotados, comenzaban a dar pretexto para clausura de obrajes, levantamiento de secciones y, por último, cierre de fábricas. Ya no existían las antiguas de Fives Lille y Calchaquí y tampoco la de Santa Felicia. Desde el fondo de toda esta trayectoria, generaciones de obrajeros argentinos, desaparecidas en el anonimato de la pobreza, de la vejez y del abandono social, esclarecen —por experiencia directa, visible y padecida— sobre lo que significa para un país la acción del capital imperialista, que encubierto por palabras de progreso, creación de fuentes de trabajo, introducción de capitales, etc., no hace más que dejar pobreza y atraso o ruinas, mientras se exportan beneficios tan enormes que, en el caso de las riquezas explotadas por La Forestal, hubieran sido suficientes para promover el bienestar no ya de una zona —la del quebracho colorado—, sino de todo el estado provincial. Esto es aplicable a lo que hoy llaman «ayuda a los pueblos latinoamericanos», incluyendo planes con respecto a los problemas de la tierra, creados por latifundios como el de La Forestal. En la reunión de Punta del Este, donde se aprobara la llamada Alianza para el Progreso, no faltó el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica a un texto declarativo sobre reforma agraria —hecho de por sí positivo—, y sin embargo léase cuál es la finalidad de aquella potencia imperialista mediante la Alianza para el Progreso. En el diario La Prensa, página 3 del 20 de setiembre de 1964, el secretario auxiliar de Estado, Thomas G. Mann, dice: «Estamos tratando de mejorar la Alianza para el Progreso, de manera que el pueblo norteamericano obtenga una mejor utilidad de sus inversiones en la democracia, en la decencia y en el progreso del continente». Y luego agregó: «Me gustaría decir hoy aquí unas pocas palabras sobre las mejoras que se han estado haciendo en la administración de nuestro programa de ayuda al exterior, a la América latina, y más recientemente a la Afianza para el Progreso, y sobre algunas de las cosas que se han hecho para que cada dólar gastado en el desarrollo económico y el progreso social en este hemisferio produzca exactamente un dólar».

La claridad de estas manifestaciones del secretario auxiliar de Estado vaticinan una ganancia del 100% sobre el concepto de «Ayuda». Si el espejo de los balances de La Forestal no fuera suficiente para que, mirándose en él, se aleccionen los estadistas argentinos, comparándolos con el arraso de medio siglo dejado en la región boscosa de Santa Fe y Chaco, las declaraciones del señor Thomas G. Mann constituyen una prueba rotunda sobre cuáles son los objetivos que mueven a los Estados Unidos de Norteamérica al interesarse por nuestra economía y por nuestra política interna y externa…

«La Forestal» del Chaco tenía su centro ferroviario en la estación Guaraníes.

Un impuesto y un secreto

El 12 de agosto de 1904 el Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la legislatura un proyecto de ley creando un impuesto «al quebracho que se extrajera de los bosques de la provincia» en cuyos fundamentos se daba por sabido que la industria forestal se ejercitaba en la región norte «favorecida por la naturaleza con numerosos bosques de quebracho entregados desde hace muchos años a la explotación particular, habiendo alcanzado en los tiempos presentes esa zona un considerable desarrollo de población y el establecimiento de grandes capitales». Por otra parte, el estado provincial debía proporcionar una activa atención administrativa, realizando erogaciones no compensadas en el presupuesto con contribuciones provenientes de esos departamentos norteños, de modo que la protección del Estado a los intereses cuantiosos que ya poseía la Compañía de Tierras y la Forestal del Chaco, eran protegidos con el ingreso de impuestos pagados en general por la población no radicada en el norte, por productores extraños a la actividad de la industria del quebracho que venía siendo exceptuada de todo impuesto desde el año 1899, lo que constituía un privilegio en favor de los empresarios del «oro rojo», que no pagaban siquiera impuesto por la materia prima que elaboraban extraída del territorio provincial: «Por consiguiente —agregaba el P. E. en su mensaje—, habiendo aumentado extraordinariamente la valorización de esas tierras y sus bosques, lo que permite gravar con un impuesto módico los productos de sus industrias para atender los mayores servicios reclamados y las obras públicas a realizarse, de cuyos beneficios, directa e inmediatamente, van a gozar, el P. E. cree que en toda justicia y equidad puede exigirse esta contribución, tanto más si se tiene en cuenta que actualmente están gravados los productos de la industria agrícola: el maíz, trigo, lino, etc., cuya obtención importa mayores sacrificios».

Las obras públicas a que se refería el mensaje comprendían la construcción del puerto de Santa Fe, utilizado por las empresas industriales del quebracho para la exportación de tanino y rollizos, previéndose que el impuesto al quebracho estaba destinado a constituir un «fecundo recurso para cumplir con las obligaciones que solemnemente contrae la provincia al emprender esa obra». Al tratarse el proyecto, el diputado Mundín dijo: «Respecto a este impuesto, pensaba desde hace un año que era necesaria su creación, y veía con pena que se estuvieran explotando nuestras riquezas públicas, que las constituyen hoy por hoy los bosques de madera, puesto que la propiedad de la tierra ya ha desaparecido; veía con pena,[1] repito, que sin ningún provecho positivo para la provincia, se estuviesen explotando los bosques, dejando después los campos casi inútiles para la agricultura y la ganadería».

Del contenido del discurso de Mundín se deduce que La Forestal, conjuntamente con otras empresas menores a cuyo apoyo recurre cuando le conviene, ya había opuesto objeciones al impuesto. «Yo no critico —decía Mundín— cuanto puedan observar los industriales, puesto que cada uno está en el deber de defender sus intereses; pero también la provincia debe defender los suyos. […] tiene derecho sobre todas las fuentes de sus riquezas públicas, y eso con mayor razón tratándose de una riqueza que debe desaparecer, quizás en el transcurso de veinte años. Ya los bosques sé encuentran muy destruidos, puesto que son miles de hachas las que diariamente golpean los troncos de quebrachos que para reproducirse necesitan el transcurso de los siglos».

El ministro de Hacienda estaba presente en la sesión, porque además se trataba el asunto del puerto, y el diputado Mundín finalizó su exposición felicitándolo «por haber tenido la valentía» de presentar a la Cámara el proyecto creando el impuesto al quebracho… ¡La valentía! ¿Era necesario ser valiente para propiciar desde el P. E. la creación de un impuesto que afectaba, en mínima parte, las ganancias de grandes capitales extranjeros? ¿Tan poderosos eran ya quienes se sentirían afectados por la tributación que era indispensable oponerles un ánimo templado en virtud guerrera para llevar adelante el proyecto? Antes de conocerse el proyecto se habían levantado voces influyentes en contra de él. El gobierno de Santa Fe no vaciló en 1891 en establecer el impuesto a los cereales, que afectó directamente a los colonos productores. No eran éstos trabajadores privilegiados; estaban soportando con la masa popular el peso de la crisis argentina, y muy especialmente los agricultores endeudados por compra de tierra gravada con hipoteca, los que recién se establecían, los que traían, de arrastre deudas anteriores con empresas colonizadoras, los que poseían poca tierra en las colonias primitivas, los que debían pagar mano de obra y empleo de máquinas, por carecer de ellas, en fin, toda la masa de agricultores, los creadores de la fuente principal de riqueza cultivada con su trabajo personal, con su propio sudor y sacrificios, era afectada con el impuesto a los cereales. Pero no se vaciló en crear el impuesto, en rematarlo a recaudadores privados y en proporcionarles la fuerza pública armada y regimentada para romper la resistencia campesina concentrada en actos de protesta. El escándalo de resonantes demandas judiciales no detuvo la mano del gobierno y el impuesto se impuso y se siguió cobrando, sin que los intereses de los campesinos tuvieran más peso que los intereses fiscales. Si ésa era la experiencia administrativa más reciente en cuanto a resistencia de los afectados, ¿por qué sería necesaria la valentía de un ministro para gravar un producto no creado por empresas explotadoras del quebracho, siendo riqueza natural equiparable a la de los minerales? ¿Por qué sería necesaria esa valentía cuando sólo se afectaba un grupito de personas de existencia física o de existencia jurídica? Desde más de diez años atrás se venían destruyendo bosques en beneficio de ese reducido número y se exportaban rollizos «en cantidades fabulosas»[2] sin que se gravara con impuesto su extracción. Las colonias que soportaban el impuesto a los cereales, en 1893, eran 341 y a principio de siglo sobrepasarían las 350 con una población trabajadora de más de 500.000 personas en una extensión de 3.458.392 hectáreas.[3]. Si no hubo inconveniente en afectar el producto del trabajo de esas colonias, ¿por qué vacilarían hasta la complacencia los gobiernos posteriores en gravar la extracción de una riqueza natural, realizada prácticamente por una empresa que poseía más de la décima parte de todo el territorio provincial? ¿Por qué necesitaba ser valiente el ministro que ahora propiciaba el proyecto, cuando sólo una empresa, La Forestal, surgía arrolladora camino a monopolizar la industria del quebracho y cuyos inmensos beneficios salían hacia Inglaterra?[4]. La tierra que poseía para obrajes superaba las 600 leguas. Y siguiendo el paralelo con los campesinos, éstos eran argentinos o inmigrantes definitivamente radicados en nuestro país, formando parte de nuestra población laboriosa; trabajaban con sus brazos la tierra propia o ajena invirtiendo su dinero en el país, como capital argentino; los industriales del quebracho eran en su mayoría capitalistas extranjeros que exportaban sus ganancias y que tenían como único fin el lucro, explotando mano de obra argentina. Las ganancias de los campesinos era limitada, escasa, insuficiente en general; las ganancias de empresas como La Forestal eran fabulosas, ¿por qué un ministro de Hacienda debía ser necesariamente valiente para crear un impuesto que las afectara, con cautelosa moderación, como se reconociera en la Cámara de Diputados al considerarse el monto del impuesto?

La historia de la explotación del quebracho se inicia planteando interrogantes cuyas respuestas estarán condicionadas por la sospecha de que una fuerza poderosa se mueve en contra de los intereses generales de la población y en defensa de privilegios, y de una autonomía amplia de su voluntad para hacer lo que más convenga, no al país y a sí misma, sino en exclusivo provecho de empresarios, a quienes el futuro de la Nación los tiene perfectamente sin cuidado.

Se eligió, para presentar el proyecto, la sesión de las cámaras que coincidía con el tratamiento de la construcción del puerto. Pareciera que la valentía del ministro no fuese más que un atributo personal disminuido por la oportunidad encontrada de fundamentar el nuevo impuesto, no porque la explotación del quebracho en escala fabulosa estaba demostrando hasta la evidencia el privilegio de los que lo aprovechaban, sin compensar al fisco, sino porque un puerto estaba por construirse… Era una forma de atacar por el costado lo que desde años atrás debió afrontarse con razones puramente fiscales fundadas en la justicia y la equidad. La construcción del puerto, además de urgir la necesidad de recursos, proveyó de razones al P. E. y alentó la valentía del ministro, con un proyecto que se quedó corto al establecer el monto del gravamen. En efecto, el impuesto creado por ley era de cuarenta centavos moneda nacional cada mil kilogramos o fracción de quebracho que se explotara de los bosques de la provincia para cualquier objeto, con excepción de la leña y fabricación de tanino; y el destinado a la elaboración de tanino, treinta y cinco centavos de igual moneda. Es decir, que se pagaría menos por el quebracho crecido durante siglos en el territorio como consecuencia de la naturaleza, que por los cereales sembrados y cosechados anualmente por los campesinos; se cobraría menos impuestos por el quebracho que beneficiaba a accionistas de empresa extranjera, que por el cereal que penosamente cultivaban argentinos e inmigrantes radicados e incorporados a nuestro pueblo y que padecían ya las consecuencias de los latifundios, del sistema de arrendamiento, etc., etc.[5] La Forestal Ltda. ejercía mayor poder, entre las bambalinas de los gobiernos que se sucedieron, con sus notas y entrevistas, que la masa popular que se revelara en 1891 por aplicación con auxilio de la fuerza pública, de un impuesto que resultaba irritante. La democracia fue siempre atacada desde arriba…

La industria del quebracho no exponía su capital —especialmente el monopolista de La Forestal— a las eventualidades propias de otras ramas de la producción —como no lo expone aun—, pues los bosques poseían inmensas reservas de quebrachales; en vez de acrecentar la riqueza natural, la destruía sin miramientos en beneficio propio, y a cambio de una ilusoria prosperidad de una región argentina que en definitiva iba a sufrir las consecuencias del inmenso latifundio donde se asentara.

El impuesto —según el proyecto aprobado, ley núm. 1231— comenzó a aplicarse desde enero de 1905. En mayo de 1906 se modificó la ley aumentando a un peso por tonelada de quebracho no destinado a extraer tanino, y a setenta y cinco centavos el destinado a ese objeto, ley núm. 1283. Pero el 21 de diciembre del mismo año —antes de ponerse en vigencia— el P. E. suspendió por decreto la aplicación de la ley sin facultades constitucionales que le permitieran tomar esa medida.[6] El P. E., con respecto a las leyes sancionadas por la legislatura, tiene facultad para vetarlas o promulgarlas y hacerlas cumplir, pero carece de facultad para suspenderlas. En ningún texto constitucional podría apoyarse para justificar esa medida que, por otra parte, afectaba ingresos al erario público. Puede suspender decretos emanados de él mismo, por contrario imperio, mas con respecto a leyes sancionadas por la legislatura invade jurisdicción con un acto de esa naturaleza y es nulo. La ley de impuesto al quebracho que aumentaba el gravamen fue suspendida en diciembre de 1906, y tuvo conocimiento la Cámara de Senadores el 25 de junio de 1907, al solicitársele la aprobación del decreto. Lo jurídicamente correcto en caso de que el P. E. considerase necesaria, imprescindible, urgente esa suspensión, era convocar a sesiones extraordinarias a las Cámaras solicitando la suspensión o modificación. No se hizo así y se demoró hasta junio para poner en conocimiento de las Cámaras un acto de tal importancia. El diputado Pesenti calificó al decreto de suspensión de «uno de los pimíos más trascendentales» llevados a la Cámara, y el senador Arroyo dijo: «Como se trata de un asunto tan serio, voy a presentar a la consideración de la Cámara una minuta de comunicación para que el señor ministro de Hacienda concurra al H. Senado a dar explicaciones sobre este asunto». Aprobada la moción, el senador Cepeda dijo: «Entiendo que al debatirse esta cuestión, van a tener que tocarse asuntos muy trascendentales para la marcha financiera de la provincia, porque posiblemente se harán manifestaciones confidenciales sobre asuntos reservados que no deberán traerse a la discusión en pro o en contra de este asunto en el debate que se origine».[7]

Se trataba de un impuesto al quebracho, cuya ley dé creación respetaba todos los principios constitucionales en materia tributaria; impuesto recaído sobre un producto de la naturaleza equiparable a los minerales en ese aspecto; se lo había recaudado desde el año anterior y suspendido a raíz del aumento que sufriera, aumento indudablemente justo, puesto que ya en 1904 ese monto había sido propuesto por un legislador. ¿Qué manifestaciones confidenciales debían hacerse en materia que, por ser imponible, debía tener fundamentos de amplia publicidad? ¿Qué razones extrafiscales justificarían el secreto? Porque de inmediato el senador propuso, y se aceptó, que la interpelación tuviera lugar en sesión secreta…

El mismo día en la Cámara de Diputados el legislador Pesenti cuestionaba la legalidad del decreto de suspensión y ejerció el derecho que le asistía como diputado, pidiendo la asistencia del ministro de Gobierno o de Hacienda con el objeto de interpelarles: «Yo deseo conocer las razones en que se apoya el Poder Ejecutivo».[8] Convenida, en presencia del ministro de Hacienda, la interpelación, dijo Pesenti: «Será en sesión pública, ¿verdad?, porque tratándose de un acto público es lógico que se le dé la mayor publicidad posible». Ministro de Hacienda: «Convendría que fuera en sesión secreta». Y aquí concluyen, en sugestivo misterio, las verdaderas razones del gobierno para suspender el cobro del impuesto al quebracho según la ley 1283, aplicándose la 1231 que equivalía a gravar, en menos de la mitad de la anterior, la destrucción a toda hacha de una inmensa riqueza argentina.

Pero conocemos las razones ostensibles, y publicadas, del poder administrador, contenidas en el mensaje solicitando la aprobación del decreto cuestionado y en los considerandos de orden económicos que fundan el mismo.

Es necesario trascribirlos, porque si tan extensos fundamentos —aparentemente eficaces por sí mismos— no eran las verdaderas razones que justificaban la reducción drástica del impuesto, estaríamos en presencia de ocultas gestiones, paralelas a las ostensibles, cuyos alcances y cuyo contenido están envueltos en el misterio de una sesión secreta y en el hermetismo prudente del P. E., que no pudo justificar ante el pueblo una medida que favorecía a los magnates extranjeros del quebracho argentino y disminuía los recursos del presupuesto.[9]

Los considerandos dicen:

«1.º Que se trata de una industria que en la actualidad ha sufrido un quebranto que debe tenerse en consideración por el gobierno, porque él puede ser motivo para que la explotación de los bosques se paralice y disminuya por tanto el movimiento comercial, lo que vendría a ser perjudicial, no sólo por los efectos que esta circunstancia haría en las poblaciones del norte de la provincia, sino también porque sería menor la percepción del impuesto.

»2.º Que la desvalorización del quebracho es un hecho notorio, pues del máximo de cuarenta y cinco pesos la tonelada que ha valido el año pasado, ha bajado a treinta pesos en la actualidad, con la imposición al mismo tiempo de la tarifa que influye decididamente en su precio lo que, como se ha dicho anteriormente, importa un quebranto en la industria que si no es suficiente para fundar la creencia de que ella desaparezca, puede paralizarla y disminuir su importancia en la provincia.

»3.º Que existe, por tanto, un inconveniente real y positivo en la ejecución de la ley núm. 1283 para el año entrante, por cuanto influirá aun más en las circunstancias que amenazan a la industria obrajera. Puede alejar los capitales en busca de otros puntos en que la explotación de los bosques no tenga impuestos, como ser el Paraguay o el Chaco, disminuyendo así las entradas, con lo que se contraría el propósito de la misma ley».

Analicemos estas razones ostensibles —ya que no podríamos conocer las secretas— contenidas en el primero y segundo considerando. ¿Cómo podría incidir el impuesto, en el supuesto quebranto, por desvalorización del quebracho? En el ejercicio 1906, el impuesto de $ 0,40 por tonelada produjo al fisco $ 175.000.[10] De modo que con esa referencia resulta que 175.000 pesos corresponden a 462.000 toneladas de quebracho explotado que, al precio de $ 45 la tonelada, significaron para la industria obtener la suma de $ 20.790.000. De donde se deduce que el impuesto representaba una incidencia del 0,8%… Indudablemente ello no puede agravar ningún quebranto frente a las cifras multimillonarias del valor del quebracho vendido, perteneciente a la riqueza natural del Estado y aprovechado por compañías extranjeras.

Y si en el transcurso del año 1907 había bajado a $ 30 la tonelada, el impuesto, calculado sobre el mismo tonelaje explotado y la misma recaudación fiscal, hubiera significado apenas un aumento de $ 0,4%, es decir, que el impuesto representaría el 1,2% sobre el fabuloso monto, para 1906, de $ 13.860.000. Téngase presente que el capital social más importante, el de La Forestal, en 1932, era de $ 54.117.500, según balance publicado, después de haber monopolizado, prácticamente, la industria en la provincia.

Si de acuerdo con la ley 1283 se hubiera cobrado el impuesto a $ 1 la tonelada —excluyendo el quebracho destinado a la elaboración de tanino—, de acuerdo con las cifras referenciales anteriores hubiera significado apenas una incidencia del 2,2% sobre el valor del producto, y el aumento representaría el 1%. A todas luces ello no quebrantaría en tal forma que llevara a temer la paralización de la industria. La cifra recaudada lo fue según el sistema de la ley de sellos, art. 83 al 92, que como las anteriores desde 1899 establecía el monto imponible de acuerdo con los certificados o guías para el tráfico del producto. Calculada la recaudación del impuesto al quebracho para 1905 en $ 350.000, sólo se recaudó la suma de $ 175.000 aproximadamente, según debate en la Cámara de Diputados. De más está considerar las posibles inexactitudes de fiscalización. Ese cálculo de recursos seguramente se hizo tomando como base datos concretos sobre el monto de tonelaje previsible, según el tráfico conocido del producto por vía marítima y terrestre; el descenso vertical de lo recaudado no fue explicado. El argumento ostensible sobre la grave incidencia del impuesto en la industria del quebracho no es convincente, y se sabía que no convencería por sí mismo desde que se recurrió a la sesión secreta.

La caída del precio del quebracho bien pudo ser una maniobra destinada a destruir la competencia de pequeñas empresas nacionales y extranjeras. En el año 1907 baja el precio del quebracho, disminuyendo el 33,33% de su valor con respecto al año anterior, «en 1908 La Forestal neutraliza toda competencia, y en 1909 monopoliza la venta».[11]

Por lo demás, el total de los impuestos pagados por La Forestal al estado provincial ha sido tan insignificante en relación con el monto de sus ingresos, que el diputado Salvadores en 1921 demostró que, comprendidos todos los impuestos, inmobiliario, patente, y por explotación de quebracho, haciendo un cálculo excesivo, lo recaudado por el fisco provincial no alcanza a $ 300.000 anuales. En cambio al gobierno inglés pagó La Forestal Ltda., por concepto de impuestos, el año 1916, $ 8.797.503,27… Y el ministro de Hacienda de una provincia argentina temía que los quebrantos de la empresa la indujeran a abandonar la tierra que tenía conquistada, y se fuera al Paraguay… No pudieron los industriales del quebracho obtener mejor triunfo para sus pretensiones, mientras los capitales argentinos iban desapareciendo de la vasta escena del bosque, donde los obrajeros indígenas, con sus mujeres y sus niños, padecían un estado social tan grave, que apenas si tenía variantes con el descrito por Alejo Peyret en 1888.

Del análisis del segundo de los considerandos, que sugería que el impuesto podría alejar los capitales en busca de otros puntos donde no tuvieran que pagar impuesto, como el Paraguay y el Chaco, surge lo absurdo de ese «temor». La Forestal Ltda., que pocos años después adquiriría las tierras que habían sido de Murrieta y Cía., estaba en recio camino de expansión, sobre un territorio de quebrachales que en 1921 llegó a sumar para ella sola en la provincia, más de 1.800.000 hectáreas de su propiedad. Estaba en el corazón mundial del quebracho, obteniendo ya ganancias fabulosas con puertos y vías ferroviarias propias, con la perspectiva inmediata de ser la rectora de un estado dentro del estado en el que obraría, en muchos órdenes de cosas, con la más absoluta libertad, no sólo para establecer su régimen interno empresario y de trabajo, sino para ser dueña y señora imperial de poblaciones construidas, administradas y vigiladas con medios propios, enclavadas en tierra argentina. Sus dirigentes tenían estrechas vinculaciones con la clase gobernante, manejaban el poderoso recurso de sus empleos y tenían con ella atenciones palaciegas. No sería precisamente La Forestal la que no vería su extraordinario porvenir absorbente de inmensas riquezas naturales, la que abandonaría la provincia por no pagar el 1% más sobre el tonelaje de quebrachos que abatían miles de hachas en los obrajes, penetrando en un suelo extraordinario que apenas veinte años atrás había salido del dominio público en fantástica medida de leguas cuadradas.

Los cálculos de recursos en el presupuesto de la provincia, para el ejercicio de 1908, estaban establecidos en la suma de $ 9.095.000 comprendidos los créditos por deudas atrasadas. La venta de los productos del quebracho superó, dos años antes, los veinte millones de pesos, es decir, más del doble de los recursos provenientes del trabajo y el capital de todos los habitantes de la provincia. Calcúlese una ganancia neta del 20% nada más, y tendremos que las ganancias obtenidas con la venta de productos del quebracho eran casi la mitad de los recursos con que contaba el P. E. para administrar los intereses públicos de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe.

No sería precisamente el argumento del peligro de que se alejaran los capitales, que ya habían arraigado de tal manera que eran y lo serían aun más los árbitros de la región del quebracho, la razón de la suspensión del cobro del impuesto según la ley 1283, sino otras razones, las secretas. Por no haber trascendido oficialmente, no las conoceremos. Pero en virtud de ellas, que no surgirían, naturalmente, del gobierno sino de los interesados en no pagar, se suspendió la ley y el fisco fue perjudicado en sus ingresos como consecuencia de ello. En 1907 percibió la suma de pesos 160.000 y se mantuvo en años subsiguientes el mismo índice impositivo… satisfaciéndose así los intereses extraños a las necesidades del Estado.

Los diputados y senadores, vencidos en su oposición a la ley de suspensión, no pudieron hacer público su juicio porque la naturaleza del secreto en el régimen parlamentario se lo impedía. El diputado Pesenti, en la sesión pública inmediata, dijo: «… voy a pedir que quede constancia en el Diario de Sesiones, de que las razones dadas en la sesión secreta por los señores ministros de Gobierno y de Hacienda sobre la justicia, el derecho y conveniencia del decreto del 21 de diciembre de 1906, no solamente no me han convencido, sino que me han vigorizado en el convencimiento que había hecho de que es un decreto que no tiene fundamento alguno en el derecho, ni menos un decreto conveniente a los intereses de la provincia». «Pido —dijo otro diputado— que se suspenda el tratamiento de esta cuestión, porque poco a poco esta discusión nos va a llevar a hacer público lo que hemos tratado y lo que debemos callar.»[12] ¡Lo que debemos callar! Precisamente el hecho de haber callado nos coloca ante un hermetismo que, no obstante, no oculta la política de los monopolizadores de la industria del quebracho que ha consistido siempre en resistir el pago de tributos al fisco y en maniobrar en esferas oficiales para obtener apoyo en sus pretensiones y libertad de acción en sus tierras. Allí donde están en juego los intereses generales de la Nación, cuando triunfan los particulares, es porque a espaldas de la opinión pública está el secreto, lo que se «debe callar». En lo sucesivo iban también a callarse cosas más nefastas para la prosperidad y aun para la vida de los hombres de una vasta región. Pero siempre, frente a quienes no supieron o no quisieron ver y poner una mano fuerte sobre el monstruo, se alzaron voces que salvaron para la justicia —siempre demorada— un lugar en el pensamiento de los hombres patriotas, y la explotación de los quebrachales, de larga y azarosa historia, estuvo vigilada y alertada periódicamente en la conciencia pública.

Los pueblos de La Forestal

1

Desde 1902, debido a la habilitación de las vías férreas del F. C. S. F. que atravesaron el territorio desde Santa Fe hasta la gobernación del Chaco, fue posible el fácil transporte de materiales, desembarcados en el puerto de Colastiné y posteriormente en el de la ciudad capital de la provincia, hacia aquellas zonas boscosas. De este hecho dependió en medida importante la intensificación de las labores forestales, la construcción de nuevas fábricas de tanino y los planes que llevaron a la Compañía Forestal del Chaco a convertirse, por tratativas con capitalistas europeos, especialmente ingleses y alemanes, en Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.

Todo lo que se había hecho hasta 1905 con relación a los obrajes y la industrialización del quebracho colorado era aplicable a la sociedad que la sucedía que, en principio, continuó con las modalidades de la Compañía Forestal del Chaco, pero en gran escala, como que sus dominios se ampliaron de inmediato hasta alcanzar las medidas fabulosas que ya conocemos.

El pueblo de Calchaquí no se fundó sobre la base de la organización de la Compañía Forestal del Chaco, que allí tuvo su fábrica —como ocurría con los pueblos de La Forestal—, y es así como, por sus características, por su desarrollo y por la libertad de iniciativa de sus habitantes urbanos o rurales, está comprendido dentro del movimiento normal de la formación de pueblos y ciudades en Argentina, a pesar de haber pasado a La Forestal las instalaciones de la fábrica de tanino y las accesorias a esa industria. La gravitación que allí ejercieron los trabajos de explotación forestal y la industrialización del quebracho no difiere, en lo esencial, de la común influencia que toda industria importante tiene sobre el desarrollo de las poblaciones. La Compañía Forestal del Chaco no fue la propietaria absoluta de esa población. Nos adelantamos con esta información, porque lo que ocurriría después bajo el dominio de La Forestal en tierras que se extendían desde los límites de Calchaquí hasta el Chaco iba a constituir el fenómeno más extraño dentro de nuestro país, en cuanto al nacimiento y vida de poblaciones; más extraño y anormal, considerado históricamente.

Sin embargo, cuando a principios de siglo La Forestal inició poderosamente la construcción de fábricas de tanino, edificios para administración, estaciones ferroviarias, talleres, almacenes, casas de visitas, viviendas para empleados, ranchos para obreros, etc., en La Gallareta, Villa Ana, Santa Felicia, Villa Guillermina, y daba nuevo impulso a Tartagal, que fuera de la Argentine Quebracho Company, y establecía poblaciones en nuevos ramales y desvíos de sus ferrocarriles Decauville que se internaban en los bosques donde miles de hacheros afluían en busca de trabajo, se tuvo la impresión de que aquello se levantaba como un gran emporio del trabajo creador de riqueza para la región boscosa donde aun —fuera del F. C. S. F.— poco se notaba la presencia laboriosa del hombre civilizado. Fue, precisamente, eso: una impresión de avance impetuoso del trabajo hacia esa zona. Porque donde no había sino un desierto cubierto de inmensos bosques vírgenes, centenares de peones en diversos puntos hasta sumar miles, desdé La Gallareta hasta cerca del paralelo 28 (dirigidos al principio casi exclusivamente por técnicos extranjeros), abrían picadas, levantaban terraplenes, alineaban durmientes y tendían líneas férreas; mientras tanto, grandes plantas constructoras de ladrillos elaboraban materiales para edificios en lo que iba a ser asiento de una fábrica, con su población, aserraderos, talleres y los vagones del F. C. S. F. llevaban tanta carga destinada a esas poblaciones nacientes, que por sí mismas parecían justificar los privilegios para aquella industria del quebracho colorado. Era la fiebre de una nueva etapa en el norte, en la que no intervenía el esfuerzo estatal desde que estaba todo dirigido por una compañía. Sólo conciencias aisladas advertían que, a pesar de aquel movimiento constructivo, subyacía lo perecedero, lo transitorio. Pocos comprendieron que estaba ocurriendo un fenómeno extraño con perjuicio, en definitiva, para la región, porque más poderoso que el razonamiento con previsión de futuro y de análisis de finalidades, era el aparato exterior de las nuevas poblaciones levantadas, como si fuesen grandes campamentos. A nadie se le ocurrió, desde el gobierno, imponer planes que atendieran al interés público por sobre el interés privado de la compañía extranjera, quizá porque, entre otras razones, confundieran el interés público con la consiguiente creación de fuentes de trabajo, con el surgimiento de nuevos pueblos, tuvieran éstos las características que tuvieren, con tal de que se construyeran fábricas, casas, talleres y aumentara el comercio. El caso era que allá se levantaban pueblos, que miles de personas pensaban en el norte así como cincuenta años atrás pensaron otras generaciones en la región del trigo, como si aquello fuera la oportunidad para la aventura del comercio, de la industria, de los empleos y del trabajo jornalero. ¡Porque cada vez que se habló de progreso, se pensó también que venía condicionado por la subdivisión de la tierra, por la agricultura y la ganadería, cosa que se esperaba ocurriera allí donde se talaban los bosques. El progreso, el bienestar social, no podían naturalmente concebirse sólo a través de la extirpación del quebracho, del guayacán o del urunday. Si eso nomás se hubiera prometido a la generación que vio crecer los primeros y únicos pueblos de La Forestal, hubieran carecido por completo de fundamento sus esperanzas de que en el norte se avanzara el estilo progresista de las viejas colonias agrícolas o de las nuevas que prosperaban al este fuera de los dominios de la compañía. Como tampoco podía esperarse que el ganado introducido en los campos forestales con fines de venta o para la obtención de bueyes de tiro era por sí mismo una riqueza social, desde que formaba parte, con la tierra y las poblaciones, del patrimonio de una sola compañía que bien pronto iba a demostrar que en sus planes no encajaba el pensamiento progresista argentino, sino los mejores métodos para realizar ganancias millonadas ante la pasividad de un Estado que hacía del derecho de propiedad sin límites una norma inconmovible que justificaba cualquier exceso económico y social de la iniciativa privada que lo invocara.

Cuando se intensifica ese movimiento creador, todavía La Forestal no había incorporado a sus dominios 1.200.000 hectáreas que eran de la Compañía de Tierras, ni tampoco 278.478 hectáreas de la Argentine Quebracho Company, por citar sólo los más grandes latifundios que luego se unificaron, pero poseía más de 500.000 en Santa Fe y el Chaco. En esas tierras se fundaron La Gallareta, Villa Ana, Villa Guillermina, Santa Felicia, incorporando luego a sus propiedades todo Tartagal. Éstas fueron las poblaciones industriales; las otras se formaron como centros de abastecimiento para los obrajes, y hacia ellas convergían —por sus ramales y desvíos— los rollizos que se destinarían a la exportación o a la extracción del tanino en sus fábricas.

Estas poblaciones menores que carecían totalmente de industrias —salvo uno que otro aserradero— pero que en determinado momento llegaron a tener varios miles de habitantes se crearon también con un criterio absolutamente de explotación forestal, es decir, transitorias, sujetas a la fatalidad del agotamiento del quebracho en los bosques. Todo en torno a ellas hacía prever la futura desolación de los parajes que las circundaban. Y es necesario nombrar algunas para que el lector tenga una idea aproximada de la cantidad de poblados, con obrajes, que nacieron y reunieron a su alrededor miles de obrajeros, carreros, cargadores, ferroviarios, cuadrillas de peones, obreros y empleados: La Estancia, Las Gamas, Santa Lucía, Cerrito, Olmos, Km. 800, Colmena, Guaycurú, Garabato, Golondrina, La Florida, Cañada Ombú, Ogilvie, El Toba, Ramal San Juan, Km. 51, Km. 302, Km. 36, obrajes de Km. 4, 8, 13, 17, 24, 30, Km. 322, Km. 348, Las Garzas, Km. 30, La Balanza, Km. 374, Km. 366, El Rabón, Puerto Piracuá, Piracuacito y Ocampo, en la provincia de Santa Fe, sin nombrar los comprendidos más allá del paralelo 28, en territorio del Chaco, donde sus obrajes penetraban en los bosques de Tapenagá y Resistencia, explotando cien leguas en el primero y setenta leguas en el segundo de los departamentos citados, redondeando en 1921 la cantidad de 1.125 leguas cuadradas. Y si volvemos a mencionar la magnitud vergonzosa para los argentinos de tal cantidad de tierra entregada al capital extranjero, es para ubicar al lector en ella y señalar poblaciones cuya trayectoria histórica, unida al destino de la gente que en ellas se agrupara, se ha perdido en el renovado silencio de los bosques cuando La Forestal, después de extraer de allí todo cuanto pudo en su beneficio, se desatendió de la obligación moral contraída con el país donde tanta riqueza extrajo, de aplicar sus estatutos sociales en la parte que no sólo la favorecían, sino en lo que hubiese favorecido también, a pesar de todo, al sostenimiento autónomo de esas poblaciones donde ejerciera su poder destructor.

Los centros poblados que tuvieron como atracción demográfica la labor en los obrajes, y que hemos mencionado, en su casi totalidad registraron una vida tan efímera, que ni siquiera llegaron a durar la vigésima parte del tiempo necesario para que un quebracho colorado alcance desarrollo apto para la industria del tanino… «Los datos teóricamente establecidos y prácticamente verificados —dice Mesey— indican que los árboles de quebracho colorado chaqueño llegan a su valor máximo de evolución a una edad que oscila alrededor de los 250 años». En esos bosques de origen milenario, los obrajes y con ellos los incipientes centros de población —salvo muy pocos que hoy arrastran penosamente la sobrevivencia— duraron el tiempo suficiente como para agotar la materia prima que a La Forestal interesaba. Esto parecerá muy lógico a quienes sólo tengan presentes las finalidades económicas que la guiaban, pero no a quienes juzgan a la luz de las exigencias sociales de un régimen democrático y según el derecho a la crítica a la conducta de las empresas y a la legislación del país, porque la responsabilidad de que hayan permanecido aquellos latifundios del norte obstaculizando el progreso, tanto cabe a la compañía como a los gobiernos —y quizás más a éstos— o a los partidos políticos que no afrontaron correctamente la solución de los problemas institucionales para evitar el atraso. Ni una nueva industria se intentó, ni se fomentó para sostener y desarrollar zonas que eran aptas para ella y para abrirlas a todos los adelantos científicos y técnicos de la época. Y es así como se dilapidó y se sigue dilapidando enorme riqueza forestal en perjuicio de la economía nacional, sin que se hayan hecho prosperar nuevas formas de aprovechamiento de las maderas, para justificar, por lo menos con el fracaso, el derroche de riquezas naturales. Hace casi un cuarto de siglo que se sabe que el método actual para obtener carbón vegetal ocasiona enormes pérdidas de sustancias volátiles. El primitivismo rige en la industria del carbón vegetal. Por cada tonelada de leña, se obtienen de 100 a 125 kilogramos de carbón; todo el resto de sustancias se desperdicia. Con el método de la destilación seca —que daría lugar a una industria evolucionada— produciría 324 kilogramos de carbón, 157 metros cúbicos de gases útiles, 37 kilogramos de ácido acético, 15 litros de alcohol metílico, 33 kilogramos de brea y 157 de alquitrán. Calcúlese que sólo en 1947 se utilizaron 8.000 toneladas de leña para fabricar carbón por el método primitivo.[1] Multipliqúese para ese año nada más, por el rendimiento de la destilación en seco, y se tendrá una idea sobre las pérdidas que representa la volatilización de productos químicos de alto valor.

En las tierras que fueron de La Forestal, donde ella pasó con sus obrajes arrasando el quebracho colorado y otras especies, sin dejar más que vestigios de antiguas edificaciones o instalaciones, se sigue utilizando la política económica que consiste en dejar que el que tiene derecho de propiedad haga lo que se le antoje con aquella riqueza forestal después de haberse exterminado los quebrachales de pleno desarrollo. La capacidad industrial en aquellos parajes no pasa del viejo límite de los aserraderos semicubiertos, y de las carboneras, perfeccionada su ascendencia indígena con hornos de ladrillos…

2

Hemos dicho que los pueblos fundados en tierras de La Forestal, La Gallareta, Villa Ana, Villa Guillermina, Tartagal, Santa Felicia, que son los más importantes en Santa Fe por haberse establecido allí fábricas de tanino, Hausonia, Villa Berther, Laguna Limpia, etc., en el Chaco, constituyen una anormalidad histórica dentro del proceso de la formación de poblaciones en nuestro país. El origen de esa anormalidad tiene su explicación en el latifundio sometido a la rígida dominación de una empresa que no tuvo interés, ni se la inclinó a ello por imperio legislativo, en el futuro de la región donde actuara. El latifundio determinó tanto la escasez de población como el régimen «institucional» que pudo imponer amparada por el derecho de propiedad de enérgica interpretación romanista.

Elegido el sitio para el emplazamiento de un pueblo, como allí no se trataba de colonizar ni de subdividir para vender lotes en los alrededores para destinarlos a chacras o a la ganadería una vez puestos en condiciones por nuevos propietarios, La Forestal, sin intervención estatal, con sus propios ingenieros o técnicos, sin denunciar trazado —la aprobación se gestionó casi veinte años después— hizo relevamientos, trazó planos e inició la tarea de construir edificios, viviendas, fábrica, conservando el dominio sobre toda la tierra. Cada pueblo comprendía: una fábrica de tanino —en los cinco mencionados de la provincia de Santa Fe— edificios para la administración, para habitación del gerente y empleados casados, una «soltería» para empleados, otra para obreros, ranchos o viviendas modestas para peones, alejadas del centro urbano donde se levantaban las construcciones principales, la casa de visitas, el gran almacén de ramos generales, panadería, carnicería, etc. Un pueblo completo construido en poco tiempo, arbolado, con calles rectas bien cuidadas, algunas tapizadas luego con aserrín de quebracho, club deportivo, cancha de golf… Todo lo que necesitara el hombre para vivir confortablemente existía allí: luz eléctrica, agua corriente, fábrica de hielo, sistema cloacal, farmacia, médico y luego, hospital.

Los obreros, naturalmente, tenían viviendas mucho más modestas que el resto de los habitantes: ranchos en las afueras, casitas de madera revocadas, techos de cinc, de paja o de palma acanalada procedente de los palmares de la compañía.

En el pueblo de La Forestal, el empleado de jerarquía, el simple de administración, o cualquier otro que fuera a ocupar una casa, podía desentenderse del moblaje: la compañía lo proveía todo. Sus herreros, sus electricistas, sus carpinteros, solucionaban prestamente los comunes problemas que crea el uso de edificios. No había más que comunicar el desperfecto al jefe de la sección pueblo, y la oficina enviaba el operario especializado. Nadie tenía que protestar por la higiene del pueblo, todo era limpio, ordenado; agradable la plazoleta, los árboles, los jardines. En medio del territorio que fuera del abipón, del mocobí o del toba, habían nacido esos milagros, esas villas con las que —al decir del panegirista Saccone— no podía compararse ningún pueblo del sur. Aquello era ejemplar: lo hacían los extranjeros con prolijidad europea. En efecto, ninguno de esos pueblos se parecía a otros pueblos argentinos. Setenta años necesitaron muchísimos otros, en las colonial agrícolas, para ser lo que son. Aquéllos, en menos de una década, ya eran todo lo que fueron hasta cincuenta años después, en que decayeron abandonados. Nacieron adultos dentro del criterio de lo que es un pueblo, una villa. Eran, para los espíritus superficiales, la demostración de lo que puede hacer el capital financiero de naciones civilizadas. Eran de propiedad de La Forestal. Todo, de punta a punta, y también decenas de leguas de tierra de sus contornos eran de su propiedad. El alodio feudal no alcanzaba extensión tan considerable, ni sus castillos poderosos estaban más protegidos por las armas, ni dominaban un suelo tan inmenso. En él tenía La Forestal emplazados sus pueblos, dueña de todos los bienes, de todas las cosas, desde la vivienda hasta los alimentos para toda la gente —salvo raras excepciones años después—, desde el agua a la luz, desde la medicina a la bebida alcohólica. Quien se moviera dentro y fuera del pueblo, hasta muchas leguas alrededor, se movía dentro de La Forestal, y los que vinieran sin relación de dependencia con ella estaban sujetos a ella indirectamente. El dominio total sobre las propiedades creó un climax social, una especie apartada de ciudadanía argentina en suelo poseído por extranjeros que impusieron una modalidad completamente distinta del modo de ser y de vivir de otros pueblos no dependientes de La Forestal. En cualquier otro pueblo argentino, para habitar una vivienda era necesario ser inquilino o propietario. En los pueblos de La Forestal eso no ocurría, como regla general: todo empleado, todo obrero ocupaba —ya veremos mediante qué pago— una vivienda asentada en un suelo que no era de él, aunque pagaba la construcción del rancho, y todo era de propiedad de la empresa cuando consistía en un edificio de otro tipo. Ni un empleado llamado allí para trabajar construyó su casa. Estaba hecha; se la daban. No era dueño de nada. No existía como norma el arrendamiento, existía la ocupación precaria en relación al empleo, y con ello una faz del sometimiento; quien dejaba de ser empleado u obrero perdía el derecho a la ocupación. El despido traía aparejado el desalojo y, si fuera necesario, por la fuerza pública sin más trámite, o por la destrucción de la vivienda, como en 1921. Era el orden del régimen de ocupación que rige entre los terratenientes, pero al revés. El desalojo campesino trae aparejada la pérdida del medio de trabajo: la tierra. El despido en un pueblo de La Forestal traía aparejada la pérdida de la vivienda y, naturalmente, la salida del pueblo como hecho general e inevitable. Las excepciones están determinadas por razones que modificaron en parte mínima este régimen. En eso también se diferenciaron de todos los otros pueblos argentinos porque sus habitantes ni eran dueños de la propiedad, como ocurre hoy en el núcleo principal de La Gallareta, ni tenían otra fuente de trabajo que la proporcionada por La Forestal. Cuando hubo alguna excepción, sirvió para negar la regla y atenuar su anormalidad, exactamente igual que ciertos comercios minoristas mencionados en pleitos judiciales como ejemplo de libertad de comercio dentro del latifundio.

Cuando el empleado despedido era soltero, abandonaba la «soltería» —como quien se va de una pensión—, que también fue una típica vivienda de La Forestal, y ninguna posibilidad de ingresar en otro empleo tenía, sencillamente porque no existía. Se imponía la necesidad de ausentarse del pueblo y es así como, en el territorio que dominaba la compañía —igual que hoy en pueblos suyos con fábricas de tanino— se estaba con ella y en ella. Quien escapara al imperio de su voluntad era una especie de mosca blanca de la cual se recelaba y que terminaba por dejar de pertenecer a La Forestal. El que salía por desavenencia o despido recuperaba con energía su poder de crítica —casos muy frecuentes en testimonios recogidos— como si se reprochara algún antiguo silencio o una aceptación indebida de circunstancias. En verdad, esa tácita aceptación de cuasi condiciones existía como un complemento del empleo, desde que todos los pueblos de La Forestal tenían una misma modalidad administrativa, comercial, social! Cuando se ingresaba en La Forestal, se ingresaba también en su población y esto equivalía a una condición de hecho, ineludible. Cualquiera que fuese la opinión desfavorable que tuviese un empleado u obrero sobre el régimen imperante en la villa, la soportaba, porque estar viviendo allí en bienes de la compañía y en su organización urbana era parte complementaria de su empleo, de su trabajo.

La organización local abarcaba todo, desde los trabajos de la fábrica de tanino hasta la limpieza de las calles. Las calles, por la anormal naturaleza del poblado, tenían un carácter que difícilmente encajaba en el concepto de públicas aunque fuesen de utilización general. Pertenecían a un pueblo que era de La Forestal; se transitaba por ellas dentro de sus dominios y esto también involucraba un conjunto de situaciones ineludibles. El que llegaba allí como viajero —así le ocurrió al autor en 1935— tenía la impresión de penetrar en dominio privado, aun sin haber conocido antes esas circunstancias. El pensamiento de los pobladores no necesitaba analizar estos hechos, porque vivían en los hechos. Era la aceptación tácita de circunstancias que colocaban espiritualmente en un ambiente que no existía en otros pueblos «independientes». Y creemos que por eso, y por el régimen en orden de la actividad general, se denunciaba la falta de libertad.

En la escala urbana de ubicación social, ocupaban el último lugar el peón de fábrica y el hachero; construían sus ranchos de barro y paja, o madera, en las afueras del pueblo, en los límites del trazado, pero como partes de la población pertenecían al mismo régimen impuesto, su permanencia en ella dependía de La Forestal. Esto no ocurría en el resto de la República Argentina, salvo en los dominios de la empresa ubicados en otras provincias. Sólo las grandes estancias podían parecérsele, en reducidas proporciones, en cuanto a la sujeción de empleados y peones a un régimen determinado impuesto dentro de ellas, así como también en cuanto a permitir o no que se introdujeran comerciantes para mercar. Feudo se llamó al latifundio y organización de La Forestal, atendiendo a diversos elementos de juicio que hacen más a su poderío que a la realidad histórica del régimen feudal. En cierta medida, La Forestal era más perjudicial para el «soberano» —la nación— que lo que fueran los señores feudales para el rey a cuyo aumento de poder coadyuvaran. Empleamos verbos en tiempo pasado refiriéndonos a la provincia de Santa Fe, en la época en que dominó casi dos millones de hectáreas sobre una población calculada en veinticinco mil personas distribuidas en campos de ganadería, en obrajes y poblaciones, e indirectamente influyó sobre los hombres y la vida de toda la región frenando su prosperidad, en cuanto mantuvo su latifundio cerrado al libre movimiento económico e impermeable a intereses que no fueran los suyos propios. Sus ventas de tierras no tuvieron los caracteres comunes a la formación de colonias, según los múltiples antecedentes de que eran ejemplo progresista las poblaciones que tenía muy cerca, como vecinas, hacia el este, y más lejos en los departamentos del centro y sur.

Sus pueblos no estuvieron rodeados de colonias y repulsó siempre la agricultura, así como no tuvieron cabida otras industrias significativas como no fuera la del extracto de sustancias tánicas, o los aserraderos. Y así es como la decadencia de los obrajes por falta de materia prima repercutía en los pueblos, de manera tal que estaciones ferroviarias disminuyeron y hasta paralizaron su movimiento de carga y la despoblación determinó la reducción del movimiento de pasajeros en ellas. Por la estación de Colmena se despacharon 23.468 toneladas en 1927 y en escala descendente llegó a 8.833 toneladas en 1931, reduciéndose aun más en años subsiguientes. De cerca de 3.000 pasajeros en la misma fecha, descendió a 1.127 en 1931. La estación Florida sólo carga leña para el ferrocarril y, de más de 200 habitantes, sólo quedan el jefe de estación y algún otro…

Las parcelaciones operadas en 1928 en algunos puntos del latifundio, como por ejemplo en la zona de Ogilvie, no surtieron efectos económicos ni demográficos pronunciados y sostenidos en escala de desarrollo, porque su finalidad se apartó de los planes de que eran modelo las colonias agrícola-ganaderas. Pareciera que todo lo que significara radical modificación económica y demográfica de la región perjudicara los planes de La Forestal, porque si una empresa es capaz de saber qué es lo que le conviene para su lucro, con exclusión de cualquier interés general, esa empresa es La Forestal. No ha dado jamás un paso en falso en materia de producir ganancia en su beneficio y, cuando quiso, supo hacer también que otros se enriquecieran.

También hay en sus poblaciones personas que se consideran satisfechas porque se jubilaron al servicio de La Forestal, aunque no reparan que para vivir modestamente aun deben recibir sus dádivas…

Los planes de la Compañía en cuanto a la tierra no se parecen en nada a aquellos otros que dieron lugar al crecimiento agrario nacional. Crear colonias agrícolas con propietarios en las fértiles tierras que rodean a Villa Guillermina, por ejemplo, hubiera sido concluir con un sistema que sólo abandonó cuando perdió su interés en los pueblos donde ya no mantendría sus fábricas de tanino. Era un sistema que, en su lineamiento más simple y sintético en cuanto a los pobladores de sus villas y obrajes, se reducía a esto: si por un lado invertía dinero en jornales pagados a hombres desparramados en todo su dominio donde trabajaban, por muchos otros conductos ese dinero, en gran parte, reingresaba a la compañía. Para que ese simple ciclo se cumpliera no tuvo más que continuar siendo dueña de todos los pueblos que emplazara en sus tierras, dominar en todos los sitios donde hubiera obrajes y explotación ganadera y tener a su cargo los comercios fundamentales. Contra el flujo de dinero salido por jornales y sueldos, operaba el reflujo hacia sus comercios aun en la época en que se valiera totalmente de los contratistas en cuanto a las poblaciones de obrajes para realizarlos. De tal manera, y visto en forma panorámica, los miles de hombres que para La Forestal trabajaban le «devolvían» luego, por mercaderías y otros conceptos menos significativos, importes cobrados en razón de labores realizadas. Y cuando se utilizaron los vales y fichas, especialmente en los obrajes, resultó que casi todo el pago de sus jornales lo recibía el obrero en especie contra devolución de los mismos. La mercadería sufría el recargo necesario para obtener ganancia, de manera que si el cobro mensual era de $ 100, descontada la compra con recargo del 10%, resultaba que con $ 90 en especie se saldaban $ 100; y en el ramo carnicería, o en artículos considerados de lujo para empleados, la especie entregada permitía reducir aun más el equivalente a sueldos y jornales, por ser mucho mayor el porcentaje de ganancia en esos artículos.

Esto no hubiera ocurrido si se hubiese operado la parcelación del suelo, la formación de colonias con propietarios y la subsiguiente formación de pueblos como era el caso de Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, etc., que si bien padecieron la presencia próxima del gran latifundio, las formas de vida de sus habitantes fueron fundamentalmente distintas a las de todos los pueblos de La Forestal y no tuvieron, como tampoco tienen hoy, planteado el problema de su supervivencia progresista, como en el caso de La Gallareta, Villa Ana, Tartagal, etc. Por otra parte, sus habitantes no fueron peones, obreros, empleados y clientes obligados de un solo propietario de fábricas y de tierras. Pero un plan de formación de pueblos del otro tipo hubiera reducido las ganancias de la compañía no provenientes de las fábricas de tanino y venta de rollizos. Los habitantes habrían tenido oportunidad de eludir toda presión que se ejerciera sobre ellos y La Forestal no sería otra cosa que una importante empresa más en el conjunto de la actividad de la región. No quiere decir esto que la compañía no haya enajenado tierras, sino que, a pesar de no impedírselo sus estatutos, las subdivisiones de campos no obedecieron al criterio que había prevalecido en la formación de colonias en nuestro país. Sus ventas de tierra no responden a la ley provincial sancionada el 27 de octubre de 1884 sobre colonias particulares, que se creaban con el fin de lucrar en primer término, pero como consecuencia de ello campesinos y pequeños y medianos ganaderos lograron ser propietarios; paulatinamente se formaron, en muchas de esas colonias de origen privado, pueblos sostenidos económicamente por la actividad campesina circundante sin ningún tipo de restricciones impuestas a su comercio, como no fueran las establecidas en la legislación del estado nacional y provincial, y sus habitantes tuvieron libertad para establecerse con cualquier industria en la medida de su conveniencia. Su permanencia en los pueblos no dependía tampoco de la voluntad de una empresa, puesto que las propiedades no estaban —como no lo están— en manos de uno solo imperando sobre toda la población, ni se ocupaban precariamente las casas por añadidura al hecho del empleo u ocupación.

En 1926 La Forestal decidió la enajenación de algunos campos de su propiedad, sin que ello obedeciera, repetimos, al propósito a que aspiraba la ley de 1884. Para ello tenía, no obstante, sobrados recursos provenientes de las riquezas que había extraído de la zona. La venta fue hecha en lotes de 300 a 600 hectáreas y de 1.144 hasta 4.920 hectáreas. La madera extraída de esas tierras era adquirida por la Compañía. De esas ventas realizadas en la zona de Guaycurú, subdividida en pocos lotes fuera del alcance económico del pequeño campesino, diecisiete adquirentes, al cabo de diez años, no habían podido levantar la hipoteca con que se gravaran a favor de La Forestal, y en 1936 la Compañía solicitó su reinscripción. Los únicos que prosperaron fueron los nuevos capitalistas instalados en latifundios que había contribuido a formar.

En efecto, entre 1941 y 1963 enajenó alrededor de 500.000 hectáreas en lotes que exceden las 1.000 hectáreas, formándose nuevos latifundios con superficies de 6.000, 8.700, 14.069, 17.091, 22.478 y uno de 211.334 hectáreas, con un precio estipulado en 1961 de, $ 1.000 a $ 1.500 por hectárea. De manera que el lote de tipo corriente en la subdivisión superaba el precio de $ 1.000.000, colocado absolutamente fuera del alcance, no ya de los trabajadores sin tierra sino del campesino medio. La Forestal, pretendiendo cumplir con esas ventas la vieja aspiración de sus pobladores de que sus tierras debían ser colonizadas, dejaba la siguiente constancia: «la presente compraventa se hizo con el fin de que los compradores fraccionen el inmueble en lotes que permitan la explotación, dentro de lo posible, entre los pobladores de la zona en que el mismo se halla». Pero no era más que una forma —sin ningún efecto público jurídico— de autoeximirse de una responsabilidad contraída con el país. Porque la cláusula no obligaba al comprador desde que no constituía una condición resolutoria, ni cláusula penal. A tal punto tuvo sólo carácter declarativo sin ningún ánimo de ser cumplida, que uno de los compradores consultados «no recuerda si ese artículo está establecido en la escritura, aunque sí en el boleto». Otro comprador «no tiene presente que se haya establecido esa cláusula». Fraccionado su «territorio» en latifundios, La Forestal dejó en pie el problema del régimen de tenencia de la tierra, que se quiere solucionar mediante una profunda reforma agraria en todo el país.

Por otra parte, cuando vendía tierra con árboles de quebracho colorado que quedaron sin cortar en años anteriores, enajenaba con la condición de que todo el quebracho colorado cuyo «corazón» fuera de 8 centímetros o más, debía ser entregado a La Forestal listo para su industrialización, pagando en 1949 $ 20 la tonelada de rollizo y $ 24 la de destronque (raíces) puesto en Villa Ana. Los precios pagados pueden juzgarse teniendo en cuenta que en 1906 —cuarenta años antes— se exportaba a $ 35 ó 40 la tonelada de rollizos. Por cada tonelada entregada la Compañía retenía $ 5 afectados al pago de la tierra. Por lo general el precio de la tierra por hectárea, con ser muy superior al pagado por La Forestal, estaba dentro de lo corriente en la zona, pero las ganancias provenientes de la compra de la madera equivalían a obtener un precio mayor. Contribuyó con ello a fomentar la formación de propietarios de obrajes que para cumplir sus compromisos explotaban a su vez a los obrajeros adoptando el mismo sistema, en pequeño, creado por La Forestal. Esos propietarios de obrajes surgidos a la sombra de La Forestal proveían de mercaderías a sus peones y continuaban con vicios que existían mientras La Forestal conservara el dominio. Subsistieron la insalubridad, la desocupación periódica, la miseria y, naturalmente, se mantuvieron despoblados los campos.

Los pueblos de La Forestal estuvieron condenados al estancamiento ante la pasividad de los poderes públicos. En 1923 decía con razón el doctor José A. Gervasoni en un informe jurídico: «En todo el país donde la libertad sea un hecho y no una palabra vana y hueca de sentido, donde el gobierno y la justicia cumplan su misión de velar por el bienestar general, por el porvenir de la patria, se lucha contra el acaparador como contra una plaga social; en todas partes se lucha para que la tierra sea un factor de la economía nacional, siendo elemento productor, y no la fuente de provecho exclusivo del terrateniente. Sólo en nuestro país se observa el desconsolador espectáculo de la indiferencia de los poderes públicos por este problema que, en el caso de “La Forestal Ltda.”, ofrece tantos agravantes que bien puede decirse que es obra de patriotas llamar la atención del gobierno; que es una necesidad nacional el arrancar de las voraces manos del acaparador nuestra tierra fecunda, generosa y soberbia, y entregarla al que ha de hacerla fructificar con el esfuerzo de su brazo. Si el acaparamiento es por sí solo repudiable; si él entraña un peligro; si él causa la miseria y el hambre, cuando el acaparador, como en el caso de la compañía denunciada, está compuesto de capitales extranjeros que llevan fuera del país sus ganancias fabulosas; cuando no se reduce a explotar sino que destruye las fuentes de riqueza, es una imperiosa obligación luchar por su desaparición, como se lucharía contra el extranjero invasor de nuestro suelo».[2]

3

En 1933 Villa Guillermina tenía 7.000 habitantes. Esa sola cifra y ése sólo pueblo darían una idea de la asombrosa realidad: pueblos tan numerosos pertenecían a La Forestal. Por su origen, Villa Guillermina era el que tenía mayor número de personas «independientes», puesto que fue fundada por Harteneck y Cía. en 1900, cuando aun La Forestal no existía, y las características originarias de la población habían permitido, antes de 1905, esa cierta libertad de iniciativa en algunos hombres radicados en el pueblo. Pero en conjunto, todo lo referente a régimen administrativo, vida comunal y comercial de Villa Guillermina es aplicable a los pueblos de La Forestal, tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Chaco.

Villa Ana tenía, en 1947, 5.000 habitantes; Tartagal, 3.000; La Gallareta, 4.000; citando solo las cuatro poblaciones donde funcionaban fábricas de tanino —excluyendo Santa Felicia, población menor—, totalizaban en cifras redondas aproximadamente 20.000 personas, comprendidas directamente dentro de un régimen implantado por extranjeros en poblaciones argentinas, que distorsionaba nuestras costumbres en cuanto a la manera de vivir de nuestros pueblos. Todos los otros centros de pequeños núcleos urbanos, que oscilaban entre 150 y 1.500 habitantes, y cuyo número hoy es difícil precisar porque muchos desaparecieron con la conclusión de los trabajos de obrajes, estaban sometidos también al monopolio comercial de la Compañía. Decir qué ramos del comercio explotaba en Villa Ana, Golondrina, Intiyaco, Colmena, La Gallareta, Horquilla, Laguna Limpia, etc., es nombrar los comercios que tenía en todas sus poblaciones más o menos importantes y, con supresión de algunos ramos, en todos sus centros poblados sin excepción, incluyendo las estancias. Comercios establecidos en las poblaciones o ambulantes en los obrajes tenían el mismo fin: monopolizar las transacciones.

En toda la extensión de sus dominios prohibía que otros comerciaran; directa o indirectamente ejercía ese control. Cuando consentía que otros comerciantes se establecieran en terrenos de su propiedad, estaban prácticamente dominados por la Compañía, que en ciertos casos actuaba como mayorista con respecto a ellos. Cuando se trataba de propietarios, como en algún caso de Villa Guillermina o Villa Ana en los últimos veinte años, el poder de la Compañía era tan grande que de una u otra manera su presión se hacía sentir. Es así como uno de esos comerciantes le escribía en 1941 al diputado doctor José Gustavo Doldán: «El mismo día que recibí los folletos, distribuí los mismos, claro que con cuidado, pues aquí todos son buenos argentinos mientras nada se hace, pero cuando ven que se realiza una obra en beneficio de ellos, son peor que víbora, y como yo tengo muchos negocios con La Forestal, temo que ésta al saber tome represalia».

Los contratistas estaban obligados a comprarle la mercadería necesaria en los obrajes. Un testigo, comerciante establecido en un pueblo forestal, declaró ante el superior Tribunal de Justicia de Santa Fe que «a los contratistas y obreros no les permitían comprar a terceros, habiéndoseles prohibido vender mercadería de su casa de comercio a aquellas personas que dependían de la Compañía La Forestal». Esa obligación estaba impuesta al realizarse el convenio con el contratista. Constantino Chartier declaró que «es cierto que tiene establecido en La Gallareta negocio de café y que las mercaderías las tiene que adquirir directamente de la Compañía, sin que ésta le permita vender mercadería de otra procedencia». Herminio Goyechea, encargado de tráfico en trenes de La Forestal, manifestó ante el mismo tribunal: «Prohíbe [la Compañía] el libre intercambio comercial y obliga a sus contratistas, peones y poblaciones a proveerse en sus almacenes y carnicerías de todo lo necesario para su alimentación y uso. Que se ha opuesto por la fuerza a la llegada de vendedores ambulantes en sus dominios, sin permitirles llevar en el tren a personas que trasportan algo para vender, y que solamente lo llevan a ocultas».[3]

Como todo el terreno donde estaban emplazadas las poblaciones era de La Forestal, salvo algunos lotes que se deslindaron en lo que se llamara «pueblo nuevo», ésta arrendaba en la planta urbana ciertos solares por los cuales percibía, como se percibe aun, una suma de dinero. Dice Salvadores que «en esos solares, previo contrato, el arrendatario levantaba un rancho en el que podía o no establecer un comercio según los términos de aquél», y transcribía luego un contrato de arrendamiento de un solar cuyo artículo tercero decía: «En caso de que el señor Angel Duarte faltase a lo convenido abriendo un negocio en el rancho-habitación, deberá desalojar el terreno arrendado, sin derecho a indemnización alguna, en un plazo de treinta días a contar de la notificación que le será hecha por escrito. Artículo cuarto: Si el señor Angel Duarte dejara de abonar el importe de los alquileres estipulados, y en las fechas indicadas, durante dos meses, La Forestal Ltda. le impartirá un último plazo de treinta días para abonar el importe adeudado, pasado el cual La Forestal Ltda. queda desde ya autorizada a enajenar en venta particular o pública subasta el rancho-habitación del señor Angel Duarte, entregándole el saldo que quedase. Artículo quinto: Si a La Forestal Ltda. le conviniese, podrá pedir al señor Angel Duarte el desalojo del terreno con tres meses de previo aviso, plazo según el valor del rancho, por carta sin indemnización alguna a favor del señor Angel Duarte, quedando los materiales de la construcción de propiedad del señor Angel Duarte».

La Forestal se reservaba el derecho de aplicar por sí misma las estipulaciones de ese contrato, sin forma de proceso, es decir, sustituía la función reservada por las leyes al poder judicial. Se arrogaba facultades judiciales, exactamente como si estuviese obrando dentro de un estado al que «gobernaba» con facultades absolutas. Se comprende así que los jueces de paz en sus pueblos, según el mismo diputado, no intervinieran en conflictos contra La Forestal y recibieran subvenciones mensuales con las que la Compañía les acrecentaba los sueldos. La Compañía ejecutaba «sus sentencias» con el auxilio de la fuerza pública. Los comisarios obedecían sus órdenes cómo si de ella dependieran. En estas condiciones ninguna persona autorizada por La Forestal para ejercer el comercio podía eludir sus imposiciones o sus deseos, expresos o tácitos. Porque el clima era de dominación; toda relación con ella dentro de sus pueblos llevaba implícito el hecho de que era dueña absoluta de la situación. Sus prohibiciones sobre comercio eran tan conocidas que no necesitaba, en algunos casos, imponerlas expresamente para que se entendiera que sólo ella reglaba el comercio en sus dominios. Esto se desprende de las declaraciones del señor Juan Arronga, vinculado a La Forestal por ser dueño de tierras y obrajes: «Cree —dijo en el juicio citado— que no se permite el intercambio comercial, que cuando él trabajaba con La Forestal, antes de comenzar los trabajos se convienen las condiciones, y entre éstas se establece que debe proveerse de las mercaderías de sus almacenes y también la carne de sus carnicerías, haciendo constar que estas condiciones de proveerse en sus almacenes no eran verdaderamente tiranas». Claro, se trataba de don Juan Arronga, terrateniente y con grandes explotaciones de bosques, pero así y todo, la Compañía, según sus declaraciones, convino con él sobre la procedencia de las mercaderías que entregaría a los obrajeros de sus propias tierras explotadas para entregar el quebracho colorado a La Forestal. Si esto ocurría con un empresario independiente, fácil es imaginar cuáles no serían las imposiciones a los pequeños comerciantes que dejaba actuar en algunas de sus poblaciones. Preguntamos a un ex alto empleado de la Compañía cómo se explicaba que siendo tan estricta en sus prohibiciones comerciales, comprobáramos que en casi todos los pueblos donde existían fábricas de tanino hubo carnicerías «independientes». Y nos respondió: «Los animales que carneaba La Forestal eran viejos casi siempre y la carne, dura. Para proveerse de carne de buena calidad, los empleados debían hacerlo en esas carnicerías, que cobraban un precio superior».

Eso no afectaba su comercio de carnicería pues la carne que allí se vendía era una mínima parte, en realidad despreciable, comparada con la provista a la masa obrera, en pueblos y obrajes, procedente de sus haciendas.

El solo hecho de que para distinguir ciertos comercios nos veamos en la necesidad de llamarlos «independientes», o «particulares», está indicando una situación anormal, siendo que La Forestal también es «particular» o persona jurídica privada. El analizado era un fenómeno que sólo sucedía en aquellas tierras de extranjería. Ello determinó que se señalara con vigor esa irregularidad que colocaba a decenas de miles de personas bajo un régimen singular de orden privado, que no soportaba el resto de la nación. De aquí que cada vez que el periodismo denunciara ésta y otras situaciones provocadas por el tipo de organización social imperante dentro del latifundio enorme de la Compañía, lo hiciera en términos enérgicos, apasionados, invocándose la libertad como bien jurídico lesionado. La Forestal, en los escritos judiciales, ha protestado este cargo y no le faltaron testigos que favorecieran su posición aun en el tema del monopolio comercial. Pero el cargo no fue levantado, porque en distintas épocas se sucedieron las enérgicas denuncias basadas en hechos de conocimiento público. «Días pasados —exponía Salvadores en la Cámara— me decía un alto funcionario de la administración nacional que para proteger a los modestos maestros de escuela que prestaban servicios en los establecimientos de educación ubicados dentro del territorio de La Forestal, había solicitado de ésta les permitiera hacer las compras de ropas y artículos de primera necesidad en cualquier parte. Después de largas tramitaciones, consiguió se proveyera de conformidad». Esto tampoco ha ocurrido en otro lugar de la República en toda su historia educacional: maestros argentinos privados de esa libertad por el solo hecho de estar educando a niños de su país en las tierras de propiedad de una compañía extranjera, y esto les ocurría en su propia patria. Es un espejo en el que puede mirarse todo el magisterio argentino para comprender cuáles son los efectos del imperialismo cuando logra dominar en una nación desprevenida. Existe otro ejemplo que afecta al magisterio: un maestro de mecánica, designado por mediación de un ministro provincial, en Villa Guillermina, fue muy bien recibido por los directivos locales de La Forestal. A los pocos meses de residir allí estuvo compenetrado de aspectos que su conciencia no aprobaba y se convirtió en crítico de la Compañía. Desde entonces sus clases estuvieron interrumpidas por «matones» que lo provocaban. Cuando esas provocaciones subieron de tono, comprendió que le resultaría imposible continuar viviendo en Villa Guillermina, y renunció. De regreso a Santa Fe, informó de su actitud al ministro, quien comentó: «Me extraña, amigo, que todavía no haya aprendido a vivir».

El monopolio comercial dentro de sus dominios impidió que esos pueblos tuvieran vida propia, y fueron un complemento de las fábricas de tanino y, por eso mismo, ligados al destino de la elaboración del extracto de quebracho y a la existencia de bosques con materia prima. La modalidad de sus habitantes se formó en torno a los intereses de la Compañía. Sus restricciones en el orden comercial, a la iniciativa privada industrial, a la agricultura que repulsó siempre, a la espontánea y libre intervención en el manejo de intereses comunales, etc., de ninguna manera favorecieron la formación de una conciencia democrática según los principios fundamentales de nuestra organización institucional, que halla el origen de los sentimientos republicanos en la intervención en el gobierno de los municipios. Estaban aquellos habitantes al margen de aspectos de la cultura que se formaba en todo el territorio de la nación— tomando el término cultura en su acepción profunda. Por que lo que allí se vivía no era «lo nacional», era propio de una vasta organización empresaria que aun proveyendo a sectores de sus pueblos de comodidades materiales a bajísimo costo —habitación prácticamente gratuita, luz eléctrica e instalaciones sanitarias sin cargo, etc—, sin lograrlas ellos por iniciativa privada o colectiva, sino proporcionado, organizado y administrado por La Forestal, por eso mismo constituía una situación transitoria, sin posibilidad de que se les volvieran a dar esas circunstancias en ningún otro lugar del país. De manera que quien salía de allí debía introducirse en la verdadera realidad de la nación. En este sentido decimos que esas poblaciones estaban aisladas de aspectos de la cultura nacional, sin establecer gradaciones, sin juzgar si era mejor aquello o esto, pero afirmando que era anormal y perecedero mientras todo concurría a beneficiar a una empresa. El tiempo demostró hasta qué extremo de decadencia llegaron esos pueblos utilizados como campamentos de una industria. Tanto fue todo transitorio que, levantadas las fábricas de tanino, dejó de subsistir el régimen impuesto, y de aquellos hombres formados en esos pueblos quedó un saldo de habitantes que deben responder hoy a situaciones distintas, sin contar los antiguos hogares de obreros, con arraigo, azotados por la pobreza y sin fuentes de trabajo. «Yo no quiero salir a la calle —me decía una habitante de Villa Ana— porque me entristece ver a esa pobre gente con la cual otros se enriquecieron tanto».

En el reajuste de situaciones, en la búsqueda de afirmar el porvenir, se debaten La Gallareta, Villa Ana, Tartagal, Villa Guillermina, etc., que deben ser salvados de su decadencia, de su despoblación, de la desocupación de los obreros. Ni lo más adelantado de esos pueblos siguió sin tropiezos; por el contrario, su nivel general descendió en todos los órdenes después de desaparecido el interés de La Forestal, que la llevaba a financiar formas de cultura sin bases en los intereses privados de cada uno y en el general del estado argentino. Y se hace difícil precisar ciertas circunstancias, porque es tan anormal el nacimiento, construcción y desarrollo de cada uno de esos pueblos de La Forestal dentro de nuestra historia, que decir por ejemplo «interés privado» es contraponerlo a «interés público», porque La Forestal es también del orden «privado», pero de tan fabulosa magnitud es ese interés privado y se ejercita en un «territorio» tan vasto, teniendo bajo su dependencia tantos miles de personas, que resulta más fácil identificarla como un ente de naturaleza seudopública… Con razón se la llamó estado dentro del estado. Porque tampoco se puede hablar normalmente de latifundio, aludiendo a sus tierras, porque su vastedad excedía en mucho a la idea que de latifundio se tiene en nuestro país. Quizá por eso también fueron muchos los que la llamaron «territorio», palabra ésta que nos aproxima más a la imagen de sus tierras. Las anormalidades observadas en múltiples aspectos hacen comprensible, asimismo, que se haya calificado de «monstruo» a La Forestal, precisamente para inducir el concepto de algo anormal. Se trataría de una deformación sustancial, sin otro antecedente en la realidad argentina. Es el efecto que el capital imperialista o colonialista produce, deformando la esencia de los pueblos que explota. Estar al servicio de un ejército extranjero para invadir la propia patria, es traición; necesitaríamos una nueva figura jurídica que sancionara la colaboración con el extranjero en ese tipo de proceso interno, con acaparamiento de bienes nacionales, que presionado por un interés de origen extraterritorial produzca o imponga deformaciones en los hechos económicos o culturales de la nación. Elevar este aspecto de la defensa de la nación a categoría jurídica sería una nueva forma de manifestarse en normas de derecho la protección a nuestra soberanía.

4

El monopolio comercial de La Forestal, hemos dicho ya, fue posible porque era propietaria de los pueblos, de las tierras con obrajes en las que estaban diseminadas muchas poblaciones menores, de vida más inestable aun que las de Santa Lucía, Cerrito, etc. El mal radicaba en el latifundio que, por su inmensidad, agravó las consecuencias que de él se derivan. Para formamos una idea de la importancia del movimiento comercial dominado, haremos cifras: poseía sólo en la provincia de Santa Fe seis establecimientos para elaboración de pan para venderlo en los pueblos, y en los obrajes; nueve carnicerías, sin contar lo que se faenaba con destino al personal de estancias; trece casas de campaña con ramos generales y despacho de «licores y cerveza»; para calcular la importancia de estas casas de comercio, basta decir que en 1918 La Forestal pagaba $ 3.000 anuales de impuesto por la fábrica de tanino de Villa Ana, que elaboraba 2.300 bolsas de tanino diarias de 50 kilogramos cada una, y por la casa de ramos generales de la misma localidad pagaba $ 2.100; por la fábrica de tanino de Villa Guillermina, una de las más importantes del mundo, abonaba $ 5.000 anuales, y por su almacén de ramos generales y despacho de licores y cerveza pagaba $ 3.100.

A pesar de que poseía servicio de farmacia en cada uno de los cinco pueblos más importantes, en 1918 sólo pagaba impuesto por la de La Gallareta y tampoco figura pagando impuestos por las carpinterías y herrerías de cada una de las poblaciones; por esas circunstancias no podemos determinar el número de los establecimientos de ese tipo dedicados a esas y otras actividades, por ejemplo la fábrica de vestidos, las de ladrillos, hielo, agua gaseosa. En ramos generales se concentraban las mercaderías de toda especie, incluso las que sólo podían adquirir familias de empleados superiores, que por ser de lujo «producían genuinos beneficios», como dijera un inspector visitador de los almacenes de Villa Guillermina en su parte pasado a La Forestal informando sobre aumentos o disminución de ventas. Los pocos comercios que no pertenecían a La Forestal funcionaban en propiedades que le arrendaban y por lo general se trataba de pequeños almacenes con expendio de bebidas, verdulerías, etc., ramos sobre los que no tenía interés especial la Compañía; por lo menos hasta 1940 aproximadamente, eran, con una que otra carnicería o tienda, los únicos que existían «independientes». Sobre esos comercios recaía un «impuesto» creado y cobrado por La Forestal en estas proporciones: por la casa de campaña y carnicería del Ramal San Juan, pagaba a la provincia $ 170 anuales, y en el mismo año ella cobraba a una verdulería y expendio de bebidas instalada en local propio sobre terreno de la Compañía, $ 48 anuales por arrendamiento del lote y $ 240 en concepto de «patente», recaudada mensualmente a razón de $ 20. Con este criterio, fácil es comprender que todo comercio que allí se permitiera quedaba subordinado al propietario de la tierra y que ningún verdadero comerciante arriesgaría capital para construir, sobre terreno ajeno, edificio de importancia destinado a comercio.

Los comercios llamados «libres» no podían de ninguna manera perjudicar las ventas de la Compañía que, además, para arruinarlos si quería o mantener limitada su actividad contaba con el efecto producido sobre las poblaciones por las frecuentes suspensiones de trabajo en vías y obras, la reducción de horas de trabajo o de turnos en las fábricas de tanino, aumentos de tarifas de transporte en sus ferrocarriles, etc., que incidían sobre la capacidad adquisitiva de las poblaciones y también sobre el éxodo de habitantes; todo ello estaba comprendido en el régimen despótico organizado sobre la base del dominio de la tierra. Cuando más rígido era su despotismo, la opinión pública manifestada por el periodismo, por la Inspección Nacional del Trabajo o por la Dirección de Rentas de Santa Fe denunciaba el monopolio comercial como un hecho contrario a nuestras costumbres y a nuestras leyes.

La Forestal no necesitó exponer ella directamente los fundamentos legales de ese despotismo porque, ofreciendo pruebas que la favorecieran en un juicio contencioso administrativo, pidió que se agregara al expediente, como documental, el diario de sesiones de 1915 con los discursos de dos diputados provinciales. Ninguno de sus abogados a sueldo para defenderla expuso mejor que un diputado pagado por el pueblo los fundamentos de su derecho a impedir actividades comerciales que no fueran las suyas propias en sus dominios. Después de exponer extensamente la doctrina de nuestro Código Civil en cuanto al derecho de propiedad, decía el diputado Romeo D. Saccone defendiendo a La Forestal en el recinto de la Cámara: «Y por último, examinando las opiniones de diversos autores, de las que se desprende que la propiedad es el derecho de disponer de una cosa con exclusión de los demás; que es el pleno poder jurídico sobre una cosa corporal; que es la posibilidad jurídica de ejercer sobre una cosa todos los derechos concebibles; y, finalmente, que es el poder de derecho, de una persona sobre una cosa, según todos los fines racionales de utilidad posible, inherentes a su sustancia, o concretando: el poder jurídico de una persona sobre la sustancia de una cosa, según la utilidad de ésa para los fines de la vida, definición que atiende a la esencia del objeto y al fin del derecho de propiedad según el significado material y jurídico de la institución. Ahora bien —agregaba—, apartada toda especulación filosófica, cuya verdadera finalidad consiste en atacar la organización actual de la propiedad, llegando hasta la destrucción de la institución misma y juzgando con criterio positivo y real, ¿en qué puede fundarse una prohibición a la Compañía, destinada a impedir el monopolio que de factum tiene establecido dentro de su propiedad, la que de reflejo le obligaría a aceptar comerciantes ajenos a su administración, sin requerirles el cobro de suma alguna?».

«Considerada la Compañía en su carácter de propietaria, es indudable que no puede encontrarse ninguna disposición que justifique una medida semejante. Tratándose, como lo es, de una propiedad privada, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, sus dueños gozan de todos los derechos absolutos y amplios que la ley civil acuerda a los propietarios, entre los que se cuentan principalmente el derecho de administrar y usar de la cosa a su arbitrio, condiciones que se encuentran taxativamente restringidas y limitadas por el mismo código, teniendo en cuenta el interés público y de terceros que pudieran ser perjudicados, y entre las cuales no existe ninguna disposición que autorice al gobierno provincial ni nacional a intervenir en una propiedad privada hasta el punto de imponer la aceptación de un extraño dentro de su dominio, bajo cualquier condición que sea, mientras la legislación permanezca en el estado en que se encuentra actualmente, pues jurídicamente el imponer hoy a la compañía la aceptación dentro de su propiedad, de un tercero, por el solo hecho de que se trata de ejercer un comercio o industria cualquiera, salvo que no revista un interés público y se expropie previamente, no puede sino considerarse como una violación de las garantías que la Constitución nacional establece en su artículo 17. La Compañía tiene derecho por nuestras leyes a ejercer ese comercio, ese monopolio; y El estado no puede combatir el sistema en otra forma que con la aplicación de posibles remedios para dicha situación. No hay más que dos fórmulas de solución: una constituida por leyes contra el latifundio, y la otra a base de expropiaciones realizadas por el Estado».

El diputado no abogaba para que se limitase ese derecho proponiendo nuevas soluciones, aunque fuese en materia impositiva. Adelantándose a esta posibilidad, sostuvo: «Pretender gravar con un sistema impositivo elementos primordiales del progreso, cuando precisamente el Congreso Nacional, para ayudar toda iniciativa privada, suprimió totalmente los derechos a la importación de rieles, no sería digno de una provincia que pretende y con razón ser uno de los exponentes más firmes del adelanto y de la civilización en este país».

Bien podían estar satisfechos del diputado los ingleses y alemanes dueños de las 2.100.000 hectáreas, pues encontraban, en un argentino nacido en el territorio de donde provenían sus gigantescas ganancias, más comprensión sobre lo que es progreso y civilización que el gobierno británico que les cobró $ 8.797.503,27 de impuestos por exceso de beneficios en un año. No hubiera sido «digno —a criterio del legislador— de una provincia que pretendía ser exponente de progreso y civilización», cobrar más que los $ 300.000 de impuestos que pagó La Forestal en el mismo año en que la «salvaje» Inglaterra les hizo pagar esos $ 8.797.503,27, sin ver sus bosques talados, sin enajenar parte de su territorio, sin que sus hombres del pueblo padecieran en los obrajes o en las fábricas y sin que la libertad de sus comerciantes se viera coartada por un derecho de propiedad que extranjeros ejercieran sobre su territorio… Mejor abogado no pudo tener La Forestal, ya que, además de justificarle, basado en nuestro derecho civil, su dominio absoluto sobre todas las actividades dentro del feudo, concluiría proponiendo la creación de algunas escuelas, ya que la comisión investigadora de abusos denunciados descubrió que todo el mal consistía en la falta de educación de aquellos argentinos metidos en los bosques de quebracho… Eran los años en que el fiscal de Estado, en un expediente administrativo sobre imposición de multa por falta de pago de patente por los ferrocarriles de La Forestal, en su dictamen decía: «Limitándose tan sólo a la ley impositiva que rige en la materia (patentes ferroviarias) y a la consideración de los hechos comprobados, que ha inducido a convencerse de que la mencionada empresa, voluntaria o involuntariamente, estaba defraudando los intereses fiscales, al sustraer un importante renglón de su comercio de los impuestos que rigen en el territorio de la provincia». Este asunto de la patente que no pagaba por sus servicios ferroviarios, correlacionado con otros que no se referían al impuesto cuestionado, pero traídos al expediente para demostrar cuáles eran, en general, las modalidades de La Forestal, se debatía en esferas administrativas cuando el legislador consideraba que era una cuestión de progreso y civilización no gravar con más impuestos sus actividades. Civilización demostraría entonces Santa Fe, no vergonzosa genuflexión ante la empresa extranjera que destruía su mayor riqueza natural en beneficio propio. No sólo se eximía de impuestos a pueblos de gran cantidad de edificios, sino que eran tan irrisorios otros que se cobraban que, debido en parte a ello, las ganancias líquidas de La Forestal podían hacer que el Estado británico encontrara una importante fuente de recursos en esos beneficios. Por el obraje La Balanza, que proveía de madera a la fábrica de tanino de La Gallareta, pagaba por esos años anualmente $ 300 de impuestos; la compañía se resarcía de esa suma con sólo vender 8 toneladas de rollizos, es decir, con sólo 4 árboles como máximo de quebracho colorado, o con dos árboles de cuatro toneladas, y téngase presente que en La Gallareta entraban cada veinticuatro horas 350 toneladas de rollizos transportadas en 20 ó 25 chatas diarias de 15 toneladas cada una. Quiere decir que con menos de la cuadragésima parte de la madera que ingresaba en un solo día en La Gallareta, La Forestal pagaba el impuesto de todo el año por uno de sus más importantes obrajes… Los civilizados éramos nosotros, los argentinos, que no creábamos o aumentábamos impuestos; los bárbaros eran los ingleses que gravaban con fuerza las ganancias de los que se enriquecían a costa de nuestros obreros y con el producto natural de nuestras regiones boscosas…

Una prolija investigación sobre los ramos que explotaba la Compañía en cada uno de sus pueblos y obrajes nos lleva, en principio, a señalar que el régimen impositivo era en parte voluntaria o involuntariamente —como diría el fiscal de Estado— eludido o no fiscalizado; sobre lo que no existe ninguna duda es sobre el hecho de que a La Forestal no se le estudiaba equitativamente el índice impositivo que correspondía a varias de sus actividades, especialmente porque por constituir un monopolio impedía el desarrollo general del Chaco y del norte de Santa Fe, como lo estaban probando otras poblaciones cercanas a Basail, Villa Guillermina, Villa Ana o La Gallareta, que por no pesar sobre ellas la dominación de La Forestal y a pesar de la influencia negativa de su latifundio, se vieron liberadas de los graves problemas que en sus pueblos dejaría implícitos como anormalidades la compañía extranjera que los explotaba.

5

Pueblos con más de 4.000 y hasta de 7.000 habitantes estaban fuera del régimen comunal: los administraba La Forestal como cosa propia. Allí la anormalidad institucional en ese aspecto ha sobrepasado no sólo los límites legales, en cuanto esas poblaciones estaban fuera del orden público imperante, sino que, como consecuencia, privó a la población de derechos gozados por el resto de los habitantes del país. Si las comunas han sido escuelas de democracia, allí esa ejercitación en los derechos locales estuvo impedida. Ni la iniciativa privada, ni las aspiraciones urbanas colectivas tuvieron razón de ser ni posibilidad de manifestarse ante poderes públicos. Todo estaba ordenado, planificado, orientado, administrado por el dueño único y absoluto.

Imposible resulta establecer paralelos, porque cada una de esas poblaciones constituyeron y constituyen aun un fenómeno extraño a nuestras tradiciones y al proceso que generalmente culminara con la formación de pueblos en Argentina. Por eso, no basta decir que faltaba el régimen comunal, desde que otras poblaciones tampoco lo tenían; lo que ocurre es que esos pueblos tenían una finalidad: servir totalmente a las explotaciones forestales de la Compañía; se fundaron con ese objeto y esa finalidad trajo aparejadas —cerrados como estaban a la introducción libre de propietarios— todas sus características y todas sus anormalidades institucionales. No está en tela de juicio su ordenamiento urbano, ni los servicios «públicos» prestados, ni la belleza que algunos, Villa Ana, por ejemplo, tuvieron durante su esplendor, porque todo eso sirvió con el tiempo para hacer más lamentable su decadencia, su despoblación y su abandono. Es su régimen el que, ligado estrictamente a los intereses pecuniarios de la Compañía, creó un estado de cosas tan singular que sólo puede explicarse en función del mal originario que venimos señalando: el inmenso territorio entregado al capital extranjero, desatendido de las conveniencias generales del país. En ese régimen se encuentran anormalidades tan extrañas como ésta: empleados de La Forestal, dirigidos por un «intendente», pertenecientes todos a la sección «Pueblos» de la compañía, eran los encargados de todos los servicios públicos. La Forestal hizo la traza, edificó, instaló alumbrado con usina eléctrica propia, instalaciones sanitarias, servicio de aguas corrientes, etc., etc. Las calles eran cuidadas por sus obreros a sueldo, a veces por presos de las comisarías. El «intendente» forestal obraba con facultades reservadas por nuestras leyes a los presidentes de comunas, ordenaba refacciones de edificios, reparaciones que ejecutaban operarios de la empresa o contratados con ese fin, pero sujetos al régimen social de La Forestal con obligación de efectuarles todos los aportes exigidos a sus empleados. A ese «intendente», la gerencia de La Forestal —no las leyes argentinas— le acordaba facultades judiciales, hacía emplazamientos para desalojar, ordenaba lanzamientos y la policía cooperaba… Fue el funcionario que dirigió desde el principio —dice Salvadores— el incendio y la destrucción de los ranchos de propiedad particular ubicados en el radio urbano, durante la huelga de 1921. Sus poderes nunca estuvieron homologados por un sistema legal discriminatorio de aquellas particularísimas poblaciones. Se obraba en una situación de hecho consentida por los poderes públicos, incapaces de superar con su esfuerzo el nivel de orden y eficiencia que observaban y que les eximía de responsabilidades locales por abandono de una responsabilidad mayor: impedir el despotismo de una empresa en pueblos argentinos, comprendidos dentro del país democrático.

Si la eficiencia inmediata de La Forestal y sus empleados era visible, más visibles aun eran el estancamiento, la decadencia, la inercia o el abandono que se avecinaban condicionados al agotamiento del quebracho colorado. Resultaba fácil prever que todo lo que en esos pueblos había estaba ligado a los cálculos de lucro de una compañía cuyo itinerario histórico desde los comienzos venía marcado por las constantes denuncias de bárbara explotación de obrajeros argentinos sin perspectivas de prosperidad para ellos, y de férrea coacción sobre los habitantes de aquellos pueblos sin contar la alarmante advertencia de falta de respeto por nuestra soberanía al recibir a sus directores europeos enarbolando una bandera extranjera con inscripción propia como símbolo de La Forestal. Ninguna dificultad para asesorarse tenían nuestros gobernantes sobre una realidad que afectaba al pueblo y al Estado, no sólo por las evidencias sino por lo que claramente denunciaba el periodismo zonal, al que se tildaba de sensacionalista para justificar la sordera. Numerosos profesionales habían analizado situaciones que urgentemente debían solucionarse, pero si hubo una empresa bien organizada para predominar en las esferas oficiales, esa empresa es La Forestal. La organización despótica de pueblos y obrajes tuvo sus críticos ocasionales que, como patriotas, pudieron ser escuchados; pero en definitiva los escritos que dirigían a funcionarios judiciales parecían ser, más que elementos para juzgar casos concretos, explosiones de indignación ciudadana sin eficacia a los fines procesales, y se perdían en la rutinaria tramitación de expedientes. Se perdieron así voces como la de J. I. Díaz Candioti, que exclamaba: «Yo que conozco la realidad de nuestro Chaco, que amo a mi país, confieso, señor juez, que cada vez que oigo la canción patria que grita tres veces “Libertad”, siento un estrujón del alma y un ansia de que vibren sus estrofas allí en las selvas tupidas, como un grito de redención para nuestros hermanos».[4] ¿Redimirlos de qué? ¿Acaso no existían miles de pobladores que vivían del trabajo que les proporcionaba, que utilizaban, lotes para construir viviendas sin necesidad de comprarlos, que recibían raciones de alimentos en días de desocupación o que hacían turnos de dos horas para no quedar sin ingresos, que tenían clubes, trenes gratuitos en los ramales de La Forestal para pasear o cazar, que hacían sus compras con libretas, vales o fichas, que disfrutaban de asistencia médica mediante módico descuento en sus jornales, que vivían en pueblos de casas modestas o cómodas, o en ranchos, o en departamentos de las solterías para empleados y para obreros? ¿De qué había que redimirlos? ¿Por qué el descontento en la masa obrera? Es que a pesar de todo eso, cada uno sabía que su suerte no dependía de su propia capacidad, sino de una sumisión constante, de una adhesión incondicional a los dictados de la Compañía en todos los aspectos relativos al trabajo y a la vida en sus dominios. Ninguna aspiración individual o colectiva que no aceptara La Forestal tenía probabilidad de éxito. Y se sabía que esa sujeción al poder de los extranjeros conducía a una cosa: trabajar para los grandes beneficios que ellos obtenían. Esto afectaba especialmente a la masa; de Obreros y peones; en menor escala a ciertos empleados. Una mínima parte de éstos, que había afectado totalmente su destino como empleados al régimen de la compañía, podía escalar, unidas ciertas condiciones personales, cargos de responsabilidad que eran la excepción. El resto de la población no podía elegir otro destino que el impuesto según el criterio que se tuviera sobre el beneficio que reportaran con su trabajo. Para escapar a ello, tenían que salir del pueblo. Eso no ocurría en los pueblos nacidos en épocas anteriores, rodeados de colonias, donde hasta la pobreza tenía otra explicación. También sabían los pobladores «forestales» que cada beneficio recibido tenía su respectiva contraprestación, y lo que en otros pueblos y ciudades era del orden público, allí estaba «gobernado» por un orden privado. Ese orden tenía en sus finalidades y en sus formas la función de consolidar un poder demasiado fuerte para ser tolerado, demasiado egoísta y lucrativo para no ser apasionadamente criticado, como lo fue en algunas ocasiones memorables, y soportado casi siempre por necesidad o por falta de apoyo en esferas gubernativas. Aquellos pueblos se parecían más a factorías coloniales —hasta por el tipo de viviendas en zonas boscosas— que a centros urbanos donde se respirara en su ambiente la ingénita libertad que disfrutaban argentinos e inmigrantes pobladores de colonias, y que aun sintiéndola en algunos aspectos retaceada, la tenían y la ejercían para criticar los males y superar los defectos. Los argentinos de los pueblos de La Forestal estaban saliéndose de nuestras costumbres y de sus deberes para con el Estado, cooperando no con la comunidad, con la sociedad argentina, sino con una empresa que lo absorbía todo, que todo lo proveía, lo organizaba, lo mejoraba o lo destruía en función de su finalidad de lucro.

La naturaleza de los pueblos de La Forestal era ésta: se trataba de bienes inmobiliarios de la compañía y estaban administrados como una parte integrante de la administración general de la empresa; no les faltaban gerentes de procedencia extranjera o nativa para asemejarlos a factorías con dirección extraterritorial…

6

El empleo de moneda propia dio lugar a apasionadas denuncias públicas y a controversias sobre su calificación, independientemente de la circulación de vales y fichas en los obrajes, tan generalizados que se negociaban con descuento sobre su valor para convertirlos en pesos moneda nacional,[5] o se utilizaban no sólo en la compra de mercaderías, sino también en las apuestas de juego. En ese sentido tenían el valor de moneda dentro de los dominios de La Forestal. Las fichas para ser canjeadas en las carnicerías llevaban grabado su valor en especie; las más comunes equivalían a 1 kilogramo de carne y tenían acuñada su identificación como pertenecientes a La Forestal. Se utilizaron como control en los negocios donde los empleados no recibían dinero, sino esas fichas como una orden de entrega. Los contratistas las recibían de La Forestal para entregarlas formando parte del pago a los obrajeros; de ahí que por su generalización se las considerara como moneda. En otros aspectos del «sistema fiduciario» cuestionado, el referido no ya a fichas y vales, sino a «moneda», decía el doctor José Gervasoni, en el informe judicial ya citado: «[…] en cuyos extensos dominios se desconoce por completo la moneda nacional, obstaculizándose en tal forma su empleo, para imponer su propia y característica moneda, representada por billetes como el de fojas 71, que aunque lleva la leyenda de la “Argentine Quebracho Company” pertenece a la compañía denunciada por ser ésta su sucesora». Mencionaba luego las fichas empleadas para la entrega de carne, y decía: «De paso, he de hacer notar a V. E. que esas carnicerías que posee «La Forestal Limitada» son una descarada violación a disposiciones terminantes de nuestro código rural, como la del artículo 370 que exige la matriculación de los abastecedores, bajo la pena consignada en el artículo 377 del mismo código, pues esos establecimientos que son de la compañía figuran a nombre de empleados de la misma, empleados que no tienen personalmente la solvencia que trata de asegurar la ley”. Este agregado explica la razón por la cual se les atribuyera también a las fichas la pretensión de ser monedas de un sistema propio. Porque siendo necesario muñirse de ellas para adquirir carne en negocios que no figuraban a nombre de La Forestal, quedaba invalidada la afirmación de que sólo servían de control a la Compañía y como orden de entrega. Por ello, Gervasoni afirmaba que eran «de curso forzoso, con más valor que la moneda del país, ya que es obligatoria la adquisición de ese medio circulante clandestino si se quiere conseguir el despacho de cualquier articulo en los establecimientos de la Compañía, en los cuales, por orden superior, se desconoce la moneda de la República, negándose a aceptarla como pago». Los sucesos trágicos de 1921, de los que fueron víctimas centenares de obreros argentinos, pusieron en evidencia numerosas anormalidades que en su hora conmovieron a la opinión pública, y La Forestal modificó en parte sus procedimientos —con lo que contrarrestaba las censuras—, pero no anuló del todo la imposición de fichas que seguían llamándose monedas. Que se utilizaban billetes, lo dijo el doctor Gervasoni, agregando al expediente judicial uno como prueba, y en cuanto a monedas acuñadas no poseemos más documentos probatorios que una carta de A. Schronn, fechada en Villa Ocampo el 12 de setiembre de 1941, dirigida al diputado José Gustavo Doldán, uno de cuyos párrafos dice: «yo mismo fui el que les fabricaba las fichas de bronce que representaban los valores siguientes: una de $ 5, otra de $ 10 y la última, de $ 50; eso fue por el año 1908; entonces mi padre tenía el taller mecánico en Reconquista y mandaban hacer gran cantidad de dicha moneda para el pago de los obrajeros. Les estaba prohibido gastar fuera de la administración y cualquier vendedor ambulante era expulsado y nadie podía arrimársele a hacerle alguna compra bajo amenaza de ser también expulsado. Nunca conocían plata, sólo las doradas fichas plata Forestal».

El inspector Nicklison, en un informe contenido en el Boletín Nacional del Trabajo, decía: «Por regla general, en los obrajes casi no circula la moneda nacional. El trabajo se remunera por medio de vales, bonos, letras de cambio y fichas, a fin de que las proveedurías o almacenes de las empresas insuman todo el fruto del esfuerzo obrero. Este sistema de pago, que trae como consecuencia una serie de graves dificultades para los trabajadores, constituye el abuso mayor de las empresas, bajo cualquier punto de vista que se le considere». Y el inspector jefe, don Alejandro M. Unsain, al considerar ese informe, agregaba: «Se comprende de lo expuesto que el trabajador de aquella región no recibe la remuneración de sus servicios en moneda nacional, lo que le priva de la libertad de comprar donde le convenga lo que necesita para su subsistencia, ya que la moneda de la empresa emisora sólo tiene poder adquisitivo en las casas de negocio de la misma. Pero lo más grave de esta irregularidad consiste en que en un territorio nacional, gobernado directamente por autoridades federales (se refería al Chaco), y donde imperan las leyes y la soberanía de la Nación, exista una empresa particular ejercitando atributos que sólo corresponden al Congreso Nacional, como es la de sellar monedas y reglamentar la circulación fiduciaria».[6]

La puesta en circulación de fichas, vales, billetes o moneda formaba parte del plan comercial de la compañía, exactamente como lo hacían otras firmas explotadoras de bosques para asegurarse, por un lado, la eficacia de su monopolio, especialmente entre los obrajeros y peones de obrajes y fábricas que formaban la gran masa de consumidores. Pero observado el sistema con más sutileza, ocurría que la empresa, en vez de destinar una gruesa suma de dinero al pago de jornales podía invertirla, con más beneficio, en la adquisición de mercadería para sus almacenes y al revender, rescatando «su moneda», resultaba que el pago de jornales en gran parte se hacía en especie, creándose la situación que ya hemos estudiado: como era imposible que el jornalero invirtiera las fichas —y aun el dinero— en comprar fuera del ámbito del latifundio comprendidos pueblos y obrajes, resultaba que cambiaba su fuerza de trabajo por alimentos. Si aceptáramos íntegramente la afirmación de Alejandro M. Unsain, «que el trabajador no recibe la remuneración de sus servicios en moneda nacional» y teniendo en cuenta lo ya expuesto, nos hallaríamos frente a un aproximado panorama del régimen esclavista, al estilo del que imperaba en los yerbales paraguayos y en los obrajes de Carlos Casado, según testimonio de Rafael Barret. Los múltiples recursos de sujeción que aplicaban contratistas —deudas pendientes, presión policial, etc— hacían que las personas aceptaran su propia explotación a cambio de la seguridad de los alimentos. Esto es lo que, sin llevarlo al análisis en todos sus aspectos, provocó en diversas épocas las críticas más severas denunciando los abusos y llamándoles esclavos a los obreros y obrajeros, que era una manera de calificar, por apariencias externas, lo que en el fondo se aproximaba a la verdad, tanto que más exactamente pudo hablarse de un despotismo sui generis, ejercitado a raíz de la posesión de todos los elementos —fundamentalmente el de la tierra— constitutivos de un seudo-estado.

7

En cualquier pueblo del territorio argentino pudieron existir comisarios rectos, honestos, y también otros venales, abusadores de su autoridad; basta hojear el índice de los archivos de gobierno para hallar constancias de sumarios por motivos diversos, aunque casi siempre las denuncias fueron por abusos en perjuicio de las personas. Los comisarios «coimeros» raras veces dejaron rastros de sus ilegalidades de ese tipo, en lo que se parecerían a los sobornados en el anonimato de los hechos. Todo dinero que ingresa al bolsillo del comisario que no sea por sueldo, pero que se le entrega a raíz de sus servicios por personas favorecidas, es coima —pago por un favor—, soborno —pago por un encubrimiento— anticipo de soborno… La coima es una exigencia; el soborno, la aceptación de una ilicitud. Esto es fácilmente discernible como la calificación, dentro de las ilicitudes, de la aceptación de un «pago» mensual hecho por persona o empresa independientemente del sueldo recibido por vía legal. En ningún pueblo de Argentina que no sea de La Forestal ha ocurrido que los comisarios recibieran pagos mensuales de una empresa. En el lenguaje común eso es «comprar al comisario», naturalmente para utilizarlo. La Forestal pagaba esos emolumentos con conocimiento de los superiores jerárquicos. El comisario, como representante de la autoridad pública, pasaba así a constituirse en una hibridación de autoridad pública dependiente de una «autoridad» privada, con más influencia sobre sus actos que los mandatos de la ley, puesto que su conducta forzosamente estaba condicionada al pago de la subvención privada que ambicionaba y que recibía. Semejante atrocidad ilegal no era sancionada: se hacía la vista gorda… Recibir con conocimiento público una subvención de La Forestal no era considerado soborno, coima, o en lenguaje técnico exacción ilegal, sino simplemente una deshonestidad manifiesta elevada a categoría de norma por la empresa. Indudablemente era una inmoralidad tanto otorgarla como recibirla, y se perdían así todas las garantías de imparcialidad. Aunque La Forestal no necesitara que se le silenciaran o disimularan hechos policiales de sus agentes, la subvención mensual al comisario creaba una situación de dependencia irritante para la ley y acentuaba el rigor de la autoridad en concordancia con el dinero recibido, cuando la Compañía lo exigía. Y es así como comisarios pagados por el erario público, más que representantes de la autoridad provincial, pasaban a ser subordinados de hecho de La Forestal, con apariencias de comisarios provinciales. Lo privado de La Forestal también en ese aspecto estaba por sobre el orden jurídico. Salvadores decía: «De largo tiempo atrás la empresa ha tenido su policía. Los empleados designados por el superior gobierno estuvieron siempre prácticamente a las órdenes de los gerentes de los distintos pueblos. El presupuesto en vigencia asigna a un comisario general, tomemos por ejemplo el de Villa Guillermina, $ 150 mensuales. La empresa por regla general es árbitro de los nombramientos y fija para estos funcionarios una partida de $ 450». «He recibido dos cartas propuestas (decía el jefe de policía señor Carlos Berli, funcionario honesto), una de A y otra de B. El primero me ofrece $ 15.000 en efectivo y el sueldo mensual que según presupuesto le corresponde para que yo lo haga nombrar comisario de Villa Guillermina y lo mantenga durante cuatro años en el cargo. El segundo, B, me hace análogo ofrecimiento, pero en lugar de $ 15.000 ofrece $ 10.000 y el sueldo, para obtener la comisaría de Villa Ana». Y agregaba: «los dos conocen muy bien esas localidades». Esto sólo demuestra el estado de corrupción promovido por la Compañía. Ser comisario de una población de La Forestal era tener carta blanca para explotar los vicios más envilecedores del ser humano, desde el juego hasta la prostitución.

Pero sigamos a Salvadores; él fue testigo insobornable y calificado por su condición de legislador: «La Forestal les pasa una subvención mensual de $ 450 y una partida también mensual de $ 70 para forrajes, etc.; total, 520 pesos moneda nacional. Les da casa-habitación, luz, leña, caballos, armas y demás. En sus almacenes pueden adquirir lo que deseen por precios muy ventajosos. Si se portan bien con la empresa recibirán algún aguinaldo o prima; por otra parte, la Compañía, que es tan exigente con el pequeño comercio, les dará permiso para que hagan jugar y perciban sus coimas, como también para que cobren por permisos de bailes, y puedan de vez en cuando hacer producir algún tumulto o escándalo que epilogará con algunos garrotazos, algunas que otras palizas en el calabozo y unos cuantos cientos de pesos por concepto de multa, sin recibo. Pero ¿en qué consiste portarse bien con la empresa? Más o menos en lo siguiente: acatar sin objeción las órdenes de la gerencia; tener mano dura y olvidarse de sentimentalismos con todo el mundo si todo el mundo ha caído en la horrible desgracia de ser sindicado como réprobo por aquélla. Caer en desgracia con la gerencia implica el retiro del agua y la luz. El funcionario deberá renunciar al cargo, no dispondrá de caballos ni de armas, ni de los elementos más necesarios. Además, el representante de la Compañía en Santa Fe visitará diariamente al señor gobernador y al señor ministro de gobierno para pedirles la remoción del funcionario, y persistirá hasta obtenerla. Como el jefe político se encuentra en igualdad de condiciones que el comisario, ya que percibe una subvención que oscila entre $ 800 y 1.200 moneda nacional mensuales, no es difícil que siempre otorgue razón a la empresa y destituya o pida la destitución de aquél, aun cuando no haya cometido otro delito que el de haber saludado al gerente con una inclinación menor de 90 grados».

¿Cómo llamar a esa partida asignada por La Forestal para pagar la servidumbre de la autoridad policial? No era una subvención, porque estaba encaminada a corromper no sólo al comisario o al jefe de policía o al juez de paz, que también recibía pagos de ese tipo, sino a toda autoridad que conociéndolo consentía esa entrega mensual de dinero a sus subordinados. No era soborno, porque no respondía a acallar un hecho determinado, pero se parecía demasiado a él. Si una persona que no tuviese la enorme capacidad financiera de La Forestal hubiera hecho entregas de dinero en esa forma, sin duda se la tendría bajo sospecha. Pero resulta que, según lo denunciado por el legislador Salvadores y que era de público conocimiento, el pago de una llamada subvención tenía carácter de «norma», sin que exista un solo sumario administrativo o proceso judicial que se iniciara a raíz de esa anormalidad que sanciona el artículo 259 del Código Penal.

«Sabe esta compañía —dice el doctor Doldán— que el Código Penal castiga en su artículo 259 al funcionario público que admitiere dádivas, por razón del cargo y mientras permanezca en él; pero pasando por encima del Código, hace de la dádiva un sistema, especula con las necesidades de los empleados, compra sus conciencias e incurre a su vez en reiteradas violaciones del artículo 258 del mismo Código. Muchas veces me he preguntado: ¿No está en este régimen de soborno la causa única y exclusiva en virtud de la cual La Forestal ha logrado mantener ocultas sus perniciosas actividades durante tanto tiempo? La respuesta surge espontánea y no necesito exponerla. Contrasta esta generosidad hacia los que se inclinan reverentes a sus designios, con la que usa para castigar a los espíritus fuertes que se le rebelan. Para éstos ha creado otra institución: la lista negra. Entrar en ella significa perder irrevocablemente el derecho a trabajar en los dominios de La Forestal, pues la inclusión se comunica de inmediato a todas las fábricas y a todos los obrajeros y contratistas. Aquéllas y éstos dejarán, en muchos casos, de cumplir las leyes argentinas, pero la sentencia condenatoria dictada por La Forestal se cumple inexorablemente, pues saben los encargados de cumplirla que si osaren violarla se les aplicaría también esta nueva especie de muerte civil»[7].

Hemos utilizado nuevamente la palabra anormalidad, para referirnos a las dádivas, y es inevitable; tanto resultaba una anormalidad más en la vida de los pueblos de La Forestal, que no existe una figura legal ni antecedentes de otro orden —costumbre, formalidad, etc.— donde encuadrar como normal el hecho de que una empresa de tan vastas proyecciones pague mensualmente a los representantes del orden público y los tenga a su disposición como cosa propia, sustituyendo en las órdenes a la superioridad jerárquica del P. E. Lo que sí puede afirmarse es que esa anormalidad era corruptora, privada de independencia, subordinada la autoridad pública a los dictados de un gerente de empresa. Y lo que debió ser inmediatamente sancionado, era consentido. Se tenía la seguridad dé que dentro del feudo de La Forestal no mandaba nadie más que ella y la declinación de la autoridad a su poder económico significaba tanto como librar al arbitrio de La Forestal la conducta de un funcionario público en la parte en que ella estuviera interesada, y en este sentido la faz corruptora de la subvención constituía un delito. Y, si la empresa que con visos de simple magnificencia llegaba a tanto, más grave aun resultaba la situación por tratarse de pueblos de propiedad de extranjeros. La población tenía motivos para sentirse humillada ante la persecución, que sabía, estaba ordenada por alguien que no era la autoridad de su país, hubiese o no cometido delito. No se refiere la Constitución Nacional a este tipo de extranjeros introductores de industrias, cuando habla de fomentar la inmigración. La industria es lícita cuando todos sus procedimientos son lícitos. A la ilicitud de la subvención no la saneaba ni el consentimiento culpable de quienes tuvieron la obligación de corregir al funcionario venal que así declinaba su independencia. Esa práctica continuó hasta décadas recientes si nos atenemos a manifestaciones de un ex comisario que «no recibió nada de La Forestal, pero el anterior sí». En la comisaría de Tartagal hemos visto que anotaciones policiales eran llevadas en libros provenientes de la Argentine Quebracho Company, después que esta empresa se fusionara con La Forestal.

El estar al servicio de ella y gozando de su respaldo les permitía a los comisarios justificar sus propias irregularidades, sus propios abusos —¡qué le hacía una mancha más al tigre!— y es así como se convirtieron en apaleadores, en perseguidores de obreros, en ejecutores de órdenes para la represión ideológica y otras inconductas tan graves como ésta: en Intiyaco un comisario, socio de hecho con un propietario de casa de baile, oficiaba de acordeonista y desde su sitial en ese medio de prostitución daba órdenes a sus subordinados para que mantuvieran quietos a los cargosos…

Se comprende que, corrompidos por el dinero, sus vicios llegaron a consentir pésimas costumbres que también admitía en su feudo La Forestal. Las casas de baile fueron verdaderos lenocinios utilizados para esquilmar a obreros y obrajeros. Consistían en locales regenteados a veces por personas ajenas a La Forestal, donde concurrían mujeres llamadas «bolicheras», que ejercían la prostitución.

El diputado Saccone, refiriéndose a esas casas, decía: «Los bailes públicos son característicos en todo el norte, especialmente los que tienen lugar en las poblaciones de “La Forestal Ltda.”. Es necesario describir el cuadro para comprenderlo. El patrón o dueño de la casa tiene un despacho de bebidas y un amplio salón para danza. Es un verdadero cabaret a la usanza criolla y lo inconveniente del caso es que nuestra ley de patentes faculta al establecimiento de casas de baile, que significan casi la única diversión de la clase trabajadora de esas regiones». El único inconveniente que encontraba el señor, Saccone a estas casas de baile era que «fatigan el cuerpo y el espíritu del trabajador, para continuar las tareas del día siguiente». El diputado Filiberti agregó: «Este salón es un gran cobertizo de paja hecho rústicamente, iluminado a luz eléctrica; en derredor, se colocan las mujeres sentadas sobre bancos de madera con pequeñas mesas; ellas también atienden el despacho de bebidas, que compran al patrón del baile para vender a su vez a los concurrentes. Expenden generalmente cerveza por la que cobran un precio elevadísimo. Estos bailes se repiten hasta tres veces por semana, la concurrencia es siempre numerosísima y es común ver allí a menores de edad bailando un tango “sui géneris” en medio del vaho producido por ese ambiente saturado de prosaicas materialidades. Las mujeres de vida alegre se cuentan por centenares en esas poblaciones, y se dedican a la prostitución libremente, sin visita médica y sin contralor de ninguna especie».[8]

La Forestal, que no permitía vendedores ambulantes y en muchas de sus poblaciones tampoco otro tipo de comerciantes, que tenía sobrado poder para suprimir de sus dominios ese comercio infame ejercido en las casas de baile, lo consintió; la luz eléctrica que proveía iluminaba aquellos cobertizos donde circulaban sus propias fichas o monedas —según informe de un viejo periodista— y donde se vendía la cerveza cuya venta por mayor monopolizaba. Un comerciante de Villa Guillermina le decía a Salvadores que en el deseo de obtener mayores utilidades en la venta de cerveza, había viajado a Santa Fe para adquirirla directamente en la cervecería. «Obtuvo un precio de $ 27, cargado el flete, pero cuando trató de realizar la compra, pues allá “La Forestal” les cobraba $ 43, en la cervecería se le hizo saber que sin la autorización escrita de la gerencia de Guillermina no podían venderle el artículo». ¡Tal era la influencia y el despotismo que ejercía la empresa extranjera, que frenaba, por el solo hecho de ser reconocido y aceptado su poder, una transacción comercial a más de 400 kilómetros de distancia! ¡Esto sería más que suficiente para responsabilizarla del libre funcionamiento de casas de corrupción, de vicios y de consiguientes delitos en sus poblaciones! Hubiera bastado una orden, nada más, para que todo aquello desapareciera conjuntamente con la desmoralización de sus obreros y obrajeros. Esos centenares de mujeres prostituidas a que aludía Filiberti, ¿dónde habitaban sino en viviendas de La Forestal? ¿Quién era, si no La Forestal, la propietaria del terreno donde se levantaran las casas de baile? Si se trataba de mujeres solteras, ¿bajo qué contrato habitaban viviendas en los pueblos? «En Tartagal —agregaba Filiberti— un médico, a título de curiosidad, examinó a doce de esas mujeres y nueve de ellas resultaron enfermas». Todo a título de simple curiosidad…

Si la intención de la Compañía hubiera sido de moralizar —así como después trató de estimular los matrimonios para suplir los concubinatos— y de impedir la difusión del alcoholismo dentro de sus 2.100.000 hectáreas con su cincuentena de poblados y obrajes en Santa Fe y Chaco y más de 25.000 habitantes, nadie habría contravenido su prohibición y con ella debía también cesar de ser la expendedora de «cerveza y licores», como discriminaba la patente fiscal que pagaba.

Las casas de baile instaladas en los pueblos de La Forestal fueron para los comisarios una suculenta fuente de ingresos y no de balde hubo quienes pretendían comprar el cargo sin gozar de sueldo oficial.

No quedaron libres de la acción corruptora del capital extranjero los jueces de paz, que recibían también subvención, se alojaban en sus propiedades y disfrutaban de las mismas prebendas acordadas a los comisarios. Como resultaba casi imposible que en conflictos no fuera parte La Forestal, desde que era dueña de todo, las tareas de estos jueces se reducían a menesteres propios de un jefe de registro civil. Por el solo hecho de aceptar prebendas de La Forestal, estaban descalificados ante la opinión pública, pero no para el gobierno que los mantenía en sus puestos y que de ninguna manera podía ignorar la situación en los pueblos de la compañía. Esta anormalidad tampoco ocurría —por lo menos como sistema de corrupción públicamente aceptado— en ninguna otra localidad surgida gracias al esfuerzo y al sacrificio de sus pobladores, sin el vasallaje impuesto por una empresa. Comisarios y jueces al servicio de La Forestal completaban el cuadro deprimente, que no sólo era tolerado por argentinos en los poderes públicos, sino que, en su afán a su vez de ser gratos a la Compañía, o hacían su elogio o callaban…

Fábrica de tanino de La Forestal Cía. de Tierras, Maderas y Ferrocarriles en La Gallareta.

Las huelgas de 1919 y 1920

1

Los movimientos obreros que se produjeron en las fábricas y obrajes de La Forestal no estaban desvinculados de la actividad sindical y del esclarecimiento social en torno a los problemas fundamentales de la clase trabajadora. Si por una parte se originaron por razones locales derivadas de la explotación inhumana del hachero, de la falta de libertad de los obreros de fábricas y obrajes, oprimidos por la prepotencia de la Gendarmería Volante y la policía, de las necesidades económicas y la desocupación, por otra, en toda la república el alza constante de los precios en los artículos de primera necesidad, los horarios de trabajo que excedían las diez horas diarias, los salarios bajos, las condiciones antihigiénicas en talleres y fábricas, eran motivos de movimientos sindicales en las principales ciudades y centros fabriles y ferroviarios. La conciencia de clase había adquirido un grado elevado de esclarecimiento y la solidaridad obrera se extendía a toda la república en armonía con el suceso mundial de la gran explosión revolucionaria rusa.

En el norte forestal de Santa Fe y el Chaco, las malas condiciones de vida en las poblaciones, aldeas y obrajes databan de los comienzos mismos de las explotaciones, si se exceptúan ciertos círculos de empleados. A períodos normales de trabajo y de prosperidad, le seguían otros de decaimiento general de poblaciones que habían sido florecientes al establecerse las fábricas y funcionar al máximo rendimiento. ¡Para tener una idea clara de estos fenómenos, debemos tener presente, además de las maniobras de La Forestal en el orden del comercio internacional del rollizo y del tanino para derrotar con la baja de precios a los pequeños industriales con fines de monopolio, la naturaleza de las poblaciones de vida efímera que creaba con el solo fin de intensificar la labor de obraje en un lugar estratégico con respecto a la existencia de bosques de quebracho colorado, a las vías ferroviarias propias y a la línea del F. C. S. F. En esas agrupaciones de casas y casillas todo era inestable, todo transitorio, carente de porvenir como agrupación social. Radicado temporariamente el obrero, su vida carecía de fundamentos económicos locales permanentes para él o su familia. En las poblaciones mayores donde funcionaban fábricas, o de gran actividad de obraje como en Colmena, al empuje primero de afluencia de pobladores por migración interna le seguía el estancamiento y la decadencia; pero mientras tanto, los que aun quedaban poblando, padecían no sólo el yugo de una Compañía de la cual dependían, sino las consecuencias de la falta de vida independiente de aquellos que se hubieran establecido al margen de La Forestal, en cuyo ámbito no existía otra forma de vida que la que ella impusiera directa o indirectamente con su sistema de organización.

Las profundas razones de orden social de las huelgas de 1919, 1920 y 1921 las encontraremos siempre, a lo largo de toda la extensión de los dominios de la Compañía, en su manera opresiva de obrar, en las desocupaciones que provocaba, en la división social impuesta y claramente diferenciada y, a pesar de los esfuerzos realizados para demostrar que la remuneración al trabajo era elevada, en la creciente carestía de la vida. Desde Colmena —seis años antes de la primera huelga, menos resonante, de 1919—, un corresponsal decía: «Aquí en el Chaco santafesino, en donde impera el despotismo de un trust escandaloso, la vida es increíblemente cara, de parecer cuento a toda persona que no haya vivido en estos lugares». Eran los años en que se trabajaba intensamente en los obrajes con una masa de hacheros y obreros aproximadamente de nueve mil hombres, con mujeres e hijos en muchos casos; cuando se realizaba, además, la explotación más bárbara por intermedio de los contratistas, chivos emisarios de los abusos. La reducción y aun la cesación del trabajo en algunos sectores creaba la desocupación transitoria mientras se intensificaba o iniciaba nueva labor de obraje en bosques de otras secciones. La pobreza aumentaba con el desmantelamiento de instalaciones, con el traslado de la actividad forestal y la disminución de cargas en estaciones ferroviarias a cuyo alrededor se establecieran familias. Así es como en 1913, Colmena «yacía en completa inercia» después del apogeo alcanzado por sus obrajes, y mientras la población atravesaba las penurias de su decaimiento y era difícil vivir para el hombre de trabajo que había visto allí, en sus playas, las enormes pilas de rollizos que durante años se sucedieran extraídas de los obrajes y, cargadas luego en trenes de recorrido diario, iban rumbo al puerto o las fábricas; mientras la pobreza y la desocupación lo expulsaban del lugar, era testigo también de la magnificencia de La Forestal, cuyo gerente agasajaba y brindaba con champagne en honor de su visitante, el jefe de policía…[1]

El periodista de la época informa sobre decadencia, pero el parte portuario facilitaba las cifras que aclaraban el panorama con respecto a las exportaciones de la Compañía. En 1912 se exportaron 70.000 toneladas de rollizos por el puerto de Santa Fe —que no era el único punto de embarque— y en 1913, 136.498 toneladas, casi el doble, lo que demuestra un incremento correlativo de la actividad de obraje que se vería muy superado con los embarques de Puerto Ocampo, Piracuá y Piracuacito. En 1911, La Forestal había exportado maderas por un total de 250.000 toneladas y en un período de tres años, hasta 1908, 184.000 toneladas de tanino, calculándose en 200.000 toneladas el consumo anual de extracto tánico en todo el mundo para 1912.[2] Además, tenía contraídos compromisos contractuales para exportar 2.000.000 de durmientes destinados a ferrocarriles de América del Sud.

La pobreza de las poblaciones, de esta manera, sólo se explica por el régimen que les impusiera La Forestal, porque una insignificante parte de sus ganancias revertían a la zona y esto cuando le era beneficioso y por el bajo nivel de vida de los obreros y hacheros que, por su número, daban la tónica general al medio social. Debe tenerse en cuenta aquí lo estudiado anteriormente con respecto al trabajo en los obrajes y el desenvolvimiento de la vida en las poblaciones de La Forestal y, en general, en su latifundio. Los trabajadores, a partir de 1914, dependían exclusivamente de la ocupación que les proporcionara una sola gran empresa en una extensión aproximada de 1.600.000 hectáreas en las que estaban ubicados los obrajes y cinco fábricas de tanino, más las tierras y las fábricas del Chaco.

Con razón se alarmaba la opinión pública: «A estar a las informaciones telegráficas, se da por descontada la fusión de las empresas del norte. Tal medida ha producido un efecto desfavorable en el comercio y vecindario de este departamento —Vera—, que ven en esa fusión un peligro para los intereses de esta rica zona». Se vieron venir las consecuencias del monopolio para los trabajadores. La Compañía Forestal del Chaco, la Compañía Mocoví, la Argentine Quebracho Company y la Compañía de Tierras de Santa Fe quedarían fusionadas en La Forestal, que se convertía en el árbitro de toda la vida económica del norte santafesino y sur del Chaco (incluyendo en gran parte a la ganadería), con su dominio completamente cerrado a toda actividad laboral que no dependiera de ella. El camino para los obreros del tanino y los hacheros de la región, no tenía —salvo tambaleantes excepciones de empresas aun independientes— más que una dirección: La Forestal. Fuera de ella, la incertidumbre; dentro de ella, la estabilidad más o menos duradera condicionada a un sometimiento total, abarcando su poder, de sur a norte, hasta el paralelo 28, una distancia de 220 kilómetros, sin incluir el territorio del Chaco. En ese feudo con factorías del consorcio internacional vigilado por policía y gendarmería dependiente de La Forestal, era difícil que se difundieran doctrinas sociales y políticas de vanguardia, de aquí que el primer Centro Socialista se fundara en Villa Ocampo, a 30 kilómetros de Villa Ana, poblado independiente de La Forestal, aunque bajo su influencia. Por el puerto de Ocampo, que pertenecía a la empresa, los marineros de sus barcos realizaban tareas proselitistas, colaborando con la Federación Obrera de Tanino y anexos del Chaco. En Villa Guillermina se logró formar el Centro Obrero, primero con carácter recreativo, y luego también sindical, que respondía a la Federación Obrera Regional Argentina (F. O. R. A.). Las tareas sindicales las realizaban los obreros más capacitados, Lotitto, Giovetti, Ifran, Lafuente, Vera, Cochia, etc., y se distribuían periódicos de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. El dirigente obrero Juan Giovetti redactaba en Villa Guillermina el periódico Aña Membuí y era, conjuntamente con Lotitto, calificado de agitador, «agitador —decía el Santa Fe— porque con su prédica enseña a los explotados que deben reclamar sus derechos». «Desde mediados de 1919 —informaba el diputado Belisario Salvadores— se venían sucediendo en los dominios de “La Forestal” hechos a que no estaba acostumbrada la empresa. En la masa obrera había prosperado la idea de que en una acción de amplia solidaridad, era donde el proletariado, el eterno siervo de la gleba, el ilota y el paria de siempre, habría de encontrar su única arma de defensa ante el señor feudal». En julio de 1919 se produjo la primera huelga organizada con dirigentes que orientaban el movimiento, entre ellos el comerciante Isurregui. La masa obrera rompió el ritmo de sumisión, creando un clima agitado pero pacífico. La acción fue determinada por «el acicate del hambre, la injusticia y el despotismo». Concretamente, solicitaban aumento en los jornales, suspensión de los despidos y turnos de ocho horas de trabajo. El conflicto se resolvió con la promesa de mejorar los jornales, después de varios días de paro y cuando obreros del ferrocarril de La Forestal comenzaron a obstaculizar el recorrido de los trenes en las vías del trayecto al Kilómetro 39 y el Empalme Villa Guillermina con el F. C. S. F.

Un nuevo paro se produjo desde el 13 de diciembre hasta mediados de enero de 1920, que fue de trámite dificultoso, obstaculizado por las tácticas de la Compañía, que confiaba en el envío de fuerzas del ejército para sofocarlo. Se resolvió con tratativas, pero sin que se concedieran todas las mejoras solicitadas y con la presencia en Villa Guillermina de un cuerpo de guardiacárceles enviado desde Santa Fe y 85 soldados del 12 de Infantería a las órdenes del mayor Ortiz.[3] Los obreros procuraron conseguir una más amplia adhesión de los trabajadores de La Forestal y durante esa huelga piquetearon lugares de trabajo, afiliando, empleados y jornaleros al Centro Obrero. Todos estos hechos se produjeron con la constante intervención policial y de la Gendarmería Volante. Para contrarrestar la rotunda posición de la empresa extranjera custodiada por fuerzas argentinas, los obreros de vías y obras retiraron agujas de señales, pero en el pueblo, La Forestal les cortó el agua y la luz, propiedad de ella.

Esta huelga concluyó después de treinta días de lucha, en virtud de un convenio que establecía, según manifestación de don Napoleón Beveraggi, el jornal de cuatro pesos diarios y tres turnos de ocho horas. A pesar de las venganzas que se desataron, La Forestal sufrió un duro golpe en su fama de dueña y señora de su feudo. Debió ceder a la presión masiva de los obreros; pero no era eso lo fundamental para la Compañía, sino la ruptura de su dominio como árbitro de todas las situaciones, el ambiente de mayor libertad y la conciencia de su fuerza que habían adquirido los trabajadores agremiados en el Centro Obrero. Ese local fue desde entonces un rejón enclavado allí mismo donde remara el arbitrio de La Forestal, y donde ahora no podía llegar la influencia de ella, como no fuera por la fuerza.

Otra significación tuvo también la huelga, porque además de las reivindicaciones salariales y el establecimiento de turnos exigidos, las críticas alcanzaron públicamente a todo el sistema social creado por La Forestal en sus poblaciones. Éstas venían sucediéndose desde años anteriores a través de expresiones de la opinión pública —que motivaron la creación de una comisión investigadora en 1915—, pero con la resonancia del movimiento se colocaron nuevamente en primer plano en los medios obreros, desde la explotación inhumana de los hacheros por intermedio de contratistas hasta la inoperancia de sus medios sanitarios exhibidos como ejemplo, pero que no impedían ni la tuberculosis, ni la sífilis, ni el paludismo, ni enfermedades de la niñez, porque eran consecuencia de causas propias de las condiciones de trabajo y de ciertas costumbres y modo de vida que se toleraban en sus dominios. Los sucesos no trascendieron en toda su magnitud en las hojas periodísticas, pero había sucedido algo que podía romper más tarde los fundamentos en que se basaba la organización del feudo. En vez de darle solución correcta, modificando el sistema, creando nuevas fuentes de trabajo permanente y dando lugar en sus poblaciones a la libre iniciativa de los habitantes, confió en sus dádivas de efecto pasajero y, sobre todo, en la fuerza armada, para restablecer su poder atacado y violentamente criticado. La selección de obreros teniendo en cuenta su sumisión a la empresa, comenzaría pronto a tener caracteres masivos, pasando de la represión particular a la general, rebasando el contenido de las «listas negras».

El pensamiento popular más cercano, el que surgía allí mismo donde se estaba formando una nueva conciencia, era reflejado en el Añá Membuí, como interpretación local de la vida en las poblaciones forestales. Contaban los obreros con dirigentes como Teófilo Lafuente, electricista, y Lorenzo Cochia, mecánico, secundados por Ifran y Vera, todos de la Federación Obrera del Norte, vinculada a la F. O. R. A.

Por sus publicaciones en el Añá Membuí, Juan Giovetti «era malquistado por el gerente Eduardo Bianchini», y era cosa bien sabida que la Compañía no aceptaba en el seno de sus poblados a hombres que ilustraran a los obreros sobre sus derechos, a hombres que pusieran al descubierto la enormidad de sus ganancias en un medio que se caracterizaba por la vida espléndida de los empleados superiores y por la miseria en los obrajes y poblaciones. También se esperaban represabas contra obreros del riel, y fuera o no verdad que La Forestal necesitaba reducir dos cuadrillas de vías y obras, lo cierto es que cuando en marzo de 1920 se despidió a la que mandaba el capataz Simón Román, la Federación Obrera elevó una protesta por ese hecho y por pretenderse reducir la cuadrilla similar de Villa Guillerimina; se consideró que esa medida tenía por objeto tomar represalias y la compañía aconsejó el sistema de sorteo para quitarle ese carácter, puesto que allí estaban, presumiblemente, los obreros que con el retiro de las agujas de señales en el Empalme Villa Guillermina - F. C. S. F., impidieron el movimiento de trenes en ese sentido. Otros factores estaban también formando el clima para un nuevo movimiento: la falta de pago de los aumentos, la actuación arbitraria de la Gendarmería Volante y la presencia de policía no uniformada perteneciente a La Forestal.

2

El cuerpo armado denominado «Gendarmería Volante» merece ser considerado con cierta detención, porque se llegó a identificarlo completamente con La Forestal. Fue creado inmediatamente después de los primeros movimientos obreros que culminaron con la huelga de 1919, sin que figurara en el presupuesto provincial. Se creó por gestiones de La Forestal, comprometida a sostenerlo y a pagar los sueldos de los oficiales y de la tropa, y en la que efectivamente invertía la suma de $ 30.000 a $ 40.000 mensuales, equivalentes a los jornales de 400 obreros…

El cuerpo armado, sólo nominalmente era una fuerza pública. Pagada la gendarmería por La Forestal y establecida en sus dominios, no era más que un instrumento peligroso puesto en manos privadas, en momentos, precisamente, en que cundía el disconformismo entre miles de hombres habituados a una vida ruda y sin miedo. Más aun, colocada allí donde la policía ya se había ganado la malquerencia popular y donde atacarla, como ocurriera hasta décadas recientes, era casi una práctica honrosa para algunos hombres. La Gendarmería Volante estaba armada con máuser, Winchester y, como tropa —según Nueva Epoca—, reunían los peores elementos. Su creación había sido resistida por la opinión periodística, no obstante concordar con la necesidad de crear mejores medios de vigilancia, y continuó siendo criticada —después de la huelga de 1921— por su naturaleza dentro de nuestras instituciones y por sus arbitrariedades criminales. Los obreros la resistieron con violencia opuesta a su violencia, no porque fuera una fuerza pública sino como a un instrumento brutal organizado por La Forestal con el objeto de reprimirlos militarmente. Todo hecho de la Gendarmería Volante era para el obrero, para el hachero y aun para los empleados, un hecho de La Forestal. Esto se desprende claramente de las crónicas periodísticas de la época, cuya unanimidad al condenar a esa fuerza no deja dudas sobre el error consciente que se cometiera al crearla y ponerla bajo la dependencia pecuniaria —es decir, directa dependencia— de la Compañía. «Una organización armada de esa naturaleza —decía Nueva Epoca, diario que favoreció más a la patronal que a los obreros— aparece forzosamente ante los ojos de la generalidad como un instrumento privado». Y luego concedía: «Si se quiere que la pague La Forestal, que lo sea mediante la aplicación dé impuestos que deberán ingresar a rentas generales». Ésta es la opinión de un diario que no dijo una palabra comprensiva en favor de los obreros durante las huelgas, ni después de ellas.

El símbolo de la fuerza de la Compañía —la Gendarmería Volante— ocupaba locales que le pertenecían y su función principal era la defensa de sus fábricas y sus bienes en los obrajes si fueron amenazados, superponiéndose a las funciones normales de la policía oficial, lo que creó adversidades entre las fuerzas de ambos órdenes, el privado de La Forestal y el público de la provincia.[4]

Las oficiales que la comandaban, tampoco se sintieron cómodos ordenando el fuego contra obreros que pertenecían a las fábricas de la misma Compañía que a ellos les pagaba, Y algunos renunciaron a sus cargos después de los sucesos trágicos de 1921. «Es de creer —decía el Santa Fe— que esa oficialidad que abandona el cuerpo, lo hace cansada de depender de una empresa particular, no obstante estar nombrada por el gobierno, que sólo nominalmente cuenta con tales tropas». Nos anticipamos a los hechos, pero es necesario conocer primero esta organización como también la existencia privada no uniformada y armada, por el papel bárbaro que cumplieron, tanto, que la Gendarmería Volante pasó a ser una especie de mito trágico en la memoria de las gentes y casi no hay hombre que al preguntársele asuntos referentes a la vida pasada en La Forestal, no la mencione como a un ente de terrible recuerdo.

«La acción obrera alarmó tanto a la empresa —decía el diputado Salvadores refiriéndose a las huelgas de 1919/1920—, que concurrieron para librarla de los atropellos que temía fuerzas del 12 de línea y durante todo el año 1920 una división del cuerpo de guardiacárceles, una sección del escuadrón de seguridad y todas las fuerzas disponibles de las jefaturas de Vera y Obligado. Y bien, la empresa no estaba conforme, necesitaba una tropa propia que le estuviera más sometida aun que los comisarios y jueces de paz, y entonces gestionó la creación de la Gendarmería Volante, los cardenales, como les llaman las sencillas gentes del norte. ¡Para qué hablar de la organización de este cuerpo! Su principal teatro de acción han sido Villa Ana y Villa Guillermina; también han actuado en Tartagal y Florida. Han realizado servicio de patrullas en los bosques, pero en un año casi de actuación no hay un solo ejemplo de que su paso haya dejado jamás en ninguna parte otro recuerdo que no sea de lágrimas, desolación y muerte. No bastaba aun la Gendarmería Volante; la empresa necesitaba otro instrumento de venganza y creó el cuerpo de policía no uniformado que tenía campamento en las inmediaciones del pueblo Guillermina, constando en algunos momentos de ochenta hombres armados de Winchester, revólver y facón»[5].

Éstas eran las fuerzas fundamentales que tenían a su servicio los capitalistas extranjeros para defender sus poderosos intereses radicados en tierra argentina, contra los argentinos pobres que con su esfuerzo y aun a costa de sus vidas inmoladas en el trabajo de los bosques, les permitieron extraer dividendos de cifras tan monstruosas como el hecho mismo de habérseles permitido dominar una parte importantísima del suelo patrio y de ampararlos con privilegios y franquicias de los que no gozaban ni en su propia patria. Para quebrar los reclamos sociales de mejor remuneración para hacheros y obreros, se puso en sus manos la gendarmería y quienes se la facilitaron no eran los embajadores de los países, Inglaterra principalmente, que se beneficiaban con la riqueza creada en Argentina, sino gobernantes que, además, tuvieron pretensiones de llegar a la presidencia de la república, o por lo menos a la vicepresidencia…

3

En abril de 1920, fue tomado preso el conferencista Lotitto, acusado en Villa Guillermina de «agitador», cuando los obreros reclamaban el cumplimiento del convenio acordado con la Compañía. También el redactor del Añá Membuí, Juan Giovetti —querido y respetado por la masa obrera—, «fue señalando a la policía por el gerente de La Forestal, Bianchini». «Los obreros conocían esta circunstancia y cuando fue detenido abandonaron el trabajo, se declararon en huelga y ocuparon la fábrica»[6]. Lo que ocurrió días después fue narrado en tonos diversos. Eduardo Bianchini, hombre que a pesar de su posición de gerente de La Forestal no era tan resistido debido a sus condiciones personales, penetró en la fábrica, presumiblemente custodiado por guardaespaldas, pero resultó muerto él y un obrero «baleado en la cabeza y otro obrero herido». El movimiento carecía de finalidades violentas y la muerte del gerente fue censurada por los mismos obreros. Como medio forzoso de lucha se concretaban a la ocupación de la fábrica, uniendo a la exigencia de cumplimiento del convenio concertado en la huelga anterior de principio de año, la libertad de Giovetti y la activación de todas las secciones forestales; en Colmena «reinaba la pobreza, la falta de trabajo, la afluencia de desocupados despedidos por La Forestal». Pero los sucesos desataron una ola de violencia de la Gendarmería Volante que se extendió a otros establecimientos tanineros. En Villa Guillermina estaban apostados soldados pertenecientes al 12 de Infantería, y ante las noticias confusas sobre los acontecimientos «circularon insistentes rumores de que se había producido un choque violento entre las tropas y los obreros, del que resultaron 200 muertos».

El hecho se explicaba con lujo de detalles. Decíase que los obreros continuaban en posesión de la fábrica cuando llegaron los últimos refuerzos de tropas. En esta circunstancia, el jefe de la misma mandó a la fábrica a un soldado, con orden de rendición de los obreros, cuando éstos recibieron a balazos al parlamentario. «Ante esta actitud —se agrega—, el jefe mandó hacer fuego de ametralladoras contra los obreros, resultando doscientas víctimas». A esta noticia, aparecida en el Santa Fe el 26 de abril de 1920, se le dio carácter de rumor. Los rumores venidos de aquella zona boscosa considerada en estado inquietante por la desocupación, la huelga, la tensión social que subsistía desde meses anteriores y la falta de garantías mientras la Gendarmería Volante obrara sin sujeción a textos legales y sin emolumentos oficiales, debían forzosamente incidir sobre las noticias y agravar sus contornos sangrientos porque, además, la presencia de tropas del ejército no podía sino darle enérgico significado represivo. No existe una prueba irrefutable de la intervención de los soldados. La tradición oral la afirma como verdadera, y el autor la escuchó recientemente de un importante ex funcionario técnico de La Forestal, pero el mismo diario Santa Fe publicó una nota de su corresponsal en Villa Guillermina, que la niega, y el diputado Salvadores —que no la hubiera callado— manifestó a la Cámara: «He de consignar, empero, que las tropas nacionales se condujeron con toda corrección».

Pero se creó el mito y aun subsiste. Quizá no basten ni estas constancias para destruirlo, porque en el ambiente de brutal violencia desatado por la Gendarmería Volante y la represión policial se involucró a fuerzas que, si no hubo necesidad de que intervinieran, fue un error que se destacaran precisamente allí donde la opinión periodística denunciaba hechos sangrientos de venganza. Si la impresión popular pareció exagerada en cuanto al derramamiento de sangre, después del silencio que siguió a la sofocación del movimiento, a la profusa campaña de allanamiento y a la «privación del agua y carne a la población» —diario Santa Fe—, ello tenía, no obstante, su asidero de posibilidades en la realidad social y el ambiente geográfico que caracterizaba a las poblaciones tanineras y obrajeras. Y los rumores, si no respondían totalmente a la realidad en cuanto a lo trágico de los sucesos, se anticiparon a acontecimientos del futuro protagonizados por la Gendarmería Volante.

Las detenciones se sucedieron, como también los despidos en una aparente amortiguación del disconformismo social, en una quietud equívoca que fue originada, en parte, porque los obreros repudiaron la muerte del gerente Bianchini. Pero subsistían los problemas de fondo y una grave prevención contra la gendarmería, cuyo origen y cuya misión nadie desconocía.[7]

Por esos días, el gobierno nacional enviaba circulares a las provincias analizando la situación social y económica del país, con la conclusión de que «no hay pretexto para no trabajar». Pero la desocupación en el norte continuaba impuesta por los despidos. La Forestal no varió su política creando nuevas fuentes de trabajo permanente, y siguió vendiendo tierras en extensiones superiores a las 1.000 hectáreas cuando la explotación del quebracho se había consumado, y compraba en otros puntos nuevas propiedades. En las poblaciones no introdujo modificaciones fundamentales a su régimen administrativo, liberándolas de los medios que tenía en sus manos para dominarlas. Era la época del predominio del capital inglés en la Compañía, con la eliminación de los intereses alemanes. Todo continuaba con su ritmo de trabajo intenso, seguido de desocupación; con el aparente bienestar en las poblaciones, rodeadas de la miseria de los hacheros y sus familias, de la pobreza e incertidumbre de los obreros, de la diferenciación social impuesta, de la absorción de todos los recursos económicos de la zona, del recelo y aun del miedo al poder de la Compañía. Pero por debajo, allí donde los obreros se sentían libres para opinar y para juzgar, se extendía la convicción de que, más que nunca, eran necesarias la solidaridad y la lucha, no la inercia y la sumisión.

Los meses trágicos de 1921

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A comienzos de enero de 1921, órganos periodísticos de distintas tendencias políticas informaban sobre despidos masivos y cierres de fábricas de La Forestal. «Poco a poco —decía el Santa Fe— la poderosa compañía La Forestal, de no muy grato renombre, va cerrando sus fábricas y dejando sin trabajo a miles de obreros». Se calculaban en 12.000 las personas amenazadas por las consecuencias de los despidos. Entre los trabajadores se consideraba que el propósito de la Compañía era llevar a cabo un lock-out para imponerse a la masa obrera mediante una selección posterior aplicando sus «listas negras». Coincidía en esto la opinión de periodistas: «otra idea no encierra la clausura de todos sus establecimientos, pues otras razones no existen o no tienen, ya que sus ganancias como producto de las explotaciones forestales son quizá superiores a las que se obtienen con la explotación de una mina de oro». Eso era tan así, que un jefe de ingenieros pudo decir: «La Forestal es la única compañía que puede trabajar aun con pérdida». La masa obrera sin trabajo y sin ninguna posibilidad de tenerlo en todo el norte forestal dominado por la compañía, le creaba a ella misma problemas que no se solucionaban ni con las limosnas dadas a mujeres y niños, ni con turnos de horarios reducidos, ni con las habitaciones que les proveía. Los obreros cesantes eran los mismos que se habían levantado en los movimientos de 1919 y 1920. Y resolvió despoblar las tierras. «La compañía está dispuesta —decía Nueva Epoca en tono de elogio— a facilitar la movilización de los obreros dándoles pasajes hasta los puntos del país donde quisieran radicarse». Efectivamente, regaló pasajes del F. C. S. F. a los que se alejaran por ese medio y pagó en dinero pasajes a los que viajaran a Corrientes. La Forestal despoblaba… Se estaba dando una réplica en los hechos a los legisladores y gobernadores que habían cantado loas a la misión pobladora de la Compañía. Había recibido en sus dominios hombres argentinos por migración interna, para trabajar en ese inmenso desierto de bosques, ríos, cañadas y tierras laborables, y ahora pagaba para despoblarlo, para que los hombres que comenzaron a tener conciencia de lo que ella significaba —conciencia más esclarecida que la de sus gobernantes— se alejaran del escenario donde no debían reinar más que los factores de la especulación y los altos dividendos. Allí, donde no llevaron inmigración europea, despoblaban de argentinos pagándoles para que se fueran. Pero ya habían vivido durante muchos años familias y hombres solteros, que con su esfuerzo crearon riquezas y estaban aun ligadas al suelo y a la Compañía por antiguas costumbres y por necesidad de trabajo —muchos ni siquiera eran contrarios de la empresa—; obreros que habían participado con sus manos en la construcción de viviendas, de fábricas, conducido máquinas o bueyes, manejado hachas y machetes en los bosques, pretendían continuar viviendo en el lugar de sus sacrificios, allí donde habían transcurrido suficientes años de sus vidas como para no querer sentirse expulsados y lanzados a la aventura. Y se organizaron, estrecharon filas con más encono, con más lucidez, con más decisión; hicieron más fuerte, a la Federación Obrera y también piquetearon para lograr afiliación. Los sindicatos obreros de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires habían manifestado su disposición a prestarle ayuda al movimiento de Villa Ana y Villa Guillermina y de todas las fábricas de tanino, para poner al descubierto los móviles de la Compañía y hacer cesar los despidos. Los ferroviarios de Santa Fe se reunían para estudiar los medios de cooperación. El diario Santa Fe alertaba: «La Forestal parece no querer, comprender la realidad del conflicto que está provocando, ni parece importarle mucho exponer sus establecimientos a la iracundia de las compactas masas obreras. Decimos “La Forestal”, porque es ella la que por un cierre temporario de sus fábricas y no definitivo está preparando uno de los movimientos más importantes de la historia huelguística de la República. Porque, ¿sabe lo que significa el hecho de arrojar a la calle a veinte mil trabajadores (la cifra fue negada en otro diario), de dejarlos sin pan ni casa, mucho más si se encuentran apoyados por la solidaridad de clase de los demás trabajadores de la provincia y parte también de los del país? Y por otra parte —continuaba—, ¿quién es una compañía o un particular para llevar a cabo una maniobra de la especie enunciada, gestora de un conflicto de proporciones irremediables?».

No es que no le importara exponer sus fábricas. Para protegerse y para expulsar por la violencia a los pobladores obreros, contaba con las armas manejadas por las tropas mercenarias. Además, todo, desde los alimentos, el agua, la luz, el vestido, hasta el alojamiento, estaba en sus manos. Reunía la suma de un poder total dentro de sus dominios; contaba también con el poder de la fuerza pública enviada por el gobierno y la establecida en sus poblaciones, comprendida dentro de su sistema de subvenciones. En depósito especial, con puerta de hierro y cerradura combinada, construido dentro de un sótano, guardaba armas en la casa de visita de Villa Guillermina. Pero no estaba en ellas la solución, y fueron desoídas las advertencias sobre la gravedad del problema social creado con los constantes despidos, desplazamientos forzados de gente y cierres de fábricas una tras otra.

Hacían crisis también hechos que ahora surtían sus efectos: la eliminación de fábricas de tanino pequeñas y de obrajes independientes por efecto del monopolio en el comercio del quebracho y del tanino en la región. Es así como «muchos hombres de trabajo han tenido que abandonar sus empresas del norte de Santa Fe y Chaco —decía un periódico en marzo de 1921— cansados de una lucha formidable y estéril. Se tiene así en las zonas boscosas el terrible problema de la desocupación de miles de hombres». Sobre la pobreza, la desocupación y la movilización de obreros con pasajes gratuitos —«hubo quienes no utilizaron el dinero en pasajes»—, se cernía la presencia de la Gendarmería Volante que, como resabio de la huelga anterior, veía en fútiles hechos una amenaza para la compañía. «Se había prohibido terminantemente el uso de ropas de color rojo o granate —decía Salvadores avalado por el voto unánime de los diputados—, juzgados peligrosos para los intereses de la empresa, y sus soldados recorrían las calles haciendo efectiva esa prohibición. Es de notar que entre la gente de Corrientes, y la mayoría de los peones de La Forestal son correntinos, es tradicional una división de orden político: unos usan generalmente un pañuelito colorado, y otros un pañuelito celeste. Y eso era lo que se consideraba atentatorio contra La Forestal. Muchos hombres y chicos habían sido desprovistos de pañuelos y prendas de vestir de ese color y muchas mujeres habían sido literalmente desnudadas en la vía pública. A cada víctima que despojaban de sus prendas, las que casi siempre quemaban, se colocaba un cintillo azul y blanco, y al ritmo de los azotes obligábaselos a gritar: ‘¡Viva la patria!’ Esto, señor presidente, que no es sino una fiel reproducción de las hazañas de los mazorqueros de Cuitiño, ha de probarse ampliamente con la deposición no sólo de las víctimas, sino de todo un pueblo».

El diario El Litoral, del 21 de enero de 1921, mencionaba las venganzas desatadas contra los trabajadores en 1920, que aun continuaban: «debe aplicarse la ley —decía en artículo favorable a la patronal—, pero no llevarla hasta la venganza como sucedió en el caso de la muerte del ex gerente de Guillermina, que pagaron y pagan los inocentes por el delito de ser pobres».

El 8 de enero había clausurado la fábrica de tanino de La Gallareta y el día 10, en los obrajes de Garabato e Intiyaco, abandonaron el trabajo 300 obreros en virtud de no habérseles pagado aumento del jornal. En Santa Felicia y La Gallareta «han quedado sin trabajo no menos de 650 personas como consecuencia de la clausura de los obrajes. Gran parte de los que prestaban servicio en Tartagal se han dirigido a Calchaquí. El número de obreros dejados sin trabajo es más o menos dos mil. El cierre de las fábricas de tanino situadas en el norte santafesino es un grave inconveniente —opinaba El Litoral— que sufrirá la población obrera que habita esas regiones. Es innegable que por carencia de otras explotaciones en el lugar, la masa obrera no podrá emplearse en otras ocupaciones, ni le será posible arbitrar medios para dedicarse a las faenas de la agricultura, ganadería, etcétera»[1].

El diario El Litoral justificaba las clausuras de fábricas de tanino por la disminución del volumen de venta, y daba este ejemplo: «El vapor inglés “Sheridan”, que días atrás salió de nuestro puerto con más de 5.000 toneladas de extracto de quebracho, no lleva destino fijo, porque aun no se sabe dónde será colocado su cargamento. Vino a embarcar alrededor de 100 mil bolsas de tanino que había en un galpón de Humi Wormser y que era preciso desocupar para que tuvieran entrada los cereales. Otros galpones del puerto de Santa Fe están completamente abarrotados de ese producto forestal».

Pero el mismo diario al informar sobre los primeros días violentos de la huelga dijo: «Desgraciadamente hizo crisis la acumulación de odios. En el Chaco santafesino, donde la riqueza ha dejado de ser una esperanza, el choque de intereses ha determinado un sangriento episodio». La razón inmediata era lo que llamaba el «choque de intereses»: la necesidad de trabajar de los obreros y la negativa de proporcionar plena ocupación de la Compañía. La riqueza era una realidad para La Forestal, así como la pobreza y aun la miseria lo eran para miles de hacheros y jornaleros. No hay más que leer los expedientes judiciales donde intervinieron jornaleros de La Forestal, ya sea como actores o testigos, o sus mujeres, para comprender a qué extremo de pobreza llegaban, dónde y cómo vivían. No les faltaban ni siquiera comidas de limosnas de la Compañía para hacer más triste la condición de pobreza. Los odios acumulados también eran una realidad. No de balde se creó la gendarmería, la policía no uniformada y se solicitó el envío de importantes fuerzas. El temor era asimismo una realidad para ambas partes. Pero el desvalido era el obrero; el poderoso, sumamente poderoso, La Forestal; aunque tuviera temores, detrás de ella estaban winchesters y máuseres, tropas y policía, heterogénea, es cierto, por su procedencia y funciones, pero homogénea en una dirección: hacer fuego contra los obreros en huelga al menor asomo de resistencia, y en todo caso hacer jugar la violencia del garrote, del culatazo, del cepo o del machete. El poder del obrero residía en su solidaridad de clase, en su valentía adiestrada en la lucha con la naturaleza en los bosques vírgenes de quebrachales y en su capacidad para pelear, llegado el caso, con un derroche de sí mismo que llegaba hasta el asombro. Porque sabía todo lo que tenía enfrente, y todo lo que le faltaba al lado.

2

La huelga se inició bajo el signo trágico de la Gendarmería Volante, y del recelo a la policía no uniformada. Ambas tenían demasiados antecedentes de energía y violencia exageradas. Desde el sur era conocido el ánimo de resistirlas que reinaba entre los obreros; de ahí que los primeros hechos del día 29 de enero de 1921 dieron «margen a que la opinión pública sospechara una revuelta formidable», porque desde lejos y por lo factible de que se produjeran choques armados, se había perdido de vista la finalidad de la huelga, adquiriendo a la distancia el movimiento el carácter de un enfrentamiento con las fuerzas de la Gendarmería Volante, identificada como de La Forestal. Pero donde no tenía jurisdicción la gendarmería, también se declaró la huelga, como en Basail, porque su finalidad estaba dirigida, en primer término, a detener el cierre de las fábricas, como se establecía en las resoluciones de los sindicatos que apoyaban el movimiento del norte. La huelga en las fábricas de tanino sólo haría cesar el trabajo de una parte de los obreros, porque el lockout se había adelantado con la suspensión o con la reducción del trabajo en La Gallareta, Tartagal y Santa Felicia. En Villa Ana y Villa Guillermina ya se habían producido despidos, de manera que el movimiento obrero tendía, más que a paralizar las fábricas en actividad, a provocar la plena ocupación y conjurar la amenaza de suspensión del trabajo en todas las fábricas. Es lógico que muchos de los que participarían en la huelga fuesen obreros despedidos y no individuos ajenos al personal de la Compañía.

El Santa Fe planteaba así la situación de derecho: «En el concepto de la jurisprudencia actual, una empresa como La Forestal encuentra que está bien, y ajustado al derecho, el cierre de sus fábricas por los motivos que se les ocurriera, pues —según ella— “las fábricas son suyas y puede hacer de ellas lo que quiera”. El gobierno piensa del mismo modo y el espectador desprevenido parte del principio de que el uso de la propiedad es de única y exclusiva incumbencia del propietario. Pero los obreros piensan lo contrario. Sostienen que ellos constituyen un factor de riqueza de la sociedad y que nadie puede negarles el derecho al trabajo que, en su caso, es el derecho a la vida, Opinan que una empresa no es quien para arrojarlos a la calle, en el número que quiera, basada en el derecho de propiedad».

Al declararse la huelga el 28 de enero de 1921, la Federación obrera adhirió de inmediato después de haber realizado actos públicos en las principales ciudades. «Grande es el movimiento obrero en la provincia —decía el Santa Fe—, grande y temible. A la paralización total de las actividades en Rosario se agrega el conflicto del norte y por último la huelga ya declarada de todos los sindicatos de la capital, incluso el de los ferroviarios, a punto de declarar el paro de un momento a otro». En cuanto a las fábricas y obrajes de La Forestal, la paralización se extendió al territorio del Chaco. La resistencia se inició casi simultáneamente en Villa Ana y Villa Guillermina, en un ambiente caldeado por preparativos de represión armada, no sólo conocida de antemano por los obreros, sino por todas las poblaciones de la zona, desde donde se llevaron refuerzos policiales. Se vivía sobre un volcán. Con las primeras víctimas caídas en los choques, por ambos lados, se desató la violencia. Los huelguistas ocuparon vagones, zorras y caballos para transportar obreros que se plegaban al movimiento de Villa Guillermina y Villa Ana. La Gendarmería Volante actuaba en patrullas por las líneas ferroviarias y en zonas de obrajes para proteger las comunicaciones, y se concentraba, con otras fuerzas, en las dos localidades. Los ataques fueron violentos el 29 de enero en Villa Ana; en Villa Guillermina, donde aun cierta cantidad de obreros permanecía en la fábrica, la violencia se desató con la muerte del comisario Celestino Alfonsín. El diputado Salvadores denunció a la Cámara que el autor fue un agente provocador, un hombre de la policía no uniformada de Sandoval, que hizo el disparo, a las 11 de la mañana, mientras requisaban a obreros que salían de la fábrica.[2] A las 11.45 los huelguistas resistían el fuego de la gendarmería parapetados en vagones y rollizos. Desde ese momento la represión tuvo caracteres de «caza del hombre», y en los bosques se comenzó a vivir un ambiente de guerrilla para salvarse de la muerte.

El 1.° de febrero, desde las 8.30, se combatía en estación Rica, cerca de Villa Ana, y hubo víctimas por ambos bandos. Ya no se trataba de la huelga, eran las fuerzas pagadas por La Forestal desatadas furiosamente contra los pobladores en actos que vituperarían no sólo la opinión periodística y obrera en forma unánime, y la voz resonante de Salvadores en la Cámara, sino la conciencia misma de la oficialidad de la Gendarmería Volante, que renunciaría luego de comprender su papel de mercenaria del capital extranjero, reemplazada después por gente cuyos escrúpulos se pusieron en duda ante el pueblo con declaraciones públicas de sus soldados.

El 2 de febrero comenzaron a «huir pobladores y familias despavoridas. El tiroteo es continuo y en todas direcciones».[3] Al día siguiente el «pánico se había apoderado» de Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina y Villa Ocampo, huyendo la gente a buscar seguridad en las ciudades, mientras obreros y obrajeros se refugiaban en los montes de La Forestal, o hallaban protección en campos de vecinos. Se negaban a abandonar el lugar donde habían trabajado y donde querían seguir trabajando. Santiagueños y correntinos no querían retornar a sus provincias, de donde salieran años atrás atraídos por el sueño de trabajo en la nueva industria, en la nueva riqueza que desde adentro del corazón de los bosques ellos habían traído hecho rollizos que cargaban rumbo a Europa o Norteamérica; habían visto caer los árboles inmensos entre estrépitos de ramas y alaridos —porque muchos alaridos lanzaron sus gargantas mientras se abatían esos colosos magníficos que son los quebrachos colorados—; los habían también cargado con esa instintiva habilidad que ha asombrado a gente de la Compañía, y después, las aserrineras, los tanques, las máquinas, las poleas y el oro rojo líquido que se decantaría en tanino. No sabían de dividendos, de paquetes de acciones —no era su lenguaje—, de preferidas, u ordinarias, ni de alta política económica internacional, pero sabían que todos ellos formaban allí una riqueza que acusada en «balances estupendos» se leía en libras esterlinas; sabían que allí había «gringos», los veían en las fiestas fastuosas y en reuniones de privilegios; los veían andar, señores de los pueblos, señores de un dominio de leyenda, allí mismo, donde ellos creían que esos bosques eran argentinos; sintieron, muchas veces, que no constituían más que un instrumento como fuerza de trabajo, y ahora comprobaban que no sólo se les dejaba sin trabajo, como periódicamente y desde siempre se viniera haciendo en forma aislada, sino que la desocupación afectaría a casi todos, y que se les pagaba para que se fueran. No era una indemnización, era un boleto para que tomaran el tren y se alejaran; o les daban un medio sueldo añadido, como en La Gallareta, pero para que buscaran trabajo fuera del feudo. Se sentían expulsados en su propio país, por disposición de resoluciones, así se entendía, que se tomaban en Londres. Por eso el movimiento, en su trasfondo más profundo, fue un estallido de amor a la patria que comprendieron sus hermanos de clase, pero no sus gobernantes. Tampoco lo comprendió el periodista que escribiera: «Por razones de clima, por insuficiencia de cultura, de apego a todo lo que no ofrece dificultad, nuestros hombres de tierra adentro se atan a una región y prefieren la vida hecha castigo, el trabajo brutal y asesino del monte, antes que dedicarse a buscar otros lugares donde emplear sus energías».[4] Mentía, además, porque los santiagueños y correntinos habían, precisamente, dejado sus provincias para buscar trabajo, el que más cuadraba a su naturaleza recia: el del monte…

Por lo menos reconocía que el del obrajero era un trabajo «brutal y asesino», tan asesino que judicialmente se reconocía como accidente de trabajo la picadura mortal de víbora. A pesar de ello querían seguir en los bosques y en las fábricas. Con esa enérgica voluntad repudiaban ahora la persecución de la gendarmería —más que a las otras fuerzas policiales, como lo confesaran dirigentes públicamente— porque era no sólo brutal, sino la personificación colectiva del poder que los expulsaba.

El 4 de febrero el Santa Fe informaba sobre vecinos «salvajemente golpeados hasta dejarlos caer extenuados». Se habían unido a la huelga Kilómetro 322, Colmena y Florencia, donde se realizaran razzias a pesar de no registrarse actos de violencia. El día 6 la población de Villa Guillermina se vio privada de artículos de consumo, con una «absoluta carencia de pan y otros alimentos indispensables». Las víctimas se contaban por ambas partes, muertos y heridos, presos y castigados; soldados de la gendarmería, policías, obreros, hacheros, caían bajo la violencia; la lista más frondosa de las víctimas la constituían obreros.

A los bosques huyeron grupos llevándose, naturalmente, sus armas; a veces sus familias. «En Kilómetro 41 de Villa Ocampo se sabe que existen 150 hombres armados, los que han estado esperando un momento propicio para atacar a las fuerzas de Villa Ana. Hubo choques en los bosques de Villa Guillermina. Dado el conocimiento que tienen de los bosques y picadas, les ha sido fácil batir a la policía».

El ganado de La Forestal quedó expuesto al hambre de los fugitivos. Las patrullas custodiaban. Cerca de El Amargo hubo recio tiroteo de Winchester y máuser el 11 de febrero; el 12, choques en Villa Ana. Se anunciaba que veintisiete soldados de la gendarmería habían pedido la baja. Desde Santa Ana salió refuerzo de tropas, rumbo al norte.

Trece días habían transcurrido de constantes persecuciones, emboscadas y choques armados. Los que se habían apresurado a informar sobre «comienzo de tranquilidad» debieron justificarse meditando sobre la existencia de causas, más profundas que las visibles, que impedían la normalización, puesto que los refugiados en los bosques aun eran perseguidos —y lo serían por muchos días más— como fieras acorraladas entre los quebrachales, entre los montes fuertes que habían sido, otrora, escenario de sus hazañas de jornaleros del hacha y el machete. Y eran perseguidos «para que no quede allí ni una de las personas que han sido inscriptas en su índice de proscripción. Ni la acaudalada compañía —decía Santa Fe— ni los poderes públicos que le prestan cooperación, comprenden que no es a tiros como pueden pacificar a los varios miles de obreros sin trabajo, pues en las tupidas selvas del Chaco diez hacen por mil y mil por diez mil». Y el día 15 de febrero decía El Litoral: «Insistimos en creer necesario algún método civil que concluya con la anormalidad. Debe haber allí personas que se hallan en condiciones de obrar eficazmente; si el gobierno solicitase el concurso de esas personas concediéndoles amplitud en sus funciones, es muy probable que las cosas se apacigüen. De lo contrario —lo decimos con conocimiento del terreno— se necesitará mucha fuerza para matar a todos los obreros rebeldes que hoy se amparan en los montes que habitaron buena parte de sus vidas».

Todavía el 20 de febrero continuaba la caza del hombre y la defensa del hombre para no ser cazado: «Ese pueblo de trabajadores, arrojado hacia las selvas con sus familias, vagando de bosque en bosque y de árbol en árbol en busca del abrigo y del techo perdido en el núcleo de población donde vivía, en torno a la fábrica, está reclamando no la boca de los fúsiles como erróneamente se ha hecho, sino una mano firme de gobernante que lo socorra, ausculte sus dolores y aspiraciones, y trate de darle el techo y el trabajo que le falta».

En las fábricas se había comenzado el trabajo con personal reducido, bajo la vigilancia y en medio de actos vengativos de la gendarmería. «A los que iban a tomar los trenes para ausentarse —declaró en Santa Fe el dirigente preso Jumelio Méndez—, se les detenía y apaleaba porque, decían, se ausentaban para llevarles noticias a los que estaban en los bosques». «Quien nos ha hecho trabajar como burros y nos ha apaleado hasta que ha querido, es la gendarmería. El sargento primero Varola nos ponía en fila de indio y nos hacía pasar al trote frente a él con una bolsa de tanino al hombro y al enfrentarlo nos aplicaba garrotazos con el machete. Así trabajamos una mañana acarreando tanino y una tarde apilando leña».

Con respecto a los bienes de La Forestal, especialmente los más importantes, que eran las fábricas de tanino, no fueron atacados, no se cometieron atentados ni destrucciones, por más que fueran vulnerables, porque los obreros tienen respeto por los medios de trabajo. Destacando esto, decía El Litoral: «Si hay algo fácil para cualquier espíritu mal intencionado, es atacar las fábricas de La Forestal. Establecimientos inmensos rodeados de interminables pilas de quebracho, apartados de las comunicaciones rápidas y vigilados apenas, nadie podría impedir las desastrosas consecuencias de un ataque, o la simple acción de acercar un par de latas de nafta y un fósforo junto a las pilas de leña. Nada de eso sucede, felizmente. En cambio, diariamente se registran ataques a la gendarmería; unas veces se pelea de frente y en número elevado, otras la emboscada depara la muerte de varios. Donde no hay gendarmería reina tranquilidad». ¿Es cierto —preguntaron a Jumelio Méndez, dirigente obrero de Villa Ana, mientras estaba detenido— que se intentaba asaltar y quemar la fábrica? —Absolutamente incierto. Al menos yo a nadie he oído decir tal cosa. Precisamente el compañero Cochia nos ha aconsejado siempre que solamente en último extremo se debe ir al sabotaje, que lo que levanta la mano del hombre no debe destruirlo el hombre.

El fuego fue el procedimiento usado por la gendarmería para concluir con las expulsiones. Incendiaron el local de la Federación Obrera, donde se «quemaron muebles, libros y cuanto había», y lo dramático culminó con el incendio de las viviendas de los obreros, tanto de los que se habían refugiado en el bosque, como las de quienes se quería que abandonaran el pueblo. Las viviendas eran de propiedad de La Forestal; por más arbitrarios que fuesen los hombres de la policía y la gendarmería, su libertad concluía allí donde la Compañía quisiera. Para ella fueron creadas la policía no uniformada y la gendarmería, y si los incendios de viviendas —ranchos en su mayoría— tuvieron la característica de un bárbaro procedimiento que a diario se repetía, especialmente en el barrio sur de Villa Ana, sin que se opusiera la Compañía, es porque si ella no lo ordenaba, lo consentía. Pero a nadie se le escapaba la intención de La Forestal, de aquí que a ella directamente se le cargara con la responsabilidad de los incendios. ¡Ni un solo gendarme se hubiera atrevido a incendiar una vivienda de propiedad de La Forestal por su propia iniciativa! Estaban allí precisamente por el temor que la huelga despertara con respecto a la seguridad de sus bienes y de sus empleados superiores. Los incendios no fueron impedidos, ni existen constancias en oficinas públicas de que La Forestal haya hecho procesar por daño a la policía incendiaria.

El diputado Salvadores fue más rotundo, porque contaría con otros comprobantes, al tratar este tema. Así es como afirmó: «Al día siguiente —se refiere al que siguió a las torturas del obrero Altamirano— fue despachado para Bella Vista mientras los empleados de la “sección pueblo” de la empresa se ocupaban de la “meritoria faena” de incendiar su modesta vivienda. A la matanza y al tormento, sucedió el incendio. Más de cien humildes viviendas levantadas a fuerza de sudores y sacrificios por los obreros de la empresa fueron entregadas por esta misma a la voracidad de las llamas, y no se crea que se gastaron mayores contemplaciones. ¡Qué habían de considerarse los derechos a la propiedad si se contaba con la pasividad e inercia culpable de la policía! En la casi totalidad de los casos, mientras uno de los incendiarios anunciaba al dueño de casa que su vivienda iba a ser destruida, los otros iniciaban la tarea prendiendo fuego a los techos. Las pobres gentes salvaban lo que podían de su precario ajuar; la inmensa mayoría, contrariamente a lo que sostiene La Forestal Ltda., no fue indemnizada de los destrozos y perjuicios que se les originaron».

Los incendios de viviendas se producían desde que prácticamente había cesado el movimiento en las poblaciones, mientras en los bosques permanecían refugiados los obreros que huían de la represión armada, para salvar su vida; eran, casi todos, hombres jóvenes. En el mes de marzo, aun continuaban las expulsiones, y los incendios se prolongaron hasta el mes de abril. Desde fines de enero hasta entonces, los actos violentos fueron tan numerosos[5] que al añadirse a ellos las quemazones en los alrededores de Villa Ana y Villa Guillermina, hasta los periódicos que en algunos artículos al comienzo justificaban la necesidad de restablecer la normalidad con la fuerza pública aumentada, ahora, ante los hechos, buscaban una explicación de los sucesos o simplemente los condenaban: «Es imposible soportar los cuadros desoladores provocados por los atropellos salvajes. Las familias a la intemperie contemplaban sus viviendas reducidas a cenizas, y esto después de haber agotado sus fuerzas al servicio de quien los echa miserablemente. Es una vergüenza que en esta época de civilización ocurran hechos lapidarios para la historia. Son testigos de estos sucesos los periodistas y el jefe de laboratorio del hospital Harteneck, señor Eduardo Escalante, quien presentó su renuncia en vista de estos hechos inhumanos».[6]

«La llegada a Villa Ana produce la impresión de haberse efectuado un malón de indios; a lo largo de las vías se ven los ranchos quemados, y de muchos no quedan ni vestigios por haberse reducido a cenizas». La destrucción no partió de los obreros. El obrero Lorenzo Cochia enseñaba a sus compañeros, que lo que levanta la mano del hombre no debe ser destruido por el hombre. No existe en toda la historia de La Forestal una sola frase de tan hondo significado proveniente de los empresarios que vinieron al país para multiplicar escandalosamente sus capitales. Siempre, para ellos, a la construcción le siguió la destrucción, y el más imponente de los ejemplos es el de hermosos pueblos —hermosos, aunque históricamente anormales— levantados y luego dejados caer en la ruina, el abandono y en la agonía de la despoblación, conservando como símbolo sus fábricas vaciadas por dentro o abatidas al ritmo del cálculo económico, de la demolición. La mano del hombre a que aludía el mecánico Cochia, la mano del obrero, construía para el futuro; la Compañía construía para hacer más cómoda la explotación de riquezas mirando su exclusivo interés con ese inhumano fervor que pone el capitalismo cuando se trata de hacer ganancias y que emplea también en la costumbre criminal de dañar todo lo que representa conveniencia para el pueblo.

Los obreros no incendiaron, incendió la mano que pagaba La Forestal. Eran sus bienes, protegidos por nuestro derecho de propiedad; los que adentro vivían, no eran más que correntinos, santafesinos o paraguayos… Eran bienes de una empresa que había alcanzado un poder asombroso; quemarlos no le significaba más que el cómputo de una cifra insignificante, despreciable en sus libros de contabilidad; los que perdían «su» rancho y su trabajo o su vida, eran unos pobres desvalidos cuyos nombres se registran en la nómina de víctimas computadas por un legislador que fue escuchado con emoción y con respeto, pero que estaba frente a un poder público que no tenía, para hallar soluciones, más iniciativa gubernamental que enviarles a los ingleses tropas armadas para que mataran trabajadores argentinos cuya lucha se inspiraba en ideales patrióticos: no hay bienestar en la patria sin el bienestar de la clase obrera…

3

La Gendarmería Volante no tenía reivindicaciones económicas que hacer, actuaba con sueldos acrecentados: «Después de los hechos conocidos que ocurrieron en Villa Ana y Villa Guillermina, La Forestal resolvió aumentar el sueldo de la tropa, de cien a ciento veinticinco, y así les paga el mes de febrero». Pero se planteó la disolución en la Cámara de Diputados.

Con respecto a los obreros, en realidad durante pocos días, a partir del 28 de enero, se habló de huelga. El planteo laboral ya era otro: falta de trabajo, cierre de fábricas o reducción del número de trabajadores, limitándose a los necesarios para tareas de mantenimiento. El problema para la gente en general pasó a ser una cuestión de hambre, de miseria y de deambulación; para los refugiados en los bosques, un asunto de vida o muerte, de apresamiento o de libertad logrando huir. Eran los momentos finales de la conmoción, cuando todo indicaba la pronta normalidad pública, aunque subsistía la más aguda anormalidad privada; días en que volvían a hacerse reflexiones quienes no habían reparado antes en la enormidad de que alguien —empresa o persona— pudiese hacer que miles de familias quedaran sin el amparo de una casa y sin el recurso de los jornales. Porque no fue solo despido el que sufrieron, sino despido y desalojo simultáneos, en una zona donde a cientos de kilómetros cuadrados no podrían conchabarse, ni siquiera permanecer allí porque les alcanzaba el mismo poder que los expulsara de las fábricas o de los ferrocarriles o de los obrajes. Los que aceptaron pasajes, se fueron lejos; los que aun no habían salido de las poblaciones y se les permitía vivir —gratuitamente— en sus viviendas, movían a esta reflexión: «El obrero que cesa de trabajar queda en la miseria, y si no tiene medios lícitos para vivir, ni quien le fíe el pan con que ha de alimentar a los suyos porque los suministros de mercaderías son del patrón que les despide, ¿debe morirse de hambre?». Abandonaban muchos los pueblos donde La Forestal no los molestaba, ni los hubiera molestado, pero tampoco les proporcionaba el trabajo que necesitaban. Y es así como se unían a los «deportados», los que no tenían esperanza inmediata de retornar a las fábricas. «Treinta obreros con sus familias deportados de Villa Guillermina llegaron a Santa Fe en situación de indigencia y en las mismas condiciones se encuentran otros en Vera».

Con la clausura de la última fábrica, que hasta el 15 de abril había trabajado con personal disminuido en Tartagal y donde antes se ocuparan alrededor de 700 hombres —de los que sólo 80 permanecerían— se acentuó la despoblación en la zona. «Lamentablemente, es el hecho demostrativo de que los progresos que llevan ciertas grandes empresas a determinadas regiones son ficticios cuando no hay una legislación que obligue a subdividir la propiedad. No es por falta de buen sentido, ni de riqueza natural, que se despuebla el norte; es sencillamente porque así lo quiere una empresa que llegó a ser un Estado dentro del Estado, con la tolerancia de todos los gobiernos, que no han sabido o no han querido ver el peligro en que ponían a una parte de la provincia», decía el Santa Fe.

En Villa Guillermina y en Villa Ana, la gendarmería hasta el 20 de abril continuaba «deportando» —era la palabra empleada— obreros y familias e incendiando sus ranchos. Todos estos actos de despoblación repercutían en la región del litoral, especialmente en el Chaco, donde la abundancia de mano de obra sobrante permitía que en otras fábricas de tanino, como la de José Feminia en Río Arazá, se pagaran jornales bajísimos y se careciera de los más elementales medios para vivir. Muchos peones vivían allí bajo los árboles por carecer de locales, y en Villa Jalón se alojaban en hornos de carbón. Reinaba, por supuesto, malestar obrero; a tal punto había repercutido la desocupación de La Forestal, que el gobernador del territorio nacional del Chaco, Arbó Blanco, en nota al subsecretario del Ministerio del Interior, fechada el 27 de abril de 1921, señalaba que el cierre de las fábricas de tanino en la provincia de Santa Fe produjo la inmigración a aquella zona de centenares de obreros, «desde donde llegan en número alarmante familias acosadas por la miseria, buscando en este territorio alivio a su situación». En la Jurisdicción de Las Palmas y de General Vedia, el hambre se hacía sentir en hechos perpetrados contra las propiedades.

La Forestal comenzó, a mediados de mayo de 1921, a producir cesantías de empleados —hasta con antigüedad de 22 años— que seguían así, en ese aspecto, la suerte de los obreros, con la perspectiva de paralizarse «todo el trabajo en los bosques, y ya los contratistas han empezado a despachar obreros. Habrá una miseria espantosa». Sobre esa miseria reinaba ahora el capital imperialista radicado en Londres, segura la Compañía, no obstante, de lo que haría después para continuar su inmensa extracción de riqueza y para hacer que altos empleados suyos, argentinos, en algún momento no sólo olvidaran las penurias que vieron a su lado, sino que dijeran que La Forestal «es una escuela formadora de hombres». Los ejemplos eran, naturalmente, ellos. Estas contradicciones de aversión por un lado —que ha alcanzado varias veces en la historia estado colectivo— y de agradecidos reconocimientos —no siempre totalmente aislados— por otro, tienen fundamentos que no son fáciles de dilucidar en esa multiplicidad de elementos materiales, de procedimientos, de diferenciaciones, de tácticas en esferas distintas, episódicamente favorables o desfavorables para la clase obrera, de hechos de efectos psicológicos, que ha manejado La Forestal, siempre en su provecho y con habilidad. En el origen y contenido de los episodios más sobresalientes es donde radica, en definitiva, la convicción, desde antiguo, de que lo que se ha llevado es infinita, astronómicamente más valioso que lo que permanece hecho por ella. En el aspecto humano, ciertamente que las víctimas de los excesos de 1921 —en cuya responsabilidad no estuvo sola— no dirían que habían sido formados en una escuela para ser hombres económicamente libres en la sociedad de este siglo…

Ferrocarriles, puertos… y África

Los ferrocarriles de La Forestal en la provincia de Santa Fe abarcaron un recorrido de más de 400 km, contando pequeños ramales que convergían con otros más extensos, del servicio de obrajes, en estaciones propias o del F. C. S. F., con trochas, en la mayor parte del recorrido de las líneas, iguales a las de este ferrocarril; el resto era del tipo Decauville, cuya instalación tiene su origen en la zona norte de Las Toscas, sobre el río Paraná Miní, como accesorio de la concesión de 80.000 hectáreas otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional a Eduardo Martín Langworthy, con la autorización para construir vías férreas dentro de esas tierras. Posteriormente, una ley provincial del 19 de octubre de 1887 autorizó la prolongación de la línea, construida en el territorio provincial. Un decreto del P. E. del 22 de octubre de 1902 concedió permiso a Portalis y Cía., para cruzar con el Decauville un terreno fiscal, sin que tal autorización importara una concesión ferroviaria por estar destinada dicha vía al uso privado de su dueño. Otro decreto autoriza a cruzar con la línea de Florencia a Basail, los caminos públicos del Chaco, y luego, en 1906, autoriza la prolongación de 20 km de la línea en terrenos de La Forestal, que formada con la fusión de las empresas de Harteneck y de Portalis que se denominara «Compañía Forestal del Chaco» —pasó a ser la propietaria de esos ferrocarriles.

Bien pronto se ramificaron y extendieron desde Calchaquí hasta el paralelo 28 y, en territorio del Chaco, por tierras de La Forestal, hasta abarcar un recorrido tan vasto, que de esas líneas dependía el transporte comercial de la zona sin que estuviese obligada por ley a efectuarlo. La red, en la provincia de Santa Fe, estaba compuesta por los ramales siguientes: 42 kilómetros de Calchaquí a La Guampita, 20 de Margarita a La Gallareta, 51 de Ogilvie a Olmos con un ramal de Santa Felicia a La Estancia, 45 de Colmena a Tartagal, 37 el de Golondrina que se internaba hacia el este y hacia el oeste en tierras que fueran de Carlos Casado, 54 de Puerto Ocampo a Mocoví, uniendo Villa Adela, Villa Ana y Campo Redondo, 80 de Puerto Piracuacito a Villa Guillermina y Resistencia, 23 de Puerto Piracuá a Florencia, etc. Estas redes, según La Forestal, estaban destinadas a servir de accesorias a la industria del tanino y a la explotación de bosques, siendo necesarias para el transporte de rollizos desde las playas de los obrajes a las estaciones ferroviarias propias o del F. C. S. F., con el cual empalmaban en Margarita, Ogilvie, Colmena, Tartagal, Villa Ana, Villa Guillermina, en la provincia de Santa Fe, y en Horquilla, Hausonia, Km 31 del ramal de Charaday al oeste y Km 29,903 del mismo ramal al norte. Esos empalmes fueron posibles porque el F. C. S. F. fue construido para servir a la zona de explotación de bosques de la Compañía de Tierras, luego La Forestal, y los utilizó la Compañía para introducir por ellos material rodante de sus trenes en las vías férreas de servicio público. Esta irregularidad era cometida con personal —maquinista y foguista— que carecía de certificado de aptitud puesto que pertenecían a servicio privado, y con trenes no autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles, y por eso mismo, sin pagar derechos, habiéndose iniciado, por tal motivo, los expedientes 03444-P-10; 0111 l-P-14; 02102-F-15; 04073-P15, etc., de la mencionada dirección.[1]

El hecho de tratarse de líneas ferroviarias industriales, calificadas de acarreadores privados, sin pagar patente en carácter de empresa de transporte comercial eximía a La Forestal de la obligación de aceptar cargas que no fueran las suyas, o pasajeros que no fuesen sus obreros y empleados. «La Forestal Ltda.», decía Salvadores, «para poder ejercitar con muchísima mayor eficiencia toda la presión necesaria para obtener el más riguroso y severo contralor de los propietarios argentinos que explotaban la industria forestal, se cuidó especialmente de ese detalle que le permitía las tres ventajas siguientes: considerable disminución en el impuesto, facultad para acarrear o no las personas, maderas y mercaderías destinadas o procedentes de establecimientos extraños a la empresa —esto, ya que siempre se olvidó que el carácter y el articulado de las respectivas concesiones le prohibían terminantemente la explotación de sus líneas como empresa ferroviaria— y la más absoluta libertad para la fijación de tarifas exorbitantes, con lo que a más de obtener enormes beneficios por concepto de fletes y pasajes, obtenía otros de muchísima mayor trascendencia al poder por ese medio fijar, por así decirlo, el precio de costo de las maderas elaboradas por industriales argentinos para eliminar hasta la menor probabilidad de competencia en el mercado».

Refiriéndose al ramal de Villa Ocampo al puerto del mismo nombre (autorizado por resolución del gobierno de Santa Fe en 1902 a favor de Portalis y Cía. y sin constituir una concesión ferroviaria por cuanto se destinaría al uso particular, «alejando el peligro de que se usen los bienes de propiedad fiscal —dice el decreto— para fines de explotación perjudiciales al tránsito público») agregaba Salvadores: «Más tarde esa línea pasó a pertenecer en propiedad a La Forestal Ltda. Se ensanchó su trocha, empalmándola con los ramales de Villa Ocampo a Villa Adela, y de Villa Adela a Villa Ana, pues se trataba de trochas distintas. Hoy son iguales a las del ferrocarril Santa Fe. La Forestal Ltda., al adquirir ese ferrocarril, lo dedicó a una intensa explotación comercial, transportando cargas y pasajeros públicamente, aplicando tarifas arbitrarias. Para salvar responsabilidades, eludir el pago de la patente y otros derechos provinciales y la sujeción a las leyes y reglamentaciones vigentes en materia ferroviaria, constituyó la sociedad anónima denominada Ferrocarril a Puerto Ocampo, con asiento en la Capital Federal, que funciona en las mismas oficinas de La Forestal Ltda., calle Alsina 261. El presidente del directorio de esa sociedad anónima es el doctor Manuel Gálvez, con intereses estrechamente vinculados a los de La Forestal Ltda., a quien arrienda 64.551 hectáreas. Sólo un cargador, la sociedad Feldmann, Prieto y Cía., pagaba por año por concepto de fletes de leña de Villa Adela a Puerto Ocampo, alrededor de $ 50.000 mensuales, suma que percibe la sucursal de la empresa en Santa Fe, a cargo del señor Brandeis. El señor Feldmann declara que siempre ha entendido pagar a La Forestal, porque el concepto general es de cine ese ferrocarril pertenece a la Compañía. El considerando segundo del decreto de concesión establece el concepto de ese ferrocarril, que debió ser de carácter eminentemente industrial, para el transporte exclusivo de los productos del concesionario, con prohibición de dedicarlo al servicio público de transporte, razón por la cual se consideró innecesaria toda reglamentación respecto a tarifas, horarios, etc. La Forestal Ltda. ha violado flagrantemente esa disposición y tampoco ha cumplido otra condición expresa impuesta en el mismo decreto, pues nunca construyó camino alguno al costado de las vías, como debió hacerlo y conservarlo a su costa el concesionario».

En 1923, el Superior Tribunal de Justicia dictaba un fallo confirmando la imposición de multa a La Forestal por no haber abonado la patente correspondiente a ferrocarriles de explotación comercial. La Dirección General de Rentas la había establecido en la suma de $ 15.000 anuales, aparte de la sanción que confirmara la justicia. El fiscal de Estado, refiriéndose a ello, opinaba: «Lo que el RE. de la provincia ha penado aplicando la ley de patentes, no ha sido una ocultación de trenes que corren por las vías que ha tendido en sus dominios La Forestal; lo que ha penado es la ocultación que a sus oficinas receptoras, clasificadoras y avaluadoras hizo la empresa, no declarando que, además de auxiliar su industria con los ferrocarriles que explotaba, los dedicaba a la producción de otros recursos distintos de aquéllos, tales como el transporte de carga y pasajeros, actos comerciales ambos que son pasibles del impuesto de patentes». La zona noreste quedó retrasada en su desarrollo comercial e industrial por falta de transportes públicos ferroviarios que condujeran a los puertos fluviales. En un informe de 1917, atribuido al doctor Luis Urdaniz, este antiguo poblador del Chaco santafesino decía: «La forma de independizar el norte del dominio de La Forestal es hacer que se pueda disponer de una salida al río Paraná que no sean sus ferrocarriles. Se necesita dragar el Paraná Miní desde su desembocadura hasta el puente A de la línea de Florencia a Piracuá. Debo advertir que los puentes A, B y C [de La Forestal] son fijos, debiendo ser levadizos. Además deberían limpiarse dos riachos, el Piracuacito en una extensión de 5.000 metros y el brazo de la laguna de Las Toscas en una extensión de 6.000 metros. Actualmente se puede navegar con lanchas de reducido calado, pero los puentes mencionados son un obstáculo insalvable. Debe advertirse que el primero que se construyó fue el A del ferrocarril a Florencia y fue levadizo hasta que, adquirido por La Forestal, fue cerrado del todo. Dragando este río puede calcularse la inmediata reacción que tendrá todo el norte, pues surgirán puertos en Florencia, Rabón, Las Toscas, San Antonio y Ocampo, servidos por buenos caminos, y no como actualmente, que no hay otro medio que las arterias o tentáculos de La Forestal, que no teniendo control alguno cobra tarifas exorbitantes al extremo que hace imposible la vida del comercio y de la industria».[2]

La Forestal negó que la utilización de sus líneas férreas estuviese afectada a un servicio lucrativo, arguyendo que el producido de los pasajes se destinaba a fines educacionales. Es interesante conocer el pensamiento de uno de sus gerentes, para contraponerlo al concepto del legislador Saccone en cuanto al significado de esos ferrocarriles en nuestro país. El gerente Brandeis sostenía que los ramales por los cuales La Forestal realizaba transportes, eran «simplemente accesorios, dependientes, subordinados a una explotación industrial superior; que esos medios de explotación y transportes, esos acarreadores privados, son elementos componentes, partes constitutivas, factores internos de una industria, y no son jamás en el sentido legal, jurídico y administrativo, un ferrocarril en conexión con las funciones del Estado».

Léanse ahora las palabras del legislador Saccone refiriéndose a esos ferrocarriles (si lo citarnos con frecuencia es por su informe no fue tratado y discutido por la Cámara, pese al pedido y la clara posición del diputado Federico Remonda Mingrand): «Ha sido siempre una práctica unánime en nuestro país, favorecer la implantación y el desarrollo de los ferrocarriles. Se ha establecido siempre un paralelo de semejanza entre el ferrocarril y el progreso y aun tenemos palpables los ejemplos en nuestra república, donde el adelanto se encuentra en razón directa del número de vías férreas que atraviesa su zona». Olvidaba completamente que los ferrocarriles de La Forestal corrían dentro de sus propios dominios, para servir fundamentalmente a su exclusiva industria, sin interesarle en absoluto lo que ocurría fuera de sus tierras como no tuviera relación con su actividad lucrativa, que en este caso, y especialmente en la explotación de bosques por otros industriales, no sólo obstaculizaba su desarrollo, sino que lo frenaba. Esto lo sabían no sólo en la Cámara, sino todos los comerciantes de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires que de una u otra manera debían vincularse con el Chaco y con el norte de Santa Fe. No fueron aplicados los remedios que proponía el doctor Urdaniz y es bien comprensible que así sucediera, porque si algo fue constante en los gobiernos provinciales, no sería otra cosa que considerar invulnerables los intereses de La Forestal. El diputado Saccone pudo saber que esos ferrocarriles no tuvieron en miras el progreso del país —por otra parte, nunca dijo La Forestal que lo propiciaba con sus ramales—, que cuando dejaron de necesitarles para su industria levantaron todas las líneas, desmontaron todas las instalaciones, inclusive las portuarias sin importarles poco ni mucho lo que quedara detrás de ese arrasamiento de materiales ferroviarios que, así como los plantaron en sus tierras, se los llevaron.

Claro está que no se tomaron medidas desde el gobierno para evitarlo. Un notable caso de improvisación gubernativa en este aspecto es el decreto-ley firmado por el interventor federal general Cordes, el 31 de mayo de 1962, y su rápida anulación. La Forestal iba a retirar las vías y el material rodante del ferrocarril que unían a Km 366 con Puerto Ocampo y sus respectivos ramales; considerando la intervención federal que el retiro «causaría un inmediato y grave perjuicio a los pobladores de la zona» lo declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, correspondiendo a la Fiscalía de Estado iniciar la acción de no innovar. Pero seis días después, incluidos feriados, por otro decreto-ley declara sin efecto el anterior, para convenir directamente con la empresa la solución… que consistió, en definitiva, en el levantamiento de las vías en toda su extensión, como lo quería La Forestal, dejando en donación el terraplén donde se asentaran los durmientes y los puentes inservibles para los fines actuales. El camino desde el puerto a Villa Ocampo fue construido por Vialidad Provincial, aportando la nación la suma de $ 4.003.300 para la construcción de un puente sobre el Paraná Miní, eximiéndose de gastos a La Forestal, que vendió el material levantado. La obra a realizar por la provincia «tiene por base la infraestructura que sirvió como cimiento para el paso de los trenes de un metro de trocha de La Forestal Argentina. Parte de esa infraestructura fue colocada a principio de siglo y sus materiales, maderas, herrajes y sus características no permiten garantizar su estabilidad para grandes cargas ni su eficacia desde el punto de vista hidráulico, en épocas de grandes crecientes. En este camino, donde ha sido necesario construir 1.700 metros de puentes, los regalos de La Forestal carecen de valor intrínseco porque nada es ni puede ser de utilidad para una obra en la que debió tener activa participación en los gastos o en su defecto dejar las vías, como acertadamente lo había resuelto por un rato el general Cordes».[3]

Fueron levantadas también las vías desde Colmena a Fortín Olmos, donando La Forestal la lonja de terreno de una superficie aproximada de 152 hectáreas, 975 durmientes y clavos usados. Con una donación que no llegaría a valer más de $ 250.000, se eximió de responsabilidades ulteriores eliminando un medio de transporte de utilidad pública, y la provincia le construye caminos, colaborando en ello el ejército, que le aseguran comunicación a distintos centros poblados o de producción que son de su propiedad. Desde La Gallareta a Fortín Olmos y desde Cerrito a La Bolsa, dejaron de existir por el mismo procedimiento de la Compañía las últimas líneas y ramales que habría levantado «sin autorización expresa de ningún poder».

En el informe citado, después de comprobaciones en los sitios y de interrogatorios a los pobladores, dicen los diputados Acevedo y Vechietti: «Por falta de agua potable, en la mayoría de los desvíos de esos ramales La Forestal había instalado tanques cisternas para almacenamiento de agua potable para el consumo de la población de los obrajes, escuelas, etc. Todos esos tanques fueron destruidos y la mayoría de la población quedó súbitamente sin agua potable, inclusive las escuelas, y fueron inútiles los reclamos de los pobladores para impedirlo. Esa destrucción respondía a la política de lograr el éxodo de la población fija, a fin de que no se les crearan a la empresa dificultades que naturalmente surgían por la existencia de esas poblaciones. Muchas instituciones cercanas a esos lugares, legisladores y vecinos protestaron por esas medidas inconsultas de la Compañía, pero tales reclamaciones no surtieron ningún efecto concreto y los tanques de almacenamiento fueron algunos vendidos, otros destruidos in situ y otros llevados a La Gallareta. La Forestal argumentó que al levantarse las vías no podría ya traerse agua de La Gallareta y que entonces eran innecesarios. No obstante, aquellos que fueron adquiridos por los pobladores de la zona cumplen los mismos fines anteriores y son útiles a las poblaciones. Se dio el caso de que en Km 129, donde había una escuela provincial que se clausuró luego, como otras tantas, de súbito la población escolar quedó sin agua».

En realidad, el levantamiento de todas las líneas ferroviarias fue un problema conexo con el desmantelamiento de las fábricas de tanino. Consideradas por la Compañía como accesorias de su industria, nunca les dio el carácter de un servicio público para facilitar las comunicaciones, por más que aparecieran realizando transporte comercial; en ese aspecto constituyó, por el contrario, como decía el informe del doctor Urdaniz, un factor de predominio que ponía bajo su arbitrio, mediante imposición de tarifas, el precio de costo de la madera de sus competidores y de las mercaderías que se transportaran en sus trenes. Su importancia como servicio público no fue más que una resultante secundaria para los fines de La Forestal. Como problema conexo con la existencia y funcionamiento de las fábricas de tanino, su futuro era previsible y aquí nos encontramos con la legendaria indiferencia de los poderes públicos, para evitar, no el levantamiento de las líneas ferroviarias como asunto principal, sino de las fábricas como problema fundamental que, resuelto, resolvía también el destino del ferrocarril de la Compañía. La presión popular no pudo, en su momento, evitar los cierres de fábricas y forzar la transformación en centros de nuevos tipos de industrias en la medida del aprovechamiento de las instalaciones y maquinarias.

Que eso pudo haberse logrado, lo demuestra el caso de La Gallareta, donde una eficaz intervención popular, gremial y gubernativa, con la participación apasionada y laboriosa de legisladores, hizo que se montara el taller de vagonería, que aunque no soluciona todos los problemas pendientes y creados en sesenta años de explotación forestal sin más finalidad que el lucro de una empresa, constituye un principio de reacción económica susceptible de más vastos alcances combinada con la colonización de las tierras próximas.

Sin fábricas, sin nuevas industrias, sin parcelación de la tierra, sin abundancia de productos cultivados, sin poblaciones numerosas y decaída la labor en los obrajes, las lineas ferroviarias de La Forestal no hubieran servido para mucho más que para transportar trenes semicargados o vacíos, a través del desierto de bosques, de cañadas y de tierra baldía. No habiéndose resuelto a tiempo en forma integral los problemas económicos y demográficos pendientes en los dominios de La Forestal y en todo el norte donde dominara, levantar esos ferrocarriles no fue más que una resultante lógica del atraso, por un lado, y de los planes de una empresa que desde hace años tiene puestas sus miras —como holding internacional— en intereses donde no cuenta para nada el sector del pueblo argentino que pueda sentirse afectado por ellos. El cierre de las fábricas resuelto por la Compañía no se diferencia, en lo esencial, de medidas de igual naturaleza tomadas por otras firmas industriales o por sus mismas subsidiarias. Así es como clausuraron sus actividades en Chaco, Harteneck S. A., Fábrica de Tanino Z, La Francia Argentina S. A. y La Forestal Argentina S. A. de Baranda; en Santiago del Estero, Weisburg S. A. y Cotán S. R. L.; en Formosa, Dubosc S. A.

Entre los años 1948 y 1963 La Forestal clausuró en Santa Fe sus cuatro fábricas; por otra parte, nunca hizo un secreto de su política de reducir la producción y venta de tanino de quebracho para aumentar la producción y venta de mimosa. Jorge Alberto Berman dice que «la mimosa es explotada en grandes extensiones de Rhodesia, Kenya y Sudáfrica. En este último país, país del oro y del diamante, se realiza la más abierta explotación esclavista de la población negra dentro del régimen del apartheid instrumentado por la civilizadora raza sajona»[4]. La Forestal, que inicialmente había invertido en África la suma de 100.000 libras esterlinas, aumentó constantemente el capital alcanzando a £ 1.000.000 en 1939 y £ 7.000.000 en 1956. En su memoria y balance de 1954 dice: «Nuestras explotaciones en África, planeadas durante muchos años para reemplazar la reducción prevista en nuestra producción argentina, están progresando favorablemente. Nuestra base principal, “The Natal Tannin Co. Ltd.”, en Sudáfrica, está establecida y administrada económicamente. Nuestra subsidiaria en Kenya, “The East African Tannin Extract Co. Ltd.”, está actualmente en buena marcha para tomar su lugar al lado de la Compañía Natal, en cuanto a capacidad productiva, económica y utilidades. Nuestra subsidiaria de Rhodesia, todavía en estado de desarrollo, alcanzará a ser productiva a fines de 1955». Y en 1956: «La Forestal Argentina S. A. está determinada a continuar produciendo extracto en su fábrica de Quebrachales Fusionados y mantener así su interés en la industria en la cual su nombre ha estado consistentemente conectado desde la creación de la Compañía. El Chaco —se decía desde Londres—, en el cual esta fábrica está situada, se dice que contiene enormes reservas inexplotadas de madera de quebracho, cuyo total es prácticamente propiedad fiscal, y la Compañía ha sido oficialmente asegurada que, como resultado de las nuevas leyes de concesiones fiscales, siempre habrá disponibilidad de materia prima».

El aumento en la colocación del tanino de mimosa en el mercado mundial corrobora el interés creciente de La Forestal en ese producto, lo que irá retrayendo cada vez más el interés por la explotación de la madera de quebracho. Esa escala de aumento de la producción de mimosa —con mano de obra baratísima en África— se deduce de las siguientes cifras: en el periodo 1936 - 40 se colocaron en el mercado mundial 236.000 toneladas de tanino de quebracho y 89.000 de mimosa; en 1959, el tanino de quebracho bajó a 151.000 y el de mimosa se elevó a 167.000. El extracto de quebracho representaba el 59,2% de las exportaciones mundiales y la mimosa el 22,6%; en 1959 correspondió el 38% al quebracho y el 42% a la mimosa.

Con estas comprobaciones, no creemos que la mayor oposición, con ser justa, debió provenir del levantamiento de una fábrica más en Argentina y de todas sus instalaciones ferroviarias, telefónicas y portuarias en la provincia de Santa Fe. La preocupación actual con respecto a la industria forestal tampoco debe venirnos por ese otro problema parcial y derivado que crea la decadencia y abandono de tres puertos fluviales que otrora eran centros de actividad y de población trabajadora, porque ésta es una manera de retacear el problema de fondo. El asunto nacional es más grave visto con los ojos puestos en el presente pero con la mira alzada para un largo tiempo indeterminado en el que nuestra nación seguirá viviendo y necesitando de todo su potencial económico para superar el subdesarrollo. Dice Berman en el trabajo citado: «Nuestro gobierno “libertador” accedió en octubre de 1955 a los dictados de la conferencia o Club de París, donde la presión de La Forestal se hizo sentir en una resolución que fija los montos a colocarse en el mercado mundial, consolidando la posición de la mimosa sudafricana al resolver la pérdida de 56 mil toneladas anuales de venta para el quebracho. Y al resolverse también impedir la rebaja de precio de los extractos de exportación, se mantenía artificialmente el precio del tanino y con ello su menor demanda. La Forestal amenazaba con volcar al mercado su stock de 100.000 toneladas y realizar la competencia con todo su poderío técnico y financiero si se violaban las resoluciones del “acuerdo de caballeros” de París».

A fines del año 1964 el señor Ricardo Marzorati, presidente del Instituto Argentino del quebracho, declaraba al periodismo que hasta 1951 la Argentina exportaba un promedio anual de 186.000 toneladas de tanino y que luego la exportación descendió a un nivel alarmante: en 1963 sólo se enviaron al exterior 91.000 toneladas de extracto de quebracho. «Y eso —agregaba que en la Argentina las actuales reservas de madera de quebracho convertidas en tanino tienen un valor de 5.000 millones de dólares. Exactamente a razón de una por año —añadió el señor Marzorati— han cerrado ya trece fábricas de tanino de las veintiuna que funcionaban en el país, en Chaco, Santa Fe, Formosa y Jujuy, determinando ello la desocupación para 50.000 trabajadores de la industria, con la triste secuela social que tal hecho implica. En Villa Guillermina, donde en una planta de La Forestal había una población de 20.000 personas, la misma se ha reducido, en pocos años, a sólo 5.000. Concretamente, de los 65.000 obreros de la industria, en estos momentos trabajan nada más que 15.000, por lo que las cifras resultan más elocuentes que cualquier otro concepto».

«Toda la industria se está desintegrando, al languidecer bajo la presión de la acción monopolista de compañías internacionales que tratan de ahogar nuestra producción. Este cuadro patético es lo que me determinó —dijo el presidente del Instituto— a formular una denuncia por monopolio en la Secretaría de Comercio, hace seis años; ahora, los asesores legales se han expedido dictaminando que la denuncia debe ser llevada ante la justicia como querella. El objetivo es uno solo y tiene carácter de urgencia: deben impedirse las maniobras de aquel monopolio que opera en el orden internacional, para posibilitar que la industria nacional del tanino se expanda y pueda trabajar a plena capacidad. Se calculaba —sirva esto como claro ejemplo— que el país podría producir anualmente 350.000 toneladas, pero actualmente, el cierre de fábricas derivado de aquellas maniobras no permitiría una producción mayor de 120.000 toneladas. La Argentina tiene materia prima para 150 años por lo menos».

El señor Marzorati expresó que la creación del Instituto Argentino del Quebracho obedeció a la imperiosa necesidad de defender esa riqueza, y agregó: «La Cámara Argentino-Paraguaya de Extracto de Quebracho tiene responsabilidad manifiesta por la situación que enfrenta nuestro país, traducida en la pérdida de mercados y divisas. Una de las maniobras, por ejemplo, consiste en la elevación del precio de nuestro tanino, para que en el extranjero no pueda competir con el monopolio que extrae el producto de la mimosa. Por otra parte, rige un decreto —1676/63— que impide que los productores puedan vender libremente el tanino (acordando a la Cámara, en la que predomina La Forestal, facultades de intervención), lo que en la práctica significa que una entidad no oficial es la que controla hasta los embarques para el exterior, de nuestra producción».

En China, Japón, India, Egipto e Irán se adquiriría con preferencia la producción argentina de tanino, si se pudiera lograr su competencia en cuanto a precio con la producción de la compañía monopolista que actúa en África.[5]

En un memorándum referido al decreto 1676 del año 1963, Enrique C. Welberg S. A. decía: «esta actitud de la Cámara Argentino-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho, impidiendo exportar a Welberg S. A., responde a instrucciones emanadas del resto de los industriales agrupados en ella. Estos forman un trust internacional que fabrica en el exterior los productos de competencia (extractos de mimosa y de castaño) del extracto de quebracho. Basta simplemente para corroborar lo antedicho leer lo que la mencionada Cámara publica en su Estadística Anual correspondiente a 1964, en la página 64, bajo el titulo “Colocación Mundial de Extractos Curtientes», donde demuestra la evolución en números índices de las tres industrias de tanantes vegetales, partiendo de 1938 como base 100:

Año | Quebracho | Mimosa | Castaño
1961 | 82,2 | 193,0 | 118,8
1962 | 67,7 | 196,4 | 104,9
1963 | 60,2 | 193,5 | 102,2

Y después de mencionar las gestiones que Welberg S. A. realizara para que se derogase el decreto 1676/63 por ilegal y monopolista, agregaba: «A la fecha, Welberg S. A. tiene elaboradas y vendidas al exterior alrededor de 6.000 toneladas por valor de 850.000 aproximadamente, que se le impiden exportar. Es de imaginar el impacto financiero que esto representa. Por ello, a pesar de que hasta ahora ha podido, merced a innumerables sacrificios, sobrellevar esa angustiosa situación sin cerrar su fábrica, de subsistir la misma se verá obligada a ello con las consecuencias que son de imaginar en el orden social y económico». Denunciaba la actitud oficial con el decreto de referencia, obtenido durante el provisoriato de Guido, como «postración ante intereses antinacionales».

El problema, pues, no se reduce a los límites de las fábricas cerradas —con ser grave— y al desmantelamiento de instalaciones. Es una cuestión de fondo que está vinculada a la lucha antiimperialista en nuestro país y a la recuperación de todos los recursos de la Nación Argentina para recrear y administrar su economía sin la intervención en ella del capital colonialista, que no trabaja para el destino de nuestra patria y que condiciona el mercado mundial a su propio interés en otras regiones del mundo. Si a los planes de La Forestal consistentes en imponer el extracto de mimosa, se une nuestra despreocupación por la riqueza en quebrachos colorados —en la zona de La Gallareta existían reservas como para trabajar durante cinco años en 1962— que se talan sin previsión de futuro en la provincia de Santa Fe, como si definitivamente hubiéramos renunciado a su aprovechamiento como curtiente, abatiéndose también los árboles jóvenes, podemos esperar para el futuro la liquidación paulatina y total de esa industria en Argentina, mientras en otros países, el Brasil entre ellos, se toman medidas legislativas de protección, y en Sudáfrica se aseguran para largo tiempo su negocio los mismos intereses empresarios que aquí dejaron a su paso zonas infradesarrolladas dentro de un país atrasado…

El cierre de fábricas de tanino hizo que cesara el interés, con esa finalidad, por el quebracho colorado existente en Santa Fe, y es así como se lo utiliza —lo hemos visto en aserraderos— conjuntamente con otras maderas para combustible de locomotoras. El censo de madera que se practicó en una cuarta parte de las 203.000 hectáreas de La Forestal en 1963, antes de cerrar la fábrica, dio un resultado de 165.000 toneladas de quebracho, sin calcular que durante el último año de actividad en la producción de tanino La Forestal impuso el trabajo llamado de explotación parcial, aprovechando solo el fuste de los árboles y desperdiciando la ramazón, que se calcula en un 80 % del total de la madera. Se dejó así, según el informe de la comisión bicamarista investigadora, en el suelo expuesto a las quemazones, materia prima por lo menos para dos años de trabajo…

La Forestal, desde 1907, cada vez que se quiere tomar una medida de gobierno seria que a su criterio no la favorece, ha amenazado con salir del país con sus fábricas, con lo que quedaría sugerida la imposibilidad argentina de competir luego en el mercado mundial si se decidiera a continuar la explotación sin la intervención del capital extranjero. Pero eso puede ser así mientras el país no salga de los mercados tradicionales y permanezca dentro del cerco imperialista. Existen mercados en América latina, Europa Central y en Asia, no dominados por la libra esterlina ni por el dólar. No defenderemos nuestra economía sin colocarnos en la lucha antiimperialista, del lado de los pueblos que se liberan del colonialismo y de los que implantaron el régimen socialista. Sin ubicar desde el gobierno y con apoyo popular el problema en este plano, La Forestal, lo mismo que otras empresas y organizaciones imperialistas, hallará siempre la manera de imponer sus intereses por sobre las aspiraciones populares y sin preocuparle las consecuencias negativas de su actividad en las regiones donde actúa. Ha tenido y tiene como aliada a la clase conservadora argentina, a la que encuentra en su mismo camino cuando se trata de frenar cualquier medida que afectara su poder en beneficio del pueblo. Por supuesto que todo movimiento popular que tienda a trasformar radicalmente nuestra estructura económica, incluyendo naturalmente el régimen de tenencia de la tierra, ha de encontrar en La Forestal a su enemiga, y a su lado a la oligarquía argentina, con el apoyo del sector de las fuerzas armadas, que hoy postula la intervención en todo país latinoamericano que pretenda liberarse del imperialismo y hacer efectivo el régimen democrático. En este plano se encuentran los enemigos del pueblo y los que, teniendo el poder en sus manos, siguen complaciendo los mismos viejos intereses que nos sumergieron en el estado actual.

Pero tratábamos del levantamiento de vías férreas por parte de La Forestal y de otras instalaciones. Juzgado con una visión amplia de los propósitos de la Compañía, resultará siempre excesivamente limitado tratar de impedir que realice lo accesorio, sin resolver profundamente, y como política general de la nación, los problemas fundamentales.

Levantado el material ferroviario e instalaciones de fábricas, La Forestal vendió 40.000.000 de kilogramos de hierro y cobre, sin que la comisión bicameral investigadora, que menciona el caso en su informe, haya encontrado pruebas de que se hubiera pagado impuesto por su venta que, calculada al insignificante precio de $ 2 por kilogramo, resultaría una operación de $ 80.000.000 que no habrían tributado al fisco.

Reunión de obreros de «La forestal». Fábrica de tanino de Tartagal, 1923.

Los desocupados de La Forestal

Varias veces en el transcurso de este libro hemos hablado, aunque circunstancialmente, de desocupación. Es que ese espectro fatídico para los trabajadores, por lo que trae aparejado en los hogares pobres, dentro de la multitud de asuntos tratados siempre ha aparecido en las búsquedas documentales, a tal punto que por sí mismo puede constituir un tema especial. No es fácil concordar cronológicamente todos los episodios de desocupación que hubo en los dominios de La Forestal, porque sólo han trascendido aquellos que por su envergadura ocuparon la atención de los poderes públicos o del periodismo. Otras constancias documentales no poseemos porque quizá no existan. Pero las que hemos manejado son suficientes para trazar un itinerario a través del tiempo, caracterizado por el desempleo, sin que ello signifique que fueron los únicos meses en que la masa de obreros o del personal de obraje haya padecido las consecuencias de la desocupación. Téngase presente que el norte en general demoró en ser cultivado porque no se aplicaron planes eficientes y extensivos de colonización y que la agricultura no existió en las tierras de La Forestal, ni hubo industrias como para absorber la mano de obra cesante en las fábricas de tanino y mucho menos la de los obrajeros sin trabajo.

A tres años de creada La Forestal, en 1908, la desocupación fue tan grave que en la legislatura se consideró un proyecto de construcción de puente sobre el arroyo Caraguatá para estimular la agricultura en la zona, ofreciendo por ese medio facilidades a los colonos para transportar sus productos, ya que el obstáculo fluvial impedía el estímulo a las tareas agrarias. Y al fundar el proyecto, decía el miembro informante: «La construcción de este puente contribuirá al desarrollo de la agricultura, desarrollo que es necesario fomentar para ocupar muchos miles de obreros que debido a la paralización de la explotación de los productos forestales se encuentran ahora sin trabajo».

No es indispensable glosar los fundamentos del proyecto para que surja evidente no sólo la desocupación como fenómeno importante. Porque si sumaban miles los obreros forestales sin trabajo, bien se comprende que la situación económica y social estaba acusando un bajo nivel. Era el año en que La Forestal avanzaba arrolladoramente en la región, con tanta fuerza expansiva que al año siguiente se consideraba que había monopolizado el comercio de la madera y en el ejercicio económico anual sus ventas al exterior alcanzaron a $ 20.000.000.

En 1913 la desocupación se hizo sentir con fuerza desquiciadora de hogares y poblaciones. La falta de trabajo en los obrajes comprendidos en la zona de Colmena había hecho que esa población decayera y se encontrara «en completa inercia». Se calculaban en 7.000 las personas que habitaban su centro urbano y los obrajes circundantes. La inercia de las personas no era otra cosa que desocupación, cuyos efectos no se circunscribieron a Colmena, sino que se extendieron hacia el sur, buscando las familias ubicación en Vera, Calchaquí o Margarita. A la desocupación seguía el hambre como al cuerpo la sombra, y por añadidura la disolución de múltiples casos de uniones extramatrimoniales que dejaban en el más lastimoso desamparo a mujeres y niños condenados a la vagancia y, naturalmente, a la delincuencia precoz. El mismo año en Vera, las crónicas insisten sobre la vagancia de menores «que abundan como los hongos después de las lluvias», coincidiendo además las noticias de recrudecimiento de hechos delictuosos con la expansión de la miseria. El estado de cosas desfavorable para los trabajadores en Colmena no concluyó de inmediato, pese a la enorme riqueza en quebrachos colorados explotados en los ramales a Fortín Olmos. Y tan es así que hemos citado al señor Saccone cuando decía en 1915 que La Forestal, en Colmena, tenía anotadas en su libro de limosnas 80 raciones semanales entregadas a mujeres y niños que padecían hambre por falta de trabajo. «El trabajo en las fábricas, talleres, aserraderos, montes, obrajes, ocupa generalmente gran número de obreros. Actualmente, debido a la paralización comercial y a la disminución de la exportación del quebracho, se ha disminuido igualmente el número de trabajadores».

Para favorecer a La Forestal destacando su «obra de caridad», Saccone nos proporciona un dato más sobre la miseria en que estaban sumergidas las poblaciones; respondiendo al diputado Remonda Mingrand, dijo: «El espíritu del señor diputado está embargado por la creencia de que La Forestal no ayuda a los pobladores indigentes…». Esos pobladores eran obreros y obrajeros que, después de haber trabajado para la Compañía, estaban en la indigencia. Ayudar a los indigentes era ayudar a sus propios trabajadores, porque no eran pobladores ajenos a La Forestal, puesto que sólo vivían en sus dominios los que trabajaban para ella.

Cuando quería expulsar a personas determinadas «las hacía sacar con la policía, y eso les pasaba a los más instruidos», nos dijo un antiguo vecino de La Gallareta, y no aceptaríamos el testimonio, si no comprobáramos coincidentemente que en 1913, año de desempleo, se denunciaron atropellos y castigos arbitrarios desde Colmena, Tartagal, Ogilvie, Cañada Ombú; y desde Golondrina, también zona de obrajes de La Forestal, se informaba que «la policía no es suficiente garantía para los vecinos del lugar», de acuerdo con el diario Santa Fe, del 29 de noviembre de 1913.

Para justificar la desocupación y la indigencia reinante en 1915, Saccone exponía lo siguiente: «La Forestal tiene en sus playas —así se llaman los depósitos de madera aunque sean terrestres— un capital estacionado de tres a cuatro millones de pesos, capital que en su mayor parte no tiene salida posible, en las actuales circunstancias, porque, como todos sabemos, en Hamburgo reside el mercado casi único de este producto y, debido a la guerra, la Compañía no puede fletar sus cargamentos para el puerto referido. El trabajo y la exportación de La Forestal se reducen al tanino…». Pero según Remonda Mingrand: «No está conforme eso con un reclame que La Forestal misma hacía en el diario La Nación de Buenos Aires, que dice que el extracto de tanino ha subido de precio y que está dando unos dividendos colosales…».

La verdad era ésa. Sobre la miseria de los trabajadores argentinos mantenidos intermitentemente en estado de desocupación —lo que aseguraba el bajo índice de los jornales— la Compañía exhibía sus famosos balances que, como el de 1916, fueran calificados de «estupendos», lo que ponía la verdad de parte de Remonda Mingrand, que también decía: «Es que los trabajadores no necesitan solamente quinina, necesitan comer».

Con relación al trabajo en las fábricas de tanino, estaba clausurada la de Santa Felicia; en Tartagal se había suspendido el trabajo y no funcionaba la de Calchaquí, en trance de ser definitivamente levantada. En ninguna de las zonas de influencia de esas tres fábricas La Forestal creó nuevas fuentes de trabajo ni previo —tampoco le interesó prever— el futuro de los habitantes, de modo que los obreros cesantes pasaron a engrosar, en muchos casos, las filas de los que despoblaban. Los que permanecían en sus poblaciones constituían los grupos de peones sin trabajo que se beneficiaban con las limosnas hechas llegar a sus hogares, tan misérrimos como podían ser los que se albergaban en viviendas de indigentes de que existen constancias hasta en 1939, viviendas construidas con ramas y bolsas como expresión del último estado social a que pueda llegar una familia.

La empresa, «con el objeto de sostenerlos», en localidades con núcleos de desocupados, reanudaba las tareas haciendo trabajar a los obreros por turnos, con lo que lograba tener siempre disponible mano de obra barata en sus propios dominios. La miseria originaba graves deficiencias físicas que facilitaban una alarmante propagación de la tuberculosis. El señor Saccone, testigo favorable a la Compañía, ha dicho, responsabilizando a los insectos… : «Las zonas plagadas de mosquitos y otros insectos, que afectan al organismo, hacen que el obrero que no tiene una robustez absoluta se convierta en enfermizo, y me ha pasmado este detalle, dado por un distinguido facultativo de Vera: el 45% de los obreros tiene cavernas tuberculosas. La mayoría de los trabajadores exteriorizan además inequívocas pruebas de enfermedades trasmitidas por herencia o atavismo. Está invadiendo esos lugares otra plaga, la del paludismo, que tiene la rara virtud de agotar las fuerzas físicas del individuo, y ¿qué será de esa generación cuando este mal, complementado por los anteriores, aniquile el vigor físico de esos pobladores?».

La respuesta se la dio la cruda realidad, cuando después de transcurridos cuarenta años, para que los contratistas tuvieran suficientes hacheros, fue necesario traerlos, por centenares, del territorio del Chaco.

Sigamos el orden cronológico de la desocupación. Entre 1917 y 1918 el inspector visitador de los almacenes de Villa Guillermina decía, justificando la disminución en ciertas ventas: «Otro factor importante es la restricción del personal de fábrica, y en consecuencia la disminución del consumo por haberse ido gran parte de los obreros y peones anteriores de la fábrica, y de sus adhesiones [sic] respectivas a otros pueblos, como ser Las Toscas, Ocampo, etc., en busca de trabajo, y por no haber tenido más construcciones de vías, con la consiguiente rebaja de las cuadrillas del ferrocarril».

Desde 1918 a 1921 la desocupación es más grave aun y el estado social de los trabajadores llega a un nivel de miseria que origina actos de desesperación. El hambre padecida por miles de personas y la amenaza de extenderse en todo el dominio de La Forestal fue el factor que decidió las huelgas y los meses sangrientos de 1921, cuyo estudio hemos realizado. Esa crisis explosiva de la miseria hizo que, ante su trascendencia inquietante para los que gozan del fruto del trabajo ajeno, se colocara en el tapete público, con resonancias que no había tenido aun, todo el panorama de injusticias, de crueldades, de explotación, de abandono, enfermedades y vicios que corroían a las poblaciones de La Forestal. «El 90% de la población —dijo un médico de Villa Guillermina— es sifilítica». Se referiría a la masa de obreros y hacheros de sus bosques. «Se cuentan casos asombrosos de la población del norte de la provincia, especialmente de la situada en los dominios de La Forestal. Voces que no tienen ningún interés en adulterar las cosas expresan que hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, casi todos padecen de enfermedades peligrosas: de tuberculosis y de sífilis. Las estadísticas de los hospitales se dice que arrojan un 90%. Niños de doce, catorce y quince años se los ve encorvados bajo el peso de los males infecciosos. La vida de esa desdichada gente se desliza en un constante contacto y una promiscuidad vergonzosa. El alcohol y sus vicios inherentes les han sido llevados en proporciones gigantescas. Por una escuela creada han sido fomentados cien boliches, que son a la vez casa de juego y de prostitución. El criollo, hombre bueno a quien el Estado ha tenido en un abandono criminal, ha sido precipitado por esa pendiente ruinosa. Explotadores de todos los matices, ansiosos de riqueza, han medrado y se han enriquecido por ese abominable sistema de corrupción. Nadie ha dicho nada, nadie se ha preocupado del foco de infección, nadie ha previsto el futuro hasta ahora, en que un accidente, la huelga de los obreros, ha venido a poner las cosas al descubierto»[1].

Cuando se reiniciaron los trabajos a ritmo normal, debieron los obreros cumplir «horario mucho mayor y por un precio tan ínfimo que resulta un sarcasmo en esa época». Juan José de Soiza Reilly, en diciembre de 1922, lo confirmaba en La Razón; cobran, decía, «de uno a dos pesos ochenta centavos diarios» y se sentían «satisfechos porque, al fin, nuestros hijos comen».

No poseemos información documentada de años inmediatamente posteriores, pero es sabido que la transitoriedad del trabajo en los bosques producía desocupación. En Golondrino, alrededor de 1930 se paralizaron los obrajes de La Forestal casi por completo. «De ahí que la mayoría de sus pobladores —informaba un empleado provincial— tienen que emigrar al territorio nacional del Chaco, por lo general, dejando muchos de éstos sus casitas y solares de terreno que han podido adquirir a fuerza de sacrificios. Y nótese —agregaba— que todos los que han salido de este pueblo ya no regresan a él. En la juventud se observa a simple vista la poca voluntad de decisión para el trabajo debido a que en su mayoría carecen de nutrición, y así, mal alimentados, no pueden ser aptos para los trabajos rudos como son los de elaboración de madera de quebracho y leña. Es así como los futuros ciudadanos crecen, se hacen adultos y nunca tienen un punto de mira para su independencia económica y social. La vagancia está muy generalizada en el norte».

Era la vagancia —desocupación— en las mismas tierras de La Forestal y en su zona de influencia. Las soluciones también las veía el informante, ya que el mal radicaba en el latifundio que cercaba a Golondrina. Así, opinaba que «un medio de vida sería trabajar las tierras aptas, para agricultura. La influencia del gobierno sería indispensable para tratar de que La Forestal, única poseedora de esos campos, los vendiera subdivididos en pequeñas parcelas, a precios equitativos y con facilidad de pago, encontrando el trabajador humilde ese medio de vida al que muchos aspiran y no lo pueden hacer por cuanto, como ya he señalado más arriba, La Forestal no lo permite».

En 1938 el doctor José Gustavo Doldán —a quien fuera dirigido el informe precedente— escribía en La Mañana, describiendo el estado social de las poblaciones: «En Intiyaco trabajan alrededor de 400 obreros adultos en explotaciones forestales. Los jornales oscilan entre uno ochenta y dos cincuenta, en jornadas mínimas de 10 horas. Normalmente trabajan durante veinte días en el mes. Viven en ranchos de tres por tres y medio metros y en ellos se aloja toda la familia. Muchas de éstas están compuestas hasta por once miembros. Duermen normalmente en el suelo, sobre arpilleras.. El catre ha pasado a la categoría de implemento lujoso. En las colonias de obrajeros, como es lógico suponer, se notan la desnudez y la desnutrición en general y especialmente en la niñez. La mortalidad infantil es pavorosa. El agua para bebida se extrae de los charcos. La asistencia médica se reduce a la visita de un facultativo, durante tres horas por semana. Existen escuelas, pero los niños van humillados a clase, en razón de que deben presentarse poco menos que desnudos. Reina en Intiyaco una espantosa miseria colectiva. En Tartagal, población vecina a la anterior, la vida varía en muy pocos aspectos. Allí los jornales son más elevados y las horas de labor menos. Los artículos de consumo, gracias a la imposición de las proveedurías, tienen precios desproporcionados, injustos. El curanderismo se ejerce con toda libertad y la higiene es pésima. También los obreros se hacinan en ranchos miserables y el aspecto moral se encuentra desquiciado. El distrito Santa Felicia cuenta con idénticos problemas; El Toba y Ogilvie son otros centros como Intiyaco. Hay familias —agrega— que pasan el año con una muda de ropa. La ropa de cama no se conoce. Los niños comen carne dos veces por semana; el resto se alimentan a mate y galleta».

Un año después, el doctor Doldán decía en la Cámara de Diputados que en el departamento Vera, sobre 4.463 defunciones, sólo 1.533 enfermos tuvieron asistencia médica, y cerca de 3.000 no la tuvieron. Estudiando las cifras de la mortalidad infantil desde 1928 a 1938, considerando los nacidos muertos y los fallecidos hasta los diez años de edad inclusive, de los 4.463 fallecidos el 42,5% corresponde a los niños. Pero la cifra era más abultada «porque muchas criaturas nacidas muertas o fallecidas poco después del parto no son denunciadas a las oficinas del registro civil, lo que ocurre en los parajes más apartados y boscosos, donde la intervención de las autoridades es imposible». El 80% de los fallecimientos ocurridos en el distrito de Garabato correspondía a la juventud, entre los 11 y los 35 años.

En Tartagal, el señor Hugo B. Longhi redactó un informe en 1938 en el que dijo que los inaptos para el servicio militar en ese distrito alcanzaban al 50%. «La inaptitud de los jóvenes — decía-proviene de la mala alimentación y de la escasa que tuvieron en la niñez; exceso de trabajos rústicos y mala vida de los 11 a los 20 años, para ganar un mal vivir; taras físicas hereditarias y por regla general no atendidas a tiempo; adquisición temprana, de 13 a 16 años, de venéreas. Existen muchos enfermos de sífilis no obstante saberse de la abnegada campaña sanitaria de los médicos de la zona, que conocen el mal a fondo y sus funestas consecuencias. La delincuencia local, que no aparece en ninguna estadística, la origina la indigencia en que vive la juventud, deseando lo más indispensable, que no logra con lo que gana, hasta que la misma miseria le abre el camino de la ratería. La región no progresa. El trust de la industria forestal es el motivo legalizado del atraso absoluto de este distrito». Estas manifestaciones se correlacionaban —como causas que debían ser removidas— con las aspiraciones populares de la zona, que si no se manifestaban activamente era porque la presión despótica de La Forestal venía haciendo su obra de oscurantismo y de severidad selectiva con sus listas negras, desde principio de siglo, alentada por la política de los círculos más reaccionarios de distintos partidos que se sucedieron en el gobierno, aun de aquellos que contaban en sus filas con legisladores esclarecidos y combativos, pero no apoyados totalmente por sus partidarios; así es como se malogró el buen proyecto de Doldán, que consistía en expropiar 10.000 hectáreas alrededor de catorce poblaciones forestales y ganaderas a los fines de su parcelamiento y colonización.

Cada vez que las masas obreras de nuestro país intensifican su lucha por mejorar su nivel social, o unidas a todos los sectores populares promueven medidas de gobierno que favorezcan al pueblo trabajador, o cuando grandes movimientos de opinión presionan para lograr una más profunda democracia concordante con una política exterior de intercambio comercial y cultural con todas las naciones del mundo, especialmente con los países socialistas, los círculos enemigos de la elevación social de las masas laboriosas, especialmente los vinculados a intereses extranjeros, estando en el poder o presionando en las esferas del gobierno, propugnan mediante legislación represiva la persecución y la privación de libertades ciudadanas. Actividad antiargentina se le llamó a la lucha de los trabajadores e intelectuales democráticos, y bajo ese rótulo de ocultamiento de intereses verdaderamente antipatrióticos se cobijó la persecución a dirigentes políticos, gremiales y universitarios. Su finalidad fue bien comprendida por la opinión pública en los dominios de La Forestal cuando las ideas democráticas eran señaladas en la represión por la mano de poderosos personeros del imperialismo favorecido. «Por lo que podemos probar —decía el periódico Criterio, defensor de los trabajadores forestales en San Justo—, todo lo que no está con el capitalismo extranjero que ya nos tiene agotados es antiargentino para muchos que prácticamente son vulgares vividores a expensas del sacrificio mal remunerado del trabajador, tanto del campo como de la ciudad».

La agremiación de los trabajadores forestales fue dificultada por la Compañía, y mientras en 1933 se procesaba al periodista de Villa Guillermina, señor Fabio Medina, con el aberrante y falso argumento de profesar doctrina comunista —fue prosélito de la Unión Cívica Radical de Santa Fe— sobre el estado de miseria de miles de hacheros y obreros, de sus mujeres e hijos, sobre la paupérrima vida de poblaciones que agonizaban con la extirpación total de los quebrachales en sus alrededores, la empresa extranjera continuaba con sus ganancias millonarias. Las leyes represivas que frenaban la iniciativa de los obreros progresistas amparaban precisamente la más antiargentina de las empresas forestales en cuanto su actividad altamente lucrativa se basaba en la extirpación total de nuestra riqueza forestal y en la explotación de miles de hombres nativos que, sin mejorar en absoluto su condición económica, padecieron de abandono social, en lo que fueron responsables también los poderes públicos, inclinados con más facilidad a coartar libertades beneficiosas para la nación que a comprender las injusticias que pesan sobre la clase obrera.

Estamos considerando un período que abarca hasta 1943, pero cuyas características sociales son similares hasta el día de hoy, con otro aspecto formal y la misma realidad sustancial. Como consecuencia de las revelaciones de los diputados José Gustavo y Carlos Doldán, Crónica de Rosario decía: «Los hacheros perciben un jornal de $ 1,20 diario y mensualmente no alcanzan a trabajar, término medio, más de 20 días, lo que hace un total de entrada mensual de $ 24», en jornadas de 10 a 12 horas, en 1939. Para establecer comparaciones, téngase presente que en ese año el hachero tenía que vivir con la quinta parte del sueldo de un maestro, que era de $ 130 y que el magisterio llamaba «sueldo de hambre»… ¿A qué extremos de miseria no llegarían los trabajadores forestales? «Esto es lo que pasa —decía Crónica— en donde mandan seres extraños y sin corazón, en la vida y suerte de miles de argentinos». Nadie que se preocupara por los problemas creados por La Forestal desconocía que el origen del pauperismo estaba en su dominio sobre una parte enorme del suelo patrio.

«En el latifundio —sostenía el doctor Doldán— prospera la indigencia, la vagancia, el latrocinio, la infecundidad de los hombres, del suelo y de todas las cosas, ante la indiferencia glacial de los terratenientes. Nada se crea, nada se funda, nada se modifica en esas heredades inmensas. Ellas circundan a los pequeños pueblos y se constituyen en murallas chinas para el progreso de los mismos. No se pretende exagerar los perfiles del problema: las 50 leguas del pueblo Colmena están repartidas entre siete propietarios: las 60 de Intiyaco, entre dos; las 24 del egido de Garabato las poseen siete…»[2]. Sectores populares recogieron con entusiasmo las palabras del legislador, pero en los círculos oficiales a los que pertenecía Doldán, con capacidad para decidir sobre el problema, prevaleció una prudente circunspección…

Con latifundios rodeando poblaciones y ocupando toda la región, los obrajeros, los peones y obreros despedidos no tenían dónde conseguir trabajo, ni dónde radicarse. Cuando en La Forestal se les permitía continuar viviendo en tierras de obrajes, era porque aun existía el propósito de utilizar esa mano de obra; de lo contrario, abandonaban los parajes y los pueblos, continuando su vida seminòmade. Por supuesto que a las causas comunes de las enfermedades, de la mortalidad y de la pobreza, se agregaba la falta total de salario, aumentándose las penurias, los vicios y los fallecimientos sin asistencia médica y sin amparo de ninguna clase. La maestra Angelita Peralta Pino ha dejado en sus apuntes páginas conmovedoras sobre la vida en los obrajes y ha visto el peregrinar de las familias. «El obraje es una caravana humana, un ir y venir de gente, gente sin sosiego; están días y días en él, a veces meses, y con la esperanza de un porvenir mejor, desarman sus viviendas, guardan sus camas (que son un montón de bolsas), atan sus pilchas… y cabizbajos, con la compañera al lado y sus hijos por detrás, se van a lomo de mula o en carretas».

La Forestal no pagaba indemnización por despido al personal del obraje, con el pretexto legal de considerarlos dependientes de los contratistas. Desde 1948 hasta 1963 se agravó todo el problema de la región del quebracho colorado, y, al drama de la desocupación y la miseria, se unieron los episodios de los cierres definitivos de fábricas de tanino. Tartagal en 1948, Villa Guillermina en 1952, Villa Ana en 1960 y La Gallareta en 1963, en la provincia de Santa Fe; Baranda en 1949, en Chaco, siguieron a Calchaquí y Santa Felicia en el destino del abandono de pobladores sin trabajo, en la inercia y la incuria, mientras en los alrededores las grandes extensiones de tierra continuaban baldías o, en el menos grave de los casos, ocupadas en parte con ganado procedente de los planteles de La Forestal, que habían alcanzado a superar los 200.000 animales.

Durante todo el período, que abarcan las fechas indicadas, la desocupación fue el signo predominante, sin que fuesen escuchadas las múltiples protestas de los pobladores, de las instituciones populares, de los gremios y de agrupaciones políticas. En cada uno de los pueblos donde funcionara una fábrica de tanino, se produjo la despoblación ante la pasividad de los poderes públicos y siguiendo el ritmo implacable de los intereses exclusivos de la Compañía que, con una u otra donación de bienes invendibles en localidades donde emigraron en masa sus habitantes, no alcanzó a cubrir las apariencias de responsabilidad frente a los millares de trabajadores arrojados al azar de las cesantías. El descenso demográfico fue vertiginoso, disminuyendo el número de habitantes en el 50% aproximadamente, siendo uno de los ejemplos Villa Guillermina que, después de haber alcanzado una cifra superior a los 10.000 habitantes, descendió en 1960 a 4.791; similar es la proporción con respecto a otras poblaciones, pero sin tener en cuenta la dispersión casi total de la masa de personal de obraje. Si en un momento dado se consideraba que sumaban cerca de 20.000 las personas afectadas al trabajo en los bosques y fábricas al servicio de La Forestal, en 1965 la población total del departamento Vera es de 36.764, y si se excluyera la ciudad Jobson, que debe su crecimiento a otros factores, la zona donde actuara La Forestal tiene apenas 17.000 habitantes para el resto de todo el departamento, habiendo transcurrido sesenta años desde que la Compañía se instalara bajo el signo gubernativo de «progreso y civilización»…

En ese proceso de despoblación, de mayor pronunciamiento de las necesidades populares, de carencia de fuentes de trabajo estables y suficientes, debe involucrarse el aumento del analfabetismo en los últimos años, la clausura de escuelas, la insuficiencia, sanitaria y la decadencia general. Escuelas que en 1957 tuvieron 612 alumnos, descendieron a 264; de 187, a 8 alumnos… ¡Lejos están aquellos tiempos de legisladores que para remediar el mal social pensaban sólo en crear escuelas! Muchas de las que se establecieron fueron a parar en la clausura, mientras los trabajadores de los obrajes continuaban en el mismo estado social de miseria y de ignorancia. Apenas si laboriosamente se había logrado que el semianalfabetismo cubriera de apariencia —con el saber firmar— el grave problema cultural mantenido en su posición de cero (en más de 2.000.000 de hectáreas no existe ni una sola biblioteca y un censo de lectores daría un índice cultural prácticamente nulo). Hombres que habían padecido el sacrificio de toda su vida se dispersaron con o sin sus familias, engrosando a veces, en poblaciones sin riquezas, una especie de villas miseria dentro de esas villas pobreza… O permanecieron en parajes donde no los alcanzan ya ni las mentadas limosnas de La Forestal, y a los viejos obreros sin jubilación, ni las raras «pensiones graciables» que nunca excedieron la categoría de paliativos o de limosnas jerarquizadas, con otras palabras del idioma.

Al final de cada etapa productiva para La Forestal hemos de hallar siempre la acentuación de la pobreza y la inestabilidad. En 1963 La Gallareta se conmovía por el cierre de su fábrica de tanino; para la Compañía ni remotamente se cerraba como consecuencia de un descalabro económico; por el contrario, sus ingresos brutos en ese año fueron del orden de los $ 547.899.378, así como en 1962, después de la clausura de Villa Ana, fueron de $ 436.340.836. Centenares de millones por un lado, desocupación y miseria por el otro. Si esto no es suficiente para comprender el nefasto papel del capitalismo extranjero en nuestro país, si esto no es claramente interpretado por los gobernantes, si así como lo entiende conscientemente la clase obrera no lo entienden todos los sectores que se consideran «fuerzas vivas» o «factores de poder», y si en conjunto todo el pueblo argentino no impone su ideal de liberación nacional eliminando la presencia del imperialismo en nuestro suelo, entonces nuestra patria continuará siendo el escenario donde los grandes explotadores extranjeros, con la cooperación de argentinos increíbles, manejarán los hilos fundamentales de nuestra economía y, con ello, cargarán siempre sobre la espalda del pueblo las consecuencias de los beneficios que se exportan.

La herencia de La Forestal

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Trescientas casas, el taller de vagonería y la fábrica demolida forman el haber edilicio de La Forestal en La Gallareta, y desde este punto de arranque hacia el norte se extiende el latifundio de más de 200.000 hectáreas, resto de un poderío que no ha declinado, con sus bases industriales y territoriales asentadas en otras provincias más. Sígase el camino, estrecho, polvoroso, ex terraplén de durmientes y rieles, antiguo trayecto ferroviario que se internaba en los obrajes y hasta mucho más allá de Las Gamas —estancia de La Forestal—; a los costados, se halla una poderosa soledad de quebrachales que no han sido derribados, en bosque fuerte, de imposible tránsito entre tupidos macigales. El hombre no habita allí, donde hay restos de guinches e indicios de trabajos pasados; habita en el breve caserío de Las Gamas al servicio de la Compañía y del ganado. Veinte kilómetros más adelante, por camino de otro tipo y después de hallar uno que otro cobijo de paja y barro, se abre la gran explanada que fuera playa de rollizos de Los Cerritos —otra estancia de La Forestal— con sus vestigios ferroviarios y algún rancho desvencijado casi cubierto su frente de matorrales. El hombre no habita allí. En esa gran extensión desierta, la presencia precaria de alguno no destruye la impresión detierras baldías, que se prolongan con abras e isletas hasta Santa Lucía, que no es más que un antiguo almacén y ex galpón ferroviario, una casa, algún rancho y, a lo lejos, la estancia. Restos de movimientos de accesorios industriales y actualidad de ganado hacen que ese paraje que no logró cuajar en pueblo sea como un minúsculo alto en el trayecto para romper, apenas, la soledad de los montes. Y luego, haciendo un largo trayecto, Km 800, y por entre bosques cuya monotonía sin pobladores a lo largo de treinta y cinco kilómetros no decae sino para dejar vislumbrar, en una u otra abra, carbonera abandonada o carbonera en actividad, está Fortín Olmos, asiento de sociedad cooperativa, que expone su población reducida, diseminada en el desconcierto de su amplia extensión mezquina de pobladores, y están el aserradero y los obrajes próximos donde refugiaron sus últimas esperanzas de gente despedida por La Forestal, contratistas y hacheros cesanteados con el 75% del monto de la indemnización… No se ha olvidado allí que al no pagarles el cien por ciento, la Compañía dejó de egresar de sus cajas $ 7.375.168. «Si hacemos —dice Anacarsis Acevedo— el cálculo sobre 1.000 hacheros transferidos a ex contratistas y sobre 700 obreros (de La Gallareta) y empleados afectados a fábrica despedidos hasta la fecha, podremos colegir el monto astronómico de las indemnizaciones impagas y comprenderemos entonces, señores legisladores, que solamente así se pueden dar en un solo ejercicio beneficios netos de 364.967.339 como ha dado La Forestal Argentina 1963».

Fortín Olmos, surgido en la soledad de los bosques antaño en la lucha contra el indio, conserva a muchas leguas a la redonda su sugerencia indígena en montes donde el hombre se interna para traer, no ya los formidables rollizos que se tragaban las aserrineras o que cruzaban el océano Atlántico para competir con su extracto desde allá con el tanino argentino… que también era de los extranjeros, sino para traer la leña de consumo ferroviario o los postes para alambrados en la más modesta subsistencia de la industria forestal. El hombre habita en Fortín Olmos, cercado por latifundios.

La Sarnosita es sólo un nombre. Y vendrán después decenas de kilómetros tras decenas de kilómetros hasta completar cien de trayecto en la soledad, poblados minúsculos, estaciones ferroviarias decaídas, algún rancherío donde se cobija la pobreza o la miseria de la gente nativa, enclavado el caserío chato y ralo en latifundios ex Forestal, en esas herencias de soledad de las tierras apenas holladas por el hombre de tránsito, por el hachero o por el que cuida ganado de formidables cornamentas, sufridos de garrapatas o de cachapés. Algún nudo ferroviario —Intiyaco emerge con posibilidad de pueblo (allí la juventud espera ser empleada de E. F. E. A.)—, después de haber visto la penosa decadencia de Colmena, donde no ha quedado de La Forestal otra cosa que la memoria de miserias, el baldío y el rancherío disperso, sin nada que recuerde el champagne con que allí se obsequiaba a funcionarios públicos, sin que vestigios queden de edificios que existieron y que demolió el interés movido por intenciones ajenas a la prosperidad de ese viejo reducto de trabajadores forestales.

Florida está en un yermo. Tuvo doscientos habitantes y hoy nada existe como no sea la estación del ferrocarril donde sólo se carga leña para las mismas locomotoras que la transportan, y por supuesto, latifundios, bosques, ex obrajes de La Forestal y algún ganado. El hombre no habita allí, salvo en la cantidad suficiente para informar de antiguas labores y de decadencias actuales. Más adelante, Kilómetro 17 es la imagen de Florida con su amplia playa abandonada, sin madera y sin trabajadores, hasta alcanzar a Tartagal, que reposa en el cerco de latifundios, ahogada de desempleo, abandonada por muchos de sus habitantes, sin esperanzas firmes y habitada aun por los que quisieran rescatar de su pasado lo que pudo ser su porvenir. Casas desocupadas y entre yuyales, en cuyos derrumbes, grietas y descascaramientos trabajan el tiempo y las lluvias; viejas casillas despintadas con sus chapas retorcidas y sin gente que las habite; ranchos caídos. Derruida la antigua fábrica de tanino, Tartagal «es la imagen del desaliento», es el saldo de la evacuación de La Forestal.

Hacia el noroeste desaparecieron las poblaciones de Km 322, 375 y 348, donde una arboleda de paraísos es todo lo que queda de aquella que fuera radicación de trabajadores forestales y ganaderos; y en otros parajes arrastran su legendaria miseria hombres que aún se aferran a la esperanza de los obrajes, entre ranchos y chivos. El chivo pareciera ser el animal de la pobreza. Nada se entrega para la agricultura.

El hombre que en ellos sobrevive cumple su tránsito penoso sobre la tierra, callado frente a la vida o frente a la muerte. De Kilómetro 17 se fueron 300 habitantes y ni sus ranchos quedan; los ex obrajeros de La Forestal están literalmente en la miseria. ¡Pobreza, miseria, soledad y abandono en 150 kilómetros de recorrido por campos que rindieron a la Compañía fortuna incalculable! En ese semidesierto de bosques, ha comenzado a penetrar por su costado Este el poder creador del hombre que trabaja la tierra, fuera de los dominios de La Forestal, desde el siglo pasado, pero lo paralizan los latifundios; esa acción progresista del pueblo se aproxima a Villa Ana, la más bella de las poblaciones caídas en el abandono, rodeada hacia el sur de un horizonte de ranchos y taperas, de paredes derrumbadas, de techos rotos en medio de yuyales. Edificios vacíos, casas modestas vacías y taperas en la misma planta de la villa contrastando con la elegancia de mansiones, invadidos sus jardines por los yuyales de la desocupación, por el silencio de instalaciones cercanas, inertes, vacías oficinas que nadie ocupa; silencio de abandono se alza hasta la chimenea sin el humo del trabajo, silencio que sólo interrumpe ahora el golpe de las herramientas en el desmantelamiento de la fábrica de tanino, cerrada, invadida también por los yuyos desde diez años atrás. Altos yuyos en los antiguos clubes y canchas de tenis y en las explanadas de las playas donde defendieran su vida obreros en horas trágicas y donde el sudor de varias generaciones regara el suelo; yuyos en la vieja herrería, yuyos avanzando y cubriendo los vestigios de instalaciones para un ferrocarril que ya no existe; yuyos apoderándose de los intersticios de puertas y ventanas de algunas casas abandonadas. Míresela a Villa Ana —«la que tenía alma»— de día o de noche: pareciera que una peste aniquiló habitantes que ya no están o que huyeron de ella ante la invasión del desempleo, mientras otros porfían aún por verla nuevamente en su esplendor, rodeados de tristeza en la cara de niños que piden limosna. Pero ha caído Villa Ana en la desesperanza evacuada por su dueño, La Forestal. Los yuyos que invaden las casas abandonadas son un símbolo de su herencia colonialista y, desde allí, un inmenso yuyal fantasma se entroniza en las tierras que fueron su «territorio», su latifundio.

Entretanto, Villa Guillermina se orienta hacia la agricultura, la granja y la ganadería para reponerse de la evacuación que también sufriera. Centenares de kilómetros de soledad, de desocupación, de pobreza, de inercia donde aún hay hombres que temen hablar de La Forestal porque pesa sobre ellos una vieja servidumbre, o que la nombran, avergonzados de pobreza, añorando su poder financiero que les permitía trabajar y comer… De esas soledades, de esos campos, yermos, de esos bosques, de esa miseria del hombre, se han obtenido sumas fabulosas de dinero.

2

Una investigación en fuentes documentales de difícil acceso o que quizá ya no existan archivadas en su totalidad, permitiría penetrar en un aspecto que sólo citamos en el texto a título de referencia: las ganancias de La Forestal. Resultaría ilustrativo un estudio minucioso de ese tema que abarca desde 1905 hasta nuestros días, pero comprendido dentro de un nuevo plan de trabajo en el que debería figurar todo lo relacionado con la comercialización interna y externa del rollizo y del tanino de quebracho colorado, remisión de beneficios al extranjero, la Compañía ante los poderes públicos y ante las demás empresas forestales, etc. Una labor de esa naturaleza excedería los límites de este libro; tendría valor para ilustrar sobre otros aspectos del significado del capital imperialista en la vida de una nación de economía organizada y dirigida con sentido de dependencia y de una política que no responde totalmente a los intereses populares ni a los ideales democráticos de nuestro pueblo, con sectores permanentemente jaqueados por la represión o por la proscripción.

En el tema de las ganancias, abarcando todas las actividades lucrativas de La Forestal, desde las específicas de la industria taninera hasta la venta de bienes muebles e inmuebles, nos encontraríamos, en la suma total de beneficios, con cifras tan enormes —del orden de las decenas de miles de millones— que por sí mismas justificarían medidas de gobierno distintas de las recientemente tomadas en la provincia de Santa Fe, en 1964, que, encaminada primero hacia una ley de expropiación de tierras, concluyó en convenio de compra que obligará al P. E. a encauzar un plan de colonización subrogando, y pagando para ello, a La Forestal, que es quien debió realizarlo, bajo control del Estado, en todas sus tierras aptas; o en el mejor de los casos, que debió ser expropiada en la totalidad de sus bienes ubicados en la provincia, pagándose por ellos en relación indirecta a las ganancias obtenidas desde que se ha beneficiado en suelo argentino, y liquidada con títulos del Estado intransferibles, rescatables a cincuenta años de plazo sin interés.

El país necesita con urgencia la reforma agraria. Porque comprendemos que en el estado actual de nuestra legislación ni siquiera la clara evidencia del perjuicio que ocasionan a la nación los grandes acaparadores de tierra permitirá a los gobernantes solucionar los problemas que de ellos se derivan, trabados por leyes y principalmente por la anticuada Constitución Nacional, sancionada cuando no era un delito explotar brutalmente al hombre —hoy apenas si restringen esos abusos disposiciones del derecho del trabajo— y cuando no constituía una desvergüenza amasar a costa del sacrificio ajeno fortunas desmesuradas.

Reformar el régimen de tenencia de la tierra es fundamental. Mientras ello no se haga continuaremos acomodando gravosos paliativos que no nos sacarán ni del estancamiento ni del atraso, ni evitarán el retroceso. En 1950, según datos publicados por Jorge Vicien en la Revista de Economía Argentina, las sociedades comerciales poseían con el objeto de explotación agropecuaria, 25.353.100 hectáreas, que superaban en mucho, en algunos años, el total de la superficie cultivada en todo el país. De ellas, 2.173.400 correspondían a Santa Fe; 2.020.500 a Buenos Aires y 3.235.400 a Santiago del Estero.

Una comisión parlamentaria —citada por Saúl Taborda en La crisis espiritual y el ideario argentino— encargada de estudiar el estado de las tierras nacionales, confirmó con la fuerza de una declaración oficial las noticias que se daban sobre esas vastas regiones, como sometidas a un régimen regresivo y expoliatorio. Se destacó en ese informe «la pésima situación de la clase obrera, condenada por el rigor de una organización brutal a faenas que se prolongan ordinariamente más allá del límite tolerable de la fatiga fisiológica y cuyos exiguos jornales se insumen en el exagerado precio de los artículos de primera necesidad, en el alcohol y en las múltiples formas de struck-system».

El problema es de fondo y general, y ha de resolverse con la reforma agraria. La Forestal constituye una parte dentro del todo, en lo que respecta a las tierras. El mal del latifundio es una dolencia del país. Mientras millones de hectáreas están en manos de sociedades extranjeras o de argentinos que viven de sus rentas, centenares de miles de trabajadores del campo no tienen dónde arrojar una semilla, dónde criar un animal, dónde hacer su vivienda, dónde trabajar sin la zozobra de los desalojos. Los intereses de los grupos pequeños que frenan la reforma agraria no deben seguir afectando a todo el pueblo argentino. No es un problema de ahora, es un viejo tema de preocupación para los hombres patriotas. Alfredo L. Palacios dijo en la Convención Nacional Reformadora de 1957: «En un viaje que realicé en 1938 a la Patagonia me preocupé seriamente por averiguar en manos de quiénes se encontraba la tierra. Después de lo que he visto y de las informaciones obtenidas, puedo asegurar que la mayor parte, más del 70% de los mejores valles andinos, es de propiedad de compañías extranjeras, particularmente inglesas y alemanas que, bajo distintos nombres, constituyendo en definitiva una sola explotación comercial con directores comunes, se han apropiado de todos los mejores campos, formando latifundios enormes, de leguas y leguas, que se extienden a lo largo de la cordillera. Aseveré en el Senado argentino que casi toda la Patagonia pertenece a grandes empresas, que desdeñan y explotan a los trabajadores». El camino que arranca desde Maitén y va a Esquel tiene 136 kilómetros, de los cuales 110 se extienden a través de la estancia Leleque, de la Compañía de Tierras Sud Argentina.[1] Y ése no es más que otro ejemplo.

El mismo régimen de la propiedad rige en el orden urbano y en el rural, como si no fuese fundamentalmente distinta la naturaleza de las cosas y no tuviesen también funciones diversas. La tierra entra en el comercio con los mismos derechos —salvo ciertas formas legales— que los bienes muebles: se compra y se vende como se vende y se compra una heladera o un zapallo… El negocio de comprar y vender campos está en auge creciente y muchas veces tiene por finalidad, conjuntamente con el lucro, conseguir por ese medio blanquear capitales: lo que se ha pagado en realidad, y que no figura en las escrituras públicas, aparece luego de la reventa como ganancia. Y esto, por supuesto, no se produce en las pequeñas operaciones sobre tierra, sino en las adquisiciones vastas que entran en el mayor juego de la especulación. Estos mezquinos intereses que perjudican enormemente a los campesinos sin tierra o con poca extensión, y a la agricultura y ganadería como consecuencia, consolidados en la posesión de la mayor parte de la tierras cultivables, son los que se respetan con argumentos legales, como si las mismas leyes no fueran susceptibles de ser reformadas. Cuando se quiera descubrir qué es lo que frena nuestra prosperidad agraria, han de analizarse los efectos de los principios del derecho que permanecen inmutables en el régimen de tenencia de la tierra. Respetar a ciertos grupos terratenientes en sus derechos actuales basados en la ley, y asentarlos, es defraudar al resto de la nación. O estamos a favor del derecho agrario que debe crearse en beneficio de todo el pueblo, o protegemos el que actualmente ejerce una minoría sobre tierras del territorio argentino, minoría en la que intervienen extranjeros unidos por intereses comunes a nuestra burguesía terrateniente.

Las leyes paliativas no resultarán jamás eficaces. Véase, si no, con respecto al salario familiar acordado al trabajador del campo, este resultado: los que tienen muchos hijos son despedidos; estancias como la Bovril cesantean por reducción de personal, dándose los sugestivos casos de que los despedidos tienen numerosa descendencia a su cargo. En otros latifundios, directamente confiesan que se despide para no pagar el salario familiar a peones, encargados o capataces con numerosos hijos. Para mejorar la situación de los trabajadores del campo, se creó un instrumento legal cuyas consecuencias son desastrosas para viejas familias campesinas que de la noche a la mañana se encuentran sin sueldo, sin rancho donde vivir y sin conseguir de inmediato dónde ocupar sus brazos. El campo continúa su despoblamiento; a ello contribuyen los renovados paliativos con que se quiere disfrazar la realidad dramática que apaña nuestro régimen agrario.

Ante este panorama es sencillo comprender que la presencia de La Forestal es un episodio más en el drama general de la tierra en Argentina, pero que por las características que ha resumido en sus actividades forestales, industriales, ganaderas, etc., en base a la posesión de más de dos millones de hectáreas, es un ejemplo aleccionador tanto desde el origen de los títulos de dominio como hasta en el desarrollo general de actividades que nos dejaron como herencia una zona de Argentina —como tantas otras donde se produjo un proceso similar de acaparamiento de la tierra— que, si comparáramos su realidad con la que ha conquistado para, sí hasta hoy la clase terrateniente, constituye no sólo un símbolo de asombroso atraso, sino una acusación viva, palpitante, que apunta hacia quienes han gobernado como si la patria fuera de la minoría que ha acaparado el país, y lo vienen disfrutando desde el siglo pasado, entregándolo, además, al capital extranjero en la medida en que tuvo interés ese capital en posesionarse de bienes territoriales argentinos. A ésos se les llama «intereses respetables», expresión que ha surgido, precisamente, del seno de los interesados… Decir que es respetable el derecho de propiedad basado en su ejercicio absoluto es pronunciarse, en lo que respecta a los latifundios, en favor de una exigua minoría; es colocarse de espaldas a los ideales del pueblo trabajador y cooperar en su sumergimiento social, con el agravante actual de que esa minoría, en Sudamérica, con el rectorado colonialista norteamericano, ha adherido a la elaboración de la teoría que propugna la intervención de tropas armadas extranjeras, cuando necesite consolidarse en el poder y en sus privilegios. No le importa, entonces, la patria ni la autodeterminación en sus asuntos; le importa concebir la patria hasta invadida por ejércitos de otros estados, como si la patria fuera cosa suya, de su exclusivo gobierno y usufructo. Es la alianza de minorías internacionales, en contra de las mayorías populares de las naciones sudamericanas. En esta oprobiosa tarea de opresión no se complicará la clase obrera, ni los campesinos que con su esfuerzo personal, trabajando la tierra, creen que la patria es un concepto humanista que se profundiza y se hace sentimiento creador, potente, cuando la elaboración de su destino no está supeditada al manejo de sus propios enemigos internos, conscientes o inconscientes, que por salvarse temporariamente a sí mismos sacrifican su soberanía, declinan su libertad.

Es exacto, nos parece, aseverar que la fisonomía política de una nación guarda relación con el régimen jurídico de la tierra. Lo antedicho está demostrando la justeza de ese pensamiento, desde que entre nosotros los argentinos estamos comprobando que, por no haberse tocado el régimen de tenencia de la tierra, no ha variado, en lo esencial, nuestra faz política. En el fondo, el dominio de los bienes territoriales continúa siendo el factor que decide, hasta en insospechadas esferas, los acontecimientos valederos para juzgar la orientación política impuesta al pueblo, tanto en el orden interno como en el externo.

No de balde estas sugerencias se derivan del tema de La Forestal, reconocida por decreto de su última razón social durante la dictadura de Uriburu en 1930, y cuyas gestiones oficiales en etapas decisivas hallaron sus más fáciles entendimientos con gobiernos que no surgieron del voto popular, aunque fuerza es reconocer que desde 1945 hasta 1955 no fue perturbada más que por una u otra inquietud y, al cabo, nada tuvo consecuencias decisivas…

Tampoco es extraño que se la vincule con la necesidad de la reforma agraria en el país, desde que, poseedora de latifundios que no produjeron para la nación dentro del criterio de una economía democrática, no escapa a la necesidad de ser involucrada en la reforma que, naturalmente, no consiste en un mero e históricamente perimido sistema aislado de colonización. Sus tierras, las que le restan después de haber dominado en más de dos millones de hectáreas, están, a su vez, rodeadas de latifundios, de los que contribuyó a formar y de los que la antigua imprevisión permitió que se formaran más allá de los límites de la compañía. Y alejándonos hacia los cuatro puntos cardinales hallaremos una sucesión de latifundios casi ininterrumpida hasta los bordes de las ciudades que presionan, con su presencia, deteniendo las grandes posibilidades económicas y sociales que liberarían a los argentinos de sus frustraciones históricas, que forman parte de una conciencia nacional a menudo extraviada en el escepticismo. Latifundios en las más ricas provincias, latifundios al costado del océano y latifundios internándose en la pampa. Latifundios tragándose el territorio de provincias pobres; latifundios en los valles cordilleranos, desde las regiones norteñas hasta las frías australes. En la mesopotamia criolla, latifundios increíbles acaparados por unos pocos; latifundios en el centro rico y pintoresco del país. ¡Inmensas tierras fértiles que repulsan al hombre de trabajo! En trayectos de centenares de kilómetros hechos por ferrocarril, el panorama de los latifundios oprime de soledad al hombre argentino y en las grandes rutas, a uno y otro costado, yace la tierra de los latifundios. La Forestal no es la única. El país está enfermo de latifundios…

Apéndice

Angel Borda es un típico exponente de una generación de militantes entregados a las luchas sociales, a lo más aguerrido del movimiento obrero del país, además de personificar una actuación de consecuencia indeclinable y sin tregua en el campo anarquista.

Nacido en Entre Ríos, desde muy joven —antes de los sucesos de La Forestal, que relata en páginas siguientes— se entregó a la lucha obrera y a las ideas a las cuales consagraría su vida. Cuando salió de la cárcel, donde estuvo recluido por aquellos sucesos, se lanzó con más fervor aún a la organización de sindicatos en Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe.

Fue fundador, en 1927, e impulsor de la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos, transformada, en 1934, en Federación Obrera Comarcal, con sede en Diamante, que agrupaba a sindicatos portuarios, estibadores y obreros rurales de toda la provincia. También actuó, en representación sindical, como activo animador y organizador del movimiento cooperativo agrario.

De 1940 en adelante es trabajador naval en Buenos Aires. Integra luego el Consejo Federal de la aguerrida Federación de Obreros en Construcciones Navales, participando en todas sus luchas y huelgas, como la librada en 1950, cuando esa entidad juega su suerte en solidaridad con el grandioso y memorable movimiento de los marítimos. Si en ese orden su actuación es intensa, combativa y abnegada, no lo es menos en otras manifestaciones de la lucha social y la actividad anarquista.

Basta señalar algunos hitos: campañas por la libertad de Radowitzky, por Sacco y Vanzetti, por los presos de Bragado, en solidaridad con la España antifascista; sin omitir su militancia en la Federación Libertaria Argentina, de la que fue uno de sus fundadores, para asociar su pasión idealista a los acontecimientos más encendidos de medio siglo de nuestra historia. Sufrió prisiones, se templó en la lucha y también adquirió cultura.

Esta trayectoria no es del todo inesperada a partir de los hechos de La Forestal. Lo sorprendente es otra faceta de su personalidad que descubre la lectura de sus escritos: un relator de alta calidad. No sólo refiere hechos. Lo que capta y trasmite con fina sensibilidad es todo ese mundo; la atmósfera y el espíritu, la esperanza y la tragedia que envuelven al bosque maderero. En cuatro trazos, pinceladas maestras, nos incorpora a sus vivencias, al clima social, al latido de la rebelión que anuncia el estallido, la lucha cruenta, el coraje, la represión despiadada, las derrotas, que no son tales porque las acompaña un hálito de grandeza; «derrotados pero no vencidos», como dice el propio Borda. Asimismo nos hace sentir la fuerza del mensaje de rebeldía para la acción combativa por reivindicaciones, por libertad y justicia, que iluminó a esos hombres dignos, valientes y duros del quebrachal. Éstos —junto con la acción tenaz, redentora, y la fraterna y generosa solidaridad que prodigó la organización obrera actuante en esa época— son evocados por uno de sus compañeros, estibador y obrero portuario, en un testimonio cálido, preciso y dramático.

Conocidas estas notas por el autor de La Forestal, Gastón Gori, éste las estimó valiosas y sugirió su agregado como apéndice. Así lo hacemos, sumando este aporte testimonial de un protagonista, avalado por la veracidad de un auténtico militante obrero a la vez que un idealista y un hombre cabal.

ANTECEDENTES Y REFLEXIONES SOBRE LOS SUCESOS DE LA FORESTAL

Las memorables jornadas de lucha obrera cuyo escenario fue ese vasto feudo imperialista injertado en el propio país que se llamó La Forestal, la prolongada resistencia armada de los obrajeros y la verdadera rebelión que estalló finalmente en 1921 no se conciben sin la presencia solidaria y la acción orgánica de la entidad marítima, la F. O. M. (Federación Obrera Marítima), caracterizada por una larga y responsable trayectoria de lucha, fomentando la organización obrera en todo el país, de cualquier gremio o actividad, prestando apoyo decidido en conflictos diversos, llevando su solidaridad sin retáceos, a todos los lugares donde fuera necesario.

Corroborando esta referencia, en un comunicado de prensa emitido por la F. O. M. que reproduce el diario El Trabajo, de Bs. As., edición del 10 de setiembre de 1921, se consigna entre otras manifestaciones: […] En el informe que elevó el Administrador de La Forestal al Directorio de Londres, al referirse a la sensible disminución de la producción de tanino en el año 1919, decía que ello se debe, entre otras causas, a la acción de los obreros marítimos, que había obligado a mantener clausurados los establecimientos varios meses. […] Tampoco son imaginables esos hechos sin la actividad tenaz, generosa y batalladora de la F. O. R. A. (Federación Obrera Regional Argentina), de orientación anarcosindicalista, y de sus aguerridos militantes, cuya conducta hizo decir al Dr. Alfredo L. Palacios en su valiosa obra El nuevo derecho: […] Los delegados de la F. O. R. A. han llegado hasta el corazón de la selva diciendo cosas desconocidas a los hermanos que viven en la miseria, en la abyección […ella] han incorporado al movimiento sindical al indio y al criollo, al criollo sobre todo, que al adquirir conciencia de clase constituirá una fuerza incontenible en las reivindicaciones proletarias. Con sus beneficiosos resultados la organización sindical ha llegado eficazmente al lejano norte y de ella esperan los trabajadores su redención. […] Lo que no pudieron o no quisieron hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso lo está realizando la F. O. R. A.

En el año 1916 la F. O. M. tomó un acuerdo estableciendo que ningún movimiento le era ajeno. Así lo señala Sebastián Marotta en su importante obra El movimiento sindical argentino. Lo cierto es que el cabal significado y alcance del acuerdo fue sintetizado así por el obrero anarquista Aparicio, de la sección Cocineros de a bordo: donde hay un afiliado marítimo, está la organización obrera.

Con este espíritu combativo y militante, los hombres de la Federación apoyaron el fortalecimiento de la organización gremial en todo el litoral, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y el sur patagónico.

Por su esfuerzo solidario, surgieron en Entre Ríos 74 sindicatos. Y los feudos de La Forestal tuvieron que reconocer por la fuerza el nuevo derecho obrero a la solidaridad. Barraqueras, Puerto Vilela, Puerto Ocampo, Tirol, Formosa, y otros como Paraná, La Paz, Santa Elena, Entre Ríos y los del Alto Paraná, Corrientes, Misiones.

El triunfo en 1916 sobre la poderosa empresa Mihanovich impuso el boicot como modalidad y por esa causa la patronal creó la Asociación Nacional del Trabajo que, junto con la Liga Patriótica Argentina [véase más adelante] bregaron sistemáticamente por la destrucción de la organización obrera y sus prácticas solidarias.

Cuando los barcos tripulados por la F. O. M. tocaban puertos chaqueños, nunca faltaba algún tripulante, pariente o amigo de los peones u obreros de la fábrica o de los estibadores de rollizos, que recibieran profusión de periódicos libertarios, hojitas, volantes, llamados a la organización, además de las explicaciones verbales de lo que significaba y quería el movimiento obrero de la F. O. R. A., y ocurría asimismo que, de vez en cuando, algún misterioso caminante acompañado por algún baqueano llegara y mantuviera con algunos secretas entrevistas y también dejara periódicos, cancioneros, hojitas, en que se repetían los llamados a la organización de sindicatos de oficios varios.

Los obreros de las poblaciones y depósito de las fábricas tanineras aceptaban con entusiasmo estos escritos y comentaban y predecían que pronto llegaría la sociedad obrera, ésa que nombraban sus amigos que navegaban y los «gringos» de la fábrica, los que atendían la herrería, la fundición o los talleres de reparaciones.

Conocí en 1917 hombres que aseguraban que las primeras organizaciones obreras de resistencia surgieron en los puertos y lugares donde la acción solidaria de los marítimos se hacía sentir. Es cierto que también en el centro del norte santafesino y en otras partes hubo igualmente un numeroso grupo de activos propagandistas ferroviarios de tendencia libertaria y otros, maestros, comerciantes, etcétera, que recibían de Buenos Aires publicaciones diversas y difundían los ideales de justicia, bienestar y libertad. Pero mientras en el centro de la provincia estos organismos nacían como entidades culturales, artísticas, musicales, etc., en la costa, el proceso fue distinto porque la condición organizativa de los marítimos determinaba que se crearan sociedades obreras de resistencia.

La Forestal, que extendía su imperio desde la margen izquierda del río Paraguay (Chaco Austral hasta el norte santafesino), era dueña de una flota de «chatas» y allí tuvo que aceptar por fuerza el control sindical de la F. O. M. Ese hecho se convirtió en un factor imponderable, pues posibilitó la entrada de propaganda al corazón del bosque donde los hacheros deslumbrados por ese descubrimiento de sus derechos adherían con entusiasmo, y en algunos lugares del monte levantaban grandes techos para realizar sus asambleas, como si ello estuviera expresando instintivamente el anhelo de la casa social.

Después fueron los delegados de la F. O. RA., Bartolomé Senra Pacheco, Lotitto, Alegría, entre otros, y numerosos propagandistas individuales y jóvenes libertarios de la corriente sindicalista del anarquismo, que contribuyeron a completar la orientación y el espíritu de lucha de los obrajeros, que eclosionaría en las memorables jornadas contra la explotación de La Forestal y sus crueles métodos de persecución.

El capítulo de los hombres que se infiltraban en los puertos para sembrar ideas de salarios más justos y condiciones de trabajo más dignas y humanas, corriendo toda clase de riesgos, constituye uno de los trozos más enaltecedores de la historia de las luchas sociales del país. Ayudados por la tripulación de los barcos, que los embarcaba gratis, y desobedeciendo el reglamento que prohibía a bordo gente fuera del rol, estos luchadores se internaban en zonas donde imperaba únicamente la ley implacable de La Forestal.

No fue un camino fácil, por supuesto. La Forestal era una potencia ante la cual casi todos los funcionarios, del gobierno para abajo, obedecían ciegamente. Sólo la empecinada voluntad del hombre organizado sindicalmente y el fervor idealista de luchadores por la justicia social logró abrir una brecha en la blindada coraza de la compañía y la idea de organización penetró en la selva como un fresco mensaje de esperanza para los hacheros, peones de fábrica, los del acarreo y las mismas mujeres contratadas para que con su miserable oficio de prostitutas hicieran olvidar a los esclavos del quebracho sus negras horas de explotación y miseria, a la vez que servían de cebo-carnada para que la bebida, el juego y las riñas fueran el obligado espectáculo que diera salida a resentimientos y rivalidades, evitando así el acuerdo de los que sufrían esas condiciones bestiales de trabajo y de vida.

Cuando una embarcación atracaba era asediada de inmediato por verdaderas cuadrillas de niños mal nutridos que concurrían a pedir los restos de comida, sal, galleta. Y el tripulante mandaba decir por ellos que a la noche vinieran los padres, o hermanos mayores, y cuando éstos se hacían presentes les daban largas charlas sobre el significado de la unión entre obreros, en lenguaje simple. Se informaban de la cantidad de hombres y mujeres que formaban los cuadros y cuadrillas, con trabajo o sin él. El obrero organizado no temía a nadie, ya que, las más de las veces, él mismo era producto de la acción esclarecedora de los sindicatos. Por su parte, los esclavos de la selva eran totalmente fieles a sus amigos; jamás denunciaban a los que propagaban las ideas o repartían manifiestos. Contra esa lealtad y esa fe no pudo luchar la empresa. Ellos habían establecido la distancia y el abismo que los separaba. Luego, la policía volante y los guardianes particulares fueron más odiados, si cabe, porque llevaban el signo de Caín en sus actos y procedimientos. Las mismas prostitutas hicieron de correo, muchas veces, internándose en la selva llevando algún mensaje o un misterioso atado.

Y de ese modo un soplo de rebeldía y de coraje pasó por todo el Chaco maderero llevando la voz y la orden de prepararse para la lucha y, con todas las tremendas dificultades que eso significó, pudieron realizarse heroicas jornadas de resistencia proletaria y de enfrentamiento a la soberbia de una empresa que, con la complicidad de gobernantes y funcionarios argentinos —algunos de los cuales poseen estatuas que son honradas por los nietos de muchos que fueron perseguidos como perros rabiosos—, ejercía sobre una vasta región argentina una especie de gobierno despótico y de explotación sin límites.

Y el país supo entonces de la existencia de un régimen de vergüenza gracias al gesto de hombres y mujeres humildes que, con su sacrificio y su valor, denunciaron para siempre ese repudiable sistema de La Forestal que ha quedado como un símbolo del abuso y la prepotencia.

¿QUÉ SERÍA LA HUELGA? ¡OH, AÑÁ! ¡GÜELGA NOMÁ, CHAMIGO!

En los lugares de la costa, sobre el Paraná, donde existía algún puerto, habían surgido los primeros organismos obreros: los sindicatos de oficios varios. Los marítimos exigían que se emplearan obreros federados, para las operaciones de carga y descarga. Fue un largo «tira y afloja» entre la administración de la compañía y la F. O. M. que tuvo alternativas diversas, pues a veces la entidad sindical no estaba en condiciones de resistir la continua y tremenda presión a que la sometían patrones y gobernantes y se veía obligada a replegarse momentáneamente. Entonces, la sociedad de resistencia se debilitaba y decaía por falta circunstancial de apoyo solidario. Esas contingencias creaban en los obrajes infinidad de situaciones angustiosas y dramáticas, como la persecución por los policías de la empresa, la expulsión del obrajero con toda su familia y sus precarias «pilchas». Ambular atravesando el monte entre el acoso atroz de las sabandijas y la sed era odisea de gigantes y de condenados al infierno.

Se empezó a escuchar por primera vez una palabra que pronto echó a volar por el obraje. Todos la repetían: huelga, ¡huelga!

¿Qué sería la huelga? ¡Oh, añá! ¡Güelga nomá, chamigo!

Cuando por gestión de la F. O. M. de Piracuá, Puerto Ocampo y Piracuacito, una «delegación fija» exige a La Forestal la contratación de personal agremiado para todo el trabajo de carga y descarga de rollizos, tanino, materiales, etc., se origina la primera huelga (1919 - 1920), la que, solucionada a medias, da lugar a un semillero de interminables conflictos.

A pesar de lo precario del arreglo, La Forestal consideróse agraviada en su autoridad y comenzó una maniobra de paralización de fábricas, obrajes y flota (que también la tenía). Pero ya los obreros conocían lo que significaba luchar e hicieron un gran movimiento solidario para impedir la expulsión de personal y el cierre de las fábricas. Valida de sus esbirros, la compañía inició esa drástica acción contra obreros, hacheros, etc., pero éstos estaban ya armados. Tenían Remingtons «Colí» (caños y culatas recortadas) y algunos revólveres con abundante munición, y no cedieron fácilmente ante esas agresiones.

La Forestal intentó muchas veces romper el cerco solidario, expulsando a los «patrones» de las embarcaciones y desembarcando a la tripulación de los «chatones» que cargados con rollizos bajaban a Santa Fe para reforzar cargas de barcos de ultramar o quedaban a la espera, en lugares de aguas profundas, para completar bodegas y zarpar a Europa. Pero se encontró siempre con la firme solidaridad internacional de los marinos de esas naves, que se negaban a recibir la carga manipulada por crumiros o personal no reconocido por la F. O. M., y tuvo que aceptar a regañadientes el control sindical en sus operaciones.

Por su parte, los portuarios de Santa Fe, adheridos a la F. O. R. A., apoyaron invariablemente con todas sus fuerzas las luchas y los boicots contra la empresa que se creía todopoderosa.

Cuando la huelga se generalizó y se extendió como reguero de pólvora, desde el norte santafesino por todo el Chaco, Formosa, en obrajes tan alejados como «Puerto Infierno», y hasta Santiago del Estero, de Quimilí a Pampa de los Guanacos, fueron los obreros anarquistas ferroviarios del F. C. Central Norte Argentino y del F. C. Provincial de Santa Fe quienes paralizaron los trenes para impedir el transporte de tropas, en una acción de hermandad proletaria por encima de cualquier otra consideración, señalando así el rumbo correcto en la lucha contra el sistema y por un mundo de justicia y de respeto al productor.

CUERPOS ESPECIALES ARMADOS DE REPRESIÓN DE LA EMPRESA LA FORESTAL

IMPUNIDAD EN SUS ABUSOS Y DEPREDACIONES. LIGA PATRIÓTICA ARGENTINA

En las huelgas que se desarrollaron con suerte varia entre 1919 y 1920 y la conocida como la «huelga grande», de 1921, la empresa introdujo una fuerza de choque que fue adquiriendo extensión y envergadura, con su secuela sangrienta de crímenes, incendios y violaciones, que asoló la región creando un clima de terror. Todo ello constituye una de las páginas más repudiables y vergonzosas para la empresa que implantó ese terror como sistema de sometimiento y cometió toda suerte de atrocidades, y para nuestros gobernantes que toleraron, a sabiendas, un tratamiento inhumano y degradante a compatriotas cuyo único delito consistía en reclamar elementales condiciones de vida y de trabajo.

Esa fuerza de choque eran los mercenarios reclutados por la Liga Patriótica Argentina, creada bajo la inspiración del Dr. Manuel Carlés, con el pretexto de combatir la infiltración ideológica y la agitación extremista. Fue en la práctica un instrumento puesto al servicio de la clase patronal.

La Forestal venía bregando por la creación de una policía propia, ya que no confiaba en la policía provincial, que aunque pagada por la compañía con generosidad, no era suficiente garantía. No hay que olvidar que la tropa policial provenía del seno de aquella masa dolorida y humillada del pueblo, por lo que muchas veces sus integrantes hacían la vista gorda ante la presencia de algún desconocido que se hospedaba en los ranchos de las afueras.

Les mercenarios «liguistas» eran reclutados entre el bandidaje de toda laya que, atravesando ríos y bosques contrabandeaban alcohol, tabaco, armas, etc., desde Brasil y Paraguay hacia Corrientes.

De las cárceles de Paraguay y Corrientes «desaparecieron» temibles criminales que, por gestión de hombres destacados de la Liga Patriótica, eran enrolados con destino a la policía de la fábrica. «Sombrero galpón» les llamaba la gente del pueblo porque se cubrían con un gran sombrero cowboy, con cinta de cuero y escarapela argentina; «toque patriótico» en una policía que era privada de los ingleses.

La indignación que causó la presencia y las fechorías de estas hienas sueltas desató muchas veces conflictos tremendos. El asesinato de Francisco Coronel —obrero de fábrica de ideología anarcosindicalista, respetado y querido como un verdadero guía por los obrajeros— fue una de las causas del levantamiento de los peones y hacheros de «Sanja Soró» (Puerto del Infierno), que tanta sangre y sufrimientos costó y cuya gesta, en forma épica, ha relatado magistralmente Crisanto Domínguez, ese chaqueño singular, hachero, poeta, escultor y pintor, en su libro Tanino (Editorial Ayacucho, Buenos Aires 1956).

Allí se hizo sentir nuevamente la acción solidaria de los marineros de la F. O. M. que proveyeron, a los obreros en lucha, comestibles, yerba, azúcar, frazadas, tabaco y changas solidarias durante un largo tiempo. Muchas veces se vieron obligados a tener a raya, a tiro limpio, a los «liguistas» encabezados por el criminal «fugado» Miño, (o «Yaguá Pirú») y de su hermano «Moreno Miño» otro «fugado» culpable del asesinato de toda una familia vecina del sitio Arroyo María Grande (Corrientes).

Verdaderas escorias utilizadas por la empresa, como el famoso sargento Varóla, torturador de obreros, que en la Huelga Grande fue herido de un puntazo que le aplicó un joven correntino quien, milagrosamente, había logrado esconder un «verijero» (cuchillo pequeño).

El puntazo casi le costó la vida a esta hiena con uniforme, que tenía por diversión predilecta apuntar con su revólver a la cabeza a los presos desprevenidos y, cuando la sorprendida víctima se agachaba instintivamente, con la izquierda (era zurdo) le aplicaba un brutal planazo en la espalda.

Ése era el material humano que protegía los intereses de la empresa, procedente de uno de los países más civilizados, pero que daba a los hombres de estas tierras peor trato que a las bestias.

ALGUNOS TESTIMONIOS DE AQUELLAS JORNADAS

Al influjo de la prédica revolucionaria, que en general abarcó a todo el movimiento sindical de la época, inspirada en el programa y las realizaciones de la F. O. R. A. y, especialmente, al calor del fervor y el entusiasmo suscitados por el levantamiento popular de obreros, soldados y campesinos rusos que abatió al zarismo e inauguró la revolución —que después sería lamentablemente desnaturalizada—, muchos obreros jóvenes nos internamos en la región explotada por La Forestal, con la decisión de estimular la resistencia de los hombres del bosque y ayudar a su emancipación, compartiendo su vida y sus privaciones. En mi caso, después de estar en Piracuá y Ocampo, llegué a Guillermina a fin de enero de 1921, en el preciso momento en que los obreros, que habían tomado la playa ferroviaria, parapetados entre los vagones, estaban luchando contra los gendarmes desde hacía dos o tres días. Allí pereció el comisario Alfonsín, que encabezó un ataque contra un grupo de obreros que luchaba por tomar un depósito de víveres de la compañía. (En su momento, un diario de Santa Fe se hizo eco de la versión de que había sido baleado por un mercenario «liguista» de la compañía, por resentimientos hacia la policía regular en la cual la empresa no confiaba totalmente. Desechable o no esa versión, aquel trágico hecho forma parte del dramático enfrentamiento con los obreros).

La fábrica no pudo ser tomada. Ocurrió algo insólito. El personal administrativo, refugiado en el establecimiento, izó en lo más alto una gran bandera inglesa. Los obrajeros quedaron perplejos. Algunos expresaron preocupación por si proseguir la acción podía implicar «un ataque a una potencia extranjera»… acarreando graves problemas para el propio país.

Y la ofensiva decayó en cuanto a tomar todo el establecimiento al que, sin embargo, mantuvieron sitiado, centrando en cambió el ataque a los grandes almacenes que fueron tomados. En seguida se inició, ordenada y solidariamente, la distribución de la mercadería, principalmente de los víveres.

Dos días después llegaron refuerzos del 12° de infantería, ya que los gendarmes (los «gorras chatas», como les decían allí) no resultaban eficaces pues los obreros les habían perdido el miedo.

Un grupo que resistía entre montones de rollizos decidió no pelear con el ejército. Pesó en esta determinación la noticia de que veintidós soldados se habían negado a disparar contra los obreros. Decidieron internarse en el monte, por la noche. Muchos resistieron allí más de un mes (febrero de 1921), según comprobé, ya que seguían llegando, con huellas aún frescas de los castigos que les habían infligido, a la cárcel de Las Flores, donde yo ya me encontraba, después de ser apresado, con siete compañeros más, que aparecimos junto al ramal ferroviario que empalma con el Ferrocarril Provincial santafesino tras una odisea sufrida. Sin armas de fuego, cansados y hambrientos, después de una semana de vagar entre esteros, acosados por toda clase de sabandijas (yo desconocía los parajes), allí fue donde fuerzas de guardiacárceles nos capturaron y nos hicieron objeto de toda clase de malos tratos. Días después ingresé, con un grupo de más de 100 prisioneros, a aquella cárcel, distante unos 4 kilómetros de Santa Fe. En el penal supimos que todo él norte de Santa Fe y Chaco seguía resistiendo, especialmente en Ocampo, El Amargo y en los montes de Villa Ana. Aun dos semanas después de nuestro ingreso al presidio, un grupo de 25 guardiacárceles fue enviado a los montes para reforzar las partidas de los que perseguían a los obreros mejor armados y que tuvieron la suerte y el conocimiento para orientarse hada los lugares donde la compañía tenía su reserva de vacunos, que les permitía abastecerse de carne y seguir la lucha. Por su parte, la compañía ofrecía pasaje gratis a los que quisieran irse a otros lugares, en su afán de lograr la dispersión de los obreros rebeldes.

ALGUNOS NOMBRES PARA LA HISTORIA DE LAS LUCHAS OBRERAS Y SOCIALES

Como justo homenaje a los luchadores que enfrentaron la soberbia de La Forestal, algunos de los cuales quizá vivan aún, rescatamos de una lista de procesados y condenados por su intervención directa en la huelga, publicada en El Trabajo, edición N.° 26 del 30 de setiembre de 1921, sobre la base de un comunicado emitido por el «Comité Pro Presos de Rosario», los siguientes nombres con el respectivo pedido del fiscal o la sentencia ya dictada:

Ramón Benito 25 años

Dalmacio Riquelme 25 años

Marcelino Chamorro 25 años

Lino Ríos 25 años

Juan Segovia 25 años

Juan Várez 25 años

Vicente Cardozo 20 años

Juan Fernández 20 años

Plácido Martínez 20 años

Juan B. Romero 20 años

Eloy Yedro 20 años

Nemecio Quintana 20 años

Zaragoza Borga-20 años

Leocadio Morales 20 años

Genaro González 20 años

Hilarión Rodríguez 12 años

Concepción Acevedo 10 años

Angel Borda 10 años

Antonio Llovet 10 años

René Llovet 10 años

Condenados

Agustín Pierini, 15 años (F. C. Central Norte Argentino). Francisco Dore, 17 años (F. C. Central Norte Argentino). Ignacio Argentino 17 años (F. C. Provincial Santafesino). Aureliano Guindón, 17 años (F. C. Provincial Santafesino).

Estos cuatro condenados eran obreros ferroviarios y se destacaron por su actuación al servicio de la huelga.

LA INSURRECCIÓN OBRERA DE BARRANCAS EN SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA FORESTAL

Barrancas es una modesta localidad ubicada al sur de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Su población obrera vivía como propias las dramáticas alternativas de lucha que mantenían los personales de La Forestal y su espíritu solidario se manifestó en una audaz acción directa protagonizada por sus trabajadores que se apoderaron de la población, tomaron la comisaría y la estación ferroviaria y en conocimiento de que se aproximaba un tren que se suponía conducía tropas militares para reprimir la huelga de La Forestal, levantaron las vías y provocaron su descarrilamiento.

En las acciones armadas para ocupar la comisaría se produjo un tiroteo con víctimas por ambas partes y el derramamiento de sangre no fue mayor por la abrumadora superioridad en número y decisión de los obreros que pronto dominaron al personal policial.

Ese levantamiento popular y obrero lo encabezaron los hermanos Cayetano y Marcelino Moreno, luchadores sociales y activos militantes anarquistas. Ellos y buena parte de sus compañeros pagaron con largos años de cárcel ese gesto de rebeldía y de conducta solidaria que distinguía al movimiento obrero de aquella época. Como testimonio de esa actitud y como reconocimiento de un antecedente histórico de las luchas obreras y sociales de nuestro país, incluimos la lista de los ensartados en el proceso judicial a que dio lugar esa acción combativa, determinando su encierro en la Cárcel de Las Flores. De allí fueron rescatados por un indulto dictado por un mandatario provincial de la época.

Condenados a 8 1/2 años de prisión

Serafín Rivero
Enrique Valiente

Competición fiscal de pena de 5 1/2 años

Pedro Ibáñez | Tomás Luna
Juan Rivero | Fortunato López
Carmelo Rivero | Ignacio Bridof
Juan Cabrera | Carlos Aranda
Genaro Cabrera | Juan Olivera
Martín Cabrera | Pedro Manzanares
José Ríos | Esteban Leguiza
Gerardo Ríos | Del Valle Echepareborda
Vicente Ojeda | Amado Guzmán
Marcelino Moreno | Isidoro Robledo
Cayetano Moreno | Amado Robledo
Juan Zapata | Benito Vallejo
José Ojeda | Patricio Muñoz
Antonio Gómez | Amando Leguizamón
Simón Gorosito | Esteban López
José Acosta |

Antes de terminar estos modestos relatos de aquellos formidables acontecimientos, en la parte que los viví personalmente o en la que tuve información directa, es justicia mencionar algunos organismos y militantes que prestaron constante y decidido apoyo a la organización de la lucha y la resistencia de los personales de La Forestal en sus justas reivindicaciones, a saber:

Grupo Marítimo Comunista Libertario. Iraola 1749 (Boca), Capital Federal. De aquí partían los paquetes de propaganda para ser repartidos en La Forestal.

Senda Obrera, organismo marítimo de Posadas, Misiones. Grupo «El Combate», comunista anárquico, calle 25 de Noviembre N.° 176, Asunción, Paraguay.

Luis Rogelei, militante anarquista de la F. O. M., sección Posadas.

Antonio González, Asunción.

N. Aparicio, marítimo, anarcosindicalista.

Segundo Martínez, marítimo, anarcosindicalista.

Agustín Pierini, ferroviario, anarquista.

Plácido Martínez, marítimo, anarcosindicalista.

Francisco Coronel, peón de fábrica, La Forestal, anarcosindicalista.

N. Otero, marinero - cocinero, anarcosindicalista.

Luis Lotitto, sindicalista revolucionario.

P. C. Alegría, sindicalista.

Además de los ya recordados Cayetano y Marcelino Moreno, militantes anarquistas, y otros cuya participación, por distintas circunstancias, no es posible registrar, también quiero evocar entre los hechos que jamás se olvidan que tuve oportunidad de presenciar, además de incontables gestos solidarios, dos que se destacan por su alto significado.

En primer lugar el ya mencionado de los 22 soldados y suboficiales que se negaron a disparar sus armas contra los obreros en Villa Guillermina. Nadie lo publicó jamás, que yo sepa. Quedó perdido como un gesto aislado. Ni la prensa burguesa, por complicidad con los intereses creados, ni la prensa proletaria e ideológica —quizá por un concepto antimilitarista erróneamente aplicado en la emergencia— consignaron ese gesto de auténtica fraternidad popular, que requería un valor moral poco común. Las jerarquías del arma castigaron severamente a los insubordinados y ojalá sobreviva alguno de ellos y pueda enterarse, aunque tarde, de que la verdad siempre se abre paso y que su gesto personal fue un alto ejemplo de dignidad humana.

El otro hecho conmovedor ocurrió en Santa Fe. Después de la derrota fuimos trasladados a esa ciudad en vagones de carga cerrados. Ya en una playa ferroviaria del lugar, rodeados de soldados, nos hicieron formar para trasladarnos a pie a la jefatura de policía, cuando fuimos sorprendidos por la aproximación de un contingente de «mateos» (coches de alquiler) y carros de changadores, que, suspendiendo por algunas horas la huelga que mantenían en solidaridad con los presos, se ofrecieron a llevarnos en sus transportes para evitamos el escarnio de ser exhibidos por las calles de Santa Fe en deprimente espectáculo de 135 obreros ensangrentados y sucios, derrotados pero no vencidos.

¡Así luchaban entonces los obreros organizados!

ANGEL BORDA

GASTÓN GORI (Esperanza, Santa Fé, 1915 - Santa Fé, 2004). Nacido Pedro Marangoni, fue maestro y abogado. Su producción literaria abarca poemas, cuentos, relatos, novelas y ensayos, habiendo incursionado también en publicaciones historiográficas. Fue distinguido como miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras.

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: Anatole France (ensayo); Sobre la tierra ensangrentada (ensayo); Mientras llega la aurora (poemas); Vidas sin rumbo (cuentos); Y además era pecoso (cuentos); Se rinden los nardos (poemas); Intermezzo de las rosas (ensayo); Colonización suiza en argentina (ensayo histórico); El indio, el criollo y el gringo (estudios etnográfico); Colonización, estudio histórico y social (cuentos); El camino de las nutrias (cuentos); Ha pasado la nostalgia; Vagos y mal entretenidos (ensayo); La pampa sin gaucho (ensayo); Familias colonizadoras de San Carlos (historia); La muerte de Antonini (novela); El pan nuestro (ensayo); El desierto tiene dueño; Aníbal Ponce (ensayo); Diario del colonizador Enrique Vollenweider; Eduardo Wilde (ensayo); Inmigración y colonización en Argentina (ensayo); La Forestal, tragedia del quebracho colorado (ensayo); Esperanza, madre de colonias (ensayo); La narrativa en la región del Litoral (ensayo); La tierra ajena, drama de la juventud agraria (ensayo); Familias fundadoras de la colonia Esperanza; Poemas en la tormenta; Palabras de refutación gozosa (relatos); Nicanor y las aguas furiosas (relatos); Pase señor fantasma (cuentos).

Su obra ha sido repetidamente laureada, destacándose entre los numerosos premios: Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, 1990. Premio Aníbal Ponce, 1982. Profesor Honorario de la UNL. Primer Premio regional de Historia y Arqueología 1993, ambos de la Secretaría de Cultura de la Nación. Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en poesía (1981).

Notas al Capítulo 1

[1] Hemos conservado la forma original de este prólogo, que corresponde a 1965, año de la primera edición de la obra y, coincidentemente, del fin de las operaciones de La Forestal en el país. (Nota del editor). <<

Notas al Capítulo 2

[1] Un informe del Departamento de Ingenieros, del 28 de junio de 1829, que obra en el tomo «Informes», núm. 34, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe, dice que las tierras vendidas a Cristóbal Murrieta y Cía. totalizaban 668,396 leguas cuadradas, «equivalentes a 1.804.563 Hás.». <<

[2] Archivo del Senado, tomo 22, Actas, año 1880, págs. 98 y 99. <<

[3] Escritura núm. 2 pasada ante el escribano público y de gobierno, del 5 de mayo de 1881. Protocolo de la Escribanía de Gobierno. Año 1881. «Setiembre 3 de 1880. A las H. H. Cámaras Legislativas. Adjunto a V. V. H. H. el expediente promovido por el doctor Lucas González, representante de los señores Murrieta y Cía., de Londres, contratantes con este gobierno, en el empréstito realizado por ley del 22 de junio de 1872» (Archivo del Senado, tomo 21, 1880, pág. 180). El doctor González, en 1882, inmediatamente después de vendidas las tierras a Murrieta y Cía., gestiona, como apoderado de John Meiggs te Son and Co., de Londres, la construcción del ferrocarril a las colonias y luego el del puerto a Colastiné, construidos con fondos de empréstito, y tenía a su cargo el servicio de los bonos, mientras durase su construcción, Murrieta y Cía. (Archivo de la Cámara de Diputados, tomo 25, Santa Fe, 1882, pág. 355. Protocolo de la Escribanía de Gobierno, año 1884, folio 138, y año 1885, folio 14). <<

[4] Archivo Cámara de Diputados, tomo 22, año 1887, págs. 83 y sigs. <<

[5] Protocolo de la Escribanía de Gobierno, Escritura del contrato suplementario a la venta, 1881, págs. 43 y 45. <<

[6] Archivo del Senado, tomo 22, Actas, 1880, pág. 100. <<

[7] Del texto del decreto aprobando la venta y ordenando la protocolización de la escritura. Protocolo de la Escribanía de Gobierno, 1881, fs. 64 y 65. Informe de la Comisión citada, pág. 3. <<

[8] Ley del 9 de agosto de 1871. Art. 1.°: Todas las colonias agrícolas establecidas o que se establecieran en lo sucesivo en la provincia, sea en terreno de propiedad fiscal o de particulares, quedarán exentas de todo impuesto directo por el término de tres años desde su fundación (luego establece como límite norte la colonia Helvecia). Art. 2.°: Las establecidas o que se establezcan fuera de estos límites (era el caso de las tierras escrituradas) gozarán de la misma exención y de la de todo impuesto sobre sus productos por el término de cinco años. Art. 3.°: Estas concesiones son sin perjuicio de los impuestos municipales que ellas mismas propongan para beneficio común. Art. 4.°: Esta ley no perjudica los derechos adquiridos por contratos o leyes preexistentes. <<

[9] Archivo de Gobierno, tomo 62, «Notas Varias». Informe de Lucas González sobre la conclusión de sus gestiones, año 1881. <<

[10] Archivo de Gobierno, tomo 62, «Notas Varias». Nota del 6 de octubre de 1881. <<

[11] Archivo de la Cámara de Diputados, año 1866, pág. 1149. <<

[12] El subrayado es nuestro. Informe del doctor Lucas González, Archivo de Gobierno”, tomo 62, «Notas Varias», nota del 6 de octubre de 1881, fechada en Londres. <<

[13] Protocolo de la Escribanía de Gobierno, año 1881, fojas 42 y siguientes. <<

[14] Archivo de Gobierno, tomo 62, año 1881, informe citado. <<

[15] Alejo Peyret. Una visita a las colonias de la República Argentina, tomo II, Bs. As., 1887, pág. 64. <<

[16] Gabriel Carrasco. La colonización agrícola en la provincia de Santa Fe. Imprenta El Progreso. S. Fe, 1893. Véase también Alejo Peyret, op. cit. <<

[17] Archivo de Gobierno, tomo 64, año 1880, «Notas Varias». Nota del doctor Teófilo Romang —apoderado Manuel Nickisch— del 17 de junio de 1879. <<

[18] Departamento Topográfico de la Provincia de Santa Fe. Dpto. Vera, Duplicado N.° 7, Mensura Foster, 1.° de abril de 1881. <<

[19] Ernesto Mezey, El quebracho colorado y su extracto tánico, Ed. Labor, Bs. As., Montevideo, 1947.

José Gustavo Doldán, Monopolio de la industria del quebracho. Ed. Cámara de Diputados, Santa Fe, 1941. <<

Notas al Capítulo 3

[1] Archivo Histórico de la Provincia, «Informes», tomo 34. Informe del Departamento de Ingenieros del 28 de junio de 1899. <<

[2] En la actualidad, 1965, el gobierno de la provincia convino en pagar a La Forestal $ 2.500.000 la legua cuadrada de peor calidad, y $ 3.750.000 por legua cuadrada de tierra llamada de estancia. Con lo que siguen haciendo los ingleses sus negocios millonarios, mientras en esferas gubernativas se exhibe como un triunfo lo que es una nueva conquista de la compañía que acumula ganancia sobre ganancia. <<

[3] Departamento Topográfico de la provincia, Dpto. Vera. Duplicado n.° 16. Mensura practicada para la Compañía de Tierras de Santa Fe, Agregado copia del convenio ad-referendum con la provincia de Santa Fe. <<

[4] Véase mi libro El pan nuestro. Panorama social de las regiones cerealistas argentinas, Ed. Galatea-Nueva Visión, Bs. As., 1958. <<

[5] Registro Público de Comercio de Santa Fe. Documentos Públicos Comerciales, Libro X, 1909, folio 216 y siguientes. <<

[6] Quedan pendientes temas de investigación como el de las relaciones de La Forestal con la Compañía de Tierras del Gran Sud de Santa Fe y Córdoba —año 1888— cuyo objeto era llevar «a efecto un convenio celebrado entre Federico Woodgate —apellido ya conocido— y la Compañía de Tierras de Santa Fe y del cual una copia ha sido por ambas partes marcada con sus respectivas iniciales para su oportuno reconocimiento». Los estatutos de esa sociedad anónima no difieren en lo esencial ni en la mayoría de los detalles, ni en las actividades que se propone, de los de la Compañía de Tierras, Maderas, Ferrocarriles La Forestal Limitada. También es de interés investigar sus vinculaciones con el Banco de Crédito Territorial y con el Banco de Londres y América del Sud, sin excluir la posibilidad de llegar a reconocerle carácter de subsidiaria a otras compañías como La Bovril, etc. <<

[7] Para ampliar el concepto, véase mi libro El pan nuestro, ya citado. <<

[8] Diario El Litoral, cita de sus palabras, 19 de febrero de 1965. <<

Notas al Capítulo 4

[1] Alejo Peyret, Op. cit., tomo II, pág. 6. <<

[2] Departamento Topográfico de la Provincia, Dep. Vera, Duplicado N.° 27. Agrimensor Escipión Panizza, diciembre de 1887. <<

[3] Archivo del Senado, tomo 28, 1895, pág. 309. <<

[4] Protocolo de Contratos Públicos Comerciales. Libro VII, 1906, folio 151 y siguientes. <<

[5] José Genasoni, Los grandes latifundios en la provincia de Santa Fe, S. Fe, 1923. <<

[6] Cámara de Diputados. Sesión del 20 de mayo de 1921, tomo III, pág. 240. A Carlos Casado, el gobierno de la nación le concedió 100 leguas en el sur del Chaco —luego provincia de Santa Fe— que lindaban con el norte de las tierras de La Forestal. Era zona muy rica en quebracho colorado. Los Harteneck trabajaron en colaboración con Casado. De esas 100 leguas concedidas a Casado, que tuvo obrajes en Paraguay, partes fueron adquiridas por La Forestal en la zona de Golondrina. <<

[7] Documentos públicos de comercio, 4 de agosto de 1909, Santa Fe, Registro Público de Comercio. Libro X, folio 257. <<

[8] No es tarea fácil seguir el proceso de acaparamiento de tierra y otros bienes por parte de La Forestal. En 1913, una noticia de Villa Guillermina informaba que el señor Pedro Etchelouz haría «entrega del importante establecimiento de Km. 107, a la compañía La Forestal». <<

[9] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, Período extraordinario y ordinario, marzo-diciembre de 1921, tomo III, pág. 246. <<

Notas al Capítulo 5

[1] Utilizamos la palabra obrajeros, para designar al personal de obraje formado por hacheros, carreros, cargadores y otros peones, y no en el sentido de propietarios de obrajes. [N. del A.] <<

[2] Emiliano Ramos contra La Forestal, sobre indemnización por daños y perjuicios, Expediente N.° 307, año 1921, ref. Archivo de Tribunales de Santa Fe, 2.ª - 1.ª, 373, 1943. <<

[3] Cámara de Diputados. Legislatura de Santa Fe, Diario de Sesiones, Período ordinario de 1915, págs. 165, 166 y 171. <<

[4] La información sobre estas cláusulas nos la proporcionó un ex contratista. <<

[5] Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Período ordinario de 1915, pág. 174. <<

[6] Pedro Avalos c/La Forestal sobre indemnización por accidente de trabajo. Juzgado en lo Civil y Comercial de Vera. Exp. 171, año 1942. <<

[7] Obra citada, Cámara de Diputados, año 1915, pág. 166. <<

[8] Ciríaco Aguirre c/La Forestal Argentina S. A. sobre indemnización por accidente de trabajo, Expediente N.° 679, año 1933, ref. de Archivo de Tribunales de Santa Fe: 2.ª, 1.ª, 13, 1940. <<

[9] Expediente del Ministerio de Gobierno, Pcia. de Santa Fe, tomo 109, Expediente N.° 19, año 1885. <<

Notas al Capítulo 6

[1] Siguiendo la política de fomento de las industrias, en 1899 se había exonerado, por ley, del pago de gravaménes fiscales —de «contribución directa y patente» por el término de diez años—, a las fábricas de tanino establecidas o que se establecieran en la provincia. Si se considera que el impuesto inmobiliario exceptuado (ex-contribución directa) afectaba la tierra donde existían las fábricas y que eran objeto de explotación del quebracho, la ventaja acordada y las pérdidas para el fisco justificaban con exceso las palabras del diputado Mundín. <<

[2] Archivo del Senado, provincia de Santa Fe, tomo 28, pág. 309,1895. <<

[3] Gabriel Carrasco. La colonización agrícola en la provincia de Santa Fe, Cuadro General, Imprenta El Progreso, 1893. <<

[4] Años después, La Forestal Argentina S. A. monopolizaría la industria del quebracho quedando solo tres empresas con un capital social de menos de $ 2.000.000, contra $54.117.500 de La Forestal. <<

[5] Puede consultarse El pan nuestro, ed. citada. <<

[6] La ley 1283 debía empezar a regir desde enero de 1907 y era aplicable al quebracho que hasta el 31 de enero de 1906 hubiera sido cortado o labrado en los obrajes o que se encontrara transportado en esa fecha en los puntos de embarque dentro del territorio de la provincia. <<

[7] Legislatura Provincial, Cámara de Senadores, 17.ª sesión ordinaria del día 25 de junio de 1907. (el subrayado es nuestro. G. G.). <<

[8] Legislatura Provincial de Santa Fe. Cámara de Diputados. 19.ª sesión ordinaria del día 27 de junio de 1907. <<

[9] Solicitud presentada al Poder Ejecutivo por industriales del quebracho, mencionada en el mensaje, pidiendo la suspensión de la ley 1283. Cámara de Senadores. Diario de sesiones. Período de 1907, pág. 198. En la pág. 199 figuran los considerandos trascriptos del decreto de referencia. <<

[10] La mitad de lo que se había previsto. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, año 1907, pág. 442. <<

[11] Revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Universidad del Noroeste, setiembre de 1963, pág. 29. <<

[12] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, sesión del 27 de junio de 1907, pág. 549. <<

Notas al Capítulo 7

[1] Diario La Prensa, 8 de agosto de 1945. <<

[2] José A. Gervasoni, Los grandes latifundios en la provincia de Santa Fe, «Cuantiosas defraudaciones al fisco. El caso de La Forestal Limitada ante el Superior Tribunal de justicia». Ed. del autor, Santa Fe, 1923, págs. 11 y 12. <<

[3] Contencioso administrativo, Superior Tribunal, Testimonios del año 1918, folios 93, 212, 226, 254, 266, etc. <<

[4] Ciriaco Aguirre c/La Forestal Argentina S. A. sobre indemnización por accidente de trabajo, ref. Archivo de Tribunales: 2.ª, 1.ª - 114, Expediente N.° 679, año 1933,1943. <<

[5] Cámara de diputados, Diario de Sesiones, Período ordinario de 1915, Santa Fe, pág. 166. <<

[6] Boletín Nacional del Trabajo, N.° 33, pág. XIII. <<

[7] José Gustavo Doldán, Monopolio de la industria del quebracho, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, 1941, pág. 27. <<

[8] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, Legislatura de Santa Fe, 1915, pág. 166. <<

Notas al Capítulo 8

[1] «El señor jefe de policía ocupaba la cabecera principal de la mesa, a su derecha el director de la escuela nacional, a su izquierda el gerente de La Forestal. Al destaparse el champagne, se brindó por el señor jefe de policía». Diario Santa Fe, 21 de octubre de 1913. <<

[2] Arnold Wright, Impresiones de la Argentina en el siglo veinte, Ed. Lloyd’s Grester Britain Publishing Co. Ltd, 1911. <<

[3] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, tomo III, 1921, pág. 297. <<

[4] Diario Nueva Epoca, marzo de 1921. <<

[5] Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, tomo III, 1921, pág. 298. <<

[6] Diario Santa Fe del 23 de abril de 1920. <<

[7] «Al único cuerpo que la empresa defiende con tesón, sosteniendo que es un modelo —decía Salvadores—, es a la gendarmería. De la tropa sin uniforme no habla, porque pretende ocultar su existencia. Esto revela que está solidarizada con los actos de los cardenales». Ob. citada, pág. 298. <<

Notas al Capítulo 9

[1] El Litoral, días 13 y 19 de enero de 1921. <<

[2] «Este grupo lo constituían José Benítez Romero, un tal Ramírez, al mando del capataz Alarcón, y otros tres individuos más, cuando Benítez le dirigió la palabra (a Nicasio Gómez) para exigirle les entregara el caballo que llevaba. Resistida la intimación lo insultaron y en momentos en que Gómez se disponía a seguir su camino, Eraclio Romero, colocándose rodilla en tierra, le apuntó con su winchester, disparándole un tiro. Gómez, que había recibido el proyectil en la frente, desplomóse del caballo falleciendo en el acto. Pero asómbrese la Cámara, ese mismo sujeto, Eraclio Romero, que viajaba de Guillermina hacia el campo, era el mismo sujeto que asesinara cobardemente y villanamente al comisario general Alfonsín, refugiándose en la fábrica después». Belisario Salvadores, ob. cit., pág. 301. <<

[3] Los sucesos se reconstruyen con informaciones de los diarios Santa Fe, El Litoral y Nueva Epoca. <<

[4] El Litoral del 3 de febrero de 1921. <<

[5] «La nómina de los obreros que han sido bárbaramente vejados y martirizados —decía Salvadores— es sencillamente enorme; básteme decir para que la Honorable Cámara pueda darse una idea, que la gendarmería y las gentes de Sandoval, desempeñaban el papel de ‘acarreadores’ de víctimas que conducían en pleno día hasta la comisaría, a planazos y culatazos». Ob. citada, pág. 301. <<

[6] Santa Fe, 11 de abril de 1921; también hace referencia a los incendios el 15 y 18 de marzo del mismo año. <<

Notas al Capítulo 10

[1] Cámara de Apelaciones en lo Civil, Superintendencia, Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda., Exhorto de Santa Fe. 2.° cuerpo, fs. 456, 457, Archivo de Tribunales. <<

[2] Contencioso administrativo, citado, folio 500. <<

[3] Informe de la Comisión Especial Bicamarista de Investigación a La Forestal Argentina S. A., copia mimeográfica, pág. 25. <<

[4] Revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, 1962, pág. 27. <<

[5] Diario La Razón, 23 de setiembre de 1964. <<

Notas al Capítulo 11

[1] Diario Santa Fe, 2 y 3 de marzo de 1921. <<

[2] …«obedeciendo a un imperioso dictado de la conciencia, me puse con todo interés a estudiar ese raro y aparentemente inexplicable fenómeno, en el deseo de desentrañar las causas que lo originaban. Fue así como logré reunir valiosos antecedentes que me permiten descubrir que todos los males y todas las necesidades que afligen al norte y a sus pobladores tenían una sola y única causa: la existencia de un gran monopolio extranjero». J. C. Doldán, Monopolio de la industria del quebracho, 1941. <<

Notas al Capítulo 12

[1] Citado en El pan nuestro, en el que se amplía el estudio. <<