Índice

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción. La tercera invasión musulmana

1. AL-ÁNDALUS BIS

Así es la España aconfesional

Requisitos para ser un buen musulmán

Lo que es legal en tu país no lo es en Europa

2. SON MUCHOS Y VAN A SER MÁS

Seguridad antes que democracia

Sobresueldos para frenar la inmigración irregular

El dique de contención argelino

3. EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

Radicalismo de segunda generación

Resolviendo dudas

El difícil camino de la integración

4. ISLAMOFOBIA DE BAJA INTENSIDAD

Más tolerantes que nuestros vecinos

Censurar el terrorismo

La polémica del velo

¡Stop a la invasión musulmana!

La odisea de conseguir la nacionalidad

5. MINARETES Y ESTELADAS

Marroquíes, benvinguts a Catalunya

Desterrados al polígono

El escollo del islam en las aulas

En busca del voto inmigrante

6. YIHADISMO: ¿CALMA ANTES DE LA TEMPESTAD?

Muchas detenciones, pocas condenas

El mapa del radicalismo en España

Cataluña, punto negro del yihadismo

7. MEZQUITAS: EL ORO DEL GOLFO Y DE MARRUECOS

Maletines repletos de billetes

Marruecos, maniobrando desde la distancia

La figura clave del imán

8. DOS PÚGILES EN UN COMBATE PERPETUO

Tatary, flemático líder tradicional

Benjelloun, librarse de la tutela marroquí

El teólogo más influyente

Cooperación o injerencia

9. ESPÍAS VIGILAN A ESPÍAS

Infiltrados

La telaraña del servicio secreto marroquí

Acusaciones contra el Frente Polisario

10. CEUTA Y MELILLA, CIUDADES SIN FUTURO

Vivir en el gueto

¿Nido de yihadistas?

Tolerancia versus conservadurismo

Bajo el yugo de Marruecos

Algunas conquistas y muchas reivindicaciones

Partidos específicamente musulmanes

Caos en la frontera

11. HALAL, LA OPORTUNIDAD PERDIDA

En busca de al-Ándalus

El ansiado certificado halal

El Corán en la mesilla de noche

Comunidades que rezan juntas…

12. PABLO IGLESIAS, SOSPECHOSO AMIGO DE IRÁN

La verdad sobre la financiación de los ayatolás

Duelo televisivo entre Irán y Arabia Saudí

13. ENTRE SHARÍA Y LAICIDAD

Confesionalidad del Ejército

Los privilegios de la Iglesia católica

Discriminación post mortem

A rezar al pasillo

Hacia la secularización

Índice de siglas

Créditos

A Anabel, Andrea, Elsa y Nadia.

Agradecimientos

A Trinidad Deiros, en primer lugar, por sus consejos y su relectura amistosa y atinada; a Isabelle Piquer, por ponerlo todo en cuestión; y a unos cuantos más que me han ayudado a escribir este libro. Estoy especialmente agradecido a aquellos que me recibieron sabiendo que esa cita les podía causar algún trastorno o perjucio.

Introducción

LA TERCERA INVASIÓN MUSULMANA

Más de uno de mis interlocutores españoles y, en general, europeos me preguntó, cuando les comenté el tema que iba a abordar en este libro, si escribiría sobre la tercera invasión musulmana del Viejo Continente. La primera fue en 711 —la de los árabes en la península Ibérica— y la segunda la que llevó a los turcos a las puertas de Viena en 1529. Algunos lo decían en broma, pero otros hablaban en serio. Los inmigrantes por motivos económicos llegados de África subsahariana, los refugiados huidos de todas las guerras que asolan el mundo árabe, vinculados a menudo con esos terroristas que invocan el islam para matar, constituyen, según los más asustadizos, esa tercera gran ofensiva que se halla en curso. Para ellos, España está siendo ya una de sus puertas de entrada.

Nunca en Europa, por lo menos desde que fueran rechazados los invasores turcos, ha habido tanta polémica ni tanta animadversión hacia los musulmanes. Desde la prohibición del hiyab (pañuelo islámico) en las escuelas públicas francesas hasta la adaptación en el Reino Unido de las fechas de los exámenes para no perjudicar a los alumnos musulmanes, los debates son numerosos y acalorados. Cuando se producen atentados cuyos autores son musulmanes, la indignación es generalizada.

Bien es verdad que el continente europeo tiene dos grandes desafíos por delante. Se enfrenta en su frontera sur al mayor problema de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial porque muchos de sus vecinos están sumidos en inextricables guerras civiles, que salpican la orilla norte del Mediterráneo, y otros se mantienen en un equilibrio precario que probablemente se desmoronará. Desde principios de 2011 se han desplomado los regímenes de Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria —habría caído también el de Bahréin de no haberlo impedido la intervención militar saudí—, y la lista no está acabada. Aquello que se llamó en su día «primavera árabe» tiene aún por delante un largo recorrido. La inestabilidad de sus vecinos se torna un peligro para el sur de Europa, para España.

Los conflictos generan además un flujo de refugiados sin precedentes desde 1945 al que se añaden todos aquellos que emigran para librarse de la opresión de dictaduras africanas o simplemente en busca de sustento. Se podrían poner aún más trabas para dificultar su acceso a esa «tierra prometida» que es Europa, pero, aun así, apenas se reducirían las entradas. A un padre de familia desesperado que malvive en un campamento de refugiados de Líbano o a un misérrimo veinteañero camerunés de Douala no hay casi nada que les disuada de ponerse en camino.

Irremediablemente el Viejo Continente va a transformarse. Las minorías musulmanas, que en algunos Estados de la Unión Europea alcanzan ya el 8 por ciento de la población —en España se sitúa en el 4 por ciento— van a crecer aún más. Un continente con un sustrato cristiano, pero cada vez más secularizado, tendrá que incorporar a millones de personas fieles de una religión conservadora que impregna a veces todos los aspectos de su vida cotidiana privada y pública. La tarea no va a ser fácil. Los musulmanes, sobre todo los procedentes de países árabes, se adaptan más difícilmente que los latinos, chinos, hindúes, africanos cristianos o animistas, entre otras confesiones. Entre ellos anidan además radicales que causan un enorme daño a su reputación.

Pese a los múltiples problemas hay un axioma que también rige en este caso. Los inmigrantes y refugiados enriquecen y dinamizan a los países que los acogen y empobrecen a aquellos de los que huyen. Los grandes receptores de inmigración, empezando por Estados Unidos, son países prósperos como lo es también globalmente Europa. Buena parte de los refugiados sirios que han llegado al Viejo Continente son además jóvenes universitarios. Europa, y especialmente España, tiene unos índices de natalidad muy bajos; su población envejece a marchas forzadas. Necesita mano de obra extranjera para trabajar y cotizar; para que su Estado del bienestar no se derrumbe. A causa de las convulsiones que atraviesan sus países y por razones de proximidad geográfica, a las puertas del Viejo Continente llaman musulmanes y no hindúes ni latinos. ¡Bienvenidos sean! Bienvenidos sean no por altruismo, sino porque los necesitamos.

Nunca, además, una inmigración en general pacífica, aunque en sus filas se cuelen algunos violentos, ha cambiado los valores de las sociedades de acogida ni modificado substancialmente sus instituciones. Al contrario, son los recién llegados los que, a trancas y barrancas, han hecho suyas a la larga las esencias de su nueva patria. Facilitar su adaptación consiste, entre otras cosas, en fomentar la creación de un islam europeo tolerante y abierto y alejado de esa religión esclerosada que impera en muchos de sus países de origen. Sobre todo ha de apartarse de ese islam que a golpe de fajos de dólares ha propagado Arabia Saudí y cuyas interpretaciones más extremistas inspiran a grupos terroristas como Estado Islámico. Para ayudar al nacimiento de ese islam europeo, los poderes públicos deben, al menos durante algún tiempo, dejar a un lado su laicidad e intervenir como antaño en los asuntos eclesiásticos. No es que el jefe del Estado deba nombrar a los imanes, como hacía Franco con los obispos de la Iglesia católica, pero sí seguirlos de cerca para impedir que los malos pastores hagan descarriar a los fieles. Esta es una tarea compartida en la que intelectuales y teólogos musulmanes deben también, por su parte, reflexionar sobre cómo modernizar una religión que en las últimas décadas camina a contracorriente en dirección a sus orígenes de hace trece siglos.

España juega, por ahora, con ventaja en esta inmensa partida. Su inmigración, algo menor, en proporción, que en otros países europeos, es más reciente. La segunda generación, formada por los hijos de los inmigrantes, no es muy numerosa, y la tercera casi no existe. Acaso sea gracias a eso, y también por la constante presión de las fuerzas de seguridad, por lo que el número de jóvenes que ha salido de España para empuñar un arma en Siria e Irak es escaso en comparación con nuestros vecinos del norte de los Pirineos. Tampoco se ha producido ningún atentado desde el 11-M en 2004, y la gran mayoría de las células desmanteladas ni siquiera los estaban planeando. Se conformaban con reclutar a aspirantes a yihadistas. Aunque está en auge, el nivel de islamofobia sigue siendo bajo en la sociedad española y los partidos políticos ultramontanos, empeñados en poner cortapisas a los inmigrantes musulmanes o deportarles, son irrelevantes. Por último, el marco jurídico estatal en el que se desenvuelven los musulmanes desde 1992 es generoso y funcional, aunque no siempre se aplique.

El punto de partida es bueno. El Estado, las instituciones tienen todavía una gran capacidad de influencia sobre los musulmanes. No hay, sin embargo, que perder tiempo ni bajar la guardia. En Cataluña, Ceuta y Melilla hay guetos de inmigración musulmana, y un número nada desdeñable de jóvenes en paro y con escasa formación busca en foros de internet respuestas que les saquen de la confusión en la que están sumidos; que den un sentido a su vida. A ellos se añaden un puñado de conversos que hace treinta o cuarenta años se habrían probablemente afiliado a grupos de extrema izquierda y que ahora optan por un islam extremista, convencidos de que así se suman a la lucha contra la globalización capitalista.

Este libro es un viaje a través de los musulmanes de España. Una descripción de sus vidas, sus problemas, sus rivalidades y anhelos, y también de los malos pensamientos de algunos de ellos. Sus páginas tratan de responder a preguntas como cuántos son y dónde están, cuántos van a ser en el futuro, dónde habitan los radicales, qué corrientes religiosas están en auge, quiénes son sus líderes y cómo se les combate. También responde a interrogantes sobre la manera en la que los musulmanes viven su fe en España, los vericuetos del enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí en la península Ibérica y por qué Pablo Iglesias colabora con la televisión iraní en español. En otros capítulos de esta obra se desvela de qué manera los servicios de seguridad, empezando por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), frenan la inmigración con métodos poco ortodoxos y además infiltran confidentes en mezquitas y consulados marroquíes, sin olvidar una descripción acerca de los medios que utiliza Marruecos para tratar de mantener bajo control a sus inmigrantes —que constituyen el grueso de la inmigración musulmana en España— incluso cuando estos ya han adquirido la nacionalidad española.

Al ritmo al que crecen los musulmanes, en breve serán más de dos millones en España. Es hora de conocer a esa gran minoría variopinta que tanto miedo da a muchos de los que no comparten su fe.

No hay motivos para temerles. El intelectual italiano Umberto Eco ya lo explicaba en 2007 en una larga conversación con el escritor español José Ovejero: «El islam de los fundamentalistas kamikaze ¿sería compatible con nuestra Europa?», se preguntaba Eco. «No, como es lógico; además es un error decir “el islam”, lo mismo que es un error decir el cristianismo en general», añadía. «Claro que es posible que se vea ahora una incompatibilidad, porque el islam resulta visible por sus “picos” fundamentalistas […]. Y precisamente los fundamentalismos nos ocultan esa compatibilidad […]. Europa, como digo, tiene ese destino del mestizaje».

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AL-ÁNDALUS BIS

La representación de la Federación de Fútbol Ceutí, con su presidente a la cabeza, Antonio García Gaona, acudió en primer lugar a la mezquita de Sidi Embarek aquella tarde del 9 de septiembre de 2015. Allí les esperaban el presidente de la comunidad islámica que regenta el templo, Abdelhuajed Mezquini, y el imán Si Kasmi. Ambos, acompañados por un grupo de fieles, rezaron una plegaria por el buen desarrollo de las competiciones durante la próxima temporada. Cuando acabaron, la delegación futbolística les entregó una placa. Acto seguido la comitiva se desplazó a la iglesia de Nuestra Señora de África, donde fueron recibidos por el padre Ignacio y por Antonio Fuentes Viña, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen. Los dos formularon a su vez el deseo de que la competición se celebrara sin contratiempos. Los delegados presentaron luego una ofrenda floral y Fuentes Viña les regaló un libro sobre la historia de la Virgen de África escrito por el que fuera deán de la catedral, el padre Alejandro Sevilla.

Hace tan solo unos pocos años, nadie de la federación pisaba la mezquita, pese a que ya por aquel entonces un buen número de futbolistas musulmanes jugaba en los equipos ceutíes. Ahora es una visita obligada en una ciudad en la que casi la mitad de su población es musulmana. Los fines de semana esa proporción aumenta porque los funcionarios, en su inmensa mayoría cristianos, suelen pasarlos en la Península. En Melilla rebasan el 50 por ciento, según el cálculo de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Esta ciudad es la única de la Unión Europea (UE) de cierto tamaño donde se alcanza tal porcentaje.

Así es la España aconfesional

La vida de Ceuta (84.498 habitantes) y también de Melilla (85.584) está impregnada por el islam como en ninguna otra urbe de la Unión Europea. Estas dos ciudades son los únicos lugares de la UE donde la Pascua del Sacrificio o Fiesta del Cordero (Aid el Kebir) es festivo local desde 2010 por decisión de sus respectivas asambleas, como se conoce allí al pleno del ayuntamiento. Ese día se sacrifican miles de corderos importados de Marruecos, a veces en la vía pública o en los patios de algunas viviendas, sin control veterinario ni «aturdimiento previo» de la bestia, como estipula el reglamento de protección de animales.

Ahora, los partidos localistas de inspiración musulmana luchan por que también sea festiva la Pascua Chica (Aid el Fitr), la fiesta con la que concluye el mes de ayuno del Ramadán, la segunda mayor celebración del islam. Si los católicos tienen un par de grandes fiestas, en Navidad y en Semana Santa, ¿por qué los musulmanes, que son igual o más numerosos, no pueden también disfrutar de otras dos? Esta última reivindicación aún no ha prosperado, pero muchos convenios laborales, como el de la construcción de Melilla, ya recogen dos días de descanso retribuidos al final del Ramadán y uno adicional con motivo de la Fiesta del Cordero, que se añade al festivo oficial del que disfrutan todos los musulmanes melillenses.

Ese día del Aid el Fitr, temprano por la mañana, cuando el Ramadán toca a su fin, miles de musulmanes se dan cita para rezar al aire libre en la Loma Margarita de Ceuta, una explanada cedida por la Comandancia Militar. Hasta allí se desplazan en autobuses municipales puestos a su disposición en los cinco principales barrios musulmanes. A la musala, como se denomina esta ceremonia religiosa, asisten el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, y varios de sus consejeros, el delegado del Gobierno, miembros de la oposición socialista en la asamblea ceutí y otras personalidades. Al acabar comparten un desayuno con el imán que ha pronunciado la jutba (sermón) y los presidentes de varias comunidades islámicas.

Las autoridades no solo prodigan sus atenciones a los musulmanes cuando finaliza el mes de ayuno. Con meses de antelación, las consejerías de festejos preparan las actividades culturales y de animación de las noches de Ramadán —que la televisión local retransmite— con tanto esmero como lo hacen para las Navidades. A veces la programación suscita agrias polémicas. Los espectáculos de rock, danza o flamenco organizados años atrás en Melilla por el Instituto de las Culturas, entonces presidido por Fadela Mohatar, una musulmana, molestaron al partido de oposición musulmán (Coalición por Melilla). «Ese jolgorio y ese sarao» poco tienen que ver con la espiritualidad que debe caracterizar el «mes sagrado», denunció uno de sus dirigentes. ¡Como si en las grandes ciudades del vecino Marruecos las noches de Ramadán no fuesen una fiesta!

Después llega el gran día en que empieza el ayuno y, de nuevo, es el presidente de la ciudad, Vivas, quien inaugura desde alguna mezquita —años atrás eligió la de Muley el Mehdi— la iluminación especial de Ramadán. En 2015 el ayuntamiento echó el resto. Colocó nada menos que 147.448 bombillas, la mayoría led, repartidas por 46 arcos luminosos, guirlandas y tres grandes letreros. Cuando pulsa el botón del alumbrado, Vivas suele estar acompañado no solo de los responsables musulmanes ceutíes sino del comandante general de Ceuta, del líder del PSOE y de otros cargos. Todos ellos comparten después al menos un ftour (cena de ruptura del ayuno) durante el mes sagrado con destacados dirigentes musulmanes. A veces, el festín se celebra en edificios públicos, incluidos los cuarteles de la ciudad.

Las atenciones que las autoridades prodigan a la comunidad musulmana durante el Ramadán no se quedan ahí. Por ejemplo, en julio de 2015, el entonces recién nombrado comandante general de Ceuta, Francisco Javier Sancho Sifre, visitó la asociación benéfica islámica Luna Blanca, que comparte local con la mezquita de Sidi Embarek. A su presidente, Mustafa Abdelkader, le deseó «Ramadán Mubarak» (feliz Ramadán) mientras le daba un apretón de manos. Una de las unidades al mando del general Sancho Sifre, el Tercio Duque de Alba II de la Legión, acompaña todos los años a los pasos de la Semana Santa en Ceuta. Así es en la práctica la España «aconfesional» recogida en la Constitución.

La vida de las dos ciudades autónomas resulta profundamente alterada ese mes, y no solo porque los trabajadores y funcionarios musulmanes hagan con frecuencia una jornada laboral más corta para, desfallecidos por las largas horas sin ingerir alimentos ni agua, retirarse a sus casas y descansar hasta la hora del ftour. El Ramadán ha caído en verano estos últimos años y, tras saciar su apetito y su sed, muchos melillenses han aprovechado para pasear o jugar al fútbol o al vóley en sus playas. Para que la arena estuviera limpia al día siguiente, cuando se esperaba a los primeros bañistas, el ayuntamiento tuvo que disponer el envío de brigadas nocturnas de limpieza para recoger la basura.

Los desvelos de la ciudad en manos del Partido Popular para contentar a los musulmanes y el trato con guante de seda se acaban cuando estos dan el salto de la religión a la política. No hay un lugar de España donde el conflicto palestino-israelí se viva tan de cerca como en Melilla. CpM, el partido musulmán melillense, convocó tres manifestaciones en el verano de 2014 en solidaridad con la población de Gaza, víctima de los bombardeos israelíes. «¡Israel mata!», «¡Israel tiene sangre en sus manos!», rezaban las pancartas que se exhibían a la cabeza de un cortejo de 2.000 personas, según el cálculo de la policía local. «Extrapolar a Melilla un conflicto internacional […] es muy peligroso para la convivencia», advirtió enojado Miguel Marín, entonces vicepresidente de la ciudad. Si se exceptúa una pintada en un comercio propiedad de un judío, la pequeña comunidad hebrea, compuesta por algo más de mil personas, no ha padecido la ira antiisraelí de los musulmanes melillenses. Por ese lado la convivencia sigue estando a salvo.

¿Es esta irrupción del islam en la vida cotidiana un fenómeno que solo afecta a dos ciudades españolas incrustadas en el norte de África o se extiende por la España peninsular, donde residen 1,77 millones de musulmanes? A 29 kilómetros de Ceuta, cruzando el Estrecho de Gibraltar, está Algeciras (118.000 habitantes), el mayor puerto del Mediterráneo por tráfico de mercancías. El restaurante de comida rápida Burger King es, desde septiembre de 2014, el primero de España con un menú con carne halal, es decir, sacrificada según el rito musulmán. En el supermercado Coviran de la calle José Santacana, en la parte baja del centro de la ciudad, no se venden bebidas alcohólicas, ni jamón, ni paté de cerdo, ni pizzas con jamón y queso, ni siquiera cerveza sin alcohol, porque esta suele tener entre 0,6 y 0,9 grados. En sus estanterías la escasa bollería industrial ha sido cuidadosamente seleccionada para evitar la que se fabrica con grasa animal de cerdo.

La tienda es propiedad de Abdelilah El Houat, un marroquí titular de una franquicia de la Cooperativa de la Virgen de las Angustias (Coviran), fundada en Granada en 1961 y cuya red de distribución alimentaria es la que dispone de más establecimientos en Andalucía. Por razones religiosas, el dueño ha decidido prescindir del alcohol y del cerdo, aunque ello merme sus ganancias, y la dirección de la empresa lo ha aceptado. Incluso lo valora en su web corporativa. Los productos que allí se venden, resalta, «cumplen con la normativa alimenticia islámica […], adaptándose a las características de cada población». En el barrio hay muchos inmigrantes. ¿Seguirán Carrefour o Día ese ejemplo en sus franquicias? Antes, El Houat había abierto otro Coviran, en la carretera del Rinconcillo de Algeciras, con un socio español, en el que sí expendía alcohol, aunque había instalado un curioso sistema en la caja registradora, inédito en España en aquel momento. Las bebidas alcohólicas se facturaban aparte y los ingresos de las ventas de este tipo de producto solo revertían al copropietario algecireño. Al empresario musulmán, sin embargo, no le debía de convencer esta solución intermedia y acabó retirándose de la sociedad, que quedó así en manos españolas.

«¿Por qué es clienta del Coviran en lugar del supermercado Supersol [propiedad de un grupo de alimentación lituano] que está enfrente, si este es más espacioso y ofrece más variedad?». Cargada con una pesada bolsa de comida, Fátima, inmigrante marroquí, es la única clienta que en una noche de otoño da una respuesta clara a mi pregunta: «Porque no hay puerco; nunca lo he comprado, pero aquí ni tan siquiera lo veo». En el Reino Unido estalló un conflicto en una cadena de supermercados porque los empleados musulmanes se negaron a despachar cerdo y alcoholes a los clientes, e incluso a colocarlos en las estanterías.

En la Península los musulmanes están, por ahora, algo menos acompañados que en Ceuta y Melilla por las autoridades civiles durante el Ramadán, lo que no quita para que estas no se pierdan una inauguración de oratorios y mezquitas. A la apertura del templo musulmán de L’Alcúdia (Valencia), en marzo de 2015, asistió, por ejemplo, no solo el alcalde, Robert Martínez, y un puñado de concejales, sino el alférez del puesto de Carlet de la Guardia Civil, el párroco de la vecina iglesia de San Andrés y hasta el cónsul honorario de Estados Unidos en la Comunidad Valenciana, Brian K. Oberle. Mientras que el número de iglesias católicas permanece estable en España (23.098), según el Ministerio de Justicia, el de templos evangélicos y musulmanes crece al ritmo de un 20 por ciento anual. Estos últimos se elevaban a finales de 2015 a 1.427, en su mayoría en Cataluña.

Allí donde hay numerosas comunidades musulmanas, sobre todo en Cataluña, estas suelen organizar un ftour para sus interlocutores en la Generalitat, el ayuntamiento y la sociedad civil. Acaso la cena más multitudinaria de todas sea la de la mezquita Badr de Terrassa (215.000 habitantes), en la periferia de Barcelona. Hasta los representantes locales de formaciones de izquierda como Terrassa en Comú, el equivalente en la ciudad de Barcelona en Comú de Ada Colau, y de Podemos, acudieron a la cita el 15 de julio de 2015. Cuando le llegó el turno de palabra, Aníbal Garzón, de Podemos, arremetió con dureza contra la prensa que ha «estigmatizado» la mezquita. «Para romper esos estigmas lo que hay que hacer es convivir […]», resaltó justificando así su presencia. ¿Si le hubieran invitado a un acto católico, por ejemplo, la Misa del Gallo, Garzón habría acudido? Tres años antes, en 2012, la prensa se había hecho eco de que el imán de Badr, Abdesalam Laaroussi, estaba siendo investigado por la fiscalía por violencia de género. Según un informe de los Mossos había pronunciado ante 1.500 fieles una jutba con estas palabras: «Dios dice: “¡Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen! ¡Dejadlas solas en la cama! ¡Pegadles!”». En su defensa, el imán alegó que estas recomendaciones habían sido sacadas de contexto.

Cerca de la mezquita está Ca n’Anglada, uno de esos barrios donde el paisaje urbano transporta al visitante al Magreb, con sus carnicerías halal, su bares con olor a té con hierbabuena e incluso algún puesto callejero en el que se venden baratijas a ras del suelo. Allí viven unos 17.000 musulmanes, en su gran mayoría originarios del noroeste de Marruecos. Allí también, en la terraza de la cafetería Dar Dersaa, se celebra a diario un ftour, en este caso benéfico. En dos grandes cuencos cubiertos Anisa trae la harira, la sopa tradicional marroquí de lentejas, carne y especias que ha cocinado en su casa, mientras que Hasna aporta dos enormes bandejas de cuscús recubiertas con un plástico. No todos los menesterosos que esperan ya sentados el fin del ayuno son musulmanes. En un extremo de la terraza se encuentra un matrimonio catalán en compañía de una señora de avanzada edad. ¿Se han convertido acaso al islam? «No —contesta el hombre—, pero esto del Ramadán es una oportunidad para adelgazar». Con una sonrisa maliciosa y en voz baja, el dueño de la cafetería explica, mientras sirve la comida, que entre los necesitados hay catalanes que se aprovechan de la caridad musulmana. «Y me parece bien», aprueba.

La convivencia es correcta con la escasa población autóctona que permanece en la barriada. Para evitar roces se ha creado la figura de los voluntarios del Ramadán. Tras la oración del Ichá, pasadas las once de la noche, cientos, acaso miles de hombres, y también algunas mujeres, deambulan en grupo por las calles o charlan sentados en bancos de la plaza Treball a la espera de que llegue la hora del Fajr (la oración del amanecer), pasadas las cuatro de la madrugada, para volver a rezar. Es sábado y no tienen prisa. Àngels, una anciana, ha salido en bata al balcón de su casa. Vive en un primero y, se lamenta, las voces le impiden dormir. La policía municipal circula por el barrio, pero no son sus agentes quienes atienden la queja de la mujer sino tres musulmanes que forman parte de uno de los grupos de voluntarios que median entre los fieles de su fe y los vecinos catalanes. Àngels se despide de ellos con una sonrisa después de que hayan instado con éxito a unos jóvenes a que bajaran la voz. «Resolvemos pequeños problemas, evitamos fricciones», explica satisfecho Ahmed, uno de estos voluntarios. A pocos metros, un policía asiente. «Si nosotros fallamos, les toca intervenir a ellos», concluye Ahmed mirando a los guardias.

En Mataró (124.000 habitantes), en la provincia de Barcelona, los mediadores culturales y las campañas de civismo del ayuntamiento fallaron durante el Ramadán del verano de 2015. Fracasaron sobre todo en el barrio de Rocafonda, que los vecinos catalanes han rebautizado Rocamora por su alta proporción de marroquíes. Un aluvión de quejas por el griterío nocturno, sobre todo de la chiquillería, llegó al ayuntamiento. Y eso que por primera vez, para sacarles de las calles, el consistorio había organizado actividades y talleres para los niños en dos parques, en el campo de fútbol del Camino del Medio y en la pista polideportiva de Rocafonda. Apremiada por las protestas, la concejala de Vía Pública, Núria Moreno, abrió un expediente sancionador a la mezquita de Alouahda, en Rocamora, por el excesivo volumen de sus altavoces cuando el imán llamaba a la oración. Mataró es uno de los pocos municipios de España donde las mezquitas cuentan con megafonía exterior.

Requisitos para ser un buen musulmán

Xavier Rius, fundador y director de la web informativa catalana e-noticies, tiene una percepción diferente de la convivencia con la comunidad musulmana. Vive en el casco antiguo de Martorell (28.000 habitantes), en la provincia de Barcelona. Calcula que en su barrio «hay un 30 por ciento de inmigrantes o más». «Tu apreciación del fenómeno empieza a cambiar cuando te cruzas con muchas chilabas en tu calle, barbas largas e incluso algún que otro niqab [la túnica negra que cubre a la mujer de la cabeza a los pies y que solo deja los ojos al descubierto]», señala el periodista independiente cuyo diario digital dedica amplios espacios a la inmigración. «Tu apreciación cambia por completo cuando en la escuela pública a la que van tus hijos —no a la privada ni a la concertada— la mitad de los chavales son inmigrantes y en algunas clases hay quince magrebíes, un par de paquistaníes y solo cuatro o cinco de aquí», continúa. «¡Que no me digan educadores y pedagogos que no afecta al nivel de la enseñanza!». «Es un problema para ellos y para nosotros; para ellos porque no facilita su integración y para nosotros porque deteriora el nivel educativo del centro».

Más aún rebaja el nivel del alumno sacarle del centro escolar durante una larga temporada para enviarle a memorizar el Corán en algún país musulmán. Antes de que estallase la rebelión en Siria centenares de niños subsaharianos, en su mayoría residentes en Girona, eran enviados a madrasas (escuelas coránicas) de Damasco o Homs. A medida que Siria se sumía en la guerra, estos pequeños cambiaron de destino. Los periodistas Anna Teixidor y Marc Faro, de TV3, averiguaron su paradero en febrero de 2014. En cuatro madrasas de Serrakunda, cerca de Banjul (Gambia), vivían 120 preadolescentes procedentes de Cataluña, y algunos también de Bilbao, León y Zaragoza. Estaban allí para aprender el libro sagrado de los musulmanes, de memoria, dado que desconocían el árabe. Algunos habían llegado a Gambia hacía solo unos meses, pero otros llevaban allí años. ¿Hay más niños en otras madrasas en África Occidental? ¿Quién financia su viaje, su estancia? La única respuesta que Teixidor obtuvo de los educadores fue que los padres pagaban solo unos 30 euros al mes por hijo. «Les salía más barato dejarles en Gambia que mantenerles en casa en Cataluña», señala la periodista.

En Alzira (44.500 habitantes, Valencia) los padres musulmanes no retiraron a sus hijos —una treintena— del colegio público Pintor Teodoro Andreu, pero sí del comedor escolar. Algunos renunciaron incluso a su beca escolar y todos los días se presentaban a las 12.30 horas en la puerta del colegio que da a la calle Masalavés para llevárselos a comer a casa. Era su modo de protestar porque en la cantina no se servía a los alumnos musulmanes un menú halal, es decir, con carne de animal sacrificado según las normas islámicas. En el tablón de anuncios del centro se exponían dos menús para los críos, uno de ellos «sin cerdo», pero no específicamente halal. Se trataba del mismo menú que el centro llevaba ofreciendo desde 2005 y al que nadie había puesto nunca reparos hasta que, en diciembre de 2014, los progenitores musulmanes se rebelaron, lo que causó la indignación de los responsables educativos. En realidad, se rumoreaba que los padres habían sido instigados por el presidente de una comunidad islámica de la ciudad. El acuerdo de cooperación del Estado español con los musulmanes, que tiene rango de ley, estipula que «se procurará» la adecuación de la alimentación de los alumnos musulmanes a los preceptos islámicos. La polémica tocó a su fin cuando, agobiados por las estrecheces económicas, los progenitores renunciaron uno tras otro a su protesta. Episodios como este se han sucedido en otras ciudades españolas, aunque nunca habían implicado a un número tan elevado de niños.

En Cataluña y en Andalucía hay otros voluntarios más coercitivos que los que median durante el Ramadán de Terrassa. Nuredin, repartidor de pizzas, se topó con ellos en la terraza de un döner kebab de Can Puiggener, el barrio con más inmigración de Sabadell (207.000 habitantes), en la provincia de Barcelona. «Era en Ramadán, de noche, y yo estaba con unos compañeros: fumábamos y hablábamos de chicas —recuerda—. Cuando los demás se fueron y me quedé solo con un amigo, se nos acercaron unos hombres con cara de preocupación —prosigue—. Cuando vi cómo iban vestidos, con sus chilabas blancas, esas barbas recortadas y sus modales suaves pero enérgicos, supe de quién se trataba: la hisba [policía islámica]», afirma. Nuredin no sabe a qué corriente del islam pertenecían los individuos que le abordaron, pero algunos informes de inteligencia señalan que aquellos a quienes se conoce popularmente como «policía islámica» suelen ser miembros del Tablig Jamaat (asociación para la predicación), una escuela de origen indio ultrapuritana, o bien salafistas, también ultraconservadores, que preconizan un retorno a las reglas que regían en los albores del islam. Fuesen adeptos del Tablig o salafistas, a Nuredin le recriminaron acto seguido sus «vicios», como el tabaquismo —«también querían saber si bebía a escondidas», rememora—, antes de proceder a explicarle que así no se podía ser un buen musulmán. Para demostrarle el camino erróneo por el que se había adentrado, le recitaron algunos hadits (dichos del Profeta). Acabaron la charla dándole teléfonos de contacto, instándole a que se enmendara e invitándole a asistir, el sábado siguiente por la noche, a una plática en una mezquita que desconocía y a la que no acudió. «Y mientras me lo pueda permitir seguiré fumando cigarros y hasta canutos», recalca este musulmán con una sonrisa socarrona.

«Los grupos [de seudopolicías] se componen de un máximo de ocho hombres y son itinerantes», afirma el investigador italiano Lorendo Vidino en un estudio que, en buena medida, está dedicado a Cataluña. («Hisba in Europe? Assessing a Murphy phenomenon»). Estas patrullas circulan «haciendo reproches a particulares musulmanes que se comportan de manera antiislámica: dueños de bares en los que se bebe alcohol, tenderos que lo venden, mujeres que no llevan el velo o que visten con impudicia, o bien musulmanes que fraternizan demasiado con los catalanes o que no acuden a la mezquita», añade. Las advertencias las formulan en público, en privado y también mediante llamadas telefónicas o whatsapps. Excepto en un caso en 2009, no ha trascendido que estos voluntarios trataran de imponer sus recomendaciones con violencia.

Estos grupos actúan también en ocasiones a la puerta de los centros escolares. El discurso tablig o salafista trata, por ejemplo, de convencer a los padres musulmanes de que una hija adolescente no debe hacer gimnasia en pantalón corto. «Más de un padre marroquí de Terrassa o de Sabadell ha intentado sacar a su hija de las clases de educación física que se imparten en el instituto o evitar que vaya a la piscina», asegura una fuente policial. «He visto de todo, desde los que alegan que el ejercicio físico de las mujeres es incompatible con su religión hasta los que invocan problemas de salud para que no lo hagan», añade. Algunos progenitores «han llegado también a pedir al tutor de su hija que no comparta pupitre con un varón», se lamenta.

Daniel Anderson, ministro de culto evangélico, empezó a dar clases de español para inmigrantes en un centro benéfico de La Fortuna, una barriada algo aislada de Leganés (187.000 habitantes, provincia de Madrid), en colaboración con el ayuntamiento. Poco a poco los doce varones rifeños —allí el grueso de la inmigración es originaria de esa región de Marruecos— que se habían apuntado dejaron de acudir, mientras que las cuatro mujeres inscritas seguían asistiendo a clase. «Les pregunté a los hombres por qué no venían y me contestaron que no estaban cómodos en una clase mixta», recuerda Anderson, director de una asociación caritativa cristiana. «Al siguiente curso ya tuve una clase solo masculina y todos los “desertores” regresaron —añade—. Paralelamente, empezamos a impartir una clase por las mañanas únicamente para mujeres».

La convivencia está salpicada de conflictos, muchos de ellos menores, que educadores y mediadores sociales suelen resolver. A veces se trata de meras anécdotas intrascendentes pero que acaban teniendo relevancia a causa de sus protagonistas. El pívot del equipo de baloncesto del F. C. Barcelona Moussa Diagné, musulmán senegalés, acabó golpeando los muebles del vestuario para mostrar su enfado después de que su rostro fuese regado con champán, reveló, a principios de octubre de 2015, el diario La Opinión de Murcia. El club barcelonés había ganado la Supercopa de baloncesto frente al Unicaja de Málaga y, para celebrarlo, sus jugadores descorcharon una botella y se rociaron con el líquido espumante.

Lo que es legal en tu país no lo es en Europa

Otros problemas de mayor envergadura requieren la intervención de la policía y de la justicia. «A partir de los dieciséis años las chicas musulmanas se agitan porque les empiezan a llegar propuestas o sugerencias de matrimonio directamente o a través de familiares», prosigue el educador de La Fortuna. «No se casan, sin embargo, antes de la mayoría de edad, y muchas lo hacen con hombres de Marruecos aunque después tarden años en obtener la reagrupación familiar y poder traer a España a su cónyuge —añade—. Hay matrimonios totalmente amañados en los que las jóvenes se casan con hombres bastante mayores que ellas y a los que ni siquiera conocen», señala. Aunque esas costumbres chocan en España, hasta ahí todo es legal.

Producto del desconocimiento de las leyes españolas o del empeño en mantener vigentes sus tradiciones surgen otros casos que distan mucho de ser legales. El que más atrajo la atención de la prensa fue el protagonizado por Selamha Mint Mohamed, una menor mauritana residente en Puerto Real (Cádiz) que tenía trece años cuando su madre, Hawa Mint Cheikh, se la llevó en 2006 de vacaciones a una aldea de su país. Allí contrajo matrimonio religioso con un primo, Mokhtar Salem, de cuarenta años. Tras la fiesta regresó a su casa en España y se reincorporó incluso al colegio. Meses después, en mayo de 2007, el «marido» vino a visitarla a Puerto Real y trató de mantener relaciones sexuales con la adolescente. Ella se negó, lo que despertó la cólera de su madre, que la agredió para que depusiera su actitud. La muchacha huyó entonces despavorida en plena noche a casa de unos vecinos andaluces que la acompañaron a comisaría a poner una denuncia por intento de violación. Madre y primo fueron condenados en 2009 por la Audiencia Provincial de Cádiz a diecisiete y trece años, respectivamente, pero en julio de 2010, el Gobierno les excarceló y envió a Mauritania para que cumplieran allí el resto de su pena. Tras aterrizar fueron puestos en libertad casi de inmediato.

A juzgar por las prédicas de sus imanes y por los comentarios en su escasa prensa reivindicando clemencia a las autoridades españolas, la sociedad mauritana nunca comprendió que lo que es legal en su país no lo es en Europa. Tampoco lo comprendió del todo, y esto es más llamativo, parte de la pequeña colonia mauritana afincada en España —varios de sus representantes se manifestaron ante la Audiencia Provincial durante el juicio— ni los dos condenados, y eso que la madre de Selamha residía en Cádiz desde hacía dieciocho años. Bien es verdad que era analfabeta, y cuando hablé con ella por teléfono costaba entenderla porque su español era deficiente.

La historia que vivió Selamha se reproduce, con matices, en la colonia paquistaní asentada en La Rioja. En esa comunidad residen unos 3.500 paquistaníes —unos 2.000 se han marchado en los últimos años a causa de la crisis—, en su gran mayoría originarios de zonas rurales de Gujrat (Punjab). Uno de ellos, Farman Ali, acudió a una comisaria en Logroño en agosto de 2014 para denunciar la desaparición de dos de sus hijas, de diecinueve y catorce años. La denuncia puso en marcha un operativo policial que localizó a las dos jóvenes en una pensión de Madrid. Allí, las hermanas confesaron a los agentes los motivos de su fuga. Huían de un padre que las tenía recluidas y que proyectaba enviar a la pequeña a Pakistán para casarla con un hombre recomendado por sus familiares. Un año antes había hecho lo mismo con la mayor, que sí contrajo matrimonio, pero tuvo la suerte de no ser desposeída de su documentación española por la familia de su esposo. Gracias a ello logró volver a España por su cuenta. Con su evasión y posterior regreso desde Pakistán, la joven trataba de evitar que su hermana menor corriera la misma suerte que ella. La pequeña acabó bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Si esto sucede en La Rioja, donde hay pocos paquistaníes, ¿qué no pasará en Barcelona o en Valencia, donde son mucho más numerosos?

Fida Husein, que llegó a España en 2001 y preside en Logroño la Asociación Paquistaní de La Rioja, reconoce que el caso de esas dos chicas no es del todo una excepción. Hay «un montón de problemas con las chavalas en la comunidad», aunque se «han atenuado gracias a la labor de los mediadores de asociaciones y del ayuntamiento —subraya—. Son padres campesinos analfabetos o semianalfabetos que no logran entender el provecho que sacan sus hijas del colegio», añade. Además «les incomoda» que una chica que empieza a tener cuerpo de mujer «haga gimnasia con los hombres». «Antes querían sacarlas cuando terminaban la educación primaria, pero ahora ya aceptan que estudien hasta los dieciséis años», la edad en la que acaba la escolaridad obligatoria. ¿Qué hacen entonces con las chicas? «Las recluyen en casa para dedicarlas a tareas domésticas a la espera de encontrarles un marido», contesta Husein. ¿Y a veces se lo buscan en Pakistán? «Sí, a veces arreglan una boda a distancia con un primo», reconoce apesadumbrado. Husein insiste de nuevo en que las cosas mejoran poco a poco y pone un par de ejemplos: «En el verano de 2015, me llamó un compatriota y delante de mí le dijo a su hija que le habían pedido su mano y que le gustaría aceptar —recuerda—. La niña dijo que no, que tenía otras ideas en la cabeza, y el padre tragó. Esto era inimaginable hace unos pocos años —prosigue—. Ahora tenemos incluso a jóvenes que estudian, una de ellas, medicina —afirma con una pizca de orgullo en la voz—. Eso puede ser un estímulo para las demás familias».

Con sus fricciones irrelevantes y sus sucesos desdichados, la convivencia con los musulmanes es compleja pero no desastrosa, por mucho que en estas páginas afloren múltiples conflictos. A mediados de la década pasada, España fue el país del mundo que más trabajadores extranjeros acogió después de Estados Unidos. El desembarco de ese aluvión de inmigrantes ha sido, a grandes rasgos, un éxito, incluido en lo relativo a la adaptación de los musulmanes de diversos orígenes. Y eso que es la comunidad en teoría más difícil de integrar. Ha sido un éxito por la inexistencia de incidentes después del mayor atentado terrorista de Europa continental (11-M, 192 muertos en Madrid), cuyos autores eran en su mayoría marroquíes; por el bajo nivel de islamofobia que revelan las encuestas; por el escaso número de yihadistas residentes en España que han partido para luchar en Siria o Irak, o porque la crisis ha disparado el paro, pero no ha acentuado las tensiones entre comunidades. Ha sido sobre todo un éxito comparado con la situación por la que pasan algunos de los vecinos de España, empezando por Francia. El peso demográfico de los musulmanes aumentará inevitablemente en los próximos años en España y en Europa. Trece siglos después del inicio de su conquista de la península Ibérica, que supuso con al-Ándalus la época de mayor esplendor del islam, más de cinco siglos después del final de la Reconquista, los musulmanes están de vuelta. Más vale que su incorporación a la sociedad española —la integración es un sueño lejano— se desarrolle en los próximos años sin demasiados tropiezos.

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SON MUCHOS Y VAN A SER MÁS

«En Cataluña tarde o temprano se hablará del catalán musulmán; si dentro de veinte años hay tres millones de musulmanes catalanes, el Ramadán se vivirá como un hecho normal». El cónsul de Marruecos en Barcelona, Fares Yassir, hizo este pronóstico, en octubre de 2014, en una entrevista con El Periódico de Catalunya. ¿Habrá algún día tres millones de catalanes musulmanes? ¿Habrá muchos más musulmanes en España?

La respuesta es un rotundo sí, aunque no es nada seguro que en Cataluña se multiplique por seis el número de musulmanes. La población musulmana en España ascendía a finales de 2015 a 1,88 millones de personas, según el estudio demográfico que cada año coordina Gabriel Jairondín Riaza por cuenta de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Ya alcanza el 4,06 por ciento de la población de España, un porcentaje inferior al de Francia (8 por ciento), Alemania (6 por ciento) y Reino Unido (5 por ciento), y similar al de Italia. Solo en Cataluña (6,77 por ciento) se sitúan en la parte alta de la horquilla europea. El Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat eleva incluso el porcentaje al 7,3.

La UCIDE empezó a elaborar con seriedad este estudio anual en 2005, que los Ministerios de Justicia e Interior consideran solvente. Varios responsables de asociaciones que trabajan con inmigrantes musulmanes en distintos lugares de España señalan, sin embargo, que el número de empadronados en sus barrios es algo superior a los que realmente viven allí. La crisis que se desató en 2008 ha impulsado a algunos a emigrar a otros lugares de Europa, menos afectados, o incluso a enviar a hijos y esposas a Marruecos, porque la vida es más barata allí, pero sin darles de baja del padrón municipal porque su intención es que regresen.

La población musulmana de España ha crecido desde 2005 un 77 por ciento. Si se mantuviese esta progresión habría 3,22 millones de musulmanes en 2025 (6,95 por ciento de los habitantes de España). Excepto en Extremadura, ha aumentado en una década en todas las comunidades autónomas: 36 por ciento en Madrid, 70 por ciento en Andalucía, 76 por ciento en Valencia y 227 por ciento en Cataluña, donde ya eran los más numerosos. Se ha incrementado, sobre todo, allí donde los musulmanes eran pocos. En Asturias, en Cantabria y en Castilla y León, su número se triplicó en una década. En el País Vasco, menos golpeado por la crisis, el auge fue del 346 por ciento.

Por nacionalidades los más numerosos son los españoles —779.080 conversos e inmigrantes que han adquirido la nacionalidad— y en segundo lugar los marroquíes (749.274). A mediados de la segunda década del siglo XXI, una media de 125 ciudadanos de países musulmanes obtenía cada día la nacionalidad española, según el Instituto Nacional de Estadística. Aun así, el 59 por ciento de los musulmanes residentes en España son extranjeros, mientras que el 41 por ciento restante son españoles. Muy por detrás de los marroquíes se colocan paquistaníes (77.478), senegaleses (61.598), argelinos (62.268), nigerianos (42.543), gambianos (11.369) y de otras procedencias.

Por comunidades, Cataluña se sitúa a la cabeza (510.481 musulmanes), seguida por Andalucía (300.460), Madrid (274.907) y Valencia (200.572). Por municipios, al margen de Ceuta y Melilla —donde son o rozan la mayoría de la población— los musulmanes son especialmente numerosos en Barcelona, Madrid, Badalona, Cartagena, El Ejido (Almería), Málaga, Murcia, Terrassa, Valencia y Zaragoza. Hay municipios mucho más pequeños donde también alcanzan un elevado porcentaje de la población, como Aitona (Lleida), Castejón (Navarra) y Fresnedillas de la Oliva (Madrid).

La progresión del número de mezquitas y oratorios es mayor que la de la población musulmana. A medida que las comunidades islámicas se han ido asentado han logrado disponer en muchos casos, aunque no siempre, de un templo para rezar, por modesto que sea. En 2005 había en España 201 lugares de culto islámico; en 2015 ascendían ya a 1.427. En Cataluña habían aumentado en una década de 55 a 292; en Andalucía, de 27 a 201; en Valencia, de 15 a 201 y en Madrid, de 40 a 116. En autonomías más pequeñas el incremento era aún más llamativo, como en Murcia, donde en ese periodo de tiempo se multiplicó por 18, o en el País Vasco, donde se multiplicó por 8,5. «Las tendencias demográficas me llevan a pensar que en el futuro aumentará la población musulmana en Europa, y también en España, pese a las trabas que se pongan» a su crecimiento, señala Ferran Camas, director de la Cátedra de Inmigración de la Universitat de Girona. Para empezar, este colectivo se incrementará porque los inmigrantes musulmanes tienen una tasa de fecundidad más alta que la de los españoles. «La fecundidad de los marroquíes en España debe de rondar los 2,5 hijos por mujer», calcula Pablo Pumares, profesor de geografía humana de la Universidad de Almería. La española es de 1,32 hijos, muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional (2,1 hijos). En el primer semestre de 2015 hubo, por primera vez en España desde la Guerra Civil, más defunciones que nacimientos. Ceuta y Melilla se libraron de este declive demográfico. Ambas ciudades, con una población mitad musulmana, tienen la fecundidad más alta de toda España. Por eso el Instituto Nacional de Estadística prevé que en estas dos urbes se produzca, de aquí a 2029, el mayor incremento de población del país.

Ahora bien, la fertilidad de los inmigrantes musulmanes disminuye rápidamente. Los demógrafos sospechan que su ritmo de descenso es similar al de Marruecos, donde ha caído a tan solo 2,2 hijos por mujer. En las zonas urbanas del país se sitúa en 2,05, por debajo del nivel de reemplazo. Aun así, si España se mantiene en la senda del crecimiento económico «es bastante previsible que se reactive la inmigración tradicional procedente de Marruecos, aunque no será tan intensa como antes», prevé Pumares. En tan solo trece años (1996-2009) el número de inmigrantes en España se multiplicó por seis —pasó del 3 por ciento al 14 por ciento de la población— hasta que llegó la crisis económica. En 2007, en vísperas de la recesión, España acogió a 934.201 inmigrantes, una cifra solo superada por Estados Unidos.

El incremento de musulmanes no será tanto achacable a la fecundidad como «a los procesos de reagrupación familiar», señala Dolores López, profesora de geografía humana en la Universidad de Navarra. Un porcentaje no desdeñable de hombres y mujeres musulmanes afincados en España contrae matrimonio con compatriotas residentes en sus países de origen, a los que tras meses o años de papeleo, logran traer. La población marroquí, que alcanzó su cénit en 2011 (774.221 inmigrantes), lleva varios años disminuyendo hasta situarse, en 2015, justo por debajo de los 750.000. Esa reducción no debe llamar a engaño, pues es achacable a la emigración de aquellos que buscan trabajo, al menos por un tiempo, en el norte de Europa y, sobre todo, a los que obtienen la nacionalidad española (34.807 en 2014; 13.858 en el primer trimestre de 2015).

La evolución demográfica de España no es una excepción. Las proyecciones que dio a conocer el Pew Research Center de Estados Unidos en abril de 2015 indican que en 2050 el 10,2 por ciento de la población europea será musulmana. De aquí a la mitad de este siglo, el número de musulmanes en el mundo se habrá incrementado en un 73 por ciento, mientras que el de cristianos solo lo hará en un 35 por ciento. Cristianos (2.920 millones) y musulmanes (2.760 millones) serán entonces casi igual de numerosos en el planeta. Veinte años más tarde, en 2070, el islam pasará a ser la primera religión por número de fieles.

El estudio del Pew fue elaborado antes de que se recrudeciera la llegada de refugiados de Oriente Próximo a Europa. Ese flujo que, con altibajos, será constante en los próximos años —en 2015 superó el millón de personas— puede cambiar aún más el horizonte demográfico del Viejo Continente. «La desestabilización del norte de África, Oriente Próximo, del Sahel y del Cuerno de África tras el derrumbe o el debilitamiento de varios Estados y el avance del islamismo radical crea un panorama nuevo de consecuencias difíciles de prever —advierte Pumares—. Dicho esto, aunque aumente mucho el número de refugiados, no creo que llegue a tener la dimensión numérica de la migración económica», añade para tranquilizar.

Seguridad antes que democracia

España apenas ha padecido las migraciones masivas y desordenadas que sufren otros países mediterráneos y algunos Estados de los Balcanes. El peor año fue 2006, cuando desembarcaron en las costas españolas, sobre todo en Canarias, 39.180 «sin papeles». Tampoco eran tantos; solo la cuarta parte de los que llegan hoy en día a Italia, en su mayoría procedentes de Libia.

Tras años de disminución, en 2014 repuntó en España la inmigración irregular, con 12.037 entradas, sobre todo a través de Melilla. Fueron catorce veces menos numerosos que quienes desembarcaron en Italia ese mismo año. 2015 marca un nuevo récord (15.000 entradas irregulares) y, sobre todo, un cambio de tendencia porque, por primera vez, el grueso de los que se colaron en esa ciudad autónoma no fueron subsaharianos sino árabes. Ahora, Marruecos no solo desaloja a los subsaharianos del monte Gurugú, que domina Melilla, sino que ha levantado en paralelo a la valla española su propia verja y un foso. Protege así la ciudad cuya soberanía reivindica. Pocos subsaharianos logran ya sortear estos obstáculos, pero, en cambio, miles de sirios cruzan por el paso internacional de Beni Enzar. En un año, de 2013 a 2014, la llegada de sirios se multiplicó por doce y a finales de 2015 marcó un nuevo hito al alcanzar los 7.000. Para penetrar en Melilla, se hacen pasar por marroquíes de la provincia de Nador —autorizados a entrar en la ciudad sin visado— con documentación falsa o alquilada por cientos o miles de euros, escondidos en los asientos o el salpicadero de vehículos, o bien solicitando el asilo en la oficina que el Ministerio del Interior español ha inaugurado en la frontera.

José Palazón, responsable de la ONG melillense Prodein, asegura en un vídeo, difundido en septiembre de 2015, que por facilitarles el acceso a esa oficina española de asilo las fuerzas de seguridad marroquíes cobraban a los refugiados entre 400 y 3.000 euros por persona. A finales de 2015 entre 20 y 30 sirios accedían cada día a esas dependencias, donde, tras cursar la solicitud, se les envía al Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI). En sus instalaciones se apiñaban a finales de ese año 1.600 inmigrantes y refugiados —hubo un pico que rondó los 2.000—, cuando su capacidad es de solo 480 plazas. El hacinamiento era tal que, para disfrutar de un poco de intimidad, algunas familias sirias acomodadas buscaron alojamiento en la ciudad. Dos reducidos grupos de sirios desesperados abandonaron incluso el CETI para intentar regresar a Marruecos. Tras permanecer horas en esa tierra de nadie que separa los controles policiales español y marroquí en el paso fronterizo melillense de Beni Enzar, los sirios volvieron, cabeza gacha, al CETI. Las autoridades marroquíes no les habían dejado entrar.

A Francesca Friz-Prguda, representante en España del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), no le sorprendió demasiado que algunos huéspedes se largaran del CETI. «Basta con echar un ojo allí y preguntar a alguna señora cómo es su vida cotidiana dentro y qué es lo que hace —declaró a la agencia Europa Press tras visitar el centro melillense—. Después de eso ya no te quedan dudas de que no es el sitio para que refugiados y solicitantes de asilo pasen más de tres o cuatro días», añadió. La estancia media es de varios meses.

Sentado detrás de una pancarta en la que se puede leer en inglés «Gracias España, pero queremos seguir nuestro camino», Aymen, estudiante de veintitrés años, se ha instalado en la plaza de España de Melilla, junto con un centenar de compatriotas, para reivindicar que le trasladen a la Península. Las salidas de Ceuta y Melilla están sometidas a controles policiales. «Tuve suerte y entré clandestinamente en España pagando poco, unos 700 euros —explica—. Lo hice así porque no quiero quedarme aquí, y por eso no pido asilo —prosigue—. Mi meta es Alemania, donde está desde hace poco mi mujer, que es refugiada, y viven también unos tíos míos».

«Si no cursan su petición de asilo, no será posible tramitar su salida de Melilla», repite hasta la saciedad el delegado del Gobierno en la ciudad, Abdelmalik el Barkani. Para desatascar el CETI, las autoridades acaban, sin embargo, por dejarles salir con cuentagotas, hayan o no hecho ese trámite. Cansados de esperar, exhaustos tras el largo camino recorrido, un número creciente de sirios tiende ahora a solicitar el asilo. Los que se agolpan en la provincia marroquí de Nador, ante las puertas de Melilla —unos 2.000 en el otoño de 2015—, han volado desde Turquía o desde Líbano a la capital de Argelia, uno de los pocos países que no les exige visado. Allí a veces trabajan —«fui pintor de brocha gorda durante tres meses», recuerda Aymen— para ganarse un dinero o, si poseen recursos suficientes, ponen rumbo a la frontera terrestre con Marruecos, teóricamente cerrada desde 1994. La cruzan repartiendo «propinas» y, entonces, solo les quedan otros 150 kilómetros más hasta plantarse ante la verja melillense.

Ante los sirios que llaman a las puertas de Melilla; ante la insistencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la respuesta del Ejecutivo español ha sido «realmente decepcionante», según Amnistía Internacional. Entre 2013 y 2015 solo ofreció 260 plazas para refugiados, mientras que el programa de admisión humanitaria de Alemania rebasaba las 30.000. Cuando, a finales de la primavera de 2015, en la Unión Europea se debatió cómo aliviar la carga de Italia y Grecia, varios ministros españoles salieron en tromba para rechazar el plan. «España ya hace un esfuerzo de solidaridad y responsabilidad a diario», recalcó, por ejemplo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. A finales de ese verano el Gobierno cambió, sin embargo, de parecer y se mostró dispuesto a abrir la mano hasta recibir a unos 17.000. A principios de marzo de 2016 solo habían llegado dieciocho a España.

Esa repentina generosidad ha estado, sin embargo, salpicada de frases inoportunas. «Lo urgente es acoger a los refugiados», pero «eso ha de hacerse compatible con la seguridad», porque entre ellos se podrían infiltrar «terroristas», advertía Fernández Díaz desde París. «Tiempo atrás Dáesh [Estado Islámico] hizo una amenaza en ese sentido», recordaba. Javier Maroto, vicesecretario general del Partido Popular, echó más leña al fuego: entre los sirios, recalcó, «hay muchos yihadistas» que cualquier día «ponen una bomba en nuestras ciudades». De los cientos de miles de refugiados que han entrado en Europa, solo dos sirios, antiguos huéspedes del CETI de Melilla, habían levantado sospechas a finales de 2015. La policía suiza los detuvo en Ginebra.

A todos estos argumentos, se sumó después la Iglesia católica por boca de monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. El prelado se preguntó en público: «Esta invasión de emigrantes y refugiados, ¿es todo trigo limpio?». «Con la que viene ahora, ¿dónde quedará Europa dentro de unos años?». También los falangistas que desfilaron en Montjuïc (Barcelona) el 12 de octubre de 2015 gritaban «no son refugiados, son invasores» mientras quemaban banderas estelades (independentistas catalanas). Quizá Cañizares tenía en mente lo sucedido, por ejemplo, en Melilla, donde estos últimos años han cerrado dos iglesias, La Asunción y Cristo Rey. Una de ellas ha sido convertida en museo. En otros templos católicos, como el de la Medalla Milagrosa, solo hay culto los fines de semana. Mientras tanto, florecen las mezquitas repletas de fieles; ya son 11 en la ciudad autónoma, según la Unión de Comunidades Islámicas de España. Criticado por todas partes, incluso dentro de la propia Iglesia, Cañizares debió de arrepentirse de sus palabras. Por eso dos semanas después recibió por primera vez, en el Palacio Arzobispal, al secretario general de la Comisión Islámica, Riay Tatary. «Dentro de poco llegará a España —declaró el arzobispo ante la prensa— un gran número de refugiados que estamos dispuestos a acoger y a colaborar mutuamente para facilitarles [el aprendizaje de] la lengua, casas y residencias […]». Su contrición no acabó ahí. A principios de febrero de 2016 organizó en Valencia una oración ecuménica, con musulmanes, judíos, budistas, ortodoxos, anglicanos, etcétera, para recordar que «la religión no divide ni enfrenta» y, en cambio, sí une.

Es verdad que, a veces, algunos dirigentes musulmanes moderados dan miedo. Hasta a Tayyip Erdogan, actual presidente turco, se le calentó la boca, años atrás, en un mitin electoral y acabó recitando unas estrofas del poeta nacionalista Ziya Gökalp: «Las mezquitas son nuestros cuarteles; los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados».

Aunque menos audibles, han surgido otras voces en España que contradicen los temores de Fernández Díaz. «No hay que criminalizar a los movimientos migratorios», subrayó el comandante Samuel Morales, del departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, nada más empezar, en octubre de 2015, una conferencia en Algeciras. «Si yo fuera una organización terrorista entraría por avión, a través de Barajas o Casablanca, y no utilizaría una patera arriesgando la vida», añadió. En Siria e Irak hay además miles de combatientes con pasaportes europeos, algunos rubios y con ojos azules, y no todos están fichados. Cualquiera de ellos puede ser más útil a Estado Islámico para perpetrar un atentado en Europa que un refugiado.

Muchos de esos «esfuerzos de responsabilidad» de España a los que aludía Fernández Díaz para hacer frente a la inmigración pasan por Ceuta y Melilla, con sus CETI, las oficinas de asilo o el despliegue de sus fuerzas de seguridad a lo largo de las vallas, aún más difíciles de franquear desde que, en 2013, se instalaran nuevas concertinas, ahora alabadas por las autoridades ultraderechistas de Hungría. Otros empeños costosos son las repatriaciones forzosas (20.993 en 2014) de inmigrantes irregulares a sus países de origen.

Algunos responsables de las fuerzas de seguridad españolas se han deleitado al comprobar el susto que produce la llegada masiva de refugiados en algunas capitales europeas, empezando por Bruselas. El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, lo reconoció sin tapujos en la alocución que pronunció en su Comandancia el Día del Pilar: «Desde las poltronas de Europa y desde el desconocimiento del problema nos hostigaban con valoraciones y comentarios de despacho». «Vemos que hoy son absolutamente incapaces» de hacer frente al flujo migratorio, añadió. El flujo ha tenido en los Balcanes y en el Mediterráneo central unas dimensiones a las que nunca llegó en Melilla ni tampoco en Canarias.

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Hay otra vertiente de esos esfuerzos mencionados por Fernández Díaz cara, eficaz y casi completamente desconocida. En 2006 se produjo la llamada «crisis de los cayucos». En esas endebles embarcaciones llegaron a Canarias 31.678 subsaharianos y mauritanos procedentes de Senegal, de Cabo Verde, hasta de Guinea-Bissau, pero sobre todo de Mauritania. El país había iniciado entonces una transición democrática y descuidaba algo el control de sus fronteras. En 2007 se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres de su historia, en las que resultó vencedor Sidi Ould Cheikh Abdallahi.

A principios del verano de 2008, al CNI, el servicio secreto español, le llegó un intenso ruido de sables desde Nuakchot, la capital de Mauritania, según dos antiguos colaboradores del servicio secreto. Los agentes de Alberto Saiz Cortés, nombrado jefe del espionaje español por el ministro José Bono, trataron de averiguar quién iba a desenfundar y qué intención tenía en materia migratoria. Cuando lo supieron respiraron aliviados.

El presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi efectuó su primer viaje a España en los últimos días de julio de 2008, cuando el golpe se estaba gestando. Le recuerdo el último fin de semana de ese mes sonriente y hablador en los salones del hotel Ritz de Madrid, donde acudí a entrevistarle al acabar su visita. «Es vital que la democracia tenga éxito en un país musulmán», repetía. Estaba muy satisfecho por las promesas de cooperación al desarrollo que le había hecho el Gobierno socialista. Presumía de haber aprobado la primera ley que criminaliza la esclavitud en Mauritania, teóricamente abolida desde 1980. Alardeaba de haber repatriado a unos 20.000 mauritanos negros expulsados injustamente a Senegal a finales de los ochenta.

Apenas regresó a Nuakchot cuando, el 8 de agosto de 2008, el jefe de su guardia presidencial, el general Mohamed Ould Abdelaziz, sacó las tropas a la calle. Derrocó al jefe del Estado y se puso él en su lugar. Ahí seguía inamovible a principios de 2016. La Unión Africana sancionó a la Junta Militar mauritana, la Administración del presidente George Bush hizo otro tanto, y cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, en 2009, le apretó aún más las tuercas. El Ejecutivo socialista español condenó el golpe de boquilla, pero no tomó ninguna medida contra el general golpista e incluso maniobró, junto con Francia, para impedir que la Unión Europea lo hiciera. El Consulado de España en Nuakchot recibió además instrucciones de tramitar con agilidad los visados Schengen para que la camarilla golpista pudiese viajar por Europa.

Al año de la deposición del presidente demócrata, el general Abdelaziz organizó unas elecciones amañadas que, obviamente, ganó. El Gobierno de Rodríguez Zapatero fue, junto con el de Marruecos, el primero en felicitarle. «España reconoce el resultado pese a las orientaciones de la UE» y, anticipándose a Francia, la exmetrópoli colonial, que «ha sido más circunspecta», se sorprendía en un telegrama enviado a Washington, y desvelado por Wikileaks, Mark Boulware, embajador de Estados Unidos en Nuakchot. Esos cables, de los que El País publicó un amplio resumen el 6 de diciembre de 2010, revelan hasta qué punto Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, solo estaban interesados en que Mauritania acabase con los cayucos. Los telegramas recogen las entrevistas en Madrid de diplomáticos estadounidenses con tres miembros del equipo de Moratinos y el director de gabinete del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los españoles repiten a sus interlocutores: antes seguridad que democracia. El hombre de confianza de Pérez Rubalcaba, Gregorio Martínez, les reprocha estar exclusivamente enfocados en el «asunto de la democracia». «Ustedes verían las cosas de otra manera —les dijo en substancia—, si estuvieran, como lo está España, en primera línea enfrentándose a la inmigración irregular que zarpa rumbo a Canarias». Tras la lectura de estos documentos, cualquier declaración de Zapatero sobre derechos humanos parece una burla. Como tantas otras veces, una potencia occidental —en este caso mediana, como es España— optó por la seguridad en lugar de la democracia. A medio o largo plazo, no tendrá ninguna de las dos.

Sobresueldos para frenar la inmigración irregular

A Abdelaziz no le bastaba con las felicitaciones para ponerse manos a la obra. «Alrededor de una mesa estaban altos cargos de los Gobiernos de Mauritania y de España para tratar de las repatriaciones de inmigrantes irregulares, pero pasaba el tiempo y nadie movía ficha —recuerda uno de los participantes en las primeras negociaciones—. Cuando, por fin, se empezó a hablar de dinero, la cosa se animó —añade—. Los generales golpistas querían maletines con euros», asegura David R. Vidal, que durante una década colaboró con el CNI en África Occidental.

La Guardia Civil patrulla hoy en día por tierra, mar y aire en Mauritania. El equipo conjunto de investigación hispano-mauritano efectuó en 2015 382 operaciones en las que interceptó a 2.632 candidatos a emigrar y detuvo a 178 jefecillos de redes, según fuentes policiales. El grueso de los 874 inmigrantes irregulares que en 2015 desembarcaron en Canarias procedían de Marruecos o del Sáhara, pero no de Mauritania, sellada a cal y canto. Esas operaciones son la guinda sobre el pastel, pero no «lo que de verdad ha recortado drásticamente la emigración», sostiene Vidal, que narró en un libro, Diario de un espía, su experiencia. Lo que cambió a finales de la década pasada «fue la actitud de los oficiales de Gendarmería y Marina mauritanas —prosigue—. Súbitamente dejaron de aceptar sobornos [de los traficantes], lo cual era algo inaudito teniendo en cuenta que se embolsaban unos 6.000 euros por embarcación. Incluso los militares que custodiaban La Güera, el último reducto desde donde zarpaban los cayucos, acabaron siendo honestos».

Vidal tiene una explicación para este vuelco repentino: «Es la consecuencia de meter en nómina a un país entero», empezando por sus fuerzas de seguridad, es decir, que sus funcionarios reciben indirectamente un sobresueldo del Estado español por hacer bien su trabajo. Aunque el problema era menos acuciante, se hizo otro tanto en Senegal, cuyas autoridades solicitaron además 4.000 visados discrecionales Schengen para circular libremente en buena parte de la UE. Les fueron concedidos menos de la mitad.

No hay fondos reservados en España para sufragar tal operación, pero sí existe una ayuda al desarrollo bilateral que aumentó substancialmente. Entre 2010 y 2014 la cooperación española con esos dos países, incluida la policial, ascendió a 224 millones de euros, según respondió el Gobierno, en junio de 2005, al diputado Jon Iñarritu, de la coalición soberanista vasca Amaiur.

El Tribunal de Cuentas ha hecho aflorar, parcialmente, el aparente descontrol que tienen Asuntos Exteriores y sobre todo Interior sobre el destino real del dinero que se gastan en cooperación con esos dos países. En un informe publicado en la primavera de 2015, el Tribunal revela, por ejemplo, que la Administración no justificó el empleo en 2012 de más de 13,13 millones de euros entregados a las autoridades de Senegal. En el documento se reprocha al consejero de Interior español en Dakar no requerir a sus interlocutores senegaleses las facturas de sus compras de combustible para sus patrulleras, la adquisición de material de vigilancia, las dietas para viajes, etcétera. Pese a la falta de documentos justificativos, el ministerio de Fernández Díaz ha seguido autorizando subvenciones, se lamenta el Tribunal. En el informe se precisa que un militar colaborador del presidente mauritano sí suministró, en cambio, justificantes de los gastos sufragados por la cooperación española, aunque su fiabilidad es dudosa.

En su contestación al diputado Iñarritu, el Gobierno reconoció la existencia de «algunas deficiencias formales en la resolución de determinadas ayudas». Pero, añadió, «es importante reseñar que son errores sin incidencia en el fondo de la cuestión», y que, ante todo, debe «destacarse la gran eficacia de estas subvenciones en ámbitos como la lucha contra la inmigración irregular […]». Prueba de ello es el descenso del 99,21 por ciento de la cifra de inmigrantes irregulares llegados a las costas Canarias de 2006 a 2014. Esta disminución le cuesta a la cooperación española, según una fuente de Interior, unos 14 millones de euros anuales, de los que Mauritania se queda con el 70 por ciento y el resto lo recibe Senegal.

Pese a estos apaños con estos dos países de África Occidental, pese a las vallas y a los fosos que separan a Melilla de Marruecos, la exitosa política de contención migratoria de los sucesivos Gobiernos españoles corre el riesgo de saltar por los aires en los próximos meses o años. «La mayor crisis de refugiados de nuestra era», como la describe Salil Shetty, secretaria general de Amnistía Internacional, tiene su vertiente más dramática en el Mediterráneo central, al sur, entre Libia e Italia, y, al norte, entre Turquía y las islas griegas. Al menos 3.771 personas murieron ahogadas en sus aguas en 2015, según la Organización Internacional de Migraciones.

El eje de la tragedia puede desplazarse hacia el Mediterráneo occidental y colocar a España en una situación similar o peor a la de Italia con relación a Libia. Es posible que se reduzcan algo los niveles de violencia si de verdad llega a desarrollarse el acuerdo alcanzado en octubre de 2015 por Bernardino León entre gobiernos y parlamentos rivales de Libia. Pero ni siquiera este pacto tiene visos de estabilizar por completo el país ni de erradicar la rama local de Estado Islámico que desde septiembre de 2014 ha ido conquistando nuevos territorios. Un año después controlaba, según León, un «territorio del tamaño de Extremadura» (41.600 kilómetros cuadrados).

El dique de contención argelino

Para contener el contagio regional de la violencia de Libia, para tratar de poner paz en el Sahel —especialmente en Malí—, e incluso para apuntalar la frágil democracia tunecina, Occidente contaba con un socio cuyo papel se ha revalorizado estos últimos años: Argelia. El país más poblado del Magreb (39,5 millones), la primera economía de la región, posee además el mejor Ejército. Es el Estado africano que más gasta en defensa, por delante de Egipto. Desde 2009 su presupuesto militar supera al de España.

Pero Argelia es un coloso con pies de barro. La mejor demostración de su debilidad es la precaria salud de su jefe de Estado, Abdelaziz Bouteflika (Oujda, 1937), postrado en una silla de ruedas, incapaz de viajar no ya al extranjero, sino dentro de su propio país, y que ni siquiera puede ya hablar en público unos minutos. Por haber declarado en público, entre otras cosas, que el presidente estaba lúcido tan solo entre 30 y 40 minutos al día gracias a unas inyecciones que le administraban, el general jubilado Hocine Benhadid fue encarcelado en septiembre de 2015. Recuerdo el respeto reverencial que le profesaban camareros y clientes de la cafetería de Hydra (Argel) en la que conversamos largo rato en febrero de 2014.

Bouteflika estaba ya gravemente enfermo en abril de 2014, pero aun así, ante la incapacidad de los diversos clanes que comparten el poder de ponerse de acuerdo sobre su sucesor, fue presentado a la reelección. Ganó sin ni siquiera hacer campaña. Para eso se amañan las elecciones. El inicio de su cuarto mandato como presidente no supuso una tregua en la lucha de clanes, sino más bien todo lo contrario. El enfrentamiento se recrudeció entre Said Bouteflika, hermano del presidente y regente en la sombra, apoyado por el jefe de Estado Mayor, el general Gaïd Salah, por un lado, y el servicio secreto militar (DRS) y un sector del Ejército que encarnaba Benhadid, por otro. Aunque los primeros han marcado varios puntos —el DRS fue disuelto a finales de 2015—, la partida no está acabada. Se juega además en un contexto económico muy deteriorado a causa de la caída del precio del petróleo hasta los 30 dólares el barril. El Fondo Monetario Internacional calcula que, para no pasar apuros, Argelia necesita que el crudo se venda a 120 dólares.

En Argelia el petróleo, y más aún el gas, lo son casi todo. Suponían hasta 2014 el 97 por ciento de las exportaciones, el 60 por ciento de los ingresos del Estado y el 30 por ciento del PIB. Gracias a los hidrocarburos, el Estado subvenciona desde la construcción de viviendas hasta decenas de productos alimenticios. Desde 2014 los ingresos de los hidrocarburos han caído un 70 por ciento. Los recortes presupuestarios que ya están en marcha pueden desatar las protestas de amplios sectores de la sociedad. Incluso en época de bonanza, parte de la población sale con frecuencia a la calle para formular todo tipo de reivindicaciones. A medio plazo serán probablemente muchos más los que se van a quejar de forma desordenada, porque no hay una oposición que pueda encauzarles. Otros optan por exiliarse. Más de 6.000 argelinos pidieron en 2014 asilo político en la UE, y entre 15.000 y 17.000, según cálculos policiales, entraron en Europa por las bravas, a veces pasando por Turquía y mezclándose con los refugiados de Oriente Próximo.

Miles de jóvenes marroquíes han elegido también esa vía tortuosa, en lugar de la antigua patera, para emigrar a Europa. Solo en la provincia de Nador, pegada a Melilla, son ya «2.000 o 2.500 desde julio de 2015», cuando la tragedia de los refugiados irrumpió con fuerza en las páginas de los periódicos, según Omar Naji, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). «Hacemos esta estimación partiendo del número de pasaportes marroquíes expedidos a jóvenes y adolescentes y de los billetes de avión comprados para viajar a Turquía», explicó al autor en febrero de 2016. Al no poseer tarjetas de crédito, adquieren los billetes en agencias de viaje pagado en efectivo.

Ese dique de contención argelino por el que tanto han apostado los occidentales se está resquebrajando. Con una franqueza poco habitual entre los altos cargos españoles, Alejandro Alvargonzález, secretario general de política de Defensa del Ministerio de Defensa, advertía en octubre de 2015 desde Gijón: «Si Argelia se desestabiliza tendríamos que ir a ayudarles como sea, porque si cae, caerá todo el norte de África», es decir, que arrastraría consigo a Túnez y Marruecos. El vecino marroquí, el más estable de la región, ya no es inmune a lo que sucede en su entorno. A diferencia de los demás países del Magreb, no ha padecido el azote del terrorismo desde abril de 2011. Aun así el número de turistas que lo visitan disminuye ligeramente. Si se desestabiliza Argelia es probable que, en el Palacio Real de Rabat, donde tanto han denostado a un Bouteflika que miraba por encima del hombro a un joven e inexperto rey Mohamed VI, echen de menos al anciano presidente argelino.

Una Argelia tambaleante dejaría de controlar sus fronteras y costas con la eficacia con la que lo ha venido haciendo. La presión migratoria que padece Libia se trasladaría, duplicada o triplicada, a Argelia para, desde allí, intentar dar el salto al sur de Europa. De Ghazaouet, en la costa occidental argelina, a Almería, hay solo 187 kilómetros en línea recta. De Abu Kammash, en la costa occidental libia, a Lampedusa (Italia), hay 100 kilómetros más.

Aunque no se cumpla esta hipótesis tremendista del caos en la frontera sur de Europa, inmigrantes y refugiados, en su gran mayoría musulmanes, van a continuar tratando de alcanzar el Viejo Continente para ponerse a resguardo de las convulsiones que durante muchos años agitarán a una parte de África y a Oriente Próximo. Al no blindar sus fronteras, «Europa está suicidándose», sostiene Ephraim Herrera, profesor de historia de las religiones y autor de varios libros sobre el islam.

No son muchos en Europa los que osan decir lo contrario, que la inmigración es más bien la salvación de Europa. Se atrevió a hacerlo, por ejemplo, el expresidente Felipe González. «Posiblemente hay en el mundo árabe y musulmán 20 millones de personas con ganas o necesidad de irse, y Europa necesita esa emigración —resaltó—. Tenemos una demografía dramática que hará más difícil el sostenimiento del sistema», —añadió.

«Hablemos de nuestros intereses», escribió, en junio de 2015, Pierre Lemoine, director de la publicación bruselense Europolitics y, hasta su jubilación, uno de los más lúcidos analistas de la actualidad europea. «La UE sigue sin tener una política migratoria común, pero necesitará cada vez más inmigrantes por razones demográficas y económicas». «Las previsiones estadísticas apuntan a una disminución de la población activa, en los próximos treinta años, de varias decenas de millones de personas, con graves consecuencias sobre el crecimiento, el gasto público, el empleo, las pensiones y el alargamiento de la vida laboral». «[…] La inmigración organizada, que no impida atender casos de urgencia, no es una carga sino una oportunidad», concluyó. A juzgar por cómo han gestionado la crisis de los refugiados sirios la UE y sus Estados miembros, aún no lo han comprendido. En España aún menos que en el resto de Europa. Bouziane Ahmed Khodja (Orán, 1958) era director de un diario pero se vio obligado a exiliarse en 2008, y ahora presenta desde Madrid el programa Islam hoy en TVE. Perspicaz observador de la realidad del país que le ha acogido, se sorprende de que «más que en otros lugares de Europa, los políticos españoles viven solo en el presente […]. No se dan cuenta de que las cosas cambian; no preparan el futuro».

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EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

Lleva un hiyab (pañuelo islámico) beis claro y va vestida de azul. Habla con voz firme ante el micrófono. «No soy del todo de allí», de Marruecos, «porque vamos poco de viaje con mis padres, porque no hablo bien el idioma, porque no comprendo del todo algunos de sus códigos» culturales, explica. «No soy del todo de aquí porque lo constato en las miradas de la gente; me consideran extranjera». «¿De dónde soy?», se pregunta. «Soy musulmana y mi religión es mi refugio». «Me gustaría conocer mejor el islam».

Fátima ha resumido en pocas palabras la disyuntiva a la que se enfrentan muchos jóvenes musulmanes. Refugiarse en la religión no significa optar por sus interpretaciones más extremistas, pero sí tratar de encontrar una identidad que trasciende nacionalidades. La mujer tomó la palabra en el «IV Encuentro de jóvenes musulmanas de Madrid», en una nave del callejón Veleta de Fuenlabrada (205.000 habitantes). En esa estrecha vía empinada, intransitable para los vehículos, se han instalado el Centro Cultural Islámico Al Sunna, la mezquita contigua, tres iglesias evangélicas —una de ellas con rótulos externos solo en inglés— y un único local aconfesional: Dama, bailes de salón. A ritmo de rumba, unas parejas latinas se contonean a 70 metros de la mezquita. Es una síntesis de la España multicultural que surgió hace ya algo más de una década.

Las palabras de Fátima no sorprenden a Dolors Bramon (Banyoles, 1943), profesora de islam en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, y con una trayectoria académica repleta de galardones. A lo largo de su vida de docente ha escuchado reflexiones similares por parte de jóvenes musulmanes. «Viven a caballo entre dos mundos, el de sus padres y el de aquí, en el que con frecuencia no encuentran su razón de ser —constata—. Su educación familiar está en contradicción con la que reciben en Europa». «Buscan su sitio en nuestra sociedad, pero suele ser una carrera de obstáculos porque con esos apellidos les es más difícil alquilar un piso, obtener una hipoteca, un contrato de trabajo, etcétera». El 80 por ciento de los musulmanes marroquíes afincados en España considera que se les discrimina a la hora de acceder a un empleo, y el 67 por ciento en la obtención de una vivienda, según un sondeo encargado en 2009 por el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, un órgano nombrado por el rey Mohamed VI. «Los jóvenes más desubicados pueden acabar creyendo que el yihadismo les da una identidad, una personalidad, un proyecto —advierte Bramon—. Entrar a formar parte de Estado Islámico equivale psicológicamente ahora a lo que antes era ingresar en una secta».

Radicalismo de segunda generación

«La propaganda yihadista hace especialmente mella sobre los jóvenes que atraviesan una crisis de identidad», confirma Fernando Reinares, investigador principal de terrorismo en el Real Instituto Elcano de Madrid. «La radicalización parte de un descontento, un enfado hacia la sociedad porque en tu propio país, que es España, no te sientes valorado», insiste Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). «Cuando estás desesperado, aparece Estado Islámico en el ordenador, te sobrevalora, te sube la autoestima e incluso te ofrece un sueldo para luchar por una causa supuestamente noble», añade. Sus blancos son con frecuencia chicos de familias musulmanas en riesgo de exclusión social; los que empiezan a subir vídeos del mal llamado «Estado Islámico» o de otros grupos terroristas, a chatear en un foro con jóvenes radicalizados e incluso a evocar la posibilidad de perpetrar un atentado o viajar a Siria para empuñar las armas. Pero no es la pobreza el principal factor que les empuja a actuar así, sino su confusión identitaria y el deseo de resolverla.

Así se explica que entre los miles de jóvenes residentes en Europa, muchos de ellos con nacionalidades europeas, que se han sumado a los grupos terroristas, un porcentaje nada desdeñable tuviera trabajo e incluso algunos hubieran cursado estudios superiores y conseguido un empleo en consonancia con su formación. En España casi la cuarta parte de los detenidos por yihadismo tiene formación universitaria, según reveló Esther Montero, subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de Huelva. Esta desorientación no surge entre los inmigrantes de primera generación, aún enraizados en el país en que nacieron y empeñados en abrirse camino en el país donde se instalaron. Germina entre sus hijos y sus nietos.

En Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, etcétera, las primeras grandes oleadas de población musulmana se remontan a los años sesenta y setenta. Esos inmigrantes tienen hoy en día no solo hijos, sino nietos. Son esas nuevas generaciones las que han proporcionado el grueso de los combatientes europeos en Siria e Irak. Francia, el país de Europa con más población musulmana, se sitúa a la cabeza con unos 1.200 yihadistas que están o pasaron por Oriente Próximo, seguido por Alemania y Reino Unido, con unos 600 cada uno. Bélgica, un país pequeño, puede tener unos 440. En proporción a su población es el que más yihadistas ha enviado a la guerra, seguido por dos países paradigma de prosperidad y justicia social, Dinamarca y Suecia. Estas son las cifras del Center for the Study of Radicalisation of Political Violence, que el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos recoge con frecuencia. Se inspiran a su vez en estimaciones de las policías de diversos países europeos que no son del todo exactas, pues, en general, se elaboran a partir de las denuncias puestas por las familias cuando un hijo desaparece.

En España la inmigración musulmana, principalmente marroquí, fue más tardía que en la Europa septentrional. Empezó a llegar a finales de los años noventa y continuó en la década pasada. La segunda generación brota ahora y la tercera aún no existe. Eso explica, en buena medida, que el número de jóvenes que se han incorporado a las filas de grupos terroristas en Siria e Irak sea menor. La confusión identitaria aún no acaba de aflorar. A finales de 2015 el Ministerio del Interior calculaba que habían sido unos 139 los que marcharon a la guerra. «En comparación con otros países europeos, España está en una relativa posición de ventaja frente al terrorismo», sostiene Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. La excepción la constituyen Ceuta y Melilla, cuya población musulmana es española desde hace décadas, a veces desde hace generaciones. «El 70 por ciento de los presuntos yihadistas detenidos en España en los últimos dos años (2013 y 2014) son nacionales españoles y viven en Ceuta y Melilla», resaltaba Charles Powel, director del Real Instituto Elcano, en marzo de 2015.

Noha el Haddad, presidenta de la Asociación de Chicas Musulmanas de España, recoge el testigo lanzado por Fátima en su intervención. Ella es una de las organizadoras del foro femenino de Fuenlabrada. Reconoce que muchas de sus correligionarias no tienen clara su identidad. «Decimos: “No sé de dónde soy”» y para resolverlo «decimos que somos ante todo musulmanas», afirma ante un centenar de mujeres que asienten. «Pero no buscamos más allá, no buscamos una solución dentro del islam», añade en tono crítico. En el fondo, prosigue, «nosotras somos nuestro propio enemigo, con nuestro victimismo, con nuestros complejos de inferioridad». Ella ha resuelto aparentemente ese dilema identitario. Su religiosidad aflora en su forma de vestir de los pies a la cabeza, pero estudió medicina y ahora está preparando la prueba de Médico Interno Residente (MIR), que le permitirá especializarse. Su origen es humilde. «Mi padre vino en patera y mi madre llegó aquí sin saber leer ni escribir», cuenta a la audiencia, cautivada por su trayectoria. Ambos son de Tetuán (Marruecos) y se comprometieron con la educación de sus hijas. «Nunca nadie me ha puesto trabas, al contrario», explica. Noha y sus dos hermanas han estudiado.

Resolviendo dudas

En encuentros femeninos como el de Fuenlabrada, en campamentos rurales confesionales, los chavales musulmanes expresan su desazón, piden consejos a adultos e imanes y también reproducen los comportamientos de sus sociedades de origen. En la escuela Chopera de Toledo, donde se celebró, todo un fin de semana de la primavera de 2015, el multitudinario encuentro titulado «Juventud musulmana, participación y espiritualidad», chicos y chicas comen a diferentes horas en la cantina y se sientan separados en el auditorio. «Todos no cabían a la vez en el comedor y hubo que hacer turnos», se justificó uno de los responsables como si no hubiese sido posible organizar el almuerzo con otro criterio. El auditorio de la escuela Chopera está atestado con 270 jóvenes de entre diecisiete y veintidós años. Las chicas, un tercio sin hiyab, charlan y comen golosinas sentadas en el lado izquierdo de la sala. Los chicos hacen otro tanto en el derecho. Cuando se abre el turno de preguntas se mezclan en una única y larga fila ante el micrófono porque son muchos los que tienen consultas que hacer. Han venido en autobuses de seis comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, País Vasco y Valencia) pagando, por tres noches de estancia, 30 euros. Son en su mayoría de origen marroquí, pero también hay españoles de Ceuta y Melilla y conversos. Desde la tarima al fondo de la sala les atiende lo más granado de la FEERI. Es la organizadora del campamento, junto con la rama española del movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad (Organización Nacional para el Diálogo y la Participación).

Muchas de sus preguntas versan sobre su vida cotidiana. «¿Por qué la mujer tiene prohibido el uso de la colonia y el hombre no»?, pregunta una chica. «¿Es algo malo que un hombre lleve un dibujo en su corte de pelo?», inquiere el siguiente. «¿Es haram (pecaminosa) o halal (apta para el consumo del musulmán) la carne del Burger King?», insiste un tercero. Algunos pocos preceden su pregunta de una invocación religiosa en árabe y otros dan las gracias al presidente de la FEERI, Mounir Benjelloun, «por ayudar» con sus consejos «a mejorar la vida» de los musulmanes.

«No vais a ir al infierno» por el uso indebido de la colonia o el corte de pelo original, les contesta con una sonrisa el marroquí Houssein el Ouariachi, presidente de la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación (ONDA). «El islam incita a la elegancia y el aseo», pero si con la fragancia «se busca incitar al pecado a los hombres, entonces sí estáis errando», le recuerda a la muchacha. «Preocúpate ante todo de tu educación y de tu desarrollo como persona», concluye sus recomendaciones.

Las chicas tienen una obsesión recurrente, el hiyab. Vestida de negro de los pies a la cabeza, Khadija narra ante el micrófono: «En la empresa me han pedido que me lo quite». «¿Debo aceptar? ¿Puedo hacerlo?», se pregunta acongojada. La primera respuesta la da, esta vez, otra muchacha que está en la cola de los que van a preguntar: «Yo lo llevo, trabajo de cara al público y nunca he tenido ningún problema», responde invitándola a mantenerse firme.

«El velo es parte de mi religión», proclama en la puerta del campamento toledano Nihal K., que entonces tenía diecisiete años, alumna del Instituto Siglo XXI de Leganés. «Nadie me obliga», insiste. «Mi madre no quería que me lo pusiera porque sospechaba que traería problemas», asegura Oumayma Alouiz, de dieciocho años, de Vilafranca del Penedès (Barcelona). No le hizo caso. «Llevando el pañuelo represento al islam por la calle», afirma con cierto orgullo en la voz. Ante el micrófono las mujeres también muestran interés por la compatibilidad del islam con los matrimonios mixtos, con no musulmanes, como si algunas de ellas no descartasen esa opción, muy mal vista entre sus correligionarios. En el islam, se supone que la religión se transmite a los hijos a través del padre. Por ello, los varones musulmanes pueden casarse con una cristiana sin que esta tenga que convertirse obligatoriamente al islam —aunque es conveniente que lo haga—, mientras que a las féminas se les exige que contraigan matrimonio con un musulmán, por lo que si desean casarse religiosamente con un cristiano, al novio no le queda otra que convertirse. «Algunas musulmanas que osan casarse con católicos creen que han subido un peldaño en la sociedad, pero temen a veces la reacción de su entorno», comenta la profesora Dolors Bramon.

Compaginar la vida laboral y su religión es otro desafío. Brahim cuenta a la audiencia que en su trabajo no puede orar a Alá cuando toca. «¿Puedo acumular los rezos y hacerlos al final de la jornada?», pregunta. Otro chaval confiesa en los pasillos del campamento que su jefe le ha prohibido rezar en horario laboral, pero él se esconde para hacerlo en la nave industrial donde apila mercancías. La respuesta a estas inquietudes viene dada implícitamente por el desarrollo de la larga sesión de preguntas y respuestas en la escuela Chopera, que no se interrumpe pese a coincidir con la oración de la tarde (Al Asr). Aun así Mounir Benjelloun recomienda a los que consideren coartada su libertad religiosa «que acudan a los tribunales» para que se respeten los derechos recogidos en el acuerdo de cooperación de 1992 entre el Estado español y los musulmanes, «que tiene rango de ley».

«En el instituto nos dicen que somos yihadistas, que islam y yihad es lo mismo». Mohamed, que estudia en un barrio periférico de Madrid, toca, por fin, el tema que más inquieta a todos. De sopetón se acaban los murmullos en la sala. Al siguiente chaval interviniente no le han ofendido tanto en su centro escolar, pero también tiene motivos de queja: «En el instituto me han llamado moro y me menosprecian». Rachid se salta la cola para refutar los lamentos de sus compañeros: «Nos tratan así porque damos con frecuencia esa imagen de estar solo en nuestras cosas, pero si ponemos interés, si nos preocupamos por este país, esto no sucederá», enfatiza rompiendo esa tendencia al victimismo en la que caen con frecuencia los musulmanes. «Este país es el nuestro», concluye suscitando una salva de aplausos.

El Ouariachi intenta dar elementos con los que rebatir a los que asimilan islam y terrorismo. «Primero debemos dejar muy claro que rechazamos siempre la violencia, y más cuando se produce en nombre de nuestra religión», responde. «En segundo lugar hay que recordar que los musulmanes somos las primeras víctimas del terrorismo», como lo demuestra, por ejemplo, el recuento de las víctimas de atentados. «Y, en tercer lugar, tenemos que explicar que el islam es una religión de paz», por mucho que otros se empeñen en interpretarla de otra manera.

Varios jóvenes se suceden ante el micrófono pidiendo precisamente «más formación» religiosa porque carecen de herramientas para defenderse de las críticas. Aunque se conoce el Corán al dedillo, Dolors Bramon no es musulmana, pero entre sus alumnos en Barcelona muchos sí profesan esa fe. «Constato que nadie les ha contado nada serio del islam». Para suplir esa carencia «yo les explico el islam, un islam racional». «El Corán es un libro que invita a razonar —prosigue—. Tiene, por ejemplo, fragmentos que aceptan y justifican la libertad religiosa». «Por muy sagrado que sea, un texto del siglo VII no puede ser leído catorce siglos después con los mismos ojos que entonces». Pero esa puesta al día que propugna la profesora catalana no es la tendencia que prevalece. «El islam se cierra —se lamenta Bramon—. La mayoría de las chicas se cubren ahora la cabeza, cuando sus madres y sus abuelas no lo hicieron», constata. «El Corán no dice que deban ponerse pañuelo, sino que sean recatadas». «Como soy simpática y abierta, mis clases acaban a veces en consultorio —afirma riéndose—. Muchas de las que me solicitan que las instruya quieren, en el fondo, que avale su nueva forma de vestir, su conducta más pudibunda». «Conmigo se llevan un chasco», afirma.

El nivel de las consultas en el campamento raya la filosofía política cuando varios chavales expresan sus dudas sobre la compatibilidad de su religión con la democracia. Mohamed, de Barcelona, se hace esa pregunta porque «en democracia la soberanía la tiene el pueblo, que a través del Parlamento vota sus leyes, mientras que para los musulmanes es la sharía (ley islámica)» la fuente del Derecho. «Los ulemas [eruditos] no ven contradicción entre la shura [sistema de toma de decisiones en las sociedades islámicas] y la democracia», contesta esta vez el presidente de la FEERI. En un alarde de sinceridad no descarta, sin embargo, que, muy en el fondo, pueda haber algunas discordancias. «Entonces nuestro deber es trabajar para mejorar la democracia», subraya, sin entrar en más detalles.

Con otras palabras los jóvenes vuelven a la carga y expresan su inquietud. «¿Cómo es que los países árabes no son democráticos?», interroga Rachid a los responsables sentados en el estrado. Solo Túnez parece haberse adentrado por esa vía. El Ouariachi retoma el micrófono. «Que los pueblos musulmanes elijan ellos su camino y, si lo desean, acaben con los regímenes dictatoriales», contesta a Rachid. «Nosotros, desde aquí, solo podemos apoyar su libertad; porque el islam no son cadenas sino libertad». Pese a que ha echado balones fuera en su respuesta, la asamblea aplaude a rabiar.

Sin que nadie le haya preguntado, este marroquí, intérprete de profesión, invita a continuación a los jóvenes a apartarse de dos peligros que les acechan. «Vivimos en una sociedad [la española] que no reconoce a los padres», deplora. «Cuidado con caer en esa contaminación cultural —les advierte—. ¡Veneremos a los padres y a los profesores!». Las tres grandes religiones monoteístas «profesan el mismo respeto» a los progenitores, insiste, pero deja caer que las sociedades cristianas ya no lo acatan. «En el fondo muchos musulmanes tienden a pensar que los cristianos son inmorales», se lamenta Daniel Anderson, ministro de culto evangélico que en el barrio de La Fortuna, en Leganés (Madrid), dirige una asociación de ayuda a inmigrantes. El siguiente riesgo que les acecha es el de caer en la delincuencia. «Los musulmanes son ya el 4 por ciento de la población española, pero constituyen el 10 por ciento de la población penitenciaria», constata apesadumbrado El Ouariachi. «Hay todo un trabajo por hacer para bajar ese porcentaje», y parte de él corresponde a los más jóvenes.

Para contestar a las preguntas específicamente religiosas sube al estrado el imán Chauki. Un hadiz (relato que recoge el comportamiento del profeta) indica que los imanes deben vestir ropa áspera, pero Chauki lleva una camiseta blanca de la marca Timberland, un pantalón de chándal azul y unas deportivas. Su aspecto no es de clérigo, sino que sintoniza más bien con la vestimenta de algunos de sus jóvenes oyentes. Su español es deficiente y opta por dirigirse en árabe a la asamblea, en la que hay españoles conversos y jóvenes de Melilla y del Rif que no comprenden esa lengua. Tampoco hay traducción al español. Su discurso pragmático apacigua los temores de los jóvenes más devotos. «Ponerse o no el velo, comer o no carne halal es secundario —les dice tranquilizándoles—. Lo importante es comprender el mensaje del islam y hacerlo llegar a los demás. Si no lo comprendemos estaremos perdidos en este mundo. Después, solo después, viene la jurisprudencia que estipula lo que se debe y lo que no se debe hacer».

El difícil camino de la integración

En el exterior del auditorio de la escuela Chopera, chicos y chicas se prestan encantados a charlar con el periodista de paso mientras unos voluntarios sirven una merienda tardía. Aquí no aflora ese tormento de Fátima, que se preguntaba en público de dónde es. Todos se declaran, a grandes rasgos, contentos de vivir y crecer en España. Acaso sea Oumayma Alouiz, marroquí de Taza, que llegó a Vilafranca del Penedès con seis años, la que más entusiasta se muestra. «Este es un gran país», recalca refiriéndose a España. «Me siento bien aquí», añade Nihal K., de Leganés. «Si no das problemas y sabes el idioma, te integran», asegura Mohamed, marroquí de veinticinco años que cursa la carrera de Medicina en Cádiz.

El paradigma de la integración triunfante ha sido, probablemente, el deportista Mohamed Marhoum, de origen marroquí, que, en diciembre de 2013, formó parte de la selección española de atletismo proclamada campeona de Europa por equipos. En 2002, cuando tenía once años, aprovechó una de las numerosas aglomeraciones que se producen en la frontera para pasar corriendo de madrugada a Ceuta. Cruzó junto con su hermano Bilal, que entonces tenía siete años. Dejaron así atrás, en su ciudad natal de Castillejos, a sus padres y a tres hermanas. Juró la Constitución en 2011 y adquirió la nacionalidad española. Dos años después se le saltaron las lágrimas en Belgrado cuando sonaron los primeros compases del himno de España y él estaba, junto con los demás atletas españoles, en lo más alto del pódium. «Empiezo a devolver a España lo que me ha dado», declaró a su regreso. En marzo de 2015 ganó en Alcobendas (Madrid) el campeonato de España de cross. Aunque no perdió el título fue, sin embargo, sancionado, dos meses después, por dopaje. No podrá volver a competir hasta 2017.

En lo alto del pódium de la integración figura también Hiba Aboukhris Benslimane (Madrid, 1986), más conocida como Hiba Abouk, la protagonista femenina de la serie El Príncipe, un barrio musulmán de Ceuta, emitida por Telecinco y que batió récords de audiencia. De padre libio y madre tunecina, Hiba lo tuvo más fácil que el atleta marroquí porque nació en una familia acomodada que la matriculó en el Liceo Francés de Madrid. Tras su salto a la fama le escribieron «muchas jóvenes musulmanas» dándole «las gracias por haberles dado voz», señala, en febrero de 2016, en una entrevista en la revista española Women Madame Figaro. «Hay una comunidad árabe y musulmana muy importante en España cuyas jóvenes nunca se ven reflejadas en la televisión», recalcó. Para ellas «el hecho de que te represente en la tele una chica moderna es importante».

Mohamed, el futuro médico afincado en Cádiz, cree haber notado en sus estudios una discreta «discriminación positiva de los profesores españoles» para ayudarle. A lo largo de las entrevistas efectuadas para escribir el libro, más de un joven musulmán aplicado contó que había sido objeto de atenciones especiales por parte del profesorado, deseoso de apoyarle en sus estudios. Jawad, de El Vendrell (Tarragona), resultó perjudicado por ese favoritismo: «Aprendí rápidamente el catalán y el profesor ponía de ejemplo al alumno inmigrante ante el resto de la clase, muchos de ellos catalanes de pura cepa, que aún lo escribían con faltas de ortografía —recuerda—. Me acabaron odiando hasta tal punto que tenía ganas de deslizar en los trabajos alguna que otra falta para congraciarme con ellos».

El deportista Mohamed Marhoum es la excepción que confirma la regla, a ojos de Houssein el Majdoubi, un periodista de origen marroquí afincado desde hace años en Granada. «En la inmigración magrebí al norte de los Pirineos hay figuras destacadas, como el rifeño Ahmed Aboutaleb, el político mejor valorado de los Países Bajos [alcalde de Rotterdam desde 2009], y varios ministros en los sucesivos gobiernos de Francia, pero no así en España», señala Majdoubi. «No es casual», añade. Majdoubi rechaza que sea solo achacable a que la inmigración es en España más reciente que en esos países europeos que menciona y que aún no ha dado tiempo a que surjan personalidades. «Hay que decirlo alto y claro: España obstaculiza el surgimiento de una élite marroquí por temor a que en el futuro se convierta en una columna instrumentalizada por Rabat», sostiene. «Las autoridades marroquíes tampoco desean que aflore esa élite porque teme a su vez que sea influenciada, manipulada incluso, por Madrid» cuando se reactive algún contencioso bilateral. Carente de personajes de relieve que le den visibilidad, de figuras de primera fila que le sirvan de ejemplo, «la comunidad marroquí está desamparada», según el periodista. «Su situación es semejante a la de los moriscos en el siglo XVI y XVII —el de su expulsión de España—, que eran vistos con desconfianza a ambas orillas del Mediterráneo».

Bernat, que también ha acudido a la escuela Chopera, no necesita integrarse. Es español, catalán, tiene diecisiete años, es rubio, estudia en un instituto de Sant Boi de Llobregat y se ha convertido al islam hace menos de un año. «He venido aquí para profundizar mis conocimientos», contesta cuando se le pregunta qué hace en el campamento. El relato sucinto que hace de su conversión coincide con el que muchos psicólogos y pedagogos han escuchado en boca de otros jóvenes españoles. «Llevaba mala vida», repite una y otra vez Bernat, que ha pedido al autor que no publique su verdadero nombre de pila. ¿En qué consistía la mala vida? ¿Drogas, pequeños hurtos? El adolescente cabecea sin dar más explicaciones. Cuenta con medias palabras que sus padres están divorciados y que la relación entre ellos es pésima. En su barrio acudía a un gimnasio en el que coincidió con dos marroquíes. Mientras corrían en la cinta le empezaron a hablar del islam. «A los dos meses fui a la mezquita», recuerda. Los dos marroquíes practicaban un islam moderado que inculcaron a Bernat. «Me ayudaron a leer el Corán y a comprenderlo», recuerda. «Mi vida ha cambiado radicalmente; mis padres están aliviados de que me haya convertido», reconoce.

Jacob Orellana también tuvo su primer contacto con el islam en un gimnasio de artes marciales de Valls (Tarragona). Le inició en 2014 Jalal Badaoui, que regentaba una pequeña tienda en la ciudad y practica un islam rigorista, pero no violento. En su sed por apartarse de la vida licenciosa que llevaba, a Orellana le debió de parecer que su mentor se quedaba corto; siguió buscando y acabó ingresando en la Fraternidad Islámica para la Predicación de la Yihad, que capitaneaba otro converso, Antonio Sáez Martínez, que se hacía llamar Ali por sus correligionarios. Este expeluquero cuadragenario, residente en Terrassa (Barcelona), coqueteó un poco en su juventud con los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, una organización terrorista hoy en día desaparecida, escribiendo cartas a sus militantes encarcelados para darles ánimos, según fuentes policiales.

Más allá del deseo de redimirse, la obediencia al islam radical significa, a ojos de algunos conversos, repudiar la globalización a la que las ideologías izquierdistas no se oponen ya con contundencia. «Para nosotros los salafistas yihadistas, el pensamiento occidental es una forma de colonialismo mental», escribió Sáez Martínez en su diario publicado por La Vanguardia. La célula que guiaba fue desmantelada por los Mossos d’Esquadra en abril de 2015 en el marco de la Operación Caronte. Entre sus once miembros había cinco conversos, uno de ellos un inmigrante paraguayo de diecisiete años. Aquel descubrimiento fue una sorpresa para las policías española y catalana. Hacía tiempo que habían constatado, a través de sus confidentes, que las conversiones al islam estaban en auge entre los jóvenes. No se imaginaban, sin embargo, que algunos de ellos apostasen por el yihadismo ni que un español converso dirigiese una célula con tan alta proporción de nuevos musulmanes.

El abrazo al islam por parte de jóvenes españoles que no habían tenido ninguna relación con esta religión es muy diferente del proceso que condujo a varios centenares de españoles a convertirse en las postrimerías de la transición democrática española. Fue un fenómeno sobre todo andaluz, liderado por mentes inquietas procedentes a veces de una izquierda que no había colmado sus ansias de espiritualidad. Sostenían con frecuencia que durante la dictadura franquista y otras etapas de la historia de España se había sepultado el pasado islámico, que había que desenterrar. Algunos se consideraban herederos de los moriscos, que, pese a disimular su fe musulmana y hacerse pasar por cristianos, fueron expulsados de España a principios del siglo XVII. Así nació en los años setenta la rama española de los morabitún, cuya actividad gira alrededor de la Mezquita Mayor de Granada.

Mansour Escudero (Almánchar, 1947; Almodóvar del Río, 2010), psiquiatra de profesión formado en Francia y en Estados Unidos, entró en el islam a través de los morabitún, pero rompió con ellos en 1984 para fundar Junta Islámica y el Instituto Halal e instalarse en la provincia de Córdoba. Esta es hoy en día la comunidad integrada mayoritariamente por conversos más conocida y la que desempeña un mayor papel en la institucionalización del islam en España. La personalidad de Mansour contribuyó a su celebridad. Sus fotos rezando arrodillado a las puertas de la Mezquita-Catedral cordobesa para reivindicar que los musulmanes pudieran compartirla con los católicos tuvieron mucho eco, sobre todo en el mundo islámico. También llamó la atención la fatua que impulsó en 2005, al cumplirse un año del 11-M, condenando el terrorismo y colocando a Al Qaeda y a su líder, Osama bin Laden, fuera del islam. Por último, su vida privada dio mucho que hablar porque en un país en el que la poligamia está prohibida consiguió practicarla en su casa de Almodóvar del Río. Casado con Sabora Uribe, una vasca conversa, contrajo también un matrimonio islámico —sin ningún valor legal— con la estadounidense Kamila Toby. Partió su casa en dos y alternaba las estancias con cada una de sus dos mujeres, con las que tuvo, en total, diez hijos. Su esposa vasca, que dirigía Web Islam, un diario online en español, fue acuchillada hasta la muerte en 1998 por un vecino de dieciocho años que no tardó en suicidarse. Hasta el final de su vida Mansour vivió atormentado por ese extraño asesinato del que sospechaba que había sido inducido.

En sus inicios, Junta Islámica fue financiada por dos fundaciones libias vinculadas al dictador Moamar el Gadafi, según reconocen los que fueron colaboradores de Escudero. En los años en que el régimen de Gadafi estuvo sometido a un embargo internacional por sus actividades terroristas —las voladuras en 1989 de sendos aviones de pasajeros, uno francés de UTA y otro norteamericano de Pan Am—, Escudero le siguió siendo fiel. Esos ingresos llegados de Trípoli no tuvieron gran influencia sobre su doctrina. La organización mantiene «una línea ideológica clara: apertura, pluralismo, libertad de expresión y libertad de conciencia», asegura la investigadora Sol Tarrés en su artículo académico «Musulmanes en Andalucía». Prueba de ello es que hoy en día la preside una mujer, Isabel Romero Arias (Madrid, 1957), casada con un músico africano, que no profesa el islam, y que en su juventud fue secretaria de organización de las Juventudes del Partido Comunista en Madrid, un puesto del que dimitió en 1978.

Aunque domine el idioma y saque buenas notas, ser un adolescente musulmán piadoso en la España de principios del siglo XXI no es fácil. Nihal K., reconoce riéndose que le supone, por ejemplo, un «gran esfuerzo privarse de las fiestas» a las que van sus compañeras de clase. «Hay musulmanes que sí se suman y a mí eso me indigna, porque en esas juergas corre el alcohol y otras drogas». «Si no fuera una buena musulmana estaría perdida», añade, agarrándose a su fe para rechazar estas tentaciones. Su repudio de ese modelo de diversión juvenil a la española la ha llevado a «tener mucho trato con chicas católicas practicantes» del instituto, que comparten sus reservas.

El ocio en la calle y también en casa les separa de sus compañeros de instituto. Los padres sintonizan con frecuencia los numerosos canales de televisión árabes vía satélite. Estas cadenas «[…] refuerzan la identidad musulmana e introducen elementos informativos no compartidos con el resto de la sociedad española», señala José Antonio Peña Ramos, profesor de la universidad sevillana Pablo de Olavide, en un estudio sobre la integración de los inmigrantes musulmanes en cuatro provincias.

El grado de satisfacción de estos jóvenes con la vida que llevan en el país al que inmigraron sus padres guarda también relación con sus cautelas hacia Marruecos, sobre todo cuando se trata de chicas de origen marroquí que estudian en España. «En Marruecos me siento vigilada; la mujer carece de libertad», cuenta Oumayma Alouiz, que trabaja en una residencia católica de ancianos en Vilafranca del Penedès para poder sufragar sus estudios de graduado de formación profesional. «Aquí, en cambio, te respetan como persona y me siento más protegida», recalca.

En los cafetines de Ca n’Anglada, en Terrassa, de Can Puiggener, en Sabadell, los jóvenes musulmanes hablan más bien de desprotección social. En las noches de verano del Ramadán de 2015 los hombres, en general menores de treinta años, se quejan de que se les acaba el subsidio del paro, la ayuda familiar de 426 euros o de que la bolsa que les dieron en el banco de alimentos estaba menos cargada que la anterior. La gran mayoría están desempleados y los pocos que desempeñan un trabajo se lamentan de que es eventual y en negro. Entre sorbo y sorbo de té con hierbabuena alguno de los participantes en la interminable tertulia propaga un rumor o una información que suscita interés. «Parece que el hipermercado va a contratar a reponedores», cuenta Ahmed a sus compañeros de mesa.

Más llama la atención el relato de Ibrahim sobre sus primos, con nacionalidad española, que emigraron a Bélgica hace tres años y ahora, con sus primeros ahorros y una ayuda, han abierto una tienda de ultramarinos en Koekelberg, un barrio de Bruselas. «Para eso no hay que irse tan lejos», interrumpe Othman. Cuenta a continuación que parte de su familia ha emigrado a Tolosa (Guipúzcoa) «y les va bien, todos tienen curre, aunque un día que salieron sin papeles tuvieron un lío con la Ertzaintza (policía autónoma vasca)». Cuando se desató la crisis en España, una pequeña parte de la inmigración musulmana intentó sortearla instalándose en otros países de Europa, preferentemente allí donde tenían parientes, o mandando a la mujer y a los hijos a Marruecos, donde la vida es más barata, mientras el pater familias permanecía en España y, cuando se le agotaba el paro, hacía chapuzas para sobrevivir y enviar dinero a la familia.

La mención a la Ertzaintza da pie a los contertulios para evocar la última redada policial en el barrio. «Preferimos a los “nacionales” antes que a los mossos —comenta Omar—. Son más educados, dan menos gritos, nos tratan mejor». La Policía Nacional busca en sus controles a inmigrantes «sin papeles», mientras que la autonómica catalana persigue a pequeños delincuentes, camellos, revendedores de objetos robados, etcétera. «No establezcas diferencias porque apenas las hay», irrumpe Nabil en la tertulia dirigiéndose a Omar. «Los unos y los otros nos tratan como a una mierda», sentencia.

La conversación de estos jóvenes, originarios casi todos del noroeste de Marruecos, en los cafetines de la periferia de Barcelona, se desarrolla en dariya, el árabe dialectal marroquí, a veces salpicado de palabras en español, sobre todo cuando se habla de fútbol, del de España, porque el de Marruecos apenas les interesa. «Esa sí que es nuestra pasión», afirma Othman con una sonrisa en la boca. Bilal, un joven tetuaní residente en Terrassa, me acompaña y presenta a algunos de los clientes del cafetín Dar Dersaa. Susurra al oído antes de hacer las presentaciones: «Te vas a decepcionar porque aquí nadie habla de Dáesh en público, por mucho que yo les diga que eres de confianza». ¿Qué piensan de Dáesh? «Hay de todo», contesta Bilal encogiéndose. «Unos están en contra, otros a favor», añade.

Ni siquiera al cabo de horas de tertulia regadas con té con hierbabuena y café con leche en teterías y cafetines se logra que los jóvenes se explayen con sinceridad ante el forastero que les ha sido presentado. Hay cierto consenso, sin embargo, en que la imagen que dan los medios de comunicación españoles sobre Dáesh «está manipulada» o, por lo menos, «exagerada». «La prensa miente o se deja engañar por aquellos que quieren perjudicar a los musulmanes», afirma con contundencia Bachir. ¿Quién manipula? Las respuestas son variadas, pero apuntan todas en la misma dirección: Estados Unidos, la CIA, Israel, el Mossad, la banca en manos de los judíos, y alguno evoca incluso al majzén [entorno del rey] de Marruecos. Entonces, si hay manipulación, ¿será que Estado Islámico no comete las barbaridades que se le achacan? ¿No es, por tanto, un grupo terrorista? Ahí los contertulios enmudecen en su mayoría. Solo Othman deja caer que «desde luego no son hombres buenos».

Tengan o no simpatías por el Dáesh, «el grueso de estos chavales sigue convencido de que, por ejemplo, los grandes atentados», como el de las Torres Gemelas de Nueva York o los de las estaciones de trenes en Madrid, «son obra de oscuros poderes que buscan dañar al islam», deplora un policía español que durante largos años se dedicó a la lucha antiterrorista. «Afirman con aplomo que ninguno de los judíos que trabajaba en las oficinas de las Torres resultó ni siquiera herido», añade. «Buscan en internet teorías conspirativas que avalen esa visión y no hay manera de que se apeen», se lamenta.

«Pensamientos negativos y ganas de llamar la atención escribiendo o difundiendo barbaridades no les faltan a estos jóvenes», comenta Alami Susi, que en Barcelona preside Itran, una asociación de amistad con el pueblo marroquí que hace obras benéficas. «Pero para la gran mayoría es solo una gran rabieta postadolescente, no van a ir más allá», pronostica. Aun así hay que vigilarles, reconoce.

Aunque a veces hablan de forma agresiva hacia los poderes públicos, aunque arremeten contra la prensa que «escribe al dictado» y los «periodistas mercenarios», los jóvenes musulmanes son siempre acogedores con el forastero que les visita y les escucha. Están en paro, sin un euro, pero no le dejan pagar el té, le acompañan hasta la parada del transporte público y prometen que la próxima vez le invitarán a su casa. A lo largo de los años que han pasado en España pueden haber perdido parte de sus raíces, pero nunca el sentido de la hospitalidad, sin parangón con el resto del mundo.

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ISLAMOFOBIA DE BAJA INTENSIDAD

Los vagones pulverizados en cuatro estaciones de trenes madrileñas, los cuerpos destrozados de los pasajeros, los heridos desangrándose en el andén hasta el que se habían arrastrado tras liberarse a duras penas del amasijo de chatarra en el que sus compañeros de asiento seguían sepultados… Eso fue el 11 de marzo de 2004 (11-M), el mayor atentado perpetrado en Europa continental, en el que perecieron 192 personas y 1.858 quedaron heridas, muchas de ellas con graves secuelas para el resto de su vida. Su autoría es islamista, como demuestra el libro definitivo sobre esa matanza, ¡Matadlos! (Galaxia Gutenberg, 2014) del investigador Fernando Reinares. La iniciativa la tomaron en 2003 los líderes de Al Qaeda en Waziristán del Norte (Pakistán), pero fue un intermediario marroquí, Amer Azizi, quien reclutó al grueso de los ejecutores en el barrio madrileño de Lavapiés.

El 11-M apenas suscitó en España reacciones xenófobas contra la población musulmana, ni siquiera contra aquellos que tenían la misma nacionalidad —la marroquí— que los autores materiales de la tragedia. Hubo algunos insultos en el transporte público a pasajeros que hablaban en árabe, algunas llamadas telefónicas repletas de amenazas a la embajada y los consulados de Marruecos, pero nada más. Abdessalam Baraka, entonces embajador de Marruecos en España, temía algo mucho peor. Por eso al día siguiente de la masacre, el jueves 12 de marzo de 2004, llamó a sus cónsules en España para pedirles que contactaran con las comunidades islámicas y los imanes para que ese mismo viernes se rezase en las mezquitas por las víctimas. Dos días después, cuando la policía detuvo a los tres primeros marroquíes, Baraka instó a las asociaciones de inmigrantes musulmanes a tomar todo tipo de precauciones. Mustafá, dueño de un restaurante en Granada, narraba entonces al diario francés Le Monde que disimulaba su origen «hablando español en la calle en lugar de árabe».

Baraka solicitó además al Ministerio del Interior protección policial para los edificios diplomáticos de Marruecos en España. Los agentes permanecieron, sin embargo, de brazos cruzados en el interior de las furgonetas aparcadas ante las sedes diplomáticas. No hubo agresión ni venganza alguna. Nueve meses después el mismo rey Mohamed VI de Marruecos ensalzaba al pueblo español. «Alabo la sabiduría con la que reaccionó la sociedad española», declaró al diario El País en la que fue la primera y última entrevista que concedió a la prensa española. «Ha sido muy comedida en un momento tan brutal y doloroso», añadió sentado en el porche de su residencia real en Ouarzazate. «Que los turistas españoles sigan siendo tan numerosos en Marruecos pone de relieve su gran sensatez», concluyó. Pese al 11-M, el turismo español aumentó en Marruecos.

Siete meses después de la masacre de Madrid, el 2 de noviembre de 2004, el cineasta holandés Theo van Gogh fue asesinado en plena calle, en Ámsterdam, por un marroquí, Mohamed Bouyeri. En los días posteriores se sucedieron los ataques e intentos de prender fuego a las mezquitas de Breda, Huizen, Utrecht y Rotterdam, mientras que otro templo musulmán de esta ciudad apareció plagado de panfletos insultado al islam. Pequeños grupos de manifestantes de extrema derecha se echaron también a la calle en Ámsterdam y Rotterdam para arremeter contra los musulmanes. Pese a que solo hubo una víctima mortal, la reacción fue mucho más contundente que en España tras el 11-M. Y eso que los Países Bajos tienen fama de tolerantes.

Más tolerantes que nuestros vecinos

Pregunté por la tolerancia española a algunos de los más de 8.500 seguidores de mi grupo en la red social Facebook, en su mayoría marroquíes y muchos de ellos residentes en España. A juzgar por su profesión, sus estudios o su manejo del español escrito, quienes contestaron se sitúan en la franja más ilustrada de la inmigración marroquí. Sus respuestas carecen de valor científico, pero no de interés. Más de una década después del 11-M, los entrevistados siguen elogiando espontáneamente «la reacción irreprochable de la gran mayoría de los ciudadanos españoles». «A pesar del dolor, [esta] ha sido ejemplar y los actos islamófobos, muy aislados», recalca, por ejemplo, desde Aguadulce (Almería) Younes el Kouarti (Ouazzane, 1975), un pequeño empresario marroquí afincado en España desde 2001. Sumaya Sbai, abogada nacida en Madrid de padres tangerinos, asegura, sin embargo, que en 2001, «después de los atentados del 11-S», comenzó a «detectar una cierta aversión de la gente hacia los musulmanes». Tras el 11-M en Madrid «los comentarios subieron de tono; se tornaron despectivos y a veces hasta crueles». Aun así sostiene que «los españoles son muchísimo más tolerantes y acogedores que otros pueblos de Europa».

Aunque parezca paradójico, en España se produjeron más reacciones de animadversión hacia los musulmanes después de las dos series de atentados que ensangrentaron París, en enero y en noviembre de 2015, que tras el 11-M. El que se llevó la palma de las embestidas verbales contra los musulmanes fue, el 11 de enero de 2015 —cuatro días después de que buena parte de la redacción del semanario Charlie Hebdo cayese acribillada por los terroristas— el sacerdote Julio Romero Fernández, párroco de San Andrés de Mazarrón, en el barrio de Morata en Lorca (92.000 habitantes, Murcia). Ese día había sido convocada en París la gran manifestación de repulsa de la matanza y, al referirse a ella en su homilía, al clérigo le cambió la cara. «Se tornó en gesto adusto y admonitorio», escribió el periodista Floren Dimas en Vega Media Press, un diario digital murciano. «¡Los musulmanes son unos fanáticos!», exclamó. «La causa de los atentados fue la falta de respeto de los periodistas a las cosas sagradas del islam, lo mismo que han hecho con las de los católicos, lo que sucede es que nosotros no vamos por ahí pegando tiros […]».

La tragedia del semanario, que provocó 11 muertos, ocho de ellos caricaturistas y periodistas, dio pie al párroco lorquino para arremeter no ya contra los terroristas, sino contra todos los musulmanes. «Algún día se casarán con las españolas y se las llevarán a sus países para tenerlas como esclavas y pegarles», vaticinó ante sus feligreses. Su verdadero temor no es que estos inmigrantes se marchen de España, sino más bien que se queden y acaben rebasando en número a los católicos. «Cuando vemos en nuestras iglesias a unos pocos niños haciendo la primera comunión, salimos a la calle y vemos a los otros niños [hijos de inmigrantes musulmanes], que son más del doble, pensamos que llegará el día en que nos echen de nuestro país como ya estuvo a punto de pasar cuando la Reconquista», concluyó el clérigo. Envié varios mensajes a este sacerdote para hacerle algunas preguntas sobre aquel sermón, pero no contestó.

El párroco de San Andrés de Mazarrón expresó así, si bien de manera más burda, el mismo pavor que monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, dejó traslucir a su vez meses después. En el Forum Europa, celebrado en octubre de 2015, el cardenal describió a los refugiados sirios como «el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y, en concreto, la española». «¿Cómo quedará Europa dentro de unos años con la que viene ahora?», se preguntó. «No se puede jugar con la historia ni con la identidad de los pueblos», sentenció.

En los días posteriores a la matanza de Charlie Hebdo, también algunos órganos de las fuerzas de seguridad se precipitaron alocadamente a adoptar medidas para mejorar la seguridad. En enero de 2015, un comisario adscrito a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental redactó una circular con recomendaciones para identificar a «personas de origen árabe» que raya la paranoia: «[…] si llevan altas sumas de dinero consigo puede tratarse de correos humanos», advierte el documento policial. Una «alta suma» es «más de 1.000 euros», precisa. Continúa instando a prestar «atención a las personas de origen árabe que estén realizando grabaciones de vídeos en lugares no turísticos, en especial en infraestructuras críticas: estaciones de autobuses, trenes, metro etcétera». «Las células terroristas suelen grabar sus acciones para colgarlas en internet», advierte. «Se debe proceder a su identificación». Es decir, que si un árabe toma tales imágenes es que hay un riesgo elevado de que se produzca una explosión que su autor subirá después a la Red. La circular invita, por último, a proceder con «especial atención con los individuos de nacionalidad argelina: son más conflictivos que los marroquíes y se deben extremar las medidas de seguridad en sus identificaciones». La mayoría relativa de los turistas musulmanes que visitan España son argelinos (220.000) y solo en segundo lugar figuran los marroquíes. El decano de los embajadores árabes en Madrid, el argelino Mohamed Hanèche, montó en cólera al conocer el texto y fue secundado por otros diplomáticos. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ordenó la retirada de la circular. «No era ajustada a Derecho y contradecía los criterios que sustentan la actuación policial operativa», zanjó. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, obligó además al comisario de Sevilla a llamar por teléfono al embajador Hanèche para pedirle disculpas.

El embajador Hanèche se enteró por la prensa de la existencia de la polémica circular, que los medios de comunicación no solo habían desvelado sino también criticado con dureza. Aun así, los musulmanes les reprochan con frecuencia crear un caldo de cultivo propenso a la islamofobia. El «goteo» de informaciones «negativas» sobre el islam puede afectar «desde edades tempranas» a las personas y acabar conformando «improntas culturales de morofobia y de islamofobia», advertía en un informe, en junio de 2015, la Unión de Comunidades Islámicas de España que preside el imán Riay Tatary. El discurso más encendido contra la prensa fue quizá el que pronunció en un seminario en Manresa (Barcelona), en abril de 2015, Abdenbi Zeroual (Larache, 1964). Este publicista denunció nada menos que el «estilo de desprecio y de odio» con el que los medios tratan a los musulmanes. En su opinión, estos se empeñan además en «crear una realidad que no existe sacando artículos de la sharía [ley islámica] de su contexto global para justificar sus objetivos». Zeroual se refería a que la prensa se hace eco de los pretextos religiosos que invocan los terroristas de Estado Islámico o de Al Qaeda para justificar sus aberraciones.

Una vez superado el repunte xenófobo de enero de 2015, el imán Tatary, la figura más conocida del islam en España, consideraba «que se había logrado parar el avance de la islamofobia». «Hay que estar vigilantes, pero afortunadamente se mantiene a un nivel bajo», reconocía. Diez meses después de Charlie Hebdo le tocó el turno al Stade de France, en la periferia de París, a la sala de espectáculos Bataclan y a varios restaurantes del este de la capital, con un balance provisional de 130 muertos. Tampoco la reacción de la sociedad española fue entonces excesivamente preocupante. En los días posteriores a los atentados hubo un rosario de incidentes casi todos menores. «Islam fuera de Europa», «ahora nos toca a nosotros» y «aquí rezan asesinos», fueron algunas de las pintadas que aparecieron en las paredes de varios oratorios. Ante las puertas de la mezquita Al Quds de Llodio (Álava) se colocaron además unas bolsas repletas de basura y en las del templo de Ariznabarra, un barrio de Vitoria, se clavó un mensaje amenazante salpicado de faltas de ortografía. El suceso más grave consistió en un intento de prender fuego a la mezquita de Don Benito (Badajoz). Un coche-patrulla de la Policía Nacional apagó las llamas con su extintor antes de que llegasen los bomberos. A la mañana siguiente el alcalde, José Luis Quintana, se desplazó hasta el templo para expresar su solidaridad a la comunidad musulmana. «Pese a tener menos experiencia en convivir en diversidad, los españoles han demostrado ser mucho más tolerantes que sus vecinos» del norte de Europa, insistía, días después de la matanza, el imán Abdelaziz Hammaoui, presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia.

La pequeña encuesta que efectué a través de Facebook, a mediados de 2015, lo confirma. Son pocos los musulmanes que se quejan. Uno de ellos es Karim el Ayyadi, que trabaja en banca en Málaga. «Una docente me llamó moro de mierda a mis espaldas», recuerda. «Algunos compañeros de trabajo me dicen que somos muchos» los musulmanes en España, añade. «Ni yo ni mi familia nunca hemos padecido un acto racista durante los cinco años que viví en Las Palmas y tres en Madrid», asegura, en cambio, Karim Kninah, que fue corresponsal de la agencia de prensa oficial marroquí (MAP). Alta, muy blanca de piel y de ojos verdes cristalinos, Mayda Daoud Abdelkader (Ceuta, 1991), vicepresidenta socialista de la asamblea de su ciudad, recuerda riéndose cómo una mujer la abordó a la salida del metro en Madrid y le dijo: «¡Qué guapa eres! Lástima que lleves pañuelo».

A Younes el Kouarti, el empresario marroquí de Aguadulce, le dijeron en Rabat, cuando anunció que se iba a instalar en España, que el país elegido era «intolerante y xenófobo». «No he notado racismo, solo una cierta preferencia por dar con discreción los contratos a españoles», señala. El Kouarti es un hombre piadoso, afín a un movimiento islamista, que se esfuerza por cumplir los horarios de los rezos. «Me veo obligado a orar en los puertos, en las estaciones de los autobuses ante la mirada inquieta de algunos españoles», comenta, pero no ha notado animadversión. «Me habría gustado que hubiera lugares con más intimidad donde poder rezar sin llamar la atención ni ofender a nadie», comenta.

Si después del atentado de enero contra Charlie Hebdo la reacción verbal más vehemente la profirió el párroco de San Andrés de Mazarrón, tras la matanza de noviembre en París, quien se llevó la palma de las invectivas contra los musulmanes fue un pequeño partido ultramontano. El líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal (Bilbao, 1976), arremetió primero contra esa «inmensa mayoría de la clase política española que colabora o contemporiza con la expansión del islam en nuestro suelo». Es un error, prosiguió, «continuar aceptando de manera indiscriminada a la inmigración musulmana», porque no se integra y «parte de los jóvenes musulmanes europeos se convierten en yihadistas». Abascal eligió un lugar emblemático para iniciar su campaña de cara a las legislativas de diciembre de 2015: Covadonga. Fue, en teoría, en esa parroquia asturiana donde en 722 empezó la Reconquista de España, entonces gobernada por los musulmanes. Un tweet de Abascal explicó la elección de esa localidad: «Si en Covadonga hubiéramos tenido pancarteros del NO A LA GUERRA estaríamos todos mirando a La Meca y todas con burka».

La islamofobia se puede medir a través de sondeos y mediante la recopilación de sucesos reveladores de ese comportamiento. El Pew Research Center, un prestigioso centro de investigación con sede en Washington, ha publicado encuestas comparativas de la percepción que los ciudadanos de varios países europeos tienen de los musulmanes. En el verano de 2015, nada menos que el 61 por ciento de los españoles se declaraba «muy preocupado» por el extremismo islamista, un porcentaje solo superado por Francia (67 por ciento), el país europeo más golpeado por el terrorismo en esta década. Un año antes, en abril de 2014, en otro sondeo de Pew, un 46 por ciento de los españoles se mostraban «no favorable» a los musulmanes, bastante menos que los italianos (63 por ciento), pero muchos más que alemanes (33 por ciento) y franceses (27 por ciento).

Cuando se pasa del dicho, al hecho la animosidad de los españoles cae en picado. Presidida por la valenciana Amparo Sánchez Rosell, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia enumera en su informe anual de 2014 49 casos de odio al islam en España, un 9 por ciento más que el año anterior, pero, en definitiva, muy pocos. Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, prevé que el aumento en 2015 será del 70 por ciento. En 2014 no llegaron a uno a la semana. En Bélgica, cuya población es cuatro veces inferior a la española, se documentaron ese año tres por semana. La matanza de Charlie Hebdo también catalizó en Francia los episodios de esa índole, según el Colectivo contra la Islamofobia. Ascendieron a 489 en el primer semestre de 2015, más de 18 a la semana. «Cuando en Francia digo que me dedico profesionalmente a los musulmanes, me miran mal», comenta Dolors Bramon, una de las mejores islamólogas de España. «Aquí, en cambio, nadie tuerce el gesto».

El repaso a esos 49 casos que denuncia la Plataforma pone de relieve problemas conocidos, desde el empeño de algunos ayuntamientos –en este caso el de Palafrugell (Girona)— de trasladar las mezquitas a los polígonos industriales para esconderlas, hasta instigaciones al odio proferidas a través de Facebook por un joven de Roquetes (Tarragona), que fue detenido luego por los Mossos d’Esquadra. El informe recoge también hechos más graves, como el ataque perpetrado con un cóctel molotov contra una mezquita del polígono de Entrevies (Tarragona), y el apuñalamiento en plena calle, en Lleida, de una mujer magrebí y de un paquistaní por un joven de extrema derecha.

En la recopilación de la Plataforma figuran, por último, artículos de opinión. A Santiago Abascal, el líder del partido derechista Vox, le acusan de «propagar discursos de odio con total impunidad» en una tribuna titulada «Caballo de Troya», publicada en Libertad Digital. El artículo es ante todo un alegato en defensa de los cristianos de Oriente Próximo perseguidos por los terroristas de Estado Islámico, en el que invita de paso a poner coto a algunos derechos conquistados por los musulmanes en Europa. Como ya sucedió en Francia con algunas reacciones después del atentado contra Charlie Hebdo, esta tribuna indignó a unas cuantas asociaciones musulmanas a las que les cuesta aceptar la libertad de expresión que impera en el Viejo Continente.

Otros episodios no figuran en la compilación de la Plataforma, pero son también reveladores de la desconfianza que inspiran los musulmanes. «Hay niños en los colegios que han llegado a preguntar a sus compañeros musulmanes si van a poner bombas como los terroristas de los que hablan en televisión», comentó preocupado Tijani Mimoum el Bouji, imán de Adeje (47.000 habitantes, Tenerife).

Censurar el terrorismo

Los musulmanes denuncian la incipiente islamofobia que sufren, pero no por ello han puesto mucho de su parte para combatir este fenómeno, al menos hasta hace bien poco. Hubo que esperar a los atentados de París, el 13 de noviembre de 2015, para que no se conformaran con reaccionar con meros comunicados plúmbeos de condena. El imán Tatary tardó cuatro días, hasta el martes 17 de noviembre, en acudir a la residencia del embajador de Francia en Madrid para firmar el libro de condolencias. Otros se le adelantaron echándose, por primera vez, a la calle para expresar su repulsa por la matanza perpetrada en nombre del islam. Fue una novedad. Los musulmanes no habían tomado ninguna iniciativa por su cuenta, que trascendiera a las declaraciones de condena, tras el 11-M en Madrid ni tampoco después del ametrallamiento de la redacción del semanario Charlie Hebdo en París.

«En su interés y en el nuestro deberían ir algo más allá», repetía Jordi Moreras, profesor de Antropología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y autor de varios estudios sobre las comunidades musulmanas en Cataluña. Los paquistaníes del Centro Islámico Camino de la Paz, que encabeza Mohamed Iqbal Chaudhry, fueron los primeros en movilizarse. Con carteles en los que se podía leer: «Todos somos París. No al terrorismo», con velas y crespones negros, varias decenas de varones paquistaníes se concentraron en la Rambla del Raval de Barcelona el sábado 14 de noviembre. Horas después, una entidad más representativa, la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIdCat), que preside Mohamed el Ghaidouni, lideraba un llamamiento de asociaciones musulmanas a manifestarse, el 16 noviembre, en la plaza de Sant Jaume ante el ayuntamiento. La participación fue algo decepcionante. El diario El País informó de que unas 80 comunidades musulmanas habían convocado el acto, pero a la plaza solo acudieron unas 70 personas, es decir, ni siquiera tocaban a una por agrupación. La escasa afluencia se explica no porque los musulmanes se resistan a condenar la barbarie, sino porque siguen estando muy desorganizados incluso allí donde son numerosos. En Azuqueca de Henares (Guadalajara), el imán de la mezquita local, Salahdin el Moussaoui, se presentó en la concentración convocada por el ayuntamiento y leyó un versículo del Corán en español: «Quien mata a un hombre, es como si matara a todos los hombres; quien salva una vida, es como si salvara a la humanidad entera».

En esos días de noviembre se sucedieron los gestos hasta entonces inéditos en diversos lugares de la geografía española. En Valencia, por ejemplo, los representantes musulmanes acudieron al Consulado de Francia con un ramo de flores y un texto de condena. En Almería, donde solo representa a los franceses una cónsul honorífica, Nicole Picat, el imán de la mezquita del centro histórico, el palestino Abdelá Mhanna, se presentó con dos acompañantes en su domicilio particular para entregarle «un mensaje de rechazo a la violencia».

También por primera vez personalidades musulmanas lanzaron mensajes elaborados a través de las redes sociales. Nayat Mohamed, la diputada ceutí de Caballas, una formación local, distribuyó una foto suya junto con un cartel que rezaba: «Mi nombre es Nayat. Condeno los atentados de París. 1.500 millones de musulmanes también. Por favor, recuérdalo». El escritor cántabro Javier Cortines describió una escena emotiva en el centro de Cartagena, la ciudad donde reside: «Me encontré […] a tres chicas musulmanas que estaban de pie cerca del Gran Hotel portando unos carteles de cartón que decían: “No somos terroristas, venid y dadnos un abrazo”».

El templo del conservadurismo islámico en España, la mezquita de la M-30, la más grande y vistosa del país, construida y financiada por Arabia Saudí, rompió moldes el viernes 20 de noviembre. Su dirección tomó una decisión inédita: permitir a la prensa asistir, junto con 1.500 fieles, a Al-Joumouah, la oración del día sagrado, y a la jutba (sermón) del imán saudí Hussan Khoja. «Son grupos injustos y corruptos», proclamó el clérigo en árabe refiriéndose a los yihadistas. «Derraman la sangre, tergiversan los textos del Corán», añadió antes de prodigar algunas recomendaciones. «Debéis respetar el país en el que vivís, respetar sus leyes y sus gentes para dar una buena imagen del islam […]». «Estos países os abrieron mezquitas y os dieron libertad religiosa y de pensamiento», recordó a los creyentes. En un alarde de sinceridad, el imán acabó reconociendo: «Son bondades que no existen en algunos países musulmanes». Arabia Saudí es uno de ellos. Un millón de filipinos, en su gran mayoría católicos, residen en el reino y no pueden acudir a misa porque no hay ni una sola iglesia.

El gesto de la M-30 estuvo bien, pero estaría aún mejor que su dirección tomase iniciativas similares a la de sus correligionarios de otros países europeos que no se conforman con abrir las puertas a la prensa. Tras la expulsión de cientos de miles de cristianos del norte de Irak, en el verano de 2014, el Consejo Francés del Culto Musulmán invitó, por ejemplo, a varias asociaciones de ayuda a los cristianos de Oriente Próximo a acudir un viernes a la Gran Mezquita de París. Allí, representantes de ambas confesiones leyeron juntos un texto en el que expresaban «su solidaridad a los hermanos de Oriente así como a todas las demás minorías de la región víctimas de una campaña de aniquilamiento» perpetrada por Estado Islámico.

No a todos los musulmanes les gusta que sus correligionarios salgan a la calle para rechazar el terrorismo. Para algunos es innecesario. Lo comprobé después de publicar una crónica en el diario El Español sobre la reacción de las comunidades islámicas en España ante la tragedia de París. Recibí a través de las redes sociales varios mensajes sorprendentes, la mayoría de amigos virtuales de fuera de España. Afirmaban que los musulmanes no debían tomar iniciativas específicas para expresar su condena. Sus autores esgrimían varios argumentos. Aunque invoquen al Estado Islámico, los terroristas son ajenos al islam y, por tanto, sus salvajadas no conciernen a los musulmanes, me escribieron. Hasta Mounir Benjelloun, el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, dejó caer esa misma idea en una entrevista, en diciembre de 2015, con La Verdad de Murcia. «Hay quien dice que los que cometieron el atentado de Charlie Hebdo o los últimos de París ni siquiera son musulmanes», declaró. «Se está utilizando el islam por parte de todos para justificar lo injustificable», se quejó.

Otros tuiteros —entre ellos un investigador de una fundación española— recordaban que en la Iglesia católica había surgido un buen número de sacerdotes pederastas y no por eso los cristianos se manifestaban para aclarar que su religión no fomenta esa perversión sexual. Mi respuesta fue que los cristianos no corren el riesgo de ser víctimas de «cristianofobia» en Europa, mientras que los musulmanes sí están expuestos a la islamofobia. Aprovechar todos los cauces posibles para censurar el terrorismo y desvincularse de él es una manera de luchar contra el odio a lo musulmán.

La polémica del velo

Dos meses después de los atentados de noviembre de 2015 en París, se produjo el mayor revolcón a los prejuicios y a las amalgamas sobre el islam en España. El sábado 9 de enero de 2016, la concejala musulmana Fátima Taleb de Guanyem Badalona, el movimiento asociado a Podemos en esa ciudad del cinturón de Barcelona, tomó una iniciativa de más alcance que una mera condena del terrorismo. Ese día fue la primera musulmana en casar a una pareja gay y, engalanada con su hiyab, se hizo una foto sonriendo entre los dos contrayentes. La noticia se convirtió al día siguiente en trending topic de Twitter en Cataluña.

En el informe sobre 2014 de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia se enumeran a su vez incidentes de rechazo al niqab saudí —la túnica negra femenina que solo deja los ojos al descubierto— e incluso al hiyab, el pañuelo que oculta el cabello y casi siempre el cuello de las mujeres. Aquellas musulmanas con más educación académica se quejan a menudo de que el debate sobre sus derechos en Occidente se focaliza excesivamente en su indumentaria, sobre todo en el velo, mientras que cuestiones más relevantes, como su acceso a la educación, se omiten. Cubrirse es un precepto recogido en un versículo del Corán (sura 33, versículo 59) que reza: «Di a tus esposas, a tus hijas y a todas las mujeres creyentes que se cubran con su indumentaria para que se las distinga mejor y no sean por ende molestadas». El imán Riay Tatary insiste en que lucir esta prenda «es un derecho personal de la mujer musulmana, que lo ejerce voluntariamente», similar al de las monjas que llevan toga o a las medallas religiosas que muchos católicos se cuelgan del cuello. «Una chica puede ir a la universidad con rastas, tatuada de arriba abajo, con piercings y estar tres meses sin ducharse y se respeta su “libertad de elección”, mientras que si yo decido ir con un hiyab se me oprime y no se respeta mi libertad de elección», se quejaba Ikram Talhaoui, residente en Manlleu (Barcelona), en una carta publicada por El Periódico de Catalunya. No siempre el pañuelo islámico es elegido libremente. Una adolescente de catorce años llegó, en marzo de 2015, al hospital de Martorell (Barcelona) acompañada por una profesora de su instituto. La muchacha tenía heridas de arma blanca y mordiscos en los brazos, detallaba el parte médico. Contó al personal sanitario que había sido agredida por su madre por negarse a cubrirse el cabello y porque había adquirido un móvil a escondidas. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a la madre y la menor acabó bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat.

En vísperas de las legislativas de 2008, el Partido Popular sopesó restringir el uso del pañuelo islámico en los centros de enseñanza porque «supone discriminación o sumisión de la mujer», según explicó Juan Costa, que entonces coordinaba el programa electoral. El PP se planteaba hacerlo modificando la Ley de Igualdad para dejar en manos de los centros educativos la decisión sobre la admisión de alumnas con velo. «Como principio nuestra posición es que no se debe aceptar», declaró Costa. La reforma legislativa contemplaba una excepción: Ceuta y Melilla, donde la mitad de la población es musulmana. Allí, argumentaba el coordinador, era «perfectamente razonable» que las mujeres se cubrieran porque había que preservar la riqueza cultural, las prácticas y los valores locales. Es decir que, según el PP, no rigen los mismos valores en toda España. Dos años después, en junio de 2010, el Grupo Popular rebajó sus objetivos. Logró aprobar en el Senado una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno socialista a vetar en los espacios públicos el velo integral, es decir, el burka afgano, que ni siquiera permite ver los ojos cubiertos con una rejilla, o el niqab saudí, que solo deja al descubierto esa parte del cuerpo. Al mes siguiente el Congreso de los Diputados, entonces con mayoría relativa del PSOE, rechazó la propuesta.

A día de hoy ninguna disposición legal impide en España a las mujeres tapar su cabello con el hiyab, aunque algunos centros educativos públicos o concertados tratan de poner cortapisas a esta prenda. El caso más célebre fue el de Najwa Malha, que en 2010, cuando tenía dieciséis años, empezó a ponerse el velo. El Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (84.000 habitantes, Madrid) alegó que su reglamento interno no permitía cubrirse la cabeza ni siquiera con una gorra, y desterró a la alumna a una sala de visitas. Sus padres acabaron cambiándola de instituto pero, con la ayuda del letrado Iván Jiménez-Aybar, recurrieron a la justicia invocando la libertad religiosa de su hija, un derecho fundamental amparado por la Constitución. Tres años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó sus argumentos. El reglamento de régimen interior del centro «resulta de aplicación», subraya en su sentencia. El respeto a las normas garantiza «la formación de los jóvenes escolares».

Algunos erradicadores del velo se han topado, a veces, con unos alumnos adultos cuya airada reacción les ha obligado a rectificar. Unos 60 estudiantes de primero de Magisterio de la Universidad de Zaragoza abandonaron, en septiembre de 2015, la clase de un profesor que había expulsado a Soraya, una joven con velo. El decanato obligó al docente a readmitirla, pero este siguió mostrándose reacio. Cogió aparte a la alumna y le explicó que como funcionario público no tenía más remedio que acatar un reglamento con el que discrepaba. Al final no le pidió que saliera, pero sí le dijo que no era bienvenida en su clase. Sus 60 compañeros formularon entonces una queja colectiva por escrito pidiendo al decanato que el profesor fuese sancionado. Aunque la de Zaragoza fue la protesta más masiva, no era la primera vez que el alumnado tenía en España un gesto solidario con una compañera musulmana. Un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas arrojaba en 2008 que un 61 por ciento de españoles se oponía a la exclusión de alumnas por llevar velo.

Lo que no se aprobó para el conjunto de España, ni siquiera para Cataluña —el Parlament de Cataluña también rechazó en 2010 vetar el niqab y el burka—, sí estaba en vigor en 17 ayuntamientos catalanes a finales de 2015. Lleida y Reus —entre otras localidades— han promulgado ordenanzas que prohíben acceder a edificios e instalaciones municipales con prendas que impidan la identificación de la persona. Primero argumentaron que se trataba así de defender los derechos de la mujer, pero después alegaron motivos de seguridad. Al burka y al niqab añadieron el pasamontañas, la máscara y el casco integral. La prohibición lleva aparejada multas para quienes la incumplan de entre 30 y 750 euros, según los ayuntamientos. El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, fue más allá durante la campaña electoral de mayo de 2015. Propuso prohibir ambas prendas en toda la vía pública. Los casos de mujeres que llevan velo integral son escasos en Cataluña y más aún en dependencias municipales. De ahí que esas ordenanzas sean probablemente innecesarias. Promulgarlas equivale a matar pulgas a cañonazos.

En Melilla, donde más de la mitad de la población es musulmana, el problema ya no es tan anecdótico. Se ve allí a más mujeres con niqab o burka que en la vecina ciudad marroquí de Nador, de acuerdo con El Faro de Melilla. Y también había mayor tolerancia hacia esa prenda rigorista hasta que, tras los atentados de París en noviembre de 2015, el colegio Enrique Soler dictó nuevas normas. El centro colocó un cartel en la puerta en el que se podía leer: «No podrán entrar en el centro […] personas cuyo atuendo (velo integral, pasamontañas, casco integral) impida o dificulte la identificación y/o comunicación visual con las mismas». Prohibía así que madres totalmente tapadas entrasen a recoger a sus hijos. Coalición por Melilla, el partido musulmán de la ciudad, y la Comisión Islámica de Melilla, que reagrupa a la mayoría de las asociaciones musulmanas locales, salieron en tromba contra la dirección del colegio que ponía en cuestión la libertad religiosa. Driss Mohamed Amar, el presidente de la Comisión, acabó, sin embargo, rectificando. Osó pedir públicamente a las musulmanas que renunciasen a acudir a lugares públicos totalmente tapadas. Esgrimió argumentos religiosos y de seguridad. «El Profeta dice que la mujer debe de ir cubierta decentemente, pero puede mostrar cara y manos», explicó. «Cualquiera tiene el derecho constitucional a su utilización, pero hay limitaciones por imperativo de seguridad», añadió. Además «no hay que suscitar recelo ni desconfianza» entre la población.

Después de la matanza de París, los abolicionistas de ambas prendas rigoristas han vuelto a la carga en toda Europa. El cantón suizo del Tesino fue el primero, a finales de noviembre, en sumarse a la prohibición del velo integral en toda la vía pública y no solo en edificios municipales, como en España. Es de prever que otros lugares de Europa sigan su ejemplo.

¡Stop a la invasión musulmana!

Entre los protagonistas de las denuncias por islamofobia hay un par de formaciones políticas. La más conocida es Plataforma per Catalunya (PxC), hoy en día muy debilitada, pero que a principios de esta década fue el único partido de extrema derecha que logró cierto peso en los ayuntamientos, con 67 concejales en Cataluña. En Valencia nació también España 2000, que en las elecciones municipales de 2015 logró un puñado de ediles en las ciudades del Corredor del Henares (Madrid). Aunque nunca ha congregado a más de 400 personas, este partido ha sido el convocante de las manifestaciones más beligerantes hacia los musulmanes celebradas en España. En Onda (25.000 habitantes, Castellón) sus militantes gritaron, en 2011, no solo «¡stop invasión islamista!» y «¡onda cristiana; nunca musulmana!», sino incluso «¡que se vayan!».

Ambas formaciones ultras comparten la afición por organizar algunos fines de semana repartos de comida no perecedera y de juguetes solo para españoles necesitados. España 2000 ha creado una ONG (Hogar Social Patriota María Luisa Navarro) para llevar a cabo esta tarea. «El solicitante rellena una ficha y aporta documentos que justifiquen su necesidad», explica el empresario José Luis Roberto Navarro (Valencia, 1953), presidente de Europa 2000. «Uno de ellos es el DNI, en el que figuran el nombre, los apellidos y el lugar de nacimiento», prosigue. «Si no son oriundos de España, les informamos de que nuestra ONG es privada y solo ayudamos a españoles». «Les damos entonces la dirección de la Cruz Roja o del Banco de Alimentos», por si quieren ir allí.

Esa discriminación les ha valido todo tipo de trabas por parte de los ayuntamientos valencianos, que les han prohibido la distribución de las bolsas en la vía pública, a pesar de que los días del reparto de esta ayuda las colas de solicitantes se alargan por la calle ante la puerta del Hogar Social Patriota. También les han llovido denuncias de instituciones y particulares. «Todas ellas han quedado archivadas», afirma satisfecho el presidente de Europa 2000. «La Fiscalía ha emitido un informe en el que señala que, tratándose de un centro privado con financiación propia, no se podía formular ninguna imputación penal», subraya.

El reparto de comida para «la buena gente de casa que está pasando penurias» organizado por PxC el 7 de junio de 2014 en Igualada (39.000 habitantes, Barcelona) se acabó volviendo en su contra. Robert Hernando, secretario general del partido y entonces concejal de Igualada, entregaba alimentos en un puesto callejero bajo una pancarta en la que se podía leer «primer els de casa» (primero los de casa). La Fundació Atlas de Igualada, que trabaja con los inmigrantes, decidió aguarle la fiesta. Animó a marroquíes, ecuatorianos y demás trabajadores extranjeros del municipio a comprar conservas en cuyos botes colocaron una pegatina amarilla con dos frases: «Jo també sóc d’Igualada. Canvia el xip!» (yo también soy de Igualada. ¡Cambia el chip!). Algo cohibidas, pero esbozando una leve sonrisa, decenas de mujeres con hiyab depositaron apresuradamente sus latas en el tenderete de PxC. Robert Hernando se desconcertó, pero no tardó en reaccionar provocando a las musulmanas. Cogió una bandeja con jamón cortado y se lo ofreció, al tiempo que les daba las gracias por su aportación. Tras hacer su ofrenda, los inmigrantes se concentraron frente al puesto exhibiendo carteles en los que recordaban, en varios idiomas, que ellos también pertenecían a esa ciudad.

Más agresivo que PxC y Europa 2000 ha resultado ser un partido aún más pequeño que estos dos: Democracia Nacional (DN). En su web exhibe un cartel en el que se ve a marroquíes en la Marcha Verde, que en 1975 permitió a Rabat adueñarse del Sáhara Occidental, y una estación de trenes europea abarrotada de hombres refugiados. Las fotos van acompañadas del siguiente texto: «Con la Marcha Verde perdimos el Sáhara. Con la Marcha de los refugiados perdemos toda Europa. Lo sentimos mucho pero NO [son] BIENVENIDOS». La solución para no «perderla» del todo es que regresen a sus países de origen, escribió Manuel Canduela (Valencia, 1969), líder de DN, en noviembre de 2015: «Debemos comenzar una política de deportaciones antes de que sea demasiado tarde». Ni el Frente Nacional francés, ni el Vlaams Belang belga han osado nunca propugnar algo parecido.

Aunque las iniciativas de PxC, Europa 2000 u otros que denuncian también la «invasión musulmana» —como Democracia Nacional o el Partido de la Libertad— incomoden, su peso político es irrelevante comparadas con las formaciones de extrema derecha europeas. El Frente Nacional francés cosechó, por ejemplo, el 25 por ciento de los sufragios en las elecciones europeas de 2014, y el Partido Popular Danés el 21 por ciento en las legislativas de junio de 2015. Sus discursos, poco elaborados, son también menos agresivos que los de muchos de sus correligionarios europeos como Amanecer Dorado (Grecia), Vlaams Belang (Bélgica) o Partido por la Libertad (Países Bajos). El líder de esta formación, Geert Wilders, proclamó nada menos que su intención de prohibir el Corán. En un mitin en La Haya, en marzo de 2014, preguntó a sus partidarios si querían que hubiese «más o menos marroquíes» en la ciudad. «¡Menos! ¡Menos!», contestó a gritos la muchedumbre. «Nos vamos a encargar de ello», prometió entonces Wilders.

Pegida, el movimiento antimusulmán nacido en Alemania, quiso estrenarse en España coincidiendo con el aniversario del 11-M. Con banderas de la Cruz de Sant Jordi y de Cataluña y detrás de una pancarta en la que se podía leer «Atocha, 200 muertos. Ni olvido, ni perdón», congregó a 70 personas el 11 de marzo de 2015 en la rambla de la Marina de Badalona (Barcelona). Decenas de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra les protegieron de unos contramanifestantes cuatro veces más numerosos a los que Unitat contre el Feixisme y el Racisme (Unidad contra el Fascismo y el Racismo), un grupo surgido para hacer frente a PxC, había citado en el mismo lugar y a la misma hora. El estreno fue un estrepitoso fracaso.

PxC, España 2000 y el Partido por la Libertad no se resignan a ser insignificantes. El 6 de febrero de 2016, los jefes de las tres formaciones firmaron la llamada Declaración de Tarragona que sienta las bases de una futura Federación Identitaria Española cuyo modelo es el Frente Nacional francés de Marie Le Pen.

Hubo un tiempo en que a la extrema derecha franquista le gustaban los musulmanes, sobre todo cuando eran pocos y servían de carne de cañón, durante la Guerra Civil, a las órdenes del general Francisco Franco. El comandante interventor Tomás García Figueras, un gran africanista del Ejército español, fue el encargado de recibir en Ceuta, el 2 de abril de 1937, a una comisión encabezada por el gran visir Muley Hassan Ben el Mehdi que regresaba de una peregrinación a La Meca. El profesor Antonio Guerra transcribió, en el diario El Faro de Melilla, la entusiasta bienvenida que el comandante interventor brindó al viajero musulmán. «España y el islam han sido siempre los pueblos que mejor se han comprendido […]. En estos momentos nuevos del mundo, cuando surge un peligro» aquellos que tienen fe «se unen para combatir a los que no la tienen […]. La obra destructora de la Rusia soviética va contra las mezquitas, va contra todo lo que tiene valor espiritual, que es lo fundamental del islam […]. Alteza, visir imperial, el amor fraterno de los españoles lleva los sentimientos mejores del jefe del Estado y de los hombres españoles hacia el pueblo musulmán».

Al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, tan católico como el comandante interventor, no se le ha oído nunca pronunciar palabras tan fraternales hacia los musulmanes. Su ministerio ha creado, sin embargo, un registro pionero de delitos de odio que permite medir la xenofobia y los ataques contra prácticas religiosas. España se coloca así entre los cinco países de Europa que más información recopilan sobre estos atropellos que padecen las minorías religiosas, étnicas o sexuales. En 2014 los casos recopilados en España se elevaron a 1.285 —dieron lugar a 512 detenciones— de los que el 66 por ciento han sido esclarecidos, según anunció Fernández Díaz.

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, no suele deshacerse en elogios hacia los poderes públicos. En una ocasión, en mayo de 2015, hizo, no obstante, una excepción para alabar al presidente Mariano Rajoy y a algunos de sus ministros. Bajo su mandato «se ha producido un avance espectacular», resaltó. No solo se «ha inaugurado el primer registro de delitos de odio; se han aprobado protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad para perseguir a los violentos y proteger a las víctimas; se han creado 52 fiscalías especializadas; se ha constituido el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación y, por último, se ha introducido en el Código Penal el delito de incitación al odio». Ahora solo falta una Ley Integral de Delitos de Odio que blinde estos avances y reagrupe los artículos dispersos del Código Penal que sancionan estos abusos.

La odisea de conseguir la nacionalidad

Más allá de los repartos discriminatorios de alimentos, de la expulsión de clase de alumnas con hiyab, el pequeño empresario Younes el Kouarti resume desde Almería una opinión generalizada cuando afirma: «La mayor morofobia en España es la barrera de los diez años de residencia para poder obtener la nacionalidad española». A los latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos les basta solo con un par de años para conseguirla porque sus países de origen fueron colonia española. También la región marroquí del Rif y las zonas de Ifni y Cabo Juby lo fueron. Pero no se les aplica el mismo criterio.

Haber residido una década en España ni siquiera es siempre suficiente para conseguir el DNI. Bahhane Kaddouri (1970) contó su desdicha, en agosto de 2015, en una carta abierta publicada en La Opinión de Murcia. El Tribunal Supremo le acababa de denegar la nacionalidad, que empezó a tramitar en 2009, y Kaddouri dio rienda suelta a su indignación. «Desde que vivo en España [1998] jamás he cometido delito o falta alguna, por leve que sea, trabajo y cotizo a la Seguridad Social, he aprendido el idioma, respeto la Constitución y las leyes vigentes, mantengo excelentes relaciones con mis vecinos, musulmanes y no musulmanes, mis hijos son educados en centros educativos públicos, les educo en valores de la convivencia y el respeto al prójimo», escribió. «¿Qué más hace falta para estar integrado?», se preguntaba encolerizado.

La respuesta es que el CNI y la Comisaría General de Información elaboren un informe favorable sobre el solicitante, lo que no sucedió en el caso de Kaddouri. Este inmigrante es miembro de la Comunidad Islámica Ashrouk en Los Dolores (Cartagena) y de la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación, considerada como la rama española del movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad. El informe que el CNI remitió al tribunal —que el abogado de Kaddouri no fue autorizado a consultar— señalaba que el solicitante pertenecía a esa organización islamista, «cuyo objetivo fundamental es la instauración en Marruecos de un régimen islámico». «La expansión de su mensaje entre el colectivo musulmán en España supone un riesgo de radicalización de esta comunidad y dificulta la integración de los musulmanes», añadía. La sentencia del Supremo recalcaba que al denegarle la nacionalidad «no se cuestiona el derecho a la libertad ideológica o de expresión y asociación, pero sí la integración del solicitante en la sociedad, que es indispensable […]».

Esta y otras sentencias denegatorias plantean un doble problema. El primero es que Kaddouri y otros muchos inmigrantes son miembros de asociaciones legales y, a veces, incluso subvencionadas por los poderes públicos. No es razonable reprochar a nadie que sea miembro de una organización legal. El segundo es más de fondo. El CNI y la Comisaría General de Información hacen de Justicia y Espiritualidad una descripción alejada de la realidad. Se trata de un movimiento islamista antimonárquico y pacífico en Marruecos, con un fuerte componente místico y pésimas relaciones con los salafistas, que ha actuado más bien como dique contra la violencia que se justifica por la vía de la religión. Si Marruecos es hoy en día el país de África del Norte menos azotado por el terrorismo es por tres razones: la legitimidad de su monarquía, comparada con las repúblicas de la región; la eficacia de sus fuerzas de seguridad, aunque a veces estas utilicen métodos polémicos; y la atracción que suscita Justicia y Espiritualidad entre jóvenes rebeldes que no caen así en la yihad. Los informes negativos del servicio secreto español o de la policía sobre simpatizantes de Justicia y Espiritualidad responden más bien al deseo de hacer un favor a Marruecos, con cuyos cuerpos policiales colaboran estrechamente, que a motivos de seguridad.

Los sucesivos gobiernos españoles han sido proclives a hacer la vida imposible a los islamistas moderados afincados o de viaje por España atendiendo a los deseos de los regímenes que les persiguen. Rachid Ghanouchi, líder de Ennahda (Renacimiento), el partido islamista tunecino afín a los Hermanos Musulmanes, fue expulsado a Londres por la política española en 1995 «con mucha educación», según sus propias palabras, cuando iba de camino a un congreso teológico en Córdoba. Quince años después resultó ser el hombre clave de la transición democrática tunecina.

Unos pocos años antes, a finales de los ochenta, un pequeño grupo de sus seguidores se había exiliado en Valencia con, a la cabeza, Hamadi Jebali, que más tarde fue primer ministro de Túnez (2011-2013). No tardó en marcharse y se quedó entonces al frente de aquella tropa Ridha el Barouni, un exmilitar que en 1994 obtuvo el estatuto de refugiado en España. Una década después, el CNI maniobró para que se le retirase porque de sopetón descubrió que suponía «un riesgo para la seguridad nacional» a causa de sus supuestos lazos con el terrorismo. La movilización de un puñado de opositores tunecinos, muchos de ellos laicos, y de intelectuales europeos, plasmada en una carta remitida al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, evitó in extremis su expulsión. Se quedó, sin embargo, en un limbo jurídico. «Carecía de documentación tunecina; no podía, por tanto, regularizar mi situación en España como inmigrante y no podía ya trabajar legalmente», comentó El Barouni al autor en Túnez en 2014. Está convencido de que el CNI actuó contra él instigado por los servicios secretos del dictador Ben Ali, derrocado en enero de 2011, que se aprovecharon del nerviosismo post 11-M para tratar de deshacerse de sus enemigos en España.

No con todos los servicios secretos árabes tiene el CNI los mismos miramientos que con el marroquí. M. A. H., un comerciante sirio afincado en España desde 1982 y casado con una española, también vio denegada en 2010 su nacionalidad a causa de un informe negativo de los espías españoles. En él se resalta, según la sentencia de la Audiencia Nacional, «la vinculación del interesado con los servicios secretos sirios, a los que apoya, en el control de la colonia, gracias a sus negocios […]». Estos informes son muy sucintos. El magistrado ponente, José Félix Méndez Canseco, presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, lo señala en la sentencia. «Por su carácter de reservados, conforme a la ley de secretos oficiales, no explicitan los medios y la forma en que han llegado al conocimiento» de las actividades de M. A. H. «contrarias al interés nacional».

Recurrir a los tribunales para obtener la nacionalidad que el Ministerio de Justicia ha objetado es una lotería. El Supremo no siempre actúa de la misma manera. En 2014 decidió no tomar en consideración el informe del CNI instando a desestimar la solicitud de otro marroquí, Harrab Khalib, del que el servicio secreto español aseguraba que era miembro del Tablig (Congregación para la Propagación del Islam), un movimiento pacífico apolítico, pero que preconiza la reislamización de la sociedad y, en el fondo, se resiste a la integración. El CNI, consideró en este caso el tribunal en su sentencia, «no aporta dato alguno sobre las actividades y los hechos» que pueda motivar la denegación. Los subordinados del general Sanz Roldán suelen alegar que proporcionar más detalles equivaldría a desvelar sus fuentes.

Al margen de las sospechas sobre la ideología islamista del solicitante hay otra razón frecuente por la que los tribunales deniegan la nacionalidad a los musulmanes: los candidatos son polígamos. En algunos casos es muy fácil averiguarlo. O. A., un marroquí residente en Leganés (Madrid) desde 1989, aportó a su solicitud un certificado de matrimonio, celebrado en Marruecos en enero de 2002, en el que se indica que el estado civil previo del contrayente era «casado». Es decir, que cuando se celebró esa boda, este hombre ya estaba casado con una primera mujer, con la que se había desposado en 1973. Ante la Justicia los polígamos suelen argüir que en realidad están divorciados, pero no siempre son capaces de demostrarlo. En Senegal, los hombres deben indicar en el registro civil del ayuntamiento, cuando se casan por primera vez, si van a ser monógamos o polígamos, y esta decisión es irrevocable hasta su muerte. Mamadou, peón en una granja ganadera en Girona, optó en su país por la poligamia y tuvo hijos con dos mujeres, por lo que el juez consideró que «no satisface el requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española […]» para obtener la nacionalidad. «Es exigible, a efectos de acreditar estar acomodado a las costumbres y relaciones familiares españolas, plena claridad en lo relativo al vínculo matrimonial […]», recalca el magistrado. Otros, como el saudí A. A., se casaron dos veces sin que figure en ningún documento el anterior matrimonio, que sigue vigente. Su primera boda tuvo lugar en su país en 1998 y la segunda en Valencia en 2001. Podía haber ocultado su bigamia, sin embargo, su torpeza le delató. Acudió al registro civil de Castellón, su lugar de residencia, a inscribir a su hijo Yousef con el contrato de matrimonio —en el islam el matrimonio no es un sacramento, sino un contrato— de su segunda esposa, pero cuando tuvo que registrar a otros dos de sus vástagos, Arij y Afnan, hijos de su otra mujer, no tuvo más remedio que presentarse con el contrato de matrimonio de la madre de estos dos niños, su primera esposa. Quedó claro que era bígamo. Tampoco consiguió ser español.

Las sentencias judiciales no disuaden a los bígamos. La poligamia se sigue practicando en España, sobre todo entre los subsaharianos musulmanes —especialmente los gambianos—, pero es excepcional entre los árabes. Mahamadou Sissoko, presidente de la asociación Solidaridad de Inmigrantes Gambianos, narraba en febrero de 2016 a El Heraldo de Aragón que conocía en Zaragoza a compatriotas suyos que poseían dos y tres esposas aunque solo estaban casados legalmente con una. Los otros eran matrimonios islámicos no inscritos en ningún registro. El resultado era, proseguía, que había hijos repartidos por distintas casas, con sus madres biológicas, y un padre que se turnaba entre varios hogares.

La obtención de la nacionalidad es en España irreversible, a diferencia de otros países europeos como Francia. A principios del otoño de 2015, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, empezó a privar por decreto de la nacionalidad francesa a condenados por terrorismo que habían cumplido su pena y a los que quería expulsar a su país de origen. Ahmed Sahnouni el Yaacoubi, marroquí, fue el primero. Al hacerse francés había conservado su nacionalidad de origen y por eso pudo ser deportado a Marruecos. El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad», es decir, que el Gobierno francés no puede generar apátridas. Solo los binacionales pueden ser objeto de esa medida sancionadora.

En España no sería posible aplicar tal sanción. «No hay ninguna ley, penal o de otro carácter, que prevea la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de la comisión de algún delito, ni siquiera en los casos más graves de terrorismo», recalca Enrique Peñaranda, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. El Código Penal ha sido retocado en múltiples ocasiones, la última en el verano de 2015, pero esta medida no fue introducida. En vísperas de esa modificación, el Ministerio del Interior sugirió que se adoptase esa sanción, pero Justicia se opuso.

Tras el episodio del islote de Perejil, en julio de 2002, cuando España y Rabat no anduvieron muy lejos de declararse la guerra, las autoridades españolas anunciaron su intención de acabar con la doble nacionalidad, española y marroquí, que en Ceuta y Melilla ostenta parte de la población musulmana. «Hay que empezar a poner orden con calma, pero de forma implacable», sobre todo con narcotraficantes, integristas o promarroquíes, aseguró, en julio de 2003, el delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro. Ambos países vecinos carecen de convenio de doble nacionalidad y, en teoría, los marroquíes que adquieren la española deben renunciar a la suya de origen, algo que no suelen hacer. Aunque lo hicieran tampoco tendría efectos prácticos, porque Marruecos no permite dicha renuncia a menos que quiera deshacerse de un opositor. El rey Hassan II convirtió en 1991 al intelectual judío marroquí Abraham Serfaty en brasileño —un país en el que nunca había estado— para justificar su expulsión de Marruecos.

La nacionalidad española, o cualquier otra de un país de la Unión Europea, es una obsesión para los inmigrantes magrebíes residentes en el Viejo Continente. Tras recibir el premio BBVA Sant Joan de literatura catalana, la escritora Najat el Hachmi (Beni Sidel, 1979) explicaba ese empeño a la prensa: «Mi vida cambió el día en que me concedieron la nacionalidad española». «Hasta entonces no podía viajar con tranquilidad, presentarme a oposiciones». «Es una realidad que no conoces si no la vives, pero te sientes al margen de la sociedad». Un pasaporte europeo lo cambia todo porque permite viajar a medio mundo sin visado, y su titular resulta menos sospechoso a la hora de cruzar fronteras.

Etc noticias, una página web española supuestamente informativa, causó sensación entre la comunidad marroquí en España en el otoño de 2013. Anunció en su portada que los musulmanes residentes en España obtendrían la nacionalidad si se convertían al cristianismo. Junto a una foto del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, el artículo precisaba que para demostrar su conversión deberían rezar en voz alta un avemaría y un padrenuestro, además de abonar una tasa de 60 euros de los que el Estado español se quedaría con cinco mientras que el resto se entregaría a la Iglesia. Sin dudar un momento de su veracidad, sin hacer la menor comprobación, la prensa de Casablanca reprodujo la falsa noticia. «España concederá su nacionalidad a los marroquíes que renuncien al islam por el cristianismo», tituló en portada el rotativo Al Massae, el de mayor difusión. El diario digital Le 360 abrió su web con el siguiente titular: «Marroquíes en España: el pasaporte o la fe». Dos años después, muchos de estos medios de comunicación aún no habían rectificado su garrafal metedura de pata, con la que demostraron lo poco que conocen a su vecino del norte.

Esas ansias por conseguir el pasaporte color burdeos que expide el Ministerio del Interior ha llevado al CNI a intentar sacarles partido para reclutar confidentes. Javid (nombre supuesto) había llegado a Madrid con su familia a finales de los noventa procedente de un país de Oriente Próximo devastado por la guerra. Hablaba idiomas, tenía una formación universitaria y no tardó en encontrar trabajo en la embajada de un importante miembro de la Liga Árabe. Hacía un poco de todo; desde poner al día la base de datos hasta cursar las invitaciones para las fiestas que daba el embajador, pasando por una pequeña revista de prensa a la que a veces añadía sus comentarios para explicar a los diplomáticos la orientación de tal periódico o de tal periodista. Transcurridos sus diez años de estancia en España, Javid solicitó la nacionalidad para él, su mujer y sus dos hijos, que se habían criado en Madrid.

Al cabo de unas semanas recibió una llamada de una mujer que dijo pertenecer al Ministerio de Defensa. «Es a propósito de su solicitud, me gustaría mantener una entrevista con usted», le dijo al teléfono. La cita no transcurrió en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Madrid ni, por supuesto, en Defensa. Tuvo lugar en una cafetería de la cadena Café & Té. La mujer le preguntó por su vida, su labor en la embajada, sus aficiones y los motivos por los que quería ser español. Dejó caer que le podían echar una mano para obtenerla. Javid se pensó que la cosa quedaba ahí, pero a los pocos días le volvieron a llamar para quedar de nuevo. Esta vez fueron dos las mujeres que se presentaron en el Café & Té, la de la vez anterior y una nueva, algo más mayor, que aparentaba ser la jefa. Fue ella la que llevó la voz cantante. Se sabía su vida al dedillo, incluida una etapa de la que él no había hablado, en la que recorrió como joven periodista buena parte de África Occidental. «Usted vio cosas en esos países y las puso por escrito, las analizó con perspicacia», le comentó. «Ahora también en su trabajo redacta notas internas sobre España y su actualidad», añadió. Y, finalmente, le formuló la propuesta: «Nos interesaría que también hiciera de vez en cuando para nosotros algo parecido a lo que ya hizo en su día en África».

Para convencer a Javid, la mujer intentó primero tocarle una cuerda sensible. «Este va a ser su país y sobre todo el de sus hijos», recalcó. «Si apuesta por él, ¿por qué no hacer algo por él?», añadió. Después esgrimió argumentos más prosaicos. Le prometió que, a cambio de su colaboración, impulsarían la concesión de la nacionalidad española para toda su familia y que recibiría un sobresueldo mensual. «Usted no gana mucho», le dijo tras precisarle a cuánto ascendía su salario. «Ese complemento que le ofrecemos le vendrá bien», le comentó. Javid contestó a la propuesta con un arrebato de humor del cual aún se sorprende: «En África Occidental yo escribía para un diario que salía todos los días; ¿ustedes también tienen un periódico?». Ambas mujeres le sonrieron con educación. Ya en tono más serio, Javid les respondió que su trayectoria profesional podía hacer sospechar que alguna vez había tenido tratos con servicios de inteligencia, pero que no era el caso. «Nunca los tuve ni con los de mi país ni con ningún otro», añadió. «Y no va a ser ahora cuando empiece», les dijo declinando la oferta. La familia de Javid es española desde hace ya unos cuantos años, pero él no. Aunque no logró su colaboración, el CNI no le vetó, pero tras la reunión del Vips Javid optó por retirar la solicitud. «No fue por patriotismo. Tuve más bien un arrebato de orgullo; algo así como decirles que yo no estaba en venta», recuerda sentado frente al autor en otro Café & Té.

El bulo propagado por Etc noticias provocó sonrisas entre los responsables musulmanes en España, pero el anuncio de la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes mediante un procedimiento fácil y rápido suscitó reacciones menos alborozadas. «Hoy es un día histórico», declaró el 11 de junio de 2015 en el Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La cámara baja iba a aprobar el proyecto de ley que facilita la obtención de la nacionalidad a los descendientes de aquellos cientos de miles de judíos que fueron expulsados de España en 1492. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también tomó la palabra para alabar a los sefardíes por haber mantenido «las tradiciones españolas y la lengua, el ladino». La gran mayoría de ellos no habla ya ese español medieval en el que se expresaban sus antepasados cuando se vieron forzados a exiliarse.

Para conseguir el preciado pasaporte deberán abonar una tasa al Ministerio de Justicia, probar mediante certificado de una institución judía su linaje sefardí —los apellidos bastarán—, someterse a una prueba lingüística en el Instituto Cervantes más cercano de su lugar de residencia y jurar o prometer fidelidad al rey de España y obediencia a la Constitución ante el encargado del registro civil del consulado. No necesitan viajar a España. Todos esos trámites deberían costarles como mucho unos 3.000 euros. ¿Cuántos los efectuarán para convertirse en españoles? Los descendientes de los judíos expulsados son ahora unos tres millones, según cálculos muy aproximados, muchos de ellos con nacionalidad norteamericana y otros israelíes. Entre estos últimos habrá algunos aspirantes a la nacionalidad, para disponer así de un documento de viaje más cómodo que el israelí, pero el grueso de los candidatos está en Turquía, Venezuela y Marruecos.

Al día siguiente de la entrada en vigor de la ley, el 1 de octubre, el Consejo de Ministros español ya otorgó la nacionalidad a 4.302 judíos que habían iniciado los trámites hace tiempo con otro procedimiento menos ágil. Nunca se habían concedido en España tantas nacionalidades, la mayoría a judíos turcos, de una tacada. La previsión inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores era que hasta 150.000 judíos podrían estar interesados en solicitar ser españoles, pero la información que le llegaba de sus consulados en el otoño de 2015 le hizo revisar este pronóstico muy a la baja. Ahora la horquilla oscila entre los 20.000 y los 35.000.

«España abre sus brazos a los judíos, pero no a los musulmanes». Este titular del diario Liberté de Argel resume la reacción que tuvieron algunos periódicos e intelectuales árabes, cuando se anunció el proyecto de ley en 2014. Sin embargo, no fueron muchos los que levantaron la voz. Se publicó algún que otro artículo de opinión en prensa crítico con el Gobierno de Rajoy, pero no se convocó ni una sola concentración ante las embajadas españolas. En España, Mounir Benjelloun, entonces uno de los dos secretarios generales de la Comisión Islámica de España, escribió a Rajoy quejándose por «la grave discriminación» que supone «no equiparar en derechos simbólicos y legales a los descendientes de los moriscos con los sefardíes». Más tarde el imán Riay Tatary también denunció «el agravio comparativo».

Algo más de un siglo después de los judíos, fueron expulsados de España unos 300.000 musulmanes sospechosos de haberse convertido al cristianismo solo en apariencia y de seguir practicando a escondidas el islam. La mayoría de ellos se instalaron a principios del siglo XVII en el norte de África. A sus descendientes se les llama en Marruecos andalusíes y constituyen incluso una especie de pequeña nobleza: para ellos es un orgullo recalcar sus orígenes. Algunos han conservado sus apellidos españoles, sea tal cual (como Torres, Denia y Sordo), o bien ligeramente arabizados como Bargach (Vargas), Loubaris (Olivares), Karrachou (Carrasco) y Mulín (Molino). Bajo cuerda, Exteriores y Justicia argumentan que han perdido cualquier vínculo cultural o lingüístico con España y por eso no se les equipara a los sefardíes. Esto no es cierto en muchos casos. No pocos andalusíes mantienen lazos afectivos con la patria de sus antepasados y algunos incluso se jactan de haber conservado las llaves de la que fue su vivienda. La concesión de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados es a la vez un acto de desagravio y la reparación de una injusticia. ¿No tienen derecho los moriscos a algún tipo de resarcimiento?

Peor suerte que marroquíes, paquistaníes o senegaleses corrían en España los saharauis a la hora de tramitar la obtención de la nacionalidad, pese a que el Sáhara Occidental fue la última colonia española. A principios de 2014, cuando aún era ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón les sumió en un enredo descomunal. La dirección general de Registros y Notariado dejó entonces de admitir los documentos expedidos por República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la entidad creada por el Frente Polisario, que España no reconoce. En la práctica significó que no podían ni siquiera solicitar la nacionalidad de la antigua metrópoli colonial al cabo de los diez años requeridos de residencia. Aunque parezca sorprendente, Asuntos Exteriores e Interior sí seguían dando por válidos los documentos de la RASD a la hora de tramitar, por ejemplo, permisos de residencia. Y Justicia sí aceptaba los documentos de Kosovo, un Estado al que España tampoco reconoce.

La medida afectó a unos 400 saharauis, la mayoría residentes en el País Vasco, según Sidi Talebbuia, que preside la Asociación Profesional de Abogados Saharauis de España. «Son jóvenes que llegaron aquí con el programa Vacaciones en Paz y que, generalmente por motivos de salud, se quedaron con las familias que les acogían, en teoría, solo para un verano», prosigue. «Llevaban más de diez años viviendo en España, nadie dudaba de que estuvieran integrados, pero no podían optar a la nacionalidad», se lamenta. Si la querían obtener a toda costa solo les quedaba un camino tortuoso. Consistía en hacerse primero apátridas, solicitándolo en la Jefatura Superior de Policía o en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. «Cuando dispusieran, al cabo de un par de años, de su documentación de apátridas, podrían solicitar la nacionalidad y esperar otros dos años hasta conseguirla», explica al letrado. En total catorce años de residencia hasta obtener la nacionalidad. El cambio de doctrina que se produjo con Ruiz-Gallardón afectaba también a otros actos civiles. Se daba la paradoja de que el Consulado de España en Argel legalizaba los matrimonios, las partidas de nacimiento o los certificados de penales de la RASD, pero Justicia rechazaba hacerlo en Madrid. «Algunas parejas optaban por volver a casarse en España», comenta Sidi Talebbuia. El abogado pide que, como los demás ciudadanos de antiguas colonias españolas, los saharauis solo necesiten dos años de estancia legal para poder iniciar los trámites de obtención de la nacionalidad.

Tres meses después de su nombramiento como ministro, en diciembre de 2013, Catalá reconoció públicamente que los saharauis se encontraban en un «laberinto imposible» en el que les metió su predecesor. Se comprometió a encontrar «un cauce» para sacarles del embrollo jurídico-administrativo. Lo hizo dos años después, cuando ya era ministro en funciones. La dirección general de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia volvió a admitir, en febrero de 2016, para tramitar la nacionalidad de los saharauis, los documentos expedidos por la RASD.

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MINARETES Y ESTELADAS

A Noureddine Ziani (Oujda, 1968) se le escapó primero una lágrima y después rompió a llorar. Estaba rodeado del director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, de los que en teoría eran sus jefes en la fundación Nous Catalans, de otros empleados de esa institución y de los dos imanes marroquíes con los que trabajaba más estrechamente. El ambiente era de asombro y consternación el 6 de mayo de 2013 en la sede de esta fundación creada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para atraer a la inmigración al independentismo.

Tres días antes, la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional había convocado a Ziani. Acudió a la cita convencido, recuerda su abogada, Fátima Zohra, de que le darían «alguna información sobre la tramitación de la nacionalidad española» que había solicitado hacía meses, pero en la sede policial de la rambla Guipúzcoa le entregaron una orden de expulsión. «Se han debido de equivocar de persona», contestó al agente que se la presentó. A él, que llevaba catorce años residiendo en Vilanova del Camí (Barcelona); a él, que era probablemente el musulmán más influyente de Cataluña, no le podía pasar eso. Además, según contó más tarde, la policía le vejó mientras estuvo en sus dependencias.

La orden había sido cursada a instancias del general Félix Sanz Roldán, director del (CNI). Era la primera vez que trascendía que el jefe de los espías españoles había reclamado una expulsión. La denuncia que formuló contra Ziani narra al detalle sus casi tres lustros de estancia en Cataluña. Le acusaba de ser «un colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000», de estar al frente de una tupida «red de colaboradores y confidentes», y de haber «favorecido los intereses de esa nación extranjera». Puso así «en riesgo la seguridad del Estado» español. La potencia extranjera a la que aludía Sanz Roldán era Marruecos y el «servicio de inteligencia» la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el espionaje exterior marroquí, que dirige Yassine Mansouri, compañero de colegio del rey Mohamed VI.

Ziani era, pues, un agente de la DGED, pero mantenía a la vez estrechas relaciones con «los principales líderes salafistas», la ideología «que actualiza la beligerancia de los primeros tiempos del islam», según la definición de Luz Gómez García, autora del diccionario Islam e islamismo (Espasa, 2009). A estos intolerantes les financiaba sus proyectos, como la construcción o los arreglos de sus lugares de culto, gracias a «las inyecciones económicas» que recibía de sus jefes en Rabat. Así fomentaba «la expansión de las tesis radicales en nuestro país», según reza la denuncia de Sanz Roldán.

A priori salafistas y autoridades marroquíes no hacen buenas migas. Prueba de ello es que un puñado de salafistas relevantes fue condenado y encarcelado tras los atentados de Casablanca en mayo de 2003. Si Ziani les frecuentaba en Cataluña era para informar sobre ellos y, sobre todo, para atraerles a la órbita del islam inspirado por Rabat, según fuentes marroquíes en Barcelona. Trataba así de crear un frente común contra al auténtico enemigo de la monarquía alauí: el movimiento Justicia y Espiritualidad, que desde hace más de una década ha puesto pie en España, aunque en Cataluña tiene escasa presencia.

Los datos desgranados hasta ahora sobre Ziani le convierten en un espía de primera fila, pero Sanz Roldán le otorga aún más relevancia en su escrito de denuncia. Le describe nada menos que como «uno de los principales coordinadores de la estrategia de ese Estado» extranjero, «diseñada para disponer de una herramienta que le proporcione, cuando lo estime conveniente, una importante capacidad de influencia y de presión» sobre España. Ya tenían que estar disgustados el general que manda al CNI y hasta el Gobierno español para atreverse a expulsar a ese James Bond en versión marroquí. Arriesgaban las excelentes relaciones que mantienen con las autoridades de Marruecos en materia de lucha contra la inmigración irregular, antiterrorista y en otros ámbitos.

Si osaron dar ese paso fue probablemente por dos razones. Primero, el agente Ziani se había distanciado del Marruecos oficial y solo mantenía estrechos lazos con el Marruecos de las cloacas, el de los servicios secretos, que no pudieron protegerle. Segundo, no solo colaboraba con la DGED, sino que año y medio antes de su expulsión se había puesto al servicio del independentismo catalán. Àngel Colom (Rupit i Pruit, 1951), director de Nous Catalans, le nombró director del espacio catalano-marroquí de su institución con la encomienda de atraer a la inmigración musulmana al separatismo. La compenetración fue tan intensa que Ziani trasladó la sede de la asociación que había fundado, la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya (UCCIC), a la calle Pompeu Fabra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde está Nous Catalans. Una fundación de CDC hospedaba así a una agrupación islámica.

La historia de Ziani desde su desembarco en Barcelona, procedente de Bélgica, donde había estudiado la carrera en la Universidad Libre de Bruselas, se entrevera con la del islam en Cataluña, la llegada de la inmigración musulmana, los intentos de Rabat de tutelarla y el empeño tardío del nacionalismo convergente en seducirla.

Marroquíes, benvinguts a Catalunya

Si es en Cataluña donde más musulmanes hay en España —medio millón y aproximadamente el 7 por ciento de la población— no es por casualidad. A diferencia de Canadá, donde las competencias están repartidas entre el Gobierno federal y los Estados, en España la inmigración está casi exclusivamente en manos del Ejecutivo central. La Generalitat ha utilizado, sin embargo, con cierto éxito todos los resortes a su alcance para escoger a quienes se han asentado en sus dominios.

Su primera apuesta fue atraer a los polacos. Artur Mas, entonces conseller en cap de la Generalitat, inauguró en noviembre de 2002, en Varsovia, la primera oficina de la red de información y selección laboral en origen para difundir entre los polacos las oportunidades que ofrecía el mercado laboral catalán. Ya entonces, Mas dejó claras sus intenciones. Desde el Govern, dijo, «pretendemos intervenir en todo lo que afecta a la inmigración, en lo que tenemos competencias y en lo que legalmente no tenemos». El próximo estatuto catalán, anunció, «recuperará todas las competencias en inmigración para poder, por ejemplo, contratar en origen desde Cataluña».

El vivero de trabajadores polacos se agotó pronto. El país entró en la Unión Europea en 2004 y sus ciudadanos aspirantes a emigrar se fueron sobre todo a Alemania y al Reino Unido. La siguiente apuesta de la Generalitat fue Marruecos. Mas viajó a Casablanca en enero de 2003 para inaugurar una oficina similar a la de Varsovia. Con menos boato, sin la presencia del conseller en cap, la Generalitat estrenó una tercera oficina en Bogotá que apenas si tuvo actividad.

Mas fue recibido en Rabat por el entonces primer ministro, Driss Jettou. «Trataba de establecer una relación bilateral directa entre Cataluña y Marruecos en algunas áreas, especialmente en inmigración», recuerda Fernando Arias-Salgado, que entonces era embajador de España en Rabat y que asistió a la audiencia. «Desde la oficina de Casablanca se informaba a los marroquíes de las posibilidades de emigrar, se daban clases gratuitas de catalán y se les prometía un apoyo administrativo para instalarse en Cataluña e incluso para obtener la nacionalidad española», recuerda el diplomático.

Los sucesivos consellers de Trabajo de la Generalitat justificaron la elección de Marruecos para buscar la mano de obra que necesitaba Cataluña porque los empresarios catalanes habían invertido mucho al sur del Estrecho —la inversión catalana es escasa, pero la deslocalización de la producción sí es significativa— y estaban acostumbrados a trabajar con marroquíes. Desde el Gobierno central ponen en duda esta versión. «La Generalitat ha primado a aquellos inmigrantes de países donde no se habla español para favorecer su adhesión al proyecto soberanista frente a España», asegura, por ejemplo, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy. El mismo argumento ha sido repetido por el Partido Popular en Cataluña, sobre todo por el jefe de su grupo en el Parlament, Xavier García Albiol. Para probarlo esgrimen, además de las medidas del gobierno catalán para fomentar la llegada de marroquíes, los informes de la Generalitat contrarios a conceder la residencia por arraigo social a inmigrantes que desconocen el catalán. La dirección general de Inmigración exige, entre otras cosas, un mínimo conocimiento del castellano y del catalán para que sus informes sean favorables. Si no se cumplen estos requisitos, emite una opinión desfavorable que, de todas formas, no es vinculante, porque el Ministerio del Interior tiene la última palabra en lo concerniente a la residencia.

Al frente de la lujosa oficina de Casablanca Mas puso a Àngel Colom. «Las paredes de su espacioso despacho eran acristaladas y la vista urbana era impresionante», no muy lejos de los rascacielos Twin Towers de Casablanca, recuerda una periodista que asistió a la inauguración. Antiguo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Colom fundó en 1996 el Partit per la Independència, que echó el cierre tres años después tras un estrepitoso fracaso electoral. Esta formación independentista, que expedía a sus militantes el DNI de una inexistente república catalana, fue financiada por Fèlix Millet, presidente durante veinte años del Palau de la Música Catalana, el mismo que dimitió en 2009 después de reconocer que se había adueñado indebidamente de 3,3 millones de euros. Tras la disolución del partido independentista, Colom no se quedó políticamente huérfano mucho tiempo. Se acercó a Convergència, que le envió a Marruecos y, años después, en 2008, le nombró secretario de Inmigración del partido, un cargo que sigue desempeñando.

El tripartito (socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya), que desbancó a Convèrgencia i Unió en diciembre de 2003, destituyó rápidamente a Colom y cerró la oficina de Casablanca. La secretaria de Relaciones Internacionales del nuevo Govern, Margarida Obiols, hizo entonces una crítica feroz de su labor. «Colom había malinterpretado» su cometido, declaró al diario El País en marzo de 2004. «[…] lo que hacía era crear falsas expectativas de trabajo entre los que acudían» a la oficina. «Este programa ahora se cierra porque no se considera positivo el trabajo llevado a cabo por Colom», recalcó. Dos años después el tripartito retomó, sin embargo, el testigo de Convergència i Unió, pero esta vez en Tánger. Abrió una delegación del Servicio Catalán de Empleo para «ordenar la llegada de inmigrantes marroquíes a Cataluña», según el conseller de Trabajo, el socialista Josep María Rañé. También se impartían allí clases gratuitas de catalán.

El expresidente Jordi Pujol salió de inmediato en defensa de Colom. El cierre de «la más importante» de las delegaciones de la Generalitat es «un grave error», declaró al diario de Casablanca Aujourd’hui Le Maroc. «El trabajo de Colom […] ante el Gobierno marroquí era muy positivo». «Han de saber que esas delegaciones que hemos abierto en países como Marruecos deben servir […] para preparar una mejor integración de los candidatos a emigrar, de manera organizada, a Cataluña».

Colom le debió de haber cogido gusto a Marruecos, porque decidió quedarse en Casablanca aunque ya no fuese el delegado de Cataluña. Con un socio local montó una champañería, un local en el que la bebida habitual es el cava. Y para ello obtuvo con asombrosa rapidez la licencia para expedir alcohol, que en Marruecos en ocasiones se demora durante años. En la inauguración hubo una estrella invitada, Joan Laporta, entonces presidente del Barça. No en vano había sido miembro del desaparecido Partit per la Independència. El establecimiento de estilo barcelonés no tuvo ningún recorrido y ni siquiera llegó a abrir sus puertas al público antes de que Colom se marchara apresuradamente del país. Desde entonces, no ha vuelto a Marruecos, pese a haber sido invitado a asistir, por ejemplo, a la Fiesta del Trono en 2012. Ese día delegó en Eric Beltrán, vicedirector de Nous Catalans y su brazo derecho.

Puede que Colom hiciera un pésimo trabajo, como sostenía Margarida Obiols, pero entre él y muchos de sus compañeros en la Generalitat convirtieron a Cataluña en el principal destino de la emigración marroquí en España. Ahora hay 226.000 marroquíes en Cataluña, casi la mitad de los musulmanes de esa comunidad, a los que hay que añadir varias decenas de miles que han adquirido la nacionalidad desde finales de los noventa. Solo entre enero de 2013 y junio de 2015 la obtuvieron en Cataluña 26.615 marroquíes. La crisis que ha golpeado a España ha incitado a algunos a buscar trabajo al norte de los Pirineos o a enviar a esposa e hijos a Marruecos, donde la vida es más barata, mientras el pater familias sobrevivía en Cataluña haciendo chapuzas para no perder la residencia. Esos marroquíes seguramente volverán en cuanto escampe. También hubo paquistaníes que, al poco de adquirir la nacionalidad española, emigraron al Reino Unido.

Desterrados al polígono

Aunque haya sido la principal receptora de inmigración musulmana, Cataluña no es la autonomía más acogedora en España con los devotos del islam. Abdennur Prado (Barcelona, 1967), que fue fundador y presidente de la Junta Islámica Catalana hasta su disolución en 2011, lo ha repetido en múltiples ocasiones. La Generalitat «desarrolla un discurso a favor del multiculturalismo, pero sufre una contradicción absoluta a nivel práctico» porque «no respeta los derechos básicos de los musulmanes». Autor de numerosos libros, Prado es un musulmán converso comprometido con el diálogo islamo-cristiano.

Aunque pueda parecer sorprendente, Àngel Colom le da la razón, pero sin llegar a señalar a un culpable. Él sigue siendo secretario de inmigración de CDC. «Muchos musulmanes pueden sentirse frustrados porque pasan los años y su identidad no es acogida con normalidad» en Cataluña, reconocía, por ejemplo, el 21 de enero de 2016 en una mesa redonda celebrada en la Universidad de Barcelona. «Continúan teniendo problemas para abrir mezquitas», para enterrar a sus difuntos y «la enseñanza de la religión musulmana no se ha cumplido», añadió. Las competencias en materia de educación fueron transferidas a la Generalitat en 1982. «Noto un estado de frustración de esta identidad […]», concluyó.

No ha habido en España una comunidad autónoma cuyos dirigentes políticos de centroderecha se hayan expresado en términos tan desagradables, e incluso hirientes, hacia los musulmanes. Marta Ferrusola (Barcelona, 1935), la esposa del expresidente Jordi Pujol, confesó ya en 2001 su preocupación por que en la Cataluña del futuro «quizá las iglesias románicas no servirán […] y solo servirán las mezquitas», dado que estas congregarán a más fieles. Se quejaba además de que rechazaran consumir cerdo: «Cuando vienen los inmigrantes y se les da de comer tiene que ser con su comida, no vale con lo que nosotros tenemos». Alicia Sánchez-Camacho (Barcelona, 1967), presidenta del Partido Popular catalán, llegó a decir «aquí no cabemos todos» cuando hacía campaña electoral junto con Xavier García Albiol, candidato de su partido al Ayuntamiento de Badalona. Y para que todos quepan Óscar Bermán, candidato popular por Barcelona a las autonómicas de septiembre de 2015, propugna «la repatriación hacia sus países de origen del conjunto de las poblaciones musulmanas acompañada por la prohibición de la práctica pública del islam para los pocos que queden». Algo falla en España si la fiscalía no actúa de oficio. En vísperas de las municipales de 2015, el PP copió incluso eslóganes de los ultras de Plataforma per Catalunya (PxC). «Primero los de casa», rezaba una de sus pancartas en Rubí (74.000 habitantes, Barcelona).

Al margen de PxC, hoy en día en vías de extinción, el que se lleva la palma en declaraciones displicentes es el democristiano Josep Antoni Duran i Lleida (Alcampell, 1952), exlíder de Unió Democràtica de Catalunya. Este político se confesó inquieto a la vista de que «en Cataluña nacen más Mohamed que Jordi o José». También le «preocupaban —subrayó— los colectivos de personas que no quieren integrarse […]». Peor aún, en julio de 2011 tachó en su blog de «frívola» y «sin sentido» la iniciativa de la ministra de Asuntos Exteriores, la socialista Trinidad Jiménez, de permitir el voto de inmigrantes marroquíes en las municipales de 2015, una medida que finalmente no se pudo poner en práctica. Ningún otro dirigente de un partido con representación en el Congreso se pronunció contra esta propuesta, que supone un avance democrático y fomenta la integración. Esteve Lafita, antropólogo, nacionalista y con experiencia en temas migratorios —trabajó en el servicio de atención a inmigrantes y extranjeros del ayuntamiento barcelonés— asegura que Unió «se ha mostrado siempre más recelosa con la inmigración que Convergència».

Más allá de las declaraciones, otros hechos son reveladores de las suspicacias que suscita el islam en Cataluña. Barcelona es la única gran ciudad europea con una importante población musulmana que no posee una auténtica mezquita con su correspondiente minarete. En los cables diplomáticos desvelados en 2010 por Julian Assange y su Wikileaks, el cónsul de Estados Unidos en Barcelona, Gregory Crouch, se sorprendía de que, «pese a que Cataluña tiene más musulmanes que ningún otro lugar de España, no hay ninguna mezquita digna». Cada año el informe sobre la libertad religiosa que elabora el Departamento de Estado menciona la «ausencia» de esa gran mezquita en Barcelona. En España sí las hay en Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba y otras ciudades, pero no allí donde existe mayor concentración de musulmanes. El asunto es algo así como el monstruo del Lago Ness, porque resurge del olvido periódicamente, especialmente en vísperas electorales.

Cuando antes de ser expulsado por espiar para Marruecos, Noureddine Ziani recorría las comunidades islámicas de Cataluña, ya dejaba caer que iba siendo hora de que Barcelona dispusiera de una gran mezquita y que Marruecos podría estar dispuesto a sufragarla. «Es más fácil que las ideas integristas se difundan en garajes, donde solo entran los miembros de la comunidad, que en grandes mezquitas abiertas a todo el mundo», explicó, en diciembre de 2010, durante un congreso en Barcelona.

El Ministerio de Habous (bienes) y Asuntos Islámicos marroquí ha llegado a cofinanciar la construcción de mezquitas en lugares tan remotos como Coquimbo (106.000 habitantes, Chile) donde menos del 1 por ciento de la población es musulmana. El Centro Mohamed VI para el diálogo de las civilizaciones, como se llama el templo chileno, cuenta con un minarete de 40 metros de altura parecido al de la Kutubia de Marrakech. Mohamed Chaib (Tánger, 1962), diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en el Parlament, también explicaba a sus interlocutores, según Wikileaks, la utilidad que tendría una «mezquita oficial», de referencia. Contribuirá, les decía, a unificar discursos y a promover «un liderazgo religioso moderado que combata las posiciones más radicales». Esto solo sería posible —apostillaba— si Marruecos tutelase ese «liderazgo religioso».

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, que entró en vigor en enero de 2012, abrió la puerta a un proyecto más ambicioso: convertir la arena de la Monumental en mezquita. Entró entonces en escena Mowafak Kanfach, un exiliado sirio residente en Barcelona, dueño de una librería árabe y presidente de una pequeña agrupación religiosa, que bautizó Federación Musulmana de Cataluña, con buenas relaciones con los nacionalistas catalanes y también con las familias que rigen algunos de los emiratos del Golfo. Hasta entonces, Kanfach había ido diciendo a quien le quisiera oír que «los políticos catalanes solo habían sabido mostrar intolerancia» en relación al islam, pero en junio de 2014 modificó su discurso. Fue entonces cuando anunció a bombo y platillo que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, estaba dispuesto a desembolsar 2.200 millones de euros para erigir en el antiguo coso taurino la que sería la tercera mezquita más grande del mundo después de las de La Meca y Medina. Tendría capacidad para 40.000 fieles en el interior y 80.000 en su patio exterior. Su minarete, desde el que no se llamaría a la oración para no molestar al vecindario, debía elevarse a 300 metros de altura. Junto al templo, estaba previsto construir a su vez un centro de estudios coránicos, otro de investigación de la historia de al-Ándalus, una biblioteca, un museo dedicado al arte y a la historia del islam, y un restaurante. La duración de las obras se había calculado en cinco años y los puestos de trabajo generados en 4.000. El conjunto sería, proclamó Kanfach, «una atracción turística de gran nivel» en la plaza, que es la más grande de Cataluña. Sin embargo, la familia Balañá, dueña del ruedo, desmintió haber recibido oferta alguna, mientras que el ayuntamiento dio a entender que se trataba de un bulo. «Qatar es bienvenido cuando financia al Barça, pero no cuando quiere hacerlo con una mezquita», comentó entonces un empresario árabe con negocios en Cataluña.

Es posible que el sirio Kanfach fuera algo de farol, pero si el consistorio barcelonés estuviese dispuesto a permitir la construcción de una mezquita en condiciones habría cola de emires y jeques del Golfo para sufragar la obra. España, incluida Cataluña, tiene a ojos de los árabes un atractivo especial. No es lo mismo para ellos gastarse sus petrodólares en una mezquita en Berlín, la ciudad alemana que más musulmanes acoge, que en Barcelona, que hasta el año 801 formó parte de al-Ándalus. Años antes del supuesto proyecto de la Monumental, en 1998, Arabia Saudí había querido reeditar en Barcelona el proyecto que llevó a cabo en Madrid en 1992. En septiembre de ese año el rey saudí Fahd bin Abdelaziz inauguró junto a don Juan Carlos el Centro Cultural Islámico, conocido popularmente como la Mezquita de la M-30. Seis años después, personas allegadas al monarca saudí entablaron conversaciones con el socialista Joan Clos, entonces alcalde de Barcelona, para convertir Las Arenas, una plaza de toros desafectada desde 1977, en mezquita. El destino de ese ruedo fue otro: en 2011 se inauguró en ese lugar el centro comercial Arenas de Barcelona.

La campaña de las municipales de 2015 fue una nueva demostración del rechazo, so diversos pretextos, del proyecto de construir una gran mezquita por parte de casi todos los aspirantes a alcaldes. El convergente Xavier Trias, alcalde saliente, resumía una opinión generalizada, del PP hasta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en una entrevista publicada en La Vanguardia el 8 de mayo. «¿Hace falta una gran mezquita en Barcelona?», le preguntó el periodista. «No, la gente no necesita una gran catedral, sino oratorios apropiados», contestaba.

Aquellos que representan a los musulmanes opinan todo lo contrario. «Hace años que hemos transmitido nuestro deseo de erigir una mezquita bella y digna en Barcelona; es una referencia que los musulmanes ansían», comentó Riay Tatary en conversación con el autor. La única que se mostró algo receptiva a las aspiraciones de Tatary fue Ada Colau, vencedora de los comicios con su lista de Barcelona en Comú: «Hay que saber si su necesidad pasa por un gran centro o por diversos distribuidos territorialmente». A diferencia de Trias, Colau no interpretó de antemano lo que conviene a «la gente» —como llamó a los musulmanes el exalcalde—, sino que se mostró dispuesta a escucharla. Al final es posible que la gran mezquita emerja en Cataluña de la mano de esa izquierda alternativa que encarna Ada Colau, pero no en la capital sino en Badalona y en versión marroquí. La conquista del Ayuntamiento de Badalona, en mayo de 2015, por la coalición de Guanyem Badalona en Comú, integrada por Podem y la CUP, llevó al consistorio a una musulmana de origen marroquí, Fátima Taleb, antigua colaboradora de Ziani. «Es imprescindible que los musulmanes dispongan de un espacio de culto digno», que no ha de ser costeado con dinero público, declaró. Así se le planteó a la alcaldesa Dolors Sabater. No lo dijo abiertamente, pero Taleb tiene in mente una financiación marroquí. Mariam, una pequeña mezquita de Badalona inaugurada en 2012, ya se sitúa en la órbita de Rabat. La regenta otro amigo del espía expulsado, Abdelkrim Latifi, que figuró en el puesto octavo de la lista de CDC al Ayuntamiento de Badalona.

Los «oratorios apropiados» mencionados por Xavier Trias apenas existen en la Cataluña actual. La mayoría de los 279 lugares de culto registrados a finales de 2014 son garajes oscuros, naves destartaladas, almacenes con frecuencia situados en polígonos alejados de los centros urbanos. Abrir una pequeña mezquita es un auténtico vía crucis para sus promotores. Por eso en toda España, y especialmente en Cataluña, hay más comunidades islámicas que oratorios, porque no todas consiguen disponer de un lugar de culto propio. Cuando una comunidad musulmana confía en haber resuelto el problema adquiriendo, por ejemplo, unos terrenos en un barrio céntrico, el ayuntamiento veta la construcción de la mezquita y le ofrece como alternativa levantarla en una zona industrial.

Esto fue lo que le sucedió, por ejemplo, en 2014 al Centre Islàmic del Bé dels Immigrants de Palafrugell (23.000 habitantes, Girona), que adquirió unas parcelas en subasta pública porque eran de titularidad municipal. Aun así el consistorio desterró el proyecto a un polígono, detrás del parque de bomberos de la localidad, según la denuncia de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Allí donde nadie les veía pudieron erigir su templo, siempre y cuando no desentonase con el paisaje urbano. «El estilo del proyecto validado por el ayuntamiento es el de una nave industrial, para que esté muy integrado en el entorno […]», señalaba el diario El Punt Avui el 26 de julio de 2015. Ni siquiera en las afueras de las ciudades un minarete puede despuntar del edificio principal de la mezquita. La única en Cataluña de la que sobresaldrá un alminar será, cuando esté terminada —lleva en construcción casi una década— la de Cornellà de Llobregat (86.000 habitantes, Barcelona). Su arquitectura, carente de elementos decorativos islámicos, es neutra; se asemeja a un museo Guggenheim pequeño y pobretón.

El Ayuntamiento de Palafrugell al menos ofreció una alternativa, aunque fuera en las quimbambas; otros ni siquiera dan esa opción a los musulmanes. Recién reelegido alcalde de Reus, en julio de 2015, el convergente Carles Pellicer i Punyed se apresuró a prorrogar un año más la moratoria sobre la construcción de lugares de culto. Lo hizo con el respaldo de CiU, PP, Ciudadanos y una formación local, y con la abstención de todos los demás partidos. El consistorio necesitaba más tiempo para poner a punto una nueva normativa que prevé restringir a 100 metros cuadrados la superficie de los nuevos centros de culto en áreas residenciales y a 250 los situados en la periferia, con aforos máximos permitidos de cien y 250 personas, respectivamente. Si prospera esta normativa, los planes de dos de las asociaciones musulmanas de la ciudad de abrir nuevas mezquitas en locales que han adquirido quedarán desbaratados. En Reus hay cerca de 10.000 musulmanes y solo disponen de un templo para orar.

«El empeño por enviar a las comunidades fuera del tejido urbano equivale a darles a entender que no forman parte de la ciudad, que son un cuerpo extraño», se queja Mohamed el Ghaidouni (Alcazarquivir, 1968), presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, una de las organizaciones más representativas de los musulmanes en esa comunidad. «Autorizar la mezquita en un lugar céntrico y visible es, según los políticos, perder votos», se lamenta. «Pero peor que desterrarlos al polígono es impedir que se abran» nuevos centros de culto.

No solo las mezquitas son apartadas, sino también las personas. Cataluña es el único lugar de España donde hay guetos, es decir, barrios o distritos en los que la mayoría de la población es inmigrante y los autóctonos son minoría. Sucede en zonas de Salt (Girona), en Ca n’Anglada (Terrassa), Can Puiggener (Sabadell), Rocafonda (Mataró), etcétera. «Ha surgido lo que nadie quería: guetos similares a los de otros países europeos», constata Alami Susi, que encabeza la asociación marroquí Itran. Estas barriadas son el resultado de una política deliberada, subraya Sergio Santamaría, diputado autonómico del PP en la legislatura 2012-2015. «Salt está como está porque hace mucho tiempo que desde Girona se decidió que los inmigrantes fueran a Salt; CiU y PSC han fomentado que tengamos más de un 40 por ciento de inmigración» en la ciudad, denunció en el Parlament en mayo de 2015.

Afortunadamente, el nivel de inquina de la población de los guetos —«enclaves étnicos», como los llaman púdicamente los sociólogos catalanes— contra el país que les acoge no guarda relación con, por ejemplo, el de los vecinos musulmanes de las banlieues (suburbios) de las grandes ciudades francesas. «Pero como todo el mundo mira para otro lado, tendremos dentro de diez años problemas similares a los de los franceses con sus banlieues», vaticina Xavier Ruis, director de E-noticies, un diario digital catalán que cubre de cerca los conflictos migratorios.

A pesar de ser convergente, el propio Àngel Colom contradijo hace ya años la doctrina oficial sobre la inexistencia de guetos en Cataluña. En la página web de su fundación, Nous Catalans, publicó un artículo, escrito en diciembre de 2009, en el que narraba su recorrido, junto con otros miembros de la secretaría de inmigración de su partido, por un barrio céntrico de Lleida. «Una de las actividades del día —visitas a comercios regentados por nuevos catalanes— me llevó cerca de la mezquita de la calle norte […]», escribió Colom. «Los hombres iban casi todos con chilabas y la barba desarreglada… como si me encontrara en Bab el Oued, en Argel […]. Pero estábamos en el centro de Lleida […]. Entramos a saludar a la gente en los comercios, chicas amables que ya hablan un catalán adecuado, aunque, eso sí, todas con pañuelos negros tapándoles el pelo. En una tienda de alimentación unos clientes, también en chilaba y con barba descuidada, nos saludan al entrar, pero rechazan la mano de una concejala de la ciudad que nos acompañaba [los musulmanes más conservadores evitan cualquier contacto físico con mujeres que no forman parte de su familia cercana] […]. Les reprocho el gesto […] y nos marchamos, pero me preocupo […]. Alguna cosa no estamos haciendo lo suficientemente bien en Cataluña si dejamos que imanes radicales prediquen la separación hacia los catalanes […]. Como hay síntomas de la actuación de islamistas salafistas, del Tablig, de wahabitas [doctrina que impera en Arabia Saudí]… hay que reaccionar». «Las instituciones catalanas tienen que poder expulsar de Cataluña a los imanes que predican el odio hacia Occidente […]», concluyó Colom.

En Tarragona, además de colocar las mezquitas en la periferia, el PP quiso reducir la presencia de inmigrantes en el paisaje urbano del centro de la ciudad mediante una ordenanza municipal. Presentada durante la campaña electoral de las municipales de 2015, preveía siete medidas para dificultar la apertura, o bien la rentabilidad económica, de locutorios, tascas en las que se sirven kebabs, bazares de todo a un euro, etcétera. Medio kilómetro era la distancia mínima que debía separar entre ellos a algunos de estos negocios a los que se imponían estrictos horarios de apertura al público, lo que ponía en peligro su supervivencia. El objetivo declarado era tratar de resucitar el «pequeño comercio de toda la vida», que prácticamente había desaparecido. La iniciativa era tan llamativa que la prensa extranjera se interesó por ella. El diario Los Angeles Times le dedicó un artículo de mil palabras en el que recogía, entre otras, la opinión de Joaquím Enrech Garola, concejal de Unió de la vecina Reus. Aprobaba la propuesta de los populares tarraconenses: «Es mejor que los dispersemos [a los inmigrantes], porque de lo contrario pueden formar un gueto». «Lo que hacemos es en su interés y en el nuestro», comentó. Es probable que el PP tarraconense haya inspirado a Robert Ménard, el polémico alcalde del Frente Nacional francés en Béziers (73.000 habitantes, sureste de Francia). En octubre de 2015 anunció que no daría ninguna licencia más para la apertura de kebabs en el centro de la ciudad para así intentar reactivar el comercio tradicional.

Muchos se achantan ante las trabas, pero otros, al contrario, se crecen ante ellas. Fátima Taleb, concejala de Guanyem per Badalona en Comú desde mayo de 2015, reconocía en la prensa comarcal que a sus treinta y nueve años nunca había votado ni tenía intención de dedicarse a la política. El alcalde García Albiol fue sin saberlo quien la impulsó a ser candidata. A finales de noviembre de 2014, ella y un grupo de mujeres musulmanas reservaron para enero una sala municipal para celebrar una fiesta benéfica y recaudar dinero para familias necesitadas. Justo después del atentado contra Charlie Hebdo en París, el ayuntamiento canceló la reserva alegando que en ese salón no se podían celebrar reuniones religiosas. Fue entonces cuando Fátima Taleb decidió dar el paso.

La Generalitat ha cedido poder estos últimos años a los ayuntamientos, lo que perjudica a las minorías religiosas. Un decreto de julio de 2010 deja a las comunidades musulmanas, y a las demás confesiones, a merced de los alcaldes, que pueden denegar u otorgar la licencia de apertura de lugares de culto. Para obtener el visto bueno esos locales deben contar con «unas condiciones técnicas adecuadas y proporcionadas al tipo de actividad que se va a desarrollar en ellos», es decir, deben tener aseos para el público y estar insonorizados, entre otros requisitos. «Nuestras iglesias han de someterse a un control de higiene y seguridad que implica, por ejemplo, disponer de baños para los fieles», comentó indignado Mariano Blázquez, secretario de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. «No conozco ninguna iglesia católica que cuente con aseos para sus feligreses», añadió. A ojos de Mohamed el Ghaidouni hay algo aún peor en la normativa. «En sus planes de ordenación urbana los ayuntamientos ya no están obligados a reservar espacio para los lugares de culto», se lamenta. «Solo deberán hacerlo si llegan a la conclusión de que existe esa necesidad, y no siempre sucede», añade.

«Es indudable que en el campo de la libertad religiosa, en este país [Cataluña] en el que vivimos, hay problemas serios», constataba el pastor Enric Capó Puig, director de la publicación Cristianismo Protestante. «Los problemas han surgido no tanto de las leyes que regulan el establecimiento de estos nuevos lugares de culto, sino de las actitudes de la ciudadanía (protestas vecinales contra la construcción de mezquitas en el barrio) y de los alcaldes a los que se dan demasiadas atribuciones con las que ponen de manifiesto hasta qué punto están distanciados del espíritu de una verdadera libertad religiosa», escribió Capó Puig meses antes de fallecer.

El decreto de 2010 fue la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia de los protestantes. El sábado 5 de noviembre, en la plaza dels Països Catalans de Barcelona, sucedió algo difícil de imaginar en otra gran ciudad de la Unión Europea. Convocados por 240 pastores y pastoras de toda Cataluña, unas 7.000 personas, según los organizadores —2.000, según la Guardia Urbana— se dieron cita bajo el lema «Por la libertad religiosa». «Nuestra libertad religiosa está en juego y el futuro de nuestras iglesias también», rezaba una pancarta. Denunciaban así las trabas que padecían en Cataluña para abrir lugares de culto a medida que crecía el número de sus fieles. Bajo cuerda, algunos de los convocantes reconocían que los más perjudicados no eran ellos sino los musulmanes, pero su capacidad de reacción nada tiene que ver con la de los protestantes, más cohesionados y mejor organizados. Seis meses después los evangélicos también se manifestaron en Madrid, en la plaza de Cibeles ante el ayuntamiento, pero como los problemas que padecen en la capital son algo menos acuciantes los manifestantes fueron también menos numerosos. Las medidas restrictivas vigentes en Cataluña también conciernen, en teoría, a la Iglesia católica, pero esta hace tiempo que no inaugura nuevos templos, por lo que en la práctica no le afectan.

El escollo del islam en las aulas

Los lugares de culto son solo una cara del problema. La otra, acaso más grave, es la enseñanza del islam. Tatary, presidente provisional de la Comisión Islámica de España, aún recuerda su entrevista en 1996 con la cúpula de la Consejería de Educación de la Generalitat cuando la encabezaba Joan Maria Pujals i Vallavé. Viajó a Barcelona para pedirles que cumplieran con la obligación, recogida en el acuerdo de cooperación entre el Estado y los musulmanes, de ofrecer enseñanza religiosa islámica en los centros públicos donde estén escolarizados alumnos de esa confesión. «Me dijeron que sí, que eso estaba hecho, a condición de que los profesores designados [por la Comisión Islámica] lo hiciesen en catalán», rememora. «Regresé satisfecho a Madrid», añade. Han transcurrido dos décadas desde esa reunión y en las escuelas catalanas hay 75.841 alumnos musulmanes que siguen sin recibir educación religiosa.

Cataluña no es la única autonomía en la que no se imparten esas clases, pero es con diferencia donde hay más musulmanes en las aulas, seguida de lejos por Madrid (41.428 alumnos), Valencia (27.078) y Murcia (15.021). Cuando se les pregunta a esas autonomías por qué no cumplen con su obligación legal, «guardan silencio», señala un informe la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Con la excepción, desde 2014, del País Vasco, solo se enseña el islam allí donde la competencia de contratar a profesores de religión sigue estando en manos del Ministerio de Educación (Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla) y no de la consejería autonómica de turno. El número de docentes es escaso. En Canarias, por ejemplo, solo hay un profesor contratado para 8.487 alumnos repartidos por el archipiélago. Obviamente, no da abasto. Resultado: «El 95 por ciento del alumnado musulmán carece de clases de religión», se lamenta la UCIDE.

Las quejas por el incumplimiento de las autonomías no han ido, sin embargo, acompañadas de denuncias ante la fiscalía o de demandas en los tribunales para que los gobiernos autonómicos apliquen ese acuerdo de cooperación, que tiene rango de ley. Esa pasividad, como la inexistencia, por ejemplo, de colegios concertados musulmanes —sí los hay evangélicos—, es la demostración palpable de las divisiones, la desorganización de los musulmanes en España y el desconocimiento de los recursos que tienen a su alcance para que se respeten sus derechos.

Entre académicos españoles y responsables musulmanes prácticamente hay unanimidad sobre el interés de una buena formación religiosa en los colegios. Ayudaría a reducir el número de ovejas descarriadas entre los jóvenes. «Si tienen curiosidad por aprender, y muchos la tienen porque en la prensa se habla abundantemente de nuestra religión, la juventud musulmana buscará por su cuenta en internet lo que no les han enseñado en las aulas», advierte Rachid Boutarbouch, un imán erudito, considerado como el ideólogo en España del movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad. «Y en internet pueden encontrar lo peor, pero a veces con un envoltorio atractivo», señala. La alternativa al autoaprendizaje a través del ordenador es la mezquita, donde muchos padres, sobre todo marroquíes, envían a sus hijos los sábados para que el imán les dé clase. «La gran mayoría de los imanes no tiene titulación alguna, desconoce Cataluña, España, y traslada a los chavales un enfoque de la religión inadaptado a la sociedad en la que viven», comenta irritado Alami Susi.

Joan Babeli Shawa, musulmán de origen sirio pero residente en Cataluña desde hace más de treinta años, justifica totalmente a los nacionalistas, a quienes, en esta cuestión, a veces se suma el PP. Los conoce bien. En los años noventa asesoró al president Jordi Pujol en materia de inmigración y religión. «Trabajaba en el Palau de la Generalitat, no muy lejos del president», recuerda con cierta nostalgia. También escribió un libro en catalán L’islam i el català. Ahora es concejal convergente del pueblo de Artés (5.700 habitantes, Barcelona) y miembro del comité comarcal de CDC en la comarca del Bages. Se llama Joan, como muchos catalanes, porque al adquirir la nacionalidad española se cambió de nombre —antes era Mohamed Yahya—, aunque mantuvo sus apellidos porque el primero apenas tiene connotaciones árabes. «Si te llamas Mohamed Yahya aquí no tienes nada que hacer en política, no te vota nadie», confiesa con sinceridad en la pastelería de Terrassa donde me dio cita. «Es verdad que muchos aquí no quieren la gran mezquita, es verdad que tampoco quieren […]», y entonces continúa enumerando las diversas trabas que padecen los musulmanes. «El catalán es un pueblo con una identidad aún frágil, con una idiosincrasia en construcción», explica disculpando a CDC. «Se siente amenazado por las culturas extranjeras, sobre todo si le son tan ajenas como el islam, y actúa así para apuntalar su propia identidad», concluye.

Filóloga, historiadora, islamóloga, autora de varios libros sobre la Cataluña musulmana, Dolors Bramon esboza una sonrisa cuando escucha estos argumentos. «Nuestros ancestros eran andalusíes, es decir “moros”, sin que esta palabra tenga ninguna connotación despectiva», comenta. «Eran tan musulmanes como los del Ebro para abajo», prosigue. «Tortosa fue tan andalusí como Córdoba y Lleida como Granada, aunque durante menos años» que las ciudades andaluzas. La profesora emérita de la Universidad de Barcelona está convencida, aunque no lo puede probar, de que durante parte de la Edad Media «la mayoría de la población de Cataluña era musulmana […]. Y esto conviene recordarlo ahora que se habla tanto de la difícil integración, de la convivencia, etcétera».

En busca del voto inmigrante

De lo que sí se acordaron los nacionalistas catalanes cuando empezaron su andadura independentista fue de la inmigración musulmana. Àngel Colom fichó a Ziani —el espía marroquí expulsado por orden directa del general Sanz Roldán— en octubre de 2011 para Nous Catalans, aunque la fundación de CDC no fue formalmente inaugurada hasta el 8 de mayo de 2012 por el propio president, Artur Mas. Nous Catalans, cuyo presidente es Mas, funciona de alguna manera como si fuese la secretaría de inmigración de CDC. Es el partido el que paga las facturas del agua, la luz y la calefacción de su sede en Santa Coloma de Gramenet, así como las dietas de sus directivos, empezando por Colom. Nous Catalans tiene una estrecha relación con otra fundación convergente CatDem, que estuvo en el epicentro de la investigación sobre la financiación ilegal de los convergentes. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba, a finales de 2015, que las donaciones de dudosa procedencia que recibía CatDem servían en realidad para financiar al partido. Convergència escondió, además, su fundación para la inmigración para evitar que fuese auditada por el Tribunal de Cuentas, incumpliendo así la ley que le obligaba a informar de su existencia, según reveló OK Diario en noviembre de 2015. En consecuencia, este organismo no pudo ejercer control alguno sobre sus ingresos y pagos.

Cuando Mas dio el pistoletazo de salida a Nous Catalans, faltaban solo seis meses para las primeras elecciones autonómicas con la independencia como telón de fondo. El marroquí Ziani encabezaba entonces la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya (UCCIC), que se convirtió rápidamente en una de las asociaciones musulmanas con más peso gracias, en parte, a la financiación que recibió de Rabat y al apoyo que le brindaba el Consulado de Marruecos en Barcelona. Ziani aseguraba entonces ser el «responsable marroquí de asuntos religiosos en Cataluña». Así le presentó, por ejemplo, el cónsul de Marruecos en Barcelona, Ghoulam Maichane, al presidente de Baleares, Francesc Antich, en noviembre de 2010 en Palma de Mallorca. El cónsul y su asesor religioso eran entonces uña y carne.

Antes de poner en pie la UCCIC, Ziani intentó primero, a partir de 2009, apoderarse del Consell Islàmic Cultural de Cataluya, la que era quizá entonces la entidad más representativa de los musulmanes, según una nota de la Brigada Provincial de Información de la policía. En el asalto fue secundado por el socialista Mohamed Chaib, al que Rabat también había mimado financiando su asociación Ibn Batuta (52.000 euros en 2010) e incorporándole a la dirección del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero. Solo los marroquíes pueden formar parte de este órgano encargado de tutelar a la emigración. Chaib es español —por eso pudo ser elegido diputado autonómico—, pero mantiene la nacionalidad de su país de origen. «Me pregunto cómo es posible que tenga la doble nacionalidad, puesto que para obtener la española […] debió declarar su renuncia a su anterior nacionalidad», escribió en El País Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Ziani estaba tan convencido de que con tales apoyos se alzaría a la cabeza del Consell Islàmic que, en agosto de 2009, permitió que le presentaran ante el rey Mohamed VI como su presidente. «Fue un error de protocolo que me perjudicó», reconoció arrepentido meses después de esa audiencia real.

Ziani no logró ser el líder del Consell Islàmic, que acabó expulsándole. «No podemos aceptar que se interpongan intereses personales, de protagonismo o intereses de otros países», explicó el portavoz de aquella asociación islámica, Mohamed Halhoul. Aludía así a Marruecos. Fue entonces, en junio de 2010, cuando Ziani creó la UCCIC y empezaron a lloverle los regalos de Rabat. El primero fue una subvención a la recién nacida asociación de 158.700 euros, una cantidad elevada para los usos marroquíes, a la que se añadieron contribuciones privadas para alguna de sus actividades culturales. El banco Attijariwafa, indirectamente controlado por la familia real marroquí, fue uno de los que le ayudó. El segundo obsequio fue, según la nota policial, encargar a la mezquita Annour, el feudo del espía en Mataró (Barcelona), recibir y encauzar a las decenas de imanes que Marruecos envía en Ramadán a varios rincones de Europa para acompañar espiritualmente a los emigrantes durante ese mes de ayuno. Ziani intentaba atraer a su UCCIC a todas las mezquitas que podía, pero por la de Annour tenía especial predilección. Allí había llegado a ejercer de imán durante un tiempo y fue el punto de partida desde donde se lanzó a la conquista del Consell Islàmic.

Ese año de 2010 fue el del cambio para Ziani. «Mejoró su aseo personal con fragancias más caras, su forma de vestir se hizo más convencional, su coche creció en tamaño», recuerda uno de sus colaboradores. «En las fiestas religiosas era el protagonista porque traía el cordero, regalaba alfombrillas de oración a las mezquitas y repartía subvenciones para peregrinar a La Meca», añade ese antiguo subordinado suyo. Costeaba también otros viajes menos religiosos. Ali Lmrabet, un periodista independiente marroquí afincado en Barcelona, recuerda que en el vuelo que hizo a Granada en marzo de 2010, donde se celebraba la primera cumbre entre Marruecos y la UE, un compatriota le preguntó si conocía pensiones baratas en la ciudad. Le habían dado un dinero para desplazarse hasta allí y participar en una concentración a favor de la «marroquinidad» del Sáhara Occidental. El pasajero, que quería gastar lo menos posible durante su estancia, confesó a su vecino de asiento que el viaje lo sufragaba Ziani. El octavo párrafo de la denuncia de Sanz Roldán contra Ziani cuenta, sin entrar en tantos detalles, cómo organizaba esas actividades, con frecuencia dirigidas contra Argelia y el Frente Polisario.

El regreso de Convergència i Unió al poder en Cataluña, en noviembre de 2010, empezó a distanciar a los dos prohombres de Marruecos en Cataluña. Chaib permaneció fiel al PSC, del que había sido diputado, mientras que Ziani vio en el nacionalismo convergente la oportunidad de convertirse en el musulmán más influyente de Cataluña. Un año después de aquella victoria de CiU ya participaba en el sopar de Nadal (cena navideña) que ofrecía Nous Catalans. Su militancia nacionalista saltó a la palestra en la precampaña de las autonómicas de 2012. «¿Cuántos imanes, cuántos presidentes de comunidades islámicas puedes traer al acto del president?», le preguntaba Colom, y Ziani descolgaba su teléfono y llamaba a rebato a sus contactos. Condujo, por ejemplo, a un nutrido pelotón de clérigos a la ceremonia de apoyo a Artur Mas que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2012 en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. El protocolo les solía colocar en un lugar destacado para dar una imagen integradora del nacionalismo.

Ziani seleccionaba con esmero a sus adláteres. No se le coló nunca ningún elemento sospechoso en el grupo marroquí que pudiera perjudicar a Mas. El sector paquistaní de Nous Catalans, encargado de seducir a los 45.000 musulmanes con esa nacionalidad en Cataluña, resultó, en cambio, ser una guarida de forajidos. Khalid Shabaz, elegido por Colom para llevar el área asiática dentro de la fundació, había sido detenido en 2011 por estafa y falsificación de documentos, según desveló el periodista Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo. También publicó una foto en la que se ve a Shabaz en Pakistán pavoneándose con un fusil de asalto en sus manos. Shabaz fue incluido en la lista de CiU a las autonómicas de 2012, aunque en un puesto de cola en el que no podía salir elegido. Su brazo derecho en Nous Catalans era su compatriota Rajda Shaoib Satti, al que la policía echó el guante, en 2013, con 64 kilos de heroína de gran pureza con la que se hubiesen podido preparar 1,5 millones de dosis. Shaoib Satti había obtenido el carné convergente el 7 de febrero de 2009 en un acto presidido por Artur Mas, acompañado por el expresidente Jordi Pujol y el alcalde Xavier Trias. El maestro de ceremonias fue Colom, como siempre que suele haber inmigrantes de por medio.

Cuando aún había imanes que hacían jutbas (sermones) encendidas —hoy en día han rebajado el tono—, más de un dirigente de CiU advirtió que en las mezquitas catalanas no se debía hablar de política. Colom hizo caso omiso del aviso y, acompañado por Ziani, se fue a hacer campaña electoral por los lugares de culto en el otoño de 2012. No se subía al minbar (púlpito), pero sí predicaba las virtudes del Estat propi porque los convergentes eran aún remisos a pronunciar la palabra «independencia». En catalán, en castellano o con traducción al árabe dialectal, a cargo de Ziani, Colom les prometía que ese nuevo Estado sería más respetuoso con sus derechos como inmigrantes, como musulmanes, y que les ofrecería más oportunidades de trabajo, de bienestar social.

«Los inmigrantes toman poco a poco conciencia de que la crisis que les golpea es especialmente grave en Cataluña a causa del comportamiento fiscal del Estado español», comentó Colom entonces al autor de este libro. «El Estado catalán, que recaudará sus impuestos, puede proporcionarles un mayor bienestar», añadía. «Esta perspectiva les acerca al catalanismo». Tres años después desmintió, sin embargo, en una entrevista a VilaWeb el estar haciendo proselitismo independentista. Nous Catalans, dijo, acompaña a los inmigrantes «tengan o no encaje en el proceso de Cataluña».

El auditorio de Colom en la mezquita estaba, sin embargo, inquieto. Algunos tramitaban la nacionalidad española y temían que con la independencia nunca la llegasen a adquirir. Colom se esforzaba por apaciguarles: «La Generalitat garantizará todos los procesos ya iniciados; no van a perder ni un día». «Nos dejó incluso caer que con el Estat propi sería más fácil obtener una nueva nacionalidad, porque las decisiones se tomarían no ya en Madrid sino en Barcelona, mucho más cerca», recuerda uno de los asistentes a la charla que dio en la mezquita de Manresa.

Èric Beltran, brazo derecho de Colom en Nous Catalans, se reunió en septiembre de 2014 con un grupo de paquistaníes de la Liga Musulmana. Afloraron preguntas parecidas sobre la validez de los futuros permisos de residencia catalanes, que sustituirían a los españoles, para circular libremente por Europa. La futura «Cataluña independiente pretende, desde el primer día, ser miembro de pleno derecho de la UE y mantener el euro como moneda», les contestó, omitiendo que no era seguro que consiguiese su propósito.

La inmigración es importante a ojos de los nacionalistas porque varias decenas de miles de extranjeros afincados en Cataluña ya poseen la nacionalidad —solo entre enero de 2013 y junio de 2015 la adquirieron 36.952 residentes originarios de países musulmanes— y podrían participar en un referéndum de autodeterminación. La ley de consultas, aprobada por el Parlament en septiembre de 2014, permitía además votar a partir de los diciséis años a los residentes no comunitarios que viviesen desde hace al menos tres años en Cataluña, es decir, al grueso de los inmigrantes. «En la consulta […] las personas inmigrantes, los nuevos catalanes serán decisivos», reconocía Colom. Si la provincia francófona de Quebec no es hoy en día independiente del resto de Canadá es porque en el último referéndum, en 1995, hubo 54.000 sufragios más a favor de la unión que en contra. Los separatistas quebequenses perdieron porque, entre otros motivos, los inmigrantes no francófonos no les secundaron, según los análisis sociológicos que se hicieron a posteriori. Las cabezas pensantes de CDC y ERC siempre han tenido claras las lecciones de ese mal ejemplo para evitar que en Cataluña suceda lo mismo. De ahí la creación de Nous Catalans, que desde su sede en Santa Coloma de Gramenet se expandió por las comarcas catalanas con más inmigración.

Ziani acataba las instrucciones de Colom, pero no estaba del todo cómodo en la fundación por razones personales y políticas. Lo reconoció ante uno de sus amigos marroquíes que estaba de paso en Barcelona. En Nous Catalans muchos homosexuales confesos ocupan puestos de responsabilidad. «Yo, como musulmán, no puedo estar a gusto en ese ambiente», le contó a su compatriota. La fundación era además un instrumento de separatismo «y a Marruecos esto no le agrada», añadió preocupado. A causa de su acercamiento al independentismo, el cónsul de Marruecos, Ghoulam Maichane, prácticamente cortó relaciones con su «asesor religioso». El diplomático y el «espía» polemizaron incluso en público, el 19 de diciembre de 2012, ante Abdellatif Mazouz, el ministro marroquí encargado de la emigración. En los círculos afines al consulado decían entonces de Ziani que había «apostado por el sol que más calienta», el del nacionalismo, pero que «acabaría quemándose». El Marruecos oficial rompió con él, pero no así la DGED (el servicio secreto marroquí). Desde su atalaya en Nous Catalans disponía de mucha información, podía manejar demasiados hilos como para que el espionaje marroquí prescindiese de su colaboración. Cuando se hizo pública la denuncia que formuló contra él el director del CNI, Ziani desmintió ser un agente de los servicios secretos. «Me consagro a fomentar la integración de la inmigración», insistía.

Rabat acogió desde el principio, con preocupación, las veleidades independentistas de Escocia y Cataluña. Como suele ser su costumbre, analizaba la situación a través del prisma del Sáhara. Temía que si surgían nuevos Estados en la vieja Europa los simpatizantes del Frente Polisario se granjeasen más apoyos para reivindicar la autodeterminación de esa antigua colonia española, desde hace más de cuarenta años bajo control marroquí. En un cable enviado a su ministerio el 8 de septiembre de 2014, Baddrine Abd el Moumni, encargado de Negocios de la Embajada de Marruecos en Madrid —el embajador pasa con frecuencia temporadas en Rabat—, lamentaba que los nacionalistas «siempre han instrumentalizado» la conmemoración de la Diada «para reivindicar la independencia». El documento diplomático fue desvelado a finales de 2014, junto con otros muchos, a través de un perfil anónimo de Twitter.

Dos meses después, en vísperas de la consulta convocada el 9 de noviembre por los movimientos independentistas, los marroquíes que acudían a su consulado en Barcelona se sorprendieron al ver desde la calle la bandera española rojigualda a través de los cristales del despacho del cónsul, Faris Yasin. La foto de la ventana circuló por las redes sociales y dio mucho que hablar. «No fue una casualidad sino un gesto deliberado de apoyo a favor de la unidad de España, porque fue desplazada del interior de la estancia hasta la ventana», asegura el presidente de una pequeña asociación de inmigrantes que frecuenta la sede diplomática. De forma más explícita, otros marroquíes criticaban entonces el uso partidista de la inmigración por parte de los nacionalistas catalanes. «El tren de la independencia de Cataluña no debe pasar por Marruecos, porque sus vagones están caducados y sus estaciones diseñadas en papeles que se dispersarán con los primeros vientos del otoño», escribió, en septiembre de 2014, con una cursilería imposible de superar, el novelista Mohamed Berrada en la contraportada del diario Akhbar al Youm de Casablanca.

Los aires otoñales no tuvieron el efecto previsto por Berrada. En Rabat no existen thinks-tanks que elaboren documentos que sirvan de base para una discusión sobre las ventajas e inconvenientes que tendría para Marruecos un desmembramiento de España, pero en los salones de palacio, en la sede de la DGED, el asunto sí ha sido debatido. ¿Y qué se dice en el sanedrín del poder de nuestro vecino del sur? Irene Fernández-Molina, investigadora de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y autora de un libro sobre la política exterior marroquí (Moroccan Foreign Policy under Mohammed VI, 1999-2014, editorial Routledge), considera que Rabat sigue en esa misma línea de correr las cortinas para dejar entrever la bandera española. «Como pauta general y casi sin excepciones en las relaciones internacionales, todos los Estados con problemas territoriales o secesionistas internos defienden con firmeza el statu quo territorial en sus políticas exteriores, por el consabido miedo a los precedentes», afirma la investigadora. «Otra cosa distinta es que Marruecos pueda tener un interés táctico, a corto plazo, en utilizar la carta catalana para incordiar si no le viniera bien alguna posición española sobre el conflicto del Sáhara», añade. «Pero no creo que un hipotético desenlace independentista sea considerado como beneficioso o deseable casi por nadie en Rabat», concluye.

Para Houssine El Majdoubi, periodista de origen marroquí residente en España desde hace años, «Marruecos está en una disyuntiva entre sus intereses a corto y largo plazo». «Es consciente de que la independencia de Cataluña supondría, de una forma u otra, un espaldarazo al Frente Polisario, que aspira a la independencia del Sáhara Occidental». «Por eso aconsejó discretamente a los marroquíes con nacionalidad española afincados en Cataluña que no se involucrasen en el proceso separatista», añade El Majdoubi, que dirige el diario online en árabe Alif Post. «A medio y largo plazo a Marruecos le conviene, sin embargo, una Cataluña independiente, porque significa una España débil», asegura.

Latifa el Hassani, marroquí (Beni Boufrah, Rif, 1970), directora de comunicación de la Fundació Nous Catalans, no cree que haya ya que distinguir entre el corto y el largo plazo, sino entre una posición que prevaleció hasta principios de 2015 y otra que empezó a aflorar a finales de ese mismo año. Expresa en voz alta la opinión que algún compatriota suyo diplomático me ha transmitido insistiéndome en que no publicara su nombre. «La palabra “independencia” asustó a Rabat en un primer momento», comenta El Hassani. «El referéndum en Escocia y el auge del independentismo catalán no han tenido, sin embargo, consecuencias sobre el contencioso del Sáhara; no se han establecido paralelismos» en ninguna cancillería del mundo occidental, resalta. «A partir de ahí las autoridades marroquíes empiezan a considerar lo que sucede en Cataluña desde otra perspectiva».

A día de hoy las cavilaciones en Rabat apuntan a que la secesión de Cataluña «supondría un debilitamiento de su vecino del norte, con el que Marruecos mantiene algunos contenciosos», continúa la responsable de comunicación. «España puede incluso quedarse un tiempo noqueada tras la pérdida de Cataluña», y «Rabat tendrá entonces más posibilidades de que sus reivindicaciones prosperen, empezando por su reclamación sobre Ceuta y Melilla». «Todo esto no significa que las autoridades marroquíes se vayan a volcar a favor de la independencia ni a movilizar a sus inmigrantes; son muy prudentes», continúa El Hassani. «Ahora bien, en un año han pasado de una actitud reacia a una especie de discreta neutralidad negativa hacia España». «Han llegado a la conclusión de que, como no hay riesgo para el Sáhara, sí les conviene que surja un Estado catalán», concluye.

Solo un político español se había hecho eco, a finales de 2015, del riesgo que la secesión catalana conlleva para las antiguas plazas de soberanía españolas en la costa norteafricana. Emilio Guerra, el coordinador melillense de Unión Progreso y Democracia (UpyD), un partido que no obtuvo ningún concejal en la ciudad autónoma, advirtió en noviembre de 2015: «La ruptura del Estado español dejaría a Melilla y su futuro en un contexto de debilidad y desamparo [frente a Marruecos] bastante peligroso». Otros muchos comparten este temor en las dos ciudades autónomas, pero no lo manifiestan en público.

Rabat tomó en Naciones Unidas, a principios del otoño de 2014, una iniciativa inesperada y agresiva con su vecino argelino. Por primera vez dos de sus diplomáticos, uno de ellos Abderrazzak Laassel, embajador adjunto ante la ONU, pidieron públicamente que «el pueblo de Cabilia pueda gozar de su derecho a la autodeterminación y al reconocimiento de su identidad cultural y lingüística». Cabilia es una región bereber, en la que casi no se habla árabe, al este de Argel. Tiene 7,5 millones de habitantes y su superficie equivale a la mitad de Andalucía. Parte de su población aspira a gozar de una amplia autonomía y una minoría es incluso partidaria de la secesión. En 2010 se creó en París un Gobierno de Cabilia en el exilio al que nadie reconoce. La prensa argelina ha tachado la declaración de Laassel de «provocación», a la que Argel deberá reaccionar. La marroquí se preguntaba, por su parte, si Rabat osará reconocer u ofrecerse a acoger en su territorio a los cabiles independentistas.

Nadie imagina que las autoridades marroquíes puedan algún día expresar abiertamente su apoyo a la autodeterminación de Cataluña como lo hicieron con Cabilia, pero Fernando Arias-Salgado, embajador de España en Rabat durante la crisis del islote de Perejil, sí vaticina que «Marruecos sería el primer país en reconocer la República catalana». Si lo hiciese sería arriesgado por su parte. A ojos de Naciones Unidas, España sigue siendo en el Sáhara la potencia administradora, aunque no pueda ejercerla; forma parte además del reducido pero influyente Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, que trata de coordinar su actuación en Naciones Unidas. Podría, por tanto, poner en aprietos a Rabat.

Las autoridades de Marruecos saben de antemano que ese nuevo Estado europeo catalán sería un amigo. Cuando ha estado en manos de Convergència i Unió, pero también cuando el tripartito ostentaba el poder, la Generalitat ha tenido dos favoritos en sus relaciones exteriores. Marruecos es uno de ellos. Basta recordar las innumerables visitas de presidents y consellers al vecino meridional incluso, en el caso de Jordi Pujol, después de haber dejado el cargo. El otro país predilecto es Israel. Mas lo visitó por última vez en noviembre de 2013; rechazó entonces entrevistarse con responsables palestinos y, de la mano de las autoridades israelíes, recorrió la parte antigua de Jerusalén, cuya anexión por Israel no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

En el polo opuesto se sitúa Argelia, un país al que la Generalitat ha dedicado escasa atención. Abundan en Cataluña los políticos y hombres de negocios de peso que ensalzan la relación con Marruecos, pero solo hubo uno que hizo una apuesta por Argelia. Fue Pere Duran Farell (1921-1999), el empresario que modernizó las infraestructuras energéticas y que presidió Gas Natural. Tres años antes de morir intentó un acercamiento entre la Generalitat y Argel, una capital que está casi a la misma distancia de Barcelona que de Madrid. Invitó a cenar a su casa al president Pujol y al embajador argelino en España, Abdelaziz Rahabi, que más tarde fue portavoz del Gobierno de Argelia. «La velada acabó como el rosario de la aurora», recuerda el diplomático en conversación con el autor. «No llegamos a las manos de milagro», añadió.

A medida que ahondaba su colaboración con Nous Catalans, Ziani se alejaba del Marruecos oficial, aquel que se relaciona con las altas esferas de la Administración española. Quedaba así desprotegido, a merced de la estocada que se disponía a darle el general Sanz Roldán. Para intentar sustraerle a la orden de expulsión, Colom le propuso, el 6 de mayo de 2013, quedarse a vivir en la sede de Nous Catalans. «Aquí no se atreverán a venir a buscarte», le dijo. «Quería convertirle en un Julian Assange», afirma un antiguo empleado de la fundació recordando que, en junio de 2012, el jefe de Wikileaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para que Scotland Yard no le echase el guante. «Se olvidaba de que Nous Catalans no goza de extraterritorialidad», añade riéndose.

Ziani declinó el ofrecimiento, aunque, a partir de esa fecha, iba «escoltado» a todas partes por dos imanes de su cuerda, Younes el Harrak y Mohamed Dabouzi. El «espía» efectuó en esos días una serie de movimientos patrimoniales, según la policía, para poner algunos de sus bienes a nombre de su mujer, Atiq Bouhouria Moulay Melian, que optó por permanecer en Barcelona. El matrimonio no tiene hijos. Un inspector le detuvo el 16 de mayo de 2013 cuando salía del notario en la Diagonal. La policía fue tan discreta que ni siquiera los dos clérigos que le seguían como su sombra se dieron cuenta, en un primer momento, de que había sido apresado. Pasó la noche en la comisaría de La Verneda y, al día siguiente, voló a Melilla vía Madrid. Un coche oficial esperaba a Ziani del lado marroquí de la frontera de Beni Enzar. Le trasladó a Rabat, donde le contrató de inmediato el Ministerio de Habous (bienes) y Asuntos Islámicos. Las autoridades marroquíes no le protegieron ante la embestida del CNI, pero tampoco le dejaron del todo caer.

La expulsión no suscitó la menor protesta pública de los responsables de Marruecos —la prensa oficialista guardó el silencio más absoluto— como tampoco en su día, en marzo de 2009, las autoridades españolas levantaron la voz cuando Rabat ordenó la salida del jefe de la antena del espionaje español en Nador (noroeste de Marruecos). Era, como Ziani en Barcelona, un agente español en Nador no acreditado ante el servicio secreto del país donde opera. El autor de este libro intentó durante meses recabar la versión de Ziani llamándole por teléfono, enviándole mensajes y correos electrónicos, que siempre rehusó contestar.

Colom nunca tuvo la menor duda de que a Ziani le expulsaron «por catalanista». El partido le pidió una explicación por lo sucedido y esa fue la que dio a sus jefes en CDC y a la prensa. El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, le contradijo. «Con la información que tengo sobre esta cuestión, no estoy en condiciones de confirmar que la expulsión guarde relación con el soberanismo; quiero que quede claro», declaró. Acaso marcó distancias porque Espadaler es de Unió, y no le gustaban los trapicheos de Colom con los inmigrantes. Quizá se dejó también convencer por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, de que el verdadero «patrón» de Ziani era el espionaje marroquí. El ministro lleva años repitiendo que Nous Catalans «pretende integrar a inmigrantes para que se sumen al proyecto independentista», pero en sus denuncias va incluso más allá. Deja caer que, con tal de conseguirlo, los convergentes pescaron en río revuelto: «Creo que en el intento de ganar adeptos a la causa independentista en los círculos próximos al islamismo salafista se ha actuado de forma profundamente irresponsable».

Su obsesión por el separatismo le hace a veces al ministro perder los papeles. En el Foro ABC de junio de 2014 llegó a profetizar que una Cataluña independiente sería «pasto fácil del terrorismo y del crimen organizado». Subyace en sus palabras que los Mossos serían incapaces de proteger a Cataluña y solo las fuerzas de seguridad del Estado la preservan del azote terrorista. Tras los atentados de París, el 13 de noviembre de 2015, arreciaron las acusaciones contra la fundación convergente por parte de los diarios madrileños de derechas. «Islamistas vinculados a los Nous Catalans de Mas y Junqueras se unen al ISIS», tituló La Razón en su portada once días después de la matanza parisina. Asociaba así terrorismo e independentismo, incurriendo en un disparate. «¡Son capaces de inventarse un GAL yihadista para ocupar militarmente Cataluña!», se indignó Colom. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) estuvieron compuestos, a finales de los años ochenta, por policías y confidentes que practicaron la guerra sucia contra ETA.

Colom emula y supera al ministro en sus réplicas. Convencido de que la mejor defensa es el ataque, formula con regularidad —lo hizo de nuevo días después de la masacre de París— una denuncia tan desatinada como la de La Razón. Quien de verdad echa una mano a los radicales musulmanes es Fernández Díaz, declaró Colom a la publicación catalana VilaWeb. «[…] resulta que el ministerio [del Interior] y el CNI maniobran para poner al frente de la interlocución de los musulmanes con España a un radical, integrista, el señor [Mounir] Benjelloun, que reclama el establecimiento de un califato en Marruecos», afirmó. Fingía ignorar que el CNI ha puesto múltiples trabas, a veces con éxito, para que Benjelloun y muchos de sus seguidores obtuvieran la nacionalidad española. Los informes policiales españoles no son amables con la corriente islámica con la que simpatiza Benjelloun. El borrador de real decreto que el ministro de Justicia se sacó de la manga en septiembre de 2015 para reformar la principal institución islámica en España perjudicaba a Benjelloun y beneficiaba a Tatary, su adversario.

Las palabras de Colom causaron indignación en las filas de los responsables musulmanes españoles. Acusar a Benjelloun, entonces secretario general de la Comisión Islámica de España, de soñar con crear un califato equivale a decir que comparte los postulados de Estado Islámico. El islam que propugna puede gustar o no, pero nadie pone en duda que es pacífico. «Desgraciadamente estamos acostumbrados a ver cómo nuestra comunidad, nuestra religión, son manipuladas por individuos poco escrupulosos […]», respondió Benjelloun al director de Nous Catalans.

Pese al hiperactivismo de Colom y a la generosa financiación de la Generalitat, el balance de los cuatro primeros años de existencia de Nous Catalans no es del todo exitoso. «A Santa Coloma [sede de la fundación] los inmigrantes acuden para que les ayuden a hacer la declaración de la renta, a tramitar la renovación de las tarjetas de residencia y hasta a hacer fotocopias gratis, pero el mensaje independentista les suele resbalar», asegura un exempleado. La asociación marroquí Endavant también impartía clases de árabe, en la sede de Nous Catalans, para niños marroquíes por el módico precio de 5 euros al mes. «Desde la marcha de Ziani la fundación ha ido perdiendo peso», afirma Noureddine Tazaoui, un pequeño empresario marroquí que fue años atrás su delegado en la comarca del Bajo Llobregat.

Nous Catalans y el nacionalismo han ofrecido estos últimos años «un modelo alternativo para gentes que buscan su identidad porque ya no son del todo de allí, de sus países de origen, pero tampoco son aún plenamente de aquí», comentaba el antropólogo catalán Jordi Moreras al analizar los mensajes dirigidos a la inmigración en vísperas de las autonómicas de 2012. «Se les dice que para integrarse, que para ser de verdad catalán, tienen que ser independentistas», añade este profesor de la Universidad Rovira i Virgili. ¿Está calando el mensaje?

Es difícil hacerse una idea nítida de cómo perciben los musulmanes, y los inmigrantes en general, el independentismo. Esteve Lafite, antropólogo nacionalista, no tiene la menor duda de que los jóvenes «le son favorables». «Les brinda la oportunidad de tener una identidad compartida, de integrarse», asegura. Es así «porque en Cataluña, cuando un extranjero habla catalán y muestra un mínimo apego a nuestra idiosincrasia —basta simplemente con llevar una camiseta del Barça—, pasa a ser de los nuestros cualesquiera que sean el color de su piel y su lugar de nacimiento», explica. Rachid Boutarbouch, ideólogo en España de la rama del movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad, también opina que aquellos musulmanes que en Cataluña se ha informado algo sobre el proceso soberanista lo consideran beneficioso para sus intereses. «Intuyen que vivirán mejor en el nuevo Estado», comenta.

Said el Kadaoui, psicólogo y novelista afincado en Barcelona, describe, en cambio, a una juventud dividida, a imagen y semejanza de la sociedad catalana. «Hay muchos chavales que son bereberes y por razones identitarias simpatizan con el nacionalismo catalán», explica El Kadaoui. Es decir, que su alineamiento con los soberanistas equivale a reivindicar derechos para el Rif. «Unos lo hacen de forma más razonada y otros instintiva, pero este sentimiento existe», recalca El Kadaoui, que es de familia rifeña.

Algunas personalidades influyentes, como el socialista Mohamed Chaib, sostienen, en cambio, que los musulmanes son prácticamente inmunes a los cantos de sirena de los nacionalistas. «Los catalanes de origen marroquí temen la incertidumbre, la inestabilidad», declaraba Chaib, en octubre de 2015, al diario Les Eco de Casablanca. «Incluso si ya poseen la nacionalidad española, esta perspectiva les perturba, porque no saben si la van a perder, qué pasará con sus familiares que solo disponen de un permiso de residencia» que quizá ya no les valga para circular por el conjunto de la UE, añade. El más resistente a los vientos independentistas es Mourad el Boudouhi y su pequeña Asociación Watani para la Libertad y la Justicia de Lleida, que se dio a conocer por el recurso contencioso-administrativo que formuló en 2010 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el ayuntamiento de la ciudad. El abogado de la Asociación Watani alegó que la prohibición del uso del velo integral en dependencias municipales era una medida discriminatoria por motivos religiosos. Posem fi al separatisme (pongamos fin al separatismo) son las palabras con las que abre la página de la asociación en Facebook. En vísperas del 12 de octubre, la Fiesta Nacional, Mourad el Boudouhi animó a los inmigrantes a manifestarse en la plaza de Cataluña en Barcelona.

«La independencia les importa un carajo a los musulmanes», contesta Alami Susi, de la asociación Itran. «Lo que de verdad les preocupa es trabajar, ahorrar, irse de vacaciones cada año a su país de origen», añade resumiendo una opinión que se escucha con frecuencia en Barcelona. «La gran mayoría de los musulmanes vive al margen de todo esto», insiste Mohamed el Ghaidouni, que encabeza la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, que, según él, reagrupa a más de la mitad de las entidades islámicas de la comunidad autónoma. «El colectivo inmigrante, y especialmente los musulmanes, ha sido el más golpeado por la crisis», añade. «Está agobiado; su preocupación es llegar a fin de mes y no va mucho más allá», concluye.

Diez días después de la expulsión de Ziani, Colom acudió con sus colaboradores a la inauguración del oratorio de Els Monjos (Barcelona). Habló del «exiliado forzoso» en Marruecos. «Está aquí espiritualmente con nosotros y un día lograremos que vuelva a Cataluña con todos los honores», anunció. Atiq Bouhouria Moulay Melian, la esposa de Ziani, aplaudió esas palabras reconfortantes, pero poco a poco se fue distanciando de Nous Catalans. Se alejó del nacionalismo para tratar de ayudar a su marido, que desde Rabat recurrió ante la Justicia su expulsión de España. No le sirvió de nada porque el 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo avaló definitivamente la decisión que Sanz Roldán había tomado dos años antes. En coordinación con su marido proscrito, Atiq Bouhouria Moulay Melian continuó en Barcelona con las actividades de la UCCIC. Ofrece, por ejemplo, clases de formación para «dinamizadores religiosos» y también cenas de ruptura del ayuno en el lujoso marco del palacio de Pedralbes, pero ya sin el marchamo convergente. Siempre contaba, eso sí, con generosos patrocinadores marroquíes públicos y privados.

La campaña de la Generalitat para seducir a los colectivos musulmanes, especialmente el marroquí, siguió adelante sin Ziani. El último gran jalón de ese recorrido ha sido la aprobación del «Plan Marruecos 2014-2017» dos meses antes de la llamada «Consulta sobre el futuro político de Cataluña» del 9 de noviembre de 2014, inspirada por los nacionalistas y parte de la sociedad civil catalana. Nous Catalans participó en la elaboración del plan. Este concedía, por fin, aquello que en tres décadas de educación transferida al Departament d’Ensenyament nunca había aceptado: la enseñanza del islam en las escuelas y la introducción del árabe y del tamazig (la lengua de los bereberes en el Magreb, cuyo dialecto en el Rif es el tarifit), en horario lectivo, como segundo idioma extranjero. El objetivo es «preservar la lengua de la familia» del inmigrante, subraya el documento aprobado por el Govern catalán. En ningún país europeo se enseña el tamazig en los colegios, ni siquiera en los Países Bajos, donde buena parte de la inmigración es rifeña. En Marruecos solo se oferta esa lengua al 12 por ciento de los alumnos de primaria.

A lo largo de sus 24 páginas el plan otorga un papel clave a los Ministerios de Educación y Asuntos Religiosos de Marruecos en la elaboración del material religioso destinado a la mayoría de los musulmanes en Cataluña y a su difusión a través de los centros de enseñanza, mezquitas y madrasas (escuelas coránicas). Dadas «las especificidades idiomáticas y culturales del colectivo marroquí, así como su importancia numérica», es «conveniente impulsar iniciativas diseñadas especialmente para esta comunidad», señala el plan de la Generalitat. «En este sentido, la colaboración con el Gobierno de Marruecos puede redundar en una mejora en cuanto al diseño de los contenidos educativos […], así como en una mayor eficacia a la hora de difundir estas propuestas de formación», asegura. Una comisión mixta catalano-marroquí se encargaría de preparar esta labor. Desde la Comisión Islámica de España, Benjelloun, que ostentaba entonces el cargo de secretario general, puso el grito en el cielo. «Es una violación del acuerdo de cooperación con el Estado», que otorga a la Comisión la supervisión de la enseñanza del islam, declaró. «Y es un error que desde un país ajeno [Marruecos] se tutele el islam» en España y en Cataluña. «¡Los musulmanes somos maduros!», protestó.

La comisión mixta no se ha creado y, pese a esa mano tendida de la Generalitat a Marruecos y a sus inmigrantes en Cataluña, los planes de los nacionalistas van por otros derroteros. Barajan suprimir la asignatura de religión en una Cataluña independiente. En un debate celebrado en Caixa Fòrum de Barcelona, en julio de 2015, la convergente Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, propuso instaurar en las escuelas públicas una asignatura obligatoria común de «cultura religiosa», es decir, de historia del cristianismo, del islam, del judaísmo, etcétera. Sustituiría a la disciplina de religión católica. Aunque es católico y participa en las procesiones de Semana Santa, Oriol Junqueras, presidente de ERC, da la razón a la consellera. El Estado catalán deberá ser «neutral respecto al hecho religioso», afirmó en el mismo debate. Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, no es independentista, pero también comparte ese punto de vista. Por mucho que el «Plan Marruecos» ofrezca introducirlo, el islam finalmente no tendría cabida en las aulas de una Cataluña independiente.

6

YIHADISMO:
¿CALMA ANTES DE LA TEMPESTAD?

Poco después de las dos de la madrugada los agentes derribaron el portal de la calle Castellassa, en el barrio de Sant Llorenç en Terrassa (Barcelona). Una veintena de policías armados hasta los dientes subieron a continuación a la carrera los cinco pisos del edificio. Una vez en el ático abatieron con estruendo la puerta de la vivienda, en la que irrumpieron apuntando con sus armas largas al tiempo que gritaban: «¡Policía, todos al suelo!».

En el piso de la familia El Harrak todos dormían excepto Yassir (Tetuán, 1992), que zanganeaba en el sofá delante del televisor encendido en la madrugada del 13 de marzo de 2015. A él y a su padre, Mustafá, les esposaron, mientras que el hermano pequeño, Abdelnour, de dieciséis años, se libró de los grilletes junto con la madre, Sodía. Tumbada en el suelo, la mujer tuvo un ataque de ansiedad y empezó a chillar despavorida. Un número de la Policía Nacional se le acercó. «Señora, no grite que va a despertar a los vecinos», le dijo.

Sodía cuenta esta anécdota con una sonrisa en los labios tras una copiosa cena de Ramadán. «¿Cómo se podía pensar que alguien dormía en el edificio con el escándalo que habían armado?», se pregunta en un español esforzado mientras sirve crepes marroquíes. El comentario de Sodía es el único brote de humor en una velada sombría. Mustafá, el padre de Yassir y de otros cuatro hijos, llora en silencio en un rincón del salón; Kautar, la hija mayor, manifiesta su indignación ante el visitante en un español sin acento: «¿Por qué la prensa publicó nuestra dirección, poniendo en peligro nuestra seguridad? ¿Por qué la prensa informa de las detenciones pero no de la puesta en libertad de otros musulmanes, sin cargos o con pequeñas fianzas?». El tono de sus preguntas no es tan jovial como el de su madre.

Tras registrar la casa y hacer fotos —un pantalón militar fue objetivo primordial de las cámaras— los policías se llevaron a Yassir con su ordenador. Todos los reunidos alrededor de la mesa baja, de estilo marroquí, claman su inocencia y aportan datos que, según ellos, la avala. «¡Pero si era del Mogreb!», el equipo de fútbol de Tetuán, recuerda Bilal Ahayat el Harrak, un primo veinteañero de Yassir que trabaja en una concesionaria de recogida de basuras en Terrassa. «¡Pero si iba a discotecas!» con los dineros ganados descargando cajas en el mercado, codo con codo con los gitanos, o repartiendo publicidad por los buzones, insiste. Lo uno y lo otro deberían demostrar que el penúltimo de los cinco hermanos El Harrak no tiene nada de radical. Estado Islámico ha prohibido no solo jugar al fútbol sino incluso verlo en televisión.

Muchas detenciones, pocas condenas

El juez instructor Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, sospecha, en cambio, que Yassir formaba parte de una célula de al menos diez personas. «[…] realiza labores de difusión y propaganda del Dáesh [acrónimo en árabe de Estado Islámico] y difunde vídeos […] como, por ejemplo, la lapidación de una mujer, que justifica, al igual que los atentados de París contra la revista Charlie Hebdo, teniendo especial relevancia que sostiene que es un montaje», reza el auto del magistrado. «[…] realiza labores de adoctrinamiento y captación», añade. Ha intentado comprar una pistola a través de internet. Gómez Bermúdez ordenó su ingreso en prisión preventiva sin fianza.

La familia no niega que en sus largas horas de ocio —excepto algún trabajo ocasional, el joven estaba en paro— Yassir haya podido darle un «me gusta» en Facebook a algún vídeo perverso, pero de ahí a hacerse terrorista o cómplice de los terroristas hay un largo trecho que, según ellos, nunca recorrió. Así se lo aseguró a sus padres cuando fueron a visitarle a la cárcel de Picassent (Valencia).

En Ceuta y en Melilla los adolescentes de las míseras barriadas musulmanas buscan a los familiares más jóvenes de los detenidos para manifestarles su simpatía. En Terrassa, un ayuntamiento de larga tradición socialista, son la municipalidad y los centros de enseñanza los que bridan apoyo a la familia del preso para que no sea estigmatizada. Lo sucedido en la periferia de Barcelona tras la redada de ese viernes 13 recuerda mucho a la actuación de las sociedades socialdemócratas más avanzadas, como las escandinavas.

Pese a haber pasado casi toda la noche en blanco, Abdennour decidió ir a clase al Institut Cavall Bernat, pero no soltó ni una palabra sobre la detención de su hermano. Al final de la mañana la noticia se había corrido por Terrassa. «Un par de profesores se me acercaron con discreción», recuerda el chaval. «Me dijeron que sabían lo que había pasado en casa; me preguntaron si necesitaba algo», añade agradecido.

El consistorio se encargó de arreglar la puerta del edificio de la calle Castellassa derribada por la policía. Su servicio de Ciudadanía y Derechos Civiles organizó además una reunión entre los El Harrak y sus vecinos para explicar que la aparición de una oveja descarriada en la familia no debía empañar la relación del vecindario con los padres y hermanos de Yassir. Tras este encuentro, un puñado de tarrasenses que se cruzaban con frecuencia con el joven firmaron un escrito en el que aseguran que es un «ciudadano trabajador, pacífico, integrado totalmente en la sociedad española, de carácter tolerante […]», y lo enviaron al abogado del reo para que lo utilizara en su defensa.

El ayuntamiento fue aún más lejos. La jefa del servicio de Ciudadanía, Gemma García Ciurana, redactó un escrito, en mayo de 2015, en el que señala que Yassir «se comportaba de forma ejemplar». «Si veía algún vecino o vecina cargado los ayudaba», añade. «En 2014 hubo un intento de ocupación de una vivienda del bloque y el Sr. Yassir el Harrak avisó al presidente y le dio apoyo para evitar una posible ocupación».

Yassir el Harrak no es un caso atípico. La gran mayoría de los presuntos yihadistas circunscribían su actividad a su ordenador. Se dedicaban, según los comunicados del Ministerio del Interior anunciando su detención, a labores de proselitismo, reclutamiento y financiación, mayoritariamente por cuenta de Estado Islámico, cuyo relumbrón supera ahora al de Al Qaeda. Muy pocos proyectaban atentados en España, cuando los planeaban estaban en una fase muy embrionaria y casi siempre carecían de armas y explosivos.

Un marroquí de treinta y dos años, vecino de Mataró (Barcelona), y una marroquí de diecinueve, afincada en Fuerteventura, fueron, el 8 de diciembre, los penúltimos detenidos de 2015. Ambos habían recibido instrucciones de los líderes de Estado Islámico para preparar atentados «que causaran la mayor alarma social y el mayor número de víctimas», según el auto del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión. ¿Con qué iban a perpetrarlos? Carecían de todo lo necesario para asestar un golpe de envergadura.

Cuando excepcionalmente se hallan pistolas en el registro, como en Ceuta en enero de 2015, son con frecuencia simuladas o antiguas, casi de museo. Nada que ver con los fusiles de asalto rusos Kalashnikov AK47 con los que los terroristas perpetraron la matanza de noviembre de 2015 en París. «Algo hemos aprendido de la lucha contra ETA: existe en España un férreo y eficaz control sobre las armas», recalca Francisco Martínez Vázquez, número dos del Ministerio del Interior durante la legislatura en la que gobernó Mariano Rajoy.

Un porcentaje nada desdeñable de los detenidos en las redadas antiterroristas es puesto en libertad bajo fianza. La Operación Javer, en Melilla en mayo de 2014, fue una de las más cacareadas por Interior porque era la primera en que caía un presunto yihadista retornado de Malí, Benaissa Laghmouchi Baghdadi. Hubo seis detenidos, de los cuales cuatro fueron puestos pocos meses después en libertad con fianzas pequeñas, de entre 1.000 y 4.000 euros, según Mohamed Busian, uno de sus abogados. «No es la primera vez que Interior vende a bombo y platillo detenciones de yihadistas que quedan libres al poco tiempo», comentó Busian al autor. «Puede que quede en nada», repite tras las redadas Hassan Mohatar, diputado de Coalición por Melilla, el partido localista musulmán.

En nada quedó el caso de Francis Peña Orellana, una chilena que tenía veinticinco años —pareja de un marroquí con el que tuvo un hijo— cuando la policía le echó el guante en Barcelona en diciembre de 2014 en el marco de una redada en la que cayeron otras seis personas. El juez Santiago Pedraz la envió a prisión, pero siete meses después la puso en libertad. Su detención tuvo impacto mediático porque era mujer, latinoamericana y conversa al islam. Cuando fue excarcelada la prensa de su país se hizo eco de la noticia, pero la española la ignoró. Por eso Kautar, la hermana de Yassir el Harrak, se indigna de que solo se hable de los musulmanes cuando están bajo sospecha, pero no cuando resultan ser inocentes.

Ni siquiera está claro que algunos condenados sean culpables. La Operación Cantata de la Guardia Civil desmanteló en Barcelona, en enero de 2008, una red compuesta por once paquistaníes y un indio que planeaba el que iba a ser el mayor atentado perpetrado en España después del 11-M: la voladura de trenes del metro de la capital catalana. Los once, residentes en el barrio barcelonés del Raval, fueron condenados al año siguiente por la Audiencia Nacional a entre seis y ocho años de cárcel. La sentencia se basó principalmente en el testimonio de un testigo protegido al que la Justicia dio el nombre clave de F-1, un paquistaní llamado Asim Iqbal, según desveló El Periódico de Catalunya.

«La condena de la célula del Raval se basó en un testigo que mintió», tituló, el 4 de julio de 2015, El Periódico de Catalunya una larga investigación efectuada por dos de sus periodistas. Asim Iqbal «afirmó ser un terrorista arrepentido, pero era en realidad un confidente policial e inventó una gran red europea de financiación terrorista de la que dijo formar parte y que nunca existió», escribieron los periodistas. Además, el testigo era un delincuente común «en busca y captura en Pakistán». Mientras preparaba este libro he escuchado a más de un experto en la lucha antiterrorista decir que «aquel asunto del metro no estaba tan claro como aparentaba». Tres partidos de izquierda catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds y Candidatura de Unitat Popular) pidieron, en julio de 2015 en el Parlament, que se revise el caso y que, si son absueltos, los paquistaníes sean indemnizados.

Fernando Reinares, investigador principal en terrorismo internacional del Real Instituto Elcano, reconoce que hubo, por lo menos hasta principios de 2011, una desproporción entre detenciones y condenas. «Solo uno de cada cuatro o cinco de los procesados era finalmente condenado», comenta en una conversación con el autor. No atribuye el desfase a «un exceso de celo» policial sino a un «marco legal deficiente». Ese año entró en vigor la primera gran reforma legal contra el terrorismo yihadista, aprobada a finales de 2010 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. El país de Europa continental que sufrió el mayor atentado terrorista (11-M, 192 muertos) no había introducido hasta entonces ninguna modificación substancial de su Código Penal. Cuando por fin lo hizo, en 2010, fue en buena medida obligado por la directiva marco europea adoptada dos años antes. El Partido Popular se abstuvo en aquella votación en el Congreso de los Diputados porque la reforma de los socialistas excluía la cadena perpetua revisable para delitos terroristas con causa de muerte, aunque establecía un cumplimiento efectivo de la pena de hasta cuarenta años y sin revisión posible. Cinco años después el Gobierno de Rajoy aprovechó su mayoría absoluta parlamentaria para introducir en solitario la cadena perpetua en el Código Penal.

«La reforma de 2010 es la adaptación de nuestro Código Penal a la morfología del nuevo terrorismo», sostiene Reinares. «Aunque pasó casi inadvertida, fue de más calado que la de 2015 introducida por el PP y que tanta polémica suscitó», prosigue el investigador. Aquella reforma socialista conllevaba penas de prisión para los que propaguen a través de internet mensajes de índole terrorista; preveía ya sanciones por actividades de adoctrinamiento y reclutamiento; implantó además la libertad vigilada durante un máximo de diez años al terrorista condenado que hubiese cumplido su pena y fuese excarcelado. «Como la Justicia es lenta, aún es pronto para determinar» si después de este endurecimiento de la legislación «se mantiene la ratio de detenidos/procesados/condenados» que prevaleció hasta principios de 2011, concluye Reinares. El 13,5 por ciento de los procedimientos que, a finales de 2014, se instruían en la Audiencia Nacional están relacionados con el terrorismo yihadista, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a ese año.

En los interrogatorios por parte del magistrado instructor y en los pocos juicios de presuntos yihadistas que se han celebrado hasta ahora en la Audiencia Nacional, los acusados «adoptan una actitud en las antípodas de la que mantenían los presos etarras» que proclamaban a gritos que no reconocían al tribunal o gritaban gora ETA (viva ETA) y jo ta ke (dales duro), observa la fiscal antiterrorista Dolores Delgado. Los islamistas radicales, en cambio, lo niegan todo. «Solo les faltó por decir que no son musulmanes», bromea un abogado que los tuvo como clientes.

Con la detención de Yassin Ahmed Laarbi, alias Pistu, y de sus diez compinches en el marco de la Operación Cesto fue desmantelada en Ceuta, en junio de 2013, la primera gran célula de reclutamiento en España. Desde su celda de cristal a prueba de balas, Pistu respondió a las preguntas del fiscal, cuando en marzo de 2015 empezó la audiencia pública, negándolo todo e invocando el Corán para proclamar su pacifismo. Abdeluahid Sadik Mohamed, un ceutí retornado de Siria e Irak, fue el que más caradura tuvo. En los informes de inteligencia y en su primera declaración tras su detención en el aeropuerto de Málaga, en enero de 2014, se revela que un año antes participó en el asalto a la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, en el que fueron liberados más de mil presos, muchos de ellos encarcelados por atacar a las fuerzas estadounidenses allí desplegadas. «Yo no participé en ninguna guerra ni jamás he empuñado una pistola», declaró en el juicio. Fue a Turquía y Siria, explicó, «para hacer turismo» y, de paso, para ver algún campo de refugiados.

Los acusados argumentaron también que el yihadismo, una palabra que se les ha podido escapar en alguna conversación interceptada, solo demuestra su empeño por superarse individual o colectivamente. No convencieron al tribunal que les condenó, en octubre de ese año, a penas de entre diez y doce años por haber enviado a una muerte probable, entre 2012 y 2013, a 28 jóvenes españoles y marroquíes. Cuando se redactó esta sentencia, al menos ocho ya habían fallecido en Siria; seis de ellos eran ceutíes.

«El esfuerzo por superarse es la interpretación que se puede dar a la palabra yihad en 22 de las 35 veces que aparece en el Corán», explica Dolors Bramon, arabista y profesora emérita de la Universidad de Barcelona. «Yihad es uno de los conceptos más controvertidos en el islam», prosigue. «En otras tres ocasiones significa más bien la elevación espiritual de los fieles», añade. «Y queda una decena de referencias en las que sí alude al combate contra los no musulmanes, porque el Corán prohíbe expresamente el enfrentamiento entre aquellos cuya religión es el islam. Hoy en día la mayoría de los teólogos musulmanes sostiene que su religión solo puede expandirse mediante la persuasión y que el recurso a las armas solo es aceptable en legítima defensa», concluye.

Muchos líderes musulmanes se resisten, sin embargo, a que ni siquiera en algunos casos la yihad pueda ser asimilada a un llamamiento a la guerra santa contra los infieles. «Es muy importante separar lo que es terrorismo del yihadismo, que son dos conceptos tan diferentes como el nacionalismo lo es del terrorismo», repite, por ejemplo, Abderramán Benyahia, presidente de la Asociación Musulmana de Melilla, la más antigua de la ciudad.

¿Quiénes son los que se sientan en España en el banquillo para ser juzgados por terrorismo o están en prisión preventiva a la espera de juicio? Los perfiles han ido evolucionando desde el 11-M. La principal novedad es que ha crecido la proporción de españoles (45 por ciento), según un estudio efectuado por Reinares y Carola García-Calvo, su colaboradora en el Real Instituto Elcano, entre los 120 detenidos entre 2013 y el 15 de noviembre de 2015. Los españoles han desbancando a los marroquíes (37,5 por ciento de los detenidos) que, sin embargo, multiplican por siete a los tunecinos, el tercer grupo por nacionalidades. El 75,8 por ciento de los detenidos eran nacidos en Ceuta y Melilla, y a continuación figuraba Barcelona, seguida por Madrid. En cuanto a los extranjeros apresados en España, el 40 por ciento eran originarios del norte de Marruecos (Tánger-Tetuán-Alhucemas).

La segunda gran novedad es que han aparecido mujeres —15,8 por ciento de los detenidos— cuya edad oscila mayoritariamente entre los quince y los veintinueve años. Coincide con el 60,9 por ciento de los varones detenidos que también se situaban por debajo de los treinta años. «La primera célula destinada a la captación y adoctrinamiento de mujeres [en Europa] la desarticulamos en España», declaraba orgulloso, en julio de 2015, Fernández Díaz al diario ABC. «Van engañadas» por reclutadores que les prometen «un paraíso en el que un joven apuesto cuidará de ellas y les dará hijos», explica la fiscal antiterrorista Dolores Delgado. Cuando además la «presa» del captador es menor de edad, es fácil engañarla. Solo catorce años tenía una adolescente ceutí detenida en la frontera de Melilla, en agosto de 2014, cuando iba camino de Marruecos para, desde allí, dar el salto a Oriente Próximo vía Estambul. La Audiencia Nacional la condenó a dos años de internamiento en régimen cerrado. Hay también mujeres reclutadoras. Louba tenía veintiún años y era técnica infantil en un centro de enseñanza en Ceuta cuando desapareció en noviembre de 2014. «Desde Al Raqqah (capital del autoproclamado Estado Islámico) habla ahora a adolescentes», a las que trata de captar a través de las redes sociales, según Loretta Napoleoni, autora de varios libros sobre la financiación del terrorismo.

El ímpetu yihadista de las mujeres es, al menos al principio, similar al de los hombres. La marroquí Samira Yerou, detenida en marzo en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) cuando iba a embarcar rumbo a Turquía, había enseñado a su hijo de tres años a repetir frases como «degüello al policía» o «quiero ir con los muyahidines» (combatientes islámicos).

El mapa del radicalismo en España

El tercer gran descubrimiento del estudio del Real Instituto Elcano es la irrupción de los conversos al islam —españoles e inmigrantes latinos—, que constituyen el 14,5 por ciento de los aspirantes a yihadistas pero que cada año que transcurre suelen ser más numerosos, sobre todo en Cataluña. «El dato es especialmente inquietante porque implica la propagación del yihadismo a sectores de población que nada tienen que ver con los inmigrantes musulmanes», comenta Reinares.

Además de una religión, el islam es también para algunos jóvenes conversos una ideología antiglobalización, antiimperialista, y por eso suscita vocaciones en un mundo donde las doctrinas de extrema izquierda están de capa caída. Antonio Sáez Martínez (Granada, 1975), un expeluquero residente en Sabadell (Barcelona) desde 2005, era el presunto jefe de una célula de once personas —cinco de ellas conversos— que proyectaba perpetrar atentados. Su grupúsculo fue desmantelado por los Mossos d’Esquadra en una operación que bautizaron Caronte. El itinerario de Sáez Martínez pone de relieve ese vaivén entre la vida disoluta, impregnada de alcohol y de drogas, y las quimeras de la izquierda radical que tuvieron algunos conversos antes de abrazar el islam. En su juventud intentó acercarse a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) escribiendo cartas a uno de sus presos encarcelados por terrorismo. Quince años más tarde Sáez Martínez se hizo yihadista.

El trabajo de Reinares echa además por tierra, antes incluso de que los atentados de París la desmintieran tajantemente, la teoría de los «lobos solitarios», con tanta frecuencia evocada por el ministro del Interior español hasta el otoño de 2015. La persistente presión de las fuerzas de seguridad —se confiaba hace unos años— impedía la formación de células terroristas en Europa como las que golpearon en Madrid o Londres. Aquellos individuos que anhelaban hacerse yihadistas se radicalizaban entonces solos —de acuerdo con esta tesis— y pasaban a la acción también en solitario o, como mucho, con la ayuda de un reducidísimo grupo de terroristas inexpertos. El informe de Elcano señala, sin embargo, que el 90,4 por ciento de los detenidos en España actuaba en compañía de otras personas.

Reinares analiza los perfiles yihadistas y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) intenta, por su parte, averiguar dónde pueden surgir focos extremistas. Este organismo, que depende de Interior, lleva años elaborando un detallado mapa confidencial de España con el nivel de riesgo de radicalización yihadista por secciones censales, una demarcación diseñada con otros fines por el Instituto Nacional de Estadística. Son unas 37.000 las secciones censales que hay en España y su número de habitantes no suele rebasar los 1.500. Para evaluar la amenaza en cada una de ellas Interior introduce en una coctelera algorítmica información pública (número de inmigrantes y mezquitas, nacionalidades, edades, detenciones practicadas, datos socioeconómicos, incidentes islamófobos) y otra más reservada (valoración del sermón del imán, corrientes islámicas del lugar, informes de inteligencia). El resultado que arroja guarda una cierta relación con la distribución de la población musulmana por la geografía española, pero no coincide plenamente. Por razones técnicas además —el bajo número de secciones censales—, este sistema proporciona un resultado distorsionado para las dos ciudades autónomas que el ministerio no considera válido, aunque sí revela que Melilla está más en peligro que Ceuta. El mapa sí sirve, en cambio, para identificar en la Península y en los archipiélagos a los colectivos en riesgo de caer en la radicalización y tratar de moderarles.

La radicalización en España tiene «un claro sesgo geográfico hacia la costa mediterránea», señalan los expertos de la lucha antiterrorista en el análisis que acompañaba al mapa a finales de 2015. Todas las provincias mediterráneas —también Baleares— aparecen en rojo en la carta del CITCO, excepto Castellón y Granada, porque en ellas hay un gran número de gérmenes extremistas. Por comunidades «[…] Cataluña es la más significada en cuanto al número de secciones censales en riesgo» de radicalización. Allí se concentra el 29 por ciento del riesgo del conjunto de España. Por provincias, Barcelona, que aparece en rojo vivo en el mapa, es líder con el 18 por ciento y 6.168 puntos de radicalización. Las otras dos provincias costeras catalanas (Tarragona y Girona) se sitúan por encima de cualquier provincia andaluza.

Aunque formalmente se coloca en un tercer lugar, detrás de Cataluña y Madrid, Murcia, que también figura en rojo vivo, es en la práctica segunda por su «conflictividad social» y «riesgo de radicalización», con sus 2.789 puntos, advierten los analistas de la lucha antiterrorista. Ninguna provincia andaluza llama la atención de los autores del informe excepto Almería, «que se debe tener en consideración» porque su índice es alto (1.157 puntos) —está a la cabeza de Andalucía junto con Málaga— en relación a su población. En el polo opuesto, los lugares menos conflictivos son aquellos donde menos musulmanes hay, como Galicia, Cantabria, Badajoz, Zamora, Salamanca, Palencia, etcétera. Ourense es la provincia con el índice más bajo. «Por muy rojo que esté casi todo el arco mediterráneo español en el mapa del CITCO, la comparación con documentos similares de otros países europeos sigue siendo favorable a España», comenta una fuente policial española que asiste a reuniones de Europol.

Desde el 11-M los terroristas no han logrado golpear en España, aunque sí consiguieron acabar con la vida de dos policías en un ataque contra la Embajada española en Kabul en diciembre de 2015. Ni siquiera se ha producido desde 2004 una agresión con arma blanca como sucedió, por ejemplo, en Londres, en mayo de 2013, cuando dos hombres asesinaron apuñalándolo a un soldado. Ese y otros ataques, fáciles de improvisar porque no requieren ningún tipo de infraestructura, se repitieron en otros lugares de Europa, pero no en España.

El número de españoles o residentes en España que ha emigrado a Siria e Irak con la intención de sumarse a alguna organización terrorista —el 90 por ciento acabaron pronto o tarde en la órbita de Estado Islámico, según la policía— se eleva a 139, una cifra irrisoria comparada con otros países europeos con importantes colectivos musulmanes. Como reconocía además el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la ratio en España entre desplazados a zonas de conflicto y retornados tras adquirir una experiencia bélica es «infinitamente inferior» a la de otros países europeos. En el otoño de 2015 Interior había detectado el regreso de 25, de los que 15 estaban en prisión y 10 en libertad, pero vigilados. «En resumen, el nivel de movilización yihadista en nuestro país es relativamente bajo», afirma Fernando Reinares. Entre los grandes países europeos también lo es en Italia.

Los expertos —policías, analistas de inteligencia, académicos— que estudian el fenómeno atribuyen ante todo la escasez de brotes terroristas a una combinación de factores entre los que destaca el tipo de inmigración que acoge España: de primera generación. «Los que han emigrado hace algo más de una década están satisfechos de haber conseguido su objetivo y no buscan otras metas», explica en conversación con el autor Javier Jordán, director del máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada. «Cuando regresan a su pueblo por vacaciones los que allí se han quedado les miran con admiración y eso, por ejemplo, ayuda a que el que inmigró hace quince años a Sabadell (Barcelona) o a El Puche (Almería) se sienta realizado», añade.

«Los países europeos en los que la actual movilización yihadista es más intensa son aquellos cuyas poblaciones musulmanas están compuestas sobre todo por segundas e incluso terceras generaciones» de inmigrantes, escribe Reinares en un artículo publicado en la web del think-tank Elcano en octubre de 2014. Esas generaciones nacidas y criadas en el país al que se trasladaron sus padres padecen a veces una crisis de identidad que creen poder resolver «implicándose en una insurgencia yihadista» que «ofrece un valioso sentido de pertenencia e incluso pasar a formar parte de una nueva sociedad yihadista», prosigue Reinares.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, comparte este análisis, pero añade otro elemento, mérito de las autoridades españolas y del conjunto de la sociedad. «Es mejor la calidad de la integración aquí que en otros países europeos», asegura en una conversación con el autor. «Tenemos guetos, pero menos; tenemos exclusión social, pero menos», añade. «España es un país generoso», asevera. Su jefe, Fernández Díaz, insiste además en que desde su ministerio «mantiene un diálogo con la comunidad islámica muy positivo», pero eso también sucede en otros lugares de Europa sin que baste para impedir la eclosión yihadista.

Gorka Moreno, director de Ikuspegi-Observatorio Vasco de la Inmigración, hace también una evaluación optimista como el secretario de Estado, pero por otras razones. «El modelo de integración que se ha puesto en marcha en España es absolutamente espontáneo, basado en el mercado laboral, sin ningún tipo de pauta ideológica», comentaba, tras los atentados de noviembre de 2015 en París, a la edición vasca de eldiario.es. «Y eso le ha permitido funcionar en mayor o menor medida», añade. Es decir, que si en Francia o en los países escandinavos chirría es porque se impone al inmigrante musulmán un patrón ideológico que desaprueba. Gorka Moreno prevé que en España no habrá sobresaltos: «No veo, ni mucho menos, peligrar la convivencia, pero es conveniente tener la luz roja encendida». Es más, Reinares sostiene incluso, en conversación con el autor, que «España tiene a su alcance la oportunidad histórica de evitar caer en los mismos errores que el norte de Europa actuando ya sobre las segundas generaciones de inmigrantes».

Marruecos se atribuye, obviamente, el mérito de la mesura de los musulmanes de España. Abdelhak Khiame, director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales, la achacaba a dos razones en una entrevista con la agencia de prensa EFE en enero de 2016. Por un lado, los marroquíes de España tienen un contacto más regular con su país de origen, al que viajan «varias veces al año». Ese contacto les serena. Por otro lado, el trabajo de los clérigos marroquíes en España también contribuye a la moderación de las comunidades musulmanas. Ninguno de sus argumentos se tiene en pie. El efecto balsámico del islam malekita no ha funcionado en el caso de los 1.500 o 2.000 marroquíes que desde 2013 se han alistado en las filas de grupos yihadistas. ¿Por qué debería de hacerlo con los musulmanes de España? Es además en Ceuta y Melilla donde hay más imanes enviados y a sueldo de Marruecos y es allí donde, proporcionalmente, han surgido más aspirantes a yihadistas.

La inmunidad de España ante la epidemia terrorista tiene también otra causa: el ingente esfuerzo de Interior y de todas las fuerzas de seguridad, incluidas las autonómicas. Cuando se produjo el 11-M la policía tuvo que pedir prestados intérpretes de árabe. Ahora los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil dedicados a perseguir a los yihadistas ascienden a 1.800, según Fernández Díaz, muchos de ellos trasvasados de la lucha contra ETA, a la que ya se dedican pocos recursos. A esa cifra hay que sumar los del Centro Nacional de Inteligencia, los Mossos y la Ertzaintza.

El acoso al enemigo ha ido in crescendo desde hace más de una década. Con 101 detenciones de presuntos yihadistas, 2015 supuso un nuevo récord. La cifra triplica a la de 2014 (36). En la legislatura en la que gobernó Rajoy (2011-2015) hubo 174 detenidos. Desde esa fecha fatídica de 2004, que dejó 192 muertos en las estaciones de Madrid, los arrestados hasta diciembre de 2015 ascendían a 640. El elevado número de detenciones es consecuencia de la repetición de las operaciones policiales contra los terroristas islamistas. España era el país de Europa en el que eran más frecuentes en la última década hasta que, en el otoño de 2015, Francia la superó, al multiplicar las redadas en busca de los autores de los atentados de París.

El hostigamiento al enemigo también pasa por las expulsiones de España firmadas por los sucesivos secretarios de Estado de Seguridad. Desde 2004 se han producido 110 —la mayoría en 2014— de islamistas recién salidos de la cárcel donde habían pasado varios años purgando su condena. En algunos pocos casos —a los jueces no les entusiasma la idea— la expulsión es sustitutoria del cumplimiento de la pena si esta no excede los seis años. También se producen deportaciones sin que haya habido ninguna sentencia condenatoria. Al grito de Allahu akbar (Dios es el más grande) dos jóvenes marroquíes salieron, rodeados por una legión de policías, del piso donde vivían en la calle Llobregat de Cornellà (Barcelona) en mayo de 2015. Poseían en su vivienda un abundante material de propaganda yihadista, por lo que el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, les imputó por enaltecimiento del terrorismo, pero les dejó en libertad sin fianza. La pena máxima prevista por ese delito es de dos años. Como carecían de antecedentes penales, no habrían ingresado en prisión si hubiesen sido condenados. Interior optó por deshacerse de ellos deportándolos a su país horas después de su puesta en libertad.

Pese a los alaridos que daban mientras la policía les introducía en sus coches, eran, como casi todos los musulmanes, incluidos los radicales, muy amables a ojos de aquellos con los que se cruzaban en la escalera o en el portal. «Son educados y simpáticos y ayudan a las señoras mayores a subir la compra o cosas pesadas por las escaleras», recordaba asombrado un vecino ante las cámaras de televisión. Nada que ver con los etarras, que rehuían cualquier contacto con el vecindario.

La intensificación de la represión policial no es solo un fenómeno español. Está en auge en toda Europa desde que la intervención estadounidense en Irak, en 2003, empezó a desestabilizar a gran parte de Oriente Próximo, especialmente a Siria. Acabó contagiada cuando, aprovechando la insurrección popular suní contra la dictadura alauí de Bachar el Assad, los grupos terroristas cruzaron la frontera común con Irak. La irrupción de Al Qaeda, de Estado Islámico y de otras organizaciones menores en Siria y en el norte de Irak ha creado un potente foco yihadista cuyos zarpazos alcanzan toda la orilla sur del Mediterráneo, algunos lugares de África subsahariana y hasta el Viejo Continente.

Para atenazar a los terroristas hay que buscarles, hay que seguirles la pista. Además de los reclusos, sometidos a un plan especial de seguimiento, el conjunto de las fuerzas de seguridad que operan en España mantiene bajo vigilancia, con autorización judicial, a unos 350 individuos sospechosos de radicalidad.

En sus ansias por abortar cualquier conato yihadista, el Gobierno de Rajoy aprobó tras el ametrallamiento de la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, en enero de 2015, el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Inspirado en los que ya estaban en vigor en el Reino Unido o Dinamarca, trata de movilizar a todas las Administraciones y a la sociedad civil en la detección de conductas sospechosas mucho antes de que desemboquen en terrorismo. Coordinados por el CITCO, nada menos que doce ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de Municipios y Provincias redactaron durante dos años este plan, que es secreto. A los diputados que solicitaron verlo el Gobierno les hizo llegar un decepcionante PowerPoint con 14 diapositivas. Desde su adopción en el Consejo de Ministros se han dado, sin embargo, pocos pasos para su puesta en práctica. Las comunidades autónomas toman medidas similares allí donde tienen competencias. La Generalitat catalana anunció en el otoño de 2015 la aplicación de un protocolo para detectar a tiempo la radicalización en las aulas.

A juzgar por los modelos vigentes en otros países europeos, que han sido más ampliamente divulgados, el plan español instaura la figura de un coordinador de participación ciudadana en cada distrito al que se le imparte una formación ad hoc. A él deben informar todos aquellos policías municipales, profesores, médicos, trabajadores sociales, vecinos, etcétera, que descubran en su entorno a personas o colectivos que, por ejemplo, modifiquen su forma de vestir para cubrir más a las mujeres, mientras los hombres se dejan crecer la barba, impidan a sus hijas hacer deporte, recriminen a sus correligionarios que fumen, y otros síntomas de radicalización. Para que sepan a qué deben prestar atención los informantes del coordinador también han de recibir unas charlas de sensibilización. En un país europeo se llegó incluso a instar a las cajeras de supermercados de barrios con mucha inmigración a señalar al coordinador a los clientes musulmanes que dejasen de comprar alcohol después de hacerlo durante años.

Si un profesor detecta, por ejemplo, que un alumno está en vías de radicalización, deberá trasladarlo al coordinador quien expondrá el caso ante el grupo local del distrito integrado por funcionarios y miembros de la sociedad civil. «Buscará ante todo ayudar a esa persona a superar el problema», explicó Tomás Santamaría Agudo, jefe del Área de Estrategia y Prospectiva del CITCO, en un seminario celebrado en la Casa Árabe de Madrid en febrero de 2016. Si no lo resuelve a su nivel, remitirá el caso más arriba, al grupo nacional, que dispone de más medios para actuar. Si tampoco halla la solución, entonces sí serán las fuerzas de seguridad las que se hagan cargo del joven en proceso de radicalización. «Por primera vez en España, la seguridad no está solo en manos de Interior y Justicia sino que se incorpora a ella la sociedad civil», afirma entusiasmado Santamaría.

El plan antiradicalización suscita escepticismo por dos razones. «Requiere una estrecha cooperación entre Administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos pasando por las comunidades autónomas, a la que no estamos acostumbrados en nuestro modelo de Estado», explica Javier Jordán. Aquellos médicos, enfermeros y profesores cuya colaboración se demanda pueden además interpretar que facilitar datos es delatar, pese a que la tarea del coordinador de distrito no es denunciar sino atajar el proceso de radicalización. El plan carece además de la financiación para formar a coordinadores e informantes de la sociedad civil. En teoría cada administración participante debe asumir sus propios gastos. Antes de que entrase en vigor, unos cuantos ayuntamientos de varias ciudades españolas ya habían apuntado a sus policías municipales a cursillos para familiarizarles con el islamismo. El CNI ha compensado, en parte, su escaso despliegue sobre el terreno recurriendo con frecuencia a los municipales como confidentes a cambio de pequeños sobresueldos.

Los responsables musulmanes están molestos con el plan. «No comprendo cómo no se nos ha asociado a su elaboración», repetía desolado Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, en conversación con el autor. Más contundente fue Mounir Benjelloun, su rival en el seno de la Comisión. «Los musulmanes nos sentimos marginados en esta lucha contra la radicalización y estigmatizados por los poderes públicos», escribió en una tribuna en el diario digital Web Islam. «No se podrá acabar con el radicalismo, de ningún modo, si no se implica a los musulmanes en esta lucha […]», añadía. «Somos los únicos capaces de desmontar esa farsa ideológica de la propaganda yihadista de estilo hollywoodiano», insistía Houssein el Ouariachi, que preside una asociación islámica. La queja de los líderes musulmanes abarca también al Pacto Antiyihadista, suscrito por Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en enero de 2015 y al que se incorporaron diez meses después otros siete partidos políticos. Para mejorar su imagen, tan empañada por el terrorismo, a los representantes de los musulmanes les habría gustado acompañarlos, aunque fuera como meros testigos silenciosos.

Los académicos estudiosos del yihadismo han dado siempre la razón a esta reivindicación. «La cooperación ciudadana por parte de la comunidad islámica reviste un carácter esencial en la prevención de la radicalización», escribieron, por ejemplo, en 2013 Javier Jordán y dos profesores de la Universidad Pablo Olavide, José Antonio Peña Ramos y Carmen Ortega Villodres, en una revista académica.

Mounir Benjelloun lamenta también en su artículo que el Gobierno español «prefiera aliarse […] con países nada democráticos para gestionar los asuntos del islam en España». Alude a ese Marruecos del que es originario, aunque ahora sea español y encabece en España una corriente afín a Justicia y Espiritualidad, el gran movimiento islamista marroquí de inspiración sufí y, por tanto, pacífico.

La colaboración antiterrorista con el vecino meridional empezó de verdad en serio tras el 11-M, entre cuyos autores había diez marroquíes. Desde entonces ha alcanzado niveles inauditos pese a los recelos que suscitó en Rabat, en diciembre de 2011, el regreso del Partido Popular al poder en España. El rey Mohamed VI y su entorno guardaban un mal recuerdo de José María Aznar. La larga crisis franco-marroquí en 2014, que llevó a Marruecos a cortar la cooperación policial con Francia, supuso un nuevo salto cualitativo en la coordinación con España que hacía de puente entre los dos países enfrentados. Fernández Díaz no desperdicia oportunidad de resaltar y agradecer la ayuda estrechísima que brinda Rabat, tanto más indispensable cuanto que la mayoría de los aspirantes a yihadistas detenidos en España son marroquíes o, por lo menos, de origen marroquí.

Por eso «el 80 por ciento de las operaciones que se efectúan en España se hacen, en mayor o menor medida, con información proporcionada por la DGST», la policía secreta marroquí, señala un miembro del CITCO. Desde 2013 se efectúan además cada año una media de tres redadas simultáneas coordinadas entre ambos países. Un comisario de la Comisaría General de Información, que ha vivido largos años en el Magreb, ha sido incluso invitado por Abdellatif Hammouchi, el director de la DGST, a asistir in situ a alguna operación. «Solo falta que nos den las claves de acceso a sus ordenadores», he escuchado bromear a policías españoles describiendo lo serviciales que se habían vuelto sus colegas marroquíes a la hora de proporcionarles información prácticamente en tiempo real. Hammouchi no hace declaraciones a la prensa, pero Abdelhak Khiame, director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos (BCIJ, según sus siglas en francés), no cesa de dar entrevistas. Afirma que gracias a la ayuda marroquí se han abortado atentados en varios países europeos, entre ellos España. «Marruecos defiende la seguridad de sus socios», declaraba, en diciembre de 2015, al diario bruselense La Dernière Heure. Curiosamente, toda esta cooperación bilateral no está regulada por un convenio que sí existe con otros muchos países.

Después de Charlie Hebdo, el Gobierno español aprobó el plan antiradicalización, y después del 13-N en París, con sus 130 muertos en las calles y en la sala de espectáculos Bataclan, dio otra vuelta de tuerca. Interior lanzó Stop Radicalismos, una iniciativa que se enmarca en el famoso plan lanzado a principios de 2015 pero que va algo más allá de las vigentes en otros países europeos. Consiste en invitar a los ciudadanos a señalar, a través del correo electrónico, de una web específica, de un teléfono gratuito o de una aplicación para móviles (Alertcops), procesos de radicalización o la desaparición de individuos que se hayan podido marchar a zonas de conflicto. El ciudadano puede hacerlo facilitando sus datos, pero también de forma anónima. Al mes de su estreno le habían llegado al CITCO unas 600 comunicaciones de las que casi la mitad contenían datos de interés, según Interior.

El método es peligroso con todos los colectivos, pero especialmente con los musulmanes, enfrascados en España en todo tipo de peleas fratricidas. Algunos pueden tener la tentación de recurrir a Stop Radicalismos para ajustar cuentas. El método recuerda además a las denuncias anónimas que, por ejemplo, las comisiones depuradoras de la Educación Nacional recibieron y tuvieron a veces en consideración, entre 1936 y 1945, contra maestros y profesores acusados de no ser adeptos al nuevo régimen franquista. Mucho antes que España, Francia ofreció un cauce a sus ciudadanos para avisar también de casos de radicalización, pero aquellos que lo utilizan deben dejar sus datos, aunque el Ministerio del Interior garantiza la confidencialidad.

Aunque parezca sorprendente muy pocos han levantado la voz contra esta última iniciativa de Interior que permite denuncias anónimas. En la comunidad musulmana lo hizo, por ejemplo, Tijani Mimoun El Bouji, imán de la mezquita de Adeje (Tenerife). «Una web en la que cualquiera pueda denunciar a otro, sin identificarse, porque sospecha que es yihadista fomenta el odio y la desconfianza», declaró a la prensa canaria. Algunos juristas, como el abogado Iván Jiménez Aybar, que durante años trabajó para la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, han expresado públicamente sus dudas sobre la legalidad de la medida. Ningún partido de izquierdas, ni siquiera los que no han suscrito el Pacto Antiyihadista, ha puesto reparos.

Será quizá porque la alarma ha cundido en la sociedad española. A ello contribuye el nivel 4 en la alerta antiterrorista, que indica un riesgo de atentado elevado. Interior lo decretó en junio de 2015 tras el asesinato de turistas europeos en una playa de Túnez, pero sin que hubiera surgido ninguna nueva amenaza contra España y sus intereses. Policías y guardias civiles patrullan con armas largas y chalecos antibalas por lugares céntricos de las principales ciudades españolas. «Este es el momento más crítico», declaraba en julio de 2015 Fernández Díaz, añadiendo leña al fuego. Un sondeo dado a conocer ese mismo mes por el instituto estadounidense Pew Research Center revelaba que después de los franceses, que ya habían padecido el ataque terrorista contra Charlie Hebdo, los españoles eran los europeos más preocupados por el extremismo islamista. En enero de 2016 el terrorismo internacional irrumpía, por primera vez, entre las preocupaciones de los españoles que recoge la encuesta periódica del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se situaba en el octavo lugar entre las cuestiones que más inquietan a los ciudadanos.

Cataluña, punto negro del yihadismo

Muy pocos osan ir a contracorriente del alarmismo generalizado. Un comandante en la reserva, Jesús Nuñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, sí lo hace en los foros en los que toma la palabra. España «no es objetivo preferente del terrorismo yihadista» y los «gobernantes están generando un clima de terror que no se corresponde con la realidad», repite. El peligro está sobre todo fuera de las fronteras de España, en esa orilla sur del Mediterráneo y en el Sahel, donde Estado Islámico y otros grupos terroristas avanzan sus peones. De puertas para adentro la península Ibérica es, por ahora, un remanso de paz con una excepción: Cataluña. Es ahí donde la calma reinante puede acabar en tempestad.

Mucho antes de que surgiera esta oleada de aspirantes a yihadistas el peligro ya se vislumbraba. «La amenaza en Cataluña está clara», rezaba uno de los tres cables del Departamento de Estado norteamericano dedicados al riesgo terrorista en esa comunidad autónoma desvelados por Wikileaks en 2010. Barcelona es «una encrucijada de movimientos preocupantes», añadía. Hay una gran población musulmana «susceptible de ser reclutada para la yihad. La inmigración de África del Norte, Pakistán y Bangladesh ha convertido «a la región en un imán para los reclutadores de terroristas». «Las autoridades españolas y estadounidenses han identificado a Cataluña como un centro clave de actividad islamista radical en el Mediterráneo».

Tanto es así que Washington planeaba crear, en la sede de su Consulado de Barcelona, «un centro de inteligencia, antiterrorismo y anticrimen organizado», según anunciaba un telegrama diplomático fechado en 2007. Iba a estar compuesto, en un primer momento, por 13 agentes procedentes de diversos servicios de espionaje estadounidenses que desde allí seguirían lo que sucede en Argelia, Túnez, Marruecos y el sur de Francia. Este centro debía estar operativo en 2008, pero no hay cables posteriores que confirmen su apertura. La Embajada de Estados Unidos en Madrid declinó confirmar o desmentir la existencia de esta unidad que asociaba a varios servicios de inteligencia.

Los temores estadounidenses quedaron confirmados años después. «Desde que en 2013 se iniciaron las operaciones antiterroristas para desmantelar redes de apoyo al yihadismo, con conexiones en Siria e Irak, el 35,3 por ciento de los presuntos implicados han sido detenidos en Cataluña, donde residía un 39,5 por ciento de ellos», asegura Reinares, que lleva años desmenuzando las redadas policiales en España. «Cuatro de cada diez condenados en España desde hace una década por actividades relacionadas con el yihadismo vivían en Cataluña», insiste el investigador.

En las síntesis de informes policiales europeos que elaboraba Europol después de los atentados de París, Barcelona es la ciudad española que más riesgo corre de padecer un gran atentado seguida de la provincia de Cádiz, a causa de la base hispanoestadounidense de Rota, Madrid y Valencia. En esa clasificación las urbes españolas no eran, sin embargo, prioritarias a ojos de los yihadistas, cuyos primeros objetivos serían París, Londres, Bruselas, Copenhague, Berlín o Toulouse.

Cataluña no solo es la tierra donde residen muchos aspirantes a yihadistas, es también un lugar de predilección para los salafistas. El salafismo es «una ideología internacionalista que propugna la instauración de un orden islámico universal que recupere las esencias del islam, hoy en día corrompido», según la definición del diccionario Islam e islamismo de Luz Gómez García, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. En teoría no es violento, pero a veces es la antesala del terrorismo. Gilles Kepel, el más célebre de los especialistas franceses en terrorismo de corte islamista, explica cómo se puede dar el salto al yihadismo. «El problema del salafismo es que supone una ruptura con los valores y las normas de la sociedad que nos rodea», señala. «Cuando uno se sumerge en esos ambientes al margen de la sociedad y aparece un gurú con un lenguaje florido y atractivo, se acaba cayendo en la violenci»a, advierte.

El Ministerio del Interior español ha etiquetado como salafistas a 98 mezquitas y oratorios en toda España «de los que 50 están en Cataluña», asegura Francisco Martínez. Curiosamente, el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, elevó a 70 la cifra de centros salafistas en su comunidad. La lectura de las páginas dedicadas a Cataluña en la guía de mezquitas de Interior causa alarma. En mayor o menor medida en todas pululan elementos «sospechosos», desde palestinos afines a Hamas hasta chiíes paquistaníes radicales, pasando por muchos salafistas. Con menos de un tercio del total de la población musulmana de España, Cataluña concentra más de la mitad de los lugares de culto salafistas. Los demás se reparten por el resto de la cuenca mediterránea y Melilla.

Cataluña es el lugar de Europa donde, junto con Bélgica, los salafistas son más activos. Desde 2012 a mediados de 2015 celebraron nada menos que 26 congresos en Girona, Barcelona y, sobre todo, en Reus, según fuentes de la lucha antiterrorista. «La familia musulmana en Occidente, desafíos y aspiraciones» o «sed hermanos y siervos de Dios» son los títulos que dan a sus encuentros, que se desarrollan durante varios días en sus mezquitas o en naves que alquilan en la periferia. En ellos participan cientos de musulmanes, la mayoría residentes en España, pero también procedentes de otros países europeos y conferenciantes que suelen viajar a Cataluña desde Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Egipto, Jordania y Marruecos.

Reunir a fieles en una mezquita, aunque no sea para rezar sino para debatir, no requiere ningún permiso en España. La cita más multitudinaria congregó en Reus, el 14 y 15 de diciembre de 2014, a entre 2.000 y 3.000 personas, según cálculos de la policía local. Una de las estrellas invitadas fue el valenciano Vicente Mota Alfaro, que tras su conversión al islam en 1996, cuando tenía veinte años, pasó a llamarse jeque Mansur. Por el congreso salafista suelen revolotear chavales musulmanes del barrio donde se celebra. La policía, tanto los Mossos como el Cuerpo Nacional de Policía, han observado que en los días posteriores estos jóvenes manifiestan más su religiosidad, se informan sobre las posibilidades de hacer el hajj (peregrinación a La Meca) e incluso esbozan ideas radicales.

Muchos de los que se dan, por ejemplo, cita en la mezquita Al Furkan, de Vilanova i la Geltrú, o en la de la calle Tolerancia de Reus, en el polígono Granja Vila, no han sufragado sus viajes ni su estancia. Dos asociaciones, ambas vinculadas con sus respectivos ministerios de Asuntos Religiosos, son las que con frecuencia subvencionan los congresos: la kuwaití Sociedad para el Renacimiento del Patrimonio Islámico (Revival Islamic Heritage Society) y la saudí Liga del Mundo Islámico, que gestiona en Madrid la más grande de sus mezquitas, conocida coloquialmente como «la de la M-30».

Fernando Reinares establece otro paralelismo entre Cataluña y Bélgica. Considera que esa doble identidad de la sociedad en Cataluña, española y catalana —a menudo presentadas por el nacionalismo como contrapuestas— dificulta la integración del inmigrante. «En Cataluña observamos, además de una muy singular concentración salafista, una sociedad dividida por cuestiones de identidad que no favorece la asimilación de una cultura multicultural», señala.

Bélgica es el país de Europa del que, con relación a su población, más jóvenes han salido rumbo a Oriente Próximo. Desde finales de 2011, cuando la rebelión en Siria se transformó en guerra civil, hasta finales de 2014, unos 470 musulmanes emigraron para incorporarse a grupos terroristas. Por cada millón de habitantes de Bélgica, casi medio centenar se convirtieron en yihadistas, un récord europeo. El fenómeno obedece a las mismas razones que en otros lugares de Europa, aunque algunos expertos añaden a estos factores comunes una singularidad belga. En Bélgica hay un obstáculo adicional en el camino hacia la integración de sus inmigrantes. El país no les ofrece una identidad nacional clara. Si muchos belgas no saben lo que son —flamencos, valones, bruselenses— ¿cómo lo va a tener claro un joven extranjero? Es probable que, como deja caer Reinares, los musulmanes de Cataluña padezcan el mismo problema, pero las consecuencias no son comparables. Son mucho menos numerosos los que se han alistado a grupos terroristas.

Si Cataluña, sobre todo Barcelona, está pintada al rojo vivo, el color del peligro, en el mapa de Interior es porque la Generalitat «no ha hecho correctamente los deberes», sostiene el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. «No hace esfuerzos para conseguir la integración adecuada en España porque ha primado otros objetivos», señala en una conversación con el autor. «Se ha relajado en cuestiones relevantes, lo que explica, entre otras cosas, la fuerte implantación salafista», con los riesgos que conlleva a largo plazo.

Abdennur Prado, el converso catalán que fue presidente de la efímera Junta Islámica Catalana, parecía compartir hace ya años la tesis de Francisco Martínez. Es evidente que «existe una relación entre el aumento de las corrientes salafistas, que predican un islam de ruptura con los valores de la sociedad, y el rechazo que sienten determinados colectivos de inmigrantes», declaraba a la agencia Europa Press.

Los Mossos d’Esquadra no niegan la «magnitud del problema». «Sería una frivolidad decir que Cataluña está libre de esta amenaza; al contrario, tenemos un nivel de alerta 4 sobre 5 que hemos mantenido desde los atentados en París del 7 de enero» de 2014, recordaba en agosto Albert Batlle i Bastardas, director general de la policía autonómica en una entrevista con Europa Press. Dejaba así caer que se adelantaron al Ministerio del Interior, que solo subió el nivel al 4 seis meses después, tras la matanza de turistas en una playa tunecina. Pero Batlle cree que el problema es solo achacable a «una realidad objetiva de carácter cuantitativo», es decir, al gran número de musulmanes afincado en Cataluña y a ninguna otra circunstancia.

Descuidos de la Generalitat, problemas identitarios acentuados de los jóvenes, mayores trabas para el desarrollo de su religión, marginación y precariedad, guetos casi inexistentes en otros lugares de España, especial ensañamiento de la crisis económica con el colectivo musulmán… las razones son probablemente múltiples, pero lo cierto es que en Cataluña hay proporcionalmente más radicales que en el resto de la Península y es probable que su número aumente en los próximos años.

«Hay un caldo de cultivo malo en las barriadas, aunque la gran mayoría de los chavales no va más allá de visitar algún foro poco recomendable en internet», reconoce Alami Susi, responsable de Itran, una asociación que hace obras de caridad en Marruecos. La frase que pronuncia este marroquí, empleado de la compañía metropolitana del transporte de Barcelona, me ha sido repetida varias veces por trabajadores sociales, policías o académicos que siguen de cerca la inmigración durante mis últimos viajes a la capital catalana y sus alrededores.

Pese al delicado trasfondo terrorista, las dos fuerzas protagonistas de la lucha antiyihadista en Barcelona mantienen pésimas relaciones. «La ausencia total de colaboración entre los Mossos […] y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil se traduce en enormes deficiencias de seguridad», escribió, tras los atentados de París, en El Periódico de Catalunya, Antonio Baquero, el periodista que mejor conoce en Cataluña los problemas de seguridad. «Aquí la cooperación funciona a base de favores personales que nos hacemos unos a otros, porque los cauces institucionales están bloqueados», comentaba un joven subinspector al autor. Es el fiel reflejo de la relación política entre el Gobierno central y la Generalitat.

La Operación Caronte propició, en abril de 2015, el mayor incidente entre el CNP y los Mossos d’Esquadra. Este primer gran golpe antiterrorista de la policía autonómica, que remataba una investigación del CNI, quedó empañado por el testimonio de un vecino de Terrassa que dijo haber visto a dos inspectores del CNP hablando con un converso para que este, a su vez, comunicara a los presuntos terroristas que estaban siendo investigados y que serían detenidos. Los Mossos dieron cuenta del chivatazo, en febrero y en abril, a la Audiencia Nacional. En el último informe que remitieron al juez Santiago Pedraz aseguraban que «los miembros de la célula fueron advertidos y auxiliados por parte de dos funcionarios del CNP con el fin de evitar su detención». Pretendían nada menos que «entorpecer la investigación policial» para «que no existiera acción judicial punitiva […]». El texto concluía con una carga de profundidad: con su actuación «aumentaron significativamente el riesgo concreto de la comisión de un atentado terrorista en territorio español».

Los dos inspectores declararon ante el juez que se trató de un gran malentendido provocado por las pesquisas que les encargó un juez de Terrassa. El magistrado instructor dio por válida su explicación; consideró que la acusación carecía de fundamento y la archivó dos veces. Pedraz no ha sido un juez cómodo para la Policía Nacional, pero en este caso se puso de su parte. Las relaciones entre Policía y Guardia Civil en España no siempre son cordiales, y algo similar ocurre en otros países de la UE en los que coexisten varios cuerpos policiales. Lo que hasta ahora no había sucedido es que una policía acuda a los tribunales para denunciar a otra.

El incidente adquirió rápidamente una dimensión política. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, interpretó que la Generalitat tenía «voluntad política de excluir a los cuerpos policiales del Estado de la lucha antiterrorista en Cataluña y, en base al proceso soberanista que algunos quieren impulsar, están dispuestos a poner en riesgo la seguridad de los catalanes […]». «La política antiterrorista no puede funcionar de esta manera, con intereses partidistas», sentenció.

En el fondo de este asunto subyace el empeño de los nacionalistas de convertir a los Mossos en una policía integral, con competencias similares a las de la Policía Nacional. Aunque no es independentista, Ramon Espadaler, conseller de Interior hasta junio de 2015, insistió en ello en su último discurso con motivo del día de Les Esquadres, la fiesta de la policía autonómica, pronunciado justo después de la Operación Caronte. «Que quede bien claro, somos una policía integral», recalcó. «Demasiadas veces se pretende rebajarnos, acotarnos y deshacer la excelente labor» efectuada, añadió. «No es cierto que Mossos d’Esquadra y Ertzaintza sean policías integrales», replicó Fernández Díaz desde la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Para ser una policía integral lo que de verdad necesitan los Mossos es mantener relaciones directas con las fuerzas de seguridad extranjeras, con organismos como Interpol y Europol, y acceder a algunas bases de datos cruciales. «No tiene ningún sentido que no estemos en estos foros, y que haya intermediaciones innecesarias, porque no se trata de un problema de protagonismo sino de eficacia», declaraba Albert Batlle. Rechazaba así pasar por la División de Cooperación de la Policía Nacional para tratar con Interpol y Europol. Golpes como la Operación Caronte, debidamente mediatizados, sirven a los Mossos para hacer ver, más allá de las fronteras, que desempeñan un papel relevante en la lucha antiterrorista y conviene, por tanto, establecer contactos con ellos.

«No es posible la presencia de los Mossos en Interpol porque es una organización internacional integrada por Estados», respondía Fernández Díaz para poner una vez más coto a la reivindicación. Al conseller Ramon Espadaler le resultó especialmente hiriente que su policía no pudiera asistir a la reunión de trabajo de Interpol sobre combatientes extranjeros en grupos terroristas árabes celebrada en Barcelona a principios de junio de 2015 con la asistencia de delegaciones de 41 países. «Es lamentable y revelador de la mentalidad del Ministerio del Interior», se quejó.

La Ertzaintza comparte la aspiración de los Mossos. Juan Vicente Bilbao, comisario jefe de la OCI (Oficina Central de Inteligencia)vasca, lamenta que las fuerzas de seguridad españolas se dediquen al yihadismo en el País Vasco. «No deberían trabajarlo porque no es de su competencia mientras no sea un tema supracomunitario», es decir, que afecte a varias comunidades autónomas, declaró a El Mundo en febrero de 2016. En el plan estratégico contra el islamismo radical, elaborado por esa unidad antiterrorista vasca, se formula la necesidad de «establecer contactos», sin pasar por Madrid, con «países exportadores de terroristas», sin más precisión, y también con los que son «objetivo de acciones terroristas». La coalición abertzale EH Bildu fue la que exigió que el plan se entregara al Parlamento vasco, y así se hizo público.

El pique entre policías va aparejado con algunas humillaciones. La Academia Vasca de Policía y Emergencias organizó en su sede de Arkaute (Álava), en febrero de 2016, un cursillo sobre radicalismo islámico. Varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía intentaron apuntarse, pero su inscripción fue rechazada. «No nos consta que pertenezca» a las fuerzas de seguridad vascas, respondió a cada uno de los solicitantes el Departamento de Seguridad para justificar la denegación. Esta rivalidad policial reviste, sin embargo, en Euskadi menos importancia que en Cataluña porque el peligro terrorista es limitado.

Ese mes de junio de 2015 Espadaler dejó el cargo y le sustituyó el convergente Jordi Jané. En su primera rueda de prensa adoptó un tono de lo más conciliador. Frente al terrorismo, dijo, «se tiene que ir a una, tenemos que colaborar, toda colaboración es poca». «[…] por mi parte tengo la mejor disposición para que haya una fluida colaboración desde la lealtad institucional», contestó Fernández Díaz.

Los Mossos ya acceden al Sistema de Información de Schengen, pero aspiran sobre todo a participar en el Sistema de Coordinación de Operaciones Antiterroristas (SICOA), el «cerebro» del sistema policial español. Situado en el complejo de Canillejas en Madrid depende del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). En él la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI introducen datos relacionados con las investigaciones que desarrollan, como nombres de los sospechosos, números de teléfono, matrículas de coches, etcétera. El programa los cruza y detecta si dos cuerpos de seguridad trabajan, sin saberlo, sobre un mismo asunto. Si esto sucede —lo que es frecuente—, un protocolo establecido determina quién seguirá adelante con las pesquisas. A menos que no intervengan circunstancias excepcionales, será el cuerpo policial que haya recopilado más información el encargado de rematar la operación. «No hay ninguna dificultad para que los Mossos accedan al sistema, siempre y cuando, si se detectan investigaciones por partida doble, se sometan después al arbitraje sobre quién seguirá adelante con la investigación», asegura el secretario de Estado de Seguridad. «Es algo a lo que no parecen muy dispuestos», se lamenta.

La ilustración más palmaria de la tensa relación de Interior con los Mossos ha sido la negativa del president Artur Mas a convocar la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que bajo su presidencia participan cinco representantes del Estado y otros cinco de la Generalitat. Sirve para evaluar la amenaza y coordinar las actuaciones para hacerles frente. Mas nunca la ha reunido. El líder del PSC, Miquel Iceta, le pidió que lo hiciera: «No puede ser que los ciudadanos sean víctimas de la mala relación de dos gobiernos en un tema como este», le espetó en un pleno del Parlament en abril de 2015. La legislatura acabó sin que fuese convocada. La última vez que se reunió fue en marzo de 2009, bajo la presidencia del socialista José Montilla.

Todo esto sería grave en cualquier territorio de la UE, pero lo es aún más allí donde, según reconocen los propios Mossos, existe un desafío terrorista de «magnitud». «Un día tendremos un disgusto y entonces habrá que ajustar cuentas con toda esa clase política que, en un tema tan importante como este, ha preferido mirar hacia otro lado en vez de agarrar el problema por los cuernos», vaticina el director de E-Noticies. «Lo pagaremos muy caro», advierte.

Los atentados de París, en noviembre de 2015, propiciaron un acercamiento entre Interior y los consejeros de Interior catalán, Jordi Jané, y vasco, Estefanía Beltrán. La relación de Madrid con esta consejería vasca no es tan tensa. Tres días después de la matanza parisina, Fernández Díaz llamó por teléfono a los dos consejeros para invitarles a participar en una reunión del CITCO dedicada al yihadismo. La presencia de los Mossos en Madrid no significa que se cumpla su sueño de libre acceso a las bases de datos, pero es un paso modesto hacia la reanudación de una colaboración que nunca debió cesar. Tras esta primera experiencia, Jordi Jané pidió por carta a Fernández Díaz que la policía autonómica se quede para siempre en el CITCO. El proceso separatista en curso en Cataluña hace, sin embargo, difícil que la relación entre Mossos y fuerzas de seguridad del Estado mejore substancialmente. Todos ellos solo se seguirán viendo, por ahora, las caras un par de veces al mes en la llamada Mesa de evaluación de la amenaza en la que no se coordinan, pero sí disertan sobre el riesgo terrorista.

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MEZQUITAS:
EL ORO DEL GOLFO Y DE MARRUECOS

El viceprimer ministro de Malasia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, subió sonriente a la tarima el 4 de julio de 2015, justo antes de que empezase un multitudinario iftar, la cena con la que acaba la jornada de ayuno. A su lado estaba su huésped español Ibrahim Hernández, al que entregó ante las cámaras un talón gigante, de más de un metro de largo, de un millón de dólares. Después, ya lejos de las cámaras, le dio el auténtico cheque a nombre de la Fundación Mezquita Sevilla. Concluida la ceremonia, Hernández, que había viajado invitado hasta Putrajaya, la capital administrativa malaya, atendió a varias cadenas de televisión. Expresó su alegría y su agradecimiento por ese donativo con el que su fundación, de la que es vicepresidente, intentará levantar un gran templo junto a una dársena del Guadalquivir. Hernández se bajó de la tarima y fue sustituido por 85 niños huérfanos a los que el viceprimer ministro obsequió con regalos. Era el día de las acciones caritativas.

Maletines repletos de billetes

La antigua tierra de al-Ándalus atrae como un imán los donativos del mundo islámico para levantar mezquitas porque la gran mayoría de las 1.400 que ya existen son, en realidad, modestos oratorios. El rey Hassan II de Marruecos fue pionero en 1996 cuando la población musulmana era poco numerosa en España. Se implicó en la construcción de la Mezquita Mayor de Granada hasta el punto de que fueron funcionarios del Ministerio de Asuntos Islámicos marroquí los que viajaron a la ciudad andaluza para colocar la quibla que marca la dirección de La Meca.

La solemne entrega del talón en Putrajaya tiene un mérito: la transparencia. Los países árabes no acostumbran a actuar así. El envío a España de un delegado de tal o cual fundación del Golfo con un maletín repleto de fajos de billetes nuevos ha sido, y en cierta medida aún lo sigue siendo, una práctica corriente. Su opacidad y los designios oscuros que ciertas ayudas conllevan preocupan a los servicios de seguridad españoles.

El general Sanz Roldán, que dirige el Centro Nacional de Inteligencia, envió el 16 de mayo de 2011 a tres ministros españoles —Asuntos Exteriores, Interior y Defensa— un documento secreto en el que transmitía cierto alarmismo ante la financiación que brindan Arabia Saudí —ha construido tres grandes mezquitas y tiene en proyecto una cuarta en Canarias— seguida por Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Libia y, por supuesto, Marruecos a los musulmanes de España. El documento, del que publiqué amplios extractos en El País en julio de 2011, llevaba por título «La financiación del islamismo en España».

Después de Arabia Saudí y su Liga del Mundo Islámico, la más «generosa» de las monarquías árabes es Kuwait. A través de la Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica (RIHS, según sus iniciales en inglés) ha sufragado la construcción de las mezquitas de Reus y de Torredembarra (Tarragona), desde donde «se difunde una interpretación religiosa contraria a la integración en la sociedad española, fomentando la separación y el odio hacia los colectivos no musulmanes», señalaba el servicio secreto. Son templos que están en manos de grupos salafistas a los que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alude frecuentemente con preocupación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó, en 2008, a la RIHS kuwaití en la lista de fundaciones que han sufragado a Al Qaeda y a sus filiales. Un par de años después, Naciones Unidas hizo otro tanto. Un informe policial mucho más reciente asegura que la RIHS sufraga los congresos salafistas que se celebran en Cataluña.

Qatar se inclina, en cambio, por ayudar a la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia, la rama en España de los Hermanos Musulmanes de Siria, enfrentados hoy en día al régimen del dictador Bachar el Asad. Disponen en Barcelona del Centre Cultural Islàmic Català, a cuyas obras de remodelación el emirato qatarí aportó 300.000 euros. Los mecenas qataríes «utilizan cauces alternativos para hacer llegar sus donaciones que escapan al control […] del sistema financiero español», indica el CNI. El Centre Cultural Islàmic fue años atrás el lugar de Cataluña en el que más material religioso se podía encontrar en la lengua autóctona de los catalanes. «Muhamad. El Profeta Ideal» es el título de un opúsculo, publicado en 2009 por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Qatar, que allí se regalaba. En el texto se afirmaba que la Europa del siglo XXI «sigue considerando a la raza blanca superior a las de color». «Europa, con todas sus pretensiones de iluminar y liderar […], sigue estando por detrás del islam», añadía. Tras la publicación del informe del servicio secreto español en El País, un par de líderes musulmanes de Cataluña escribieron cartas al periódico para resaltar su independencia económica.

Después de Cataluña, la comunidad con más musulmanes, Andalucía, figura en segundo lugar de las atenciones de los benefactores del Golfo. Allí los conversos al islam de la comunidad Al Morabitun han gozado de los favores de las autoridades de Sharjah, uno de los siete Estados integrados en los Emiratos Árabes Unidos, según el CNI. Otros conversos, los de Junta Islámica, recibieron en su día transferencias de organismos libios controladas por Moamar el Gadafi. El fundador de la Junta, el psiquiatra malagueño Mansour Escudero, trabó incluso, hasta su fallecimiento en 2010, una «relación personal» con el dictador libio, según el servicio secreto. De todas las monarquías del Golfo, la de Bahréin, el reino más pequeño de la región, era la única que no había aflojado la bolsa.

La opacidad del sistema de financiación de mezquitas, asociaciones caritativas, etcétera permite que individuos sin escrúpulos se otorguen «una representación impropia» y viajen al Golfo haciéndose pasar por representantes de comunidades islámicas para así «apropiarse de forma indebida de los fondos» puestos allí a disposición de los musulmanes de España, advierte el CNI. Esos desplazamientos los «hacen en el más absoluto secreto y sin el conocimiento» de la comunidad en cuyo nombre pasan el cepillo. Regresan con la hucha llena, pero no siempre todo el dinero que contiene sirve para el fin que se solicitó.

El informe del CNI concluía advirtiendo de las consecuencias de esta financiación desatinada y desordenada. «[…] deriva en actitudes negativas para la convivencia, tales como la aparición de guetos y sociedades paralelas, tribunales y policías islámicas al margen de la legalidad vigente, desescolarización de niñas, matrimonios forzados, etcétera». «Se hace necesario que los países donantes sean plenamente conscientes de los riesgos que entraña financiar demandas individuales», detrás de las cuales no siempre están musulmanes pacíficos y dialogantes.

Las autoridades españolas nunca se han planteado, como las austriacas, ilegalizar estos flujos de dinero que llegan del extranjero. Sí han tratado, sin embargo, esporádicamente de encauzar esas ayudas para que no acaben en manos de grupos salafistas, sino que sirvan más bien para sacar adelante proyectos de la Comisión Islámica de España. Cuando en 2011 era secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo convocó a los embajadores de los países del Golfo a una reunión en el palacio madrileño de Parcén para pedirles que no repartiesen dinero a diestro y siniestro. Allí se les distribuyó incluso un folleto trilingüe titulado «Sistema de canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de las comunidades islámicas de España» con recomendaciones sobre cómo gastarse sus dineros de manera provechosa para musulmanes representativos. «En apariencia todos se mostraron receptivos», recuerda José María Contreras, que entonces era director general de Asuntos Religiosos en Justicia. Poco después dos altos funcionarios españoles, uno de Justicia y otro de Exteriores, peregrinaron durante unos días por varios países del Golfo (Kuwait, Emiratos y Omán) para pedir a sus responsables cautela a la hora de enviar fondos a sus correligionarios en España.

Aquellas gestiones no tuvieron mucho éxito, en parte porque los gobiernos del Golfo no ejercieron su influencia sobre las fundaciones religiosas y los mecenas financiadores, y porque la pugna interminable en la cúpula de la Comisión Islámica de España impidió que esta concibiese ningún proyecto. La constante y prolongada bajada del precio del petróleo arrojará probablemente más resultados que aquellas amables visitas diplomáticas.

Marruecos, maniobrando desde la distancia

Marruecos es un caso aparte, según el CNI, porque su ambición no se limita a financiar nuevos templos como las monarquías del Golfo. Ha elaborado «una estrategia de gran magnitud» en España, señalaba el informe suscrito por Sanz Roldán. «Diseñada y desarrollada por el régimen, su objetivo es extender su influencia e incrementar el control sobre las colonias marroquíes utilizando la excusa de la religión», advierte el documento.

La religión tiene en España más capacidad de convocatoria entre la inmigración marroquí que en otros países de Europa. El 55 por ciento frecuenta la mezquita con asiduidad, seis puntos más que la media europea, según una encuesta efectuada en 2009 por el BVA, un instituto de sondeos francés, en seis países europeos, entre ellos España, con una muestra pequeña (3.000 encuestados). BVA recibió el encargo del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), un órgano consultivo cuya cúpula es nombrada por el monarca y cuya tarea es seguir de cerca a los 4,5 millones de inmigrantes de origen marroquí esparcidos por el mundo, sobre todo en Europa. En España el 23 por ciento de los varones musulmanes declaró acudir a la mezquita a diario —el porcentaje duplica la media europea— y el 83 por ciento anhelaba que sus hijos se casen con musulmanes, a ser posible marroquíes (74 por ciento). BVA no interpreta las particularidades de las respuestas obtenidas en España, pero es posible que el escaso tiempo de residencia que llevan los inmigrantes en el país explique que los hábitos importados de Marruecos estén más enraizados.

Dos años antes que el CNI, en 2009, los Ministerios de Interior y Justicia españoles habían llegado a la misma conclusión que el servicio secreto, aunque la avalaban con menos detalles. En un exhaustivo informe conjunto («Los musulmanes y las comunidades musulmanas de España»), tan reservado como el de los espías, sostenían que Rabat «tiene como objetivos prioritarios el control de su colonia para detectar movimientos opositores al régimen y evitar la aparición de corrientes islamistas ajenas a la dominante». La que más aborrecen las autoridades marroquíes es Justicia y Espiritualidad.

Cuando el CNI hacía sus pesquisas, a principios de 2011, Mohamed Hamed Ali, el ceutí que propugnaba la entrega de su ciudad a Marruecos, era el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), uno de los dos principales pilares del islam en España. Esa federación era, en opinión del servicio secreto, «la principal herramienta de control» que utilizaba Rabat para fiscalizar a sus inmigrantes en toda España, excepto en Cataluña, donde ese papel lo cumplía la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya de Nouredin Ziani, cuya expulsión a Marruecos impulsó Sanz Roldán en 2013.

Mohamed Hamed Ali fue desbancado en 2012 de la presidencia de la FEERI y Marruecos perdió una baza importante, aunque conservó otras herramientas. También vigila y reparte dádivas a los marroquíes, según Interior y Justicia, «a través de su embajada y consulados […], personal afín y la Fundación Hassan II» que preside la princesa Lalla Meryem, hermana de Mohamed VI, y cuyo abultado presupuesto no requiere la aprobación del Parlamento marroquí. El manejo de estos dineros es tan tenebroso que ni siquiera el CNI osaba dar una estimación en su informe. Solo señalaba que «las aportaciones de Marruecos a las comunidades musulmanas alcanzan cantidades sumamente importantes».

Las ayudas tienen contrapartidas. Un litigio judicial en Francia desveló en qué consistían. A cambio de un talón de 787.000 euros entregado por el monarca, la comunidad de la mezquita de Blois, una pequeña ciudad al suroeste de París, despidió en 2012 a su imán jordano y puso a uno marroquí, según el semanario Tel Quel de Casablanca y varios medios franceses. El clérigo destituido recurrió a los tribunales, que en 2014 condenaron a la mezquita por despido improcedente.

La más oficial de las mezquitas marroquíes en España será la que, a principios de 2016, estaban arreglando unos operarios en el interior del nuevo Consulado de Marruecos en Algeciras, del que dependen la mayoría de los inmigrantes marroquíes en Andalucía. Desde finales de 2015 Rabat alquila, pero tiene un compromiso de compra a medio plazo, el histórico hotel Anglo-Hispano, en el que muy a principios del siglo XX se alojaron algunas de las delegaciones que participaron en la Conferencia de Algeciras.

Para encauzar a los fieles por la vía del islam de rito malekí, el que se practica en Marruecos, y lograr que reconozcan a Mohamed VI como Comendador de los Creyentes, el Ministerio de Asuntos Islámicos debe contar con el clero musulmán. Con tal propósito organizó, en colaboración con la FEERI, en noviembre de 2008 en Marrakech, una primera reunión de imanes procedentes de varios países europeos, entre ellos un buen puñado de España. En el acto hubo dos oradores estrella, el ministro del ramo, Ahmed Toufik, y, más sorprendente, el jefe del espionaje exterior de Marruecos, Yassine Mansouri. A los asistentes se les prometió, según el CNI, «financiación para sus asociaciones y mezquitas a cambio de someterse al control del régimen y adherirse a sus postulados». Los Países Bajos protestaron ante Marruecos por lo que consideraban una «intromisión» en sus asuntos internos.

Aquello fue solo el inicio, aunque a las reuniones posteriores Mansouri no acudió, probablemente para no azuzar las críticas desde el extranjero. Ahora suele ser el Consejo de Comunidades Marroquíes en el Extranjero el que convoca a los imanes marroquíes en Europa. Lo hizo, por ejemplo, a finales de mayo de 2015 de nuevo en Marrakech. Al margen de pedirles, como señala el CNI, que sigan la línea fijada por Rabat, la doctrina que se les imparte no tiene nada de chocante. Abdallah Boussouf, secretario general del Consejo, insistió a sus invitados en el necesario conocimiento de la lengua del país en el que trabajan, de su historia y de sus instituciones. Recalcó además que una de sus prioridades era hacer frente al discurso extremista que justifica la violencia.

La figura clave del imán

Cuando llega el Ramadán, los imanes marroquíes de Europa reciben refuerzos. Desde el Ministerio de Asuntos Islámicos o desde la Fundación Hassan II se puede llegar a ofrecer también a oratorios que carecen de ministro de culto profesional —el devoto más ilustrado cumple entonces ese papel— disponer de un auténtico imán durante el mes del ayuno y de la espiritualidad. En el verano de 2015 el contingente de predicadores desplegados en Europa y Canadá, con todos los gastos pagados, por las dos instituciones marroquíes, ascendió a 506. Constituyen la élite de esa legión de 33.000 imanes que posee Marruecos. En 2015 a España solo le correspondieron 64, un número inferior al de otros años.

Los imanes no solo se dedican a los adultos. Algunos de ellos, junto con profesores, imparten clases de religión, lengua y cultura marroquí a niños originarios de Marruecos. Lo hacen sobre todo por la tarde o el fin de semana en las mezquitas, pero también en un centenar de centros escolares públicos que les ceden un aula en horario no lectivo. A los Ministerios de Justicia e Interior no les entusiasma esta actividad, pero nunca han hecho nada para impedirla. «El carácter periférico de las clases, un profesorado exclusivamente marroquí y la utilización de materiales y pedagogías habituales en Marruecos, pero muy diferentes a las utilizadas en España, son elementos que contribuyen a que estos jóvenes interioricen profundamente la diferencia» con los españoles, señalaban en su informe ambos ministerios. En definitiva, se trata de «una herramienta para enseñar a los hijos de sus emigrantes a ser marroquíes» y no españoles. Y esto dificulta la integración.

Los imanes invitados a Marrakech o dispersados por España en época de Ramadán son la élite del clero. Un buen número de ministros de culto son estudiantes, albañiles, tenderos, repartidores, pero con más conocimientos islámicos que la mayoría de sus correligionarios. Estos les designan para que, en su tiempo libre, dirijan la oración y prodiguen algunos consejos. Lo hacen en locales pequeños, que distan mucho de ser auténticos templos, cuyo suelo está cubierto de alfombras, en los que una flecha indica la dirección de la quibla en La Meca, y que también disponen de un pequeño espacio para las abluciones previas al rezo. Muchos han sido abiertos por iniciativa de un puñado de fieles de un mismo barrio y tardan meses o años en inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas como pertenecientes a tal o cual comunidad. Cuando se ponen en regla es, con frecuencia, para poder celebrar matrimonios con validez civil o funerales. Cada comunidad tiene un presidente, una junta directiva y un tesorero. A veces, en los lugares pequeños, el presidente simultanea su cargo con el de imán.

No siempre les resulta fácil a estos imanes compaginar su cometido religioso con su vida laboral. Francisco Javier Jiménez, un converso que preside en Baleares la Liga Musulmana, recordaba después de los atentados de París, de noviembre de 2015, que Policía Nacional, CNI y, en menor medida, Guardia Civil, efectúan «visitas rutinarias» a las mezquitas para charlar informalmente con imanes y presidentes de comunidad. Suelen pedir cita con días de antelación y fijarla en plena jornada laboral. Para atenderles el imán debe pedir permiso en su trabajo. «He comentado muchas veces a los imanes que deben recalcar a los agentes que ellos no viven de esto y que es preferible que hagan sus visitas fuera del horario laboral convencional», señala Francisco Javier Jiménez.

«¿Qué? ¿Cómo está la cosa por aquí?», suele ser, en muchas ocasiones, las primeras frases que los representantes de las fuerzas de seguridad pronuncian cuando se sientan frente al imán. A estos controles corrientes en los que el visitante se identifica se añaden otros más discretos. «Sabemos que hay gente que viene y graba los discursos» en el interior del templo, comentaba al diario El Correo Adil el Guarraj, jardinero de profesión y presidente de la comunidad que regenta la mezquita Attawhid en Barakaldo (Vizcaya).

Las mezquitas están tan vigiladas que han perdido buena parte de su atractivo para la captación por parte de los radicales. El ministro Fernández Díaz repite con frecuencia que hasta 2012 el 80 por ciento de los aspirantes a terroristas habían sido reclutados en la mezquita y su entorno inmediato, pero tres años más tarde el 80 por ciento de los aprendices de yihadista mordían el anzuelo del fanatismo en las redes sociales y en foros especializados en internet. Riay Tatary achaca también la huida a internet a que «muchos imanes saben detectar y remediar los procesos de radicalización». Al final del proceso de captación siempre se organiza al menos un encuentro cara a cara, pero con frecuencia en algún lugar alejado del oratorio.

El problema de estos clérigos a tiempo parcial es que «no siempre conocen bien el Corán ni tampoco el entorno en el que actúan», advierte desde Barcelona Mohamed el Ghaidouni, de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. Importarlos del extranjero no parece ser una alternativa. «Hay imanes que puede ser buenos para Irak o para Egipto, pero no para España, porque la desconocen», asegura Mounir Benjelloun, presidente de la FEERI.

Para mejorar el nivel del clero islámico hay dos soluciones. La primera consiste en, como hizo Francia en septiembre de 2015, delegar parcialmente en una potencia islámica extranjera —en el caso de España solo puede ser Marruecos— su formación. Abdelmalik Mohamed Amar, un pequeño empresario ceutí, que fue jefe local de Ciudadanos, lleva años reiterando en la prensa local que el vecino marroquí es «el país que más imanes exporta al mundo […]» porque en el Instituto Mohamed VI de Rabat les da una buena formación no solo generalista, sino también adaptada al lugar donde van a ejercer». Mohamed Haidur, delegado en Madrid del Centro de Comunidades Marroquíes en el Extranjero, insistía, en una entrevista con la agencia EFE, que «mientras no existan esos imanes europeos es preferible que se desplacen a Europa los formados en Marruecos, según el rito malekí». Personalidades españolas afines a Rabat dejan incluso caer discretamente que si la formación del clero en el Instituto Mohamed VI resulta ser adecuada se podría dejar permanentemente en sus manos esa tarea.

La alternativa consiste en educar en España a los imanes. Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de A Coruña, es un acérrimo partidario de esta solución desde que fue subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia (2008-2010). «Hubo un amago de formación en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y otro en la Universidad Camilo José Cela, pero todo desapareció a partir de 2011», se lamenta. «Lo ideal sería que el Estado y los representantes de los musulmanes se concertasen para crear una especie de seminario islámico cuyas enseñanzas sean controladas por el Ministerio de Educación y que expida un título oficial», sostiene. En este y en otros ámbitos, el Estado español posee aún una capacidad de influencia sobre la inmigración musulmana, más reciente y menos organizada que en otros lugares de Europa, que no aprovecha.

Ferreiro continúa con sus ensoñaciones: «Se podría incluso poner en pie una red europea de centros de enseñanza con un tronco común, aunque también se requiere una especialización por países», concluye. «Sería algo así como la universidad cairota Al Azhar de estudios islámicos, pero a escala europea», explica. Ferreiro se muestra, sin embargo, escéptico de que prospere su idea, que defiende desde hace años en diversos foros. «Un proyecto como este no podrá salir adelante si los representantes de los musulmanes de Europa no lo solicitan», reconoce. Por ahora no lo han hecho en parte por desidia, en parte porque las autoridades de sus países de origen no desean que surja esa facultad europea de teología islámica, por temor a perder influencia sobre sus emigrantes.

A día de hoy solo la FEERI de Benjelloun se preocupa un poco de instruir a los imanes. En colaboración con la Universidad Islámica de Rotterdam organiza cursillos de fines de semana a los que asisten unos 40 clérigos. «Son tan breves que podemos intuir que aprenden más bien poco», comenta Ferreiro. «Obviamente, es mejor que nada, pero no se puede decir que aquello sea una instrucción sólida», insiste.

En este debate entre partidarios y adversarios de poner en manos de Marruecos la educación de los imanes, el Gobierno español ha zanjado la discusión en favor del país magrebí, aunque no lo dice abiertamente ni lo aplica, según Fernando Reinares, investigador principal en terrorismo internacional del Real Instituto Elcano. Esta inclinación promarroquí queda recogida en el Plan Nacional de Prevención de la Radicalización, aprobado por el Ejecutivo español en enero, justo después del atentado contra el semanario parisino Charlie Hebdo. Este plan es secreto, pero Reinares sostiene, en un artículo publicado en el Elcano en marzo de 2015, que «contempla, en lo que se refiere a prevención de la radicalización yihadista, la colaboración hispano-marroquí en áreas como la formación de imanes, la participación de docentes marroquíes en la impartición de contenidos sobre lengua y cultura de su país en colegios españoles a descendientes de inmigrantes […]».

«Esto es de interés para España, que aún no tiene las capacidades necesarias para intervenir en ese sector religioso», reconoce Reinares en el artículo que firma junto con Carola García-Calvo, pero tiene también un lado negativo. «España ofrece a Rabat posibilidades de ejercer [sobre la colectividad marroquí] una influencia que podría terminar sirviendo mejor a los intereses marroquíes que a los intereses nacionales […]», recalca. Desde Interior desmienten la interpretación que hace Reinares del plan antirradicalización, pero mientras este ministerio no divulgue una parte sustancial de su contenido —más allá de las 14 diapositivas de un PowerPoint que difundió en enero de 2015—, difícilmente podrá demostrarlo. El Reino Unido ha publicado 116 páginas de su propio plan.

Con la llegada al gobierno del Partido Popular en 2011 y ante el auge del radicalismo, el Ejecutivo debió de considerar que la prioridad era controlar y no educar. El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2015 un decreto que obliga a las entidades religiosas acreditadas ante Justicia a «anotar aquellos ministros de culto que estén habilitados para realizar actos religiosos con efectos civiles». El Estado quiere saber la identidad de los imanes que, por ejemplo, celebren matrimonios.

El Código Penal que entró en vigor en marzo abre también la vía (artículo 510 Bis) a que los jueces clausuren «locales y establecimientos» en los que han ejercido ministros de culto que hayan sido condenados por fomentar el odio, la discriminación y la violencia. Pese a haber introducido esta opción, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no es muy partidario de aplicarla. Se trata, explicó en una entrevista con El País en julio de 2015, de «neutralizar a los imanes que promuevan discursos de radicalización […], más que de cerrar centros». «Claro, claro», repetía aliviado Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, «los responsables son, en todo caso, las personas, no los objetos ni los inmuebles».

A los imanes sospechosos de radicalismo, Interior los «neutraliza», a veces sin pasar por los tribunales. Horri Cherki, de la comunidad islámica de Catral (8.700 habitantes, Alicante) aún recuerda cómo, sin previo aviso, unos policías de paisano llegados de Alicante se presentaron en la casa del imán y se lo llevaron con la intención de expulsarle. «Es verdad —reconoce al teléfono— que no tenía papeles, aunque ejercía desde hace años sin que le molestaran». «Ahora no tenemos imán», se lamenta.

Más traumática fue la expulsión de Abdelhak, otro clérigo que atendía a la comunidad de un gran pueblo agrícola de Andalucía Occidental, poco después del asesinato de varios miembros de la redacción de Charlie Hebdo. Ahmed, ayudante de farmacia en ese municipio, asegura que el imán era «un hombre tranquilo», pero esa tarde de finales de enero de 2015 «estaba demudado». «Se agitaba, sudaba —pese a que estábamos en invierno—, se mesaba los cabellos», prosigue Ahmed, que pide que no se publique su verdadero nombre. El empleado de la farmacia no es muy religioso y apenas había tenido trato con el imán, pero es el musulmán con más estudios del lugar, posee la nacionalidad española y por eso, sospecha, el imán Abdelhak le abordó en la puerta de la botica para pedirle ayuda.

Cuando se sosegó un poco, Abdelhak le contó a trompicones que había recibido en el oratorio la visita de dos hombres de paisano «que para entrar ni siquiera se quitaron los zapatos», como es obligatorio en un templo musulmán. No se identificaron con precisión, pero al clérigo le pareció entender que habían aludido al Ministerio de Justicia como su lugar de trabajo. «No nos gusta cómo llevas la mezquita; las reuniones que montas ni lo que dices a tus fieles», le lanzaron, reprochándole el contenido de algunos de sus sermones. Abdelhak iba a replicarles en su español titubeante, pero no le dieron mucha opción. «Te tienes que marchar; regresar a tu país; se acabó España para ti», le dijeron. «¿Por qué?, ¿quiénes son ustedes?», preguntó ya muy alterado antes de anunciarles que no les obedecería, que estaba en situación legal en España y que no se iba a ir, aunque en esos días estaba renovando su permiso de residencia. «Si no te largas, un día de estos la Guardia Civil hará un registro en tu domicilio y encontrará cosas que no son legales», le advirtieron. «Todo lo que me pertenece es legal», contestó desconcertado. «Ellos son muy listos y acabarán encontrando lo que buscan, sustancias prohibidas», respondió el visitante en una amenaza apenas velada. «Así que tienes 48 horas para decidirte: o vuelves a tu país o vas a la cárcel», le espetaron al despedirse. Abdelhak no tardó dos días sino dos semanas, durante las cuales consultó con varias personas la decisión que debía tomar. «Le dije que aquellos tipos eran unos fanfarrones y que si no tenía nada que reprocharse que se quedara y pusiera una denuncia», recuerda el ayudante de farmacia. El imán no le hizo caso y cruzó de vuelta el Estrecho.

España no ha adoptado aún un marco definitivo para encuadrar la formación de los imanes y así evitar derivas radicales, como las que supuestamente provocaron la expulsión de Abdelhak, pero en otros países, como Francia, el creciente peso de la comunidad musulmana ha obligado a hacer retoques en su otrora estricto modelo laico. Estos cambios no significan que el modelo francés de laicidad esté haciendo aguas, si bien hace un cuarto de siglo habrían sido inimaginables. Tras un largo periodo de consultas, ya en 2003, el Ministerio del Interior francés fomentó la creación del Consejo Francés del Culto Musulmán, el equivalente de la Comisión Islámica de España, aunque en Francia este organismo es elegido por unos 4.000 representantes de comunidades islámicas.

París «traicionó» de nuevo sus principios en septiembre de 2015. El jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, firmó en Tánger con el ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, un acuerdo mediante el cual el Instituto Mohamed VI de Rabat se encarga de la formación teológica de, para empezar, unos 50 imanes al año que luego ejercerán en Francia. En el entorno de Toufiq vaticinan que otros países europeos seguirán ese ejemplo, entre ellos España. Al renunciar parcialmente a sus principios laicos, el Gobierno francés persigue un único objetivo: luchar eficazmente contra la radicalización.

El monarca alauí inauguró, en marzo de 2015, el instituto teológico que lleva su nombre. Cuenta con un presupuesto anual de 22 millones de euros. Entre sus alumnos había ya ese año 400 extranjeros, en su mayoría originarios del África francófona (Malí, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso). La iniciativa del presidente François Hollande, que realzó con su presencia la firma del convenio franco-marroquí, desató una polémica que probablemente se reproduzca algún día en España si el Gobierno se adentra por la misma senda, como anuncia Reinares. «Que nuestros imanes sean formados por el vecino dictador para luchar contra Dáesh es una idea que tiene el sabor amargo de una burla», escribió François Burgat, arabista y director de investigación en el IREMAM, un instituto dedicado al mundo islámico y con sede en Aix en Provence. «¿Cómo exigir a estos imanes que sean independientes cuando va a ser Marruecos el que se haga cargo de esta formación de tres años de duración?», se preguntaba Eric Gozlan, un intelectual franco-israelí dedicado a fomentar el diálogo con los musulmanes.

A la falta de independencia se añade otro problema: la mayor rigidez del islam malekita que se practica en Marruecos, aunque sigue siendo más tolerante que en cualquier otro lugar del mundo árabe. «Sin prisa, pero sin pausa, otro enfoque, otra práctica del islam se instaura [en Marruecos] bajo la influencia de los medios de comunicación [vía satélite] y de las poderosas conexiones con las que cuentan los países del Golfo y, sobre todo, Arabia Saudí», constataba, en julio de 2015 en el diario digital musulmán Saphir News, Yves González-Quijano, catedrático de literatura árabe de la Universidad Lumière Lyon II. La religión en Marruecos empieza a tener un barniz wahabita.

El país europeo que más ha quebrantado la laicidad ha sido Austria, donde viven unos 700.000 musulmanes, en su gran mayoría turcos, el 7 por ciento de la población. Es el porcentaje más alto de Europa después de Francia. El Nationalrat (Parlamento) acordó el 25 de febrero de 2015 prohibir a partir de 2016 cualquier financiación de las comunidades religiosas y de los imanes que no sea a través de sus fieles. El objetivo declarado era acabar con las ayudas que Diyanet, la dirección de asuntos religiosos de Turquía, otorgaba a imanes y comunidades afines al AKP, el partido islamista moderado del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Al margen de sus colectas, las comunidades islámicas deben financiarse solo con lo que les revierte la hacienda austriaca de los impuestos que recauda de contribuyentes que se declaran musulmanes. El sistema es parecido al que rige en España para la Iglesia católica —la casilla en la declaración de la renta—, solo que en Austria no se limita a una confesión, sino que abarca a todas. Para compensar el varapalo, la ley aprobada en el Nationalrat abre las puertas de hospitales, cárceles y cuarteles a imanes «capellanes», un derecho que en España tienen desde 1992.

«No se crea que esto es una medida para luchar contra el extremismo», comenta en la cafetería de un centro de congresos en Bruselas Tarafa Baghjati, responsable cultural de la Comunidad de la Fe Islámica austriaca (Islamich Glauben Gemeinschat). La iniciativa «aprovecha el miedo a los radicales, pero está pensada para reducir drásticamente la influencia de Turquía», añade este austriaco de origen sirio. «Y es una discriminación porque solo se priva a los musulmanes de financiación extranjera, mientras que las demás confesiones sí podrán seguir recibiéndola», afirma resumiendo una opinión generalizada entre sus correligionarios sentados en la cafetería. «Además servirá de poco, porque el dinero que ahora se envía por transferencia seguirá llegando, pero de forma más opaca, acaso en maletines», vaticina. Satisfecho tras la adopción de la ley, Sebastian Kurz, ministro de Asuntos Exteriores y de Integración de Austria, aseguró que sentaba los fundamentos «de un islam europeo», y dejó caer que podría servir de ejemplo a sus socios europeos.

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DOS PÚGILES EN UN COMBATE PERPETUO

En un extremo del cuadrilátero se sitúa el imán Riay Tatary Bakry (Damasco, 1948), médico, español de origen sirio, secretario general de la Comisión Islámica de España (CIE) hasta septiembre de 2015. Este imán ha contribuido a configurar el islam en la España democrática y lleva toda su vida luchando por él, aunque, a juzgar por los resultados, no con demasiado éxito. En la otra punta del ring se coloca Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari (Casablanca, 1970), hombre de negocios, español de origen marroquí, también secretario general de la CIE, a la que llegó en 2009 con ínfulas renovadoras que no ha podido poner en práctica.

Si algunos eruditos musulmanes no lo considerasen haram (pecado), el boxeo sería la mejor metáfora para narrar lo que sucede en la cúpula de la más importante institución islámica de España desde su creación en 1992. La CIE es una institución bicéfala y sus dos líderes no han tenido nunca una relación de cooperación, sino de enfrentamiento verbal que incluso ha llegado a los tribunales. Esta permanente guerra de trincheras ha impedido que se desarrollen muchos de los derechos de los musulmanes reconocidos en el acuerdo de cooperación que estos firmaron en 1992 con el Estado español. A la hora de buscar culpables, algunos apuntan a la división de los musulmanes y otros señalan a los sucesivos gobiernos españoles, por lo menos hasta los atentados del 11-M (2004), complacidos con estas enemistades que mermaban su ardor reivindicativo.

Tatary, flemático líder tradicional

Tatary es el púgil inamovible que lleva casi un cuarto de siglo boxeando contra sucesivos rivales. Como muchos otros jóvenes de Oriente Próximo, llegó a España para estudiar en los estertores del franquismo cuando apenas había musulmanes, excepto en Ceuta y Melilla, y no gozaban de ningún derecho. Desde 1970 nunca ha vuelto a Damasco, donde tiene familia. «Pensé en hacerlo en los años setenta, pero me llegó un chivatazo; hubiese podido tener problemas [con la dictadura de Hafez el Assad] y desistí», explica en su modesto despacho de la mezquita Abu Baker Assidik, más conocida como «la de Estrecho», el barrio madrileño en el que fue erigida.

Por sus orígenes sirios, por sus desavenencias con el régimen de los Assad, de Tatary se ha sospechado siempre que pertenece a los Hermanos Musulmanes, esa corriente del islam fundada en 1928 por el egipcio Hassan al Banna. En Siria empuñaron las armas contra Hafez el Assad, pero este los aniquiló en 1982. La guía reservada de las mezquitas de España que elabora el Ministerio del Interior señalaba hace unos años que la de Tatary está controlada por los Hermanos Musulmanes y Vanguardia Islámica. «Su financiación proviene de Qatar y de Alemania», precisaba.

Tatary ha negado siempre cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes, que empezaron a refugiarse en España en los años ochenta, huyendo de la represión en Siria. Sí reconoce, sin embargo, tener vínculos, «más que nada intelectuales, porque escribo en su revista», con Vanguardia Islámica, que capitanea el sirio Issam el Attar (Damasco, 1927) desde su exilio en Aquisgrán (Alemania), donde echó raíces en 1978. De ahí la financiación alemana que menciona la policía. El Attar dirigió un tiempo a los Hermanos Musulmanes de Siria, y el pequeño grupo que ahora encabeza se les asemeja mucho. Este líder pagó un alto precio por su oposición a la dictadura. Tres «enviados del régimen de Damasco», según denunció El Attar, asesinaron a su mujer en 1981 en su piso de Aquisgrán.

Los discípulos de El Attar en España fundaron en 1971 la Asociación Musulmana de España (AME), según la investigadora Elena Arigita, de la Universidad de Granada, coautora del libro colectivo The Muslim Brotherhood in Europe (Hurst & Company, Londres). En 1974 cambiaron sus estatutos para poder levantar una mezquita, la de Abu Bakr Assidik, cuyo principal imán acabó siendo Tatary, que también se alzó a la cabeza de la AME. Sus miembros tenían que andarse entonces con cuidado. La represión del régimen baazista alcanzó a la oposición siria hasta España. El líder de la rama local de los Hermanos Musulmanes, Nizar al Sabagh, fue asesinado en la avenida de la Meridiana de Barcelona en noviembre de 1981. Le sustituyó el médico español de origen sirio Bahige Mulla Huech, un intelectual de peso, que llegó a dirigir a los Hermanos en el conjunto de Europa.

Tatary no tiene nada de extremista, pero en los tiempos en que se captaban radicales en las mezquitas y su entorno —hoy en día se reclutan a través de internet—, perdió parcialmente el control de la suya, según Interior. Allí nació en 1994 «Soldados de Alá», un grupúsculo del que formaba parte Mustafá Setmarian Nasar, quien, más tarde, fue el «número 4» de la Al Qaeda de Osama bin Laden en Afganistán. Setmarian distribuía en la mezquita «propaganda de grupos fundamentalistas islámicos», empezando por los argelinos, que en aquellos años libraban una guerra encarnizada al Ejército de su país. «Hemos pagado un alto precio por el terrorismo, sobre todo desde el 11-M, cuando la abrumadora mayoría de la comunidad no tiene nada que ver con él», se lamenta Tatary.

Antes de entregarse de lleno a la causa del islam, Tatary vivió en Santander, Granada y Oviedo, donde acabó la carrera de medicina. Allí, en la facultad, coincidió con Gaspar Llamazares, el médico que más tarde fue coordinador de Izquierda Unida. Desempeñó «todo tipo de trabajos», cuenta, para costearse los estudios, desde pintor de brocha gorda a traductor. Esta es la actividad de la que sigue viviendo. «Traduzco o reviso textos para la sede que la Organización Mundial de la Salud posee en El Cairo», señala. «Nunca quise que el islam me proporcionara ingresos», afirma con un tono de voz monocorde y bajo como si no quisiera que se le escuchara cuando habla de sí mismo. Es reacio a tratar con la prensa, de la que desconfía, y a mantener contactos con las embajadas occidentales en Madrid. Está casado con una mujer de Idlib (Siria), con la que ha tenido cinco hijos.

Hubo que esperar más de una década, después del inicio de la transición democrática en España, para que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa aprobase por unanimidad, en julio de 1989, el dictamen que reconocía al islam como una religión de notorio arraigo en España: «[…] hay que decir que la religión islámica está presente en España desde el siglo VIII, con una difusión muy importante durante los primeros siglos y una pervivencia posterior, mayor o menor según las épocas y circunstancias, que se mantiene ininterrumpidamente hasta nuestros días», reza el texto del dictamen. Era el primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de los musulmanes.

Tatary y sus discípulos no perdieron tiempo. Tres meses después de la adopción del dictamen tomaban parte en la fundación de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que reagrupó a las pocas asociaciones musulmanas que existían entonces. Un año más tarde se escindieron para poner en pie su propia organización, rival de la federación: la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Tatary la preside desde 1991.

Esa secesión complicó la negociación en curso con el Gobierno socialista sobre el acuerdo de cooperación. El entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, presionó para tener un único interlocutor musulmán y, por eso, FEERI y UCIDE acabaron creando la Comisión Islámica de España (CIE), pero con una estructura bicéfala: dos secretarios generales y una comisión permanente paritaria, con tres representantes de cada entidad. La CIE debe adoptar las decisiones por mayoría absoluta y, por tanto, está casi siempre bloqueada. «En la práctica, las dos federaciones funcionan de manera independiente y solo se juntan en el marco de la Comisión cuando van a reunirse con el Estado», comenta José María Contreras, exdirector general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia.

Aunque su UCIDE nació más tarde que su rival, Tatary atrajo a la mayoría —alrededor del 60 por ciento— de las 1.068 comunidades musulmanas apuntadas hoy en día a la Comisión Islámica. Los miembros de UCIDE están en todas partes de la geografía española y se enmarcan en múltiples corrientes del islam suní, desde los Hermanos Musulmanes hasta la Jamaa al Tablig al Dawa (Congregación para la Propagación del Islam), pasando por aquellos muy compenetrados con el Ministerio de Habous (bienes) y Asuntos Islámicos de Marruecos y algún que otro salafista. Aunque practican el rito malekí, que impera en todo el norte de África, varios afiliados a la UCIDE no se identifican con ninguna escuela teológica en particular.

Desde la FEERI, los detractores de Tatary aseguran que un buen número de comunidades se apuntaron a UCIDE porque el Ministerio de Justicia y, sobre todo, el Centro Nacional de Inteligencia, les animaron a hacerlo para engrosar artificialmente a la facción menos reivindicativa de los musulmanes de España. El presidente de UCIDE cree que con esta acusación la Federación intenta disimular su carácter minoritario. Bajo su batuta solo se han colocado un 20 o 25 por ciento de las comunidades islámicas inscritas en la Comisión. Lo que sí es cierto es que algunos de los presidentes de comunidades musulmanas contactados en el marco de este libro confiesan no acordarse de si pertenecen a la federación o a la unión. Otras 257 comunidades islámicas rehusaron integrarse en la Comisión Islámica.

Entre los partidarios de Tatary, el movimiento religioso que más se ha expandido es el Tablig, mientras que los Hermanos Musulmanes, que hace treinta años eran hegemónicos en el islam en España, han perdido peso desde finales de los ochenta. La Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en España, con sede en Valencia, es una de las pocas comunidades a la que se puede vincular con los Hermanos. Estos siguen, no obstante, siendo una «importante y legítima fuente de inspiración intelectual para asociaciones y líderes» islámicos en España, asegura la investigadora Elena Arigita.

Fundado en India, en 1927, por Maulana Ilyas, el Tablig está empeñado en reislamizar pacíficamente la vida cotidiana en todos sus aspectos, desde el familiar hasta el laboral pasando por las relaciones con los demás musulmanes. Esta manera de consolidar y difundir la fe islámica se complementa con la dawa (predicación) dirigida a los musulmanes, pero también a quienes no profesan esa fe. El objetivo último es reformar la sociedad para que sea plenamente islámica. Los predicadores tablig son unos 2.000 en España, según José María Blanco, director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Consagran a la predicación, generalmente itinerante, al menos una noche a la semana y un fin de semana al mes. «Su actividad proselitista está contribuyendo a que el volumen de miembros y simpatizantes aumente cada año», añade Blanco en un artículo publicado en la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

«Un jueves al mes, el grupo de tablig que me había sido asignado dormía en su mezquita en preparación de su viaje del día siguiente», recuerda un treintañero hispano-marroquí al que el CNI fue a buscar hace unos años a la universidad para infiltrarle durante meses en ese movimiento. Sentado en una terraza del paseo de la Victoria de Córdoba, Ahmed (nombre supuesto) comenta que algunos «aprovechan las horas previas al viaje para ayunar. Son muy dados a ayunos fuera del mes obligatorio del Ramadán». Antes de ponerse en carretera celebran también coloquios con la participación «de los cuatro o cinco ocupantes del automóvil en el que viajarán y un puñado de invitados afines al Tablig». «Sentados en la alfombra del templo celebran una mashuara (charla de asesoramiento) en la que el más docto o más anciano del grupo expone un tema y sus oyentes le preguntan y discuten, pero el nivel es más bien bajo, sin un atisbo de espiritualidad».

«Hay un acuerdo no escrito entre las fuerzas de seguridad y los responsables de las mezquitas tablig; prevé que estos últimos entreguen en la comisaría más cercana la documentación de los que se hospedan» en su templo. Sin embargo, «hacen trampa», continúa Ahmed. «Saben quiénes están fichados, quiénes pueden resultar sospechosos a ojos de la policía y tratan de esconderlos. Esa era mi misión: averiguar todas las identidades y comunicárselas al agente que me tutelaba». Además de pernoctar en la mezquita, suelen comer en ella, en el suelo y de un mismo plato. A Ahmed le llamó la atención cómo algunos «oprimen su estómago con el talón del pie derecho para saciarse antes y comer menos».

Vestidos con frecuencia con kurtas (camisa amplia paquistaní que llega hasta la rodilla), vagan por las calles del lugar al que han viajado. «Se hacen los encontradizos con otros musulmanes, en la puerta de un colegio o en la terraza de una cafetería atestada de jóvenes y envuelta en una humareda provocada por el tabaco, pero también se presentan en los hospitales o en los centros de salud ubicados en barrios de inmigrantes», rememora Ahmed. «Les animan a respectar los preceptos islámicos y, si los ven receptivos o descarriados, les invitan a darse una vuelta por sus mezquitas», donde recibirán buenos consejos para ahondar en su fe o rectificar su comportamiento. Rematan su discurso con algún pequeño regalo, como tasbihs (rosario árabe) o caramelos para los niños.

Ahmed asegura que los tablig se adueñan a veces de las mezquitas con malas artes. «Primero las visitan, piden permiso para predicar en ellas y preguntan a la comunidad musulmana que la regenta por sus finanzas», comenta. «Si observan que pasan apuros, les ofrecen ponerles un imán que les saldrá gratuito», porque le abonarían ellos su sueldo, y recursos no les faltan. «Para acabar de convencer al presidente de una comunidad pueden llegar a denostar al imán que allí oficia tachándole de ignorante». En el islam son, en teoría, las comunidades de fieles las que contratan a un imán y, mediante colectas, le pagan un sueldo. Si están descontentas con su labor le pueden despedir.

«Nunca he visto a los tablig abordar a las mujeres», comenta el infiltrado con una mueca de disgusto, como queriendo expresar rechazo a su actitud para con ellas. «Ni a las más recatadas, cubiertas de la cabeza a los pies, las quieren ver en sus mezquitas, ni siquiera los viernes», el día sagrado para los musulmanes. Su oratoria «contiene fuertes connotaciones machistas porque dan a entender que son un peligro para el hombre». «Dejan incluso caer que no es necesario que estudien porque para su cometido —tareas domésticas, compra, cocina y cuidado de los hijos— les basta con saber leer y sumar, algo que pueden aprender en el hogar o como mucho en la escuela primaria».

Desde que en 2011 empezó la rebelión en Siria, hoy en día convertida en guerra civil, los tablig «han reactivado su discurso contra los chiíes», señala Ahmed. «Para ellos son casi un peor enemigo que los cristianos, porque tratan peyorativamente a la figura del profeta y manipulan sus enseñanzas, confundiendo a los musulmanes. Eso no significa que los cristianos salgan del todo bien librados. Los tablig sostienen en sus prédicas que el cristianismo es una falsa religión inventada por San Pablo y que está en decadencia. Para demostrarlo denuncian la promiscuidad sexual entre los jóvenes de Occidente, la falta de pudor en el vestir, la expresión corporal provocadora o, en otro aspecto, la existencia de residencias para aparcar a ancianos que deberían permanecer en sus casas atendidos por sus familias».

A veces el conservadurismo retrógrado de sus dirigentes aflora en público. Laarbi Al-Maateis, el líder del Tablig en Ceuta, opinó en diciembre de 2015 que la campaña incitando a las mujeres a llamar al teléfono 016 para denunciar la violencia de género «sembraba el odio». En una entrevista con el diario digital Ceuta Actualidad, aconsejó a las víctimas de malos tratos que dejen «que el asunto se enfríe». Si llaman precipitadamente «al mínimo detalle y por simples debates de familia» pueden arrepentirse. Dado ese paso, «ya no hay manera de reconciliar al matrimonio, ya no queda amor, ni confianza, ni intimidad», lamentó.

Aunque no son violentos, los tablig inquietan a las autoridades españolas por dos razones. Sus miembros no tienen voluntad de integración en la sociedad española. Dedican demasiado tiempo a la predicación y al proselitismo, apuestan por reducir al máximo las relaciones con los no musulmanes y propugnan un modelo de sociedad alejado de los valores que imperan en Europa. En definitiva, «transmiten una visión que, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede desembocar en el yihadismo», advierte Fernando Reinares, investigador principal en terrorismo del Real Instituto Elcano. Abu Dahdah, el líder de Al Qaeda en España, detenido en 2001, captó a buena parte de sus seguidores en las filas del Tablig, recuerda.

Por eso los círculos Tablig constituyen «un entorno de interés para los reclutadores yihadistas y explican que en el historial de numerosos radicales se halle presente la participación en actividades del movimiento», señala un análisis anónimo publicado en la revista española Athena Intelligence, en la que escriben miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. En la mayoría de los casos, matizan, la doctrina tablig «sirve de freno para que sus seguidores no colaboren activamente con el yihadismo». Por eso a la UCIDE que preside Tatary le indignan estas acusaciones contra sus afiliados. «Es absolutamente injusto» que se «demonice» a los grupos de misioneros tablig «solo por la prevención de que pudiera haber una célula terrorista disfrazada de grupo de apostolado piadoso como tapadera», denunció en un comunicado en agosto de 2015.

Benjelloun, librarse de la tutela marroquí

En la otra punta del cuadrilátero en el que se ha convertido al islam en España, frente a Tatary, se sitúa Mounir Benjelloun. Tiene veintidós años menos que su rival, habla un español fluido pero con algunos errores. Llegó a Murcia en 1992 para cursar la carrera de Económicas, porque tenía un tío allí instalado, y se quedó. Abrió tiendas de ropa en Murcia, Alicante y Granada, pero desde que empezó a desempeñar responsabilidades en el ámbito religioso las ha dejado en manos de sus hermanos. Su frenética actividad incitó a su mujer a trasladarse con sus cuatro hijos —la última nació en septiembre de 2015— de Murcia a Casablanca. Benjelloun vive ahora a caballo entre España, cuya geografía recorre sin descanso, y la capital económica de Marruecos, donde reside su familia. Cuando hace hincapié en la integración no predica con el ejemplo.

Esa Murcia en la que estudiaba Benjelloun ha sido la cuna en España de Justicia y Espiritualidad (Al Adl Wal Ihssane), el gran movimiento islamista marroquí fundado en 1981 por el jeque Abdesalam Yassine (Oullouz, 1928; Salé, 2012). Yassine es el pensador que más ha marcado la historia de la religión en Marruecos. Su doctrina no violenta, inspirada en el sufismo (espiritualidad islámica) y que pone el énfasis en la educación, ha trascendido incluso las fronteras del país. A través de la emigración, sobre todo la marroquí, tiene presencia en Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, Reino Unido y ha puesto pie en Estados Unidos. En Marruecos es el movimiento con más capacidad de movilización en la calle, como quedó demostrado durante la efímera «primavera» marroquí de 2011, pero eso no significa que, en caso de elecciones libres, resultara vencedor.

Justicia y Espiritualidad no se presentará, sin embargo, a los comicios. Es ilegal en Marruecos, aunque a veces el régimen autoriza sus actividades. El principal escollo para su legalización es su rechazo a reconocer al soberano, ahora Mohamed VI, como Comendador de los Creyentes, es decir, jefe espiritual de los musulmanes marroquíes. En tiempos del rey Hassan II, el padre de Mohamed VI, el movimiento mantuvo conversaciones con el entonces ministro de Interior, Driss Basri, para superar este impedimento, pero fracasó. En el fondo JyE es antimonárquico y propugna una alternativa algo confusa: un Estado civil moderno inspirado en el islam. También rechaza el Estado teocrático totalitario, es decir, el modelo iraní. Sus responsables han mantenido en varias ocasiones debates discretos sobre el modelo de Estado que convendría a Marruecos con miembros de la izquierda extraparlamentaria y otros demócratas más liberales.

El sociólogo Mohammed Masbah, de la fundación estadounidense Carnegie, sostiene que el movimiento islamista «perdió a muchos de sus miembros en 2007 a consecuencia de la decepción que supusieron las visiones y sueños» de su líder. En la web de JyE se colgaron entonces algunas fantasías del jeque Yassine y de sus adeptos que vaticinaban que 2006 sería el año de la qawma, algo así como una sublevación popular pacífica. El pronóstico no se cumplió y por eso, de acuerdo con esta tesis, se produjeron deserciones en sus filas.

Justicia y Espiritualidad nunca ha dado cifras sobre sus afiliados cotizantes, que algunas fuentes de inteligencia calculan entre 100.000 y 130.000, pero el entierro de Abdeslam Yassine en Rabat —falleció el 13 de diciembre de 2012— fue la mayor concentración pública que se recuerda en Marruecos de aquellas no organizadas por el régimen. Decenas de miles de personas, probablemente más de 100.000, asistieron al sepelio. Le sustituyó al frente del Consejo Consultivo, el máximo órgano directivo, el rifeño Mohamed Abadi (Beni Houdayfa, 1949), pero su labor es ante todo doctrinal. Un secretario general adjunto, Fathallah Arsalane, lleva la dirección política. Antes de su designación, Abadi viajaba con frecuencia a Murcia e incluso impartió clases a clérigos musulmanes en la mezquita del barrio de El Carmen. Su hija reside en Torre Pacheco y está casada con Said Mehdi, imán del Centro Islámico de Cartagena.

En Murcia, Benjelloun compaginó en los años noventa su actividad comercial con la religiosa. En 2006 dio un paso decisivo, junto con Mbarek Demouche, al fundar la Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM), de la que es vicepresidente. Quiso también poco después adquirir la nacionalidad española, pero le fue denegada. La resolución del Ministerio de Justicia argumentaba, en 2010, que «aparece vinculado a asociaciones, grupos o movimientos conocidos por sus actividades irregulares o radicalizados, en sus programas y procedimientos, desde un punto de vista político o religioso […]». El ministerio no tardó, sin embargo, en cambiar de parecer y se la concedió.

Esos «grupos radicalizados» a los que aludía la resolución son, en realidad, Justicia y Espiritualidad. En un informe conjunto y reservado elaborado en 2009, los Ministerios de Interior y Justicia describían este movimiento como no violento, pero «integrista», porque aboga por «un islam riguroso y sectario que favorece la radicalización de sus miembros y dificulta la integración de los musulmanes en la sociedad española». Cinco años después, el 2 de julio de 2014, el embajador marroquí en Madrid, Fadel Benyaich, insistía en un cable enviado a su ministro de Asuntos Exteriores, Salaheddine Mezouar, en que Benjelloun pertenecía a Justicia y Espiritualidad, que propugna «un islam radical nada acorde con nuestro rito malekita […] que predica la moderación y la tolerancia». El cable fue filtrado a finales de ese año en el marco del llamado Wikileaks marroquí. Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico y que fue subdirector de relaciones con las confesiones en Justicia, no comparte este diagnóstico de la institución en la que trabajó. «A veces se buscan enemigos para justificar su papel, pero Justicia y Espiritualidad no lo es», asegura. «Ya quisiéramos que fueran todos como ellos», concluye.

Benjelloun ha negado durante años pertenecer a ese movimiento, pero ahora sí admite que «comparte sus postulados, aunque no mantiene ninguna relación orgánica» con su dirección. Su relación personal con la cúpula islamista sí quedó de manifiesto cuando acudió al entierro del jeque Yassine y departió con varios de sus líderes.

A partir de su feudo murciano, Benjelloun fue preparando el terreno para desbancar de la dirección de la FEERI a sus compatriotas leales a la monarquía alauí. Esta estaba, desde noviembre de 2007, en manos de Mohamed Hamed Ali (Ceuta, 1953-2015) y de Mohamed Kharchich (Tetuán, 1960). Ambos eran «responsables conocidos por su lealtad con Marruecos», según recordaba el embajador Benyaich a su ministro. El primero había sido declarado por unanimidad «persona non grata» por la Asamblea (pleno del ayuntamiento) de su ciudad natal porque abogaba por la entrega de Ceuta a Marruecos. Cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero visitó Ceuta en 2006, Mohamed Hamed Ali declaró en la prensa marroquí que el viaje era «pura provocación». Al año siguiente fue el rey Juan Carlos el que se desplazó, por primera vez, a Ceuta, y Mohamed Hamed Ali sostuvo ante las cámaras que solo se habían echado a la calle a darle la bienvenida unas 300 personas, «en particular niños escolarizados a los que los responsables de las escuelas incitaron a salir». Miles de personas de las dos confesiones mayoritarias abarrotaban las aceras. Por aquellas fechas propuso también a Rabat que reservara en el Parlamento escaños simbólicos para los representantes de las dos ciudades con el fin de escenificar así su reivindicación, pero no le hicieron caso.

Si Mohamed Hamed Ali no gustaba a la Administración del Estado, su segundo, Kharchich, suscitaba, al menos en un primer momento, aún más reticencias. Rastreando su vida, el CNI había descubierto que este respetable imán, que asiste a los reos musulmanes en las cárceles madrileñas, había pasado por el Afganistán de Osama bin Laden, el fundador de Al Qaeda. «Era estudiante de optometría y en 1996 me propusieron irme un mes allí con una asociación caritativa saudí», precisa Kharchich, restando importancia a ese hallazgo de la inteligencia española. «Me apunté a la aventura como lo hubieran hecho muchos jóvenes. Fui y volví en 30 días».

La crisis entre España y Marruecos desatada a finales de 2009 por la expulsión a Lanzarote de la activista saharaui Aminatou Haidar, brindó una nueva oportunidad a Mohamed Hamed Ali de alinearse con Rabat. Cuando la lideresa saharaui llevaba más de dos semanas en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para conseguir volver a su casa en El Aaiún, la FEERI arremetió contra ella. Publicó un comunicado denunciando «el comportamiento de Haidar», que obedecía —proclamó— a motivos políticos y se enmarcaba en «el complot orquestado por las autoridades argelinas y otros sectores hostiles a Marruecos». La activista contaba con «el apoyo» de Argelia, que fomentaba así «un clima de tensión y discordia en contradicción» con el islam. Es decir, que los gobernantes argelinos no eran buenos musulmanes. El lenguaje era tan burdo que daba la impresión de haber sido dictado desde el Ministerio del Interior marroquí. La embestida tuvo, sin embargo, éxito en Marruecos porque la agencia de prensa oficial MAP la reflejó en la portada de su web, al igual que algún que otro diario oficialista.

Aquellos eran tiempos en los que Marruecos actuaba sin rodeos. El ministro marroquí de Habous y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, convocó, por ejemplo, a decenas de imanes de Italia y de España —estos últimos seleccionados por la FEERI— a Marrakech, donde les aleccionó sobre los mensajes que debían transmitir a los fieles en sus países de residencia. El orador estrella de esta primera reunión con el clero musulmán del sur de Europa, en noviembre de 2008, no fue Toufiq sino Yassine Mansouri (Bejad, 1962), jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior marroquí. Su mera presencia en el acto demuestra hasta qué punto el control de la inmigración es una de sus prioridades. Ante los imanes, Mansouri hizo hincapié en que una de sus tareas primordiales era «garantizar la protección espiritual» de los creyentes, es decir, impedir la infiltración de corrientes subversivas.

Hasta su fallecimiento, en noviembre de 2015, Mohamed Hamed Ali siguió pensando que «se desaprovechó entonces la oportunidad de hacer una buena labor ahondando la colaboración, en el plano religioso, entre España y Marruecos». Sentado en el patio del Parador de Ceuta aseguraba, un mes antes de morir, que «ambos países se necesitan mutuamente». «Quizá España sea el más necesitado de los dos porque es todavía inexperto en islam», prosiguió. «Si Francia, con más tradición de inmigración musulmana, más presencia colonial en países musulmanes, recurre a la ayuda marroquí para la formación de imanes, ¿qué no debería hacer España?», se preguntaba. El rito malekí que se practica en Marruecos «es el más tolerante y respetuoso y, por tanto, el que mejor se compagina con los valores occidentales», insistía. De ahí que sería bueno que se propagara por España.

Fue allí, en la reunión de Marrakech de 2008, donde Mohamed Hamed Ali manifestó «su decepción por la falta de subvenciones» para los suyos. El ministro Toufiq respondió con la promesa de un millón de euros que le entregaría en dos partes. Esa fue la mayor ayuda jamás concedida por Rabat a una entidad islámica en España. Solo le abonó la primera parte porque el «marroquí con DNI español», como llamaban a Mohamed Hamed Ali sus detractores, fue desbancado al año siguiente de la dirección de la FEERI por Benjelloun, y al sustituto, Toufiq, no estaba dispuesto a darle ni un céntimo. Durante los seis años posteriores al relevo, y hasta la muerte de Mohamed Hamed Ali, el anterior y el actual presidente de la FEERI siguieron batallando en los tribunales acerca de la utilización —legal para uno y fraudulenta para el otro— del primer medio millón que Rabat concedió a la federación.

Aquella votación del nuevo presidente de la FEERI, en noviembre de 2009, en una nave del polígono de Fuenlabrada (Madrid), acabó con una monumental bronca entre Mohamed Hamed Ali y Benjelloun, a la que puso fin una intervención policial. La victoria electoral de Benjelloun, algo pírrica, suscitó sentimientos contradictorios entre las autoridades españolas. Por un lado se alegraron de que la Federación se hubiese librado de la tutela marroquí, pero por otro temían la reacción de Rabat ante la toma de control por sus adversarios de una de las entidades musulmanas con más peso e influencia. Benjelloun repetía obstinadamente que sería un «error importar a España el modelo de islam de un país determinado», en una clara alusión a Marruecos.

Por aquel entonces Mansouri y sus espías ya estaban molestos por las maniobras exitosas del Ayuntamiento de Ceuta para sustraer a los musulmanes de la ciudad de la influencia de Marruecos. «Cuántas veces mis colegas marroquíes se han quejado diciendo: “Vosotros premiáis en España a aquellos que nosotros perseguimos”», recuerda un policía español jubilado que estuvo destinado en Rabat. El «premiado» —mediante algunas ayudas estatales que obtiene la nueva dirección de la FEERI para desarrollar determinados proyectos— es Justicia y Espiritualidad, a la que las fuerzas de seguridad marroquíes hacen, a ratos, la vida imposible.

Para Benjelloun, la presidencia de la FEERI era solo una etapa en el camino de la conquista de la Comisión Islámica de España, para lo que pretendía derrocar a Tatary. La siguiente batalla la libró, en noviembre de 2012, en el Centro Cívico Rigoberta Menchú de Leganés (Madrid). Promovió entonces la aprobación de unos nuevos estatutos de la Comisión y, a continuación, una votación aplicando las nuevas reglas. Todos, excepto la UCIDE de Tatary, votaron a favor. El imán Tatary rechazó el resultado porque, alegó, pese a que solo disponía de un voto, tenía detrás de él a más comunidades islámicas que todos los demás juntos. El Ministerio de Justicia español declinó inscribir en el registro los nuevos estatutos y Benjelloun recurrió a los tribunales, a la jurisdicción contencioso-administrativa, para que le obligaran a hacerlo. Tres años después, la causa seguía pendiente de sentencia.

En su andadura, Benjelloun ha tenido sólidos compañeros de viaje dentro y fuera de su propia casa. Él es la figura pública vinculada a Justicia y Espiritualidad más conocida en España, pero entre bambalinas está el auténtico brazo del movimiento islamista marroquí: la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación, con sede en Villaverde Alto (Madrid). En 2015, esta organización eligió a un nuevo presidente, el marroquí Hussein el Ouariachi (Beni Chiker, 1980). «Nuestro nombre es ya de por sí revelador de cómo enfocamos nuestro papel en la sociedad española», asegura el presidente, que nació a menos de 4 kilómetros de Melilla. Su discurso desborda de energía y de capacidad de persuasión. Con una pizca de orgullo en la voz recalca que Justicia y Espiritualidad «es ya la escuela de pensamiento musulmana más importante de Europa». «No es una organización transnacional —advierte—, porque en cada país actuamos autónomamente, sin recibir instrucciones de nuestros hermanos de Rabat».

El teólogo más influyente

Si en Marruecos Justicia y Espiritualidad cuenta con dos ramas, una espiritual y otra política, en España sucede algo parecido. Benjelloun y El Ouariachi son los hombres de acción, pero el pensador se llama Rachid Boutarbouch (Salé, 1972). Pregunté a algunos de los musulmanes residentes en España que me siguen a través de la red social Facebook, quién era para ellos su correligionario más relevante en el país donde viven. Varios, los que dan la impresión de ser más piadosos, a juzgar por lo que cuelgan en su muro, me contestaron: Boutarbouch. La respuesta da una idea de la influencia del ideólogo islamista en España. José María Blanco, de la Guardia Civil, y Óscar Pérez Ventura, director del área de terrorismo del Espacio Corporativo de Seguridad, consideran que Boutarbouch es en realidad «el organizador de la red de Justicia y Espiritualidad en España». Él lo desmiente tajantemente.

Boutarbouch posee un abultado currículum académico que tuvo que completar en España, adonde llegó en 1998. «No me dejaban seguir estudiando en Marruecos» más allá de la licenciatura en Estudios Islámicos, recuerda sentado en el autoservicio FresCo de Granada, que sirve platos de comida halal. Reinaba aún Hassan II y el máximo líder de Justicia y Espiritualidad seguía sometido a un interminable arresto domiciliario mientras sus seguidores eran hostigados. Aún recuerdo cómo la policía me dio el alto cuando en 1999 intenté franquear la puerta de la modesta villa de Salé en la que permanecía encerrado.

En España Boutarbouch hizo de todo para sufragar sus estudios. «Conseguí empleos en la construcción, en el campo, fui también repartidor de paquetes en una empresa de transporte urgente», cuenta en un español algo titubeante pese a sus diecisiete años de residencia. A veces, recurre incluso a la interpretación de un discípulo bilingüe para precisar sus ideas en español. En España obtuvo primero, gracias a un trabajo sobre islamistas y participación política, un Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada. Ahondó después su investigación en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Autónoma de Madrid. También vivió un tiempo en Mallorca, donde, a medias con el periodista Juan Poyatos, escribió un libro (Viaje al centro del 11-M, editorial CBEC) con sus reflexiones sobre los atentados. Con tantos títulos académicos no es de extrañar que Boutarbouch sea además miembro de la Liga de Ulemas (eruditos) de Marruecos, fundador de la Asociación Mundial de Ulemas Musulmanes y del Consejo Europeo de la Fatua e Investigación. La fatua es una directriz islámica no vinculante pronunciada por un erudito.

Si en el Marruecos de los noventa no le dejaron continuar sus estudios por razones políticas, en España, en la década siguiente, no se le permitió adquirir la nacionalidad española por los mismos motivos. Su solicitud fue rechazada dos veces y acabó renunciando a pleitear para obtenerla. Los agentes del CNI, cuyo visto bueno es conveniente para obtener el DNI, le reprocharon, en un encuentro fugaz en el aeropuerto madrileño de Barajas, no haber hecho nada para evitar el 11-M. «Se considera que su discurso es de difícil encaje en una sociedad democrática», sostiene Blanco en su artículo.

De las largas horas de conversación mantenidas con él en Bilbao y en Granada, sin ninguna interrupción para rezar, tiendo más bien a pesar que su pensamiento ha evolucionado hasta el punto de adaptarse a la sociedad en la que ha vivido los últimos años. «¿Que queremos instaurar un Estado islámico en España?», se ríe mientras se hace eco de algunas de las acusaciones formuladas contra Justicia y Espiritualidad. «¡Es absurdo!». «Sabemos que somos una minoría, y aunque crezcamos lo seguiremos siendo», se responde a sí mismo. Se jacta después de «mantener buenas relaciones con los chiíes», una declaración que no compartirían muchos musulmanes suníes como él que sienten animadversión hacia los fieles de esa rama minoritaria del islam. Rechaza la creación de un «partido musulmán en España porque equivaldría a fomentar guetos». El Partido Renacimiento y Unión de España fue, hasta la primavera de 2015, un embrión de formación musulmana, pero fracasó estrepitosamente. Algunos de los detractores de Boutarbouch probablemente argumentarán que no se creen sus buenas palabras porque este moldeó su discurso para agradarme durante la conversación que acabo de relatar.

La labor religiosa del erudito de Justicia y Espiritualidad se concentra ante todo en España, donde da numerosas conferencias, inaugura oratorios, etcétera. Su mujer y sus tres hijos se han instalado en Salé, la gran ciudad pegada a la capital de Marruecos, y él vive a caballo entre ambos países, aunque las vacaciones veraniegas de la familia transcurren en Granada. En la Universidad Mohamed V de Rabat prepara un doctorado sobre el sufismo. Ahora sí puede estudiar, pero sigue teniendo vetado pronunciar la jutba (el sermón del viernes). Su esposa es doctora en químicas por la Universidad de Módena (Italia) y enseña esa disciplina en un instituto de Salé. Cuando Boutarbouch hace hincapié en la integración del marroquí, tampoco predica del todo con el ejemplo.

En su asalto a las instituciones islámicas, los compañeros de viaje externos de Benjelloun —el presidente de la FEERI— que no mantienen lazos con Justicia y Espiritualidad son ante todo conversos españoles. Cuenta con el apoyo, por ejemplo, de Francisco Jiménez Jiménez, que encabeza la Plataforma Islámica de las Islas Baleares; de Amparo Sánchez Rosell, hija del sacristán de la basílica de la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, y presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia; y de Félix Herrero, imán de la mezquita de La Unión en Málaga y efímero presidente de la FEERI (2006-2007) hasta ser depuesto por los leales a Marruecos.

El grupo más influyente de conversos, aunque no el más numeroso, es probablemente la organización Junta Islámica, que desde 2012 preside una mujer, Isabel Romero (Madrid, 1957), y cuya sede está en Almodóvar del Río (Córdoba). Constituyen una especie de élite entre los musulmanes de España por su formación intelectual, su papel en la institucionalización del islam en España, sus contactos internacionales y su célebre Instituto Halal. Este organismo certifica que numerosos productos, desde carne de vacuno hasta cosméticos, han sido fabricados como requiere el islam, por lo que pueden ser consumidos por musulmanes. Romero, casada con un músico cristiano originario de Madagascar, dirige desde 2005 el instituto que durante largos años ha estado en situación de cuasi monopolio en España.

Junta Islámica, afirman los investigadores Sol Tarrés y Óscar Salguero, tiene «una línea ideológica clara: apertura, pluralismo, libertad de expresión y libertad de conciencia», es decir, el derecho para un musulmán de cambiar de religión, algo que en algunos países árabes se castiga con la pena de muerte. Tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, emitieron una «fatua que declara fuera del islam a los miembros de Al Qaeda y a todos los simpatizantes de cualquier movimiento terrorista», recuerdan los dos antropólogos en un artículo académico («Los musulmanes en Andalucía»). Los musulmanes más liberales de España son los socios privilegiados de Justicia y Espiritualidad, el movimiento islamista de origen marroquí. Isabel Romero se deshace en elogios hacia Mounir Benjelloun, el presidente de la FEERI. Alaba «su dedicación, su entrega y enfoque dialogante».

Cooperación o injerencia

Durante largos años el duelo de Tatary (UCIDE) y de la FEERI, con sus sucesivos presidentes —Mohamed Hamed Ali y después Benjelloun— «ha sido útil a los gobiernos españoles de izquierdas o de derechas», reconoce José María Contreras, que fue director general de Asuntos Religiosos cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. «Bastaba con decirles que mientras no se pusieran de acuerdo entre ellos no había nada que negociar con el Estado», añade. Rachid Boutarbouch, el ideólogo de la rama española de Justicia y Espiritualidad, opina, sin embargo, que a partir del 11-M «las autoridades españolas empezaron a mostrarse interesadas en que los musulmanes estuviesen unidos». Su objetivo era disponer de un único interlocutor con el que colaborar en la lucha contra la radicalización.

De ahí que en octubre de 2004 el Consejo de Ministros crease la Fundación Pluralismo y Convivencia, para financiar proyectos que las confesiones minoritarias sometieron a su consideración, empezando por los musulmanes, con la idea de alejarlos así de cualquier tentación radical. En sus diez años de existencia, esta institución les ha otorgado 12,22 millones de euros. De ahí también que Mohamed Hamed Ali, presidente de la FEERI a finales de la década pasada, recibiese en 2008, del Ministerio de Justicia, «un proyecto de nuevos estatutos de la Comisión Islámica» redactado en los despachos del poder por funcionarios no musulmanes. El titular de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, convocó entonces a los dos líderes musulmanes para animarles a acabar con la bicefalia que duraba ya desde hacía diecisiete años. «Le dije que no íbamos a aceptar su injerencia en nuestros asuntos, pero que sí estábamos dispuestos a trabajar juntos para alcanzar un acuerdo», contestó al ministro Mohamed Hamed Ali. No hubo ni acuerdo ni acercamiento de posiciones.

Seis años después, ya con el Partido Popular en el Gobierno, el Ministerio de Justicia volvió a la carga. Esta vez fue el subdirector general de Relaciones con las Confesiones, Ricardo García García, el que a finales de agosto de 2015 hizo llegar a Tatary y Benjelloun otro borrador de Real Decreto que reforma la Comisión Islámica. Su «estructura bicéfala, unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI), ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992» con los musulmanes, reza el preámbulo del texto. Para acabar con «ese monstruo inmanejable con dos cabezas y dos voces», como lo describe un funcionario de Justicia, el Real Decreto suprime las figuras de los dos secretarios generales y crea la de un presidente elegido al que otorga amplios poderes. Desde Interior y Justicia se insiste, bajo cuerda, en que urge disponer de una vez por todas de «un único interlocutor representativo para trabajar juntos contra ese caldo de cultivo radical que crece en algunos sectores juveniles de la población musulmana».

«¿Se atrevería el Gobierno a decir a la Conferencia Episcopal cómo debe designar a sus obispos?», se pregunta sorprendido Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de A Coruña. «Pues eso es lo que un Estado aconfesional como el español quiere imponer a los musulmanes», recalca. «¡Es intervencionismo!». «¡El Ministerio de Justicia debería ser aconfesional o neutro!», añade Ferreiro, que fue también subdirector general de Relaciones con las Confesiones con el Gobierno socialista de Zapatero.

Al conocer el borrador, Benjelloun puso el grito en el cielo. Denunció «una intervención autoritaria en los asuntos de los musulmanes». Sospechaba además que una operación de calado para desbancarle estaba en marcha porque la modalidad de elección prevista del futuro presidente de la Comisión Islámica aventajaba a su rival, Tatary. Temía, en última instancia, que detrás del Real Decreto estuviese la larga mano de Marruecos, empeñado en que quien encabece la Comisión Islámica no solo tenga fuertes vínculos con el país del que son originarios la mayoría de los musulmanes en España, sino que sea leal a sus autoridades religiosas, empezando por el rey Mohamed VI. Sus temores se recrudecieron cuando en las redes sociales se desató una campaña contra él con documentos anónimos sobre la financiación de Justicia y Espiritualidad, un vídeo fabricado ex profeso y tweets agresivos redactados desde un foro (Intelpage) en el que colaboran anónimamente miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia.

Tatary, en cambio, veía con buenos ojos la iniciativa del ministro de Justicia, Rafael Catalá, probablemente porque se imaginaba ya vencedor de una contienda electoral. «Es un mal menor porque contribuirá a poner orden en nuestra casa, algo que nos beneficiará», comentó en su despacho. Los musulmanes fieles a Mohamed VI en España comparten la opinión de Tatary. «Si nosotros somos incapaces de resolver el problema, alguien tendrá que venir de fuera a ayudarnos», afirma el imán Mohamed Kharchich paseando cerca del Centro Cultural Islámico de Madrid, popularmente conocido como «mezquita de la M-30». «Es una oportunidad que no se puede perder», insistió.

Kharchich y otros muchos de su cuerda apuestan por que Tatary, por razones de edad, no pueda seguir muchos años como presidente de esa nueva Comisión Islámica. Llegará entonces el momento de que la dirija un marroquí. «Marruecos quiere una figura marroquí, pero nunca a Benjelloun», reconoce con franqueza el imán de las cárceles madrileñas. «¿Por qué ambas capitales cooperan en tantas otras materias y no en organizar la formación de imanes, regular la financiación de las mezquitas, etcétera?», se pregunta. «Ha llegado la hora de alcanzar un acuerdo entre Madrid y Rabat para gestionar juntas el ámbito religioso», insiste.

¿Y a qué aspira el Gobierno español más allá de una Comisión Islámica dirigida por un presidente representativo y poderoso con el que dialogar? Catalá convocó el 16 de septiembre de 2015 a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en la que están representadas todas las confesiones, para darles a conocer su Real Decreto de reforma de la principal institución islámica, que podría ser más tarde aprobado por el Consejo de Ministros. Lo presentó y hubo voces discrepantes dentro y también fuera de la sala, en la calle San Bernardo, donde se concentraron cientos de musulmanes convocados por Benjelloun para protestar por la intromisión. En vísperas de las elecciones generales de 2015 el Real Decreto no había sido adoptado, pero sí había servido de señuelo para presionar a Benjelloun y Tatary para que pactaran. Ambos se dieron un plazo de seis meses, hasta finales de abril de 2016, para negociar unos nuevos estatutos que acaben con la bicefalia que ha paralizado la institución. Durante ese semestre, Tatary ejerció como presidente de la CIE.

9

ESPÍAS VIGILAN A ESPÍAS

El Consulado de Marruecos en Almería era uno de los pocos —en total son once en España— que aún no estaba infiltrado. El objetivo era introducirse en él, contar en su interior con al menos un hombre de confianza. Había que averiguar qué hacían los agentes consulares, algunos de los cuales eran, en realidad, miembros del servicio secreto exterior marroquí, la DGED, con qué confidentes contaban en el sureste de Andalucía, qué información obraba en su poder. No en balde Almería es la provincia andaluza, junto con Málaga, con más inmigración musulmana y con más focos de radicalización, según el Ministerio del Interior español.

El nuevo cónsul trataba en aquellas fechas de contratar a un empleado, preferentemente marroquí, con nociones de contabilidad y que gestionara de paso las nóminas de los empleados locales. El CNI, el principal servicio secreto español, decidió aprovechar la ocasión para infiltrar a un confidente en el consulado y, para ello, era preciso encontrar a un candidato que diera el perfil. Uno de los dos hermanos de la familia Álvarez reunía, con algunos matices, las características requeridas para el puesto. Ambos figuraban es una especie de lista de reserva de posibles colaboradores que el servicio secreto español elabora y a los que recurre si se dan las circunstancias en las que considera que le pueden ser útiles.

José Álvarez (nombre supuesto de uno de los dos hermanos) había colaborado con los alcaldes del Partido Popular en El Ejido —ahora trabajaba en una empresa pública—, pero al mismo tiempo mantenía relaciones cordiales con la comunidad musulmana. No en vano tenía un hermano medio marroquí con el que compartía casa. Su padre, Fernando, estuvo primero casado con una española, pero, tras enviudar, contrajo matrimonio con una artista marroquí, Samia Hachimi, con la que tuvo un hijo, Santiago Saladino Álvarez Hachimi. A su padre le hacía gracia esta combinación de nombres, Santiago, el Matamoros, y Saladino, el gran defensor del islam frente a los Cruzados. Samia hablaba con su retoño darija, el árabe dialectal marroquí, y hasta le mandó algunos veranos a Marruecos para afianzar sus orígenes maternos. Se empeñó también en que aprendiera francés porque era «la lengua de la gente culta en Marruecos». Por todo esto los magrebíes de la comarca le consideraban como uno de los suyos. Al medio hermano José se le pegó buena parte de esta educación.

Ya fuera porque él sí era español de pura cepa o porque había colaborado con partidos políticos constitucionalistas, lo cierto es que el CNI prefirió dar el primer paso contactando con José Álvarez. Un agente destinado en Almería le abordó en la calle. «Trabajo para una institución del Estado y necesito tener una conversación contigo sobre un asunto importante», le espetó. José Álvarez no dudó en dar su acuerdo y tres minutos después ambos estaban sentados frente a frente a una mesa al fondo de la cafetería Alhambra.

El agente le expuso el plan sin rodeos, aunque lo adobó con argumentos patrióticos. «Marruecos es ahora un país amigo, pero, dependerá de cómo evolucione, puede acabar siendo nuestro mayor enemigo», le espetó. «Por eso tenemos que saberlo todo sobre ellos; por eso tenemos que saber qué se cuece detrás de las paredes de su consulado», concluyó su perorata. Y para eso era necesario infiltrar a su hermano, Saladino, en el Consulado de Marruecos en Almería. A cambio de esta «encomiable labor» Saladino recibiría un sobresueldo del CNI que se añadiría a los emolumentos que le pagase su empleador marroquí. José Álvarez aceptó y se comprometió a tratar de persuadir a su hermano, que entonces carecía de empleo estable. Luego dejó caer a su interlocutor que no le parecía una tarea difícil, pero le advirtió de que había un problema: Saladino no sabía nada de contabilidad ni de gestión de recursos humanos. Empezó la carrera de Derecho en Almería, pero no la acabó.

«Ese escollo lo resolvemos nosotros», contestó el agente a las pegas que puso José Álvarez. Este convenció a su hermano en un pispás y a los pocos días de que diese el «sí» el CNI le entregó un diploma de contabilidad otorgado en Marruecos. El centro que lo expedía, el Institut Supérieur de Gestion de Casablanca, y su director, que firmaba el título, existían, pero Saladino nunca había puesto allí los pies. Para que supiera cómo era el edificio donde se suponía que había estudiado se plantearon enviarle 48 horas a Casablanca, pero al final se conformaron con mostrarle unas fotos del inmueble y de algunos de los que se suponía que habían sido sus profesores y compañeros de clase.

Al cónsul de Marruecos en Almería le gustó el currículum vitae de Saladino. Le contrató nada más terminar la entrevista, pero el hermano hispano-marroquí retrasó un par de semanas su incorporación al puesto alegando que era el plazo necesario para dejar su anterior trabajo. El CNI le había explicado que si le cogían necesitaba un poco de tiempo para formarle. Saladino acabó en un hotel de Sevilla del que salía para ir a un piso en el que le explicaban a qué debía estar atento en el consulado y, de paso, le enseñaban rudimentos de contabilidad. Le proporcionaron incluso un móvil encriptado con el que comunicarse con el espía español al que debía informar por teléfono y mediante informes escritos que le enseñaron a redactar.

No toda la formación se desarrolló entre cuatro paredes. El CNI sospechaba que el nuevo empleado consular podría ser objeto de algún tipo de vigilancia; que la DGED marroquí quizá querría asegurarse de que era trigo limpio. Empezaron entonces los largos paseos por Sevilla en los que Saladino debía detectar a tres hombres —agentes del CNI camuflados— que le seguían, pero sin que ellos se dieran cuenta de que habían sido descubiertos. El fin de este ejercicio era enseñar al aprendiz de confidente no solo a detectar a posibles espías marroquíes que lo siguieran, sino también a, llegado ese caso, no dejar traslucir que se había percatado de la vigilancia para no mostrar que tenía algo que esconder. En la calle no podía, por ejemplo, volver la mirada hacia atrás porque delataría así su temor a ser vigilado. Se paraba, entonces, ante los escaparates con espejos y observaba a los peatones que pasaban a sus espaldas; acudía a un kiosco de chuches y, tras comprar un cucurucho por un euro, daba media vuelta mientras escudriñaba los rostros de los transeúntes con los que se cruzaba.

«A ver, Saladino, ¿quiénes te seguían hoy?», le preguntaba el instructor al final de la sesión. «Uno era un barbudo, alto y con gafas; otro un calvo con una cazadora azul y el tercero un tipo con una gorra y una cazadora negras», respondía. «El calvo y el de la gorra es el mismo, Saladino», le hacía observar el instructor. «Así que mañana vuelta a empezar hasta que pilles a los tres que se van turnando», concluía.

Infiltrados

Incorporado ya a su puesto en el consulado, Saladino se las apañaba con sus nociones básicas de contabilidad mientras averiguaba la situación familiar de los que allí trabajaban, las propinillas que se ganaban a cambio de expedir certificados que deberían haber sido gratuitos, de agilizar los trámites burocráticos y de otras gestiones. Su hermano José iba a recogerle de vez en cuando al trabajo y, de paso, saludaba a empleados locales y funcionarios, empezando por el cónsul. Era sociable, extrovertido y no tardó en ganarse su confianza y aprecio porque sabía mucho del islam y de sus mezquitas en Andalucía Oriental. «¿Cómo sabes tanto, José?», le preguntaban. «Soy más musulmán que vosotros», contestaba riéndose. «A mi padre le daba igual la religión, pero no así a mi madrastra, la madre de Saladino, que fue quien me crio», les explicaba. «Era una mujer religiosa que adoraba a mi padre y, hasta el final de sus días, se esforzó por que se convirtiera al islam, al malekí de Marruecos». «No lo consiguió con mi padre, pero casi casi lo logró conmigo», les contó.

Un día, tras acabar la jornada laboral tomando tés y refrescos en la cafetería Avenida, cercana al consulado, un empleado marroquí agarró del brazo a José y trató de que ambos quedaran algo rezagados. Le dijo entonces en voz baja: «Tengo que hablar contigo; eres un amigo y quiero pedirte ayuda». Al día siguiente se sentaron frente a frente en otra cafetería y Hassan, un militar, como casi todos los hombres de la DGED, le soltó un vibrante discurso sobre España y Marruecos, que se enfrentan a los mismos enemigos —los terroristas islamistas— contra los que deben luchar juntos. Hassan sabía, porque el asunto había surgido en sus conversaciones, que José Álvarez mantenía una relación cordial con el presidente de una importante comunidad islámica de la ciudad, un argelino del que los marroquíes no se fiaban. Probablemente desconfiaban de él porque hubiesen preferido que fuera uno de los suyos el que encabezara a los fieles, en su gran mayoría originarios de Marruecos.

Hassan quería saber qué les decía a sus seguidores durante las mashuaras (charlas nocturnas del fin de semana), qué forasteros musulmanes se hospedaban en el templo cuando visitaban Almería, si traían consigo dinero en metálico, etcétera. «Si aceptas echarnos una mano, haces un servicio a tu patria y a la de tu hermano Saladino, y además te pagaremos bien», concluyó Hassan.

José Álvarez dijo que se lo pensaría, que se llevaba bien con Rachid, el argelino, pero no hasta el punto de que le invitara a las charlas nocturnas, que estas eran en árabe y él solo chapurreaba el darija, el dialecto marroquí. «Aunque también hablo de vez en cuando del islam con Rachid, no sé si se piensa que soy musulmán», le hizo observar. Cuando regresó a su casa, José le pidió el teléfono encriptado a su hermano y llamó al enlace del CNI. «Me han hecho la siguiente propuesta», le contó. «No sigas contándome —le interrumpió el joven agente—. Nos vemos mañana por la tarde».

Después le volvió a llamar para darle a José Álvarez instrucciones precisas sobre cómo llegar al lugar de la cita, en un paraje remoto. «No vayas directo con tu coche hasta allí; debes aparcar a la entrada del pueblo y caminar un poco», le advirtió. «Da una vuelta, compra algo y antes de ponerte al volante mira si alguien te observa de reojo, probablemente desde otro vehículo o en la calle aparentando, por ejemplo, leer un periódico o juguetear con el móvil». «Si ves algo sospechoso, aplazamos la cita; si todo te parece normal, ven a vernos al Capillero».

El joven agente no acudió esa tarde al restaurante Capillero, en el polígono industrial de Santa María del Águila, cerca de El Ejido. El que allí se presentó —Norberto— tenía más años, más canas y más autoridad. Además estaba acompañado. En otra mesa cerca de la puerta y de la ventana había un par de hombres jóvenes vigilando que no aparecieran «moros en la costa», según le explicaron a José Álvarez. «Cabe la posibilidad de que a través de ti nos quieran tender alguna trampa; de ahí estas precauciones», le dijo Norberto. Después escuchó atentamente, de boca de José Álvarez, la oferta que este había recibido. «¿Qué vas a decirles?», le preguntó. Álvarez titubeó en su respuesta: «No sé, ¿vosotros qué pensáis?». «A nosotros nos interesa que aceptes y que nos mantengas informado de lo que haces», le contestó. En ese momento, José Álvarez se convirtió en agente doble. Y el Consulado de Marruecos quedó doblemente infiltrado.

El CNI le explicó a su nuevo confidente las reglas del juego. Toda la información que obtuviera se la debía pasar primero a ellos y sus agentes seleccionarían la que a su vez él podría transmitir a los marroquíes. Esa primera condición le pareció lógica, pero la siguiente le desconcertó. «Debes enseñarnos los billetes con los que te paguen los marroquíes, que después te serán devueltos», le exigió Norberto. «¿Querían estar seguros de que no me pagaban con billetes falsos?», se preguntó José Álvarez cuando accedió a mantener una primera entrevista con el autor de este libro en una lúgubre cafetería cerca de su ciudad.

Tras el visto bueno de Norberto, José Álvarez se fue a ver a Hassan para decirle que sí, que colaboraba, pero se mostró alterado, asustadizo. «Si se enteran los españoles de lo que voy a hacer acabaré teniendo problemas», le repitió varias veces en voz baja. «Te recuerdo que trabajo para una empresa pública española», insistía en un tono casi inaudible poniendo de manifiesto su miedo. Norberto le había explicado a su nuevo confidente que tenía que aparentar preocupación, nerviosismo, para que el compromiso que adquiría con Hassan fuese más creíble. El agente marroquí trató de apaciguar sus temores. «Vas a hacer esto por el bien común de nuestros dos países, y no te pediremos nunca nada ilegal», le reiteraba, aunque después incumplió su promesa. Cuando cerraron el trato, Hassan elaboró una pequeña ficha con datos básicos de su colaborador español y su foto. «Es para mandar a Rabat», le explicó.

José Álvarez alegó que por motivos familiares tenía que hacer un viaje y que no podría empezar a trabajar antes de unos diez días. Era el tiempo que el CNI necesitaba para darle una formación acelerada de espía en Sevilla. Le enseñaron lo mismo que a su hermano Saladino, pero le dieron además bolígrafos y fundas de gafas con los que podía grabar con discreción conversaciones, hacer fotos, vídeos e incluso retransmitir una charla en streaming. «Este material es para la mezquita, el oratorio o la tetería, pero nunca lo introduzcas en los despachos de la DGED, que lo pueden detectar», le advirtieron. También aprendió José Álvarez, como su hermano Saladino, a identificar a los que intentaban convertirse en su sombra en la calle, e incluso le impartieron un cursillo de contravigilancia en coche. Le enseñaron a detectar y despistar a los vehículos y motos que le seguían por la ciudad.

En vez del bar de tapas La Zanja, que solía frecuentar con los amigos los fines de semana, José Álvarez acabó ese sábado por la noche sentado en la alfombra de la mezquita Alljlas de El Ejido escuchando a Abu Amin, un orador venido de fuera al que algunos fieles mostraban su respeto llamándole «jeque». Disertó ante una treintena de hombres jóvenes sobre las virtudes del zakat, la limosna caritativa que los musulmanes están obligados a dar a los necesitados. Rachid, el presidente de la comunidad islámica, no solo había invitado a José Álvarez a asistir a la charla nocturna, sino que, dados sus escasos conocimientos de árabe, le había puesto un intérprete ceutí que le cuchicheaba al oído. El agente doble se sobresaltó cuando escuchó a Abu Amin pronunciar la palabra «yihad», pero fue solo una falsa alarma, pues el orador se refería al sentido espiritual del término: el perfeccionamiento en el camino marcado al creyente por Alá. La utilizó para pedir a los fieles que se esforzaran en ahondar su fe, en propagar el islam con tesón y eficacia, pero por vías pacíficas.

El confidente del CNI tomaba notas en una libreta con un bolígrafo con el que, al mismo tiempo, hacia fotos de los asistentes. De vez en cuando dirigía algún comentario a su intérprete y a Rachid para tratar de averiguar la identidad del orador invitado. «¡Cuánto sabe!», exclamó José Álvarez. «¿Dónde habrá adquirido tantos conocimientos?». «Es un hombre sabio», le respondió Rachid sin entrar en detalles. El confidente salió de la mezquita pasada la medianoche con un cargamento de libros en español bajo el brazo. Rachid le hizo hincapié en que empezase por leer El Jardín de los Justos, un manual que establece el comportamiento que el buen musulmán debe seguir para tener éxito en esta y en la otra vida.

José Álvarez mandaba raudo sus informes y fotos al CNI, generalmente depositándolos como borrador en una dirección de correo electrónico cuyas claves compartía con un agente del centro de inteligencia. Evitaba así que estas informaciones circulasen de servidor en servidor de internet. A las 24 o 48 horas recibía indicaciones sobre qué parte del material recabado —generalmente era un sucinto resumen— podía transmitir a los marroquíes. A veces los espías españoles añadían informaciones de su cosecha que a José Álvarez le parecían mentirijillas para despistar a los marroquíes. A estos les entregaba el documento en mano so pretexto de ir a recoger a su hermano al consulado.

Una vez al mes José Álvarez se veía brevemente con su interlocutor del CNI en algún lugar alejado de la ciudad. «Podía ser en la cafetería de un centro comercial o más bien en un área de descanso de la autopista», recordaba. «Allí se comentaba la jugada y me pagaba», rememora. En una ocasión no se contuvo y le preguntó al agente: «¿Por qué metéis esas trolas en los informes que me hacéis pasar a los marroquíes?». «Es para liarles», le contestó. «Cuanto menos eficaces sean aquí, en España, mejor para nosotros», añadió. «Aquí nos corresponde a nosotros controlar lo que sucede, no a ellos». «Imagínate además que nuestro gobierno se entere por ellos, por sus jefes, de algo importante que acontece en nuestro país». «¿Cómo quedaríamos entonces nosotros?». «Para que no alcancen sus objetivos hay que distraerles», sentenció.

Aunque no se lo dijeron expresamente, José Álvarez también se percató de que el CNI velaba por evitar que sus homólogos marroquíes coaccionasen o amenazasen a residentes en España, musulmanes o no, para sacarles información o disuadirles, por ejemplo, de que se sumaran a manifestaciones por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Los simpatizantes del independentista Frente Polisario interesaban tanto o más a la DGED que los islamistas barbudos.

Para pagarle, a José Álvarez le colocaban unos billetes, introducidos dentro de un sobre, en el bolsillo de la americana cuando iba al baño o en la funda de las gafas que había dejado a propósito en la mesa. Nunca, españoles ni marroquíes, le dieron directamente el dinero en mano. «José, mira a ver si no te falta nada en los bolsillos», se despedía el agente del CNI para que a José Álvarez le quedase claro que había cobrado.

Sus emolumentos oscilaban entre 250 y 350 euros «por acto médico como el tostón de la charla en la mezquita», se ríe José Álvarez al recordarlo. Podía haber hasta cuatro de esos «actos» en un mes, que se correspondían con los encargos de la DGED. Esta pagaba cantidades casi idénticas a las de los españoles, aunque un par de veces le propusieron remunerarle en especie. «¿Te apetece pasar un fin de semana en un cinco estrellas de la Costa del Sol o en Marruecos?», le preguntó Hassan. «Sales ganando», añadía animándole a aceptar la oferta.

En alguna ocasión Hassan y su equipo pidieron a José Álvarez que transgrediera la legalidad. «José, trata de averiguar con tus amigos los municipales si ese cochazo está a nombre de nuestro amigo Abderramán y qué dirección ha dado, porque le hemos perdido la pista», le solicitaron una vez a su confidente español. Este decía que sí, pero no movía un dedo hasta que el CNI le daba luz verde. Las policías locales tienen acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico, con las matrículas de todos los vehículos.

Hubo otros encargos más insólitos que ya nada tenían que ver con los supuestos islamistas o simpatizantes del Frente Polisario que pululaban por Andalucía. De sopetón, Ernesto, un joven y apuesto arquitecto murciano, se convirtió en la prioridad de la actividad de la DGED en el sur de España. Había que escudriñar su vida, saber dónde trabajaba, si era de buena familia, quiénes eran sus amigos, si tenía novia formal y hasta si había sido buen estudiante en la carrera. La tarea fue encomendada a José Álvarez, que se cogió un permiso de un par de días en su empresa municipal para trasladarse a Murcia.

Ni él ni el CNI comprendían el súbito interés de la DGED por un arquitecto novato que no figuraba en ningún fichero policial. «¿Se habrá convertido al islam y andará haciendo manitas con los de Dáesh?», se preguntó estupefacto el espía español que trataba con José Álvarez. La inteligencia española se disponía ya a activar un protocolo de vigilancia del arquitecto. No llegaron a hacerlo porque, cuando José Álvarez regresó de Murcia, Hassan se decidió, por fin, a confesarle la verdad: «Ese Ernesto ha estado de vacaciones en Rincón (costa de Tetuán), ha ligado con la hija de un general muy importante y, para acostarse con ella, se la ha llevado a Ceuta» porque en Marruecos difícilmente les hubiesen permitido compartir una habitación de hotel sin estar casados. «Allí se quedaron tres días, en los que la joven estuvo desaparecida y su padre desesperado». «Ahora Ernesto le promete a la chica amor eterno y el general nos pregunta si es de fiar como yerno», añadió. José Álvarez recuerda que, cuando le contó la historia a su contacto del CNI, fue la única vez en la que le vio reírse a carcajadas. Meses después la pareja hispano-marroquí se acabó casando en Marruecos.

Hubo otro caso parecido en Barcelona hace tres años, pero en esta ocasión los policías españoles —el Cuerpo Nacional de Policía había sustituido al CNI en la investigación— no se rieron. Más bien se irritaron por haber perdido el tiempo siguiendo la pista durante meses de una quincuagenaria «con ocho apellidos catalanes» que en verano caminaba con ropa escotada por las calles del Eixample. La DGST, la secreta marroquí, la había señalado como una colaboradora de Al Qaeda. Después de mucho indagar —los agentes incluso provocaron encuentros fortuitos con ella haciéndose pasar por repartidores a domicilio—, los inspectores del CNP llegaron a la conclusión de que solo era «culpable» de haber alojado en su piso a una joven saharaui que llamaba, a veces, por teléfono a independentistas del Sáhara Occidental, controlado por Marruecos.

En sus encuentros con José Álvarez en Almería, los hombres del CNI eran más bien parcos en risas y en palabras, pero algunas indiscreciones sí se les escaparon durante los casi cuatro años que duró su relación. Una tarde le confesaron con orgullo que cada semana los documentos de la valija diplomática marroquí eran fotografiados entre su llegada al aeropuerto y su entrega en el consulado. El chófer, que recogía el correo al pie de escalerilla del avión, se paraba en la parte más discreta de una gran gasolinera, se alejaba del vehículo sin cerrar sus puertas con el mando a distancia y aparentaba ir al baño. Un agente español alzaba entonces la puerta del maletero, abría la saca con habilidad, fotografiaba parte de su contenido y la cerraba de tal manera que pareciese intacta. El conductor salía entonces de los lavabos y se ponía de nuevo al volante. La operación duraba menos de diez minutos. Sucedió así hasta que la esposa de un empleado del consulado se paró con su coche a repostar y, al salir del área de servicio, se equivocó de camino. Se topó entonces con el vehículo oficial del consulado en pleno tejemaneje.

Los hermanos José Álvarez y Saladino Álvarez Hachimi estuvieron trabajando durante años, a finales de la década pasada y a principios de esta, para la inteligencia española infiltrados en un importante Consulado de Marruecos en España, que en realidad no era el de Almería. Ambos dejaron de hacerlo voluntariamente por razones de diversa índole, sobre todo familiares y de mudanza al extranjero. Accedieron a narrar su labor de espionaje para este libro con la condición de que no se dieran sus verdaderos nombres, ni los de las personas con las que tuvieron trato. También solicitaron trasladar a la otra punta de la geografía española la ubicación del consulado marroquí al que estaban adscritos, no revelar el nombre de la ciudad en la que recibieron formación por parte del CNI —en el texto se menciona Sevilla— ni el de la ciudad a la que uno de ellos viajó —en el texto se indica que fue Murcia— para llevar a cabo una investigación.

Todo este relato podría dar la impresión de que la relación entre los dos servicios secretos es mala, pero no es así, sobre todo entre sus cúpulas. La historia de los hermanos Álvarez es simplemente reveladora de la desconfianza que, pese a las estrechas relaciones que mantienen, prevalece entre los miembros del CNI y de las fuerzas de seguridad españolas, sus colegas marroquíes y los designios que persiguen.

La telaraña del servicio secreto marroquí

Marruecos ha elaborado «una estrategia de gran magnitud», señalaba en mayo de 2011 un informe que el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán (Cuenca, 1945), remitió a tres ministros del Gobierno socialista. «Su objetivo es extender su influencia e incrementar el control sobre las colonias marroquíes utilizando la excusa de la religión», añadía. Esta vigilancia la ejerce «a través de su embajada y consulados […] y personal afín», es decir, agentes de la DGED con cobertura diplomática o confidentes reclutados en España como aquel que en este libro quiso disimular su identidad haciéndose llamar José Álvarez. En esa tarea también participa la Fundación Hassan II, que preside la princesa Lalla Meryam, hermana de Mohamed VI, cuyo presupuesto no está sometido al control del Parlamento marroquí.

Los espías marroquíes gozan en España de una mayor tolerancia que, por ejemplo, los rusos. Entre 2011 y 2012 Alemania detuvo por espionaje a cuatro marroquíes, mientras que en España ninguno fue apresado. Tampoco hubo juicios memorables como el del sargento de la policía holandesa Re Lemhaouli, de origen marroquí, acusado en 2009 por la fiscalía de Rotterdam de violación del secreto profesional y divulgación de información confidencial por haber pasado a los servicios de Marruecos fichas de inmigrantes. Fue expulsado del cuerpo y condenado a 240 horas de trabajos sociales. El ministro de Exteriores holandés, Maxime Verhagen, se lamentó entonces en una carta de la constante «intervención de sectores o servicios para influir sobre los ciudadanos de origen marroquí» afincados en los Países Bajos. Acaso sea, dentro de unos meses, una traductora de tarifit (el dialecto bereber que se habla en el Rif) la primera espía de Marruecos en sentarse en el banquillo en España. El Juzgado de instrucción número 49 tiene abierta una causa contra esa mujer por revelación de secreto. Una investigación descubrió que en 2012 robó de la Audiencia Nacional, donde entonces trabajaba, información policial reservada para entregarla al CNI y, probablemente, a un servicio extranjero, la DGED. La traductora era aparentemente una agente doble.

En España nunca un miembro de ninguno de los sucesivos gobiernos del país se ha quejado de nada parecido a lo expresado por el ministro Verhagen. ¿Será que la DGED marroquí es menos activa en España pese a que acoge el triple de inmigrantes marroquíes que Alemania? Para nada. Por ejemplo, sospecho que un individuo extraño al que vi en acción el 28 de enero de 2015 era un agente de la DGED. Aquel día, un hombre alto vestido con una gabardina marrón y con aspecto de ser originario de los Balcanes entró con paso firme en la cafetería Vips, cercana a la madrileña Puerta de Alcalá, casi vacía a las diez de la noche. La escasez de clientes, entre los que yo me contaba, hizo que me fijara en su extraña forma de actuar al pasar delante de mi mesa antes de abandonar el local sin haber consumido nada. Entonces no atribuí ninguna importancia a este incidente. Tres semanas después supe cuál era el encargo que tenía el espía: fotografiarme a mí y al periodista marroquí El Houssine Majdoubi, con el que compartía un pincho en la cafetería madrileña. Lo supe porque vi nuestras fotos en el diario digital de Casablanca Le 360, afín, según algunos medios marroquíes, a Mounir el Majidi, secretario particular del rey Mohamed VI. Las instantáneas ilustraban un artículo sobre la «conspiración» que, según el digital, ambos tramábamos junto con Moulay Hicham (Rabat, 1964), primo hermano del monarca, que al día siguiente llegó a Madrid para presentar su libro Diario de un príncipe desterrado (editorial Península). A él también le fotografiaron a hurtadillas mientras se paseaba por la Plaza Mayor.

Peor lo pasó Abdelilah Issou, un exteniente del Ejército marroquí que se convirtió en confidente del CNI en los años noventa. En su libro Mémoires d’un soldat marocain (Memorias de un soldado marroquí), publicado en París en 2014, sostiene que el 12 de agosto de 2010 varios compatriotas suyos intentaron secuestrarle en la puerta de su casa en la Dehesa de la Villa, en Madrid, cuando regresaba de hacer deporte. Fracasaron.

Issou no pudo aportar pruebas del presunto intento de secuestro, pero un francés de origen marroquí, El Mostafa Naim, sí lo hizo, gracias, entre otros documentos, a su pasaporte en el que aparecía un sello policial de salida de Marruecos que otorgaba credibilidad a su versión. Tras unas vacaciones con su mujer en su país, Naim, cocinero de profesión, regresaba a su casa de Lyon. Acababa de salir, el 1 de noviembre de 2010 en el puerto de Algeciras, del ferri en el que había embarcado en Tánger con su coche, cuando dos hombres marroquíes de paisano le abordaron en el muelle. «Me pidieron mis papeles, se los di, y me dijeron que debía subir de nuevo al ferri», recuerda en conversación con el autor. «Me negué, les dije que llamasen a la policía española, y aparecieron entonces otros tres hombres de paisano que dijeron ser españoles, pero lo dudo porque hablaban árabe», prosigue su relato. «Me seguí negando, aquello se calentó, me golpearon, me arrastraron para obligarme a reembarcar». Hizo el trayecto de vuelta esposado en la bodega del barco. «¿Ya no hay fronteras para la policía secreta marroquí?», se preguntó, tras investigar el caso, la periodista marroquí Zineb El Rhazoui en la publicación francesa Slate Afrique.

Naim estuvo desaparecido 11 días, durante los cuales, según él, fue torturado en la sede en Temara, al sur de Rabat, de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, según sus siglas en francés). Condenado a cinco años por tráfico de drogas —la sentencia señala que fue detenido en Mohamedia el 10 de noviembre, nueve días después de su desembarco en Algeciras—, Naim solo permaneció 19 meses detrás de los barrotes gracias a la movilización para obtener su liberación. Él y su familia siguen sin comprender a día de hoy lo sucedido, aunque sospechan que fue víctima de un error policial. Naim y otros dos expresos que pasaron por Temara denunciaron en 2013 en Francia por torturas a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la policía secreta marroquí. Aprovechando una visita suya a París, agentes de la policía judicial francesa fueron a buscarle, el 20 de febrero de 2014, a la residencia del embajador de Marruecos. Intentaron en vano llevarle a declarar ante un magistrado instructor que investigaba la triple denuncia. Así se desencadenó la larga crisis, de once meses de duración, entre Francia y Marruecos, que castigó a su antigua metrópoli suspendiendo la cooperación judicial y la colaboración en la lucha antiterrorista.

Los extraditados por España a Marruecos, que los reclama por «constitución de banda criminal», también «desaparecen» como Naim al llegar allí durante los doce días que permite la legislación antiterrorista. Hicham Temsamari, imán de la mezquita de Torrijos (Toledo), enviado forzoso a Casablanca el 12 de marzo de 2004, fue «secuestrado» en la escalerilla del avión por hombres de paisano que le trasladaron a Temara, según su abogado, Taufic Musaef. El letrado solo pudo acceder a él cuando, doce días después, salió de ese centro policial para ingresar en prisión.

La única detención que se ha hecho pública en España de un agente marroquí estos últimos años ha sido la de Noureddine Ziani, en mayo de 2013 en Barcelona. A instancias del general Sanz Roldán, Ziani fue expulsado de España por orden del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Del homólogo marroquí de Sanz Roldán, Yassine Mansouri (Bejad, 1962), director de la DGED y compañero de colegio del monarca, partió la orden que obligó al menos a tres agentes del CNI con cobertura diplomática —uno adscrito al Consulado de España en Nador y otros dos al de Tetuán— a hacer las maletas en 2010 sin que se les diese una explicación válida.

Tan importante como infiltrar a agentes en Marruecos y saber qué sucede en los consulados marroquíes en España, es para el CNI averiguar lo que se cuece en algunas mezquitas. Reclutar como confidentes a fieles con peso en la comunidad islámica o incluso al propio imán es otro de sus objetivos prioritarios. Pero, si bien ha habido infiltraciones exitosas de los espías españoles —como la del consulado marroquí de Almería, que duró años—, otras, como la de una mezquita en Cartagena, acabaron en desastre, en este caso sobre todo porque la prensa local la aireó, dejando maltrecha la imagen del CNI.

En los meses posteriores al 11-M, el servicio secreto captó a Amín Belfakir, un cuarentón marroquí que entonces ejercía de imán en Toledo, donde había fijado su residencia en 1992. Cinco años después, el CNI debió de considerar que su confidente estaba ya quemado a orillas del Tajo o que le sería más útil en otra mezquita, la de El Algar, en Cartagena. Después de Barcelona y Madrid, Murcia es la provincia donde Interior ha detectado los más altos niveles de radicalización en la comunidad musulmana. Allí se fue Belfakir a ejercer de imán, en principio provisionalmente, aunque acabó quedándose.

Llevaba pocos meses cuando cuatro padres le denunciaron por abusar sexualmente de sus hijas, a las que, junto con otros niños, enseñaba el Corán por las tardes en la mezquita. Se las llevaba a un despacho para someterlas a tocamientos. Cuando la policía inició sus pesquisas, el clérigo trató de defenderse invocando su colaboración con el CNI. Después, el 3 de febrero de 2010, huyó a Marruecos para ponerse a salvo. Las fuerzas de seguridad españolas pensaron entonces que les sería imposible echarle el guante, porque este país no extradita a sus ciudadanos.

Por alguna extraña razón Belkafir decidió regresar a España. ¿Quiso el CNI evitar que le acusasen de hurtar a su confidente al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia que llevaba el caso? Alguien, en todo caso, debió de convencer al imán de que saldría bien librado si volvía. El 16 de febrero desembarcó en el puerto de Algeciras de un ferri procedente de Tánger, pero no fue formalmente detenido porque la orden que figuraba en los ordenadores de la policía permaneció desactivada durante unas horas, según reveló una investigación del diario La Verdad de Murcia. Una pareja de agentes de información de la Guardia Civil y otra del CNI le esperaban en el muelle para «escoltarle», en un vehículo sin distintivos, hasta la Comandancia de Murcia. Al llegar a su destino fue, por fin, detenido. El delegado del Gobierno, Rafael González Tovat, afirmó entonces ante la prensa que al imán se le había localizado y echado el guante en la ciudad. María Dolores Hernández, que fue la abogada de Belkafir, reconoció en conversación con el autor que su cliente le contó «una versión muy parecida» a la que había proporcionado La Verdad acerca de las circunstancias de su regreso a España. Un relato que tenía poco que ver con lo que había explicado el delegado del Gobierno.

A la letrada Hernández le esperaba una segunda sorpresa aún mayor. El clérigo ingresó primero en la prisión de Sangonera la Verde, en Murcia, y después fue trasladado a Granada por razones de seguridad mientras ella empezaba a preparar su defensa. Iba a resultarle difícil. Los psicopedagogos de Proyecto Luz, que evalúan, por cuenta de la Consejería de Familia murciana, a los menores víctimas de abusos, señalaban que los relatos de las niñas eran coherentes y coincidentes. La fiscalía pedía veinticuatro años de cárcel por cuatro delitos de abusos sexuales continuados a cuatro menores. La abogada se disponía a recordar la gran labor de Belkafir para garantizar la seguridad de España, maniobraba para que comparecieran los agentes que le trasladaron de Algeciras a Murcia… Era probable que la divulgación de sus secretos en un juicio incomodase al CNI. Justo antes de la vista oral, el fiscal propuso un asombroso y ventajoso acuerdo a Hernández. Si el imán reconocía su culpabilidad, el ministerio público rebajaría los cargos para que fuese condenado solo a dos años de cárcel y a una multa de 3.780 euros. Al carecer de antecedentes penales, sería puesto en libertad de inmediato. «No lo dudé, dije que sí enseguida», recuerda la letrada.

Belkafir salió de la prisión el 2 de julio de 2010 sin haber pagado la multa porque se declaró insolvente. Desde su entorno se dejó caer, y así lo recogió la prensa, que regresaría de inmediato a Marruecos, pero no lo hizo. Se marchó a Madrid, donde tenía familia que le acogió durante varios meses. «Solo cuando consideró que su historia se había olvidado, en España y en su propio país», decidió cruzar el Estrecho, asegura una fuente conocedora del caso.

Al margen de los confidentes, de los espías que actúan bajo cobertura diplomática y de colaboradores como Belfakir, que tanto España como Marruecos tratan de captar en mezquitas y teterías, Marruecos cuenta en suelo español con una baza de la que carece España en territorio marroquí: un lobby periodístico e intelectual parecido al que afloró en Francia en el otoño de 2014. Un tuitero anónimo, que se escondió tras el falso perfil de Chris Coleman —el nombre real del entrenador de la selección nacional de fútbol de Gales— divulgó a finales de ese año cientos de cables diplomáticos y de correos de personalidades marroquíes. De su lectura se deduce que al menos cuatro conocidos periodistas franceses estaban a sueldo de un semanario marroquí casi clandestino, a juzgar por sus escasas ventas. A cambio de esos emolumentos ensalzaban a Marruecos y denostaban a sus adversarios en los medios en los que escribían en Francia, o bien en la televisión, en la que uno de ellos desempeñaba un alto cargo. Todos ellos desmintieron en la prensa haber cobrado a cambio de sus artículos.

En ese Wikileaks en versión marroquí aparecían también periodistas y políticos españoles, generalmente de segunda fila. En el corro de amigos españoles del majzén —el aparato tradicional de poder— marroquí, hay uno que se lleva la palma por su intensa actividad editorial y también como peticionario en Naciones Unidas en favor de Marruecos: José María Gil Garre (Cartagena, 1966). Director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo de un fantasmagórico Instituto de Seguridad Global con sede en Londres, pero en cuya web apenas ofrece material en inglés. En ella aparecen colgados algunos blogs, la mayoría sin actualizar desde hace meses. También figura un teléfono londinense al que en horas de oficina contesta un buzón de voz: «La persona a la que ha llamado no está disponible». Gil reside en Los Alcázares (Murcia), donde se presentó y ganó las primarias del PSOE. Fue su cabeza de lista a las elecciones municipales de mayo de 2015 en esa localidad, que sigue, no obstante, en manos del Partido Popular. El Instituto de Seguridad Global desarrolla desde Murcia su, al menos en apariencia, escasa actividad.

Acusaciones contra el Frente Polisario

En el flujo de documentos desvelados por Chris Coleman, y nunca desmentidos por las autoridades marroquíes, figura el listado de los delegados, marroquíes y extranjeros, que Rabat envió en septiembre de 2014 a defender la «marroquinidad» del Sáhara en la IV Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde se debaten los procesos de descolonización. La lista se divide en tres grupos: los delegados elegidos por el Ministerio de Exteriores de Marruecos, los designados por el de Interior y los que viajan a Nueva York por cuenta del servicio de inteligencia. Gil Garre se sitúa en quinto lugar en esta parte de la lista. Lleva desde 2010 interviniendo ante la IV Comisión. Cuando acudió por primera vez, la prensa murciana le dedicó algunos titulares que mostraban cierto orgullo: «Un vecino de Los Alcázares, en las Naciones Unidas».

Gil Garre no respondió a mis mensajes, en el otoño de 2014, preguntándole —nunca afirmando— si la DGED marroquí le había elegido para viajar a Nueva York todos estos años. Contestó finalmente a través de Twitter, el 30 de noviembre de ese año, con textos como este: «@icembrero mientes, yo no he sido peticionario de la DGDE. Basta mirar la documentación de la ONU. Contrasta Ignacio que solo tocas de oído». En la lista de peticionarios que distribuye Naciones Unidas Gil Garre figura como director de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global. En sus intervenciones en la sede de Naciones Unidas, como en las conferencias que suele dar o en los libros que publica (Lo que el Frente Polisario esconde. Historia de un frente contra los derechos humanos y la seguridad, editorial Bubok), Gil Garre se alinea siempre con las tesis marroquíes sobre el Sáhara. Describe a los independentistas saharauis como un movimiento dictatorial y artificial, creado y amparado por Argelia, que en los últimos tiempos ha trabado lazos con los terroristas que pululan por el Magreb, empezando por Al Qaeda. Se constata «una gran porosidad entre elementos del Polisario y grupos terroristas, yihadistas y pertenecientes al crimen organizado», repitió un año más, en octubre de 2015, en la sede de la ONU. Sus palabras han sido siempre reproducidas y jaleadas por la prensa oficialista marroquí.

El Polisario tuvo una etapa tenebrosa, durante los diez años posteriores a la entrega del Sáhara a Marruecos en 1975. Atacó y asesinó a pescadores canarios que faenaban en las aguas territoriales de la excolonia española y a técnicos españoles que siguieron trabajando en las minas saharauis de fosfato de Fosbucraa. Por eso la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) lo tacha de organización terrorista. Eso fue hace más de tres décadas. A día de hoy no figura en ninguna de las listas negras internacionales de grupos armados peligrosos para la seguridad.

Un cable de la Embajada de Estados Unidos en Argel, de diciembre de 2009, desvelado por Wilikeaks, reconoce que se han detectado casos individuales de saharauis que han tomado parte en el contrabando de armas con yihadistas, pero hace hincapié en que el Polisario «castiga severamente el tráfico de personas y armas del que puedan beneficiarse los terroristas». Wolfgang Ebner, un exrehén austriaco de Al Qaeda en Malí, me contó en su despacho de fiscalista de Hallein (Salzburgo) que uno de sus cancerberos hablaba español «porque era originario del Sáhara».

El telegrama diplomático estadounidense señala además que el movimiento independentista saharaui restringe en los campamentos «el acceso de los refugiados a las páginas de internet extremistas», porque los mensajes que allí se difunden «son perjudiciales» para sus intereses. Además, prosigue, «los líderes religiosos saharauis han animado a las ONG occidentales a tomar parte en seminarios sobre el diálogo interconfesional […]».

Dell Dailey, el que fue coordinador antiterrorista del Departamento de Estado, nunca observó que el Polisario tuviese nexos con Al Qaeda y sus filiales, y lo dijo en público. Con su opinión coinciden casi todos los académicos españoles que han investigado el tema. El último al que escuché fue Carlos Echevarría, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que intervino en 2014 en un coloquio del Centro Superior de Estudios de la Defensa.

Hasta los propios marroquíes matizan o prácticamente desmienten las acusaciones que profieren en público. Mansouri, el jefe de la DGED, recibió en Rabat, el 7 de febrero de 2008, a Dell Dailey. Reconoció que el Polisario no era exactamente un grupo terrorista, aunque señaló que «algunos de sus miembros se han apuntado a AQMI», la rama magrebí de Al Qaeda. La conversación entre ambos quedó también recogida en un cable desvelado por Wikileaks. Khalil Henna Ould Rachid, el saharaui que desde la salida de España de su colonia encarna la colaboración con las autoridades marroquíes, también admitió en una entrevista con Canarias 7 que los que mandaban en los campamentos de Tinduf (suroeste de Argelia) no eran terroristas. Esa entidad saharaui era, sin embargo, tan débil que estaba a la merced de los terroristas del desierto, advirtió.

José María Gil Garre no solo comparte y difunde las tesis marroquíes sobre el Sáhara, sino que también, a juzgar por sus escritos, secunda a Rabat en su animadversión hacia Justicia y Espiritualidad, el gran movimiento islamista opuesto a la monarquía alauí. Curiosamente fue en Murcia, allí donde vive el mayor propagandista español de las virtudes de la monarquía marroquí, donde primero puso pie en España este movimiento. «La inoperancia del Estado, de la propia Guardia Civil, la Policía y el CNI para controlar a determinados individuos que se han dado cita en Murcia resulta pasmosa», se quejaba Gil Garre en 2010 refiriéndose a la Federación Islámica de la Región de Murcia, codirigida por Mounir Benjelloun (Casablanca, 1970), afín a Justicia y Espiritualidad. Este grupo, denunciaba Gil en la web murciana Vega Media Press, tiene «un doble objetivo, por un lado hacerse con la representación de buena parte de los musulmanes en España y provocar, a diferentes niveles, la desestabilización de las relaciones entre Marruecos y España, pues el máximo fin de la secta islamista es derrocar al rey Mohamed VI y acabar con las reformas y el movimiento aperturista que se ha materializado en los últimos años en Marruecos».

Gil Garre deja caer que son violentos, aunque nunca se les ha visto emplear ni propugnar la violencia. «El supuesto pacifismo de la organización queda muy en entredicho cuando se tiene acceso a textos y declaraciones de sus líderes, especialmente cuando creen que no están vigilados», insistía. En una entrevista en la radio autonómica Onda Murcia, en junio de 2012, prodigó un consejo a los musulmanes de España: que se acerquen a Riay Tatary, el gran rival de Benjelloun, porque él sí «predica un islam como debería de conocerlo todo el mundo».

Gil Garre es el cabeza de fila de una retahíla de periodistas y propagandistas españoles que escriben sin disimulo a favor de Marruecos y nunca abordan temas delicados como la fortuna del rey Mohamed VI o las condenas de activistas de derechos humanos y reporteros empeñados en investigar. David Alvarado, por ejemplo, director de la revista online Red Marruecos, publicó en 2010 un libro titulado La yihad a nuestras puertas en el que dedica una decena de páginas a explicar los lazos del Polisario con Al Qaeda y, en última instancia, con el secuestro de los voluntarios catalanes en Mauritania a finales de 2009. Luis Agüero Wagner, periodista paraguayo, tiene, por su parte, una producción prolífica en el periódico digital valenciano Diario del Siglo XXI, con títulos tan aduladores para el monarca como «Mohamed VI de Marruecos en defensa del clima» y «Mohamed VI, el nuevo héroe de París». En este último explicaba que las autoridades de Francia habían recibido al monarca alauí con halagos agradeciéndole así la estrecha cooperación de los servicios secretos marroquíes con los franceses tras los atentados que ensangrentaron la capital francesa el 13 de noviembre de 2015.

Ignacio Marín Osorio, periodista afincado en Bilbao, fue también peticionario en 2010 en la IV Comisión de la ONU, y acompañó a una familia palestina en su recorrido acusatorio por España. Los padres viajaron desde Gaza a España vía Rabat, donde obtuvieron los visados españoles, para denunciar que la prensa española hizo pasar a sus hijos, fotografiados mientras eran curados de sus heridas en un hospital palestino en 2006, por niños saharauis víctimas de las fuerzas de seguridad marroquíes en El Aaiún en el otoño de 2010. A instancias de la diplomacia marroquí, los progenitores demandaron a varios medios de comunicación por la manipulación. La ausencia de fotoperiodistas en El Aaiún —Rabat pone enormes restricciones a su labor en el Sáhara— obligó a la agencia EFE, a los periódicos españoles y a una televisión a echar mano de las instantáneas que les enviaban activistas saharauis deseosos de dar a conocer la represión policial tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik en noviembre de 2010. En ese flujo de imágenes se coló la de los niños palestinos víctimas del Ejército israelí. El diario El País fue uno de los medios que la publicó en España. Explicó a posteriori a sus lectores su error y les pidió disculpas.

Otro peticionario en la IV Comisión, el canario Manuel F. Vidal Garrido, debe de estar tan orgulloso de su presentación en inglés en Nueva York que en el otoño de 2015 la anunció en su currículum en la red social para profesionales Linkedin. Vidal Garrido es el director de la agencia de comunicación Sua Prensa en Gran Canaria y escribe además en el Diario de Las Palmas. En vísperas de las elecciones municipales marroquíes de 2015 publicó un artículo de dos páginas sobre el Sáhara y los comicios locales en el que logró la proeza de no mencionar el contencioso sobre el territorio. También redactó en 2012 el prólogo del libro de José María Lizunda Zamalloa, bilbaíno residente en Santa Cruz de Tenerife, titulado El Sáhara como metarrelato. En él «destapa las interpretaciones distorsionadas de las resoluciones de la ONU», según anunció Alhulia, su editorial granadina. En Canarias también un excoronel de la Guardia Civil, Miguel Ángel Ortiz Asín, ensalza sin matices, desde el Fórum Canario Saharaui que fundó, las visitas de Mohamed VI al Sáhara y el plan de autonomía propuesto por Rabat para resolver el conflicto.

10

CEUTA Y MELILLA, CIUDADES SIN FUTURO

«¡Moro de mierda!». «¿Estás pensando en marcharte a cortar cabezas a Siria?». «¿Para qué estudias electricidad, para fabricar bombas?». Suleiman Said (Melilla, 1997) rezuma rencor cuando narra la redada que la policía efectuó el 16 de septiembre de 2014 para detener a su hermano, Mohamed Said, descrito por el Ministerio del Interior a la prensa como el jefe de una célula de reclutamiento de Estado Islámico que operaba a ambos lados de la frontera hispano-marroquí.

Suleiman recibe al periodista con recelo aunque le ha sido presentado por un familiar. A medida que transcurre la conversación se va relajando, pero su tono de voz se endurece para manifestar su indignación por lo que considera un atropello policial. De vez en cuando mira de reojo para comprobar si le están vigilando desde un vehículo aparcado. «La próxima vez venimos a por él», dijeron los policías a su padre, señalando a Suleiman, cuando se despidieron tras el registro y la detención de Mohamed Said.

La «secreta», como la llama Suleiman, tiene motivos para seguirle la pista. Es el hermano de Mohamed Said, en prisión preventiva en la cárcel de Jaén. Es también el hermano de Zacarías Said, un exsoldado profesional del Regimiento de Ingenieros 8 de Melilla al que se le perdió la pista en 2012 y que apareció en Malí luchando con el Movimiento para la Unicidad de la Yihad en África Occidental, responsable del secuestro de dos cooperantes españoles. Desde allí el yihadista melillense lanzó, a través de un vídeo, un llamamiento en español. A los «hermanos musulmanes [de España] les digo que vengan a combatir, que cojan sus armas y que dejen la compañía de sus mujeres e hijos». La policía sospechaba que Zacarías Said trataba de que su mensaje no cayese en saco roto y que dirigía a distancia alguna de las células de captación de Melilla. A principios de marzo de 2016 el Ejército francés mató a Said en una operación al norte de Tombuctú. «Un yihadista menos», tituló su editorial El Faro de Melilla.

«Nos encañonaron a todos», prosigue Suleiman su relato de la redada en el domicilio en el que vive con sus padres y sus hermanos pequeños, que entonces tenían diez y siete años. «Estuvimos horas en el suelo, esposados, con sus botas a veces encima de nuestras cabezas», continúa. «Ni siquiera mi madre se libró de esto», añade. «A los dos peques les encerraron en una habitación solos». Los agentes «rompieron unas cuantas cosas y se llevaron otras muchas, incluida una caja que tenía repleta de DVD con películas; pueden ver cine hasta aburrirse». El único gesto afable durante esas largas horas fue el de un policía que, al marcharse de la vivienda que habían puesto patas arriba, dijo a sus padres: «Esto no debería de haber sido así».

Vestido con una chilaba blanca y con un gorrito blanco, Suleiman acaba de salir de la adolescencia pero habla con la contundencia de un adulto curtido. Da rienda suelta a su cólera junto a su casa, en plena calle, muy cerca de la Mezquita Blanca, la que peor fama tiene en Melilla, la única de la ciudad cuyo imán no está a sueldo de Marruecos. Estamos en La Cañada de Hidum, un barrio, un gueto, de 12.000 habitantes —14 por ciento de la población de Melilla—, casi todos musulmanes. Es ahí donde, junto con El Príncipe de Ceuta, las fuerzas de seguridad han efectuado más redadas y detenciones en los últimos años.

Junto a Suleiman está Benaissa Allal, hermano de Mustafá Allal, detenido el 30 de mayo de 2014 en el curso de la Operación Javer, una de las más espectaculares de cuantas se recuerdan en La Cañada. Dos helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, sobrevolaban simultáneamente la barriada mientras en tierra se llevaban a cabo siete registros simultáneos. Presunto reclutador y adoctrinador, Mustafá Allal estaba a finales de 2015 en prisión preventiva en la cárcel de Teixeiro (A Coruña), mientras cuatro de los otros cinco detenidos en la misma operación policial habían sido ya puestos en libertad bajo fianzas de solo entre 3.000 y 4.000 euros, según Mohamed Busian, uno de sus abogados.

Benaissa Allal clama la inocencia de su hermano y arremete contra los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, que le entrevistaron durante largo rato en los días posteriores a aquella operación. «Pero cuando emitieron mi declaración la dejaron en unos segundos», se queja. «Si a mí me manipularon, supongo que cuando hablan del Dáesh harán otro tanto», añade. En definitiva, «la información no es fiable» ni sobre él ni sobre casi nada. Por eso, alega, no ha podido formarse una opinión sobre el grupo que dirige el autoproclamado califa Aboubakr al Bagdadi.

Vivir en el gueto

La justicia dirá si Mustafá Allal es culpable, pero su influencia en ese barrio paupérrimo no habría alcanzado tales cotas si la propagación de las ideas de este albañil convertido en pequeño contratista no hubiese estado respaldada por dinero público. La ciudad autónoma le otorgó, entre septiembre de 2009 y mayo de 2014, unos 325.000 euros en contratos de obras menores —no rebasaban los 50.000 euros para evitar salir a concurso público— para hacer algunos arreglos en esas calles sin asfaltar desde hace décadas, mal iluminadas y con un alcantarillado inexistente o tan vetusto que deja escapar las aguas fecales a la superficie. Así, y con los planes de empleo que dan trabajo a jóvenes musulmanes durante un semestre, se apuntala la paz social y quizá algo más. Mustafá Allal era de los que predicaban el boicoteo de las urnas en una barriada donde solo un partido, el musulmán Coalición por Melilla, podía cosechar votos, y en el que la abstención beneficia al Partido Popular, que desde 2000 gobierna ese enclave español en la costa norteafricana. En Ceuta, la consejería de Educación y Cultura estuvo también a punto de conceder una subvención a la asociación islamista Imam Warsh. La detención, en diciembre de 2015, de uno de sus animadores, supuestamente dedicado a reclutar a chicas para la yihad, obligó a suspender la tramitación de la ayuda.

Alrededor de Suleiman Said y de Benaissa Allal se congrega en la calle un reducido grupo de jóvenes que asienten al discurso de los dos islamistas. Cuando llega la hora del Ichá, la oración de la tarde, los dos protagonistas de la tertulia improvisada se disculpan porque deben ir a rezar en la Mezquita Blanca. La mayoría del público no les sigue. Los que allí se quedan responden sin tapujos a las preguntas sobre sus vidas y la situación en la barriada. Ninguno tiene trabajo y solo uno estudia un módulo de formación profesional. Afloran las críticas contra el Gobierno de la ciudad autónoma. «Nos tiene abandonados», repiten. Después llega el turno de las invectivas contra las fuerzas de seguridad, casi más contundentes contra las del vecino marroquí que contra las españolas. Un chaval confiesa que «ya no cruza» la frontera por miedo a que le echen el guante del otro lado.

En pocos rincones de Europa, desde luego no en Cataluña, donde reside la mayoría de los musulmanes de España, los jóvenes osarían expresarse en la vía pública en los términos empleados en La Cañada de Hidum. Con el forastero de paso su trato es amable, pero su lenguaje deja traslucir hostilidad hacia buena parte del mundo exterior. La Cañada de la Muerte, como se la conoce popularmente, es un barrio surgido a mediados de los ochenta, construido sin plan de urbanismo y donde 990 viviendas, en las que se hacinan miles de personas, carecen de licencia.

Es uno de esos lugares conflictivos que se queda de vez en cuando sin transporte urbano porque la compañía que lo brinda decide suspenderlo durante varios días después de que sus vehículos sean apedreados y los pasajeros, casi todos musulmanes, terminen el recorrido tumbados en el suelo para no ser heridos por los cristales de las ventanas reventadas. Esos mismos jóvenes o sus compañeros dedican algunas noches a hacer pintadas a favor de Estado Islámico y a reproducir con esmero en los muros su siniestra bandera negra. «El Estado Islámico está de camino», se podía leer en algunas paredes de La Cañada. La cuadrilla de pintores que sube después a borrarlas —La Cañada está en lo alto de la ciudad— tendrá que trabajar, para no ser agredida, escoltada por los Grupos de Prevención y Reacción de la policía. En Las Palmeras, una pequeña barriada musulmana, los chavales sabotearon incluso el suministro de luz para enfrentarse con ventaja, en la madrugada del 22 de julio de 2015, a la Policía Nacional que acudió pertrechada a detener a un sospechoso.

Aunque es mucho más conocido gracias a la serie que allí rodó Telecinco, que batió récords de audiencia, El Príncipe Alfonso, en Ceuta, es parecido a La Cañada. Es un gueto musulmán con aproximadamente la misma población que La Cañada en el que solo subsisten un par de familias que no son de esa confesión. Con ellos, especialmente con Antonia Carmona Gallardo, de setenta y nueve años, los chavales musulmanes marginales muestran su mejor cara ayudándola, por ejemplo, a llevar la bolsa de la compra cuando regresa a su casa. Pero cuando el barrio se encoleriza, esos mismos adolescentes y jóvenes adultos apedrean, con el rostro cubierto, los autobuses urbanos. Tras una interrupción de días, el servicio se reanuda y los autobuses suben entonces a la barriada con un agente de la Unidad de Intervención Rápida de la policía local a bordo y escoltados por una patrulla de la Policía Nacional. Por algo los conductores de autobuses que atraviesan El Príncipe cobran un pequeño plus de peligrosidad.

La serie puso de moda El Príncipe y un par de agencias de viajes ceutíes quisieron sacarle partido. «Ceuta, un día de película» fue el gancho publicitario con el que Viajes Trujillo vende en su web, por 49 euros, una excursión desde Algeciras a la ciudad autónoma para ver «el famoso barrio de la serie de Telecinco», al que los clientes que contratan la visita se asoman apenas desde un promontorio junto al Hospital Universitario. Algo más osada fue Aerobús SKN que, en una furgoneta, introducía a los osados turistas en las callejuelas más anchas de la barriada.

Hay días en que meros rumores sobre la manipulación de la lista de beneficiarios de los planes de empleo enardecen a esos muchachos. Se echan entonces a la calzada para prender fuego a un contenedor o a muebles viejos en la calle Fuerte o en Puente Quemadero y esperan agazapados a que lleguen los bomberos para lanzarles una lluvia de pedruscos. La emboscada tiene éxito; los bomberos se repliegan, pero más tarde vuelven protegidos por la Unidad de Intervención Rápida de la policía local.

Por algo Ceuta es el lugar de España con la mayor tasa de menores infractores penales (53,1 por cada mil menores), seguida, en tercer lugar en la clasificación, por Melilla (28,5). La población de ambas ciudades es además especialmente joven porque sus tasas de natalidad son las más altas de España, aunque, en este caso, Melilla supera a Ceuta. Nada menos que el 61,7 por ciento de los melillenses tienen menos de treinta años, un porcentaje que cae hasta el 41,3 por ciento entre los ceutíes, pero que sigue situándose muy por encima de la media española (31,1 por ciento). La crisis económica que se desató en 2008 ha provocado una ligera disminución de la población de España, si bien Ceuta contradijo la tendencia con un aumento del 9,2 y Melilla del 17,2 por ciento, desde ese primer año fatídico. A finales de 2015, Melilla, con 85.584 habitantes, supera, por primera vez, a Ceuta, que tiene mil habitantes menos. En los 12 kilómetros cuadrados de superficie de Melilla se alcanza la densidad demográfica más alta de España, y una de las más elevadas del mundo.

El auge demográfico es sobre todo achacable a los musulmanes, y no solo porque su fecundidad es más alta. En Ceuta y, más aún en Melilla, en aproximadamente la mitad de los matrimonios un cónyuge es extranjero, es decir, marroquí, y además suele trasladarse desde Marruecos a vivir a la ciudad autónoma, quizá porque esta ofrece mayores comodidades. Aunque los consortes marroquíes son entrevistados antes de inscribir su boda en el Registro Civil, se cuela algún que otro matrimonio de conveniencia. En más de una ocasión el Ministerio Fiscal de Ceuta ha abierto investigaciones por ello.

Desde finales de la década pasada los musulmanes, casi todos de origen rifeño, son mayoría en Melilla (51 por ciento), según el estudio demográfico anual de la UCIDE, y van también camino de serlo en Ceuta (43 por ciento). Tres de cada cuatro niños que nacen allí tienen nombres árabes o bereberes. Los musulmanes serían aún más numerosos si los ayuntamientos de ambas ciudades no rechazaran empadronar a los extranjeros —en realidad a los marroquíes— en situación irregular, algo que no sucede en el resto de España.

Los hijos de estos irregulares no están escolarizados porque el Ministerio de Educación se niega a admitirles en las escuelas sin el certificado de empadronamiento. Recuerdo a Karima, que en 2010 tenía catorce años, encogerse de hombros en la calle A de la Cantera del Carmen, un mísero barrio de Melilla, cuando se le preguntaba si sabía leer y escribir. Después de titubear acabó contestando: «Un poco». ¿Quién te ha enseñado lo poco que sabes? «Mi hermana», respondió, porque ella no iba al colegio. Así varias decenas en ambas ciudades. José Palazón, que encabeza la ONG Prodein de ayuda a la infancia, congregó hace unos años a 70 niños a las puertas del colegio España de Melilla detrás de una pancarta en la que se podía leer: «Yo también quiero entrar». A mediados de 2015 Palazón calculaba que podrían ser hasta 300 chavales los que carecían de escuela en su ciudad.

En Melilla serían mucho más numerosos si la Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquíes, en pleno centro de la ciudad, no acogiese en sus aulas a unos 620 alumnos musulmanes, de párvulos al bachillerato, que siguen el plan de estudios de Marruecos en árabe. En su gran mayoría (85 por ciento) viven en Melilla, pero al carecer de papeles no pueden matricularse en colegios públicos españoles. Se apuntan entonces a este centro, costeado por el Ministerio de Educación marroquí, pero completamente ilegal desde 1993. Ese año rehusó cumplir con el Real Decreto que regula el régimen jurídico de los centros extranjeros no universitarios en España. Detrás de esa negativa subyacen, probablemente, razones políticas. Rabat rechaza legalizar una institución suya en un territorio que, sostiene, le pertenece. A ojos del Ministerio de Educación español esos chavales no están escolarizados. En buena lógica el centro debería ser cerrado, pero también por motivos políticos —para no provocar tensiones con Marruecos— permanece abierto.

En Ceuta no existe nada parecido a este colegio melillense, pero una pequeña asociación, Digmun, se esfuerza con una ayuda del ayuntamiento en enseñar el castellano a niños no escolarizados —no se les admite porque no están empadronados—, por si algún día tuvieran la oportunidad de incorporarse al sistema educativo español.

Por razones fiscales, un buen número de funcionarios jubilados sigue, en cambio, empadronado en Melilla y, sobre todo, en Ceuta, aunque apenas pisan la ciudad en la que se supone que residen. Tampoco aparece mucho por Ceuta un nutrido grupo de familias marroquíes antes afincadas en la Península y golpeadas por la crisis. Se empadronaron en la ciudad para seguir cobrando el subsidio de desempleo o el familiar, pero en realidad se han instalado en localidades marroquíes fronterizas porque allí la vida es más barata. El ayuntamiento ceutí lleva dos años «limpiando» el padrón; a finales de 2015 había eliminado 8.700 altas que consideraba ficticias. Durante la semana laboral los no musulmanes, a los que en la ciudad llaman «cristianos», aunque hayan dejado de profesar esa fe, son todavía mayoritarios en Ceuta, pero no así el sábado ni el domingo. Cientos, a veces miles de funcionarios, cruzan con sus familias en ferri a la Península para pasar en Cádiz o en Málaga sus días de asueto. El día del Señor, Ceuta es musulmana.

A la elevada tasa de menores infractores se añaden otros datos inquietantes. El abandono escolar —los jóvenes de entre dieciocho y catorce años que no han estudiado más allá de la etapa obligatoria— es en Ceuta y Melilla (25,2 por ciento) el más alto de España después de Baleares. Pero en el archipiélago el desempleo de los jóvenes sin formación no es tan acuciante gracias al turismo. El porcentaje de jóvenes con estudios superiores (22,4 por ciento) es el más bajo de toda España, según el informe de 2015 del Consejo Escolar del Estado. Ceuta fue además en 2014 la segunda región europea con más paro (35,6 por ciento), seguida de cerca por Melilla (34,4 por ciento), según Eurostat. Esos porcentajes son mucho más elevados entre los jóvenes, hasta alcanzar el 67,5 por ciento en Ceuta y el 57,3 por ciento en Melilla. La estadística no diferencia entre musulmanes y no musulmanes, pero si lo hiciera demostraría que en el primer grupo casi todos carecen de un puesto de trabajo, aunque muchos trapichean para sobrevivir. Abdelkamil Mohamed, presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, calcula que el 80 por ciento de los adultos del barrio en edad de trabajar están en paro, y los que no lo están tienen modestos contratos temporales. Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hace una constatación parecida con relación a Melilla, una ciudad que conoce al dedillo: «Cada vez son más los jóvenes de los llamados “barrios periféricos” que sufren precariedad y cuyas familias se van empobreciendo».

Un estudio encargado en 2013 por la Consejería de Asuntos Sociales de Ceuta a la empresa Sociópolis pone de relieve hasta qué punto la pobreza se ceba en el colectivo musulmán. La miseria amenaza al 65 por ciento de la población musulmana, pero en barrios como El Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe y Loma Colmenar «el riesgo de pobreza afecta a entre el 65 y el cien por cien de la población», según la encuesta. En la comunidad europeo-cristiana de Ceuta ese porcentaje cae hasta el 14,5 por ciento. Estos ceutíes, los más acomodados, viven mayoritariamente en el centro, mientras que los musulmanes residen en barrios periféricos. En Melilla esta segregación geográfica-religiosa está algo menos acusada, aunque el 78 por ciento de su población musulmana se concentra en tres distritos municipales.

Algunos políticos ceutíes, como Tarek Mohamed, llevan años insistiendo en que «hay dos Ceutas; dos polos opuestos». «Y en una de ellas, en la parte que peor lo pasa, surgen a veces malos pensamientos», reconoce Abdelkamil Mohamed sentado en la terraza-ático de una tetería que domina la única plaza de El Príncipe. «O se toman medidas pronto o todos lo lamentaremos», advierte Ali Mohamed Lemague, líder de Caballas, el principal partido de oposición al PP en la ciudad, integrado mayoritariamente por musulmanes. Más explícito, el melillense Halifa Chaib, un quincuagenario residente en La Cañada, asegura que esos barrios son «una auténtica bomba de relojería que pronto o tarde acabará estallando».

A la prensa extranjera, que tanto interés ha mostrado estos últimos años por Ceuta, el Gobierno local intenta demostrarle que no ahorra esfuerzos para regenerar esos barrios. Recalca que el 40 por ciento del presupuesto social de la ciudad va a parar a El Príncipe y que desde 2007 hasta 2015 nada menos que 100 millones de euros del ayuntamiento, del Estado y de la Comisión Europea han sido invertidos en infraestructuras en los más paupérrimos distritos musulmanes. De regreso de un viaje a Ceuta, a finales de los años noventa, el imán Riay Tatary, presidente provisional de la Comisión Islámica de España, trasladó a sus colaboradores la reflexión que le hizo un consejero de la ciudad con el que se entrevistó y cuyo nombre no reveló. «Invertir en El Príncipe, ofrecer mejores servicios, es atraer aquí a más marroquíes desheredados que incrementarán los porcentajes de población en situación de exclusión, de analfabetismo, etcétera». «Invertir en El Príncipe es tirar el dinero en un pozo sin fondo», añadió. En términos más académicos, el Real Instituto Elcano hizo en 2014 la misma reflexión en su informe «España mirando el Sur: del Mediterráneo al Sahel»: «[…] una política destinada a reducir esa brecha social con mayores ayudas a las comunidades musulmanas puede convertirse en un potenciador de la atracción de la población marroquí hacia las ciudades y, por tanto, realimentar el problema». Más de la quinta parte (22 por ciento) de la población de Melilla ha nacido en Marruecos, mientras que la décima parte de la de Ceuta también procede del otro lado de la frontera.

¿Nido de yihadistas?

Los «malos pensamientos» a los que se refiere Abdelkamil Mohamed consisten, en muchos casos, en pasar de la pequeña delincuencia a una fe redentora y extremista. La mayoría de las investigaciones judiciales y policiales a presuntos yihadistas se centraron en 2014 en «los focos radicales» de Barcelona y Ceuta y Melilla, cuya población musulmana es ocho veces inferior a la de la capital catalana, según la memoria de la Fiscalía General del Estado publicada en septiembre de 2015. Desde 2005 hasta mediados de diciembre de 2015 las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una veintena de operaciones antiterroristas en ambas ciudades autónomas con la detención de 75 individuos, sobre todo en los dos últimos años. La irrupción de Estado Islámico en Siria, en el verano de 2015, ha suscitado más vocaciones yihadistas en Ceuta y Melilla, sobre todo entre musulmanes con nacionalidad española (66 por ciento de los detenidos). Las operaciones antiterroristas en ambas ciudades supusieron en esos once años el 18,4 por ciento de todas las efectuadas en España, pero en 2012 y, sobre todo, 2014 ese porcentaje subió. Esos años marcaron sendos hitos en España, según un exhaustivo estudio del profesor Luis de la Corte publicado en 2015 en la Revista de Estudios en Seguridad Internacional.

Como en el resto de España, la actividad de los detenidos consistía básicamente en elaborar propaganda y captar con la intención de enviar a sus reclutas a Oriente Próximo. Solo en un caso, la Operación Chacal en enero de 2015 en Ceuta, los cuatro detenidos —dos de ellos hermanos— tenían la intención de atentar en España y disponían incluso de un arma, una pistola. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, les comparó nada menos que con los hermanos Kouachi que acababan de acribillar en París a la redacción del semanario Charlie Hebdo. El principal sospechoso era Mohamed Allal, camarero en la heladería Firenze, propiedad del italiano Nicola Cecchi, que se asombraba de la detención de su empleado. «Era musulmán, pero servía copas hasta la madrugada», recordaba Cecchi en conversación telefónica con el autor. «Nunca le he visto rezar en el local», añadía. En algunas de las fotos que circulaban por las redes sociales se veía a Allal con su traje negro de camarero posando al lado de una dependienta escotada o delante de estanterías repletas de botellas de alcohol. «[…] con la información disponible sobre este y otros casos no es posible discernir hasta qué punto los detenidos estaban determinados a actuar y a hacerlo de forma inminente», reconoce en su artículo Luis de la Corte. «Puesto que ninguno de los entramados yihadistas allí detectados ha logrado consumar un atentado terrorista […] puede que dicho riesgo haya sido sobreestimado en algún momento», añade el profesor. Por eso la Audiencia Nacional absolvió en 2012 por falta de pruebas a los once detenidos, seis años antes, en la Operación Duna que el magistrado Baltasar Garzón supervisó en El Príncipe. Con palabras más llanas, Driss Mohamed Amar, presidente de la Comisión Islámica de Melilla, abundaba en la misma tesis en una entrevista, en septiembre de 2015, con El Faro de Melilla: «Esto indica que de yihad, en la inmensa mayoría de los casos, no hay nada consistente». Quizá la actuación de los detenidos en algunas de estas operaciones policiales no fuese lo suficientemente consistente como para considerarles capaces de asestar un golpe terrorista en España, pero sí de enviar reclutas a Oriente Próximo. Desde que en junio de 2012 el primer ceutí, el taxista Rachid Hossain Mohamed, viajó a Siria con la intención de inmolarse, al menos otros siete vecinos de la ciudad autónoma habían muerto allí, a finales de 2015, luchando con organizaciones terroristas.

Ante el reto terrorista, en ambas ciudades sus autoridades, especialmente el presidente melillense, Juan José Imbroda, tienen una actitud ambivalente. Por un lado Imbroda ha repetido hasta la saciedad que «Ceuta y Melilla no son cunas del yihadismo» y que en su ciudad «no existe un riesgo mayor del que puede existir en otros puntos» de España o de Europa. Ahora bien, cuando en septiembre de 2015 acudió a renovar su juramento de fidelidad a la Virgen de la Victoria, pidió a la patrona de Melilla que «nunca prenda» en la ciudad «la más mínima llama del integrismo». Imbroda ha tratado incluso de sacar réditos electorales de la amenaza yihadista. A principios de diciembre de 2015 anunció la visita a Melilla de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, en la precampaña de las elecciones generales. «Que venga aquí teniendo ese foco de riesgo […] demuestra un gesto de valentía» por su parte, declaró. Si Imbroda cree que Rajoy es un valiente por viajar a Melilla, ¿cómo valorará entonces la visita que el presidente del Gobierno hizo, por ejemplo, a Afganistán en las Navidades de 2012 para visitar a las tropas españolas?

PROPORCIÓN DE OPERACIONES ANTIYIHADISTAS EN ESPAÑA CON DETENCIONES EN CEUTA Y MELILLA

Año

Total

Ceuta y Melilla

%

2004

8

0

0

2005

5

1

20

2006

7

2

28,5

2007

10

0

0

2008

5

1

20

2009

3

0

0

2010

1

0

0

2011

4

0

0

2012

3

1

33,3

2013

5

1

20

2014

12

7

58,3

2015

27

6

22,2

Total

103

19

18,4

Fuentes: Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional de la Universidad de Granada y Luis de la Corte.

Al margen del caldo de cultivo que la marginación y la pobreza generan en esas barriadas de Ceuta y Melilla, otro ingrediente explica que una franja de los jóvenes musulmanes ceutíes y melillenses sean tan proclives a radicalizarse: el contagio de Marruecos. La población musulmana de Ceuta vive en ósmosis con la marroquí: tiene familia del otro lado de la frontera, pasa allí las fiestas religiosas, acude a sus mezquitas y los predicadores más radicales se cuelan también en Ceuta. Omar Hadouchi no está autorizado a lanzar sus soflamas en Marruecos porque pasó ocho años en la cárcel, hasta que el rey Mohamed VI le indultó en 2011, por ser uno de los ideólogos de los atentados que en mayo de 2003 ensangrentaron Casablanca. Sí pudo, en cambio, subirse al minbar (púlpito) de la mezquita ceutí de Al Tauba, en El Príncipe, para arengar a los fieles el 8 de junio de 2012. Mohamed Hamaduch, apodado Kokito de Castillejos porque nació en esta ciudad marroquí pegada a la frontera española, ilustra también esa compenetración entre Ceuta y su entorno. Dejó su puesto de venta ambulante en Castillejos para emigrar a Siria en 2013 y no tardó en hacerse famoso por las fotos que hizo circular por las redes sociales en las que se le veía, por ejemplo, subido en la parte trasera de una furgoneta exhibiendo un cuchillo ensangrentado y rodeado de las cabezas cortadas de sus enemigos. Quizá esas hazañas propiciaron su ascenso a jefe de katiba (célula combatiente). Desde allí se casó por poderes con la ceutí Assia Ahmed, que viajó a Siria y con la que tuvo un hijo en marzo de 2015. Siete meses después el rumor de que había muerto se extendió por El Príncipe y la familia de la esposa lo corroboró.

Un tercio de los yihadistas marroquíes en Oriente Próximo son originarios del noroeste de Marruecos. En total rondarían los 2.000, aunque el ministro del Interior marroquí los rebajó a 1.350 a mediados de 2015. Un estudio elaborado en 2014 por la Dirección General de la Seguridad Nacional marroquí reveló que el 16,6 por ciento de los incorporados a organizaciones terroristas eran de Tánger y el 13,4 por ciento de Tetuán, casi empatado con Casablanca, cuya población multiplica por siete a la tetuaní. De ahí que buena parte de las operaciones antiterroristas que se llevan a cabo en Ceuta y Tetuán estén sincronizadas con otras que se efectúan en Marruecos. La cooperación policial hispano-marroquí alcanza tales niveles que un comisario de la Comisaría General de Información, buen conocedor del Magreb, se ha desplazado varias veces a Marruecos para asistir en vivo a esas redadas que tienen ramificaciones en España.

Motivos tienen de sobra para colaborar estrechamente. «Los enclaves de Ceuta y Melilla suponen un desafío único tanto para Marruecos como para España en lo concerniente a los combatientes extranjeros» en las filas de Estado Islámico, señalaba en octubre de 2014 un informe reservado del Overseas Security Advisory Council, un organismo del Departamento de Estado estadounidense que evalúa los riesgos en materia de seguridad. «Desplazarse entre Marruecos y los enclaves es relativamente fácil», añadía, porque los pasaportes marroquíes permiten acceder a esas ciudades «y los traficantes de seres humanos venden documentos falsificados». «Las redes extremistas de reclutamiento aprovechan estas vulnerabilidades y hay organizaciones» criminales que «han sido identificadas en Fez y en los alrededores de los enclaves, aunque operan a ambos lados de la frontera».

Las redes que menciona el informe son de captación y no tienen el propósito de atentar en las ciudades autónomas. Y eso que Ayman el Zawahiri, que acabó siendo el sustituto de Osama bin Laden al frente de Al Qaeda, aconsejó más de una vez a los musulmanes de Ceuta y Melilla y su entorno: «¡Luchad contra los aliados de Satán!». Hacía así referencia, en abril de 2008, a los «ocupantes españoles».

De puertas para afuera Ceuta y Melilla tratan de vender otra imagen diferente de la de nido de yihadistas. El vicario episcopal, Roberto Rojo, y representantes de otras tres confesiones (islam, judaísmo, hinduismo) entonaron juntos, en septiembre de 2014, una plegaria por la paz y la convivencia en la plaza Menéndez Pelayo de Melilla. Después empezaron a sonar los primeros compases del Himno de la Alegría y el acto finalizó con un aplauso del público, apenas medio centenar de personas. En este caso fue la Iglesia católica la que tomó la iniciativa, pero en otros muchos son los poderes públicos los que fomentan esa imagen de convivencia. La ciudad autónoma organizó, por ejemplo, en el otoño de 2014, «Universo Melilla», una exposición en la sede madrileña del Instituto Cervantes que ponía en valor la armonía entre confesiones. «Hemos conseguido que las tres grandes religiones monoteístas se puedan desarrollar en paz y en convivencia», repite con frecuencia Juan José Imbroda. «Se ha hecho un ensayo de laboratorio que ha salido perfectamente», insiste. Algunos se lo creen. Tras su visita a la ciudad, en junio de 2014, el exembajador paquistaní Akbar Ahmed, que desde su cátedra en la Universidad de Washington diserta sobre el islam, hizo una declaración de lo más elogiosa: «Hemos encontrado la respuesta a la pregunta que nos trajo hasta aquí, que no es otra que qué puede enseñarnos Europa en el siglo XXI para promover la armonía y el diálogo entre culturas».

Tolerancia versus conservadurismo

Ceuta y Melilla son, desde luego, dos espacios de tolerancia y libertad incrustados en un entorno norteafricano en el que imperan el autoritarismo, la censura y usos y costumbres cada vez más conservadores, a veces incluso retrógrados. Es uno de los pocos lugares del mundo donde en sabbat un judío con la kipá (gorrito) —la comunidad hebraica en Melilla ronda las 1.700 personas— se acerca con normalidad a un musulmán sentado en la terraza de la cafetería El Trébol para pedirle que le alumbre el cigarrillo que lleva en la boca porque a él su religión le prohíbe apretar el pulsador del mechero ese día festivo. Mariano Rajoy viajó a Melilla, durante la campaña electoral de noviembre de 2011, y tras un mitin en el salón de actos del hotel Tryp Puerto, varias mujeres musulmanas, con sus hiyab, le besaron en los carrillos. A tan solo 3 kilómetros en línea recta, en Marruecos, algo parecido sería inimaginable. Como también sería inconcebible que un colectivo de defensa de los gays y lesbianas recibiese una subvención de la consejería de Asuntos Sociales del ayuntamiento. El de Ceuta concedió su primera ayuda de estas características en 2009 a la asociación Y a ti qué. Le otorgó 25.000 euros para «actividades que contribuyan a la plena aceptación, individual y colectiva, del grupo al que representan».

La mejor ilustración del abismo que separa a ambas sociedades, la española y la marroquí, fue la suerte que corrió la película Solteros del director melillense Driss Deiback. En España, incluida Melilla, se proyectó con normalidad, mientras que en julio de 2015 fue retirada del Festival de Cine Hispano-marroquí de la vecina ciudad de Nador (200.000 habitantes). Una escena en la que aparece un travesti musulmán y un clip, incrustado en el largometraje, del film Emmanuelle, en el que su protagonista se baña desnuda, motivaron la censura. La dirección del festival sugirió a Deiback cortar esos minutos «pecaminosos», pero él se negó. «Si una sociedad no puede tolerar ver los senos de una mujer, entonces esa sociedad está enferma», les dijo al rechazar su propuesta.

Los hábitos liberales y el fomento de la tolerancia provocan roces con los musulmanes más religiosos. El Ministerio de Educación y la Asociación Melillense de Lesbianas y Gays (Amlega) pusieron en marcha, en 2009, la Semana de la Educación en Diversidad Afectivo Sexual. Consistía en el reparto de material y charlas en los institutos melillenses en los que la mayoría de los alumnos son musulmanes. Annour, una asociación islámica, puso el grito en el cielo. Exigió que los padres dieran su consentimiento previo a la participación de sus hijos en las actividades de la Semana. «[…] una cosa es el respeto a toda persona […] y otra muy distinta es fomentar la homosexualidad en la escuela», denunció en un comunicado Yusef Kaddur, presidente de Annour.

Como en el resto del mundo árabe, el conservadurismo ha crecido entre los musulmanes de ambas ciudades. Farah Ahmed fue en 2004 la primera mujer musulmana que se presentó al certamen de Miss España. Lo hizo en representación de su ciudad, Melilla, y posó incluso en ropa ligera. Tuvo éxito porque fue elegida segunda Dama de Honor. La noticia tuvo tanto impacto que hasta la entrevistó la televisión alemana. «Hoy en día sería difícil que una melillense musulmana participase en ese concurso» y siguiera viviendo en la ciudad, reconoce Farah Ahmed en su tienda de vestidos de novia. «La presión social sobre una aspirante, directa y también a través de las redes sociales, sería un obstáculo insalvable», asegura.

Los musulmanes son cada vez más religiosos y conservadores, y aquellos a los que llaman «cristianos» en Ceuta y Melilla están más secularizados y sus costumbres son más liberales. Así y todo conviven pacíficamente, pero confraternizan poco. «Aquí vivimos juntos, pero no revueltos», repite Tarik Yahya, residente durante años en Melilla, pero que fue alcalde de la vecina Nador. «Hay un distanciamiento entre las dos partes» de la sociedad, constaba Fátima Hamed, lideresa del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta.

La historia de los musulmanes es la de la lucha por el reconocimiento de sus derechos, empezando, a mediados del siglo XIX, por el de residir en Ceuta y Melilla —hasta 1868 los autóctonos no podían vivir en ambas metrópolis— y, un siglo después, por la obtención de la nacionalidad española. Abdelmalik el Barkani, delegado del Gobierno en Melilla durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tenía dieciéis años en 1976 y estudiaba bachillerato en el Instituto La Salle, pero no era español ni marroquí. Estaba en un limbo jurídico. A veces la policía le paraba por la calle y le pedía la documentación. Él les mostraba los dos únicos papeles que poseía, un certificado de nacimiento en Melilla y otro de escolarización en la ciudad. Los agentes le dejaban entonces seguir su camino. Cuando España accedió a la democracia, solo el 17,5 por ciento de los musulmanes bereberes de Melilla poseía un DNI, pero todos aspiraban a obtenerlo. Los jóvenes sí podían optar, cuando alcanzaban la mayoría de edad —entonces fijada en veintiún años— a la nacionalidad española. Esta era «la única vía que permitía una real integración» de los musulmanes, explicaba el escritor melillense Fernando Belmonte (Melilla, 1957-2015) en su libro La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en Melilla.

José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, cercenó esa vía en 1982. Tenía entonces treinta y ocho años y era diputado por Melilla de Unión de Centro Democrático, un partido de centro-derecha hoy en día desaparecido. Impulsó una reforma del Código Civil que otorgaba al Ministerio de Justicia la potestad de decidir sobre la concesión de la nacionalidad. Podía denegarla a los jóvenes veinteañeros por «motivos de orden público o interés nacional». Así lo hizo en muchos casos. En 1982, 269 musulmanes de Melilla consiguieron ser españoles. Al año siguiente, cuando ya estaba en vigor la reforma, solo fueron 18. Se cumplía así el objetivo de «evitar que las nacionalizaciones propiciaran en el futuro una mayoría de ciudadanos españoles de origen bereber», escribió Fernando Belmonte.

A esta reforma de García-Margallo añadió en 1985 la Ley Orgánica de Extranjería, promovida por José Barrionuevo, ministro del Interior en el Gobierno socialista de Felipe González, que ponía en riesgo de expulsión de España —previo internamiento administrativo de cuarenta días— a gran parte de la población musulmana de Ceuta y, más aún, de Melilla. Así se desató en 1985 la que es hasta hoy en día la mayor revuelta de los musulmanes melillenses, encabezada por Aomar Mohamed Dudú, quien en 1987 acabó, sin embargo, autoexiliándose en Marruecos. Fue una «movilización por sus derechos y la superación de su antigua, injusta y ambigua condición de apátrida», escribió Irene Flores cuando era directora de la edición melillense de El Faro. Ese levantamiento, que enfrentó a las dos grandes comunidades melillenses, forzó la apertura de un proceso de regularización. Tres años después casi 6.000 melillenses habían conseguido ser españoles, aunque El Barkani no lo logró hasta principios de los noventa cuando estudiaba Medicina en Granada. Apenas conseguido el DNI se afilió al Partido Popular.

El procedimiento de obtención de la nacionalidad fue algo confuso, enmarañado, y la mayoría de musulmanes perdieron sus auténticos apellidos que fueron sustituidos por los nombres de sus padres, de sus abuelos. No es excesivamente raro encontrarse, por ejemplo, con un ceutí que se llama Mohamed y cuyos dos apellidos son también Mohamed. El pleno de la Asamblea de Ceuta instó al Ministerio de Justicia, a finales de febrero de 2016, a permitir a los musulmanes recuperar sus apellidos originales.

Más de veinte años después el Partido Popular de Melilla se resistía aún a reconocer que aquellas protestas fueron decisivas para poner fin a una situación escandalosa. La ciudad autónoma patrocinó en 2006 un libro de 700 páginas, Historia de Melilla, en el que aquello que para los musulmanes fue su «revolución social» es descrito en un párrafo como meros «disturbios» protagonizados por «alborotadores». Coalición por Melilla (CpM), el partido musulmán local, denunció esa «burda manipulación», pero el portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, defendió la obra y acusó a sus detractores de «insultar y faltar al respeto» a los autores del libro.

A ojos de los musulmanes su «revolución» de 1985 es el hito más importante de su historia reciente y a más de uno le gustaría no solo que fuera recogida convenientemente en los libros de historia, sino que se conmemorara con un día festivo. CpM, la formación musulmana, rechaza, en cambio, participar en los actos del Día de Melilla, el 17 de septiembre. Conmemoran la toma a punta de espada de la ciudad en 1497, que entonces pertenecía al Reino de Fez, por Pedro de Estopiñán, que la incorporó al Ducado de Medina Sidonia. CpM reivindica que se traslade la fiesta al 25 de marzo, fecha en la que en 1995 se aprobó el Estatuto de Autonomía de la ciudad. Otro tanto sucede en Ceuta, donde los partidos musulmanes de oposición también discrepan con que el Día de la Autonomía —que no se ha celebrado de 2011 a 2015— sea el 2 de septiembre, que conmemora, según ellos, la «matanza» en 1415 de la población autóctona por parte de la Armada portuguesa que se adueñó de la ciudad. Proponen como fecha alternativa el 13 de febrero. Ese día de 1640 se acordó, sin efusión de sangre, que Ceuta dejase de pertenecer a Portugal para integrarse en España. En el otoño de 2015 la Asamblea de Ceuta decidió abrir una reflexión sobre el traslado del Día de la Autonomía a otra fecha. La oposición de los musulmanes forzó también, a finales de 2014, la disolución de la Fundación Crisol de Culturas, creada por el ayuntamiento para festejar al año siguiente los seiscientos años de la toma de la ciudad por los portugueses que empezaron «cortando cabezas», según la diputada ceutí Fátima Hamed. El PSOE secundó a los musulmanes.

Desde 1985 se han vivido otros episodios que han hecho peligrar la pacífica convivencia en ambas ciudades. Quizá el más grave tuvo lugar en Ceuta, en los carnavales de febrero de 2006, por culpa de una chirigota —Los polluelos con pelo en los güevos— formada por once policías locales. La letra de las coplas canturreadas por los agentes invitaba primero a los no musulmanes a que «dejaran ya de ponerse condones» porque «las dos poblaciones» estaban ya «igualadas». Después arremetía directamente contra los musulmanes: «Me han hecho a mí un Cristo en caricatura / que no se parece al mío ni en pintura. / Y mi cultura no es la locura». Aludía así a la reacción de los musulmanes, violenta en algunos lugares, a la publicación de caricaturas del Profeta. Continuaba después: «Me fui directo al libro de naturales / para ver si los turcos son animales racionales. / Vi que esta gente y los bovinos son iguales / y me aclaró la duda: son todos animales». A los musulmanes en Ceuta se les suele llamar «turcos». El texto, del que la Viceconsejería de Festejos disponía de una copia antes de que empezase el Carnaval, concluía: «Antes de irme: ¡qué mal lo hizo Hitler! / Aquí estoy dando la cara y desarmado. / Prefiero morir de pie que vivir arrodillado». La mención a Adolf Hitler fue interpretada como un reproche al dictador por haber exterminado a los judíos en vez de hacerlo con los musulmanes. La chirigota no solo resultó ganadora del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, sino que obtuvo además el galardón especial del jurado por el premio a la letra. Entre los que aplaudieron a los premiados estaba Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

Y en Ceuta se armó la de Troya. Quien más enfado mostró fue la Unión Democrática Ceutí (UDC), un partido exclusivamente musulmán que era entonces la principal fuerza de oposición al PP. Fue secundado por el PSOE, por el delegado del Gobierno, Jerónimo Nieto, y por buena parte de la sociedad civil. Tacharon de «racista y xenófoba» las coplas de la chirigota y Mohamed Ali Lemague (Ceuta, 1975), líder de UDC, puso una querella contra sus once miembros por incitación al odio o a la violencia por motivos racistas y religiosos. Juan Jesús Vivas se negó, sin embargo, a retirar el premio —alegó que lo otorgaba un jurado independiente— y a expedientar a los agentes locales, aunque sí se arrepintió públicamente de haberles aplaudido. El policía letrista, Jorge Pérez, explicó a la prensa que no tenía «ninguna intención de insultar al colectivo musulmán, sino a una parte cuya actitud no compartimos». Se refería a los radicales. La fiscalía empezó pidiendo año y medio de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros por miembro de la chirigota, pero a finales de 2011 alcanzó un asombroso acuerdo con los abogados de la defensa. Los polluelos asumieron su culpabilidad en una mera falta de injurias y vejaciones, y la multa se quedó en 20 euros por persona. Tras la sentencia, la ciudad decidió no abonar a los carnavaleros los 5.685 euros de su premio. El veredicto fue llamativo por su benevolencia, y también lo fue el escaso eco que este episodio tuvo en el resto de España en la prensa y en instituciones como el Congreso de los Diputados. No imagino un incidente similar en el Reino Unido, Francia o Alemania sin figurar luego varios días en las portadas de los periódicos.

Más caro que el importe del premio le salieron al ayuntamiento los destrozos causados en el mobiliario urbano por varios cientos de chavales que también rompieron lunas de escaparates a pedradas y quemaron una veintena de vehículos. Convocados por la UDC y por Izquierda Unida, 3.500 musulmanes, según el Cuerpo Nacional de Policía —el 10 por ciento de la población musulmana de la ciudad—, se manifestaron el 10 de marzo de 2006 en el centro de Ceuta con eslóganes y pancartas en las que se podía leer «No al racismo» y «No somos animales, somos musulmanes». Cuando tocaba disolverse, los más jóvenes dieron gritos a favor de Osama bin Laden y la emprendieron con todo lo que tenían a su alcance.

Detrás de estas reticencias a que los musulmanes sean españoles subyacía en cierta medida el temor a que quieran entregar las ciudades a Marruecos. Aún hoy en día persiste esta sospecha. «[…] buena parte de la citada comunidad [musulmana] abriga otros proyectos en relación con el futuro de la ciudad y la soberanía de la misma», escribía en 2006 en El Faro de Ceuta José Ignacio Rosende Pimentel, vinculado hasta su fallecimiento en 2009 al partido ultramontano Democracia Nacional. La población de Ceuta «está aumentando peligrosamente —gota a gota— sin que estemos tomando conciencia de ello, así como del peligro que ello representa no solo para nuestro presente, sino para el futuro de la ciudad», sostenía nueve años después Jesús González, un jubilado que publica tribunas de opinión en El Pueblo de Ceuta. A todos ellos se les había olvidado que Reforma Democrática, una asociación derechista que contribuyó a fundar Alianza Popular a finales de los años setenta, llevaba en su programa electoral la cesión a Marruecos de ambas ciudades.

No solo columnistas sino políticos de raigambre se muestran recelosos. Cuando en julio de 1999, por primera y última vez hasta ahora, un musulmán, Mustafá Aberchán (Melilla, 1959), fue investido presidente de Melilla, Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados durante la primera legislatura del Partido Popular en el Gobierno (1996-2000), mostró su desaprobación. «Lo mejor para Ceuta y Melilla es que estén en manos de partidos políticos que garanticen la españolidad de estas dos poblaciones», declaró. A los dos meses de ser elegido Aberchán, un entusiasta de las peregrinaciones a La Meca, fue, como todos sus predecesores, a hacer la ofrenda a la Virgen de la Victoria, de la que se supone que ayudó a los cristianos a reconquistar España y expulsar a los musulmanes. «Emotivo discurso del alcalde de Melilla», tituló en su portada el diario El Faro.

Incluso el más célebre de los think-tanks españoles, el Real Instituto Elcano, esbozaba, con matices, esa aprensión manifestada por Trillo en su informe de 2014 «España mirando al Sur: del Mediterráneo al Sahel». El incremento de la población musulmana acabará desplazando a esos partidos de la españolidad por otros que «reforzarán las señas de identidad musulmanas, bereberes o marroquíes, provocando una tensión centro-periferia semejante a la que existe entre el Gobierno de España y varias comunidades autónomas» como, por ejemplo, la catalana, advertía el think-tank. «Lamentablemente aún tenemos que soportar que se cuestione la hispanidad de los musulmanes de Ceuta, su lealtad y su legítima pertenencia y arraigo en esta tierra», respondía por enésima vez, en diciembre, en una tribuna en El Faro de Ceuta, Muad Ayadi, responsable, Comunicación de Caballas, el principal partido de la oposición al PP en Ceuta, cuya militancia es mayoritariamente musulmana.

Bajo el yugo de Marruecos

Para tratar de «independizar» a los musulmanes ceutíes de la tutela marroquí, el Gobierno de la ciudad puso en marcha, en 2007, una operación consistente en ayudar al Tablig (Congregación para la Propagación del Islam), una corriente islámica de origen indio, a hacerse con el control de la mayoría de las comunidades religiosas. El jefe local del Tablig, Laarbi Maateis, funcionario sepulturero del cementerio municipal de Sidi Embarek, logró así auparse a la presidencia de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDC) y que el 90 por ciento de las comunidades de la ciudad (36 de 40) se colocasen bajo su batuta. A la ceremonia del estreno de la UCIDC asistieron aquel año el presidente Vivas, la directora general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, Mercedes Rico, y hasta al comandante general de Ceuta, el general Luis Gómez-Hortigüela. El respaldo institucional quedó claro.

El perdedor de esa batalla fue Mohamed Hamed Ali (Ceuta, 1953-2015), la figura más abiertamente promarroquí de cuantas había entonces entre los musulmanes, hasta el punto de que el pleno de la Asamblea de Ceuta le llegó a declarar simbólicamente «persona non grata» en la ciudad. Bajo su autoridad solo se mantuvo una comunidad islámica, la Musulmana de Ceuta, aunque él aseguraba que era la más numerosa de todas. La división del islam ceutí queda escenificada cada año al final del Ramadán cuando los fieles se separan para rezar la Musala al aire libre. La mayoría atiende a la convocatoria de la UCIDC en la explanada de la Loma Margarita, que les cede el Ejército, mientras que la minoría de Mohamed Hamed Ali optaba por la mezquita de Sidi Embarek y sus alrededores. En un par de ocasiones, a finales de la década pasada, los creyentes de ambos grupos llegaron incluso a las manos y la policía tuvo que intervenir para separarles.

La colocación de Maateis al frente del islam ceutí era, según denunciaba Mohamed Hamed Ali, «antinatural, pero sobre todo peligrosa, porque el Tablig ha sido con frecuencia una escuela de formación de radicales». Yassine Mansouri, el jefe del servicio secreto exterior marroquí (DGED), formuló esa misma advertencia a su homólogo español del CNI, Alberto Saiz: para alejarles de Marruecos «están echando a los musulmanes ceutíes en manos del integrismo; España juega con fuego en Ceuta». Los exabruptos de Maateis sobre el maltrato a las mujeres; los itinerarios de terroristas que transitaron por el Tablig antes de empuñar las armas, han convencido con el tiempo a Vivas de que cometió un error. El presidente lo reconoce en privado, pero Maateis sigue aún al frente del islam ceutí y desde marzo de 2016 es incluso vicepresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).

Mohamed Hamed Ali y algunos otros intentaron en los años noventa montar partidos musulmanes reivindicativos y afines a Marruecos. Él mismo llegó a presentarse en Ceuta al frente del Partido Socialista de los Trabajadores, más tarde del Partido Humanista y finalmente, en 1995, de la Coalición Electoral Musulmana. Cosechó entonces su mejor resultado, un 3,87 por ciento de los sufragios, es decir, un estrepitoso fracaso y ningún escaño en la Asamblea de Ceuta. Por eso Mohamed Hamed Ali renunció a la política directa y se consagró a las asociaciones religiosas. Su fiasco es achacable a la escasa participación de los musulmanes en las elecciones y a su nulo deseo de acabar siendo, incluso a largo plazo, marroquíes. Ni siquiera en 2002, durante la crisis del islote de Perejil, los imanes ceutíes a sueldo del Ministerio de Asuntos Islámicos marroquí —el imán Ahmed Liazid de la mezquita de Sidi Embarek había sido invitado a la boda de Mohamed VI en julio de ese año— tomaron parte a favor de Marruecos.

Hay ceutíes y melillenses musulmanes que se consideran españoles desde varias generaciones y sienten como suya la bandera rojigualda, pero el apego de la mayoría a su españolidad obedece, en general, a razones más pragmáticas. España no es un país escandinavo, pero ha desarrollado un modesto Estado del bienestar que otorga subvenciones a las asociaciones religiosas —en noviembre de 2015 Melilla concedió 125.000 euros a la Comisión Islámica para celebrar su congreso anual en Benalmádena (Málaga)—, becas, puestos de trabajo en los planes de empleo a los musulmanes y el acceso a una Seguridad Social casi inexistente del otro lado de la frontera. Un pasaporte español permite no solo desplazarse por la Unión Europea, sino por medio mundo sin visado, mientras que el marroquí vale por sí solo muy poco si no va acompañado del sello del país al que su titular va a viajar. A todo eso se añade lo que en una parte del Magreb, sobre todo en Argelia, llaman la hogra, esa mezcla de desprecio y autoritarismo con el que cualquier policía, cualquier funcionario detrás de una ventanilla investido de una mínima autoridad, trata al simple ciudadano. La hogra es compatible con la pequeña corrupción que requiere para cualquier trámite, incluso para salir bien librado de un control de la Gendarmería en carretera, dar un bakshish (propina) al funcionario.

En Ceuta, y sobre todo en Melilla, la corrupción también existe y alcanza cotas elevadas. A principios de 2015 el presidente Imbroda y siete de sus diez consejeros llegaron a estar imputados. Por eso varios de ellos no pudieron repetir en sus cargos en el nuevo gobierno que formó Imbroda tras las elecciones municipales de mayo de 2015 —el Tribunal Supremo archivó la causa contra él en julio de 2015— aunque un par de ellos obtuvieron un premio de consolación. Fueron colocados en empresas públicas. Se trata, sin embargo, de una corrupción de alto nivel de la que no se percata el hombre de la calle que sí padece la marroquí cuando cruza la frontera. Los musulmanes de ambas ciudades, sobre todo los jóvenes, se quejan desde luego del trato que les dispensan las diversas policías y la Guardia Civil. «Cualquier incidente menor con un agente de autoridad en el que esté involucrado un musulmán acaba con frecuencia en atentado o desobediencia a la autoridad», señala el abogado melillense Mohamed Busian. «Sí, Mustafá u Omar están discriminados frente a Javier o Alfonso», insiste. Aun así el trato que reciben Mustafá u Omar es menos intimidatorio y arbitrario que el que padecen del otro lado de la frontera. «Aquí hasta los barbudos son españoles, porque saben que si les detienen en Melilla no les dan palos, y del otro lado al cabo de unas horas en manos de la secreta no los reconoce ni su madre», bromeaba un tendero musulmán del barrio del Tesorillo. En el lenguaje popular, a los islamistas se les llama con frecuencia barbudos.

En Melilla dos episodios recientes han contribuido a alejar algo más de Marruecos a su población musulmana. El primero, por orden cronológico, fue la extradición en marzo 2010 de Ali Aarras a Marruecos. Nacido en Melilla en 1960, Aarras nunca fue español, pero emigró a Bélgica con tan solo quince años, hizo allí la mili y en 1989 adquirió la nacionalidad belga. Dieciséis años después este musulmán piadoso regresó a Melilla para estar cerca de sus padres, que se iban haciendo mayores. El juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional le investigó en 2006 por sus supuestas vinculaciones terroristas, pero archivó al asunto. Dos años después fue de nuevo detenido, esta vez a instancias de la Justicia marroquí, que le acusaba de pertenencia a banda terrorista y reclamaba su extradición. Melilla se movilizó para impedir la entrega a Marruecos del que consideraban como uno de los suyos, aunque fuera belga, y la de otro melillense con nacionalidad española. Los familiares y amigos de Aarras se encadenaron al monolito de la plaza de España; la Comisión Islámica de Melilla recogió 10.000 firmas que entregó a la Delegación del Gobierno; hasta el presidente Imbroda escribió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, rogándole que no se le enviase al país vecino. Solo el PSOE guardó silencio porque en Madrid gobernaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo su presidencia, el Consejo de Ministros concedió la extradición. «Veinticinco años después, de nuevo un Gobierno socialista no es capaz de vislumbrar el socavón […] que algunas decisiones pueden provocar en la cohesión social de Melilla», escribió Irene Flores. «Si se hubiesen llamado García o Pérez no habrían sido extraditados», constató con amargura Abderramán Benyahya, entonces portavoz de la Comisión Islámica.

Ali Aarras corrió, al llegar a Marruecos, la misma suerte que otros muchos sospechosos de terrorismo. Desapareció. Su hermana Farida Aarras, nacida en Melilla, pero con nacionalidad belga, narró a la prensa lo sucedido durante esas casi dos semanas en las que permaneció en la sede en Temara, al sur de Rabat, de la policía secreta marroquí (DGST, según sus iniciales en francés): «Ali me explicó que le colgaron durante horas por las muñecas. Ya de por sí era doloroso, pero además le golpeaban. También tiraban de sus piernas como si quisieran desmembrarle. Simulaban ahogarle reiteradamente y cada vez que perdía el conocimiento le reanimaban. Le inyectaban productos que le daban la sensación de enloquecer. Le violaron con botellas».

Amnistía Internacional había advertido al Gobierno de Zapatero que todo esto sucedería, pero este hizo caso omiso. A diferencia de otros países europeos, en España nunca ha habido un debate sobre si se debe extraditar a personas reclamadas por países que practican la tortura. La confesión obtenida bajo tortura fue, según su abogado, Nayim Mohamed, la «única prueba» que sirvió para condenar a Arrass a doce años por pertenencia a banda terrorista. Su empeño en denunciar los tormentos que ha sufrido, el régimen de aislamiento al que está sometido —su última carta desde la cárcel fue difundida por Amnistía Internacional en diciembre de 2015— han convertido a Aarras en un preso especial. El relator de la ONU para la tortura, Juan Méndez, acudió a visitarle en persona a la prisión de Salé, en 2012, y dio a continuación crédito a sus declaraciones en una carta dirigida a las autoridades de Marruecos para pedirles explicaciones. Amnistía Internacional le convirtió en todo un símbolo el 26 de junio de 2014, el Día Internacional contra la Tortura. Con carteles con su efigie organizó pequeñas concentraciones ante las Embajadas de Marruecos en Bruselas y Madrid. En esta última entregó un manifiesto con 40.000 firmas pidiendo que se investigaran los malos tratos a Aarras. El Ministerio de Justicia marroquí se comprometió a hacerlo, pero a las pocas semanas archivó las pesquisas.

La suerte corrida por Ali Aarras en Marruecos ha traumatizado tanto o más a los musulmanes melillenses que la «traición» gubernamental española al entregarle en 2010. «No sabe usted cuánta gente me aborda en la calle para preguntarme por él», afirma, levantando los ojos al cielo, Fatma Ouria, la esposa de Aarras. «Me preguntan y me transmiten su indignación no solo los musulmanes, sino españoles de toda la vida», añade. La pareja se conoció en Molenbeek-Saint Jean, un barrio de Bruselas donde ella trabajaba como costurera. Ahora se ha trasladado a Melilla «para estar junto a la familia de mi esposo y más cerca de él para poder visitarle en la cárcel», explica en la casa de su suegro. Este, Mustafá Yahya Aarras (Melilla, 1929), permanece taciturno en medio del salón. Solo en un par de ocasiones abre la boca para pronunciar la misma frase: «Marruecos se ha equivocado con mi hijo y no quiere reconocerlo».

El segundo episodio que ahondó la brecha entre Marruecos y los musulmanes melillenses se produjo el 27 de octubre de 2013. Cuarenta y un disparos efectuados por A. E. M. y M. B., dos infantes de la Marina Real de Marruecos, acabaron con la vida de Abdeslam Ahmed Ali, de veinticuatro años, apodado Pisly, y de Amin Mohamed Dris, de veinte años, apodado Emin. Los dos jóvenes españoles de Melilla navegaban a bordo de una zodiac prestada por un amigo por Punta Negri, en aguas marroquíes, no muy lejos de su ciudad, cuando la patrullera 116 de la Marina Real de Marruecos les dio el alto. Los chavales no obedecieron y se dieron a la fuga, según la sucinta versión oficial marroquí difundida a través de la agencia de prensa oficial MAP. Antes de huir intentaron incluso «una maniobra de colisión» con la patrullera —¿tiene sentido que una zodiac embista un buque de mayor envergadura?—. Fue entonces cuando los infantes abrieron fuego. «Estos disparos causaron inmediatamente la muerte de las dos personas que se encontraban a bordo, además de agujeros en toda la lancha», señala el atestado de la Gendarmería Real de Marruecos. A bordo no se encontró droga.

La autopsia de siete horas que se practicó a los dos cadáveres en Melilla echa por tierra la versión oficial marroquí. Por de pronto, no permitió «conocer la distancia a la que han sido disparados los proyectiles […]» que les mataron, señala el informe de los forenses españoles. Para que no se pudiera determinar esta distancia, «el cadáver y las ropas habían sido lavadas en el mar, por lo que no se ha detectado, a nivel microscópico, la presencia de pólvora», añade. De ahí que Abdeselam Ahmed Maanan, el padre de Pisly, sospeche que «les dispararon a bocajarro» y solo después tirotearon la zodiac, para tratar de disimular las circunstancias de su muerte. Peor aún, las lesiones manifiestas en el cuerpo sin vida de Emin, en la región frontal, en el maxilar inferior, en la mejilla derecha y una ovalada en el hombro hacen sospechar que fueron golpeados antes de ser liquidados. «Los niños fueron maltratados antes de ser abatidos», insiste Abdeselam Ahmed Maanan.

Al grito de «Marruecos mata; España calla», cientos de jóvenes melillenses y representantes de los principales partidos políticos se echaron varias veces a la calle en el otoño de 2013 para exigir una explicación a las autoridades de Rabat. Imbroda tachó de «asesinato» la muerte de ambos chavales, pero ni él ni el PP se sumaron a las manifestaciones. Una semana después de aquellas muertes, a principios de noviembre de 2013, García-Margallo rompió, por fin, su silencio para anunciar que gracias «al clima de colaboración entre España y Marruecos ese incidente (sic) se aclarará y sabremos lo que ha pasado de forma muy rápida».

El ministro llamó por esas fechas a su homólogo marroquí, Salaheddine Mezzouar, para pedirle que le proporcionara «elementos adicionales de información sobre este asunto» para poder dar una explicación a las familias de las víctimas, según una nota diplomática marroquí del 23 de diciembre de 2013. El encargado de Negocios de la Embajada de España en Rabat, José Luis Lozano García, fue también recibido entonces por el director de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores en Rabat. La «publicación por la prensa española de los resultados de la autopsia» efectuada en Melilla requería una aclaración, le dijo el diplomático español. Esas diligencias diplomáticas incitaron, probablemente, a Mustafá el Khalfi, portavoz del Gobierno marroquí, a anunciar, en diciembre de 2013, que el suceso de Punta Negri se estaba investigando y que los resultados se comunicarían al Ejecutivo español por «vía diplomática».

Hubo una última gestión diplomática española cuya transcripción, efectuada por el encargado de Negocios de la Embajada marroquí en Madrid, Badreddine Abdelmoumni, provoca vergüenza ajena. El secretario de Estado de Exteriores y número dos de la diplomacia española, Gonzalo de Benito, se encontró el 28 de mayo de 2014, en los pasillos de un congreso africano, con este encargado de Negocios marroquí y le sacó el tema de los dos chavales asesinados. «Me indicó que su Gobierno se conformaría con cualquier explicación (un informe) que Marruecos le entregase para dar por zanjado este asunto», escribió Badreddine Abdelmoumni a sus jefes en Rabat en un telegrama revelado a finales de 2014 y nunca desmentido por las autoridades marroquíes. Casi dos años después el Gobierno español seguía sin recibir ese informe con el que dar un carpetazo al asunto.

Dos meses después del anuncio del portavoz Khalfi, las familias no habían recibido explicación alguna. El padre de Pisly acabó entonces perdiendo los nervios. A la salida del juzgado de instrucción número 5 de Melilla se topó por casualidad, el 25 de febrero de 2014, con el delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani, al que increpó. «Madrid no nos dice nada, por favor, quiero que me digan qué han hecho con mi hijo», gritó a El Barkani ante una decena de periodistas. «Está usted muy alterado y lo entendemos», logró balbucear el delegado rodeado de policías temerosos de que Abdeselam Ahmed Maanan le agrediera. El padre subió aún más su tono de voz, pero no hizo ningún gesto amenazante. «Me lo han matado y no me dicen nada», chilló. El delegado empezó a retroceder y el progenitor de Pisly acabó insultándole porque se escondía: «¡Es usted un mierda! ¡Dimita!». El vídeo de aquella agarrada fue emitido por Cablemel, la televisión privada de Melilla, y visto por toda la población.

Quizá actuó por espíritu de venganza o simplemente para no incordiar a los ilustres visitantes de Melilla, pero lo cierto es que El Barkani no tramitó ninguna de las citas que ambos padres pidieron con los diversos ministros —de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores— que se desplazaron a la ciudad. Para esos progenitores algunas palabras de García-Margallo, pronunciadas en abril de 2015, fueron incluso especialmente amargas. Dos espeleólogos españoles murieron esa Semana Santa de 2015 en el barranco del río Ouandras, en Marruecos, a causa de la incompetencia del equipo de salvamento marroquí, según la prensa. Justo después el ministro español se reunió en Barcelona con su homólogo Mezouar y ambos expresaron al unísono su «dolor» por estas muertes. El jefe de la diplomacia marroquí prometió además que Rabat «facilitará todo lo que esté relacionado con esta investigación». Nunca García-Margallo, ni ningún otro miembro del Gobierno de España —ni, por supuesto, marroquí— ha manifestado públicamente su dolor por la muerte de los dos chavales musulmanes españoles a manos de la Marina Real marroquí.

Los padres lograron finalmente, en julio de 2015, unos minutos de entrevista, de pie, con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, pero no fue gracias a El Barkani. Al acabar la ceremonia de investidura de Imbroda, Fatima Mohamed Kadur, una nueva diputada de CpM que antes había estado en el PP andaluz, abordó al ministro y le pidió que recibiese brevemente a Abdeselam Ahmed Maanan y a Dris Mohamed. Ambos andaban a escasa distancia del Palacio de la Asamblea. «Estábamos todo lo cerca que nos permitía la policía que nos tenía a raya», recuerda el padre de Pisly. El ministro preguntó a un colaborador si aceptar la petición podía conllevar algún riesgo para su seguridad. Le dijeron que no y entonces dio su acuerdo. Cuando les llamaron para presentarles a Fernández Díaz en las puertas del palacio comprendieron que la estratagema que habían puesto a punto con la diputada funcionaba. El encuentro duró tres minutos; el ministro fue afable, dijo conocer el caso y «prometió dar noticias pronto». No cumplió.

Seis meses después, el 30 de enero de 2016, García-Margallo aceptó a su vez, por fin, recibir a las familias de las víctimas y lo hizo nada menos que sentándolas en un salón de la Delegación del Gobierno. El encuentro tuvo, sin embargo, de nuevo un sabor amargo para Abdeselam Ahmed Maanan y Dris Mohamed. El ministro empezó por contarles, según relataron al autor, que las autoridades marroquíes habían archivado su investigación hacía ya un año, en enero de 2015. Los padres protestaron con contundencia por no haber sido informados. Hubo tensión en la sala con amenazas de levantar la reunión. El ministro se desdijo entonces. Les explicó que debía confirmarlo y que preguntaría a la Embajada de España en Rabat si Marruecos había efectivamente dado un carpetazo al asunto. Aquella cita era crucial para los progenitores de Emin y Pisly, pero, obviamente, el ministro no se la había preparado. Y eso que tardó veintisiete meses en concederla.

El día 27 de cada mes los padres, algún que otro familiar, un puñado de amigos de los jóvenes fallecidos y algún que otro representante de partidos políticos —nunca del PP— se concentran unos minutos ante el Palacio de la Asamblea detrás de las efigies de Pisly y Emin. Abdeselam Ahmed Maanan recuerda entonces que «nadie, ni aquí ni allí, ha dado respuestas a las preguntas» que ellos se hacen. Más de tres años después ni siquiera han recuperado los enseres personales de sus hijos que el cónsul de España en Nador prometió entregarles en diciembre de 2013. Sentado en la terraza de la cafetería que regenta, El Trébol, Dris Mohamed habla con voz pausada: «Aparte de la pérdida de nuestros hijos, lo que más nos duele es el silencio de nuestro Gobierno». «Silencio a la hora de darnos una explicación, silencio para expresar su pena por la muerte de nuestros hijos», como sí hizo con los dos espeleólogos, prosigue. «Si se hubiesen apellidado García o Martínez puede dar por seguro que el Gobierno habría reaccionado», concluye. «Todo esto tiene un tufillo racista», añade Abdeselam Ahmed Maanan, y aquellos que le rodean en la terraza asienten. Marruecos mató a los dos muchachos y para no crear tensiones en la relación bilateral el Gobierno de España no mostró su disgusto al vecino —convocando, por ejemplo, al embajador marroquí en Madrid— para tratar de obtener esa explicación que no conseguía con sus buenos modales diplomáticos. «La bronca por aquellas muertes está dirigida hacia España porque es la que tenemos más a mano, pero el mosqueo de los musulmanes es con Marruecos, que fue quien asesinó», me comentó un dirigente de CpM que pidió que no publicase su nombre.

Los 80.000 musulmanes de Ceuta y Melilla no quieren ser marroquíes, pero Rabat les considera como tales. Primero están los que nacieron en Marruecos y que no pierden nunca su nacionalidad por mucho que adquieran otra como la española y se empeñen en renunciar a la primera. Un Dahir (Decreto) real promulgado por el rey Mohamed V en 1958 estipula además que son marroquíes los hijos de padre o madre marroquí. Esta asimilación forzosa supone algunas ventajas a la hora de hacer trámites administrativos, como adquirir una vivienda o tierras en el país vecino, pero también conlleva inconvenientes. Los españoles musulmanes encarcelados en Marruecos no tienen derecho a la asistencia consular ni pueden, por ejemplo, obtener su traslado a prisiones españolas para acabar de cumplir su condena. A ojos de Rabat son marroquíes y no pueden a beneficiarse de ese convenio bilateral.

Las fuerzas vivas musulmanas han intentado, sin éxito, librarse de una nacionalidad impuesta a la fuerza. A instancias del partido musulmán UDC de Mohamed Ali Lemague, la Asamblea de Ceuta aprobó, por ejemplo, en junio de 2009, por unanimidad una declaración instando al Gobierno central a solicitar a Marruecos que pusiera fin a esta situación. Hay que «evitar que Marruecos, país vecino y amigo, quebrante con determinadas actitudes nuestra identidad española», argumentó Mohamed Ali Lemague en defensa de su propuesta de declaración. Juan José Imbroda, presidente de Melilla, pidió al titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en mayo de 2009 en el Senado, que se pronunciara sobre el proceder de Marruecos. Este salió por peteneras e Imbroda lamentó su desconocimiento de la realidad melillense. Como en tantas otras ocasiones, el Gobierno español escurrió probablemente el bulto para no suscitar cuestiones que puedan tensar la cuerda con el vecino.

Algunas conquistas y muchas reivindicaciones

Marruecos está omnipresente en Ceuta y Melilla y no solo porque considera que sus habitantes musulmanes son súbditos del rey Mohamed VI. Lo está a través de la religión. Su Ministerio de Asuntos Islámicos nombra a casi todos los jatibs e imanes de Melilla y a buena parte de los de Ceuta. Les abona un sueldo mensual de unos 600 euros. También remunera con unos pocos cientos de euros a los encargados del mantenimiento de las mezquitas e incluso paga 50 euros al mes a un puñado de fieles que, al caer la noche, asiste con regularidad a la oración del magrib. Las jutbas (sermones) que pronuncian los viernes son enviadas desde Rabat, pero en Ceuta no se siguen al pie de la letra. «Hay imanes que hacen discursos aquí que no osarían hacer en Marruecos», señala Mohamed Ali Lemague, el líder opositor musulmán ceutí. Tras los atentados de París, de noviembre de 2015, todos rechazaron, sin embargo, el terrorismo al unísono. Al final de la Salat Al Yuma, la oración del viernes, se reza en los templos por Mohamed VI.

A ojos de Driss Mohamed Amar, presidente de la Comisión Islámica de Melilla, todo esto es normal porque las mezquitas y sus comunidades «carecen en Melilla de medios para formar» a sus clérigos. Marruecos se encarga de hacerlo. También reparte ayudas a melillenses que desean peregrinar a La Meca. Aomar Dudú, el que fuera líder de la rebelión en los ochenta, recibe a veces a los aspirantes a peregrinos en su domicilio de la vecina Nador justo antes de que emprendan viaje. A ojos de Abderramán Benyahya, que encabeza la más antigua agrupación musulmana de Melilla, todo esto es un fracaso. «Las asociaciones musulmanas, incluida a la que pertenezco, somos incapaces de desarrollar la independencia religiosa de los melillenses y contribuir a un islam netamente español y europeo», contaba en declaraciones al diario Melilla Hoy en junio de 2015. Esa incapacidad abre la vía a las «intromisiones ilegítimas, arbitrarias, desleales e irrespetuosas» de las autoridades religiosas del país vecino.

Desde el proceso de regularización abierto en 1985 los musulmanes han logrado algunas que otras conquistas, pero tienen otras muchas reivindicaciones pendientes. Quizá su mayor éxito haya sido el reconocimiento, desde 2010, del Aid el Kebir (Fiesta del Sacrificio) como fiesta oficial. La mayor celebración en el islam conmemora la obediencia de Abraham a Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque en el último momento el Todopoderoso le detiene y le proporciona un cordero para que lo mate en su lugar. Por primera vez desde que finalizó la Reconquista dos ciudades españolas, primero Melilla y después Ceuta, han incluido en su calendario laboral una fiesta religiosa no católica. La decisión se tomó en 2009 con gran regocijo. «Es una iniciativa que no tiene precedentes en el mundo, quitando, por supuesto, los Estados islámicos», se alegraba entonces Abderramán Benyahia, portavoz de la Comisión Islámica de Melilla. «Es un paso histórico», añadía Miguel Marín, consejero melillense de Administraciones Públicas. La noticia tuvo cierto impacto entre los medios de comunicación católicos ultramontanos y otros de corte islamista. Los primeros se preguntaban si Don Pelayo, Alfonso VI o Jaime de Aragón, los protagonistas de la Reconquista, pensarían retrospectivamente que su lucha fue inútil, mientras que los segundos lo interpretaban como un primer paso hacia la reinstauración de al-Ándalus.

La puesta en práctica de esta decisión ha resultado ser complicada. Las ciudades autónomas deben entregar al Ministerio de Trabajo su calendario de fiestas locales para el año venidero, preferentemente antes del 30 de septiembre del año en curso. Las fechas de las fiestas del islam varían de año en año. El calendario musulmán es lunar. El Aid el Kebir empieza con la luna llena del décimo día del mes de la Hijja. Los ayuntamientos ceutí y melillense consultan, a veces en colaboración con asociaciones islámicas, los calendarios lunares, incluido el de la NASA, que prevé los eclipses con precisión matemática. Aun así, en 2012 Ceuta y Melilla discreparon sobre la fecha elegida para celebrar la fiesta. Hasta ahora sus pronósticos tampoco han coincidido con las observaciones del cielo que hacen a simple vista los ulemas. Estos anuncian con tan solo diez días de antelación la fecha exacta del Aid.

A esa discrepancia se añade otro problema. Marruecos se empeña con frecuencia en marcar la diferencia con el resto del mundo árabe-musulmán y celebra con retraso las grandes fiestas religiosas porque, supuestamente, sus sabios islámicos avistan más tarde la plenitud lunar que en Arabia Saudí. En Oujda, en el este de Marruecos, la avistan incluso más tarde que en Mahdia, en el oeste de Argelia, a tan solo 13 kilómetros de la ciudad marroquí. Muchos musulmanes de ambas ciudades autónomas quieren celebrar la fiesta coincidiendo con Marruecos porque es allí donde tienen familiares con quienes comparten esos días. En resumen: todos los trabajadores, cualquiera que sea su religión, disfrutan en Ceuta y Melilla de un día de fiesta por el Aid el Kebir fijado en el calendario laboral con meses de antelación, pero como ese día casi nunca casa con el establecido por los ulemas marroquíes, los musulmanes se cogen por las buenas un segundo día festivo.

Lo que en un principio parecía un síntoma de modernidad en el islam —la fijación con un año de antelación de la fiesta religiosa— se ha convertido en un problema laboral, económico y en menor medida educativo. Los comerciantes y hosteleros se quejan de que los trabajadores musulmanes se piden de sopetón el día libre después de la fiesta oficial y desaparecen. También lo hacen los profesores musulmanes de colegios e institutos y, por supuesto, los alumnos de la misma confesión. Más de un hostelero se ha visto obligado a cerrar su establecimiento por falta de personal. «Esta situación crea tensiones y ciertos conflictos de intereses muy desagradables entre empresarios y empleados», constataba la empresaria Isabella Icardo en una tribuna en El Faro de Ceuta. «Esto de que sea festivo sin serlo, pues afecta mucho a las tiendas», se lamentaba ante las cámaras de la televisión local ceutí Ernesto Valero, presidente del Centro Comercial Abierto. Enrique Alcoba, presidente de la Asociación de Comerciantes de Melilla, pidió en septiembre de 2015 a las autoridades que pongan a punto un mecanismo que acabe con este desfase que «tantos trastornos» genera. Mientras los musulmanes no acepten desvincularse de Marruecos y den por buenas las previsiones de los calendarios lunares científicos el asunto no tiene solución.

El islam necesita modernizarse, adaptarse a los nuevos conceptos sociales, como lo hizo la Iglesia católica con el Concilio Vaticano II (1962-1965). Pero el islam no es una religión jerarquizada, como la católica, en la que las reformas se han promovido en ocasiones desde la cúpula. Es además una religión que con frecuencia se considera agredida por Occidente y por los poderes públicos de los Estados musulmanes, que tienden a manipularla. En vez de abrirse se repliega entonces sobre sí misma para defenderse y a veces da marcha atrás.

No solo los comerciantes se quejan del desarrollo del Aid el Kebir en Ceuta y Melilla. Cada vez lo hacen con más fuerza las asociaciones de defensa de los animales, indignadas por que con motivo de la fiesta se degüellen en ambas ciudades unos 8.000 corderos, muchos de ellos en las calles. «La tradición o la religión nunca deberían justificar el maltrato, la tortura y la matanza de animales», rezaba un comunicado del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA). Exigía a continuación a las autoridades que «velen por el cumplimiento de la Ley en Ceuta y Melilla impidiendo que se sacrifiquen miles de corderos en la vía pública». Esos días festivos hay cierta tolerancia por parte de los gobiernos locales, que, sin embargo, intentan evitar que los borregos sean sacrificados en plena calle. Ceuta, por ejemplo, coloca hasta nueve carpas públicas con sus correspondientes matarifes, y el matadero municipal permanece abierto para aquellos que quieran llevar hasta allí al animal que han adquirido.

Compaginar las obligaciones religiosas de los musulmanes con la vida cotidiana de sociedades de tradición cristiana, pero con tendencia a la secularización, plantea innumerables problemas, aunque ninguno de especial gravedad. En 2013, en Melilla, la bronca fue porque el ayuntamiento organizó durante el Ramadán un concierto de rock al aire libre que, según el partido musulmán CpM, «perturbaba la espiritualidad que requiere el mes sagrado». «Es como si nosotros trajésemos bailarinas para que desfilaran por las calles en paralelo a las procesiones de Semana Santa», declaró entonces Mustafá Aberchán. En 2014 la pelotera fue por la convocatoria por la Consejería de Administraciones Públicas de unas oposiciones a bombero municipal —a las que se presentaron cinco aspirantes musulmanes— en pleno Ramadán. El examen conllevaba dos pruebas físicas, un salto de longitud y una carrera, a las que los candidatos que ayunan acuden en inferioridad de condiciones. Aberchán pidió el aplazamiento de las oposiciones con ese argumento, a lo que fuentes de la Consejería le respondieron que también se producían incendios durante el mes de ayuno que los bomberos deben apagar, cualquiera que sea su confesión. Aberchán no se dio por vencido. «A nadie en Melilla se le ocurriría convocar oposiciones en Semana Santa o en Navidad», comentó entonces al autor. «¿Por qué entonces lo hacen en Ramadán en una ciudad cuya población es en un 50 por ciento musulmana?», se preguntaba. «Es una terrible falta de sensibilidad; una falta de respeto a la diversidad religiosa», denunciaba.

La convivencia religiosa tampoco es del todo fácil en colegios e institutos. Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, efectuó en 2010 una encuesta con una muestra de 422 alumnos ceutíes y melillenses de entre diez y diecinueve años. El 73 por ciento de los que se declaraban cristianos manifestaban su antipatía hacia los musulmanes, mientras que, entre este colectivo, el 19 por ciento tenía el mismo sentimiento hacia sus compañeros de la otra confesión mayoritaria. ¿Qué desagradaba a los chavales cristianos de los musulmanes? Su propensión a enfadarse por cualquier cosa y su injusto trato con las mujeres, solían contestar. ¿Qué reprochaban los musulmanes a aquellos que no profesaban su fe? «Que se creen superiores; que no tengan miedo a Dios», eran algunas de las respuestas más frecuentes, aunque también criticaban a la religión católica por afirmar que Dios tuvo un hijo y una madre. La Santísima Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hace dudar a muchos musulmanes de que el catolicismo sea una religión monoteísta.

Desde finales de la década pasada los musulmanes han obtenido otras conquistas. Melilla llevó la delantera, pero Ceuta no tardó en alcanzarla. En la explanada del Tercio de la Legión o en la de la Loma Margarita miles de melillenses y ceutíes rezan cada año al aire libre, sobre centenares de alfombras extendidas sobre la tierra y el césped, con motivo del final del Ramadán (Musala). Para que el solar esté en condiciones el ayuntamiento ceutí se encarga previamente de limpiarlo, de reparar los baches y hasta de instalar aseos y carpas en las que los fieles —casi todos varones— puedan hacer sus abluciones antes de orar. Un generador eléctrico garantiza el buen funcionamiento de la megafonía. Unos autobuses sufragados por el consistorio trasladan gratuitamente a los creyentes desde los barrios musulmanes hasta la Loma Margarita. Al acto, que concluye con un desayuno, asisten las principales autoridades civiles y, a veces, hasta militares de la ciudad. No son estas las únicas atenciones de las ciudades autónomas con sus habitantes musulmanes durante el mes del ayuno. Al margen de la iluminación especial de las mezquitas, la Comisión de Festejos de Melilla elabora un programa de actividades nocturnas que incluye teatro infantil, concursos de dibujo, competiciones deportivas y recitales de rezos, entre otras actividades.

Los sermones de los clérigos en esas musalas, las mayores concentraciones de fieles del año, suelen ser templados. El imán Abdelhakim el Mhasni pidió a su auditorio, en julio de 2015 en Ceuta, que practicase la religión con moderación porque de lo contrario se fomenta un clima propenso a la radicalización. A veces adquieren, sin embargo, tintes más políticos. Abdelaziz Hammaoui, imán y presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, fue invitado por la Comisión Islámica de Melilla a dirigirse, en julio de 2014, a unos 5.000 feligreses congregados en la explanada del Tercio de la Legión. Compareció con una kufiya (pañuelo palestino) alrededor del cuello; habló en español para ser bien comprendido y animó a la multitud a participar en una manifestación de solidaridad con Gaza convocada por la formación musulmana CpM. «Os pido que vayáis porque esa también es una manera de acercarnos a Alá, de adorarle», exhortó Hammaoui a la muchedumbre. «Es una orden de Alá, transmitida por el profeta Mahoma, que nos dijo que si veíamos injusticia, la condenáramos», añadió.

Melilla es el lugar de España, de nuevo por delante de Ceuta, donde los musulmanes muestran más sensibilidad con la causa palestina. A ello no es ajeno su líder político, Mustafá Aberchán, que en dos ocasiones —en 2012 y 2013— intentó viajar a Gaza sin lograrlo. La segunda vez no pudo ni siquiera entrar en Israel. Acabó en los calabozos del aeropuerto Ben Gourion de Tel Aviv, desde donde fue expulsado. Su partido y la Comisión Islámica de Melilla recaudan de vez en cuando fondos para financiar proyectos solidarios. Inspirados, probablemente, en el Día de la Banderita de Cruz Roja, cerca de 500 afiliados y simpatizantes de la formación musulmana recorrieron Melilla provistos de sus correspondientes huchas, en enero de 2009, pidiendo dinero para Gaza. Por aquellas fechas el teatro Kursaal se llenó también a rebosar para escuchar a Maher Zain, un cantante sueco de origen libanés militante de la causa palestina. Cada vez que Gaza sufre un ataque israelí de gran envergadura los musulmanes melillenses se echan a la calle para protestar enarbolando banderas de Hamas y arrastrando otra de Israel que normalmente acaban quemando. Rezan también en la calle por Palestina. Pese a la intensa lluvia, 1.300 musulmanes respondieron, el 2 de enero de 2009 a las 14.30, al llamamiento de la Comisión Islámica. Recitaron juntos en la avenida de Juan Carlos I, en pleno centro de Melilla, la fatiha —la primera de las suras o capítulos del Corán— por los cientos de muertos causados por la «agresión israelí» a Gaza.

Escenas como esta son inimaginables en las ciudades españolas de la Península. Incluso al Partido Popular, que gobierna en Melilla, le cuesta aceptarlas. En más de una ocasión Imbroda ha reprochado a CpM el haber puesto en peligro la convivencia. «Mezclar política con religión», extrapolar a Melilla «un conflicto internacional» es una «actitud imprudente» por parte de Aberchán, aseguró en agosto de 2014 Miguel Marín, que durante años fue el brazo derecho de Imbroda. Tras estas manifestaciones «es fácil que algún exaltado se extralimite», vaticinó. A muy pequeña escala su pronóstico se cumplió 48 horas después. Super Sport, una tienda de deportes perteneciente a un judío, Jaime Auday, apareció con una pintada: «Boicot Israel». Margarita López Almendáriz, la presidenta de la Confederación de Empresarios, echó enseguida la culpa a Aberchán: «Arengar a las masas tiene mucho peligro y puede hacer mucho daño». Los empresarios musulmanes le pidieron que rectificara o que dimitiese. Como en tantas otras ocasiones, sobre todo en vísperas de elecciones municipales, el ambiente se empezaba a caldear con un cruce de acusaciones entre el PP y CpM. Después de los comicios, los ánimos se sosiegan. Tras las votaciones, sin embargo, la tensión suele continuar unas semanas porque el partido musulmán impugna sus resultados alegando irregularidades.

Más de tres décadas después de la «revolución social» que permitió a miles de melillenses y ceutíes obtener la nacionalidad del país en el que residían desde hacía décadas, a veces desde hacía generaciones, los musulmanes tienen aún una larga lista de aspiraciones. Que el Aid el Fitr, la segunda fiesta religiosa más importante del islam, sea también festivo oficial —como el Aid el Kebir desde 2010— es una de sus prioridades. Ese día, en el que finaliza el Ramadán, las ciudades autónomas viven a un ritmo diferente porque muchos trabajadores musulmanes se lo toman libre. Los dos partidos mayoritariamente musulmanes volvieron a la carga, en septiembre de 2015, proponiendo a la Asamblea de Ceuta que también el Aid el Fitr fuese festivo. «No se puede contemplar un calendario laboral, en una Ceuta multicultural, que no contenga dos días dedicados a las fiestas de los musulmanes», pero que incluya nueve consagradas a los cristianos, argumentó Juan Luis Aróstegui ante el pleno de la Asamblea. Aróstegui es secretario general de CCOO en Ceuta y una de las dos cabezas visibles de Caballas, un partido mayoritariamente musulmán y principal fuerza de oposición al PP. Los populares no cedieron y votaron en contra de la propuesta, que solo respaldaron las formaciones musulmanas, mientras que el PSOE y Ciudadanos se abstuvieron. Es probable que el voto de alguna de estas formaciones habría sido diferente si el festivo Aid el Kebir no hubiese conllevado tantos problemas desde 2010.

La otra gran batalla que los musulmanes empiezan a librar es lingüística. En Ceuta reivindican que el dariya (árabe dialectal marroquí) sea introducido en la enseñanza, por lo menos como asignatura optativa en un primer momento, mientras que en Melilla piden lo mismo con relación al tamazig, la lengua de los bereberes. Más antigua que el griego y el latín, era la más hablada en el norte de África hasta su islamización en siglo VIII. Aún hoy en día la utilizan a diario unos 25 millones de personas, sobre todo en Argelia y en Marruecos. Algunos sueñan incluso con que dariya y tamazig se conviertan en lengua cooficial. La mayoría de los musulmanes ceutíes hablan en sus hogares un árabe dialectal muy parecido al dariya marroquí, aunque con algunos elementos de español. Sus correligionarios de Melilla se expresan, en cambio, en chelja o tarifit, la variante del tamazig que se habla en el Rif marroquí, que en la ciudad está contaminada por el español. No muchos ceutíes y casi ningún melillense saben leer y escribir su lengua materna. La inexistencia o las oscilaciones de las gramáticas de ambas lenguas dificultan su enseñanza. En el caso del tamazig se sigue además debatiendo si su alfabeto debe ser el árabe, el latino o, como pretenden los puristas, el original tifinagh con sus 33 letras.

En Melilla el chelja ha perdido terreno, como también retrocede el rifeño en el norte de Marruecos, donde poco a poco se impone el dariya. Solo el 12 por ciento de los alumnos de primaria estudian tamazig en Marruecos. En Ceuta, en cambio, se ha producido «una revitalización de la lengua materna de la mayor parte de los musulmanes», señalaba hace unos años la arabista Ángeles Vicente, profesora de la Universidad de Zaragoza y autora del estudio Ceuta: una ciudad entre dos lenguas. Para elaborar su estudio la investigadora se entrevistó con los directores de 18 centros educativos. «Casi todos han constatado que los niños musulmanes hablan en árabe mucho más habitualmente ahora [a finales de 2008] que en una época anterior», afirma Vicente. Los matrimonios mixtos con marroquíes que desconocen el español, la televisión que se sintoniza en el hogar y también las escuelas coránicas, a las que acuden miles de niños por la tarde, han potenciado el conocimiento de esa lengua. Ese dialecto del árabe que es el dariya está en auge en Ceuta, pero, sorprendentemente, en la ciudad, ni siquiera del lado español de la frontera con Marruecos por la que cruzan a diario decenas de miles de personas, hay carteles ni indicaciones en esa lengua. Si los hay, en cambio, en las carreteras españolas que conducen a Algeciras y en el puerto de esta ciudad, en el que embarcan rumbo a Marruecos cientos de miles de inmigrantes que regresan cada año a su país de vacaciones.

Esa dicotomía entre la lengua de casa y la del colegio podría ser la causa principal de los altísimos niveles de fracaso escolar, sobre todo entre los alumnos musulmanes, en Ceuta y Melilla. Lo aseguran responsables musulmanes de ambas ciudades y hasta en una ocasión lo reconoció con matices Mercedes Cabrera, ministra de Educación en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Las dos ciudades ocupan los puestos del furgón de cola del fracaso escolar en España. Desde el Ministerio de Educación se suele, sin embargo, recordar que los miles de alumnos marroquíes matriculados en colegios o institutos españoles en Marruecos tampoco hablan español en sus casas, pero sus índices de fracaso son muy inferiores a los ceutíes y melillenses. Es verdad que son hijos de la clase media-alta marroquí, porque los centros de enseñanza españoles en Marruecos son caros. El fracaso y el abandono parecen más bien relacionados con el bajo nivel sociocultural de las familias de esos alumnos. Si los padres son analfabetos o si, a duras penas, acabaron la escuela primaria, difícilmente pueden brindar a sus hijos el apoyo necesario en una lengua para ellos extranjera, el español, ni tampoco en su propia lengua, que no dominan.

Rodríguez Zapatero fue, en enero de 2006, el primer presidente del Gobierno en un cuarto de siglo en visitar Melilla y Ceuta, por este orden. En esta última ciudad se dio un baño de multitudes no anunciado de antemano durante un kilómetro de recorrido en cuyo último tramo los musulmanes eran los más numerosos. Con el cabello al aire o más bien con hiyab, muchas mujeres pugnaban por dar la mano al presidente. Los que no lograban saludarle le aplaudían a rabiar, desmintiendo así las sospechas sobre su escaso fervor español. Aquello fue solo un pequeño anticipo de la acogida que ambas ciudades brindaron un año después a los Reyes de España. Antes de que Zapatero echase a andar por su ciudad, Mohamed Ali Lemague, cabeza de fila de la oposición musulmana ceutí, aprovechó para plantearle su demanda lingüística sobre la introducción del dariya en la enseñanza. Más tarde la amplió para pedir también su inclusión en el nuevo estatuto de autonomía para la ciudad que aún sigue en gestación. Se apresuró en aclarar que su iniciativa «no representa una agresión contra la españolidad de Ceuta».

El Gobierno ceutí reaccionó, sin embargo, de inmediato tachando su propuesta de «extravagante». Cuando en Melilla se formuló la misma demanda, el consistorio fue más cauto y solo dijo que «carecía de sentido». Ninguna de las dos ciudades posee competencias en educación, pero una intervención del presidente Imbroda resume su posición: «Si el fracaso escolar es provocado por un problema lingüístico, lo que deberían hacer los niños es aprender mejor el español, que es la lengua que les facilitará tener éxito en el sistema educativo de España».

La reivindicación va más allá del aprendizaje de una lengua que, en muchos casos, es de escasa utilidad profesional, como daba a entender Imbroda. «Al no estudiar la lengua, ni siquiera como asignatura optativa, los niños rifeños desconocen su cultura, su historia», se lamentaba Jahfar Hassan Yahia, profesor melillense de tamazig, en conversación con el autor. Al entrar en una escuela donde solo se enseña la cultura dominante «se ven obligados a dejar en la puerta su bagaje cultural». «El sistema escolar les convierte en clones culturales», concluía. Así se fomenta «la extranjerización de muchos ciudadanos españoles», sostiene el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Mohamed El Madkouri en su estudio «El árabe y el bereber en España: política lingüística y trasfondo cultural».

El debate llegó al Congreso de los Diputados, a su comisión de Cultura, a principios de 2006. Lo introdujeron el Partido Nacionalista Vasco y, sobre todo, Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo diputado Joan Tardà resultó ser un enérgico defensor del dariya y más aún del tamazig. Ambas formaciones presentaron en marzo una proposición no de ley, sin carácter vinculante, instando a que en la enseñanza primaria y media todas las asignaturas puedan impartirse, además de en castellano, en la lengua que habla la población musulmana. La federación de Convergència i Unió, que aún existía, e Izquierda Unida, respaldaron la iniciativa, pero PSOE y PP impidieron que saliera adelante.

Desde aquel «no» rotundo en el Congreso, las Administraciones han hecho algunas concesiones menores, sobre todo en Melilla. La ciudad impulsa y subvenciona clases de tamazig, en colaboración entre otros con la Universidad de Granada, y las mujeres que llamen al 016, esa línea roja confidencial y gratuita que sirve para denunciar la violencia de género, pueden desde 2015 ser atendidas en ese idioma. La televisión pública local (TVM) emite un telediario en tamazig. Joan Tardà, de ERC, volvió a la carga en 2009 y consiguió que los presupuestos del año siguiente incluyeran, por primera vez, una dotación de 50.000 euros para fomentar la enseñanza de la lengua de los bereberes. A principios del siglo XX el Estado español ya promovió el aprendizaje del tamazig por parte de oficiales y soldados de su Ejército. Desde 1914 hasta 1929 se impartieron clases en la Academia de Melilla y uno de sus profesores fue Abdelkrim Jattabi, el líder rifeño que más tarde se sublevaría contra la presencia colonial española, según aseguró Mohamed Larbi Messari (Tetuán, 1936; Rabat, 2015) que fue ministro-portavoz del Gobierno de Marruecos.

Partidos específicamente musulmanes

Los musulmanes hacen valer sus reivindicaciones a través de sus propios partidos políticos. Los empezaron a crear a mediados de los años noventa porque las formaciones tradicionales españolas no se hacían eco de sus reivindicaciones. Veinte años después constituyen en ambas ciudades la primera fuerza de oposición al PP, que gobierna Ceuta y Melilla. Han relegado al PSOE a un tercer puesto en número de escaños en las asambleas —los dos pequeños parlamentos locales— y también en la calle por su capacidad de movilización. CpM cuenta en Melilla con siete diputados, cinco menos que el PP y tres más que los socialistas. Caballas, cuyos orígenes se remontan a 2002, y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, los dos partidos afines a la comunidad musulmana ceutí, disponen de siete escaños, seis menos que el PP y tres más que el PSOE. El abstencionismo es elevado entre los musulmanes de las ciudades autónomas. El día en que acudan masivamente a las urnas es probable que el grueso de su voto vaya a parar a estas formaciones.

Por muy conservadoras que sean sus costumbres y sus valores, la inmigración musulmana en Europa, incluso aquella que lleva varias generaciones asentada en el Viejo Continente, tiende mayoritariamente a votar a listas socialistas o neocomunistas. Desde hace una década los hiyabs son cada vez más frecuentes en las movilizaciones de izquierdas en el Reino Unido o Francia. Estudios como el que publicó, a mediados de 2013, el Instituto Francés de Opinión Pública, demuestran esa inclinación. El voto musulmán fue decisivo para elegir a François Hollande presidente de la República en mayo de 2012. Se inclinan por la izquierda porque creen que preservará los subsidios y las ayudas que muchos de ellos reciben y defenderá mejor sus derechos como minoría religiosa, étnica, etcétera. En la Unión Europea no se han creado partidos de corte musulmán. En Ceuta y Melilla, sí. Han surgido porque las formaciones tradicionales españolas, especialmente las de izquierdas, han sido incapaces de sintonizar con una amplia franja de la ciudadanía melillense y ceutí. «La fragmentación étnica del voto constituye un factor añadido de riesgo de fractura social», advertía en 2014 el Real Instituto Elcano.

El PP está demasiado identificado con esa enorme masa de funcionarios aferrados a los privilegios (plus de residencia, rebajas fiscales, etcétera) que conlleva vivir y trabajar en Ceuta y Melilla como para abrirse en profundidad a los musulmanes. El Gobierno de Ceuta cuenta con un presidente y ocho consejeros entre los que solo hay una musulmana, Rabea Mohamed Tonsi, encargada de Asuntos Sociales e Igualdad. En Melilla hay un presidente y nueve consejeros, pero solo una mujer musulmana, Fadela Mohatar Maanan, que ostenta la cartera de Cultura y Festejos. A esos diez altos cargos se añaden nada menos que 14 viceconsejeros. Entre ellos figura un musulmán, Hassan Dris, al frente de Asuntos Sociales, imputado por la compra de votos para el PP a cambio de vales de alimentos. Sus tareas se solapan con las desempeñadas por Francisca Conde, viceconsejera de Acción Social y esposa del presidente Imbroda. Ambos trabajan bajo la autoridad del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura Rizo. Es decir, que en una ciudad mediana como Melilla tres altos cargos —con sueldos de unos 60.000 euros brutos anuales— se reparten la tarea que en ayuntamientos mucho más grandes corresponde a un solo concejal. Solo dos autonomías, Andalucía y Canarias, superan a Melilla por el número de miembros de sus gobiernos. Nunca, ni en Ceuta ni en Melilla, el PP ha presentado además a un candidato musulmán, ni siquiera como suplente, al Congreso de los Diputados o al Senado. El PSOE sí lo hizo por primera vez en 2015. En Melilla colocó a una joven musulmana de cabeza de lista al Congreso y en Ceuta echó mano de un independiente, médico de profesión, para el Senado, que se arrepintió enseguida públicamente de haber aceptado.

En su estreno en Ceuta, Ciudadanos empezó con mal pie. La sección local del partido de Albert Rivera fue fundada por Abdelmalik Mohamed, un pequeño empresario, que llegó a ser el cabeza de lista en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. El Comité Electoral solo le permitió, según él, «hacer campaña en barrios marginales» de población musulmana. «Me sentí discriminado por mi condición de musulmán dentro del partido», explicó. Tras siete años de militancia se dio de baja de Ciudadanos en febrero de 2016.

La escasísima presencia de musulmanes se reproduce a niveles inferiores, entre los funcionarios municipales y los empleados de las empresas públicas locales. En la Administración local está más acentuado el problema que en la estatal, pero no existe ninguna estadística fiable sino meras evaluaciones de partidos y asociaciones. Esta exigua representación transmite a los musulmanes la sensación de que están marginados en unas ciudades en las que son mayoría o están a punto de serlo. Entre los partidos musulmanes o por parte de algunos sociólogos de izquierdas se esboza la idea de instaurar una discriminación positiva en las oposiciones para favorecer el acceso a la función pública. CpM pidió, por ejemplo, que puntuase el conocimiento del tamazig para los aspirantes a policías locales que trabajan en la calle, donde, en buena medida, se habla una variante de esa lengua. Solo el 2 por ciento de los agentes de la policía melillense son bereberes, según CpM. El PP descarta cualquier medida de esa índole so pretexto de que sería una «discriminación» hacia los que desconocen el idioma. La reducida presencia musulmana en muchos ámbitos es, junto con la pobreza, el principal problema que padece esa comunidad, muy por delante del rechazo a introducir sus lenguas vernáculas en la enseñanza o a que el Aid el Fitr sea fiesta oficial.

El PSOE sí hubiera podido ser el partido que encauzara la participación de los musulmanes en política, pero rehusó hacerlo. Mohamed Ali Lemague, que ya dirigía en 2007 la principal formación de oposición al PP en Ceuta, escribió en diciembre de ese año a José Blanco, entonces secretario de Organización del PSOE. Le pedía una cita para discutir de «la unidad de las fuerzas progresistas» en su ciudad. «Estamos dispuestos a todo, incluido a integrarnos en el PSOE, porque compartimos sus valores», declaró a la prensa. Años atrás el partido musulmán había colaborado con el PSOE, algo falto de militantes, prestándole, por ejemplo, interventores y apoderados en las legislativas de 2004, en las que además había animado a votar socialista porque ellos no concurrían. Gracias a esa consigna los socialistas duplicaron con creces sus sufragios. José Blanco dio la callada por respuesta a la carta. En su minúsculo despacho de abogados Mohamed Ali Lemague asegura que «no pretendía fusionarse con los socialistas, sino que estaba dispuesto a disolver su partido y alentar a sus militantes a que se afiliaran individualmente al PSOE». «Solo quería que nosotros, los recién llegados, estuviéramos representados en los órganos de dirección socialistas», afirma en conversación con el autor.

El PSOE ceutí, entonces en plena crisis tras cosechar en 2007 sus peores resultados electorales en la ciudad, consideró que, en el fondo, la oferta de Mohamed Ali Lemague era una OPA hostil. Temía que a medio plazo los musulmanes se hicieran con el partido porque contaban con más militantes que los socialistas. La Comisión Gestora socialista de Ceuta, encabezada por el diputado gaditano Salvador de la Encina, desestimó la propuesta del líder musulmán con el aval de la dirección en Madrid. Aun así, De la Encina sospechaba que los musulmanes tratarían sigilosamente de infiltrarse en sus filas. Para evitarlo controló con mano de hierro las adhesiones de militantes a finales de 2008 cuando, tras año y medio de zozobra, estaba a punto de finalizar la refundación del partido. «Todos los firmantes hemos solicitado el ingreso en el PSOE cuando se ha anunciado el proceso de refundación, pero a ninguno se nos ha admitido», se lamentaban 21 musulmanes en una carta enviada a Pedro Zerolo, responsable de movimientos sociales del partido en Madrid. «Nos ha parecido una burla que se haga una convocatoria de afiliación y luego se nos diga que no podemos entrar», continuaban en la misiva que fue publicada por El País. «No sabemos si es una actitud racista y un prejuicio más hacia la comunidad musulmana», se preguntaban. En total 143 aspirantes a afiliarse fueron rechazados. El proceso de afiliación «está plagado de irregularidades», denunciaba entonces Javier Martínez, veterano militante socialista que fue durante años inspector jefe de Educación en Ceuta. «¿Por qué el partido de la Alianza de Civilizaciones tiende a convertirse en el del enfrentamiento entre civilizaciones y de la discriminación?», se preguntaba indignado.

Mohamed Ali Lemague no se desanimó. Siguió adelante con su empeño de crear un partido interconfesional e intercultural pero que defendiese ante todo los intereses de los peor parados, es decir, de los musulmanes. «No se puede predicar la igualdad y después hacer un partido solo para los musulmanes», recalca. El suyo, la Unión Demócrata Ceutí, se fusionó en 2011 con el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta, una minúscula formación dirigida por Juan Luis Aróstegui, líder de CCOO en Ceuta. Bautizaron al nuevo partido, al que la prensa sigue llamando por inercia «coalición», con el nombre de Caballas. Desencantado con el PSOE, Caballas pidió el voto para Podemos en las elecciones generales de diciembre de 2015 a las que no se presentó. Solo concurrió a las locales.

Ali Lemague ha llevado hasta su vida ese empeño intercultural. «Antes no participaba en los eventos de otras confesiones, pero me equivocaba», reconoce. «Ahora sí voy, por ejemplo, a la romería de San Antonio», prosigue. «No es que me haya convertido» al cristianismo, añade esbozando una sonrisa. «Esos eventos forman parte del acervo cultural de la ciudad de la que yo soy diputado local y por eso debo acudir», asegura. «Aquí se da por asumida esa interculturalidad, pero no es verdad porque hay que trabajarla a diario», insiste. Fátima Hamed, que hasta la primavera de 2015 era diputada de Caballas, debió de pensar que esta apuesta por la interculturalidad del que era su jefe político dejaba espacio para crear un partido solo para musulmanes. Rompió con Caballas, fundó el Movimiento para la Dignidad y la Ciudadanía y, para ser un recién nacido, obtuvo un resultado más que decente en las municipales de mayo de 2015: tres escaños. Por pequeño y localista que sea, el partido de Hamed es el primero en España fundado por una mujer musulmana y que además lleva hiyab.

Mustafá Aberchán, el líder musulmán melillense, empezó como tantos otros bereberes deseosos de estar en política, afiliándose al PSOE, en el que su hermano Benaissa era secretario de Organización en Melilla. Más tarde, en 1995, fundó con exmilitantes socialistas su propio partido, CpM, que ya en 2003 se convirtió en la segunda fuerza por delante del PSOE, cuyos resultados electorales iban de mal en peor. «El PSOE no acaba de conectar con las clases populares, es decir, con los innumerables parados, los trabajadores sin cualificación, etcétera, que en su gran mayoría son musulmanes», sostiene Yonaida Sellam que fue militante socialista y ahora encabeza en la ciudad Intercultura, una pequeña asociación de musulmanes que organiza eventos culturales. Sellam lamenta además que su expartido socialista «no haya pedido todavía disculpas» por haber promulgado esa Ley de Extranjería que convirtió a sus correligionarios en extranjeros en su propia tierra.

Ese sólido vínculo con los musulmanes el PSOE de Melilla quizá lo habría podido establecer si en su congreso de 2012 hubiese ganado Amin Azmani, candidato bereber a la secretaria general. Tenía entonces doce años de militancia a sus espaldas en los que había sido, entre otras cosas, secretario de las Juventudes Socialistas, mientras que su rival, Gregorio Escobar, solo tenía el carné socialista desde hacía seis años, pero había sido delegado del Gobierno en la ciudad. Contaba con el apoyo de los apparatchik del partido. Con solo seis votos de diferencia salió elegido Escobar. «Los socialistas de Melilla se hacen el harakiri», titulé entonces la pieza que escribí en Orilla Sur, mi blog en El País.

A lo largo de su corta historia CpM ha ido fluctuando entre los socialistas y aquellos que están a su izquierda. Tras recibir las bendiciones de Rodríguez Zapatero, CpM y el PSOE concurrieron incluso coaligadas a las legislativas de marzo de 2008; la formación bereber pidió entonces el voto para el cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados, Gregorio Escobar, mientras que el PSOE respaldaba la candidatura de Aberchán al Senado. Hicieron campaña juntos y por unas pocas papeletas se quedaron con la miel en los labios. Aquellas elecciones traen aún recuerdos amargos para ambas formaciones y no solo por su derrota en las urnas. La fiscalía les imputó en 2013 por haber supuestamente organizado una trama de compra de votos a cambio de un puesto en los planes de empleo promovidos por la Delegación del Gobierno. La fiscal Isabel Martín López ha pedido nada menos que doscientos treinta y un años de cárcel para una treintena de dirigentes de CpM y del PSOE, empezando por Mustafá Aberchán y Dionisio Muñoz, que en 2008 era secretario general socialista. Ese aluvión de imputaciones obligó al nuevo líder del PSOE, Gregorio Escobar, a dimitir. Desde entonces el partido está en manos de una gestora que preside Gloria Rojas. El juicio aún no se había celebrado a finales de 2015. Junto con otros letrados progresistas melillenses, Emilio Bosch Borrero, uno de los abogados que más ha denunciado la corrupción en el Gobierno de Melilla, vaticina que socialistas y musulmanes de CpM «saldrán absueltos al haberse desmoronado por completo las denuncias falsas promovidas» por el PP.

No hay un lugar en España donde el escrutinio electoral provoque tantas broncas como en Melilla. Sobre cada cita con las urnas planea la sospecha de compra de votos, sobre todo por parte del partido vencedor. Desde 2003 Melilla bate récords españoles y europeos de voto por correo. En esas controvertidas legislativas de 2008 alcanzó un porcentaje nunca visto: 11,42 por ciento, el quíntuple de la media española (2,28 por ciento). En las municipales de mayo de 2015 se quedó en un 6,94 por ciento, el triple que la media (2,1 por ciento). Se registraron entonces incidencias en el 79,5 por ciento de las mesas electorales —otro récord español— porque los interventores del PSOE y CpM impugnaron votos por correo y denunciaron las diferentes tonalidades sepia de los sobres en los que se introducían las papeletas. No hay una explicación racional de la afición de los melillenses a votar de esta manera. Ceuta se sitúa también, en general, por encima de la media española en voto por correo, pero muy por debajo de los niveles de Melilla. Los cientos o miles de funcionarios empadronados en Ceuta, pero que pasan los fines de semana en la Península, proporcionan en parte la explicación del voto por correo ceutí.

Tres meses después de las legislativas de 2008 que otorgaron, por segunda vez, la victoria a Zapatero, Aberchán dio la espalda al PSOE. La estrecha relación que había trabado con Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, estaba dando sus frutos. CpM se federó entonces con la coalición de izquierdas; se convirtió así en la rama de IU en Melilla. Fue un idilio breve porque con la sustitución de Llamazares por Cayo Lara, en diciembre 2008, la relación empezó a enfriarse.

La losa de las imputaciones, la desconfianza del PSOE hacia un partido con connotaciones étnico-religiosas emparentado con la Comisión Islámica y su propia debilidad —tan solo tres escaños— incitaron a los socialistas, en la primavera de 2015, a rechazar la operación diseñada por Aberchán para desbancar a Imbroda del poder en Melilla, donde el PP había perdido la mayoría absoluta en las municipales. «Ofrecimos al PSOE nuestro apoyo para formar una mayoría alternativa con un alcalde socialista por dos años y, una vez transcurridos, negociaríamos quién se haría cargo del gobierno», recuerda Aberchán en conversación con el autor. «A cambio solo pedíamos que desde el ayuntamiento se pusiera el énfasis en las políticas sociales», precisa. «Nos pidieron que el acuerdo fuera para cuatro años y les dijimos que sí, pero aun así no cerraron el pacto», se lamenta. El binomio PSOE-CpM habría necesitado, para investir a ese presidente socialista, el respaldo de Ciudadanos, que tenía sus dudas, y de una escisión local del PP llamada Populares en Libertad, que en las europeas de 2014 hizo campaña a favor de los ultramontanos de Vox. No estaba, por tanto, tampoco claro que salieran las cuentas y, si al final encajaban, los compañeros de cama eran demasiado extraños como para que la alianza fuese duradera.

Para las elecciones generales de diciembre de 2015 el objetivo de Aberchán fue pactar con Podemos, la fuerza emergente, pero dos factores lo impidieron: su larga peregrinación a La Meca en el otoño de 2015, cuando su presencia era necesaria para negociar, y las reticencias del líder podemita, Pablo Iglesias, a asociarse con políticos imputados. Al final CpM no presentó candidato y acabó ofreciéndose a pedir a su electorado el voto para el PSOE o para Podemos a cambio prácticamente de nada —«nos hubiésemos conformado con que nos pasaran la mano por el lomo», comentaba un militante del partido musulmán—, pero ninguno de los dos le respondió. «Hoy en día estamos huérfanos» de alianzas, constata Aberchán en conversación con el autor. Abderramán Benyahya, la única figura de prestigio musulmana crítica en Melilla con CpM, achaca este aislamiento a «la radicalización del discurso» del partido de Aberchán. Se centra «únicamente en el sector musulmán» de la población, declaró al diario Melilla Hoy. «No hay ningún apellido europeo» en la lista de candidatos de CpM, repetía Imbroda con cierto regocijo durante la campaña de las municipales. En realidad sí hay uno, el de Yasin Puertas, un experiodista melillense convertido al islam. Tampoco es que en la lista del PP hubiera muchos apellidos musulmanes, y los que allí figuraban estaban más bien de florero.

Solas o en colaboración con los partidos españoles de izquierdas, las formaciones musulmanas acabarán gobernando en Ceuta y Melilla. El crecimiento demográfico —el 70 por ciento de los alumnos escolarizados son musulmanes—, el surgimiento de élites interesadas en participar en política y la persistente incapacidad de la izquierda convencional española de atraer al grueso del voto musulmán, acabarán dando la victoria a Mustafá Aberchán y a Mohamed Ali Lemague o a sus sucesores. Es solo cuestión de tiempo. «La lógica demográfica, institucional y electoral» hace «muy probable» que la población musulmana sea en el futuro «el grupo etnocultural de la Autonomía», anunciaban en 2008 los investigadores Carmen González Enríquez y Ángel Pérez González en un informe elaborado para el Real Instituto Elcano. Ahora bien, ese grupo va a heredar del PP dos ciudades anacrónicas y probablemente inviables a causa de sus particularidades económicas.

El modelo en el que se sustentan se agota poco a poco y los sucesivos gobiernos de España —populares y socialistas— no han movido un dedo para buscar una alternativa. Tampoco los gobiernos locales han presionado para que desde Madrid se pongan a trabajar con la ayuda de Bruselas para diseñar un patrón diferente. A las dificultades de la clase política española para reflexionar más allá de una legislatura se añade en este caso el temor a una airada reacción de Marruecos, que sigue reivindicando «los enclaves coloniales». Con Mohamed VI como rey lo hace con mucho menos ahínco que en tiempos de su padre, Hassan II, que cada año recordaba en su discurso del Trono el «anacronismo colonial». Su hijo ha puesto, en cambio, todo su empeño en desarrollar el norte del país, especialmente el área colindante con Ceuta, aunque tampoco ha desdeñado la zona noreste que circunda Melilla. Desde su entronización en 1999 la región de Tánger/Tetuán es la que ha experimentado la mayor transformación, con nuevas infraestructuras e industrias. Tras la toma y el desalojo, en 2002, del islote de Perejil, el monarca alauí solo ha recordado un par de veces su reclamación, sobre todo en 2007, con motivo de la primera visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla. Desde principios de esta década la reivindicación está prácticamente aparcada, los partidos políticos marroquíes más nacionalistas se han olvidado de ella y hasta se ha disuelto el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, que tanta guerra dio en la frontera melillense de Beni Enzar. Su fundador, el exsenador Yahya Yahya, pidió incluso «disculpas», en septiembre de 2015, «al pueblo español y al Estado» por los problemas que causó bloqueando la frontera o mandando robar en Melilla el brazo de la estatua de Pedro de Estopiñán, el conquistador de la ciudad. Solo algunos destacados miembros de la sociedad civil, como el jurista Mehdi Alioua y el activista Hicham Rachidi, piden en tribunas de opinión que España y Marruecos empiecen a cogestionar las ciudades.

En un alarde de sinceridad poco habitual en los políticos, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, reconoció en las Navidades de 2008 que le gustaría que el modelo económico de su ciudad fuese distinto, menos dependiente del sector público, pero se apresuró a añadir que mientras no fuese así el Estado tendría que seguir arrimando el hombro. Lo hace hasta unos extremos inauditos. A causa de su alejamiento de la Península, de sus particularidades fronterizas, Ceuta y Melilla son los lugares de España donde más invierte el Estado per cápita. Los flujos monetarios de las balanzas fiscales dadas a conocer por Hacienda en 2008 revelaron que Melilla recibía del Estado el equivalente del 34,12 por ciento de su PIB, seguida por Ceuta con el 28,71 por ciento. En una alejada tercera posición figuraba Extremadura con el 17,93 por ciento. El presupuesto de Ceuta ascendió en 2015 a 247 millones de euros, mientras que el de Melilla fue de 245. Con 237.500 habitantes, el triple de la población de las ciudades autónomas, Granada contó con un presupuesto apenas superior (264,7 millones). Almería tiene el doble de población que cualquiera de las ciudades autónomas, pero su presupuesto es un 22 por ciento inferior.

Otro factor que contribuye a la relativa bonanza de los enclaves españoles en la costa norteafricana es la abundancia de empleados públicos con —si trabajan para el Estado— sueldos superiores a la media peninsular a causa de los pluses de residencia y las menores retenciones fiscales. Es una población con buen poder adquisitivo. Un maestro cobra allí 2.461 euros mensuales brutos y un profesor de secundaria 2.943. En Ceuta el 47 por ciento de la población activa trabaja para las Administraciones públicas, y en Melilla el 43 por ciento. Además de Madrid, solo hay dos lugares en España donde el Estado cuenta con más funcionarios que la Administración autonómica: Ceuta y Melilla.

Caos en la frontera

Al margen del subsidio estatal, otro de los pilares de la economía es el contrabando con Marruecos, al que en ambas ciudades llaman púdicamente «comercio atípico». España se convirtió oficialmente en 2012 en el primer socio comercial de Marruecos, por delante de Francia, pero en realidad ya lo era desde hace años gracias a esos flujos comerciales que no recogen las estadísticas oficiales. Su volumen es difícil de evaluar, pero probablemente rebase los 1.500 millones de euros anuales, es decir el equivalente de las exportaciones españolas a Japón. Se exportan así a Marruecos todo tipo de mercancías, desde ropa hasta alimentos, pasando por material de telefonía y hasta medicamentos sofisticados, que al entrar en las ciudades pagan el IPSI de importación. Oscila entre el 0,5 por ciento y el 10 por ciento del valor de la mercancía y proporciona a las arcas municipales ceutíes alrededor del 25 por ciento de su recaudación. Algunos años es su principal fuente de ingresos.

El contrabando recae sobre las espaldas de entre 4.000 y 12.500 porteadoras marroquíes en Ceuta y otras tantas en Melilla —las mujeres son ahora más numerosas—, según evaluaciones policiales. Con sus enormes bultos a cuestas atraviesan varias veces al día las fronteras y las colapsan con frecuencia. Es una faena que puede reportar unos 20 euros al día y al que han intentado apuntarse jóvenes musulmanes ceutíes sin una gorda, pero, según ellos, la policía española se lo ha impedido. «Esto es solo para marroquíes», cuenta Nabil, veinteañero, que le dijeron cuando intentó meterse en la cola de porteadores.

Recorrer esas fronteras en hora punta es asistir a un espectáculo chocante y desolador, indigno de un país europeo y también de Marruecos. Ni siquiera el día de la primera visita del recién proclamado rey Felipe VI a Rabat, el 15 de julio de 2014, hubo orden en los accesos a Ceuta. La avalancha de porteadores fue tal que 28 policías nacionales resultaron heridos y el paso del Tarajal cerró durante cinco horas. En otras ocasiones, la última vez en 2009 en Ceuta, murieron porteadoras asfixiadas o pateadas por la multitud. Incluso para aquellos que no transportan mercancías, cruzar las fronteras del Tarajal y de Beni Enzar, las más transitadas de África, es con frecuencia un auténtico viacrucis. Guardo aún los whatsapps que me mandó el pequeño empresario ceutí Abdelmalik Mohamed Amar cuando regresaba a su ciudad desde Marruecos un domingo por la noche de finales del invierno de 2014: «La situación en estos momentos es dramática. Hay colas para volver que llegan hasta la entrada de Castillejos [la localidad marroquí más cercana a Ceuta]; eso significa 7 kilómetros de fila de tres carriles. Hemos alcanzado un acuerdo con los hoteles de Castillejos para que apliquen un 25 por ciento de descuento a los ceutíes que se vean obligados a permanecer en la ciudad».

Enojada por la ineficacia de las autoridades, la Comisión Islámica de Melilla ha intentado resolver el problema fronterizo por su cuenta. Ha escrito al director general de Aduanas marroquí, al gobernador de Nador y hasta al rey Mohamed VI, pero sus gestiones no han servido de nada, según reconocía su portavoz, Mohamed Tieb, en la prensa local.

Decenas de veces los diarios de Ceuta y de Melilla han titulado algo así como «Delegación del Gobierno y Marruecos llegan a un acuerdo para normalizar la frontera». Puede que este acuerdo se alcanzara, pero si lo hizo no sirvió de nada. No hay voluntad política, por parte de Marruecos, de normalizar los pasos fronterizos. Rabat se queja, y con razón, de que Argel rehúsa abrir la frontera común cerrada desde 1994, pero se resiste, en cambio, a que la fluidez sea la norma en su única frontera con su país europeo. Por eso, pocos días después, los mismos medios anunciaban de nuevo en portada: «Jornada caótica en el Tarajal». Durante esas jornadas anárquicas —durante los primeros días de las rebajas de enero de 2016 incluso se prohibió el tránsito de porteadores— la congestión fronteriza repercute en buena parte de la ciudad con atascos, los taxistas parados y las tiendas semivacías porque los clientes marroquíes renuncian a entrar en Ceuta. Rafael Montero Ávalos, presidente de la Confederación de Empresarios ceutíes, asegura que entre un 40 y un 45 por ciento de la facturación de los comercios del centro, los de ropa y de artículos de lujo, depende de los turistas llegados de Marruecos, a veces desde Casablanca y Marrakech. Son ya más numerosos que los que desembarcan de la Península. Cuando la frontera se normaliza, esas tiendas y las cafeterías más céntricas hacen su agosto gracias a esa clase media-alta marroquí que al comprar en Ceuta experimenta sensaciones parecidas a las de los españoles que viajaban en los años setenta a Biarritz o Perpiñán.

Pero algún día Mango, Sfera y otras marcas abrirán negocios en los aledaños de Ceuta y el marroquí ya no cruzará para consumir en la ciudad. Para fomentar esas compras, la Asamblea de Ceuta pidió al Gobierno central en 2009 que todos los marroquíes, y no solo los que residen en la vecina provincia de Tetuán, pudieran entrar en la ciudad sin visado o que se les expidiese el documento en la misma frontera. En verano las costas de Tetuán y de Tánger están atestadas de veraneantes marroquíes deseosos de hacer excursiones al enclave español. El «pase de favor» estuvo en vigor al final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, pero el ministro del Interior, Fernández Díaz, lo suprimió sin dar motivos.

«Ceuta y Melilla: 2012 fecha de caducidad» es el título de una tribuna que publiqué en El País en julio 2008. Vaticinaba que el desarrollo del norte de Marruecos y, sobre todo, su desarme arancelario con la UE acabarían con el contrabando en unos pocos años. Algunos buenos conocedores de Ceuta y Melilla me dieron entonces la razón. Ha sucedido más bien lo contrario. El «comercio atípico» alcanza ahora nuevas cotas, a juzgar por el número creciente de porteadores y por la constante congestión fronteriza. «El contrabando fronterizo se dispara», titulé otro artículo cinco años después de aquella tribuna desencaminada.

Las restricciones puestas por Argelia al contrabando con Marruecos, el levantamiento de muros y el cavado de fosas en esa frontera argelino-marroquí explican en parte que los que allí trapicheaban se hayan trasladado al entorno de las ciudades autónomas. Pero esta aclaración no basta. «Sospechas de que los bultos de ropa china sirven para blanquear capitales», titulaba, en noviembre de 2015, el diario El Faro esbozando otra hipótesis. Con las cantidades pagadas a los porteadores, a los empresarios marroquíes no les salía a cuenta importar ropa china, a menos que no fuera para blanquear, según el diario. Funcionarios de la Agencia del Norte, que fomenta el desarrollo en esa región marroquí, con los que charlé informalmente hace años hicieron esa misma suposición, pero sin aportar datos fehacientes.

Otro misterio nunca del todo aclarado es la elevada cuantía de los depósitos bancarios por sucursal en Ceuta y Melilla, los más altos de España junto con el País Vasco, justo por debajo de Madrid. La explicación más corriente es que los funcionarios allí destinados cobran mucho y ahorran también mucho. En su informe de 2014, el Real Instituto Elcano no la toma muy en serio y formula otras sospechas: «El comercio tradicional —en ambas ciudades hay unos 50 transitarios— o las transacciones de divisas de los cambistas marroquíes [el dírham solo es convertible en euros en ambas ciudades] podrían explicar el volumen de los depósitos, pero estos también podrían proceder de otras fuentes, lo que obligaría a reforzar la vigilancia sobre los responsables bancarios y aduaneros» españoles. Alude así al dinero que genera el tráfico del cannabis, del que Marruecos sigue siendo el mayor exportador del mundo. A finales de 2005 la policía española desmanteló una red, con sede en Melilla y ramificaciones en Ceuta y Málaga, que en pocos meses había blanqueado 350 millones de euros. Otro flujo que, a ojos del think-tank español, merece ser examinado de cerca es el del «oro que llega a Ceuta y Melilla desde toda África», porque puede encubrir transacciones ilícitas.

Las propias fuerzas de seguridad marroquíes están interesadas en que el negocio se mantenga porque cobran pequeños bakshishs a los porteadores en función del tamaño de su bulto y de la mercancía que contiene. «Nuestros colegas marroquíes nunca se cogen vacaciones porque pierden ingresos», comenta divertido un policía español destinado en la frontera. El semanario Al Ayam de Casablanca calculó, en 2002, que el conjunto de los funcionarios marroquíes destinados en las dos fronteras terrestres se embolsaba al año unos 90 millones de euros gracias al contrabando. Abdelilah Issou, un teniente del Ejército marroquí exiliado en España, pero que estuvo destinado en el norte de Marruecos, aseguraba que los puestos allí se subastaban —era nombrado quien más dinero ofrecía a sus superiores jerárquicos— y que para conseguirlos algunos aspirantes se endeudaban pidiendo créditos.

Fouad Ali el Himma acompañaba hace años a Mohamed VI en sus días se asueto, en Rincón, muy cerca de Ceuta. Entonces era ministro adjunto del Interior y ahora es consejero real y el auténtico número dos de la monarquía alauí gracias a su amistad con el monarca, que trabó en los pupitres del Colegio Real de Rabat. En la noche del sábado 4 de agosto de 2007 decidió comprobar por sí mismo la corrupción fronteriza. Pese a la hora tardía, El Tarajal seguía sumido en el caos. Muchos tetuaníes regresaban a casa tras divertirse en las fiestas patronales de la Virgen de África en Ceuta y además un ferri cargado de inmigrantes con prisas por entrar en Marruecos había atracado poco antes en la ciudad autónoma. Vestido con una camisa roja granate y un pantalón vaquero, El Himma caminó decidido, sin que nadie le parara, hasta el último control policial marroquí. Se acercó al agente y le contó que un amigo suyo llegaba ahora de Ceuta, que no tenía toda la documentación en regla, pero le dejó caer que quizá podían llegar a un acuerdo para dejarle pasar. «Sí, claro», le contestó el policía sin titubear.

Himma recorrió después con la mirada el enorme atasco pasada la medianoche en parte provocado porque los policías marroquíes sellaban con cuentagotas los pasaportes de sus compatriotas inmigrantes. Decidió identificarse ante sus subordinados y se puso a vociferar para que despacharan con diligencia a todos los viajeros. El relato de su inspección fronteriza me lo hizo el propio El Himma en Rabat al final del verano de ese año. No me contó, sin embargo, la última escena que sí narró un tetuaní atrapado en la cola fronteriza. El ministro adjunto agarró su móvil e, indignado, le dijo a su interlocutor en voz alta: «¡Esto es un burdel! ¡Esto es un gran burdel!». ¿Informó a su amigo el rey de lo que estaba observando? Casi una década después la frontera sigue igual. No hay voluntad política de arreglarla, de hacer que se parezca no a las actuales fronteras españolas con sus vecinos europeos, pero al menos a aquellas que había en tiempos de la dictadura de Franco, cuando España estaba aún a las puertas de Europa.

Los subsidios del Estado algún día sufrirán recortes y el contrabando tampoco será eterno. Hasta ahora Rabat no lo ha cortado porque decenas de miles de personas viven, directa o indirectamente, de él. Suprimirlo tendría un alto coste social. Esos flujos alegales resultan, sin embargo, caros a la Hacienda marroquí, que ingresa menos impuestos indirectos y aranceles. Por eso, cuando el norte de Marruecos esté más desarrollado y ofrezca más oportunidades de trabajo, el «comercio atípico» se acabará, por mucho que policías y aduaneros marroquíes saquen tajada de él. Una crisis bilateral de gran envergadura también podría incitar a Rabat a tomar represalias cortándolo, para arruinar la economía de las dos ciudades.

La viabilidad económica de Ceuta y Melilla pasa obligatoriamente por su inserción en el tejido económico de Marruecos, por desarrollar con su entorno una relación económica sana y no parasitaria y frágil como la actual. Para ello es necesario que se circule con agilidad por las fronteras terrestres y que se pueda exportar a través de ellas bienes y servicios al vecino marroquí. Ceuta carece de aduana comercial con Marruecos porque así se quiso cuando en 1956 España puso fin a su Protectorado en el norte del país. A ojos de Rabat las toneladas de mercancías que entran en su territorio a través de Ceuta son contrabando. Las autoridades marroquíes son tan rígidas que en el otoño de 2006 se negaron a aceptar una donación del Ministerio del Interior español de 72 todoterrenos para sus fuerzas de seguridad a través del paso del Tarajal. Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior, se plegó a las demandas marroquíes. Dio la orden de que los vehículos fueran reembarcados en el puerto ceutí y trasladados por mar hasta Tánger. Melilla sí cuenta con una aduana comercial porque en 1956 era el único puerto de su zona geográfica y Rabat lo necesitaba para poder exportar los minerales del Rif. El volumen del contrabando supera no obstante con creces en esa frontera melillense al de las exportaciones legales.

El rechazo de las autoridades marroquíes a que Ceuta sea una frontera comercial es de índole político; podría mermar su reivindicación territorial. El camino para convencerlas de que cambien de actitud y faciliten una relación saludable y robusta entre esas ciudades y su hinterland pasa por que las fronteras de Ceuta y Melilla no sean solo españolas, sino que se conviertan en fronteras exteriores de la UE. Eso requiere que entren a formar parte de la Unión Aduanera, de la que, junto con Canarias, quisieron quedarse al margen en 1986 para conservar sus privilegios fiscales. El archipiélago rectificó en 1991. La Unión Aduanera es un área de libre comercio cuyos miembros unifican su política comercial y establecen una tarifa exterior común. Ingresar en la Unión Aduanera tendría además, en el caso de estas dos ciudades, una dimensión política de cara a Marruecos. «Sería un impulso al estatuto actual de la ciudad como territorio comunitario», recalcaba un informe encargado en 2007 por la Cámara de Comercio ceutí a un grupo de economistas capitaneado por el catedrático murciano Joaquín Aranda.

Marruecos es, entre los países de la orilla sur del Mediterráneo, el más mimado por la UE, el que recibe más ayudas, el que mantiene la relación política más estrecha. Si el Tarajal ceutí acaba siendo una frontera exterior europea difícilmente las autoridades marroquíes se podrán negar a que no sirva para exportar e importar legalmente.

El Partido Popular ya llevaba en su programa electoral de las europeas de mayo de 2009 la incorporación de ambas ciudades a la Unión Aduanera. A finales de ese mismo año la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por Gaspar Llamazares instando al Gobierno de Rodríguez Zapatero a negociar con Rabat la apertura de una aduana comercial en la frontera de Ceuta. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, alabó la iniciativa parlamentaria. Dos años después, en diciembre de 2011, el pleno de la Asamblea de Ceuta aprobó también por unanimidad solicitar al Gobierno central que tramitara en Bruselas el ingreso en la Unión Aduanera. En Melilla el presidente Imbroda no fue tan contundente, pero sí dejó claro que «más tarde o más temprano» también su ciudad debería incorporarse a esa zona de libre comercio.

Francisco Sosa Wagner, que perteneció a Unión Progreso y Democracia (UPyD), fue el eurodiputado que más interés mostró por el futuro de Ceuta. Preguntó una y otra vez a la Comisión Europea si el Gobierno de Mariano Rajoy había empezado a solicitar el cambio de estatus para la ciudad y, en mayo de 2013, obtuvo una respuesta negativa. Seis meses después el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, efectuó una visita a Ceuta y quedó definitivamente claro que el Ejecutivo no iba a tramitar la petición ceutí. A las preguntas de la prensa contestó que pedir el ingreso requería «una reflexión previa» —varios estudios económicos aconsejaban hacerlo—, que la solicitud debía presentarse en Bruselas «con mucha potencia interna» —todas las fuerzas políticas la habían apoyado— y dudó de que fuese «el momento procesal» oportuno para hacerlo. El presidente ceutí fue aún más nítido. Anunció el 26 de noviembre de 2013 la paralización de la solicitud de la Asamblea «ya que hay que saber elegir el momento en el que se plantea formalmente a las instancias comunitarias».

La oposición socialista a Vivas no rechistó. El líder musulmán Mohamed Ali Lemague fue el único que levantó la voz: «La claudicación del PP solo conduce al paro masivo, al empobrecimiento galopante, y acrecienta la incertidumbre sobre el futuro, ya que nunca es el momento para Ceuta, mientras que la economía se desangra y los parados y las familias sufren situaciones de necesidad extrema». «La no pertenencia a la Unión Aduanera es un anacronismo de difícil justificación, sobre todo cuando su consecuencia es una economía basada en flujos irregulares», asegura el Real Instituto Elcano.

El think-tank español no se pregunta por qué perdura esta situación incongruente. Hay otras muchas situaciones concernientes a Ceuta y Melilla sobre las que no se pregunta, y si se hiciera, como ya hizo UPyD, se obtendrían respuestas confusas o engañosas. La exlíder de ese partido, Rosa Díez, inquirió en el Congreso a Rajoy, en abril de 2014, por qué la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores (Frontex) no se ha desplegado nunca en la verja de las dos ciudades cuando la presión migratoria era intensa. «Desconozco por qué no hemos solicitado la ayuda de Frontex, pero si eso es así, lo haremos a la mayor celeridad posible porque es un tema de puro sentido común», contestó el presidente. Veinte meses después acabó la legislatura y su Gobierno no había formulado tal solicitud.

Estos miramientos, junto con las cautelas a la hora de pedir a Rabat explicaciones por la muerte de los dos jóvenes melillenses, solo obedecen en el fondo a una razón: no crear tensiones con Marruecos. Mohamed Ali Lemague sostiene que la paralización de un estatuto de autonomía mejorado para Ceuta se debe a ese mismo motivo. Desde 2004 los sucesivos gobiernos españoles —socialistas o populares— tienen pánico a una crisis con Marruecos, y eso que España no salió mal librada del enfrentamiento en Perejil. Para evitarla renuncian a ejercer plenamente su soberanía en esa treintena de kilómetros cuadrados que poseen en la costa norteafricana. Durante todo el 2014 observaron preocupados cómo Rabat cortó la cooperación judicial y policial, incluida la antiterrorista, con Francia porque en febrero de ese año la policía francesa intentó en vano llevar ante un juez instructor a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la DGST, la policía secreta marroquí. En Moncloa y en el Ministerio del Interior recuerdan también horrorizados cómo en apenas 24 horas, entre el 11 y el 12 de agosto de 2014, 1.429 inmigrantes a bordo de 113 embarcaciones, muchas de ellas de juguete, desembarcaron en las costas gaditanas. Era la represalia marroquí por la interceptación en aguas de Ceuta por la Guardia Civil, cuatro días antes, de la lancha en la que navegaba Mohamed VI. ¿Cuántos inmigrantes irregulares habrían llegado si la afrenta hubiese sido mayor?

España prefiere ver cómo las economías de Melilla y, sobre todo, de Ceuta se van poco a poco a pique antes que buscar el apoyo de la UE para tratar de pactar con Marruecos un esquema económico diferente que pueda salvarlas del naufragio. Las ciudades estarán algún día en manos de la mayoría musulmana, pero para entonces puede que ya se encuentren arruinadas.

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HALAL, LA OPORTUNIDAD PERDIDA

El aire está impregnado de un olor a ibérico de bellota. En Cumbres Mayores (2.000 habitantes) hubo antaño 24 mataderos y 37 industrias cárnicas, y aunque hoy en día son muchas menos, sigue siendo un famoso pueblo jamonero del norte de la provincia de Huelva.

Faysal Mrad Dali (1953, Monastir, Túnez) es el único musulmán del pueblo. Sonríe al bajar la empinada calle de los Abades mientras narra su vida. El aroma a jamón, un producto haram (pecaminoso) para los musulmanes —como todos los derivados del cerdo—, no le incomoda. Hace tres años compró en la sierra onubense de Aracena un secadero natural para curar jamones, pero no de puerco, sino de cordero.

Aunque todavía es un negocio artesanal, su empresa, Balkis Gourmet, ya exporta jamones, panceta, salchichón, morcón, lomo y fuet de cordero, y también un chorizo de cabra. Todos de calidad. El empresario musulmán rechaza los animales alimentados industrialmente y criados en estrechos cubículos y se preocupa de que sean sacrificados según el rito islámico en el matadero de Coviher en Los Corrales (Sevilla). A la carne solo se le añade añade sal y especias naturales. Estos productos se venden después a restaurantes, tiendas gourmet y a algunos clientes en el Golfo Pérsico. El jamón de tres kilos cuesta unos 100 euros. En el verano de 2015, Dali inauguró una tienda gourmet en Molenbeek, un barrio de inmigrantes musulmanes en Bruselas, y estudia abrir otra en Londres. «Al principio detectaba cierta resistencia psicológica entre los musulmanes a comer un producto que tiene la apariencia del jamón de cerdo, pero la vencen rápidamente», comenta. Ahora no le faltan propuestas de musulmanes entusiasmados que quieren invertir o incluso adquirir su pequeño negocio.

Dali, que no ha probado el ibérico, sostiene que su jamón se parece mucho al de cerdo «aunque su sabor es más intenso y tiene menos grasa». «Es más fuerte», le dije tras probarlo. Nico Jiménez, cuatro veces récord Guinness de cortador de jamón, opinaba en la prensa extremeña que este producto es «agradable, fino y con un sabor duradero cuyo gusto se queda en la boca durante casi una hora», pero también «diferente», como lo es «un cochinillo al horno de un cabrito».

«Al principio me tomaban por algo loco y se reían de mí», reconoce Dali cuando recuerda su llegada al pueblo. «¡Cómo me miraban cuando puse mi tenderete en la feria local del jamón!», añade. «Pero ahora soy uno más», precisa alrededor de un cuscús tunecino en el comedor de su casa en el corazón de Cumbres Mayores. «Además, ha mejorado mucho mi conocimiento del español», afirma satisfecho.

La idea de instalarse en Andalucía para hacer jamón empezó a rondarle por la cabeza a principios de la década pasada, cuando viajó con su mujer, Annick Laure, hispano-belga criada en Bruselas, a Granada. Para contraer matrimonio, ella se convirtió al islam. Sin embargo, confesó a su marido, en su nueva vida echaba de menos el jamón de España. «Empecé a darle vueltas a cómo podría conseguir que los musulmanes pudieran disfrutar de esos sabores sin tener que comer cerdo» —algo que prohíbe el Corán—, explica el empresario. Dali, que es veterinario y ejercía en Bélgica, empezó entonces a experimentar secando jamones de cordero en el sótano de su casa. Unos años después, se decidió a dar el salto e invirtió sus ahorros en su proyecto español. «Es duro porque ha supuesto alejarme de la familia y vivir solo aquí», lamenta.

El negoció arrancó primero en la Alpujarra granadina, pero cuando a su dueño le ofrecieron comprar un secadero en el epicentro de la zona donde se produce el pata negra, el jamón más famoso de España, aceptó de inmediato. «Para mí, como musulmán, esto es un sueño», asegura. «Lo es porque pongo al alcance de mis correligionarios un producto de calidad; lo es porque vivo en una región en la que antaño musulmanes, judíos y cristianos trabajaron y convivieron juntos», recalca.

Dali es un hombre piadoso y con una sólida formación religiosa. Basta con echar un vistazo a los libros de sus estanterías traídos de Bruselas y comprobar la pasión con la que explica su religión. Se considera afín al sufismo, una interpretación mística y ascética del islam. Cuando las últimas bolitas de sémola de trigo del cuscús se han derretido en la boca, el veterinario belgo-tunecino acaba confesando: «El jamón de cordero es un pretexto; este proyecto tiene para mí una dimensión espiritual». «Busco a Dios a través de las exquisiteces que pone a nuestro alcance». «Busco reencontrarme con esa tierra de tolerancia y de paz que fue, durante un tiempo, la civilización musulmana de Occidente», prosigue, y luego concluye: «Ya sé que no era un mundo perfecto, pero comparado con lo que existía alrededor en Europa era infinitamente mejor».

En busca de al-Ándalus

Lo que busca es al-Ándalus, el paraíso perdido de muchos musulmanes que, más de cinco siglos después de su expulsión de la península Ibérica, siguen soñando con él. Lo añoran los moderados como el príncipe Turki al-Faisal, hijo pequeño del rey Faisal y exjefe del servicio secreto de Arabia Saudí antes de ser nombrado embajador en Estados Unidos y en el Reino Unido. «Tengo pasión por al-Ándalus, ya que enriqueció no solo a los musulmanes sino a la humanidad, y fomentó la mutua comprensión entre los seres humanos», declaraba, en abril de 2015, al Huffington Post. «Al-Ándalus contribuyó al bienestar de la sociedad, a la armonía social. Eso es lo que falta hoy en día». Para el príncipe, la España musulmana «fue exactamente lo contrario de lo que era entonces Europa; una tierra oscura, salvaje, intolerante y de odio».

Otro saudí, mucho menos moderado, compartía esa pasión por al-Ándalus. Cuando los Navy Seal, las fuerzas de élite estadounidenses, asaltaron, en mayo de 2011, el refugio de Osama bin Laden en Abbottabad (Pakistán), descubrieron entre sus 39 libros uno de los ensayos de referencia sobre la España musulmana, Christianity and Islam in Spain (Cristianismo e islam en España), de Charles Reginald Haines. La obra debía de gustar a Bin Laden porque se centra en el periodo de mayor esplendor, el que transcurrió entre el año 756, cuando Córdoba rompe amarras con Bagdad y se convierte en un califato independiente, hasta 1031, momento en el que surgen los reinos de taifas que acabaron con él. El autor describe, sin embargo, un islam que poco tenía que ver con el que practicaba el terrorista que planeó la voladura de las Torres Gemelas en 2011. «No solo se autorizaba a los cristianos a practicar su religión, sino que incluso […] se les alentaba a hacerlo», escribió Haines. «Almanzor, el campeón del islam, permitía a sus siervos cristianos descansar en domingo». «En cada reinado, los cristianos desempeñaban altos cargos en la corte y en todo el territorio, y no solo los cristianos, sino hombres como Sansón y Leovigildo, conocidos por simpatizar con el partido de los fanáticos, fueron empleados por el monarca para escribir cartas y negociar con reyes vecinos».

En una misiva enviada en 1994 a un jeque saudí, Bin Laden hablaba ya de «las tierras islámicas robadas desde Palestina a al-Ándalus». Lo mencionó de nuevo el 7 de octubre de 2001 en un vídeo en el que reivindicaba los atentados del 11-S: «Que el mundo sepa que no permitiremos que la tragedia de al-Ándalus vuelva a repetirse en Palestina». La «tragedia» a la que se refería era, obviamente, la expulsión de los musulmanes de la península Ibérica. Su sucesor al frente de Al Qaeda, el egipcio Ayman el Zawahiri, muestra también en sus arengas y escritos la misma añoranza por esa larga etapa del islam. Por esa misma razón, cuando la rama de Al Qaeda en el Magreb creó una productora de vídeos propagandísticos la bautizó con el nombre de al-Ándalus.

El autodenominado Estado Islámico ha retomado el mismo discurso, pero con más agresividad. En un vídeo rodado en Raqqah, su capital, difundido en mayo de 2015 anunciaba, por ejemplo, su intención de reconquistar al-Ándalus. En los nueve primeros meses de 2015 el profesor Manuel R. Torres, de la Universidad Pablo de Olavide, experto en ciberterrorismo, detectó 22 referencias a España en la propaganda yihadista, muchas de ellas relacionadas con al-Ándalus. Desde mediados de 2014 han circulado además por las redes sociales numerosas fotos de edificios emblemáticos de la era musulmana, como la Alhambra de Granada o el palacio de la Aljafería de Zaragoza, adornados con la bandera negra de ese poderoso grupo yihadista.

No solo los terroristas aspiran a recuperar al-Ándalus. Aunque no son muy numerosos también hay intelectuales que formulan con muchos matices esa reivindicación. Jamal Ben Ammar Al-Ahmar, profesor de la Universidad Ferhat Abbas en Setif (Argelia), es uno de ellos. No pide que en España gobiernen los musulmanes, pero sí escribió en 2008 una carta al rey Juan Carlos solicitándole que impulse «una completa investigación jurídica e histórica de los crímenes» perpetrados al acabar la Reconquista y, más de un siglo después, con la expulsión de los moriscos, es decir, de aquellos cientos de miles de musulmanes forzados a bautizarse tras la toma de Granada por los Reyes Católicos. Pedía además al monarca que se les permita «regresar a sus hogares andaluces, garantizándoles la concesión de la ciudadanía» española, y que se les devuelvan «las propiedades perdidas». De nuevo aflora en su reivindicación una comparación con los palestinos expulsados por Israel en 1948.

Los historiadores discrepan sobre si al-Ándalus, que llegó a abarcar casi toda la península Ibérica y hasta una porción de Francia, fue aquel paraíso perdido que describen los musulmanes. Cada vez que tiene ocasión, Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, asegura que se ha dado una visión distorsionada porque «no hubo convivencia», sino «un régimen de apartheid» instaurado por los musulmanes y más o menos acentuado según las épocas.

En el polo opuesto se sitúa José Luis Corral Lafuente, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, quien sostuvo en el diario madrileño ABC que, «con la llegada de los musulmanes, y entre los siglos VIII y XI, existió un importante grado de convivencia, siempre bajo dominio político musulmán, por supuesto, entre judíos, musulmanes y cristianos». «No se quemaron iglesias ni sinagogas, incluso se construyeron algunas, judíos y cristianos pudieron practicar libremente su religión y vivir según sus costumbres; y en la Córdoba califal, en el siglo X, o en algunos reinos de taifas en el siglo XI, actuaron como consejeros y visires —ministros de hoy— notabilísimos personajes cristianos y judíos», añade. «Sin salir de la ciudad de Córdoba, el obispo cristiano formaba parte del núcleo íntimo de consejeros del califa, y muchos judíos fueron visires de algunas de esas cortes». «Lo que hoy es España, o buena parte de ella, fue en otro tiempo al-Ándalus, un espacio político bajo dominio islámico en el cual la cultura, las artes, las ciencias y la filosofía brillaron como en ningún otro lugar de Europa». «Es cierto que a partir de finales del siglo XI las cosas comenzaron a cambiar» con la llegada a al-Ándalus de grupos radicales islamistas, admite el catedrático.

La idea que aflora en numerosas obras de historia es que, como escribe el medievalista australiano Tim O’Neill, hubo «una breve ventana de tolerancia de aproximadamente un siglo de duración que desembocó en varios otros siglos de fragmentación y guerra civil […]». Aquello «era mucho mejor que lo que ocurría en el resto de Europa», repite en sus conferencias Karen Armstrong, gran estudiosa británica de las religiones. Hasta el presidente estadounidense, Barack Obama, evocó la «tradición de tolerancia» de Córdoba en su famoso discurso a los musulmanes pronunciado en El Cairo en 2009. La tolerancia, tal y como se practicaba en la Edad Media, no puede ser juzgada con criterios del siglo XXI. De lo que los historiadores no dudan es que en el siglo X Córdoba era la ciudad más grandiosa de toda Europa y probablemente del mundo. Para muestra basta con recordar que la biblioteca del Califa tenía 400.000 manuscritos.

Pese al desenlace que tuvo aquel esplendor, a ojos de una mayoría de musulmanes «al-Ándalus es un mito, el de una gran civilización, alternativa a Occidente, y dominada por musulmanes», explica Mohamed Tozy, el politólogo marroquí que más libros ha publicado en Europa. No todos tienen aquella época histórica tan idealizada. Kamel Daoud, un intelectual argelino amenazado de muerte en 2014 por un radical islamista, escribió en su columna del diario Le Quotidien d’Oran que el resurgir de «la reivindicación de al-Ándalus es más que un problema de percepción o de alucinación ideológica; es el reconocimiento de que hemos terminado por fabricar una generación que, sin presente y sin futuro, delira sobre su propio pasado».

El ansiado certificado halal

España no ha sabido sacar todo el partido de la nostalgia de esa Edad de Oro del islam. La podía haber rentabilizado lanzándose hace años a la conquista del mundo halal. Y, sin embargo, tiene buenas bazas para ello. El halal es todo aquello que es lícito para los musulmanes, en oposición al haram, lo que está prohibido o es pecaminoso. El verbo «jalar» en español, que tiende a caer en desuso, viene del árabe halal. Originalmente, a los musulmanes les estaba vedado comer, por ser haram, la carne de cerdo, de jabalí, la de cualquier animal hallado muerto, los animales carroñeros, las aves con garras y la sangre. A medida que la preparación y conservación de los alimentos se han ido sofisticando se han añadido a la lista de productos haram conservantes, colorantes y aromas elaborados a partir de los ingredientes vedados. «Excepto la lechuga y el plátano, que no requieren título de pureza islámica, hoy en día se certifican casi todos los alimentos, desde galletas hasta helados, pasando por el arroz, allí donde ha sido manipulado genéticamente», señala Isabel Romero, directora del Instituto Halal de Córdoba, fundado en 1998 aunque no arrancó hasta 2003. Antes había imanes que, sin medios para inspeccionar, «bendecían» los artículos que consideraban halal. Las bebidas alcohólicas siempre han estado prohibidas en el islam, así como la usura, las apuestas en el juego y, por supuesto, la pornografía.

El Corán no explica por qué los musulmanes no han de comer, por ejemplo, cerdo. Hoy en día se sospecha que la prohibición obedecía más a motivos de salud que religiosos. La carne de cerdo se estropea rápidamente si hace calor. Frita, a la parrilla o cocida se cree que el cerdo precisa ser cocinado durante largo tiempo para erradicar sus bacterias patógenas —más abundantes que en otras carnes— susceptibles de causar enfermedades infecciosas. En la península Arábiga de principios del siglo VII disponer de madera u otro combustible para mantener esa larga cocción no debía de ser fácil.

De la alimentación y las finanzas, el concepto halal ha acabado abarcando otros sectores como la farmacia, la higiene, la cosmética, la perfumería, la moda y hasta el turismo. Se trata, por ejemplo, de asegurarse de que en las cremas de belleza no se introduzca ningún aditivo como la placenta de cerdo. La ropa y la marroquinería, los forros, los bolsos, los cinturones o los guantes no pueden incluir tampoco ningún elemento que provenga de ese animal «impuro». El Corán no dice que un musulmán no deba llevar complementos de piel de cerdo, pero en la práctica hoy en día es haram.

En cuanto a la indumentaria, no se concibe que una blusa escotada pueda obtener el visto bueno. «Yo antes me ponía minifaldas; ya no», explicaba la diseñadora conversa Cintia Robles tras participar, en marzo de 2015, en el primer desfile de moda islámica en la Casa Árabe de Madrid. Sus modelos están pensados, señaló, «para mujeres practicantes que sienten esa necesidad de no enseñar su cuerpo», pero que rehúsan ponerse esas tristes prendas tan frecuentes en el Golfo. La empresa textil Mango ofrece ahora la versión industrial de esa ropa pudibunda y tradicional. «La invitada perfecta» es el nombre de la colección que puso a la venta esta marca, en vísperas del Ramadán de 2015, en sus tiendas de seis países musulmanes. En lugar de caftanes o chilabas, con los que visten las mujeres en las casas durante ese mes de ayuno, Mango proponía unos diseños innovadores, aunque igual de recatados que los tradicionales.

A diferencia de la Iglesia católica, en la que las normas de vigilia y abstinencia se han suavizado tras la celebración del Concilio Vaticano II en 1964, en el islam se han ido ampliando. Es un síntoma más de hasta qué punto el sentir mayoritario de muchas sociedades musulmanas camina en dirección opuesta al de las europeas, cada día menos impregnadas de religiosidad.

De ampliación en ampliación, el halal llegó al turismo. Consiste, por ejemplo, en visitar ciudades en las que el musulmán pueda vivir en sintonía con su fe. Deberá, por tanto, tener a su alcance restaurantes en los que le sirvan comida lícita y hoteles en los que pueda cumplir fácilmente con sus obligaciones religiosas. El halal no solo se extiende a más sectores, sino que también se intensifica. Los controles alimentarios son cada vez más estrictos porque la tecnología así lo permite.

El Instituto Halal de Córdoba, la principal instancia certificadora en España de la conformidad a su credo de los productos para musulmanes, tuvo a principios de 2015 un grave problema con los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los laboratorios con los que trabaja esta institución detectan a partir de un 0,05 por ciento de cualquier substancia no halal, sobre todo derivados del cerdo, en los productos que van a ser exportados. Por debajo de ese porcentaje les expiden el certificado. Gracias a la nanotecnología, la autoridad emiratí de control (Emirates Standardization and Metrology Authority) afina ahora mucho más, hasta el 0,01 por ciento. «Un lote de productos superaba ese porcentaje y por eso en Emiratos nos han retirado la acreditación como certificadora», se lamenta Isabel Romero, la directora del instituto cordobés. Desde los EAU han buscado una curiosa solución de recambio, la malagueña Halal Consulting, un organismo pequeño que no goza del reconocimiento de la Comisión Islámica de España y apenas cuenta con medios. Esta obsesión por la pureza ha llevado a la Universidad de Selangor, en Malasia, a poner a punto un test, que debería comercializarse a principios de 2016, con una precisión aun mayor (0,001 por ciento). Al laboratorio universitario se le han adelantado dos jóvenes empresarios franceses, Jean-François Julien y Abderrahman Chaoui, que, a finales de 2014, pusieron a la venta el Halal Test. Funciona como una prueba casera de embarazo. Consiste en una pequeña tira en la que aparecen dos rayas cuando el reactivo entra en contacto con derivados del cerdo.

Los mataderos españoles que quieran ser etiquetados como halal están desde 2014 obligados a disponer de dos líneas de sacrificio y de salas de despiece separadas para no mezclar a los animales «impuros» con los demás. Es una inversión cara «que ronda el medio millón de euros», según Isabel Romero. Aun así, a veces la carne halal queda «manchada» por un descuido humano, por ejemplo el del operario que en su tiempo de descanso se come un bocadillo de lomo o de chorizo y se olvida de lavarse las manos antes de reanudar el trabajo. De ahí que se empiece también a prohibir que los operarios trabajen indistintamente en una u otra línea. Una delegación de JAKIM, el organismo malasio de inspección, rizó el rizo hasta extremos insospechados durante una visita a un matadero español. Hicieron constar enojados que en el área de reposo los cerdos veían de lejos a las vacas y se producía así «una contaminación visual», recuerda la directora del Instituto Halal. Este rigorismo exacerbado es, sin embargo, en ocasiones un mero pretexto para erigir barreras comerciales.

Pese a los crecientes requisitos, hay un auténtico entusiasmo por parte de muchas empresas españolas por conseguir primero su acreditación halal y después sus certificados para determinadas líneas de productos y los correspondientes lotes destinados a la exportación. Es una vía para abrir nuevos mercados y sortear la crisis. El instituto cordobés cuenta ya con cerca de 300 clientes, en un 65 por ciento industrias cárnicas, interesadas en penetrar en un mercado de cerca de 1.700 millones de consumidores que demandan cada vez más productos lícitos.

El frenesí empresarial en torno a este nicho de mercado salta a la vista. En Barcelona, en octubre de 2015, 44 empresas de perfumería y cosmética acudieron a una reunión sobre la certificación halal con ESMA, la agencia de control en los Emiratos; días antes la alcarreña Cosméticos Válquer ya anunciaba a bombo y platillo que era la primera del sector en fabricar en España productos «aptos para musulmanes». Enrique Moreno, director de la fábrica de mantecados La Estepa, expresaba también en esos días su gran satisfacción por haber conseguido el anhelado certificado «que nos permitirá exportar a los países árabes». Dulcesol, fabricante de bollería industrial, vendió tanto en Argelia a partir de 2010 que, finalmente, optó cuatro años después por abrir allí una fábrica. Por su parte, Magtel, una empresa de ingeniería andaluza, informa en la portada de su web corporativa de que ha sido la primera de su ramo en España en obtener ese sello de pureza islámica.

Conseguir ese sello requiere, a veces, invertir en investigación, pero el premio puede consistir en conquistar un gran mercado. Hasta hace poco muchas mujeres musulmanas no se pintaban las uñas por motivos religiosos. El fijador del esmalte lleva alcohol y, peor aún, es impermeable al agua. Como la uña no se mojaba al lavarse las manos la ablución previa a la oración no era válida. Una empresa de cosméticos polaca, Inglot, desarrolló recientemente un esmalte sin formaldehído —el ingrediente de la laca de uñas que lleva alcohol—, que además incluye un polímero más permeable al vapor de agua, promete el prospecto. Cuando Inglot lanzó su nueva gama de esmaltes hubo algún clérigo que denunció que la permeabilidad del cosmético era todavía insuficiente, pero aun así el producto halal se ha comercializado con éxito en el mundo musulmán.

La primera feria halal, ExpoHalal Spain 2015, se celebró en Madrid en octubre de 2015 con casetas de más de sesenta empresas que están dando sus primeros pasos en ese mercado, algunas tan conocidas como los chocolates Elgorriaga, las conservas Hero, los quesos El Caserío y, por supuesto, El Corte Inglés. Otras, como Sanitas y Spaincares, que apuestan por combinar salud y turismo, llamaban más la atención. Allí, en el recinto de la Feria de Madrid, tomó la palabra Fermín Rol, jefe de planificación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para explicar con orgullo que a lo largo de 2015 buques con 300.000 cabezas de ganado a bordo zarparían de sus muelles rumbo a países musulmanes. La exportación de cordero se concentra en vísperas del Ramadán, el mes de ayuno, y del Aid el Kebir (Fiesta del Sacrificio). España es, junto con Francia, el mayor proveedor de corderos del mundo islámico. En Córdoba, la alcaldesa socialista, Isabel Ambrosio, ha decidido seguir adelante con el descomunal proyecto aprobado por el anterior consistorio del Partido Popular: erigir un parque halal en la periferia. Ambiciona atraer en cinco años nada menos que a 1.329 empresas. La antigua capital del califato de los Omeyas se convertiría así en la capital europea del halal.

El repentino interés por el halal está dando algunos frutos. Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas certificadas halal aumentaron un 82 por ciento entre 2012 y 2014, al pasar de 11.200 toneladas a 20.500, según Tomás Guerrero, investigador del Instituto de Empresa en Madrid. El principal destino de esas ventas fue Argelia, seguido por Marruecos, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes, aunque entre los clientes del halal español también se cuentan mercados europeos como Francia y el Reino Unido, cuyas comunidades musulmanas absorbieron el 8,5 y el 4 por ciento, respectivamente, de la producción española.

Aún queda camino por recorrer. Pese al reciente entusiasmo y a la potencia de su industria agroalimentaria —la octava del mundo—, España va a la zaga. Su presencia en escasa en los dos mayores mercados halal del mundo, Indonesia y Malasia, con un total de 280 millones de habitantes. «La facturación del halal en España supone unos 600 millones de euros y, en el conjunto de Europa, alcanza los 10.000 millones», explica Isabel Romero. Es un mercado que crece a un ritmo anual del 20 por ciento, según la consultora Ambar Connect. «Constituye, por tanto, una auténtica oportunidad de negocio para las empresas españolas», insiste Romero.

El Corán en la mesilla de noche

La otra gran oportunidad, mucho menos explotada, es el turismo halal o, por lo menos, el que brinda al viajero musulmán algunas facilidades para que se sienta cómodo. España recibió en 2014 a 1,16 millones de turistas del mundo islámico, según Frontur (Instituto de Estudios Turísticos). Los argelinos son los más numerosos (220.000), seguidos por los turcos (215.000) y los marroquíes (199.000). El Global Muslim Travel Index calcula que, en realidad, son muchos más porque a la cifra de Frontur hay que añadir los indios musulmanes y todos aquellos que poseen nacionalidades de países europeos y que visitan o cruzan España camino de Marruecos. Este organismo considera que la cifra real podría alcanzar hasta 2,6 millones. En 2014, 108 millones de musulmanes hicieron turismo fuera de sus lugares de residencia y se gastaron unos 135.000 millones de euros. «La cifra es ya apabullante, pero el potencial de crecimiento es enorme», prevé el investigador Tomás Guerrero.

La porción de ese flujo que le tocó a España es relativamente modesta, sobre todo si se tiene en cuenta que, con sus casi 65 millones de visitantes en 2014, es la tercera potencia turística mundial. Ese año logró incluso desbancar a Francia del liderazgo mundial de la competitividad turística. El país que posee el mayor patrimonio islámico de Europa, y uno de los más ricos del mundo, debería estar a la cabeza del Viejo Continente en número de turistas musulmanes.

Si no lo ha conseguido es, probablemente, por dos razones. Primero, España ocupa solo el puesto 35 en el Muslim Travel Index, que valora la adaptación de la oferta turística a las necesidades del musulmán. Obviamente, una retahíla de países islámicos se sitúa por delante, pero también tres Estados europeos: Reino Unido, Francia y Bélgica. Los dos primeros acogen anualmente más turistas musulmanes que España. «Tenemos un gran desconocimiento de las demandas y especificidades de una franja importante de estos turistas», señala Isabel Romero. «No existe una oferta mínima de servicios de calidad acorde con las necesidades de los turistas musulmanes; y hablo no de gustos sino de necesidades», insistió Flora Sáez, directora de la agencia de viajes Nur y Duha, durante una conferencia en Casa Árabe.

Prueba de ello, por ejemplo, es que a finales de 2015 solo había dos hoteles halal en España, el cuatro estrellas Alanda, en Marbella, de la compañía saudí Fawaz Al Hokair, y el Tryp Meliá de Córdoba. Situado cerca de la mezquita Rey Abdelaziz, el Alanda es el más estricto; no sirve alcohol, su cocina es halal —se preocupa incluso de que no haya trazas de cerdo en los yogures del desayuno— y pone a disposición de sus clientes salas y alfombras de oración y ejemplares del Corán, así como los horarios de los rezos. En la mesilla de noche de cada habitación una flecha indica la dirección de La Meca. Cuando llega el Ramadán modifica sus horarios de comedor para ofrecer el iftar, la cena con la que se rompe el ayuno cuando cae el sol.

Para el diplomático Eduardo López Busquets, director de la Casa Árabe hasta el verano de 2015, no es necesario ser tan escrupuloso. Basta, según él, con «apostar por ser muslim friendly: hoteles y restaurantes han de mostrar una sensibilidad especial hacia sus clientes musulmanes». «Eso significa, por ejemplo, proponerles quitar el alcohol del minibar de la habitación, ofrecerles la alfombrilla y los horarios de los rezos y, en el bufé del desayuno, no colocar el jamón de cerdo al lado del jamón de pato», para evitar cualquier riesgo de contaminación. «Con detalles así, que casi no cuestan nada, se gana la confianza, se atraen turistas». «Lo que no se puede hacer es servir un salmorejo con jamón y, ante la cara de disgusto del cliente, quitárselo con una cuchara», comenta riéndose.

En España, a veces no se dan facilidades, no ya al turista musulmán, sino a ninguno de los viajeros que nos visitan. «¿A quién se le ocurre venir en lunes?» era el título de una carta de Elena Martínez-Sagrega, concejala del Partido Popular, publicada por el diario Córdoba en octubre de 2015. La concejala narraba con humor su recorrido por la ciudad andaluza, un lunes, acompañada de la directora del principal canal privado de televisión de Indonesia, que sintonizan a veces hasta 120 millones de telespectadores. «Nuestra próxima parada podría haber sido el Alcázar de los Reyes Cristianos, antes Alcázar Califal, pero estaba cerrado por decisión del Gobierno municipal» por ser lunes, se queja. «Justo enfrente pudimos haber entrado en los Baños Califales, pero también estaban cerrados por el mismo motivo», añade. «A eso de las 12.30, cuando almuerzan los orientales, tuvimos verdaderos apuros para encontrar algo abierto y además con certificación halal». Desde que una coalición PSOE-IU ha sustituido al PP al frente del ayuntamiento, el recorte del horario de apertura de los museos, que ahora cierran «las tardes de los fines de semana», es «una afrenta directa al turismo», denuncia. Córdoba recibió en 2014 casi 900.000 turistas.

La segunda razón del escaso atractivo de España a ojos del turismo musulmán de nivel es la insuficiente puesta en valor del patrimonio islámico. «No nos engañemos, la mayoría vienen aquí a hacer compras y por el fútbol, y no movidos por inquietudes culturales o religiosas», afirma Isabel Romero. Pero también cree que con un esfuerzo moderado se obtendrían grandes réditos. Carteles y placas indicativas en árabe, recitaciones nocturnas de los poetas andalusíes, un hotel cinco estrellas en Córdoba, una refinada línea de souvenirs, rutas por el legado andalusí —especialmente la ruta del Califato de Granada a Córdoba— son algunas de las múltiples iniciativas que sugiere para fomentarlo.

La mejor demostración del desinterés por ese pasado islámico es la lentitud de las excavaciones para sacar a la luz las ruinas de la ciudad de Medina Azahara (ciudad resplandeciente), erigida en el siglo X a 8 kilómetros de Córdoba por Abderramán III como símbolo de su poderío. Su historia fue corta, unos setenta años, hasta ser arrasada por tribus norteafricanas, y en ella se calcula que vivieron unas 25.000 personas. Tras más de un siglo de estudio apenas si se ha excavado una quinta parte de la superficie de ese conjunto arqueológico sin parangón, y ni siquiera esa parte ya desenterrada se puede visitar en su totalidad. Desde un punto de vista arqueológico, Medina Azahara es una joya del valor de Palmira (Siria) o Petra (Jordania), pero su potencial turístico será equiparable al de estas ciudades cuando sus muros hayan aflorado del todo y sus calles estén en condiciones de ser transitadas. Palmira y Petra fueron levantadas por civilizaciones desaparecidas, sin descendientes. No así Medina Azahara. Cuando sepan de su existencia, por ahora bastante desconocida, muchos musulmanes considerarán que merece figurar entre lo más destacado de su historia artística y religiosa. A finales de 2015 solo había dos autobuses diarios, ambos por la mañana, de Córdoba a Medina Azahara, y ninguno los lunes porque el recinto está cerrado. Ni que decir tiene que la gran mayoría de sus 172.000 visitantes en 2014 —la Alhambra recibió catorce veces más turistas (2,4 millones)— llegaron hasta allí con otros medios de transporte.

Por lo menos Medina Azahara no ha desaparecido. La mayor y mejor conservada necrópolis musulmana de España —contaba con más de tres mil sepulturas— fue arrasada en Ávila, en los primeros años de este siglo, para construir una decena de edificios, un gran supermercado y un aparcamiento. El ayuntamiento, que entonces encabezaba Agustín Díaz de Mera, la diputación y la Junta de Castilla y León desoyeron las opiniones de numerosos expertos, españoles y extranjeros, pidiendo que se conservara y se restaurara esta valiosa herencia de la comunidad mudéjar de Ávila. Un documental, Maqbara, dirigido por el periodista José Ramón Rebolleda, relata la historia de la destrucción de esta joya medieval, descubierta en 1999, a manos de los especuladores urbanísticos.

«No es razonable que países como Nueva Zelanda y Brasil hayan desarrollado campañas de promoción turística presentándose como muslim friendly y que desde España no se haya hecho nada parecido», exclama Tomás Guerrero, que investiga por cuenta del Instituto de Empresa y dirige la antena madrileña del Instituto Halal. «En el fondo de todo esto subyacen recelos hacia lo musulmán», añade. «A los que ponen pegas les digo que no se trata de convertirse al islam, sino de poner en valor un patrimonio, responder a las necesidades del turista musulmán y, en última instancia, crear empleo».

Comunidades que rezan juntas…

Sentada en su despacho acristalado de directora del Instituto Halal, a 2,5 kilómetros de la Mezquita-Catedral, Isabel Romero no menciona, por prudencia, ese monumento: el más emblemático del arte hispano-musulmán y el que podría ser precisamente el mayor atractivo turístico y religioso para esos turistas. El tema es demasiado polémico. Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica (Málaga, 1947; Almodóvar del Río, 2010), mentor durante unos años de Isabel Romero, soñaba en voz alta con «convertir a Córdoba en La Meca de Occidente». No pretendía restablecer el califato, sino que la ciudad fuese «un referente mundial de encuentro multicultural».

Hubo un momento, en las postrimerías del franquismo, en que pareció que su quimera podría hacerse realidad. «¡Después de siete siglos!» era el escueto titular que en el diario madrileño ABC acompañaba a una foto de un puñado de musulmanes, la mayoría vestidos con chilabas, rezando el viernes 13 de septiembre de 1974 la salat (oración) en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Era la primera vez que esto sucedía desde que Fernando III concedió su dominio a la Iglesia en 1236. A finales del verano de 1974 se estaba celebrando en la ciudad el I Congreso Islamo-Cristiano, con la participación de clérigos y políticos de ambas orillas del Mediterráneo, y el obispo de la diócesis de Córdoba, monseñor Cirarda Lachiondo, dio permiso a los fieles musulmanes para rezar en el templo. «Donde los cristianos rezaban habitualmente, estaba naciendo una oración al Dios común», comentó entonces entusiasmado, en su columna de ABC, el escritor José Antonio Carro Celada. «Era evidente que se podía andar juntos un mismo camino, el camino de la fe en Dios […]», añadió.

La experiencia fue tan positiva que se repitió tres años después, cuando se celebró, de nuevo en Córdoba, el II Congreso Islamo-Cristiano. Monseñor Lachiondo la narraba así en el diario La Vanguardia del 24 de marzo de 1977: «Los musulmanes, asistentes en gran número, y los congresistas cristianos nos emocionamos grandemente en dicha oración [de la salat]». «Por otra parte, su eco en todo el mundo musulmán fue extraordinario, como es bien comprensible», se alegró el prelado. «Y justo es decir que el mismo respeto y espíritu de oración que los cristianos pusimos en nuestra asistencia a la salat, pusieron los musulmanes en nuestra liturgia en la que el Evangelio fue proclamado y predicado». El sábado 14 de septiembre de 1977 el obispo celebró una misa a la que asistieron los congresistas musulmanes. «Tanto ellos como nosotros adoramos al mismo Dios […]», recordó el obispo en su conclusión.

Aquello fue solo flor de un día. No hubo más congresos ecuménicos en Córdoba. Cuarenta años después de aquella oración en la Mezquita-Catedral sus vigilantes miran ahora con recelo a los visitantes musulmanes con aspecto piadoso, a los que delata su ropa y la mancha que termina por salirles en la frente tras tocar con ella miles de veces el suelo cuando pronuncian sus oraciones. Los guardias de seguridad no les permiten rezar y a veces se lo impiden por la fuerza. Ocho musulmanes austriacos que se prosternaban en un lugar apartado del templo fueron incluso detenidos, en 2010, y acusados de desorden público por desobedecer a los guardianes. Un juzgado de lo Penal de Córdoba los absolvió tres años después. Estos ocho musulmanes al menos supieron qué se les reprochaba. Yehudi Menuhin, el más célebre violinista del mundo, nunca supo por qué, en 1989, el cabildo cardenalicio le prohibió ofrecer un concierto entre las columnas de la Mezquita. El permiso para el artista, solicitado a través de la Universidad de Córdoba, obtuvo una respuesta negativa sin que se diera ninguna explicación para ello.

Desde hace unos años, la Iglesia está empeñada en afianzar su potestad sobre un monumento emblemático que administra desde hace ya casi ocho siglos y que le proporciona pingües ingresos (8 euros por entrada a todos los que no son cordobeses). El obispado lo registró a su nombre por un puñado de euros en el Registro de la Propiedad en 2006, aprovechando una modificación de la Ley Hipotecaria, con el nombre de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Es la más famosa y polémica de las llamadas inmatriculaciones de la Iglesia española. En 2010, sus responsables modificaron toda la cartelería, borrando la palabra «mezquita» y su pasado islámico de los folletos que se reparten a los turistas. El último sobresalto se produjo en 2014, cuando el templo dejó de aparecer en Google Maps si se introducía en su buscador la palabra «mezquita». Una petición online que obtuvo más de 55.000 firmas logró que la empresa californiana de internet rectificase.

Para intentar parar los pies a la Iglesia, nació la Plataforma ciudadana Mezquita-Catedral: patrimonio de todos. Esta plataforma reivindica que el monumento sea de titularidad pública, que su gestión sea también pública y transparente —sin por ello poner en tela de juicio que su usufructuario sea la Iglesia— y que las instituciones no se refieran a ella como «catedral» a secas. «Cuando la Unesco la incluyó, en 1984, en el Patrimonio de la Humanidad la llamó la Mezquita de Córdoba», recuerda Miguel Santiago (Córdoba, 1955), portavoz de la Plataforma. «Diez años después, el pleno del ayuntamiento acordó por unanimidad llamarla Mezquita-Catedral», añade este cristiano de base que se enfrenta a una Iglesia que, en su opinión, está empeñada en «reescribir la historia para suprimir el carácter intercultural, interreligioso del templo». «Alterar el nombre, que es un reclamo turístico, es también ir en contra de los intereses Córdoba», insiste. En 2014 el templo recibió 1,56 millones de visitas.

El manifiesto que recoge las reivindicaciones de la Plataforma obtuvo 400.000 firmas, incluidas algunas tan prestigiosas como la del arquitecto Norman Foster y la del escritor Juan Goytisolo, pero no logró que los poderes públicos actuasen. Cien historiadores, medievalistas y arabistas de 36 universidades de media docena de países respaldaron a su vez a este colectivo con otro escrito, en noviembre de 2015. En él acusan a la Iglesia de «despreciar el significado del monumento» y a las autoridades españolas de «pasividad» y «desidia» en su «papel constitucional de defensor del patrimonio histórico español». Estas iniciativas han merecido generosos espacios en la prensa internacional, la del mundo musulmán y también la de Occidente, incluidos los grandes medios como The New York Times, The Economist y The Guardian, entre otros. En España han tenido escaso eco —excepto en Córdoba—, como si el asunto nos fuese ajeno.

A estos aldabonazos de la sociedad civil, el Gobierno central ha contestado lavándose las manos, mientras que la Junta de Andalucía se limitaba a titubear. En respuesta a una pregunta de Antonio Hurtado, diputado socialista por Córdoba, el Ejecutivo afirmó, en abril de 2015, que la «gestión compartida» de la Mezquita-Catedral, en la que intervengan instituciones públicas, es competencia de la Comunidad de Andalucía. «Cuestión distinta es que no se haya desarrollado o no se haya puesto en marcha» la comisión mixta entre la Junta y los obispos de Andalucía creada en 1986 a esos efectos, concluía el Gobierno.

La Junta de Andalucía da la impresión de tener dudas de que el asunto sea de su incumbencia. Para disiparlas anunció, en febrero de 2014, que había encargado a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe sobre sus competencias para reclamar la titularidad del templo. No se sabe cuánto tiempo tardaron en redactarlo, pero diecisiete meses después, en julio de 2015, la Junta anunció que el documento era confidencial y que no lo haría público. En un alarde de sinceridad, la consejera de Cultura andaluza, Rosa Aguilar (Córdoba, 1957), desveló por esas fechas la que en el fondo es su posición y la de su presidenta, Susana Díaz. «La Junta no tiene ningún interés ni voluntad de pelearse ni de confrontarse con la Iglesia», declaró a Canal Sur Radio en julio de 2015. Eso significa que seguirá de brazos cruzados.

Menos remiso a la confrontación ha sido Demetrio Fernández (Puente del Arzobispo, Toledo, 1950), obispo de Córdoba. En una tribuna publicada en 2010 en el Diario de Córdoba acusaba a los sectores de la sociedad civil que reclaman que la Mezquita-Catedral sea de titularidad pública de aspirar en el fondo a que «el templo sea compartido para el culto cristiano y musulmán». Ningún miembro de la Plataforma lo ha pedido públicamente, pero cuando el Estado Islámico expulsa o asesina a cristianos en Irak y la milicia islamista somalí Al Shabab se ensaña con los estudiantes cristianos de la universidad keniana de Garissa, tendría sentido demostrar al mundo desde Córdoba que las dos religiones monoteístas mayoritarias son capaces de convivir en un mismo espacio. «[…] no habría mayor lección para todos que recordar así que hubo un tiempo, aunque fue breve, en el que gentes de diferentes culturas y religiones vivieron juntas, trabajaron juntas y prosperaron juntas», escribió, en abril de 2015, el diplomático paquistaní Akbar Ahmed, titular de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios Islámicos en la Universidad Americana de Washington. A este mensaje universal se puede añadir otro específicamente español. En el Reino Unido y en Francia la inmigración musulmana es, en parte, consecuencia del pasado colonial de ambas potencias, en cuya historia no se entremezcla con el islam. En España, en cambio, estos inmigrantes no son del todo un cuerpo ajeno. Entroncan con un pasado musulmán en el que hubo una etapa esplendorosa. Razón de más para que las comunidades islámicas, hoy en día muy divididas, intenten a medio y largo plazo establecer un islam de España o de Europa como ya hubo uno en el siglo X.

El obispo cordobés esgrime tres argumentos para rechazar el uso religioso compartido del templo. Primero, «no ha sucedido nunca», escribió olvidándose de que sí ocurrió en 1974 y 1977. Advierte, en segundo lugar, de que ello «podría traer consecuencias funestas para Córdoba». «Si los musulmanes pudieran acceder al templo catedralicio […] tarde o temprano —más temprano que tarde— los cristianos tendrían que abandonar su casa de oración por exigencia de la misma religión musulmana», prevé. Por último, recuerda que el Concilio Vaticano II invita a los católicos a mostrar «aprecio a los musulmanes», pero no a ir más allá. «La oración compartida no es posible», concluye.

Como suele ser habitual en este tipo de polémicas, Vox, un pequeño partido político ultramontano, irrumpió en el debate para alinearse con la Iglesia cordobesa. Su primer disparo lo hizo rodando un vídeo de ficción con formato de telediario. Narra la firma, el 19 de marzo de 2018, de un acuerdo para celebrar el culto musulmán en la Mezquita-Catedral entre la presidenta de la Junta de Andalucía y representantes de la comunidad islámica. Al acto solemne en Córdoba asiste un jefe del Gobierno español llamado Pablo Iglesias, delegaciones de una veintena de países árabes y la presidenta del PP en Andalucía, Celia Villalobos. El presidente de Vox, Santiago Abascal (Bilbao, 1976) hizo, en noviembre de 2014, un viaje al Kurdistán iraquí en apoyo a los refugiados cristianos perseguidos por Estado Islámico. A su regreso se desplazó a Córdoba, donde sostuvo nada menos que retirar a la Iglesia la titularidad de la Mezquita «supondría dar un balón de oxígeno para el yihadismo». En las elecciones autonómicas andaluzas de marzo de 2015 Vox obtuvo 18.000 votos, casi la mitad que en las europeas del año anterior, y ningún escaño. Su alarmismo no hace mella en el electorado.

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PABLO IGLESIAS,
SOSPECHOSO AMIGO DE IRÁN

«Los ciudadanos nos apretamos el cinturón, sufrimos, perdemos nuestras casas mientras los bancos han sido rescatados con centenares de millones de euros». Mahmud Alizadeh Azimi (Teherán, 1970) evoca a Pablo Iglesias, megáfono en mano, pronunciando estas soflamas en medio de una muchedumbre enardecida en la Puerta del Sol de Madrid. Le pareció que aquel joven profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense tenía «carisma audiovisual». Era finales de mayo de 2012. El movimiento reivindicativo del 15-M había arrancado hacía un año.

«Por eso le propuse que se viniera a trabajar conmigo», explicó al agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que tenía sentado enfrente en una cafetería cerca de la sede del servicio secreto español, al principio de la carretera de La Coruña. Un par de días antes habían llamado a Alizadeh por teléfono. «Somos de la seguridad del Estado —el CNI rara vez se identifica como tal— y nos gustaría tener una charla informal con usted», le dijeron. «No se trata de un interrogatorio», añadieron. «Mahmud se olió de inmediato de qué iba el asunto», recuerda uno de sus subordinados en la productora 360 Global Media. «Este país está más controlado de lo que aparenta», comentó el iraní ante algunos miembros de su equipo que aceptaron contarme lo sucedido.

Habían transcurrido tres años desde el estallido del 15-M, Pablo Iglesias era el líder de Podemos, un partido que acababa de irrumpir con fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. El CNI quería saberlo todo de su relación con el régimen iraní de los ayatolás. Estaba investigando si el Irán sometido al embargo de la comunidad internacional financiaba a Podemos, como también indagó sobre la relación del partido emergente con la Venezuela chavista. Alizadeh no puso pegas —«no tenemos nada que esconder», repetía—, pero antes de acudir a la cita informó a su embajada en Madrid de que se disponía a entrevistarse con los espías españoles. Alizadeh no era un empleado de la empresa estatal iraní, pero sí posee varias productoras —la más conocida es 360 Global Media—, cuyo principal cliente es Hispan TV, el canal informativo en español de la televisión pública iraní (IRIB).

«No busque tres pies al gato», le dijo Alizadeh, en su perfecto castellano, a su interlocutor. «Pablo me pareció un tipo mediático y le abordé cuando acabó el mitin de la Puerta del Sol», prosiguió su relato. Al iraní le gusta hablar de su relación con el líder de Podemos. Está orgulloso de haber descubierto antes que nadie el talento de comunicador de Pablo Iglesias, de haberle fichado para su productora. Por eso, esa tarde en la cafetería, se explayó con su interlocutor, que bebía, y probablemente grababa, sus palabras.

«Sí, le abordé y le propuse hacer un programa para mi productora, que sería emitido por Hispan TV», recordó Alizadeh en la cafería. «Fue una decisión mía, nadie me dio instrucciones», recalcó aludiendo al régimen de los ayatolás. «Pablo dudó, pero le dije que, para discutir el tema más a fondo, se viniese a mi casa». En el piso de Alizadeh, en la calle Guzmán el Bueno del madrileño barrio de Argüelles, el iraní preparó a su huésped un ghorme sabzi, un plato de cordero con hierbas a la persa. «Soy buen cocinero y Pablo se dejó convencer», aseguró al agente del CNI arrancándole su primera sonrisa.

Otras fuentes del sector audiovisual sostienen que no fue el estofado de borrego sino un realizador de la productora 360 Global Media, Juan Carlos Velázquez, amigo de Iglesias, quien de verdad le persuadió. No fue difícil. El que se convertiría en el líder de Podemos animaba ya un modesto programa, La Tuerka, en Tele K, una televisión del madrileño barrio de Vallecas, y le sedujo la idea de dar un salto cualitativo en medios y en audiencia.

La verdad sobre la financiación de los ayatolás

Así nació, en las Navidades de 2012, Fort Apache, un programa de tertulia de Producciones Con Mano Izquierda —más tarde pasó a ser La Barraca Producciones—, la empresa de Pablo Iglesias, dirigida por él. El aspecto de Iglesias, con un piercing, chirriaba un poco con el rigor islámico que impera en Teherán. En el primer programa que grabó se lo borraron antes de emitirlo. Iglesias llegaba entonces a los estudios del callejón de Abdón Terradas, donde tiene su sede 360 Global Media, en bicicleta o en moto. A finales de 2015 lo hacía en un vehículo Audi y escoltado por policías.

Fort Apache contó con la participación de personajes afines, como su amigo Juan Carlos Monedero, el socialista Pedro Zerolo (fallecido en junio de 2015), el profesor Jorge Verstrynge o las que fueron años después alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena, y de Barcelona, Ada Colau. También acudían otros contertulios menos conocidos, como el sacerdote Evaristo Villar o el funcionario de prisiones Julio Fernández. Hasta se sentaron en el plató adversarios ideológicos, como el senador Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, que en una ocasión mantuvo un acalorado debate sobre Venezuela con Juan Carlos Monedero.

En varias ocasiones Iglesias ha formulado, en diversos foros, discrepancias menores con el «régimen teocrático» de Irán y con su televisión. Reconoció, en marzo de 2013, que no le gustaba, por ejemplo, que las presentadoras de Hispan TV fuesen obligadas a llevar hiyab sean o no musulmanas. Aun así justificó su relación con la cadena iraní: «A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. A la izquierda no le queda otra alternativa». Recalcó que tenía «un absoluto control de la redacción y contenido de los programas». El control era «absoluto» para abordar temas de la actualidad española o de Palestina, pero habría dejado de serlo si se hubiera puesto a discurrir sobre, por ejemplo, la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí.

Iglesias fue fiel a Fort Apache hasta finales de noviembre de 2015, en vísperas de la campaña a las elecciones legislativas a las que concurrió como candidato a la Moncloa. Buscaba un hueco semanal en su apretada agenda para dirigir el programa. «A veces hace el esfuerzo de grabar cuatro programas de una tacada en fin de semana», señala un empleado de la productora. La tertulia, con un marcado carácter de izquierdas, puede no gustar, pero forma parte de una parrilla de la televisión iraní en español infinitamente más amena que la de su rival, Córdoba Televisión Internacional, el canal en español creado por el jeque saudí Al Fawzan para propagar el wahabismo, el islam ultraconservador que rige en Arabia Saudí, y atizar de paso a los musulmanes chiíes.

Agotado el tema Pablo Iglesias, los agentes se centraron en el propio Alizadeh y su relación con la teocracia iraní e Hispan TV, el caballo de Troya de Irán en el mundo hispanoparlante. Nacido en Teherán, llegó a Madrid en su adolescencia y fue escolarizado en un colegio católico del barrio de Salamanca, donde era el único musulmán. Regresó a su país para cursar la carrera en la Universidad Azad, pero volvió a España para completar sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, donde, en 2010, sostuvo una tesis doctoral titulada «Orientalismo en el Diván del Tamarit de Federico García Lorca». Hizo sus primeros pinitos profesionales creando una empresa cuyo nombre se inspira en su tesis (Diván de Traducciones). Redactó también un voluminoso diccionario español/farsi antes de dedicarse al sector audiovisual. Esta obra es su principal orgullo, junto con el fichaje de Pablo Iglesias.

Ante los espías Alizadeh se describió a sí mismo como «persa hasta la médula», por eso probablemente nunca solicitó la nacionalidad española, pero negó ser incondicional de ningún régimen, ni siquiera del de su país. «Esto es para mí ante todo un negocio», les explicó. Para hacer un negocio de este calibre con entidades públicas iraníes hay que estar como mínimo a buenas con los ayatolás. El empresario audiovisual quiso pagar la consumición, pero el espía no le dejó y abonó él la cuenta. Así acabó la primera «charla» de Alizadeh con el CNI. A finales de 2014 hubo una segunda, sobre el mismo tema, a la que acudieron esta vez dos agentes para «seguir conversando». El productor iraní nunca informó al líder de Podemos de estas reuniones. Solo le comentó en una ocasión que «algunos preguntaban mucho» y hasta que era posible que alguien «presionara», sin especificar. En una charla informal con periodistas, Pablo Iglesias aseguró, a finales de noviembre de 2015, desconocer que había sido investigado por el servicio secreto.

Año y medio antes, en mayo de 2014, otro agente de «la seguridad del Estado» había agobiado con sus preguntas, en la cafetería Nájera de Argüelles, a Natalia Carrascosa, la número dos de 360 Global Media. Entonces Pablo Iglesias aún no se había hecho del todo famoso. Sentado al fondo del local, el espía indagó sobre la relación de la productora con Irán, país al que el presidente de Estados Unidos George Bush había incluido en el «eje del mal». «Me pareció estar viviendo una película casposa española de los años sesenta», comentó Carrascosa cuando regresó a su oficina. «El tipo, con un aspecto algo trasnochado, me pidió que no caminásemos juntos por la calle, que no nos sentásemos cerca de la ventana en la cafetería, que no….», contó extrañada a sus colegas al regresar a la oficina.

El CNI se negó a comentar con el autor estas entrevistas ni cualquier otro asunto de los que se abordan en el libro. Su responsable de comunicación, Sergio Sánchez, no explicó los motivos de su rechazo. Su director, el general Félix Sanz Roldán, sí argumentó ante una intermediaria que yo había publicado en El País un documento sobre el servicio secreto español a sabiendas de que era falso. No era cierto. Es más, a principios de 2015 mostré al CNI un informe aparentemente explosivo sobre una reunión celebrada en Rabat, en julio de 2013, entre la DGST, la policía secreta marroquí, y un cuerpo de seguridad español. Me aseguraron que era falso y lo guardé en un cajón.

Sí escribí en El País, el 2 de agosto de 2013, que Daniel Galván, el pederasta español condenado a treinta años de cárcel en Marruecos, había sido indultado por el rey Mohamed VI a instancias del espionaje español con el que colaboró. Me había llamado por teléfono un alto cargo marroquí para darme esta versión en un intento de disculpar a su soberano, que cometió un error al poner en libertad al reo, suscitando así protestas generalizadas en su reino. Rectifiqué días después motu proprio en el periódico cuando caí en la cuenta de que había sido objeto de una intoxicación. Galván sí trabajó para la Guardia Civil, como intérprete de árabe, en Murcia mucho antes de instalarse en Kenitra (Marruecos).

Cuando Alizadeh y su equipo pensaban que no oirían más hablar de espías ni de policías surgió, en la prensa a mediados de enero de 2016, el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Concluye «que de forma indirecta, a través de 360 Global Media, el Gobierno iraní contribuye a la financiación de la formación política Podemos», lo que es ilegal. Iglesias y su gente recibían el dinero, según la policía, no directamente de Teherán, sino a través, principalmente, de una sociedad instrumental (Venus Victrix) con sede en Dubái, que transfería fondos a la productora de Alizadeh. Algunos diarios digitales manipularon este informe para acabar titulando que Podemos había recibido en tres años más de 9 millones de euros de los ayatolás iraníes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se preguntó tras un Consejo de Ministros si se trataba de «un delito de posible financiación irregular» por parte de una potencia extranjera.

La colaboración de Iglesias con 360 Global Media se remonta a 2012, cuando no existía Podemos. Se ciñe casi exclusivamente a uno solo de los numerosos programas que produce Alizadeh en España: Fort Apache. Iglesias factura como autónomo 700 euros por cada programa que presenta, unos cuatro al mes. A esa cantidad hay que añadir el IVA y aplicarle la retención de Hacienda. En total se ha embolsado 93.000 euros en tres años. Dispone también de un móvil corporativo que le facilita la productora cuya factura mensual media es de unos 70 euros. Un joven realizador, Tristán Meyer, factura también 200 euros por tertulia. La productora La Barraca emite, por su parte, una factura de 2.100 euros.

Cada debate animado por Iglesias le sale a 360 Global Media por una cantidad total de 3.000 euros, a los que hay que añadir los taxis para traer a los invitados y el importe del viaje en avión o en tren si el contertulio viene de fuera de Madrid como era, por ejemplo, el caso de Ada Colau. Ningún contertulio cobra por participar. «Es una cantidad modesta para casi una hora de programa», precisa Alizadeh. Es verdad que Iglesias y su equipo se ahorran el alquiler de un estudio con sus cámaras y técnicos de sonido porque 360 Global Media les cede el suyo en un callejón del madrileño barrio de Argüelles. Aquellos columnistas y opinadores españoles que se han rasgado las vestiduras porque el dinero llegaba a través de sociedades pantalla instaladas en paraísos fiscales ignoran que esa era la única manera de transferir fondos a países occidentales para un Irán sometido a nueve años de embargo por su programa nuclear (diciembre 2006-enero 2016).

Al margen de Fort Apache, Pablo Iglesias rodó para Alizadeh, en el verano de 2013, un pequeño documental, Chávez y los intelectuales, un panegírico a la gloria del presidente Hugo Chávez, que falleció en marzo de ese año. El programa consiste fundamentalmente en una conversación entre Iglesias y su amigo Juan Carlos Monedero, que entonces trabajaba para el Gobierno venezolano, grabada en una cabina del teleférico que sube y baja sobre Parque Ávila Mágica, una zona de recreo de Caracas.

Invitar a un café o a un refresco a los responsables de 360 Global Media es lo menos que podían hacer los espías españoles para agradecer a Hispan TV y a su productora española algunos de sus pronunciamientos. La empresa de Alizadeh grabó, por ejemplo, el 18 de julio de 2015, el programa Orientando, un debate monográfico de casi una hora sobre Ceuta y Melilla que después emitió la televisión iraní. Marruecos reivindica estas ciudades, recordó el presentador, porque tiene «una concepción imperialista», dado que se trata del «Estado expansionista del Magreb». España es, en cambio, la «garantía de que Ceuta y Melilla sigan siendo ciudades libres, de convivencia religiosa, que frenen el imperialismo del sultán de Marruecos», aliado de Arabia Saudí. Ningún medio público de Argelia, el país que mantiene las peores relaciones con Marruecos, ha osado jamás formular comentarios tan proespañoles sobre las dos ciudades norteafricanas.

Duelo televisivo entre Irán y Arabia Saudí

El objetivo de aquella embestida no era tanto Marruecos como Arabia Saudí, el gran enemigo de Irán. Y es que desde principios de 2015 Teherán y Riad ajustan también cuentas a través de sus televisiones en español. La saudí es Córdoba Internacional TV, en teoría un canal privado instalado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), que lleva el nombre de la ciudad española que fue capital del Califato (siglos X y XI) instaurado en la península Ibérica. La iraní es Hispan TV, pública y con sede en Teherán, pero que se nutre en buena medida de los programas rodados por 360 Global Media. Ambas nacieron casi simultáneamente en enero de 2012. Pese a que en las dos cadenas presentadoras y periodistas salen obligatoriamente con hiyab ante las cámaras, sus contenidos son radicalmente diferentes.

«¡Viva la paz!», «¡viva la justicia!» y «¡viva América Latina!», exclamó en español el presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, en el programa inaugural de Hispan TV, al que acudieron el jefe de la diplomacia iraní, Ali Akbar Salehi, y los embajadores latinoamericanos acreditados en Teherán. «El nuevo canal va a limitar la supremacía de aquellos que buscan dominar», recalcó un Ahmadineyad combativo antes de dejar paso a la emisión de un vídeo grabado ex profeso por el presidente venezolano, Hugo Chaves, que falleció trece meses después. No hubo entonces ninguna mención al islam y apenas las hay tampoco hoy en día en los programas de la emisora iraní.

Córdoba Internacional está, en cambio, totalmente impregnada de religiosidad, excepto algún que otro programa como Hadaz (Debate), una tertulia a la que cometí el error de acudir durante unos meses. Se abordaban en ella numerosos temas de la actualidad internacional, con la salvedad de la de los países del Golfo. Era como si no existiesen. La cadena es un apéndice de la fundación saudí Mensaje del Islam, vinculada a la familia real y que propaga el wahabismo, el islam rigorista que impera en la península Arábiga. La preside el teólogo ultraconservador Abdulaziz al Fawzan, que desconoce la lengua de Cervantes, pero aun así dirige la cadena en español desde Riad, aunque viaja con frecuencia a Madrid.

Al Fawzan es sobre todo conocido por las soflamas que lanza cuando interviene en la televisión pública saudí. Ante sus cámaras explicó, por ejemplo, en diciembre de 2004, que el tsunami que había azotado a los países ribereños del océano Índico —que causó cerca de medio millón de muertos y desaparecidos, según Naciones Unidas— era «una señal de Alá» porque «la fornicación y las perversiones sexuales de todo tipo están a la orden del día» en esa región. Seis años después sostuvo que entre aquellos que reivindican que la mujer saudí, que tiene prohibido conducir, pueda ponerse al volante «están los que quieren destruir la sociedad, corromperla y hundirla en las profundidades de la decadencia y la permisividad en las que ya están sumidas las sociedades occidentales». En ellas, sostiene, las mujeres «se han convertido en una mercancía barata» y son «extorsionadas por los demonios humanos». El presidente de Córdoba Internacional insta también a profesar un «odio positivo» hacia los cristianos.

Aun así, el 24 de septiembre de 2014, Al Fawzan fue galardonado en el hotel Palace de Madrid con el pin Laurel Platinum por difundir «un mensaje basado en la moderación y buscar vías de entendimiento y diálogo entre las diferentes culturas», según reza la web de Córdoba Internacional TV. El director del canal, el egipcio Hussein Mansur, recibió la misma distinción. Al autor no le fue posible averiguar qué jurado o institución otorga ese premio.

Animado por ese espíritu de «entendimiento entre culturas», el canal saudí abrió fuego contra los chiíes en España —antes ya lo había hecho contra Irán— en la primavera de 2015. La rama minoritaria del islam, con la que se identifican entre el 12 y el 15 por ciento de los musulmanes, había puesto solemnemente pie en Madrid el 28 de febrero de ese año. Hasta entonces solo había un puñado de oratorios paquistaníes y una figura destacada del chiísmo en España, la del ayatoleslam Yafar Raúl, Raúl González Bórnez en su anterior vida. Este militante antifranquista madrileño se convirtió al islam y vivió largos años en Irán, donde estudió en los noventa en el Seminario Teológico de Qom y en la madrasa (escuela coránica) de Hoyyatiyeh.

El gran ayatolá iraquí Ali al Sistani (Mashad, 1930), probablemente hoy en día la figura religiosa chií más destacada, decidió abrir en Madrid una sucursal de su pudiente Fundación Alulbeyt. Adquirió y remodeló el edificio de un antiguo colegio en el barrio de Carabanchel y lo inauguró con gran pompa. Al acto envió a sus delegados —el anciano clérigo ya no suele viajar— e invitó a representantes de la Conferencia Episcopal, del Ministerio de Justicia y a destacados musulmanes suníes como Mounir Benjelloun, entonces secretario general de la Comisión Islámica de España, y a los embajadores de Irak e Irán, entre otras personalidades.

La ceremonia se convirtió así en un acto de repulsa ecuménico, protagonizado por responsables de las dos grandes ramas del islam, a los grupos terroristas que operan en Siria e Irak. «Los musulmanes en España necesitamos centros de este calibre, que desarrollen esta labor, porque estamos pasando por una situación delicada que daña nuestra imagen», recalcó Benjelloun en su discurso elogiando la iniciativa del gran ayatolá. Aludía al perjuicio que causa al islam su asimilación con una religión que fomenta el terrorismo.

Mohamed Said Alilech no tardó en replicar a Benjelloun desde su programa Consultas islámicas en Córdoba Internacional TV. Este joven y combativo imán de la mezquita Al Sunna de Fuenlabrada (Madrid), que preside también la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, lamentó, el 13 de abril de 2015, que responsables de la comunidad suní como Benjelloun hubieran pisado la Fundación Alulbeyt. «No podemos hablar de acercamiento» a los chiíes, afirmó en antena. «Su creencia, su fe, sus bases ideológicas son contradictorias no solo con la doctrina suní, sino con los fundamentos del islam», subrayó. En definitiva: «No son musulmanes».

Entre otras actividades, la Fundación Alulbeyt organiza ahora debates entre cristianos y musulmanes. El más notorio fue, en diciembre de 2015, el que mantuvieron el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el archimandrita Demetrio con dos clérigos chiíes sobre ecología y religión. También se imparten clases de árabe para niños a los que luego se invita a merendar. La mayoría de los alumnos son hijos de inmigrantes marroquíes en Carabanchel y barrios aledaños. «Lo que pretenden [los chiíes] es expandir las creencias desviadas a través de esas escuelas», denunció de nuevo el imán Mohamed Said Alilech. «Llamamos a todos los hermanos responsables de las mezquitas de la zona y a los líderes religiosos musulmanes en España para que adviertan de ese riesgo […] para la identidad de sus hijos», insistió poco después en un discurso en Portugalete (Vizcaya). Luego se ofreció a «organizar charlas de concienciación para informar a la gente de la realidad oculta» detrás de la Fundación Alulbeyt. «No se hace ningún proselitismo», replica Yusuf Fernández, un español converso que lleva la comunicación de la fundación. «Es verdad que se imparten clases de árabe para los chavales, pero los profesores son todos marroquíes», precisa.

Para el imán de Fuenlabrada el «riesgo» es que acabe sucediendo en España lo mismo que en Bélgica, donde el chiísmo ha ganado adeptos entre los musulmanes, especialmente los marroquíes. Aziz Ettanjaoui, un líder chií belga, aseguraba, en marzo de 2015, al diario Akhbar al Youm de Casablanca, que en los últimos años unos 25.000 marroquíes habían apostado por la rama minoritaria del islam y que su número crecía a buen ritmo. A esa cifra hay que añadir varios miles de iraquíes, libaneses, sirios, etcétera. «En Bélgica, la realidad es alarmante», constató desolado el clérigo de Fuenlabrada.

Córdoba Internacional se capta sin dificultad en España y en Latinoamérica a través de los satélites españoles Hispasat y también en la TDT, en canales de baja frecuencia, en algunas ciudades, sobre todo andaluzas, así como a través de su web. A la iraní Hispan TV las autoridades españolas le hicieron, en cambio, la vida imposible. En diciembre de 2012 el Gobierno español ordenó a Hispasat que dejase de difundir la cadena iraní en español y otra análoga en inglés (Press TV). Nueve meses antes Ezzatollah Zarghami, un exgeneral de los Guardianes de la Revolución que ahora preside el ente público que reagrupa a las televisiones de Irán (IRIB), había sido incluido por la Unión Europea en la lista negra de responsables a sancionar. Se le acusa de violar los derechos humanos. En consecuencia había que aplicarle la normativa comunitaria que «prohíbe poner a su disposición recursos económicos […]», recalcaba en su requerimiento a Hispasat el secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo.

Al mes siguiente la Comunidad de Madrid siguió los pasos del Ejecutivo central. Cerró el canal de la TDT madrileña a través del cual se sintonizaba Hispan TV. El secretario general del Consejo de Gobierno de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esgrimió argumentos algo diferentes para clausurarlo. Permitir la emisión, alegó, «supone colaborar con personas implicadas […] en la dirección o ejecución de graves violaciones de los derechos humanos» como Zarghami.

El doble cierre apenas tuvo eco entre la prensa y la clase política española excepto por parte de Pablo Iglesias, uno de los pocos que levantó la voz. «Todo el mundo sabe que a Rajoy y a sus ministros (y no digamos ya a Ignacio González y a sus consejeros) los derechos humanos siempre les han importado bien poco», escribió en su blog el presentador de Fort Apache. «¿Cuál es el problema con Hispan TV?», se preguntó. «El problema con Hispan TV es bien sencillo: esta televisión ha dado espacio a programas progresistas prácticamente imposibles de ver en ninguna otra televisión de España […]», se contestó a sí mismo.

IRIB, el ente audiovisual público iraní, recurrió al contencioso-administrativo para levantar la sanción. Sus abogados, del bufete Lupicinio, argumentaron en la Audiencia Nacional que el cierre había sido ordenado por un órgano incompetente y que vulneraba el derecho y libertades como la de expresión e información. Mucho antes de que los jueces se pronunciasen, Hispasat fue autorizado a ofrecer de nuevo sus servicios a las televisiones iraníes. El súbito cambio de parecer del Gobierno español tenía su origen en una decisión tomada no ya en Bruselas sino en Washington, según fuentes diplomáticas.

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, revocó en febrero de 2014 una instrucción, nunca publicada, que permitía sancionar en Estados Unidos a las compañías de satélites europeas que transmitiesen los canales iraníes. Kerry acababa de alcanzar un acuerdo con su homólogo iraní, Mohamad Javad Zarif, desvelado por el diario The Wall Street Journal, mediante el cual Estados Unidos renunciaba a poner trabas a las televisiones iraníes, mientras que Teherán dejaría a su vez de obstaculizar la difusión de las cadenas en farsi de la BBC y Voice of America. La diplomacia estadounidense preveía probablemente ya entonces que en un futuro no muy lejano iba a necesitar la colaboración de Irán para contener a Estado Islámico.

La paz televisiva entre Washington y Teherán no significó, sin embargo, el fin de los problemas para la productora preferida de Hispan TV en España. Tres días antes de que, el 6 de septiembre de 2015, una delegación ministerial española encabezada por el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, viajase a Irán, el Banco Sabadell anunciaba a 360 Global Media que no la quería como cliente. No le dio explicación alguna. «Al amparo de lo establecido en la condición general específica del contrato de la citada cuenta, debemos comunicarles nuestra decisión de resolver dicho contrato y cancelar la cuenta», rezaba la carta del Sabadell. El banco catalán seguía así la estela de Santander y de Bankinter, que también habían cerrado las cuentas de la productora.

«[…] Si ustedes piensan que Irán es la única fuente de perturbación en Oriente Próximo debían de estar dormidos el 11 de septiembre de 2001 cuando 15 de los 19 secuestradores [de los aviones] venían de Arabia Saudí», escribió, el 2 de septiembre de 2015, Thomas L. Friedman, columnista de The New York Times, dirigiéndose a un grupo de militares norteamericanos opuestos al acuerdo nuclear con Teherán. Tres meses después el BND, el principal servicio secreto alemán, le dio la razón al filtrar a varios periodistas un informe que señala que «la política de intervención impulsiva» en el exterior del reino de los Saud es una fuente de inestabilidad regional.

El 23 de octubre de 1983 asistí en primera fila a los atentados simultáneos contra los contingentes de Estados Unidos y de Francia desplegados al sur de Beirut que causaron la muerte de 241 marines norteamericanos y 58 paracaidistas franceses. Al acuartelamiento francés llegué antes que los servicios de socorro. Me topé con cuerpos descuartizados, escuché gritos de auxilio de soldados sepultados bajo los escombros, vi llorar a aguerridos paracaidistas que habían perdido a sus compañeros. Conozco los consistentes indicios que apuntan a la autoría de Hezbolá, la poderosa milicia chií libanesa, apoyada por Irán, pero aun así comparto la opinión de Friedman: «Nada ha sido más corrosivo para la estabilidad y la modernización del mundo árabe, y el mundo musulmán en general, que los miles de millones de dólares que los saudíes han invertido desde la década de los setenta para acabar con el pluralismo del islam —sufí, moderados suníes y variantes del chiísmo— e imponerles en su lugar los preceptos puritanos, anti-mujeres, anti-modernos, anti-occidentales, anti-pluralistas del wahabismo salafí promovido por el establishment religioso saudí».

Bob Graham, el senador demócrata que copresidió la comisión de investigación conjunta de las dos cámaras de Estados Unidos sobre los atentados del 11-S, tiene una espina clavada que avala las reflexiones de Friedman: la supresión, por orden del presidente George Bush, de 28 de las 828 páginas del informe que redactaron los parlamentarios sobre la voladura de las Torres Gemelas de Nueva York y de un ala del Pentágono. Por «motivos de seguridad nacional» no está autorizado a relatar su contenido, pero, conmocionado por el ataque, en enero de 2015, contra el semanario francés Charlie Hebdo, osó hacer alguna revelación en una entrevista con el diario francés Le Figaro: «Sabemos que varios de los 19 kamikazes recabaron el apoyo financiero de entidades saudíes, incluido el Gobierno».

En un alarde de sinceridad, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo reconoció en una conferencia en la Universidad de Harvard: «Nuestro mayor problema en Siria son nuestros aliados en la región». No mencionó a Arabia Saudí, pero aludió a ella cuando citó a aquellos Estados que suministran «cientos de millones de dólares y decenas de miles de toneladas de armas a todo aquel dispuesto a luchar contra Assad», el presidente sirio al que combate Estado Islámico. Sin nombrar a Arabia Saudí, el general Sanz Roldán dijo algo parecido cuando, en un seminario en Toledo en junio de 2015, habló de las finanzas de esa organización terrorista que se autodenomina Estado Islámico y que ha superado a Al Qaeda en el horror. «Hay Estados que la financian o la han financiado en fases iniciales, y eso es absolutamente cierto». «En esa guerra [en Siria e Irak] que consideran como propia [esos Estados] ayudan a los de su propia calidad [los suníes], que quiere ponerle las cosas difíciles a los de la calidad contraria [los chiíes]», afirmó.

A juzgar por la doble vara de medir con la que se trata a saudíes e iraníes en España, el Gobierno de Mariano Rajoy debe de pensar, como esos militares a los que se dirigía Friedman en su columna, que Irán es la única fuente de perturbación en Oriente Próximo. Pero el Ejecutivo del PP no es el único; en los ayuntamientos que domina la izquierda tampoco se hacen ascos a Arabia Saudí. El Ayuntamiento de Las Palmas tenía pendiente desde hacía años la cesión de unos terrenos a la comunidad musulmana para la construcción de una mezquita. Nada más tomar posesión de su cargo de primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Javier Doreste, cabeza de lista de la coalición liderada por Podemos en las municipales de 2015, quiso saldar esta «deuda». ¿A quién ofreció una parcela de 3.200 metros cuadrados en el barrio de Las Torres? A Saud Abdullah Alghudayyan, jefe de la rama española de la Liga del Mundo Islámico, es decir, a una institución saudí cuya sede está en La Meca. Firmó con él el acuerdo en octubre de 2015.

13

ENTRE SHARÍA Y LAICIDAD

Un guardia civil musulmán destinado en Melilla que acababa de regresar de su peregrinaje a La Meca comentó con sus compañeros lo que le había costado el viaje, que había pagado de su bolsillo. Poco después, en mayo de 2015, otros quince guardias, en esta ocasión católicos, destinados en varios lugares de la geografía española, participaban en la Peregrinación Militar Internacional al Santuario de Lourdes; su desplazamiento fue subvencionado con 10.800 euros por el Ministerio de Defensa. Yamal Allal Hamu (Melilla, 1970), de confesión musulmana, miembro del instituto armado desde 2006, constató entonces el carácter religioso de ambos viajes y llegó a la conclusión de que en un país aconfesional como España la subvención pública para el segundo era una anomalía.

Allal es un hombre de modales suaves, que esboza una sonrisa casi permanente, pero en el fondo es levantisco. No en balde ocupa desde 2010 el cargo de secretario general de la rama melillense de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la más numerosa y reivindicativa de todas. A finales de 2014 fue reelegido por unanimidad por sus compañeros. Ocho meses después, en el verano de 2015, decidió echar un órdago a la Benemérita.

El 10 de julio de 2015 Allal cursó una solicitud a la Dirección General de la Guardia Civil pidiendo una ayuda para peregrinar a La Meca, y cumplir así con uno de los cinco preceptos del islam. En su escrito recordaba que en España no existe «una religión oficial» y que las autoridades deben, en consecuencia, tratar a todas las confesiones por igual, siempre y cuando cuenten con «un número significativo» de creyentes y practicantes.

Podía haber argumentado, pero no lo hizo, que durante la Guerra Civil Francisco Franco sufragó tres viajes a La Meca de, en total, cerca de tres mil varones rifeños a bordo de dos vapores, el Mogreb el Aksa y el Marqués de Comillas, que fueron incluso escoltados, hasta aguas italianas, por los cruceros Canarias y Baleares. El diario ABC de Sevilla dio cumplida cuenta, el 14 de enero de 1938, de la salida de Ceuta del segundo contingente de peregrinos. Aquellas travesías eran un señuelo con el que la propaganda franquista trataba de reclutar a marroquíes.

La petición de Allal fue desestimada porque el plan de acción social de la Benemérita «no contempla ayudas para la realización de viajes», aunque dejaba caer que en el futuro podría ser retocado para «crear un nuevo tipo de ayuda». El agente musulmán recurrió ante la Jefatura de Asistencia de Personal. Argumentó que el rechazo de su solicitud creaba «un agravio comparativo» con los católicos, una «desigualdad injustificada» entre dos confesiones. El teniente general jefe de Personal confirmó la denegación. Interrogado por la prensa en julio de 2015, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, echó balones fuera.

Destinado en los pasos fronterizos con Marruecos, Allal está casado con Malika, melillense como él, y es padre de dos hijos. Es un hombre piadoso que reza con frecuencia. Sentado en una cafetería de la calle Granados, en Melilla, se salta, sin embargo, el ichá, la última oración del día, para conversar con el periodista. Reconoce, cuando ya va por el segundo té con hierbabuena, que su objetivo no es tanto lograr un subsidio como poner de relieve una incoherencia en un Estado cuyo artículo 16 de la Constitución resalta que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Más aún que las subvenciones a los viajes a Lourdes, a Allal le incomodan las que se otorgan todos los años a policías y guardias para participar en Viena en unos bailes de salón que convoca la Bundespolizei de Austria. «Nos ha comentado más de una vez que lo ideal sería consagrar el dinero que se gasta en peregrinaciones y bailoteos a otros menesteres», comenta un incondicional de Allal, miembro de la AUGC de Melilla. «Recuerda, por ejemplo, que no hay suficientes chalecos antibalas ni antifragmentación para los guardias y que no hay ninguno para mujeres, que, al tener pecho, requieren unos especiales que se adapten a su busto», prosigue.

La mayoría de sus compañeros de armas, fuesen o no musulmanes, dieron la razón a Allal cuando formuló su solicitud. Hasta un diario conservador como El Faro de Melilla publicó, en septiembre de 2015, un editorial respaldándole. «La petición de este agente es justa y la Guardia Civil debería replantearse esta situación», concluía. En una ciudad en la que algo más de la mitad de la población y un porcentaje nada desdeñable de guardias son musulmanes, la demanda de Allal parece lógica y justificada.

Confesionalidad del Ejército

Con su reivindicación, el guardia melillense ha puesto el dedo en la llaga de un problema que trasciende con mucho a las peregrinaciones y abarca a muchas instituciones públicas en las que los musulmanes tienen una presencia creciente. España dista mucho de ser ese Estado aconfesional recogido en su Carta Magna, y esta inobservancia del precepto constitucional se confirma casi a diario en la Comandancia de la Guardia Civil o en los cuarteles de ambas ciudades autónomas.

En alguna ocasión, como en Almodóvar del Río (Córdoba) en 2006, la prensa se ha hecho eco del conflicto. Dos agentes pidieron que se retirara del cuartelillo la figura de la Virgen del Pilar, la patrona del cuerpo, y la Junta Islámica, una comunidad musulmana integrada por conversos, les respaldó. No lo lograron. Desde entonces se han producido otros muchos roces en dependencias militares o de la Benemérita que no han saltado a la palestra. Algunos guardias musulmanes se quejan, aunque sin levantar la voz, si sus mandos les designan para presentar armas a la Pilarica el 12 de octubre.

«Aquí hemos tenido de todo, desde compañeros que se han planteado objetar el servicio que se les había encomendado hasta otros que se han buscado un certificado de un médico complaciente para no tener que desfilar ante la Pilarica», comenta un guardia musulmán al recordar el malestar de sus correligionarios cuando se celebra esa festividad. «Pero también hay compañeros no musulmanes, probablemente ateos, a los que esta ceremonia indispone», añade. El acto del 12 de octubre concluye con una copa de vino español ofrecida en la Comandancia, que cada guardia debe pagar de su bolsillo; los musulmanes se abstienen. En los cuarteles de Ceuta y de Melilla también se producen episodios embarazosos a ojos de los soldados musulmanes cuando se celebra, por ejemplo, la festividad de Santiago Apóstol, patrón del Arma de Caballería, o la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería. Con motivo de esta última conmemoración, el Tercio I del Gran Capitán de la Legión y el Grupo de Regulares de Melilla 52 desfilan cada año en el patio de armas del Acuartelamiento Millán-Astray, aquel general franquista que gritó ante Miguel de Unamuno, el 12 de octubre de 1936, «¡viva la muerte!» y «¡muera la intelectualidad!». Las pisadas de los pasos marciales de los legionarios se entremezclan en el recinto militar con sus voces cantando un himno en el que se proclaman «anhelantes por besar la cruz». Los musulmanes no abundan en el Ejército del Aire, ni siquiera en Melilla. Alguno que otro sí ha revestido su uniforme azul y se ha visto arrastrado, el 10 de diciembre, a la misa que se celebra en la Parroquia Castrense en la festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona de los aviadores. No falta ni uno, empezando por el coronel comandante militar aéreo.

Esos mismos legionarios del Tercio I del Gran Capitán desembarcan el Jueves Santo por la mañana en el puerto de Málaga para participar en la procesión que traslada al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas hasta su trono en la iglesia de Santo Domingo. En los días previos al Jueves Santo, las Escuadras de Gastadores de la Legión hacen guardias de honor al Cristo de la Buena Muerte. En el último Consejo de Ministros antes de la Semana Santa se aprueban tradicionalmente una docena de reales decretos que conceden, a petición de las cofradías de penitentes, otros tantos indultos a presos en su mayoría encarcelados en Andalucía.

A Rachid Boutarbouch, jefe espiritual de la rama del movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad en España, no le molestan especialmente estas tradiciones que mezclan valores religiosos y castrenses. Como a otros intelectuales musulmanes, incluso laicos, sí le duele, en cambio, que gastadores del Ejército y miembros de las fuerzas de seguridad participen cada 2 de enero en la conmemoración de la Toma de Granada por los Reyes Católicos. Ese día también convoca una manifestación la Plataforma Granada Abierta que denuncia la «fiesta sectaria, anacrónica y excluyente» organizada por el ayuntamiento. Supone «un riesgo para la convivencia democrática», asegura. Quienes protestan son, sobre todo, militantes de Izquierda Unida y sindicalistas. «Soy un hombre religioso, pero ese día estoy con los comunistas y creo que otros muchos musulmanes también están con ellos», comenta Boutarbouch. Al preguntarles por la celebración de Granada, varios universitarios musulmanes, buenos conocedores de España, respondieron comparándola con la Guerra Civil: «Es como si se festejase la toma de Madrid por el Ejército de Franco [28 de marzo de 1936] y nosotros fuésemos republicanos».

Desde finales de la década pasada el Ejército ha querido compensar estas viejas tradiciones para honrar las festividades de la Iglesia católica instaurando otras nuevas como deferencia a los representantes de la comunidad islámica. Invitado por César Muro Benayas, comandante general de Melilla, el imán Ouatti Mohsine acudió el 16 de septiembre de 2009 a la base Alfonso XIII para dirigir la oración previa a la ruptura del ayuno de Ramadán. Un salón había sido especialmente habilitado para ello. A continuación los mandos castrenses, los dirigentes musulmanes, concejales de la ciudad y el personal militar del Grupo de Regulares de Melilla 52 pasaron al comedor para cenar. Desde entonces, cada año durante el Ramadán se celebran en los cuarteles de Ceuta y Melilla varios «ftour», como llaman en el Magreb a las cenas con las que al ponerse el sol acaba el ayuno diurno. En el Ejército español los soldados rumanos son poco numerosos, pero si algún día lo fueran es probable que con motivo de la Pascua Ortodoxa, que no suele coincidir con la católica, los mandos militares invitasen también a popes a celebrar sus largas misas en los acuartelamientos.

La ministra de Defensa socialista Carme Chacón dio, en mayo de 2010, un paso hacia la laicidad. Promulgó un reglamento que elimina la rendición de honores militares con el arma presentada en los actos religiosos como el Corpus Christi en Toledo o numerosas procesiones de Semana Santa. Nada menos que 4.254 militares se incorporaron en 2013 a diversas procesiones, desde la de las Siete Palabras en Valladolid hasta la de Jesús el Doloroso en Cartagena, según reveló Defensa en su respuesta a una pregunta parlamentaria. La participación es voluntaria y no conlleva la rendición de honores, pero sí implica cumplir con «la cortesía militar por deferencia a […] los desfiles procesionales», lo que deja cierto margen. Allí donde hay resquicios se aprovechan. En una proporción nada desdeñable de edificios militares las banderas ondean a media asta desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección.

La contrariedad por motivos religiosos de algunos de estos militares abarca también a la indumentaria militar. En un piso del barrio melillense de El Real dos soldados musulmanes narraron por separado al autor, en el otoño de 2015, sus vivencias en el Ejército, a condición de que no se desvelase su identidad. «Las camisetas militares tienen una cruz estampada; hay compañeros que se las ponen del revés porque no quieren llevarlas en el pecho», aseguran. Su relato está también salpicado de anécdotas impregnadas de integrismo: «Saludas a un compañero con un salam aleikum —la fórmula tradicional de cortesía musulmana— y no te responde; le insistes y por fin abre el pico para decirte que no te contestará con el tradicional aleikum salam porque eres medio kufar [infiel]». «Y eso no es nada comparado con las miradas desafiantes que echan a las mujeres suboficiales», añaden.

Ambos jóvenes, adscritos a diferentes regimientos, coinciden en describir un mundo en el que la policía militar y probablemente otros servicios, como el Centro Nacional de Inteligencia, están al acecho de cualquier síntoma de radicalización. «Un amiguete de la poli me ha comentado más de una vez señalando discretamente a un soldado: ese está en seguimiento», recuerda Mohamed, uno de los dos que acudió a la cita del Real. «Eso significa que fuera del cuartel está sometido a una vigilancia discreta», añade. Los oficiales combaten los síntomas del integrismo y su propagación, pero no sus causas. «Quítate esa barba que no me gusta» o «no me agrada la influencia que ejerces sobre tus compañeros», son frases que Mohamed ha escuchado más de una vez pronunciar a su teniente dirigiéndose a sus subordinados musulmanes.

Algunos de esos soldados con largas barbas preguntan a clérigos musulmanes en foros de internet si llevar el uniforme o formar parte de un Ejército que luchaba en Afganistán contra otros musulmanes —los talibanes— es haram (pecado). En al menos una ocasión, un servicio secreto español creó un falso foro para promover esas consultas virtuales con la intención de «cazar» a los más susceptibles de radicalizarse e incoarles después una nota negativa en el Informe Personal de Calificación para no renovar sus contratos con el Ejército. En esa evaluación se incluyen conceptos tan subjetivos como «lealtad» y «actitud», que permiten descartar a los no deseados.

En Córdoba Televisión Internacional, la cadena en español financiada por una fundación wahabí saudí, Mohamed Said Alilech, imán de la mezquita Al Sunna de Fuenlabrada, prodigaba también consejos a los militares que los pedían en el programa Consultas islámicas. «El musulmán debe ser ejemplar en su trabajo como soldado profesional excepto cuando la orden sea contradictoria con las bases del islam», respondió en varias ocasiones. En ese caso «puede acogerse a la llamada objeción positiva», sin que quede del todo claro en qué consiste dicha «objeción». En una conversación con el autor, a través de Facebook, un soldado melillense que dice llamarse Naim, activo en algunos foros, interpreta a su manera las palabras del imán: «Un ginecólogo puede objetar practicar un aborto y yo debo poder objetar penetrar en suelo hermano portando un uniforme con cruces». Hasta en la cadena qatarí Al Jazeera un militar español preguntó en 2013 a un ulema (erudito del islam): «¿Se puede servir a un Ejército infiel?».

La tropa musulmana en Ceuta y Melilla está casi unánimemente convencida de que Defensa trata de deshacerse de ellos so pretexto de que sus miembros muestran síntomas de radicalización o simplemente porque desconfían de su lealtad a causa de los fuertes lazos familiares que mantienen en Marruecos, que les llevan en ocasiones a comprarse una casa al otro lado de la frontera. La intención de algunos de ellos es trasladarse a residir allí cuando con cuarenta y cinco años abandonen las Fuerzas Armadas. Esos militares de la escala básica cobrarán entonces hasta dos años de paro y una asignación mensual de 600 euros —con la que se puede vivir en Marruecos— hasta su jubilación a los sesenta y cinco años. «El mosqueo que tienen con nosotros no se remonta a la aparición del Dáesh sino a mucho antes, al incidente de Perejil», sostiene Naim. «Ahí empezó todo», asegura recordando ese verano de 2002 en el que la toma de ese islote, cercano a Ceuta, por gendarmes marroquíes colocó a España y Marruecos al borde de la guerra.

Los recelos sobre los militares musulmanes se cuelan a veces en los discursos de los políticos. Tras recordar episodios como el de Perejil o la Marcha Verde, que en 1975 permitió a Marruecos adueñarse del Sáhara Occidental, el parlamentario del Partido Popular Luis Peral mostró en el Senado, en 2009, su preocupación por «la proporción creciente de soldados de origen magrebí que prestan servicio en las unidades de Ceuta y Melilla». Días después rectificó. Dos años antes el sindicato Confederación Española de Policía había pedido que los aspirantes musulmanes a ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía fuesen objeto de «medidas especiales para conocer su perfil […] con la finalidad de salvaguardar la buena imagen» de las fuerzas policiales. La propuesta no fue tomada en consideración.

No sorprende que en este ambiente un buen número de «informes de carácter reservado» del Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta «desaconsejen la permanencia» en el Ejército de soldados musulmanes a los que se deniega la renovación de sus contratos. Aquellos que se consideran injustamente tratados recurren ante el Juzgado Togado Militar, aunque en general con poco éxito. Los sueldos de estos militares musulmanes son con frecuencia el único sustento de familias de los barrios más paupérrimos de Ceuta y Melilla. En vísperas de la Guerra Civil los musulmanes se alistaron masivamente en las fuerzas regulares para paliar la hambruna que asolaba a buena parte del Protectorado español en Marruecos. Setenta años después, en los tiempos de bonanza económica que empujaban a los españoles peninsulares a desertar el Ejército, se volvían a enrolar no ya para conjurar el hambre, pero sí las estrecheces.

La Unión Democrática Ceutí, que hasta hace unos años era un partido exclusivamente musulmán, e Izquierda Unida repartieron, en enero de 2007, tres mil octavillas a las puertas de las mezquitas denunciando la «persecución» de esos soldados. La Comandancia General rechazó la acusación y, bajo cuerda, dejó caer entonces que se les echaba por sus frecuentes y prolongadas bajas médicas, por dar positivo en controles psicotrópicos, y otras razones ajenas a su confesión.

En el Ejército estos militares considerados no aptos son sustituidos por latinoamericanos que mantienen en los cuarteles relaciones broncas con los oriundos. Una pequeña asociación musulmana melillense, Intercultura, ha denunciado esta «discriminación». Su presidenta, Yonaida Sellam, recuerda con satisfacción que el único militar que ha asesinado a un civil por motivos políticos en los últimos años fue, en 2007, un soldado ultra no musulmán que cosió a navajazos en el metro de Madrid al joven antisistema Carlos Palomino.

Defensa no proporciona datos sobre la religión de sus 3.000 soldados en ambas ciudades, pero, a principios de esta década, se calculaba que entre un 25 y un 30 por ciento de la tropa era musulmana. Esa proporción, reconocen en Defensa, tiende a disminuir, pero no porque haya una política de recortar efectivos musulmanes, sino porque la crisis que ha padecido España ha animado a muchos más latinos con aptitudes castrenses a llamar a las puertas del Ejército. «Los musulmanes tienen ahora más competencia», declaró al autor un alto cargo de Defensa.

Los dos jóvenes soldados entrevistados en El Real se quejan de sus correligionarios proclives a la radicalización, pero también del trato que el Ejército depara a veces a los musulmanes, y no solo por la propensión de los mandos a redactar informes negativos. Suprimir el cerdo del rancho castrense ha resultado fácil, pero adaptar los horarios de comida de los cuarteles al Ramadán o hacer maniobras durante ese mes de ayuno es muy complicado. «Durante la continuada», como llaman en la jerga castrense al ejercicio de varios días cerca de la valla de Melilla, «nos traen la comida a deshora, pasamos hambre durante esos días», que requieren un mayor esfuerzo físico, se lamenta Mohamed. Sus quejas reciben de los mandos las mismas respuestas «descorazonadoras», según él: «Rompe el ayuno durante el día, porque el Corán te permite hacerlo a condición de recuperarlo en otro momento» o «haberte cogido un permiso como otros de tus compañeros». «Pero yo quiero tomar vacaciones en Navidad porque es cuando mis hijos no tienen colegio y me los puedo llevar a la Península a visitar a mis familiares», explica Mohamed al autor.

Los privilegios de la Iglesia católica

El retraso en entregar las cajas con la comida durante las maniobras es anecdótico comparado con otros muchos problemas. Por nimio que sea dicho suceso ilustra, sin embargo, la dificultad de compaginar los derechos de los musulmanes practicantes, reconocidos por ley desde 1992, con los hábitos de una sociedad en la que durante décadas imperó el monocultivo católico, pero que ahora muestra mayoritariamente un creciente desapego hacia la religión. España se seculariza a marchas forzadas. Un 55 por ciento de los españoles se declara nada religioso o ateo, según un macrosondeo mundial de Gallup International publicado en la primavera de 2015. Ese porcentaje se sitúa en la media de Europa, detrás de Suecia, pero por delante de Francia y Dinamarca. La mitad de los españoles atribuye incluso un rol negativo a la religión, una proporción superior a la media del Viejo Continente. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2011 confirma esas tendencias. Solo el 10 por ciento de los españoles acude a misa con regularidad y, a lo largo del 2010, solo el 28 por ciento pisó la iglesia una vez —el 52,5 por ciento sí fue al fútbol al menos en una ocasión—, incluyendo bodas y bautizos a los que asistieron. «La mayoría no son ni de misa ni de Cristo, sino de Messi y de Cristiano», ironizaba en una tribuna en ElDiario.es Julio Embid, subdirector del laboratorio de la Fundación Alternativas. Más reveladores aún son los datos fiscales. En ninguna comunidad autónoma española una mayoría de contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia católica en su declaración de la renta, aunque esa opción no implica pagar más impuestos sino destinar un 0,7 por ciento de ellos a la Conferencia Episcopal. En Castilla la Mancha lo hace el 49 por ciento, pero ese porcentaje cae al 39,1 por ciento en Madrid y al 19,8 por ciento en Cataluña. La media española era en 2013 del 34,9 por ciento.

El contraste con la minoría musulmana de España salta a la vista. A finales de la década pasada Metroscopia, una conocida empresa de encuestas, efectuó por encargo de los Ministerios de Justicia e Interior tres sondeos en años sucesivos entre musulmanes con preguntas parecidas a las de Gallup International. Cerca de la mitad (entre el 41 y el 49 por ciento) se declara practicante, más de un tercio (entre el 36 y el 39 por ciento) contesta que practica ocasionalmente y solo una minoría (entre el 13 y el 18 por ciento) afirma no serlo. Ser practicante en el islam hoy en día conlleva más obligaciones que en el cristianismo. Aquellos sondeos trataban también de evaluar la tendencia a la radicalización del colectivo musulmán, pero Interior declaró secreto ese apartado. Aunque no sea practicante y resida en Europa, el islam sigue siendo una doctrina religiosa que condiciona todas las esferas del individuo y de su vida social.

Hace ya casi un cuarto de siglo que Justicia firmó con la Comisión Islámica de España un acuerdo de cooperación que tiene rango de ley. Su contenido se asemeja a «las funciones asignadas a las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla en 1937» por el régimen de Franco, según sostiene Sol Tarrés, profesora de Antropología de la Universidad de Huelva, en la revista académica Awraq. En aquellos años noventa, cuando los musulmanes no eran ni medio millón en España, el contrato era generoso. Aún hoy en día «el marco legal sigue siendo adecuado», asegura Isabel Romero, presidenta de Junta Islámica. El acuerdo otorga primero a los musulmanes una serie de derechos colectivos como el establecimiento de lugares de culto y cementerios propios, que gozan de la misma inviolabilidad que las iglesias, así como la potestad de designar a sus ministros de culto, que podrán ampararse en el secreto profesional, equivalente al sigilo sacramental para la Iglesia. También les concede el derecho a organizar colectas, ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y, por último, los exime de abonar algunos impuestos y tributos. Las mezquitas, oratorios y hasta la vivienda del imán no pagan, por ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Entre los derechos individuales, destacan la enseñanza del islam a los alumnos musulmanes en centros públicos, la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, hospitales, etcétera, así como el reconocimiento a efectos civiles del matrimonio musulmán y la celebración de las festividades religiosas. Los alumnos musulmanes quedan además dispensados de asistir a clase y de examinarse los viernes durante el horario de la Salat al Yuma (oración del viernes) y durante las fiestas religiosas. Las Administraciones públicas buscarán fechas alternativas para que los musulmanes puedan presentarse a oposiciones convocadas en las seis principales fiestas del islam. En los comedores de colegios y dependencias militares «se procurará» adaptar la alimentación a los preceptos islámicos y el horario de las comidas durante el Ramadán (mes de ayuno).

Buena parte de lo que entonces pactó el titular de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, con los dos representantes de la Comisión Islámica, Riay Tatary y Mansour Escudero, ha sido incumplido, como también otras promesas que les hizo bajo cuerda. A ellos y a los evangélicos les desanimó a que reivindicasen entonces un sistema de financiación idéntico al de la Iglesia, que, gracias a la cruz en la casilla de la declaración de la renta, recaudó 247,6 millones de euros en 2013, destinados en teoría a fines sociales. En la práctica se utilizan en buena medida para pagar los sueldos del clero, según la memoria justificativa de la Conferencia Episcopal. A esa ingente cantidad de dinero se añade la financiación por el Estado de su labor educativa, la restauración del patrimonio religioso y los emolumentos de los sacerdotes contratados en centros públicos. De la Quadra-Salcedo y sus colaboradores explicaron a Tatary y Escudero que el procedimiento de financiación de la Iglesia no tardaría en ser sustituido por otro con deducciones fiscales. El nuevo sistema, les dijeron, beneficiaría por igual a todas las confesiones.

Hartos de esperar, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) optó en 2014 por reclamar el mismo privilegio fiscal que la Iglesia católica. Aunque también se queja, ni la Comisión Islámica ni ninguna de las entidades que la integran han tomado una iniciativa similar, demostrando así de nuevo la desorganización y pasividad de los representantes musulmanes, lamentos al margen. Cuando era secretario de Economía y Hacienda (1996-2000), Juan Costa envió una carta a Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la FEREDE, anunciándole que «estaba estudiando» cómo aplicar el 0,7 por ciento que va a parar a las arcas de la Iglesia católica a las demás confesiones. Dieciséis años después de esa misiva, en enero de 2015, Hacienda llegó a la conclusión de que aquello excedía sus competencias, según figura en la respuesta que dio entonces a la FEREDE.

Blázquez recurrió entonces a la Audiencia Nacional argumentando que se estaban vulnerando los derechos a la igualdad ante la ley y a la libertad religiosa de evangélicos y protestantes, pero una sentencia de junio de 2015 desestimó su recurso. El tribunal replica que ampliar el mecanismo recaudatorio «debe ser consecuencia de la existencia de un convenio […] entre el Estado español y el organismo representativo de la correspondiente religión» sin que pueda la Administración «establecerlo de forma unilateral». Los acuerdos suscritos por musulmanes y evangélicos carecen de ese apartado fiscal. «Lo que es inaceptable es que, sin justificación alguna, el Gobierno permita a unos contribuyentes que se deduzcan una parte de sus impuestos solo cuando los dan a una determinada religión y no cuando los quieran dar a otra», declaró indignado Blázquez al conocer la sentencia, que los letrados de la FEREDE han recurrido. Varios juristas consultados por el autor dan por seguro que, si no es en el Tribunal Supremo ni en el Constitucional, la FEREDE acabará ganando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Podrían entonces incluso pedir una cláusula de compensación» por los años en que no cobraron porque para ellos no había casilla, señala José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se planteó acabar con ese privilegio de la Iglesia, pero al final renunció a hacerlo, aunque sí trató de mejorar algo la financiación de los musulmanes y, de paso, la de los evangélicos y judíos. Tras los atentados del 11-M en Madrid cundía la preocupación por la evolución hacia el radicalismo de una franja de la juventud musulmana. Para, entre otras cosas, luchar contra esa tendencia en auge, el Ejecutivo socialista creó en 2005 la Fundación Pluralismo y Convivencia con la intención de financiar el mantenimiento de algunas infraestructuras religiosas y, sobre todo, proyectos culturales, educativos y de integración social que desincentivaran a quienes pudiesen estar tentados de predicar la violencia. Descubrir el Islam fue el título de un libro de texto para Primaria, escrito, entre otros, por el propio imán Tatary, que costeó la fundación. «Es un libro casi de doble uso porque sirve para hijos y padres; porque estos últimos tienen con frecuencia un pobre conocimiento de su religión que el manual ayuda a colmar», comenta orgulloso el autor. A lo largo de sus diez primeros años de existencia la fundación dedicó 12,22 millones de euros, el 41 por ciento de su presupuesto, a subvencionar iniciativas de la Comisión Islámica y de sus miembros. La Fundación compensa así parcialmente la asignación recibida por la Iglesia católica a través del IRPF.

Arreglar la financiación era solo una promesa verbal, incumplida, del ministro de Justicia, pero tampoco aquello que se puso negro sobre blanco en los 24 folios del acuerdo de 1992 ha sido del todo llevado a la práctica. El quebranto más flagrante es el de la educación. El acuerdo «garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que soliciten el ejercicio del derecho de los primeros a recibir “Enseñanza Religiosa Islámica” en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que […] no entre en contradicción con el carácter propio del centro». A finales de 2014 había en España 275.324 alumnos musulmanes —un 27,5 por ciento en Cataluña— pero «el 95 por ciento carece de clases de religión», según la Unión de Comunidades Islámicas de España. «El 90 por ciento del profesorado de religión islámica se encuentra desempleado», añade.

En toda España solo hay 47 profesores de religión islámica en los colegios, una cifra estancada desde 2008. Todos han sido contratados por el Ministerio de Educación y no por las consejerías autonómicas, excepto en el País Vasco, cuyo Departamento de Educación asumió la competencia en 2014. Se encontró con dos docentes —uno de ellos de baja— para atender a más de 1.200 alumnos para el curso 2014-2015 repartidos por 120 centros: ¡una misión imposible! En Ceuta y Melilla la educación no ha sido transferida y es lógico que los 24 profesores que enseñan el islam en Primaria estén a sueldo del Estado; no así en Andalucía (17 profesores), Aragón (3) y Canarias (1), comunidades con el conjunto de la competencia transferida salvo la educación islámica, por lo que el Ministerio de Educación sigue abonando las nóminas de estos 21 profesores. En las demás comunidades autónomas no se imparten clases de religión a los alumnos musulmanes, ni siquiera allí donde son muy numerosos, como en Cataluña (75.841) y Madrid (41.428). En esta última sí hubo un profesor hasta 2002, cuando el Estado transfirió la competencia a la comunidad y esta le despidió. Allí donde hay profesores, su número es insuficiente para atender al alumnado. En Canarias un solo docente no puede, obviamente, impartir clase a unos 4.800 chavales repartidos por todo el archipiélago. No existe ningún colegio concertado musulmán en España, pero sí un par de evangélicos.

En teoría basta con que diez padres de alumnos lo demanden para que el colegio esté obligado a proporcionar a sus hijos clases de islam. Hasta la fecha ningún colectivo musulmán ha recurrido a la justicia para tratar de conseguir en los tribunales aquello que las Administraciones les deniegan. A principios del verano de 2015 Riay Tatary, presidente provisional de la Comisión Islámica de España, dejó a un lado su proverbial prudencia y denunció la «discriminación» que padecen los musulmanes y la «hipocresía» de los políticos que se llenan la boca con las palabras «igualdad, derechos y libertades» que luego no ponen en práctica. Una modesta campaña, bautizada «Islam en la escuela», se puso luego en marcha para concienciar a los musulmanes de sus derechos educativos e incitarles a reivindicarlos. Tatary prometió además el apoyo de su institución a los progenitores que acudieran a los tribunales, pero a finales de 2015 todavía ninguno había dado ese paso.

Pese a que la batalla por la educación islámica en Primaria no ha hecho más que empezar, en la Península y en los dos archipiélagos, e incluso en Ceuta y Melilla, con la mitad de la población musulmana, ya se están reclamando también clases de religión musulmana en la siguiente etapa educativa. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos pidió al Ministerio de Educación, en verano de 2015, que tomase «las medidas oportunas» para que el islam se enseñe también en los seis institutos de secundaria de Ceuta. La petición fue transmitida varias veces al titular de Educación, José Ignacio Wert, que respondió siempre con buenas palabras pero sin comprometerse a nada. «No hay una promesa tajante, pero creo que hay una inclinación hacia ello», declaró Tatary a la salida de una reunión con el ministro, tratando de buscar un lado positivo a lo que le había comentado su interlocutor.

El imán Tatary y otros muchos responsables musulmanes consideran que, además de ser un derecho, las clases de religión islámica en los colegios serían útiles en los tiempos que corren. «Una enseñanza unificada —con libros de texto adecuados— puede evitar el terrorismo», declaró en el otoño de 2015. «Si lo aprenden bien en la escuela acaso estén menos tentados de buscar en determinadas páginas de internet, muchas de ellas no convenientes, las respuestas a las preguntas que se hacen», comentó Rachid Boutarbouch, ulema (erudito musulmán) considerado como el ideólogo de la rama española del movimiento islamista pacífico marroquí Justicia y Espiritualidad. «Y si, pese a todo, se topan con esas páginas, estarán mejor armados para no dejarse subyugar», concluye. Si el islam se enseña en la escuela «el niño lo aprende como algo acorde con el entorno social en el que se desenvuelve, pero si solo escucha hablar de él en un garaje-mezquita en el extrarradio por un imán que se dirige a él en árabe lo percibirá como algo ajeno» a la sociedad en la que vive, sostuvo Zoila Cambalía Solís, catedrática de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Zaragoza, en una conferencia, en octubre de 2015, en Yuste (Cáceres).

Discriminación post mortem

«No hay ni donde caerse muerto». «¡Reabrid el cementerio musulmán!». Un puñado de musulmanes, sobre todo mujeres, enarbolaban pancartas con estas frases un domingo de finales de noviembre de 2014 ante el Ministerio de Justicia en Madrid. Se habían concentrado allí para pedir el apoyo de la Administración ante la decisión de María Antonia Díaz, alcaldesa de Griñón (9.400 habitantes, Madrid), que acababa de cerrar el único camposanto islámico no ya de Madrid, sino de todo el centro de España, donde residen cerca de 300.000 musulmanes. Apenas lo había clausurado y ya había media docena de cadáveres en diversas morgues madrileñas a la espera de poder ser enterrados. «Imagina que al dolor de perder a un familiar se le sumara la incapacidad de poder afrontar el duelo por no poder dar sepultura a su cuerpo», escribía Nuria El-Haddad en la petición que lanzó a través de Change.org pidiendo la reapertura del cementerio. El camposanto de Griñón era un vestigio de la Guerra Civil —en el que recibieron sepultura cientos de rifeños que lucharon con el general Franco— administrado por el Consulado de Marruecos en Madrid, pero propiedad del Ministerio de Defensa, que decidió, en octubre de 2014, traspasarlo al ayuntamiento de la localidad por un plazo de cincuenta años. María Antonia Díaz lo cerró temporalmente para, según explicó, «arreglarlo y sacar a concurso su gestión entre las empresas funerarias de la zona». Las protestas de los musulmanes y las gestiones mediadoras de Justicia obligaron a reabrirlo parcialmente a los pocos días.

El camposanto de Griñón funcionaba en la práctica como si fuera privado, pero el conflicto al que dio lugar puso de relieve otra de las asignaturas pendientes del acuerdo de cooperación: el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales. En España solo hay cuatro cementerios específicamente islámicos —Ceuta, Melilla, Griñón y Fuengirola— y 24 pequeñas parcelas cedidas por los ayuntamientos en sus camposantos. Son espacios insuficientes. Primero porque la población musulmana está en aumento, aunque sigue siendo mayoritariamente joven. A eso se añade que «los difuntos musulmanes eran enterrados antes en sus países de origen, pero la tendencia cambia», señala el imán Tatary. «Las nuevas generaciones desean que sus padres sean inhumados allí donde ellos viven», asegura.

Esta reivindicación es una obsesión para los musulmanes. Cuando el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabeza, presentó a su secretario general, Pedro Sánchez, a Adel Najjar, el principal dirigente musulmán de Extremadura, durante la campaña de las municipales de 2015, el primer tema que le sacó a relucir fue el del cementerio que la comunidad islámica llevaba solicitando desde hace quince años. Nada más ser elegida alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena recibió una carta del imán Riay Tatary en la que reivindicaba una parcela del camposanto. «La hemos pedido por activa y por pasiva, pero no hay manera», se quejó en una conversación con el autor.

Al margen de la falta de espacio, los musulmanes se enfrentan con otros tres problemas que el catedrático José María Contreras recoge en su artículo «El Islam en España». Las parcelas para sus enterramientos en los cementerios han de estar acotadas, mientras que la ley española estipula que los ayuntamientos deben impedir «discriminación» entre difuntos «por razones de religión […]». La solución suele consistir en colocar una hilera de setos de cipreses para diferenciar las dos áreas, la general y la musulmana, según Contreras. La segunda contrariedad es que los cadáveres han de enterrarse a 2 metros bajo tierra y, sobre todo, con la cabeza en dirección a La Meca.

El tercer y más grave problema es que el cuerpo sin vida debe ser enterrado en contacto con la tierra y, por tanto, sin ataúd, aunque este se use para transportarlo al camposanto. «De ella [la tierra] os hemos creado, a ella os devolveremos, y de ella os haremos surgir de nuevo», reza el versículo del Corán cuya interpretación inspira el rito mortuorio. En Griñón los familiares solían quemar la caja al aire libre tras la inhumación. Cuando se hizo cargo del cementerio de Grinón, la alcaldesa María Antonia Díaz puso el grito en el cielo al enterarse de que los enterramientos se hacían sin féretro en una zona repleta de acuíferos. El uso del féretro es, sin embargo, obligatorio en gran parte de España, empezando por Madrid.

El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974 establece, sin embargo, una diferencia según la causa de la defunción. Los cadáveres del llamado Grupo I, que engloba a los fallecidos que representan un peligro sanitario por haber fallecido de epidemias como cólera, viruela, carbunco y, desde 2014, ébola, deben ser enterrados de forma imperativa dentro de un ataúd. Los fallecidos por cualquier otra causa forman parte de otro grupo, el II, que en general también requiere el enterramiento con féretro aunque, por causas excepcionales, los gobernadores civiles del franquismo podían autorizar que se prescindiera de ellos. A esta salvedad se ha acogido la Junta de Andalucía para permitir a los musulmanes, en su reglamento mortuorio, desechar la caja antes de sepultar a sus muertos. Es también en Andalucía donde más ayuntamientos han cedido parcelas en sus camposantos. El primer tanatorio para musulmanes fue, sin embargo, inaugurado, en abril de 2007, en Montjuïc (Barcelona, Cataluña).

A rezar al pasillo

En otros muchos ámbitos tampoco se cumple el acuerdo con la comunidad musulmana. No existen, por ejemplo, los imanes castrenses que deberían dar asistencia religiosa a los soldados musulmanes. Hubo que esperar veintitrés años, hasta julio de 2015, para que un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmase con los representantes de esa confesión un convenio sobre asistencia religiosa en las cárceles, pese al elevado porcentaje de reclusos musulmanes. Una decena de imanes atendía, a finales de 2015, a los presos que los solicitaban en otros tantos centros penitenciarios. Solo podían atender al 13 por ciento de las 78 prisiones de España. «Aunque no todos los reos requieren nuestra presencia, no damos abasto», comentaba apesadumbrado el imán Mohamed Kharchich, que ejerce en Madrid. Tras la entrada en vigor del convenio, una partida anual de 3.390 euros, que Interior ha puesto a disposición de la Comisión Islámica de España, ayuda a sufragar los desplazamientos de los clérigos musulmanes hasta las cárceles. Detrás de los barrotes se producen, sin embargo, «muchas reconversiones a la religión porque los presos sienten un vacío interno» que desean colmar, según explicó Esther Montero, subdirectora de tratamiento de la cárcel de Huelva, en una conferencia en julio de 2015.

Estas ansias de religión les hacen vulnerables a la radicalización por parte de otros reclusos. A finales de octubre de 2015 había en las cárceles españolas 81 presos yihadistas —a los que hay que añadir otros cinco, menores con expedientes de reforma— de los que solo 19 tenían una sentencia firme, mientras que los demás estaban en prisión preventiva. Son en un 83 por ciento varones jóvenes, de entre diecinueve y treinta y cinco años, en su mayoría casados y con hijos, y muchos estaban en situación irregular en España cuando fueron detenidos, según José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Se dejan la barba, visten chilabas o túnicas paquistaníes y decoran a veces sus celdas con versículos del Corán. Casi todos ellos están vigilados en el marco del Programa de Intervención con Internos Islamistas puesto en marcha por Interior para tratar de «desradicalizarles» o, por lo menos, impedir que radicalicen a otros reclusos. Fernández Díaz reveló, en el verano de 2015, que, en total, 187 internos estaban en observación, la mayoría de ellos porque su débil personalidad se prestaba a que fuesen reclutados por extremistas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato al que está afiliados numerosos funcionarios de prisiones, solicitó tras los atentados de París «la agrupación de los reos con perfil yihadista en un mismo centro penitenciario» porque así resultaría más fácil combatir el contagio. Interior no accedió a esta petición, pero sí tiende desde 2014 a alejar de su lugar de residencia —Cataluña, Ceuta y Melilla en la mayoría de los casos— a los presos sospechosos de inclinaciones yihadistas.

«Solicitamos ver la sala reservada a los cultos» en la prisión Madrid II-Alcalá Meco, escribieron las investigadoras Anna Caresche y Carole da Costa en una narración sobre su visita a la cárcel. Franquearon sus puertas para elaborar un exhaustivo informe, «El Islam: una realidad española», publicado en 2010 pero que, según el imán Kharchich, sigue estando de actualidad. «Nos enseñaron un pequeño local que los internos llaman “la pequeña iglesia”», recordaban ambas mujeres. «[…] en este lugar sería imposible rezar para un musulmán», constataron. «Este local, previsto inicialmente para el uso común religioso de todos los internos, había sido convertido en una pequeña iglesia con su crucifijo, su virgen, su altar». «El local había sido acaparado por el cura que presta asistencia religiosa a los presos católicos». Los musulmanes carecían de sala para rezar, aunque los funcionarios penitenciarios explicaron a las investigadoras que se les permitía a veces hacerlo en un pasillo, un lugar de paso. Esa carencia de sala específica es uno de los problemas que padecen los presos musulmanes, según Caresche y Da Costa. «Lo que se exige no es un local exclusivo», afirman haciéndose eco de otra reivindicación de la Comisión Islámica de España. «Se tiene conciencia de la falta de medios y de espacio». Por eso se conformarían con «un local que podrían compartir todas las confesiones», que rezarían por turnos. «Lo que no es admisible es que exista un local para una confesión y no para las demás», concluyen.

Hacia la secularización

Si el acuerdo de 1992 ha sido escasamente desarrollado es, en cierta medida, «a causa de la desunión y de la apatía» de los propios musulmanes, empezando por los marroquíes, que constituyen el grupo más numeroso, reconoce el imán Kharchich, él mismo de origen marroquí. José María Contreras, que fue director general de Asuntos Religiosos en el Gobierno de Zapatero, achaca esa indolencia a que «las comunidades musulmanas se mueven en su inmensa mayoría en una dinámica inmigrante: se ven como “musulmanes en España” y no como “musulmanes de España”. «Las comunidades se encierran en sí mismas y se autoexcluyen, miran al exterior para recibir inputs —ideológicos o económicos—, se articulan por sistemas diferentes al Estado español y se relacionan con la sociedad como si fueran extranjeros». Juan Ferreiro, que fue subdirector de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia, encuentra circunstancias atenuantes a ese comportamiento: «Bastantes esfuerzos tenían que hacer estos últimos años los musulmanes de España para capear la crisis como para encima movilizarse por otras causas».

Tres días antes de las elecciones legislativas del 20 de diciembre de 2015, el imán Tatary irrumpió en la campaña electoral con un par de declaraciones instando a los musulmanes a votar por aquellos partidos más receptivos a respetar los derechos de los musulmanes. «Debemos ser conscientes de quiénes son […] los que incluyen en sus programas el incumplimiento de los acuerdos de cooperación o iniciativas de restricción de derechos a nuestra comunidad», declaró a la agencia Europa Press. Enumeró a continuación las trabas que padecen sus correligionarios, entre las que incluyó la oposición a «la visibilidad de la vocación femenina con el hiyab en las aulas o en la sociedad».

Sean cuales fueren las causas, esa dejadez ha perjudicado a la imagen de los musulmanes en España, ya de por sí muy dañada por aquellos que dicen inspirarse en el islam para practicar la violencia. Tras años de silencio, comunicados de condena al margen, hubo que esperar a los atentados de París, en noviembre de 2015, para que los musulmanes se echasen a la calle, en número más bien simbólico, para expresar su rechazo del terrorismo. Aún les falta un trecho para seguir el ejemplo del Consejo Francés del Culto Musulmán, que invitó a los católicos a rezar juntos en las mezquitas por la paz en Oriente Próximo y por el cese en esa región de la persecución de las minorías cristianas.

Incluso ante atropellos flagrantes en el seno de la comunidad musulmana, sus responsables no se pronuncian. La marroquí Fátima Ghailan, mediadora cultural contratada por el Ayuntamiento de Cunit (Tarragona), fue acosada durante meses, a finales de 2009 y principios de 2010, por el imán de la localidad, Mohamed Benbrahim, y tres de sus secuaces por, según ella, no llevar hiyab, tener modales liberales y relacionarse demasiado con no musulmanes. Recibió llamadas anónimas en su móvil amenazándola con quemarle su casa e, instigados por el clérigo, los compañeros de colegio tachaban a sus hijos de «infieles» porque comían en Ramadán. El clérigo llegó a pedir a la alcaldesa que la despidiera de su trabajo. El Consell Islàmic Cultural de Catalunya, el órgano islámico más apoyado por la Generalitat, nunca se pronunció sobre el conflicto, ni siquiera después de que la mediadora pusiera una denuncia y la fiscalía acusase al imán de un delito de «coacciones graves». El imán fue condenado en primera instancia a un año de cárcel, pero en 2011 la Audiencia de Tarragona le absolvió.

La Comisión Islámica de España ha tenido, hasta septiembre de 2015, una estructura bicéfala, con dos secretarios generales enfrentados entre sí. Ahora tiene unos estatutos provisionales con un presidente, Tatary, cercano doctrinalmente a una escisión de los Hermanos Musulmanes sirios y cuestionado por una amplia corriente con capacidad de bloqueo. La encabeza Mounir Benjelloun, presidente de la FEERI, que comparte el credo del movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad. Esta bicefalia, que ha durado veintitrés años, ha «impedido responder de una manera adecuada al seguimiento y puesta en marcha del acuerdo con el Estado de 1992», se lamenta Contreras.

Benjelloun señala, sobre todo, a Tatary, el que fue su alter ego en la Comisión Islámica, como «responsable del bloqueo» por su «resistencia a tantas iniciativas» a lo largo del cuarto de siglo que lleva representando a los musulmanes de España. Isabel Romero, presidenta de la Junta Islámica, una comunidad de conversos integrada en la FEERI, va un paso más allá. Afirma que «desde el Ministerio de Justicia se ha favorecido a Tatary». ¿Con qué intención? «Que los musulmanes no desempeñemos el papel que nos corresponde en España por arraigo y por número», contesta. El bloqueo en la dirección de la Comisión Islámica «se ha fomentado para que no tengamos la capacidad de intervenir como ciudadanos y desarrollarnos con normalidad en un contexto democrático».

Tatary no es un hombre de polémicas y menos aún públicas. Hace una ligera mueca de disgusto cuando se mencionan las críticas que se vierten sobre él y asegura que aquellos que las formulan se caracterizan por «hacer mucho ruido con pocas nueces». A continuación enumera una larga lista de actividades que, bajo su dirección, lleva a cabo la Unión de Comunidades Islámicas de España, uno de los dos grandes pilares de la Comisión Islámica que él encabeza. Trata así de demostrar que no permanece de brazos cruzados. No culpa a las autoridades españolas del largo enfrentamiento en la cúpula de la representación de los musulmanes, pero sí sostiene que «su división favorece a los poderes públicos, sobre todo a los de seguridad». «Los favorece por la información…». El imán es, a veces, evasivo, y en este caso se resiste a ahondar su reflexión ante el autor. ¿Querrá decir que cuanto más dividida esté más fácil le resulta a la policía y al CNI averiguar qué se cuece en la comunidad musulmana? Contreras también opina que esa fragmentación «ha sido aprovechada por las autoridades». Desde el Estado, recuerda, se les decía a los musulmanes: «Como no estáis de acuerdo entre vosotros sobre tal o cual iniciativa, nosotros, por ahora, no nos moveremos».

Rachid Boutarbouch, considerado como el líder espiritual de la rama en España del movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad, también opina que los sucesivos gobiernos españoles estuvieron «interesados en la eclosión de nuevos reinos de taifas» en la España del siglo XX. «En el fondo estaban arrepentidos de habernos hecho demasiadas concesiones en el acuerdo de 1992 y no tenían prisa por ponerlas en práctica», sospecha. «Algo cambió a partir de los atentados del 11-M en 2004», sostiene. «Ahí empezaron a darse cuenta de que nos necesitaban unidos, para que una dirección con un amplio respaldo vigilase al rebaño y tratara de impedir que hubiera ovejas descarriadas», concluye. Aun así, una década después la desunión seguía prevaleciendo.

Si el acuerdo está paralizado desde hace un cuarto de siglo no es solo a causa de las pugnas entre dignatarios musulmanes. El bloqueo es achacable a que desde el Estado se ha fomentado la «creación de unos órganos artificiales de representación del islam —como la Comisión Islámica de España— que, precisamente por ser artificiales y no representar a nadie con autoridad interna, están generando importantes problemas», escribe la profesora Zoila Combalía. A diferencia de la Iglesia católica el islam es una religión nada jerarquizada, pero en su empeño por tener de interlocutores a gobiernos como el español, y también otros en Europa, ha impulsado órganos directivos de representación con los que el grueso de los musulmanes no se identifica. Una prueba empírica hecha mientras preparaba este libro da la razón a Combalía. «¿A cuál de las federaciones que componen la Comisión Islámica pertenece su comunidad?», es una pregunta que he formulado a varios de mis interlocutores, sobre todo en barrios periféricos y en pequeñas localidades. En muchas ocasiones no supieron contestarla.

«No es verdad», repite una y otra vez Ricardo García García, que ocupó el cargo de subdirector de las Relaciones con las Confesiones en el Ministerio de Justicia (2012-2015), antes de reincorporarse a la enseñanza superior como vicerrector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Aporta una retahíla de datos con los que intenta desbaratar las críticas a propósito de la no aplicación del famoso acuerdo. «Desde 1992 hasta mediados de 2015 el número de comunidades islámicas registradas ha crecido un 3.400 por ciento», recalca. «Se ha firmado [en 2015] hasta un convenio de asistencia religiosa a los musulmanes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que no estaba ni siquiera contemplado» en el acuerdo, añade. Pese a algunas trabas «se abren constantemente nuevas mezquitas y oratorios», insiste. En una encuesta de Metroscopia de 2010, solo el 14 por ciento de los musulmanes se quejaba de toparse con obstáculos —casi siempre la ausencia de templo en su entorno— para practicar su religión. «Las festividades islámicas han quedado recogidas en un montón de convenios colectivos», sobre todo de empresas públicas y concesionarios de la Administración, para que sus trabajadores musulmanes puedan disfrutar de ellas o rezar a mediodía los viernes.

Más allá de estas conquistas, Ricardo García intuye que los musulmanes se sienten a gusto en España porque en lugar del laicismo algo agresivo de otros países europeos «prima la laicidad positiva». «El Estado y la Iglesia —y también, poco a poco, las otras confesiones— no se dan la espalda, sino que se dan la mano para colaborar». «Este modelo tolerante y dialogante explica, en parte, que aquí tengamos menos radicalismo entre los musulmanes», sostiene. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va todavía más lejos. Para el mundo, España «es un ejemplo de integración de la comunidad musulmana en la sociedad española», declaró, en noviembre de 2015, en Londres.

El modelo es tolerante porque la libertad religiosa existe en España, si bien dista mucho del Estado aconfesional descrito por los «padres de la Constitución». Cada vez que se le pregunta, Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, contesta con la misma frase cargada de ironía: «España es un país aconfesional en el que una persona física puede destinar sus impuestos a la Iglesia católica, pero no a otra confesión». En un país cada vez más secularizado, el Estado sigue manteniendo una relación privilegiada con la Iglesia católica, que abarca desde la financiación de ceremonias como los funerales de Estado hasta los indultos concedidos a reos, a instancias de diversas cofradías, en vísperas de Semana Santa. «En cierto modo, España sigue siendo un Estado confesional, aunque se haya abierto al pluralismo religioso», sostienen las investigadoras Anna Caresche y Carole da Costa Dias en su informe «El Islam: una realidad social en España».

Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 sí introdujeron mayores dosis de laicidad y de ecuanimidad en las relaciones de los ayuntamientos con las confesiones. La alcaldesa Ada Colau innovó invitando a su toma de posesión a representantes musulmanes, judíos, evangélicos y, por supuesto, al cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach; después anunció que la tradicional misa de la Mercè no sería ya incluida en el programa oficial de la fiesta mayor de la ciudad por respeto a la «aconfesionalidad». Martiño Noriega, el alcalde de Santiago de Compostela, quebró también la tradición el 25 de julio de 2015. Recibió a los participantes en la ofrenda al Apóstol Santiago en la plaza del Obradoiro, pero no entró en la catedral. Joan Ribó, el alcalde de Valencia, fue —al igual que sus predecesores— el portador de la senyera durante la procesión cívica del 9 de octubre, en la que incluyó a las principales confesiones, además de la católica. Sin embargo, rehusó entrar en la catedral y excluyó el tedeum de la programación oficial. Natalia Nuñez, la alcaldesa socialista de Cenicientos (2.070 habitantes, Madrid), se excedió nada más tomar posesión en junio de 2015. Mandó retirar de la vía pública los mojones de un vía crucis, instalado por su predecesor del PP, que conducían a la iglesia del pueblo. Aquella pequeña obra era, según explicó ante los micrófonos de esRadio, «una falta de respeto para aquellos vecinos que no profesan ninguna religión o que profesan la religión musulmana y que también forman parte de la comunidad». Recuerdo los comentarios aborchornados de algunos miembros musulmanes de la comunidad de Facebook después de leer esa noticia en mi grupo de la red social. La Iglesia católica, obviamente, se queja de estas iniciativas. Existe «una corriente de laicismo que pretende erradicar de la vida pública a la Iglesia y al cristianismo», denunciaba, en octubre de 2015, monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander. «En esta sociedad, hablar de musulmanes es hablar de alguien al que hay que respetar, no sabemos si por convencimiento o por miedo», pero no sucede lo mismo con los católicos, se lamentaba.

En algo tiene razón. La poetisa catalana Dolors Miquel Abellà recitó, en la ceremonia Premios Ciutat de Barcelona que presidió Ada Colau, en febrero de 2016, su particular versión irreverente del Padrenuestro. «Madre nuestra que estáis en el celo, sea santificado vuestro coño, la epidural, la comadrona […]» fueron sus primeras palabras. Nunca se habría atrevido a hacer una adaptación parecida de algún versículo del Corán. La provocación tuvo un efecto inesperado. Las cuatro principales confesiones se unieron, por primera vez, para expresar su reprobación. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, y los responsables musulmán, Riay Tatary, evangélico, Mariano Blázquez, y judío, Isaac Querub, firmaron un comunicado conjunto de «rechazo a las ofensas públicas contra los sentimientos religiosos […], por una convivencia respetuosa y hermanada entre todos». La iniciativa fue prácticamente ignorada por toda la prensa.

Rodríguez Zapatero no se atrevió a sacar adelante, en su segunda legislatura (2008-2011), la ley de libertad religiosa que tanto había pregonado. Las ideas que figuraban en los borradores que entonces circularon siguen, no obstante, vivas. El PSOE las desarrolló en su conferencia política de noviembre de 2013, y el programa electoral del candidato Pedro Sánchez las recogía parcialmente. Los socialistas hicieron primero, en 2013, un diagnóstico. Resaltaba «la pervivencia de la confesionalidad del Estado» en actos y espacios públicos y «el trato de favor a la Iglesia católica, con discriminación para las minorías». Para enmendarlo proponían nada menos que cambiar el artículo 16.3 de la Constitución para quitar la mención a la Iglesia; denunciar los acuerdos con la Santa Sede y derogar los vigentes con las demás confesiones. A partir de ahí se pondría en pie un sistema de autofinanciación, gracias a las aportaciones de ciudadanos religiosos, aunque el Estado también brindaría «una colaboración económica». Su declarada apuesta por la laicidad incluía una retahíla de medidas que abarcan desde la supresión de la intervención protocolaria del Ejército en actos religiosos hasta la celebración de «funerales» civiles, sin la participación del clero, in memoriam de las víctimas de catástrofes, atentados, etcétera. La propuesta que más revuelo suscitó en su día fue la eliminación de las clases de religión en la escuela pública, incluso en horario no lectivo. Las Administraciones públicas también estarían obligadas a facilitar el derecho a la apostasía de cualquier persona que lo solicitara y en el momento en que lo pidiese. Por último, la blasfemia desaparecería del Código Penal.

Si algún día se aplican todas estas medidas, España se parecerá bastante a Francia, el país más laico de Europa desde que en 1905 una ley estableció una nítida separación de la Iglesia y del Estado. La laicidad francesa ha hecho de su Iglesia católica una institución más autónoma y dinámica que en otros lugares donde está protegida y amparada por los poderes públicos. Sin embargo, esta política no está exenta de excesos. La dirección del metro de París (RATP) censuró, por ejemplo, en abril de 2015, unos carteles que anunciaban un concierto en la sala de espectáculos del Olympia parisino del grupo Les Prêtres, compuesto por tres sacerdotes. En una esquina del anuncio se indicaba con letra pequeña que la recaudación se haría «en beneficio de los cristianos de Oriente», y esa mención quebraba el sagrado principio de la laicidad en un espacio público. Las protestas obligaron a ceder a la compañía del metropolitano.

El proyecto de una España más laica suscita sentimientos contradictorios entre los musulmanes. Dos aspectos les inquietan especialmente. Al imán Tatary le preocupa que se vayan a suprimir las clases de religión de cualquier confesión casi antes de que se empiece realmente a impartir estas a los niños musulmanes. Se declara «sorprendido» de que esta propuesta parta del PSOE, que fue el que firmó, en 1992, el acuerdo que incluía la enseñanza del islam en los colegios. Su eterno rival, Mounir Benjelloun, lamentaría la desaparición del delito de blasfemia. «Sobre imanes y curas se pueden hacer chistes y bromas porque son personas y pueden ser criticadas en serio o con humor», comentó al autor. «Pero sobre Dios y el Profeta no, porque cristalizan la fe de cientos de millones de personas a las que hay que respetar, a las que no se debe ofender», añadía.

Si se exceptúan estos dos reparos, los musulmanes no son reacios a la laicidad. «Laicista… hasta la médula» era, por ejemplo, el titular de una tribuna de Mayda Daoud, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, en la que sostenía que ese era «el camino para ser más iguales». Alineada con su partido, esta joven socialista es incluso partidaria de que «no se dé religión en la escuela, ninguna religión». «Lo que sí convendría estudiar es la historia de las religiones, los valores de cada religión, porque así nos conoceríamos mejor, así se nos inculcaría el respeto mutuo, que es la base de la convivencia en armonía», asevera mientras desayuna con el autor en Ceuta. Aunque se sitúe en el polo opuesto, Rachid Boutarbouch, el ideólogo para España del poderoso movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad, se expresa en términos muy parecidos. «Sería absurdo tener en España las mismas aspiraciones que en Marruecos, donde los musulmanes son la inmensa mayoría», explica sentado en la terraza de una cafetería de Granada. «Tampoco tendría sentido abogar por la preservación de un sistema como el español, que privilegia a la Iglesia [católica]», añade. «Aunque crezcamos seguiremos siendo minoría, y en Europa el laicismo es la mejor protección de las minorías», asegura. «Eso conlleva acabar también con las clases de religión en los colegios públicos», afirma. «Para que todos vivamos en paz no hay nada mejor que el Estado laico», concluye. Boutarbouch recalca que esta no es una reflexión suya, personal, sino «del conjunto del movimiento al que pertenece».

Ningún dignatario islámico en España se atreve a reivindicar en público el «estatuto del musulmán», quizá porque todavía no le ha dado tiempo al islam a echar raíces. Sí lo han hecho, por ejemplo, en Canadá, donde el Instituto Islámico de Justicia Civil aspira a que los musulmanes sean juzgados en función de sus valores y creencias. En el estado canadiense de Ontario dignatarios musulmanes pueden zanjar legalmente litigios civiles inspirándose en la sharía (ley islámica) desde hace más de una década, siempre que las partes lo requieran. En la periferia de Birminghan ha surgido «un tribunal de arbitraje musulmán para permitir a los que lo desean resolver sus pleitos familiares y comerciales por poco dinero», escribe el abogado y periodista británico Sadakat Kadri en su libro El paraíso terrenal: viaje a través de la Sharia (Heaven on Earth: a journey through Sharia law).

En España ha sido, curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que en una sentencia, de junio de 2015, se mostró comprensivo con la mudawana, el código de familia marroquí inspirado en la ley islámica, que rige cuestiones como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. Este tribunal reconoció los efectos del matrimonio bígamo contraído por un español de origen marroquí que había fallecido. En contra del criterio de la Seguridad Social y del Juzgado de lo Social, el TSJ andaluz concedió el derecho a percibir parte de la pensión de viudedad a una mujer española pero también nacida en Marruecos, que había contraído matrimonio por el rito musulmán con el difunto. Este ya estaba entonces casado, por lo que su segundo matrimonio no pudo ser inscrito en el Registro Civil.

Mientras que en España la izquierda aspira a rematar la edificación de un Estado laico que empezó a finales de los setenta con la llegada de la democracia, el laicismo empieza a ser cuestionado en algunos países europeos que lo practican, a veces desde hace más de un siglo. Zoila Combalía, catedrática de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Zaragoza, advierte en sus artículos académicos del «peligro de una laicidad represiva que dificultaría la integración del islam en las sociedades europeas». Por eso se «sorprende» de que «algunos propugnen para España una laicidad inspirada en el modelo francés, cuando Francia lo está abandonando porque no funciona».

Son pocos los intelectuales y académicos europeos, sean de izquierdas o incluso de derechas, que estén dispuestos a renunciar a la laicidad. Aquellos que conocen mejor a los musulmanes y su idiosincrasia consideran, sin embargo, que en las sociedades en las que tienen una fuerte presencia hay que caminar hacia ella al ritmo de la célebre procesión católica de Echternach, reclamo turístico de Luxemburgo, tres pasos adelante y dos pasos atrás. «Debemos avanzar hacia la secularización, pero de forma gradual», declaró Karen Armstrong, la pensadora británica experta en religión comparada, en una entrevista con el diario El País. «A nosotros nos llevó tres siglos y se quiere hacer en unas pocas décadas, sin que se desarrolle naturalmente», recordó. Zoila Combalía expresa la misma idea en la Revista de Humanidades y Cultura: «Sin esa separación [entre identidad cívica y religiosa] resulta muy difícil garantizar los derechos de todos en una sociedad plural y global». «Ahora bien, el proceso de separación tendrá que acometerlo el islam no a imitación —imposición— del modelo occidental, sino desde postulados islámicos», concluía. Ese es su mayor desafío, junto con una reinterpretación actualizada de la sharía, para que sea compatible con unos derechos humanos universales.

Índice de siglas

Acavite: Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AKP (siglas en turco): Partido de la Justicia y el Desarrollo

AMDH: Asociación Marroquí de Derechos Humanos

AME: Asociación Musulmana de España

Amlega: Asociación Melillense de Lesbianas y Gays

AQMI: Al Qaeda en el Magreb Islámico

AUGC: Asociación Unificada de la Guardia Civil

BCIJ (siglas en francés): Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos

BND (siglas en alemán): Servicio Federal de Información

CatDem: Fundació Catalanista i Demòcrata

CCME: Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero

CDC: Convergència Democràtica de Catalunya

CETI: Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes

CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros

CIE: Comisión Islámica de España

CITCO: Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado

CNI: Centro Nacional de Inteligencia

CNP: Cuerpo Nacional de Policía

CpM: Coalición por Melilla

CSIF: Central Sindical Independiente y de Funcionarios

CUP: Candidatura d’Unitat Popular

Dáesh (acrónimo árabe): Estado Islámico de Irak y Levante

DGED: Dirección General de Estudios y Documentación de Marruecos

DGST (siglas en francés): Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos

DRS (siglas en francés): Servicio Secreto Militar de Argelia, disuelto en 2015

EAU: Emiratos Árabes Unidos

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

ESMA: Emirates Standardization and Metrology Authority

FEERI: Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas

FEREDE: Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

FIRM: Federación Islámica de la Región de Murcia

Frontex: Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores

Frontur: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras

GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IREMAM (siglas en francés): Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán

IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting

ISIS (siglas en inglés): Estado Islámico de Irak y Siria

JAKIM (siglas en malayo): Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia

MAP (siglas en francés): Agencia Oficial de Prensa de Marruecos

MDyC: Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía

MIR: Médico Interno Residente

OCI: Oficina Central de Inteligencia

ONDA: Organización Nacional para el Diálogo y la Participación

PSC: Partit del Socialistes de Catalunya

PxC: Plataforma per Catalunya

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RATP (siglas en francés): Compañía de Transportes Urbanos de París

RIHS (siglas en inglés): Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica

SICOA: Sistema de Coordinación de Operaciones Antiterroristas

UCCIC: Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya

UCIdCat: Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña

UCIDE: Unión de Comunidades Islámicas de España

UDC: Unión Democrática Ceutí

UDEF: Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia

Unesco (siglas en inglés): Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© Ignacio Cembrero Vázquez, 2016

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Imágenes y fotografías de interior: MDyC, Anzos, Agencia EFE y archivo del autor

Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2016

ISBN: 978-84-9060-702-2 (epub)

Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.