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SINOPSIS

Un apasionante recorrido por la historia moderna de España, desde 1808 hasta nuestros días.

Escribir la historia de la España contemporánea ha sido una empresa espinosa desde la aparición de las primeras historias «nacionales» a mediados del siglo XIX. La cuestión de porqué España no ha logrado seguir un camino «normal» hacia la modernidad dominó una buena parte de la historiografía. En la tradición histórica anglo-americana, un anticatolicismo profundamente enraizado ayudó a crear una larga muestra de hostilidad hacia la historia española. España se consideraba el país de la Inquisición intolerante, el imperio que saqueó América, el modelo de la tiranía del Viejo Mundo, frente a las libertades de la tradición política anglosajona.

Para Pamela Radcliff, en lugar de una larga lucha entre las «dos Españas», una «moderna » y la otra «tradicional», los siglos XIX y XX fueron un período en el que España construyó su propio camino sin guion hacia la modernidad, con todos los logros, las contradicciones y las oscuras consecuencias normales. España, como otros países, pasó de ser un país agrícola a serlo industrial. Como otros, pasó de un estado absolutista a uno liberal durante el siglo XIX y de un estado liberal a otro democrático en el siglo XX. En contraste con la narrativa con frecuencia aislada de la historia contemporánea de España, este libro presenta una perspectiva comparativa que se ha convertido en un rasgo indispensable de las historias nacionales en una era global.

LA

ESPAÑA

CONTEMPORÁNEA

DESDE 1808 HASTA NUESTROS DÍAS

Pamela Beth Radcliff

Traducción de Francisco García Lorenzana

PREFACIO

Escribir la historia de la España contemporánea ha sido una empresa espinosa desde la aparición de las primeras historias «nacionales» a mediados del siglo XIX. Las «biografías nacionales» lucharon por articular dos versiones de la identidad de España: una enraizada en el catolicismo y en la heroica conquista religiosa y la otra que se centraba en las libertades seculares tal como aparecían en la Constitución de Cádiz de 1812. La imagen de las «dos Españas» en guerra entre ellas parece que quedó confirmada por una serie aparentemente interminable de guerras civiles, que se iniciaron con la primera guerra carlista en la década de 1830 y culminaron con la apoteosis de la tristemente célebre Guerra Civil de 1936-1939. Durante la larga dictadura que siguió a la Guerra Civil (1939-1975), los franquistas victoriosos proclamaron el triunfo de la España católica tradicional, mientras que los liberales y socialistas derrotados aceptaron con reticencias esta interpretación e intentaron en vano comprender por qué las fuerzas modernizadoras habían fracasado en su intento de sacar a España de la edad de las tinieblas.

Desde fuera de España también dominó el tema del fracaso, aunque a veces con el tinte de la admiración romántica por los enérgicos españoles y su historia pintoresca aunque caótica. En la tradición histórica angloamericana, un anticatolicismo profundamente enraizado ayudó a crear una larga muestra de hostilidad hacia la historia española. España se consideraba el país de la Inquisición intolerante, el imperio que saqueó las Américas, el modelo de la tiranía del Viejo Mundo, frente a las libertades de la tradición política anglosajona. Esta hostilidad condujo a la llamada «leyenda negra», que fue la visión dominante de la España moderna hasta hace muy poco.¹ Los pensadores de la Ilustración francesa como Montesquieu compartieron esta visión de un país atrasado a causa del fanatismo religioso. El reverso de la «leyenda negra» fue una visión romántica, que se inicia con Lord Byron aclamando a los valientes españoles que lucharon contra los invasores durante la ocupación napoleónica. Este romanticismo se popularizó a través de la ópera Carmen de Bizet, de 1875, pero prosiguió de una manera u otra en los observadores angloamericanos del siglo XX, desde Ernest Hemingway a George Orwell. Ya fuera positiva o negativa, estas dos perspectivas consideraban a los españoles como algo diferente, a contrapié con respecto a la historia contemporánea europea «normal».²

A la marginación de España en la historiografía en lengua inglesa se debe añadir históricamente la débil presencia de la historia española en las universidades estadounidenses. En 1970, solo 13 de las 135 universidades con programas de grado disponían de un o una hispanista que pudiera formar a los estudiantes. En 2000, el número había crecido hasta 37, pero aun así solo representaban un cuarto del total. En un sentido más amplio, solo alrededor del 11 % de las instituciones estadounidenses con estudios de grado ofrecen cursos dedicados a la historia española en sus departamentos de historia.³ Así, la mayoría de los estudiantes en Estados Unidos siguen aprendiendo lo poco que saben de España a través de cursos generales, cuyos libros de texto o ignoran o emplean estereotipos negativos en su tratamiento de España.

En España, la cuestión de por qué España no ha logrado seguir un camino «normal» hacia la modernidad dominó la historiografía española en las décadas de 1960 y 1970. En aquel momento existían dos versiones del camino «normal» en la literatura sobre ciencias sociales: la liberal y la marxista. La «teoría de la modernización» liberal definía un proceso uniforme para convertirse en moderno con la industrialización, la democratización y el desarrollo tecnológico de los países más «avanzados» como vara de medir.⁴ Los marxistas describían un proceso igualmente uniforme en el que esta transformación estaba encabezada por una clase burguesa emergente, cuya tarea era preparar el terreno para una futura revolución socialista dirigida por la clase obrera. Los historiadores liberales españoles consideraban que España había fracasado en el desarrollo de un sistema político liberal estable, mientras que para los historiadores marxistas se trataba del fracaso de la revolución burguesa. Ambos podían estar de acuerdo en que el núcleo del problema radicaba en el atraso económico, como se refleja en el título de un estudio clásico, El fracaso de la primera revolución industrial en España, 1814-1913.⁵

Esta interpretación pesimista de la historia contemporánea de España empezó a cambiar después del éxito de la transición a la democracia a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Para los historiadores de España, este punto de referencia abrió un nuevo abanico de cuestiones sobre el «origen», pero ahora culminaban en «éxito» en lugar de «fracaso». Si España había sido «atrasada» y «diferente» durante casi 200 años, ¿cómo había conseguido «normalizarse» con tanta rapidez según los modelos europeos? Esta paradoja aparente ayudó a generar una historiografía revisionista y un relato nuevo de la historia contemporánea de España. En lugar de interpretarlo como un fracaso, los revisionistas argumentaban que España había seguido básicamente el mismo camino hacia la modernidad que los demás Estados europeos, aunque a un ritmo diferente. Desde una perspectiva económica, David Ringrose planteó que España experimentó una trayectoria constante de desarrollo económico que se encontraba dentro de los parámetros de la tendencia general europea.⁶ Desde una perspectiva política, Isabel Burdiel sostuvo que en realidad España había experimentado una revolución política y jurídica liberal a principios del siglo XIX.⁷

El desarrollo contemporáneo de la historiografía europea en un sentido más amplio apoyó esta perspectiva revisionista. La noción de un camino uniforme hacia la modernidad cuyas desviaciones se tenían que explicar también estaba recibiendo críticas por parte de otras historiografías nacionales. Destacó la afirmación de David Blackbourn y Geoff Eley de que los historiadores alemanes debían dejar de situar sus investigaciones sobre los orígenes alrededor de la paradoja aparente entre el éxito de la revolución burguesa y el fracaso de una revolución liberal. En lugar de los lazos automáticos entre los elementos principales de la «modernidad», cada nación habría seguido su camino «peculiar».⁸ Adrian Shubert incorporó por primera vez esta noción en la historia española, planteando la idea de caminos «peculiares» en lugar de una jerarquía rígida de los países europeos más avanzados o más atrasados.⁹

Lo que unía todos estos caminos peculiares era el amplio arco de transformaciones que caracterizó a Europa desde 1800. España, como otros países, pasó de ser un país agrícola a industrial. Como otros, pasó de un Estado absolutista a uno liberal durante el siglo XIX y de un Estado liberal a otro democrático en el siglo XX. Así mismo, pasó de ser una sociedad rural a una sociedad ampliamente urbana. Y finalmente, España experimentó el mismo tipo de conflictos y tensiones políticas que estas transformaciones provocaron en otros países. Los revisionistas reconocen que existen elementos específicos en la historia española, como el lugar destacado de la Iglesia católica, el impacto desequilibrado de la industrialización, el papel de los militares en la política y la constelación específica de fuerzas políticas, pero insisten en que el marco general era de tipo «europeo occidental».

Al contemplar la imagen de esta manera, no solo transformamos nuestra perspectiva sobre España, sino sobre Europa. En lugar de ver el «modelo europeo» identificándolo con Gran Bretaña o Francia, reconocemos que no existió un único camino hacia la modernidad sino «múltiples modernidades», ninguna de las cuales constituyó la ruta «normal» o «fracasada».¹⁰ El resultado es una historia de Europa más compleja durante el período contemporáneo, que nos ofrece una idea más adecuada de la diversidad de experiencias. En lugar de un «modelo» británico único con multitud de «excepciones», incluir a España nos ayuda a reubicar a Gran Bretaña como la excepción en lugar de la regla dentro de Europa.

Aunque el relato revisionista ha sido un correctivo muy bienvenido al paradigma del «fracaso», es necesario añadir otra capa de complejidad para completar la integración de España en un marco europeo y global más amplio en el siglo XXI. Así, justo en el momento en el que los historiadores españoles estaban celebrando la normalización de España en el desarrollo europeo contemporáneo, dicho camino «normal» se veía sometido a una crítica creciente. En el relato revisionista, la sustitución del «fracaso» por el «éxito» lo alineaba implícitamente con una visión positiva de la modernidad de la que España ya no quedaba excluida.

Pero esta visión positiva de la modernidad está cada vez más en entredicho. En el marco de la historia europea, la mayoría de los historiadores especializados en la Alemania nazi renunciaron finalmente al esfuerzo de explicar cómo el nazismo fue el producto de cierta desviación del desarrollo «normal» y aceptaron que el nazismo y el fascismo fueron regímenes modernos producto de fuerzas modernas.¹¹ Desde una perspectiva diferente, los historiadores revisionistas franceses han planteado que el celebrado nacimiento de la cultura política moderna en la Revolución francesa produjo no solo la democracia sino también el totalitarismo, mientras que Foucault vinculó la aparición del Estado moderno con formas nuevas y más represivas de vigilancia y disciplina.¹² Desde la perspectiva poscolonial, la pretensión de modernidad de Europa fue utilizada para implantar su dominio, relegando a los pueblos colonizados a un atraso permanente y justificando su sometimiento.¹³ La «modernidad» que ha surgido de todas estas tendencias es al mismo tiempo más diversa y plural, y más ambivalente en sus logros.

Es dentro de esta trayectoria más ambivalente donde la historia contemporánea de España se puede y se debe integrar. Así, en lugar de una larga lucha entre las «dos Españas», una «moderna» y la otra «tradicional», los siglos XIX y XX fueron un período en el que España construyó su propio camino sin guion hacia la modernidad, con todos los logros, las contradicciones y las oscuras consecuencias «normales». A partir del «nacimiento» oficial de la España contemporánea en la «era de las revoluciones», la tarea de este libro es mostrar la interacción compleja del desarrollo local, regional, nacional, europeo e internacional que dio lugar a la versión de la historia contemporánea específicamente española. En contraste con el relato con frecuencia aislado de la historia contemporánea de España, este libro presenta una perspectiva comparativa que se ha convertido en un rasgo indispensable de las historias nacionales en una era global.

La otra tarea principal de este libro es explicar la historia desde múltiples perspectivas sin abandonar la coherencia del arco narrativo. Hasta cierto punto, este es el reto de toda historia sintética e interpretativa, que debe equilibrar una narración política de los acontecimientos cronológicos con el desarrollo social, cultural y económico que con frecuencia sigue un ritmo diferente. También es un reto de las historias nacionales, que corren el riesgo de enmarcar una multitud de historias locales, regionales o globales en una narración en la que la aparición y consolidación del Estado nación es el resultado predeterminado.

Sin el objetivo de alcanzar una historia «total» imposible y difícil de manejar, este libro pretende incorporar el desarrollo histórico desde lo local a lo regional, nacional y global defendiendo que estas perspectivas se suman a la historia de la España contemporánea. Así mismo, sin la pretensión de integrar todas estas subdisciplinas de la historia, se centra en cuatro áreas importantes y en cómo interactúan entre ellas: política, economía, sociedad y cultura. Como reconocen en la actualidad muchos historiadores, ningún campo de la actividad histórica es la fuerza impulsora o el motor primario de la historia. En cambio, el foco se concentra en modelos interactivos complejos, en los que las diferentes fuerzas pueden ser motores primarios en momentos diferentes, y el equilibrio de los elementos puede cambiar de una sociedad a otra. El desarrollo económico, social y cultural está deliberadamente separado de la narración política (capítulos 6, 7 y 12) porque se pueden contemplar mucho mejor desde la perspectiva a largo plazo.

Un objetivo final del libro es comunicar a niveles diferentes para alcanzar un público más variado: desde el estudiante de grado hasta los alumnos de doctorado y otros especialistas que buscan información sobre los últimos debates y aportaciones académicas, y finalmente como una herramienta para los historiadores no españoles para integrar a España en un relato histórico europeo y global mucho más complejo. Los y las especialistas se pueden centrar en las notas para localizar referencias historiográficas, las y los historiadores no especialistas se pueden fijar en la sección comparativa que introduce cada capítulo, y los y las estudiantes de grado pueden optar por leer solo la narración política o también los capítulos dedicados a la historia social, económica y cultural, que están llenos de apartados para guiarlos por el camino. La esperanza es que el libro pueda no solo ayudar a construir una nueva historia de la España contemporánea, sino también contribuir a los esfuerzos en marcha para reevaluar todo el proceso de transformación social, política y económica que define la historia contemporánea europea y global.

PRIMERA PARTE

1808-1868: LA ERA DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL

1

ESPAÑA EN LA «ERA DE LAS REVOLUCIONES»

Situar el comienzo de la historia de la España contemporánea en 1808 es, como siempre cuando se trata de una periodización, una decisión algo arbitraria. En el modelo tradicional del «fracaso» de la España contemporánea, 1808 marcaba el momento en el que el tambaleante Antiguo Régimen, incluido su enorme aunque mal gestionado imperio, recibió el golpe de gracia con la invasión de los ejércitos de Napoleón. En esta versión, como las ideas liberales fueron importadas e impuestas desde el exterior, la era revolucionaria fue más efímera en su impacto a largo plazo, el primer acto en una lucha continua entre las «dos Españas», en la que el sector «moderno» siempre fue el más débil. En la versión revisionista, 1808 siguió siendo el punto de inflexión crucial, el inicio de una revolución liberal y nacional que abrió la era contemporánea de España y que demostraba una similitud con lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa occidental.

El año 1808 sirve a los dos relatos porque simboliza la inauguración de la «crisis triple» del Antiguo Régimen, incluida la crisis dinástica provocada por la abdicación del rey Borbón y de su heredero, la crisis de soberanía generada por la invasión de las tropas francesas y la crisis constitucional producida por la legitimidad debilitada de la monarquía española.¹ La resistencia contra los franceses, que condujo a la convocatoria en 1810 de unas Cortes constituyentes que afirmaban su legitimidad a partir de la soberanía de la nación, desencadenó en España la versión de la revolución política que definió el período de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aunque la «era de las revoluciones» vino seguida por una restauración absolutista en 1814, cuyo principio fundacional era regresar al statu quo ante «como si no hubiera ocurrido nada», en palabras del decreto del nuevo rey Fernando VII, no fue una vuelta a la monarquía española del siglo XVIII. Así, los temas planteados en este período abrieron una nueva era política que definió los parámetros del debate y de la lucha durante el siglo y medio que siguió.

Aunque 1808 marca una obertura conveniente de la era «contemporánea» en España (similar a 1789 para Francia), este punto de inflexión político se enmarcaba en un período de transición más largo, desde la década de 1780 a la de 1820, marcado por cambios estructurales a largo plazo y una crisis económica a corto plazo. A nivel global, esta transición culminó con cambios radicales en las formas de gobierno y en las regulaciones de la economía, así como en vuelcos importantes en la distribución global del poder. Al mismo tiempo, hubo continuidades significativas entre un Antiguo Régimen que era más dinámico de lo que se creía y un orden liberal emergente que echó raíces de manera lenta y desigual.²

En el relato del fracaso se creía que España había quedado atrás durante esta época de transformación global, pero la erudición revisionista ha dibujado un retrato más dinámico de una economía y una sociedad que se embarcaron en una trayectoria de crecimiento gradual y de cambio a finales del siglo XVIII que continuó hasta el siglo XX.³

Para comenzar este libro sobre la España contemporánea, este capítulo proporcionará una panorámica de principios del siglo XIX, desde la posición de España en el orden global hasta su estructura económica y social, y terminará con la crisis política de 1808-1814 que marcó la frontera, bastante porosa, entre los siglos XVIII y XIX. La metáfora de una «panorámica» tomada desde un tren en movimiento expresa mejor la idea de una transición no lineal desde el Antiguo Régimen a la era contemporánea, que una palabra más estática como «punto de partida».

ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO, 1780-1820

En el centro europeo del período tumultuoso y de transición representado por la «era de las revoluciones» se encontraban los grandes imperios de la época, en especial el español, el francés y el británico, que se embarcaron en un conflicto creciente en torno a una red de intercambios comerciales y de consumo cada vez más global.⁴ (Véase Mapa I.) Todos los Gobiernos imperiales respondieron a esta competición con reformas que tenían como objetivo mejorar la obtención y canalización de las ganancias y los ingresos en su propio beneficio.⁵ La necesidad de un flujo de ingresos más grande y seguro se vio al mismo tiempo impulsada por un aumento del gasto militar de los imperios de ultramar implicados en una guerra global. Pero dichas reformas también generaron revueltas coloniales, en especial en los imperios atlánticos, que hicieron necesario aún más gasto militar para aplastarlas. La crisis fiscal que afligió a todos los grandes imperios también animó a la implantación de arriesgadas reformas políticas, la más conocida de las cuales fue la convocatoria de la asamblea del Antiguo Régimen francés, los Estados Generales, que constituyó el detonante de la trascendental Revolución francesa.

En contraste con el relato marxista clásico que interpretaba esta crisis económica y política como el resultado de una revolución industrial y de la clase burguesa que puso en marcha la disolución del Antiguo Régimen en Europa a finales del siglo XVIII, las investigaciones más recientes reducen el impacto de la revolución industrial en la crisis política del siglo XVIII. Hoy en día se acepta que la imagen de una transformación industrial europea ya en marcha a principios del siglo XIX resulta, en gran medida, exagerada. Así, en 1840, el 45 % de la producción industrial del mundo procedía de Gran Bretaña, con un segundo nodo industrial que no emergió en Bélgica hasta después de la década de 1830.⁶ Desde esta perspectiva, no existe ningún fracaso de la revolución industrial o burguesa para explicar el caso español.

Aparte de la excepción británica, las trayectorias industrializadoras en el resto de Europa solo empezaron a divergir de manera importante en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso entonces, las estadísticas nacionales de industrialización pueden conducir a error. Es decir, la mayor parte de la industrialización continental del siglo XIX estaba concentrada en un área principal de Europa central que abarcaba regiones de varios países, incluido el norte de Italia y el norte de Francia, Alemania occidental y Bélgica, todas las cuales compartían las condiciones favorables de ricos depósitos de carbón, ríos navegables, densidad de población y tierra fértil. Además, la industrialización no fue el único camino hacia el crecimiento económico y una mayor prosperidad. Por eso, algunas de las economías europeas de más «éxito» basaron su crecimiento en la agricultura y el comercio hasta bien entrado el siglo XX, como fue el caso de los Países Bajos y del resto de Francia. Incluso en Inglaterra, la mayoría de los trabajadores adultos a mediados del siglo XIX seguían trabajando en el sector agrícola, con menos del 5 % prestando sus servicios en fábricas.

Al igual que la industrialización, la urbanización también se implantó gradualmente, al menos hasta la década de 1870. Así, el patrón básico de organización espacial de las ciudades no cambió demasiado desde el inicio de la expansión en el siglo XVI hasta la década de 1780. Durante este período, la población urbana global creció lentamente, del 9 % en 1600 al 12 % en 1800, un porcentaje que no aumentó significativamente hasta después de la década de 1870. Mientras que capitales como Londres, París y Berlín doblaron su tamaño en la primera mitad del siglo, la mayor parte de los europeos continentales, incluidos los españoles, vivían en ciudades pequeñas y pueblos.⁷ La cuestión es que el impacto de la urbanización, como el de la industrialización, fue desigual y bastante limitado en su conjunto fuera de Inglaterra a principios del siglo XIX.

Aunque la mayor parte de los europeos vivían y trabajaban en una economía y una sociedad agrarias a principios del siglo XIX, también existía una gran diversidad dentro de este sector. Un modelo era Francia, con una mayoría de explotaciones familiares comerciales y una clase de campesinos prósperos. Otra estructura dominaba en los países de Europa oriental como Polonia y Rusia, en los que la mayor parte de las tierras de cultivo estaban divididas en enormes propiedades aristocráticas cultivadas mediante trabajo servil, con frecuencia de baja productividad. Una tercera realidad agraria eran pequeñas explotaciones de subsistencia, en las que campesinos pobres seguían obrando en los márgenes de la economía comercial. En la mayoría de los países europeos, pero en especial en España, esta variedad de estructuras agrarias coexistía dentro de sus fronteras nacionales, en función de los patrones de propiedad de la tierra, la conexión con los mercados, la fertilidad del suelo y la topografía, y la densidad de población. Así, de la misma manera que no existió una transformación monolítica hacia una sociedad industrial urbana, no hubo una sociedad agraria «tradicional» uniforme esperando que la transformasen.

Mapa I. El Imperio español, 1800.

Lo que estaba ocurriendo por todo el planeta a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era una serie de «revoluciones industriosas» impulsadas por una demanda creciente de los consumidores, que reorganizaron la producción y el consumo, y aumentaron tanto el comercio como la especialización, lo que incluye su manifestación en forma de plantaciones de esclavos en el Caribe y América del Norte.⁸ En el mundo atlántico de los imperios español, francés y británico, los mercaderes crearon vínculos entre bienes y consumidores, trayendo té, café, azúcar y tabaco desde las Américas a los hogares europeos. En España, una creciente industria del percal en Cataluña alimentó las tendencias de moda de consumidores adinerados por todo el imperio.⁹ Estas revoluciones industriosas generaron una gran riqueza, pero también desigualdades profundas dentro de las sociedades y entre ellas. A un nivel global, esta desigualdad inició la «gran divergencia» en riqueza, esperanza de vida y productividad entre Europa occidental y el resto del mundo, y se convirtió en uno de los rasgos característicos del siglo XIX.¹⁰

Al mismo tiempo, las jerarquías dentro de Europa, entre el centro y la periferia, también estaban cambiando, pero en la economía del siglo XVIII el futuro de España como potencia europea era aún muy difícil de predecir. La clave del éxito potencial de España en el cambio de la economía global era el establecimiento de una relación comercial y de intercambios más efectiva con sus colonias americanas. El éxito de la reconstitución de los imperios para enfrentarse a los retos de la economía global iba a ser un factor crucial para determinar qué Estados saldrían de la crisis de finales del siglo XVIII como las grandes potencias del siglo XIX. En 1820, la trayectoria futura del imperialismo europeo seguía sin estar clara. En ciertos casos, la reconstrucción implicó la pérdida de algunas colonias y la incorporación de otras, como les sucedió a Gran Bretaña y Francia, mientras que España tomó la ruta menos ventajosa de la reducción de su imperio colonial (entre 1810 y 1825 perdió la América continental) y la reorganización de sus colonias restantes en las Antillas y las Filipinas.¹¹

Aun así, la reducción del imperio colonial de España no era un resultado inevitable de la crisis del siglo XVIII. Así, la monarquía española del siglo XVIII estaba llevando a cabo un intento valiente y al menos en parte exitoso con las llamadas «reformas borbónicas» para transformarse de un imperio «conquistador» en un imperio comercial efectivo, un esfuerzo que en ningún caso estaba destinado al fracaso y a la disolución.¹² Aunque era cierto que la posición de España como el viejo imperio la colocó en una actitud defensiva con la necesidad de tener que adaptarse a la rápida evolución de las dinámicas comerciales e imperiales, la imagen de un Imperio español esclerótico y momificado que estaba esperando el menor roce para que se derrumbase todo el edificio se ha puesto en cuestión de una manera muy convincente. La lealtad transatlántica a la monarquía española siguió siendo fuerte durante el período napoleónico, incluso cuando las élites criollas y metropolitanas intentaban negociar una solución común para la crisis de la soberanía imperial. La pérdida de las colonias americanas surgió de lo que un estudioso llama una «cadena de desequilibrios», no de una debilidad inherente del imperio o por la aparición de movimientos nacionalistas.¹³ Las y los académicos no se ponen de acuerdo a la hora de situar el punto de no retorno de la independencia americana, pero pocos lo ubican en 1808.

Aunque la crisis económica de la era napoleónica fue importante para la posición ocupada por España a corto plazo, no fue tan definitivamente devastadora como se había creído. El desarrollo también se vio interrumpido en Francia y las tierras alemanas sufrieron por la ocupación francesa y la caída en picado del comercio. Para España, la estimación tradicional de un descenso del 75 % de su actividad comercial entre 1792 y 1827 se ha revisado en la actualidad, dando lugar a una lectura mucho más optimista.¹⁴ Mientras que sigue siendo cierto que algunos sectores cayeron, el impacto fue desigual y la recuperación y adaptación fue relativamente rápida. En particular, el puerto atlántico de Cádiz, que había dominado el comercio de las Indias en el siglo XVIII, experimentó un colapso económico del que nunca se recuperó del todo. Pero en otros casos, los bienes que se exportaban a las Indias encontraron rápidamente otros mercados, como el trigo y el hierro castellanos, que fueron a Cuba, y los textiles catalanes, que se destinaron a los mercados peninsulares y después a Cuba.¹⁵ La conclusión principal es que las pruebas existentes no sustentan la pretensión de que la crisis mundial de finales del siglo XVIII y principios del XIX empujó a España a una situación periférica permanente en el mundo del XIX.

UNA INSTANTÁNEA DE LA ECONOMÍA: CRECIMIENTO GRADUAL

Desde la perspectiva de la diversidad económica europea a principios del siglo XIX, los historiadores económicos han dejado de plantear la pregunta ahistórica de por qué España fracasó en seguir la senda inglesa durante este período, y han vuelto su atención a lo que en realidad ocurrió y sus causas. La «instantánea» más convincente de la economía española a principios del siglo XIX presenta la imagen de un cambio económico y social gradual, y un crecimiento sostenido que empezó en las décadas finales del siglo XVIII y continuó a lo largo del XIX, impulsado por el crecimiento demográfico, la comercialización y la especialización crecientes, y las redes comerciales regionales. Así, la agricultura comercial se desarrolló en las regiones mediterráneas, una industria textil tomó forma en Cataluña y un mercado inmobiliario emergente puso a disposición más tierras para su explotación. Al mismo tiempo, la mayor parte de estos desarrollos siguieron siendo de un alcance e impacto local y regional, con un claro contraste entre la periferia más dinámica y un centro de crecimiento más lento. El resultado fue un paisaje económico desigual y no integrado que condujo a una economía «española» dinámica o nacional a principios del siglo XIX.

Un análisis de la economía peninsular en la década de 1770 deja claro que las condiciones naturales para cualquier forma de «despegue» agrícola o industrial de tipo inglés eran altamente desfavorables. Sin plantear un determinismo geográfico que no deja espacio para la acción humana, España dispone de pocas de las condiciones naturales que alimentaron el crecimiento de las economías de más éxito. En primer lugar, la península era una gran extensión de territorio con obstáculos geográficos para una fácil comunicación de bienes y personas. En contraste con la pequeña nación insular de Inglaterra, que también estaba bien conectada por ríos, España tiene pocos ríos navegables para conectar el interior con las costas, y estaba dividida por elevadas cordilleras montañosas, entre ellas la que separa la península del resto de la Europa continental. (Véase Mapa II.) También era uno de los países europeos menos poblados, lo que hacía que fuera aún más costoso establecer redes mercantiles. Igualmente importante fue que España tuviera escasas reservas de carbón y hierro, que abundaban en lo que se convertiría en el área industrial central de Europa. La combinación de un carbón y un hierro de baja calidad y un transporte caro significaba que, a principios del siglo XIX, era más barato importar carbón británico a Cataluña que extraer y transportar carbón español.

En cuanto a la agricultura española, las condiciones naturales desfavorables son las máximas responsables de unas cosechas y una productividad que se encontraban entre las más bajas de Europa occidental. Así, España tenía el nivel de precipitaciones más bajo de Europa occidental, y en general un suelo pobre que no era el más adecuado para cultivar. Estas condiciones también significaban que la agricultura española no se podía beneficiar de las innovaciones tecnológicas responsables del éxito en el aumento de las cosechas en Inglaterra, como el arado tirado por bueyes.

Más allá de las condiciones naturales, también existían razones históricas y políticas que dibujaban un contexto desfavorable para una revolución agrícola. En el caso inglés, el movimiento de cerramientos a finales del siglo XVIII aseguró un régimen de propiedad privada al mismo tiempo que liberaba una fuerza laboral rural desplazada para la industrialización. En España, la mayor parte de la tierra seguía controlada por unas relaciones de propiedad complejas que dificultaban la inversión privada.¹⁶ De esta manera, las dos terceras partes de la superficie de España estaban o bien en manos de la Iglesia, o bien bajo el control de las familias nobiliarias, lo que significaba que no se podían comprar ni vender. Es más, buena parte del resto de las tierras comunales, propiedad de la Corona o de ciudades y pueblos, se usaban colectivamente o se cedían a arrendatarios. Aunque una parte de estas tierras estaban cultivadas, los arrendatarios tenían que pagar muchos impuestos o incluso derechos señoriales a los propietarios. Como tantas tierras estaban en régimen de manos muertas, el precio de la tierra restante que estaba disponible para la venta era muy alto a causa de su escasez. Como consecuencia, menos del 25 % de la tierra cultivable en España se trabajaba en 1815.

Mapa II. Mapa físico con indicación de las regiones, 1800.

Otro obstáculo para la mejora de la agricultura se encontraba en la vigencia del régimen señorial, que dividía partes del reino en feudos privados, aunque de una manera mucho más desigual que en las sociedades feudales clásicas como Francia. Mientras que los señoríos habían sido abolidos en Francia durante la Revolución, garantizando el derecho de propiedad a un gran número de propietarios campesinos, en España el régimen señorial fue brevemente abolido entre 1812-1814 y de nuevo en 1820, pero no fue desmantelado permanentemente hasta la década de 1840. Así, en 1800 existían más de 13.000 señoríos intactos en España, que cubrían alrededor de dos terceras partes del territorio. La mitad de la población campesina estaba sometida al gobierno jurisdiccional de un señorío, que en algunos casos significaba que el señor noble tenía derecho a todo, desde ciertos servicios hasta tasas e impuestos, y ejercía las funciones de alcalde, juez y administrador local.

Un elemento final que desincentivaba la inversión en tierras de cultivo eran los privilegios tradicionales que mantenía la poderosa unión de ovejeros trashumantes, la Mesta. Desde la Edad Media, los trashumantes habían mantenido el privilegio de trasladar a sus ovejas desde Castilla la Vieja y León, donde permanecían en verano, a las llanuras de Extremadura y Andalucía, donde pasarían el invierno. En 1800 se estimaba que cinco millones de ovejas tenían derecho de paso a través de cualquier propiedad que encontrasen en su camino durante el viaje de 550 a 900 kilómetros, y regularmente destrozaban cultivos y aplastaban cosechas.¹⁷ El llamado derecho de posesión de la Mesta tenía su origen en la época en que la lana era el centro de la economía castellana, pero aunque la agricultura la había superado en importancia, la unión siguió siendo lo suficientemente poderosa para retener sus privilegios hasta 1836, cuando fue abolida en el marco de las reformas liberales para dotar de mayor seguridad a la propiedad privada.

DESARROLLO REGIONAL DESIGUAL: DIVISIÓN CENTRO/PERIFERIA

Aunque estas condiciones naturales y producto de la acción humana significaban que una transformación económica drástica era un escenario muy poco probable, un análisis regional más pormenorizado revela una economía y una sociedad en evolución en lugar de estancadas, con nodos dinámicos localizados en especial en la periferia. La divergencia entre una periferia más dinámica y un centro de crecimiento más lento empezó en el siglo XVIII, cuando casi todas las ciudades importantes del interior durante la Edad Moderna, excepto Madrid y Zaragoza, entraron en declive.¹⁸ Así, aunque la población urbana total en España permaneció estable desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, ciudades periféricas como Barcelona, Málaga, Valencia y Santander estaban creciendo, al igual que el porcentaje total de la población que vivía en la periferia.¹⁹

La región más dinámica era Cataluña, donde la actividad comercial de la década de 1730 promovió un crecimiento económico regional a partir de la década de 1750, con inversiones en la agricultura comercial y las manufacturas, relacionadas con la minería de la plata americana y el comercio exterior.²⁰ En el centro de esta economía se encontraba Barcelona, que creció de los 30.000 habitantes en 1717 a los 100.000 en 1800. Durante este período, Barcelona se convirtió en el puerto mediterráneo español más importante, solo detrás de Cádiz en volumen y valor del comercio, que se cuadruplicó entre 1760 y 1792. Aunque una parte de este tráfico estaba formado por la reexportación de bienes europeos, el 90 % de las exportaciones de Barcelona en la década de 1790 eran productos españoles y alrededor de la mitad de estos, manufacturas, en especial textiles, sombreros y papel. En este momento había casi 100 empresas manufactureras textiles en Barcelona, entre ellas fábricas de hilado y de estampado de percal, estando el sector de la hilatura mecanizado desde la década de 1790.²¹ El resto de las exportaciones procedían del sector agrícola comercial de Cataluña, incluido el vino y el brandi, así como la industria pesquera.

La red regional mediterránea

Pero la economía catalana también estaba integrada en una red regional más amplia que abarcaba la costa mediterránea de Valencia, Alicante, Murcia y Andalucía oriental, con centros en las ciudades portuarias de Valencia, Alicante, Cartagena y Málaga. Esta red se formó a principios del siglo XVIII y se volvió cada vez más activa a medida que avanzaba el siglo.²² De hecho, la mayor parte del comercio de Barcelona recorría esta ruta comercial mediterránea, con un porcentaje relativamente pequeño destinado a América. El segundo nodo importante en esta red era Valencia, que desarrolló una floreciente agricultura comercial basada en los cítricos y el arroz a partir de mediados del siglo XVIII, así como una industria textil de la seda. Siguiendo por la costa, Alicante y Cartagena se convirtieron en puertos de referencia para el mercado de Madrid, intercambiando arroz valenciano por trigo castellano, y Málaga producía vino y uva, doblando sus exportaciones entre la década de 1740 y la de 1780. Todas estas ciudades costeras también desarrollaron rutas comerciales hacia el interior, desde Valencia a Andalucía, de Málaga a Granada y de Alicante a Madrid, que se intensificaron en respuesta al bloqueo napoleónico y a la alteración de los mercados americanos. Aunque las partes de este sistema comercial mediterráneo sufrieron durante estas crisis económicas, en la década de 1820 la recuperación estaba en marcha, impulsada por el rápido crecimiento de la economía azucarera y esclavista en Cuba, así como por una reorientación hacia el mercado peninsular.

La parte agrícola de este dinamismo regional se vio en parte favorecida por unos acuerdos de posesión de la tierra específicos de cada región. En Cataluña, muchos de los campesinos prósperos se beneficiaron de la práctica de la enfiteusis, que les otorgaba derechos hereditarios para cultivar, aunque no fueran los propietarios. Y en Valencia existían menos formas de interferencia con la propiedad privada, en especial por parte de los derechos de la Corona y de los pueblos. Aunque la propiedad de la tierra no estaba extendida, los campesinos ricos que arrendaban tierras de propietarios nobiliarios o de la Iglesia disponían de condiciones favorables que animaban a invertir en regadío y en el cultivo intensivo de cosechas especializadas que iban a definir la agricultura de la región. En 1785, la Corona reforzó la posición de los arrendatarios con un decreto que fijaba que solo podían ser expulsados si el propietario quería cultivar las tierras por sí mismo. Aunque los privilegios del Antiguo Régimen como las exenciones de tasas e impuestos seguían perjudicando a los agricultores que no eran nobles, cuando los liberales iniciaron las ventas de tierras en la década de 1830, estos campesinos habían acumulado capital suficiente para comprar la tierra que trabajaban, mientras que pocos de los señores nobles fueron capaces de convertir sus privilegios en propiedad. El resultado fue una cultura creciente de «individualismo agrario» incluso dentro de los límites del Antiguo Régimen.²³ La agricultura comercial y especializada que se desarrolló en este contexto ilustra la tesis de la heterogeneidad de la economía española, así como el dinamismo continuado de sectores específicos.

La red regional del Atlántico Norte

La segunda y más pequeña red regional abarcaba la costa septentrional atlántica desde las provincias vascas a Galicia. Aunque esta red no alcanzó su punto culminante hasta que el ferrocarril facilitó el transporte en la segunda mitad del siglo XIX, desde mediados del siglo XVIII se empezaron a encajar las piezas de una economía comercial regional basada en una agricultura y una minería a pequeña escala. Hasta ese momento, las provincias septentrionales de Galicia, Asturias y Santander habían permanecido bastante aisladas detrás de las cordilleras montañosas, con pequeñas explotaciones agrarias locales y en su mayor parte autosuficientes. Con un patrón de posesión de la tierra muy diferente de la costa mediterránea, existía un gran número de campesinos propietarios con parcelas pequeñas y menos de un 25 % de jornaleros sin tierra. Seguían existiendo variaciones dentro de este marco general de pequeñas explotaciones, propiedad de los campesinos. Por ejemplo, había un predominio de parcelas aún más pequeñas, o minifundios, en Galicia, como consecuencia de las leyes de herencia que obligaban a la división de la propiedad entre todos los hijos. En este contexto, la industria manual del lino proporcionaba unos ingresos adicionales a las familias cuyas parcelas no podían garantizar una agricultura de subsistencia. Por el otro lado, la cultura de la primogenitura en las provincias vascas mantuvo las explotaciones familiares intactas a lo largo de las generaciones, disponiendo de nuevos puestos de trabajo en la industria del hierro. Aun así, el denominador común de las parcelas pequeñas significaba que el crecimiento de la población durante el siglo XVIII amplió los límites de una economía de subsistencia mucho antes de la década de 1830.

El primer nodo de esta red económica regional era Bilbao, donde una industria metalúrgica impulsada por el carbón y la energía hidráulica estaba exportando hierro además de la lana castellana hacia otros puertos españoles, así como a Inglaterra, desde principios del siglo XVIII. La industria metalúrgica empleaba a varios miles de personas, que trabajaban extrayendo el mineral, transportándolo hasta la costa, refinándolo y cargándolo en los barcos. Además, a partir de la década de 1750, el camino real que unía Santander con Castilla abrió aún más el mercado cerealístico del interior y animó a una especialización regional de los productos, desde las nueces a la fruta. El camino desde las minas de carbón asturianas hasta el puerto de Gijón en la década de 1780 fortaleció el comercio este-oeste, haciendo posible llevar en barco el carbón asturiano hasta las fundiciones de hierro vascas. Y cuando la Corona revocó el monopolio de Cádiz sobre el comercio colonial en 1778, Santander y La Coruña se convirtieron en puertos de referencia para los productos procedentes de Europa y de las provincias vascas con destino a América, aunque siguieron siendo mucho más pequeños que los puertos mediterráneos.²⁴

Aunque el bloqueo napoleónico y la pérdida del mercado colonial protegido desde luego diezmó el comercio de estos puertos y provocó una crisis de exportaciones específicas como el carbón asturiano y el hierro vasco, también es cierto que la red en su conjunto se recuperó y se adaptó con relativa rapidez.²⁵ Así, en Galicia el declive de la producción de las telas hechas a mano fue subsanado por la exportación de ganado y la industria del curtido, y en las instalaciones portuarias de Santander empezaron a exportar harina fabricada con trigo castellano a cambio de azúcar cubano. Más lenta en recuperarse fue la minería del carbón asturiana y la fundición de hierro vasca, que tuvieron que esperar a los ferrocarriles en las décadas de 1840 y 1850, si bien en la segunda mitad del siglo XIX estas industrias se habían convertido en el centro dinámico de una red regional que estaba más a la altura de su homónima mediterránea.

Juntas, estas dos redes regionales periféricas generaron una proporción significativa del crecimiento y del dinamismo económico a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la península. Las economías periféricas eran centros de inversiones comerciales, tráfico marítimo, especialización, minería y manufacturas, encajando en la definición de economías «industriosas» dinámicas. Bendecidas con condiciones favorables, tanto geográficas como históricas, estas redes se encontraban en una trayectoria ascendente que se inició entre principios y mediados del siglo XVIII y continuaron a lo largo del siglo XIX, con una interrupción relativamente breve en las décadas iniciales del siglo XIX. Geográficamente, el acceso a los puertos y al transporte marítimo y fluvial, de los que disponían el carbón y el hierro en una proximidad razonable, proporcionaron una gran ventaja. En cuanto al contexto histórico, el porcentaje relativamente alto de campesinos propietarios o arrendatarios a largo plazo generó más incentivos para especializarse de cara a un mercado al que se podía acceder a través del transporte marítimo y fluvial. Al mismo tiempo, el coste del transporte por tierra y el complejo sistema de tarifas internas mantuvo a estos nodos dinámicos relativamente autónomos, separados entre ellos y el resto de España hasta las últimas décadas del siglo XIX.

Las redes regionales del centro

En contraste con la periferia, la vasta extensión constituida por Castilla, León, Extremadura, La Mancha y el interior o el oeste de Andalucía, que representaban las otras dos redes regionales, disponían de pocos elementos propicios para el desarrollo económico, porque el colapso demográfico de finales del siglo XVI devastó su dinámica economía medieval. Sostenido principalmente por el gran mercado de consumo de la capital, Madrid, el coste del transporte por tierra y la población en declive y dispersa del interior dificultaban las redes comerciales y limitaban la especialización. La región producía en su mayor parte cosechas básicas, en especial trigo, pero también aceite de oliva y jerez más al sur en Andalucía. Mientras que las otras ciudades del interior declinaban o se estancaban, Madrid creció un 400 % de 1700 a 1900, con rutas comerciales que absorbían productos de las regiones limítrofes y de otras más lejanas como Castilla la Vieja y Andalucía. En el siglo XVIII, gran parte de este comercio estaba controlado por regulaciones complejas y por compras subvencionadas que pretendían garantizar el aprovisionamiento de la capital, pero hacia finales de siglo la tendencia se orientaba hacia la confianza en los mecanismos del mercado con la intervención estatal solo durante las crisis alimentarias. No obstante, no fue hasta la construcción de los ferrocarriles cuando pudo florecer el mercado regional interno, con el abaratamiento del transporte del grano tanto hacia la costa como hacia Madrid.

Otra desventaja histórica para el desarrollo económico de esta parte del país eran los diversos patrones de tenencia de la tierra y de asentamiento. En contraste con las pequeñas propiedades campesinas del norte o los arrendamientos seguros del Mediterráneo, el centro y el sur de la península estaban divididos con frecuencia en grandes propiedades. Al sur de la línea que discurre de Salamanca a Albacete, solo una media del 8 % de los campesinos (y en algunos sitios una cifra tan baja como el 5 %) eran propietarios de sus tierras, mientras que hasta el 75 % de la población agrícola eran jornaleros sin tierras.²⁶ En el otro extremo de la jerarquía, un número pequeño de nobles, con frecuencia absentistas, poseían grandes propiedades, o latifundios, una estructura social y económica que se originó durante la Reconquista medieval. Otra parte de las tierras pertenecían a las municipalidades, a veces mantenidas como tierras comunales y a veces arrendadas para conseguir ingresos para los pueblos. En sus esfuerzos por afirmar su autoridad sobre territorios tan vastos que en su mayor parte habían estado bajo el dominio de al-Ándalus, la Corona entregó grandes porciones de tierra a nobles, órdenes militares y la Iglesia para que las administrasen.²⁷ La estructura social desigual resultante limitaba la demanda y el poder adquisitivo de los consumidores, de manera que agravaban las dificultades para la construcción de un mercado dinámico.

Aunque no se pone en duda que todas estas condiciones crearon una economía interior menos dinámica que la de la periferia, también resulta importante no presentar una imagen exagerada de estancamiento.²⁸ Así, el hecho de que esta economía agrícola pudiese abastecer la dinámica población de Madrid, además de enviar cantidades crecientes de trigo a la periferia a lo largo del siglo XIX, indica un nivel significativo de comercialización y de crecimiento económico. La realidad de un trabajo barato y abundante y la mala calidad del suelo no animaban a la mecanización o a una agricultura intensiva en capital, con o sin una tenencia de la tierra equitativa. De esta manera, incluso en el noroeste, donde la propiedad campesina o la tenencia segura era mucho mayor, las cosechas y los métodos de cultivo no eran significativamente diferentes del sur dominado por los latifundios.

No obstante, la expansión de la tierra cultivada sugiere una respuesta a la demanda y al menos cierto nivel viable de mercado de la tierra. A finales del siglo XVIII, la Corona estaba vendiendo parte de sus propias tierras y había empezado un proceso de expropiación de las tierras de la Iglesia que provocó la reducción de una sexta parte de las propiedades eclesiásticas en 1808. Finalmente, en 1798, la Corona permitió la venta de algunas propiedades de mayorazgo, dando lugar a que algunas familias nobles vendieran parcelas de terreno. La cuestión es que el proceso de venta, cercamiento y cultivo de más tierras para aumentar la producción, que será la marca distintiva de la agricultura española en el siglo XIX, ya estaba en marcha antes de las transferencias masivas de propiedad de las décadas de 1830 a 1860.

DEMOGRAFÍA: UN PATRÓN DE CRECIMIENTO

La mejor prueba de que se trataba de un modelo de crecimiento gradual era el hecho de que este crecimiento económico se viera acompañado de un crecimiento constante de la población. Así, la población mantuvo una trayectoria ascendente desde principios del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, estimulando la economía. Después de la crisis demográfica de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la población creció un 50 % a lo largo del siglo XVIII, alcanzando finalmente los niveles del siglo XVI en la década de 1770. Entre los dos censos de 1797 y 1833, la población total siguió creciendo, desde los 10,5 millones a los 12,3 millones, a pesar de la crisis de los años napoleónicos. Como consecuencia de esta crisis, el crecimiento de la población de España se debilitó durante el primer tercio del siglo, antes de tomar impulso, aumentando otros 3 millones antes del censo de 1857. Aunque esta tasa de crecimiento era más lenta que la de Gran Bretaña, que dobló su población en la primera mitad del siglo, estaba a la par con la de Francia, los Estados alemanes e Italia.

Tan importante como el crecimiento propiamente dicho fue la transición hacia un patrón demográfico «moderno» de crecimiento permanente, sustituyendo el patrón del Antiguo Régimen de picos de crecimiento seguidos de catástrofes demográficas. A lo largo de Europa, en algún momento del siglo XIX el aumento de la productividad agrícola, la mejora de las redes comerciales y la industrialización permitieron que la mayoría de las sociedades rompieran el ciclo de explosión e implosión de la población. No obstante, el crecimiento demográfico se veía regularmente interrumpido por epidemias y malnutrición, y la esperanza de vida, en especial entre los niños y niñas, no empezó a aumentar significativamente hasta la década de 1870. Así, millones murieron a causa de las epidemias de cólera, y las grandes hambrunas aún se cobraban su peaje, siendo la más famosa, por supuesto, la hambruna irlandesa. Igualmente significativo es el hecho de que la esperanza de vida de los pobres fuera mucho más baja que la de los ricos, con un diferencial de 12 años en la Alemania de mediados de siglo, por ejemplo.

Si la transición demográfica fue más lenta y más gradual en Europa, España seguía estando cerca de la parte más baja de todos los indicadores. Así, España experimentó estallidos mortales de cólera hasta la década de 1880 y los episodios de crisis alimentarias siguieron produciéndose hasta la década de 1870, mientras que la esperanza de vida y otros indicadores de salud se encontraban en la banda baja del espectro europeo, solo por debajo de Rusia y partes de Europa oriental. Aunque las mujeres también sufrían las epidemias, el parto siguió siendo su causa más alta de mortalidad hasta finales del siglo XIX. No obstante, al mismo tiempo los españoles vivían mejor que lo habían hecho un siglo antes, e incluso los jornaleros sin tierra más pobres vivían más a mediados del siglo XIX que a mediados del siglo XVIII. En su conjunto, las pruebas respaldan la imagen de una transición demográfica en marcha, con un crecimiento constante de la población, aunque los indicadores del nivel de vida mejoraron a un ritmo más lento.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: OCUPACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL

¿Quiénes eran estas personas y qué hacían? Teniendo en cuenta la imagen de una estructura económica en crecimiento, pero segmentada y diversa, las características de la población también variaban considerablemente, aunque el denominador común era una economía fuertemente rural y agraria con una estructura social corporativa tradicional.²⁹ En términos generales, alrededor del 70 % de la población trabajaba en la agricultura en 1797, mientras que otro 7 % estaba empleado en otras ocupaciones, entre ellas manufacturas artesanas e industriales, y el servicio doméstico en el caso de las mujeres. De los 4 millones de campesinos con tenencia de tierras, 2,3 millones eran propietarios y 1,77 eran arrendatarios, mientras que casi el mismo número —3,7 millones— eran jornaleros sin tierras. Los propietarios campesinos estaban divididos entre los que tenían tierras suficientes para contratar jornaleros, aquellos que habitualmente no los contrataban pero producían un excedente que sostenía a la familia, y aquellos cuya propiedad era insuficiente para sostener a la familia y debían complementar sus ingresos a través del trabajo como jornaleros en explotaciones más grandes.

Para todos los hogares campesinos, la familia era la unidad corporativa básica en la que hombres, mujeres y niños definían sus papeles. Todos los miembros de un hogar trabajaban en una «economía familiar» que dependía de la contribución de todos sus miembros. Las mujeres y los niños realizaban determinadas tareas agrícolas, como recoger aceitunas, desbrozar o sacrificar animales, y a veces se dedicaban a la producción doméstica, como hilar con huso, con rueca y tejer. Además, muchos hombres y mujeres campesinos se ocupaban a tiempo parcial en tareas artesanas para consumo propio, entre ellas el trenzado de cestos, la preservación de alimentos, el curtido de cuero para bolsos y sandalias, y la confección de ropa para vestir a la familia. En especial en el mercado escasamente desarrollado de la economía agraria del interior, muchos de estos hogares rurales mezclaban estrategias comerciales y de subsistencia.

Bajo el paraguas común de una sociedad agraria, la estructura de la vida campesina variaba significativamente, dependiendo de los patrones de tenencia de la tierra. Así, en las regiones septentrionales con explotaciones más pequeñas y mayor propiedad campesina, el asentamiento solía consistir en pequeñas aldeas organizadas alrededor del hogar familiar. En estas zonas predominaban los nobles menores o hidalgos, por encima de otros títulos de mayor jerarquía. Enraizados en las primeras fases de la Reconquista cuando aldeas enteras obtuvieron la nobleza universal, en parte de Asturias, el País Vasco y Navarra, hasta el 90 % de la población reclamaba este estatus. En las provincias situadas inmediatamente al sur de estas, como León, Burgos, Álava y La Rioja, entre el 20 y el 40 % de la población eran familias hidalgas. No obstante, podían existir variaciones significativas incluso dentro de un territorio pequeño, como ilustra el estudio clásico de Navarra a principios del siglo XIX.³⁰ Por un lado se encontraba la Montaña, que agrupaba 700 asentamientos individuales, cada uno de ellos con una media de 200 residentes, muchos de los cuales eran hidalgos. Por otro lado se encontraba el terreno llano y seco de la Ribera, dividido en grandes propiedades trabajadas por jornaleros sin tierras, que vivían en uno de los 25 pueblos agrícolas de entre 1.000 y 3.000 habitantes. Este último patrón de asentamiento era el dominante en el sur de la península, donde los jornaleros vivían en barracas y trabajaban como temporeros, empleados con salarios por debajo de la subsistencia y que sobrevivían con una dieta básica de gazpacho diluido y pan.

En general, la población no agrícola estaba concentrada en las ciudades y en los grandes pueblos con mercado. En lo más bajo de la jerarquía urbana se encontraban los que vivían de la caridad, con frecuencia las familias de trabajadores no cualificados que habían perdido a la persona que aportaba el salario, o aquellos que estaban mental o físicamente enfermos. Las mujeres solteras o viudas podían caer muy fácilmente en la indigencia (el censo de 1860 estimaba que dos terceras partes de los residentes mendigos eran mujeres). El trabajador urbano pobre, tanto masculino como femenino, desarrollaba una variedad de trabajos, de los cuales muy pocos eran específicos de la economía del Antiguo Régimen. Las mujeres pobres se empleaban como lavanderas, costureras, nodrizas y en el servicio doméstico, una categoría que aumentará drásticamente en la primera mitad del siglo XIX. También había varios miles de trabajadoras industriales, en su mayor parte obreras textiles en Barcelona y cigarreras en las fábricas estatales establecidas desde finales del siglo XVIII en Madrid, Sevilla, Gijón y otras ciudades. Alrededor de la mitad de los obreros textiles eran hombres, pero las fábricas de tabaco eran casi exclusivamente un entorno laboral femenino, como inmortalizó Bizet en su ópera Carmen. Fuera de Barcelona, la mayor parte de los trabajadores textiles en las industrias del lino y de la seda manejaban telares manuales en sus casas, en un sistema de trabajo a domicilio dirigido por mercaderes que proporcionaban la materia prima, como era el caso de Valencia. Otra categoría de trabajadores urbanos eran los obreros portuarios, además de diversos trabajadores no cualificados en la construcción, aprendices y oficiales que trabajaban para maestros zapateros, panaderos, sastres y carpinteros, aunque el sistema gremial estaba en decadencia desde finales del siglo XVIII. Los más pobres también eran los candidatos más probables para ser reclutados como soldados de infantería en el Ejército real, que tenía la reputación de recoger a la escoria de la sociedad y de ofrecer unas condiciones terribles.

Por encima de los trabajadores pobres se encontraba la clase media de los maestros artesanos, funcionarios públicos, maestros y profesionales liberales, aunque, con la excepción de los artesanos, esta clase no se iba a ampliar realmente hasta las décadas de 1830-1850 con el crecimiento del nuevo Estado liberal, que les permitió ocupar un número creciente de empleos en la Administración pública, la educación y los medios de comunicación. Finalmente, existía una clase pequeña de plebeyos ricos, que incluía mercaderes, industriales, financieros, campesinos comerciales y altos funcionarios del Estado, de la Iglesia o de la Administración militar, la mayoría de los cuales vivían en las ciudades periféricas o en Madrid. Los industriales residían principalmente en Barcelona, con las élites mercantiles y financieras distribuidas entre dicha ciudad y las ciudades portuarias de Valencia, Cádiz, Santander, Bilbao y Málaga. Una vez más, se trataba de un grupo bastante pequeño que solo empezó a tomar forma como una clase elitista económica y política después de la década de 1830 y la abolición de los restos de los privilegios del Antiguo Régimen.

Hasta entonces, la élite social estaba formada en gran medida por los dos primeros «estamentos», es decir, nobleza y clero, que estaban bien representados en la población, con alrededor del 4 % en cada categoría (en comparación con menos del 3 % total en la Francia prerrevolucionaria). En 1800, la proporción del clero regular, que incluía monjes, monjas y frailes, con respecto al total de la población era de 1:160, mientras que la de aristócratas era de 1:12, y había 1.300 familias con títulos nobiliarios. Tanto el clero como la nobleza estaban exentos de los impuestos directos y disfrutaban de privilegios especiales, como el acceso a los altos puestos administrativos y a los rangos militares superiores, se los juzgaba en tribunales especiales, disponían de mayorazgos y, algunos de ellos, jurisdicción y rentas señoriales. Estos derechos incluían rentas de la tierra y por servicios esenciales, tasas para carniceros y panaderos, el derecho de nombrar funcionarios en los consejos de pueblos y aldeas, y a veces el control sobre la pesca y la explotación forestal. Además de estos derechos, la Iglesia recaudaba un diezmo, que había llegado a constituir hasta la mitad del producto agrícola neto a principios del siglo XIX.³¹ En cualquier caso, el 60 % de la tierra pertenecía a la Iglesia o la nobleza en 1800, la mayor parte en propiedades que no se podían enajenar, aunque la mayoría de los eclesiásticos y nobles ricos vivían en las ciudades y en los pueblos, no en sus tierras. Más presentes en la vida cotidiana de la población estaban los 16.675 párrocos, cuya riqueza, educación y estatus variaba ampliamente, dependiendo de la parroquia. Los párrocos no solo bautizaban a los hijos de la población general y santificaban sus matrimonios, sino que proporcionaban el único sistema de protección al alcance de la población más desfavorecida en la sociedad española del Antiguo Régimen.

Aunque podría parecer que esta estructura social con una parte superior muy prominente refuerza la imagen de una sociedad estancada y de carácter feudal, en realidad oculta la decadencia a largo plazo del poder económico y social de la nobleza y de la Iglesia incluso antes de la revolución liberal de la década de 1830. De hecho, el poder de la nobleza se encontraba en una situación de declive respecto a la Corona desde el siglo XVI, pero este período constituyó un punto de inflexión significativo. Incluso numéricamente, la proporción de nobles frente al resto de la población había caído hasta 1:34 en 1826. Además, la autoridad histórica que descansaba en los centros urbanos de España ya abría otras puertas a la riqueza y los privilegios a través de los cargos municipales, que generó en parte oligarquías locales autónomas no integradas en una jerarquía feudal. Finalmente, la guerra revolucionaria proporcionó sendas de promoción para los soldados, que tenían más oportunidades de que los ascendieran sin importar su clase social. En cuanto a la Iglesia, la Corona aumentó su capacidad de control sobre la administración de la misma a través del Concordato de 1753 y socavó su riqueza con la campaña de desamortización (expropiación y venta) de 1798. Al justificar esta expropiación en nombre de la riqueza nacional, la Corona también estaba minando sutilmente el régimen de privilegios hereditarios, como hizo al levantar la prohibición contra el «trabajo» nobiliario (1783), o cuando ennobleció a hombres de negocios y financieros.

De manera similar, desde finales del siglo XVIII los pensadores ilustrados habían empezado a defender las virtudes del mérito por encima de los privilegios, como se refleja en su crítica del ideal cortesano de Castiglione, un código de conducta de la élite que solo se había aplicado a la nobleza y que pretendía reforzar las castas jerárquicas. En su lugar estaba surgiendo un lenguaje nuevo de civilidad y urbanidad, una etiqueta que teóricamente podían seguir todos los hombres y mujeres civilizados, aunque no apareció de una manera codificada hasta el primer manual de conducta en 1829.³² Así mismo, la transformación del ejercicio del Derecho a finales del siglo XVIII dio como resultado la aparición de unos valores nuevos de profesionalidad y talento que desplazó a la antigua «nobleza de toga», que había copado estos puestos durante la Edad Media y la Moderna. A partir de la década de 1830, estos abogados hechos a sí mismos iban a constituir una parte importante de la nueva élite política liberal.³³

Además de la nobleza titulada, la baja nobleza, o hidalgos, constituían aproximadamente el 13 % de la población. Tradicionalmente, los hidalgos habían evitado cualquier trabajo manual, pero cuando la Corona levantó la prohibición en 1783, muchos de ellos se integraron en la clase media de artesanos, administradores públicos, maestros y profesionales liberales. Incluso muchos de los estadistas más eminentes de finales del siglo XVIII, como Gaspar Melchor de Jovellanos, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, y Pablo de Olavide, eran hidalgos de nacimiento. No obstante, de la misma manera muchos hidalgos siguieron siendo bastante pobres, en especial en aquellas zonas de nobleza virtualmente «universal», donde los privilegios significaban muy poco y el trabajo era una necesidad. En estas regiones, los privilegios del Antiguo Régimen se habían ido erosionando con mayor rapidez.

La instantánea de la sociedad española de principios del siglo XIX confirma las dos tendencias básicas de diversidad y cambio gradual. Así, mientras que por un lado era apabullantemente agrícola y rural, los patrones específicos de composición y asentamiento de dicha población agraria variaban significativamente a lo largo de la península. Mientras que determinados sectores de esta sociedad agraria parecían anclados en el orden social del Antiguo Régimen, las viejas jerarquías y las estructuras de poder ya se estaban erosionando. En algunas regiones los nobles y el clero enriquecido siguieron conservando un poder social y económico considerable, mientras que en otras, una nobleza difusa hizo muy poco por mantener la jerarquía social. Más allá de la sociedad agraria, nuevas categorías sociales también se estaban expandiendo, superando al artesano manufacturero de la economía de la Edad Moderna. Desde obreros fabriles a industriales, y desde estibadores a comerciantes, ya era visible el contorno de un orden social más variado.

CULTURA Y COMUNIDAD

Más allá de los ritmos básicos de trabajo y supervivencia, ¿cómo interactuaban todos estos individuos entre ellos y con el mundo que los rodeaba? Para la mayoría de las personas, en España como en todas partes, su mundo estaba integrado por su comunidad local. La combinación de redes de transporte deficientes y barreras geográficas limitaba la movilidad física, mientras que la baja tasa de alfabetización —alrededor del 6 % en 1797— en la práctica limitaba el contacto a través de la prensa, así como a través de cualquier comunidad nacional imaginada, para la gran mayoría de la población. Así, gran parte de la transmisión cultural era oral y local, con diferencias entre el entorno urbano y el rural.

En los ambientes urbanos durante el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX surgieron una serie de pequeños «espacios públicos». Nutridos por una cultura que se basaba en espacios públicos físicos como la plaza mayor y en tradiciones como los grupos de discusión, o tertulia, el modo de transmisión era en gran parte oral, la «dramatización del mundo» a través del teatro, las canciones, las imágenes y los rumores.³⁴ A partir de mediados del siglo XVIII, los pueblos más grandes y las ciudades desarrollaron una cultura de café, en la que el café y el chocolate caliente se convirtieron en las bebidas sociales preferidas de las élites urbanas.³⁵ Durante el breve período revolucionario de 1808-1814, estas esferas públicas urbanas se vieron fortalecidas con periódicos y panfletos así como con desfiles y ceremonias inventadas por los gobiernos liberales locales para movilizar a la población, pero desaparecieron después del regreso del gobierno absolutista en 1814.

Mucho más importante para la mayoría de la población rural y urbana fue el papel cultural de la Iglesia en la vida cotidiana, que marcará una de las fuertes continuidades a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Para muchas comunidades, la parroquia era el centro de la vida colectiva social y cultural, además de espiritual (o económica). Así, asistir a misa no era solo un asunto espiritual privado sino una oportunidad periódica para encontrarse con los vecinos, así como un lugar para la transmisión oral de la cultura a través del púlpito. En las parroquias más ricas, las misas eran espectáculos elaborados, como en la catedral de Sevilla, donde múltiples eucaristías diarias empleaban a un total de 234 personas, entre ellas 23 músicos, 20 cantores, 19 capellanes, 36 niños de la coral y un maestro de ceremonias. Para festividades especiales, como la Semana Santa o el Corpus Christi, organizaban procesiones suntuosas con imágenes, flores y actores que representaban escenas de la Pasión. Además de las fiestas mayores, había 90 días de guardar anuales, sin mencionar las bodas, los funerales y los bautizos. A esto se añadía que cada comunidad tenía sus fiestas locales propias, normalmente relacionadas con el santo patrón del lugar, y sin importar si consistía en algún tipo de corrida de toros, baile o comida comunitaria, casi todas las celebraciones empezaban con una misa. Y, aunque existía una mezcla de profano y de sagrado en muchas de estas festividades, en el siglo XVIII los esfuerzos de la Inquisición por desterrar las «supersticiones» populares habían tenido como consecuencia una vida cultural religiosa mucho más homogénea y normalizada. Con la Iglesia como principal responsable a la hora de determinar las actividades de ocio colectivas, era la institución comunitaria por excelencia de la sociedad del Antiguo Régimen.

Aunque hasta cierto punto esta situación no varió a lo largo del siglo XIX, el papel de la Iglesia también empezó a cambiar en este período de transición. Por un lado, la aparición de nuevas formas de actividades comunitarias, desde los espectáculos taurinos cada vez más sofisticados hasta las milicias populares y la cultura de café, empezó a socavar el monopolio de la Iglesia en la vida cultural. Este aumento de la competencia también se vio impulsado por el debilitamiento de las propias instituciones de la Iglesia, en especial en las zonas más pobres donde las enormes diferencias de riqueza se manifestaban en unos sacerdotes con escasa formación o incluso en la imposibilidad de contar con los servicios de un párroco. Así, en 1797 había alrededor de 3.000 parroquias sin sacerdote, la mayoría en el sur rural, de manera que la relación sacerdote-feligrés se elevaba a 1:1.700 (frente al 1:153 en ciertas partes del norte).³⁶ Por otro lado, la incorporación de la Iglesia a la lucha política entre el absolutismo y el liberalismo empezó a debilitar su papel unificador en la vida comunitaria. Un punto de inflexión importante en este proceso fue el interludio liberal de 1820-1823, después del cual la Iglesia se vinculó cada vez más al absolutismo. Confirmación de este posicionamiento político fue el primer ejemplo de anticlericalismo popular urbano, cuando la muchedumbre quemó y saqueó instituciones religiosas, y cerró a la fuerza monasterios y conventos. Después de la década de 1820, la Iglesia fue el objetivo primario de una población obrera urbana cada vez más movilizada, hasta culminar en la Guerra Civil de 1936-1939.

El desarrollo y el impacto desigual de la Iglesia en la vida comunitaria a principios del siglo XIX ejemplifican los temas de la diversidad y del cambio gradual. Para volver a la metáfora de la panorámica tomada desde un tren que avanza con lentitud, la economía y la sociedad españolas estaban en movimiento y no constituían una reliquia atemporal del Antiguo Régimen desafiando la era contemporánea. Impulsado por una población en crecimiento constante y por una periferia más dinámica, el país se embarcó en una trayectoria de crecimiento a mediados del siglo XVIII que continuaría hasta bien entrado el siglo XIX. Al mismo tiempo, las inamovibles jerarquías y los regímenes de creencias de la sociedad del Antiguo Régimen también se tuvieron que flexibilizar a medida que decaía la influencia de la aristocracia y el clero y aumentaba el poder de la riqueza. No obstante, el cambio fue desigual y localizado, debido, al menos en parte, al débil tejido conectivo que evitaba que los bienes, las personas y las ideas fluyeran libremente por la península. Como consecuencia, no existieron una economía y una sociedad españolas uniformes o consolidadas, solo una red interrelacionada de pequeños mundos dentro de los límites de un Estado que estaba a punto de sufrir una transformación política significativa.

CRISIS POLÍTICA, 1808-1814

En medio de esta sociedad en lento proceso de evolución, el desafio militar de Napoleón inició una aguda crisis política de legitimidad en la monarquía transatlántica española, empezando con la abdicación forzada de los Borbones y la imposición de un nuevo rey, José, el hermano de Napoleón, en 1808-1809. El impacto profundamente perturbador de las guerras napoleónicas no fue exclusivo de España. Se ha planteado que el concepto transformador de «guerra total» que normalmente se aplica a la Primera Guerra Mundial, en realidad se tendría que aplicar en este caso, no como consecuencia de la innovación tecnológica, sino para reconocer el aumento del alcance y la intensidad de la guerra, que es posible que provocara hasta 5 millones de muertos en toda Europa.³⁷

Crisis dinástica

Pero mientras que la invasión fue un poderoso factor exógeno que desencadenó el estallido de la revolución política en España, el desarrollo de la crisis y su resolución se debieron tanto a factores internos como externos. Así, al igual que en Francia antes de 1789, la legitimidad de la monarquía depuesta ya se había empezado a deteriorar en los años previos como consecuencia de una creciente crisis financiera y de su impacto en la población, en especial entre las élites. La monarquía española intentó recuperar su volumen de ingresos con una serie de políticas impopulares, que incluían recaudar impuestos entre los nobles y expropiar parte del rico patrimonio eclesiástico, pero la frustración causada por estas medidas se dirigió contra el arribista ministro del rey, Manuel de Godoy. Como en la versión francesa de la crisis, la competencia financiera de la monarquía se transformó en una crítica moral y después política. En España, no obstante, existía un salvador dentro de la familia real, el hijo del rey, Fernando. Con el apoyo de poderosos intereses nobiliarios y eclesiásticos, conspiró para expulsar a Godoy, pero muchos, incluido su padre, creían que estaba conspirando para derrocar al propio rey.

No hay ninguna duda de que Napoleón se aprovechó de este sórdido drama dinástico para atraer a España a su órbita militar y política. Las tropas francesas estaban en España desde octubre de 1807, supuestamente de camino para invadir Portugal y proteger de los británicos, pero en marzo de 1808 Napoleón ordenó que 50.000 soldados ocuparan Madrid. Al mismo tiempo, Fernando y sus seguidores intentaron aprovecharse de las tropas francesas para obligar a su padre a que destituyera a Godoy. En el llamado motín de Aranjuez, en el palacio de verano de la familia real, una insurrección de la guardia real acabó provocando la abdicación de Carlos IV el 18 de marzo de 1808.

Fernando y sus seguidores dieron la bienvenida a las tropas francesas, con la esperanza de que apoyarían su golpe de Estado, pero Napoleón invitó al padre y al hijo para que se entrevistaran con él en privado con el fin de resolver la disputa. Los rumores de que Fernando y su padre eran en realidad prisioneros de Napoleón provocaron la primera revuelta contra las tropas francesas el 2 de mayo en Madrid, un acontecimiento inmortalizado por el pintor Goya en sus cuadros épicos del Dos de mayo y el Tres de mayo; este último mostraba la ejecución de resistentes españoles por un pelotón de fusilamiento francés. Insurrecciones similares estallaron por toda la península. El 20 de mayo los rumores de secuestro quedaron confirmados por la noticia de que Carlos y Fernando habían abdicado de sus derechos al trono ante Napoleón, y el 24 de mayo la primera junta insurreccional en Oviedo declaró la guerra contra Napoleón.

Guerra y resistencia

Lo que ocurrió después de este momento ha sido objeto de varias interpretaciones, pero lo que resulta indiscutible es que, durante los seis años siguientes, España se vio inmersa en una guerra brutal que la convirtió en escenario del «conflicto más despiadado en Europa» desde que el Estado francés aplastara la revuelta campesina de la Vendée en la década de 1790.³⁸ Ninguna región se libró del impacto directo de la guerra, pero la mayor violencia contra la población se desencadenó al intentar someter regiones como Navarra, de donde procedían unos 40.000 guerrilleros. Las guerrillas no se enfrentaban a las tropas francesas a campo abierto, sino que las hostigaban y desmoralizaban, convirtiendo la guerra en una carga insoportable para los recursos franceses. Por otro lado, la guerra no convencional tuvo un coste muy alto para la población civil, tanto por las represalias del ejército invasor contra las poblaciones que consideraban que apoyaban a las guerrillas, como por el bandolerismo apoyado por la propia guerrilla.³⁹

Pero los civiles ya eran el objetivo de las técnicas de pacificación que los ejércitos franceses traían consigo de las campañas europeas anteriores. Así, en la ciudad de Zaragoza, la resistencia local contra las tropas francesas desencadenó una serie de ataques y asedios entre junio de 1808 y febrero de 1809 que culminaron con combates casa por casa y dejaron un total de 50.000 muertos, muchos de ellos a causa de enfermedades. En general, a lo largo de la guerra, los pueblos y las aldeas fueron invadidas y liberadas muchas veces, acompañadas no solo por los combates y la «pacificación», sino también por la destrucción de puentes, carreteras y edificios para evitar su uso por el enemigo.

Más allá de la muerte y la destrucción, ¿qué estaba en juego en esta guerra?⁴⁰ Por una parte, se trató de una guerra internacional entre Francia y Gran Bretaña, la llamada guerra peninsular protagonizada por el duque de Wellington y su Ejército, en la que España aparece como poco más que el territorio en el que dos gigantes extranjeros se jugaron la supremacía europea. En esta dimensión internacional, lo que Napoleón llamó la «úlcera española» contribuyó a frustrar sus ambiciones imperiales al destinar gran cantidad de soldados y recursos en un lodazal en el que era imposible ganar. El duque de Wellington y sus victorias británicas contribuyeron sin duda a la derrota de los ejércitos franceses, pero la mayoría de los historiadores actuales consideran que las fuerzas guerrilleras españolas jugaron un papel trascendental al evitar la concentración de las tropas francesas, que estaban muy ocupadas tratando de acabar con los focos controlados por la guerrilla.⁴¹ En España, los motivos y las identidades de las guerrillas y de otros participantes fueron mucho más variados. Frente a las interpretaciones simplistas que han identificado el levantamiento contra los franceses como una guerra de independencia nacional o, al revés, como una resistencia reaccionaria de campesinos atrasados dirigidos por clérigos fanáticos, las interpretaciones recientes han planteado que la guerra no era entre «dos Españas», una moderna y otra tradicional.

En su lugar, la guerra abrió un momento de transición definido por el debilitamiento de la legitimidad y la defensa del orden social y político existente. Algunos de los actores que se involucraron en este proceso estaban respondiendo a una crisis de legitimidad mucho más amplia, pero otros se centraban en temas mucho más locales, para proteger los intereses existentes o para expresar el descontento con el statu quo. Así, a nivel popular hubo protestas contra los impuestos, revueltas de consumidores, ocupaciones de tierras y negativas a pagar los derechos señoriales. En algunas regiones, los estrechos lazos comunitarios y de resistencia al Estado centralizador proporcionaron los recursos para constituir ejércitos guerrilleros de dimensiones respetables.⁴² Otros motivos populares incluían la defensa de la Iglesia y de la religión católica contra los «ateos» revolucionarios franceses, así como una hostilidad más general contra los franceses. Las brutales tácticas de pacificación impuestas por los ocupantes franceses acrecentaron aún más la hostilidad.⁴³ Resulta muy poco probable que la insurrección popular estuviera motivada por el nacionalismo español o por una ideología política, ya fuera liberal o absolutista.⁴⁴

Desde el punto de vista de las élites, la imagen es diferente pero igualmente borrosa. Si bien es posible que estas fueran más conscientes de las implicaciones de la crisis de legitimidad, estaban divididas sobre cómo resolverla. Es más, como muestra de la profunda división que caracterizaba a este sector social, uno de los intelectuales españoles más prominentes de la época, Jovellanos, llamó al conflicto una guerra «civil». De este modo, mientras que Jovellanos apoyaba la resistencia contra los franceses, otros intelectuales «ilustrados», los afrancesados, se pusieron de lado del Gobierno francés de ocupación, atraídos por las promesas de José de reformas modernizadoras y de mantenimiento del orden público. Es más, la nueva administración francesa proclamó los principios de igualdad ante la ley en una nueva Constitución aprobada por un pequeño grupo de delegados españoles convocados por los franceses en Bayona el 8 de julio de 1809, y en una serie de decretos abolió los privilegios feudales y la Inquisición.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

En contraste con los colaboracionistas, los liberales y reformadores antifranceses, entre otros «patriotas», como eran conocidos, participaron en las insurrecciones locales y regionales, y fueron los protagonistas principales en las juntas provinciales que surgieron espontáneamente para llenar el vacío de poder dejado por el colapso del Estado español. En un intento por coordinar la resistencia, estas juntas locales se transformaron finalmente en una Junta Central (25 de septiembre de 1808). Para resolver la crisis de soberanía, el 22 de mayo de 1809 la Junta Central convocó la elección de las Cortes Generales, o Parlamento, un cuerpo representativo que había existido en diversos reinos medievales, entre ellos Castilla. Fueron las Cortes que se reunieron en Cádiz entre 1810 y 1813 las que definieron la lucha contra los franceses en nombre de la soberanía de la nación española y, como representantes de la nación, abolieron las estructuras del régimen absolutista.

Su logro principal fue la Constitución de 1812. Este documento iba a servir como bandera de la revolución liberal durante las décadas siguientes, no solo en España sino también en Portugal e Italia y en toda la América española. El documento establecía una monarquía constitucional (dirigida por Fernando VII cuando regresase a España) cuya legitimidad emanaba de la soberanía de la nación. Instituía una división de los poderes con limitaciones significativas para el Ejecutivo y unas Cortes unicamerales que serían elegidas por sufragio universal masculino y que tendrían un control significativo sobre asuntos tan espinosos como los impuestos. El principio básico liberal de igualdad ante la ley iba acompañado de todas las libertades civiles, excepto la libertad de religión, y por la destrucción de todos los privilegios corporativos. La igualdad ante la ley también incluía un sistema unitario de tribunales y tarifas, así como la reorganización del Estado en provincias uniformes. En decretos separados, las Cortes también abolieron la Inquisición y los derechos señoriales feudales, y empezaron a expropiar más tierras en manos de la Iglesia y de la nobleza para venderlas a propietarios privados.

Una «cultura constitucional» española

La amplia agenda liberal desarrollada por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 se ha situado en el centro de los debates sobre las «dos Españas».⁴⁵ En los últimos años, la mayoría de los estudios han constatado que la discusión estéril sobre si el liberalismo de las Cortes de Cádiz fue autóctono o imitativo se vio alimentada por una visión monolítica y ahistórica del «liberalismo». Una vez evaluada, no en función del modelo francés, sino como producto de su propio contexto transatlántico, o su «cultura constitucional», se puede ver como una variante regional, no una simple imitación, del original. Los elementos únicos que surgieron en Cádiz incluyeron la protección de la unidad religiosa, un interés por los derechos comunitarios de la nación en lugar de los derechos individuales, y el apoyo en la tradición y en la historia como fuentes de legitimidad.⁴⁶ Las fuentes intelectuales de esta cultura se pueden encontrar en varias corrientes de pensamiento del siglo XVIII que, cuando se sitúan en el marco particular de la crisis de 1808, resuelven las paradojas aparentes en los debates y pronunciamientos de las Cortes.

En especial, la diferencia más discutida entre el liberalismo español y el francés fue el papel de la religión. Durante mucho tiempo, los estudiosos intentaron comprender lo que parecía ser la defensa incomprensible de la unidad católica en la Constitución de 1812, en contraste con la secularidad militante de la versión francesa «auténtica». De hecho, los historiadores liberales con frecuencia pretenden cuadrar este círculo distinguiendo entre el liberalismo «puro» y una aceptación táctica de la unidad religiosa para atraerse a los sectores conservadores de las Cortes y a la población devota.

Lo que ha surgido recientemente es la imagen histórica de una cultura constitucional hispánica transatlántica que aceptaba la religión en lugar de expulsarla. Así, este concepto de la «nación católica» no era algo único de la cultura constitucional de España, sino que estaba presente en todos los grandes experimentos constitucionales hispánicos de principios del siglo XIX en el mundo Atlántico.⁴⁷ La paradoja aparente de la «nación católica» es un producto de la dicotomía falsa entre la nación como inherentemente secular y la religión como algo fusionado con el Antiguo Régimen. De hecho, los liberales abrazaron el catolicismo como un elemento esencial de la identidad nacional española, y muchos católicos, especialmente el 30 % de los representantes eclesiásticos en las Cortes, adoptaron esta visión liberal de la nación. Aunque existían clérigos antiliberales, la «esfera pública católica» no estaba aglutinada en torno a un conservadurismo fanático, sino que reflejaba una pluralidad de visiones. La imagen de un sector católico monolítico y reaccionario que fue propagada en aquella época por liberales anglófilos como José María Blanco White se basaba más en el tópico del fanatismo religioso español que se remontaba al siglo XVI que en la observación empírica.⁴⁸

Coherente con la armonización entre nación y religión en la Constitución de 1812 era su legitimación de la soberanía nacional en la historia y tradición españolas en lugar de los «derechos del hombre». Así, las Cortes enmarcaron la Constitución como una recuperación de las libertades medievales que se habían perdido durante el período de gobierno absolutista. En palabras del diputado e historiador Francisco Martínez Marina, estaban «restableciendo las leyes que habían convertido a nuestros ancestros en hombres libres».⁴⁹ En suma, la legitimación de la soberanía nacional en la tradición era tanto una respuesta a la crisis práctica de 1808 como un producto de la Ilustración española.⁵⁰

A nivel práctico, los llamamientos historicistas de las Cortes ayudaron a combatir las pretensiones universalistas del Gobierno de ocupación napoleónico. Al presentar la acusación de que la monarquía napoleónica era una autoridad ilegítima en España, las Cortes crearon una Constitución «particularista» que hundía sus raíces en su propia historia en lugar de la ley natural. De la misma manera, la pretensión de las Cortes de representar al nuevo sujeto soberano de la «nación» se puede leer en parte como una respuesta práctica a la abdicación del monarca Borbón. En contraste con la pretensión napoleónica de que la soberanía se había transferido de una dinastía monárquica a otra, que no era algo excepcional en la Edad Moderna, las Cortes de Cádiz afirmaban la independencia a través de la creación de un nuevo sujeto soberano, la nación. Finalmente, esta necesidad práctica de justificar la independencia también favoreció la defensa de la nación como una sola unidad en lugar de los derechos naturales de los individuos.

Al mismo tiempo que la Constitución de 1812 fue una respuesta a la crisis específica de soberanía, sus ideas también hundían sus raíces en los debates intelectuales de las décadas anteriores, en la versión española de la Ilustración. Hace muchas décadas que la participación de España en la Ilustración se «redescubrió», pero las relaciones entre estas ideas y las Cortes de Cádiz no se han explorado en toda su extensión hasta fechas recientes.

Aunque no existía una teoría política explícita de la nación soberana, había una serie de líneas de pensamiento a finales del siglo XVIII que constituían los bloques para la construcción de los debates constitucionales de 1810-1812. Así, las discusiones sobre economía política, pensamiento jurídico, historiografía y filosofía moral estaban todas ellas explorando de manera indirecta la relación entre el monarca y la sociedad. Las ideas del reino «político» como un lugar en el que se podían defender los derechos, y de una «Constitución» como un documento político que articulase dichos derechos, tomó forma durante el último tercio del siglo XVIII entre los pensadores ilustrados que trabajaban dentro del marco de la monarquía absolutista.⁵¹

Uno de los aspectos cruciales del contexto histórico en el que se gestó la revolución liberal y nacional española fue el carácter imperial de la monarquía española y su crisis de legitimidad. Mientras que antes se consideraba que los conceptos de nación y de liberalismo se habían desarrollado en paralelo a ambos lados del Atlántico español, los estudios recientes han puesto el énfasis en un discurso transatlántico compartido sobre la soberanía, la nacionalidad y el liberalismo que aún seguía centrado en la reforma de la monarquía española y no en su disolución.

De hecho, quizá la innovación más sorprendente de la Constitución de 1812 era la declaración según la cual la soberanía residía en todos los españoles de los dos hemisferios que habían nacido libres, convirtiéndose así en el primer Estado europeo que extendía más allá de la metrópoli la pertenencia a la nación. Antes de eso, la Junta Central ya había proclamado su famosa declaración de enero de 1809 en el sentido de que los territorios americanos no eran simples colonias sino «partes esenciales» de la nación española, e invitaba a dichos territorios a enviar representantes. Así, las Cortes de Cádiz se enfrentaban a la tarea doble de transferir la soberanía del monarca a la nación y de definir los límites transatlánticos de dicha nación.

Las Cortes tenían la esperanza de realizar la transición desde la monarquía compuesta a la nación sin perder los territorios de ultramar. De hecho, al principio la mayoría de los representantes americanos y de las élites criollas estaban más interesados en articular cómo se podían integrar en pie de igualdad en la nueva nación en vez de separarse de ella.⁵² Fue el fracaso de esta integración lo que convirtió a los reformadores americanos en nacionalistas separatistas que impulsaron su independencia de España, pero la cuestión de exactamente en qué momento ocurrió esto aún no se ha resuelto. Algunos les han echado la culpa a los límites de las Cortes de 1812, mientras que otros ven como cruciales las políticas reaccionarias de Fernando VII después de 1814, mientras que unos terceros insisten en que no fue hasta la siguiente revolución liberal de 1820 cuando se cortaron por fin los lazos.

Aquellos que culpan a las Cortes señalan con razón que la Constitución de 1812 no consiguió transformar en la práctica la retórica de la igualdad. Así, las Cortes excluyeron deliberadamente a los esclavos africanos y a las personas mestizas con herencia africana, para asegurar la mayoría numérica de la península y como consecuencia de unas creencias profundamente enraizadas sobre la desigualdad de las razas. La Constitución también guardó silencio tanto sobre la cuestión de la esclavitud como sobre el comercio de esclavos, reflejando un acuerdo implícito con las élites criollas en Cuba para no tocar la institución a cambio de garantizar su lealtad a España.⁵³ Pero aunque es cierto que los españoles peninsulares en realidad nunca llegaron a imaginar que los criollos de las colonias eran sus iguales, y mucho menos las poblaciones indígenas y africanas, el abismo entre la retórica liberal y su práctica no era algo único de España, en especial cuando se trataba de los imperios coloniales. En lugar de servir de ejemplo del fracaso o la debilidad del liberalismo de las Cortes, en realidad la contradicción entre la inclusión abstracta y la exclusión práctica fue uno de los rasgos definitorios del liberalismo europeo del siglo XIX.

Como deja claro este último punto, el proceso de situar la revolución española en el contexto específico de la historia española no la aísla del relato más amplio de la «era de las revoluciones». Así, mientras que los estudios recientes han situado convincentemente la Constitución de 1812 en la intersección entre las corrientes intelectuales españolas de finales del siglo XVIII y los elementos específicos de la crisis de 1808, no fue un producto exclusivamente español. Por ejemplo, el papel crucial que jugó la religión en la identidad nacional no estuvo confinado al mundo hispánico. En las últimas décadas, los historiadores de Gran Bretaña y Alemania, entre otros, han planteado que la religión siguió siendo una parte importante de la identidad nacional «moderna» a lo largo del siglo XIX, de manera que la religión y la nación ya no parecen situadas a ambos lados de una división arbitraria entre modernidad y tradición.

De manera similar, el recurso a la tradición en lugar de los derechos naturales se inscribe en una corriente significativa del pensamiento constitucional liberal basado en la revolución inglesa de 1688, que siguió sirviendo como polo alternativo al modelo de ruptura francés durante el siglo XIX. Además, el foco en la comunidad de la nación por encima de los derechos de los individuos marcará una división significativa, no entre España y Europa, sino entre el pensamiento constitucional anglosajón y el continental durante las décadas siguientes. La cuestión es que no existió una revolución liberal y nacional monolítica que pueda servir de medida para saber si las Cortes y su Constitución estuvieron a su altura o se quedaron cortas.

El final de la era revolucionaria

Aun aceptando que las Cortes de Cádiz y su Constitución representaron una versión auténticamente española de la revolución liberal, no hay duda de que su autoridad fue precaria desde el principio y de que las posibilidades de que se pudiera aplicar la Constitución de 1812 eran, en el mejor de los casos, escasas. Los franceses seguían ocupando la mayor parte de la península en 1812, con su última gran victoria en Valencia en enero, y aun cuando los ejércitos franceses fueron empujados hacia el norte, el Gobierno de Cádiz dispuso de pocos recursos para restaurar el orden, y mucho menos para transformar las instituciones en las zonas «liberadas». Incluso en las zonas francesas, la situación de la población local se estaba deteriorando con rapidez, cuando Napoleón empezó a retirar más tropas para su campaña rusa y las que quedaron se vieron cada vez más acosadas por los ataques guerrilleros. En la ofensiva dirigida por los británicos en mayo de 1813, las tropas francesas tuvieron que abandonar Madrid y, tras una victoria militar significativa del Ejército de Wellington en Vitoria el 21 de junio, solo Cataluña seguía en manos francesas en el verano de 1813.

Semejante caos ayudó a revitalizar la oposición absolutista, que estaba en minoría en las Cortes de Cádiz pero que apareció como un sector fuerte en el primer Parlamento elegido de manera regular y que abrió sus puertas en octubre de 1813. La causa absolutista se vio impulsada porque Napoleón liberó a Fernando VII, que regresó a España el 24 de marzo de 1814. En Valencia le presentaron una petición firmada por 69 diputados a Cortes absolutistas, el llamado «Manifiesto de los Persas», pidiendo a Fernando que derogase la Constitución de 1812 y restaurase el orden político y social anterior a 1808. Cuando el general Javier de Elío, un comandante del Ejército español, aceptó apoyar a Fernando en esta tarea, el rey accedió. El decreto real publicado en Valencia abolía la Constitución y todo lo promulgado por las Cortes, «como si nunca hubiera ocurrido», y en mayo las tropas de Elío habían ocupado Madrid. Con la abdicación de Napoleón el 6 de abril, quedó claro que la era revolucionaria en España, así como en Europa, había llegado a su fin.

CONCLUSIÓN

Aunque marcó el final de la era revolucionaria, la restauración del absolutismo en España, así como en toda la Europa continental, también abrió una nueva era de lucha política. En menos de una década en España, y unos pocos años después en Francia, el liberalismo iba a resurgir como el mayor reto y alternativa política de la primera mitad del siglo XIX. Entre los polos constituidos por una Europa central y oriental donde los regímenes absolutistas sobrevivieron en gran medida a este desafío, y el modelo británico y belga definido por un cambio político gradual, se encontraban los casos español y francés de una lucha política abierta y discontinua en la que el absolutismo del Antiguo Régimen fue finalmente derrotado en la década de 1840. Aunque la revolución liberal que se consolidó en España carecía de los rasgos democráticos de la Constitución de 1812, incluida cualquier pretensión de igualdad colonial, estaba claro que 1812 —impulsado por una cultura constitucional preexistente— había cambiado los términos del debate político, alterando los parámetros de lo que se podía imaginar en la cultura política española del siglo XIX.

Al mismo tiempo, la transición política del siglo XIX del absolutismo al liberalismo que define el modelo europeo «occidental» no implica una transformación completa de una sociedad y una economía del «Antiguo Régimen» a una «moderna». Así, desde finales del siglo XVIII estaban aumentando las tensiones entre las estructuras y jerarquías «tradicionales» y las «modernas» emergentes, que se extendieron hasta bien entrado el siglo XIX sin lazos unificados o predeterminados entre la transición política y los cambios en otras esferas. En consecuencia, para España, como para el resto de Europa, la era revolucionaria no marca una ruptura clara. En lugar de la revolución burguesa que barrió el viejo orden económico, político y social de una sola pasada, los cambios en estas esferas tuvieron lugar con ritmos diferentes, siguiendo trayectorias diferenciadas y provocando una variedad de resultados. Sin una trayectoria modelo de la «modernización», los historiadores deben afrontar la tarea de descubrir las circunstancias históricas específicas que forjaron el relato del cambio y la continuidad en cada país.

En el marco de este relato más turbio de la modernidad, ¿en qué sentido empieza la era moderna de España en 1808? Aunque cualquier año específico sigue siendo en cierto sentido una decisión arbitraria para iniciar una nueva época histórica, 1808 desempeña la función de un punto de inflexión útil en la historia española. Sin necesidad de plantear una ruptura completa, está claro que la amplia «crisis de soberanía» inició un momento de transición en la historia europea y atlántica occidental que desafió las estructuras e instituciones políticas existentes, introduciendo nuevas expresiones en el vocabulario político y derrocando un Antiguo Régimen que, incluso cuando fue «restaurado», había perdido inevitablemente parte de su legitimidad anterior. Y aunque la crisis de soberanía en España en 1808 indudablemente se desencadenó por la influencia externa de la invasión francesa, la versión de una nueva política que surgió en Cádiz estaba firmemente enraizada en las corrientes intelectuales y sociales de la cultura y la historia españolas, como lo demuestra su impacto en la reformulación de los debates políticos durante el resto del siglo. Si el «nacimiento» de la Europa moderna viene definido por la ruptura a causa de la crisis en lugar de una transformación definitiva o implícitamente progresiva, entonces 1808 puede servir como el punto de entrada de España en el mundo moderno.

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TRANSFORMACIÓN POLÍTICA: DEL ANTIGUO RÉGIMEN

AL ESTADO LIBERAL, 1814-1868

INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL CONTEXTO COMPARATIVO

El final de las guerras napoleónicas desembocó en una nueva era en la política europea, marcada en muchos lugares por la restauración de los regímenes absolutistas. No obstante, la crisis de legitimidad abierta por la guerra y la revolución no se había resuelto del todo, y en las décadas de 1830-1840, muchos de estos regímenes ya se encontraban bajo el ataque del resurgimiento de los movimientos liberales, convirtiendo este período en uno de lucha prolongada entre las fuerzas absolutistas y liberales a lo largo de Europa. En la década de 1860, las fuerzas liberales en Europa occidental habían tenido éxito en su mayor parte en la destrucción de las estructuras políticas y legales del «Antiguo Régimen», y las habían sustituido por el orden liberal, que a su vez había inaugurado una nueva época de lucha contra las fuerzas democráticas y socialistas emergentes. Aunque las dinámicas específicas difirieron en cada caso nacional, está claro que existió un patrón regional más amplio del cambio político que incluía el sudoeste de Europa, sin importar el nivel de desarrollo económico, en contraste con el argumento clásico de Marx según el cual fue la revolución social burguesa la que precipitó la transformación política liberal.¹ En Gran Bretaña, esta transformación siguió una trayectoria evolutiva, mientras que en Bélgica, Italia y más tarde en Alemania, estuvo acompañada por la formación de nuevos Estados nación, y finalmente en Francia, Portugal y España fue implementada a través de una serie de rupturas revolucionarias y guerras civiles. Tanto en términos cronológicos como en relación con los parámetros básicos de esta transformación, los historiadores revisionistas han desmantelado convincentemente el antiguo relato del «fracaso», afirmando que España participó en este proceso y logró unos resultados comparables.²

La integración de España dentro de la transformación liberal regional también requiere el reconocimiento de los límites y las contradicciones de este proceso. En contraste con la antigua visión optimista del liberalismo como una etapa en la expansión de los derechos y la participación que culminaría naturalmente en la democracia, los estudios actuales han puesto en cuestión este relato brillante de la política «moderna» como sinónimo de «progreso». En su lugar, el liberalismo posrevolucionario del siglo XIX estaba definido por sus contradicciones, basadas en la retórica inclusiva universalista de la Revolución francesa, pero aterrado por las implicaciones aparentemente caóticas de la democracia y del «gobierno de todos».³ En consecuencia, los liberales del siglo XIX eran producto de la Revolución francesa en ambos sentidos; heredaron sus ideales, pero también eran conscientes de las lecciones aprendidas durante este proceso. En contraste con lo que los historiadores españoles llaman el «primer» liberalismo de la época napoleónica, los liberales europeos de las décadas de 1830 y 1840 eran una especie nueva, que libraba una guerra en dos frentes, contra los absolutistas por un lado y contra los demócratas por el otro. Mientras que afirmaban que defendían la igualdad futura de todos, utilizaron un «discurso de la capacidad» para defender la desigualdad presente, para las clases bajas, los súbditos coloniales y las mujeres, y limitaron los derechos de ciudadanía a unos pocos hombres propietarios. Y mientras afirmaban que defendían la tolerancia, persiguieron a los católicos en Inglaterra, Francia y Alemania, y establecieron una relación conflictiva con la Iglesia incluso en un país tan católico como España. Los liberales estaban, por supuesto, divididos entre ellos, pero en este período elitista, no democrático, el liberalismo era la tendencia dominante. El Estado liberal que tomó forma durante este período integró a más personas a través de la intensificación de la vigilancia policial que de la expansión de derechos. La expectativa errónea de que el liberalismo debía evolucionar naturalmente hacia la democracia fue en realidad una de las fuentes del mito del «fracaso» de la revolución liberal en España, promovido a finales del siglo XIX por los críticos decepcionados por la falta de democratización.⁴

En su lugar, durante el ciclo de revoluciones liberales europeas que se iniciaron en Francia en 1830, España experimentó una transformación política radical que desmanteló efectivamente el Antiguo Régimen en términos políticos, económicos y legales, y estableció uno de los cinco regímenes constitucionales liberales, junto con Francia, Bélgica, Portugal y Gran Bretaña, a los que se unieron más tarde en este período Grecia, Italia, Suiza, los Países Bajos y Dinamarca. Los parámetros básicos de este nuevo orden liberal siguieron vigentes durante el siglo XIX y, de hecho, España disfrutó de más años de gobierno parlamentario constitucional que cualquier otro país europeo, entre 1812 y 1936. Es cierto que este gobierno constitucional estaba condenado a la inestabilidad, pero esta debilidad funcional no era el resultado de una revolución liberal incompleta.

El núcleo político de la transformación del absolutismo al liberalismo fue precisamente el principio del constitucionalismo, que fue establecido en la década de 1830 y nunca llegó a ser revocado. El nuevo sujeto de un sistema político liberal era la nación, cuyos ciudadanos estaban representados a través de los cargos elegidos en las Cortes o Parlamento, aunque los desacuerdos entre los liberales y la Corona sobre la ubicación precisa de la soberanía no se resolvieron hasta la década de 1870. En términos económicos, una serie de Gobiernos liberales crearon un régimen uniforme de la propiedad privada, aboliendo los derechos señoriales y las pretensiones corporativas sobre la propiedad por parte de la Iglesia, los gobiernos municipales y la aristocracia. En términos legales, la superposición de jurisdicciones del Antiguo Régimen fue sustituida por una estructura administrativa y judicial centralizada y en su mayor parte uniforme, incluyendo un sistema bancario y fiscal, Ejército y policía, y una burocracia estatal que gradualmente fue aumentando la implantación del Estado por todo su territorio. Siguen existiendo debates sobre la fuerza y efectividad del Estado liberal español en comparación con otros Estados europeos, en especial frente al poder de las oligarquías e instituciones locales, pero el énfasis reciente se ha centrado más en sus logros administrativos que en sus fracasos.⁵ El ala progresista de los liberales españoles también introdujo más derechos civiles, incluida la libertad de prensa y el juicio por jurado, aunque los detalles relativos a estas prerrogativas fueron más discutidos. No obstante, todos estos cambios encajaban en un patrón regional mucho más amplio.

También se ajusta al modelo europeo occidental la reorganización contradictoria de los imperios coloniales que se produjo en paralelo a la transición política en la metrópoli. En contraste con los imperios del Antiguo Régimen que eran patrimonio de los monarcas absolutistas, que gobernaban sobre súbditos tanto en casa como en ultramar, los nuevos imperios establecieron un sistema de gobierno dual, con la nación de ciudadanos en la metrópoli, gobernados por el liberalismo y los súbditos coloniales dirigidos por gobernadores militares y leyes especiales. Por toda Europa se reconfiguró la relación imperial, tanto en términos económicos como políticos, con todas las grandes potencias coloniales perdiendo algunas de sus posesiones imperiales, como los españoles y los británicos en América, al mismo tiempo que se intensificaba el control sobre las colonias ya existentes, como en el caso de los españoles en el Caribe y las Filipinas o los británicos en la India. En contraste con una historiografía más antigua que veía el inicio del siglo XIX como un paréntesis de laissez faire entre los antiguos imperios de conquista y el barullo imperial de finales del siglo XIX, los estudiosos del colonialismo han reinterpretado este período a través de la óptica del «meridiano imperial», un término acuñado para describir cómo los Estados coloniales extendieron su alcance y control de las sociedades coloniales con formas modernas de gobierno autoritario y racista.⁶

Los historiadores españoles han sugerido que el Imperio español de este período también se podría considerar dentro de este marco de intensificación del control imperial.⁷ Sustituyendo un relato más antiguo centrado en la pérdida por parte de España de la mayor parte de su imperio americano en la década de 1820, estudiosos actuales han vuelto su atención hacia las restantes grandes colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aunque es cierto que las pérdidas fueron mucho más extensas que las sufridas por cualquier otra gran potencia, en 1870 España seguía poseyendo el segundo o tercer imperio ultramarino más grande del mundo (dependiendo de cómo se midan los territorios de la Indonesia holandesa). Además, a pesar de la reducción en su extensión, el imperio seguía siendo vital para los intereses económicos y la identidad nacional de España. En particular, Cuba, con su producción de azúcar basada en los esclavos, se convirtió en una de las colonias más rentables del mundo, pero el cultivo del tabaco en las Filipinas también estaba aumentando el valor de la colonia del Pacífico a partir de las décadas centrales del siglo. Más aún, la administración en las colonias estaba desarrollando mecanismos nuevos y más intervencionistas de disciplina y control como los de los demás imperios.

En el centro de esta reorganización imperial se encontraba la economía esclavista. Aunque en su momento la esclavitud se interpretaba como un vestigio del antiguo imperio de conquista, los estudiosos actuales reconocen el papel vital que jugaba la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso en los imperios comerciales del siglo XIX, incluso cuando los británicos y los franceses presionaron para la abolición de aquella. En el caso español, la reordenación del imperio aumentó en gran medida el papel de la esclavitud y del sistema de plantación.⁸ Así, el número de esclavos en Cuba empezó a crecer exponencialmente durante la era revolucionaria y alcanzó su cima en la década de 1830; entre 1780 y 1867, llegaron allí 780.000 esclavos, prácticamente el mismo número que los enviados a toda la América española entre los siglos XVI y XVIII. La expansión de la esclavitud alimentó la demanda de un sistema de plantación en pleno desarrollo, siguiendo los modelos anteriores en Jamaica, el sur de Estados Unidos, Barbados y Brasil, que iba a florecer como la economía de plantación más grande en la historia de la América española. Después de 1824, el comercio de azúcar en Cuba suplantó a la extracción de plata como pilar de la economía colonial. Más allá de su papel económico, la economía esclavista también era un ejemplo de los sistemas duales de gobierno entre la metrópoli y las colonias, así como del papel creciente de las jerarquías raciales para justificarlos. En realidad, fue el intercambio entre dominio racial y derechos políticos lo que unió a las élites metropolitanas y a los dueños de las plantaciones coloniales durante la mayor parte del siglo XIX y mantuvo el abolicionismo como una petición minoritaria.⁹

El hecho esencial es que España, al igual que otras potencias europeas, participó en el proceso de construcción de un nuevo orden político que era liberal e imperial. Aunque es cierto que España se estaba convirtiendo en un imperio de segunda clase como Portugal, los Países Bajos y Bélgica, cada vez más acosado por los imperios expansivos de Gran Bretaña y Francia, su trayectoria se ha redefinido como «eclipsada» o «en retirada» más que en «colapso».¹⁰ Esta terminología nueva reconoce no solo la contribución económica significativa de lo que quedaba del imperio al mercado «nacional» de España, sino también la continuación de las pretensiones imperiales del Estado liberal, que planeó varias, ciertamente fracasadas, campañas en África y América a finales de la década de 1850 y la de 1860. Finalmente, el reconocimiento del impacto continuado del imperio a lo largo del siglo XIX pasa por destacar su papel en el proceso de construcción nacional con las élites españolas refiriéndose a Cuba y Puerto Rico como la «España ultramarina».¹¹ Tanto en la práctica como en su mentalidad, España seguía actuando como una nación imperial.

Al mismo tiempo que los estudiosos revisionistas han desmentido el mito del fracaso del liberalismo español, también han reconocido que el nuevo orden liberal sufría debilidades importantes que minaban su estabilidad e, igualmente, su capacidad para evolucionar y adaptarse. Sin pretender comparar la revolución liberal en España con algún ideal democrático posterior, resulta razonable evaluar en qué medida funcionó el Estado liberal en su contexto histórico. Desde esta perspectiva, el régimen liberal de España compartió las debilidades comunes de la época, en mayor o menor medida que otros países, desde el débil desarrollo de los partidos políticos y los monarcas constitucionales ambivalentes, hasta la falta de una amplia incorporación política y resistencia popular desde ambos lados del espectro político. Estas debilidades se vieron exacerbadas por un déficit financiero especialmente acusado que limitó la capacidad de un Estado empobrecido para implementar por completo el proyecto centralizador y homogeneizador de la revolución liberal. Pero, aun así, ninguna de estas debilidades era única de España ni fatal para la consolidación del liberalismo y, lo que es igual de importante, ninguna de ellas llevaba en su seno un pecado original que impidiese una evolución democrática en el futuro o condujera inexorablemente a la gran tragedia política de la Guerra Civil en 1936-1939. La época liberal de España empezó, si no en una situación propicia, desde luego en una posición comparable a la de otros Estados liberales de la región.

LOS GRANDES ACTORES

Los partidos Moderado y Progresista

Los arquitectos de la transformación política liberal fueron los partidos liberales débilmente estructurados. Después de mantener un frente bastante unido en la lucha contra el absolutismo, a partir de la década de 1830 la élite liberal se dividió en los partidos Conservador (los moderados) y Progresista (progresistas) que no estaban de acuerdo en hasta qué punto el Estado liberal debía seguir las reformas y su evolución. Así, cada partido defendía visiones diferentes del orden político liberal, sobre todo con respecto al poder de la Corona y al tamaño del cuerpo electoral, pero los desencuentros también caracterizaron los debates sobre formas más amplias de participación ciudadana en los gobiernos locales, las milicias ciudadanas y la esfera pública. En contraste con una historiografía anterior que veía a los liberales como la voz de una clase social específica, la «burguesía», en realidad se trataba de una élite heterogénea de nobles, terratenientes, mercaderes, oficiales del Ejército, industriales y profesionales liberales, que se unieron alrededor de una visión de la participación política reformulada pero restringida, que intentaba contener la democracia. Mientras que las élites sociales del Antiguo Régimen no estaban ausentes de la nueva clase política, parece claro que se tuvieron que adaptar a las nuevas reglas del juego con el fin de mantener su predominancia.12 De hecho, a finales del siglo XIX, la nobleza del Antiguo Régimen representaba un porcentaje comparativamente pequeño de la clase política en España, a excepción de unas pocas provincias.¹³

Los militares y los pronunciamientos

Más importante que la vieja nobleza eran los oficiales del Ejército, muchos de ellos de orígenes plebeyos, que se sintieron atraídos por las oportunidades para medrar en un orden político liberal.¹⁴ El ciclo de intervenciones militares, o «pronunciamientos», en los cambios de régimen en España es bien conocido, y no hay duda de que los partidos liberales se apoyaban en el músculo militar para mantener su autoridad, en especial en el contexto de la monarca reinante poco colaboradora Isabel II. En el paradigma del «fracaso», el hecho de que los militares estuvieran implicados en prácticamente todos los cambios de gobierno a través de una serie de insurrecciones, proporcionaba la prueba de que el liberalismo carecía de un apoyo real en el país. La perspectiva revisionista señala que los pronunciamientos no sustituyeron el gobierno civil por otro militar, sino que era una de las técnicas utilizadas para obligar a los gobiernos civiles a cambiar de políticas o de personas. Los jefes militares eran más bien instrumentos de los partidos liberales, en contraste con la relación inversa en los golpes militares del siglo XX. En el siglo XIX trabajaron para reconducir el sistema liberal, no para sustituirlo por una dictadura militar. Así, los pronunciamientos hicieron posible la alternancia entre los partidos liberales cuando la Corona se negaba a colaborar, sin suspender el gobierno civil.

La Corona

Una de las razones que motivaron la multiplicación de las intervenciones militares fue presionar a la Corona para que adoptase o siguiese dichos principios liberales. Desde el absolutista Fernando VII, pasando por la más pragmática regente María Cristina (1833-1840) hasta la reina Isabel II (1840-1868), la Corona se resistió abiertamente o boicoteó con sutileza la implantación del sistema liberal.¹⁵ Por toda Europa se consideraba que la monarquía era el vehículo natural para un sistema liberal estable que podía evitar el desorden del republicanismo, teñido con los recuerdos de 1793 en Francia. No obstante, la transformación de una monarquía absolutista a una constitucional, de un monarca que gobernaba a uno que reinaba, era más difícil, tanto en teoría como en la práctica, de lo que habían imaginado los arquitectos del sistema. Además de los problemas estructurales de esta transición, había que contar con la personalidad y el carácter del monarca individual. En el caso de España, Isabel II era extremadamente inadecuada para el puesto. Una niña pequeña cuando murió su padre, asumió el poder con trece años con una legitimidad cuestionada y creció rodeada de consejeros absolutistas y clericales. Se negó a desempeñar el papel de arbitraje de una monarca constitucional y desafió las convenciones morales que se esperaban de su género con líos amorosos públicos, lo que era una falta igual de seria que la primera. Encargada de mantener la estabilidad del sistema liberal, era, paradójicamente, uno de sus elementos más inestables.

Movilización popular/local

Mientras que la clase política elitista controlaba las riendas del poder, las políticas populares también jugaron un papel esencial en la transformación política, aunque no en el sentido que le da Marx de una fuerza irresistible para el «progreso». A partir de las primeras juntas locales y provinciales en 1808, la política de principios del siglo XIX en España tuvo un carácter insurreccional que incluía la participación popular, tanto a favor de los cambios políticos como contra ellos. Para los que eran favorables a los cambios, esta movilización estaba a veces relacionada con los progresistas, pero con frecuencia escapaba de su control. Estudios recientes han destacado la dinámica continuada entre reforma parlamentaria, intervención militar y movilización popular, una «práctica revolucionaria» que implica un nivel de politización mucho más profunda que el viejo retrato de una revolución liberal que casi no llegó a trascender más allá de las puertas de las Cortes.¹⁶ La movilización popular podía actuar, por un lado, para unir a las élites liberales contra la democratización pero, por el otro lado, el «juntismo» local podía presionar al ala progresista de los liberales, que deseaban el mayor equilibrio que ofrecían en su lucha contra los moderados. Además, la política popular desencadenó un proceso como mínimo de atribución de poderes y democratización, en especial a nivel local. Así, mientras que a nivel nacional la política liberal podría parecer estrechamente exclusivista, a nivel local, en las ciudades e incluso en los pueblos, las juntas espontáneas, consejos municipales elegidos con participación popular, las sociedades secretas y las unidades de milicia ciudadana crearon una cultura más amplia de participación política.¹⁷ Cuando los progresistas perdieron su legitimidad para dirigir la movilización popular, demócratas y republicanos asumieron este papel, en una fecha tan temprana como las décadas de 1830-1840 en las ciudades más radicales, pero de una manera más generalizada en las décadas de 1850-1860. En cualquier caso, estaba claro que, a lo largo del siglo XIX, el ámbito local era el escenario de la cultura política más vibrante, que empujaba los límites del elitista sistema liberal hacia la inclusión democrática al arrastrar a la vida política a cada vez más españoles.¹⁸

Contrarrevolución: los carlistas

Al mismo tiempo que existían diversos grupos que buscaban un cambio político a principios del siglo XIX, también hubo una resistencia poderosa.¹⁹ En España, la fuerza de la resistencia absolutista llegó a su cima en la década de 1830, cuando liberales y carlistas libraron una de las guerras civiles más brutales del período, con más de 300.000 soldados o guerrilleros en armas y entre 150.000 y 200.000 muertos. La guerra se inició como una crisis de sucesión a la muerte de Fernando VII en 1833, con los liberales tomando el bando de la infanta Isabel II y los absolutistas defendiendo la causa del hermano de Fernando, Carlos. El programa básico de los carlistas, además de la defensa de los derechos de Carlos al trono, incluía la autoridad divina del monarca, la imposición de la unidad católica de la población, simbolizada por el regreso de la Inquisición, y la defensa de los fueros tradicionales, o privilegios regionales/locales especiales.²⁰ Pero los objetivos de los que defendían la causa carlista eran mucho más complejos que la sucesión o incluso el simple retorno al viejo orden. A lo que se oponían los antiliberales en el siglo XIX era a todo el proyecto liberal centralizador y homogeneizador, incluida la venta de las tierras comunales a propietarios privados, la eliminación de los fueros y el control del acceso a los cargos políticos locales en nombre de la «soberanía nacional». La inestabilidad implícita desencadenada por estos cambios, que minaban los cimientos tradicionales del poder y los privilegios económicos y políticos locales, provocó la resistencia de una población heterogénea formada por nobles, clases acomodadas y campesinos.²¹ Aunque el final de la primera guerra carlista en 1839 marcó la derrota del absolutismo como una amenaza real a la consolidación del Estado liberal, siguió siendo una poderosa fuerza movilizadora en algunas partes del país hasta la segunda guerra carlista (1872-1876) e, incluso, persistió hasta entrada la década de 1930, sobreviviendo a sus homólogos europeos.

La Iglesia católica

El otro protagonista principal que habitualmente se identifica con la resistencia contra el liberalismo era la Iglesia católica, gran parte de cuyo personal se unió o simpatizó con el movimiento carlista que afirmaba la «defensa del trono y del altar». En el antiguo relato de las «dos Españas», la Iglesia se relacionaba automáticamente con la contrarrevolución y la tradición, considerándose uno de los obstáculos principales para el éxito de la revolución liberal. Estudios más recientes han señalado una diversidad política más grande dentro de la Iglesia, en especial a principios del siglo XIX, cuando hubo un fuerte contingente de católicos liberales, así como de liberales católicos en las Cortes de Cádiz.²² En esta historia más compleja, fue precisamente durante las décadas de 1820 y 1830 cuando perdió terreno el espacio para el catolicismo liberal, no solo en España sino en toda Europa occidental.²³ En aquel tiempo, el grueso de la jerarquía católica, desde el Vaticano hasta las iglesias nacionales, estaba embarcado en una oposición frontal al liberalismo, concretado por el «Syllabus de los errores» de 1864. Este rechazo formal estuvo en vigor hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando el Vaticano bajo el papa León XIII se tuvo que acomodar a regañadientes a lo que se había convertido en la realidad política. La distancia entre el catolicismo y el liberalismo se consolidó mediante una combinación de políticas liberales que socavaron la riqueza y los privilegios de la Iglesia, en especial a través de la venta de tierras, la abolición del diezmo, la creación de una Iglesia financieramente dependiente y el sentimiento anticlerical más difuso y a veces violento, animado con frecuencia por los progresistas y después por los demócratas y los republicanos. A partir de la década de 1820, el ciclo de violencia anticlerical y de reacción clerical se convirtió en una característica habitual del conflicto político, culminando en la década de 1930.

Al mismo tiempo resulta importante recordar que el conflicto endémico solo era un aspecto de la política religiosa en España. Por otro lado, los liberales moderados buscaron y consiguieron un acuerdo temprano y débil con la jerarquía de la Iglesia en el Concordato de 1851, en el que se profundizó más tarde durante la segunda Restauración de la década de 1870. Este acuerdo se basaba en la aceptación del principio de la soberanía nacional y del constitucionalismo, siempre y cuando hundiera sus raíces en la tradición española y, sobre todo, en la identidad religiosa unificada de la nación española. En contraste con Estados liberales mayoritariamente católicos como Francia o, más tarde, Italia, que mantuvieron una división clara entre el Estado liberal secular y la práctica religiosa privada, o con Estados minoritariamente católicos como Gran Bretaña y, más tarde, Alemania, en los que el nacionalismo liberal estaba unido a la identidad protestante, en España la línea era mucho más difusa. Así, en lugar de una oposición fija y permanente entre el catolicismo, o incluso la religión en un sentido más amplio, y el Estado liberal, o entre «tradición» y «modernidad», se produjeron alianzas cambiantes que ampliaron o estrecharon las posibilidades para la coexistencia y la colaboración. Desde esta perspectiva, la primera guerra carlista de la década de 1830 probablemente también representó el punto culminante de la resistencia política activa de la Iglesia del siglo XIX al liberalismo en España.

CRONOLOGÍA: DE LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO

A LA CONSTRUCCIÓN Y LA CRISIS

DEL ESTADO LIBERAL, 1814-1868

1814-1833: la Restauración y la desaparición del Estado absolutista

La restauración del absolutismo, 1814-1820

Cuando Fernando VII (1784-1833) regresó al trono en 1814, erigiéndose como un símbolo popular de la victoria de España sobre el intruso francés, también formó parte de una oleada de restauraciones absolutistas que hicieron suponer que se había erradicado el liberalismo por toda Europa. El Congreso de Viena había apoyado el regreso de los Estados dirigidos por monarcas hereditarios, gobernados por nobles y con lazos estrechos con las Iglesias establecidas, ya fueran la católica o las protestantes. En España, Fernando intentó erradicar las reformas del período anterior, con un énfasis en la restauración del poder personal del monarca. La Constitución de 1812 fue derogada, junto con el principio del constitucionalismo y la mayor parte de la legislación aprobada por las Cortes. Incluso la organización administrativa de las provincias y de los gobiernos locales regresó a su estructura anterior a 1808. La represión contra los liberales fue feroz, y muchos fueron encarcelados u obligados a exiliarse. En contraste, el rey intentó restablecer la relación estrecha entre el trono, la Iglesia y la nobleza. Así, restauró la Inquisición y la orden de los jesuitas, reabrió los monasterios y utilizó su poder para nombrar eclesiásticos conservadores y purgar la Iglesia de liberales. En cuanto a la nobleza, revocó los esfuerzos de las Cortes para reducir los mayorazgos nobiliarios y restauró la mayor parte de los privilegios del Antiguo Régimen, incluido el sistema señorial. Finalmente, intentó recuperar el control patrimonial del imperio americano y se negó a aceptar la independencia o a negociar cualquier forma de gobierno autónomo.

No obstante, en lugar de inaugurar una nueva era de gobierno absolutista, la Restauración impulsó un nuevo período de lucha política entre los defensores del absolutismo y una oposición liberal revitalizada. Así, la primera oleada de revoluciones liberales que tuvo éxito al menos temporalmente, se desencadenó en 1820 en España, seguida por otras en Portugal, Nápoles y el Piamonte, la mayoría de ellas bajo la bandera de la Constitución española de 1812. Aunque ninguna de las revoluciones de la primera oleada alcanzó un éxito definitivo, pusieron de manifiesto las dificultades de un regreso al statu quo ante después de los enormes cambios de la era revolucionaria. Así, por ejemplo, el pronunciamiento español de 1820, encabezado por el teniente coronel Rafael Riego y un grupo de militares descontentos, tuvo éxito gracias a una oleada de juntas locales que se formaron a partir de las redes y las tradiciones establecidas durante la ocupación francesa.

Además, la restauración española era especialmente vulnerable. A diferencia de Francia, cuyo Estado se había fortalecido durante el período revolucionario, en España las estructuras del poder real y del Estado del Antiguo Régimen habían quedado prácticamente destruidas, y necesitaban más una reconstitución que una restauración. Al enfrentarse a este desafío, el Estado se encontraba totalmente en bancarrota después de décadas de guerra y de bloqueo económico, y aún se tenía que enfrentar al reto de aplastar la revuelta en las colonias americanas. El resultado fue un «dilema imposible»,²⁴ en el que Fernando necesitaba irremediablemente recuperar las colonias americanas para resolver las estrecheces financieras del país, pero no lo podía hacer sin disponer de mayores recursos, lo que a su vez quedaba obstaculizado por los privilegios de la estructura impositiva del Antiguo Régimen. Ante tales desafíos, Fernando tampoco disponía de las cualidades personales necesarias para enfrentarse con eficacia a estos retos; era intransigente y sin imaginación, más interesado en castigar a los liberales y restaurar su propio poder que en adaptarse a las realidades del momento. Como consecuencia, la revuelta liberal fue aplastada, no por Fernando, sino por la Santa Alianza de las grandes potencias (sin Gran Bretaña) que acordaron el uso de la intervención militar para mantener el nuevo statu quo, primero en Nápoles y el Piamonte y después en España. La ironía de esta decisión fue que el Ejército francés que había depuesto a Fernando y a su padre en 1808 regresó para apoyarlo en 1823.

El Trienio Liberal, 1820-1823

Mientras tanto, el pronunciamiento militar encabezado por el teniente coronel Riego el 1 de enero de 1820 y apoyado por insurrecciones urbanas había tenido éxito al obligar al rey a aceptar la Constitución de 1812, inaugurando lo que los historiadores han llamado el Trienio Liberal, un intervalo de tres años de gobierno liberal. Tanto Riego como el Trienio se unieron a la Constitución de 1812 como referentes simbólicos de la genealogía liberal, celebrados por los liberales, y más tarde por demócratas y republicanos, como piedras fundacionales de la España «moderna». En la práctica, la genealogía era más compleja. Aunque es cierto que el Trienio confirmó que el lenguaje del liberalismo se había convertido en el discurso más convincente de la oposición política al absolutismo y echó raíces profundas entre la población, también marcó el final del ciclo de la era del liberalismo revolucionario.²⁵ Cuando se inició el siguiente ciclo de revoluciones liberales en 1830 en París, esos mismos líderes liberales adoptaron la versión más elitista y excluyente del liberalismo que iba a definir su trayectoria a partir de aquel momento. Y en cuanto a los liberales españoles, este viaje de la Constitución democrática de 1812 a las Constituciones restrictivas de las décadas de 1830 y 1840 se vio impulsado tanto por la experiencia del Trienio como por la anterior era revolucionaria. Así, fue precisamente el espectro de una movilización popular más amplia —que derivó en violencia colectiva— durante el Trienio lo que convenció a muchas élites liberales de cambiar sus prioridades de la participación al orden público.

La chispa inicial de la revuelta no estuvo en la movilización popular sino en el descontento militar. Riego había formado parte del Ejército regular antes de la guerra y luchó en las fuerzas guerrilleras después de 1808. Resulta significativo que realizara su pronunciamiento en la ciudad de Cádiz. Era allí donde se reunían los reclutas que esperaban para zarpar con la siguiente expedición militar para reconquistar América, y entre estos hombres Riego encontró sus primeros apoyos. El descontento de los militares resume perfectamente la debilidad de la restauración absolutista. Por un lado, la decisión de Fernando de recuperar la estructura del Ejército del Antiguo Régimen y abolir las oportunidades de hacer carrera como sucedía en el Ejército revolucionario liberal demostraba el error de tratar de imponer por decreto el statu quo ante. Por otro lado, la deficiente financiación del Ejército y la planeada expedición a América demostraban el impacto de la crisis financiera del Estado sobre la capacidad de Fernando para restablecer su legitimidad. El resultado fue la desmoralización de las tropas que esperaban en Cádiz, lo que no las convertía automáticamente en liberales, pero desde luego hacía que fueran receptivas a un lenguaje que afirmaba que podía resolver sus quejas.

No obstante, más importante para el éxito del pronunciamiento fue el peso de la participación popular. Así, el golpe de Riego fue un «detonador» para las insurrecciones urbanas por todo el país, empezando por La Coruña el 21 de febrero. Estas insurrecciones fueron planificadas, al menos en parte, por las sociedades secretas de los liberales, integradas por una combinación de élites locales civiles y militares, que se habían visto obligadas a convertirse en organizaciones clandestinas como consecuencia de la represión vengativa de Fernando pero también por el resto de sus políticas.²⁶ En especial, las élites no nobiliarias se veían afectadas por la estructura impositiva que recaía habitualmente en la clase media, con la desaparición del mercado de tierra con la restauración de las propiedades de mayorazgo y por su exclusión de las instituciones políticas locales. El 11 de marzo, Fernando capituló ante sus demandas, declarando que era «el primero» en unirse al carro constitucional.

Las nuevas Cortes liberales no solo recuperaron la Constitución de 1812, sino que desarrollaron y perfeccionaron el recién nacido proyecto liberal. En particular, aprobaron una serie de medidas dirigidas a incorporar completamente a la Iglesia en el nuevo Estado liberal, incluido el requisito de que los párrocos explicasen los detalles de la Constitución a sus fieles durante la misa. Más importante aún fue que en octubre de 1820 un decreto inició un amplio proceso de clausura de monasterios y conventos y la venta de propiedades de la Iglesia en beneficio del tesoro estatal. A principios de 1822 se habían cerrado 300 monasterios y otras 800 casas religiosas, y sus propiedades, junto con las de la Inquisición y las de la orden jesuítica que se había vuelto a abolir, fueron confiscadas y vendidas.²⁷ Desde la perspectiva de los líderes liberales, los motivos eran más económicos que anticlericales; por ejemplo, las órdenes religiosas «improductivas» mantenían la enorme riqueza de la Iglesia fuera de la circulación del mercado… y de las manos del Estado. Aun así, la combinación de estas políticas y la retórica y las acciones anticlericales de algunos de los liberales radicales redujo en gran medida el espacio para una posición liberal católica dentro de la Iglesia. Las Cortes también volvieron a abolir el mayorazgo nobiliario, desmantelaron el régimen señorial y empezaron una gran reforma administrativa de los códigos Civil y Penal, de la educación y de la estructura de gobierno provincial y local, prefigurando todas ellas la transformación del Estado y del aparato judicial en las décadas de 1830 y 1840.

Además de las reformas legislativas, el Trienio desencadenó un proceso paralelo de politización en centros urbanos clave que incorporaron a sectores más amplios de la población, a través de la milicia nacional, sociedades patrióticas, ceremonias públicas y la prensa. Las sociedades patrióticas eran clubes con una organización informal que se reunían en los cafés para discutir sobre temas políticos. Fue en estas «sociedades de debate» donde empezó a tomar forma la nueva cultura política liberal y lo que podemos llamar una identidad ciudadana.²⁸ Al mismo tiempo se inició una división creciente entre los «exaltados» o liberales radicales, que alimentaban la movilización popular con llamamientos al control campesino de la tierra que cultivaban, arengas anticlericales contra la Iglesia y exigencias de mayor libertad de expresión y asociación, y los liberales «moderados», que planteaban una revisión de la Constitución de 1812 que fortaleciese el poder ejecutivo y redujera los parámetros de la participación ciudadana. Incluso antes de que las tropas francesas cruzasen la frontera a principios de 1823, acogidas por los absolutistas que conspiraban dentro de España, las divisiones internas en las filas liberales no facilitaban la supervivencia del segundo experimento constitucional.

El otro asunto espinoso para el régimen constitucional era el imperio americano, que estaba en plena revuelta. Otro indicio de la relación del Trienio con el liberalismo más inclusivo de la era revolucionaria fue que las Cortes mantuvieran la definición de ciudadanía transnacional de la Constitución de 1812. En contraste con la intransigente negativa de Fernando a negociar cualquier reforma en la relación colonial entre 1814 y 1820, el Trienio reabrió la posibilidad de incorporar el imperio a la nación liberal. No obstante, seguía sin resolverse la tensión entre la teórica igualdad transatlántica y el deseo de las élites metropolitanas de imponer una entidad unificada y centralizada, controlada desde Madrid, una tensión que se refleja en las restricciones a la autonomía local y provincial, en la «ocupación» de importantes organismos coloniales con representantes peninsulares, y en el rechazo de las Cortes a la propuesta de los diputados americanos de una federación trasnacional.²⁹ Al mismo tiempo, el equilibrio de fuerzas en América que favorecía la independencia por encima de la autonomía había cambiado considerablemente desde 1812, impulsado aún más por la negativa de Fernando a abrir el diálogo con estos últimos sin tener los recursos para derrotar a los primeros Independientemente de que la responsabilidad de España por la pérdida de la mayor parte de su imperio se deba, en mayor o menor medida, a las reformas borbónicas del siglo XVIII, a la desintegración de la monarquía en 1808 o a la reacción absolutista de 1814, estaba claro que, en 1820, la suerte ya estaba echada.³⁰ La derrota militar oficial se produjo el 23 de enero de 1826, cuando las últimas tropas españolas abandonaron Perú, pero la batalla que la había sentenciado se libró en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.

La vuelta al absolutismo, 1823-1834

Cuando Fernando recuperó el poder absoluto en 1823, anuló toda la legislación liberal, derogó la Constitución de 1812 e intentó durante el resto de su reinado restaurar el statu quo de 1814, excepto la recuperación de la Inquisición. No obstante, por mucho que Fernando pretendiese volver atrás el reloj, era consciente de la vulnerabilidad que puso de manifiesto su humillante rescate por parte del Ejército francés e inició un programa de tímidas reformas de la monarquía absoluta. Así, en contraste con el rechazo frontal al cambio que caracterizó 1814, en esta segunda década empezó a mostrar signos de un compromiso potencial con los liberales, empezando por una amnistía parcial y algunas reformas menores, como establecer el mercado libre del grano.³¹ Estos gestos no fueron suficientes para ganarse la lealtad de los liberales, muchos de los cuales habían partido al exilio pero seguían conspirando. Por otro lado, incluso este ligero cambio de rumbo indignó a algunos de sus seguidores absolutistas y clericales. Estos seguidores descontentos se empezaron a reunir alrededor del heredero potencial al trono de Fernando, que no tenía hijos: su hermano Carlos. Aunque el posicionamiento político de Carlos en aquellos momentos nunca ha estado claro, en la década de 1830 sus seguidores se habían fusionado dando lugar a los «carlistas», e iban a oponer la última gran resistencia armada contra el liberalismo en forma de una brutal guerra civil (1833-1839).

Lo que convirtió el conflicto ideológico en una guerra civil fue la lucha por la sucesión que se abrió cuando Fernando tuvo una hija en octubre de 1830 con su cuarta esposa, María Cristina. Como el retoño era una niña, las leyes sucesorias hacían que sus pretensiones al trono fueran cuestionables, y los carlistas explotaron esta debilidad para afirmar que Carlos debía ser el heredero de pleno derecho.³² Para defender la causa de Isabel, Fernando y su esposa consiguieron el apoyo estratégico de los liberales moderados, con vagas promesas de impulsar la dirección reformista del régimen. Mientras Fernando siguió vivo, el conflicto estuvo larvado, pero a su muerte el 29 de septiembre de 1833, estalló la guerra civil entre los seguidores de Isabel, dirigidos por la reina regente María Cristina, y Carlos. Lo que nominalmente era una crisis de sucesión, en realidad abrió las compuertas del conflicto político, que reunió a todos los interesados con la esperanza de conseguir ventajas en este momento decisivo para definir el futuro político del país. Bajo las banderas oficiales de carlistas e isabelinos, los motivos de los participantes variaban en gran medida, desde los campesinos carlistas que defendían su orden social y económico tradicional, pasando por las clases medias urbanas radicales que pretendían incrementar el poder de los gobiernos locales, hasta los sacerdotes que esperaban el regreso a la monarquía teocrática medieval. Pero en el ámbito de la alta política, la guerra carlista marcó un punto de inflexión decisivo en la lucha entre absolutismo y liberalismo, despejando el camino para lo que iba a ser una transformación política permanente.

1833-1845: la construcción del Estado liberal

Aunque solo había pasado una década desde la derrota de la causa liberal en el campo de batalla a manos del Ejército francés en 1823, el contexto para esta fase final de la lucha absolutista/liberal en España había cambiado considerablemente a favor de los liberales. En primer lugar, la crisis de sucesión dividió a los absolutistas, debilitando mucho su causa. Mientras que las fuerzas carlistas constituyeron una resistencia poderosa en ciertas regiones, nunca fueron capaces de organizar con éxito una campaña nacional que pudiera hacerse con el control del Estado. En segundo lugar, el contexto europeo había quedado transformado por la siguiente oleada de revoluciones liberales, iniciada en Francia en 1830, seguida por Bélgica en 1832 y Portugal en 1834. Gran Bretaña, siguiendo su senda evolutiva, aprobó la Ley de Reforma (Reform Bill) de 1832, que inició una época de dominio liberal en dicho país. Estos cambios de régimen destruyeron eficazmente la alianza de potencias internacionales que habían estado dispuestas a intervenir para preservar las restauraciones absolutistas, como había ocurrido en España en 1823. En 1834, Gran Bretaña, Francia, España y Portugal firmaron la Cuádruple Alianza, un pacto de no agresión, pero que implicaba en la práctica una alianza liberal al estar suscrito por cuatro de los cinco Estados liberales (se obligó a Bélgica a permanecer neutral) en Europa antes de 1848.

La guerra carlista

A pesar del contexto más favorable, la violencia y el conflicto marcaron la construcción del Estado liberal. De hecho, los cimientos básicos del nuevo Estado se forjaron durante una de las guerras civiles más costosas del siglo XIX. Los primeros seguidores carlistas se rebelaron a los pocos días de la muerte de Fernando, pero la insurrección se convirtió en una guerra civil en 1834, cuando algunas unidades del Ejército regular y sus jefes se unieron a la causa rebelde. Durante la mayor parte de la guerra, las tropas carlistas regulares e irregulares quedaron confinadas en las fortalezas del nordeste de la península, pero durante los años 1836-1837 desencadenaron numerosas campañas nacionales que llevaron la guerra hasta el extremo sur en Andalucía.³³ Las principales fuerzas carlistas fueron derrotadas en 1839, cuando el victorioso general Baldomero Espartero firmó el Convenio de Vergara el 31 de agosto, pero la última resistencia carlista no fue completamente aplastada hasta mayo de 1840. Aunque la victoria abrió el camino para la consolidación de la revolución liberal, la guerra también tuvo el efecto de aumentar el poder de los oficiales del Ejército que, como Espartero, convirtieron el fervor público en carreras políticas.³⁴

El paso del Ejército a la política se vio facilitado por la división y el carácter débilmente organizado de la clase política liberal emergente. Así, las divisiones que se habían abierto entre moderados y exaltados durante el Trienio cristalizaron en los partidos políticos nacientes, los moderados y los progresistas, ninguno de los cuales aceptaba a los otros como una oposición legítima. Los partidos tenían una estructura muy poco estricta, con poca organización partidista formal más allá de Madrid, no observaban la disciplina de partido en las votaciones parlamentarias e internamente estaban divididos en facciones que con frecuencia se asociaban más a individuos que a ideas. Así, los partidos hacían poco más que delimitar un terreno ideológico básico, definido por sus propios periódicos y, significativamente, por Constituciones enfrentadas. Quizá porque esta fase inicial en el proceso de construcción de los partidos tuvo lugar sobre el trasfondo de una guerra civil, el liderazgo se podía demostrar tanto por la bravura militar como por la experiencia política previa.³⁵ Aunque esta situación aumentó el porcentaje de militares en los Gobiernos de las décadas de 1850-1860, estos ocuparon sus puestos en Gobiernos moderados o progresistas, no en dictaduras militares.³⁶

Constituciones y plataformas moderadas y progresistas

Aunque los grupos emergentes estaban imperfectamente estructurados, parece que sus posiciones iniciales marcaron una distancia infranqueable que solo podía conducir a más conflictos. Así, por un lado, los moderados, en colaboración con los reformadores absolutistas, aprobaron el Estatuto Real en 1834, que era más una hoja de ruta que una Constitución, ya que se introdujo como una concesión graciosa de la Corona. Establecía dos cámaras legislativas, con una Cámara Alta nobiliaria y de nombramiento real, y una Cámara Baja con un sufragio muy limitado, que abarcaba alrededor del 1 % de la población masculina, y las primeras elecciones se celebraron según este criterio restringido. En respuesta a la consideración de que estas reformas eran inadecuadas, los exaltados locales desencadenaron insurrecciones en ciudades y pueblos por todo el país en 1835-1836, en nombre de la soberanía popular y del restablecimiento de la Constitución de 1812, revueltas anticlericales que provocaron la muerte de muchas docenas de frailes, la formación de juntas revolucionarias y milicias, la clausura forzosa de monasterios y la descentralización administrativa. En Barcelona, una de las ciudades más insurreccionales, la junta revolucionaria local movilizó 13 batallones de la milicia con un total de 12.000 hombres de todas las clases sociales. Empujados por la oleada revolucionaria, los liberales progresistas fueron designados para encabezar un nuevo Gobierno y la reina regente aceptó la Constitución de 1812 durante un breve lapso de tiempo.

Pero, aun así, lo que parecía una repetición del Trienio se transformó rápidamente en un nuevo marco en el que los dos partidos liberales competían para definir el liberalismo frente a la democracia. El hecho más importante fue que el Gobierno progresista de 1836 dejó de lado su antiguo compromiso con la Constitución de 1812 y con el sufragio universal masculino y redactó una nueva Constitución en 1837, que aceptaba las dos cámaras legislativas, daba más poder al monarca que la de 1812 y garantizaba el derecho al voto a solo el 5 % de los varones adultos. La nueva Constitución afirmaba el principio de la soberanía nacional, mientras el poder legislativo se dividía entre el monarca y el Parlamento. El monarca tenía el derecho de veto legislativo y a convocar nuevas elecciones, definiendo así el nuevo papel constitucional de la Corona como moderador en un sistema de gobierno de partidos. Estos fueron algunos de los elementos esenciales que quedarían asociados con los progresistas, incluida la elección popular del gobierno de las ciudades, la institucionalización de la milicia ciudadana, una Cámara Alta parcialmente elegida, una versión más suave de la defensa del catolicismo como la religión oficial y una inclusión explícita de algunos derechos civiles, en especial la libertad de prensa. A pesar de esto, la Constitución de 1837 significó que el nuevo Partido Progresista se había unido en realidad a las filas del liberalismo elitista, enfrentado con los moderados sobre los detalles, pero no sobre la esencia de la participación restrictiva.

Los moderados tuvieron su oportunidad para definir su posición política al elaborar la Constitución de 1845, que pone de manifiesto tanto las similitudes como las diferencias principales con respecto a los progresistas. Se siguió apostando por un monarca con amplios poderes y una estructura parlamentaria bicameral, pero la Cámara Alta y la Corona vieron ampliado su poder con respecto a la Constitución de 1837. La Cámara Alta no era electiva y en su mayor parte era designada por la Corona, que también retenía el derecho de iniciativa legislativa, nombramiento de ministros y disolución de las Cortes. El sufragio para elegir a los integrantes de la Cámara Baja también se restringía aún más, del 5 al 1 %, y los artículos cruciales sobre la elección de los gobiernos locales y la milicia ciudadana fueron eliminados. En 1844, el Gobierno moderado creó la Guardia Civil, una fuerza policial nacional que pretendía ser un sustituto profesional (y controlado por el Estado) de la milicia ciudadana. Y en 1846, el Gobierno moderado aprobó una ley de régimen local que intentaba desactivar este importante ámbito de poder y movilización popular mediante la designación del alcalde, la restricción del sufragio a los contribuyentes más ricos y la reducción de los poderes del gobierno local de legislativos a deliberativos. Finalmente, la Constitución incorporaba una declaración inflexible de la obligación del Estado a mantener la unidad católica.

Además de las diferencias sutiles entre la Constitución moderada y la Constitución progresista, lo que diferenciaba realmente la práctica política progresista eran sus lazos contradictorios y complejos con la cultura política local radical, que combinaba la acción directa con la defensa de las instituciones democráticas locales, en especial los consejos municipales de elección popular y las milicias. Por un lado, el Partido Progresista alimentaba esta cultura al defender dichas instituciones locales, y utilizaba la presión proporcionada por las movilizaciones de base para obligar a los moderados y a la Corona a que les dejaran formar gobierno. Así, todas las grandes transiciones a Gobiernos progresistas, en 1835, 1840 y 1854, dependieron tanto de insurrecciones populares como de pronunciamientos militares. Por otro lado, las élites progresistas compartían la desconfianza moderada del «pueblo vigilante», y siempre mantuvieron una actitud ambivalente a la hora de recurrir a él para que respaldase su autoridad. Esta relación ambivalente con el insurreccionalismo de base impidió que los progresistas lo canalizaran hacia una militancia de base para su partido y, en consecuencia, debilitó la coherencia y la efectividad del Partido Progresista en el escenario político nacional.

El Partido Moderado tenía una mayor coherencia ideológica, así como el apoyo de la Corona, lo que le permitió controlar la agenda política durante la mayor parte del período comprendido entre el final de la guerra carlista y la revolución de 1868. En especial, los moderados y su Constitución controlaron el Gobierno de 1845 a 1854, y después a partir de 1856. Pero a pesar de esto, la hegemonía moderada era menos estable de lo que pudiera parecer. En primer lugar, estaban los interludios periódicos de Gobierno progresista, instigados por una combinación de movilización popular y pronunciamientos, como en 1840-1843, cuando el progresista general Espartero le arrebató la regencia a María Cristina, y de nuevo en 1854-1856, cuando Espartero tomó las riendas del Gobierno y reinstauró la Constitución progresista. En segundo lugar, el liderazgo moderado estaba paradójicamente subordinado a la misma fuerza que lo promovía, es decir, la Corona. Así, aunque Isabel ayudaba a los moderados a mantener a los progresistas lejos del poder, su apoyo a los moderados era un arma de doble filo, haciéndolos dependientes y subordinados. La intervención de la Corona era evidente en el rápido cambio de los Gobiernos, que duraban una media de seis meses a un año, aunque estuvieran dirigidos por el mismo partido.³⁷ Y finalmente, durante la última década anterior a 1868, las fronteras entre moderados y progresistas se empezaron a difuminar cuando elementos de ambos partidos se unieron para formar la llamada Unión Liberal, cuya misión era preservar el orden de un Estado liberal frente a una Isabel II cada vez menos colaboradora y una emergente oposición democrática.

Los parámetros del orden político, jurídico y administrativo liberal, 1833-1845

Pero, aun así, toda esta lucha por el poder entre partidos y dentro de ellos no evitó la implantación de un nuevo orden político, jurídico y administrativo que encarnó los elementos básicos del Estado liberal clásico. La dinámica que se desarrolló fue una forma extraña e inestable de diálogo entre dos partidos que a pesar de todo impulsó una transformación permanente que incorporó elementos de los programas de ambos partidos. Así, resulta significativo que gran parte de la legislación liberal fundamental aprobada tanto por los Gobiernos progresistas como por los moderados no fuera derogada, a pesar de la rotación de Constituciones. Mientras que los Gobiernos progresistas abrieron camino con la desamortización y la venta de tierras, y los moderados encabezaron la construcción burocrática del Estado, el resultado fue una transformación acumulativa. La razón de esta coherencia subyacente es que los dos partidos estaban de acuerdo en la estructura básica del Estado liberal, mientras que discrepaban sobre el nivel de democratización implícito en los límites al sufragio, la cuota de poder de los gobiernos locales y la existencia de las milicias ciudadanas. El logro fue aún más notable si tenemos en cuenta el vacío de autoridad central en muchas zonas como consecuencia del incompleto proceso de reconstrucción del Estado de tipo Antiguo Régimen, bajo el reinado de Fernando. En otras palabras, fue durante este período, en especial durante la década moderada de 1844-1854, cuando se pusieron los cimientos de un Estado uniforme y centralizado, aunque la escasez de recursos seguía limitando su alcance efectivo.³⁸

En cuanto al orden liberal, los dos partidos aceptaban el principio de que la Corona estaba sometida a la Constitución, y que los ciudadanos, definidos por la riqueza como una medida de «capacidad», estaban representados en las cámaras parlamentarias. En términos económicos, los dos partidos estaban de acuerdo en el objetivo de establecer un régimen que asegurase la propiedad privada que transfería la mayor parte de las propiedades valiosas de las llamadas «manos muertas» al mercado libre. Así, abolieron definitivamente el mayorazgo nobiliario, permitiendo que las familias nobles vendieran parcelas de sus bienes raíces, y confiscaron y vendieron la mayor parte de las tierras de la Iglesia. En la última fase de la venta de tierras a raíz de la aplicación de la ley Madoz de 1855, el Estado vendió tierras comunales que pertenecían a los municipios a propietarios privados y en su mayoría ricos. La transformación fundamental de la Iglesia del Antiguo Régimen, despojada de sus tierras, de muchos de sus establecimientos religiosos, del diezmo y de sus privilegios, acabó siendo aceptada por los dos partidos. En el Concordato de 1851 negociado con el Vaticano por los moderados, la Iglesia tuvo que aceptar la expropiación a cambio de subsidios estatales, aunque el acuerdo permitía el restablecimiento de escuelas religiosas y de algunos monasterios basándose en el criterio liberal de «utilidad pública».³⁹

A nivel judicial y administrativo, los liberales siguieron los principios básicos de uniformidad, racionalidad y centralismo que habían dado forma a la mayoría de los proyectos de construcción estatal desde la Revolución francesa. Así, establecieron una serie de leyes y un sistema fiscal uniformes, a través de la abolición (de nuevo) de los señoríos y sus jurisdicciones privadas, y las barreras aduaneras internas y los fueros especiales que se habían mantenido de la época medieval.⁴⁰ Los principios de uniformidad y racionalidad también estaban presentes en la implantación de normas de pesos y medidas, un nuevo Código Civil y Penal con tribunales y prisiones modernos, la profesionalización de la burocracia, un Ejército nacional y la división del territorio nacional en 49 provincias, cada una de ellas gobernada por un representante del Estado y un órgano gubernativo provincial, o Diputación. En lugar del mapa complejo de las administraciones local y regional del Antiguo Régimen, se suponía que los gobernadores civiles provinciales debían actuar como radios de una rueda que tenía su centro en Madrid. De igual manera, el establecimiento de una fuerza nacional de policía, la Guardia Civil, puso al Estado por primera vez en contacto cotidiano con muchas zonas rurales. Y, dentro del limitado «discurso de la capacidad» que definía la ciudadanía activa, el principio de la igualdad civil enmarcaba al menos la promesa teóricamente universal tanto del servicio militar como de la educación primaria.

Otro componente esencial del nuevo orden liberal fue la redefinición de la relación con el imperio. La Constitución de 1837 marcó el punto de inflexión más importante, porque abandonó la pretensión de integrar colonias y metrópolis en la nación y en su lugar aceptó la norma liberal del siglo XIX del principio de la vigencia de los dos tipos de normativas.⁴¹ No obstante, los liberales españoles pospusieron —indefinidamente— la consideración de las «leyes especiales» que debían gobernar las colonias. En su lugar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas serían gobernadas por el mando «excepcional» de los capitanes generales militares y el nombramiento de gobernadores civiles hasta su independencia a finales de siglo. En el vacío creado por las leyes especiales nunca definidas, por un lado, y la decadencia de los órganos del Antiguo Régimen que competían entre ellos, por el otro, el capitán general surgió de facto como la autoridad despótica.⁴² La distinción entre ciudadanos de la nación y súbditos del imperio era un rasgo habitual y contradictorio de todos los imperios liberales del siglo XIX, expresado en términos políticos y económicos. Desde el punto de vista político, los súbditos coloniales carecían del derecho de autogobierno, y económicamente, las colonias eran espacios protegidos para las inversiones económicas, lo que contradecía los principios liberales del laissez faire.

El Estado liberal español también imitaba a otras potencias coloniales europeas en sus planes expansionistas a finales de la década de 1850 y en la de 1860. Así, en 1861, el Ejército y la Armada españoles se encontraban en el sur del mar de la China, el norte de África y el Caribe, con varios tipos de proyectos «micromilitaristas» en Vietnam, Santo Domingo, Marruecos y México.⁴³ Aunque estos pequeños proyectos por sí mismos ya indicaban una trayectoria de decadencia imperial, demuestran que España seguía actuando como una potencia imperial, intentando fortalecer el orgullo nacional, negociar tratados comerciales favorables a través de la intimidación de la «diplomacia de las cañoneras», y proteger las colonias existentes. Además, estas expediciones de mediados de siglo eran populares, en especial la llamada guerra de África en 1859-1860.⁴⁴ Aunque resulta fácil mirar hacia atrás y contemplar estas aventuras coloniales como parte de la decadencia inevitable del imperio de España, en realidad no fue hasta el último tercio de siglo cuando se pusieron claramente de manifiesto las trayectorias divergentes de España y de las demás potencias coloniales. En otras palabras, no fue hasta el período de rápida expansión colonial europea después de 1870, cuando el «eclipse» imperial de España se convirtió en algo excepcional entre los Estados liberales de Europa occidental.

1845-1868: el Estado liberal, de la consolidación a la crisis

Aunque la estructura administrativa liberal en España estaba consolidada a principios de la década de 1840, el sistema político nunca se llegó a estabilizar. Por un lado, estaba debilitado internamente por la falta de un consenso básico sobre las reglas de juego entre sus partes constituyentes, en especial la reina y los partidos Moderado y Progresista, asistidos por sus aliados militares. Por otro lado, sus límites elitistas se veían desafiados desde fuera por una creciente oposición democrática, constituida formalmente en el Partido Democrático en 1849. Más importante que la incorporación de demandas tales como el sufragio universal masculino, la abolición del impuesto de consumos y la ampliación de los derechos civiles, era que los demócratas asumían sin ambigüedades la política popular y la atribución de poder al «pueblo». La combinación de división interna y presión externa culminó en la crisis del régimen y la revolución de 1868 que depuso a la reina. Aunque existió un ritmo específico en el caso español, estas tensiones estaban presentes en todas partes, aunque con resultados diferentes. Así, la Segunda Ley de Reforma (1867) en Gran Bretaña confirmó el desarrollo flexible del sistema liberal, mientras que Francia siguió su camino de ruptura hasta establecer la democrática Tercera República (1870). España siguió esta última senda, pero fracasó en el mantenimiento de la república democrática; sin embargo, no fue el fracaso de la república española sino la supervivencia de la francesa lo que resultó excepcional en las décadas de 1870 y 1880.

Así, en las décadas posteriores a las revoluciones de 1848, el principal tema político siguió siendo la consolidación de las monarquías liberales constitucionales, no la transición hacia la democracia. De hecho, el impacto duradero de 1848 fue la creación de nuevos Estados liberales en los Países Bajos, Suiza, Dinamarca y el Piamonte, seguidos de Italia en 1859-1861. Pero pasar de la transformación institucional a la consolidación fue difícil en todas partes. Los partidos políticos seguían siendo débiles y elitistas, las elecciones se decidían en su mayor parte desde arriba, el papel del monarca constitucional nunca quedó claramente articulado, y la presión de la movilización desde abajo democrática, republicana y socialista para abrir el sistema iba en aumento. En términos generales, las élites liberales respondieron a las revoluciones de 1848 con un atrincheramiento conservador, seguido por una oleada de reformas e insurrecciones que se iniciaron con la revolución de 1854 en España y culminaron en el período 1868-1874.⁴⁵

El atrincheramiento conservador de España empezó antes, en 1843, cuando el interludio progresista dirigido por el regente interino, el general Espartero, terminó con un contragolpe encabezado por el general moderado Ramón María Narváez, que ayudó a los moderados a regresar al poder. Bajo la nueva Constitución de 1845, los moderados iniciaron casi una década de gobierno continuado, apoyados por la reina que, en lugar de desempeñar el papel constitucional de árbitro, alineó su suerte exclusivamente con dicho partido.

La revolución de 1854 surgió de la frustración de quienes no habían sido invitados a esta fiesta, pero aún se desarrolló dentro del marco de consolidación de la monarquía constitucional liberal. Así, a nivel nacional, incluso los progresistas se centraron no en desembarazarse de Isabel sino en «incorporarla» al sistema liberal a través del restablecimiento de la milicia y de gobiernos locales electos, y de un poder legislativo totalmente elegido, reforzado por la legitimidad de la soberanía nacional. Debido al bloqueo del sistema, la iniciativa debía proceder del Ejército, pero los progresistas se seguían beneficiando de la tradición insurreccional popular, que ahora estaba ya bien establecida en las áreas urbanas y se extendía hacia el interior rural.⁴⁶ De hecho, fue el levantamiento de barricadas en Madrid en julio lo que obligó a la reina a suplicarle a Espartero que formara un nuevo Gobierno. La política callejera se unió a la reapertura de los canales institucionales constituidos por el gobierno municipal popular y la milicia para promover una dinámica esfera política local que desafió la regla liberal excluyente con formas de participación democrática formales e informales. Pero, al final, las élites progresistas en Madrid seguían mostrándose ambivalentes sobre la institucionalización y canalización de esta energía política desde abajo, simbolizada por la negativa de Espartero a respaldar una segunda revolución popular en 1856 para evitar el contragolpe moderado dirigido por el general Leopoldo O’Donnell. Después de 1856, el Partido Progresista se volvió cada vez más irrelevante en la política local popular, sustituido por el emergente Partido Democrático (1849) y después por el Partido Republicano Federal (1868), que dirigiría las siguientes insurrecciones.

La mayoría de los liberales de los dos partidos que apostaban por la consolidación de la monarquía liberal constitucional se dieron cuenta de que no podían volver simplemente a la época de la hegemonía moderada. Así, O’Donnell tomó la iniciativa de abrir un camino nuevo, formando un partido de coalición, la Unión Liberal, que pretendía crear un espacio centrista que, con el lema «conservar progresando», quería superar el faccionalismo y la exclusión que había caracterizado la política desde la década de 1830, así como reducir la intervención de una monarca cuyo compromiso con el constitucionalismo liberal se había erosionado considerablemente durante la última década de su reinado. Aunque la Unión Liberal sobrevivió durante un período récord de cinco años (1858-1863), sostenida por una política pragmática de desarrollo económico y aventuras imperiales, nunca pudo unificar a la clase política ni establecer una rotación de partidos que funcionase. En los últimos cinco años del reinado de Isabel, el régimen cayó en una situación de crisis completa, exacerbada por la muerte de los dos generales moderados más poderosos, Narváez (1868) y O’Donnell (1867). Cuando finalmente los progresistas y los demócratas se «pronunciaron» en 1868, apoyados por muchos miembros de la Unión Liberal, la monarquía isabelina tenía muy pocos defensores.

CONCLUSIÓN: LOGROS Y LÍMITES DE LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA LIBERAL

Evaluar los logros y los límites de la transición de España durante el siglo XIX desde el absolutismo al liberalismo requiere el establecimiento de una serie de criterios que tengan en cuenta los objetivos de los liberales contemporáneos y el marco comparativo de lo que era posible en Europa occidental a principios y mediados del siglo XIX. Desde ambas perspectivas, lo que parece claro es que el marco legal, jurídico y político, como quedó establecido en las Constituciones, los códigos legales y las instituciones, se ajustó a los parámetros generales de las transiciones liberales contemporáneas. Un Ejecutivo monárquico, Parlamentos bicamerales con un sufragio muy restringido, censura, ausencia de elecciones «libres y limpias» y partidos políticos débilmente articulados eran características comunes de todos los Estados liberales. En todos los sistemas liberales la «representación» era tenue en el mejor de los casos. Y en la mayoría de ellos, antes de 1868 las elecciones en los regímenes liberales no determinaban los cambios de gobierno, sino que se celebraban para confirmarlos, mientras que la rotación de partidos no tuvo lugar con menor frecuencia en España, con un aumento de coaliciones como la Unión Liberal en el período posterior a 1848.

Al mismo tiempo, es cierto que existían debilidades importantes en el sistema liberal español cuando se diseñó su funcionamiento. Quizá el defecto interno más obvio fue la incapacidad de los actores principales para trabajar unidos con el fin de mantener el sistema, reforzando en su lugar el papel de las intervenciones militares y las insurrecciones. Lo más evidente es que la Corona no jugó el papel de arbitraje que podría haber estabilizado el orden liberal conservador contra la reacción absolutista y la revolución democrática, como ocurrió bajo el reinado de Victoria en Gran Bretaña. En parte como consecuencia de esto, los partidos Moderado y Progresista no fueron capaces de desarrollar una alternancia pacífica en el poder, con la Corona casi siempre favoreciendo a los primeros, forzando a más gente a primeros mientras se inclinaba por participar en las conspiraciones antiliberales que tuvieron lugar a partir de 1854. Así, el Partido Progresista se hizo con el poder a través del mecanismo de los pronunciamientos militares y no mediante elecciones, convirtiendo así a los militares en intermediarios con el poder político, aunque fueran liberales. Los cambios de régimen también se veían acompañados regularmente por insurrecciones populares, pero la base oligárquica de ambos partidos limitaba el esfuerzo para canalizar la política popular con el fin de convertirla en un cimiento más amplio para el régimen, y al final los dos grandes partidos rechazaron la legitimación popular de su autoridad.

Mientras el elitismo del sistema liberal limitaba su atractivo a la diminuta clase política, el resto de la población no permaneció impasible. La politización popular empezó durante la guerra de Independencia y se siguió desarrollando y ampliando en el transcurso del período, en especial durante los frecuentes interludios insurreccionales, de 1820 a 1823, de 1835 a 1836, de 1840 a 1843 y de 1854 a 1856. Aunque es cierto que el Estado liberal utilizó la mayor parte de su energía centralizadora para reprimir esta expresión política, esta fue una época de un compromiso político cada vez más amplio, aunque aún no se pudiera incorporar en los canales legales de participación. Pero recordemos que esta era la norma en toda Europa. A excepción de las abortadas revoluciones de 1848, en ningún lugar de Europa occidental la democracia suplantó al liberalismo antes de 1868, y después de esa fecha la república democrática francesa fue más la excepción que la regla. Así, aunque es cierto que a mediados de siglo el Estado liberal español ni siquiera tenía un proyecto para integrar a las masas como parte de la ciudadanía o para crear un reparto más equitativo de los recursos y del poder, resulta anacrónico llamar fracaso a esta carencia. Fue precisamente este elitismo lo que fortaleció a la siguiente generación de demócratas, republicanos, socialistas y anarquistas, cuya lucha por incrementar el poder popular colocó a los regímenes liberales a la defensiva en las décadas siguientes. Incluso el proceso más estructural de nacionalización de las masas a través de carreteras, escuelas, servicio militar y otras instituciones estatales en realidad no se puso en marcha hasta más avanzado el siglo, incluso en el excepcional caso francés.

Aun así, los cimientos para construir semejante proyecto eran desde luego menos sólidos en España como consecuencia de la pobreza fiscal crónica del Estado. La guerra de Independencia, la pérdida de la mayor parte del imperio americano y la guerra carlista habían dejado empobrecido al Estado español, mientras que las bases elitistas del nuevo régimen liberal evitaron la implantación de una reforma fiscal seria que pudiera estabilizar las finanzas del Estado. Así, en cierta medida, la sistemática reorganización burocrática del Estado, con las órdenes fluyendo del Gobierno central a los gobernadores civiles provinciales y de allí a los municipios, solo se pudo implantar de manera imperfecta a causa de la falta de recursos. Para muchos españoles de a pie, las únicas manifestaciones efectivas del Estado liberal que alcanzaban su vida cotidiana fueron la policía y el Ejército. Para las élites locales y provinciales, la presencia del Gobierno se hacía sentir principalmente durante las elecciones, cuando eran sometidas al soborno, la intimidación o, simplemente, la persuasión con el fin de apoyar a los candidatos del Gobierno.

Los historiadores españoles han discutido sobre si esta pobreza crónica generó un Estado decimonónico anormalmente «débil». Los defensores de esta postura han afirmado que el mandato centralizador del Estado liberal nunca fue nada más que una retórica hueca, mientras que las élites locales preexistentes siguieron dominando la vida política para su propio beneficio. La aparición de caciques, o intermediarios locales entre las comunidades y el Estado, se ha relacionado en este modelo con el vacío creado por un Estado que no podía cumplir su misión modernizadora para superar los «localismos» e integrar el territorio nacional en una unidad uniforme e impersonal. Por otro lado, una tendencia reciente en España, como en otros lugares, ha sido cuestionar si el desarrollo político moderno se debería medir en función del desarrollo de la centralización. Así, en estudios sobre el proceso de nacionalización, la historiografía ha demostrado que las identidades locales, regionales y nacionales pueden coexistir e incluso reforzarse entre ellas. De la misma manera, ha quedado probado que las redes locales y personales siguieron siendo canales importantes de poder e influencia, junto con las instituciones burocráticas, y que no fueron simplemente una muestra del atraso político mediterráneo. Y finalmente, se ha prestado más atención a la esfera política local, no como bastión de la tradición y de formas políticas premodernas, sino como terreno fértil para el desarrollo de identidades políticas modernas.

En lugar de analizar la dinámica local/centro en términos de una trayectoria modernizadora unidireccional que España no consiguió implantar, simplemente podemos reconocer dicha dinámica como un elemento esencial de la constitución del Estado liberal. Teniendo en cuenta la realidad de la pobreza del Estado, este actuó de manera ineficaz a la hora de «repartir los bienes» en muchas regiones. Este hecho quedó reforzado por la relativa falta de importancia de la capital, Madrid, que no tenía el magnetismo económico, demográfico o político de París o Londres. Mientras que el Estado demostraba su capacidad a la hora de controlar las elecciones o reprimiendo insurrecciones, los gobiernos locales y provinciales eran quienes tenían de facto la responsabilidad de mantener sus economías y sistemas educativos y organizaban la recaudación de impuestos y el arreglo de las infraestructuras. Como el Estado central en realidad no podía imponer su voluntad a través de los gobernadores civiles, que carecían de personal y recursos para ejercer su mandato, necesitaba hombres sobre el terreno que estuvieran integrados en los sistemas de poder local. Pero la aparición del caciquismo fue también un producto moderno de la revolución liberal, un mecanismo que surgió para articular el nuevo Estado dentro de la dinámica particular local/central de la España del siglo XIX. Al igual que los pronunciamientos y la intervención militar, el caciquismo fue otro canal a través del cual funcionó el Estado liberal, no la prueba principal de su fracaso.

En definitiva, declarar el «fracaso» o el «éxito» de la revolución liberal en España constituye una dicotomía histórica demasiado simplista. España estableció los parámetros de un Estado liberal con todas sus partes constituyentes, comparable al de otros países liberales, pero tuvo dificultades para consolidarse como una nación imperial estable y legítima. En términos comparativos, desde luego tuvo menos éxito en «perfeccionar la guerra y el Estado» que los países más ricos del noroeste de Europa, preparados para una gran expansión imperial, económica e industrial. Si el período comprendido entre 1820 y 1860 marcó el inicio de la diferenciación significativa entre Europa y el no-Occidente, también fue el origen de la diferenciación dentro de Europa. Pero diferenciación no significa fracaso y, en especial en términos políticos, la grieta entre el norte y el sudoeste de Europa no estaba tan clara en 1868. Así, si bien España no comenzó su era liberal a la cabeza del conjunto de las naciones que iniciaban este proceso, tampoco se quedó tan rezagada al presentar un dinamismo suficiente como para abrir diversas posibilidades en su horizonte de futuro.

SEGUNDA PARTE

1868-1923: LA APARICIÓN DE LA POLÍTICA DE MASAS

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LA POLÍTICA EN LOS MÁRGENES DEL ESTADO LIBERAL:

DE 1848 AL SEXENIO (1868-1874)

INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA POPULAR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Durante las décadas centrales del siglo XIX, el régimen liberal se vio asediado en todos los frentes por los movimientos de oposición que respondían a las transformaciones de la revolución liberal, culminando en el período de agitación política y experimentación conocido como el Sexenio. Los movimientos de oposición procedían de todo el espectro político, desde los carlistas hasta los demócratas, republicanos, un movimiento obrero embrionario y la movilización anticolonial en Cuba, pero todos ellos surgieron de la insatisfacción con algunos aspectos del Estado liberal moderado que se había construido en las décadas de 1830-1840. Esta movilización llegó a su punto culminante durante el Sexenio, cuando la monarquía conservadora isabelina fue derrotada y sustituida primero por una monarquía democrática (1869-1872) y después por una república (1873-1874). No hubo nada particularmente español en este fermento político; en los años entre las revoluciones de 1848 y la Comuna de París de 1871, las fuerzas populistas de izquierda y derecha lucharon contra la construcción y la consolidación de los regímenes liberales elitistas que las dejaban en los márgenes del poder político, económico y social. Desde la derecha, las fuerzas absolutistas y tradicionalistas rechazaban la pérdida de la autoridad divina y la identidad comunal, mientras que desde la izquierda, demócratas, republicanos, socialistas y anarquistas de la Primera Internacional presionaban para alcanzar o una inclusión más amplia, o bien la transformación revolucionaria hacia una sociedad más igualitaria. En términos generales, el resultado de estas luchas de mediados de siglo fue la consolidación de la monarquía constitucional liberal, no democrática, como la forma de gobierno dominante en Europa occidental en el último tercio del siglo.

En lugar de la interpretación tradicional del Sexenio como el momento en que España fracasó a la hora de llevar a cabo la oportuna transición del liberalismo a la democracia (con la excepcional Tercera República Francesa como «norma»), este capítulo lo planteará como la apertura de una ventana de oportunidad hacia una variedad de proyectos políticos que desafiaban diversos elementos del statu quo liberal. Además de rechazar la trayectoria modernizadora que asume una evolución natural desde el absolutismo hacia el liberalismo y la democracia (y el socialismo, en la versión marxista), esta perspectiva menos determinista nos permite ver más fracturas y tensiones transversales que no siempre seguían una sola oposición tradicional/moderno o derecha/izquierda. Desde luego existían temas que dividían a los grupos políticos siguiendo estas líneas, como Estado confesional frente a libertad religiosa, soberanía monárquica frente a soberanía popular, o sufragio censitario frente a universal. Pero se libraban otras luchas igualmente enconadas, en especial en torno a visiones individuales o comunitarias del orden social y centralización frente a descentralización del poder político, que superan los límites anteriormente indicados.

Para los liberales europeos moderados de mediados del siglo XIX, el Estado central era el agente de progreso y la centralización se veía como un proceso que homogeneizaba la población en ciudadanos individuales y racionalizaba la estructura institucional del Gobierno. Desde esta perspectiva, comunalismos, localismos y provincialismos se consideraban amenazas al proyecto modernizador del Estado liberal. El centralismo inflexible de los liberales moderados españoles también se vio exacerbado por la asociación entre localismo y movimientos revolucionarios que se había iniciado durante el Trienio 1820-1823 y se había consolidado en el transcurso de cada ruptura revolucionaria desde 1837 a 1840-1843 y 1854-1856.

Finalmente, los liberales españoles asociaban en parte el provincialismo con el «atraso» y, de la misma forma, con el separatismo político. Esta relación derivaba de la traición de las llamadas «provincias» de ultramar, que se habían separado de España en la década de 1820. Esta situación seguía vigente a mediados del siglo XIX a causa de las continuas conspiraciones entre las élites criollas cubanas, que vacilaban entre la búsqueda de su anexión a Estados Unidos en la década de 1840 y principios de la década de 1850, o una reforma dentro del Imperio español, que llegó a su culminación en la década de 1860, o la independencia, que fue declarada en 1868 después de la desilusión con el Gobierno de Madrid al rechazar finalmente la aplicación de reformas serias, incluido un gobierno representativo. El antirreformista Partido Español en Cuba, con su poderoso grupo de presión en la península, provocó un aumento del temor a que autonomía y separatismo fueran las dos caras de la misma moneda, en lugar de opciones diferentes.

La resistencia a los principios liberales de centralización y autonomía individual eran vínculos habituales entre los movimientos de oposición del período a lo largo de todo el espectro político. A estos conflictos básicos sobre la organización política de la sociedad se unían otros temas, como la cuestión social o la religión, para constituir el terreno de lucha de la política moderna. No resulta sorprendente que gran parte de esta contestación a mediados del siglo XIX tuviera lugar a nivel local. Esta realidad se debía en parte a las redes y estructuras políticas nacionales débilmente articuladas, desde los partidos políticos a la comunicación, y una esfera pública nacional que acababa de nacer, todo lo cual no era privativo de España. Pero también fue una consecuencia paradójica de la propia revolución liberal que, a pesar de su misión estatista centralizadora, también creó la necesidad de una participación individual, encarnada en el mismo concepto de ciudadano autónomo y sus derechos de expresión, asociación y prensa, aunque su implantación fuera intermitente y reticente.¹

Esta misma reticencia, a su vez, generó la dinámica que se desarrolló entre períodos de un florecimiento relativo de la movilización política local y períodos en los que este espacio fue clausurado por Gobiernos que le temían. Al mismo tiempo, las reticencias del Estado liberal para animar la participación ciudadana a nivel local generaron la imagen de un Estado hostil en lugar del protector de la libertad. Una respuesta a los oponentes era fortalecer lo local, no solo como el lugar de la política popular, sino como la fuente teórica de proyectos políticos alternativos. Así, muchos de los movimientos de oposición de este período imaginaron la construcción de su nuevo orden político desde lo local a lo nacional, en oposición directa al proyecto de arriba abajo de los liberales moderados.

Una consecuencia final de esta dinámica de sospecha mutua fue que todos los movimientos de oposición adoptaron una cultura política híbrida de legalidad y violencia, publicación de periódicos y formación de clubes, asociaciones, sociedades de socorros mutuos y sindicatos en la esfera pública cuando era posible, como durante los interludios de 1840-1843 y 1854-1856, y retirándose a células clandestinas que forjaban planes insurreccionales, como hicieron tanto demócratas como carlistas a finales de la década de 1850 y en la década de 1860. En otras palabras, no existía una distinción clara entre movimientos de oposición «reformistas» y «revolucionarios», entre los que buscaban una integración pacífica y los que pretendían derrocar el sistema existente. Es más, tanto el Partido Moderado como el Partido Progresista recurrieron a la violencia cuando estaban fuera del poder. Sin un camino fijo hacia una alternancia pacífica del poder, y mucho menos para la integración de los movimientos opositores, no existía aún una opción «reformista» fiable para expandir los parámetros del Estado liberal elitista.

Aunque la fluctuación entre el espacio político clandestino y el legal dificultaba la construcción de estructuras estables de estos movimientos dentro del país, tuvo el impacto paradójico de aumentar la comunicación y las relaciones transnacionales, en especial de la izquierda. Como los períodos de clandestinidad obligaban a abandonar su país a los activistas principales, grupos de exiliados internacionales se congregaban en espacios relativamente «libres», como Londres en las décadas de 1840 y 1850, donde Giuseppe Mazzini, Karl Marx y Louis Blanc, por mencionar solo a los más famosos, debatieron y publicaron sus programas e ideas.² Los activistas españoles estaban totalmente integrados en este medio, participando como exiliados en París, Londres e Italia, o albergando a activistas europeos, en especial franceses e italianos, en España.³ Un caso famoso fue la visita en 1868 del anarquista italiano Giuseppe Fanelli a Barcelona, Valencia y Madrid, donde presentó a los grupos de trabajadores republicanos las ideas «antiautoritarias» de Mijaíl Bakunin, el oponente de Marx en la Primera Internacional de los Trabajadores.

Otra vertiente de esta cultura transnacional radical democrática fue el movimiento abolicionista que, durante las décadas centrales del siglo XIX, conectó activistas en Cuba, Puerto Rico y España que pretendían insertar las colonias en el marco constitucional del liberalismo democrático.⁴ Desafiaron la doble inconsistencia de los regímenes coloniales cimentados en poblaciones esclavizadas que sufrían bajo un Gobierno excepcional no representativo, que nunca se había llegado a regularizar con las «leyes especiales» prometidas en la década de 1830. La reforma colonial se había topado con la resistencia de una alianza dominante de propietarios de esclavos y liberales conservadores, que temían las consecuencias disruptivas de la abolición y del gobierno representativo para una población «blanca» minoritaria. Contra esta resistencia, la transnacional Sociedad Abolicionista defendía sus principios en una emergente «esfera pública colonial» en la década de 1860, dentro de un proyecto más amplio de expandir los límites de la revolución liberal (sin cuestionar, no obstante, la jerarquía racial «natural»). Este movimiento culminó durante el Sexenio, cuando los demócratas y republicanos españoles adoptaron formalmente un proyecto democrático transatlántico que incorporaba la abolición y el autogobierno colonial.

Más importante que el contacto transnacional, probablemente limitado, fue el papel de los movimientos de oposición al impulsar los procesos desde abajo para interesar a personas comunes (en su mayoría hombres) en los temas políticos del momento, creando canales populares para penetrar en la ciudadanía activa incluso en un régimen de sufragio limitado. Como revela un estudio local de tres pueblos andaluces, las redes de sociabilidad giraban alrededor de identidades políticas en conflicto. Por un lado se encontraba el mundo de las asociaciones católicas, confraternidades y órdenes religiosas, mientras que en otro lado estaban milicias, cafés, sociedades secretas, sociedades de socorros mutuos, periódicos y salas de lectura.⁵ Iniciada en los centros urbanos que fueron el terreno más fértil para la socialización política en el siglo XIX, la política popular de oposición se extendió hacia áreas del mundo rural, aunque aún no está claro hasta qué punto. Desde las organizaciones campesinas carlistas a los viticultores republicanos en Cataluña o a los jornaleros rebeldes en Andalucía, la población rural se unió a las luchas políticas contra medidas específicas del Estado liberal, que incluían desde la política religiosa a la venta de tierras.

Desde este punto de vista más amplio, el Sexenio toma forma como la culminación de un proceso a largo plazo de politización en lugar de una explosión superficial de energía descontrolada. Mientras que el Sexenio llevó las políticas populares de todo tipo desde los márgenes al centro, ninguno de los Gobiernos fue capaz de canalizar, satisfacer o silenciar las múltiples voces desencadenadas por la revolución. Al mismo tiempo, las tensiones sin resolver entre el liberalismo elitista y la participación popular siguieron siendo un rasgo central de la política europea, convirtiendo a España más en un ejemplo que en una excepción a este patrón más amplio.

LOS GRANDES ACTORES

Los carlistas

El movimiento popular más antiguo era el carlismo que, derrotado como un régimen alternativo serio durante la guerra de 1833-1839, había resurgido en especial después de mediada la década de 1860 en los reductos tradicionales del País Vasco, Navarra y partes de Cataluña. En el período entre 1838 y la revolución de 1868, los carlistas debatieron si debían seguir una ruta legal hacia el poder a través de la participación parlamentaria, ganando muchos escaños en las elecciones de 1867, o una vía insurreccional, ejemplificada por los intentos fallidos de 1846-1849 y 1860. La vía insurreccional ganó impulso durante el Sexenio (la segunda guerra carlista, 1872-1876), cuando el Gobierno revolucionario implantó políticas secularizadoras que debilitaron la unidad católica de España. Así, la Constitución de 1869 reconocía la libertad religiosa, la supresión de nuevas órdenes religiosas y la expulsión de los jesuitas, y en 1870 las Cortes eligieron a Amadeo, un príncipe italiano de la Casa de Saboya, que era un archienemigo del Papa, para sustituir a Isabel en el trono. Aun así, las dos caras del movimiento carlista coexistieron a lo largo del período, formando unidas la fuerza política dominante en la región. En las elecciones de 1871, los carlistas se unieron a los republicanos en una alianza «anti-Amadeo» que ganó 51 escaños en las Cortes en 26 provincias, y, concurriendo solos en 1872, lograron 38 escaños en 19 provincias, con mayorías absolutas en Vizcaya y Navarra. Al mismo tiempo, en 1873, el Ejército carlista había movilizado 50.000 hombres en el País Vasco y Navarra, estableciendo un Estado insurreccional virtual con recaudación de impuestos y una estructura administrativa en sus plazas fuertes.

En contraste con la visión antigua de la supervivencia del carlismo como una prueba del fracaso de la modernización política de España, estudios recientes han señalado que la dinámica entre revolución y contrarrevolución popular existió en todo el sur de Europa en esta época, desde Francia a Portugal e Italia.⁶ Además, el carlismo no fue un movimiento estático en defensa de valores tradicionales «inmutables», sino una fuerza política flexible y en evolución que respondió a los cambios provocados por la revolución liberal.⁷ Así, aunque existió una continuidad general de la ideología carlista en su defensa de la monarquía absoluta, la unidad religiosa, los fueros y la prioridad de los lazos comunitarios por encima de los derechos individuales, el énfasis cambió a lo largo del tiempo.

Durante el Sexenio, los carlistas se centraron en la agenda secularizadora del régimen que, para ellos, amenazaba la vida comunitaria al intentar sustituir la cohesión jerárquica de la unidad confesional por la «anarquía» del individualismo sin restricciones. Esta amenaza siguió atrayendo una base interclasista y popular, movilizada más alrededor de una forma de vida compartida que de unos intereses materiales. Las tensiones sobre la política religiosa se exacerbaban a causa del contexto europeo en el que el Vaticano había declarado la guerra al liberalismo en su Syllabus de los errores de 1864, después de que la monarquía de Saboya hubiera alienado al Papa en su constitución del Estado nación italiano (1859-1860). En un nivel más práctico de la vivencia religiosa, los Gobiernos del Sexenio propusieron una «racionalización» de las unidades parroquiales, a la que se resistieron ferozmente en los territorios carlistas. Aunque los fueros siguieron siendo un símbolo poderoso del antiliberalismo y encarnaban los valores de tradición, comunidad y localismo sobre el poder estatal, eran una preocupación secundaria en 1868. Como consecuencia de la segunda guerra carlista, los liberales de la Restauración señalaron que los privilegios especiales que establecían fueros eran los culpables de evitar la integración de los vascos en el Estado liberal, y los abolieron para siempre.⁸

Los separatistas cubanos

La otra fuerza que representó un desafío militar serio para el Gobierno español fue el movimiento de independencia cubano.⁹ Aunque la revuelta cubana estalló dos semanas después de la revolución de septiembre de 1868 en España, no fue, como en el caso de la rebelión carlista, una respuesta defensiva, sino un acontecimiento paralelo. Planeada inicialmente para un año antes, la revuelta cubana representa el desánimo de las élites criollas, que habían estado defendiendo durante las décadas anteriores una reforma colonial basada en la abolición del tráfico de esclavos, una abolición gradual y sin indemnizaciones de la esclavitud, una reducción de tarifas y la creación de instituciones de gobierno autónomo representativas. Aunque el Gobierno español abolió finalmente el tráfico de esclavos en 1867, no hizo ningún gesto para satisfacer el resto de las demandas, sucumbiendo a la presión del lobby de los cubanos propietarios de esclavos en Madrid, así como a la de la élite española de los negocios que se beneficiaba de las políticas fiscales proteccionistas. Como respuesta, el equilibrio se rompió, pasando de reivindicar la autonomía a la independencia, en especial entre la élite criolla en el extremo oriental más pobre de la isla. El 10 de octubre de 1868, los separatistas publicaron su «Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba», modelado sobre la Declaración de Independencia norteamericana y articulado alrededor de la crítica hacia un Gobierno despótico que había pisoteado los derechos universales de los ciudadanos cubanos. La coincidencia de las revoluciones en Cuba y en España abrió una nueva fase en el conflicto colonial, después de que el Gobierno provisional de Madrid prometiera que incluiría a las colonias en la revolución democrática que se estaba desarrollando en España.

Demócratas y republicanos

Dentro de España, las raíces populares de la revolución democrática se encontraban en los movimientos opositores de la izquierda del espectro político, que se habían ido desarrollando desde la década de 1830. Desde los inicios de la revolución liberal, las milicias locales, las sociedades secretas y las juntas se habían ido vinculando de manera informal con el ala izquierda del Partido Progresista, formando parte de una «cultura política liberal avanzada» que pugnaba por ampliar los límites del liberalismo.¹⁰ Aunque nunca se produjo una ruptura completa con la clase dirigente progresista local, los activistas demócratas y republicanos empezaron a abandonar el Partido Progresista en respuesta a una serie de supuestas traiciones, como la Constitución restrictiva de 1837. Cuatro demócratas fueron elegidos como representantes en las Cortes en 1841, pero las elecciones locales del mismo año presenciaron la victoria de las candidaturas republicano-democráticas en muchas ciudades, con un programa que incluía la soberanía nacional, la abolición de las quintas y del regresivo impuesto de consumos, y la ampliación de los derechos políticos, incluido el sufragio universal masculino. Con el regreso de los moderados al poder y nuevas restricciones en las elecciones y a la autoridad de los gobiernos locales, los canales de comunicación se cerraron.¹¹

Finalmente, inspirados en parte por las revoluciones europeas de 1848, los demócratas, republicanos y progresistas desilusionados se unieron en 1849 para formar el Partido Democrático, y en 1856 fundaron un periódico estable del partido (La Discusión), la savia de una organización política en este período. Más allá de la presencia de la prensa en la esfera pública, la legalidad inestable del partido organizado fuera del interludio progresista de 1854-1856 empujó a los activistas a actuar en sociedades secretas paralelas con comités clandestinos en casi todas las provincias. Así, aunque el partido ganó 16 escaños en las Cortes en 1854, quedaron reducidos a uno o dos después de 1856, con el partido constantemente amenazado de suspensión. Mientras tanto, las grandes insurrecciones que tuvieron lugar en 1857 en Sevilla y en 1861 en la ciudad granadina de Loja movilizaron a un grupo heterogéneo de obreros, campesinos y artesanos en nombre de un programa muy vago de derechos democráticos y redistribución de tierras. Ya fuera que actuasen a favor de una redistribución igualitaria de la tierra («el reparto»), la abolición de los consumos o el sufragio universal, estos movimientos se pueden enmarcar dentro de un emergente y heterogéneo medio democrático y republicano que, como el carlismo, se movía sin solución de continuidad entre la insurrección y la participación institucional, y entre las viejas y las nuevas formas de acción colectiva.

Lo que convirtió este caldo de cultivo heterogéneo en un movimiento definible como «democrático-republicano» fue un amplio compromiso entre los activistas con ciertos principios esenciales y el ideal de una «comunidad de ciudadanos activos y vigilantes, iguales en derechos y libertades».¹² Con raíces en el liberalismo «inicial» de las Cortes de Cádiz, el movimiento democrático-republicano de mediados de siglo criticó la aplicación limitada en la práctica de los derechos de los ciudadanos activos. Cimentada también en la cultura activista de la política local durante las coyunturas revolucionarias a partir del Trienio (1820-1823), la cultura demorrepublicana priorizó la participación popular por encima de la construcción institucional y ubicó la fuente de la emancipación en el ámbito de la política local. Así, la mayoría eran defensores implícitos de una estructura de Estado descentralizada que situaría la vida política más importante allí donde fuera accesible al ciudadano normal y que, a diferencia de los fueros vascos, se aplicaría universalmente a todos los españoles. La idea del municipio democrático también encarnó las aspiraciones populistas de un movimiento interclasista que tenía como objetivo la movilización de los sectores medios y bajos de la sociedad.¹³

A través de los esfuerzos por implantar estos ideales en el entorno local, el movimiento democrático-republicano creó una serie de canales alternativos de socialización política. Muchos grupos se centraron en preparar a las clases populares para la futura ciudadanía, incluyendo centros culturales que combinaban educación básica, bibliotecas y salas de lectura, conferencias, música coral y tutela política. El buque insignia de la organización en Madrid fue el Fomento de las Artes, fundado en 1859 y que reunía a 1.400 miembros y cientos de estudiantes, niños y adultos, que asistían a sus clases. La mayoría de los líderes más importantes del futuro dentro del movimiento obrero, incluido el fundador del Partido Socialista (1879), Pablo Iglesias, y el anarquista Anselmo Lorenzo, recibieron su primera educación política en este entorno. Instituciones similares, a veces llamadas ateneos, círculos o casinos obreros, se establecieron en otras ciudades, así como en pueblos industriales catalanes como Reus (1859) y Manresa (1864). Las unidades de la milicia ciudadana también eran espacios para la movilización popular, en especial en Barcelona, donde algunas unidades estaban integradas mayoritariamente por trabajadores.¹⁴ Finalmente, los demócratas promovieron sociedades cooperativas tanto de consumidores como de productores, y sociedades de socorros mutuos, que habían quedado legalizadas en 1839.¹⁵

Al mismo tiempo que el movimiento democrático-republicano promovía la socialización política o «ciudadanización» para las masas, había límites en su igualitarismo. Así, muchos líderes se consideraban tutores del pueblo sin educación al que aún no se le podía confiar una libertad ilimitada. También estaban de acuerdo en que, mientras los hombres se podían educar para convertirse en ciudadanos responsables, la situación de dependencia de las mujeres en la sociedad las volvía incapaces de alcanzar la identidad autónoma necesaria para ejercer una ciudadanía activa. Hasta 1858 uno de los principales activistas, Fernando Garrido, no defendió la necesidad de educación y derechos civiles para las mujeres, mientras que la primera Asociación para la Enseñanza de la Mujer se fundó en 1870, dos años después de que las mujeres fueran admitidas en los clubes políticos republicanos.¹⁶ De manera similar, la Sociedad Abolicionista demorrepublicana actuó dentro de un marco que asumía una jerarquía racial, argumentando que la abolición y los derechos individuales no iban a provocar una «guerra racial» sino un orden natural de trabajadores libres, con los españoles y criollos «blancos» en la cúspide del mismo. Por ello, el debate entre los abolicionistas y sus oponentes tuvo lugar sobre un terreno racial común, con desacuerdos solo sobre el impacto potencial de la abolición en la estabilidad del orden racial existente.¹⁷ Las contradicciones raciales de los demócratas de mediados del siglo XIX también eran visibles entre los separatistas cubanos que constituyeron su República independiente y democrática en 1869 sin una abolición definitiva de la esclavitud. Así, la comunidad de ciudadanos de los demócratas estaba, como en todas partes, estratificada en función de categorías de clase, raza y género.

Aunque existía un acuerdo en ciertos temas generales, también se planteaban desacuerdos serios dentro del medio democrático-republicano, que dieron lugar a una ruptura cuando los republicanos se escindieron para formar el Partido Republicano Federal poco después de la revolución de septiembre de 1868. Dejando de lado las rivalidades personales habituales, las divisiones más importantes se situaban por norma general a lo largo de dos ejes. El primero era la forma de régimen, con los demócratas dispuestos a apoyar una monarquía democrática y los republicanos insistiendo en que la democracia verdadera solo se podría lograr en una república. Pero incluso los republicanos no se ponían de acuerdo sobre la estructura institucional de la república, con los federalistas defendiendo una estructura federal de abajo arriba con poderes locales significativos, y los unitarios proponiendo una descentralización administrativa de arriba abajo.

La otra línea de división en el seno de la cultura demorrepublicana se encontraba entre los llamados «individualistas» y los «socialistas», que debatían el siempre difícil equilibrio entre igualdad y libertad en la teoría democrática. Los socialistas demócratas como Fernando Garrido apoyaban una serie de reformas sociales que proporcionarían la base material para la autonomía del ciudadano individual en medio de la vagamente definida «clase trabajadora». Desarrollado posteriormente por el republicano federalista Francisco Pi y Margall, el Estado intervendría para equilibrar parcialmente el terreno de juego, proporcionando crédito barato a los pequeños agricultores, protección social para los pobres, educación gratuita y arbitraje en los conflictos laborales. Sin confundirlos con el socialismo marxista, con su concepto de la lucha de clases, los socialistas demócratas y republicanos imaginaban una relación armoniosa y de colaboración entre empleadores y trabajadores que se basaba en el modelo francés de las ideas del socialismo «utópico».

Por el otro lado, el ala dominante de demócratas individualistas o liberales como Emilio Castelar defendía un concepto de soberanía individual basada en una autonomía máxima, incluidos un derecho ilimitado a la propiedad, libre comercio e intervención mínima del Estado, dentro del marco de un orden económico y social «autorregulado». Estas divisiones doctrinales también se han vinculado a una separación cultural más amplia en los círculos democrático-republicanos, entre un «republicanismo respetable» y un republicanismo plebeyo de la calle, que parcialmente se solapaba a las alas liberal y socialista del movimiento.¹⁸ Estas culturas en competencia saltaron a la palestra durante el Sexenio, cuando el cisma entre el republicanismo oficial y la base radicalizada se volvió cada vez más insuperable y minó la viabilidad del proyecto democrático. Con la Restauración de 1875, la mayor parte de los líderes republicanos, a excepción de Pi y Margall, se decantaron por la versión liberal y respetable que iba a dominar el mundo raquítico de la política republicana hasta el siglo XX, y algunos, como Castelar, llegaron incluso a adoptar actitudes «posibilistas» para trabajar con la monarquía.

El movimiento obrero y la Primera Internacional

Otro protagonista, aunque minoritario, en el entorno democrático-republicano de mediados del siglo XIX fue un emergente movimiento sindical, asentado sobre todo en Cataluña, que fue el centro del desarrollo industrial inicial en España.¹⁹ Siguiendo el mismo ritmo movilizador de expansión durante los interludios progresistas más tolerantes de 1840-1843 y 1854-1856 y de contracción durante los largos períodos moderados, la primera asociación de tejedores se formó en 1840 con 3.000 miembros, vinculados con el ala radical del Partido Progresista local. Los sindicatos reaparecieron de nuevo en 1854, ampliándose a sectores nuevos y aumentando el nivel de coordinación. Formados en su mayoría por trabajadores masculinos cualificados en una industria textil sometida a una transformación de la estructura de la producción que amenazaba su situación, estos sindicatos nacientes pretendían una colaboración interclasista entre empleadores y trabajadores para crear un sistema industrial emergente que fuera beneficioso para las dos partes. El programa que tomó forma durante los dos bienios progresistas incluía derechos civiles y políticos para que los obreros se pudieran asociar, convocar huelgas y votar, así como la promoción de una legislación social sobre asuntos tales como los comités de arbitraje, la duración de la jornada laboral, las inspecciones de trabajo, escuelas gratuitas y leyes contra el trabajo infantil. Aunque los sindicatos se centraron en especial en temas laborales, la línea de separación entre estas organizaciones y el entorno democrático-republicano más amplio era borrosa, como deja patente el ejemplo del fenómeno de unidades de milicia formadas por trabajadores de un solo oficio o su aparición conjunta durante las huelgas. Hasta 1868, estos sindicatos reformistas representaban el lenguaje dominante en los sectores organizados de los trabajadores, pero el Sexenio inauguró una nueva fase de competencia entre modelos de organización diferenciados, que se puso de manifiesto en los debates del Congreso Obrero de 1870.

La ideología «obrerista» de la Primera Internacional de Trabajadores (también conocida como Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT) llegó a España a través de la ya mencionada visita de Giuseppe Fanelli.²⁰ Fundada en Londres en 1864, la Internacional unió tendencias heterogéneas del movimiento obrero radical, pero Karl Marx se perfiló como el teórico dominante. En lugar de la colaboración interclasista del sector democrático-republicano, la teoría de Marx de un conflicto irreconciliable entre las clases requería organizaciones obreras autónomas que persiguieran su propia emancipación. Los primeros núcleos de la AIT se formaron en Madrid en enero de 1869, alrededor del grupo de impresores en el Fomento de las Artes, entre ellos Anselmo Lorenzo, que más tarde publicó uno de los primeros relatos clásicos sobre los orígenes del nuevo movimiento.²¹ Las primeras secciones formales se establecieron en Barcelona y Madrid, y en junio de 1870 la Federación Regional Española de la AIT (FRE) se constituyó en una conferencia en Barcelona. Alrededor de dos terceras partes de los sindicatos textiles catalanes existentes en ese momento se afiliaron a la organización, aportando 7.000 miembros, además de varios cientos de Madrid. En 1871-1872 se establecieron secciones en otros lugares, en especial en el sur y a lo largo de la costa mediterránea oriental. Estas incluían obreros industriales en Valencia y Alcoy en el Levante y jornaleros agrícolas en Andalucía y parte de Extremadura. En 1873, el FRE afirmaba que tenía 50.000-60.000 miembros, un tercio de los mismos de Barcelona y su cinturón industrial, y más de la mitad de Cataluña. Más que en su importancia cuantitativa, el valor de la FRE radicaba en su asociación con los 5 a 8 millones de miembros de la Internacional.

Al mismo tiempo, el impacto transnacional unificador de la Internacional se vio debilitado por sus divisiones internas, que obligaron a cada federación nacional a tomar partido por un bando. Entre los grupos heterogéneos que formaban la Internacional, la lucha principal se planteó entre los seguidores de Marx y la Alianza de la Democracia Socialista de Mijaíl Bakunin. Aunque Marx y Bakunin estaban de acuerdo en que la emancipación de los trabajadores debía venir de la mano de los propios trabajadores, diferían en cómo organizar la lucha. Para Marx, los obreros debían formar un partido político que participaría en la política parlamentaria y acabaría tomando el control del Estado, mientras que para Bakunin, los trabajadores se debían concentrar en la lucha económica directa contra el capitalismo, permaneciendo «apolíticos», con lo que quería decir que se abstuvieran de las instituciones políticas formales. A nivel organizativo, Marx proponía la estructura paralela de sindicatos y partido, mientras que Bakunin articulaba lo que se convertiría en la postura anarquista, condenando el estatismo «autoritario» de Marx y defendiendo la acción directa «antiautoritaria» de los sindicatos revolucionarios.

La decisión de la FRE española de apoyar la perspectiva bakuninista, primero en 1870 y de nuevo en 1872, se ha considerado como un punto de inflexión crucial en la historia del movimiento obrero que impulsó a España por la senda «excepcional» del anarquismo, en contraste con la mayoría de los caminos europeos del socialismo marxista. Es más, como otro signo del fracaso de España para modernizarse políticamente, el anarquismo se consideraba como el producto de una economía retrasada y subdesarrollada, una ideología «primitiva» y «milenarista» adecuada para jornaleros agrícolas pobres y sin educación.²² Desde entonces, muchos estudiosos han planteado con éxito la perspectiva de que la tradición anarquista de España no fue premoderna ni irracional, sino que tenía sentido en el contexto español. Al mismo tiempo resulta importante reconocer que el anarquismo siguió siendo una fuerza poderosa a lo largo del siglo XIX en Europa, desde Italia a Suiza, Francia y Rusia, y no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando la continuidad de su preeminencia en España se convirtió en algo más excepcional.²³

En cualquier caso, durante el Sexenio, la FRE siguió siendo una amalgama heterogénea de bakuninismo y republicanismo federal, mientras que una minoría significativa de los sindicatos catalanes se negaron a unirse a ella y siguieron comprometidos con el modelo reformista interclasista que había sido el dominante desde la década de 1840. Existe un consenso general según el cual se considera que la Internacional, como un movimiento diferenciado, desempeñó un papel menor a la hora de impulsar o controlar la movilización obrera, que en su mayoría continuó adscrita al entorno democrático-republicano más amplio.²⁴ Este escenario básico común o solapado, en el que el anarquismo y el republicanismo federal cooperaban y competían, definió los parámetros de la cultura y la política de la clase obrera al menos hasta la Primera Guerra Mundial, y más allá de ella en algunos contextos locales.

En la década de 1860, todos los movimientos de oposición identificados aquí actuaban en los márgenes del régimen liberal elitista que se había ido construyendo desde la década de 1830. De una manera u otra, cada movimiento reflejaba los límites (o los excesos, en el caso de los carlistas) percibidos de la revolución liberal entre diferentes sectores, todos los cuales se sentían excluidos o ignorados. Al mismo tiempo, la expansión de estos movimientos era un reflejo de la ambivalencia de la corriente principal de liberalismo ante el principio teórico de la inclusión y la «ciudadanización», que generaba bandazos entre períodos cortos de apertura relativa (1836-1837, 1840-1843 y 1854-1856) y épocas más largas de regulaciones más restrictivas de la movilización popular. Así, fue durante estos períodos de apertura relativa cuando los movimientos populares afloraron desde su existencia clandestina y ampliaron su base y su implantación geográfica en cada momento, construyendo a partir de las redes locales supervivientes. La revolución de 1868 fue otra de estas oportunidades, pero al mismo tiempo superó con creces el alcance de las anteriores. La combinación de un marco temporal de seis años y el proyecto democrático sustancial que persiguieron todos los Gobiernos del Sexenio, que incluía el derecho de asociación y el sufragio universal, creó el terreno más fértil para la política popular de todo el siglo.

LA PRIMERA DEMOCRACIA: EL SEXENIO, 1868-1874

La revolución de septiembre de 1868

Aunque la revolución de 1868 abrió una nueva ventana de oportunidad para la movilización popular, los instigadores pretendían llevar a cabo una transición política más limitada y controlada. Entre los políticos de la Unión Liberal y del Partido Progresista, dirigidos por los generales Serrano y Prim, la revolución se inició como otro pronunciamiento más, que tuvo por escenario la histórica ciudad de Cádiz el 18 de septiembre, para expulsar del Gobierno a un pequeño grupo de políticos moderados y a la reina, que se negaba a compartir el poder incluso con los otros partidos liberales. El descontento entre las élites políticas excluidas se vio exacerbado a corto plazo por una crisis económica que había generado descontento entre todos los sectores sociales. Como en todas las revoluciones, los estudiosos han debatido durante mucho tiempo la jerarquía de los factores sociales, económicos y políticos para explicar sus orígenes, aunque la mayoría probablemente reconoce en la actualidad la multiplicidad de los factores. No obstante, al menos en la determinación del éxito inicial, el factor esencial fue la deserción de sectores significativos de la élite dirigente y del Ejército, antes que el descontento general o la presión desde abajo.²⁵

Al mismo tiempo, el pronunciamiento generó la habitual formación paralela de juntas revolucionarias. El programa revolucionario resultante incluía una mezcla de exigencias unionistas, progresistas y demorrepublicanas. En nombre de la regeneración nacional, hizo un llamamiento a la expulsión de Isabel (la exigencia principal de los unionistas) y la constitución de un Gobierno provisional que tendría por misión implantar toda una serie de libertades políticas y convocar unas Cortes constituyentes que incluyeran a las provincias de ultramar, elegidas por sufragio universal masculino. Aunque la unidad de la coalición inicial se disolvió muy pronto, existía un nivel de consenso básico sobre la necesidad de profundizar y democratizar el régimen liberal y, al menos, afrontar las reformas coloniales.

Los socios dominantes que dirigieron el Gobierno provisional fueron los progresistas y los unionistas. Su plan era sustituir a Isabel por un monarca democrático que, a diferencia de la reina depuesta, desempeñara el papel constitucional que tendría asignado. Este plan dividió las filas demorrepublicanas: aquellos que se negaban a apoyar cualquier versión de la monarquía y abandonaron el Partido Republicano Federal, y el resto, que constituyó el Partido Radical uniéndose a demócratas y progresistas bajo el liderazgo de Prim. Después de una búsqueda larga y difícil, complicada por los desacuerdos y el tema espinoso de traer una nueva dinastía extranjera, el candidato de Prim, el príncipe Amadeo de Saboya, fue elegido en diciembre de 1870 y coronado el 2 de enero de 1871. Mientras tanto las elecciones a Cortes de 1869 otorgaron una mayoría a la coalición de gobierno de unionistas y el nuevo Partido Radical (230 escaños), y situaron en la oposición a republicanos y carlistas, que lograron 85 y 20 escaños, respectivamente.

La monarquía democrática (junio de 1869-febrero de 1873)

Las Cortes se dispusieron a redactar la Constitución española más democrática hasta el momento, que fue aprobada el 1 de junio de 1869. Incorporaba la soberanía popular, toda una serie de derechos civiles, el sufragio universal masculino y directo aplicado a las dos cámaras del Parlamento y poderes limitados para el monarca. También incluía una legislación secularizadora que, junto con la elección de Amadeo, situó a los carlistas, la jerarquía de la Iglesia y a otros católicos fervientes en contra del nuevo régimen. Además, tanto el Gobierno provisional como la Constitución incorporaron la promesa de implantar finalmente las reformas coloniales largo tiempo retrasadas, extendiendo los derechos constitucionales a las «provincias» de ultramar en cuanto sus diputados se hubieran unido a las Cortes. La Constitución de 1869 no abolió la esclavitud, como les habría gustado a los republicanos, pero el Gobierno provisional declaró la libertad para los esclavos aún por nacer y aprobó la Ley Moret de 1870, que establecía un plan para una abolición gradual y compensada. Finalmente, el Gobierno provisional prometió satisfacer las exigencias demorrepublicanas de abolición de las quintas y el impuesto de consumos.

Aunque la oposición carlista y la federal republicana fueron fuerzas marginales en el nuevo Gobierno, crearon centros de poder local y provincial mediante movilizaciones exitosas de la población y el control de las instituciones locales. Movilizaron votantes nuevos a través de comités electorales, mítines, su prensa y la propaganda electoral, y obtuvieron mayorías en los consejos municipales y los distritos parlamentarios en sus feudos. Así, en las elecciones a Cortes de 1869, los carlistas consiguieron la mayoría de los diputados en las provincias vascas y en Navarra, mientras que los republicanos obtuvieron mayorías en ciudades a lo largo de la periferia mediterránea, desde Barcelona y Valencia hasta Sevilla y Cádiz. Más allá de las elecciones, tanto carlistas como republicanos se movilizaron a través de las redes locales de socialización relacionadas con la Iglesia y las asociaciones católicas, por un lado, y los medios democrático-republicanos, por el otro. En este último caso fue el ala popular del Partido Federal Republicano el que fomentó y se vio impulsado por la reconstitución de las milicias locales y la formación de juntas revolucionarias, asociaciones de trabajadores y clubes republicanos que crecieron en el espacio abierto por la revolución de septiembre.

La combinación de fuerza local y marginación nacional alimentó la estrategia dual de ambos grupos, por un lado, participando en las elecciones y en las instituciones al mismo tiempo que conspiraban a través de los canales insurreccionales. A través de las instituciones locales, carlistas y republicanos federales intentaron implantar elementos de su programa desde abajo. Por ejemplo, desde el otoño de 1868, el consejo municipal revolucionario de Sevilla estableció planes inmediatos para expropiar los edificios religiosos para el uso público, crear empleos públicos para proporcionar trabajo, controlar los precios de los productos de subsistencia y restaurar el uso de las tierras comunales. Aunque algunos de estos objetivos se pudieron conseguir sin el apoyo del Gobierno central, muchos no se pudieron lograr. La frustración creada por la distancia entre las ambiciones reformadoras y los poderes y recursos limitados a disposición de los gobiernos locales en el Estado liberal centralizado contrapusieron la ideología anticentralista con la experiencia en el mundo real.

La tensión entre la fuerza de la movilización local y la impotencia institucional no solo reforzó las demandas de una descentralización, sino que también convenció a algunos activistas, que fueron conocidos como los «intransigentes», de la necesidad inmediata de reconstruir el Estado desde abajo a través de pactos federales.²⁶ Las insurrecciones republicano-federales «intransigentes» más extendidas tuvieron lugar en el otoño de 1869. En la Andalucía rural, las insurrecciones consistieron en la ocupación de tierras y la quema de registros de la propiedad, algunas veces realizadas con el apoyo del Partido Republicano Federal local y en otras ocasiones de forma aparentemente espontánea. Las insurrecciones fueron rápidamente sofocadas, pero confirmaron la división en las filas republicanas entre los sectores intransigente y «respetable». Al mismo tiempo, las insurrecciones, junto con la multiplicación de los conflictos sociales, desde revueltas de subsistencia o contra las quintas hasta huelgas, dividieron a las fuerzas políticas en el seno del nuevo Gobierno democrático sobre el equilibrio entre el «orden», el valor supremo bajo el antiguo régimen liberal, y los derechos civiles, que habían sido la pieza central de la nueva Constitución.

El reto de integrar o suprimir la movilización popular solo fue uno de los muchos desafíos a los que se tuvo que enfrentar la monarquía democrática, entre los que se encontraban las insurrecciones militares de los carlistas y de los separatistas cubanos, la reforma colonial y la esclavitud, la pobreza fiscal, una conspiración de los moderados para establecer en el trono al hijo de Isabel, e incluso acontecimientos desafortunados, como el asesinato del principal apoyo del nuevo rey, el general Prim, solo unos días antes de la llegada de Amadeo a España. Al explicar la incapacidad del régimen para resolver con éxito la mayoría de estos retos, los argumentos tradicionales afirman que la revolución democrática estaba condenada al fracaso en un país subdesarrollado con una clase media débil y masas analfabetas. No obstante, la teoría actual sobre la democratización otorga menos peso a dichas precondiciones estructurales y pone más énfasis en el contexto político del período de transición.

En el caso del Sexenio resulta fácil ver cómo la larga lista de factores desfavorables en el contexto y su retroalimentación negativa dificultó la resolución de cualquiera de los problemas. Así, la necesidad de reclutar a más de 200.000 soldados para luchar contra los carlistas y en Cuba impidió que el régimen mantuviera su promesa de abolir las quintas, lo que a su vez alimentó las insurrecciones «intransigentes» locales. Por otro lado, la pobreza del Gobierno aumentó su dependencia de la milicia proespañola y antirreformista en Cuba, que hizo extremadamente difícil cumplir las promesas de abolición y de reforma colonial, o de eliminar el impuesto de consumos en España, otra decepción para los republicanos locales. Igualmente, la larga y difícil búsqueda de un nuevo rey alimentó los argumentos de republicanos y carlistas contra la sensatez de importar un monarca nuevo, mientras que el asesinato del principal apoyo de Amadeo fue un acontecimiento puntual y trágico que debilitó aún más una posición muy débil. La debilidad de su posición, que a su vez desestabilizó aún más la monarquía democrática, condujo a una abdicación precipitada después de solo dos años en el trono. En el proceso de intentar apagar todos estos incendios contradictorios, la monarquía democrática terminó renegando de muchas de sus promesas y principios, lo que incluyó la suspensión de las garantías constitucionales en nombre de la restauración del orden contra las insurrecciones republicanas. Al mismo tiempo, estos problemas minaron la capacidad del naciente sistema parlamentario democrático para estabilizarse, en especial cuando los dos partidos de oposición eran esencialmente «antisistema» y la unificada coalición de gobierno no podía sostener indefinidamente una democracia en desarrollo sin un partido leal en la oposición.

La República (12 de febrero de 1873-4 de enero de 1874)

La abdicación de Amadeo el 10 de febrero de 1873 abrió la puerta por defecto a la siguiente fase de la revolución democrática, la Primera República Española. Como el «crescendo de la vida política» durante el Sexenio, también ha sido uno de los momentos más denostados en la historia contemporánea de España, un símbolo de desorden, anarquía e incluso de la supuesta incapacidad de los españoles para autogobernarse.²⁷ Y de hecho, con una minoría republicana dividida en las Cortes, la hostilidad o la indiferencia de la mayoría de las fuerzas monárquicas, y las limitaciones heredadas e impuestas por las campañas militares en Cuba y contra los carlistas, la República se enfrentó a más desafíos que la monarquía para estabilizarse con éxito. En especial, la guerra carlista se intensificó durante el verano y el otoño de 1873, con nuevos frentes de batalla, un Ejército rebelde consolidado de 50.000 hombres y un Estado embrionario apoyado en una red de gobiernos municipales carlistas. Las divisiones internas entre los republicanos aumentaron las ya existentes en los medios democrático-republicanos. Los republicanos federales estaban de acuerdo en establecer un Estado descentralizado, pero estaban divididos entre los que querían construirlo de arriba abajo y los «intransigentes» federalistas, de abajo arriba, que defendían una construcción ascendente a partir de los pactos locales. También había republicanos no federalistas y aquellos más comprometidos con las reformas sociales frente a los defensores del orden.²⁸ La combinación de retos externos (y en su mayoría heredados) y de divisiones internas provocó que la República fuera incapaz de capitalizar sus ventajas potenciales, entre ellas ganarse a los separatistas cubanos con un compromiso serio con la abolición y la reforma colonial, y la canalización de las energías de los republicanos federales locales alejándolas de la insurrección y encaminándolas hacia la integración democrática. La República se enfrentó desde el principio a una batalla cuesta arriba.

No resulta sorprendente que las divisiones internas de los republicanos se ampliaran cuando el establecimiento de la nueva República incrementó la apuesta para la competencia entre las diversas visiones del futuro. Por un lado, los republicanos «de arriba abajo» en Madrid siguieron un proceso deliberado de planificación y celebraron las elecciones constituyentes en mayo, que otorgaron una mayoría aplastante a los diputados republicanos (aunque a costa de la abstención de todas las demás fuerzas políticas). Las nuevas Cortes declararon el establecimiento de una República federal el 8 de junio y rápidamente se redactó una nueva Constitución que se basaba en gran medida en el documento de 1869 para su compendio de derechos, pero añadía una separación completa de la Iglesia y el Estado, así como una estructura federal de la nación española: 17 Estados, incluidos Cuba y Puerto Rico. La República realizó algunos avances pragmáticos en la reforma colonial en Puerto Rico, donde había menos oposición y menos esclavos, implementando un plan para la elección de un Gobierno autónomo y la abolición definitiva de la esclavitud. El Gobierno también demostró sus intenciones reformistas con la legislación para abolir las quintas, excluir las tierras comunales de la venta pública, distribuir las tierras no cultivadas entre los jornaleros sin tierras y establecer comités de arbitraje para los conflictos entre obreros y empleadores, pero estas leyes no se completaron o no se pusieron en práctica a medida que la República se vio cada vez más inmersa en la respuesta a las crisis inmediatas.

En el otro lado del espectro republicano se encontraban los republicanos federales «intransigentes», cuya impaciencia con el lento proceso de cambio les condujo a retirarse de las Cortes el 1 de julio. Sin confianza en que la nueva República tuviera la intención de satisfacer el programa federalista popular, los activistas locales de todo el país desencadenaron otra oleada de insurrecciones, con el objetivo general de establecer la República federal desde abajo. El llamado movimiento cantonalista de julio de 1873 tuvo como consecuencia la formación de más de una docena de repúblicas locales, en los mismos lugares donde se produjeron las insurrecciones de 1869 y donde se encontraba la base electoral republicana, y en todas partes sobrevivieron desde unos pocos días a algunos meses, como ocurrió en Cartagena.

No obstante, incluso los republicanos federales locales estaban divididos, con algunos a favor de las insurrecciones y otros contra ellas, y a través de la preferencia por programas que se inclinaban más hacia objetivos «sociales», «económicos» o «políticos».²⁹ Los objetivos económicos incluían la abolición del impuesto de consumos y, en las zonas rurales, la redistribución de la tierra; los objetivos políticos se centraban en la constitución de la Administración republicana federal local, mientras que los objetivos sociales incorporaban reformas laborales como la reducción de la jornada de trabajo. Otra categoría cultural de las medidas adoptadas fueron el anticlericalismo o la secularización, que recorrieron todo el abanico desde el cambio de nombres de calles y la demolición de edificios religiosos hasta, en algunos casos, la secularización forzosa de monjas y monjes. Con un par de excepciones famosas (como Alcoy), las insurrecciones cantonalistas no establecieron objetivos marxistas o bakuninistas como la abolición de la propiedad privada o la lucha de clases, sino que permanecieron dentro del marco democrático-republicano de reforma social, una propiedad privada limitada por las necesidades comunitarias y la colaboración interclasista.

Aunque todos los republicanos compartían una serie de objetivos básicos, las insurrecciones cantonales crearon una distancia insuperable que socavó seriamente la legitimidad del régimen. Pi y Margall, que era el presidente al estallar las insurrecciones en julio de 1873 (11 de junio-18 de julio), quería ganarse a los insurrectos, mientras que era muy reticente a enviar tropas, pero se vio forzado a dimitir presionado por los republicanos que querían que el Gobierno adoptara una línea más dura. El siguiente presidente, Nicolás Salmerón (18 de julio-7 de septiembre), volvió a desplegar en el sur las tropas que habían estado luchando en las guerras carlistas para sofocar las revueltas cantonales con una estrategia puramente militar. También él fue sustituido por un presidente más conservador, Emilio Castelar (7 de septiembre de 1873-4 de enero de 1874), que proclamó abiertamente la primacía del orden, suspendiendo las libertades constitucionales y las Cortes, y apoyándose aún más en los militares no republicanos para restablecer la autoridad del Gobierno, con el llamamiento de más de 80.000 reservistas para que se unieran a la lucha. Mientras que la amenaza militar al orden público era mucho mayor en territorio carlista, las revueltas cantonales y su represión tuvieron un efecto político mucho más devastador sobre la legitimidad republicana, dividiendo a los republicanos, alimentando los temores conservadores a la «anarquía» y, al mismo tiempo, alienando la base republicana. Sorprendió a muy pocos que el general Pavía realizara otro pronunciamiento el 3 de enero de 1874, en nombre de la restauración del orden. Durante el año siguiente, un nuevo partido bajo el liderazgo del político moderado Antonio Cánovas del Castillo consolidó sus apoyos en pos de la restauración borbónica, y un segundo golpe, el 31 de diciembre de 1874, formalizó la transición a una nueva monarquía constitucional que se pretendía que fuera una versión mejorada y más estable del régimen liberal isabelino.

CONCLUSIÓN

Con la transición a un régimen liberal elitista y restrictivo, el Sexenio pasó a la historia oficial como un ejemplo de los peligros de la democracia, la inmadurez política de la población española y la necesidad de unos fuertes controles centralizados sobre la participación. Para la generación siguiente, su recuerdo impidió cualquier esfuerzo sostenido para la integración democrática de las masas, desde el punto de vista político o económico, a través de marcos de negociación laboral. Por el contrario, el nuevo régimen consolidó una visión habitualmente militarizada del orden público que dificultó el reconocimiento de formas legítimas de participación política popular. En consecuencia, la mayoría de los movimientos populares analizados en este capítulo se retiraron hacia modos de acción conspiratorios, «apolíticos» o beligerantes, con poco impacto más allá de sus redes locales. Así, a primera vista, la tradicional falta de interés en este período corto y turbulento de la historia española tiene cierto sentido. Considerado más como un callejón sin salida ignominioso que como una «etapa» en la modernización política de España, en especial cuando se lo compara con la contemporánea Tercera República Francesa, ni siquiera reapareció como un modelo o una inspiración para la Segunda República, más de 50 años después.

Sin el peso de la necesidad de ser un modelo o una etapa de éxito, en esta historia el Sexenio sirve para un propósito diferente, proporcionando una visión amplia de los conflictos políticos generados por la transformación de un régimen absolutista en otro liberal a mediados del siglo XIX. Los movimientos de oposición que surgieron en los márgenes del régimen liberal entre las décadas de 1830 y 1870 ilustran los temas y los electores que no fueron incorporados a la revolución liberal, así como los proyectos políticos alternativos que generaron. Aunque tuvieron una penetración limitada en la población, demostraron un nivel más extenso de socialización política de lo que se solía creer, ampliando nuestra comprensión de las dimensiones de la actividad política a mediados del siglo XIX. Y aunque ninguno de estos proyectos tuvo éxito a la hora de alterar los parámetros básicos del liberalismo elitista que regresó al poder en 1875, ni los grupos ni los temas planteados desaparecieron de la arena política. Es más, siguieron integrando el terreno conflictivo de la política española contemporánea hasta la actualidad.

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LA NUEVA ERA DE POLÍTICA LIBERAL: LA SEGUNDA RESTAURACIÓN, 1875-1898

El largo régimen constitucional liberal inaugurado en 1875 y que sobrevivió intacto, aunque desgastado, hasta la dictadura de 1923 es uno de los períodos más estudiados y discutidos de la historia contemporánea española, pero sigue sin alcanzarse un consenso sobre cómo se debería situar exactamente el llamado régimen de la Restauración en el relato europeo de finales del siglo XIX sobre construcción estatal y nacional, expansión imperial y presión de la emergente política de masas sobre los regímenes liberales elitistas. El final del siglo XIX fue un período dinámico durante el cual la mayoría de las potencias europeas más importantes experimentaron una enorme expansión o comenzaron empresas coloniales, extendieron el alcance y la eficacia del Estado, emprendieron campañas de construcción nacional para «nacionalizar» a sus poblaciones e iniciaron un proceso incierto de integración de las masas en la política. Estos procesos constituyeron el núcleo vanguardista del cambio histórico, que se suele denominar positivamente como «modernización política». Incluso sin el positivismo alegre del antiguo relato «modernizador», podemos reconocer que dichos cambios estuvieron cada vez más asociados a las naciones más poderosas de Europa occidental y que formaron parte de lo que se ha definido como la distancia creciente entre «Occidente y el resto». Aunque está claro que España ya no era una de estas naciones poderosas a finales del siglo XIX, siguió participando, con más o menos energía, en todos estos procesos, durante el largo régimen de la Restauración. Así, aunque los debates sobre los límites y los logros mensurables del régimen continúan abiertos, en la actualidad la mayoría rechaza el relato del «fracaso» inevitable.¹ Este capítulo y el siguiente examinarán la historia política de la Restauración, dividida cronológicamente por el «desastre» de 1898, que muchos contemporáneos vieron como el inicio de una nueva era. En lugar de la visión tradicional de la Restauración como un Estado patéticamente débil que era indiferente a la construcción nacional, un impedimento para la democratización y que se arrastró a lo largo de las fases finales de un colapso imperial secular, estos capítulos se basan en estudios recientes para presentar un retrato más complejo de cambio y continuidad política que se puede situar en una imagen europea más amplia.

LA RESTAURACIÓN EN EL CONTEXTO COMPARATIVO: ESTADO, NACIÓN, IMPERIO Y DEMOCRACIA

Al mismo tiempo, «la imagen europea más amplia» era más diversa que la presentada por el antiguo relato del fracaso. En lugar del contraste entre el «débil» Estado español y los imaginarios Estados leviatán de Europa occidental que habían subordinado a los arcaicos poderes e instituciones locales, la perspectiva académica actual considera que el alcance del Estado decimonónico fue desigual y diferenciado.² Así, a pesar de las aspiraciones totalizadoras para uniformizar derechos y obligaciones y para mantener un control sobre la violencia, existieron diferencias sustanciales en la capacidad para imponer estas obligaciones. Es más, la experiencia de «estatalización» adoptó formas diferentes, con dinámicas peculiares a las instituciones locales, regionales y nacionales. Con Gran Bretaña y Estados Unidos como los modelos clásicos de Estados descentralizados, y Francia como la quintaesencia del modelo centralista, en la práctica hubo niveles variables de tensión dinámica entre las diferentes instancias de poder político y la actividad «estatalizadora». En lugar del argumento clásico de «uno u otro» sobre si en España eran más fuertes el Estado o los intereses locales, podemos reconocer la tensión sin resolver entre el poder local, provincial, regional y nacional como un rasgo característico del momento y como el resultado de una resistencia secular al plan centralizador que había sido dominante desde la década de 1840, con la breve excepción del Sexenio. Al mismo tiempo, el proceso español de construcción estatal difuso y desequilibrado que se inició en la década de 1840 y culminó durante la Restauración, siguió los mismos parámetros generales que en otras partes de Europa, con una burocracia cada vez más efectiva para cobrar impuestos, reclutar soldados y controlar el territorio durante la mayor parte del tiempo.³

El proceso decimonónico de construcción nacional y de nacionalización se ha transformado en una problemática similar después de una generación de teorización febril sobre los orígenes y el desarrollo de los Estados nación modernos. Sustituyendo un relato más antiguo sobre el «triunfo del Estado nación» y su «nacionalización de las masas» de arriba abajo, los estudios recientes reconocen caminos diferentes y, de nuevo, más difusos hacia un orden global de «Estados nación» que en realidad no adquirió forma hasta después de la Segunda Guerra Mundial.⁴ A finales del siglo XIX seguían existiendo muchas trayectorias peculiares dentro y fuera de Europa. La primera categoría era el número relativamente pequeño de países, como Japón, Francia e Inglaterra, que transformaron la «materia prima» del Estado y del patriotismo premodernos en construcción nacional y nacionalismo. La segunda categoría estaba formada por el imperio multiétnico, que en algunos casos asistió a un auge de los sentimientos nacionalistas después de la década de 1860, mientras que la última categoría correspondía a aquellos Estados en los que el nacionalismo no adquirió forma. El caso español se ha clasificado habitualmente en la primera categoría,⁵ con debates sobre si el Estado liberal malgastó su materia prima inicial al no perseguir una nacionalización activa o si la construcción nacional y la nacionalización se llevaron a cabo a través de una combinación más difusa de inversión estatal desequilibrada, identidad local y regional, y movilización de la sociedad civil.⁶ Con la pérdida del tradicional carácter paradigmático asignado a los procesos de nacionalización alemán y francés, a partir del «giro» local y regional que han experimentado los estudios sobre el nacionalismo, los que se encuentran en este último campo han planteado convincentemente que el Estado era solo uno de los actores en un proceso más complejo que, de nuevo, no se puede resumir como una versión fallida de un desarrollo europeo «normal».⁷

Una de las líneas rojas clásicas en el proceso español de construcción nacional fue la aparición de nacionalismos «periféricos» alternativos en Cataluña y el País Vasco. En la tesis de la nacionalización «débil», fue el fracaso del nacionalismo español lo que dejó espacio para estos nacionalismos competidores que surgieron al final del siglo XIX.⁸ Algunos nacionalistas catalanes y vascos han ido más lejos, ya sea adoptando la visión según la cual estos territorios ya eran naciones a la espera de liberarse o considerando que los diversos movimientos culturales regionalistas del siglo XIX eran precursores protonacionalistas que conducían inevitablemente hacia identidades nacionales separadas. Pero la mayoría de los historiadores no nacionalistas están de acuerdo en que, hasta finales del siglo XIX, el español era la única forma significativa de nacionalismo, y que el cultivo de las identidades locales y regionales no solo era compatible con el nacionalismo estatal, sino que podría proporcionar la senda más accesible para la nacionalización del ciudadano de a pie.⁹ De hecho, es posible que fuera la fuerza, o al menos las ambiciones asimiladoras del nacionalismo español, las que convencieran a algunos regionalistas de que no podían mantener su «doble patriotismo» dentro del marco de la nación española.¹⁰ Una de las paradojas del nacionalismo era que su retórica asimilacionista tenía tendencia a generar «etnicidades militantes» entre los contrariados por la presión homogeneizadora de la Estado nación.¹¹ En lugar de constituir un producto aislado del fracaso nacionalista español, a catalanes y vascos se unieron irlandeses, bretones, corsos y quebequeses, todos los cuales respondieron al asimilacionismo de sus Estados nación con (re)afirmaciones de la diferencia. Pero la historia compleja de los nacionalismos en competencia que surge de esta dinámica, ya sea en España o en otro sitio, pertenece más al siglo XX.

De manera parecida, la espectacular derrota imperial de España al final del siglo en la guerra con Estados Unidos en 1898 no se debería interpretar como resultado de una dinámica que hundiera sus raíces en las primeras décadas del siglo XIX. Aunque no hay duda de que España se había convertido en una potencia imperial de segunda o tercera fila con la pérdida de la mayoría de sus colonias en la década de 1820, no fue hasta 1898 cuando su camino se separó sustancialmente del de las grandes potencias imperiales, ya fueran terrestres o ultramarinas. En este punto, solo tres años después del inicio de la última insurrección cubana en 1895, España perdió el resto de su imperio de ultramar, realizando el paso de «Estado imperial» a «Estado nación» justo en el momento en que el «nuevo imperialismo» expansionista ocupaba o redistribuía las zonas del mundo sin colonizar.

Hasta la pérdida final, España siguió siendo una potencia imperial activa. Cuba era una de las colonias más rentables del mundo, inversiones recientes en las Filipinas habían profundizado la huella de España en ellas, y el país disponía de una presencia estable en Puerto Rico. Además, la economía, el sistema político y la identidad nacional de España siguieron estando totalmente entrelazados con su imperio hasta el final. Siguiendo el argumento general según el cual en los «Estados imperiales» de Europa, la «metrópoli» y la «colonia» actuaban dentro de un sistema integrado, la historiografía española ha demostrado ampliamente las estrechas relaciones basadas en el comercio, la inmigración, los movimientos a favor y en contra de la esclavitud (la esclavitud no fue abolida en Cuba hasta 1886), los líderes militares y políticos y los movimientos revolucionarios.¹² De hecho, fue la asumida «vocación colonial» de la identidad nacional de España lo que convirtió el llamado «desastre» de 1898 en un golpe psicológico tan devastador que impulsó al movimiento «regeneracionista» a investigar el «problema de España».¹³ Una de las soluciones fue la búsqueda de un espacio imperial nuevo que, en el contexto global del «reparto de África» y de los medios limitados de España, tomó forma en nuevos proyectos «micromilitares» en Marruecos. Aunque la intervención española en Marruecos no proporcionó ni beneficios económicos ni aprobación popular, permitió que España conservase un puesto entre el selecto grupo de «Estados imperiales» que siguió combinando poder e identidad nacional e imperial en las primeras décadas del siglo XX.¹⁴

El debate final y aún por resolver sobre la posición comparativa de España a finales del siglo XIX se centra en el papel de la Restauración en la historia de la democratización. En el modelo clásico del fracaso, las Restauración bloqueó la transición «normal» del liberalismo a la democracia con un sistema parlamentario fraudulento en el que las élites manipulaban a una ciudadanía pasiva y desmovilizada en elecciones corruptas gestionadas por los caciques locales. El contraste implícito se producía con una «Europa» que estaba viviendo una transición ininterrumpida del liberalismo elitista a la democracia, ya fuera a través de la evolución gradual, siguiendo el modelo británico, o a través de la revolución, como en el caso francés.¹⁵

De nuevo, la reevaluación de los límites y las oportunidades de la Restauración ha ido acompañada por la unificación de la homogénea y con frecuencia romántica norma «europea». Así, en lugar de una trayectoria uniforme del liberalismo elitista hacia la democracia, la realidad fue la tensión no resuelta entre los dos discursos políticos y la gran variedad de formas que produjo. A un nivel básico, las elecciones decimonónicas en la mayoría de los países de Europa occidental fueron pocas veces democráticas, con frecuencia no demasiado representativas y sometidas a diversos niveles de fraude, manipulación e ingeniería electoral. En todas partes, los políticos liberales estaban preocupados por el impacto de la extensión del sufragio a las masas sin educación y, en la mayoría de los casos, el sufragio siguió siendo limitado o su impacto se restringió con otros controles y equilibrios. Así, en algunos casos, el sufragio se extendió lentamente, como en Italia y los Países Bajos, donde el sufragio universal masculino llegó tardíamente en 1912 y 1917. En otros casos, el impacto de la extensión del sufragio en la Cámara Baja del Parlamento se vio limitado por la existencia de una poderosa Cámara Alta, como en Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y Alemania, a veces unidas a monarcas fuertes, como en el último caso. En Gran Bretaña, la Cámara de los Lores pudo vetar la legislación hasta 1911, en Suecia las cámaras Alta y Baja tenían los mismos poderes legislativos, mientras que en Dinamarca el Gobierno no fue responsable ante la Cámara Baja hasta 1901 y en Alemania no lo fue hasta 1918. En Bélgica, por otro lado, hasta 1919 la introducción del sufragio universal masculino en 1892 había quedado neutralizada por el derecho a más de un voto que ejercían aquellos con mayores niveles de riqueza o educación. En este contexto, la Tercera República Francesa, que combinaba el sufragio universal masculino con un fuerte gobierno parlamentario y unas elecciones relativamente libres de manipulación, era más la excepción que la regla.

En cuanto a la manipulación de las elecciones, también existían variaciones significativas, pero estaban muy extendidos los esfuerzos para alterar el resultado a favor de los partidos y las élites gobernantes. En la mayoría de los países, los límites de los distritos electorales fijados entre principios y mediados del siglo XIX no se cambiaron hasta entrado el siglo XX, con la consecuencia habitual de la sobrerrepresentación de los distritos rurales y la subrepresentación de los distritos urbanos en rápido crecimiento, que presentaban una mayor tendencia al voto socialista. También hubo esfuerzos de «ingeniería electoral», con Gobiernos que aprobaban leyes con la esperanza de beneficiar a uno u otro partido. Además de estos esfuerzos «desde arriba», la influencia de las élites o notables locales en los resultados electorales a través de las redes de patronazgo estaba muy extendida. En este contexto más amplio, la historiografía española ha señalado que los partidos políticos débilmente institucionalizados, el caciquismo y el fraude electoral no eran aberraciones de los sistemas políticos liberales decimonónicos, sino que eran las versiones autóctonas de las tensiones más amplias dentro de una cultura política liberal elitista que se enfrentaba a la transformación de las masas sospechosas en ciudadanos. Como consecuencia, la democratización de «Europa» fue un proyecto más propio del siglo XX que del siglo XIX.

LAS MÚLTIPLES FACETAS DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN

En consecuencia, la cuestión clave acerca de la Restauración española no es si su sistema político estuvo a la altura de alguna norma ideal de democratización, sino cómo funcionó en su contexto histórico, y si evolucionó y se adaptó con el fin de integrar a las voces emergentes de un electorado en expansión o si, por el contrario, se mostró incapaz de emprender una reforma real. Sigue sin haber un consenso sobre si el régimen facilitó la democratización, ya fuera directa o indirectamente, si funcionó como un compromiso práctico y funcional consistente con la época predemocrática, o, en tercer lugar, si retrasó activamente el potencial desarrollo democrático a través de sus prácticas fraudulentas y coercitivas y la imposición militarizada del orden público.¹⁶ Una de las dificultades para evaluar el impacto político del régimen de la Restauración era que tuvo múltiples facetas, cada una de las cuales aporta algunas pruebas para las diferentes interpretaciones. Es más, una generación de estudios locales de la práctica política tanto en comunidades rurales como urbanas de todo el país revelan un amplio abanico de culturas políticas con niveles diversos de participación y de pasividad, de elecciones imparciales y amañadas, de poder de las élites locales y de dominio del Gobierno central, y de pluralismo de la esfera pública y represión violenta.¹⁷ Esta variedad en sí misma desafía cualquier conclusión simplista sobre cómo funcionaba el sistema de la Restauración.

Las múltiples facetas del régimen de la Restauración fueron evidentes desde su establecimiento. Desde un ángulo, el régimen parecía una versión mejorada de la monarquía constitucional liberal que había actuado en España desde la década de 1830, basada en partidos políticos rivales y una Corona que, en su conjunto, a diferencia de la etapa anterior, colaboraban para estabilizar el sistema e incluso introducían reformas democratizadoras, desde la libertad de prensa a la ampliación del sufragio. La estabilización se vio fortalecida por la conclusión de los dos conflictos militares que estaban en marcha, la guerra civil contra los carlistas (1872-1876) y la guerra colonial en Cuba (1868-1878), junto con una política exterior que tendía al compromiso y a evitar el conflicto en una nueva Europa dominada por los alemanes. Pero entre bambalinas, los mecanismos que mantenían en funcionamiento el régimen incluían el fraude electoral, el clientelismo y un orden público militarizado para contener a las clases populares. En esta interacción compleja y diversa entre todos estos elementos se desarrolló la vida política del régimen de la Restauración.

La construcción de un nuevo régimen constitucional: Antonio Cánovas del Castillo y el turno pacífico

El arquitecto principal del sistema, Antonio Cánovas del Castillo, intentó resolver los problemas funcionales que habían conducido a la revolución de 1868 y al colapso de la monarquía liberal. Con el recuerdo de la agitación política generada por la política popular durante el Sexenio (1868-1874), Cánovas, como la mayoría de los líderes conservadores de finales del siglo XIX en la Europa pos-1848, consideraba que un liberalismo templado, no el absolutismo, era la contención contra el «desorden» de la democracia. Así, el nuevo régimen pretendía retener los parámetros básicos del liberalismo, incluida una Constitución, el poder compartido entre el monarca y el Parlamento y un sufragio limitado. Pero en lugar del conflicto fratricida del antiguo régimen liberal, ejemplificado en la incapacidad de la reina para actuar como una monarca constitucional y la negativa de los partidos políticos a desempeñar el papel de leal oposición, Cánovas intentó establecer un régimen estable que pudiera gestionar transiciones pacíficas en el poder entre los partidos sin necesidad de intervención militar. Aunque había un aspecto pragmático en esta búsqueda, Cánovas también promovió un principio liberal importante que había estado ausente en el sistema constitucional de España, es decir, «la aceptación del adversario» y su derecho a ejercer el poder en un sistema pluralista en el que todo el mundo aceptaba las «reglas del juego».¹⁸

Para construir este nuevo sistema de partidos pluralista, Cánovas intentó reunir el espectro más amplio posible de opiniones políticas, desde excarlistas y moderados a progresistas e incluso demócratas. El propio Cánovas había sido un miembro muy destacado del Partido Moderado y de la centrista Unión Liberal en las décadas de 1850-1860. Con la revolución de 1868, Cánovas se integró en la minoría conservadora de las Cortes de 1869, y votó contra reformas democráticas como el sufragio universal. Resurgió de la sombra política en 1873, cuando se convirtió en el adalid de la restauración de la monarquía borbónica encarnada en el hijo de Isabel, Alfonso, y empezó a formar una coalición alrededor de este proyecto antes de que tuvieran lugar los golpes de Estado que terminaron con la República en 1874. No resulta sorprendente que Cánovas intentase formar su propio Partido Liberal-Conservador (más tarde acortado como Partido Conservador) a partir de los restos del antiguo Partido Moderado. No obstante, es significativo que, al cabo de una década, muchos de los antiguos absolutistas, católicos antiliberales (conocidos como integristas) e incluso antiguos carlistas acabaran aceptando que no existía ninguna posición viable a la derecha del liberalismo y se unieran al Partido Conservador. Así, después de la derrota militar carlista en 1876, quedaron eficazmente neutralizados como un polo de atracción antiliberal durante el resto de la Restauración (excepto en el País Vasco y Navarra, donde los candidatos se presentaban y eran elegidos como carlistas o integristas). En la década de 1880, el partido de Cánovas había incorporado la mayor parte de la opinión organizada a la derecha del espectro político, consolidando el liberalismo conservador como la «única posición (viable) sobre el tablero» entre estos sectores.

Para dar carta de nacimiento al otro partido principal, Cánovas se aproximó al antiguo líder progresista, Práxedes Sagasta, con el fin de que formara una coalición que llegara tan a la izquierda como pudiera dentro del espectro político. Sagasta había participado en la revolución de 1868, había ocupado cargos ministeriales importantes en 1869-1870 y apoyó la candidatura de Amadeo de Saboya como nuevo monarca constitucional. No obstante, Sagasta no aprobó el giro radical de los acontecimientos después de 1873 y apoyó los golpes de Estado que terminaron con la República, lo que ayuda a explicar su disposición a colaborar con un antiguo adversario político conservador. Esta cooperación con Cánovas fue esencial para el éxito del nuevo sistema de partidos, porque su Partido Liberal Fusionista (más tarde llamado Partido Liberal) fue capaz de integrar a la mayor parte de la coalición que dirigió la revolución de 1868, desde los liberal-unionistas a los progresistas e incluso algunos demócratas. Más aún, el precio de su integración fue la aceptación implícita de que el Partido Liberal tendría la oportunidad de aplicar parte de su programa, que incorporaba la mayoría de los elementos de la Constitución democrática de 1869, desde las libertades de prensa y asociación al sufragio universal. Aunque el Partido Liberal dejó fuera a la mayoría de los republicanos, junto con los socialistas (el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, fue fundado en 1879) y los anarquistas, durante las primeras décadas del régimen estas fuerzas disidentes siguieron mal organizadas y divididas, recuperándose aún del colapso devastador de la Primera República.

En suma, el plan de Cánovas y Sagasta seguía, al menos en teoría, el modelo británico de democratización gradual del régimen liberal, presentado como la alternativa sensata a la caótica revolución democrática del Sexenio. Como marco para este modelo evolutivo, la Constitución de 1876 se basó en versiones anteriores de los moderados, pero también contenía un lenguaje que abría la puerta a reformas legislativas sobre temas importantes, evitando de esta manera la necesidad de redactar una Constitución nueva con cada cambio de gobierno. Más concretamente, las condiciones para el ejercicio del sufragio no se fijarían en la Constitución sino mediante una ley específica. La Constitución de 1876 preservó el principio moderado básico de soberanía compartida entre la Corona y el Parlamento, por lo que ambos disponían de iniciativa legislativa y se permitía al monarca retener el derecho a veto. Así mismo, al igual que otras Constituciones impulsadas por los moderados en el pasado, el Congreso quedaba integrado por dos cámaras: la Cámara Alta era en parte nombrada y en parte elegida, y la Cámara Baja, elegida con un sufragio restringido del 5 %. Pero también había elementos del pasado progresista, con el reconocimiento de los derechos y libertades básicos, e incluso la libertad de la práctica religiosa privada, aunque mantenía al catolicismo como la religión del Estado. En cualquier caso, el documento era lo suficientemente flexible para acabar incorporando todas las grandes exigencias democráticas del Partido Liberal, incluida la ley que establecía el sufragio universal masculino en 1890. Así, al menos sobre el papel, la Restauración era un régimen liberal sólido que evolucionó gradualmente hacia una mayor libertad política, inclusión y participación.

Es más, el objetivo de Cánovas de una alternancia pacífica entre los dos partidos funcionó perfectamente hasta finales de siglo y, con mayores incertidumbres, hasta 1923. Un elemento esencial para esta estabilidad era el papel de la Corona, incluso durante un período potencialmente vulnerable tras la muerte prematura del rey Alfonso XII en 1885, seguida por la regencia de su esposa María Cristina (1885-1902) y la coronación del joven Alfonso XIII en 1902. Aunque no hay acuerdo sobre la efectividad con la que los monarcas desempeñaron su papel constitucional, los tres representaron una mejora con respecto a Isabel y ninguno intentó continuada y explícitamente socavar el régimen liberal como había hecho ella. Con un monarca por lo general dispuesto a apoyar los Gobiernos de los dos partidos, los conservadores y los liberales alternaron regularmente, con un primer período (1875-1885) dominado por los primeros y un período posterior (1885-1899) dominado por los segundos, cada cambio de gobierno se produjo sin recurrir a pronunciamientos militares o revoluciones.¹⁹ Incluso con el punto de inflexión del «desastre» de 1898, como fue llamado, la monarquía, los partidos y el régimen siguieron funcionando con una oposición mínima y sin ninguna intervención militar directa hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial. Lo que fue conocido como el turno pacífico, institucionalizó el principio de un sistema bipartidista en el que los puntos de vista en conflicto se podían acomodar dentro un sistema flexible y al menos en parte pluralista.

Otra innovación liberal importante en la Constitución de 1876 que con frecuencia se ha obviado era el derecho de las colonias de Cuba y Puerto Rico a tener representación en las Cortes por primera vez desde 1837. Tras décadas de fracaso en la implantación de las «leyes especiales» prometidas, en 1878 el primer Gobierno Conservador aprobó el establecimiento de las instituciones políticas de la metrópoli en las Antillas, asimilando formalmente a Cuba y Puerto Rico dentro del sistema político liberal.²⁰ Cuba fue dividida en seis provincias, con un total de 19 diputados que se debían elegir para las Cortes, además de los cargos electos en los parlamentos provinciales y en los gobiernos municipales locales. El sistema electoral no era exactamente el mismo que en España, con un sufragio aún más restringido (alrededor del 2,5 % frente al 5 % de la población [libre]) que pretendía favorecer a los propietarios de plantaciones más ricos del oeste, que apoyaban la política asimilacionista.

Aun así, el nuevo sistema político llevó a la formación de dos partidos políticos, la Unión Conservadora y el Partido Liberal Autonomista. Como en Puerto Rico, el Partido Conservador representaba los intereses de los plantadores asimilacionistas, mientras que el Partido Liberal defendía instituciones de gobierno autónomas según el modelo canadiense y tenía más apoyos en las provincias orientales y entre los pequeños campesinos y hombres de negocios. También en los dos casos, el partido asimilacionista ocupaba la gran mayoría de los escaños, apoyado en el sufragio restringido y el respaldo del Estado español. Hubo algunas reformas electorales menores que ampliaron ligeramente el sufragio y más que doblaron el número total de diputados después de la abolición de la esclavitud en 1886, pero el patrón básico siguió constante hasta el establecimiento de instituciones de gobierno autónomas y el sufragio universal masculino en 1897, durante el transcurso de la rebelión cubana.²¹ Aunque por un lado, esta práctica electoral limitaba claramente la representación de amplios sectores de la sociedad cubana, por el otro lado, el sistema bipartidista pluralista fue capaz de desarrollar muchas de las características de una cultura política liberal competitiva, con elecciones muy reñidas que, además, siguieron siendo singularmente autónomas con respecto a los partidos metropolitanos.²²

El lado oscuro del turno: fraude electoral y caciquismo

Aunque eran elementos liberales del sistema de la Restauración, los mecanismos necesarios para generar la rotación regular de los partidos del turno pusieron en evidencia un lado más oscuro y antiliberal de la política de la Restauración. Alimentando las interpretaciones más autoritarias del sistema político de Cánovas, estaba claro que este valoraba la estabilidad por encima de la representatividad y desconfiaba del juicio del electorado. Así, el sistema estaba establecido para que fuera manipulado desde arriba, con cambios en el Gobierno que se acordasen entre los líderes de los dos partidos y la Corona. Dicha decisión se podía relacionar con momentos de crisis específicos, como en 1885, con la muerte de Alfonso XII, o cuando el partido fuera del poder reclamaba a viva voz ocupar su turno. La idea detrás de este proceso negociador era que los partidos tendrían una sensación de juego limpio y seguridad, alejándolos de la cultura que los había empujado en el pasado a confiar en la intervención militar para regresar al poder. Pero el reverso era que el Gobierno tenía que «fabricar» las victorias electorales, cuyos resultados ya estaban decididos antes de que se celebrasen las elecciones. En otras palabras, las elecciones no eran ni siquiera liberales y mucho menos democráticas. En lugar de concebirse como una expresión de la voluntad de los ciudadanos, incluso del 5 % de los hombres adultos que podían votar, eran ejercicios de legitimación formal. Después de 1890, cuando todos los hombres adultos se convirtieron en ciudadanos con derecho al voto, el objetivo de «fabricar» los resultados siguió estando presente. Es más, las elecciones siguieron produciendo en su mayor parte resultados fiables con victorias asimétricas para el partido ganador, aunque el número de votantes se había sextuplicado (de 800.000 a 4,8 millones).

Para orquestar las elecciones, cuyos resultados estaban decididos de antemano, el Gobierno confiaba en sus líderes provinciales, los gobernadores civiles, y en los jefes políticos locales llamados caciques. Pocas figuras han sido objeto de tanto desdén por parte de contemporáneos e historiadores como el cacique. El caciquismo fue condenado por primera vez por regeneracionistas del cambio de siglo como Joaquín Costa, que lo consideraba tanto el síntoma predominante como la fuente del «problema de España». Los caciques habían existido durante el anterior régimen liberal, pero la centralidad de la manipulación electoral para el funcionamiento del sistema de la Restauración los convirtió en el eje de la nueva política en un contexto en el que los partidos políticos eran poco más que grupos de notables con militancia e infraestructuras limitadas.²³ Los caciques eran individuos poderosos con acceso a recursos económicos y/o políticos que podían retener o distribuir. Tenían a su disposición una serie de técnicas para manipular los resultados electorales en su distrito, incluyendo el soborno y el tráfico de influencias, la coerción y la intimidación, el llenado de urnas con papeletas afines y la destrucción de urnas. Así, grandes empresarios o terratenientes podían intimidar a sus empleados en el momento de depositar el voto, los burócratas con conexiones en Madrid podían conseguir el permiso para construir la carretera deseada a cambio de votos, o los funcionarios locales podían llenar el censo electoral con individuos fallecidos. Todos estos mecanismos funcionaban en parte porque no existía el voto secreto, ni confirmación de la identidad del votante y ningún control independiente del lugar de votación.

EVALUACIÓN DE LAS LIMITACIONES Y LAS OPORTUNIDADES DE LA POLÍTICA DE LA RESTAURACIÓN

Aunque las dos caras de la Restauración están bastante claras, aún no hay un consenso sobre cómo valorar el régimen en su conjunto, en especial con la deconstrucción de la «norma» democrática europea. En lugar de medir el régimen en función de una trayectoria de democratización ideal, podemos evaluar tanto las limitaciones como las oportunidades para el desarrollo político que coexistieron incómoda y desequilibradamente en la Restauración. Cuando se observa desde arriba, las limitaciones superan con claridad a las oportunidades, pero cuando se observa desde el nivel local, la imagen es más compleja, con un sorprendente margen para el compromiso y la acción políticos entre una población que no era pasiva ni estaba tan desmovilizada como creían Costa y su generación.

Limitaciones en las libertades políticas impuestas por el Estado

Para quienes ponen el énfasis en las limitaciones del sistema, el nivel único de manipulación y fraude electoral que era necesario para el sistema de turno coloca a la Restauración española en una categoría propia.²⁴ Así, aunque es posible que el clientelismo estuviera extendido por todas partes, la necesidad constante de «fabricar» grandes mayorías generó un esfuerzo único y masivo para orquestar una red nacional de caciques desde arriba. El proceso empezaba con la elaboración por parte del Gobierno del encasillado, o lista nacional de candidatos oficiales, con el mandato de asegurar la elección de cada candidato delegado en el gobernador civil y en los caciques locales, en una trayectoria descendente del poder. El análisis de los resultados electorales proporciona muchas pruebas de este mecanismo. Así, los candidatos designados ganaron predeciblemente todas las elecciones de 1890 a 1907 en alrededor del 75 % de todos los distritos electorales, normalmente con victorias aplastantes que podían cambiar de un partido a otro en un solo ciclo electoral. Por ejemplo, el número de escaños ocupados por conservadores y liberales en las elecciones en 1891 y 1893 fueron prácticamente iguales, aunque a la inversa: 253 a 44 para los primeros y 44 a 281 para los segundos. Aunque el número absoluto de votos para otros partidos como los republicanos y los socialistas fue creciendo en las zonas urbanas después de 1890, su impacto se contuvo a propósito al mantener los distritos urbanos incorporados en grandes distritos rurales y/o no alternando los límites de los distritos basándose en los cambios de población. Así, mientras la población de Madrid se triplicó, su número de diputados solo aumentó de ocho a nueve.

En contraste con la manipulación electoral en la metrópoli, las elecciones eran relativamente más libres y más reñidas en las Antillas, pero allí existían otros mecanismos de control, incluido el sufragio más limitado y el mayor poder de los gobernadores civiles para nombrar a alcaldes y presidentes de los parlamentos provinciales, y para suspender los consejos municipales o los parlamentos provinciales. Y, por supuesto, comparado con Canadá, que había recibido la plena autonomía en 1867, la mayoría de los liberales españoles en Madrid seguían resistiéndose a cualquier olor a instituciones autónomas, una posición consistente con su negativa en el transcurso del siglo XIX a varios proyectos descentralizadores propuestos por carlistas, republicanos federales o regionalistas.

Más pruebas de este ejercicio del poder de arriba abajo durante la Restauración a ambos lados del Atlántico se pueden encontrar en la versión restrictiva del «orden público» que se apoyaba más en el aparato coercitivo del Estado para criminalizar y reprimir la movilización en los márgenes del sistema de turno que en los esfuerzos para integrarlo.²⁵ Así, con el fin de imponer el orden público, en 1878 Cánovas propuso una ley que identificaba la misión más importante del Ejército como la «defensa contra los enemigos internos y externos», y más tarde afirmó en un discurso que debía defender con vigor el «orden social actual» y actuar como un «dique contra los intentos ilegales del proletariado» para derrocarlo.²⁶ En 1893, el territorio fue dividido en distritos militares, cada uno de ellos dirigido por un capitán general que, durante el «estado de guerra», tenía precedencia sobre las autoridades civiles. En otras palabras, al mismo tiempo que los militares eran expulsados de una forma de hacer política como consecuencia del turno, se los movilizaba para que jugaran otro papel político, más extraoficial, como los garantes de la «paz» social que hacía posible el turno. La otra fuerza de policía estatal poderosa y represora era la Guardia Civil, a la que se recurría con mayor frecuencia para mantener el orden en las zonas rurales, donde los guardias civiles estaban acuartelados en puestos permanentes que cubrían todo el país, ubicados de manera desigual en zonas de revuelta, pobreza y/o de conocida movilización obrera.²⁷

De manera similar, el lado represivo del régimen de la Restauración se plasmaba en las numerosas suspensiones de las garantías constitucionales que se declararon en ese período. Según una estimación, todos o algunos españoles vivieron bajo un estado de excepción (ya fuera nacional o local) durante el 37 % de la época de la Restauración entre 1875 y 1923.²⁸ Estos períodos fueron desiguales, pero en algunas zonas altamente conflictivas como Barcelona, vivir bajo un estado de excepción se convirtió casi en la norma. Incluso cuando los españoles disfrutaban formalmente de los derechos de asociación y de expresión, los gobernadores civiles y los alcaldes seguían teniendo importantes poderes discrecionales para censurar, aprobar o disolver reuniones y grupos que considerasen que podían ser una amenaza para el orden social establecido. Lo que destaca esta visión de la política de la Restauración es el grado en el que las élites políticas tenían acceso a una variedad de mecanismos formales e informales para imponer su autoridad oligárquica dentro de un marco liberal formal. Al mismo tiempo, España debe situarse dentro de un conjunto de Estados liberales, todos los cuales aplicaron al menos alguna de las medidas que comprenden desde el clientelismo y la manipulación electoral hasta formas represivas de orden público y suspensión de garantías, con el fin de contener la emergente marea de política popular.

Limitaciones y oportunidades políticas: la visión «desde abajo»

Aunque no se pueden negar los objetivos abiertamente antidemocráticos e incluso antiliberales de las élites de la Restauración en Madrid, también está claro que existía más vida política bajo este régimen que una represión implacable impuesta a una población victimizada. Aunque se pretendía que el papel del cacique consistiera en extender la capacidad de coerción sobre el comportamiento cotidiano del votante, estas élites locales no eran simplemente contenedores vacíos del poder estatal. Al contrario, como han ilustrado muchos estudios locales, los caciques y otras élites locales ejercían su propia forma de poder, basada en sus redes de patronazgo. Desde esta perspectiva, existía una trayectoria «ascendente» del poder en la política de la Restauración que se unía con la trayectoria «descendente» plasmada en el encasillado.²⁹ Así, los líderes de los partidos en Madrid se veían obligados a negociar con las élites locales para conseguir el acceso a las redes clientelares que formaban los cimientos de una red de poder que iba de lo local a lo nacional.³⁰ Algunas de estas poderosas élites eran incluso capaces de imponer su reelección continuada, a pesar de la rotación del turno, en una minoría creciente de lo que empezó a conocerse como distritos propios.³¹ En las elecciones cubanas no existía un encasillado efectivo, de manera que los candidatos locales casi siempre ganaban a los impuestos por el Gobierno, lo que otorgaba a las élites locales una ventaja significativa.

El poder local «ascendente» no era necesariamente menos represivo o más inclusivo que el poder estatal «descendente». Los que lo consideran una «limitación», pero desde abajo, plantean que la autoridad de los caciques surgía y reforzaba el dominio económico y la reproducción del poder de la élite a nivel local.³² Por ejemplo, los caciques podían usar su poder para controlar la vida de las comunidades, en especial las rurales, tomando decisiones sobre la distribución de los impuestos, el reclutamiento militar y las exenciones, la administración de los bienes comunales y el reparto del agua para el riego, con el objetivo de beneficiar los intereses de las élites. En contraste con el estereotipo regeneracionista clásico que relacionaba el poder de las élites locales con intereses económicos arcaicos, parece claro que la mayoría de los caciques eran productos de la revolución liberal, no remanentes aristocráticos, interesados en proteger la riqueza y los privilegios que habían obtenido a través de los derechos a la propiedad privada. Ya fuera en áreas urbanas o rurales, los caciques solían estar vinculados a los sectores económicos más dinámicos de la región. En Cuba, por supuesto, las élites locales de la moderna industria azucarera usaron su poder económico y político, primero para retrasar la abolición de la esclavitud y después para mantener una sociedad racialmente jerárquica. La conclusión de este argumento es que las élites locales reforzaron y capitalizaron la naturaleza antiliberal y antidemocrática del régimen de la Restauración para proteger sus propios intereses capitalistas modernos.

Una visión diferente del sistema caciquil destaca las oportunidades para la representación política que se encerraban en sus redes. Desde esta perspectiva, el cacique podía jugar un papel de intermediario entre el distrito y el Estado que se basaba menos en el dominio económico que en la «utilización recíproca».³³ Así, no todos los caciques eran terratenientes que disponían de un poder económico directo sobre los votantes. Algunos eran políticos profesionales cuya habilidad radicaba en su capacidad para manejar la democracia y facilitar el acceso a bienes y servicios a través de redes de patronazgo. En el Estado liberal decimonónico que aún se encontraba en el proceso de consolidar el control sobre el territorio y la población, los caciques podían proporcionar el canal directo a las comunidades locales que tenían la necesidad de acceder al Estado centralizado para conseguir sus objetivos. En esta relación de intermediación, la habilidad del cacique consistía en «prestar servicios», no solo en Madrid, sino también en su distrito, lo que aseguraba su autoridad y establecía su legitimidad entre los votantes.³⁴ En otras palabras, en la medida en que el cacique necesitaba satisfacer los intereses de algunos de sus electores en algún momento, la Restauración funcionaba como un régimen «representativo», canalizando los intereses organizados de la sociedad a través de redes clientelares hacia un Parlamento que, como consecuencia, tenía sus cimientos al menos en parte en las necesidades reales de los votantes.

La perspectiva «ascendente» de la política de la Restauración también arroja una nueva luz sobre el votante como participante en el proceso político. En contraste con la visión regeneracionista de una sociedad pasiva «sin pulso», muchos estudios locales han demostrado que existía un compromiso político real a nivel local.³⁵ Indudablemente, el espacio para el compromiso político formal en la política nacional seguía siendo limitado, entre la manipulación electoral de arriba abajo, el orden público militarizado y/o el dominio económico y político de las élites locales. Sin embargo, un análisis más detallado del comportamiento electoral ha sugerido que la voluntad de los votantes podía ser una variable independiente en la dinámica electoral. Por ejemplo, parece que los candidatos a veces ganaban las elecciones basándose en la provisión de bienes y servicios para la comunidad. En otros casos, se puede demostrar que las elecciones parlamentarias simplemente no eran tan importantes para la comunidad y por eso no son la mejor medida del compromiso político.³⁶ En otros lugares podemos detectar pruebas de contestación y compromiso político, aunque no llegaran a cambiar el resultado de las elecciones. Así, los autores de un estudio sobre las elecciones de 1907 plantean que más de un tercio (62 de 155) de los distritos que examinaron se pueden calificar como «competitivos», queriendo decir que incluso los candidatos oficiales tuvieron que luchar por su escaño con una campaña activa, publicidad y mítines.³⁷ Desde otro ángulo, la amplia información sobre el aumento del recurso a herramientas más coercitivas por parte del cacique después de 1890 pone aún más en cuestión la imagen de un electorado pasivo que sigue ciegamente las órdenes.

Más importante aún es que la imagen global de la geografía electoral de la Restauración confirma variaciones significativas en el espacio para la politización de los distritos, con 1890 como punto de inflexión. Una clasificación identifica cinco tipos de distritos, definidos por la naturaleza del voto: pasivo, comprado, violento/impuesto, mediado por caciques y libre, pero por supuesto podían existir múltiples métodos dentro de un mismo distrito.³⁸ No resulta sorprendente que el sufragio universal masculino parece haber aumentado tanto el número de los distritos violentos como el de los libres, cada una de las categorías indicativa de una movilización creciente, en especial a través de los partidos que no participaban en el turno. En 1901, Barcelona se convirtió en el primer distrito «libre» importante que eligió una mayoría de diputados que no pertenecían al turno, y no volvió a ser elegido ningún candidato del turno a partir de entonces. Más ciudades siguieron esta tendencia de voto «libre», aunque los grandes distritos parlamentarios rurales-urbanos con frecuencia aún podían seguir neutralizando el impacto del voto urbano no-turno en el resultado final.

Donde el sufragio universal realmente aumentó el número de elecciones «libres» y competitivas fue a nivel del gobierno municipal, donde los republicanos empezaron inmediatamente a ganar puestos. Así, en 1893, los republicanos habían ganado tres veces más puestos en los consejos municipales (16 %) que en las Cortes (6 %), y en la primera década del siglo XX los consejos municipales de muchas ciudades tenían mayorías republicanas, creando algo parecido a «feudos» republicanos, como con los radicales de Lerroux en Barcelona, los reformistas de Melquíades Álvarez en Oviedo y los blasquistas en Valencia.³⁹ De hecho, la diferencia creciente entre los resultados electorales nacionales y municipales en algunas zonas ilustra tanto el surgimiento de una opinión política independiente como la efectividad de la manipulación de las elecciones nacionales. De manera paradójica, a medida que el sufragio universal podía dar lugar a una mayor coerción y violencia en las elecciones nacionales, intensificando los esfuerzos de los caciques podía, al mismo tiempo, abrir la puerta a un aprendizaje político para las contiendas locales.

No fue solo el medio urbano el que alimentó un compromiso político creciente en la política electoral. De hecho, los estudios de comunidades campesinas han planteado que se estaba produciendo un proceso de politización que no iba muy por detrás del famoso caso francés.⁴⁰ Para concretar este argumento, algunos autores destacan la naturaleza cada vez más competitiva de las elecciones, incluso en las comunidades rurales, marcada por campañas activas, mítines electorales y debates de prensa. Y una vez más, fue en las elecciones locales donde se hizo más probable que apareciera por primera vez esta competencia, no solo porque el municipio era más accesible, sino porque controlaba muchos más aspectos importantes para la vida campesina que las Cortes, desde el arreglo de las infraestructuras a la salud pública y las crisis de subsistencia, la parcelación de la tierra y la regulación del mercado laboral o los usos de las tierras comunales, la recaudación de impuestos, incluido el impopular impuesto de consumos, y la gestión del reclutamiento militar.⁴¹ Así, un interés mayor en las elecciones municipales que en las nacionales no era necesariamente un indicador de menos compromiso o socialización política.

Más allá de la política electoral, que seguía siendo un espacio de politización restringido bajo el sistema del turno, la implantación (reconocidamente imperfecta) de las libertades liberales en la década de 1880 abrió el espacio para una esfera pública creciente, un espacio intermedio en el que los ciudadanos privados se podían reunir y organizar como participantes colectivos en el cuerpo político.⁴² Como la columna vertebral de una esfera pública cada vez más densa, la prensa local y nacional creció enormemente después de entrar en vigor la ley de prensa de 1883.⁴³ De manera similar, en especial en los centros urbanos del país, subculturas vibrantes en las que se mezclaron las ideas republicanas, socialistas y anarquistas tomaron forma hacia finales de siglo, organizadas alrededor de escuelas seculares, sociedades recreativas, sindicatos y centros obreros.⁴⁴

Una vez más, el crecimiento de la esfera pública no fue un fenómeno exclusivamente urbano. Los hombres (y mujeres) campesinos ocuparon las calles por asuntos locales como el impuesto de consumos y el reclutamiento, en «revueltas» que con frecuencia se han caracterizado erróneamente como formas «tradicionales» de movilización. Al contrario, se deberían considerar como formas de un compromiso político viable con las autoridades locales que se referían a temas importantes usando los recursos colectivos que estaban a mano.⁴⁵ Algunos campesinos también participaron en otras formas de movilización que con mayor frecuencia se asocian con la política moderna, como las asociaciones. En las comunidades campesinas dichas asociaciones muy probablemente estaban relacionadas con la Iglesia católica, como en un estudio de los sindicatos agrarios gallegos en la primera década del siglo XX. De nuevo, los historiadores ya no descalifican automáticamente la movilización católica como «atrasada» o como un mero «canal de la dominación de las élites». Por el contrario, facilitó la integración de los campesinos en un tejido político más amplio que funcionaba en paralelo o proporcionaba una alternativa a las redes caciquiles, alterasen o no los resultados electorales.⁴⁶

Como ya debería estar claro a estas alturas, quizá sea imposible elaborar un solo relato completo de la naturaleza de la vida política de la Restauración, incluso durante las relativamente tranquilas décadas anteriores al cambio de siglo. Existían tendencias de autoritarismo, antiliberalismo y de resistencia antidemocrática, así como de liberalismo y de oportunidades para la democratización a ambos lados del Atlántico. Desde un punto de vista, los líderes de la Restauración impusieron un sistema electoral fraudulento que confirmaba los candidatos elegidos por el Gobierno sin una pretensión de representación o consulta a la población. Desde otro punto de vista, implantaron una serie de prerrogativas liberales que incluían el sufragio universal masculino en la metrópoli, que proporcionó espacios para el aprendizaje político a muchos españoles, tanto de las élites como de la población en general, en especial a nivel local. El resultado de estos procesos paradójicos y a veces contradictorios fue un paisaje político diverso con un equilibrio cambiante entre las limitaciones y las oportunidades en los diferentes distritos y regiones, y a lo largo del tiempo. Esta complejidad implica que los diferentes caminos seguían abiertos para el régimen de la Restauración cuando sus líderes se enfrentaron a la primera gran crisis a finales de siglo, con la segunda mitad del régimen marcada por la contingencia y no por una decadencia y un colapso inevitables que estaban implícitos en el relato tradicional del fracaso.

EL «DESASTRE» DE 1898: ¿EL INICIO DE UNA NUEVA ERA?

En ese relato antiguo, la humillante derrota militar ante Estados Unidos en 1898, en la que España perdió lo que le quedaba de su imperio de ultramar, era el punto de inflexión de la cuesta abajo hacia la crisis y la dictadura algo más de dos décadas después. El significado de 1898 se ha ido reduciendo en los últimos años, y el debate se ha trasladado a si la Restauración de principios del siglo XX mostraba o no signos de que se estaba adaptando y evolucionando para responder a las exigencias emergentes de la política de masas. Aun así, el cambio de siglo marcó un punto de inflexión, después del cual la Restauración se tuvo que enfrentar a desafíos crecientes que pusieron a prueba los límites del sistema del turno y sus restrictivas reglas de juego.

Los nuevos desafíos no aparecieron de repente después —o como consecuencia— de la guerra con Estados Unidos, sino que «1898» ha servido como un punto conveniente para establecer «un antes y un después» en el desarrollo de la Restauración, concretando la versión española de la más amplia crisis de confianza europea fin-de-siècle.⁴⁷ Así, por ejemplo, el desafío creciente de la movilización política de masas empieza oficialmente con la aprobación del sufragio universal masculino en 1890, con el conflicto que se intensificará después del cambio de siglo y, por supuesto, en especial con la versión española de la crisis europea posterior a la Primera Guerra Mundial. La derrota de los partidos del turno en Barcelona en 1901 fue la manifestación más visible de este nuevo reto, y planteó la pregunta de si el sistema de la Restauración sería capaz de integrar las nuevas fuerzas que los habían desplazado, como el Partido Republicano Radical o la Lliga Regionalista, formada ese mismo año. Además de simbolizar la aparición de nuevas fuerzas políticas fuera del turno, la catalanista Lliga representaba un punto de inflexión en la relación entre el nacionalismo y el regionalismo, abriendo una época nueva y más conflictiva de competencia entre el Estado y los nacionalismos periféricos.

Con la aparición de nuevas fuerzas fuera de los partidos de Gobierno, la estabilidad interna del sistema de turno recibió un golpe cuando sus grandes defensores desaparecieron en solo seis años: Cánovas, asesinado en 1897; Sagasta, que murió en 1903, y la Corona, que pasó de la regente María Cristina al joven Alfonso XIII en 1902. Como los partidos Conservador y Liberal habían implantado la mayoría de sus objetivos durante los primeros 25 años del régimen, los nuevos líderes lucharon tanto para controlar sus partidos como para redefinir sus objetivos en un contexto europeo de decadencia de la legitimidad del liberalismo. Bajo estas presiones, el consenso cuidadosamente establecido de los años Cánovas-Sagasta empezó a deshacerse, y comenzó una época nueva de conflicto en el seno de las élites, definida por proyectos de reforma contradictorios planteados para resolver «el problema de España».

Los llamados regeneracionistas que ayudaron a definir este «problema» fueron figuras contemporáneas esenciales para señalar 1898 como un momento nacional de «antes/después», y el texto más famoso fue Oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa, publicado en 1901. Empezando con la crítica de que «España no era una nación libre y soberana», Costa presentaba su teoría de la Restauración como un falso sistema liberal democrático: «No un régimen parlamentario corrompido por los oligarcas, sino un régimen oligárquico servido por instituciones aparentemente parlamentarias». En lugar del liberalismo legalista de la Restauración, planteaba un nuevo «liberalismo sustantivo, orgánico y ético». Aunque su mensaje tuvo una difusión limitada más allá de los círculos educados de filósofos, novelistas y poetas, marcó la agenda de la siguiente generación de políticos de la Restauración, que se enfrentó a una serie de cuestiones diferentes de las que se les plantearon a Cánovas y Sagasta en 1875.

Parte de lo que definió dicha diferencia fue la propia derrota de 1898 que, como se lamentaba el nuevo líder del Partido Conservador, Francisco Silvela, ponía en riesgo el «destino [de España] como pueblo europeo» (léase como pueblo imperial).⁴⁸ La corta guerra con Estados Unidos se produjo al final de una guerra colonial larga y sucia contra otra insurrección cubana que había empezado en 1895.⁴⁹ La insurrección estalló después de varias décadas durante las cuales las élites de la Restauración habían sido incapaces de acordar una legislación política y/o económica significativa que liberalizase la economía cubana y convenciese a las élites criollas de los beneficios de seguir siendo la España «de ultramar». Mientras tanto, el movimiento independentista, bajo el capaz liderazgo de José Martí, fue ganando apoyo popular con su lenguaje inclusivo de nacionalismo, igualdad racial y democracia. Cuando los nacionalistas cubanos iniciaron la rebelión, el Gobierno español respondió con dureza, con una brutal campaña de «pacificación» que incluía el traslado masivo de poblaciones, campos de concentración y la muerte de más de 200.000 civiles. La zanahoria del autogobierno que se aprobó en 1897 llegaba demasiado tarde para resultar atractiva. En 1897, y después de decenas de miles de bajas españolas, la guerra se había estancado, pero Estados Unidos se había visto cada vez más implicado en el conflicto a causa de una variedad de complejos motivos, desde la creciente inversión económica en Cuba hasta sus ambivalentes ambiciones imperialistas. La guerra estalló el 1 de mayo de 1898 y, salpicada por increíbles derrotas navales, terminó rápidamente con la rendición de España ante Estados Unidos a mediados de agosto y un tratado de paz firmado en diciembre. Aunque en su momento se pensó que los líderes españoles erraron estúpidamente en sus cálculos sobre la capacidad para oponerse a Estados Unidos, en la actualidad la mayoría está de acuerdo en que sabían que la derrota era inevitable, pero creían que políticamente era imposible no ir a la guerra ante temor al colapso de la propia monarquía.

La monarquía, por supuesto, no llegó al colapso, pero la Restauración entró en una época nueva, no de decadencia inevitable sino de un cambio en las limitaciones y las oportunidades. Teniendo en cuenta las múltiples facetas del régimen de la Restauración, su desarrollo político podría haber seguido varios caminos. No obstante, lo que estaba claro era que el sistema que Cánovas había diseñado en 1875 como una solución a los problemas de la época liberal anterior, garantizando la estabilidad con un sufragio limitado, el consenso de una pequeña élite y las elecciones manipuladas, iba a enfrentarse a cada vez más dificultades para su mantenimiento. A finales del siglo XIX, el sistema de la Restauración había resuelto algunos de los problemas anteriores, sacando a los militares de la política electoral, creando un sistema bipartidista funcional y manteniendo a la Corona dentro del mandato constitucional. Pero el lado oscuro del sistema, que se saltaba el principio de representatividad, reprimía la participación popular y se apoyaba en mecanismos antiliberales de control electoral, limitaba la capacidad del régimen para ampliar su base e incorporar voces nuevas en una época de sufragio universal masculino. A principios del siglo XX, los diversos esfuerzos de las élites para reformar el sistema «desde arriba», además del impacto de las nuevas fuerzas movilizadoras «desde abajo», generaron una dinámica nueva de limitaciones y oportunidades que marcaron la trayectoria del régimen de la Restauración después de 1898.

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LA POLÍTICA DE LA RESTAURACIÓN:

DEL FIN DE SIGLO A LA CRISIS DE POSGUERRA, 1898-1923

INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EN EL CONTEXTO COMPARATIVO

Durante el primer cuarto del siglo XX, la trayectoria internacional de España se separó enormemente de la de las grandes potencias europeas. Tras la pérdida de lo que le quedaba del imperio de ultramar en 1898 durante un período de expansión de las grandes potencias imperiales, España permaneció neutral en la devastadora conflagración que constituyó la «Gran Guerra», bordeando de esta manera el gran acontecimiento formativo que inauguraba el «corto» siglo XX. Pero, aun así, la evolución política interna de España durante este período compartió los mismos rasgos generales del resto de los países europeos, sometida a una transición problemática y difícil desde la política liberal elitista del siglo XIX a la política de masas del siglo XX, que estalló en una crisis posbélica transnacional del viejo modelo liberal que no estuvo totalmente resuelta hasta que otra guerra brutal cerró esta época turbulenta. Prácticamente todos los países europeos participaron en la primera fase de esta crisis después de la Primera Guerra Mundial, siendo cada caso peculiar tanto por su intensidad como por sus consecuencias a corto plazo a principios de la década de 1920. Este capítulo dibujará el camino seguido por España desde el punto de inflexión de 1898 hasta la crisis de posguerra, destacando los factores que caracterizaron su forma y resultados particulares.

En algunos casos, como Francia y Gran Bretaña, los regímenes liberales existentes se volvieron a estabilizar y se democratizaron alrededor de una estructura de partidos políticos renovada y más inclusiva. Pero en muchos casos, los viejos regímenes elitistas se colapsaron, empezando por el más débil, el escasamente liberalizado Imperio ruso, y siguiendo con las monarquías constitucionales en la Alemania imperial, Italia y España. Cada una de estas crisis políticas provocó unas consecuencias diferentes a principios de la década de 1920: desde una nueva democracia en Alemania a un régimen fascista en Italia, uno comunista en Rusia y un régimen autoritario híbrido en España. El rasgo común fue que la vieja política elitista liberal no fue reformada ni eliminada en un nuevo clima político poblado por una lista más grande y cada vez más poderosa de personajes que se empujaban entre sí para hacer oír sus voces. Y mientras que la identidad específica de estos grupos varió a través de las fronteras nacionales, presentaban similitudes destacables. A la izquierda se situaban los movimientos de masas moderados y revolucionarios de socialistas, comunistas y anarquistas, que debatían si debían colaborar en la construcción de regímenes democráticos o dirigirse directamente hacia la utopía obrera. A la derecha se posicionaban los partidos católicos, los movimientos tradicionalistas y las organizaciones empresariales, que mezclaban exigencias conservadoras con estrategias de movilización modernas. También se desarrollaron los movimientos nacionalistas, incluidos los fascistas, pero también nacionalismos de lenguas minoritarias, algunos de los cuales ocupaban todo el espectro en disposiciones complejas e intentaban atraer seguidores desde todos lados. Y en medio se encontraban los partidos liberales y liberales democráticos, los únicos comprometidos incondicionalmente con el fortalecimiento de los sistemas de gobierno representativo que constituían el statu quo de la Europa de preguerra.

Este remolino de identidades políticas movilizadas desencadenó más de dos décadas de lucha ideológica que algunos han llamado una «guerra civil europea».¹ En esta lucha entre las grandes ideologías de democracia, comunismo-revolución obrera y ultranacionalismo/fascismo, el resultado no era obvio ni estaba predeterminado. La tradición democrática en Europa estaba mucho menos afianzada en 1914 de lo que asumen los teóricos de la modernización.² La historia de «Europa» en el siglo XX se suele escribir como si el período de entreguerras fuera un simple interludio, una aberración en un progreso en líneas generales de democratización que empezó con la Carta Magna* y ganó velocidad con la Revolución francesa. La implicación era que el fascismo y el comunismo en realidad no tenían raíces en la cultura europea y que la democracia y la civilización occidental eran consustanciales. Al mismo tiempo, dicho relato dejaba al margen grandes regiones de Europa, al sur y al este, que siguieron sendas diferentes en el siglo XX. Si consideramos que el período de entreguerras no fue una aberración sino un punto de inflexión, podemos ver que las grandes luchas políticas no eran solo el resultado de unas pocas personalidades fuertes, como Hitler, Mussolini, Franco y Stalin, sino de una auténtica «crisis de significado» en la que Europa se convirtió en un laboratorio para repensar los parámetros de la «buena sociedad» por primera vez desde la revolución liberal. Una vez más, solo mediante la desmitificación y la disgregación del «modelo europeo», la versión española de la crisis, que culminó en la Guerra Civil de 1936-1939, se puede situar en una perspectiva comparativa más precisa.

Pero ¿de dónde surge esta crisis de significado? Los historiadores han discutido durante décadas si existió una trayectoria de choque más o menos evitable entre los regímenes políticos elitistas y las emergentes sociedades de masas, o si fue la guerra la que puso en movimiento un conjunto poderoso de conflictos que desestabilizó los sistemas políticos, pero la verdad se encuentra seguramente en alguna dinámica entre las dos. Mientras que la transformación estructural estaba teniendo lugar a un ritmo desigual en toda Europa y el mundo, a partir de 1890 se produjo una «gran aceleración» que fue capaz de perturbar el statu quo en todo el continente.³ Así, la depresión agrícola de finales del siglo XIX socavó el poder de la élite terrateniente y aplastó a los campesinos pobres y a los jornaleros sin tierras. La urbanización y la revolución de las comunicaciones estaban alcanzando niveles críticos para la organización política y la nueva fuerza de la opinión pública. Y los viejos partidos elitistas, que habían dirigido la revolución liberal en el siglo XIX, estaban cada vez más a la defensiva, constreñidos entre los movimientos populares conservadores, impulsados por el nacionalismo y/o el catolicismo, y los republicanos populistas anticlericales, los socialdemócratas, los partidos obreros y los movimientos de izquierdas. El aumento de la movilización nacionalista inició la época del nacionalismo «hiperactivo», que incluía los nacionalismos anticoloniales, nacionalismos de Estado populistas y nacionalismos de lenguas minoritarias desde Austria-Hungría a Irlanda y España. Que estos cambios condujeran inexorablemente a la guerra y a la crisis es una cuestión que sigue abierta, pero hay pruebas de que existían otros caminos imaginables que aquellos que se tomaron.

En el caso español, la cuestión de si había otros caminos posibles después de 1898 ocupa un lugar primordial en los debates históricos sobre el período. El antiguo relato del «fracaso» simplemente asume que el sistema corrupto de la Restauración, producto de una sociedad atrasada, fue incapaz de democratizarse y por eso estaba condenado al colapso ante la movilización de las masas. Recientemente, se ha reexaminado el período de 1898 a 1923 a través del prisma de un contexto histórico más amplio.⁴ Aunque nadie estará en desacuerdo en que España experimentó una versión muy grave de la crisis de posguerra, provocada por una serie de factores, que van desde el impacto indirecto de la guerra a la fractura de los partidos dinásticos, la presión de la movilización de masas a derecha e izquierda, el freno a las reformas institucionales y la reintroducción del Ejército en la vida política, ya no se puede considerar como un producto único del atraso español.

Los estudiosos no han alcanzado un acuerdo a la hora de situar el «punto de no retorno» para el régimen ni a la hora de valorar en qué medida eran o no posibles otros caminos potenciales.⁵ Pero, en general, han centrado su atención en una serie de puntos de inflexión y de oportunidades que se perdieron o quedaron bloqueadas más por las decisiones o las acciones de uno o varios actores que por encontrarse inscritos en el ADN de la Restauración. Desde esta perspectiva más abierta, podemos contemplar un contexto político sorprendentemente dinámico, en el que las élites propusieron reformas para abrir el sistema y nuevos movimientos políticos, desde los catalanistas hasta el Partido Socialista, experimentaron con distintas maneras de comprometerse con el régimen de la Restauración. El hecho de que ninguna de estas iniciativas tuviera éxito en la transformación de la Restauración en un régimen democrático con una legitimidad más amplia no significa que fueran gestos vacíos de contenido. Sin el peso de la decadencia inevitable, podemos comprender mejor cómo España desarrolló su propio camino hacia la crisis y la dictadura, paso a paso.⁶

1898-1914: LOS ESFUERZOS PARA REFORMAR EL RÉGIMEN «DESDE ARRIBA»

La época política que empezó en 1898 estuvo dominada por el acuerdo amplio de que las reformas eran necesarias para adecuar la monarquía constitucional y «regenerar la vida política», en palabras de Francisco Silvela, el líder del Partido Conservador después de Cánovas. Tuvieran o no estos proyectos una oportunidad realista de saldarse con éxito, la cultura reformista de la segunda mitad de la Restauración la distingue de finales del siglo XIX, con su énfasis en la estabilidad. Y aunque no existía un consenso sobre la solución, la cultura reformista generó una serie de ideas, proyectos y discursos que permitieron nuevas oportunidades e inyectaron una vida nueva en los partidos Liberal y Conservador, demostrando que las élites de la Restauración no eran sencillamente resistentes al cambio, tocando el arpa mientras ardía Roma. Por el contrario, siguieron un programa de modernización del que esperaban que incorporara más voces al sistema político y aumentara su legitimidad, en casa y en el extranjero. Al mismo tiempo, podemos ver en retrospectiva que muchas de sus ideas reformistas parecen inadecuadas o contradictorias, intentando mantener el ritmo, en especial después de 1914, con otros planes para la regeneración de la vida política que se estaban articulando por parte de grupos autónomos cada vez más movilizados, entre los que se cuentan católicos y anticlericales, republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, socialistas y anarcosindicalistas, y el Ejército.

Tanto los conservadores como los liberales estaban de acuerdo con la famosa frase de Silvela según la cual España estaba «sin pulso», y compartían muchos puntos de vista sobre lo que se debía hacer para lograr la regeneración política. En general, los dos partidos estaban de acuerdo en que el prestigio nacional de España en el exterior y la lealtad nacional en el interior se tenían que mejorar. También consideraban necesario algún tipo de reforma electoral para transformar el sistema fraudulento en uno que representara e incorporara intereses más amplios. De la misma manera, reconocían que la «cuestión social» requería algún tipo de intervención estatal más allá de la represión, tanto para proteger a los obreros como para convencerlos de que el Estado podía servir a sus intereses mejor que los movimientos antisistema. Y, finalmente, comprendieron que la religión estaba reapareciendo como una cuestión decisiva en los debates sobre lo que constituía el «problema de España».

Fue sobre la cuestión religiosa donde su análisis de lo que se debía hacer difería en mayor medida. Para los conservadores, España seguía siendo fundamentalmente un país católico, en el que la protección de la unidad religiosa era crucial para fortalecer la nación. En contraste, los liberales estaban divididos, pero acusaban cada vez más a la Iglesia de impedir la modernización de España. Así, establecieron una nueva hoja de ruta con el objetivo de reducir la influencia de la Iglesia en la vida política y adoptaron un discurso secularizador y anticlerical que no había estado presente en la política oficial desde el Sexenio (1868-1874). Pero los dos partidos también diferían en su visión de la cuestión nacional, con los conservadores más dispuestos a negociar la descentralización con los nacionalistas periféricos y los liberales comprometidos con el Estado centralista modernizador.

EL PARTIDO CONSERVADOR Y ANTONIO MAURA

El esfuerzo de reforma conservador está asociado en gran parte con la llamada «revolución desde arriba» iniciada por el sustituto de Silvela, Antonio Maura, después de 1904. Coherente con la convicción conservadora de que la mayoría de los españoles eran profundamente religiosos, Maura creía que abriendo el sistema político a más voces generaría una democracia conservadora que estabilizaría la monarquía constitucional. Siguiendo la senda evolutiva tomada en Gran Bretaña y Bélgica, Maura tuvo la visión de popularizar la monarquía con más lazos simbólicos y visibles entre el joven Alfonso XIII y su pueblo. Con el objetivo de atravesar la capa intermediaria de la corrupción caciquil, también propuso una descentralización que, según afirmaba, pondría el poder en manos de los españoles normales, que finalmente acabarían ejerciendo su papel como ciudadanos. Su reforma de la ley electoral de 1907 se suponía que iba a «dinamitar» las raíces corruptas del sistema y abría el camino para nuevas voces. La ley contenía medidas para reducir el fraude, incluida la revisión por parte de los tribunales de los recuentos de votos impugnados, la creación de comités independientes para establecer el censo y la sustitución de los alcaldes por vigilantes electorales independientes. Maura también pretendía revitalizar una vida política local que se había visto ahogada, según afirmaba, por décadas de centralización, convirtiendo así los municipios en «escuelas de ciudadanía». Propuso conceder más dinero a los gobiernos locales e introdujo la idea de la «corporación», o grupo de votación en las elecciones locales, con la intención de lograr el compromiso de los intereses organizados de la comunidad local, desde asociaciones de empresarios a organizaciones católicas.

Entonces, ¿qué limitó los resultados pretendidos por estas reformas? Por un lado, desde luego, existían problemas con la conceptualización de la «revolución desde arriba». Así, como han señalado los críticos, las reformas electorales de Maura tuvieron poco impacto sobre el caciquismo, que siguió produciendo victorias avasalladoras para los partidos dinásticos en todos los distritos, a excepción de unos pocos «libres». La ley también hizo más difícil convertirse en candidato, aumentando los obstáculos para que quienes no pertenecían a las élites pudieran entrar en el sistema, y no estableció la reforma crucial del voto secreto.⁷ Tampoco incorporó una importante medida democratizadora adoptada por muchas democracias europeas en este período, que es la representación proporcional.⁸ Y finalmente, no dividió los distritos asimétricos que sobrerrepresentaban a las zonas rurales. Maura también socavó sus propias reformas con un estilo de liderazgo autoritario y objetivos contradictorios. Así, inauguró su Gobierno reformista orquestando una victoria electoral excepcionalmente fraudulenta que le otorgó la mayoría absoluta que necesitaba para aprobar su reforma electoral antifraude, pero le puso en contra a los liberales. Y, al mismo tiempo que intentaba abrir el sistema a lo que consideraba que eran las voces conservadoras «auténticas», también reforzó las medidas para silenciar otras voces menos bienvenidas, como sucedió con la ley antiterrorista, que otorgaba al Gobierno el poder para cerrar a voluntad centros y periódicos anarquistas.

Como demuestra la resistencia a esta última ley, el proyecto reformista de Maura también generó una oposición ideológica desde el campo liberal, que rechazó algo más que su estilo de liderazgo arrogante. Desde la perspectiva liberal, las reformas de Maura violaban principios importantes que guiaban su visión del «problema de España». Por un lado, consideraban que su ley antiterrorista y su voto corporativo local entraban en conflicto con los derechos liberales del individuo, en cuanto a libertad de expresión y también con respecto a «un hombre, un voto». Por otro lado, los liberales consideraban que sus planes descentralizadores alejaban el poder del Estado centralizado y animaban la peligrosa dinámica centrifugadora de los nacionalismos regionales. La tensión entre los conceptos corporativistas e individualistas de la vida política moderna se convirtió en una de las líneas de fractura fundamentales en la «guerra civil europea», y España no fue una excepción. Aunque la política dinástica no estaba exenta de los habituales rifirrafes por el poder, también representó una dimensión sustancial en los debates sobre la reforma política.

EL PARTIDO LIBERAL Y JOSÉ CANALEJAS

Los liberales habían sido el partido de las reformas en la Restauración, pero su programa de derechos civiles y políticos básicos había quedado implantado en 1890, generando la necesidad de reinventarse como partido reformador con objetivos nuevos. En términos generales, el Partido Liberal español siguió la tendencia del liberalismo europeo, que se estaba alejando de la doctrina del laissez faire del siglo XIX hacia un papel más intervencionista para el Estado. Partiendo de la vinculación tradicional liberal con el Estado centralista, el «nuevo» liberalismo exigía la ampliación de los poderes y de las obligaciones para aumentar el papel del Estado como agente modernizador y democratizador.

Fue en este contexto cuando algunos líderes del Partido Liberal blandieron la bandera del anticlericalismo y del secularismo, que había quedado confinada a los márgenes del espectro político desde 1875.⁹ El futuro líder liberal, Canalejas, fijó el nuevo tono en su campaña de 1902, en la que identificó la monarquía democratizada con la liberación del clericalismo. En una época de revitalización de la movilización popular alrededor del tema religioso, con los católicos defendiendo el papel de la religión en las escuelas y en la vida pública, por un lado, y los republicanos y anarcosindicalistas anticlericales, por el otro, Canalejas y otros líderes liberales se situaron en el lado moderado de este último campo, presumiblemente con la esperanza de aumentar su base popular. Entre debates parlamentarios, cobertura de prensa y manifestaciones callejeras, la cuestión religiosa fue el primer gran debate de la opinión pública en el siglo XX y, al final de la primera década, el anticlericalismo se iba a consolidar como el tema unificador preeminente de la «izquierda», aunque con posturas diversas a lo largo de un abanico que iba de la secularización suave y la separación de la Iglesia y el Estado a la expulsión violenta, cuyo ejemplo fue la llamada Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909, durante la cual a lo largo de varios días de revueltas anticlericales se quemaron casi un tercio de los edificios religiosos de la ciudad.

Bajo el liderazgo de Canalejas, el Partido Liberal intentó plantear una política coherente de secularización suave que pretendía subordinar las instituciones de la Iglesia al poder civil del Estado, así como garantizar una «libertad de conciencia» más fuerte para los no creyentes. Canalejas y la mayoría de los liberales eran católicos practicantes que no tenían intención de expulsar a la Iglesia de la sociedad española ni de la vida pública, o ni siquiera separar la Iglesia y el Estado, pero sencillamente querían fortalecer aún más la primacía de este último en los asuntos políticos. La reforma esencial introducida por el Partido Liberal tenía por objetivo colocar a las órdenes religiosas ampliamente expandidas bajo el control de la Ley de Asociaciones de 1887, lo que las obligaría a registrarse ante del Estado.¹⁰ El Concordato de 1851 había otorgado al Estado el derecho de limitar el número de órdenes religiosas en el país, pero nunca se había llegado a aplicar por completo, de manera que el registro se consideraba un primer paso en esta dirección. Además, pretendía presentar legislación que promoviera la «libertad religiosa», en cuanto a matrimonios y entierros civiles, así como clases de religión voluntarias en lugar de obligatorias en las escuelas. En términos generales, este plan secularizador habría abierto la puerta a una relación nueva entre la Iglesia y el Estado, en algún punto entre la secularización extrema del caso francés y la Iglesia única y privilegiada que las asociaciones católicas querían preservar en España. Así, la legislación liberal se inclinaba por una Iglesia que ocuparía su puesto como una asociación entre muchas otras en la vida pública española.

Otro de los principales esfuerzos reformistas liberales estaba dirigido a la «cuestión social», aunque aquí compartían el campo con los conservadores. En respuesta a la primera gran oleada de huelgas (1899-1903), incluida la primera huelga general en Barcelona (1902), los dos partidos vieron la necesidad de ir más allá de una visión exclusivamente de «orden público» para resolver el conflicto social. Así, las primeras reformas sociales fueron aprobadas por el Gobierno conservador alrededor del cambio de siglo, incluida la legislación que protegía el trabajo femenino e infantil, haciendo que los empleadores fueran responsables de los accidentes de trabajo, regulando el derecho de huelga y estableciendo un instituto nacional para fijar las pensiones de los trabajadores, así como ordenando un «descanso» dominical obligatorio. Bajo el Gobierno de Canalejas, los liberales aprobaron dos medidas populares que pretendían reducir las cargas adicionales que el Estado hacía recaer sobre los españoles más pobres. La primera abolía el impuesto de consumos sobre los productos alimenticios básicos (1911) y la segunda instituía un servicio militar obligatorio para todos los españoles (1912), aboliendo en teoría el vacío legal que permitía que las familias ricas comprasen, mediante el sistema de «redención a metálico» las obligaciones de sus hijos. Canalejas también planteó la posibilidad de una reforma agraria y abrió la puerta al arbitraje del Gobierno en las huelgas, aplicado con éxito durante una huelga de mineros en Vizcaya en 1910, que terminó con una nueva ley que reducía la jornada laboral de los mineros a nueve horas. Con estas políticas, Canalejas tenía la esperanza de integrar a los obreros en una monarquía más democratizada y alejarlos de los partidos y movimientos más radicales.

El último foco de los esfuerzos del Partido Liberal para regenerar la vida política fue el establecimiento de una política colonial en Marruecos, aunque todas las élites de la Restauración, y en especial Alfonso XIII, compartían el objetivo básico de mejorar el dañado prestigio del país en casa y en el extranjero, manteniendo a España dentro del ámbito del gobierno imperial. En las negociaciones de «grandes potencias» con Gran Bretaña y Francia sobre cómo dividir Marruecos, España obtuvo una «esfera de influencia» sobre aproximadamente la quinta parte del territorio a través de la firma del Tratado de Algeciras de 1906. Al principio se formularon algunos planes optimistas para una «penetración pacífica» de las empresas y las inversiones españolas, respaldada por una presencia militar limitada sobre el terreno y sostenida por el patriotismo popular. Pero la combinación de una resistencia creciente en Marruecos y la percepción de que era necesario «mantener el ritmo de los franceses» en la ocupación de su territorio empujó al Gobierno a un aumento de la presencia española, tanto en presupuesto militar como en tropas. Aunque en retrospectiva la política colonial parece un error de cálculo bastante obvio y un despilfarro de unos escasos recursos, para los líderes políticos la relación entre imperio y prestigio nacional era tan fuerte que las tentaciones que ofrecía una colonia de impacto reducido en el patio trasero de España se hacían difíciles de resistir.¹¹ En la época del Gobierno de Canalejas (1910-1912), no obstante, la esperanza de una «penetración pacífica» había quedado sustituida por un aumento cada vez más desesperado de la presencia española tras la primera gran derrota del ejército colonial en 1909. La decisión de Maura, en 1909, de llamar a los reservistas y enviarlos a Marruecos fue la chispa que provocó la Semana Trágica en Barcelona y precipitó la caída del Gobierno conservador. Aunque Canalejas intentó no enviar más reservistas a Marruecos, su Gobierno y los siguientes se vieron condicionados por una presencia colonial cada vez más impopular y económicamente ruinosa.

La impopularidad de la política colonial fue uno de los elementos del fracaso de los esfuerzos reformistas liberales, porque simbolizaba la incapacidad del partido para ampliar su propia base, así como la de los apoyos del régimen. A ello hay que añadir el trágico asesinato de Canalejas en 1912, que eliminó al líder modernizador más creativo en el campo liberal. Pero, aun así, incluso en medio de sus esfuerzos reformistas, Canalejas se había creado más enemigos que amigos, así que no está claro hasta qué punto su muerte fue una «oportunidad perdida». Por otro lado, las asociaciones católicas lo consideraban un anarquista «comecuras», mientras que, por el otro lado, los republicanos y las organizaciones obreras no tenían de él mejor opinión que de los conservadores, con un recuerdo en el que se mezclaban tanto la protección como la represión del obrerismo, una guerra colonial impopular y solo tímidas medidas secularizadoras. Parcialmente obstaculizadas por la guerra marroquí, muchas de sus propuestas reformistas fueron descartadas por la necesidad de mantener a las élites unidas en respaldo de la política colonial.

Fueran cuales fuesen los límites del proyecto de reformas de Canalejas, la iniciativa liberal para «regenerar la vida política» se fue diluyendo tras su muerte. Canalejas fue sustituido por el conde de Romanones, un político más de la vieja escuela, cuya base de poder se encontraba en las redes clientelares, no en las campañas populares. En este punto, el partido se dividió en facciones, que socavaron cualquier esfuerzo creíble para implantar las reformas que seguían presentes en su programa, incluida la reforma agraria, el sufragio proporcional, la democratización del Senado, la libertad religiosa y la limitación del derecho del Gobierno a suspender los derechos constitucionales.

1914-1923: DE LA REFORMA DE LA ÉLITE A LA MOVILIZACIÓN DE MASAS (PROYECTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS)

La Primera Guerra Mundial en España

El uso de 1914 como punto de inflexión en el camino hacia la crisis política es más simbólico que preciso en España, tanto a causa de la naturaleza desigual y gradual del cambio político como por el hecho de que España no fue un beligerante en la guerra. Un punto de inflexión más preciso para la política elitista podría ser 1913 o quizá 1917, ambos momentos importantes en el colapso gradual del turno. En cuanto al crecimiento de la fuerza de los movimientos alternativos, hubo grandes huelgas generales y el movimiento de la asamblea democrática de 1917, o la explosión de la afiliación a los sindicatos en 1918, pero las raíces de estos movimientos se remontaban a la crisis posterior a 1898. Aun así, 1914 sirve como un eje conveniente, uniendo la crisis española con el resto de Europa, y reconociendo que el período bélico provocó consecuencias similares en España, desde la exacerbación de las tensiones económicas y sociales hasta el crecimiento de la movilización de masas, el nacionalismo y la polarización política.

Incluso en un país neutral, la guerra fue un catalizador poderoso para alterar el statu quo.¹² Los efectos en la economía fueron tan estimulantes como perturbadores. Por un lado, se presentaron muchas más oportunidades para el comercio y las inversiones de capital como consecuencia de la alteración de la economía de los beligerantes. Por otro lado, la gran demanda de exportaciones aumentó los precios en el interior, que superaron el crecimiento de los salarios de los españoles más pobres. Además, la imagen de nouveau riche de los hombres de negocios que habían acumulado grandes fortunas provocó un aumento del resentimiento de clase y proporcionó el combustible y nuevos seguidores a los movimientos de la clase obrera.

En términos políticos más generales, a pesar de la neutralidad incuestionable, la guerra dividió a la opinión pública y a la clase política, profundizando y ampliando debates públicos acalorados sobre el futuro de España en una «guerra civil de palabras».¹³ Durante el transcurso de la guerra, los implicados en los debates se alinearon a favor de los Aliados (aliadófilos) o de las Potencias Centrales (germanófilos), reforzando las posturas opuestas que derivaban del debate religioso de la primera década. Es decir, el público germanófilo se solapó considerablemente con el público católico, en defensa de una España monárquica tradicionalista, religiosa, nacionalista y autoritaria que, según argumentaban, la convertía en aliada natural del Imperio alemán y en enemiga igualmente natural de la Francia «atea» y republicana. De la misma manera, los aliadófilos se identificaban por lo general con una coalición izquierdista, que incluía a la mayor parte de los intelectuales de la llamada generación de 1914, que se identificaban precisamente con la Francia secular, republicana y democrática en contra de los imperios alemán y austrohúngaro. Las élites políticas españolas no consideraron nunca en serio la intervención militar, lo que indudablemente salvó a la Restauración de un colapso inmediato durante la posguerra como el que ocurrió en Rusia y Alemania. No obstante, la «guerra civil de palabras» amplificó las divisiones ideológicas existentes y minó los esfuerzos de los partidos dinásticos para dirigir el país a través de la crisis política que se estaba desarrollando.

Del turno a la fragmentación de los partidos Liberal y Conservador, 1913-1923

Las divisiones de la época de la guerra reforzaron una desintegración interna de las reglas de juego del turno que socavó tanto la legitimidad como el liderazgo de los partidos gobernantes. El controvertido Maura dio el primer paso en 1913, cuando se negó a participar en un «turno» con el Partido Liberal porque consideraba que lo había traicionado. Aunque el rey nombró a otro líder conservador, la decisión de Maura violaba el principio de «reconocimiento del adversario» que había sido uno de los cimientos de la estabilidad del turno. La estabilidad se vio aún más amenazada por la fragmentación de los dos partidos en grupos rivales.¹⁴ Sin ningún liderazgo fuerte en ninguno de los partidos dinásticos, los pequeños partidos opositores jugaron un papel sobre todo obstruccionista, y las Cortes tenían muchas dificultades para aprobar leyes significativas. Así, por ejemplo, las Cortes no fueron capaces de aprobar ningún presupuesto entre 1914 y 1920. El impacto en la legitimidad del gobierno parlamentario se reflejó en la bajada de la participación electoral, que cayó del 76 %, en 1910, al 48-60 % en 1922.¹⁵

A medida que el Parlamento quedaba cada vez más fragmentado y paralizado aumentaba la intervención política del rey y del Ejército. Sin el marco del consenso tripartito del turno, Alfonso XIII tomó decisiones políticas más independientes. Aunque no es justo culparlo de la fragmentación del sistema de partidos, se convirtió cada vez más en un factor impredecible cuyas opiniones políticas fueron cambiando desde unas simpatías iniciales por el regeneracionismo liberal hacia posturas más militaristas y clericales, reflejadas, por ejemplo, en su paso de una posición aliadófila a otra germanófila durante el transcurso de la guerra.¹⁶ Mientras tanto, desde la derrota de 1898, los militares se habían ido reinsertando gradualmente en la política nacional, apoyados en la falta de una subordinación constitucional a la autoridad civil e impulsados por su reputación dañada. La defensa de su reputación provocó el primer conflicto importante entre las autoridades civiles y militares cuando el Ejército exigió una satisfacción por lo que consideró una viñeta irrespetuosa en una revista satírica catalana, Cu Cut, en 1905. Inclinándose ante las presiones del Ejército, el Gobierno aprobó en 1906 la Ley de Jurisdicciones, que otorgaba a los tribunales militares el derecho a juzgar crímenes contra el Ejército. Las tensiones siguieron creciendo entre las autoridades civiles y militares, en especial a medida que el proyecto colonial en Marruecos se fue convirtiendo en una operación militar comprometida. Desde el Cu Cut a Marruecos, Alfonso XIII apoyó cada vez más la postura de los militares y, al final, fue decisión suya apoyar el golpe del general Primo de Rivera en 1923 contra el gobierno parlamentario. Consideremos o no que dicha decisión fuera el «punto de no retorno» final de un sistema constitucional que estaba dañado pero seguía siendo viable¹⁷ o que simplemente terminara con un régimen que estaba más allá de cualquier arreglo, está claro que el rey jugó un papel cada vez más desestabilizador a medida que el régimen se deslizaba hacia la crisis.

Como los partidos Liberal y Conservador perdieron la iniciativa para proponer soluciones al «problema de España», otros grupos movilizados en los márgenes del turno representaban una serie de proyectos políticos alternativos, algunos de los cuales estaban diseñados para reformar o transformar el régimen de la Restauración y otros para sustituirlo, pero todos ellos eran críticos con el elitista statu quo liberal. Estos grupos ocupaban todo el espectro político, incluyendo a católicos, mauristas¹⁸ y nacionalistas, tanto españoles como vascos, por la derecha, y por la izquierda, anarcosindicalistas (CNT) y socialistas (PSOE/UGT), así como movimientos vagamente definidos como centristas democráticos como los republicanos y la Lliga catalanista (aunque estos últimos se acabaron inclinando hacia la derecha). Durante los últimos años del régimen, estos proyectos políticos compitieron y a veces colaboraron en la esfera pública, tal como se reflejaba en la prensa, las manifestaciones callejeras, las huelgas, las revueltas, las peticiones y las propuestas.

¿Existió una oportunidad perdida para la democratización de la Restauración en la integración de al menos algunos de estos movimientos y de sus proyectos políticos? Estudios recientes han apostado por una dinámica menos excluyente, con una voluntad desigual para incorporar a fuerzas nuevas por parte de los partidos elitistas, un proceso que se veía dificultado pero que no era imposible a causa de la diversidad de los proyectos ideológicos entre dichas fuerzas. En general se está de acuerdo en que la naturaleza fracturada y con frecuencia localista de la movilización de masas hacía que fuera improbable que alguno de estos proyectos alternativos pudiera salir adelante, pero eso no significa que un golpe militar fuera la salida inevitable para solucionar la «crisis del liberalismo» en España. Para explicar este resultado final es necesaria una comprensión dinámica de las relaciones entre los grandes actores en un contexto europeo de una tremenda crisis de posguerra, de Moscú a Londres, que enmarcaba una serie de opciones y alternativas para los protagonistas españoles: desde las revoluciones democrática y bolchevique en Rusia, pasando por los consejos de obreros y soldados en Alemania hasta la creación de nuevos Estados nación a partir de los imperios multinacionales y, finalmente, el triunfo fascista en Italia.

Movimientos en la derecha

La movilización católica

A medida que titubeaba el liderazgo de los partidos dinásticos, la iniciativa política empezó a pasar de dentro del turno a sus márgenes. Casi todos los grupos políticos tenían sus raíces a finales del siglo XIX, pero las movilizaciones más amplias empezaron a menudear después de 1898. Por la derecha, quizá el mejor ejemplo fue la reaparición de un movimiento católico alrededor del cambio de siglo, dedicado a defender a la Iglesia y a la nación católica contra la revitalización del anticlericalismo tanto en las calles como en las políticas liberales.¹⁹ A través de los canales tradicionales, como los movimientos devocionales dedicados a María o el Sagrado Corazón de Jesús, y la aparición de pautas de actuación propias de la sociedad de masas, entre ellas una prensa católica local en expansión, asociaciones seculares como Acción Católica, sindicatos agrarios católicos y «círculos obreros», muchos hombres y mujeres católicos se movilizaron en formas políticas nuevas que se enfrentaban a sus oponentes anticlericales en su mismo territorio. Como proclamó un periódico católico, «la protesta ha traspasado los muros del santuario y ha salido a las calles».²⁰ Teniendo en cuenta el alcance local de la movilización, su extensión —a excepción de unos pocos casos bien estudiados— sigue sin estar clara, aunque la geografía de la movilización clerical parece que sigue de cerca las zonas de sus oponentes anticlericales. Esta movilización católica se suele considerar habitualmente como la simple expresión de la jerarquía eclesiástica y/o como un obstáculo al desarrollo político «moderno». No obstante, estudios recientes señalan que esta movilización marcó una ruptura con la política de estilo caciquil y abrió el camino para una politización desde la base que no era menos moderna por ser antiliberal y antidemocrática.²¹

Lo que resulta significativo para la política de la Restauración es que una parte de los que se autodefinían como católicos decidieron que ya no podían seguir confiando en los partidos del turno para defender sus intereses. En su lugar, tuvieron que emprender una acción política directa, aunque en su mayor parte se ejerciera a nivel local. En unos pocos casos, como Valencia, el conflicto entre los republicanos anticlericales y la recién formada Liga Católica (1901) llegó a dominar la política local durante todo lo que quedaba de Restauración. Desde luego, en fortalezas republicanas urbanas de Barcelona a Gijón, los consejos municipales izquierdistas establecieron frentes de combate por todas partes, desde los nombres de las calles a las celebraciones oficiales, batallas que con frecuencia afectaban más a los creyentes que las disputas políticas en Madrid. En las zonas rurales católicas, los católicos y los carlistas empezaron a competir directamente con los partidos dinásticos en las elecciones locales, provinciales e incluso nacionales, ganando algunos escaños.

Lo que evitó que estos movimientos se fundieran en un partido político católico a nivel estatal, como los que existían en Alemania o Italia, fue la división continuada entre los católicos. Algunos católicos, en especial la jerarquía de la Iglesia, siguieron apoyando al Partido Conservador, o al segmento maurista del mismo, mientras que el movimiento carlista modernizado, aunque también dividido, revivió sus fuerzas en sus reductos tradicionales con nuevas asociaciones, organizaciones juveniles, centros recreativos y prensa, y finalmente, el nuevo Partido Nacionalista Vasco empezó a absorber gran parte del voto católico en dicha región. Quizá la falta de un ataque coordinado a nivel nacional contra el catolicismo, en especial después del fracaso de los esfuerzos de secularización de los liberales en 1913, no generó un incentivo suficiente para que los católicos superasen sus diferencias.

El nacionalismo vasco (PNV/CNV)

La dispersión de la política católica tiene un buen ejemplo en el movimiento nacionalista vasco de raíz católica que se convirtió en la fuerza política conservadora de base en la región vasca hacia finales de la Restauración.²² El movimiento se originó a finales del siglo XIX, impulsado por el desengaño ante la pérdida de los fueros en 1876, la derrota de los carlistas y las transformaciones económicas y sociales provocadas por la industrialización. Fundado en 1895 por Sabino Arana, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) defendía una nación vasca independiente a la que llamó Euskadi (integrada por las cuatro provincias vascas) basándose en la identidad católica y racial, el ruralismo, el anticapitalismo y la antiinmigración. Pero la oportunidad para su expansión llegó después de 1898, cuando el PNV incorporó más elementos autonomistas moderados, construyendo un programa pragmático en 1906 basado en la recuperación de los fueros, sin abandonar su retórica separatista. Con este compromiso, el PNV (renombrado CNV [Comunión Nacionalista Vasca] en 1913) fue capaz de construir una especie de partido conservador de masas al menos en algunas partes de la región, lo que los católicos no consiguieron a nivel nacional. Con una base social que incluía trabajadores vascos nativos (integrados en la federación sindical del PNV, formada en 1911), clases medias bajas rurales y urbanas, profesionales y élites industriales, el PNV/CNV fue el primer partido en España en capitalizar el potencial de la movilización interclasista del nacionalismo que estaba teniendo lugar por toda Europa.

La oportunidad para integrar esta base de masas en el sistema de la Restauración se presentó en la campaña para conseguir un estatuto de autonomía de 1917-1919, organizada por la CNV, que se había convertido en la fuerza dominante en la provincia de Vizcaya y estaba creciendo en las demás. Con el fracaso de esta campaña, la CNV sufrió una escisión, con una facción joven, radical y urbana que se separó para formar un partido nuevo, que también se llamó PNV. El éxito de una campaña autonomista habría ayudado a fortalecer el ala moderada integracionista de la CNV y ampliar así la base social del régimen de la Restauración, pero al mismo tiempo su nacionalismo antiespañol habría complicado sus alianzas con otras fuerzas conservadoras.

Los mauristas y el nacionalismo español

De hecho, la aparición del nacionalismo regional provocó la movilización del nacionalismo español a la derecha del espectro político. A partir de 1914, la versión católica del nacionalismo español fue ganando fuerza contra el nacionalismo liberal que iba perdiendo terreno, siguiendo la tendencia europea de la deriva conservadora del nacionalismo.²³ Uno de estos grupos eran los mauristas, una colección socialmente diversa de profesionales y oficinistas de clase media y alta, en un principio más estrechamente relacionados con el Partido Conservador y la política electoral, pero cada vez más autónomos después de la guerra. Los historiadores han discutido si fueron una oportunidad perdida para formar un partido conservador español de masas con una base popular, similar al Partido Tory británico, o si representaron el embrión de una derecha fascista «radical». Durante la guerra, los mauristas fueron uno de los grupos germanófilos principales, organizando mítines públicos multitudinarios y participando en otras formas de actividad política moderna, desde la propaganda a las organizaciones juveniles. Parece que el movimiento integraba tendencias contradictorias, una de las cuales podría haber permanecido dentro del marco parlamentario con el que el propio Maura estaba comprometido, y la otra, especialmente importante en la organización juvenil, que compartía las características antiparlamentarias, ultranacionalistas y militaristas de otros grupos «radicales» de derecha de toda Europa. Fue esta última tendencia la que dominó el período de posguerra, cuando los mauristas compartieron la calle con otras organizaciones ultranacionalistas como la Liga Patriótica Española, en especial en Cataluña y el País Vasco, donde se enfrentaron a los movimientos nacionalistas regionales en nombre de la unidad eterna de España.²⁴

Al igual que los movimientos católicos, los partidos y las ligas nacionalistas vascos y españoles constituían un género nuevo de política conservadora que era popular en lugar de elitista o aristocrático. Y, como en otros países europeos, esta política conservadora apareció en los márgenes de los partidos tradicionales, a veces colaborando con ellos y a veces desestabilizándolos. España presentó todo el abanico de movimientos conservadores modernos, cuyas ideas y formas organizativas se incorporarían en las dos dictaduras. No obstante, el ala «radical» de esta «nueva» política derechista no era lo suficientemente fuerte ni estaba unida como para ganar en la calle, como ocurrió con los camisas negras de Mussolini en Italia. Los movimientos ultranacionalistas estaban localizados y distribuidos de manera desigual, centrados en regiones como Cataluña y el País Vasco, que tenían movimientos obreros y nacionalistas regionales fuertes, y no contaron con el apoyo de grandes contingentes de veteranos descontentos que regresaban de la guerra, como en Italia. En consecuencia, no era probable una revolución fascista de estilo italiano.

Como alternativa, ¿podría Maura haber incorporado a los mauristas y los católicos en un partido conservador moderno que estabilizase el sistema parlamentario alrededor de una clase media católica? Si se presentó el momento fue durante el verano de 1917, cuando Maura tuvo la oportunidad de unirse al movimiento de la asamblea democrática, pero decidió no hacerlo. El Partido Tory demostró que este escenario constituyó una posibilidad real, pero existían muchos factores que actuaban en contra de una salida de este tipo en España, entre ellos los instintos autoritarios de Maura, que le hacían adoptar una postura ambivalente sobre el liderazgo de un partido de masas, y las convicciones antiliberales de muchos católicos. Desde la perspectiva comparativa, aunque los católicos lograron dar lugar a partidos conservadores de masas en la Italia de posguerra y la Alemania de Weimar, en ninguno de los dos casos consiguieron salvar del colapso a los regímenes parlamentarios, en parte a causa de su propia ambigüedad sobre la democracia y en parte porque nunca pudieron formar coaliciones con los partidos de izquierdas. Cuando llegó el momento decisivo, los partidos conservadores tradicionales facilitaron o se subordinaron a las fuerzas con más empuje de la derecha radical. En la mayor parte de Europa, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los partidos conservadores de masas inequívocamente democráticos se convertirían en la norma.

Movimientos en la izquierda

Al otro lado del espectro político, la «izquierda» después de la Primera Guerra Mundial estaba igualmente dividida y era ambigua sobre la democracia parlamentaria indecisa entre un ala «maximalista» que buscaba una revolución de clase inmediata y un ala «reformista» concentrada en la socialización de las democracias liberales. Estas divisiones, con su encarnación más famosa en el enfrentamiento entre espartaquistas y socialdemócratas (SPD) en Alemania, o entre sindicalistas y el Partido Socialista en Italia, se reprodujeron entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la federación anarcosindicalista (CNT). Al mismo tiempo, estas diferencias organizativas no captan en su totalidad la complejidad de las posiciones en el interior de los grupos de izquierda, ni entre unos y otros.²⁵ Así, todos estos compartían, en cierta medida, la visión a largo plazo de sustituir la democracia «burguesa» por un régimen igualitario dirigido por los obreros, y por eso ninguno de ellos realizó la transición completa hacia los partidos indiscutiblemente socialdemócratas tras la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, todos estos grupos también estaban enzarzados en debates internos sobre el grado de colaboración y de esfuerzo que debían poner para reformar los regímenes «burgueses» existentes, así que se presentaban algunas oportunidades para, por un lado, al menos incorporar parcialmente los movimientos de la clase obrera en un proyecto democratizador y por el otro lado, una revolución obrera. En el caso español, las oportunidades para estas dos opciones eran relativamente débiles, pero no estaban ausentes. Una vez más, fue la interacción dinámica entre los diferentes grupos de izquierdas y otros actores políticos lo que definió el papel de la «izquierda» en la crisis de posguerra del liberalismo.

Los socialistas (PSOE/UGT)

Ambas organizaciones obreras tenían sus raíces en el siglo XIX, pero tanto la una como la otra realizaron saltos cualitativos en el período de posguerra que las convirtieron por primera vez en actores políticos significativos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialista (1879) y su rama sindical, la UGT (Unión General de Trabajadores) (1882), eran mucho más pequeños que sus homólogos europeos, tanto en su capacidad de organización sindical como en su peso político. Así, en contraste con el Partido Socialista Italiano, que tenía 33 diputados electos en 1900, en España el primer diputado socialista fue elegido en 1910, formando parte de una coalición republicano-socialista que alcanzó un punto culminante de siete escaños en 1923, cuando el partido consiguió una gran victoria en Madrid. La UGT tuvo más éxito, al pasar de 6.000 afiliados en 1898 a 100.000-200.000 en su punto culminante en 1918, pero seguía siendo relativamente pequeña en términos europeos. Los socialistas tuvieron más éxito en los centros industriales de Asturias y el País Vasco, donde llegaron a dominar todas las comunidades mineras. El alcance nacional limitado de la UGT se puede explicar en parte por el desarrollo industrial desigual, pero los socialistas también limitaron su atractivo al no buscar con vigor la movilización de los trabajadores agrícolas, que ocupaban una posición marginal en la teoría marxista ortodoxa.

El alcance nacional limitado del PSOE podría explicar por qué se dedicaron menos esfuerzos a integrarlo en el sistema político «burgués» que otros partidos socialistas europeos, ocupando el otro extremo del espectro de la posición socialdemócrata «reformista» del electoralmente poderoso SPD alemán. Teniendo en cuenta las limitaciones de las elecciones manipuladas, así como la competencia de republicanos y anarcosindicalistas en la búsqueda del apoyo obrero, no resulta sorprendente que el PSOE decidiese canalizar la mayor parte de sus recursos hacia la organización sindical en lugar de a la competición electoral. Sin embargo, en el período de posguerra, el PSOE/UGT extendió sus tentáculos tanto hacia la dirección reformista como hacia la «maximalista» participando en el movimiento de la asamblea democrática, así como en la huelga general revolucionaria, de manera que su papel fue fluido e inestable.

Los anarcosindicalistas (CNT)

Un elemento clave de la postura del Partido Socialista en su política de posguerra fue su relación con la organización obrera que competía con él, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo). La CNT hundía sus raíces en el movimiento anarquista «apolítico» del siglo XIX, pero su creación en 1910 inició una fase nueva en cuanto a estructura e ideología. En lugar de la anterior idea desestructurada del levantamiento popular espontáneo, la CNT adoptó la nueva estrategia sindicalista francesa de la huelga general revolucionaria. Así, la revolución se iniciaría con una huelga general masiva que pondría de rodillas al país, desencadenaría la crisis política y abriría el camino para una nueva sociedad igualitaria. Tanto en el presente como en el futuro, el marco organizativo era el sindicalismo, la constitución de sindicatos amplios que gestionarían tanto los asuntos económicos como los políticos en federaciones voluntarias, en lugar del Estado. La unión de los objetivos anarquistas apolíticos y la organización sindicalista dio como resultado la organización del movimiento anarcosindicalista, que proporcionó una estructura más permanente para la movilización obrera. De los 40.000 afiliados iniciales en 1910, la CNT llegó hasta los 800.000 en su momento álgido en 1918, superando de largo a la UGT.

Aunque la fuerza continuada del anarquismo en el siglo XX se consideró en su momento como otro indicio del atraso político de España, el mayor atractivo de la CNT frente al PSOE/UGT tiene poco que ver con el binomio moderno/ tradicional. Así, la negativa a participar en la política electoral tenía sentido en un contexto en el que se conseguían pocas victorias a través de las elecciones, centrando su actividad política en el ámbito local. También, su organización descentralizada y horizontal evocó la fuerte tradición republicana federal. Finalmente, su captación de los trabajadores agrícolas, en especial los jornaleros sin tierras (braceros) del sur, los convirtió en un movimiento más inclusivo. Más aún, existía una compleja geografía local y regional de los dos movimientos que cruzaban los contextos sociales y económicos «modernos» y «tradicionales».²⁶ Así, la CNT desarrolló bastiones urbanos industriales en Gijón y Barcelona, mientras que la UGT tuvo su fuerza urbana industrial en Madrid y Bilbao (entre los obreros inmigrantes no vascos). De igual manera, la fuerza de la CNT rural entre los braceros en Andalucía occidental se enfrentaba a reductos más pequeños de apoyo rural a la UGT en Extremadura y Andalucía oriental.²⁷ En lugar de considerar a la CNT como un elemento único del subdesarrollo de España, resulta más útil verla como la izquierda «maximalista» de España, un actor importante en todas las crisis de posguerra en el continente europeo. Desde esta perspectiva, el hecho de que la izquierda revolucionaria de España fuera anarcosindicalista en lugar de comunista hacía que una revolución de estilo bolchevique fuera menos probable. La CNT descentralizada y apolítica era incapaz, y se oponía ideológicamente, a este tipo de revolución de planificación centralizada que desencadenaron los bolcheviques en octubre de 1917.²⁸

Al mismo tiempo, resulta demasiado simplista catalogar a la CNT sencillamente como una fuerza revolucionaria fracasada y enemiga implacable de cualquier proyecto democratizador. Así, incluso dentro de la CNT se debatía sobre las posibilidades a corto plazo de las posturas «reformistas», sobre las que los sindicalistas tenían la esperanza de establecer una serie de relaciones industriales de colaboración en las que los obreros pudieran defender sus intereses a corto plazo, mientras que los anarquistas defendían la acción directa insurreccional «maximalista».²⁹ En la práctica, la tensión entre objetivos sindicalistas y anarquistas cambiaban y se transformaban a nivel local, regional y nacional, dependiendo de las oportunidades que planteaba el contexto inmediato de la crisis de posguerra que evolucionaba con rapidez.

Movimientos en el centro

El republicanismo

Para complicar aún más la dinámica cambiante entre revolución y reformismo entre las organizaciones de la clase obrera, se presentaba la competencia por el apoyo obrero por parte de los partidos democráticos interclasistas, que pretendían movilizarlos en grandes coaliciones que pudieran democratizar el sistema elitista de la Restauración. Los que tuvieron más éxito entre todos ellos fueron los diversos partidos republicanos. Situados en el centro-izquierda del espectro político, intentaron movilizar a los obreros y la clase media española en una alianza interclasista democrática y anticlerical, siguiendo el modelo de éxito de la Tercera República Francesa. El republicanismo también hundía sus raíces en el siglo XIX, con su apogeo durante la corta vida de la Primera República pero, como ocurrió con otros movimientos populares, entró en una fase nueva después de 1898. Marcado por la creación de una generación nueva de partidos republicanos, entre ellos el Partido Radical de Alejandro Lerroux en Barcelona, los blasquistas de Blasco Ibáñez en Valencia y el Partido Reformista de Melquíades Álvarez en Asturias, el nuevo republicanismo movilizó a través de las técnicas de la política de masas, desde los mítines a los carteles de campaña y los líderes carismáticos.³⁰ Con la pretensión de captar a los nuevos votantes aportados por la ley de 1890, los nuevos partidos republicanos tuvieron éxito en la transformación de la política local en sus bastiones urbanos, formando mayorías en los consejos municipales en una serie de ciudades antes de la guerra.

Quizá tuvieron más impacto que ganar elecciones los amplios esfuerzos de los republicanos para movilizar y politizar a la mayor parte de las poblaciones urbanas. A través de una prensa republicana en crecimiento, así como de una tupida red de asociaciones, escuelas seculares, actividades recreativas y centros obreros, los partidos republicanos locales articularon un medio vibrante en el que los obreros y otros españoles de clase baja se podían convertir en ciudadanos educados e informados, creando una «cultura de movilización» que contrastaba con la desmovilización de la primera época de la Restauración. Resulta significativo que, en este período anterior a la guerra, este medio popular era un «gran paraguas» bajo el cual se relacionaban republicanos, anarcosindicalistas e incluso socialistas, todos ellos atraídos por los recursos institucionales y los valores básicos compartidos, desde la oposición al sistema elitista de la Restauración hasta la educación popular y el anticlericalismo.

Pero, aun así, el proyecto político republicano democrático intentó tener un impacto en la política nacional.³¹ De manera similar a la movilización católica de este período, siguió teniendo en gran parte una influencia local y su distribución por el país era desigual. Como solo resultó elegido un número pequeño de diputados republicanos a Cortes, con cifras en declive durante el período de posguerra, el republicanismo se solía obviar como algo marginal hasta su reaparición en escena, aparentemente de la nada, en 1931. Pero no se puede discutir que una generación de estudios locales ha revelado el impacto del republicanismo como fuerza movilizadora de base durante este período.

A nivel nacional, el grupo republicano más visible era el Partido Reformista, pero solo después de que su líder declarase que podría aceptar una monarquía democrática. Entonces el Partido Reformista se convirtió en el segundo partido que no pertenecía al turno en participar en un Gobierno de coalición (en 1922, tras la Lliga catalana, en 1917). Este momento se ha identificado con frecuencia como una oportunidad importante para la democratización y la incorporación de voces nuevas. Para los optimistas, fue una oportunidad interrumpida por el golpe militar; para los pesimistas, no habría sido suficiente para transformar el sistema no representativo de la Restauración, y, como siempre, existen pruebas que sostienen las dos posiciones.

El catalanismo y la Lliga

El otro gran grupo centrista de oposición que parecía que tenía el potencial para reformar el sistema desde dentro era el partido catalanista, la Lliga Regionalista, aunque se fue desplazando cada vez más a la derecha durante la crisis de posguerra. La Lliga fue creada en 1901 por Francesc Cambó y muy pronto se convirtió en una fuerza política importante en Cataluña.³² El regionalismo catalán se había ido desarrollando durante el último tercio del siglo XIX, siguiendo una retórica «modernizadora» que era todo lo contrario de su homólogo tradicionalista vasco. La identidad regional catalana se desarrolló a través del llamado renacimiento cultural, que pretendía recuperar y crear los símbolos y los objetos de una identidad catalana única, incluyendo una recuperación del catalán como lengua de producción literaria. Los primeros centros catalanistas surgieron en la década de 1880, formando una federación en 1891. En 1892, esta Unió Catalanista formuló un programa, las Bases de Manresa, que defendían el principio de una identidad catalana separada, una lengua catalana oficial, la adopción de la ley catalana y la autonomía regional, con control sobre las finanzas, la recaudación de impuestos y el orden público. En 1896 había 16 filiales locales que reunían entre 2.500 y 5.000 miembros, divididos entre un ala regionalista apolítica y un ala nacionalista que quería crear un partido político catalanista.

Todas estas piezas se unieron en un movimiento catalanista viable después de 1898, cuando el golpe a la economía de Cataluña a causa de la pérdida de los mercados coloniales aumentó la desilusión con los partidos dinásticos. En este sentido, y en contraste con el PNV, la Lliga surgió del mismo medio regeneracionista que otras voces nuevas que eran críticas con la capacidad del sistema existente para dirigir la nave del Estado. La Lliga unió a los intelectuales de la Unió Catalanista con hombres de negocios de las élites para formar un partido que era reformista, regionalista y nacionalista, pero no separatista. Desde una posición de autonomía, Cataluña podría dirigir la regeneración del resto de España, convirtiéndose, en la visión de la Lliga favorable a los negocios, en el motor de una economía y una sociedad modernas. También existía una versión republicana del catalanismo, enraizada en la fuerte tradición federalista de la región, que se unió a la Lliga en la coalición Solidaritat Catalana, entre 1906 y 1909. Solidaritat consiguió el 67 % de todos los votos en las elecciones de 1907 y 41 de los 44 escaños en las Cortes. Pero la coalición se disolvió después de la Semana Trágica, cuando la Lliga apoyó la represión del Gobierno contra la izquierda. Los catalanistas republicanos formaron la Unió Federal Nacionalista Republicana en 1910, pero fue el Partido Republicano Radical anticatalanista de Lerroux el que consiguió una mayor penetración entre las clases bajas (con frecuencia inmigrantes no catalanes).

Aunque el catalanismo republicano no desapareció, la Lliga elitista y de centro derecha se convirtió en la fuerza catalanista dominante durante lo que quedaba de Restauración. De hecho, de todos los partidos nuevos que no formaban parte del turno, probablemente la Lliga fue la que estuvo más cerca de perturbar el sistema bipartidista. En Cataluña aplastó el turno, superando el número de escaños que ocupaban los dos partidos dinásticos de 1918 a 1923.³³ Con su influencia creciente, la Lliga negoció el primer reconocimiento de la identidad política catalana, la Mancomunidad (1914), que era una entidad administrativa que agrupaba y coordinaba las cuatro diputaciones provinciales catalanas. En 1917, la Lliga se convirtió en el primer partido que no formaba parte del turno en unirse a un Gobierno, y desde esta posición maniobró para conseguir un estatuto de autonomía, aprobado en 1918.

Pero al final, una combinación de factores minó la capacidad de la Lliga para democratizar y reformar el sistema, o para lograr sus objetivos autonomistas. A lo largo de este período, la Lliga intentó equilibrar sus metas democratizadoras y la autonomía catalana con el deseo de mantener el orden público demandado por sus miembros procedentes del mundo de los negocios, pero se demostró que cada vez era más difícil mantener un balance adecuado entre todas ellas. Era difícil liderar una campaña de democratización del Estado español desde Cataluña porque el sentimiento anticatalán era fuerte incluso entre los partidos de oposición. También era igualmente difícil dirigir una campaña a favor de la autonomía catalana en Madrid, teniendo en cuenta las inclinaciones centralistas de los liberales españoles, aunque el Gobierno esbozó un plan que estaba en la agenda política hasta que los conflictos laborales pasaron a ocupar un lugar preferente. Y finalmente, como demostró la reacción ante el enconamiento de los conflictos laborales, para las élites de los negocios que formaban la Lliga resultó un reto insuperable dirigir un amplio movimiento democrático porque, cuando llegó el momento, se situaron con firmeza al lado del orden social y la represión. A partir de 1917, cuando la Lliga se encontraba a la cabeza del movimiento de reforma democrática, se fue desplazando cada vez más hacia la derecha, culminando en 1923 cuando no se opuso al golpe militar.³⁴ No será hasta la década de 1930 cuando una coalición catalanista republicana fue capaz de formar un movimiento democrático ampliamente interclasista.

PUNTOS DE INFLEXIÓN EN LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN, 1917-1923

Como debería ser obvio por la variedad de actores políticos y proyectos alternativos que se han presentado hasta el momento, la cronología de puntos de inflexión y de oportunidades potencialmente perdidas para la reforma del sistema político no puede ser lineal ni directa. En el camino hacia la democratización no hubo una oportunidad perdida sino, en el mejor de los casos, una secuencia potencial de decisiones que se reforzaban entre ellas o de acontecimientos que plausiblemente podrían haber conducido a esta resolución más deseable de la crisis de posguerra en España. Aun así, a través del paisaje de oportunidades múltiples y entrecruzadas, existen muchos puntos de inflexión importantes en el período de posguerra que alejaron al país de la democratización en lugar de acercarlo.

El movimiento de la asamblea democrática, 1917

El primer gran punto de inflexión fue el movimiento de la asamblea democrática del verano de 1917.³⁵ Durante un período de tiempo corto, casi todos los movimientos centristas e izquierdistas importantes en España, desde los catalanistas y los republicanos al PSOE/UGT e (indirectamente) la CNT, se unieron en torno a un llamamiento para la transformación democrática que debía empezar con unas elecciones «limpias» a Cortes constituyentes. La Lliga catalana inició el movimiento al convocar una asamblea de todos los parlamentarios elegidos por Barcelona en julio de 1917. Aunque solo se presentaron el 20 % de los representantes de los partidos que no formaban parte del turno, entre las fuerzas de oposición se había extendido un amplio optimismo de que España estaba al borde de una revolución democrática, que seguiría los pasos de la primera Revolución rusa. Aumentó el optimismo el apoyo inicial de un sector del Ejército, los oficiales particulares, que recientemente habían formado las juntas de defensa que empezaron como grupos de presión profesional pero que se unieron a un ataque más amplio contra el caciquismo y a llamamientos para la regeneración. Incluso hubo esfuerzos para reclutar a las fuerzas políticas conservadoras, desde Maura y sus seguidores hasta el rey, que teóricamente podría haber unido a derecha e izquierda en un nuevo sistema de partidos que incorporase a católicos, nacionalistas regionales, republicanos y los sectores moderados de las organizaciones de la clase obrera.

Sin embargo, a finales del verano había fracasado, aplastado por una pléyade de oportunidades perdidas. La primera fue que ninguna de las élites dinásticas, incluidos el rey y Maura, aceptaron apoyar el movimiento, lo que hipotecó la posibilidad de una transformación del régimen «de arriba abajo». La segunda, el movimiento no podía mantener unida su heterogénea base de clases e ideológica en una época de creciente militancia sindical. La alianza interclasista fue sometida a una prueba inmediata en agosto de 1917 cuando, por una serie de razones complejas (que es posible que incluyeran provocaciones del Gobierno), la UGT se sintió forzada a declarar una huelga general revolucionaria. Aunque sus exigencias reflejaban las de la asamblea democrática, como huelga general revolucionaria fue reprimida con dureza por el Ejército y condenada como un error por la Lliga. La combinación de retórica revolucionaria y demandas moderadas es un ejemplo del mensaje contradictorio que presentan con frecuencia los movimientos socialistas europeos, al intentar equilibrar las exigencias más radicales de sus bases con el deseo pragmático de apoyar la democratización, al menos a corto plazo. La respuesta de la Lliga también es un ejemplo de la ambigüedad de un partido principalmente «burgués» cuando se enfrenta a un conflicto aparente entre democratización y orden social.

Y finalmente, la decisión del Ejército de seguir las órdenes y romper la huelga en lugar de confraternizar con los obreros fue crucial para mantener el statu quo. Como han demostrado los estudios comparativos, no es probable que prosperen las revoluciones si las fuerzas del orden siguen leales al régimen. Pero en lugar de seguir sencillamente leal al statu quo, después de flirtear brevemente con la reforma política, los militares empezaron a jugar un papel más interesado en la política de la Restauración, volviendo las juntas de defensa a su papel de grupos de presión corporativos para asegurarse una legislación favorable o para evitar reformas militares indeseadas. A esta tendencia de aumento de la influencia del Ejército en la política se añadía que los gobernadores militares y sus guarniciones, en especial en ciudades conflictivas como Barcelona, ganaron más poder sobre las autoridades civiles, declarando el «estado de guerra» que suspendía las garantías constitucionales durante meses e imponía políticas autoritarias de ley y orden.

La huelga de La Canadiense, 1919

El siguiente punto de inflexión implicó la oportunidad perdida en 1919 para incorporar un movimiento sindical en rápida expansión a través de reformas sociales y un sistema eficaz para la regulación de las relaciones laborales.³⁶ Este fue un momento crucial para establecer unos parámetros nuevos en las relaciones laborales, después de que los sindicatos CNT y UGT hubieran alcanzado cerca de un millón de afiliados prácticamente de la noche a la mañana. No resulta sorprendente que el número de huelgas y de acciones laborales hubiera crecido exponencialmente, tanto en los centros urbanos, con Barcelona en el epicentro, como en el interior rural de Andalucía, donde un nivel sin precedentes de agitación social estuvo presente hasta 1920. Como la CNT había movilizado a la gran mayoría de estos trabajadores, era el principal protagonista del movimiento obrero en un diálogo a tres entre empleadores, trabajadores y el Estado (aunque en la práctica había subdivisiones de cada una de estas categorías). Pero en lugar de institucionalizar las relaciones laborales, el diálogo fracasó, desencadenando una represión militarizada, violencia terrorista, cientos de muertos y la desarticulación del movimiento sindical, sin mencionar el impacto indirecto de torpedear las negociaciones sobre los estatutos de autonomía vasco y catalán, otra oportunidad perdida relacionada con este punto de inflexión.

En Barcelona, la trayectoria ascendente de la CNT se vio consolidada con la organización de sindicatos por ramas industriales en 1918, que podían desencadenar acciones significativas contra los empresarios. Aunque la CNT conservó una mezcla inestable de anarquistas insurreccionales y sindicalistas interesados en desarrollar los sindicatos, estos últimos estaban logrando una posición dominante bajo el liderazgo capaz de Salvador Seguí. La estrategia de Seguí culminó con el éxito de una huelga por las condiciones de trabajo en febrero de 1919, declarada por los trabajadores de la planta eléctrica de La Canadiense. Después de unirse más de 100.000 obreros en solidaridad con los huelguistas originales, el Gobierno aceptó negociar un acuerdo que garantizaba a los obreros la mayoría de sus exigencias principales, incluido un aumento de salarios y la jornada de ocho horas.

Después de este punto culminante, el camino hacia la institucionalización de la negociación colectiva empezó a tropezar, con la discusión sobre cuál de los actores era más culpable de lo que se acabó convirtiendo en una guerra terrorista de pistolerismo en las calles de Barcelona, entre los «grupos de acción» anarquistas y las fuerzas paramilitares de los derechistas Sindicatos Libres, contratados con frecuencia por los empresarios. Una versión culpa principalmente a la espiral de radicalización de la CNT, en la que el equilibrio de poder empezó a cambiar del lado de Seguí al de los anarquistas insurreccionales. Otros plantean que la radicalización de la CNT fue consecuencia de la intransigencia de los empresarios y de su falta de voluntad para aceptar un movimiento sindical fuerte e integrado. Finalmente, unos terceros destacan la debilidad resolutiva del Estado y su incapacidad para garantizar el terreno en el que obreros y empresarios se podían sentir seguros para negociar, en lugar de alternar temerariamente entre conciliación, pasividad y represión, aprobando la legislación que establecía la jornada de ocho horas, pero sin imponer su aplicación. Está claro que fue ganando velocidad una dinámica destructiva entre estos tres actores, con un punto de no retorno que se alcanzó probablemente a finales de 1919. Otro elemento que alimentó esta dinámica fue la poderosa reverberación de la revolución bolchevique, que aumentó la paranoia de los empresarios y del Estado, al mismo tiempo que animaba a los elementos «maximalistas» en el movimiento sindical. El asesinato de Seguí en 1923 representó más una tragedia individual que una oportunidad desaprovechada para la CNT, que para entonces ya había perdido a las dos terceras partes de su militancia.

Si la integración democrática del movimiento obrero se vio hipotecada por esta dinámica destructiva, ¿qué factores frenaron una revolución de tipo bolchevique en 1918-1919? Desde la perspectiva de León Trotsky en aquella época, España era el lugar más indicado para que estallase una revolución, y tanto la CNT como el PSOE apoyaron inicialmente a la Tercera Internacional comunista en 1919. Sobre el terreno, parecía disponerse de los cimientos necesarios para el establecimiento de una especie de alianza urbana-rural entre los obreros industriales y los campesinos pobres siguiendo el modelo de la Revolución rusa. La CNT pasó de unos pocos miles de miembros a 100.000 afiliados en Andalucía de 1918 a 1919, y las zonas rurales del sur se vieron sacudidas por protestas cada vez más coordinadas que exigían aumento de salarios, el final del trabajo a destajo, la preferencia a contratar trabajadores locales y un empleo más regular en la industria de temporada, pero con una retórica que remitía a ambiciones más amplias de distribución de tierras o el reparto. Aunque esta oleada de protestas rurales recibió la etiqueta de «trienio bolchevique», en realidad había pocas posibilidades de que una revolución de ese tipo tuviera éxito. Además del obstáculo principal de un aparato represivo militar intacto, que procedió a desarticular el movimiento obrero rural, estaba la desunión entre la CNT y la UGT, la falta de sincronía entre oleadas de huelgas y acciones sindicales por todo el país, y la ausencia de un partido revolucionario centralizado como los bolcheviques para que lo dirigiera. A pesar de las apariencias de lo contrario en 1918-1919, los obstáculos para el éxito de una revolución obrera eran probablemente mayores que para una democratización potencial del sistema político.

¿UN ÚLTIMO ESFUERZO DE REFORMA «DESDE ARRIBA», 1920-1923?

¿Hubo más oportunidades perdidas para la democratización durante los últimos años de la Restauración, entre 1920 y 1923? Aunque algunos han planteado que el punto de no retorno ya había pasado en 1917 o 1919, se puede argumentar que el Gobierno tuvo una última oportunidad para estabilizarse siguiendo el camino de una reforma gradual «desde arriba». Con el movimiento sindical desarticulado por todo el país, los movimientos catalán y vasco divididos y sometidos, e, irónicamente, una oleada de patriotismo nacional después de otra derrota militar en Marruecos en la batalla de Annual en julio de 1921, los líderes parlamentarios tenían la pelota en su tejado.³⁷ En particular, mientras los diputados discutían a quién asignar la «responsabilidad» del desastre de Annual, parecía que estaban más dispuestos que nunca a aplicar la idea de reformar el régimen y debatieron abiertamente de muchos problemas, desde la corrupción política al problema social y la reforma de los impuestos, que estaban de acuerdo en que se tenían que solucionar. Los debates parlamentarios permitieron que destacasen actores nuevos, como el PSOE, que casi duplicó el número de sus diputados (de 4 a 7) en las elecciones de 1923, con un programa que asignaba «responsabilidades» y que se mostraba dispuesto al escrutinio de la opinión pública como nunca antes. Los Gobiernos incluso propusieron medidas para aumentar el control civil sobre las autoridades militares, desde la disolución de las juntas de defensa hasta el establecimiento de una administración civil en Marruecos y el fin del estado de excepción en Barcelona.

Pero si se planteaban oportunidades para reformar la gestión de la «ciénaga marroquí», también se exacerbaron los problemas existentes, incluidas las divisiones dentro y entre los partidos políticos (después de un corto Gobierno de unidad nacional), la tensión entre autoridades civiles y militares, y la ya débil legitimidad del régimen y de su cabeza, el rey Alfonso XIII, que estaba íntimamente implicado en la política colonial. Resulta difícil saber con certeza cómo se habría desarrollado el equilibrio entre obstáculos y oportunidades si no hubiera sido por la ruptura del golpe militar de septiembre de 1923. Los debates siguen girando en torno a si aún quedaba un resto de vida viable en el régimen parlamentario cuando finalmente fue eliminado.

CONCLUSIÓN

La mayoría de los estudiosos estarán al menos de acuerdo en que el camino hacia el golpe de Estado de 1923 se debería enmarcar como un proceso contingente que reflejó la interacción dinámica entre todos los grandes actores, desde los partidos dinásticos hasta los nuevos movimientos de masas, y los acontecimientos que tuvieron que interpretar, desde la Primera Guerra Mundial hasta la revolución bolchevique o el pantano marroquí. Mirando a través de una serie de puntos de inflexión y oportunidades perdidas, podemos seguir la evolución del régimen desde la crisis de 1898, a través de los esfuerzos de reforma de los partidos dinásticos, hasta el movimiento de la asamblea democrática, la expansión de los sindicatos y la crisis colonial. Ninguno de estos puntos de inflexión dependió de una sola acción o decisión, sino de la interrelación compleja entre diversas fuerzas que sencillamente no habían sido protagonistas importantes en la política nacional durante los primeros 25 años de la Restauración. Como consecuencia, por una parte, la segunda mitad de la Restauración rebosaba de vitalidad y de proyectos políticos alternativos para transformar la cultura y la práctica políticas. Pero por otra, la legitimidad del régimen se resintió bajo las demandas en competencia y con frecuencia contradictorias que planteaban los revolucionarios, los nacionalistas regionales, las organizaciones católicas, los republicanos o los monárquicos demócratas. Aunque el régimen tuvo algún éxito en la incorporación de fuerzas nuevas, la estructura básica del caciquismo y de las elecciones manipuladas que impedían una democracia más representativa siguieron estando presentes hasta el final.

Al mismo tiempo, es importante destacar que el fracaso de España en la transición del liberalismo a la democracia en el período de posguerra no fue único ni anormal. Lo que era normal era la transición problemática de la política elitista decimonónica a la política de masas del siglo XX, con la democratización solo como una de las hojas de ruta para salir de la crisis. Es más, la ruta democrática era en gran medida experimental y sin ninguna experiencia previa. Así, aunque se fundaron muchas democracias nuevas por toda Europa en este período, la mayoría de ellas no sobrevivió a la guerra civil europea de las siguientes dos décadas y media.

TERCERA PARTE

LA VISIÓN LARGA: CAMBIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES, 1830-1930

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EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA: 1830-1930

Los dos capítulos de la tercera parte se alejan de la cronología más precisa de la narración política para presentar una visión a largo plazo de la evolución económica, social y cultural desde la revolución liberal hasta la Segunda República de la década de 1930. En lugar de incluir fragmentos de esta historia dentro de la narración política, estos capítulos destacan las tendencias generales que siguieron su propio ritmo. Mientras que los acontecimientos políticos, en especial las grandes catástrofes de las guerras napoleónicas en un extremo y la Guerra Civil de 1936-1939 en el otro, tuvieron un impacto en el desarrollo económico, social y cultural, el patrón general fue de una evolución gradual y sostenida, y de transformación estructural. Este capítulo se centra en la economía y la población, que consolidaron un patrón de un crecimiento y un desarrollo gradual y sostenido, aunque regionalmente desequilibrado.

En contraste con el viejo paradigma del «fracaso», o el más suave del «atraso», los revisionistas han planteado que este patrón de crecimiento encaja dentro del modelo europeo más amplio de desarrollo económico, que incorporaba el aumento de los ingresos y de los indicadores de salud, la industrialización, una balanza comercial favorable y una producción de alimentos que iguala el ritmo de crecimiento de la población. El éxito se debería medir no en función de si una economía es capaz de imitar a las más desarrolladas del mundo, sino por su flexibilidad, adaptabilidad e innovación.¹ Al mismo tiempo, este período consolidó las diferencias de crecimiento en Europa, entre las economías más ricas y de crecimiento más rápido del norte y el oeste de Europa, las economías de crecimiento más lento del sur de Europa y las economías escasamente desarrolladas de Europa oriental.² Esta imagen se complica aún más por las disparidades regionales significativas dentro de las economías nacionales, aunque la unidad económica nacional se volvió cada vez más significativa con el «giro proteccionista» generalizado a finales del siglo XIX. Dentro de España, la imagen del crecimiento se bifurca significativamente si las estadísticas de Cataluña, el País Vasco y, a nivel menor, Asturias, se desagregan de las tendencias «nacionales».³ Aun así, a principios del siglo XX, estas regiones más desarrolladas y sus redes económicas estaban firmemente incorporadas a un mercado nacional que estableció los parámetros del crecimiento futuro.

Dentro de este marco de crecimiento gradual pero desigual, los estudiosos han pasado de criticar lo que no ocurrió a explicar lo que ocurrió. Existe un consenso en que el equilibrio de los recursos y las limitaciones hacía poco probable que España se hubiera unido al grupo de las economías de crecimiento rápido. En lo más alto de la lista de las limitaciones se encontraba la naturaleza física y geográfica de la península, que era extremadamente árida, carecía de ríos navegables y no sobraban las materias primas que impulsaron la primera revolución industrial o, en parte como consecuencia de ello, la acumulación intensiva de capital que financió la segunda. Estas limitaciones obstaculizaban la expansión potencial de la agricultura y de la industria, aunque sigue abierto el debate sobre cuál de estos sectores se impuso, sobre si el Estado tomó las mejores decisiones posibles, o sobre si hubo «oportunidades perdidas» razonables, en especial en cuanto a las inversiones del Estado, la dependencia del capital extranjero, la política fiscal y el proteccionismo frente al libre comercio que habrían mejorado significativamente el desarrollo económico. Indudablemente existe un equilibro entre las dos posturas, pero en general parece que el Estado español actuó dentro de los parámetros de otros Estados con niveles similares de desarrollo.⁴ En definitiva, el objetivo consiste en comprender cómo funcionaba la economía española y su desarrollo dentro de la economía europea y mundial explicando por qué algunos problemas se resolvieron mientras que otros siguieron planteando grandes desafíos para el siglo XX posterior.

ESPAÑA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, 1830-1930

Una de las realidades centrales de la economía mundial durante este período fue la apertura progresiva de la brecha entre ricos y pobres, que se amplió en la segunda mitad del siglo XIX y se magnificó durante la «gran aceleración» en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial.⁵ En contraste con el relato antiguo que localizaba el punto de inflexión principal a finales del siglo XVIII, basándose en la precoz transformación de la economía inglesa, el consenso actual fecha la ampliación de la «gran división» a partir de la década de 1860. Hasta ese momento, Gran Bretaña era una excepción, no la norma. La geografía industrial de Europa se empezó a expandir en la década de 1830 hacia Bélgica, debido a su proximidad a los puertos ingleses y sus yacimientos de carbón y hierro, y después hacia Europa central a partir de la década de 1850, añadiendo nodos regionales en Lyon, el Piamonte y Bohemia, así como en Cataluña (la década de 1840), Asturias (la década de 1860) y el País Vasco (la década de 1870).

En la década de 1870, las economías de vanguardia se veían impulsadas por la «segunda» revolución industrial, en la que el acero producido por el convertidor Bessemer sustituyó al algodón y al hierro como plataforma de lanzamiento del despegue económico. El epítome del crecimiento acelerado después de 1890 fue Alemania, que superó Gran Bretaña en producción de acero en 1900 y llegó a triplicarla en 1914. Un elemento esencial del crecimiento económico en estas regiones de industrialización rápida fue la transformación de la agricultura, propiciada por la maquinaria nueva y los fertilizantes químicos producidos por la segunda revolución industrial. Aquellos países, cuya agricultura pudo permitirse y utilizó la nueva tecnología, se situaron al mismo nivel que el alcanzado por el sector industrial con sus adelantos.⁶

Estrechamente relacionado con el crecimiento también estaba la transformación demográfica que se había iniciado a finales del siglo XVIII y se había extendido para incluir a la mayoría de los países europeos, entre ellos España, a principios del siglo XX. La población de Europa empezó a crecer a un ritmo constante a partir de finales del siglo XVIII, acelerándose después del final de las guerras napoleónicas hasta doblarse a lo largo del siglo (de 187 a 435 millones). El crecimiento sostenido de la población consolidó lo que los estudiosos llaman la modernización de los patrones demográficos, en los que el declive de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones de vida fueron seguidos por la caída de la tasa de nacimientos a partir de la década de 1860, a medida que las familias ganaban más confianza en que sus hijos iban a llegar a la edad adulta. Aunque hubo algunas caídas como consecuencia de las epidemias de cólera o de la hambruna irlandesa, la montaña rusa premoderna de una expansión exponencial de la población seguida de una disminución catastrófica había descarrilado. Al mismo tiempo, esta tendencia arraigó de manera desigual, tanto dentro de los países, donde la mortalidad entre los pobres solo empezó a declinar a finales de siglo, como entre ellos, con Europa oriental y meridional siguiendo una trayectoria más lenta de transformación demográfica.

La imagen de una diferencia creciente entre ricos y pobres dentro de Europa se ve complicada por una serie de trayectorias regionales y nacionales por todo el continente. Hasta el siglo XX, la rápida industrialización fue en gran medida un fenómeno regional, concentrado principalmente en áreas de Europa central que incorporaban partes del norte de Italia y Francia, el oeste de Alemania y Bélgica, así como el norte de España, zonas integradas en una red que se retroalimentaba a través del acceso a tierra fértil, recursos naturales, mercados exteriores y mercados interiores en crecimiento. Una segunda vía del crecimiento económico y de la prosperidad que se extendió hasta bien entrado el siglo XX se basaba en la riqueza agrícola y comercial con un crecimiento industrial que solo fue gradual, como en el caso de la mayor parte de Francia y de los Países Bajos. Un tercer grupo, identificado por algunos como el modelo de Europa meridional,⁷ siguió una trayectoria más lenta en el desarrollo industrial y agrícola, obstaculizado por varios factores comunes, desde las malas condiciones del crecimiento hasta la distancia de las regiones centrales de la industrialización, pero prestando especial atención a la desigualdad regional, en especial en Italia y España. Un grupo final de países en Europa oriental y Rusia solo empezaron a desarrollarse a finales de siglo, lastrados por distancias aún más grandes, problemas de transporte, grandes latifundios, con frecuencia con propietarios absentistas, y agricultura de subsistencia. Este último grupo, junto con las regiones agrícolas más pobres del sur de Italia y de España, ocuparon la base de la pirámide de riqueza y salud, cuyo ejemplo más extremo eran las condiciones miserables que soportaba su población de jornaleros agrícolas sin tierras.⁸

Aunque las diferencias de riqueza cada vez más amplias en Europa no seguían con precisión las fronteras nacionales, a principios del siglo XIX los límites estatales fueron cada vez más importantes. Los estudiosos han planteado que los Estados jugaron un papel más destacado en la segunda revolución industrial que en la primera, proporcionando capital, construyendo infraestructuras y, con igual importancia, alimentando el capital humano a través de la educación pública. Aunque no existe una jerarquía clara de los ingredientes, parece claro que los motores económicos de finales del siglo XIX como Alemania invertían significativamente más en el desarrollo de una población capacitada y educada que los países del sur de Europa como España e Italia.⁹

En un sentido más general, los Estados nación de Europa occidental invirtieron aún más en construir y proteger las economías nacionales y no se ocuparon solo de eliminar los obstáculos al crecimiento económico, como planteaba el dogma liberal de mediados del siglo XIX. En las décadas de 1870 y 1880, los liberales europeos estaban profundamente divididos sobre si el libre comercio o el proteccionismo eran el mejor camino para alcanzar la prosperidad nacional, pero el equilibrio se inclinó hacia esta última opción en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial. El giro hacia el proteccionismo se vio impulsado por la crisis agrícola de la década de 1880, cuando uno tras otro, incluida España, los países europeos aumentaron los aranceles sobre las importaciones de alimentos porque los productos alimenticios extranjeros eran más baratos. En el contexto del crecimiento de la competencia nacionalista, reforzado por poderosos grupos de presión de los productores, el proteccionismo se adecuaba al nuevo clima de nacionalismo económico. Los mercados imperiales estaban integrados en estos cálculos, pero contribuyeron menos a las economías europeas de lo que se creía antes.¹⁰ Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la unidad de la economía nacional se fortaleció aún más, con países neutrales como España beneficiándose de la reducción del comercio entre los países beligerantes. En este momento, la economía nacional se había consolidado como el protagonista principal en la trayectoria del crecimiento y del desarrollo económico.

TENDENCIAS GENERALES DE LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN: CRECIMIENTO GRADUAL Y EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL

La tendencia económica a largo plazo en España entre 1830 y 1930 fue de crecimiento gradual y de transformación estructural, aunque un análisis más detallado revela fluctuaciones.¹¹ El período de la década de 1830 a la de 1880 fue de despegue económico, facilitado por la consolidación del nuevo Estado liberal e impulsado por la recuperación de la industria textil en Cataluña y la expansión de la minería y la industria metalúrgica. Las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial fueron testigo de un crecimiento lento, precisamente durante el período en el que las economías de vanguardia estaban acelerando. Los últimos dieciséis años, de 1914 a 1930, muestran el crecimiento más rápido de todo el período, junto con una alteración estructural significativa de la economía española.¹² Durante esta etapa, la economía española empezó a reducir la brecha con la economía europea, aumentando de una tasa de alrededor del 60 % del PIB per cápita hasta por encima del 70 % de la media europea. Sin embargo, al final de la Guerra Civil en 1939 había caído por debajo del 40 %.

El cambio paralelo en la estructura laboral durante las primeras tres décadas del siglo XX siguió la tendencia de consolidación en Europa occidental que se había iniciado durante las últimas décadas del siglo anterior. El 70 % de las personas empleadas en la agricultura en 1797 cayó solo ligeramente hasta el 66 % en 1877, donde permaneció estable hasta 1910. Entre 1910 y 1920 cayó al 57 %, y en 1930 había bajado hasta representar menos de la mitad de la población activa (45 %). Al mismo tiempo, la proporción de empleados en la industria creció gradualmente, desde el 14 % en 1877 al 16 % en 1910, el 22 % en 1920 y el 26 % en 1930. El sector servicios experimentó un crecimiento más gradual hasta 1920, cuando saltó del 20 al 28 % durante dicha década. Estos números situaban a España en la parte baja y más tarde en lo más bajo del patrón de desarrollo europeo occidental, pero lo suficientemente cerca para poder incluirse en dicho patrón.¹³

La trayectoria de crecimiento después de la década de 1830 se vio facilitada y limitada por la formación gradual de un mercado nacional, uno de los elementos importantes del desarrollo económico del siglo XIX.¹⁴ Los liberales en el Gobierno estaban de acuerdo en una serie de principios básicos, que incluían la libre circulación de bienes, la creación de un régimen uniforme de la propiedad privada e impuestos que estimulasen las inversiones, y la construcción de tejidos conectivos que permitieran la circulación. El nuevo régimen liberal empezó eliminando las barreras tarifarias interiores y las jurisdicciones especiales en la década de 1830 (con la excepción parcial de los fueros vascos), e inició la construcción de un sistema ferroviario, financiado con dinero extranjero, en las décadas de 1840 y 1850, completando una red nacional básica en la década de 1880 con un progreso significativo de la red secundaria en 1914. En 1914, el Estado también había aprobado la construcción de unos 55.000 kilómetros de carreteras, una red de telégrafos y había puesto en funcionamiento un servicio postal nacional. Estas mejoras en la red de transportes redujeron considerablemente el coste del comercio interno, aumentando los incentivos para enviar trigo castellano a la periferia y textiles catalanes a Castilla. El consenso liberal se rompió en la década de 1860 por la polémica entre el libre comercio y el proteccionismo, pero la combinación de la crisis agraria, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 1898 y la escasez de bienes manufacturados competitivos empujó la balanza para que España se convirtiera en uno de los regímenes más proteccionistas de Europa a principios del siglo XX.

Hasta 1898, las colonias siguieron jugando un papel significativo en la economía metropolitana, aunque menos que antes de la pérdida del imperio continental en la década de 1820.¹⁵ Mientras que en 1792 el imperio continental americano absorbía el 39 % de las exportaciones españolas, en el siglo XIX las colonias restantes de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas recibían un 14-19 %, mientras que el resto iba a los mercados europeos en crecimiento. Aun así, Cuba siguió siendo el tercer mercado más grande para los bienes españoles por detrás de Inglaterra y Francia, en especial textiles, calzado y alimentos en conserva protegidos por los aranceles.¹⁶ Después de 1898, las exportaciones a Cuba, en especial los textiles catalanes, descendieron, pero las exportaciones fueron absorbidas por otros mercados, incluidos los países de América Latina y el mercado español interior.¹⁷

La consecuencia de estas tendencias fue una paradoja: un mercado nacional consolidado que aumentó la circulación interna de bienes españoles, mientras que al mismo tiempo limitaba la expansión internacional de la economía fuera del mercado colonial protegido, excepto durante las circunstancias extraordinarias de la Primera Guerra Mundial. Si esta consecuencia representó el mejor camino teniendo en cuenta los recursos y las condiciones existentes o si fue el resultado de oportunidades perdidas por el Estado, los industriales o los campesinos sigue siendo un debate abierto en la historiografía económica. Lo que resulta difícil negar es que la consolidación de un mercado nacional ayudó a sostener la tendencia de un crecimiento gradual de la economía.

El crecimiento también se apoyó en la trayectoria ascendente igualmente gradual de la población. Entre 1830 y 1930, la población del país casi se dobló, de unos 12 a 23,5 millones, pero un análisis más detallado revela subperíodos que están muy relacionados con las tasas de crecimiento económico. Así, durante el siglo XIX, la población creció más rápidamente entre 1820 y 1860 (de 12 a 15,6 millones), se ralentizó durante las últimas cuatro décadas del siglo (de 15,6 a 18,6 millones) y aceleró de nuevo durante las primeras tres décadas del siglo XX. España siguió estando escasamente poblada en comparación con otros países de Europa occidental, pero teniendo en cuenta que la población había permanecido más o menos estable con 6-8 millones de habitantes durante 900 años (de los siglos IX al XVII), el patrón de crecimiento que se había iniciado en el siglo XVIII (se añadieron 3 millones) y se aceleró en el siglo XIX (7 millones más) representó un cambio importante. Aunque las epidemias periódicas y las crisis de subsistencia persistieron durante el siglo XIX, la economía española estaba creciendo lo suficiente para soportar este aumento de población sin una catástrofe demográfica importante.

Los otros elementos del patrón demográfico moderno, incluida la caída de las tasas de mortalidad y de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, solo se consolidaron en el siglo XX. La esperanza de vida a principios del siglo XIX era de 27 años, y permaneció constante hasta 1860, subiendo a los 35 años en 1900 y saltando hasta los 50 en 1930. La mortalidad empezó a declinar lentamente casi desde el mismo período, cayendo de 37/1.000 a 30/1.000 entre 1860 y 1900, y después quedando prácticamente en la mitad con 17/1.000 en 1930. La mortalidad infantil, que siguió siendo alta incluso en los países ricos hasta las últimas décadas del siglo XIX, cayó ligeramente entre 1800 y 1900 (del 230/1.000 al 204/1.000), pero casi quedó en la mitad en 1930 (117/1.000). El descenso de la tasa de natalidad normalmente quedaba por detrás de la caída en la tasa de mortalidad y, de hecho, la tasa de natalidad se redujo con más lentitud (42/1.000 en 1870, 36/1.000 en 1900 y 28/1.000 en 1930), a medida que la media de niños por familia descendió de 4,4 en 1870 a 3,05 en 1910.¹⁸

Un último indicador indirecto de la transición demográfica es el aumento de la alfabetización. España experimentó un aumento gradual de la alfabetización después de la aprobación de la Ley Moyano en 1857, que estableció que la escolarización primaria era obligatoria, aunque no gratuita. El porcentaje de españoles analfabetos cayó del 75 % en 1850 (en comparación con el 42 % de Francia y el 38 % de Inglaterra) al 55 % en 1900, acelerándose entre 1900 y 1930, cuando casi quedó en la mitad, con un 29 %, cuando los países más avanzados prácticamente lo habían eliminado.

En suma, mientras que las tendencias demográficas estaban mejorando a partir de la segunda mitad del siglo XIX, siguieron quedando muy por detrás de los países europeos más ricos. Así, la población española creció más lentamente que cualquier otro país occidental, excepto Francia, y tuvo la tasa de mortalidad más alta y la esperanza de vida más baja, junto con Portugal, hasta la década de 1930. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, España inició una trayectoria de convergencia que, a finales de la década de 1950, casi había eliminado por completo la brecha demográfica existente.¹⁹

El aumento gradual de la población estuvo acompañado por un movimiento paralelo desde el entorno rural al urbano. Como con los otros indicadores, la urbanización avanzó con lentitud en el siglo XIX, pero se aceleró significativamente a principios del siglo XX. Entre 1787 y 1860, el porcentaje de población urbana permaneció estable (15 % en ciudades con más de 10.000 habitantes), aunque esta cifra oculta el inicio de una tendencia de migración interna desde centros urbanos más pequeños o en decadencia a los cercanos que estaban creciendo. Alrededor del 75 % de la población vivía en asentamientos estrictamente rurales, estando muy cerca del porcentaje de la población que trabajaba en la agricultura (otro 10 % vivía en núcleos urbanos pequeños de 5.000-10.000 habitantes). La población urbana global empezó a crecer en la segunda mitad del siglo XIX, doblándose entre 1860 y 1900, con tasas de crecimiento mucho más altas en los centros urbanos dinámicos, entre ellos los puertos, las ciudades y pueblos industriales y, en algunos casos, las capitales de provincia.²⁰

Fue a principios del siglo XX cuando la urbanización empezó a despegar, impulsada por la crisis agraria y el éxodo rural, así como por el crecimiento industrial en las ciudades. A gran escala, las ciudades más grandes de Madrid y Barcelona crecieron sustancialmente, doblándose hasta alcanzar el millón de habitantes entre 1900 y 1930. Con la incorporación de Bilbao, estas tres ciudades absorbieron las dos terceras partes de todas las migraciones internas entre 1887 y 1930. En 1930, solo un tercio de los residentes de Madrid y el 43 % de los de Barcelona habían nacido en la ciudad. A una escala menor, la población de las ciudades con más de 100.000 habitantes se triplicó (del 6 al 15 % de la población), mientras que, en el otro extremo de la población urbana, los que vivían en núcleos de al menos 5.000 residentes aumentaron del 29 % de la población en 1900 al 37 % en 1930.²¹

Una tendencia demográfica que se aceleró en las décadas finales del siglo XIX fue la emigración a América, en especial a la América de lengua española.²² Tras la liberalización de la emigración en 1853, los españoles empezaron a seguir a sus homólogos europeos para buscar su fortuna al otro lado del océano. Pero la crisis agraria y la incapacidad de la industria española de absorber todo el éxodo rural convirtió una corriente pequeña en una oleada a principios del siglo XX, con entre 1,5 y 2 millones de españoles emigrantes, en especial a Argentina, Cuba, Brasil y Uruguay. Este éxodo imitó, aunque se quedó ligeramente por detrás de la «segunda oleada» de inmigración europea procedente de Italia, Portugal, Polonia y Rusia, aunque la mayoría de estos europeos acabaron en América del Norte. La mayoría de los emigrantes eran hombres jóvenes, de hogares agrícolas con pequeñas parcelas en el norte, desde Galicia y Asturias a Cantabria. Esta población dedicada a la agricultura marginal fue la que recibió el golpe más duro de la depresión agrícola, pero también fue la que disponía de los recursos mínimos y los contactos derivados de una larga tradición migratoria que eran necesarios para enviar a sus hijos a ultramar. En contraste, muchos de los jornaleros sin tierras más pobres del sur no disponían de capital financiero ni humano para emigrar.

El patrón de emigración se ajusta a las tendencias del crecimiento económico y demográfico, así como a los cambios estructurales en ocupación y residencia. La imagen global es una trayectoria gradual de crecimiento lento y sostenido a partir de la década de 1830 hasta la de 1930, con una aceleración significativa de 1910 a 1930. En general, los cambios empezaron más tarde que en la mayoría de los países de Europa occidental y siguieron un ritmo mucho más lento, quedando muy por detrás de las economías de vanguardia y situándose al final de las estadísticas comparativas de salud y crecimiento. No obstante, cuando se sitúa en el espectro más amplio de los países europeos, incluidos los de Europa oriental y meridional, España estaba ubicada en algún lugar intermedio, con variaciones significativas dentro de las fronteras nacionales.

EL SECTOR AGRÍCOLA

La imagen de un crecimiento lento pero sostenido se aplica en primer lugar y por encima de todo al sector agrícola, cimiento imprescindible de la economía. Los logros principales de este sector fueron el aumento de la producción de alimentos a un ritmo que se mantuvo a la par con el crecimiento demográfico y el inicio de un proceso de diversificación y especialización que generó una dinámica, aunque pequeña, de exportación de frutas, nueces, aceitunas y vino. Durante la mayor parte del siglo entre 1830 y 1930, fueron estas exportaciones agrícolas las que impulsaron el crecimiento constante del comercio exterior, equilibrando la importación de suministros industriales y de bienes de capital sin generar un déficit comercial. Este éxito se logró a pesar de desventajas considerables, que incluían la peor combinación de suelo pobre, pocas precipitaciones y tierras imposibles de cultivar, incluso en comparación con los países mediterráneos. Así, solo el 10 % del territorio español se aproximaba a las condiciones favorables del fértil valle del Po en Italia. Como consecuencia, no resulta sorprendente que los bajos rendimientos del esencial sector cerealístico siguieran estando en España un 30-40 % por debajo de la media europea occidental, de manera que un acre* de tierra de cultivo española en 1914 producía la mitad de un acre francés y un tercio de lo que producía un acre británico.

Esta productividad baja a su vez generaba una dinámica negativa, destacada por los críticos, incluida la falta de acumulación de capital, una fuerza laboral subempleada con una capacidad de consumo limitada y la supervivencia de métodos de cultivo tradicionales.²³ No obstante, la producción general de cereal, aunque no las cosechas, siguió aumentando, debido en gran medida al considerable aumento de la extensión de tierra cultivada. El proceso de comercialización e integración del mercado también avanzó significativamente, consolidando un mercado agrícola nacional que, con la ayuda de los ferrocarriles, pudo distribuir eficazmente los alimentos por la península hacia finales de siglo, disminuyendo la aparición de crisis de subsistencia localizadas. Entre la ampliación de los cultivos y el aumento de las cosechas especializadas, resulta difícil defender la imagen tradicional de un sector agrario totalmente moribundo. Teniendo en cuenta las malas condiciones de gran parte de la península, el sector agrícola probablemente lo hizo tan bien como se podía esperar de él.²⁴

El aumento de la tierra cultivada fue en gran medida el resultado de una gran transformación en el régimen de propiedad. Entre 1766 y 1924, casi un tercio de todas las tierras cambió de manos. Lo más probable es que la búsqueda de una mayor rentabilidad de las inversiones animara a los nuevos propietarios a cultivar más tierras, lo que permitió añadir 8 millones de hectáreas a las tierras cultivadas, la mayor parte entre 1840 y 1880. A su vez, esta expansión impulsó el crecimiento sostenido en la producción de cereales, a pesar de que las cosechas seguían siendo bajas. Parte de esta tierra fue vendida de manera privada después de la abolición del mayorazgo, permitiendo u obligando a las familias nobiliarias a vender parcelas de sus propiedades anteriormente indivisibles para pagar sus deudas. Pero algo menos de la mitad del total de 18 millones de hectáreas se vendieron como consecuencia del controvertido programa gubernamental de desamortización. El programa fue aplicado en dos fases, la primera después de la ley de 1836 que se centraba en las propiedades monásticas, y la segunda fase más extensa se inició en 1855, teniendo como objetivo el clero secular y las tierras comunales municipales. Las ventas incluían tanto propiedades urbanas como rurales, pero alrededor de las tres cuartas partes de todas las ventas de tierras se concentraron en veinte provincias. La mayoría de las tierras agrícolas se localizaban en el sur y en el centro, coincidiendo considerablemente con el mapa de los latifundios. En Extremadura, por ejemplo, las provincias de Badajoz y Cáceres ocupaban los puestos tres y cinco en la venta de tierra, prácticamente reconfigurando en su totalidad la propiedad de la tierra en la región.²⁵

Aunque la venta de tierras aumentó el cultivo, los beneficios no se distribuyeron equitativamente entre la población rural. Al vender la tierra al mayor postor y no dividir las grandes propiedades en parcelas más pequeñas y asequibles, los críticos han planteado que el Estado perdió la oportunidad de crear una división más equitativa de la riqueza. En especial, la reforma de la tierra incluso pudo empeorar las condiciones de los jornaleros sin tierras bajo el sistema capitalista de salarios y beneficios. En la visión ilustrada del siglo XVIII de la desamortización, el objetivo liberal de desbloquear el mercado de la tierra formaba parte de un plan más amplio de crear una nación de campesinos prósperos. Pero en el momento en que el concepto se implantó de manera permanente entre las décadas de 1830 y 1860, este último objetivo quedó subordinado a la necesidad de llenar las arcas de un Estado en quiebra.

Al mismo tiempo, el impacto social limitado del proceso de desamortización no fue único de España. Así, a pesar de la preocupación liberal ampliamente extendida sobre las desigualdades rurales, simbolizadas en los grandes latifundios desde América del Sur a Asia y Europa, los proyectos de reforma agraria más ambiciosos normalmente se quedaron cortos.²⁶ La mayoría de los Gobiernos decimonónicos, incluido el español, estaban más inclinados a formar alianzas con los poderosos terratenientes que a desposeerlos. Al mismo tiempo, la reforma de la propiedad agraria en España no solo anquilosó a la clase terrateniente existente, sino que creó una nueva categoría de élite rural que incluía nobles, mercaderes, consignatarios navales, militares y burócratas gubernamentales, como los dos ministros de finanzas que diseñaron las leyes de 1836 y 1855, Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.

Aunque la desamortización benefició en gran medida a las élites, también hubo algunas provincias septentrionales, como Burgos, León y Palencia, donde parcelas más pequeñas dominaron las ventas, reflejando la estructura de la propiedad existente en la zona, así como la configuración de las estructuras de poder locales. Así, en 1860, el número de campesinos ricos en España había aumentado de 2,3 millones en 1797 a 3,1 millones, mientras que el número de campesinos arrendatarios había descendido de 1,77 millones a 1 millón, presumiblemente algunos de ellos se convirtieron en propietarios.²⁷ Aunque el número de jornaleros sin tierras también aumentó, el total de la población rural de España siguió siendo diverso, al igual que las formas de tenencia de la tierra en toda la península. En especial durante la segunda oleada de venta de tierras municipales, la lucha entre la Administración estatal, los gobiernos locales y los propietarios de tierras grandes y pequeños podría provocar resultados diversos, desde la preservación de las tierras comunales a su venta a los propietarios más poderosos o distribuirlas más ampliamente entre los residentes.²⁸

Si las décadas centrales del siglo XIX se distinguieron por el impacto de la desamortización y la expansión de la tierra cultivada, el final del siglo estuvo marcado por la crisis agrícola global que provocó la reorientación consiguiente del sector. La caída de los precios del trigo desde mediados de la década de 1880, provocada por un exceso de cereales de bajo coste procedentes de Estados Unidos y otros sitios, inició la crisis, pero también generó una serie de respuestas que fortalecieron el sector. El sector cerealístico estaba parcialmente protegido por la imposición de aranceles altos sobre el trigo importado en 1887 y por la consolidación de un mercado nacional, pero también inició un ajuste estructural que incluía el primer gran éxodo de población rural y el abandono de las tierras menos fértiles que ya no valía la pena plantar. Algunos de los habitantes rurales se trasladaron a las ciudades, mientras que otros emigraron.

A medida que el mercado cerealístico se contraía y se dirigía al consumo interior, el sector especializado del vino, la fruta, las nueces y otros alimentos como el azúcar de remolacha y la carne se expandieron para llenar el hueco. El vino español ocupó brevemente el mercado internacional durante la década de 1880, cuando la epidemia de filoxera devastó la producción francesa. Pero las aceitunas y el aceite de oliva, la carne, las almendras y, en especial, las naranjas valencianas, fueron los sectores de mayor crecimiento entre 1900 y 1930, encabezando un aumento de hasta el 55 % en la producción agrícola total durante este período. En la década de 1930, el mercado agrícola de exportación estaba empezando a cambiar, aumentando el porcentaje de las cosechas mediterráneas como las naranjas y las aceitunas para las que España tenía una ventaja comparativa en el mercado europeo.²⁹ En otras palabras, la transformación estructural gradual que se alejaba de la agricultura y se dirigía hacia los servicios y los sectores industriales experimentó en paralelo una reestructuración del mercado en el seno del sector agrícola que quedaba. El deprimido sector cerealístico suministraba al mercado nacional, mientras que el sector exportador en crecimiento llenó un hueco para los productos especializados que no se podían cultivar con facilidad en el norte de Europa.

EL SECTOR INDUSTRIAL

Al igual que en el sector agrario, unas desventajas significativas, en especial la escasez de carbón de alta calidad y de fuerza hidráulica, hacían improbable que España se pudiera industrializar con precocidad y rapidez. Sin ser una potencia industrial «precoz» como Gran Bretaña o Bélgica, ni una «tardía» como Alemania, España siguió un camino gradual a largo plazo que se inició en la década de 1830 y se aceleró durante la de 1920.³⁰ El crecimiento industrial se centró en dos grandes industrias: el textil y la metalurgia, aunque industrias más pequeñas como el tratamiento de alimentos, la producción de cuero y las conservas de pescado también eran importantes, así como el sector minero. La industria textil de finales del siglo XVIII se reconstruyó rápidamente en la década de 1820 después de las guerras napoleónicas. Al mismo tiempo, una naciente industria del hierro se estaba desarrollando en Andalucía, procesando el hierro local. La metalurgia se trasladó a Asturias en la década de 1860 y después cambió su centro de gravedad hacia el País Vasco a partir de la década de 1880, mientras que la minería del carbón, el cobre y el mercurio despegaron en la década de 1860. En esta época ya había cristalizado la forma básica de la industrialización española. Se caracterizaba por su ubicación regional y desigual, así como por su lucha para competir en los mercados internacionales en los que sus productos tenían pocas ventajas comparativas. Al mismo tiempo, el ritmo estaba a la par del de los demás países en la periferia meridional del corazón industrial de Europa.

El centro estable de la industrialización española se inició en Cataluña, donde se instalaron los primeros telares movidos a vapor en 1833, inaugurando una fase nueva de la producción textil mecanizada y urbana en Barcelona y sus suburbios.³¹ El capital para la industria procedía de la agricultura, el transporte naval y el comercio desde el puerto de Barcelona, y de los beneficios del azúcar procedentes del comercio cubano. Al final del período, Cataluña producía el 90 % de todos los textiles producidos en España, porque los textiles más antiguos hechos a mano, como el lino gallego, la seda valenciana y la lana segoviana, ya no pudieron competir. Después de la independencia americana, la industria textil catalana se recuperó rápidamente a partir de la década de 1820, cambiando sus exportaciones hacia los mercados coloniales de las Antillas protegidos hasta 1898 y después al mercado interno protegido a principios del siglo XX. Los molinos hidráulicos solo pudieron compensar parcialmente la falta de carbón barato y accesible que dificultaba la competencia con la producción del norte de Europa. Aun así, los textiles siguieron siendo la cuarta parte de toda la producción industrial española durante este período.

Es más, a partir de la década de 1870 los beneficios del textil y de otras exportaciones se invirtieron cada vez más en la diversificación de la economía regional catalana, que se convirtió en el centro de la industrialización española. La Exposición Universal de 1888 en Barcelona destacó el papel de la ciudad como «la fábrica de España», mientras que otras siete de las 20 ciudades industriales más grandes de España estaban localizadas en la región, junto con unos 300.000 obreros industriales. De hecho, el crecimiento industrial catalán siguió siendo el doble de la media española entre 1844 y 1935. Al final del período, Cataluña había desarrollado por completo un abanico diversificado de textil, conservas alimenticias, cuero, madera, química y construcción, además de un paisaje social y físico que estaba a la par con las regiones industriales de Europa.³²

Menos estable era el sector minero y la industria metalúrgica relacionada con él que, algo más inusual en el contexto europeo, emigró de una región a otra, dependiendo del acceso a los recursos y a las fuentes de energía.³³ Los primeros orígenes, a veces olvidados, estaban en Andalucía, donde la industria del hierro alimentada mediante carbón vegetal llegó a su punto culminante en las décadas de 1840 y 1850, dominando la producción española de hierro hasta la década de 1860. Centrado en Málaga, el crecimiento de la industria probablemente estuvo relacionado con el desarrollo industrial inicial de Cataluña. La combinación de deforestación y la falta de carbón barato y accesible obstaculizó la competitividad de este primer centro industrial, aunque la desindustrialización «pesada» de la región se vio parcialmente compensada por las industrias «ligeras» de la harina, el calzado, el aceite de oliva, la cerámica y el vidrio.³⁴

En la década de 1860, la región septentrional de Asturias construyó sus primeras factorías metalúrgicas, alimentadas por las minas de carbón locales y facilitadas por el primer ferrocarril que conectó las minas con el puerto de Gijón en 1854. Además de sostener la producción metalúrgica de la provincia, el carbón asturiano se exportaba, aumentando de unos pocos centenares de toneladas en 1840 a 143.000 toneladas en 1872. En menor medida que en Cataluña, pero siguiendo una dinámica similar, Asturias emprendió una diversificación industrial regional, desde la minería y la metalurgia al procesamiento de alimentos y las conservas de pescado, la construcción de maquinaria, el refinamiento de petróleo y la construcción naval. Como en Cataluña, su estructura laboral se transformó con mayor rapidez que la media nacional, con un 41 % de su población, o unos 130.000 trabajadores, empleados en la industria en 1930. La mayoría de estos obreros vivían en los pueblos mineros o en la ciudad industrial de Gijón. Al mismo tiempo, la industria asturiana intentó mantenerse competitiva, confiando en un carbón que era de menor calidad y más caro de extraer que el ubicuo carbón británico. Asturias siguió extrayendo carbón y refinando metal, pero los productores dependieron cada vez más del mercado nacional después del cambio de siglo.

Al mismo tiempo que despegaban la minería y la metalurgia asturianas, la provincia vasca de Vizcaya empezó a organizar una industria tradicional del hierro que había quedado arruinada por las guerras carlistas. En la década de 1880, el País Vasco había sustituido a Asturias como la principal región metalúrgica de España, convirtiéndolo en uno de los sectores industriales más dinámicos. Con el hierro de alta calidad, ideal para fabricar acero con el nuevo convertidor Bessemer, el País Vasco empezó a exportar hierro a Gran Bretaña a cambio de carbón para alimentar su industria del hierro. Hasta la década de 1930, el País Vasco siguió siendo la fuente principal de hierro para el mercado británico y, a cambio, importaba gran parte del carbón británico que se enviaba a España. Como importar carbón británico seguía siendo más barato que utilizar carbón asturiano, la metalurgia vasca superó muy pronto a la industria asturiana. No obstante, como el acero producido con carbón importado seguía siendo más caro que el producido por los países con acceso a carbón local de alta calidad, el acero vasco tuvo problemas para competir en el mercado internacional, excepto durante la Primera Guerra Mundial. Durante la década de 1920, las industrias españolas del acero, del hierro y del carbón pudieron crecer en parte a causa de las inversiones estatales en obras públicas y proyectos de construcción, al mismo tiempo que consolidaban su dependencia del mercado nacional. Junto con el crecimiento continuado en acero y hierro, el País Vasco siguió a Cataluña y Asturias con su propia diversificación económica regional. No obstante, estos focos regionales de industrialización siguieron en gran medida desconectados entre sí, con los contactos iniciales entre el hierro malagueño y el textil catalán o el carbón asturiano y el hierro vasco debilitados por las condiciones desfavorables.

Además de la minería del hierro y del carbón en Asturias y en el País Vasco, España era rica en depósitos minerales de cobre, zinc, mercurio y plomo, cuya explotación comercial despegó en la década de 1870 debido a la combinación de factores favorables. Durante el Sexenio (1868-1874), los defensores del libre comercio decidieron «desamortizar» efectivamente la minería del subsuelo, animando las inversiones extranjeras y facilitando el procedimiento para obtener una concesión minera privada. Al mismo tiempo, la creciente demanda internacional hizo que la extracción fuera más rentable. Explotados por capital y tecnología extranjeros, principalmente británicos, los yacimientos minerales en el sur de España, incluido Río Tinto, la mina de cobre más grande del mundo, convirtieron a España en uno de los exportadores de minerales más importantes del mundo. En las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, la minería (incluidos el carbón asturiano y el hierro vasco) era el sector más dinámico de la economía nacional.

Aunque no hay duda de que el carbón asturiano y en especial el hierro vasco tuvieron un importante efecto multiplicador en sus amplias economías regionales, los historiadores económicos siguen debatiendo sobre el impacto de otras operaciones mineras en la economía nacional. La perspectiva más crítica, alineada con la «teoría de la dependencia» clásica, los considera como enclaves aislados de capital y tecnología extranjeros, cuyos beneficios salían en gran parte del país a medida que se iban agotando los recursos naturales de España.³⁵ La visión opuesta es que España no podría haber explotado —o usado— estos ricos recursos sin el capital y la tecnología extranjeros, y que la economía se benefició desde el empleo en las minas hasta los servicios auxiliares y las infraestructuras, así como por la contribución a equilibrar el comercio exterior.³⁶ La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que, en la práctica, España tenía pocas alternativas en este período. Al mismo tiempo, la extracción de las materias primas por parte de los extranjeros era solo un aspecto de la compleja economía nacional de España, que era mucho más desequilibrada que subdesarrollada.

DESARROLLO REGIONAL DESIGUAL: DIVISIÓN CENTRO/PERIFERIA

La realidad del desarrollo económico desigual, que ya estaba adquiriendo forma a principios del siglo XIX, proporciona un correctivo necesario para todas las estadísticas a nivel nacional sobre el crecimiento económico y demográfico durante este período. Y, aunque el contraste entre una periferia dinámica y un interior estancado es demasiado simplista, las regiones más dinámicas, con la gran excepción de Madrid, solían estar localizadas en la periferia. Durante el primer tercio del siglo XX, la ciudad anteriormente administrativa y cortesana de Madrid desarrolló su propia base industrial, incluyendo los sectores de la alimentación y la edición, pero también electricidad, química y construcción. A excepción de Madrid, las regiones industrializadas de Asturias, Cataluña y el País Vasco se encontraban en la costa, al igual que la región exportadora de fruta de Valencia. Estas regiones se veían favorecidas en parte por el acceso a los recursos naturales, y en parte por la proximidad al transporte marítimo. Y, mientras que la vieja imagen del interior «estancado» se ha ido modificando, la economía cerealística en gran medida tradicional de las regiones áridas del centro siguió una trayectoria de crecimiento gradual con una transformación estructural y social mínima.

Estas sendas de crecimiento regional diferenciadas destacan claramente cuando se desmenuzan las tendencias nacionales sobre cualquier aspecto desde la urbanización y el empleo a la alfabetización y la esperanza de vida. En términos básicos, la población siguió su cambio del centro a la periferia, que ya era evidente en la primera mitad del siglo XIX, de nuevo con la excepción de Madrid. Además de la capital, los otros grandes polos de atracción eran Barcelona, el País Vasco y Andalucía, en especial Sevilla y los centros mineros de Córdoba y Huelva. En la estructura de empleo, Barcelona y Asturias tenían al 62 % y al 41 % de su población empleada en la industria en 1930, con solo un 11 % de la población de la provincia de Barcelona ocupada en la agricultura. En el otro extremo del espectro se encontraba la provincia de Badajoz en Extremadura, que seguía empleando al 65 % en la agricultura en 1930, habiendo descendido desde cifras inferiores al 80 % en 1900.³⁷ En general, la proporción de la población andaluza empleada en la agricultura cayó del 72 % en 1900 al 59 % en 1930, mientras que la media nacional cayó del 66 al 45 %. La tasa de crecimiento industrial refleja esta disparidad, con una tasa nacional anual del 2,06 %, entre 1875 y 1935, limitando el impacto del extraordinario 7,2 % de la economía vasca y el 2,95 % de la economía catalana, que seguía estando por encima de la media.

Finalmente, existen disparidades muy claras en los indicadores de salud y riqueza entre las regiones de crecimiento rápido y lento.³⁸ Así, aunque el analfabetismo había caído al 29 % en España en 1930, alcanzaba el 55 % en Extremadura y el 16 % en Cataluña. La diferencia en mortalidad infantil era igual de grande, con Cataluña (66/1.000) en un extremo y Extremadura (150/1.000) en el otro, más cerca de la media nacional de 117/1.000. De igual manera, la esperanza de vida en Cataluña en 1930 era de 54 años, comparados con los 46 en Extremadura. Finalmente, por debajo de todas estas disparidades se encontraba la diferencia regional en los ingresos per cápita, con Cataluña y el País Vasco a la cabeza, con un índice de 78 en 1930, y Extremadura al final de la lista (5,67).

Al mismo tiempo, estudios más detallados revelan que incluso las estadísticas regionales pueden ocultar variaciones significativas. Por ejemplo, un estudio sobre Andalucía muestra que la tasa de alfabetización variaba, con la parte occidental de la región situada en una zona intermedia junto con Galicia, Aragón y Cataluña occidental, mientras que la parte oriental se encontraba en la zona de baja alfabetización, junto con el Levante meridional de Alicante y Almería. La zona de mayor alfabetización incluía la costa cántabra, el País Vasco, Madrid y Barcelona, pero también León y Castilla la Vieja. Si se profundiza aún más en las estadísticas andaluzas, había grandes diferencias entre las tasas de analfabetismo en ciudades como Sevilla (49 % en 1900) y Cádiz (39 %) y las zonas rurales de los alrededores (72 y 67 %). De la misma forma, el estereotipo de una Andalucía puramente rural poblada por jornaleros sin tierra no encaja demasiado bien con la tasa de crecimiento industrial en la región que, con un 2,3 %, estaba por encima del 2,06 % de la media nacional.³⁹

Estos ejemplos proporcionan la dosis necesaria de precaución ante cualquier generalización sobre el desarrollo económico de España. Desde luego, existen pruebas sólidas del desequilibrio del desarrollo económico y de los indicadores de salud y bienestar que no aparecen en las estadísticas nacionales. También hay indicios de la existencia de un componente regional en dicho desequilibrio, con algunas regiones creciendo y transformándose con rapidez. También hay algo de verdad en los binomios clásicos entre urbano y rural, centro y periferia, industrial y agrícola, pero el dinamismo no estaba siempre limitado a un lado del binomio. Así, aunque la Cataluña urbana, periférica e industrial es el ejemplo más claro de la viabilidad de dichas fórmulas binarias, el éxodo rural y la reestructuración agraria de finales del siglo XIX demuestran que el interior no estaba estancado. El desarrollo desigual no fue único de España, y hasta cierto punto siguió siendo una característica de la industrialización en el siglo XX. Quizá en España fue más pronunciada la lenta convergencia e integración, con efectos multiplicadores más débiles para el desarrollo en todas las regiones. Al final del siglo XIX, el mercado nacional de España se había consolidado, consiguiendo que el trigo castellano, el carbón asturiano, el vino andaluz y los textiles catalanes se intercambiaran directamente, pero como todas las regiones se volvieron hacia el mercado nacional, se vieron limitados y al mismo tiempo impulsados por estos parámetros.

CONCLUSIÓN: ¿OPORTUNIDADES PERDIDAS O LIMITACIONES INHERENTES?

Existe un consenso bastante amplio sobre los datos del desarrollo económico y demográfico en España desde principios del siglo XIX a principios del siglo XX. Dicho desarrollo siguió una trayectoria paradójica de crecimiento gradual y de cambio estructural, mientras que al mismo tiempo quedó muy por detrás de las economías europeas más dinámicas. No encaja en la categoría de economía tradicional «subdesarrollada» ni en la de las economías más «desarrolladas», si se mide por los niveles de industrialización, urbanización y la transición a un patrón demográfico moderno de crecimiento sostenido, mayor esperanza de vida y tasas de mortalidad y nacimiento más bajas. Caracterizada por un crecimiento desigual, con diferencias significativas entre las regiones de crecimiento rápido y lento, España siguió una trayectoria intermedia que algunos han identificado como el modelo «europeo meridional». Los nacionalistas catalanes y vascos han ido más lejos al plantear que sus regiones dinámicas no se deberían incluir en la imagen de la economía española, pero al menos se las debe reconocer como caminos diferenciados dentro de la realidad incuestionable de las economías con base en el Estado nación del cambio de siglo.

Lo que se sigue debatiendo es la razón por la que la economía española siguió esta senda y si era la mejor trayectoria posible, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las limitaciones. En particular, se cuestiona si el Estado español hubiera podido contribuir más al desarrollo. Aunque no hay duda de que los Estados más ricos tienen más herramientas a su disposición para apoyar el crecimiento económico con inversiones en infraestructuras y educación, estudios recientes han puesto en duda la caracterización del Estado español como totalmente incompetente y patéticamente débil. Así, el Estado español puso en práctica muchos de los elementos básicos que apuntalan una economía nacional estable, aunque con una implantación imperfecta, incluido un sistema de banco central con el monopolio de la emisión de moneda, un sistema uniforme de impuestos y tarifas, y una estructura de la propiedad que animaba a la inversión privada, ya fuera en tierras, minas o ferrocarriles. Teniendo en cuenta que el Estado era demasiado pobre para construir sus propios ferrocarriles y extraer sus propios minerales, adoptó probablemente la mejor alternativa disponible, permitiendo a los inversores privados que emprendieran los proyectos. El sistema ferroviario ha sido objeto de un debate monográfico, con los críticos que argumentaban que el diseño y la construcción de dicho sistema era sintomático de las consecuencias de dejar que el capital extranjero controlase lo que debería haber sido un recurso nacional. No obstante, el impacto positivo del sistema ferroviario fue impresionante, superando grandes obstáculos naturales para formar un mercado nacional al reducir enormemente el coste del transporte.

Desde luego la economía se habría beneficiado de más gasto público, en especial en educación y en otras medidas de reforma social, como las que se aplicaron en los países más ricos. No solo la alfabetización y la educación están fuertemente relacionadas con el crecimiento económico, sino que la legislación social también podría haber ayudado a integrar a la clase obrera, en lugar de empujarla en brazos de los revolucionarios antiestatales. Al mismo tiempo, hay pocas pruebas de que el Estado español invirtiera significativamente menos que los países con niveles similares de desarrollo, o que la distribución del gasto público estuviera excesivamente sesgada en comparación. Los liberales decimonónicos, en España o en cualquier otro sitio, no estaban esencialmente preocupados por la desigualdad, el bienestar público o la redistribución de los recursos, así que resulta un poco anacrónico responsabilizarlos de no haber hecho lo suficiente para mejorar lo que en la actualidad llamamos el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Si los demócratas y los republicanos federales hubieran sido capaces de lograr su programa democratizador en lugar de fracasar en 1874, es posible que el Estado español hubiera realizado algunos cambios en la estructura fiscal regresiva o instituido más reformas sociales, pero también se habrían visto limitados por la enorme deuda contraída durante las guerras carlista y cubana de la década de 1860 y por la resistencia de los empresarios a las reformas sociales más tímidas que iban a caracterizar las relaciones laborales en las décadas siguientes. En cualquier caso, el carácter conservador de los liberales de la Restauración a partir de 1874 contribuyó muy poco a reducir la desigualdad o mejorar las condiciones de vida de los españoles más pobres, dejándolos como problemas acuciantes para el siglo XX.

Estas consideraciones nos ayudan a comprender por qué la trayectoria española de crecimiento económico antes de 1930 resolvió algunos problemas, dejando otros irresolutos, si bien no se los debería valorar en función de algún modelo «ideal» de crecimiento que España debería haber seguido. Como en cualquier situación histórica, algunas opciones o prioridades habrían resuelto más problemas, y por eso constituyen una serie de oportunidades perdidas. Aun así, el Estado español, además de los millones de actores económicos, se comportó dentro de parámetros razonables, definidos por los recursos existentes, las limitaciones y las expectativas de su tiempo y lugar específicos en la historia. Sin ser un «fracaso», un «éxito» ni un «atraso», la economía española siguió su propio ritmo lógico, formando parte de un sistema europeo heterogéneo que incluía tanto la periferia como el centro.

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CULTURA Y SOCIEDAD, 1830-1930

INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN SOCIAL Y CULTURAL EN LA PERSPECTIVA COMPARADA

En paralelo a la evolución económica y demográfica analizada en el capítulo anterior, la transformación cultural y social se produjo de manera gradual y desigual, acelerándose en la mayoría de las zonas en el último par de décadas, pero con un ritmo que quedó por detrás de los países europeos de vanguardia. El paradigma anteriormente dominante basado en dichos casos de vanguardia definía una trayectoria clara hacia la «modernidad» en el siglo XIX, que incluía la transición de la cultura rural a la urbana, de los valores aristocráticos a los burgueses, de una sociedad campesina a una sociedad de clase industrial, del arquetipo de la mujer tradicional a la moderna, de la religiosidad a la secularización y de las culturas locales y regionales a una cultura y una esfera pública nacional y uniforme.

Estudios recientes han confirmado estas tendencias generales, pero también reconocen que fueron menos homogeneizadoras y más desiguales en el siglo XX de lo que se había imaginado con anterioridad.¹ Así, aunque la extensión del estilo de vida urbano se había convertido en el punto de referencia al que aspiraban los líderes intelectuales y políticos a finales del siglo XIX, en la práctica muchos europeos, sin contar la población del resto del mundo, seguían viviendo de acuerdo con los ritmos rurales, locales, agrarios y/o religiosos. Al mismo tiempo, estos últimos también estaban evolucionando, no eran elementos arcaicos de una sociedad «tradicional» estática en decadencia. Como consecuencia, las características que en su momento se creyó que eran mutuamente excluyentes, como la cultura local y nacional, rural y urbana, o religión y secularización, coexistieron en una dinámica continuada que era más compleja que «moderno» frente a «tradicional». El caso español siguió los parámetros generales de esta narración modificada de evolución social y cultural, que incorporaba el cambio a lo largo del tiempo y la diversidad de las experiencias y los estilos de vida.

Este relato más complejo de la transición a una sociedad «moderna» no ha resuelto los debates de largo recorrido sobre cómo caracterizar el impacto de estos cambios. Desde la perspectiva de una modernización liberal, la transformación hacia la modernidad dejó detrás un mundo incapacitado por la superstición, la inmovilidad social, la ignorancia y el aislamiento, e inauguró una era nueva caracterizada por el racionalismo, la movilidad social a través del mérito, la democratización de las oportunidades a través de la educación y de una cultura en el medio urbano. El relato marxista crítico replicaba que la revolución burguesa (o su supuesto «fracaso» en el caso español) que provocó esta transformación había sustituido un marco de dominio social por otro, y que todas las manifestaciones de la cultura moderna servían para consolidar las relaciones de poder de clase de la nueva jerarquía social. En la actualidad, pocos estudiosos defienden estos dos paradigmas en su estado puro. La versión de la alegre modernización oculta el papel del poder en las relaciones sociales y en las prácticas culturales modernas, mientras que demoniza o desprecia los restos de la sociedad «tradicional» como irrelevantes para la narración del progreso histórico. En contraste, la versión marxista, incluso en sus versiones más suaves, reduce los fenómenos sociales y culturales complejos a una excesivamente simplificada lucha de clases que también desprecia la «tradición».

En lugar de la trayectoria lineal de estos modelos, los estudios recientes han dejado espacio para la diversidad, la heterogeneidad y la mezcla de prácticas que en su momento se colocaron a un lado u otro de la división moderno/tradicional. Así, el «redescubrimiento» de la religión por parte de los historiadores del siglo XIX ha revelado la expansión y la adaptación de todas las grandes religiones, en lugar de su erosión o secularización obligada, incluso en los países vanguardistas del norte de Europa.² Las instituciones religiosas sufrieron un declive en poder político y autonomía financiera, y algunos Estados adoptaron medidas secularizadoras para separar el poder político del religioso, un proceso que también tuvo lugar en España, aunque de manera menos agresiva. Pero a medida que las Iglesias se retiraban de la esfera política formal, ampliaron su influencia en la vida social y cultural. Y mientras afirmaban que defendían una sociedad «tradicional» frente a lo que veían como los males traídos por la modernidad, en realidad las iglesias adoptaban la tecnología y las prácticas nuevas, desde la prensa al asociacionismo y la esfera pública, y jugaron un papel central en una de las innovaciones sociales más importantes del siglo: la educación de las masas.

La Iglesia católica, para cumplir la orden del Vaticano de «recristianizar» a una población manchada por el liberalismo secular y anticlerical, se sirvió de las devociones tradicionales pero también de formas nuevas como las asociaciones laicas y rituales para ejercer su misión. En otras palabras, la Iglesia católica, en España como en otros lugares durante este período, fue una institución cultural que actuaba en el mundo moderno, no un remanente anacrónico de la sociedad del Antiguo Régimen. Como tal, la «guerra cultural» europea entre católicos y anticlericales se debería interpretar en menor medida como una lucha entre «tradición» y «modernidad» y concebirla, más bien, como una lucha sobre los valores del estilo de vida moderno.³

De la misma manera, el «giro» local y regional en el estudio del nacionalismo se ha centrado en estas identidades como algo más que simples obstáculos arcaicos al avance de la «nacionalización».⁴ Todos estos marcos culturales pudieron continuar coexistiendo, y de hecho lo hicieron, en Estados más descentralizados como Alemania y en otros centralizados como Francia, en una interacción dinámica que en ocasiones se reforzaba mutuamente y era interdependiente, y en otras competían y eran antagónicos.⁵ En el primer caso, la cultura y la identidad regional proporcionaban a muchos ciudadanos el camino más accesible para la nacionalización, mientras que en el último podían impulsar una identidad nacional alternativa; pero en ambos casos las personas podían asumir más de una identidad territorial en un momento dado y el resultado no estaba predeterminado.

Desde una perspectiva diferente, la formación lineal de dos clases opuestas, el proletariado y la burguesía, ha dado lugar a una imagen más diversa y variada de las relaciones sociales. Por un lado, la clase obrera industrial siguió siendo una minoría relativa de la población, incluso en el norte de Europa, hasta las últimas décadas del siglo, mientras que otros trabajos de oficina de bajo nivel, los pequeños negocios y la producción artesana hicieron que la fuerza laboral no se pudiera reducir a dos clases. Mientras tanto, la población agraria igualmente heterogénea siguió siendo dinámica, adaptándose en respuesta a las innovaciones tecnológicas, un mercado urbano en crecimiento y redes de transporte y comunicación que unían las aldeas con un mundo más grande. En lo alto de la jerarquía social, mientras entraban en decadencia los aristócratas ricos y privilegiados, el nuevo estrato elitista era un híbrido de riqueza nobiliaria, comercial, industrial, agraria, urbana y burocrática, en lugar de una clase «burguesa» homogénea.

Estas revisiones no significan que la clase, el secularismo, el nacionalismo o la modernidad sean por sí mismos irrelevantes para el relato de la evolución social y cultural en este período. Así, siguen siendo una historia dominante de la transformación a largo plazo desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX que incorpora la renegociación continua de las jerarquías sociales y de las relaciones de poder. Es más, muchas personas se imaginaban cada vez más a sí mismas viviendo en un orden social «moderno», lo que era tan importante como cualquier cambio «objetivo» en sus vidas.⁶ Por ejemplo, a principios del siglo XX, un número creciente de europeos, en especial en el entorno urbano que se convirtió en el escenario para el drama de las clases, creía que vivía en una sociedad bipolar en la que la clase obrera y los burgueses eran los personajes principales que se debían temer, admirar o emular, dependiendo de la posición de cada uno. Desde este punto de vista, lo identificaban todo, desde su vecindario a sus asociaciones y sus actividades de ocio, con la adopción o el rechazo a esta realidad superior. Al mismo tiempo, esta perspectiva solo era una de las muchas lentes a través de las cuales los individuos podían ver su lugar en el orden social, incluida la familia, el género, la religión, lo local, lo regional o lo nacional, con frecuencia en capas de significados entrelazados. El resultado fue un paisaje social y cultural complejo e interrelacionado que se resiste a una sola narración de su desarrollo.

EL ORDEN SOCIAL: EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD

Hasta fechas recientes, el relato del desarrollo de la evolución social del siglo XIX en España estaba enmarcado por el debate superior sobre el supuesto fracaso de la «revolución burguesa». La interpretación clásica afirmaba que, como resultado del fracaso de la revolución industrial, la débil clase burguesa siguió subordinada a la nobleza feudal, lo que a su vez no solo explicaba el fracaso de una revolución política liberal y después democrática, sino también la falta de transformación hacia una cultura y sociedad burguesas, con sus supuestas características de consumismo, secularismo, urbanismo y, por supuesto, capitalismo.

Una generación reciente de estudiosos ha desmontado convincentemente este modelo simplista, demostrando la erosión a largo plazo de la sociedad del Antiguo Régimen y su marco cultural aristocrático, y la construcción de un orden social nuevo. Algunos plantean una erosión gradual a partir de finales del siglo XVIII, mientras que otros destacan la revolución liberal de la década de 1830 como el punto de inflexión esencial, pero en los dos casos a principios del siglo XX la vieja aristocracia como grupo ha sido en su mayor parte desplazada de la cima de la jerarquía social, sustituida por una élite híbrida o un «grupo general de detentadores de poder» cuya riqueza se había ido consolidando con las oportunidades ofrecidas por una economía capitalista.⁷ Al mismo tiempo que evolucionaba el perfil económico de las élites, también lo hicieron sus prácticas culturales en términos de cómo vivían, se comportaban, se vestían y se divertían. Descendiendo desde la nueva élite híbrida se encontraban las clases medias heterogéneas y mayoritariamente urbanas que se estaban expandiendo lentamente y aspiraban a unirse o al menos a compartir los elementos externos de la emergente sociedad elitista. En lo más bajo de la jerarquía urbana se hallaban las diversas clases populares, que evolucionaron gradualmente para satisfacer las necesidades de los crecientes sectores comercial, industrial y de servicios. Finalmente, había una mayoría de población rural, tan jerárquica como la urbana, pero más dinámica de lo que se supone con frecuencia.

El resultado de un siglo de cambios graduales fue una transformación significativa del orden social que incluía cierta movilidad hacia arriba y un cambio de posición en las capas superiores y medias tanto en el ámbito rural como el urbano, así como grandes sectores en lo más bajo con pocas perspectivas de prosperar. Ni un sistema rígido de dos clases ni una utopía de igualdad de oportunidades, el orden social emergente representaba una reconfiguración de la jerarquía, el poder, las oportunidades de ascenso social y la desigualdad que acompañaba y reforzaba los cambios políticos y económicos que estaban en marcha.

Una élite híbrida

Hasta mediados del siglo XIX, el alejamiento gradual del poder económico y cultural de la antigua aristocracia que se había iniciado a finales del siglo XVIII continuó, aunque la mayoría de las viejas familias fueron capaces de sobrevivir a los cambios políticos de la revolución liberal. En la década de 1850, la nobleza como grupo seguía poseyendo la mayoría de la riqueza, con la mayor parte invertida en tierras y en la agricultura. Muchas familias nobles se beneficiaron de la transición a un régimen de propiedad privada, en especial teniendo en cuenta el peso que seguirá teniendo la agricultura en la economía española. De las 100 familias más ricas en Madrid en ese momento, el 42 % pertenecían a la nobleza.⁸ Lo que permitió que las viejas familias siguieran medrando ya no fueron los privilegios aristocráticos, sino la capacidad de capitalizar los recursos existentes en una economía cada vez más dirigida por el mercado. Estas mismas oportunidades proporcionaron canales a un número creciente de las familias no nobles para hacer fortuna a través del comercio, la industria, la minería y la agricultura, y a finales de siglo, los nobles ya no destacaban dentro de esta élite híbrida, que solo constituía una «clase» en contraste con los estratos sociales más bajos.

Sin duda, también existían variaciones regionales significativas. En Valencia y Cataluña, por ejemplo, se produjo un cambio más profundo de las élites económicas entre principios y mediados del siglo XIX.⁹ En contraste, había zonas de Andalucía y Extremadura donde gran parte de la aristocracia se transformó de señores feudales en propietarios privados, con frecuencia absentistas, y caciques poderosos. Fue finalmente la crisis agrícola de finales del siglo XIX la que obligó a muchas familias de abolengo a vender sus propiedades a urbanitas ricos que querían invertir en tierra o bien a campesinos acomodados que eran propietarios o arrendatarios. Incluso en el sector agrario, que cambiaba con lentitud, la composición de las élites no era estática ni representativa de un orden social arcaico.

La élite híbrida también unía y mezclaba signos de estatus «aristocrático» y «burgués». Así, como en otros lugares en Europa, la práctica continuada de ennoblecer a los plebeyos ricos y con méritos procedentes de la Administración del Estado, el Ejército, las colonias, la industria y el comercio amplió las filas de la nobleza (1.200 títulos nuevos a lo largo del siglo) y demostraba que persistía el prestigio del estatus aristocrático. Así mismo, a medida que surgían gradualmente los elementos de un estilo de vida distintivamente «burgués», las familias ricas seguían tomando las decisiones sociales y de negocios a través de las redes de patronazgo y familiares, diseñadas más para proteger la posición de la familia que para maximizar el beneficio en un mercado libre.¹⁰ En la sociedad elitista, la familia, no el «individuo racional» de la ideología liberal, definía el poder social y su reproducción.

Al mismo tiempo, dichas familias elitistas adoptaron complementariamente los papeles de género «burgueses». En contraste con el papel de los hombres en la fuerza laboral y en la esfera política, se suponía que las mujeres gestionaban la esfera doméstica. De acuerdo con el ampliamente difundido modelo de esferas separadas del «ángel del hogar», la constitución emocional, procreadora y más débil de las mujeres las hacía inadecuadas para la dura realidad de la competencia individual en la esfera pública.¹¹ Estas mismas cualidades las ayudarían a crear un ambiente familiar adecuado que colmaría el espíritu de su esposo y prepararía a sus hijos para la edad adulta, mientras encarnaba los valores castos y religiosos que se esperaban de una mujer respetable.

Las clases medias urbanas

Evidentemente, los límites del estatus de las élites nunca fueron fijos o permanentes, en especial para las «clases medias» intermedias, para las que la aspiración de unirse a la sociedad elitista forjó su propia identidad. Integradas por una serie de profesiones mayoritariamente urbanas, incluidos funcionarios, periodistas, abogados, pequeños empresarios y comerciantes, escritores, maestros, oficiales y clérigos de grado medio, eran un grupo diverso con frecuencia unido por su situación como propietarios. Teniendo en cuenta el desarrollo lento de los sectores urbanos, industriales y de consumo en España, estas clases intermedias siguieron siendo una minoría de la población, probablemente no más del 5 % en 1870, pero que aumentó rápidamente de 1900 a 1930, cuando la población urbana creció el 27 %. El primer sector de las clases medias en ampliarse fue el de los funcionarios, que se duplicaron entre 1860 y 1900, a medida que el Estado consolidaba su Administración. Más estables en número, pero aun así significativos en un sector altamente militarizado eran los oficiales, muchos de ellos hijos de familias de clase media. Otro sector en crecimiento estaba formado por los comerciantes, cuyo número se sextuplicó en el transcurso del siglo XIX, y la mayoría de ellos probablemente pertenecía a las clases medias, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la mayor parte de los establecimientos comerciales. El número de médicos y abogados también subió al aumentar la cifra de estudiantes universitarios (un total de 12.000 en 1868, 30.000 en la década de 1920) que eligieron estas profesiones por encima de carreras tradicionales como la teología.

Aunque la mayoría de las mujeres de clase media no ocupaban puestos de trabajo remunerados, excepto que fueran solteras o viudas, jugaron un papel importante para asegurar la situación de la familia precisamente no trabajando fuera del hogar. En otras palabras, una mujer que no trabajaba era una de las aspiraciones de las familias que se movían en la parte baja de la clase media, y podía asegurar su presencia en ella al mismo nivel que tener una propiedad. Para las mujeres solteras o viudas de esta clase, las oportunidades para incorporarse a profesiones regulares no se presentaron hasta principios del siglo XX, y su nivel de empleo siguió siendo bajo en comparación con el norte de Europa. La ocupación femenina como maestra siguió aumentando desde la aprobación de la ley que obligaba a la educación de las niñas en 1857, seguida por el establecimiento de escuelas para formar maestras. Pero las profesiones más elevadas no se empezaron a abrir hasta 1910, cuando las chicas pudieron entrar en la universidad en igualdad de condiciones que los varones, y en 1918, cuando se les permitió incorporarse a diversos cuerpos del funcionariado civil.

Las clases populares o «el pueblo»

En lo más bajo de la jerarquía social se encontraban unas clases populares que también eran muy diversas, o el pueblo, la mayoría del cual vivía en zonas rurales, aunque una minoría creciente poblaba las ciudades en crecimiento. Durante la mayor parte del siglo XIX, la vasta mayoría de las clases populares urbanas se ocupaban en oficios artesanales, desde la fabricación de zapatos a la ebanistería, ya fuera como maestros (algunos de los cuales pasaron a engrosar las «clases medias») o como jornaleros. Aunque estos empleos subalternos sobrevivieron durante más tiempo del que se había creído, en las últimas décadas del siglo el proceso de «proletarización», mediante el cual antiguos artesanos independientes perdieron sus negocios y se convirtieron en empleados de fábricas o de establecimientos comerciales, empezó a ganar velocidad. Otra categoría de trabajador urbano era el dependiente. La mayor parte de los establecimientos comerciales que contrataban dependientes se encontraban en las ciudades y en los pueblos, y la mayoría siguieron siendo pequeños, y los propietarios de las tiendas más modestas casi no conseguían mantener su posición en la clase media. En Madrid en 1930, los 8.851 comerciantes tenían una media de tres empleados cada uno, y los primeros grandes almacenes, los Almacenes Madrid-París (1920) y sus 416 empleados eran la excepción a la regla.¹² Además de oficios y tiendas, la categoría más importante desde el punto de vista cuantitativo entre los trabajadores urbanos era el servicio doméstico, integrado casi en su totalidad por mujeres jóvenes solteras, muchas de las cuales eran hijas de familias campesinas que se habían trasladado a la ciudad para encontrar empleo en las casas de la élite.

Hasta un siglo después los obreros industriales no se convirtieron en una presencia significativa, y aun así estaban concentrados en las grandes regiones industriales o mineras y en Madrid. En el censo de 1860 apareció por primera vez la categoría de obrero industrial, y en 1900 había alrededor de un millón, incluidos los mineros y los trabajadores de los ferrocarriles, y 1,6 millones en 1930. La categoría más importante en número era la de los obreros de la construcción, seguida de sastres y modistos, a continuación venían los trabajadores de la industria alimenticia y el textil.¹³ Las obreras industriales, la mayoría de ellas solteras, se concentraban en el textil, la confección y las fábricas de tabaco, un 40 % de ellas localizadas en Cataluña, y gran parte de las demás, empleadas en talleres y en las diez plantas de transformación del tabaco que había por todo el país. A pesar del ideal del «ángel del hogar», la realidad para prácticamente todas las mujeres de las clases populares era tener un empleo durante toda o gran parte de su vida.

Aunque la situación económica de las clases populares no era homogénea, en su mayor parte compartían unas condiciones de vida que incluían largas jornadas laborales, inseguridad en el empleo, analfabetismo y malas condiciones sanitarias que provocaban tasas más altas de mortalidad infantil y una esperanza de vida más reducida. Después de un debate largo y continuado sobre si la industrialización y otros aspectos de la «modernización» mejoraron la vida de las clases bajas, parece que la visión más pesimista es la que ha prevalecido. Así, en las fases iniciales de la industrialización y la urbanización, carentes de una legislación protectora que les colocaba ante una situación de desprotección frente a las enfermedades provocadas por las aglomeraciones, es posible que empeoraran o al menos no mejoraran significativamente su calidad de vida hasta finales del siglo XIX, incluso en los países más punteros.¹⁴

En España se produjo una mejora modesta a finales de siglo a través de una reducción de lo que en la actualidad podríamos llamar inseguridad en la alimentación, así como en la variedad de la dieta, viéndose ambos aspectos facilitados por la consolidación del mercado interior. Además, se produjo una reducción media de 1-2 horas en la jornada diaria, al menos en algunos trabajos, culminando con la legislación de la «jornada de 8 horas» en 1919, que amplió el tiempo de ocio para los que tenían un empleo fijo. Y también hubo mejoras modestas en los indicadores de salud como consecuencia de la pasteurización y las vacunas, aunque la brecha entre las estadísticas relativas a la clase alta y la clase baja siguió siendo muy amplia. Dicha brecha se vio reforzada por la segregación de los barrios urbanos a partir de finales del siglo XIX, con las clases bajas concentradas en los viejos centros urbanos en decadencia o en los nuevos suburbios industriales de las afueras, donde con frecuencia vivían en barracas de autoconstrucción o en edificios mal construidos sin cañerías, ventilación, agua limpia o alcantarillas. Algunas categorías de obreros vivían peor que otras, incluidas las mujeres, a las que se pagaba entre el 50 y el 65 % del salario masculino, y los trabajadores sin cualificación, cuyos salarios y empleo irregular no les permitían llevar una existencia que alcanzara los niveles de subsistencia.

Lo que indudablemente ayudó a la supervivencia de estos y del resto de las clases populares fue la economía familiar, en la que múltiples empleados unían sus recursos.¹⁵ Las mujeres eran con frecuencia la piedra angular de los hogares de clase baja, tanto por su trabajo no remunerado de cuidado del marido y de los hijos como por sus estrategias para estirar un presupuesto muy limitado, empleos temporales, aceptando tareas de lavanderas o costureras, e incluso con la prostitución ocasional. Hasta bien entrado el siglo XX, los niños contribuyeron a la economía familiar, ayudando a sus madres con la costura «a destajo», ejerciendo algunos empleos ocasionales como recaderos o limpiando tiendas, o entrando en las fábricas en las que se podía conseguir este tipo de trabajos. En Barcelona había más de 22.000 niños (las dos terceras partes, varones) de entre 10 y 14 años trabajando en la industria en 1905, lo que constituía una proporción significativa de la población infantil de la ciudad. Debido a la contribución financiera de los niños a las familias, las tasas de absentismo escolar eran altas, como en Madrid a finales del siglo XIX, donde la mitad de la población que debía asistir a la escuela primaria solo iba de manera irregular, a pesar de la disposición legal sobre la asistencia obligatoria.

La sociedad rural

La visión de una sociedad diversa y en evolución también se aplica al sector rural y agrario, que era algo más que una reliquia atemporal de un orden social del pasado. Aunque muchos de los ritmos de la vida rural, marcados por las actividades agrícolas diarias y por los ciclos de plantación y cosecha, debieron de permanecer constantes, también se produjeron muchos cambios como consecuencia del proceso de desamortización, la abolición del sistema señorial, la crisis agrícola de finales del siglo XIX, la construcción de las líneas ferroviarias secundarias y la consolidación del mercado interior a finales de siglo.

Como se ha señalado en el capítulo 6, el proceso de desamortización reforzó la variedad en la estructura de tenencia y propiedad de la tierra en la España rural, no solo reconstituyendo una élite híbrida, sino permitiendo también la expansión de la clase media de agricultores independientes, cuyo número aumentó casi en un 50 %. Esta expansión de la clase media rural no solo condujo una vida más cómoda, sino que cada vez más estuvieron dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela, propiciando las tasas de alfabetización más altas en las regiones septentrionales donde eran predominantes.¹⁶

Al mismo tiempo, la desamortización aumentó el número de jornaleros sin tierras (braceros), del 33 al 36 % de toda la población activa del país, pero que se distribuían a nivel regional según el tamaño de las propiedades. Así, su proporción aumentaba a medida que se iba hacia el sur, alejándose de las explotaciones más pequeñas del norte hacia los latifundios del centro y del sur. Había menos de un 25 % de población agrícola en la región de minifundios a lo largo de la costa septentrional, entre el 25 y el 50 % en León, Castilla la Vieja y Aragón, del 50 al 75 % en Castilla la Nueva, Murcia y partes de Andalucía oriental, y por encima del 75 % en Andalucía occidental y parte de la oriental. Los medios de vida de estos trabajadores siguieron siendo tan precarios, si no más, a finales de siglo como al principio, con un salario diario por debajo del nivel de subsistencia, tremendas jornadas laborales de diez horas y una media de tres meses de desempleo de temporada. Con frecuencia su situación empeoró tras la privatización de las tierras comunales municipales, que habían suplementado sus magros recursos.¹⁷ Incluso durante el primer gran éxodo de finales del siglo XIX, los braceros quedaron con frecuencia atrás porque carecían de los recursos mínimos o las redes para facilitar la emigración, aunque probablemente algunos se unieron a las migraciones temporales para encontrar trabajo adicional en las ciudades cercanas.

Además de la agricultura, había una variedad de ocupaciones en los pueblos pequeños que estaban repartidos por el territorio, de manera que hasta un tercio de la población rural estaba ocupada en trabajos artesanales, comerciales, de servicios o incluso industriales, a veces como un complemento al trabajo agrícola. En especial, los centros mineros en Asturias y en el País Vasco o las minas de Río Tinto en el sur, cuya fuerza de trabajo colectiva se triplicó de 23.000 personas en 1860 a 76.000 en 1900, con frecuencia se localizaban fuera de los centros urbanos. Las familias mineras vivían en pequeñas comunidades autosuficientes o en aldeas rurales donde los mineros seguían realizando tareas agrícolas. Hasta la década de 1920, dos terceras partes de la fuerza laboral de la industria minera asturiana estaba formada por estos «trabajadores mixtos» y alrededor del mismo porcentaje vivía en pueblos de menos de 500 habitantes.¹⁸ No solo estos obreros mixtos y los artesanos de los pueblos pequeños diversificaban la población rural, sino que con frecuencia proporcionaban el lazo de unión entre la sociedad rural y la urbana. Estos lazos se fortalecieron con las líneas de ferrocarriles y el mercado integrado, contradiciendo el estereotipo de aislamiento e insularidad que emerge como uno de los temas de los críticos «regeneracionistas» del cambio de siglo, que consideraban que el ámbito rural impedía que España lograra una «modernidad» completa.

SOCIABILIDAD E IDENTIDAD: UN PAISAJE CULTURAL DIVERSO Y EN EVOLUCIÓN

En una interacción dinámica con los cambios a largo plazo en la situación económica y en la experiencia laboral, se estaba desarrollando un paisaje cultural que enmarcaba cómo entendían las y los españoles su relación con quienes se socializaban y dónde y cómo se producían esas relaciones. Una de las innovaciones brillantes del período fue una nueva serie de prácticas de ocio, espaciales y simbólicas, mayoritariamente urbanas, que se identificaron cada vez más como «cultura burguesa». Al igual que había ocurrido en muchas ciudades europeas, la difusión y el impacto de estas nuevas normas se extendió, si bien más tarde y de una manera más gradual que en las ciudades punteras del norte de Europa.¹⁹ Inmortalizado en el lenguaje literario de los grandes novelistas realistas de finales del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés y Leopoldo Alas, a principios del siglo XX estas normas no solo definían el modelo de la nueva élite híbrida, sino que también fijaban las metas ideales de las más amplias clases medias. Para los que no se podían permitir la participación en esta cultura urbana de élite, existía un mundo de sociabilidad popular que estaba evolucionando y extendiéndose junto con el potencial para el «ocio» entre las clases bajas. No obstante, esta nueva cultura urbana estratificada solo era una de las lentes a través de las cuales los españoles veían su identidad colectiva. Otras identidades culturales que se superponían y atravesaban la jerarquía social eran la religión, el regionalismo y el nacionalismo.

Una nueva cultura urbana: codificando la jerarquía social en la esfera pública

Entre las décadas de 1830 y 1930 tomó forma en España una nueva cultura urbana, al principio bastante limitada, pero que siguió creciendo junto con la población urbana. En contraste con los salones aristocráticos, gran parte de la acción tuvo lugar en la «esfera pública», definida como el espacio virtual donde se juntan los ciudadanos sin el control o la tutela del Estado, pero también estratificado de acuerdo con las jerarquías sociales.²⁰ El tejido conectivo de la esfera pública fue una cultura impresa en expansión, que incluía un abanico cada vez más amplio de publicaciones periódicas de diferentes temáticas, desde las revistas de moda como Moda Elegante (1842) a la amplia prensa política, brillantes revistas ilustradas como La Ilustración Española y Americana (1869) y Blanco y Negro (1891), revistas satíricas como el anticlerical El Motín (1881) y revistas académicas y boletines de asociaciones. A partir de 1837 —cuando existían 120 periódicos en toda España, muchos de ellos publicados en Madrid— hasta 1900, el número total de periódicos se había elevado a 1.347. Pero la cultura impresa en expansión incluía formatos incluso más accesibles, como panfletos, carteles, mapas, dibujos, estampas, anuncios y notaciones musicales, que se podían transmitir a través de medios escritos, orales o visuales. El resultado fue un «ambiente» creciente de cultura impresa que no requería una verdadera alfabetización para participar de ella.²¹

En lo más alto de la jerarquía cultural se encontraba el nuevo reino de la sociabilidad de las élites, que se alejaba de los códigos de conducta aristocráticos y se acercaba a una serie nueva de normas conscientemente modernas.²² A partir de la década de 1830, un número creciente de manuales de etiqueta homogeneizaron un código de conducta basado en el ideal de la «urbanidad» cultivada, en lugar de la distinción social heredada del «cortesano» aristocrático. Aunque esta transición implicaba una igualdad de acceso, en realidad el código nuevo establecía diferentes tipos de barreras para los que se encontraban abajo en la jerarquía social, incluidas formas elaboradas de protocolo social para las visitas, las bodas, el vestido, la etiqueta para cenar y el entretenimiento.

Las distinciones sociales también se vieron reforzadas por la transformación física del espacio urbano, en especial con la segregación creciente entre los barrios elitistas y populares. A partir de la década de 1840 en Madrid y Barcelona, las familias ricas empezaron a salir del centro de la ciudad y a trasladarse a barrios nuevos llamados ensanches, donde los edificios de pisos de lujo a lo largo de avenidas salpicadas por parques y monumentos sustituyeron las casas diversas de los centros antiguos de las ciudades. La transformación urbana más famosa ocurrió en Barcelona, iniciada en 1850 con el Pla d’Eixample del visionario Alfons Cerdà i Sunyer, que estableció una retícula de avenidas amplias y espacio ilimitado para crecer. Durante las décadas siguientes, los arquitectos modernistas y catalanistas como Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch diseñaron espectaculares edificios de varias alturas destinados a apartamentos y estructuras públicas, desde estaciones de ferrocarriles a oficinas del gobierno de la ciudad y espacios culturales, que crearon un paisaje arquitectónico conscientemente moderno y único para una ciudad «burguesa» (y catalana). Con el establecimiento de una nueva escuela de arquitectura en Barcelona en 1875, estos arquitectos pretendían romper con el estilo conservador de la escuela de Madrid y adoptaron un «eclecticismo crítico» que dio libertad a los diseñadores para escoger elementos de estilos del pasado. Como dijo Domènech en su manifiesto de 1877 titulado «En busca de una arquitectura nueva», esta experimentación ayudaría a iniciar una nueva era artística que expresase las necesidades de una civilización moderna.²³

Madrid, en competencia continua con Barcelona por sus credenciales de modernidad, adoptó su propio Plan de Ensanche en 1860, diseñado por el ingeniero de la ciudad, Carlos María de Castro. Proponía una división sistemática del espacio urbano entre distritos residenciales ricos en el norte y zonas industriales en el sur, junto con sugerencias para edificios públicos monumentales como una biblioteca nacional o museos. Tras la aprobación de la Ley de Ensanches en 1864, muchas otras ciudades más pequeñas siguieron el modelo de embellecimiento urbano y diferenciación residencial, en especial hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Planificadas y financiadas con frecuencia por las inversiones de las familias de las élites dedicadas a los negocios, literalmente reconstruyeron la ciudad como un espacio para mostrar su poder y prestigio.

En las casas de lujo de los ensanches, el diseño de interior y el mobiliario constituyó el núcleo de la identidad de una nueva élite urbana, así como el escenario para representar los papeles de género modernos. Los nuevos pisos estaban divididos en unas habitaciones públicas, como el salón, que se fue llenando cada vez más con elementos ornamentales y decorativos para aparentar, y las habitaciones privadas para la vida doméstica. Con el papel central de la vida doméstica «privada» para representar el orden social nuevo, las mujeres eran las protagonistas esenciales en el nuevo código de conducta de las élites. Así, el ideal descansaba sobre una serie de papeles complementarios para los hombres y las mujeres, cada uno de los cuales era esencial para completar la apariencia de estatus familiar.

Aunque el «ángel del hogar» subordinado y dependiente podría parecer una figura sin poder, en la práctica, las mujeres de las élites ejercían una responsabilidad significativa para el sostén y la imagen del estatus de la familia. Desde sus decisiones para decorar el vestíbulo hasta la jerarquía de sus visitas sociales, sus elecciones de moda y su asistencia a acontecimientos culturales de prestigio, las mujeres de la élite visibilizaban el lugar de la familia en el orden social y establecían los límites que los separaban de las que estaban por debajo. Más allá del hogar, las mujeres de la élite definían su lugar en la jerarquía social a través de la participación en la actividad creciente de la filantropía privada, que paradójicamente también les permitía el acceso al supuestamente masculino ámbito público. Organizaciones para promover la educación de las niñas, la reforma penal, los orfanatos o los hospitales confirmaban la misión social de las mujeres «respetables» de ayudar a los menos afortunados, en especial en el intervalo desierto entre la caridad católica expropiada y un Estado liberal reticente a intervenir en la resolución de los problemas sociales.²⁴

Las organizaciones filantrópicas solo eran un elemento de un mundo más amplio de sociabilidad elitista cuyo sello distintivo era la asociación voluntaria. Alimentadas por la creencia liberal en la conexión entre virtud cívica y sociabilidad, las asociaciones permitían que los ciudadanos desarrollasen los lazos que crearían una sociedad a partir de individuos autónomos.²⁵ El medio asociativo del siglo XIX era teóricamente abierto e inclusivo, pero en la práctica reflejaba y reforzaba las jerarquías sociales, con los miembros segregados según su posición, pero que al mismo tiempo contribuían a la construcción de dicha posición. El segmento más exclusivo del emergente medio asociativo en España incluía asociaciones científicas y literarias como ateneos y liceos, organizaciones filantrópicas, casinos recreativos y, en algunos casos, organizaciones profesionales de médicos, abogados u hombres de negocios.

Estos tipos nuevos de asociaciones de élite se inician en la década de 1830. Un artículo de 1838 presentando el primer ateneo en Madrid (1835) identificaba el nuevo «espíritu de asociación» como una de las características esenciales de los «pueblos civilizados».²⁶ En contraste con las academias reales del siglo XVIII, que siguieron funcionando, estas asociaciones nuevas no necesitaban la autorización del monarca o del Estado. A partir de este momento, los ateneos, que combinaban la promoción de los estudios académicos con la cultura general necesaria para participar en los ambientes sociales cultos, constituían el corazón de la vida intelectual y de la sociedad educada. A mediados de siglo, existían 54 ateneos en las grandes ciudades y en las capitales provinciales del país, y en 1880 había 143. Los ateneos albergaban clases públicas, conferencias y grupos de debate, organizaban exposiciones de arte y conciertos, y tenían bibliotecas y salones de lectura. En especial, los ateneos de Madrid y Barcelona organizaron eventos de gran impacto, como el cuarto centenario del viaje de Colón, el aniversario de la publicación del Quijote o, en Barcelona, acontecimientos importantes de la historia y la cultura catalanas. Los objetivos de los liceos (Madrid, 1837) se solapaban con los de los ateneos, pero se centraban en promover el consumo artístico al patrocinar obras de teatro, exposiciones, lecturas poéticas, conciertos y danzas.

Los casinos eran asociaciones recreativas privadas masculinas cuyos miembros con frecuencia también pertenecían a un ateneo o a un liceo. Pensados para jugar al billar, a las cartas y para la bebida social, así como para leer los periódicos, las cuotas de los asociados hicieron que los casinos fueran selectivos. En la década de 1860 existían cerca de 600, extendidos prácticamente por todas las provincias, y en 1900 había más de 2.000. Los casinos de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona solían ser más exclusivos que los de las ciudades provinciales, pero en general eran espacios segregados donde los hombres más ricos podían disfrutar de la compañía de sus iguales. Algunos de los primeros casinos surgieron a partir de las tertulias informales, o grupos de discusión, como fue el caso en Madrid, donde la institución creada en 1837 estaba formada por un grupo que se había estado reuniendo en un café durante muchos años.

Más allá de la pertenencia a asociaciones selectivas, la emergente esfera pública «burguesa» estaba formada por otros espacios y prácticas de ocio comercializadas, incluidas las representaciones teatrales y musicales, los museos, los deportes elitistas como el tenis y el ciclismo, los cafés, las vacaciones en balnearios, las amplias vacaciones estivales en instalaciones costeras o en retiros en las montañas, «jardines de ocio» que cobraban entrada y avenidas donde las familias bien vestidas se podían exhibir durante el paseo diario, que se podría considerar en líneas generales como una caminata pública ritualizada que seguía unas rutas regulares. La mayoría de los grandes museos decimonónicos se encontraban en Madrid, empezando con la inauguración del Museo del Prado en 1819 y terminando por la finalización de la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico en 1895. Los establecimientos teatrales y musicales más prestigiosos se encontraban en Madrid y Barcelona y, en 1900, cada ciudad tenía una docena de grandes teatros, dos salas de ópera y recintos más pequeños para producir obras de teatros y la ópera ligera española, la zarzuela. Además de integrar el público principal de las producciones teatrales, la burguesía era la fuente de los temas y del estilo de vida que se mostraba en la mayoría de las 1.000 obras escritas a lo largo del siglo XIX.²⁷ Aunque había asientos baratos en el «gallinero», las filas más altas de los teatros, los palcos del primer piso eran espacios para que la alta sociedad pudiera ver y ser vista, «chorreando joyas y diamantes», según un estudiante pobre que miraba hacia abajo al «océano de la burguesía».²⁸ Como resalta esta observación, la articulación de la jerarquía de clases era tanto un motivo como una consecuencia de una serie de actividades culturales y de ocio y era una consecuencia. Aunque el comentario deja claro que la participación en la esfera pública no estaba limitada a los ciudadanos «burgueses», la jerarquía de clases era uno de los factores primarios que estructuraba dónde y cómo se encontraban las personas.

Al mismo tiempo, estas fronteras eran flexibles y cambiaban, en especial entre las élites y las diversas clases medias. Muchos de estos grupos intermedios participaban en la cultura asociativa de la época, fundando una serie de asociaciones filantrópicas, profesionales y de presión que constituyeron lugares más o menos selectivos de sociabilidad para grupos que iban desde médicos, abogados, industriales y académicos a aquellos que se unían alrededor de una causa específica como la reforma social, el libre comercio o el abolicionismo.²⁹ En cuanto a las asociaciones profesionales, las más numerosas pertenecían a abogados y notarios, con más de 100 a finales de siglo, todas ellas en zonas urbanas, a excepción de un puñado.³⁰ A finales de siglo, también existía un número mayor de «colegios» o asociaciones de médicos y farmacéuticos, cámaras de comercio para hombres de negocios en los grandes centros comerciales y un puñado de asociaciones de escritores, artistas, compositores, ingenieros y maestros, la mayoría de estas últimas en Madrid o Barcelona. Con visiones políticas y estatus sociales diversos, estos tipos de asociaciones a veces imitaban las cualidades de las asociaciones más selectivas y en otros casos existieron en una esfera social paralela y menos exaltada.

En los márgenes de la cultura de clase media: la vanguardia y la mujer moderna

Uno de los aspectos de la cultura urbana moderna que no encajaba con precisión en la jerarquía social era el mundo relativamente pequeño de los artistas de vanguardia, destacados en primer lugar en Barcelona y más tarde en Madrid. Partiendo de la escuela modernista de arquitectura, a principios de la década de 1890, los artistas catalanes Ramón Casas y Santiago Rusiñol trabajaron para crear una comunidad artística que pudiera desarrollar una «escuela nueva» de pintura, modelada según lo que habían visto en París. En 1897 abrieron un café, Els Quatre Gats [Los Cuatro Gatos], en uno de los edificios nuevos diseñados por Puig i Cadafalch, que funcionó como un lugar de reunión para tertulias y como espacio de exposición, incluida la primera muestra en 1900 de un Pablo Picasso de diecisiete años. Además de Picasso, Barcelona alentó el inicio de las carreras de Salvador Dalí y Joan Miró, los tres artistas más importantes a nivel europeo procedentes de España, antes de que se trasladaran a París. La vanguardia de Madrid tomó cuerpo en la década de 1920, cuando artistas jóvenes como Federico García Lorca y Luis Buñuel se reunieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, discutieron sobre el papel del artista en la vida moderna en las tertulias del Café Pombo y publicaron revistas literarias y artísticas de escasa tirada. Con frecuencia muy críticos con lo que consideraban la cultura «burguesa» formal, ampliaron los límites en cuanto a los personajes, el lenguaje y las técnicas de pintura, y miraron hacia París en busca de inspiración en movimientos como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, que llegaron a España en esa época.³¹ Conscientemente situada fuera de la estructura social jerárquica, la cultura vanguardista se movió entre la crítica a la cultura burguesa y el deseo de crear un público para su obra.

Situado igualmente en los márgenes de la cultura respetable de clase media se encontraba el fenómeno emergente de la «nueva mujer», tanto como una presencia física en espacios que anteriormente eran masculinos, como en las discusiones sobre el feminismo y el cambio en los roles de género. A partir del cambio de siglo, un grupo pequeño en su mayoría de mujeres de clase media que incluía maestras, escritoras y periodistas, mujeres separadas y solteras, activistas políticas de izquierdas y librepensadoras, ampliaron los límites del comportamiento femenino aceptado y crearon su propio mundo de asociaciones, como la Sociedad Autónoma de Mujeres en Barcelona (1889-1892) o la Unión de Mujeres Librepensadoras de Huelva (1898-1906), de publicaciones y de redes informales.³² En la década de 1920, empujados por la iconografía omnipresente de la «mujer moderna», aumentó el número de seguidores para el desarrollo del papel de la mujer, así como el de los detractores que predecían que la confusión de los géneros llevaría a la desaparición de la civilización.³³ En la práctica, más mujeres de clase media eran visibles en la fuerza laboral, en especial en el sector servicios y en las universidades (de una estudiante en 1900 a 1.681 —4,5 % del total— en 1930), mientras que el territorio mayoritariamente masculino de los cafés y los ateneos empezó a desarrollar una clientela más mixta. El asociacionismo femenino siguió ampliándose más allá del terreno respetable de las organizaciones católicas y filantrópicas, incluido el Lyceum Club Femenino fundado en 1926 por un grupo de mujeres intelectuales pertenecientes a las élites, que incluía a Victoria Kent, que en el futuro sería miembro del Parlamento.

El movimiento explícitamente feminista siguió siendo pequeño y estaba dividido en diversas ramas, incluido el feminismo católico, el feminismo secular moderado y el feminismo por la igualdad de derechos relacionado con los grupos políticos librepensadores y de izquierdas. El feminismo católico, encarnado por la organización laica de Acción Católica de la Mujer, aceptaba el papel prioritario de las mujeres como madres y esposas, pero afirmaba el derecho a proteger y mejorar la vida de las mujeres dentro de este marco.³⁴ La versión moderada, representada por el periódico La Voz de la Mujer (1917-1931) y la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (1918), apoyaba el acceso de las mujeres a las profesiones y a la educación, así como la reforma del Código Civil que convertía a las mujeres prácticamente en personas dependientes. Los grupos radicales como la Liga Española para el Progreso de la Mujer apoyaban la igualdad total de derechos, incluido el sufragio. Esta última asociación se estableció en 1918 y envió una petición a las Cortes el año siguiente exigiendo derechos políticos para las mujeres.³⁵ Aunque la «nueva mujer», ya fuera explícitamente feminista o no, presentaba un desafío a la división entre lo público y lo privado y el papel estrictamente doméstico de las mujeres, el impacto en la cultura urbana más amplia, como en el caso de los artistas de vanguardia, probablemente fue limitado. Incluso en Madrid y Barcelona, se trataba de subculturas subversivas, mientras que en ciudades más pequeñas lo más probable es que se tuviera acceso principalmente a través del espacio virtual de la prensa.

Sociabilidad popular urbana y cultura de masas

Claramente diferenciada de la cultura de las élites, de la clase media o de vanguardia, estaba el mundo de la sociabilidad popular. En términos generales, el medio asociativo fue un fenómeno de clase media y de las élites hasta finales del siglo XIX, cuando republicanos, anarquistas, socialistas y reformadores sociales crearon asociaciones culturales solo para los trabajadores, aunque la idea se originó con las primeras sociedades de socorros mutuos de la «clase obrera» en las décadas de 1830 y 1840.³⁶ Muchos de los participantes en esta primera oleada eran artesanos, que constituían el núcleo de las asociaciones de obreros en el siglo XIX en España y en Europa.³⁷ Al principio, la mayoría estaban localizadas en Barcelona y su cinturón industrial, incluido el primer Ateneo Obrero (1881) y las primeras sociedades corales obreras, invención del compositor Josep Anselm Clavé a finales de la década de 1840. En respuesta al establecimiento de los primeros sindicatos en la década de 1840, los reformadores sociales fundaron organizaciones educativas «de estímulo» que alfabetizaban y enseñaban habilidades profesionales al mismo tiempo que autodisciplina y sobriedad, al menos esa era su esperanza. Los centros republicanos posteriores compartían estos objetivos, al mismo tiempo que ofrecían alternativas recreativas seculares a las actividades religiosas tradicionales como parte de su misión anticlerical. Las versiones anarquista y socialista de los centros culturales obreros, los ateneos libertarios y las casas del pueblo, compartían los objetivos educativos y anticlericales de los republicanos, pero pretendían liberarse de la supervisión «burguesa» al mismo tiempo que alejaban a los trabajadores de las tabernas. Desde principios del siglo XX, otra tendencia del asociacionismo popular fueron los primeros clubes de fútbol, con equipos de barrio y de ciudad que al principio eran populares y participativos, en lugar de empresas comerciales. Sin la necesidad de equipamiento o campos especializados, el fútbol se convirtió rápidamente en el deporte de las masas (masculinas).

Todas estas iniciativas estimulantes para organizar el tiempo libre de los trabajadores, como sus homólogos en otros países europeos, intentaban competir no solo con la Iglesia sino también con la atracción seductora de la cultura comercial de masas, que les vaciaba los bolsillos y los distraía de mejorar personalmente y/o de comprometerse políticamente. El medio asociativo obrero estaba explícitamente politizado y se diferenció cada vez más según la ideología, mientras que al mismo tiempo quedaba unido por su dedicación a aumentar la alfabetización, a apreciar la cultura y a implantar formas saludables de ocio para los que no podían acceder a los canales culturales «burgueses».³⁸ Siendo viable gracias al aumento de salarios, la reducción de la jornada laboral y la obligatoriedad del descanso dominical (1904), todo esto regularizó el «ocio» como un logro de la clase obrera, una red creciente de centros culturales y educativos obreros con bibliotecas y salas de lectura, equipos deportivos y sociedades corales, consolidando un denso entramado de sociabilidad obrera autodefinida que llegó a su apoteosis durante la Segunda República, en la década de 1930.

Más allá de las asociaciones obreras, el mundo de la sociabilidad popular urbana se caracterizaba por una serie de lugares informales de participación que gradualmente incorporaron nuevas formas de la cultura comercial de masas a principios del siglo XX. El lugar clásico de sociabilidad popular masculina era la taberna local, donde los hombres se reunían después del trabajo para jugar a las cartas y beber, y esto siguió proliferando. En el Madrid del cambio de siglo existían 1.437 tabernas, y 928 en Barcelona.³⁹ En contraste con la taberna, muchos de los nuevos pasatiempos comerciales traspasaban las fronteras de clase y de género, pero siguieron segregando en función del precio de las entradas y los palcos, como en los teatros más tradicionales. La más importante de estas actividades eran las corridas de toros, una tradición que se había ido transformando a lo largo del siglo XIX para convertirse en el primer espectáculo deportivo moderno de España.⁴⁰ Desde la primera plaza de toros en Madrid en 1749, en 1880 había 105 plazas permanentes, para entre 2.500 y 12.500 espectadores, además de cientos de estructuras más pequeñas para asistir a otros acontecimientos taurinos.

Desde principios del siglo XX, la llamada «fiesta nacional» compitió cada vez más con otras actividades comercializadas, en especial, el fútbol y el cine. La comercialización del fútbol tuvo lugar con relativa rapidez desde el primer club en Huelva en 1889, formado por los trabajadores ingleses de las minas de Río Tinto, hasta la creación de muchos de los clubes actuales con más historia, como el Real Madrid (1902) y el Fútbol Club Barcelona (1899). El primer partido en el que se cobró la entrada tuvo lugar en 1902, y en la década de 1910 se construyeron estadios en ciudades de todo el país. En la década de 1920 se había convertido en un deporte totalmente profesional, con el primer campeonato de liga entre diez equipos celebrado en 1928. En el siglo XX, el cine se unió a la lista de atracciones populares, con 900 cines en 1914 y 3.000 en 1931, pero también existían muchas formas de entretenimientos en vivo destinados a una clientela más popular o mixta que los teatros de ópera, desde la zarzuela hasta los clubes nocturnos (cafés cantantes) donde los aristócratas se mezclaban con la clase obrera, cabarets y espectáculos de variedades.⁴¹

La evolución de todos estos lugares y prácticas culturales, desde el casino al estadio de fútbol, reforzaron y reflejaron la jerarquía social, al mismo tiempo que ayudaban a constituir dicha jerarquía y a cuestionar sus fronteras. Como han planteado los historiadores culturales, estos sitios no eran sencillamente pálidos reflejos de las jerarquías económicas «reales», sino que ayudaban a articular, así como a visualizar, las diferencias de poder. Así, en general, el medio urbano agrupaba a las personas según su estatus, desde dónde vivían a cómo pasaban su tiempo de ocio. Al mismo tiempo, las jerarquías que reflejaban no tenían una naturaleza permanente, sino que se ponían activamente en cuestión, como cuando los grupos de clase media adoptaban prácticas culturales para fundirse con la sociedad de las élites, o los grupos obreros se apropiaban de formas como el ateneo que estaban destinados a otorgar distinción. De la misma manera que la jerarquía definía y formaba la sociedad urbana, estas prácticas tampoco estaban totalmente «saturadas» de identidad de clase, en el sentido de que beber en la taberna, asistir a una conferencia en el ateneo o unirse a una sociedad abolicionista no se experimentaban necesariamente como actividades exclusivamente de clase. En realidad, existían otros prismas culturales a través de los cuales la gente comprendía su relación con una comunidad más amplia, como la identidad local, regional o nacional, las prácticas religiosas o la identidad de género.

La Iglesia católica, la religión y la sociedad rural

El más importante de estos prismas y lugares de sociabilidad alternativa era la religión, y su principal suministrador en España, la Iglesia católica. En España como en otros lugares, la Iglesia y las prácticas religiosas se vieron sometidas a una transformación significativa durante este período. Con la revolución liberal, la Iglesia del Antiguo Régimen y su red de monasterios quedó prácticamente destruida, forzando un proceso de reconstrucción que se inició con el Concordato de 1851 y un modus vivendi con el Estado liberal, y culminó con el entendimiento relativamente cómodo entre los partidos de la Restauración y la Iglesia que perduró hasta el cambio de siglo. Después de dos guerras carlistas en las que la mayoría de los sacerdotes habían apoyado a los rebeldes, la Iglesia abandonó definitivamente cualquier pretensión teocrática de autoridad política a cambio de una barra libre «protegida» en el ámbito social y cultural.⁴² Contando con el apoyo oficial, la Iglesia tuvo una recuperación financiera e institucional impresionante, asegurándose el patronazgo de las élites ricas para emprender nuevas iniciativas de beneficencia y reconstruir muchas de sus órdenes religiosas, que habían quedado diezmadas.⁴³ También se fundaron muchas congregaciones nuevas; en especial, tras la expulsión de las órdenes religiosas de Francia en 1901, llegaron a España unas 64 congregaciones divididas en 328 casas.

Lo que hizo que esta recuperación fuera algo más que la reconstrucción del pasado fue el porcentaje más alto de congregaciones activas que actuaban en la sociedad secular, lo que podía justificar su existencia de acuerdo con los valores más utilitarios del liberalismo. En especial, muchas de las nuevas órdenes ocuparon el hueco que se abrió entre la ley de 1857 que obligaba a implantar la educación primaria universal y el número insuficiente de escuelas públicas. La gran expansión de las escuelas católicas (20 % en la primaria y 80 % en la secundaria a principios del siglo XX) se convirtió así en una respuesta a las exigencias de una sociedad modernizadora. Desde esta perspectiva, dichas escuelas no se podían considerar un obstáculo a la modernización social, sino como una versión de la misma. Como ha descubierto un estudio local, las escuelas católicas no solo alfabetizaban a muchos más niños de los que podía manejar el Estado, sino que con frecuencia ofrecían una educación profesional moderna, con aulas espaciosas e higiénicas, y un prestigio creciente para los hijos de la clase media y de las élites.⁴⁴

Además de la expansión de la Iglesia en la educación, otras iniciativas incluían la promoción de rituales religiosos colectivos, como las procesiones, las devociones y las peregrinaciones, la organización de misiones y la formación de una serie de asociaciones voluntarias bajo la rúbrica de Acción Católica para que los católicos laicos pudieran contribuir a objetivos recristianizadores más amplios. La mayor parte de estas actividades se desarrollaba a nivel comunitario, con el objetivo de erigir o reconstruir una manera de vivir en la que la religión saturase tanto la identidad colectiva como la individual.⁴⁵ Esto incluía las fiestas tradicionales, basadas en el calendario anual de los santos y los festivos religiosos estacionales, como las Navidades y la Cuaresma, así como devociones nuevas como los cultos marianos y la Eucaristía. También incluía misiones periódicas, que consistían en más de una semana de predicación intensa, comuniones masivas y otros acontecimientos que pretendían elevar el nivel emocional de la religiosidad y, según esperaban, revitalizar la devoción parroquial en el futuro. A una escala más amplia, se realizaban peregrinaciones a los lugares sagrados en los que habían tenido lugar apariciones religiosas que habían sido certificadas por la Iglesia, como la famosa de Lourdes, en Francia, que atraía a un millón de visitantes al año en 1900. El esfuerzo por establecer un Lourdes español en el pueblo de Limpias (Cantabria) floreció brevemente como lugar de peregrinación en el que se habían repartido un millón de medallas conmemorativas en 1920 antes de desaparecer.⁴⁶ Aunque muchas de estas formas ya formaban parte de la panoplia cultural de la Iglesia, se estaban reasignando para un contexto nuevo. Dicho contexto moderno quedaba definido, por un lado, por la competencia y el desafío creciente a la autoridad sagrada, y por el otro lado, por la tecnología y las comunicaciones que facilitaban su alcance.

Finalmente, estaban las asociaciones voluntarias de Acción Católica (AC), establecidas por primera vez en Italia, pero propuestas para España por el nuncio papal en 1908. Aunque la coordinación e institucionalización se desarrollaron con lentitud, de manera que los estatutos nacionales no se aprobaron hasta 1926, a nivel local, los obispos y los párrocos impulsaron una serie de asociaciones dedicadas a la piedad, la caridad, la educación y el bienestar espiritual y económico de los obreros, estableciéndose algunas en fechas tan tempranas como la década de 1880, pero la mayoría después del cambio de siglo.⁴⁷ Algunas de las más influyentes eran los sindicatos agrarios que ofrecían programas prácticos como préstamos, créditos, seguros y cooperativas de compra para los pequeños agricultores, y se consolidaron en una Confederación Nacional Católica Agraria (CNCA) en 1918.⁴⁸ De tamaño más pequeño pero con mucho más alcance nacional estaba la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), un grupo de intelectuales y periodistas que se unieron en 1908 con el objeto de insertar el movimiento católico dentro del periodismo y la universidad. En 1912 consiguió el control del periódico conservador El Debate, que siguió siendo el portavoz católico durante la década de 1930. La ACNP también formó una asociación juvenil católica en 1923. Finalmente, estaba la Acción Católica de la Mujer (ACM), creada en 1919 para que las mujeres participaran en la defensa pública de la religión, pero también para servir como una alternativa a la corriente creciente del pensamiento feminista secular. La ACM floreció durante las décadas de 1920 y 1930, adoptando una variedad de iniciativas centradas en la educación de las niñas, la protección de las mujeres trabajadoras y la caridad. A finales de la década de 1920, tenían más de 800 grupos parroquiales y 118.000 miembros.⁴⁹

En el antiguo relato de las «dos Españas», estas organizaciones se despreciaban porque formaban parte del esfuerzo desesperado de la Iglesia por detener la marea de la modernidad. Pero estudios recientes han planteado convincentemente que ofrecieron una versión alternativa de la sociedad moderna basada en valores católicos que generó una actividad vibrante aunque desigual en los niveles de base. Así, los sindicatos agrarios eran prácticamente las únicas instituciones que ofrecían ayuda a los pequeños agricultores, mientras abrían canales nuevos entre las comunidades locales y el mercado, el Estado y las élites políticas nacionales. De la misma manera, la ACM ofreció un canal para que el «ángel del hogar» penetrase en la esfera pública, con un feminismo católico que no se enfrentaba directamente con los papeles de género. En un momento en el que los partidos de izquierdas y los sindicatos casi no pensaban en las mujeres, y el movimiento feminista secular estaba aún en pañales, la ACM proporcionó uno de los espacios asociativos más importantes para que las mujeres se organizasen como mujeres.

En contraste con esta historia de éxito relativo, el asociacionismo católico no pudo competir por la lealtad de los obreros urbanos con los sindicatos y partidos de izquierdas y con frecuencia anticlericales. Así, la formación de los Círculos de Trabajadores Católicos y después de sindicatos movilizó a una fracción de los que se veían atraídos por los sindicatos anarcosindicalistas o socialistas (60.000 frente a 1 millón en 1919). En este ámbito, los organizadores católicos siguieron profundamente divididos sobre si las organizaciones obreras debían ser estrictamente confesionales o debían tener poder para perseguir sus intereses económicos frente a los empresarios. Aunque había pocos defensores de esta última opción, como el canónigo asturiano Maximiliano Arboleya, que intentó establecer sindicatos autónomos entre los mineros del carbón de la región, la mayoría de la jerarquía defendía la postura más conservadora, que se expresó en los estatutos de la AC en 1926. La timidez de la Iglesia española en la «cuestión social» la mantuvo detrás de otras iglesias nacionales y la dejó en una mala posición para atraer a los obreros de vuelta al redil.

Esta posición débil reforzó el problema estructural más amplio y en crecimiento de las parroquias urbanas pobres y desatendidas. Desde la eliminación de las comunidades religiosas masculinas urbanas a mediados del siglo XIX, el cuidado pastoral urbano quedó en su mayor parte en manos de los sacerdotes de las parroquias que siguieron creciendo. Así, a principios del siglo XX, el tamaño medio de una parroquia en Barcelona era de 19.000 fieles y en Madrid de 21.000, con la proporción entre párrocos y parroquianos situada en 1:1.125 en el primer caso y en 1:626 en el segundo. Aunque resulta difícil medir la descristianización «interna», un estudio de una de las parroquias urbanas más pobres de Madrid descubrió que solo el 7 % asistía regularmente a misa y que alrededor del 25 % ni siquiera seguía los rituales formales del bautismo de sus hijos o de casarse en la iglesia.⁵⁰

Lo que ilustra este último ejemplo es que la recuperación de la influencia social y cultural de la Iglesia fue desigual, dando lugar a procesos interactivos y en paralelo de descristianización y cristianización que siguieron —imperfectamente varias divisiones, entre ellas regionales, rural/urbana, género y clase. El resultado fue un mapa confuso de cultura religiosa, con élites urbanas en la Barcelona modernista, mujeres de todas las clases y pequeños agricultores rurales en Navarra que es muy posible que se identificaran fuertemente con el catolicismo y con su universo cultural, y jornaleros rurales sin tierras en el sur y las clases obreras y medias urbanas más dispuestas a descristianizarse e incluso a ser activamente anticlericales. Algunas de estas divisiones se pueden explicar por la competencia de otros marcos culturales, como en el caso de los obreros urbanos y los profesionales de clase media, y en otros por la debilidad de dicha competencia, en el caso de las mujeres y de las comunidades rurales más aisladas. También formaban parte de la mezcla la identificación creciente de la Iglesia con las élites, provocada en parte por la dependencia financiera de dichas élites y por el debilitamiento de las instituciones de beneficencia de la Iglesia en el mundo posterior a la desamortización. La «cobertura» en declive de la Iglesia en las parroquias urbanas pobres y en las zonas de latifundios rurales en el sur también contribuyó a la geografía de la práctica religiosa, al igual que la situación inversa de los pueblos pequeños, donde la proporción entre párroco y parroquianos era pequeña, la misa semanal era una práctica universal y la identidad de la comunidad era sinónimo de la religión. Finalmente, se produjo una «feminización» general de la práctica religiosa en la España del siglo XIX, como en otras partes de Europa, que reforzó la distinción de género en cuanto a los niveles de participación.⁵¹

Lo que queda claro en esta geografía desigual de las prácticas religiosas es que fue mucho más compleja que una oposición binaria entre comunidades rurales «tradicionales» ancladas en prácticas ancestrales frente a residentes urbanos «modernos», o el norte religioso frente al sur secular. Incluso las localidades aparentemente más devotas desde el punto de vista religioso se vieron cada vez más arrastradas a una dinámica de «guerra cultural» con las fuerzas secularizadoras, en especial a principios del siglo XX. Así, en Santander, una de las ciudades del norte más conservadoras, donde la proporción de clérigos y parroquianos era de 1:299 en 1900, se establecieron tres escuelas privadas seculares y se organizaron docenas de protestas anticlericales durante la década siguiente. En este contexto, no fue accidental que los funcionarios de la Iglesia estuvieran interesados en promocionar una peregrinación a Limpias, situado no en algún lugar aislado sino cerca de las fundiciones y las minas. De la misma manera, muchos de los nuevos establecimientos religiosos que se abrieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaban ubicados en ciudades o cerca de zonas industrializadas. Así, a pesar de la retórica de volver al pasado, el universo cultural católico era, para muchos españoles, así como para otros europeos, una alternativa comunitaria atractiva frente al marco individualista y de clase que ofrecían otros grupos.⁵²

Cultura e identidades locales, regionales y nacionales

Otras formas importantes de identidad y cultura comunitarias en este período tenían sus raíces en las unidades territoriales de localidad, región o nación, que coexistieron en armonía y tensión, dependiendo del contexto. Desde la perspectiva del Estado decimonónico español, en especial los dos partidos liberales dominantes, el proyecto centralizador era mucho más cultural y lingüístico que político. En contraste con otros modelos de construcción nacional «multicultural» como el de Bélgica, el Estado español siguió en general un plan homogeneizador de «castellanización» en el que la historia, la lengua y las características institucionales de la historia castellana se identificaron con España y la monarquía española. La división territorial en provincias que teóricamente debía sustituir la identidad de las regiones históricas con una unidad puramente administrativa es un ejemplo de esta ambición. Las suspicacias de las élites políticas ante la cultura regional se confirmaron con las guerras carlistas, que se atribuyeron a la integración inadecuada de un territorio gobernado por sus propias leyes (fueros) y costumbres. El resultado fue un discurso nacionalista español en la Restauración que sustituyó una idea más antigua de los vascos como los españoles puros y originales por una versión nueva y hostil de su conflictividad y antiespañolismo.⁵³ Desde esta perspectiva, los esfuerzos locales y regionales para definir rasgos históricos y culturales diferenciados se consideraban como algo arcaico en el mejor de los casos y subversivos en el peor, una visión aceptada hasta hace poco por los historiadores del nacionalismo.⁵⁴

No obstante, estos esfuerzos para construir identidades locales y regionales distintivas fueron un rasgo importante de la literatura, la música y el arte de mediados y finales del siglo XIX, así como el amplio proceso de codificación e invención del folclore, los festivales y las tradiciones, y no solo en regiones «infelices» destinadas a rechazar su pertenencia nacional.⁵⁵ En un discurso famoso en 1897, el novelista Benito Pérez Galdós afirmó que «todos somos regionalistas», acercándose a la nación a través de «algún rincón» del territorio español.⁵⁶ Es más, la mayoría de los creadores de esta cultura regionalista decimonónica la veían como una contribución a una cultura nacional española más amplia, dentro de un marco que ha sido definido como «patriotismo dual».⁵⁷ En el caso valenciano, el teatro popular y la literatura escrita en catalán, que seguía siendo la lengua única del 75 % de la población, promovió la representación de los valencianos como alegres y emprendedores, con un pasado glorioso y un futuro prometedor. Durante este mismo período, las «marcas» primarias de la cultura andaluza, incluidos los toros, el flamenco, las fiestas populares y la rebeldía natural, tomaron forma entre los folcloristas y los cronistas locales. En el País Vasco, la defensa de los fueros abrió la puerta a una excavación cultural regionalista que destacó los rasgos específicos de un pueblo fuerista.

El caso catalán más famoso de «patriotismo dual» tomó forma en la década de 1860 con la Renaixença, o renacimiento, un movimiento literario que pretendía destilar la esencia de una identidad catalana diferenciada, enraizada en la historia, las costumbres, la lengua y los rituales, adoptando la lengua vernácula local como medio de comunicación literario. A finales de siglo existían asociaciones culturales y deportivas catalanas, museos y excursiones que diseminaron este orgullo regional entre capas muy amplias de la población. Incluso la cultura de vanguardia de arquitectos y artistas enmarcó su obra con el fin de crear una cultura moderna específicamente catalana, como en la revista de arte Quatre Gats, que estaba dedicada a promover el esplendor de la «patria catalana». No resulta sorprendente que la región que estaba experimentando el conflicto económico y social más grave generase una de las literaturas regionalistas nostálgicas más poderosas, que se remontaba a un pasado idílico, pero también lleno de orgullo al contemplar la contribución única de Cataluña a la nación española moderna.

Aunque estos proyectos culturales regionales no son pruebas evidentes del fracaso del proyecto nacional español, se sigue debatiendo sobre su papel en la construcción nacional española. Así, algunos han sugerido que es posible que fueran un canal primario de nacionalización para los españoles de a pie en un contexto en el que el proceso de nacionalización dirigido por el Estado era tibio.⁵⁸ En el debate sobre la extensión de la nacionalización, la mayor parte de las pruebas que apoyan la tesis de la «debilidad» han sido extraídas de la escasez de las iniciativas dirigidas por el Estado, como las fiestas nacionales, los símbolos, los monumentos, un currículo escolar unificado, etc. Por ejemplo, la mayor parte de los monumentos construidos en Madrid recuerdan a héroes locales, no nacionales, mientras que el himno nacional carece de una letra patriótica, como sabe todo el mundo. En general, los líderes políticos de la Restauración prestaron poca atención a la «nacionalización de las masas» y solían identificar la construcción nacional con la construcción estatal.⁵⁹ Pero estudios recientes han desviado su atención desde el Estado a la esfera pública, argumentando que el proceso de «crear españoles» tenía lugar en la vida cotidiana, en un contexto en el que casi todo el mundo asumía la realidad de la nación española como algo incuestionable en el siglo XIX.⁶⁰ En este proceso, las culturas locales y regionales ayudaron al español común a imaginarse como parte de una comunidad nacional más amplia, aunque se tiene que investigar mucho más para confirmar la extensión de esta integración por toda la península.

En unos pocos casos, estos proyectos culturales regionalistas se convirtieron en nacionalismos alternativos, siendo los más destacados los de Cataluña y del País Vasco al final del siglo XIX. En ese punto, estos regionalismos culturales que celebraban una historia gloriosa y unas costumbres diferenciadas se orientaron hacia el regionalismo político. Este cambio no implicó siempre la exigencia de un Estado nación separado, sino que reorientó la identidad cultural hacia una reclamación de soberanía. Excepto para los nacionalistas periféricos que ven esta transición como «natural» y predeterminada, los estudiosos siguen debatiendo cuándo y por qué ocurrió esto. En la tesis del nacionalismo «débil», estos nacionalismos regionales alternativos fueron un producto de la debilidad de la identidad nacional española. No obstante, en cuanto quedó claro que España no fue el único país con «regiones infelices», su relación con un «fracaso» español especial quedó en cuestión.⁶¹

En el caso catalán, los estudiosos han sugerido que una combinación de factores, enraizados en el contexto social, económico y político específico de Cataluña, se unieron para favorecer este cambio.⁶² Así, la castellanización cada vez más agresiva del Estado en cuanto a la lengua y la cultura a partir de la década de 1880 hizo que fuera más difícil de sostener el «doble patriotismo». Al mismo tiempo, la incomodidad creciente de las élites catalanas con el aumento del conflicto de clase y la pérdida del mercado colonial que perjudicó a las empresas catalanas y socavó la legitimidad nacional española les ayudó a adoptar el catalanismo como un marco alternativo para una unidad, prosperidad y orgullo interclasista. En contraste, la identidad regional gallega nunca realizó esta transición hacia el regionalismo político en este período, quizá debido a la castellanización temprana de la Iglesia, el estatus social bajo de la identidad gallega desde principios del período contemporáneo y la ausencia de un grupo importante que levantara con decisión esta bandera.⁶³

El desarrollo de nacionalismos regionales alternativos no excluye la continuación del proceso de nacionalización española. Aunque las iniciativas dirigidas explícitamente por el Estado fueron menos robustas que en otros países, cierto grado de nacionalización se transmitía a través de las escuelas, el servicio militar y las guerras coloniales, la producción cultural nacionalista en las artes y el ensayo histórico, y la cultura popular, la mayoría de todo ello generado por la mano de actores «no estatales». Así, muchas generaciones de artistas e intelectuales se dedicaron a la construcción de una cultura nacional y un canon literario.⁶⁴ Las formas más populares de cultura comercial de masas, como la «fiesta nacional» de las corridas de toros y el género de teatro musical de la zarzuela, que estaba lleno de temas nacionalistas, puede que incluso fueran más importantes para la difusión de dichos temas.⁶⁵ En cuanto a la educación, los estudios recientes han cuestionado la vieja suposición de que solo el sistema escolar público puede nacionalizar a la población.⁶⁶ A partir de la reconsideración más general de la Iglesia como un actor «moderno», esta perspectiva considera las escuelas católicas como lugares alternativos de construcción nacional aunque dentro de un marco religioso en lugar de secular. En cuanto al servicio militar y las guerras, existió al menos algo de apoyo popular y patriótico para las guerras coloniales de España, en África en 1859-1860 y en las Antillas en 1895-1898, aunque la neutralidad del país en la Primera Guerra Mundial privó a España del enorme potencial nacionalizador de dicho conflicto.⁶⁷ En un sentido más amplio, el imperio, tanto el pasado como el presente, era un elemento definidor de la identidad nacional española, como lo demuestra su lugar destacado en las historias nacionales decimonónicas.⁶⁸ Aunque todas estas obras sobre las fuentes diversas de la nacionalización y de la cultura nacional han puesto en cuestión cualquier modelo simple de nacionalismo «débil», sigue sin existir un consenso sobre la relación precisa entre identidad local, regional y nacional en todo el Estado español, así como sobre la forma en que estas relaciones evolucionaron a lo largo del tiempo, desde la década de 1830 a la Segunda República.

CONCLUSIÓN

El resultado de todos estos marcos culturales entrelazados es en principio un retrato menos coherente, y al mismo tiempo más rico y más matizado, de la evolución de la sociedad española entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX. En lugar de seguir —o peor, fracasar al seguir— una trayectoria de desarrollo uniforme desde un orden social y cultural «tradicional» a uno «moderno», España se sometió a una transformación gradual y a largo plazo que retuvo una diversidad de experiencias como se podía ver a través de lentes culturales alternativas, incluida la clase, el género, la religión, la localidad, la región y la nación. En algunos casos, estas identidades culturales se reforzaban mutuamente, mientras que en otros se producía una incomodidad o una tensión declarada. Así, en el primer caso, la mayoría reconoce en la actualidad que existió una versión católica del nacionalismo español que se apoyó en la religión como elemento central de la identidad nacional, mientras que muchos movimientos regionalistas tenían como objetivo la integración de sus historias más pequeñas en una narración española más amplia. En contraste, estas formas entrelazadas de identidad podían chocar, como cuando el Estado español intentó imponer una versión «castellana» de la cultura española en otras regiones, o en el grado en el que la «religión» dividió cada vez más en vez de unir a la «nación» a principios del siglo XX, en especial a lo largo de las fronteras de clase y de género.

Dentro de esta diversidad de experiencias, los elementos comunes de transformación otorgaron cierta coherencia a la historia. Así, todos estos marcos culturales desarrollaron espacios y prácticas nuevos en un mundo conscientemente «moderno». Incluso las culturas religiosas y regionales, que con frecuencia se referían a algún paraíso perdido o pasado glorioso, respondían ante los cambios que percibían de la modernidad. Al mismo tiempo, el universo cultural general de los españoles estaba creciendo cada vez más conectado, paulatinamente más relacionado con los rasgos clásicos de una sociedad modernizada, como el transporte, una prensa nacional, la esfera pública y la educación. Aunque el resultado no fue una cultura nacional o burguesa homogénea, estos marcos eran accesibles para cada vez más españoles, ya fuera como aspiración o como objeto de ataque. Los españoles siguieron divididos tanto por la cultura como por la política, pero eran cada vez más conscientes de las maneras diferentes a su disposición para situarse en el mundo moderno. Las conexiones se desarrollaron con mayor lentitud en España que en los países más avanzados del noroeste de Europa, pero incluso allí la transformación fue posterior y menos homogénea de lo que se había creído antes. Al final, España siguió su propio camino hacia la modernidad, una evolución gradual y diversa que sigue formando parte de una historia europea más amplia, en lugar de encontrarse en sus márgenes.

CUARTA PARTE

DICTADURA Y DEMOCRACIA, 1923-PRESENTE

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LA PRIMERA DICTADURA:

EL RÉGIMEN DE PRIMO DE RIVERA, 1923-1930

INTRODUCCIÓN: EL RÉGIMEN DE PRIMO DE RIVERA DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

De todos los puntos de inflexión políticos durante los últimos años de la Restauración, el golpe militar de septiembre de 1923 fue el más decisivo al abrir una fase nueva en la historia política de España en el siglo XX. Independientemente de que la Restauración fuera un «cadáver» o un recién nacido, el golpe terminó definitivamente con la era de gobierno parlamentario a través de una solución autoritaria a la crisis política. En su momento considerado de forma limitada como el resultado de los «fracasos» específicos de España, la mayoría de los historiadores sitúan ahora la dictadura en el marco más amplio de la crisis de entreguerras que no dejó incólume ningún Estado europeo. En dicha crisis, que surgió cuando los regímenes liberales elitistas del siglo XIX intentaron llevar a cabo la transición hacia la realidad de la política de masas, se presentaron una serie de resultados posibles, incluidas revoluciones obreras, democratización y una variedad de opciones autoritarias de la nueva derecha, desde el fascismo a la dictadura militar. De todas las alternativas sobre la mesa, fue la dictadura derechista la que ganó ímpetu, de manera que al estallar la Segunda Guerra Mundial dominaba el paisaje político europeo.¹ En este contexto, la dictadura en España fue una de las muchas soluciones autoritarias de la oleada de crisis después de la Primera Guerra Mundial, incluyendo Italia (1922), Hungría (1920) y Polonia (1926). En el caso de España, este primer experimento autoritario fue solo temporal y su fracaso al final de la década abrió una nueva fase política de democratización (la Segunda República, 1931-1936), seguida de una guerra civil (1936-1939) y un segundo régimen autoritario que perduró hasta otra transición democrática a finales de la década de 1970. Así, el régimen de Primo de Rivera inauguró un largo ciclo alternativo de dictadura y democracia que definió la evolución política de España durante el medio siglo siguiente.

Al igual que con la Restauración que lo precedió y la República que lo siguió, el régimen de Primo de Rivera ha sido objeto desde hace tiempo de debates sobre su papel en la evolución política de España, aunque en menor medida que estos otros períodos. En parte, esta falta de atención puede derivar de su corta vida y una sensación de fracaso, pero la Segunda República, que también se caracterizó por estos aspectos, ha despertado sin embargo un interés inagotable. Es más probable que la falta de interés radique en la interpretación dominante del régimen como un simple «paréntesis», que destaca su falta de innovación y con ello su despreciable contribución a la «modernización» política de España.² Comparado con la República, que representó los comienzos trágicamente truncados del futuro democrático de España, la dictadura de Primo de Rivera está más relacionada con el pasado que con el futuro.

Al situar el régimen en la crisis de entreguerras se han abierto perspectivas menos lineales, en especial teniendo en cuenta el abanico de soluciones derechistas a la crisis política por toda Europa.³ Sigue sin haber un acuerdo sobre dónde estaba situado exactamente el régimen en el espectro de las dictaduras de derechas en la década de 1920, pero existe una aceptación bastante amplia de que fue algo más que un simple intermedio. Como mínimo, la mayoría está de acuerdo en la actualidad en que fue un punto de inflexión político real, terminando con la monarquía constitucional y generando un apoyo renovado para una república democrática entre la oposición. Pero muchos también plantean que el régimen representó una ruptura más sustancial, un intento de implantar un estilo nuevo de régimen autoritario que se puede equiparar a la «nueva derecha» de la época.⁴ En contraste con la «vieja derecha» del siglo XIX, que era teocrática, elitista, conservadora y monárquica, la «nueva derecha» aceptaba el marco de la política de masas a la que la vieja derecha simplemente se había resistido. La retórica y la práctica de estos regímenes autoritarios nuevos varió tremendamente, con algunos que seguían reclamando su legitimidad en la religión tradicional y el lenguaje elitista y conservador del pasado, y otros, en especial los fascistas, presentando una agenda revolucionaria que rechazaba las bases antiguas de legitimidad y proponía la construcción de un Estado y un orden social nuevos, así como un hombre nuevo. Aunque las diferencias entre estos movimientos de derechas eran sustanciales, se puede argumentar que todos ellos constituyen versiones de una derecha «moderna» que planteó soluciones autoritarias ante la percepción de caos de la política y la sociedad de masas.⁵

Ha habido muchos esfuerzos para establecer una tipología clara de estos regímenes de derechas, pero en la práctica su heterogeneidad se ha resistido a una categorización clara. En el caso del régimen de Primo de Rivera, incorporaba muchos elementos que volvían la vista atrás a la antigua tradición conservadora, así como algunos que intentaban aplicar soluciones nuevas. Los que ponen el énfasis en esto último sitúan el régimen cerca del lado fascista del espectro,⁶ pero en la práctica existe un consenso de que no se lo puede calificar de fascista a pesar de las similitudes con el régimen de Mussolini y la admiración de Primo de Rivera por el dictador italiano. Así, el régimen de Primo de Rivera llegó al poder a través de una intervención militar, sin un movimiento popular de base. Una vez en el poder, Primo de Rivera no impuso una estructura ideológica e institucional «totalizadora» ni articuló pretensiones revolucionarias para derribar el orden social. Su alianza con las élites tradicionales, desde los militares y la Iglesia a los terratenientes e industriales, nunca tuvo que competir con un partido populista y agitador, como ocurrió tanto en Italia como en Alemania. Es más, el propio dictador era un producto del mundo de las élites, un general de una distinguida familia de militares y terratenientes, en lugar de un advenedizo procedente de los márgenes de la sociedad como Mussolini o Hitler. Algunos han planteado que las revoluciones fascistas solo tuvieron éxito en entornos mucho más movilizados, donde fuertes movimientos revolucionarios de izquierdas generaron suficiente miedo para provocar que las clases medias y altas apoyasen a los movimientos fascistas. Aunque existió cierta movilización en los años finales de la Restauración española, hacía tiempo que había sido aplastada por las fuerzas militares tradicionales mucho antes de 1923. Así, el renacimiento de la tradición del pronunciamiento como forma de intervención militar en la política, durmiente desde 1876, fue suficiente para provocar un cambio de régimen.

Al mismo tiempo, desde el principio el régimen rompió el viejo protocolo del pronunciamiento. En lugar de devolver el poder a las autoridades civiles, el rey aceptó nombrar a Primo de Rivera como presidente del Gobierno en un Directorio Militar, el primer Gobierno realmente pretoriano de España. Más importante aún, Primo de Rivera trabajó explícitamente para encontrar soluciones nuevas a los problemas «modernos» de la política de masas, incluida la revolución de la clase obrera y la falta de integración social y política. Así, el régimen lanzó varios experimentos para movilizar a la población alrededor de un nacionalismo agresivo, intentó crear canales institucionales para las relaciones laborales y lanzó un programa de modernización de la economía dirigida por el Estado que un estudio clásico llamó una «revolución desde arriba».⁷ La campaña nacionalizadora en las escuelas y el Ejército representó un contraste significativo con el Estado de la Restauración, que impuso pocas iniciativas similares y prefirió una población desmovilizada. Además de utilizar las instituciones existentes, el régimen creó un partido político oficial, la Unión Patriótica (UP), que al menos nominalmente afirmaba tener 2 millones de afiliados, y amplió la fuerza paramilitar dirigida por los empresarios en Barcelona, el Somatén, convirtiéndolo en una milicia civil nacional con 175.000 miembros. Primo de Rivera también buscó una colaboración informal con la federación de sindicatos socialistas (UGT), ofreciendo una estructura formal para resolver los conflictos laborales a cambio de la aceptación del statu quo político, aunque la relación nunca fue más allá de una tolerancia mutua.⁸ Finalmente, en la política económica, el régimen intentó una especie de «modernización autoritaria» que se ha convertido en un rasgo común de las dictaduras intervencionistas del siglo XX que buscan legitimarse en la prosperidad antes que en las elecciones.

El resultado fue un régimen autoritario híbrido que no fue un paréntesis ni el acto inicial de la nueva dictadura, que tuvo su propia mezcla heterogénea de atributos. Está claro que el experimento fracasó, porque Primo de Rivera se vio obligado a dimitir por falta de apoyos solo unos pocos años después de su golpe triunfal. Al final, el equilibrio que intentó mantener el régimen entre el apoyo de las élites tradicionales y la incorporación de las masas no se estabilizó y las dos partes se volvieron contra él. Pero el fracaso no niega el impacto o el legado del régimen. Por un lado, el régimen dio energía a una oposición democrática que, por primera vez desde 1874, se unió en pos del objetivo de instaurar la república. Aunque el rey intentó distanciarse del régimen al final, su aceptación del golpe y su apoyo al dictador (al que llamó una vez «su Mussolini») arruinó su ya deslucida credibilidad liberal. Por otro lado, la dictadura y sus seguidores empezaron a definir los elementos de un proyecto antidemocrático moderno que se seguirá desarrollando en la década de 1930. Desde la ideología «nacional católica» al desarrollo nacional dirigido por el Estado, la legitimización de la violencia política y los esfuerzos simbólicos e institucionales para incorporar a las masas a través de canales no democráticos, la dictadura de Primo de Rivera marcó un punto de inflexión en la política conservadora como se había practicado durante la Restauración. Como tal, el régimen de Primo de Rivera fue un paso adelante, no en el sentido positivo de los teóricos de la modernización que asumen que «adelante» conducía a la democracia, sino en la comprensión menos lineal de la política «moderna» como el esfuerzo por gestionar los nuevos desafíos de la política de masas.

DEL GOLPE A LA DICTADURA «TEMPORAL», 1923-1925

Al inicio de la dictadura, parecía que Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, solo pretendía abrir lo que él mismo calificó como un «breve paréntesis» en el régimen constitucional. Durante el golpe que se desencadenó el 13 de septiembre de 1923, profesó lealtad al rey, afirmó que estaba «por encima» de la política, juró que no cambiaría la Constitución y declaró que se iría al cabo de tres meses. Incluso una vez pasados los tres meses, gran parte de la actividad durante los primeros dos años consistió en el objetivo minimalista de restaurar el orden público y resolver las crisis inmediatas, como la ciénaga marroquí, todo ello justificado por la supuesta impotencia del Parlamento dividido. La aceptación del golpe por parte del rey fue la señal de salida para que otros líderes militares y políticos siguieran su ejemplo. Sigue sin existir un consenso sobre si una resistencia más enérgica por su parte podría haber derrotado el golpe,⁹ pero teniendo en cuenta la frustración creciente con el gobierno parlamentario durante los años anteriores, resulta bastante difícil imaginarlo defendiéndolo con vigor.¹⁰

La mayoría de los grandes grupos políticos y de interés fuera de las élites de los partidos Liberal y Conservador, incluida la Iglesia, grupos de negocios, la Lliga y los mauristas, aceptaron el golpe o mostraron una enorme indiferencia, reflejando lo que era una cultura creciente de desprecio por las prácticas parlamentarias. Los grupos de negocios, incluidos los catalanistas, tenían la esperanza de que el régimen aplastaría la agitación laboral y restauraría el orden público. A los mauristas y a los católicos les gustaba la retórica moralizante de Primo de Rivera sobre la purificación de España contra las amenazas de la revolución, del separatismo y del secularismo. La Iglesia estaba especialmente entusiasmada y las cartas pastorales de los obispos se referían al nuevo régimen como la «obra de la Divina Providencia» y la prensa católica animaba a los católicos de a pie a que lo apoyasen como un «deber patriótico».¹¹

Reforzando la sensación de continuidad, los objetivos iniciales de la dictadura se enmarcaban en una retórica regeneracionista que se remontaba al llamamiento de Joaquín Costa para un «cirujano de hierro» temporal que pudiera limpiar la política española de la corrupción del caciquismo y liberase la voz del ciudadano «auténtico». Primo de Rivera ordenó la disolución de todos los organismos gubernamentales locales, en un intento por arrancar el poder de los caciques y sustituirlos por una clase nueva de élites políticas, extraídas de los contribuyentes más importantes y supervisados por oficiales del Ejército. El resultado de esta campaña fue poco claro, con los feudos del Partido Conservador más propensos que los del Partido Liberal a sobrevivir y establecer un modus operandi con la dictadura, a veces uniéndose a la UP.

Como parte de la campaña de purificación, la UP pretendía trascender las viejas divisiones políticas y unir a todos los españoles, pero nunca aspiró a convertirse en el único partido o movimiento oficial del Estado como los fascistas en Italia. También en contraste con el partido fascista italiano, que tenía una base muy amplia, la UP empezó y fue siempre una organización de arriba abajo, con alcaldes nombrados por el régimen que controlaban los comités locales del partido. El perfil del nuevo partido era diverso, pero en general atrajo a activistas católicos relacionados con los sindicatos agrarios o la ACNP (el grupo intelectual que controlaba el periódico católico El Debate), así como a los mauristas. Dentro del esfuerzo por eliminar las redes del caciquismo, Primo de Rivera también intentó aumentar la eficiencia burocrática, acabando con las contrataciones por patronazgo y teniendo a los funcionarios trabajando la jornada completa. Compartiendo muchos de los objetivos de la «reforma desde arriba» de Maura, Primo de Rivera intentó lograr por decreto lo que Maura había sido incapaz de conseguir a través de los procedimientos parlamentarios.

Desde una vertiente práctica, el régimen de Primo de Rivera centró gran parte de sus energías iniciales en el problema acuciante del orden público, en especial en Barcelona, y en la revuelta marroquí tras la derrota militar de Annual. A través de la colaboración con el Ejército colonial francés en Marruecos, Primo de Rivera fue capaz de conseguir la «pacificación» de los rebeldes marroquíes, culminada con su rendición en mayo de 1926 y la reducción drástica de las tropas españolas allí desplegadas. Para restaurar el orden público en casa, el Gobierno impuso un estado de guerra que incluía poderes más grandes para los gobernadores provinciales, la suspensión de muchos derechos constitucionales, una censura de prensa más estricta y la persecución militar de muchas actividades sindicales, en especial de los miembros de la CNT anarcosindicalista. Teniendo en cuenta la militarización preexistente del orden público, esta mano dura no representó un cambio de rumbo importante, sino un énfasis mayor hacia la línea más dura. El minúsculo Partido Comunista fue prohibido en 1923, mientras que los líderes de la CNT fueron arrestados y su periódico principal, Solidaridad Obrera, fue cerrado, desarticulando los sindicatos y obligando al movimiento a pasar a la clandestinidad. Entonces el régimen se pudo apuntar como un éxito la reducción de la violencia política, porque el número de asesinatos y otros actos de violencia callejera cayó de 819 en 1923 a 18 en 1924.¹²

Otro tema pendiente que Primo de Rivera pretendía resolver era la cuestión regional planteada por las propuestas catalana y vasca de una mayor autonomía dentro del Estado español. A pesar del hecho de que los conservadores catalanes de la Lliga dieron la bienvenida al golpe como una vía para restaurar el orden público, la dictadura adoptó una postura firmemente centralista, tanto desde el punto de vista cultural como administrativo. Reflejando el nacionalismo español conservador de Primo de Rivera, consideraba que la autonomía regional equivalía al separatismo. Casi inmediatamente prohibió la exhibición de la bandera catalana o el canto del himno nacional, y eliminó el uso de la lengua catalana en los asuntos públicos y, más tarde, en las escuelas. El régimen incluso entró en conflicto con la Iglesia en Cataluña, presionando a obispos y sacerdotes para que dijeran la misa en español/castellano. Desde la perspectiva administrativa, reforzó los poderes de los órganos de gobierno provinciales nombrados por el Estado, que llegaron a expensas de la Mancomunidad, la estructura especial establecida en 1913 como una base para la descentralización de poderes. En la región vasca, el régimen cerró la mayoría de los centros culturales vascos y clausuró el periódico «separatista» del partido principal, el PNV. La «resolución» de la cuestión regional, como con el orden público, se apoyó mayoritariamente en métodos de represión tradicionales y en la desmovilización. Más allá de la innovación de la dictadura militar en sí misma, el régimen de Primo de Rivera pareció al principio más interesado en contener la aparición de la política de masas que en canalizarla.

LOS ELEMENTOS DE UN NUEVO TIPO DE DICTADURA: EL DIRECTORIO CIVIL, 1925-1929

El cambio de un «paréntesis» a lo que se pretendía que fuera una estructura autoritaria permanente queda simbolizado por la transición del Directorio Militar al Directorio Civil en diciembre de 1925. En este punto, Primo de Rivera abandonó explícitamente cualquier pretensión de regreso al gobierno parlamentario y se dispuso a crear una estructura constitucional nueva. El régimen convocó una asamblea nacional, cuyos miembros iban a representar, no a votantes individuales, como en el sistema liberal, sino los intereses «corporativos» de grupos diferentes. El corporativismo, una teoría de la organización social y política basada en la afiliación a comunidades naturales y armoniosas, fue ampliamente adoptado en varias versiones por católicos, nacionalistas y fascistas. En términos sencillos, surgió como una alternativa de derechas a la percepción de la atomización del individualismo democrático liberal, por un lado, y la comunidad basada en la clase, de la izquierda. Los grupos representados en la Asamblea Nacional Consultiva procedían de los gobiernos locales y provinciales, la UP, el Ejército, la Iglesia y organizaciones económicas y educativas, siendo la mayoría de los delegados nombrados por el Gobierno. La Asamblea Nacional debatió los parámetros de una Constitución antiliberal y autoritaria con un Ejecutivo poderoso, pero los desacuerdos internos, incluso entre los seguidores iniciales de Primo de Rivera, así como la lucha de poder creciente entre el rey y Primo de Rivera, impidieron que se pudiera institucionalizar con éxito. Los debates, así como la persecución de muchos intelectuales prominentes como Miguel de Unamuno, también ayudaron a fortalecer la oposición al régimen. La combinación de apoyos declinantes entre los grupos conservadores y el crecimiento de la oposición forzó la dimisión del dictador en enero de 1930.

Antes de ese momento, no obstante, el régimen de Primo de Rivera emprendió muchos proyectos que ampliaron los límites del conservadurismo tradicional y colocaron a la dictadura en una categoría híbrida de los Estados autoritarios «modernos» de derechas. El denominador común de estos proyectos fue el esfuerzo por movilizar a la población en favor del régimen, en lugar de simplemente desmovilizarla y reprimir la disidencia, y las técnicas utilizadas fueron las reformas sociales, las campañas de nacionalización y el desarrollo económico dirigido por el Estado. Aunque la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que la implantación de estos proyectos o su eficacia para lograr la integración social o la nacionalización de las masas fue limitada, resulta importante reconocer la innovación y la ambición detrás de ellos, no en menor medida porque muchos de sus arquitectos siguieron desarrollando sus ideas con mayor amplitud en las décadas de 1930 y 1940, primero contra la República y después bajo una nueva dictadura.¹³

Las relaciones laborales

Quizá la estrategia innovadora más sorprendente fue el esfuerzo para atraer a elementos de la clase obrera, a través de las reformas sociales y la institucionalización de las relaciones laborales. Las reformas sociales incluyeron regulaciones de los lugares de trabajo, la primera construcción sistemática de viviendas asequibles, el inicio de los servicios de salud pública y la extensión de la pensión de jubilación. El nuevo sistema de relaciones laborales estaba inspirado en el modelo fascista italiano y en las ideas sociales católicas. El denominador común de todas estas estructuras era el esfuerzo para sustituir el marco de enfrentamiento de la lucha de clases por un ambiente de colaboración en el que trabajadores y empresarios pudieran laborar juntos para el bien común. En el núcleo de la Organización Corporativa Nacional establecida en noviembre de 1926 se encontraban organizaciones para cada uno de los sectores de la economía. Comités de dirección formados por un número igual de obreros y empresarios establecerían a continuación las líneas maestras de las regulaciones, impondrían sanciones y arbitrarían en los conflictos entre trabajadores y empresarios. Al final del régimen había 460 comités, con 250 más en proceso, con al menos una jurisdicción formal sobre más de un millón de trabajadores, la mayoría de ellos en la industria urbana y los servicios.

Una de las diferencias principales con las relaciones laborales fascistas fue que el régimen de Primo de Rivera permitió que las organizaciones obreras existentes participaran en los comités, siempre que aceptaran el marco general. En particular, Primo de Rivera trabajó duro para convencer a la UGT de que la colaboración beneficiaría a los trabajadores y a sus sindicatos, que finalmente iban a disfrutar de la intermediación respaldada por el Estado que la UGT había estado promoviendo durante décadas. Un atractivo adicional para la UGT fue el papel público y privilegiado que finalmente les podría permitir ganar la competición por conseguir afiliados que había estado disputando con la CNT, ahora en la clandestinidad. Con estatus legal, la UGT se recuperó hasta sus niveles de 1921, con más de 200.000 afiliados, y contribuyó con el 60 % de los delegados obreros en los nuevos comités laborales (la mayoría de los restantes procedían de los sindicatos católicos). La división entre los socialistas, entre los pragmáticos que querían aprovechar esta oportunidad práctica y los puristas que rechazaban la colaboración con un régimen no democrático, evitó que la cooperación fuera completa, y al final los socialistas se colocaron en masa en la oposición. Aun así, la idea de un Gobierno autoritario de derechas que trabajase con los sindicatos de izquierdas para desarrollar una estructura institucional que pudiera inducir a obreros y empresarios a negociar soluciones fue una estrategia aventurada no solo para reprimir el violento conflicto de clases, sino para resolverlo. Aunque la idea de comités de arbitraje y para la reforma social no era nueva, el conjunto de represión autoritaria e inclusión social intentaba trascender las fluctuaciones anteriores entre conservadores y represión, por un lado, y liberales y reforma, por el otro.

Las campañas de nacionalización

El equilibrio entre represión e inclusión también era evidente en otros intentos de movilización que pretendían unir a la población en torno al Gobierno y desanimar los mensajes de la competencia. La ideología movilizadora básica fue un nacionalismo conservador que rechazaba la autonomía regionalista, abrazaba la esencia católica de la nación española y veía el Estado como el portador y garante de dicha identidad «nacional católica». La mezcla de catolicismo y nacionalismo en la derecha española se había estado incubando durante las décadas anteriores, a medida que los católicos identificaban cada vez más su destino con el de la nación, pero fue durante el régimen de Primo de Rivera que estas ideas cristalizaron en los escritos de jóvenes ideólogos como los escritores José María Pemán y José Pemartín, que jugarían un papel importante en la articulación de la cruzada antidemocrática de la siguiente dictadura. Durante el régimen de Primo de Rivera, el nacionalcatolicismo nunca llegó al nivel de una ideología de Estado coherente que se filtrase en todas las instituciones, pero constituyó una mentalidad ampliamente compartida que dio forma a una variedad de campañas con la pretensión de unificar a la población a través de procesos de «nacionalización», o conseguir que todos los españoles se vieran como miembros de una comunidad nacional común. Aunque la nacionalización había tenido lugar gradualmente a lo largo de décadas, la dictadura se embarcó en un proyecto sin precedentes dirigido desde arriba para llevar la nación a todas las esquinas del Estado español.

Una de las campañas más importantes se centró en intensificar y purificar la nacionalización que tenía lugar en las escuelas.¹⁴ Esta campaña requería una implantación en dos fases que empezó atacando la tasa de analfabetismo, que seguía siendo alta, y la falta de escuelas públicas, y siguió intentando implantar un currículo más uniforme impartido por maestros leales. Las campañas de expansión de la alfabetización y de las escuelas tuvieron un éxito razonable, aunque es probable que se beneficiaran de una mayor demanda de educación por parte de una población urbana en crecimiento de niños y niñas. En cualquier caso, en 1930 se habían construido 8.000 escuelas públicas nuevas, suficientes para matricular 387.000 alumnos adicionales, casi un 25 % más de los que habían asistido a clase en 1923. En su conjunto en 1930, el 50 % de los menores asistían a escuelas públicas, otro 25 % estaba mayoritariamente escolarizado en centros religiosos privados, y se alcanzaba una tasa media de alfabetización del 73 %. El régimen invirtió aún más recursos en la educación secundaria y en la universidad para satisfacer la demanda de una clase media en crecimiento, tanto masculina como femenina. Así, el número de escuelas secundarias estatales aumentó un 50 % durante la década, incluidos dos institutos para mujeres en Madrid y Barcelona, mientras que el número de escuelas secundarias católicas privadas se incrementó casi en la misma proporción.

En un esfuerzo por controlar y uniformizar lo que se enseñaba en dichas escuelas, el régimen intentó implantar un currículo común y previno a los maestros para que no difundieran «ideas antipatrióticas». Con este fin el Plan Callejo de 1926 impuso la adopción de un solo libro de texto para cada asignatura de secundaria de manera que, en palabras de Primo de Rivera, «el Estado pueda canalizar la mente de los jóvenes para fortalecerla y darle una educación en sus características morales, religiosas, patrióticas y cívicas… dotándola de homogeneidad».¹⁵ Incluso antes del Plan, el Gobierno asignó a sus delegados militares provinciales la tarea de inspeccionar las escuelas y sancionar a los maestros que mostraran un «comportamiento irregular», así como recompensar a los que enseñaran la doctrina adecuada. Docenas de maestros perdieron sus puestos por razones políticas, y los inspectores recibieron el poder para cerrar las escuelas que estuvieran promoviendo doctrinas antirreligiosas y antipatrióticas, o que enseñaran en una lengua que no fuera el español/castellano. Parece que los estudiosos están de acuerdo en que la eficacia de estas campañas fue limitada porque los libros de texto uniformes nunca se hicieron realidad y porque la supervisión estrecha y el castigo a los maestros provocó resistencias, pero ilustran las ambiciones nacionalizadoras del régimen.¹⁶

Estas ambiciones se manifiestan también en los esfuerzos para infundir en otras instituciones, como la UP y la milicia del Somatén, los valores nacionalcatólicos y para implicar a sus miembros en las muestras públicas de fervor patriótico. Así, la dictadura aumentó significativamente lo que había sido un repertorio estatal limitado de desfiles, festividades, rituales y símbolos, incorporando a los miembros del partido y la milicia para llenar reuniones y desfiles. Por ejemplo, en el quinto aniversario del golpe en septiembre de 1928, unos 100.000 miembros de la UP y del Somatén participaron en la celebración oficial. Fue este elemento nuevo de cultura visual, combinando la presencia masiva de público en las calles y la diseminación de los símbolos y rituales nacionalistas, lo que hizo que el régimen casi tuviera la apariencia de su vecino fascista, Italia. El impacto y la diseminación de esta cultura visual fue indudablemente más limitada en el caso español. Además, la «apariencia» era bastante distinta, porque ni la UP ni el Somatén vestían los uniformes llamativos de los camisas negras italianos. No obstante, en algunos pueblos y aldeas, la fiesta anual de la bandera y otras campañas patrióticas que conmemoraban las victorias militares en Marruecos en 1925-1926, el Día de la Raza y la Fiesta del Árbol, posiblemente fueron los primeros actos nacionalistas patrocinados por el Estado que pudo experimentar la población.¹⁷

Primo de Rivera también intentó mejorar el proceso de nacionalización en el Ejército con una reforma del reclutamiento militar y la educación tanto de oficiales como de reclutas. En cuanto a los reclutas, a los que se consideraba unos campesinos sin educación y ajenos a la política, el régimen intentó dificultar que se pudieran librar del servicio y amplió las unidades de reserva para que más hombres jóvenes pudieran incorporarse a la formación militar (aunque las exenciones monetarias para los hijos de los ricos siguieron vigentes). Una vez en los cuarteles, Primo de Rivera pretendía conseguir una «unidad de doctrina» cuyo objetivo era producir el «ciudadano soldado» para el que la dictadura, el Ejército y la nación eran indivisibles. Para los oficiales, el régimen estableció una Academia General Militar (AGM) nueva en 1927, también con el objetivo de proporcionar un «espíritu militar común en todos los cuerpos», y Primo de Rivera nombró al general Francisco Franco, un miembro de la llamada facción africanista del Ejército, que recibía el nombre de su participación en las guerras coloniales en Marruecos, como su primer director. Franco no solo se convirtió en el siguiente dictador, sino que el cuerpo de oficiales rebeldes que se unirían a él en el levantamiento contra la República se consolidó durante su paso por la academia.¹⁸

El desarrollo autoritario

Más allá de los esfuerzos específicos para incorporar a la población a través de las campañas de nacionalización, la dictadura también persiguió su legitimación y estabilización a través del desarrollo económico. Aunque la modernización impulsada por el Estado no era una innovación de las dictaduras del siglo XX, abarcó un conjunto de nacionalismo económico, intervención estatal, armonía social y proteccionismo que la distingue de las democracias liberales de entreguerras. Así, la política económica formaba parte del proyecto más amplio de un Estado autoritario para resolver los conflictos de una sociedad moderna a través de la integración nacionalista. El Gobierno intentó establecer la misma estructura corporativa para el desarrollo económico como había hecho para las relaciones laborales, creando monopolios nacionales y órganos consultivos que perseguían la reducción de la competencia «destructiva» y beneficiar la economía nacional en su conjunto. El régimen formó el Consejo Económico Nacional en 1924, como coordinador general de los comités por industrias, que se convirtió en el Ministerio de la Economía Nacional en 1928. Apoyándose en el gasto a cuenta del déficit, el Estado también se embarcó en los proyectos de obras públicas más ambiciosos de la historia española, centrados en especial en la construcción de carreteras, la mejora de la red ferroviaria y la infraestructura de regadío.

Aunque es muy probable que estos proyectos impulsaran los negocios españoles y respaldaran el rápido crecimiento industrial de la década de 1920 (casi se dobló la tasa de crecimiento de las dos primeras décadas del siglo), también reforzaron las desigualdades económicas y sociales existentes. Al igual que los proyectos autoritarios de modernización en general, el desarrollo dirigido por el Estado se implantó en estrecha colaboración con las élites económicas, cuyos intereses dominaron los comités asesores y los comités industriales. Como consecuencia, los planes para reformar la estructura fiscal que gravaba las rentas más bajas se tuvieron que dejar de lado a causa de la oposición de los grupos industriales y agrarios más ricos, el crecimiento en monopolios condujo a precios más altos y la falta de una protesta sindical independiente mantuvo los salarios bajos, todo lo cual recortó el potencial de aumentar el poder de compra y el nivel de vida de las clases más bajas. En el sector agrario, los proyectos de reforma que pretendían ayudar a que los arrendatarios se convirtieran en propietarios de las tierras y dificultar que pudieran ser desahuciados se enfrentaron a una fuerte resistencia de los grandes terratenientes, al igual que la reforma fiscal que amenazaba con expropiaciones a los que intentaban ocultar la extensión de su riqueza en terrenos.¹⁹ Incluso en cuanto al espectacular crecimiento económico, los estudiosos no están de acuerdo en hasta qué punto se puede atribuir el mérito al régimen de Primo de Rivera y sus gastos públicos el nivel de participación de España en el boom económico transnacional de la década, impulsado por el crecimiento interno de la población y la expansión urbana que alimentó a las industrias privadas como la construcción, la generación de electricidad y la fabricación de cemento.²⁰

EL FINAL DE LA DICTADURA, 1929-1930

Fueran cuales fuesen las ambiciones de la mezcla de represión, desarrollo económico, corporativismo, integración social y movilización que persiguiera el régimen, no tuvo éxito en la construcción de una base de apoyo estable. En algunos casos, las ambiciones no se llegaron a materializar, como en la reorganización corporativista incompleta del Estado o el proceso de arbitraje laboral que no fue operativo. En otros casos, como los esfuerzos para movilizar la población en organizaciones como la UP y el Somatén, la combinación de control de arriba abajo y la falta de diversidad social y política solía reproducir en lugar de trascender las fracturas existentes. En algunos otros casos como las campañas de nacionalización, la falta de tiempo y de recursos limitó su alcance, mientras que las medidas represivas generaron tanta oposición como conformidad. En especial, los catalanes se sintieron agraviados por los ataques a su lengua y a su cultura, aumentando las simpatías por el catalanismo en lugar de reducirlas. Por mucho que a veces el régimen diera la apariencia de tener una base popular movilizada, como cuando orquestaba mítines o marchas, ninguna de sus iniciativas llegó a consolidar los complejos cimientos populares de los regímenes fascistas.

Mucho más importante para la supervivencia de la dictadura fue el menguante apoyo de los aliados conservadores de Primo de Rivera, incluidos el rey, el Ejército, la Iglesia y las élites económicas. Así, las élites económicas no estaban contentas con el arbitraje laboral, la tolerancia de la UGT y las políticas sociales, mientras que la Iglesia se sentía despreciada porque el régimen cortejaba a los sindicatos de la UGT más que a los sindicatos católicos, y ansiosa por las incursiones estatales en la educación.²¹ Y los esfuerzos de Primo de Rivera para reformar el Ejército, incluido el nuevo sistema de formación unificado, atacaron intereses fuertemente atrincherados y favorecieron a algunas facciones por encima de otras. El declive del apoyo entre estos grupos condujo a un debilitamiento de la confianza del rey durante el año anterior a la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, un mes y medio antes de morir en París. El acontecimiento que precipitó esta dimisión fue la tibia respuesta de los mandos superiores del Ejército a la petición de Primo de Rivera de un voto de confianza. Como hace tiempo que han reconocido los estudiosos, el respaldo de estos grupos de la élite conservadora era esencial para el éxito de todas las dictaduras de derechas durante el período de entreguerras, incluidos Italia y Alemania, donde los líderes fascistas no habrían podido llegar al poder sin él.

A medida que los aliados de primera hora iban perdiendo la fe en el dictador, los grupos de oposición empezaron a reorganizarse y a construir alianzas.²² El futuro presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña, formó un partido nuevo llamado Acción Republicana y, en 1926 se unió a todos los grupos republicanos importantes para constituir la Alianza Republicana, que obtuvo el respaldo de muchos de los intelectuales principales de aquella época, incluido el filósofo Miguel de Unamuno y el novelista Vicente Blasco Ibáñez (ambos exiliados por Primo de Rivera). La Alianza respaldó un intento de golpe militar en junio de 1926, que reveló no solo las divisiones dentro del Ejército sino también la manera en que el golpe de Primo de Rivera había abierto la puerta a este tipo de conspiración política militarizada. En 1929, los estudiantes y profesores universitarios se unieron a la oposición contra la dictadura, iniciando una huelga contra la propuesta de reforma de la educación universitaria, que provocó que el régimen cerrara muchas universidades de todo el país. En agosto de ese año, los socialistas también abandonaron definitivamente su tolerancia y publicaron un manifiesto condenando la dictadura y haciendo un llamamiento a una República democrática.

Otros movimientos que jugaron un papel más modesto en la oposición hasta después de la dimisión de Primo de Rivera fueron la CNT y los nacionalistas regionalistas en Cataluña y el País Vasco. Hasta 1930 y el regreso de algunas libertades constitucionales, la CNT siguió dividida y desmovilizada. La facción legalista y sindicalista que estaba dispuesta a colaborar a favor de una república había quedado debilitada por los años de represión. En contraste, los grupos puramente anarquistas que favorecían la conspiración revolucionaria clandestina y rechazaban cualquier régimen «burgués», republicano o monárquico, se fortalecieron en este contexto, y formaron su propia organización paralela en julio de 1927, la FAI (Federación Anarquista Ibérica). La FAI debía trabajar al lado y dentro de la CNT, manteniendo el objetivo en metas revolucionarias «maximalistas». En cuanto al catalanismo, la dictadura también promovió inadvertidamente un giro a la izquierda, exacerbado por el descrédito de la Lliga colaboracionista. Los grupos catalanistas de izquierdas que se formaron poco antes de 1923 se beneficiaron de este giro, organizando conspiraciones dentro y fuera de Cataluña y España. El grupo más importante era Estat Català (EC) (1923), dirigido por Francesc Macià, pero hasta 1930 permaneció en su mayor parte ajeno a cualquier proyecto «español», incluso los de carácter republicano. Los nacionalistas vascos, también divididos desde su cisma en 1921, casi no jugaron ningún papel en el escenario político hasta el final de la dictadura.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA REPÚBLICA, 1930-1931

Con la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, el rey nombró un nuevo gabinete dirigido por el general Dámaso Berenguer, cuya tarea era preparar el terreno para un regreso a la monarquía constitucional y a las elecciones parlamentarias. Pero la oposición se intensificó, unificándose alrededor de una alternativa republicana a la monarquía, que muchos creían que estaba demasiado desprestigiada para recuperar su legitimidad. Figuras prestigiosas de los antiguos partidos del turno desertaron públicamente, incluido el exministro Niceto Alcalá-Zamora, que fundó un partido republicano conservador con Miguel Maura, hijo de Antonio Maura. El filósofo José Ortega y Gasset formó su propia organización republicana conservadora, la Agrupación al Servicio de la República. En agosto de 1930 se reunieron todas las fuerzas antimonárquicas y formaron el Pacto de San Sebastián para dar lugar a un comité revolucionario con el encargo de organizar un levantamiento combinado militar-civil. El EC catalanista (pero no el vasco PNV) se unió finalmente a la oposición, firmando el pacto a cambio de la promesa de un estatuto de autonomía para Cataluña. El levantamiento tuvo lugar el 12 de diciembre, pero debido a una combinación de factores, entre ellos la precipitación de los capitanes García Hernández y Galán, fracasó.

Aunque fue fácilmente aplastado, el plan de normalización constitucional del Gobierno Berenguer no podía seguir adelante sin cierto apoyo de los partidos políticos. La declaración no solo de republicanos y socialistas sino también de antiguos políticos monárquicos, como el veterano líder del Partido Liberal Romanones, de que solo apoyarían unas elecciones que dieran lugar a unas Cortes constituyentes, es decir, que tuvieran el poder de redactar una Constitución nueva, se demostró más efectiva que un golpe para evitar una transición controlada de arriba abajo. El Gobierno de transición propuso finalmente la celebración de elecciones municipales el 12 de abril de 1931, a las que seguirían unas elecciones generales. A pesar de la estrategia de celebrar unas elecciones locales para evitar un plebiscito sobre la monarquía, todos los partidos de la oposición las plantearon de esa manera e hicieron una campaña muy fuerte para conseguir el voto para la amplia coalición republicana. Esta incluía un partido catalanista nuevo, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que representaba una coalición entre EC y otros elementos republicanos, y que se formó en marzo de 1931 para participar en las elecciones.

Aunque los candidatos monárquicos ganaron más concejalías en su conjunto, la coalición republicana obtuvo mayorías apabullantes en la mayoría de los distritos urbanos, incluidas 45 de las 52 capitales de provincia. Después de más de una década de urbanización acelerada, el peso del voto urbano en la política española aparecía de repente como decisivo.²³ Con multitudes republicanas exultantes llenando las calles de dichos distritos urbanos, el comandante de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, advirtió al Gobierno que no se podía contar con el Cuerpo para respaldar una política de resistencia. El rey también interpretó el resultado de las elecciones como un plebiscito sobre la monarquía y decidió que la opinión pública se había vuelto en su contra. La mayoría del Gobierno y de los jefes militares parecía que aceptaban que el nivel de movilización popular contra la monarquía hacía que la política liberal de la vieja escuela, con su apoyo en una combinación de manipulación caciquil y represión, fuera insostenible. El 14 de abril, el rey Alfonso XIII abdicó y abandonó España, dejando vía libre para la proclamación de la Segunda República al día siguiente.

CONCLUSIÓN

¿Cómo es posible que una dictadura que se hizo con el poder prácticamente sin oposición llegara al colapso solo unos pocos años después sin casi ningún apoyo, arrastrando con ella a toda la monarquía de la Restauración? Lo más importante para poner en peligro la supervivencia del régimen fue el abandono del dictador y después del monarca por parte de las «fuerzas del orden», en especial los militares, pero también los poderosos grupos de intereses sociales y económicos desde la Iglesia a las élites urbanas y rurales. Resulta significativo que no abandonaron a Primo de Rivera porque su restauración del «orden» hubiera fracasado, puesto que la «pacificación» de los rebeldes coloniales, las protestas laborales y los movimientos «separatistas» fue en su mayor parte un éxito. En su lugar, se puede afirmar que la desafección de los grupos de la élite conservadora reflejaba el nivel con el que Primo de Rivera intentaba crear, aunque de manera intermitente, algo más que un régimen de orden tradicional, y al hacerlo pareció que amenazaba su poder y privilegios. Al mismo tiempo, los esfuerzos de Primo de Rivera para superar el conservadurismo tradicional tampoco le ganaron un apoyo popular amplio. Así, los experimentos del dictador con nuevas formas de movilización de masas antidemocráticas que pretendían integrar la población en una nación española unida y armoniosa tuvieron unos resultados limitados. Sin el tiempo ni los recursos adecuados, sus proyectos de nacionalización fueron más aspiraciones que realidades, en especial cuando se comparan con los de los regímenes fascistas de Italia y más tarde Alemania. Al final, el batiburrillo de tradicionalistas, católicos sociales, autoritarios modernos e incluso una retórica y una práctica de inspiración fascista no complacieron a nadie, desde el rey a los socialistas.

La cualidad híbrida de la dictadura de Primo de Rivera hace que sea difícil de categorizar y de hecho es probable que no exista una sola etiqueta que la pueda resumir. Más fructífera que una búsqueda de ese tipo puede ser situar el régimen en el espectro amplio de los regímenes autoritarios de derechas del período de entreguerras, con el fascismo movilizador de masas en un extremo y las dictaduras militares desmovilizadoras en el otro. Con demasiada frecuencia el debate se ha centrado en un binomio falso entre «tradicional» frente a «fascista», ignorando la variedad que existe en medio. Incluso se puede plantear que los regímenes se podían mover a lo largo de esta línea en momentos diferentes de su existencia, como ocurriría con la dictadura franquista. En cualquier caso, el régimen de Primo de Rivera estaba más cerca del extremo «tradicionalista» del abanico que la dictadura de Franco, aunque los dos regímenes compartían una mezcla híbrida de características.

La construcción de un espectro en gran parte híbrido también socava la oposición simplista entre regímenes autoritarios «modernos» y «atrasados». Las políticas «modernas» a principios del siglo XX, definidas a grandes rasgos como el esfuerzo de gobernar dentro de la nueva realidad de la política de masas, podían ser en la misma medida antidemocráticas como democráticas. Según esta definición, el régimen de Primo de Rivera, como prácticamente todos los regímenes autoritarios de derechas de la época, era moderno, no atrasado. En contraste con la derecha «antigua», que se resistía a la llegada de la política de masas, estos regímenes autoritarios nuevos aceptaban y respondían a este desafío con nuevas técnicas y experimentos, incluso cuando se envolvían de una retórica tradicionalista.

Se defina como se defina el régimen, ¿qué papel jugó en el desarrollo político de España? Por un lado, el proyecto híbrido no cristalizó en una alternativa coherente, mientras que, por otro lado, fue algo más que un simple «paréntesis» que no dejó rastro. A corto plazo, hizo que fuera imposible regresar a la vieja monarquía parlamentaria, al desacreditar al monarca y al perturbar las técnicas políticas de los partidos antiguos. Como consecuencia, todos los esfuerzos incipientes para unir democracia y monarquía durante la Restauración quedaron rotos y no se pudieron recuperar hasta décadas más tarde con el establecimiento de una monarquía democrática en 1978. Largamente desprestigiada por la desintegración del Sexenio, la fusión de democracia y republicanismo regresó una vez más al primer plano. En respuesta a la percepción de fracaso de la dictadura, una oposición democrática y republicana anteriormente fracturada y fraccionada se unió con una alternativa política creíble en el momento en el que la monarquía se estaba hundiendo.

Aunque el efecto inmediato de la dictadura fue estimular la oposición democrática y decapitar a los políticos conservadores, su impacto más importante a largo plazo fue el inicio de una transición de un conservadurismo de la vieja escuela a un estilo nuevo de política de derechas, que fundía la retórica tradicionalista con la movilización de masas. En cuanto a las técnicas de movilización, el marco ideológico del nacionalcatolicismo, el nacionalismo económico dirigido por el Estado y el corporativismo, además de la formación de una generación de futuros líderes, el régimen de Primo de Rivera sirvió como incubadora para una «nueva derecha» que se iba a consolidar durante la dictadura siguiente. Así, tanto para la derecha como para la izquierda, el régimen de Primo de Rivera marcó una ruptura política, inaugurando un ciclo largo de dictadura y democracia que definió la política española hasta que la consolidación de la democracia actual en la década de 1980 parece que rompió finalmente el círculo.

9

LA SEGUNDA REPÚBLICA: 1931-1936

Cerca de un siglo después de la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, sigue siendo, junto con la Guerra Civil que la siguió, el período más apasionadamente debatido de la historia española. Aventurarse entre los marcos interpretativos enfrentados es como adentrarse en un campo de minas. En lugar de suavizarse con el paso del tiempo, el debate se ha revitalizado, desencadenando prácticamente una «guerra de la memoria» en amplias capas de la sociedad. La historia de la República siempre ha estado mediatizada por la situación política del momento, con visiones enfrentadas relacionadas con las narraciones nacionales de la trayectoria de España. Así, bajo el régimen de Franco (1939-1975), el relato conservador dominante veía la República como el período de caos izquierdista afortunadamente eliminado por los héroes militares que rescataron a la «verdadera» España. Con la transición democrática de finales de la década de 1970, las voces profranquistas enmudecieron, mientras que florecieron las narraciones prorrepublicanas, celebrando la recuperación de un pasado reprimido. La resonancia pública de esta recuperación estuvo en parte limitada por el consenso político de principios de la Transición, en la que los grandes partidos políticos se contuvieron para no lanzarse el pasado los unos a los otros. Este acuerdo se empezó a romper en la década de 1990, cuando el Partido Socialista en el Gobierno empezó a relacionar la oposición del Partido Popular con el pasado franquista y a impulsar el reconocimiento público de los crímenes de dicha dictadura, mientras que los conservadores recuperaban una visión crítica de la República.¹

Cada bando ha incorporado su lectura de la República en grandes «narraciones morales» opuestas de la historia de la democracia en España.² Para la izquierda, la República es la fuente principal de la tradición democrática de España, un experimento noble aplastado por los reaccionarios y los fascistas, mientras que, para los conservadores, la cultura política de la República estuvo marcada por la intolerancia, el sectarismo y la violencia. En la práctica, existen muchas posturas matizadas a lo largo de este espectro, que va desde neofranquista a liberal, socialdemócrata y marxista, pero las narraciones morales enfrentadas amenazan con homogeneizar estas posturas.³

Atravesar este campo de minas no es tarea fácil, porque no existe ningún mapa objetivo que muestre un camino «verdadero». Así, por ejemplo, en el debate sobre si la República fue el origen real de la tradición democrática en España, cada bando invoca implícitamente una comprensión diferente de «democracia». El relato moral conservador hunde sus raíces en una definición liberal y procedimental de la democracia. Una definición liberal equipara la práctica democrática con elecciones justas, los participantes siguiendo el procedimiento de las «reglas del juego» y una representación formal a través del sufragio, mientras que destaca la protección y la garantía de los derechos individuales como el objetivo último. En contraste, el relato moral «de izquierdas» hunde sus raíces en una definición social de la democracia, que considera la práctica democrática más en términos de resultados «justos», que en los procedimientos, teniendo como medida comparativa la noción más amplia de igualdad y poder popular.⁴ Así, desde esta última perspectiva, la República fue un esfuerzo noble para crear una democracia social que pudiera dar el poder a las masas no solo política sino también cultural, económica y socialmente. Para la primera, la República fue una democracia antiliberal que pisoteó los derechos individuales, en especial los de los ciudadanos católicos, mientras que sus líderes se negaron a seguir las «reglas de juego» pluralistas básicas, como el reconocimiento del adversario.

LA SEGUNDA REPÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Sin la pretensión de resolver el conflicto con una ecuanimidad salomónica, se puede plantear razonablemente que la República fue las dos cosas (y más) a la vez, es decir, más «esto y aquello» que «esto o aquello». Así, se trató de un experimento democrático contradictorio que fue noble y con defectos, así como ricamente heterogéneo en sus prácticas. La heterogeneidad reinó en el seno de los movimientos políticos y a nivel local, donde el equilibrio de fuerzas generó contextos radicalmente diferentes para la competencia democrática. Más aún, la naturaleza experimental de la democracia no fue un rasgo del «atraso» español. Con algunas excepciones notables, la democracia europea se encontraba en sus comienzos durante el período de entreguerras, siendo la República española la decimocuarta nueva democracia desde 1910. En lugar de un sistema bien establecido con parámetros fijos, era una obra en construcción, con visiones enfrentadas que dividían a los demócratas por todo el continente. Pocas democracias tenían un sistema bipartidista estable o partidos capaces de conseguir mayorías absolutas, y esta inestabilidad se reflejaba en los frecuentes cambios de Gobierno, con una media de duración de menos de un año por toda Europa durante el período de entreguerras. En la década de 1930, la democracia también se encontraba cada vez más a la defensiva, de manera que al estallar la Segunda Guerra Mundial prácticamente todas las democracias nuevas, incluida la española, habían sido sustituidas por regímenes autoritarios.⁵

Con la política en la década de 1930 cada vez más polarizada entre una derecha autoritaria y una izquierda revolucionaria, el poroso centro democrático carecía de apoyos a ambos lados. De hecho, los demócratas comprometidos con las «reglas de juego» estaban en decadencia, y muchos estaban relacionados con los partidos elitistas de la vieja escuela. La mayoría de los partidos políticos «de masas» que aparecieron durante el período de entreguerras estaban solo «condicionalmente» comprometidos con las reglas de juego procedimentales, mientras que estaban más orientados hacia la «sustancia» de una visión particular del orden social. En este contexto europeo más amplio no resulta sorprendente que los grandes grupos políticos en España compartieran este compromiso condicionado con el proceso democrático. Sin obviar el factor humano de esta situación, podemos ver que la versión española es coherente con la frágil cultura democrática de la época.

Un lado de este espectro político democrático condicional eran los partidos católicos, que en general eran antiliberales, inclinados hacia el liderazgo autoritario y que daban prioridad al deber del pueblo hacia la comunidad (cristiana) por encima de sus derechos como individuos. Aunque los partidos católicos participaban en los Parlamentos democráticos, su pasividad o ambivalencia facilitó las transiciones autoritarias, hacia el fascismo en Italia (1922-1924) y Alemania (1933-1934), y hacia el corporativismo católico en Austria en 1933. Se plantearon más debates de matiz entre la democracia cristiana y el ala autoritaria del pensamiento político católico, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la democracia cristiana, reforzada por el Concilio Vaticano II (década de 1960), adoptó inequívocamente la democracia y la libertad religiosa, consolidándose como un participante totalmente leal a las «reglas del juego» democrático.

Al otro lado del espectro político, los partidos socialistas constituyeron el otro gran apoyo «condicionado» de la democracia.⁶ Como los católicos políticos, los socialistas eran un grupo heterogéneo, dividido en cuanto a su nivel de compromiso con las democracias «burguesas» y sobre el calendario para su transformación en la futura sociedad socialista. Pero incluso los menos condicionales de los partidos socialistas, como el SPD alemán, solo estaban dispuestos a una democracia «social» cuyas reformas mejoraran las vidas de los trabajadores a corto plazo, mientras que esperaban la revolución socialista. La transición desde esta «democracia socialista» condicionada a una «democracia social» que aceptaba plenamente la democracia como el «final de la partida» en lugar de una fase transitoria, no se consolidó hasta después de la Segunda Guerra Mundial con excepciones notables en Escandinavia y Gran Bretaña. Una de las condiciones para esta transición fue el gran acuerdo del «Estado del bienestar» que se estableció en las democracias de posguerra entre los trabajadores, el Estado y los empresarios, garantizando ciertos derechos y beneficios sociales a cambio de la lealtad socialista al juego democrático. Aunque los elementos de este gran acuerdo estaban sobre la mesa en el período de entreguerras, la crisis económica de la Gran Depresión evitó su consolidación. Al aumentar exponencialmente el desempleo y con el recorte de los beneficios del bienestar realizado por los Gobiernos liberales para equilibrar el presupuesto, creció la ambivalencia socialista hacia la democracia, así como la desafección de los partidos revolucionarios como los comunistas, situados a su izquierda.

Incluso el apoyo internacional a la democracia era considerablemente más débil en la década de 1930 que después de la Primera Guerra Mundial. El aislacionismo estadounidense sustituyó la visión utópica de Woodrow Wilson de la democracia universal, y las prioridades de Francia y Gran Bretaña pasaron de la prodemocracia al anticomunismo, evidente en la negativa de dichos países a ayudar a la República de España a defenderse contra la rebelión militar en julio de 1936. Dentro de las pocas democracias bien establecidas creció la sensación de que posiblemente no sería tan fácil universalizar la democracia. Dicha perspectiva justificó no solo la «no intervención» en España y el «apaciguamiento» hacia la Alemania nazi, sino también la resistencia a las exigencias de autogobierno de los pueblos colonizados.

Se produjo un cambio parcial en este contexto internacional en 1936, con la formación de las coaliciones de Frente Popular cuyo objetivo era unir todos los partidos de la izquierda democrática y revolucionaria, desde los liberales a los comunistas, contra la amenaza del fascismo. Promovidas por Stalin y la URSS, consiguieron captar a los no comunistas en parte por el importante papel de una oposición dividida, al facilitar la subida al poder de los nazis. A pesar de sus raíces comunistas, el Frente Popular pretendía defender la democracia por encima de la revolución obrera, y así se resolvió la naturaleza «condicional» de la lealtad de la izquierda, al menos a corto plazo. En la práctica, sin embargo, el Frente Popular no fue capaz de salvar la democracia en los dos contextos en los que consiguió el poder, en Francia y en España. Probablemente, mucho más decisiva para la victoria de los asaltos fascistas y autoritarios contra la democracia fue la coalición de las fuerzas conservadoras y militares de la derecha.

Además de un contexto internacional que apoyaba muy poco la consolidación democrática y la debilidad de la cultura democrática, la República española también se enfrentó a grandes divisiones estructurales que dificultaron aún más el planteamiento de políticas mayoritarias. Así, los españoles estaban profundamente divididos por criterios de clase, pero también por sus prácticas religiosas, las culturas rural y urbana, y la identidad regional y nacional. Estas divisiones no eran únicas de España, pero eran profundas, sin que se hubieran realizado grandes progresos en la construcción de puentes entre jornaleros sin tierras y terratenientes, católicos y anticlericales, campesinos y profesionales urbanos, y nacionalistas catalanes y españoles. Los teóricos de la democratización siguen discutiendo sobre el nivel de valores compartidos que son necesarios para fundamentar un compromiso con las «reglas del juego». Pero al menos, para que un partido político acepte la derrota electoral y sea una oposición leal, debe creer que no está en juego toda su forma de vida. En la España de la década de 1930, tras desvanecerse el optimismo inicial, muchos miembros de los grupos de interés más importantes sintieron cada vez más que había demasiado en juego para dar prioridad a las reglas de procedimiento sobre la «sustancia» de su forma de vida.

Otro desafío estructural que estaba parcialmente relacionado con estas divisiones era el nivel de desarrollo económico de España. Los teóricos de la modernización plantearon en su momento que un país tiene que alcanzar cierto nivel de desarrollo, en el que una clase media amplia, una extensión de la educación y de la alfabetización, y las tecnologías de la comunicación son prerrequisitos de una democracia que funcione. Aunque en la actualidad muy pocos aceptan este nivel de determinismo estructural, prácticamente ninguno de los países más pobres del mundo en la actualidad tiene una democracia que funcione, mientras que la tienen la mayoría de las naciones desarrolladas. En un nivel intermedio de desarrollo, como el ocupado por España en la década de 1930, podía tomar cualquiera de los dos caminos. Resultaba un desafío extremadamente importante el desarrollo desequilibrado, con regiones como el sur dominado por los latifundios, cuyo bajo nivel de alfabetización y la riqueza y pobreza extremas eran un terreno especialmente poco fértil para la construcción de un consenso democrático alrededor de la reforma agraria. Es más, la reforma agraria fue el elemento esencial de la estabilización o desestabilización democrática en las regiones latifundistas de Europa oriental, en países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía.⁷ Por otro lado, el ritmo rápido de urbanización en España en la década de 1920 favoreció claramente la transición democrática, porque fue el voto urbano el que ofreció mayor apoyo al cambio de régimen en 1931.⁸

Sigue sin existir un consenso sobre cuál de estos factores es el más importante para la consolidación democrática, desde las instituciones sólidas y las decisiones políticas, al contexto global, una cultura democrática compartida, una sociedad sin grandes divisiones o cierto nivel de desarrollo económico. Los estudiosos actuales se centran más en la calidad de las instituciones y de las decisiones políticas, y así en la actuación tanto de los actores individuales como colectivos y en la contingencia del resultado. No obstante, la mayoría aceptaría que ninguno de estos factores era favorable y que todos ellos jugaron algún papel en una dinámica que minó la viabilidad de la Segunda República. Desde esta perspectiva, no existe ninguna explicación mágica, ningún punto de inflexión concreto ni ninguna decisión fatal, sino una historia compleja de oportunidades perdidas y de problemas imposibles.

PERIODIZACIÓN: LAS COALICIONES MAYORITARIAS CAMBIANTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

A pesar de las interpretaciones cambiantes y conflictivas de la República, la periodización básica de las tres fases ha sido constante, definida por las elecciones parlamentarias y las coaliciones de Gobierno del primer bienio (abril de 1931-noviembre de 1933), el segundo bienio (noviembre de 1933 a febrero de 1936) y el Frente Popular (febrero a julio de 1936). A falta de un partido que obtuviera una mayoría absoluta, el reto consistía en articular un pacto mayoritario de Gobierno que pudiera estabilizar el régimen, ayudado, según esperaban los líderes, por un sistema electoral que favorecía en gran medida las coaliciones.

Durante el primer bienio, la República estuvo dirigida por un Gobierno de coalición inclinado a la izquierda con un programa democrático «social» que tenía por objetivo un gran pacto de las clases medias urbanas laicas, la clase obrera urbana y los pobres rurales, en especial en el sur. Al principio, esta coalición era amplia y heterogénea, incluyendo a todos los republicanos: la liberal católica Derecha Liberal Republicana (DLR) de Alcalá Zamora y Miguel Maura, los liberales laicos como el Partido Radical de Lerroux, y la izquierda, destacando la Alianza Republicana (AR) de Azaña y el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS, una escisión izquierdista del Partido Radical), y los socialistas (PSOE). El PSOE era el partido más grande de la coalición, al tener casi 1 millón de afiliados (incluyendo la UGT) en 1931. Después de las elecciones parlamentarias de junio de 1931, esta coalición amplia obtuvo una mayoría aplastante de diputados: 115 escaños para el PSOE (que no había ocupado nunca más de 7 en el pasado), 90 para el Partido Radical, 25 para la DLR, 16 para la AR, 61 para el PRRS y otros 60 escaños para otros partidos republicanos de izquierdas, incluida la catalanista Esquerra, que ganó 35 de los 49 escaños en Cataluña. En contraste, una derecha monárquica desorganizada solo consiguió 55 escaños. La amplitud del apoyo republicano contrastaba fuertemente con el 20 % de diputados republicanos en la Primera República de 1873.

Aun así, la amplia coalición de Gobierno republicano-socialista no se consolidó, con la DLR retirándose en octubre de 1931 y los radicales en diciembre de 1931, y finalmente los socialistas en septiembre de 1933. De manera más informal, la inicialmente agnóstica CNT, un sector de la cual estaba dispuesto a tolerar la República en la medida que pudieran actuar legalmente, se volvió cada vez más desencantada y abiertamente hostil. A pesar de todo esto, el primer bienio fue un período legislativo coherente, con una agenda reformista ambiciosa fundada en las iniciativas de secularización, de bienestar social y de autonomía regional.

El segundo bienio adquirió forma como reacción y respuesta a las políticas de la primera fase, experimentando con una coalición mayoritaria diferente que se inclinaba hacia la derecha, apoyándose en los católicos, los empresarios y los terratenientes, y las comunidades rurales campesinas de la parte septentrional de la península. En las elecciones de noviembre de 1933, probablemente las más limpias pero también las más reñidas hasta la fecha, los partidos de la izquierda republicana y los socialistas cosecharon una derrota rotunda, en parte porque habían abandonado su coalición electoral y en parte porque los sectores conservadores de la población tenían una opción nueva, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que se formó en marzo de 1933 bajo el liderazgo de José María Gil Robles con 700.000 miembros. En contraste con 1931, cuando la derecha presentó candidatura en solo el 14 % de los distritos, esta vez la CEDA desarrolló una amplia campaña en defensa de la religión, el orden social, la propiedad privada y la revisión de la Constitución. La postura oficial de la CEDA ante la República era «accidentalista», lo que significaba que la apoyaban con condiciones en la medida en que pudieran defender sus intereses a través de los canales parlamentarios.

Las elecciones dieron como resultado un cambio drástico del equilibrio de fuerzas con respecto a 1931. La CEDA recibió la mayoría de los votos y 115 escaños, los radicales subieron (de 94 a 102), mientras que el PSOE cayó de 117 a 59 y AR perdió 21 de sus 26 escaños.⁹ En conjunto, la «derecha», los no republicanos como la CEDA y los grupos monárquicos antirrepublicanos, aumentaron el número de escaños de 55 a 200, mientras que la «izquierda» cayó de 250 a 100, y el centro creció ligeramente hasta llegar a los 177 escaños. Aunque la CEDA era el partido más grande, el presidente de la República se negó a pedir a un partido no republicano que formara Gobierno. En su lugar, se lo pidió al veterano líder radical Alejandro Lerroux, que formó un Gobierno en minoría respaldado por una alianza informal con la CEDA. Lerroux pretendía ofrecer una «República para todos los españoles», en contraste con la versión social y laica que había molestado a muchos católicos y había asustado a las clases propietarias. En la práctica, los programas de los dos partidos de la alianza estaban mucho menos desarrollados que los del primer bienio, más allá de una idea general de «rectificar» la legislación existente.

La tercera fase breve de la República durante la época de paz fue el Frente Popular, que reunificó la alianza de la izquierda republicana y los socialistas del primer bienio (con el añadido del PCE, el Partido Comunista), pero en el contexto más complejo de una polarización creciente, la impaciencia obrera por la lentitud de las reformas, la subida al poder de los nazis en Alemania y el auge de los movimientos fascistas y autoritarios por todas partes. Con una campaña centrada en los rasgos catastróficos de la revolución fascista o comunista, las dos grandes coaliciones de «izquierda» y de «derecha» recibieron casi el mismo número de votos, aunque el sistema electoral otorgó 257 escaños a la ganadora coalición de izquierdas, en comparación con los 139 de la derecha. Resulta significativo que el apoyo a los partidos centristas cayó drásticamente de 177 escaños en la legislatura de 1933 a 57 en 1936, lo que ilustra una polarización creciente, así como un escándalo político que diezmó al Partido Radical (5 escaños). A pesar de la retórica «fascista» frente a «comunista» de la propaganda electoral, el apoyo a los partidos que llevaban esos nombres siguió siendo insignificante. En cualquier caso, a pesar de otra gran mayoría, la coalición inclinada a la izquierda no tuvo más éxito en la estabilización de la República que en 1931. La negativa de los socialistas a unirse a un Gobierno de coalición (en contraste con 1931) y de los partidos «derechistas» a aceptar la derrota electoral y, lo que fue más determinante, una conspiración militar, provocó el final de esta última fase de la República en época de paz, cuando un golpe dirigido por oficiales del Ejército el 17 de julio desencadenó una guerra civil.

La cuestión de por qué ninguna de las coaliciones mayoritarias consiguió estabilizar la República democrática sigue siendo un tema muy controvertido, con debates sobre qué período y qué actores políticos merecen mayores reproches por el debilitamiento de la democracia. En el relato moral de izquierdas, el programa del primer bienio constituye el único proyecto viable y auténticamente democrático de la República. En cuanto a por qué fracasó, todos en la izquierda están de acuerdo en que la resistencia derechista a una democracia «social» descargó el golpe mortal definitivo, pero no están de acuerdo en las razones por las que implosionó la coalición izquierdista mayoritaria. Así, una posición moderada a la izquierda acusa al movimiento obrero radicalizado de un comportamiento y una retórica irresponsables que desestabilizó la legalidad democrática, mientras que posturas más a la izquierda defienden la radicalización ante la represión excesiva y las reformas sociales insuficientes. Pero todos en esta perspectiva están de acuerdo en que el segundo bienio «negro» no tenía ningún proyecto democrático, con un Gobierno encabezado nominalmente por un «centro» corrupto y vacío, pero en realidad controlado por la CEDA, que en el mejor de los casos aceptaba la democracia con condiciones y en el peor era autoritario o incluso se inclinaba hacia el fascismo.¹⁰

En el relato moral conservador, la coalición del primer bienio fue esencialmente no democrática, redactando una Constitución excluyente que provocaba inevitablemente la alienación de la mitad de la población, y después rechazando cualquier desafío electoral legítimo a este programa.¹¹ Este relato plantea que el segundo bienio representó un proyecto democrático «liberal» alternativo, aunque se discute sobre si se trató de una «tercera vía» centrista dirigida por el Partido Radical o si la CEDA también se podría haber consolidado como un partido demócrata cristiano.

Un enfrentamiento similar gira alrededor de la época del Frente Popular, visto como la última oportunidad para rescatar la democracia de su descenso hacia el fascismo o como una espiral descontrolada hacia el desorden, la revolución social y la violencia. La versión neofranquista va más allá al justificar la rebelión militar para evitar una revolución comunista inminente. La cuestión en torno a la posibilidad de consolidación de la Segunda República de haberse comportado de una manera diferente algunos actores individuales y colectivos, seguirá generando especulaciones acaloradas. En lugar de intentar resolver los debates sobre la responsabilidad, el objetivo de este capítulo es analizar las metas enfrentadas que, por una variedad de razones, no se podían contener con éxito dentro de un marco democrático.

EL PRIMER BIENIO (1931-1933): BUSCANDO UNA COALICIÓN MAYORITARIA DE CENTRO/IZQUIERDA

La coalición de Gobierno del primer bienio pretendía consolidar una mayoría democrática inclinada a la izquierda que pudiera incorporar a las clases medias progresistas y a la clase obrera para completar lo que consideraban la largamente retrasada «modernización» de España. Esta visión fue confirmada en diciembre de 1931, cuando el presidente del Gobierno, Azaña, aceptó la retirada de la coalición del Partido Radical, en lugar de aceptar la condición de Lerroux de renunciar a la alianza con el PSOE. También quedaba explícita en el primer artículo de la Constitución, que proclamaba una «República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia». Con una visión sustantiva y social de la democracia, los líderes de la izquierda republicana creían que el único camino para avanzar era convencer a la clase obrera de que la democracia le podía ofrecer la vida mejor que se merecían. Al hacerlo, pretendían alejar a los trabajadores de la CNT revolucionaria y democratizar por completo a los socialistas al buscar su ayuda para planificar e implantar el programa de reformas. Con un ministro de Trabajo socialista, el Gobierno aprobó un ambicioso paquete de reformas con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad económica, proteger a los trabajadores y emprender la redistribución de los ingresos a través de medios pacíficos y democráticos. Esto incluía un salario mínimo, beneficios sanitarios y de jubilación para los obreros, indicaciones para acuerdos laborales colectivos y comités de arbitraje para mediar en las disputas laborales.

El eje de este programa democrático y social era la reforma agraria, que pretendía transformar a los jornaleros empobrecidos sin tierras en campesinos prósperos. A corto plazo, el Gobierno aprobó algunas medidas para dar a estos trabajadores más oportunidades en el mercado laboral, entre ellas una ley que obligaba a los empresarios a contratar en primer lugar a trabajadores locales, la obligación de cultivar para evitar que los propietarios «expulsaran» a los jornaleros que habían empleado, y comités de arbitraje rural. Pero la legislación principal fue la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932, que permitía la expropiación compensada de grandes propiedades sin cultivar y su redistribución entre los jornaleros sin tierras. El objetivo era asentar a 60.000-70.000 familias al año durante 12-15 años, incluyendo préstamos para equipos y formación.¹²

Junto con este programa de inclusión económica de las clases bajas se encontraba el objetivo de inclusión cultural, constitucionalizado en el derecho universal a la educación y la cultura. Coherente con la tradición democrática y republicana desde mediados del siglo XIX, los republicanos de izquierdas creían que la educación era el primer paso para formar a una ciudadanía responsable. Aunque la alfabetización había crecido gradualmente desde el siglo XIX, era muy baja entre los pobres, en especial en el sur rural. Una de las grandes tareas de la República, según creían sus líderes, era ampliar el sistema de escuelas públicas hasta que estuviera a disposición de todos los niños y niñas, tanto la estimación de 1 millón que no acudían a clase, como los 352.000 que asistían a las 6.000 escuelas primarias católicas. El director de educación primaria estimaba que la República tendría que construir 27.000 escuelas para alcanzar esta meta, de las cuales 10.000 se construyeron entre 1931 y 1933.

Además de la simple alfabetización, el proyecto cultural republicano pretendía la democratización y la difusión de la herencia cultural de España, introduciendo a las masas en las grandes obras de la «alta» cultura, el teatro, la música, la literatura y la poesía, así como el nuevo medio, el cine. Lo que había sido el objetivo de numerosos centros culturales republicanos locales ahora se convirtió en el proyecto oficial del Estado. En la tradición republicana, el derecho a la cultura no solo era tan importante como el derecho a la tierra, sino que tenía el mismo poder, si no más, para consolidar a la población dividida en clases en una nación democrática y armoniosa. Un conjunto común de referencias culturales, según se esperaba, podría construir puentes sólidos sobre las divisiones que separaban a los trabajadores y las clases medias. Emblemáticas de este proyecto fueron las llamadas «misiones pedagógicas», que enviaron a maestros y maestras, artistas y actores a visitar cerca de 500 aldeas, representando obras de teatro, cantando y haciendo lecturas poéticas, además de establecer más de 3.000 bibliotecas en las escuelas de los pueblos.¹³ Muchos de los y las artistas más destacados y escritores de la Generación de 1927 simpatizaron con este propósito, y su prolífica producción artística consolidó la identificación entre la modernidad cultural y la República.

Otro de los rasgos de los proyectos de integración social y cultural de este primer bienio fue, aunque más ambivalente, la incorporación de las mujeres. A un nivel básico, las mujeres se convirtieron en ciudadanas con derecho al voto, como se recoge en el artículo 36 de la Constitución. Siguiendo la Constitución de Weimar, el Gobierno también aprobó una serie de reformas que sustituían la posición de subordinación y dependencia legal en el Código Civil de 1889 por la igualdad política, civil y matrimonial total. En la esfera doméstica, las mujeres consiguieron la igualdad de derechos de paternidad sobre los hijos, así como la autonomía para firmar contratos o aceptar un empleo sin el permiso de sus maridos. También se consideraba que el divorcio era principalmente un «tema femenino», dándoles la opción de abandonar un matrimonio violento. En el ámbito laboral se abrieron más profesiones a las mujeres, el seguro de maternidad se hizo obligatorio y se prohibió a los empresarios despedir a una mujer al contraer matrimonio. A nivel teórico, el concepto de la igualdad de las mujeres tenía un gran significado simbólico para los republicanos como una pieza esencial de una agenda «modernizadora».

En la práctica, muchos de los diputados republicanos temían la concesión inmediata a las mujeres del derecho de sufragio y dudaban de su capacidad para ser ciudadanas responsables. Entre ellos la diputada Victoria Kent, se opusieron a este derecho basándose en un temor republicano habitual en los países católicos (como en Francia, donde las mujeres no pudieron votar hasta después de la Segunda Guerra Mundial) de que las mujeres reforzarían el voto derechista porque se las presuponía religiosas y sometidas a sus sacerdotes. Tampoco existía una gran presión popular organizada a favor del sufragio femenino, teniendo en cuenta el tamaño reducido del movimiento feminista en España. Al final, solo consiguieron aprobarlo con el amplio apoyo de los socialistas, algunos diputados de derechas (que estaban de acuerdo con el análisis republicano) y unos pocos líderes republicanos como Azaña, que insistió en que excluir a las mujeres sería un acto de hipocresía.¹⁴ A pesar del camino ambivalente, la igualdad femenina formó parte del paquete democrático y «social».

El último sector de la potencial mayoría democrática inclinada hacia la izquierda eran los catalanistas regionalistas nacionalistas. El Pacto de San Sebastián de 1930 había garantizado a los catalanistas un estatuto de autonomía a cambio de su apoyo a una República (española) y el primer artículo de la Constitución afirmaba que un «Estado integral» era «compatible con la autonomía de los municipios y las regiones». En las elecciones de junio de 1931, el nuevo partido Esquerra Republicana consolidó su posición como la voz del catalanismo republicano de izquierdas, consiguiendo el 68 % de los escaños de la región. El órgano de gobierno regional, la Generalitat, quedó restaurada de inmediato, seguido por un Estatuto de autonomía (septiembre de 1932), que establecía dos lenguas oficiales y otorgaba al Parlamento catalán el poder de aprobar leyes sobre el bienestar, la salud pública y el Código Civil, así como para administrar la legislación nacional sobre educación pública, relaciones laborales y el sistema judicial. El Estatuto no satisfizo a muchos catalanistas, que preferían una estructura totalmente federalista (frente a un «Estado integral») y una sola lengua oficial, pero el Estatuto cimentó la presencia catalanista en la coalición. En las primeras elecciones para el gobierno regional en noviembre de 1932, Esquerra Republicana mantuvo su amplio apoyo interclasista, y al mes siguiente una comisión inició la tarea de negociar la transferencia de poder. En contraste, no se abrieron negociaciones autonómicas con los nacionalistas vascos conservadores y católicos (PNV), que quedaron fuera de la coalición del primer bienio.

En un sentido más amplio, el Gobierno del primer bienio hizo pocos esfuerzos para incorporar a los católicos practicantes en la nación democrática que imaginaban, a pesar del republicanismo católico del presidente del Gobierno Alcalá Zamora. La mayoría de los republicanos de izquierdas no eran explícitamente antirreligiosos, pero eran laicistas, así como anticlericales en diversos grados. En términos filosóficos, la mayoría de los republicanos veían a la Iglesia católica como el estandarte del atraso, la superstición y la tradición que había obstaculizado la modernización completa de España. La política religiosa del primer bienio resulta incomprensible sin entender la centralidad de esta convicción en la cultura republicana desde la Revolución francesa. Aunque nunca se actuó contra la creencia privada ni el culto comunitario, el objetivo era reducir el poder público de la Iglesia, en especial en la educación, donde podía moldear los corazones y las mentes.

Aunque no sin debate y muchas abstenciones, la postura laica triunfó con facilidad en la discusión constitucional de la «cuestión religiosa», debido al número tan pequeño de diputados conservadores. El texto final del artículo 26 reflejaba (pero no llegó tan lejos como ella) la primera legislación de la Tercera República Francesa, prohibiendo que las órdenes religiosas pudieran enseñar, privando a la Iglesia de su posición privilegiada de la Constitución de 1876, aboliendo la financiación estatal de la Iglesia, recortando la mayor parte de sus ingresos privados y disolviendo la controvertida orden de los jesuitas. Aunque incorporaba un gesto conciliatorio con la Iglesia, dejando intactas las demás órdenes, pendientes de una legislación futura, la mayor parte de los católicos practicantes, incluido Alcalá Zamora, que dimitió como presidente del Gobierno en respuesta a su aprobación, comprensiblemente la encontraron inaceptable. Otras medidas secularizadoras incluyeron la prohibición de que los funcionarios estatales asistieran a las ceremonias religiosas, la secularización de los cementerios católicos, la libertad religiosa completa, divorcio y matrimonio civil, el fin de la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas y, finalmente, la Ley de Congregaciones de mayo de 1933, que ordenaba el cierre (poco realista) de todas las escuelas primarias religiosas en diciembre de 1933.¹⁵

Un elemento final del proyecto reformista del primer bienio que estaba más relacionado con el programa más amplio de modernización que con el esfuerzo para consolidar una mayoría democrática fue la reorganización militar. Como la Iglesia, el Ejército se consideraba un bastión de los valores reaccionarios. Además de reestructurar y reducir la alta oficialidad y cambiar el sistema de promoción, el Gobierno intentó reducir el control de los tribunales militares sobre los civiles, aboliendo la ley de 1906 que otorgaba al Ejército el derecho a perseguir crímenes contra el honor de los militares o de la nación.

¿QUÉ FACTORES DETERMINARON EL FRACASO DEL PRIMER BIENIO?

Sobre el papel, este ambicioso programa social y laico parecía tener el potencial para consolidar una coalición democrática inclinada a la izquierda, mientras reducía el poder de enemigos potenciales como la Iglesia y el Ejército que se oponían a ella. En la práctica, esta agenda fortaleció y movilizó a oponentes poderosos, mientras que fracasaron en el intento de mantener unida la coalición. Esta combinación desafiante de polarización y fragmentación aparecerá como un elemento común en todos los esfuerzos por construir una coalición mayoritaria estable durante la República.

Las movilizaciones contra la coalición

La política religiosa provocó la reacción más inmediata, con algunos cargos de la Iglesia acusando a la República de declarar una guerra abierta contra los católicos. La veracidad de esta acusación sigue siendo objeto de un intenso debate, pero está claro que la interacción entre todos los actores produjo una dinámica tóxica que ahogó a las pocas voces que quisieron mediar.¹⁶ Así, como señalaron con acierto los conservadores, algunas de las medidas secularizadoras fueron más allá de separar simplemente la Iglesia y el Estado y transgredieron las libertades básicas de reunión y asociación. Es más, muchos de los líderes del primer bienio hablaron en términos despectivos de una institución que solo podía ser un obstáculo para el progreso, como cuando Azaña pronunció su famosa frase de que «España ha dejado de ser católica». Aunque algunos católicos malinterpretaron esta afirmación como que quisiera decir que la religión en sí misma quedaría prohibida, la mayoría habría estado en desacuerdo incluso con su significado más limitado, que el Estado nación español —o su comunidad local— ya no se identificaba con el catolicismo.

Lo que hizo que los católicos fueran aún más desconfiados fue la reaparición de la hostilidad anticlerical que se había estado fraguando en la «izquierda» desde principios del siglo XIX. En los municipios controlados por los republicanos de izquierdas y los socialistas por todo el país, con frecuencia parecía que los gobernantes intentaban expulsar a la Iglesia de la vida comunitaria, restringiendo las procesiones religiosas públicas y el tañido de las campañas de las iglesias, cambiando los nombres de las calles dedicados a los santos por otros de héroes laicos, y retirando las estatuas religiosas de los espacios públicos y los crucifijos de las escuelas públicas, además de evitar la presencia religiosa de costumbre en las celebraciones oficiales. Y cuando los gobiernos municipales derribaron los muros que separaban el cementerio civil del religioso, fue necesario un documento legal para autorizar un entierro católico.¹⁷ Estas intrusiones en las prácticas religiosas cotidianas inflamaron a muchos católicos de a pie, cuyo camino para entrar en política se pudo iniciar con una protesta para que se restaurasen los crucifijos y las procesiones públicas. Y finalmente, estaba la amenaza de la violencia anticlerical, que salió a la superficie de manera muy temprana, en mayo de 1931, cuando docenas de edificios religiosos fueron incendiados en una serie de ciudades, incluidas Madrid, Málaga, Valencia y Sevilla.

Si el anticlericalismo debilitó la confianza católica en la República, los ataques antirrepublicanos por parte de sectores de la prensa católica reforzaron un círculo vicioso, aunque la Iglesia no adoptó una postura oficial contra la nueva República. En agosto de 1931, el arzobispo de Toledo publicó una carta pastoral en que despotricaba contra el laicismo, las libertades modernas y la democracia, que muchos republicanos interpretaron como una declaración de guerra contra la República. El lenguaje de una batalla épica entre la civilización cristiana y el liberalismo moderno constituyó al principio una voz minoritaria, pero se fue fortaleciendo a lo largo del primer bienio. Entre la cultura de base de desconfianza entre los católicos y los anticlericales, y el abismo ideológico real entre el programa de secularización y la identidad nacional católica, el espacio para el republicanismo católico era muy reducido desde el principio y se iba reduciendo con rapidez. A finales de 1931, «la separación entre la Iglesia y el Estado amistosa, gradual, correcta [y] decente», que era la esperanza del republicano católico Alcalá Zamora, ya era inviable.¹⁸ Resulta esclarecedor que, en las elecciones de 1933, el apoyo a su partido político cayó en picado y la mayoría de los católicos se alineó con la CEDA (no republicana).

Un actor importante en esta separación creciente fue Acción Católica de la Mujer (ACM), cuyas integrantes organizaron campañas de cartas y peticiones contra la legislación secularizadora.¹⁹ Las mujeres católicas estaban especialmente impresionadas por la ley de divorcio, que veían como un ataque contra la familia el matrimonio civil y los requisitos para las inhumaciones, y la amenaza de cerrar las escuelas religiosas. A pesar de la insistencia de la Iglesia en que los grupos de Acción Católica debían ser «apolíticos», la ACM se movilizó a favor de los candidatos de la CEDA en las elecciones de 1933. Aunque no hay pruebas de que más mujeres que hombres votaran a favor de la CEDA, es cierto que las mujeres conservadoras estaban más movilizadas que las que se encontraban en la izquierda. Esto se debía en parte a causa de las organizaciones feministas muy pequeñas, pero también a que los conservadores intentaban captar activamente a las mujeres porque daban por hecho su afección a su causa.²⁰ En contraste, los partidos de la coalición del primer bienio siguieron manteniendo una actitud ambivalente ante el despliegue de una propaganda específica dirigida a las mujeres, y muchos de sus miembros acusaron con rapidez (y erróneamente) a las mujeres de su derrota electoral en 1933.²¹

Otro sector agraviado por la legislación del primer bienio fue la población rural campesina y terrateniente. No resulta sorprendente que los grandes terratenientes se situaran desde muy pronto como enemigos, pero numéricamente mucho más significativos fueron los propietarios y arrendatarios pequeños, en su mayoría católicos, que formarían la masa de base de la CEDA. Aunque no había nada en la Ley de Reforma Agraria que indicase que pudieran ser expropiados, muchos pequeños propietarios temieron que la propiedad privada ya no fuera segura, en especial porque el artículo 44 de la Constitución hacía depender su protección de un derecho ilimitado de expropiación en caso de «utilidad social». Tampoco había nada en la ley que tuviera la voluntad de ganarse a estos pequeños agricultores, como préstamos subvencionados para comprar equipamiento, tarifas proteccionistas o contratos más estables para los arrendatarios. Aun sin el temor a la expropiación, la reforma que trasladó el control del mercado laboral de los empresarios a los sindicatos aumentó los costes laborales para los pequeños empresarios rurales, que ya estaban en dificultades por el declive global de los precios agrícolas.²² Aunque sin duda era difícil elaborar una ley que pudiera satisfacer todas las realidades agrícolas diferenciadas del país, los pequeños agricultores quedaron fuera de la imaginada mayoría urbana de clase media y obrera del primer bienio.

Al igual que con el conflicto religioso, las disputas sobre la política económica y laboral jugaron un papel importante en la confrontación creciente a nivel local, dependiendo del grupo que estuviera al mando. En los bastiones socialistas, la UGT y los consejos municipales podían fijar arbitrariamente las condiciones de los contratos de trabajo, reduciendo los días laborables y aumentando los salarios, obligando a los terratenientes a seguir pagando a los jornaleros aunque se hubiera completado la cosecha, al mismo tiempo que admitían con claridad que el objetivo era apoyar a las familias pobres y no el sostenimiento de los medios de vida de los empresarios.²³ Los sindicatos de la CNT utilizaron sus propios métodos de acción directa para coaccionar a los terratenientes, incluidas las huelgas de brazos caídos y la destrucción de cosechas. Los propietarios de tierras tenían menos mecanismos para evitar dichos controles como consecuencia de los decretos que les impedían contratar a trabajadores que no fueran de la localidad o dejar tierras sin cultivar, pero a veces simplemente ignoraron la legislación. Sus asociaciones actuaron contra el «marxismo agresivo» del control laboral absolutista. Un estudio local describe cómo esta hostilidad creciente derivó en una violencia cotidiana y una cultura de intolerancia política que se reflejaba en las reuniones de los consejos municipales abarrotados con escandalosos seguidores socialistas que intimidaban a los pocos miembros conservadores boicoteando las sesiones.²⁴

Aunque la insatisfacción con las políticas gubernamentales se sentía en amplios sectores de la población, el único ataque directo provino del Ejército en agosto de 1932, cuando un grupo de generales monárquicos, incluido un antiguo jefe de la Guardia Civil, José Sanjurjo, desencadenó un golpe mal organizado que fue fácilmente aplastado porque la gran mayoría de las fuerzas armadas siguieron leales a la República.

La desintegración de la coalición mayoritaria

Mucho más problemática a corto plazo para el Gobierno del primer bienio que los enemigos que se pudo granjear, fue la defección de las organizaciones de la clase obrera, oficialmente a causa de la retirada del PSOE de la coalición (septiembre de 1933) y extraoficialmente por la combatividad de la CNT y sus discípulos anarquistas más puristas, la FAI. Aunque tanto PSOE/UGT como CNT/FAI eran colectivos heterogéneos, las voces colaboracionistas en ambas organizaciones se fueron debilitando a lo largo del tiempo, primero en la CNT/FAI y después en el PSOE/UGT. De manera esquemática se podría decir que el movimiento a lo largo de este espectro medía la confianza de las organizaciones obreras en el potencial reformista de la república democrática. En el extremo optimista se encontraba el apoyo a la participación del PSOE en el Gobierno, mientras que en el extremo pesimista estaba la FAI, que planeó su primera insurrección en diciembre de 1931 con el objetivo de desestabilizar la República, con muchas posturas entre medias. En consecuencia, ¿por qué la clase obrera politizada se alejó del lado socialdemócrata esperanzador del espectro?

Una de las mayores fuentes de desilusión fue la lentitud de la implantación de la reforma agraria, en especial en un contexto de desempleo rural muy alto. La ley principal tuvo problemas desde el principio. Después de varios borradores y discusiones acaloradas, finalmente se convirtió en ley un año y medio después de la proclamación de la República. Además, su procedimiento legal complejo obligaba a que cada transacción se acordara con los propietarios en los tribunales, reflejando la esperanza de que la reforma fuera un proceso pacífico en lugar de coercitivo. Pero en vez de eso, las asociaciones de terratenientes lanzaron campañas públicas y financiaron la resistencia judicial que frenó aún más el proceso. En un estudio local de Badajoz, una provincia en la que un tercio de toda la tierra de cultivo estaba en manos de 400 propietarios que se aprovechaban del trabajo de 80.000 jornaleros sin tierra, las demandas de los terratenientes prácticamente paralizaron su implantación.²⁵ Al mismo tiempo, el presupuesto dedicado a su implantación era inadecuado, lo que exacerbó el ritmo lento y la sensación de que no era una prioridad urgente para el Gobierno. Al final del primer bienio solo 6.000-7.000 propiedades habían cambiado de manos.

Mientras tanto, el Gobierno tenía poco que ofrecer a los trabajadores en paro, en parte como consecuencia de la crisis económica y en parte debido a sus prioridades. La Gran Depresión tuvo un impacto menos grave en España, con una caída de la producción industrial de solo un 15 % en comparación con el 30 % que afectó a Europa en su conjunto, y el desempleó llegó hasta el 13 %, casi la mitad del que hubo en Gran Bretaña y Alemania.²⁶ Pero el desempleo llegaba hasta el 25 % en el sur latifundista, exacerbado por el cierre de la válvula emigratoria a causa de la crisis mundial.²⁷ Además, pocos desempleados recibían algún tipo de subsidio. Como la mayoría de los gobiernos democráticos en la Europa de entreguerras, España se enfrentaba a la crisis económica con la estrategia liberal ortodoxa de recortar los gastos y equilibrar el presupuesto. Esta política dividió a socialistas y liberales demócratas por toda Europa a principios de la década de 1930, y España no fue una excepción. A nivel local, los alcaldes y los consejos municipales socialistas querían más fondos públicos para necesidades sociales, asistencia al desempleo y obras públicas, presionados por unas bases que esperaban un alivio inmediato por parte de los gobiernos dirigidos por los socialistas. En los gobiernos locales controlados por los republicanos liberales, los sindicatos se quejaban de que las partidas presupuestarias para obras públicas, bienestar y educación no eran mayores que bajo la monarquía.²⁸ Y sin prestaciones por desempleo u obras públicas para generar puestos de trabajo, los terratenientes y los empresarios seguían conservando una preponderancia considerable. Desde la perspectiva de muchos obreros, la combinación de la resistencia terrateniente a lo que consideraban unas reformas moderadas y la escasez general de iniciativas para aumentar el bienestar e incentivar las obras públicas debilitó su optimismo inicial sobre el potencial de la democracia «burguesa».

Una fisura aún más grande entre el centro y el ala izquierdista de la coalición fue la cantidad de obreros que experimentaron las políticas de ley y orden del régimen.²⁹ A pesar de los esfuerzos de Azaña para conseguir el control civil sobre el Ejército, la República siguió con las prácticas anteriores de militarizar la policía y una versión represiva del «orden público». Los jefes militares siguieron al mando, no solo de la Guardia Civil, sino también de otras unidades de policía, incluida la recién formada Guardia de Asalto, que se suponía que estaba mejor equipada para el nuevo contexto de movilización de masas democráticas, pero no recibieron una formación adecuada en medidas flexibles y proporcionales para el control de multitudes. El Gobierno republicano también aprobó una serie de decretos otorgándole poderes para suspender las libertades en nombre de la defensa del orden público, en especial la Ley de Defensa de la República del 21 de octubre de 1931. Aunque España no estaba sola entre las democracias de entreguerras en su lucha por definir un modelo de policía nuevo, los obreros esperaban más de un Gobierno republicano/socialista.³⁰

Los líderes republicanos eran conscientes de la dinámica negativa entre las fuerzas del orden y las clases bajas, en especial en los sindicatos, pero no fueron capaces de alterarla. En su lugar, la obsesión con el orden público se intensificó en el contexto de un número creciente de huelgas y protestas por parte de los obreros impacientes por ver beneficios inmediatos en los salarios y en los empleos. Y, como había ocurrido en el caso de la actividad policial durante el siglo anterior, las fuerzas del orden tuvieron dificultades para modular su respuesta entre las protestas ordinarias y las amenazas al régimen. Por ejemplo, durante una huelga de telefonistas afiliados a la CNT en Sevilla en julio de 1931, cuatro de los detenidos fueron tiroteados bajo custodia policial «mientras escapaban», una práctica que recordaba la cultura de asesinatos de la Barcelona de posguerra. En las actividades policiales más cotidianas, un estudio local plantea que la mayor parte de los obreros, en especial los desempleados, seguían viendo al Estado principalmente como un agente de represión, incluyendo la detención «preventiva» sin juicio, las palizas y las deportaciones, y la vigilancia opresiva en sus barrios.³¹

La tensión entre la policía y las protestas estalló en muchos incidentes de alto voltaje, en los que protestas aparentemente limitadas desembocaban en lo que muchos en la izquierda consideraban una violencia policial excesiva. El primer incidente en Castilblanco en diciembre de 1931, empezó como una huelga general pacífica y degeneró en violencia y en la muerte de numerosos guardias civiles. Pero el acontecimiento que provocó la mayor indignación en la izquierda fue la llamada «masacre» de 22 hombres, mujeres y niños en enero de 1933 en Casas Viejas, provocada por una insurrección anarquista en un pueblo de unos 2.000 habitantes. La actuación policial más controvertida se produjo después del aplastamiento de la revuelta, cuando la Guardia Civil fusiló sumariamente a 14 prisioneros, pocos de los cuales habían participado realmente en la revuelta. Aunque los socialistas no eran partidarios de los revolucionarios anarquistas, la mancha de la represiva «República de Casas Viejas» debilitó su compromiso con la república «burguesa» y tuvo influencia en la decisión del PSOE de abandonar la coalición ese mismo año.

La última amenaza y quizá la más compleja para la maraña de la coalición del primer bienio fue la escalada del conflicto entre el PSOE/UGT y la CNT. Los socialistas habían aumentado en gran medida su número e influencia desde su situación minoritaria en el movimiento obrero posterior a la Primera Guerra Mundial. En 1931, los socialistas tenían casi el doble de miembros que el medio millón de afiliados de la CNT. No obstante, la CNT se había recuperado después de la dictadura, reconquistando muchos de sus bastiones regionales y locales, y reteniendo esa mezcla compleja de obreros agrícolas e industriales. La mitad de los miembros de la CNT se encontraban en Cataluña, y otra cuarta parte en Andalucía, gran parte de la cual siguió siendo territorio de la CNT, a pesar del crecimiento de los sindicatos rurales socialistas.³² En este contexto de intensificación de la competencia, la lucha entre las organizaciones era tanto una disputa territorial como una batalla de principios.

En cuanto a los principios, la táctica sindical de la CNT de acción directa y ocupación de las calles chocaba con la defensa de la UGT de un arbitraje controlado por el Estado y un sistema regulatorio. Coherente con su postura antipolítica, la CNT rechazó los comités de arbitraje, que la UGT consideró como un rechazo sin sentido a la defensa de los intereses de los trabajadores. Y la negativa de la CNT a participar hizo que la estructura de arbitraje laboral estuviera más abocada al fracaso. Pero el hecho que la UGT fuera a la vez un sindicato y formara parte del Gobierno significaba que la legislación era, en realidad, partidista. En un nivel fundamental, todo el entramado de la legislación laboral estaba en parte calculado para conseguir la victoria final de la UGT contra la CNT. La CNT contraatacó convocando huelgas y paros obreros simplemente para boicotear los comités de arbitraje. La UGT acusó a la federación rival de desestabilizar la República, pero, para la CNT, se trataba de una República que parecía que se situaba con todas sus fuerzas en su contra, en especial por la tendencia del Gobierno a interpretar su táctica sindical de «acción directa» como intrínsecamente criminal.

En consecuencia, bajo el desacuerdo sobre los principios se libraba una batalla por la supervivencia por parte de cada una de las federaciones sindicales. Así, donde los socialistas controlaban el gobierno local y la estructura sindical, usaron este control sobre los intercambios laborales para asegurarse de que los empresarios contrataban a personas de sus sindicatos, mientras que la CNT intentaba hacer lo mismo en sus bastiones. Aunque la CNT tenía mayor tendencia a convocar huelgas que sus rivales socialistas, estos últimos a veces ayudaban a romper las huelgas cruzando las líneas de piquetes, como ocurrió en Gijón en diciembre de 1932.³³

La dinámica intersindical solo fortaleció las voces más intransigentes en ambos movimientos. Quizá si los empresarios hubieran colaborado rápidamente y hubieran aceptado la reforma agraria, la subida de salarios y los comités de arbitraje, el resultado habría sido diferente. En su lugar, los logros escasos del plan de reformas debilitaron aún más al ala colaboracionista del Partido Socialista. En la CNT, los anarquistas de la FAI, que planteaban que la República no les ofrecía nada que valiera la pena defender, iban ganando terreno. Es más, organizaron diversas insurrecciones revolucionarias contra la República entre 1931 y 1933. Aunque ninguna consiguió un apoyo amplio y todas ellas fueron aplastadas con facilidad, siguieron generando una dinámica de represión que servía para alimentar a la revuelta siguiente. Sin llegar a un encuentro decisivo, esta «gimnasia revolucionaria», en palabras del líder de la FAI Joan García Oliver, tenía por objetivo desestabilizar a la República, y no hay duda de que lo consiguió. Al mismo tiempo, también molestaron a algunos miembros de la CNT y la afiliación disminuyó.³⁴

En resumen, diversos factores que se reforzaban entre ellos debilitaban la capacidad de la coalición del primer bienio para consolidar la nueva democracia. A nivel estructural, la coalición tuvo que sortear divisiones muy serias de la sociedad española y tomar decisiones controvertidas sobre qué grupos incluir y cuáles excluir o al menos ignorar. Como algunas de estas decisiones enfadaron y marginalizaron a los católicos practicantes y a las clases medias rurales, la coalición creó un gran sector insatisfecho de la población. Al mismo tiempo, la coalición no pudo mantener unida a su propia mayoría de clase media urbana/clase obrera, obstaculizada por una crisis económica que limitaba los fondos para las reformas sociales profundas que deseaba la parte «izquierdista» de la coalición.

Sigue sometido a debate si existían otros caminos viables para atravesar este paisaje complejo. Las profundas divisiones sociales, económicas o culturales no impiden de manera automática la consolidación democrática, pero los grupos políticos deben tener la voluntad de defender sus intereses con frecuencia ampliamente dispares dentro de las «reglas del juego». No resulta sorprendente que la cultura del procedimiento democrático fuera débil en España, en especial entre los partidos nuevos que asumieron por primera vez las responsabilidades de gobierno. Durante el primer bienio, principalmente muchos socialistas, en especial a nivel local, demostraron que estaban más comprometidos con una serie de resultados «sociales» que con el respeto a los derechos de sus oponentes. Aunque los socialistas fueron los demócratas más «condicionales» durante el primer bienio, esta postura resulta coherente con un contexto más amplio de movimientos de la clase obrera cuyo compromiso con la democracia «burguesa» era débil ante la crisis económica, la reducción del gasto del Estado y la disminución de las esperanzas de conseguir un gran acuerdo social y democrático.

EL SEGUNDO BIENIO, 1933-1935: BUSCANDO UNA COALICIÓN MAYORITARIA DE CENTRO/DERECHA

Con el colapso de la coalición inclinada hacia la izquierda, el reto del nuevo Gobierno dirigido por los radicales era la construcción de una mayoría democrática alternativa, pero el segundo bienio tuvo aún menos éxito en la consolidación de dicha coalición. En comparación con el Gobierno de Azaña (octubre de 1931-septiembre de 1933), el segundo bienio estuvo marcado por la inestabilidad y no tuvo una gran visión alternativa de la República. Consistió en 12 Gobiernos dirigidos por 5 presidentes del Consejo de Ministros y un registro legislativo mucho menos productivo que el primer bienio. Aun así, el con frecuencia desdeñado segundo bienio fue un punto de inflexión esencial en la historia republicana que se debe tomar en serio en sus propias circunstancias.³⁵

Una mayoría alternativa potencial podría haber sido una coalición «centrista» solo con republicanos, que se estuvo discutiendo en los meses previos a las elecciones de noviembre de 1933.³⁶ El fracaso en la materialización de esta coalición, que fue más una consecuencia de las rivalidades personales y la falta de confianza que de diferencias doctrinales profundas, hizo que todos los partidos republicanos se presentaran solos a las elecciones y los dejó en desventaja por la ley electoral. Tras los resultados electorales, la segunda opción fue que los radicales formaran una alianza mayoritaria con el partido más grande de las nuevas Cortes, la CEDA heterogénea pero «accidentalista». Aunque el liderazgo radical se resistió a una coalición formal, aceptó la colaboración con la CEDA porque le facilitaba la mayoría parlamentaria y porque Lerroux tenía la esperanza de «republicanizar» a la CEDA y a las masas católicas.³⁷

Los radicales compartían algunos objetivos con la CEDA, pero las diferencias eran profundas. Ambos estaban de acuerdo en la necesidad de frenar las reformas, en una amnistía para los organizadores del golpe de 1932 y en una restauración de «la ley y el orden» para terratenientes y empresarios, en especial contra lo que muchos consideraban el poder socialista abusivo en el campo. Al mismo tiempo, los radicales eran republicanos «incondicionales» y demócratas liberales que habían votado a favor de la Constitución de 1931 así como de la mayoría de las reformas del primer bienio. La CEDA, por su lado, era no democrática y antiliberal, aunque agrupaba un abanico de opiniones desde la democristiana hasta la corporativista autoritaria. En términos políticos, prometía la abolición de las reformas laboral y agraria, y la revisión de la Constitución, especialmente en cuanto a la religión, todo ello dentro de un discurso de apoyo «condicionado» al régimen. El resultado fue una alianza inestable, no una coalición formal de Gobierno. Para desestabilizar aún más el Gobierno del segundo bienio, los elementos más izquierdistas del Partido Radical, bajo el liderazgo de Diego Martínez Barrio, se escindieron para formar un partido nuevo después de un enfrentamiento en la primavera de 1934 sobre la ley de amnistía (y se fusionaron con el Partido Radical Socialista para formar la Unión Republicana [UR] en septiembre de 1934). Tras otra confrontación en octubre de 1934, la CEDA exigió y obtuvo tres carteras ministeriales, y en la primavera de 1935 se había convertido en la voz mayoritaria en un Gobierno cada vez más derechista. El segundo bienio terminó con un escándalo político que obligó a la dimisión del presidente del Gobierno del Partido Radical y el presidente Alcalá Zamora convocó unas nuevas elecciones para febrero de 1936.

Como consecuencia de estas dinámicas cambiantes, el segundo bienio se puede dividir en un período «centro/derecha» desde noviembre de 1933 a octubre de 1934, y otro período «derechista» hasta las elecciones del Frente Popular.³⁸ Durante el primer período, a pesar de algunas «rectificaciones» en la política social, el Gobierno radical respetó la mayor parte de la legislación reformista. De hecho, el ritmo de asentamientos en las tierras expropiadas durante los primeros 9 meses de 1934 fue más rápido que durante el primer bienio (700 frente a 275 familias al mes). Una de las pocas piezas de la legislación laboral que abolieron fue la ley que prohibía que los empresarios contrataran obreros no locales si había trabajadores locales disponibles, aunque también se permitió que los niveles salariales cayeran en función de los niveles del mercado.

También se desarrollaron algunas iniciativas radicales, incluida una ley de salud que inició el proceso de creación de un sistema nacional de salud. Y en cuanto a la política religiosa, los radicales intentaron establecer un rumbo pragmático, retrasando indefinidamente el cierre de las escuelas católicas, mientras se construían más públicas y se contrataban más maestros. Este último proceso tuvo el apoyo de un gasto estatal en educación proporcionalmente más alto que durante el primer bienio. El Gobierno también detuvo la implantación de la prohibición de las ceremonias religiosas públicas y dejó que los católicos volvieran a colocar los crucifijos en las escuelas públicas. Otra postura pragmática fue el esfuerzo (fracasado) de encontrar un terreno común entre la Generalitat catalana y el Tribunal de Garantías Constitucionales sobre la devolución de poderes al gobierno autónomo.

Aunque los radicales asumieron algunos compromisos con sus aliados de derechas, en otras ocasiones se resistieron a sus exigencias para revertir la legislación previa. Los compromisos más criticados por la «izquierda» fueron la ley que extendía los salarios estatales transitorios para los párrocos pobres y la amnistía para los conspiradores del golpe. Lo que ha recibido menos atención es la continuidad significativa con el primer bienio. Quizá fue esta continuidad silenciosa lo que hizo que los radicales parecieran casi invisibles en contraste con las ambiciones de la CEDA o la coalición del primer bienio. Pero, aunque el Gobierno radical carecía de una visión de conjunto y una estrategia coherente para su República democrática liberal, el compromiso demostrado con frecuencia para sostener la Constitución fue un principio coherente por sí mismo. En un mar de partidos y movimientos que apostaban más por resultados específicos que por mantener las «reglas del juego», el Partido Radical defendió continuamente el proceso formal democrático. Que este compromiso fuera suficiente para estabilizar la República, teniendo en cuenta los desacuerdos sobre la «sustancia», sigue siendo un tema de debate.

El giro hacia la derecha empezó con el nombramiento de tres ministros de la CEDA en octubre de 1934, que fue la chispa para una huelga general y un levantamiento socialista. Además de algunas huelgas puntuales, el levantamiento solo tuvo éxito en la provincia minera de Asturias, donde los rebeldes de la UGT y la CNT conquistaron pueblos y ciudades, resistiendo a las tropas en algunos lugares durante más de dos semanas, y brevemente en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat Lluís Companys proclamó el «Estado catalán» en una «República federal española».³⁹ La rebelión, que acabó con la muerte de más de 300 miembros de las fuerzas armadas y 40 religiosos, fortaleció la posición de la CEDA, que abogaba por una represión dura de la «izquierda» que aplastaría el peligro del desorden revolucionario y anticlerical. Después de octubre de 1934, Gil Robles siguió una estrategia que pretendía debilitar a los aliados radicales de la CEDA y abrir el camino a un Gobierno dirigido por la CEDA, y hay que señalar que nada de esto era antidemocrático en el procedimiento para el partido más grande en las Cortes. Sus objetivos políticos a corto plazo pasaban por la desarticulación de la «izquierda», incluidos los nacionalistas catalanes, y un ataque frontal contra las reformas legislativas del primer bienio. A largo plazo, tenían planes generales pero vagos para la «revisión completa» de la Constitución.

La represión de la izquierda fue muy dura en Asturias, seguida de Cataluña, pero incluyó el arresto de miles de socialistas y cenetistas por todo el país, así como el cierre de los centros obreros y periódicos sindicales. Además, unos 2.000 consejos municipales dominados por socialistas o miembros de la izquierda republicana electos, a cuyos miembros acusaron de apoyar la insurrección, fueron sustituidos por concejales radicales o de la CEDA. En Asturias, cientos fueron asesinados en ejecuciones militares sumarias, o torturados y golpeados en prisión. En Cataluña, 3.000 fueron arrestados, entre ellos Companys, que fue condenado a 30 años de cárcel por rebelión. Además, el Estatuto de autonomía catalán fue suspendido indefinidamente, el Gobierno central reclamó todos los poderes delegados, y nombró un gobernador militar para supervisar la región. El desacuerdo entre la CEDA y los radicales limitó la extensión de la represión, con la conmutación final de todas las penas de muerte excepto dos de ellas, como pretendían los radicales.

Después de mayo de 1935, el programa de la CEDA quedó en primer plano, aunque la resistencia del Partido Radical en algunas áreas siguió obstaculizando el giro hacia la derecha.⁴⁰ El objetivo principal era la reforma agraria, simbolizada por la aprobación de una ley de julio de 1935 que anulaba la anterior. La nueva ley, redactada por los grandes terratenientes en las Cortes, abolía el principio general de confiscación y reducía drásticamente el presupuesto para su implantación, aunque los radicales consiguieron conservar una cláusula que permitía la expropiación en casos de «utilidad social» (un agujero que aprovecharía el futuro Gobierno del Frente Popular). No obstante, la nueva ley señaló la intención de restaurar el equilibrio de poder rural preexistente. Cuando el ministro de Agricultura de la CEDA, el democristiano Manuel Giménez Fernández, intentó aprobar una ley de reforma agraria moderada en abril de 1935 que otorgaba a los arrendatarios a largo plazo el derecho a tomar posesión de sus tierras, fue destituido por la presión del sector del partido formado por los terratenientes conservadores.

La extensión completa de la contrarreforma y la revisión constitucional que habría sido el resultado de un Gobierno dirigido por la CEDA nunca se pudo desarrollar como consecuencia de la decisión de Alcalá Zamora en diciembre de 1935 de disolver las Cortes y celebrar unas nuevas elecciones. El presidente decidió que no podía nombrar a Gil Robles como presidente del Gobierno porque este no había declarado su lealtad incondicional a la República. El Gobierno radical se desintegró durante el otoño de 1935, a raíz de los escándalos de corrupción por tráfico de influencias y prácticas clientelistas que desacreditaron al liderazgo del partido. Fuera el llamado «asunto del estraperlo» más o menos serio que otras prácticas similares que se podían encontrar en otros partidos, permitió que los enemigos de los radicales los destruyeran. Las elecciones de febrero de 1936 terminaron con un segundo bienio en dificultades y abrieron el último, y aún más difícil, período de la República en época de paz.

¿QUÉ FACTORES DETERMINARON EL FRACASO DEL SEGUNDO BIENIO?

Como ocurrió con el primer bienio, los Gobiernos del segundo bienio se ganaron y movilizaron a oponentes poderosos al mismo tiempo que no consolidaban una coalición mayoritaria de centro/derecha. Sigue siendo un debate acalorado si esta coalición fue en algún momento una alternativa viable para estabilizar la República. Para los críticos, el llamado «bienio negro» debilitó la República en lugar de ofrecer una alternativa democrática real.⁴¹ Todos están de acuerdo en que la alianza entre el Partido Radical y la CEDA no cristalizó en una coalición democrática estabilizadora, aunque disienten en cuanto a las razones y en quién tiene una responsabilidad más grande. Está claro que el apoyo «condicionado» de movimientos grandes a izquierda y derecha del espectro político, en especial del PSOE y la CEDA, no ayudó, mientras que la opción «centrista» representada por los radicales se derrumbó junto con el partido. Cuando el segundo bienio giró hacia la derecha, la coalición del primer bienio se volvió a reunir. En las elecciones de 1936, la retórica catastrofista generada por unas coaliciones electorales de «izquierda» y de «derecha» enmarcó el enfrentamiento entre dos versiones incompatibles del futuro de España. En este ambiente, la posibilidad de que alguna de las partes aceptara la derrota electoral y asumiera el papel de leal oposición era, en el mejor de los casos, tenue.

Las movilizaciones contra la coalición

Durante el segundo bienio, los socialistas demostraron con mayor claridad su lealtad «condicional» cuando rechazaron el nombramiento de los ministros de la CEDA el 4 de octubre de 1934 y desencadenaron una insurrección. El plan era ganarse a los elementos más cercanos de las fuerzas armadas para que se unieran a ellos para expulsar al Gobierno «derechista». Desde la perspectiva del procedimiento, la Revolución de Octubre fue claramente antidemocrática, un rechazo al derecho a gobernar del partido electo más grande. Los críticos se apoyan en este hecho indiscutible para acusar a los socialistas de lanzar a la República a una espiral mortal. Pero, aun así, en el contexto del golpe católico corporativista en Austria, la toma del poder semilegal por parte de los fascistas en Alemania en 1933, sin mencionar las afirmaciones ambiguas de Gil Robles, resultaba razonable temer las intenciones autoritarias de la CEDA. Que la insurrección de octubre no fue la mejor estrategia para defender la República, que según afirmaba el PSOE era lo que estaba haciendo, es otro tema. En cualquier caso, fue un desastre, tanto para los socialistas, y para el movimiento sindical en general, como para la República, que se inclinó aún más hacia la derecha bajo una represión muy dura.

La Revolución de Octubre solo tiene sentido como una expresión contradictoria de las divisiones profundas y crecientes dentro del movimiento socialista. Sin diferenciarse demasiado del Partido Socialista Italiano en los años anteriores a la toma del poder fascista, los socialistas españoles estaban atrapados entre una retórica radicalizada que pretendía evitar que desertasen sus bases impacientes, y una práctica mucho más pragmática que reconocía que no estaban en disposición de organizar una revolución. Cuando los socialistas perdieron la mitad de sus escaños y su puesto en el Gobierno en noviembre de 1933, el sector pragmático quedó debilitado pero el movimiento siguió internamente dividido. El resultado confuso fue una insurrección violenta contra el Gobierno con objetivos contradictorios. Los líderes ordenaron la revuelta en defensa de su versión de una República «social», mientras que algunos de los participantes lo veían como el acto inicial de una revolución socialista, una confusión que los líderes del partido no aclararon nunca.⁴²

Más allá de estas divisiones formales estaba el dilema de enfrentarse a un Gobierno que amenazaba con eliminar todo lo que hacía de la República una democracia que valiera la pena defender por parte de los socialistas. Aunque los socialistas han recibido una crítica razonable por dar más valor al contenido social que a la República en sí misma, este compromiso con la «sustancia» por encima del «procedimiento» era un rasgo común del socialismo de entreguerras. Para los socialistas españoles, la legislación social era más importante, pero el otro factor movilizador fue la oposición a la agenda «clerical» de la CEDA. En las partes de Asturias que controlaron los rebeldes, la violencia anticlerical más letal desde la década de 1830 dejó 34 sacerdotes y religiosos muertos y 58 iglesias destruidas. Aunque la mayoría de los líderes nacionales no apoyaban la violencia, los sentimientos anticlericales que veían a la Iglesia como un obstáculo al «progreso» eran ampliamente compartidos.

Aunque la radicalización socialista fue el factor esencial en la desestabilización del segundo bienio, la CNT jugó un papel menor del que tuvo en el primero. Su radicalización se había iniciado en 1931, incluida la expulsión de los sindicalistas más moderados, pero llegó a su cima con su tercera gran insurrección en diciembre de 1933, tras una campaña abstencionista en las elecciones de noviembre, durante la que prometieron una revuelta si la «derecha» ganaba las elecciones. La insurrección se centró en Aragón, pero se extendió a pueblos y aldeas repartidos por todo el territorio de la CNT alrededor del país, con un balance de 75 rebeldes y 15 guardias civiles y de asalto muertos, además de otros 160 heridos. Aunque fue la más seria de las insurrecciones de la CNT, fue reprimida con suma facilidad, dejando una organización desarticulada y rota que ya no representaba una amenaza inmediata para la República. Cuando los socialistas organizaron su insurrección diez meses después, la mayoría de la CNT, con la excepción de su rama asturiana, permaneció al margen. Así, después de 1934 la amenaza insurreccional por parte de las dos ramas del movimiento obrero había sido derrotada sin paliativos, aunque las dos organizaciones habían aceptado mayoritariamente la futilidad de continuar por la senda revolucionaria.⁴³

Como consecuencia, después de octubre de 1934, las voces colaboracionistas en la CNT y el PSOE/UGT volvieron a ganar fuerza, y las dos organizaciones fijaron una ruta nueva: de cooperación entre ellas y en la nueva forma de Frente Popular. En lugar de un punto sin retorno en el camino hacia la guerra civil, hay pruebas de que al menos el liderazgo de las organizaciones obreras cambió de rumbo después de octubre de 1934. Así, la CNT reincorporó a los moderados expulsados y votó la continuación de la colaboración con la UGT, mientras que el PSOE aceptó reconstruir una coalición electoral con los partidos republicanos «burgueses». En un contexto europeo de movimiento hacia una defensa de Frente Popular contra el fascismo, España estaba a la vanguardia de esta tendencia. Al mismo tiempo, parece probable que, si el Frente Popular hubiera perdido las elecciones de febrero de 1936, sus miembros no habrían aceptado pacíficamente el resultado.

El movimiento obrero no estaba solo en demostrar un compromiso débil con el proceso democrático durante el segundo bienio. Como han señalado los críticos, los partidos y los líderes republicanos de izquierdas se desplazaban hacia posiciones más «condicionadas», negándose también a aceptar un Gobierno dirigido por la CEDA.⁴⁴ Desde una perspectiva procedimental, las acciones del presidente Alcalá Zamora al hacer todo lo que pudo para evitar que la CEDA formase Gobierno, incluida la disolución de la legislatura en diciembre de 1935 y la convocatoria de nuevas elecciones, no son defendibles. Aunque los republicanos afirmaban que defendían la República, se puede sostener que, como los socialistas, estaban defendiendo la «sustancia» de la República del primer bienio, no el andamiaje del régimen en sí mismo. El relato moral de la izquierda presenta todas estas acciones como una defensa legítima contra una organización política cuyo objetivo manifiesto era arrancar de la República todo lo que hacía que valiera la pena defenderla. Las dos afirmaciones tienen sentido dentro de su propio marco de referencias sobre la democracia procedimental frente a la democracia sustancial, pero en ambos casos demuestran la falta de una «confianza» esencial en la cultura política democrática.

La comprensión «sustancial» de la democracia también se puede aplicar al partido catalanista Esquerra Republicana, cuya lealtad a la República había quedado asegurada por la promesa de autonomía y descentralización.⁴⁵ El Gobierno del segundo bienio amenazó los términos de dicho quid pro quo al ralentizar la transferencia de poderes a la Generalitat y al proyectar una retórica nacionalista española más agresiva de un Estado «unitario». El conflicto específico se desarrolló alrededor de la Ley de Reforma Agraria de la Generalitat (marzo de 1934), que permitía a los arrendatarios de Cataluña comprar las tierras que habían trabajado durante un mínimo de 15 años. Cuando se opusieron los terratenientes, los tribunales españoles sentenciaron que la ley excedía la autoridad del gobierno autónomo, que se negó a acatar la decisión. Aunque se perdiera la oportunidad para un acuerdo de mínimos, la base nacionalista radical de Esquerra Republicana presionó para adoptar una postura irreductible. Este conflicto marcó el trasfondo de la participación del líder de Esquerra, Companys, en la revuelta de octubre de 1934, que afirmó que era en defensa contra las fuerzas «monárquicas» y «fascistas» de Madrid. La rebelión fue aplastada en unos pocos días porque el Ejército acuartelado en Barcelona desobedeció a Companys, pero siguió siendo un acto simbólico muy poderoso de compromiso «condicionado». Para los nacionalistas catalanes, como para las otras fuerzas de la coalición del primer bienio, una República que careciera de su estructura autonómica no era una democracia que valiera la pena defender.

Por el lado derecho del espectro político, pero fuera del alcance de una potencial mayoría democrática de centro/derecha, se encontraban los partidos explícitamente antirrepublicanos, divididos entre monárquicos «alfonsinos» (Renovación Española, RE), el pequeño partido fascista (Falange Española y de las JONS) formado a finales de 1933, y los carlistas, cuyos apoyos habían ido creciendo desde 1931. Todos estos grupos defendían una alternativa autoritaria, y su participación electoral tenía el objetivo explícito de tomar el poder para desmantelar el régimen. El líder de RE, José Calvo Sotelo, intentó sin éxito unir la derecha antirrepublicana bajo un paraguas común, el Bloque Nacional, que participó en las elecciones de febrero de 1936, pero el apoyo de todas estas formaciones fue mínimo durante el segundo bienio. Los estudiosos siguen debatiendo sobre el grado de «fascistización» de la derecha española durante la República, teniendo en cuenta la adopción de la retórica y las técnicas de movilización fascistas, que se filtraron a través de los límites entre la derecha «accidentalista» y la antirrepublicana. Pero mientras la CEDA estuvo en el Gobierno, el gran atractivo de la llamada derecha «catastrofista» estaba claramente limitado. No fue hasta después de la derrota de la CEDA en febrero de 1936 que las fuerzas antirrepublicanas ganaron impulso, porque muchos «accidentalistas» perdieron la fe en la posibilidad de defender sus intereses «sustantivos» a través de los canales electorales.

Una coalición mayoritaria sin consolidación

Más allá del comportamiento de la oposición, el potencial para la consolidación de una mayoría de centro/derecha en el segundo bienio estaba en manos de la CEDA y sus bases de católicos practicantes. La CEDA se ha presentado alternativamente como fascistoide, cristianodemócrata, o una mezcla híbrida inestable. Como ocurre con muchas de las formaciones políticas de la República, es precisamente la heterogeneidad y la diversidad lo que mantiene vivos estos debates, porque los ejemplos o las citas se pueden escoger para ilustrar posturas diversas. Así, la «gran carpa» de la CEDA incluía al ministro cristianodemócrata Giménez Fernández, y a la organización juvenil (JAP, Juventudes de Acción Popular) que organizaba concentraciones multitudinarias reclamando «todo el poder para el líder». A las dificultades para fijar la postura de la CEDA se añade, además, la falta de objetivos específicos a excepción del rechazo al programa del primer bienio.

Las pruebas para la versión más optimista de la CEDA incluyen una propensión muy baja a la violencia política, un interés por aprobar leyes, desinterés por derribar la República y su disposición a defender sus intereses a través de la política electoral. Como dijo Gil Robles en una ocasión, la CEDA tenía que «actuar dentro de la legalidad», añadiendo que «no hay otro camino que el de las elecciones».⁴⁶ Pruebas para una categorización menos optimista se pueden encontrar en el tono de la retórica desatada de Gil Robles, la cultura visual de los mítines multitudinarios que adoptaba elementos de la estética fascista y la ideología abiertamente antidemocrática que cuestionaba la sinceridad de su compromiso con el sistema democrático.⁴⁷ Como constata la famosa frase pronunciada por Gil Robles durante un mitin de campaña, «para nosotros la democracia no es una meta, sino un medio para avanzar hacia la conquista del nuevo Estado».⁴⁸ La combinación de heterogeneidad interna, retórica ambigua y un programa indefinido hace que sea difícil predecir cuál habría sido el curso de acción de la CEDA si le hubieran entregado las riendas del Gobierno. ¿Habría intentado una reforma constitucional que, con el tiempo, habría conseguido que los católicos se sintieran cómodos con la democracia, o se habría movido rápidamente hacia un régimen corporativo autoritario? Lo que sabemos es que esta combinación de cualidades, en el contexto del auge del autoritarismo por toda Europa, hacía que la CEDA fuera, en el mejor de los casos, impredecible y, en el peor, un instrumento poco prometedor para la consolidación democrática.

El otro actor en una potencial mayoría democrática de centro/derecha era el Partido Radical. En las narraciones morales enfrentadas de izquierda y derecha, los radicales han sido ignorados o despreciados.⁴⁹ No hay duda de que el Partido Radical tenía defectos significativos, incluido el estilo de liderazgo personalista de Lerroux, una práctica clientelar que se centraba tanto en procurar empleos locales como en gobernar, y la falta de un programa coherente, lo que reflejaba la heterogeneidad de sus componentes. Al mismo tiempo, no obstante, el concepto general de República liberal democrática de «clase media» obtuvo un apoyo significativo y constante de los radicales a lo largo de las dos primeras elecciones. Y aunque no tenían un programa claro, persiguieron el objetivo esencial de consolidar las instituciones republicanas. No obstante, tanto si la ambición de republicanizar a la CEDA era más una ilusión que una estrategia antes de la Revolución de Octubre de 1934, después de ese momento este aspecto se fue aclarando a medida que empujaban al Gobierno cada vez más a la derecha y la izquierda quedaba completamente excluida, como la derecha lo había sido durante el primer bienio. Ya antes del escándalo que estalló en otoño de 1935, el Partido Radical había perdido la capacidad de marcar el curso del Gobierno. En este contexto resulta cuestionable si, incluso sin el escándalo, los radicales habrían sido capaces de plantear una «tercera» opción centrista entre las coaliciones excluyentes de «izquierda» y «derecha» en 1936.

En suma, la consolidación de una mayoría democrática de centro/derecha durante el segundo bienio se enfrentó a obstáculos que eran tan serios, si no más, que los que tuvo la coalición del primer bienio. Las dos coaliciones potenciales marginaron a sectores importantes de la población, mientras que no podían mantener unidos los elementos heterogéneos que las integraban, demostrando la fuerza combinada de fragmentación y polarización. Durante el segundo bienio, el esbozo de un programa que podría haber consolidado una coalición democrática de centro/derecha era aún más rudimentario, porque los radicales y la CEDA no compartían un programa democrático «de mínimos» como el que unió a la coalición del primer bienio. Al mismo tiempo, estaba claro que ninguna de las otras fuerzas políticas, desde los republicanos de izquierdas y los socialistas hasta la derecha «catastrofista», estaba dispuesta a dejar el espacio necesario para que tomase cuerpo una coalición de centro/derecha. Estuvieran justificados o no sus temores por las intenciones de la CEDA, fue la falta de compromiso de los socialistas (en octubre de 1934) y de los republicanos (la disolución de las Cortes por parte de Alcalá Zamora) con las «reglas del juego» lo que hipotecó finalmente sus opciones. Con esta alineación inestable de fuerzas, que actuaban sobre un trasfondo de radicalización política por todo el continente, el espacio para la consolidación democrática se iba reduciendo con rapidez.

EL FRENTE POPULAR, FEBRERO-JULIO DE 1936

En la superficie, parecía que febrero de 1936 retrasaba el reloj de vuelta a 1931 con el objetivo explícito de reconstruir y consolidar la coalición mayoritaria del primer bienio. Así, el nuevo Gobierno planeó la reactivación del proceso autonómico catalán y aprobar un estatuto similar para el País Vasco y Galicia, acelerar la construcción de escuelas públicas, revitalizar la legislación laboral y reemprender y acelerar el proceso de redistribución de tierras. No obstante, bajo la superficie había cambiado casi todo, desde el contexto internacional hasta el nivel de movilización política a lo largo del espectro. La coalición electoral era más reducida que en 1931, sin el Partido Radical pero incorporando a todos los republicanos de izquierdas —consolidados en el seno de la Unión Republicana (UR) y la Izquierda Republicana (IR)— y el PSOE, con el añadido del pequeño Partido Comunista de España (PCE). El nuevo marco de una coalición electoral de Frente Popular también planteó un tono diferente, menos optimista y más centrado en la defensa contra el «fascismo», además de asegurar la amnistía para los presos políticos de octubre de 1934. Así mismo, la nueva coalición de Gobierno era aún más reducida, con una minoría de los republicanos de izquierdas (el 25 % de los diputados) sin el Partido Socialista. Aunque los socialistas se unieron a la coalición electoral como una medida defensiva, la mayoría radical dirigida por Largo Caballero rechazó el plan de Azaña de formar una coalición de Gobierno con el propio Azaña como presidente y el socialista moderado Indalecio Prieto como presidente del Gobierno.

A pesar del Gobierno en minoría y el acalorado contexto político, se presentaban algunas señales de esperanza de que se pudiera reconstruir la coalición mayoritaria progresista inclinada a la izquierda de clase media/obrera. Uno de los primeros actos del Gobierno fue la amnistía que afectó a 15.000 presos, entre ellos Companys y los miembros de su gabinete. Además, los consejos municipales que habían sido purgados de izquierdistas después de octubre de 1934, ahora fueron purgados de derechistas, y muchos trabajadores despedidos por razones políticas fueron contratados de nuevo. Y finalmente, el Gobierno autorizó un proceso simplificado de expropiación para convertir en campesinos a los jornaleros sin tierras. Fuera del Gobierno, las voces mayoritarias dentro de la CNT y la UGT parecían más dispuestas a colaborar con un Gobierno reformista, si no se integraban en él. No obstante, estas señales esperanzadoras se equilibraban con una serie de factores desestabilizadores, entre ellos el paso masivo de los «accidentalistas» hacia la derecha «catastrofista», las huelgas improvisadas desde la izquierda, la violencia política y la ocupación de tierras que algunos interpretaron como fuera de control, y un aumento generalizado de la retórica agresiva a ambos lados del espectro.

¿Qué factores determinaron el fracaso del Frente Popular?

Como en los períodos anteriores, no hay ningún consenso sobre las razones por las que la reconstitución de la mayoría inclinada a la izquierda no se pudo consolidar. El relato moral «de izquierdas» sitúa la responsabilidad primaria en la derecha catastrofista, en especial en los militares, mientras que el relato moral «de derechas» acusa al «caos» izquierdista que estaba perdiendo el control, con diversas posiciones entre estos dos extremos.⁵⁰ Analizando las pruebas, los enfrentamientos ocasionales, las huelgas y la violencia en los bastiones de la izquierda por todo el país llegaron probablemente a su culminación durante la primavera de 1936. Y, aunque la mayor parte de esta actividad no tenía por objetivo derribar el régimen, se desencadenó una coerción e intimidación significativa de los oponentes. La violencia política dejó una marca de 260-500 muertos durante los primeros seis meses de 1936, además de cientos de ataques contra edificios religiosos.⁵¹ En cuanto a las acciones sindicales, aunque no fueran revolucionarias en un sentido estricto, los «derechos» de los empresarios o los terratenientes se podían dejar de lado en las confiscaciones forzadas, las expropiaciones o los contratos de trabajo obligatorios. Aunque este tipo de situaciones no eran nuevas en 1936, se habían visto reforzadas por la desilusión a causa del ritmo lento de las reformas «procedimentales» y la intensidad de la resistencia conservadora.

Los estudios locales proporcionan varios ejemplos de dichas acciones en los bastiones izquierdistas, incluida la ocupación de tierras, la destrucción de votos de la oposición, la ocupación de ayuntamientos, el cierre forzado de escuelas católicas y la purga política de funcionarios que no pertenecían al Frente Popular.⁵² La acción ilegal más importante fue la ocupación de más de 2.000 parcelas en la provincia de Badajoz, organizada por el sindicato socialista de trabajadores del campo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), con el apoyo de unos 60.000 jornaleros sin tierras, aunque hubo otros ejemplos más pequeños de ocupaciones ilegales. En muchos casos, el Gobierno central no intervino con la fuerza o las legalizó retroactivamente, de manera que en julio de 1936, 110.000 familias habían sido reasentadas en menos de cinco meses. El Gobierno tenía la esperanza de que la legalización le permitiría conseguir el control del proceso y le ganaría la lealtad de los trabajadores, lo que no dejaba de ser una estrategia razonable, según un estudio local del caso de Badajoz.⁵³ Pero los críticos, entonces y ahora, plantean que el Gobierno era cómplice o impotente ante el desprecio desvergonzado de la izquierda contra la democracia procedimental y los derechos de propiedad individuales.

Al mismo tiempo, los enemigos del Frente Popular tenían muy poca tolerancia ante cualquier señal de movilización obrera que interpretaban como una amenaza a su versión de ley y orden de una República aceptable. Y para algunos, el espectro de que finalmente se implantase en serio una reforma agraria era probablemente tan impensable como la revolución. En cuanto a los esfuerzos de la derecha «catastrofista» para justificar una rebelión contra la República sobre la base de este desorden, de hecho la conspiración empezó tan pronto se confirmaron los resultados de las elecciones. De la misma manera que los socialistas se habían rebelado en octubre de 1934 porque el Gobierno del segundo bienio no representaba una República que valiera la pena defender, para muchos conservadores, la República del Frente Popular era inaceptable bajo cualquier condición. Las filas de la Falange y de los carlistas se llenaron con los que veían un ataque frontal contra la República como el mejor curso de acción. En cualquier caso, si en especial los militares hubieran estado realmente comprometidos con la «legalidad» democrática, se habrían centrado en restaurar el orden, no en derrocar el régimen.

En su lugar, por supuesto, los oficiales empezaron a planear la revuelta, con la primera reunión formal el 8 de marzo, y el reclutamiento activo de guarniciones y divisiones por todo el país que le siguió, con el mensaje de que la República se estaba hundiendo en las llamas del caos izquierdista, separatista y del odio antirreligioso. El asesinato del político monárquico Calvo Sotelo por un oficial de policía republicano el 13 de julio, en venganza por el asesinato partidista de uno de los suyos, consolidó el apoyo entre los oficiales que dudaban y proporcionó la chispa para la rebelión. Además de las guarniciones militares, el golpe tenía el apoyo de la fuerza paramilitar carlista, los requetés, que habían recibido formación de combate durante los meses previos y ocuparon la vanguardia en sus bastiones de Navarra. Aun así, en todas partes el golpe fue principalmente un asunto militar, con otras fuerzas de la derecha, incluida la Falange, desempeñando un papel secundario.

Sin la deslealtad militar contra el Gobierno legítimo, cualquier revuelta habría fracasado. Solo se derriba a un régimen democrático cuando una parte significativa de los militares retira su apoyo al régimen, ya sea solo o en unión de fuerzas populares, como en las tomas del poder por parte de los bolcheviques y los nazis. En toda la agitación del período de entreguerras, la revolución de izquierdas nunca triunfó contra un aparato militar unido y leal. Por mucho que la movilización popular desestabilizase los esfuerzos de la República para consolidar su coalición mayoritaria, fue la rebelión militar la causa inequívoca de su derrumbe.

CONCLUSIÓN

Aunque la conspiración militar fue la causa última de la Guerra Civil, solo fue uno de los diversos factores que debilitó la consolidación de la primera democracia del siglo XX en España. Aunque este fracaso de la consolidación fue una tragedia, y aún más porque la consecuencia fue una guerra civil devastadora, no fue el producto único de la trayectoria de fracaso de España. La República española fue una de las muchas democracias fallidas establecidas durante el período de entreguerras. Incluso las pocas democracias establecidas seguían experimentando con diversas coaliciones, programas y grandes acuerdos que pudieran estabilizar los intereses heterogéneos de sociedades movilizadas dentro de unas «reglas del juego» compartidas. Aunque las grandes divisiones estructurales no son inherentemente incompatibles con una democracia que funcione, implican un gran esfuerzo de negociación y de confianza para convencer a los adversarios que se observan a través de un abismo de diferencias económicas, religiosas, ideológicas o sociales para que acepten el puesto de leal oposición. Como consecuencia, la transición desde la política elitista liberal del siglo XIX a las democracias de masas del siglo XX requería algo más que universalización del sufragio. En la mayoría de los casos, el gran acuerdo «sustancial» que permitió que católicos y laicos, empresarios y trabajadores, se unieran en una lealtad incondicional a un conjunto común de procedimientos e instituciones solo se pudo consolidar después de la Segunda Guerra Mundial en las naciones democráticas occidentales. En el período de entreguerras, la democracia seguía siendo en gran medida un acuerdo cuestionado, mientras que la confianza necesaria para sostener una cultura democrática era débil. Desde esta perspectiva, el fracaso de la consolidación democrática en España fue trágico, pero no sorprendente.

No obstante, dentro de este contexto general desfavorable, ¿aparecieron oportunidades perdidas o puntos de inflexión que podrían haber empujado a la República hacia la estabilización? Sin lugar a dudas, se tomaron muchas decisiones poco democráticas, irracionales y estúpidas, por parte de prácticamente todos los actores principales en un momento u otro. Al mismo tiempo, resulta difícil saber cuántas decisiones diferentes entrelazadas habrían sido necesarias para alterar el resultado. Complica la historia que muchos de los grupos que con frecuencia se presentan como culpables únicos, en especial en los relatos polémicos, eran heterogéneos y descentralizados, no monolíticos. Así, en lugar de un punto de inflexión único y definible, lo más probable es que se tratase de una dinámica compleja entre decisiones y acciones —todas ellas situadas en un contexto internacional y estructural— que podría haber señalado una ruta diferente.

¿Significa esto que la República estaba condenada al fracaso? Si hay algo en lo que coinciden las interpretaciones en conflicto es que hay que echarle la culpa al factor humano. Es más, muy pocos querrían regresar al determinismo sin rostro de las rígidas explicaciones estructurales. Al mismo tiempo, parece difícil negar que las decisiones humanas están limitadas y forjadas por sus circunstancias, por ejemplo, que los partidos socialistas y católicos de la década de 1930 tomaron sus decisiones a partir de una visión del mundo diferente que sus homólogos en Europa occidental de las décadas de 1950 y 1960. Sin duda todos los actores podrían haber tomado decisiones mejores, pero no todas ellas eran igualmente plausibles en ese contexto específico. Así, se perdieron oportunidades, pero también se enfrentaron a problemas de difícil solución. En lugar de emitir juicios morales sobre lo que los actores deberían haber hecho según las normas de la práctica democrática ideal, quizá los historiadores se deberían limitar a comprender por qué y en qué contexto tenían sentido las decisiones para los actores en aquel momento, aunque debilitaran la consolidación democrática.

Pero ¿este distanciamiento moral deja a los historiadores anclados en un relativismo insatisfactorio que acepta todas las consecuencias como normales e incluso necesarias? Al contemplar la Segunda República, todos los historiadores seguiremos teniendo nuestros héroes y villanos, así como nuestra versión de la democracia que nos gustaría que hubiera prosperado. En la actualidad en el gran mundo académico, existe un consenso alrededor de la idea general según la cual la «democracia», con todos sus defectos, es la mejor forma de gobierno disponible, pero sigue existiendo un desacuerdo muy amplio sobre los parámetros de una democracia ideal. Para los que defienden una democracia social, definida por la justicia social y el poder popular, el programa de centro/izquierda del primer bienio, con todos sus errores, seguirá representando un proyecto noble y ambicioso. Aquellos que defienden una democracia liberal siguen planteando que este proyecto se vio ensombrecido por la intolerancia antiliberal, el exclusivismo y la indiferencia ante las reglas de juego fundamentales. Otra opción sería reconocer que la Segunda República fue un experimento democrático caótico y contradictorio que contenía elementos que eran tanto prometedores como decepcionantes para cualquier versión de la consolidación democrática. Así, fue menos un modelo, negativo o positivo, que un laboratorio. Como un laboratorio de la práctica democrática, la Segunda República sigue siendo un período clave en la historia en desarrollo y siempre cambiante de la democracia española.

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LA GUERRA CIVIL: 1936-1939

El 17 de julio de 1936, los conspiradores militares desencadenaron lo que esperaban que fuera un golpe quirúrgico contra el Gobierno republicano, pero que en lugar de eso se convirtió en una guerra civil brutal que terminó casi tres años después, el 1 de abril de 1939, con la victoria de las fuerzas nacionales de derechas y la derrota de la coalición republicana leal. Todo el mundo está de acuerdo en que la Guerra Civil fue un punto de inflexión trágico y decisivo de la historia contemporánea de España. En primer lugar, fue una catástrofe demográfica que costó medio millón de vidas sumando los muertos en el campo de batalla, por la represión y por las enfermedades, además de los 250.000 exiliados. Desde el punto de vista político, terminó con esta experiencia democrática en España e inició un régimen represivo de derechas que duró 40 años y rompió con la trayectoria de la Europa occidental democrática después de la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a Portugal en la zona dictatorial de Europa meridional. Y, por supuesto, dejó el legado de un conflicto fratricida que sigue influyendo en la política y la sociedad actuales. No resulta sorprendente que la explicación del significado y las consecuencias de semejante tragedia siga generando un enorme interés académico y popular. En los relatos morales en conflicto sobre la historia del siglo XX en España, los conservadores argumentan que los nacionales salvaron a España del comunismo, o de los «rojos», mientras que para la izquierda, la guerra selló la victoria del fascismo sobre el Frente Popular democrático. Bajo los rasgos homogeneizadores de estas narraciones morales se formulan posturas más matizadas, pero sigue existiendo un desacuerdo fundamental sobre qué defendía cada bando y, en especial, si los republicanos derrotados representaron una oportunidad perdida para una democracia viable después de la guerra.¹

Más allá de este metadebate sobre el significado de la derrota de la República, los historiadores han centrado la mayor parte de sus energías en explicar las consecuencias. Existe un acuerdo general en que una combinación de factores desfavorables externos e internos colocaron a los republicanos en una desventaja significativa y finalmente condujeron a su derrota. En cuanto a los factores externos, la ayuda extranjera y el apoyo militar proporcionado por los regímenes fascistas a los nacionales se encontró con una política de no intervención por parte de las potencias democráticas occidentales de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, un déficit cubierto solo en parte por la ayuda soviética inferior. Respecto a los factores internos, los nacionales tuvieron más éxito en establecer un esfuerzo de guerra unificado, eficiente y efectivo, mientras que las divisiones republicanas sobre los objetivos y los métodos debilitaron su eficiencia y efectividad. No resulta sorprendente que los conservadores suelan acentuar la importancia de los factores internos, en especial el «desorden» republicano, mientras que la izquierda destaca el impacto debilitador de la no intervención en la supervivencia republicana. Aunque esto último fuera la razón definitiva de la derrota, los factores externos jugaron un papel mucho más directo que en cualquier otro momento de la historia contemporánea de España, impulsando un proceso de internacionalización que sacó al país de los márgenes para situarlo bajo los focos europeos. Aunque la Guerra Civil fue primariamente un conflicto español, también encarnó el lado más oscuro de la Europa de entreguerras, marcada cada vez más por la violencia política, la lucha ideológica y la guerra.

LA GUERRA CIVIL DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Situar la Guerra Civil en este contexto más amplio de guerra y violencia ha contribuido a debilitar un relato antiguo del «fracaso» basado en la incapacidad única de España para la cohabitación pacífica. En esta tradición, la guerra de 1936-1939 era solo la última en una larga serie de guerras civiles entre las «dos Españas». Aunque había elementos únicos en la Guerra Civil en España, los estudios recientes la han enmarcado dentro de tendencias más amplias de la política y la guerra en el siglo XX.² Así, la Guerra Civil española encaja en una trayectoria de operaciones militares cada vez más letales que empezaron en el mundo colonial a finales del siglo XIX y dentro de Europa en la Primera Guerra Mundial, culminando en la Segunda Guerra Mundial.

El descenso hacia la guerra «total» se caracterizó por las armas de destrucción masiva, desde las ametralladoras hasta el bombardeo aéreo, y el vilipendio del enemigo en términos radicales y excluyentes que justificaban un creciente control civil de la guerra. Algunos estudiosos destacan el impacto embrutecedor de las campañas de pacificación coloniales desde finales del siglo XIX, que incluían el traslado de poblaciones enemigas a campos de concentración, como en la guerra de los Bóers británica en Sudáfrica y la guerra de España contra Cuba. Otros subrayan la experiencia en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial que «embruteció» tanto a los veteranos como a la retaguardia, creando una «cultura de guerra» permanente que normalizó las soluciones violentas para los problemas políticos en el período de posguerra. Por último, se ha centrado la atención en los proyectos políticos excluyentes y radicales que aceptaban la eliminación del «otro» como un objetivo legítimo. A través de una combinación de estos factores, el desarrollo de una «dinámica de destrucción» transformó el rostro de la guerra en la primera mitad del siglo XX.³ Así, aunque España no participó en las dos guerras mundiales, su guerra civil deriva de esta dinámica más amplia y la ejemplifica.

Fueran cuales fuesen los orígenes precisos de la violencia que desembocó en una guerra civil en España en 1936, el golpe desencadenó una dinámica sin igual de destrucción, en especial para el control civil de la guerra. El contraste entre los pocos cientos de civiles muertos a causa de la violencia política en la primavera de 1936 y las decenas de miles de civiles asesinados en los primeros meses de la guerra no deja dudas sobre la ruptura del 17 de julio.⁴ Entre ellos, 50 miembros del clero murieron antes de la Guerra Civil, mientras que cerca de 3.000 fueron asesinados durante sus dos primeros meses.⁵ La dinámica radicalizadora de la guerra era evidente incluso en los Estados fascistas de la Alemania nazi e Italia, donde el asesinato de civiles se disparó en el clima excepcional del tiempo de guerra. Parte de esta radicalización surgió de las decisiones tomadas «sobre el terreno», ya fuera en la retaguardia de la España republicana o en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Y, aunque los Estados en guerra jugaron sin lugar a dudas un papel en los asesinatos masivos, la muerte de civiles era más probable en situaciones en las que el poder del Estado se había colapsado o debilitado, como durante los primeros meses de la Guerra Civil española o en los «campos de sangre» de Europa oriental durante la Segunda Guerra Mundial.⁶ El control civil de la guerra también se vio impulsado por la capacidad letal de las armas, iniciada con el bombardeo aéreo de la ciudad española de Guernica y culminada con la bomba atómica y las cámaras de gas. En lugar de un «adelanto» de la Segunda Guerra Mundial, la guerra española desencadenó su propia lógica de violencia en masa que igualaba en intensidad, aunque no en números absolutos, a la perversidad de la guerra que la siguió.

Toda la extensión de la brutalidad de la guerra española solo ha salido a la luz en los últimos años, cuando los historiadores han empezado a publicar recuentos de cadáveres de los que no existe un registro oficial completo, en especial de los asesinatos extrajudiciales.⁷ Los registros incompletos han generado una guerra virtual de números sobre el nivel de la represión en un bando o en el otro, pero también una guerra de terminología. En cuanto a los números, las estimaciones más recientes cifran las ejecuciones por parte de los nacionales entre 130.000 y 150.000, alrededor de 100.000 de ellas durante la guerra, con 50.000-60.000 por el bando republicano.⁸ Respecto a la terminología, algunos historiadores que destacan la magnitud cualitativa y cuantitativa de la violencia de los nacionales han utilizado términos como «guerra de exterminio», «genocidio» u «holocausto» para describir la represión contra los republicanos.⁹ Señalando la retórica «exterminadora» de los líderes nacionales, así como los usos más amplios del término genocidio más allá de las víctimas raciales o étnicas, estos historiadores han defendido la existencia de un plan explícito de asesinato en masa. Otros han rechazado estos términos como imprecisos o exagerados, porque los nacionales no exterminaron literalmente a todo el bando republicano, y pasaron de asesinar a los enemigos a «reeducarlos» o «excluirlos» a partir de mediados de la década de 1940. Han planteado que términos como «terror», «crímenes contra la humanidad», «guerra de ocupación» o «politicidio» pueden comunicar el nivel de represión con mayor precisión sin minimizarlo.¹⁰ Para la violencia republicana, los defensores del relato moral conservador la igualan con los asesinatos en masa estalinistas.¹¹

Pero diferenciada tanto de los asesinatos en masa estalinistas como nazis, la violencia política en España a finales de la década de 1930 tuvo lugar en el contexto de una guerra civil que generó su propia lógica violenta. En un nivel, las guerras civiles han formado parte de la política española desde principios del siglo XIX, aunque otros países del sur de Europa, incluidos Portugal, Francia e Italia, compartieron esta dinámica decimonónica.¹² No obstante, las guerras civiles del siglo XX, incluida la española, superaron ampliamente los conflictos anteriores en el grado de movilización popular, así como en sus dimensiones internacionales. Todas las guerras civiles europeas del siglo XX tuvieron lugar en países periféricos, empezando con Rusia y Finlandia después de la Primera Guerra Mundial, España en 1936-1939 y después Grecia y Yugoslavia al final de la Segunda Guerra Mundial, pero todas incitaron la intervención de las grandes potencias, lo que estaba relacionado con las luchas geopolíticas e ideológicas más amplias de la época. Existían rasgos similares en las guerras civiles europeas del siglo XX, pero también diferencias importantes que destacan las especificidades del caso español.¹³

Todas estas guerras civiles son ejemplo de la lucha de poder ideológico de la primera mitad del siglo XX entre la revolución de izquierdas, la democracia liberal y el autoritarismo o fascismo. Las guerras civiles implican una clara dinámica izquierda/derecha, pero en todos los casos existieron alianzas complejas, en especial en los conflictos tardíos, en España, Grecia y Yugoslavia, donde las coaliciones de Frente Popular entre demócratas liberales y revolucionarios complicaron la dinámica izquierda/derecha. Estas alianzas también generaron un campo de experimentación que difuminó los límites entre «democracia» y «socialismo». Los estudiosos siguen debatiendo si el Frente Popular ofreció un camino sin precedentes hacia una democracia social inclusiva de «nuevo estilo»,¹⁴ o si fue simplemente un «camuflaje» para la revolución estalinista, o quizá una tensión inestable entre ambas fuerzas. En su momento, este debate influyó en las decisiones de las grandes potencias sobre si intervenir o no. Tanto en España como en Grecia, las potencias democráticas occidentales vieron la revolución, no una «democracia popular», en sus Frentes Populares. Solo durante la guerra civil yugoslava (1941-1943), que tuvo lugar durante el breve período de alianza antifascista de los soviéticos y las potencias occidentales, el contexto internacional favoreció la intervención en defensa de las fuerzas del Frente Popular. En todas las demás guerras, la intervención externa fue un elemento decisivo para determinar al vencedor.

Dentro de este marco general, la Guerra Civil española tuvo sus elementos únicos. De todas las guerras civiles, fue la única que tuvo un origen exclusivamente nacional, sin la presión desencadenante provocada por la guerra externa o una invasión. Además, una fuente principal de la lucha interna se hundía en una «guerra de religión» entre católicos y anticlericales, que provocó la violencia religiosa más importante de todas las guerras civiles.¹⁵ La guerra propiamente dicha también se desarrolló como una operación militar convencional, con batallas, frentes activos y política y violencia de retaguardia frente a una lucha principalmente guerrillera en Grecia y Yugoslavia. Igualmente significativo fue el contexto distinto en el que terminó la Guerra Civil española, que impactó en la continuación de la influencia internacional en el régimen de posguerra.¹⁶ Cuando se terminó la guerra española en 1939, el régimen derechista que había ganado con la ayuda de las potencias fascistas no estaba sometido a ninguna presión para conseguir un acuerdo inclusivo de posguerra, ni por parte de sus aliados ni de las potencias democráticas, cuya atención se volvió hacia el estallido de la guerra en Polonia. La combinación única de una guerra civil brutal seguida de una dictadura derechista durante 40 años produjo un legado de violencia y represión que estaba más cerca de la experiencia rusa de guerra civil y dictadura izquierdista que de las otras dictaduras del sur de Europa en Portugal e Italia, que no surgieron de guerras civiles.

DEL GOLPE MILITAR A LA GUERRA CIVIL: EL VERANO DE 1936

El golpe militar se inició el 17 de julio, con el Ejército español en Marruecos rebelándose contra la República y desencadenando una serie de levantamientos paralelos planeados en guarniciones militares por todo el país, que suponían la defección masiva de las tropas y esperaba el colapso inmediato del régimen existente. Aunque los conspiradores se equivocaron en sus cálculos sobre la resistencia a la que se iban a enfrentar, tanto de las unidades militares leales como de la población movilizada, el Gobierno republicano también erró los cálculos al tomar pocas precauciones contra los amplios rumores sobre un golpe inmediato. El resultado fue un período inicial de confusión, con combates localizados por todo el país, en los que alrededor de un tercio de las guarniciones militares se unieron con éxito a los rebeldes, mientras que el resto siguieron leales o fueron derrotadas por una combinación de tropas republicanas, fuerzas policiales y milicias formadas por los sindicatos. Fuera de la Navarra carlista, pocos lugares cayeron sin lucha en manos de los rebeldes. Los nacionales también tuvieron la ventaja de disponer del apoyo del Ejército de África endurecido en combate, que fue trasladado desde Marruecos a la petición de ayuda del general Franco a Hitler y Mussolini. Sin este apoyo logístico inicial, el golpe se hubiera podido detener en los momentos iniciales.¹⁷

Mapa III-1. Fases de la Guerra Civil: julio de 1936.

Durante las primeras semanas empezó a tomar forma una división geográfica del país que, con pocas excepciones, se parecía bastante al mapa electoral del Frente Popular. (Véase Mapa III-1.) Es decir, la mayor parte de las zonas tradicionalmente inclinadas hacia la izquierda quedaron como territorio republicano. Aquí se incluían los centros urbanos, como Madrid, además de las regiones costeras del Mediterráneo y la costa industrial del norte. En contraste, el corazón rural de Castilla al norte de Madrid, que había votado por la coalición conservadora, cayó rápidamente en manos rebeldes. Como consecuencia de esta división urbana/rural, cerca del 70 % de la agricultura quedó en la zona rebelde, mientras que el 80 % de la industria estaba en la zona republicana. La excepción principal a este solapamiento entre geografía política y militar fue Andalucía occidental y Extremadura, donde las fuerzas leales locales se vieron muy pronto superadas por las columnas móviles del Ejército de África, que partió de Sevilla el 2 de agosto.

Las fuerzas rebeldes en el verano de 1936

¿Quiénes eran los rebeldes de julio de 1936? La insurrección fue planeada y organizada por los conspiradores militares, dirigidos por los generales Francisco Franco, Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, tras la temprana muerte del general Sanjurjo y el arresto de los demás cuando fracasaron sus insurrecciones locales. Los primeros comunicados militares se centraban en salvar España de la anarquía de una República que se deslizaba hacia el bolchevismo, pero sin articular un programa político. A diferencia de la toma fascista del poder en Alemania e Italia, en la que los militares tradicionales fueron unos actores secundarios, en España asumieron la dirección, como en tantos otros pronunciamientos previos. Los conspiradores creían erróneamente que podrían recrear esta intervención «quirúrgica» en las condiciones muy diferentes de una población mucho más politizada. También estaban en un error cuando creían que hablaban en nombre de todos los militares, o al menos del cuerpo de oficiales, porque en realidad solo una minoría de los generales y poco más de la mitad de los oficiales con mando, que controlaban alrededor de la mitad del total de 250.000 hombres de las fuerzas armadas en la península, apoyaron el levantamiento, además de solo el 20 % de la Armada y la fuerza aérea.

De estas tropas, 40.000 pertenecían al Ejército de África, que incorporaba tropas mercenarias marroquíes (los Regulares) y españolas (la Legión) así como soldados de reemplazo. Se ha planteado convincentemente que estas tropas coloniales trajeron consigo la cultura africanista que se había desarrollado durante las décadas anteriores en las brutales campañas de pacificación en Marruecos que borraron la distinción entre combatientes y civiles, y prepararon el terreno para la mentalidad de guerra total contra sus propios compatriotas.¹⁸

Más allá de las unidades militares oficiales, solo en la Navarra carlista existía una fuerza paramilitar significativa, los requetés, que jugaron un papel importante desde el principio, primero dentro de la región y después al ayudar en la toma de Zaragoza, la única gran ciudad del norte que cayó en manos de los rebeldes. No obstante, estos voluntarios paramilitares eran muy diferentes de los escuadrones fascistas formados por marginados y desclasados de Italia o Alemania. Así, los requetés carlistas surgían del contexto de las comunidades rurales con lazos tradicionales muy estrechos que respondían a lo que veían como una amenaza a su modo de vida.¹⁹ Organizados a partir de las conexiones familiares y las asociaciones locales, los requetés fueron capaces de movilizar más de 10.000 voluntarios en unos pocos días, que marcharon contra la capital, Pamplona, con sus boinas rojas bajo banderas carlistas y monárquicas y la imagen de la Virgen de Jerusalén, reminiscencia de las Cruzadas. En una atmósfera plagada de rituales y celebraciones religiosas, los voluntarios carlistas fueron bendecidos por los sacerdotes locales y por el obispo de Pamplona, que evocó la retórica de una «cruzada» o guerra santa, un concepto que se incorporaría rápidamente a la propaganda oficial de los nacionales.

La otra gran fuente de apoyo civil a la rebelión fue el partido fascista español, la Falange, aunque en julio de 1936 su impacto fue limitado porque había estado actuando en la clandestinidad desde que fue prohibido en marzo de 1936. Además, la mayoría de sus líderes principales, incluido el fundador José Antonio Primo de Rivera, habían sido detenidos por los republicanos (José Antonio murió ejecutado en noviembre de 1936) o murieron en el campo de batalla en las primeras semanas, de manera que la Falange carecía de una coordinación central. Aun así, muchos de sus miembros se presentaron voluntarios para luchar contra la República y sus unidades milicianas aportaron 36.000 voluntarios al Ejército nacional en otoño de 1936, cuando la afiliación a la Falange se disparó de los 5.000 militantes en febrero de 1936 al millón en agosto. Después de fracasar como fuerza electoral, el partido fascista floreció en el nuevo contexto sin ley en el que imperaba la violencia descontrolada. La rama femenina, la Sección Femenina (SF), creció rápidamente de una militancia de 2.500 miembros a una gran organización de retaguardia movilizada en tareas auxiliares para apoyar el esfuerzo de guerra. Aunque la insurrección no fue instigada por un partido fascista de masas, como en Alemania o Italia, el gran crecimiento de la Falange después de julio de 1936 contribuyó a la evolución de la identidad del incipiente régimen nacional.

Ideología y violencia en el territorio rebelde

No obstante, en julio de 1936 no estaba claro qué defendían los rebeldes, con carlistas, falangistas, monárquicos alfonsinos y jefes militares sosteniendo objetivos políticos diferentes y a veces en conflicto entre ellos. Los nacionales tardaron bastantes meses en unificar estos grupos diversos de seguidores, en términos militares, políticos e ideológicos, un proceso facilitado por el éxito de los esfuerzos del ambicioso Franco para ponerse al mando, primero entre los generales rebeldes y después del «nuevo Estado». La unificación formal se inició con la proclamación de Franco como jefe de Estado el 1 de octubre, y la unidad ideológica se consiguió con la fusión de dos principios esenciales, la nación y la religión, que se situaría bajo la etiqueta de «nacionalcatolicismo». Durante el verano de 1936 empezó a tomar forma el tema de una segunda «Reconquista» de España de manos de los infieles. En una festividad religiosa el 15 de agosto de 1936, que se inició con Franco besando la bandera monárquica, el poeta José María Pemán pronunció un discurso en el que calificó la rebelión como una «nueva guerra de independencia, una nueva Reconquista, una nueva expulsión de los moros… veinte siglos de civilización cristiana nos respaldan».²⁰ La Iglesia católica como institución no participó en el levantamiento, pero en el otoño de 1936 sus prelados respaldaron el marco de una guerra religiosa, empezando con una carta pastoral (23 de septiembre) del obispo Pla y Deniel que utilizaba la metáfora de san Agustín sobre las «dos ciudades», una «celestial» y otra «terrenal», para definir el conflicto como una cruzada en lugar de una guerra civil. Resulta significativo, por supuesto, que esta retórica situaba a los enemigos como invasores o «antiespañoles».

Desde el principio de la rebelión, la violencia perpetrada contra el enemigo republicano fue mucho más que una simple consecuencia funcional para conseguir el control del territorio. Incluso donde existió una resistencia activa pequeña, las fuerzas conquistadoras siguieron una práctica de asesinatos indiscriminados, públicos y brutales que estaban relacionados con una retórica de terror, limpieza y «aniquilamiento». Además de militares leales, entre los objetivos principales se encontraban los individuos que pertenecían a los partidos o a los sindicatos del Frente Popular, desde gobernadores civiles a alcaldes y concejales, así como maestros de escuela y profesores, que se consideraban peligrosos transmisores de la cultura secular, o incluso aquellos que nunca asistían a misa. Las víctimas eran detenidas en sus casas, fusiladas sumariamente y abandonadas en las calles para que se pudriesen. Algunos eran detenidos durante unos pocos días antes de que los sacasen de la cárcel en medio de la noche para dar un «paseo» que terminaba con su asesinato, sin ser sometidos a juicio ni constar en ninguna parte. Los asesinatos eran ejecutados por unidades militares y de la Guardia Civil, así como por escuadrones de la muerte paramilitares, dirigidos por militantes falangistas y carlistas o simplemente por aquellos que buscaban una venganza personal. La oleada más famosa de asesinatos en masa fue ejecutada por la «columna de la muerte» del general Queipo de Llano, las unidades del Ejército de África que marcharon desde Sevilla, atravesando Extremadura, hacia Madrid en julio y agosto de 1936, dejando 8.000 muertos en Sevilla, 10.000 en Córdoba y 6.000 en Badajoz.²¹ La combinación del terror con respaldo oficial y las múltiples y descontroladas unidades de la muerte hicieron de este período el más mortífero de toda la guerra, de manera que entre el 50 y el 70 % de todas las ejecuciones de civiles durante la guerra y la posguerra tuvieron lugar durante este verano. Lo que cambió después de este momento no fue la actitud hacia el enemigo antiespañol sino la centralización e institucionalización de los procesos represivos que frenó —al menos en parte— la dinámica radicalizada de las actuaciones iniciales sin mesura.²²

Las fuerzas leales durante el verano de 1936

Entonces ¿quiénes fueron los españoles que permanecieron leales a la República en julio de 1936? Por un lado, la respuesta es sencillamente la coalición del Frente Popular. Pero después del 18 de julio, el centro de gravedad entre los diversos grupos cambió sustancialmente, alejándose de los partidos republicanos hacia los partidos obreros y los sindicatos. El cambio se inició cuando el Gobierno republicano aceptó proporcionar armas a las masas mejor organizadas, es decir, los sindicatos, para que pudieran ayudar a las fuerzas leales del Ejército y de la policía para aplastar a las guarniciones rebeldes. En muchos lugares, milicias sindicales improvisadas contribuyeron significativamente a la derrota, aunque solo resultaron victoriosas en unión con al menos algunas unidades policiales o militares.

Aun así, al armar a la población civil y reconocer la falta de confianza en las fuerzas de seguridad, el Gobierno republicano desencadenó un cuestionamiento de la autoridad central que provocó el colapso efectivo del poder estatal. El vacío de poder fue llenado por los «comités de defensa» locales formados por representantes de las fuerzas políticas locales, con frecuencia en colaboración con las recién formadas milicias sindicales. Las densas redes formales e informales establecidas por la UGT y la CNT, en especial en los barrios obreros urbanos, formaron la estructura básica sobre la que se pudo reconstruir desde abajo la autoridad local. En contraste, la mayoría de los partidos republicanos de izquierdas tenían poca presencia popular, excepto en Cataluña, donde Esquerra Republicana había desarrollado una fuerte base. Aun así, aunque Esquerra conservó el control de la Generalitat, tuvo que compartir el poder con los comités locales de la CNT, que controlaban las calles de Barcelona. En otros lugares, como en la ciudad asturiana de Gijón, el consejo municipal dominado por los republicanos fue sencillamente sustituido por un «consejo de defensa» con mayoría de la CNT, que se embarcó en un programa combinado de defensa y transformación.²³

El otro actor del Frente Popular que siguió su propia trayectoria fue el Partido Comunista (PCE). Insignificante antes de las elecciones del Frente Popular, creció hasta convertirse en un nuevo partido de masas que rivalizó con el PSOE y la CNT. Sus miembros se cuadruplicaron hasta alcanzar casi los 90.000 porque la elección de 17 diputados en febrero había aumentado la visibilidad del partido, y sus filas siguieron creciendo, incluso antes de la llegada de la ayuda soviética en septiembre de 1936, que impulsó aún más la importancia del partido. A finales de 1937, el PCE había alcanzado una militancia de casi un millón, recogiendo de las filas socialistas y cenetistas, pero incorporando también un gran número de personas que antes no estaban afiliadas.

La revolución en el territorio republicano

En términos generales, el golpe militar y el colapso de la autoridad del Estado central abrieron la puerta a una experimentación revolucionaria heterogénea y desde abajo.²⁴ La ironía es que el golpe que se desencadenó con el objetivo de evitar el deslizamiento hacia la revolución, en realidad lo aceleró. Las organizaciones obreras aprovecharon ahora la oportunidad para actuar a favor de sus sueños revolucionarios de una utopía proletaria. Como escribió un militante eufórico sobre Barcelona durante el verano de 1936, «Era increíble, la puesta en práctica de lo que conoces en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando toman las calles».²⁵ Más conocido es el escritor inglés George Orwell que, tras visitar la ciudad durante el mismo período de tiempo, afirma en sus memorias, Homenaje a Cataluña, que finalmente comprendió lo que significaba tener a la clase obrera «sentada en la silla de montar».

En la mayoría de los sitios, la CNT tomó la delantera al poner en práctica una política desde abajo a través de la acción directa, lo que jugaba a favor de su fortalecimiento y de sus objetivos. En Barcelona, y con menos fuerza en otros bastiones urbanos de la CNT, los militantes se embarcaron en un «proyecto de urbanización revolucionaria» que pretendía transformar la ciudad burguesa capitalista en una isla donde los obreros eran los amos.²⁶ Las empresas fueron expropiadas y transformadas en cooperativas obreras, se derribaron símbolos religiosos y monárquicos, y se sustituyeron por banderas de la CNT y la UGT, eslóganes y carteles, las organizaciones obreras ocuparon antiguos edificios de lujo en el centro de la ciudad que habían pertenecido a los ricos, y las calles se transformaron visualmente con un nuevo código de vestimenta igualitario, cuyo ejemplo más claro era el mono azul de la clase obrera. Aplicando un concepto acuñado por el sociólogo urbano Henri Lefebvre en la década de 1960, la revolución urbana del verano de 1936 afirmó el «derecho a la ciudad» del colectivo obrero.²⁷ Los comités de defensa asumieron muchas de las tareas administrativas del Estado, desde los servicios urbanos a la policía, la justicia y el abastecimiento, dotando de un giro revolucionario a todas estas funciones. Así, la justicia fue transferida de los tribunales regulares a los tribunales populares, mientras que los comités de abastecimiento requisaban alimentos y ropas de las tiendas y los almacenes para redistribuirlos en los barrios obreros, y se establecieron centros médicos públicos en mansiones, iglesias y hoteles privados.

En Cataluña, la revolución social desde abajo se mezcló con las acciones nacionalistas revolucionarias de la Generalitat, que extendió sus pretensiones más allá de lo que contemplaba el Estatuto de 1932 en dirección a una concepción federalista del Estado republicano. Con una minoría de los catalanistas abogando por el separatismo, el Gobierno dirigido mayoritariamente por Esquerra Republicana amplió sus poderes de facto al aprobar legislación económica, social, laboral y educativa, incluida la aprobación de una ley del aborto. Aunque la Generalitat también tenía que competir con los comités de defensa locales dirigidos por la CNT, Esquerra y la CNT compartían una afinidad general por las estructuras federalistas y los centros locales de poder que formaban la base de una relación en líneas generales de colaboración, aunque descoordinada.

Una manifestación final de la ruptura revolucionaria del verano de 1936 fue la movilización activa de las mujeres en la esfera pública republicana.²⁸ Aunque los derechos de las mujeres habían sido un símbolo de la modernidad republicana desde 1931, no fue hasta la guerra que todas las organizaciones del Frente Popular hicieron un llamamiento explícito a las mujeres para que abandonaran la esfera doméstica y se unieran a la lucha. El icono de la «nueva mujer» durante el verano de 1936 fue la miliciana, vestida con un mono azul y sosteniendo un fusil, una imagen promocionada en carteles y en la propaganda. En la práctica, la mayoría de las mujeres no fueron reclutadas como combatientes sino para otras funciones auxiliares «de retaguardia», desde la construcción de barricadas al cuidado de los heridos. Además, se reclutaron no solo como individuos sino como miembros de las organizaciones políticas femeninas en constante expansión, en especial la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA) y las Mujeres Libres (ML). La primera asociación, creada en 1933 y dirigida por el PCE, creció rápidamente hasta los 50.000 miembros con 255 asociaciones locales durante el verano de 1936, mientras que Mujeres Libres, un movimiento afiliado a la CNT, afirmaba que tenía 20.000 miembros en 168 grupos locales. La AMA se centraba exclusivamente en canalizar a las mujeres hacia la lucha antifascista, mientras que las ML reconocían una «doble lucha» que incluía la autonomía de las mujeres. Pero las pretensiones de las ML no fueron aceptadas por la CNT, y en el transcurso de la guerra el grupo se centró más en la defensa de los principios anarquistas que en poner en cuestión los papeles de género. Aunque este espacio público nuevo para las mujeres no transformó los roles y las actitudes de género, proporcionó un canal para que miles de mujeres «violaran» las limitaciones tradicionales de lo que se consideraba un comportamiento femenino adecuado.

Al mismo tiempo que la guerra provocó una ruptura de la vida cotidiana, no existió un programa uniforme de transformación o de revolución, y la diversidad siguió siendo la regla. Por ejemplo, la economía siguió siendo un híbrido de empresas privadas y colectivizadas. En Barcelona, se ha estimado que al menos 3.000 empresas, entre ellas el 70 % de las fábricas más grandes, fueron colectivizadas, mientras que muchos de sus propietarios y gestores huyeron, incluidos los catalanistas conservadores de la Lliga, que se acabaron uniendo a los nacionales. Sin embargo, en otras ciudades niveles más bajos de colectivizaciones se combinaban con acuerdos de cooperación, en los que las pequeñas empresas se gestionaban en colaboración entre los propietarios y los trabajadores. En Madrid, poco más del 30 % de las empresas fueron colectivizadas, mientras que en Asturias los sindicatos urbanos colaboraron con los pequeños agricultores en el abastecimiento. Incluso dentro de una misma región podían existir variaciones muy importantes, dependiendo de las fuerzas locales. Así, en Valencia, el bastión de la CNT en Alcoy estuvo sometido a una revolución económica completa e inmediata, mientras que en Castellón y Alicante solo se colectivizaron unas pocas industrias.²⁹

En las áreas rurales bajo el control de la CNT, las explotaciones individuales también fueron colectivizadas, aunque el porcentaje fue del 4 % en Valencia hasta el 75 % en Aragón, con un total estimado de 800 colectividades operadas por 400.000 personas.³⁰ Parte de la tierra pertenecía a propietarios que habían huido o habían sido asesinados, y otra fue requisada directamente, junto con los aparejos agrícolas y las herramientas. Hasta el 40 % de la tierra agrícola en el territorio republicano fue expropiada y colectivizada, aunque el número exacto es difícil de determinar, porque la mayor parte del proceso ocurrió desde abajo, con poca coordinación o supervisión. La principal región de colectivizaciones agrarias fue el oeste de Aragón que, según las estimaciones posiblemente infladas de la CNT, colectivizó el 75 % de las tierras de propiedad privada, incluidas las explotaciones más pequeñas, que operaba con una economía de intercambio.³¹

La revolución desde abajo en el territorio republicano ha sido demonizada y ensalzada, tanto durante la guerra como desde entonces. Para sus detractores, entre ellos otros grupos republicanos de la época, se trató de una distracción coercitiva y divisora del esfuerzo de guerra, mientras que para los defensores abrió una ventana a un nuevo paraíso igualitario que hacía que valiera la pena librar la guerra. En la práctica, por supuesto, el cambio revolucionario se vivió tanto como una inspiración como una coerción, dependiendo de la posición y la perspectiva de cada uno. No hay duda de que muchos en el bando republicano se vieron acosados y atemorizados, o se sintieron obligados a un proceso que como una liberación por parte de los creyentes militantes. Así, por ejemplo, la mayoría de las colectivizaciones en Aragón oriental no fueron impuestas por los campesinos o trabajadores locales sino por columnas de milicias invasoras de la CNT procedentes de Cataluña, que impusieron su modelo no solo en las explotaciones más grandes sino también en las más pequeñas, después de ejecutar a 4.000 personas, muchos de ellos propietarios pequeños o medianos de empresas o tierras. Resulta irónico que la mayor parte de los territorios latifundistas donde los fuertes sindicatos rurales habían extendido el apoyo a las expropiaciones, cayeron rápidamente en manos nacionales. Los sistemas de tenencia de la tierra más complejos en lugares como Aragón oriental hicieron que las colectivizaciones fueran un proyecto más controvertido, en especial entre los pequeños agricultores. Pero incluso los trabajadores normales se podían resistir a los sacrificios personales que se esperaba de ellos en la consecución de la utopía colectivista, como plantea un estudio de las tensiones entre los líderes sindicales, centrados en el aumento de la producción, y el deseo de los trabajadores de más tiempo libre.³²

Ya sea que la situación revolucionaria desde abajo alienase o inspirase a los que se encontraban en el bando republicano, nunca llegó a consolidarse. Sin un plan para tomar el poder e institucionalizar la revolución, la CNT perdió la iniciativa y la influencia que tuvo durante el embriagador verano de 1936.³³ Las consecuencias prácticas para la CNT y su proyecto revolucionario fueron devastadoras. En la lucha interna entre republicanos, socialistas, anarquistas y un creciente Partido Comunista para tomar el control del aparato militar y político republicano, la organización de la CNT se derrumbó. De la misma manera, la revolución social desencadenada durante los primeros meses se disolvió bajo la presión de la reconsolidación de un Gobierno central que quería dirigir todas sus energías al esfuerzo de guerra. Independientemente de que la revolución social estuviera obstaculizando el esfuerzo de guerra, como afirmaban los comunistas y otros, la facilidad relativa de su desmantelamiento demuestra los frágiles cimientos de un proceso revolucionario localizado que ofreció a los participantes la impresión falsa de que los trabajadores estaban realmente «al mando».

La violencia en el territorio republicano

Aunque la coerción formaba más o menos parte de la reorganización del orden económico y social, dependiendo de donde se encontrase uno, la violencia que acompañó a la revolución superó este objetivo utilitario. Así, existieron algunas similitudes con la violencia inicial en el bando rebelde, con la proliferación de escuadrones de la muerte y de una retórica de limpieza y demonización del enemigo que desencadenó una dinámica de radicalización. Resulta significativo que la gran mayoría de las ejecuciones de civiles en el bando republicano tuvieran lugar durante este primer verano y principios de otoño, antes de un proceso de institucionalización que volviera a controlar la dinámica de destrucción. No obstante, lo que no se encuentra en la zona republicana es la masiva campaña oficial de terror dirigida por los militares del bando rebelde. Con el final del monopolio de la violencia por parte del Estado y la entrega de armas a las milicias populares, la policía y la justicia profesionales fueron sustituidas por patrullas de vigilancia y ejecuciones sumarias, motivadas por odios de clase, políticos y religiosos, y por el miedo a contrarrevolucionarios «quintacolumnistas». En Madrid, por ejemplo, existieron más de 60 centros que detenían, juzgaban y asesinaban a los sospechosos, la mayoría de ellos relacionados con algunos de los partidos u organizaciones del Frente Popular.³⁴ Se estima que 6.000-8.000 personas fueron asesinadas en este proceso de terror extrajudicial en la capital, el 60 % de ellos en los dos primeros meses de la guerra, aunque las famosas «matanzas de Paracuellos», en las que 2.700 prisioneros fueron ejecutados sumariamente durante una serie de extracciones carcelarias, tuvieron lugar en noviembre-diciembre de 1936. Las ejecuciones de supuestos enemigos probablemente llegaron a su punto culminante en Madrid, que desarrolló una mentalidad de asedio mientras la ciudad esperaba la llegada del Ejército de África que se estaba abriendo camino a sangre y fuego hasta la capital. No obstante, los asesinatos extrajudiciales de «fascistas», clérigos y empresarios ocurrieron por todo el territorio republicano, impulsados por la rabia contra la rebelión y a veces por la violenta propaganda izquierdista, que solía descalificar a todo el mundo fuera de la coalición del Frente Popular como enemigos «fascistas» del pueblo.

Uno de los objetivos más destacados de la violencia republicana durante el verano de 1936 fue el clero. De la estimación de 6.800 que perdieron la vida durante la guerra, casi la mitad fueron asesinados durante este período, alrededor de un tercio de ellos en Cataluña. Ha existido un debate absurdo sobre qué bando empezó la «guerra de religión», pero todos los elementos esenciales de odio y desconfianza ya estaban en su sitio cuando el golpe abrió el camino para la violencia indiscriminada en defensa de o, en este caso, en oposición a, la «civilización cristiana».³⁵ Muchos estudiosos han intentado interpretar el simbolismo dramático de la violencia anticlerical como un ataque contra una institución moralmente corrupta, o por sus relaciones con las clases altas, o como un ataque contra la religión católica en sí misma, que se identificaba desde hacía mucho tiempo con la versión conservadora de la identidad nacional española. No obstante, lo que parece más convincente es que la violencia dirigida contra el clero, los símbolos sagrados y las estructuras religiosas era específica con su naturaleza religiosa y fue creciendo con un simbolismo eliminador que pretendía erradicar lugares sagrados del catolicismo y la Iglesia católica en la sociedad española.³⁶

Así, además de las ejecuciones y la quema de iglesias, santuarios y monasterios, los militantes anticlericales de todos los grupos políticos implicados en una violenta guerra iconoclasta sacaban las imágenes sagradas de las iglesias y los santuarios y las «ejecutaban» en las plazas públicas, o les arrancaban los ojos antes de arrastrarlas por las calles en una parodia de procesión religiosa. Los cadáveres de clérigos muertos hacía mucho tiempo fueron exhumados, mutilados y expuestos públicamente, mientras que los que seguían vivos se podían someter a torturas y mutilaciones antes de que los asesinasen. La violencia simbólica también estaba dirigida contra la esfera privada de las creencias católicas, incluida la retirada de objetos religiosos privados de las casas y, en algunos casos, obligando a los católicos a presenciar colectivamente la profanación de las imágenes sagradas. Aunque la violencia anticlerical no convirtió en enemiga a una Iglesia «neutral», desde luego reforzó la convicción de que los nacionales eran la única defensa contra la «horda atea». De toda la violencia perpetrada por el bando republicano, ninguna tan dañina para su causa, dentro de España y también fuera, donde las organizaciones católicas de los países democráticos occidentales presionaron a sus Gobiernos para que no ayudasen a la atea República.

Los relatos morales opuestos presentan explicaciones contradictorias de esta violencia republicana, con la izquierda minimizándola como «espontánea» o «incontrolada» y los conservadores enmarcándola como el producto lógico del comunismo «totalitario». Aunque hubo algunos elementos tanto de espontaneidad como de asesinatos con motivaciones políticas, el factor esencial parece que fue el estado de anarquía provocado por el colapso de la autoridad central, como lo demuestra la reducción efectiva de los asesinatos después de la reconstitución del Estado y el Ejército republicanos durante el otoño de 1936. Así, hasta el 80-85 % de los asesinatos republicanos, incluidos los de clérigos, fueron perpetrados antes de finales de 1936. Muchas personas pertenecientes a los comités de defensa, los sindicatos, los partidos políticos u otras organizaciones del Frente Popular —es decir, no solo anarquistas «incontrolados»— estuvieron implicadas en el derramamiento de sangre del verano de 1936, pero se puede afirmar que fue el vacío de poder del Estado central lo que lo hizo posible.³⁷

ORGANIZACIÓN PARA UNA GUERRA LARGA: LOS REPUBLICANOS

La primera fase de la guerra duró hasta bien entrado el otoño de 1936, después de que el Gobierno del Frente Popular empezase la reconstrucción de una autoridad estatal unificada y centralizase el esfuerzo de guerra. El punto de inflexión tuvo lugar el 4 de septiembre de 1936, cuando el presidente Azaña nombró como presidente del Gobierno al líder de la UGT Francisco Largo Caballero con la esperanza de que tendría la autoridad moral para encuadrar a la base revolucionaria del sindicato en un esfuerzo militar más coordinado y disciplinado. En noviembre, la dirección de la CNT dejó de lado el apoliticismo tradicional y aprobó el nombramiento de cuatro ministros. La Generalitat ya se había reconstituido el 26 de septiembre con representantes de la CNT, Esquerra Republicana, un partido comunista catalán nuevo (PSUC) y un partido comunista disidente (POUM). Además, el Gobierno amplió su base con la aprobación de un Estatuto de autonomía vasco el 1 de octubre, que consiguió el compromiso de los vascos del PNV. La militancia católica y conservadora del PNV no encajaba fácilmente en el Frente Popular, pero ayudó a contrarrestar la pretensión de los nacionales de hablar en nombre de todos los católicos. La reconstrucción del Gobierno republicano recibió el respaldo de la inesperada victoria militar en Madrid en noviembre, que detuvo el ímpetu nacional y dio a los republicanos la oportunidad de reagruparse para una guerra más larga. Como consecuencia de todos estos factores, durante los meses siguientes el nuevo Gobierno fue capaz de reimplantar la autoridad central, reconstituir los gobiernos municipales, aplacar la marea de violencia extrajudicial e integrar las unidades milicianas en el Ejército regular.

En cuanto se consolidó el Estado republicano en guerra, se le plantearon dos tareas principales interrelacionadas: librar la guerra y gobernar su territorio. En el relato moral conservador, la derrota republicana fue principalmente el resultado de la ineptitud y de las divisiones internas que también destruyeron cualquier apariencia de práctica democrática. Por el contrario, en el relato moral de la izquierda, la heroica democracia republicana fue derrotada por la unión de potencias fascistas que inyectó recursos a los nacionales. Una vez más, existen posturas mucho más matizadas a lo largo de todo este espectro, pero no existe un consenso amplio sobre las causas y los motivos de la victoria o la derrota. No obstante, la mayoría de los estudiosos admiten que una combinación de debilidades internas y un contexto internacional desfavorable formaron una combinación letal contra la República. Las divisiones internas fueron probablemente más serias en las fases iniciales de la guerra, mientras que el peso de la ayuda extranjera desigual se volvió más importante a medida que avanzaba la guerra.

Ayuda exterior

La internacionalización de la Guerra Civil a través de la ayuda exterior, la diplomacia y las tropas es indiscutible, al igual que el hecho de que las decisiones que tomaron las potencias extranjeras sobre estos factores jugaron un papel importante en el desarrollo de la guerra.³⁸ Las dos decisiones más importantes que afectaron a la ayuda a la República fueron el Acuerdo de No Intervención en España, firmado por 27 naciones europeas a finales de agosto de 1936, y la decisión soviética de mediados de septiembre de asistir a la República. Desde el principio de la guerra, los británicos declararon su neutralidad y convencieron al Gobierno francés del Frente Popular para que retirara su decisión inicial de ayuda a sus homólogos españoles. Entonces Francia sugirió el pacto de no intervención para evitar el apoyo fascista a los nacionales. No obstante, Alemania e Italia, y en menor medida Portugal, armando a los nacionales, mientras que todas las grandes democracias, incluido Estados Unidos, siguieron con la ficción de la no intervención.³⁹

La decisión de las democracias de abandonar a la República fue el resultado tanto de preocupaciones internas como de intereses geoestratégicos. Aunque sus ciudadanos estaban profundamente divididos, ninguno de los Gobiernos democráticos liberales estaba cómodo con la democracia española de inclinaciones izquierdistas de julio de 1936. Lo estuvieron aún menos cuando llegaron noticias sobre los experimentos revolucionarios y la violencia anticlerical iniciales, con frecuencia transmitidas en sus países por diplomáticos españoles conservadores que en su mayoría desertaron a la causa rebelde. Aun así, la pretensión de los nacionales que luchaban para salvar a España del bolchevismo y por la civilización cristiana tenía mucho más tirón que el antifascismo a mediados de la década de 1930. Así, incluso después de que el Estado republicano pudiera demostrar que se había contenido la revolución social y la violencia anticlerical, las potencias democráticas estuvieron más interesadas en apaciguar a la Alemania nazi que en luchar contra el fascismo, una estrategia que culminó con la Conferencia de Múnich en septiembre de 1938. Mientras que los soviéticos al principio aceptaron la no intervención, Stalin cambió de idea en septiembre de 1936, cuando quedó claro que las potencias fascistas no estaban respetando el pacto. Para los conservadores, este era el primer paso en un plan para establecer un Estado satélite comunista.⁴⁰ Pero también existen pruebas convincentes de los archivos soviéticos que muestran el objetivo estratégico más complejo de probar una posible alianza antifascista con los Estados democráticos mientras mantenían a Alemania ocupada lejos de las fronteras soviéticas.⁴¹ Ya fuera pura táctica o no, la ayuda soviética a España se enmarcaba dentro de una estrategia de defensa del Frente Popular que la URSS siguió hasta que la evidencia de su fracaso condujo al cambio radical del pacto nazi-soviético en agosto de 1939, justo después del final de la Guerra Civil.

El impacto militar de la ayuda extranjera en el resultado de la guerra sigue siendo tema de debate, pero la causa republicana se vio significativamente debilitada tanto por la mala calidad del material como por la irregularidad de su llegada.⁴² La República no era pobre porque controlaba las reservas de oro, pero la cuarta parte de las mismas fue enviada a París y el resto a Moscú para pagar los suministros soviéticos. Pero la mayor parte de las armas y el material soviéticos no estaban a la altura del armamento nazi que Hitler quería probar antes de desencadenar sus propias ambiciones militares. A causa del pacto de no intervención, la mayor parte del resto del material para el bando republicano se tenía que adquirir a precios muy altos de vendedores privados. Finalmente, en cuanto al calendario de entregas, la República careció prácticamente de armas en momentos cruciales: durante el verano de 1936, antes de iniciarse la ayuda soviética, y a partir de finales de 1938. De los 66 envíos desde la URSS, 52 llegaron entre octubre de 1936 y finales de 1937. Y, en contraste con los más de 100.000 soldados enviados por Alemania e Italia, la URSS solo envió 2.000 consejeros, además de los 31.00032.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales que fueron organizadas por la Internacional Comunista.⁴³ Las Brigadas Internacionales han sido atacadas como matones estalinistas y celebradas como heroicos antifascistas, con debates adicionales sobre su impacto en el resultado de la propia guerra.⁴⁴ Reflejando indudablemente una variedad de motivos, los voluntarios de más de 50 países probablemente jugaron un papel positivo en numerosas batallas republicanas, incluida la defensa de Madrid, pero en general, las tropas de extranjeros contribuyeron más a la victoria de los nacionales, en especial si se incluyen las tropas marroquíes. En cualquier caso, las Brigadas Internacionales fueron retiradas en septiembre de 1938 con la esperanza de que los nacionales tuvieran que hacer lo mismo con sus contingentes de combatientes extranjeros, mucho más numerosos. En su lugar, la salida de las Brigadas Internacionales marcó el principio del declive precipitado hacia la derrota final.

Reestructuración del Estado republicano

Aunque en principio el Gobierno de coalición de octubre de 1936 incorporó a todas las fuerzas y voces importantes del bando republicano, desde los republicanos de izquierda, los comunistas, los vascos (PNV) y los catalanes (Esquerra Republicana) hasta los socialistas moderados e izquierdistas (PSOE/UGT) y (después de noviembre) los anarquistas moderados (CNT) y radicales (FAI), en la práctica las fracturas internas y entre los diferentes grupos no se resolvieron. El bando republicano no estaba meramente polarizado sino fragmentado siguiendo varios ejes, que estaban relacionados con la conducción de la guerra y la organización política y territorial. Incluso con un Gobierno central reconstituido, seguían existiendo centros de poder alternativos, en la Generalitat, los consejos regionales en Aragón, Asturias, Madrid y el País Vasco, y en las colectividades locales y los sindicatos, cada uno de ellos con una visión diferente del futuro. De la misma forma, a pesar de la constitución de un Ejército republicano bajo la supervisión del Ministerio de la Guerra, la combinación de resistencia por parte de las unidades anarquistas y el reto de construir un Ejército desde la nada debilitó la consolidación de la estrategia militar.

Como consecuencia de las luchas internas continuadas, después de solo siete meses Largo Caballero se vio obligado a dimitir en mayo de 1937. Se formó un nuevo Gobierno bajo el liderazgo de Juan Negrín, que siguió una política menos centrada en la inclusión y más en la disciplina, mayor centralización y peticiones de ayuda diplomáticas. El resultado fue la disminución del papel de los elementos revolucionarios tanto de los sindicatos de la CNT como de la UGT, que fueron expulsados de la coalición de Gobierno, y una posición más fuerte de los partidos republicanos y comunista.

Siguiendo la teoría compartida por republicanos, comunistas y socialistas moderados según la cual ganar la guerra requería una mayor centralización y disciplina militar, el Gobierno de Negrín se enfrentó directamente a todos los centros de poder que le hacían sombra. Durante el verano de 1937 se habían disuelto las colectivizaciones agrarias en Aragón, se había aplastado la autonomía de la CNT en Barcelona en una batalla callejera durante los llamados Sucesos de Mayo,⁴⁵ y se disolvieron los consejos regionales dominados por la CNT en Aragón y Cataluña, todo ello sobre el trasfondo de las derrotas militares en Málaga (febrero de 1937) y la rendición en junio de 1937 del País Vasco. Negrín sigue siendo una figura controvertida, demonizada por algunos como «estalinista» y alabado por otros como un estadista que intentó mantener unida a la República.⁴⁶ En cualquier caso, a finales de 1937, la lucha interna en el bando republicano se encontraba en su mayor parte bajo control, aunque el reto de mantener la moral y la disciplina militar en el frente se intensificó a medida que crecía el derrotismo y el pesimismo.

En el centro de los debates sobre la trayectoria de la República se encuentran las interpretaciones contrapuestas sobre el desarrollo del papel del Partido Comunista.⁴⁷ Por encima de este debate se encuentra la cuestión de hasta qué punto fue responsable el PCE de sus propias acciones o fue un peón de las maquinaciones soviéticas.⁴⁸ En cualquier caso, en una versión de la historia, los comunistas siguieron una estrategia estalinista de subordinar a todas las demás fuerzas, culminando en mayo de 1937 con la derrota y expulsión de la CNT y el aplastamiento de los comunistas disidentes del POUM. En este relato, el PCE controló el Gobierno de Negrín, que entonces utilizó tácticas estalinistas, incluidos los comisarios políticos y la policía secreta, para aterrorizar al bando republicano para que se sometiera. La defensa del Frente Popular por parte del PCE se presenta como una táctica engañosa para conseguir el apoyo de los países democráticos. Una victoria republicana, siguiendo esta lógica, habría terminado en una dictadura totalitaria y no en una democracia.

En el relato opuesto, el PCE estaba comprometido con la estrategia interclasista de «democracia popular» del Frente Popular que incorporaba no solo a los trabajadores sino también a las clases medias y bajas, que se habían asustado con la revolución social inicial. Es más, el programa de 13 puntos de Negrín del 1 de mayo de 1938 se centraba en los derechos democráticos, entre ellos el respeto por la propiedad y la religión. Y, aunque el PCE utilizó su importancia militar creciente para imponer una mayor disciplina en el bando republicano, la mayor parte de las medidas adoptadas, tanto en el frente como en la retaguardia, fueron la consecuencia razonable de un esfuerzo de guerra cada vez más desesperado. Finalmente, este relato democrático del Gobierno de Negrín destaca que los partidos socialista y republicanos siguieron siendo socios poderosos, no solo un «camuflaje» para el mando del PCE. Así, desde este punto de vista, la República siguió siendo un Estado democrático pluralista, con los compromisos inevitables obligados para un Gobierno en tiempos de guerra.

En la práctica, la realidad compleja de la política republicana desafía cualquier categorización excluyente. La fragmentación en el bando republicano fue tan generalizada que fracturó cada grupo político, ninguno de los cuales se puede tratar como un actor unificado. Así, los cenetistas discutían entre ellos sobre si colaborar o no con el Gobierno era una buena idea, los socialistas sobre si el Gobierno debería estar formado por los sindicatos o los partidos políticos, e incluso los líderes comunistas no compartían un plan general más allá de la centralización y ganar la guerra. Al mismo tiempo, todas estas visiones contrapuestas compartían la sensación revolucionaria de que se estaba construyendo una sociedad nueva.⁴⁹ En lugar de «revolución» frente a «democracia» en el bando republicano, existieron visiones revolucionarias del futuro contrapuestas, algunas de las cuales incluía un «tipo nuevo» de democracia popular/igualitaria y/o federalista. Así, para la mayoría de los actores, la «democracia» sobre la mesa no era la democracia liberal que reconocían Gran Bretaña y Estados Unidos, ni siquiera la socialdemocracia de orden que surgiría en Europa occidental después de la guerra. En su lugar, la democracia revolucionaria de la República en guerra formó parte de un experimento más amplio, iniciado por las alianzas de Frentes Populares a mediados de la década de 1930, y culminando durante los movimientos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, en lugares como Yugoslavia, Grecia e Italia.

La democracia revolucionaria tiene un ejemplo en la reconstitución del sistema judicial que acompaña a la reconstrucción del Estado republicano después del verano caótico de 1936. Por un lado, los esfuerzos en su mayor parte culminados con éxito del Estado para desacreditar públicamente y sustituir las ejecuciones extrajudiciales por canales legales de castigo redujeron drásticamente los asesinatos. Por otro lado, los nuevos tribunales populares, formados por una combinación de magistrados profesionales y grupos políticos, no actuaron de acuerdo con los principios clásicos democráticos liberales de justicia sino dentro de un marco de colectivización «antifascista». Los individuos eran acusados no solo por crímenes específicos, sino por sus creencias «fascistas» o su falta de apoyo (desafección) a la causa republicana.

En lugar de matarlos, el sistema judicial republicano amplió el sistema de prisiones y creó los inicios de un sistema «redentor» de campos de trabajo.⁵⁰ Bajo el liderazgo del ministro de Justicia de la CNT Joan García Oliver (noviembre de 1936-mayo de 1937), el proyecto de campos adquirió forma después de diciembre de 1936 como solución pragmática y como un programa político de rehabilitación a través del trabajo. Se construyeron al menos media docena de campos, el primero en abril de 1937, aunque nunca albergaron más que unos pocos miles de prisioneros empleados en proyectos de obras públicas. Un tipo diferente de campos de trabajo militares se extendieron después de la primavera de 1938, incluida una red de seis en Cataluña, que se centraban más específicamente en apoyar el esfuerzo de guerra. Los campos albergaron entre 7.000 y 8.000 prisioneros, la mayoría de los cuales estaban identificados como prófugos del servicio militar, desertores y enemigos cerca del frente, en condiciones que iban de una disciplina dura al terror.

Teniendo en cuenta la situación militar cada vez más desesperada y la derrota final, resulta difícil saber cómo habría sido el sistema judicial —o incluso político— republicano de posguerra, que es la razón por la que continúan los debates. Para la izquierda, los experimentos republicanos representaron una oportunidad perdida para establecer una síntesis nueva de democracia y socialismo basada en estructuras de poder desde abajo. Para la derecha, siguiendo la lógica de la Guerra Fría, estos experimentos solo podían terminar en una dictadura comunista totalitaria. En España como en otras partes, la cuestión es si las categorías en blanco y negro de la Guerra Fría explican u oscurecen la compleja dinámica política en España. Lo que está claro es que ninguna de las diversas visiones políticas sobre la mesa se presenta como dominante.

Más allá del tema de la fragmentación, la creciente crisis militar y humanitaria de la guerra empezó a ensombrecer todas las demás preocupaciones. De hecho, probablemente había muchos más españoles en el bando republicano que estaban más preocupados por la eficiencia del abastecimiento y la protección de sus hogares y familias que con las grandes visiones políticas. Se ha planteado de forma convincente que la República no consiguió apoyar suficientemente a la población civil ni a los soldados bajo su mando, y que esta falta de eficacia fue especialmente devastadora en la guerra de desgaste que se desencadenó después de la victoria republicana en Madrid en noviembre de 1936.⁵¹ Así, los republicanos no pagaban siempre por lo que requisaban o fijaban topes de precios poco atractivos, servían raciones inadecuadas a los soldados y les proporcionaban unos cuidados médicos inferiores en el frente. Por ejemplo, en las divisiones republicanas y nacionales en el frente de Madrid en 1937, las primeras recibían 20 gramos de carne al día en comparación con los 200 gramos de las últimas. Desde una visión más general, los republicanos no fueron capaces de transformar su significativa riqueza, recursos suficientes sobre el terreno, en especial cuando se comparan con los nacionales. La descentralización, los múltiples centros de autoridad y los proyectos revolucionarios locales quizá provocaron que algunos militantes se sintieran poderosos, pero en el marco general debilitaron una estrategia coherente de abastecimiento. Incluso después de la reconstrucción del Estado, las redes logísticas y de transportes siguieron siendo poco fiables y la impresión sin control de papel moneda condujo a la inflación y a reticencias a aceptar la moneda republicana.

La creciente diferencia en la moral entre el bando republicano y el nacional, consecuencia de la tasa tan elevada de deserciones militares en el primero, indudablemente fue en parte consecuencia de condiciones cotidianas inferiores. Estas condiciones eran especialmente importantes para los reclutas, cuyo porcentaje creció en el Ejército republicano a medida que seguía la guerra.⁵² Contribuyó a las dificultades del Ejército republicano la falta de oficiales entrenados, de los cuales pocos tenían experiencia de mando antes de la guerra. Aunque están claras las condiciones de deterioro en el bando republicano, sigue planteado el debate sobre si fueron más o menos importantes para explicar la derrota que la calidad y la cantidad de ayuda exterior, en especial cuando la URSS cortó los envíos en 1938-1939. En cualquier caso, durante el último año de guerra, parece justo asumir que, para muchos en el bando republicano, la importancia de las batallas ideológicas se había desvanecido ante la realidad de las derrotas militares y las privaciones cotidianas.

ORGANIZACIÓN PARA UNA GUERRA LARGA: LOS NACIONALES

En contraste con el deterioro de la situación republicana, la posición inicialmente débil de los nacionales se fue fortaleciendo gradualmente como consecuencia del impacto combinado de una ayuda exterior significativa por parte de Italia y Alemania, y la unificación militar y política que permitió a los rebeldes utilizar los recursos con mayor eficiencia. Clave para el éxito del proceso de unificación fue la ambición y los cálculos ladinos de Francisco Franco, que se había hecho nombrar Generalísimo el 29 de septiembre de 1936 y utilizó dicha posición para subordinar definitivamente a todas las fuentes alternativas de poder que le pudieran hacer sombra.⁵³ Aportando su mando sobre el Ejército de África, así como el éxito de su petición de ayuda alemana e italiana para transferir el Ejército a la península, Franco se presentó como el arquitecto de las primeras victorias y se rodeó de asesores políticos astutos, como su cuñado Ramón Serrano Suñer, que le podían ayudar a institucionalizar su liderazgo.

Construcción de un «nuevo Estado»

Tras la centralización del mando militar con la integración de todas las unidades milicianas en el Ejército regular el 20 de diciembre, el reto principal era incorporar y neutralizar a los principales grupos civiles, los carlistas y la Falange, junto con contingentes más pequeños de monárquicos alfonsinos. El mensaje «nacional católico» compartido, así como el apoyo explícito de la jerarquía de la Iglesia, desde luego ayudó a superar las distancias ideológicas sustanciales entre estos grupos. Pero fue igual de importante la decisión dictatorial de Franco en abril de 1937, contra una oposición significativa entre sus filas, de unificar todos los grupos en una sola organización política bajo su liderazgo, llamada Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), o simplemente, el Movimiento. Es probable que Franco hubiera preferido una dictadura estrictamente militar, pero consejeros como Suñer lo convencieron de que la creación del Movimiento proporcionaría al régimen una masa de base y los cimientos para una estructura institucional. En enero de 1938, Franco formó su primer Gobierno del «nuevo Estado», regulado por la Ley de la Administración Central, que le garantizaba todo el poder ejecutivo y legislativo en un Estado de partido único.

Más allá de su autoritarismo evidente, la naturaleza de este «nuevo Estado» sigue provocando debates. ¿Era tradicional y contrarrevolucionario o moderno y fascista? ¿Franco absorbió el partido fascista dentro de un marco tradicionalista o la unificación condujo a una mayor fascistización de los nacionales? La respuesta más convincente puede ser que todos estos planteamientos son parcialmente ciertos. La formación de un partido unificado diluyó el impacto de los fascistas y de sus ideas, pero no lo eliminó. Al convencer a la Falange para unirse al Movimiento, Franco adoptó gran parte de la retórica fascista, incluido su programa básico, además de establecer instituciones como el Fuero del Trabajo en marzo de 1938, que se basaba en el modelo italiano de Estado corporativo. Este proceso de «fascistización», o de adopción de ciertos elementos del fascismo en reconocimiento de su creciente importancia internacional, continuó hasta principios de la década de 1940.⁵⁴

Al mismo tiempo, por supuesto, Franco recurrió a la retórica tradicionalista de la autoridad divina y la cruzada religiosa, y en los actos públicos se rodeaba del ritual y el simbolismo católicos, apoyado por el clero (excepto el vasco). A partir de agosto de 1936, unos pocos obispos ya habían bendecido el concepto de cruzada religiosa, y en septiembre el obispo Pla y Deniel publicó su famosa carta pastoral sobre las «dos ciudades», pero el documento clave apareció el 1 de julio de 1937, «Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo», que definía la guerra como una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo anticristiano.⁵⁵ Es más, la conquista de nuevos territorios por parte de los nacionales se marcaba con la restauración de los símbolos religiosos.

Fuera cual fuese el equilibrio exacto de esta combinación inestable y en evolución de elementos de autoritarismo militar, movilización de masas, retórica revolucionaria fascista y cruzada religiosa medieval, no fue totalmente tradicional ni fascista. No obstante, se puede plantear que fue un movimiento derechista moderno, situado en el amplio espectro del marco político antidemocrático y antisocialista que podía competir en el mundo de la política de masas. Incluso el recurso aparentemente tradicionalista a los valores religiosos intemporales fue un producto de la cultura católica que se había ido transformando durante las décadas anteriores para competir en esta nueva arena. Un ejemplo de la fusión de «movimiento político» y valores católicos eran los requetés carlistas que, a pesar de su reconocido tradicionalismo, compartían muchas características funcionales con la Falange.⁵⁶ De la misma manera, la Sección Femenina de la Falange (SF) proclamaba un papel doméstico piadoso para las mujeres mientras las movilizaba como una fuerza auxiliar que hacía de todo, desde coser uniformes y trabajar en los campos hasta labores de propaganda y enfermería.⁵⁷ Así, el «nacionalcatolicismo» que cristalizó durante la guerra no fue una yuxtaposición paradójica de la derecha «tradicional» y «moderna», sino una nueva síntesis híbrida cuya evolución futura era difícil de predecir en 1939.

Lo que es indiscutible es que esta síntesis proporcionó el marco para una represión muy dura de un enemigo definido como extranjero a las fronteras de la civilización española. Aunque hubo una caída de los asesinatos extrajudiciales después de los primeros meses, cuando los nacionales establecieron tribunales militares formales, la amplia definición legal del enemigo como cualquiera que apoyase a la República lanzó una red muy ancha, provocando cientos de miles de investigaciones a lo largo de los años siguientes. Tras el establecimiento del nuevo Estado a principios de 1938, el régimen declaró que había sido la autoridad política legítima en España desde julio de 1936, de manera que definía cualquier resistencia a la rebelión como traición. Además, la burocratización de la justicia durante el invierno de 1936-1937 redujo los asesinatos, el 80 % de los cuales tuvieron lugar hasta finales de 1936.⁵⁸ Hubo excepciones a esta tendencia, como en la captura de Málaga (febrero de 1937), donde una fuerza combinada de milicias y unidades del Ejército se sumergieron en el tipo de terror directo y masivo que llegó a su culminación en el verano de 1936. Pero, en general, los tribunales se inclinaban cada vez más por las condenas a prisión o campos de trabajo en lugar de la ejecución para todos aquellos que no eran condenados por «crímenes de sangre», aunque la aplicación de la «justicia» seguía siendo impredecible. La caída del País Vasco (junio de 1937) dio lugar a la captura de un gran número de prisioneros de guerra, que provocó la gran expansión de un sistema de campos improvisados. Aunque existen similitudes estructurales con la evolución de la justicia republicana, la escala de la operación represiva de los nacionales fue enormemente mayor. A finales de 1937 había 106.822 prisioneros en 60 campos, y de estos 34.000 realizaban trabajos forzados, mientras que 59.000 fueron alistados en el Ejército. A finales de 1940, cuando se cerraron la mayoría de los campos, se había encarcelado a un total de 507.000 prisioneros.⁵⁹

Entre los encarcelamientos masivos y la estimación de 100.000 ejecuciones judiciales y extrajudiciales durante la guerra, parece claro que los nacionales estaban empeñados en un amplio proceso de «limpieza» que trascendía la estrategia militar. Como los nacionales ganaron la guerra, no son necesarias las suposiciones para analizar el resultado: un régimen construido sobre los cimientos de la exclusión y la marginación cultural, social y política de los derrotados. Como dijo Franco en una entrevista en noviembre de 1938: «No habrá paz negociada porque los criminales y sus víctimas no pueden vivir uno al lado del otro».⁶⁰ Ni violencia normal en tiempo de guerra ni exterminio total, el nivel de la represión de los nacionales solo se puede comprender en el contexto de un marco binario de vencedores y vencidos, en el que estos últimos podrán ser reintegrados reticentemente en algún momento del futuro a través del castigo, la educación y la transformación extensos.

Ayuda exterior

Además de la unificación interna efectiva de los nacionales, la ayuda extranjera que recibieron también fue sin duda un factor de su victoria. Sin la ayuda exterior, una fuerza rebelde sin acceso a las instituciones gubernamentales o las reservas de oro no habría tenido posibilidades de éxito. Aunque el esfuerzo de guerra de los nacionales fue en gran parte financiado por préstamos, los dos bandos gastaron más o menos lo mismo. No obstante, la paridad aparente de recursos oculta la superioridad del apoyo consistente y de alta calidad de Alemania e Italia al bando nacional, en especial durante el verano de 1936 y desde mediados de 1937 hasta el final de la guerra, a medida que seguía creciendo la diferencia entre la ayuda recibida por unos y otros. Desde el uso de aviones alemanes en el transporte aéreo del Ejército de África a la península en julio de 1936, a la llegada de la fuerza aérea de la Legión Cóndor en octubre de ese año, seguida de las tropas italianas en diciembre, las potencias fascistas mantuvieron su ayuda militar y logística hasta el final. La Legión Cóndor llevó a cabo posiblemente la acción más famosa de la guerra: el bombardeo aéreo de la población civil de Guernica el 26 de abril de 1937, que mató al menos a 1.500 personas y llegó a simbolizar los horrores de la guerra «total» en el famoso cuadro de Picasso. El número de combatientes extranjeros fue desde luego mucho mayor en el bando nacional, incluidos los 19.000 alemanes y más de 78.000 italianos, además de los 70.000 nativos marroquíes de los Regulares.

Además de que la ayuda exterior fue superior, también existen pruebas de que los nacionales utilizaron esa ayuda de una manera mucho más efectiva que sus enemigos, asegurándose así su retaguardia y manteniendo la lealtad de su Ejército.⁶¹ Aunque es cierto que los ejércitos nacionales utilizaron inicialmente un terror indiscriminado para aplastar la resistencia y someter los territorios ocupados, en la larga guerra de desgaste el abastecimiento y los suministros adecuados eran esenciales para mantener la moral. Así, los nacionales establecieron una relación más cordial con los campesinos, devolviéndoles las explotaciones si habían sido confiscadas, pagándoles por los alimentos requisados, estableciendo garantías de precios y distribuyendo semillas, lo que dio como resultado un gran aumento de la producción de trigo en la zona nacional en 1937. La moneda nacional, garantizada por líneas de crédito de bancos y Estados extranjeros, era más estable y estaba más regulada que la moneda republicana, y la recaudación de impuestos efectiva sobre la propiedad privada financió alrededor del 30 % de la guerra, y el resto se costeó a través de créditos y préstamos. Y cuando las regiones industriales del norte cayeron en manos de los nacionales en el verano y el otoño de 1937, aumentó la productividad en estas zonas. Además de estabilizar los recursos de la población general, los nacionales cuidaban mejor a sus soldados, lo que provocaba niveles más bajos de deserciones, en especial al aumentar la confianza en su victoria. Parece probable que el mando militar profesional del Ejército nacional comprendiera mejor estas realidades logísticas y su importancia para una campaña militar victoriosa. Fuera o no esta perspicacia logística el factor decisivo para los nacionales, fue sin duda uno de los muchos factores favorables, incluyendo la unidad política y la alta calidad de la ayuda exterior.

Las fases militares de la guerra

En el terreno puramente militar, los especialistas no están de acuerdo en la importancia de la calidad y la consistencia de los envíos de armas, el enfrentamiento desigual entre un Ejército profesional y otro recién formado, y la superioridad táctica y estratégica del mando nacional, pero, una vez más, todos estos factores actuaron en contra de los republicanos. Resulta difícil señalar el momento exacto en el que la derrota republicana se volvió inevitable, pero la guerra se volvió continua y progresivamente en contra de ellos después del respiro inicial de salvar Madrid en noviembre de 1936.⁶² Ya sea que los nacionales alargaron deliberadamente la guerra para conseguir una victoria aplastante e irreversible o simplemente estaban siguiendo un plan metódico y deliberado, el objetivo de la victoria incondicional nunca estuvo en duda.

Antes de noviembre, la primera fase de la guerra se había caracterizado por el progreso rápido de las columnas del Ejército nacional, contra las que podían hacer muy poco las milicias de voluntarios. Durante este período, los nacionales terminaron la conquista de las zonas rurales del sudoeste, Castilla la Vieja y León, Galicia, Navarra y Aragón occidental, que incorporó una mayoría de terreno agrícola. (Véase el Mapa III-2.) La República se quedó aproximadamente con las dos terceras partes del país, desde Madrid hasta la costa mediterránea, incluyendo la franja septentrional de territorio industrial con las regiones mineras y metalúrgicas de Asturias y el País Vasco que, sin embargo, se encontraban aisladas del resto de la República. La victoria de los republicanos en Madrid, que fue el resultado del esfuerzo combinado de las milicias, las unidades de policía leales, una población movilizada y la llegada de los primeros cargamentos soviéticos y armas y tanques, así como de las primeras tropas de las Brigadas Internacionales, sustituyó la rápida «guerra de movimiento» por la agónica «guerra de desgaste».

Mapa III-2. Fases de la Guerra Civil: marzo de 1937.

Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937, el frente siguió más o menos estable, con los republicanos rechazando con éxito dos grandes ofensivas en el Jarama y en Guadalajara, después de las cuales los nacionales abandonaron el objetivo de capturar Madrid. La única gran victoria nacional durante este período tuvo lugar en Málaga que, con la ayuda de las tropas italianas, consolidó el control rebelde sobre Andalucía occidental. Aun así, en este momento el resultado no parecía decidido. Los nacionales tenían que establecer un nuevo plan general, y los republicanos aumentaron significativamente su efectividad militar a través de la integración de las unidades milicianas en el Ejército regular que tenía aproximadamente el mismo tamaño que las fuerzas españolas de los nacionales, y el flujo regular de suministros desde la URSS.

Fue durante la siguiente fase, desde abril a octubre de 1937, cuando la marea empezó a cambiar a favor de los nacionales. Aunque el improvisado Ejército republicano, con su cuerpo de oficiales sin experiencia, había actuado razonablemente bien en las batallas defensivas, los nacionales demostraron su superioridad al planificar y ejecutar grandes ofensivas con tropas bien entrenadas. Ahora los nuevos oficiales incluso recibían una formación mejor en las academias militares establecidas en territorio nacional en septiembre de 1936. En la primavera de 1937, la estrategia general de los nacionales cambió del objetivo inicial de una victoria rápida a la división y conquista gradual del territorio republicano. En marzo, los nacionales empezaron su ataque contra el corredor industrial septentrional del País Vasco, Santander y Asturias, completando la conquista del primero en junio, después de bombardear a los civiles para desmoralizar a la población (incluida Guernica), y el último en octubre. En contraste, el Ejército republicano solo estableció frentes defensivos a nivel de división, con la esperanza de distraer recursos del ataque en el norte. La victoria nacional en el norte no solo puso la capacidad industrial de esas regiones al servicio de la causa nacional, sino que también incorporó a la mayoría de la población que ahora estaba en su territorio.

A partir de noviembre de 1937 hasta el verano de 1938, los nacionales consiguieron el control estratégico definitivo, avanzando hacia el este a través de Aragón en dirección a la costa mediterránea con el objetivo de cortar en dos el territorio republicano restante. (Véase el Mapa III-3.) En abril de 1938, el Ejército nacional llegó al mar y aisló definitivamente la mayor parte de Cataluña del resto de la República, limitada en el noroeste por Madrid, en el nordeste por Valencia y en el sudoeste por Granada. Una vez más, durante este período el Ejército republicano siguió a la defensiva, realizando campañas diversivas costosas, pero en última instancia ineficaces. Con la batalla de Teruel en diciembre y enero de 1937-1938, los republicanos intentaron retomar la iniciativa con una gran ofensiva, pero después de 60.000 bajas republicanas y 40.000 nacionales, no pudieron retener la ciudad. Con la derrota del Ejército del este en abril de 1938 y el número cada vez menor de cargamentos procedentes de la URSS, la estrategia republicana se redujo a prolongar la guerra con la esperanza de que las democracias europeas abandonasen la no intervención o al menos presionaran a los nacionales para que ofreciesen una paz negociada sin represalias. Con la escala de agresiones de la Alemania nazi en el este, los líderes republicanos esperaban que el estallido de una guerra general pudiera convencer finalmente a las democracias para que dejasen de lado el apaciguamiento y abrazasen el antifascismo.

Mapa III-3. Fases de la Guerra Civil: marzo-abril de 1938.

La siguiente fase de la guerra, desde el verano de 1938 hasta la caída de Cataluña en febrero de 1939, selló la derrota de la República, aunque la victoria de los nacionales fue declarada el 1 de abril. (Véase el Mapa III-4.) La última gran resistencia republicana contra el Ejército nacional tuvo lugar durante la batalla del Ebro, que empezó en julio de 1938 para detener el avance de los nacionales contra la ciudad de Valencia y terminó cuatro meses después con más de 90.000 bajas y una victoria de los nacionales. En paralelo a la derrota del Ebro, la Conferencia de Múnich de septiembre, en la que Gran Bretaña y Francia aceptaron que Alemania se anexionase parte de Checoslovaquia, confirmó la política de apaciguamiento y aplastó cualquier esperanza de apoyo desde este lado. En el otoño de 1938 se había descartado la política de resistencia a cualquier precio mientras se presionaba a las democracias para que cambiasen de idea, lo que dejó a la República sin una estrategia viable y con una gran desmoralización detrás de las líneas y en el frente. La rápida caída de Cataluña, un símbolo del orgullo y el compromiso republicanos, fue un ejemplo claro del estado deteriorado de la resistencia moral y militar. Por el contrario, la violencia y el castigo desplegado por el Ejército conquistador en esta región ilustraron el poder simbólico de aplastar la Barcelona «roja». Después de la caída de Cataluña, Gran Bretaña y Francia reconocieron el régimen de Franco y el presidente Azaña dimitió, pero el Gobierno de Negrín siguió resistiéndose a la rendición. El acto final no fue una batalla sino el fracaso de un golpe interno organizado por oficiales del Ejército en Madrid bajo Segismundo Casado, que afirmaba que podían negociar una paz honorable.

Mapa III-4. Fases de la Guerra Civil: febrero de 1939.

CONCLUSIÓN

Pero por supuesto, no hubo una paz honorable, solo una victoria incondicional seguida por entre 30.000 y 50.000 ejecuciones más y cientos de miles de detenciones, además del exilio de unas 450.000 personas y la continuación de la guerra de guerrilla, todo lo cual difuminó cualquier distinción clara entre la guerra y el período de posguerra. Al igual que los historiadores de la Segunda Guerra Mundial han planteado que el 8 de mayo de 1945 no fue una «hora cero», lo mismo es cierto para el 1 de abril de 1939. Una periodización más significativa probablemente combinaría la Guerra Civil y el período inmediatamente posterior, hasta al menos 1941 y quizá 1945, como una época de conflicto intenso, guerra, privaciones y, por encima de todo, una lucha por imponer un nuevo orden hegemónico. Hasta entonces no podemos hablar del inicio de un proceso de reconstrucción, aunque nunca de reconciliación, bajo el control de lo que se iba a convertir en uno de los regímenes autoritarios derechistas más longevos de la Europa de posguerra.

Entonces ¿cómo evaluamos el «significado» de este conflicto sangriento que costó más de medio millón de vidas y traumatizó a millones más? Parece claro que la respuesta se encuentra en algún punto entre los relatos morales en conflicto del «fascismo contra democracia» o «civilización cristiana contra comunismo», pero es difícil situar el equilibrio exacto de las fuerzas y no resulta sorprendente que los españoles sigan profundamente divididos. ¿España perdió la oportunidad de consolidar un régimen democrático que se habría podido unir a la Europa occidental de posguerra? Para imaginar este resultado no solo habría sido necesario un pluralismo funcional entre los fracturados grupos republicanos, sino también el abandono de la retórica exclusivista que impregnaba su lenguaje, que eran dos aspectos que el Gobierno de Negrín apoyaba, al menos de palabra. Aun así, una victoria republicana en 1939 no habría proporcionado a España demasiado apoyo internacional en este proceso, a menos que hubiera podido aguantar como una democracia antifascista hasta 1945, cuando España se hubiera podido beneficiar del Plan Marshall. Por muy tentadora que parezca esta senda alternativa imaginaria, parece ofrecer más posibilidades que las que abrió la victoria franquista aunque, por supuesto, algunos no estarán de acuerdo. No obstante, resulta difícil ver la victoria nacional incondicional, despiadada y extremadamente represiva como la mejor opción a disposición de España en la década de 1930. Esta conclusión podría sugerir que los españoles eran sencillamente incapaces de mantener un grado mínimo del consenso necesario para que funcionase un Estado democrático, pero se podrían señalar ejemplos contrarios de países como Italia y Alemania, cuyos sistemas políticos quedaron transformados en el contexto más favorable posterior a la victoria aliada.

Las circunstancias precisas bajo las cuales la República podría haber ganado la guerra también resultan difíciles de definir, aunque todo el mundo está de acuerdo en que una combinación de factores desfavorables que se reforzaban entre ellos condujo a su derrota. Resulta difícil sostener la convicción de que todo habría ido bien si solo las democracias hubieran decidido apoyar a la República, teniendo en cuenta el nivel de obstáculos internos, desde la fragmentación política a la ineptitud militar y la inexperiencia logística, sin mencionar la alienación de la mayor parte de los católicos practicantes. Pero no hay duda de que la no intervención exacerbó todos estos problemas, además de aumentar la dependencia de la Unión Soviética y así del poder del controvertido Partido Comunista. Para los nacionales parece igualmente difícil sostener la posición de que su victoria dependió solo de la ayuda externa de las potencias fascistas. Equipados aproximadamente con la misma cantidad de recursos que el bando republicano, la organización centralizada y eficiente de los nacionales fue capaz de canalizarlos en una estrategia militar y logística coordinada que consiguió al menos la aceptación pasiva de muchos no republicanos y superó a los ejércitos republicanos en el campo de batalla. Al mismo tiempo resulta imposible imaginar la victoria nacional sin esta ayuda exterior, porque una rebelión contra un Gobierno elegido democráticamente no habría tenido apoyo internacional entre las potencias no fascistas. No obstante, cuando se clasifica la importancia de los diversos factores internos e internacionales, ninguno de ellos actuó a favor de la República, ni siquiera su posición como Gobierno elegido democráticamente. Lo que también está claro es que el resultado marcó una importante encrucijada en el camino de la historia española, cuyas consecuencias se siguen dilucidando en la actualidad.

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LA SEGUNDA DICTADURA: EL RÉGIMEN DE FRANCO, 1939-1976

La derrota republicana en la Guerra Civil vino seguida de casi cuarenta años de dictadura que terminaron solo con la muerte del hombre cuyo nombre ha llegado a definir el régimen. Aunque el régimen de Franco empezó y terminó como una dictadura, su adaptación para sobrevivir durante cuatro décadas ha generado un debate continuado sobre su identidad. ¿Fue un régimen fascista, una dictadura militar, un régimen autoritario tradicional, o algún tipo de híbrido? El régimen empezó como aliado de facto de las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial y terminó como aliado del «Occidente» democrático durante la Guerra Fría. Al mismo ritmo que evolucionaban sus alianzas internacionales lo hicieron sus políticas económica y cultural, que empezaron con una autarquía aislacionista diseñada para promover la autosuficiencia nacional y para mantener alejadas las ideas extranjeras impuras, y terminaron con la explosión de la industria del turismo y la integración económica en la economía capitalista global, un proceso que dio inicio a importantes tasas de crecimiento y de pluralismo cultural. Y, aunque las instituciones políticas del régimen nunca estuvieron sometidas a una evolución paralela, se produjo un cambio en el liderazgo, alejándose de los ideólogos fascistas y acercándose a los modernizadores «tecnocráticos», cuyo objetivo principal era aumentar como mínimo el apoyo pasivo al régimen a través de una elevación del nivel de vida en lugar del adoctrinamiento y la política de terror de masas.

La evolución del régimen ha dificultado la fijación de su naturaleza esencial, un problema exacerbado por los relatos morales divergentes sobre la historia de España en el siglo XX. Así, para la izquierda, cualquier cambio aparente fue simplemente cosmético, mientras que la identidad fundamental del régimen siguió anclada en sus orígenes fascistas y violentos. En contraste, la visión contrapuesta afirma que el régimen de Franco sufrió una evolución sustantiva desde un régimen autoritario «duro» a otro «suave», cuya liberalización gradual generó no solo prosperidad sino también las condiciones (aunque solo de manera involuntaria) para la transición democrática a finales de la década de 1970. Entre estos dos extremos se encuentran varias posturas matizadas, pero no existe un consenso sobre si el régimen encaja en una sola tipología o representa un híbrido, o pasa de una categoría a otra en el transcurso de su larga vida. Más que una disputa académica sobre la terminología, el debate revela los debates actuales para definir la trayectoria de la historia contemporánea de España. ¿El régimen de Franco fue una desviación dramática del desarrollo europeo «normal» que interrumpió el progreso de España durante cuatro décadas, o un mero paréntesis en el que el país se recuperó de la devastación de la guerra e inició un camino de prosperidad y estabilidad que lo situó en un curso de convergencia con sus vecinos europeos occidentales?¹

EL RÉGIMEN DE FRANCO DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Situar al régimen en relación con el resto de Europa ha supuesto un desafío teniendo en cuenta su combinación única de longevidad y cambio a lo largo del tiempo.² Al principio, fue una de las diversas dictaduras fascistas y no fascistas, pero después de 1945 quedó con el régimen de Salazar en Portugal (1930-1974), como una de las dos dictaduras de derechas supervivientes, hasta que Grecia se unió a ellos (1967-1974). Al mismo tiempo, el contraste dramático entre un régimen de Franco violento, represivo y empobrecido y una «Europa» democrática de posguerra próspera y reconstruida sin heridas abiertas no se debería sobrevalorar. Historias recientes de la Europa de «posguerra» han destacado el impacto continuado de la guerra y su legado de violencia mucho más allá de 1945, sin mencionar las privaciones y los desplazamientos y las deportaciones de población que obstaculizaron la recuperación hasta principios de la década de 1950.³ Y la implicación de los europeos en conflictos violentos no finalizó en mayo de 1945, con guerras civiles en Grecia y en los Balcanes, y con los esfuerzos para reconquistar los imperios coloniales en Asia, donde los antiguos combatientes antifascistas acabaron participando en sucias guerras coloniales.⁴

En cuanto a la reconstrucción política, la Europa democrática ocupaba una minoría del continente y aún se estaba consolidando en muchos países. Las historias antiguas de la Europa «de posguerra» con demasiada frecuencia borraban tanto el este como el sur de Europa de una historia de una reconstrucción democrática sin fisuras de «Europa». El contexto de la Guerra Fría ayudó a solidificar la conexión entre democracia y «Occidente».⁵ Pero entre las dictaduras de izquierdas en el este y las dictaduras de derechas en el sur, el gobierno no democrático siguió siendo un elemento importante de la cultura política «europea». Incluso dentro de lo que se acabaría convirtiendo en el núcleo democrático, la democracia era en buena medida un proceso en construcción en países como Alemania y Austria. Se puede afirmar que hasta finales de la década de 1960 la democracia no se puede considerar como consolidada y atrincherada en el noroeste de Europa. Después de ese momento, la identificación entre «Europa» y democracia creó el espacio para imaginar un sur de Europa que necesitaba la democracia, o de una transición hacia lo que solo recientemente se había normalizado en «Europa».⁶ Esta trayectoria más larga de la recuperación y la democratización europeas no minimiza el impacto de la continuación de la dictadura en España, pero sugiere que 1945 no fue la «hora cero» después de la cual el camino de España se alejó dramáticamente de la norma europea durante los treinta años siguientes.

Antes de 1945, el régimen de Franco encajaba cómodamente en una Europa en la que la democracia se había convertido en una especie en peligro de extinción. Es más, gran parte de la lucha ideológica a finales de la década de 1930 tuvo lugar en la derecha, con la división básica entre regímenes autoritarios tradicionales, que querían regresar a una época elitista predemocrática, y regímenes fascistas «de la nueva derecha» que adoptaban los instrumentos y la retórica de la movilización de masas de estilo totalitario.⁷ Desde la Guerra Civil y durante toda la década de 1940, los oponentes al régimen de Franco así como los observadores exteriores creían que era fascista, el único régimen fascista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en la década de 1960, la evolución económica del régimen y su alejamiento de la mayor parte de los elementos visuales y retóricos del fascismo impulsó a los científicos políticos a reevaluar, dando lugar a una categorización nueva, la del autoritarismo, que se convirtió en la interpretación dominante hasta que las generaciones recientes de historiadores revivieron tanto la etiqueta fascista como el debate.⁸

La escuela autoritaria se apoya en el proceso y en las características institucionales para diferenciarlo de los regímenes fascistas.⁹ Los orígenes del régimen en un golpe militar de arriba abajo, el papel secundario de la Falange (el partido fascista) en el camino hacia el poder y su absorción por parte del partido unitario del régimen, el Movimiento, que agrupaba a fascistas, monárquicos alfonsinos y carlistas, apuntan al protagonismo de las élites y los mecanismos de ocupación del poder tradicionales. También plantean con acierto que no existió una estructura de partido paralela que compitiese con las instituciones estatales, como existió en Italia y Alemania, y que los fascistas fueron siempre «socios menores» en una coalición dominada por los conservadores.¹⁰ La Iglesia católica reforzaba la retórica tradicionalista, que proporcionaba el apoyo ideológico a una dictadura que pretendía defender la civilización cristiana. Aunque el poder personal de Franco no tenía límites institucionales, la escuela «autoritaria» afirma que el régimen mantuvo un cierto «pluralismo limitado», tanto respecto a las agrupaciones políticas o «familias» como en cuanto al espacio cultural, en el que competían con frecuencia la Iglesia y el Movimiento. Aunque esta interpretación reconoce los elementos fascistas iniciales, como el saludo, los espectáculos de masas, los uniformes militares y los órganos corporativos, los consideran superficiales y temporales.

En contraste, la escuela fascista rechaza lo que considera una taxonomía rígida a favor de un espectro más amplio de los fascismos que comparten una «función social» similar en un momento particular de crisis social y política. Desde esta perspectiva de influencia marxista, el fascismo se define por sus objetivos destructivos, no por sus características formales. En respuesta a la pretensión de pluralismo ideológico y organizativo, quienes defienden esta postura afirman que el fascismo y el catolicismo trabajaron en tándem como una ideología unificada de la «coalición de la victoria», que creó un Estado monolítico. Y, aunque los fascistas fueron socios menores, señalan con acierto que nunca llegaron solos al poder y siempre formaron parte de coaliciones más amplias. Desde la perspectiva del espectro de los regímenes fascistas, existen muchas similitudes entre España e Italia que parecen debilitar cualquier separación entre ellas, incluida la presencia autónoma de la Iglesia católica, la supervivencia de la monarquía y el dominio de los elementos conservadores por encima de los fascistas en las coaliciones del régimen. La escuela fascista también señala el elevado nivel de violencia y de retórica eliminacionista, que algunos comparan con el genocidio nazi.¹¹ Afirman que la etiqueta «autoritaria», asignada a regímenes con niveles diversos de represión interna, parece que minimiza la centralidad de la violencia. El hecho de que la categoría «autoritaria» surja en un contexto de Guerra Fría para diferenciar las dictaduras comunistas «totalitarias» de las dictaduras de derechas implícitamente más benignas exacerbó esta percepción.

Una parte de la dificultad para resolver este debate es que ninguna de las tipologías capta por completo la naturaleza del régimen, en especial su evolución a lo largo del tiempo. Así, la postura «fascista» pasa por encima de la marginación de los elementos fascistas en las últimas décadas. Al mismo tiempo, la postura «autoritaria» minimiza los orígenes del régimen y el impacto continuado de la violencia y la represión. Los defensores de la primera afirman explícitamente que la violencia fundacional «fijó» la identidad del régimen en sus orígenes, y que los cambios subsiguientes fueron más superficiales que sustantivos.¹² En contraste, el artículo clásico de 1964 sobre el autoritarismo basó su análisis en una instantánea del régimen en aquel momento, con escasas referencias a sus orígenes en la era fascista. Al mismo tiempo, la ecuación entre fascismo y niveles altos de represión interna es dudosa, como revela el contraste con la Italia y Alemania fascistas antes de la guerra.¹³ Así, alrededor de 500.000 personas fueron encarceladas en campos de concentración en España entre 1937 y 1942, en comparación con los 25.00050.000 en la Alemania nazi antes de la guerra, mientras que 30.000-50.000 fueron ejecutados después de la Guerra Civil en España en contraste con las 29 condenas a muerte en la Italia fascista antes de 1939.

En lugar de la camisa de fuerza de las categorías individuales, parecen más prometedores los modelos dinámicos que pueden acomodar a los híbridos, así como los cambios a lo largo del tiempo. Una manera de salir del laberinto es destacar la coalición de fuerzas nacionalistas que proporcionó continuidad y cambio en la naturaleza del régimen.¹⁴ Es decir, la misma coalición de conservadores y fascistas proporcionó continuidad, mientras que el cambio en el equilibrio de dichas fuerzas dentro de la coalición evolucionó hacia la «entropía» en lugar de la «radicalización» que ocurrió en la Alemania nazi. Este tipo de coalición situaba al régimen en la «era fascista» en su nacimiento, como una respuesta «moderna» a las presiones de la sociedad de masas y la movilización popular.¹⁵ Y fue esta misma coalición lo que convirtió al régimen en algo más que una dictadura autoritaria tradicional, incluso en las décadas de 1960-1970, cuando el elemento fascista había quedado de lado. Una perspectiva para encapsular este dinamismo es adoptar un modelo evolutivo, en el que el régimen evoluciona de un régimen «semifascista» a uno autoritario.¹⁶ Otro enfoque consiste en definir toda la dictadura como un híbrido «fascistoide», es decir, que contenía suficientes elementos del fascismo para diferenciarlo de la derecha tradicional, pero no los suficientes para constituir un régimen fascista propiamente dicho. De principio a fin, la ideología y la práctica fascistas siguieron siendo un marco de referencia, compitiendo con el nacionalcatolicismo conservador dominante.¹⁷ Pero otro enfoque híbrido, «autoritarismo gradual», sitúa el régimen entre dos categorías, es decir, «semirreaccionario» y «autoritario corporativo».¹⁸ Teniendo en cuenta la complejidad de un régimen con tantas partes móviles, así como los relatos contrapuestos de la dictadura en la trayectoria de España en el siglo XX, el consenso siempre seguirá siendo muy difícil.

Periodización: las etapas de la dictadura de Franco

Existe un acuerdo amplio en torno a la idea de que el régimen pasó por fases diferentes en cuanto al cambio en la preeminencia de uno u otro grupo en la coalición nacionalista, la política económica del régimen y su posición en la escena internacional.¹⁹ Como este capítulo se centra en la evolución política del régimen, su periodización seguirá los grandes cambios en la coalición gobernante. Desde esta perspectiva, existe un primer período de influencia fascista de 1937 a 1945, una segunda fase «nacionalcatólica», 1945-1957, y una tercera etapa «tecnocrática», 1957-1969, en la que el desarrollo capitalista se convirtió en el objetivo dominante. Una fase final, de 1969 a 1975, presenció la disolución de la coalición nacionalista y la crisis del régimen.

Aunque el poder cambió entre lo que llamamos las «familias» del régimen, los protagonistas siguieron siendo los mismos bajo la autoridad incuestionable del Caudillo o líder supremo. Las familias incluían a los militares, la Iglesia, la Falange, los carlistas, los monárquicos alfonsinos y los católicos de la CEDA, todos los cuales siguieron siendo grupos de interés semiautónomos dentro del «partido único» de la estructura del Movimiento, pero ninguno de ellos con la fuerza suficiente para desafiar la autoridad de Franco. No fue hasta finales de la década de 1960 cuando Franco aceptó un proceso adicional de institucionalización que, según esperaba, pudiera sobrevivir a su muerte. En este sentido, hubo una continuidad general en la organización política del acertadamente llamado «régimen de Franco» que oculta los cambios más sutiles a lo largo del tiempo en la coalición que lo apoyaba. Fueran cuales fuesen los límites de facto del pluralismo entre las familias enfrentadas, el poder arbitrario del Caudillo no titubeó nunca.

El secreto de la extraordinaria autoridad personal de Franco durante una dictadura tan larga ha sido objeto de grandes debates, pero la mayoría está de acuerdo en que la historia empezó con su formación inicial como soldado, su ferviente catolicismo y un ardiente nacionalismo español.²⁰ Nacido en 1892, Franco pasó sus años de formación militar en la conquista y «pacificación» del Marruecos español, fue uno de los soldados africanistas que más tarde traerían la mentalidad colonial a la guerra contra sus compatriotas españoles. Después de diez años luchando en Marruecos, Franco se convirtió, a sus treinta y tres años en 1926, en el general más joven de Europa y en director de la nueva academia militar de Zaragoza. Durante la República votó a la CEDA y colaboró con el Gobierno en la dirección del aplastamiento de la rebelión asturiana en octubre de 1934, tras lo cual fue nombrado jefe de la Junta de Estado Mayor en mayo de 1935. Franco no inició la conspiración militar y no se unió definitivamente a ella hasta después del asesinato del político monárquico Calvo Sotelo el 13 de julio. Desde esta posición cautelosa en los márgenes, con la ayuda de consejeros astutos y, sobre todo, su mando de las mejores unidades militares del Ejército de África, Franco desarrolló su propia estrategia para reclamar la autoridad suprema en el bando nacional, que mantuvo hasta su muerte.

¿Cómo fue capaz de conseguir semejante longevidad política? Para algunos, su ambición personal era la única fuerza que lo impulsaba, convirtiéndolo en un conspirador oportunista cuya habilidad principal era la capacidad para equilibrar todas las fuerzas en su coalición enfrentándolas entre ellas, y moverse al pairo de la seguridad internacional sin importar a dónde lo llevase. Otros afirman que tenía convicciones muy fuertes, enraizadas en la religión y en el nacionalismo del conservadurismo español, y que se sentía inspirado por lo que creía que era una misión divina de salvar a España del caos y la disolución. En este escenario, sus cambios de alianzas, de admirar a Mussolini y a Hitler a su alianza con Estados Unidos en la década de 1950, reflejan los esfuerzos pragmáticos para proteger a España en un contexto internacional cambiante. Aunque paradójico en apariencia, parece que Franco se mantuvo fiel a sus creencias principales a lo largo de su vida mientras aceptaba con pragmatismo los cambios, aunque no sin algunas reticencias, con el objetivo de asegurar su supervivencia política personal. Una de esas creencias centrales era la virtud absoluta de la «coalición de la victoria» en la Guerra Civil, que alimentó una política de exclusión contra los derrotados, y que nunca dio paso a un discurso de reconciliación, ni siquiera después de poner fin a los asesinatos en masa. Resulta significativo que la celebración continuada de la «victoria», reforzada por el mito cuidadosamente alimentado de la grandeza del Caudillo, sirvió para mantener intacta la coalición, mientras el apaciguamiento por parte de Franco de los diferentes grupos los mantuvo leales, aunque no siempre satisfechos.²¹

La prueba del papel indispensable de Franco en la dictadura es que esta no pudo sobrevivir a su muerte, por mucho que él pensase que todo estaba «atado y bien atado», según la famosa frase de un discurso de 1969. Al mismo tiempo, el régimen no fue nunca simplemente una dictadura personal dirigida como un negocio familiar; en su lugar, dependía de la capacidad de Franco de mantener y equilibrar la lealtad de los diferentes grupos de interés. Esta combinación de una coalición amplia y la autoridad unificadora de Franco creó un equilibrio paradójico entre fuerza y fragilidad que al final se quebró en la última fase, cuando la coalición se desintegró.²²

FASE I, 1936-1945: MILITARIZACIÓN, INFLUENCIA FASCISTA Y REPRESIÓN EXTREMA

La primera fase del régimen nacional empezó en medio de la Guerra Civil y terminó con la derrota del Eje en 1945. En contraste con los desacuerdos sobre las fases posteriores, existe un amplio consenso sobre la violencia extrema, el control militarizado y la influencia fascista que definieron este acto inicial. Su primera característica fue la militarización del poder político, que se inició con la creación de la Junta de Defensa Nacional el 24 de julio de 1936 y su asunción de todos los poderes del Estado, y siguió con la formalidad de la ley marcial hasta 1948. Al mismo tiempo que seguía constante la autoridad militar última, el liderazgo único se consolidó el 1 de octubre de 1936 cuando Franco fue declarado jefe del Estado e investido personalmente con todos los poderes de dicho Estado. Aunque Franco hubiera preferido una dictadura militar personal, la necesidad de construir una coalición para una guerra larga condujo a la creación del Movimiento en abril de 1937, una organización única que integró a la fuerza a todos los grupos políticos bajo su autoridad, y tenía como objetivo servir como enlace entre el nuevo Estado y la sociedad, siguiendo el modelo establecido en la Italia fascista y en Alemania.

La segunda característica de la influencia fascista llegó a su punto álgido entre 1937 y 1942, reforzada por la preeminencia del fascismo europeo. El liderazgo en este período estuvo a cargo del principal ministro falangista y cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, que también se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores en 1940. La influencia del fascismo también fue un producto interno de la expansión desde abajo de la Falange después de julio de 1936, que siguió siendo el elemento dominante dentro del Movimiento, y más tarde se vio reforzada por el avance del fascismo europeo, en especial después de que los nazis invadieran Polonia en otoño de 1939. La influencia fascista se empezó a difuminar a partir de 1943, con el cambio en la marea internacional a partir de las derrotas alemanas en la URSS y la expulsión de Mussolini en julio.

El último rasgo de este período fue una de las campañas más brutales de represión interna violenta que haya desencadenado un Estado europeo contra su propia población. Aunque probablemente el régimen nunca tuvo el objetivo de erradicar literalmente a todos los defensores de la «anti-España» derrotada, los cientos de miles de individuos que fueron encarcelados o ejecutados entre 1937 y 1945 demuestran la ambición del violento proyecto de «limpieza». ¿Cómo podemos explicar esta ferocidad? Teniendo en cuenta la superposición cronológica entre influencia fascista y represión masiva, resulta comprensible el impulso de establecer una relación causal entre estos procesos. No obstante, a la vista de la gran disparidad en la violencia interna perpetrada por los regímenes fascistas, parece más plausible relacionar la violencia extrema en el caso español con sus orígenes en una guerra civil, que generó su propia dinámica de destrucción radicalizada. La continuación de la intensidad de la represión, incluso tras la victoria total en 1939, se puede seguir explicando por un contexto internacional en el que no existía una presión efectiva sobre el régimen de Franco para que se reconciliase con los derrotados.

Aunque estas características son difíciles de encajar en una sencilla tipología «fascista», existían muchos elementos «semifascistas» o «fascistoides». En particular, el Movimiento imitó muchos de los papeles performativos desempeñados por los movimientos fascistas en Alemania e Italia. Incorporó gran parte del programa fascista de la Falange, su uniforme azul, su emblema del yugo y las flechas y el saludo fascista, mientras que los fascistas dominaron la estructura de liderazgo. El propio Franco realizó casi la mitad de sus actos públicos con el uniforme falangista y siguió usando el saludo.²³ El Movimiento también ocupó un espacio importante en la propaganda y en la difusión de la información, a través de la red más amplia de periódicos y emisoras de radio establecidas dentro de los límites de la estricta ley de censura de prensa de 1938.²⁴ Y, aunque la movilización de la población hacia las organizaciones controladas por el régimen nunca alcanzó el nivel de la Alemania nazi después de su «coordinación», o campaña de Gleichschaltung, alrededor de 2 millones de personas pertenecían (al menos nominalmente) al Movimiento (932.000 en 1942) o a alguna de sus instituciones filiales, como la Sección Femenina (SF) (cerca de 300.000), el Frente de Juventudes (FJ) (565.000 chicos y 279.000 chicas en 1941) y el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) (53.000). Estas organizaciones, que tenían presencia en casi todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos de España, también escenificaban espectáculos de masas que evocaban la narración pública del apoyo de masas coreografiado que caracterizó los mítines fascistas en Italia y Alemania. Más allá de la orquestación por parte del Movimiento de los medios de comunicación y los espectáculos, sus miembros llenaron las filas de la Administración pública en todos los niveles, desde alcaldes a gobernadores civiles y la Administración central.

Quizá la pieza clave de la fascistización fue el Fuero del Trabajo (6 de marzo de 1938), un marco para las relaciones laborales corporativas e «integradas verticalmente» que se modeló según la versión italiana. Bajo sus auspicios, se estableció la Organización Sindical Española (OSE), más conocida por el nombre de Sindicato Vertical, con afiliación obligatoria para todos los «productores», es decir, propietarios, gestores y trabajadores, en 28 Sindicatos Nacionales de varios sectores de la economía. Resulta significativo que, contra la oposición de la Iglesia, los sindicatos católicos quedaron integrados en la estructura unificada de la OSE, de la misma manera que su asociación universitaria fue incorporada en el SEU. La estructura organizativa se enmarcaba en el lenguaje totalitario que Mussolini había inventado y extendido, promoviendo la movilización de las masas a través de los canales monopolísticos al servicio del Estado. La OSE también incorporaba el mandato de dispensar «justicia social» a la población, con varias ramas dedicadas a la asistencia material, la protección de madres e hijos y la vivienda asequible, que era coherente con la retórica fascista de construir una comunidad nacional.²⁵ También encajaba con la construcción comunitaria fascista el lenguaje complementario de la exclusión, que demonizaba no solo a los «rojos», sino también a los masones, a los judíos y a los protestantes.²⁶

Lo que destacó aún más la apariencia fascistoide del régimen fue su afinidad pública con los Estados italiano y alemán cuando parecía que Europa estaba al borde de un nuevo orden fascista.²⁷ Aunque España no se unió nunca a la causa del Eje, mantuvo una posición de «no beligerante» a su favor durante gran parte de la guerra, lo que incluía la apertura de los puertos españoles a los submarinos alemanes y la colaboración en inteligencia militar. Después de la guerra, la máquina propagandística de Franco afirmó que el Caudillo había salvado a España de una mayor destrucción al mantener al país sabiamente al margen de la guerra. Aunque los historiadores siguen discutiendo sobre las intenciones de Franco, en junio de 1940 le ofreció los servicios de España a las potencias del Eje a cambio de la propiedad sobre una parte del Imperio francés en el norte de África y la promesa de una gran ayuda militar y económica. Sus seguidores afirman que planteó deliberadamente exigencias imposibles, sabiendo que Hitler las rechazaría, lo que este último hizo en un famoso encuentro entre los dos líderes en octubre en la frontera francesa.

No obstante, no hay duda de que las simpatías de Franco estaban con el Eje, en especial cuando Alemania invadió la URSS comunista. En apoyo de esta cruzada anticomunista, el régimen de Franco envió la División Azul con unos 47.000 voluntarios para luchar en el frente ruso junto con el Ejército alemán. Mucho menos conocido es que Franco compartía el antisemitismo de los nazis y consideraba que la coalición aliada era una potencia del mal controlada por los judíos, aunque no era una fuerza impulsora de sus políticas como lo fue para Hitler.²⁸ En cualquier caso, incluso sin un acuerdo con Hitler, Franco seguía esperando que una victoria del Eje respaldaría sus ambiciones imperiales sobre Gibraltar y el norte de África. Solo con el declive de la fortuna internacional del Eje empezó Franco a moverse hacia una neutralidad estricta (a partir de octubre de 1943), aunque no lo suficiente para escapar al estatus de paria entre los vencedores democráticos después de la guerra.

Pero la influencia fascista directa en su Gobierno ya había empezado a declinar, incluso antes del cambio de suerte para el Eje. Las ambiciones totalitarias de Serrano Suñer para el Movimiento nunca habían sido populares entre las otras familias, y las crisis ministeriales de mayo de 1941 y septiembre de 1942, que culminaron con su expulsión, marcaron un cambio. Su sustitución por el nuevo consejero de confianza de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, militar antifalangista, inició el modus operandi del dictador de jugar para mantener un equilibrio de fuerzas. Las organizaciones del Movimiento siguieron actuando, pero una ley de 1941 confirmó el derecho de la Iglesia a establecer sus propias organizaciones religiosas, como Acción Católica (442.000 miembros en 1946), que competirá con el Movimiento en la movilización y en los espectáculos públicos, desde concentraciones de masas al aire libre hasta misiones populares. Quizá lo más importante a largo plazo fue que la Iglesia obtuvo vía libre para dirigir y ampliar su red de escuelas privadas, mientras que la religión católica se establecía como asignatura obligatoria en el currículo de las escuelas estatales. Para diluir aún más la influencia falangista, en julio de 1942 Franco volvió a constituir las Cortes como un cuerpo «orgánico» de representación cuyos delegados serían elegidos entre los militares, la Iglesia, el Movimiento, los sindicatos y las administraciones locales y provinciales.

A nivel local y provincial, las pretensiones totalitarias de los líderes del Movimiento se vieron limitadas no solo por la Iglesia sino también por las élites tradicionales y sus redes caciquiles, que solo habían sido parcialmente eliminadas por los esfuerzos de reforma republicanos.²⁹ Así, una cosa era desempeñar cargos ministeriales en el Gobierno y otras penetrar y transformar la cultura política local de patronazgo. Desde el principio, la lucha de poder por los puestos y recursos administrativos a nivel local dificultaron la ilusión de un «partido único» y la integración totalitaria bajo nuevos líderes fascistas. En lugar de una centralización extrema, el resultado fue con frecuencia el ejercicio de un poder arbitrario y la corrupción, con favores distribuidos entre los amigos y negados a los enemigos. Resulta irónico que todas las partes se acusaban entre ellas de intentar revivir las prácticas corruptas del caciquismo en lo que se suponía que era un «nuevo Estado», pero el resultado fue con frecuencia una continuidad significativa del personal y de la cultural informal de patronazgo, solo que ahora se enmarcaba dentro de las filas heterogéneas del Movimiento, en lugar de entre partidos rivales como en el pasado.

Fueran cuales fuesen los límites de la influencia fascista antes de 1945, fue tras la victoria aliada y los esfuerzos de los funcionarios republicanos exiliados y del heredero monárquico, Juan de Borbón, por conseguir apoyos para expulsar a Franco, que el régimen realizó un cambio significativo alejándose de la parafernalia fascista y acercándose a lo que se convertiría en la ideología nacionalcatólica dominante. Después de 1945, los gabinetes ministeriales estuvieron dominados por monárquicos, militares y miembros de Acción Católica. En lugar de por un «nuevo Estado» fascista, los nacionalcatólicos abogaban por la restauración de un reino preliberal. Ilustración del auge de la influencia católica, así como del deseo de proyectar una imagen internacional más favorable para un régimen impregnado de tradición religiosa, Franco aprobó la restauración del reino en junio de 1947. Pero, al mismo tiempo, retuvo su autoridad última y el poder de decidir cuándo elegir a un sucesor.

El distanciamiento del régimen de las potencias del Eje coincidió con el declive de las ejecuciones y los encarcelamientos en masa, aunque existen pruebas de que todo esto empezó incluso antes. Algunos estudios sobre la justicia militar de posguerra han sugerido que la mayor parte de las penas de muerte se firmaron hasta finales de 1940, con un cambio creciente hacia las penas de cárcel.³⁰ Es más, como respuesta pragmática a un sistema judicial abrumado, en enero de 1940 una nueva orden sobre las sentencias animó a reconsiderar y reducir las sentencias anteriores, así como a agilizar el procedimiento de decenas de miles de causas pendientes. En 1945, todos los delitos de la Guerra Civil, a excepción de los «crímenes de sangre», fueron perdonados. Como consecuencia, mientras que unos 280.000 republicanos ocuparon los 190 campos de concentración en el momento culminante de su ocupación en 1940, después de 1942 habían cerrado todos los campos menos uno.³¹ En 1952, solo 829 prisioneros seguían cumpliendo sentencias por crímenes durante la Guerra Civil (aunque miles seguían encarcelados por nuevas ofensas políticas). Al mismo tiempo, el número de sentencias de muerte cayó en picado: mientras que una media de 10 personas fueron fusiladas cada día entre 1939 y 1945, de 1960 a 1975, la media de ejecuciones fue de una al año.³² Los estudiosos siguen debatiendo si la caída de las ejecuciones en masa seguida de las de los encarcelamientos fue principalmente un esfuerzo cínico para ganarse el favor de los Aliados o un intento pragmático de reducir una población carcelaria inmensa, pero todos están de acuerdo en que la actitud del régimen hacia los derrotados no había cambiado y no hubo ningún paso hacia la reconciliación.

En cualquier caso, la caída de las muertes en masa y de los encarcelamientos en la época posterior al final de la Guerra Civil no minimiza la represión extrema del régimen de Franco contra su propia población. Desde el principio, cuando el Ejército nacional se declaró el Gobierno legítimo de España, cualquier forma de lealtad hacia el Estado republicano después del 18 de julio de 1936, incluso en territorio republicano, se definió como rebelión militar. Bajo esta definición de la «justicia al revés» (un término acuñado más tarde por Serrano Suñer), muchas personas fueron asesinadas y encarceladas simplemente por cumplir con su trabajo, y muchas más fueron teóricamente excluidas de volver a integrarse para siempre en la sociedad normal, como los numerosos empleados públicos que perdieron su medio de vida a través de las purgas políticas. Otros 200.000 salieron a un exilio forzado permanente, una cifra comparable al éxodo ruso después de 1917.³³ Además, incluso al disminuir las persecuciones por la Guerra Civil, el régimen continuó con una vigilancia y persecución draconianas de los sospechosos de ser enemigos del régimen, que diezmó lo que quedaba de la oposición organizada, incluida la guerra de guerrillas esporádica, que prosiguió hasta 1948.³⁴ Finalmente, el sistema de trabajos forzados establecido en 1937 siguió hasta bien entrado el período de posguerra, con decenas de miles de prisioneros trabajando para los militares o para empresas privadas, construyendo carreteras, vías de ferrocarriles, instalaciones portuarias y el monumento de guerra franquista más famoso, el Valle de los Caídos.³⁵ En apoyo del aparato de represión militar, la Iglesia bendijo una victoria sin misericordia al considerarla un proceso necesario de purificación y redención a través del sufrimiento, en lugar de una venganza innoble.

Más allá del castigo físico, el concepto de «represión» agrupa otras muchas maneras de excluir, castigar y marginar a la población derrotada.³⁶ Es de conocimiento general que los años de posguerra trajeron una pobreza extrema, hambre y, con frecuencia, unas condiciones de trabajo brutales para los españoles de a pie, con una estimación de 200.000 muertos de hambre y de enfermedades relacionadas. Pero los estudiosos también han planteado argumentos contundentes de que los peores efectos de esta crisis de subsistencia se dirigieron deliberadamente contra las clases trabajadoras, colectivamente identificados como «rojos».³⁷ Así, la política económica de autarquía, en la que están de acuerdo los economistas que tuvo un impacto desastroso sobre la reconstrucción, permitió al Gobierno manipular la distribución de los recursos en un entorno cerrado que se descargó con mayor fuerza sobre los más pobres. Al mismo tiempo, la nueva estructura de «unión vertical» impuso una disciplina social completa sobre los obreros, que no tenían recursos contra el poder de los empresarios para fijar sueldos y condiciones de trabajo. Con una ley de 1943 que asimilaba las huelgas con la rebelión militar, y una ley de 1944 que codificaba el principio de obediencia obrera, solo los individuos podían presentar quejas. De manera similar, en las zonas rurales, no solo fueron revocadas las reformas agrarias de la República, sino que el poder de los terratenientes vengativos sobre sus jornaleros sin tierras prácticamente no tuvo límites.

La represión tuvo también una vertiente cultural, ejemplificada por el «silenciamiento» de los derrotados y el monopolio de la memoria pública y la historia por parte de los vencedores.³⁸ Con una esfera pública férreamente censurada y poblada mayoritariamente por demostraciones de masas de fervor religioso y nacionalista que celebraba la victoria de España sobre la anti-España, la República y los republicanos fueron retóricamente expulsados de la historia nacional. Más allá del silenciamiento de supuestos enemigos políticos, el régimen realizó todos los esfuerzos para suprimir cualquier manifestación cultural de las identidades nacionales alternativas, como la catalana y la vasca, cuya existencia negaba la coalición de la victoria. Así, quedó prohibido el uso del catalán en la vida pública, y también se impusieron restricciones muy amplias a la publicación en dicha lengua, junto con una campaña que animaba a la población a hablar «la lengua del imperio». Dentro de este concepto amplio de la represión, el final de la era fascista en 1945 no constituyó un punto de inflexión significativo para los derrotados, que siguieron estando marcadamente excluidos: económica, política, lingüística, social y culturalmente.

FASE II, 1945-1957: NACIONALCATOLICISMO, RESTAURACIÓN MONÁRQUICA E INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

Aunque la extensa época fascista en Europa terminó en 1945, el régimen de Franco no logró consolidar su estructura interna y su posición externa hasta, al menos, el final de esa década. El contexto de ostracismo internacional, privación extrema, actividad guerrillera renovada y presión diplomática por parte de los republicanos exiliados y el heredero Borbón convirtió la última mitad de la década de 1940 en el período más vulnerable de todo el régimen. Y, aun así, a finales de la década, el régimen había iniciado un proceso de rehabilitación internacional, aplastó cualquier esperanza que pudiera quedar de articular una oposición y se estabilizó políticamente alrededor de la visión nacionalcatólica hegemónica, todo ello bajo los auspicios de la autoridad aún ilimitada de Franco. La capacidad de la dictadura para sobrevivir a través de un proceso de adaptación que no amenazó nunca la autoridad de Franco se mostró en toda su crudeza en este momento crítico. Al mismo tiempo, la adaptación no transformó completamente el régimen, que retuvo un equilibrio inestable entre todas las familias e ideologías del régimen. Así, 1945 no fue desde luego una «hora cero» después de la cual la dictadura dejase atrás toda influencia fascista.

Incluso desde la perspectiva internacional, 1945 no fue una «hora cero». Así, inmediatamente después de la guerra, el potencial para reintegrar a España dentro de Europa occidental parecía escaso. A España se le negó la entrada en las Naciones Unidas (ONU) en junio de 1945, una decisión apoyada por Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS en la Conferencia de Potsdam de agosto. En marzo de 1946, Francia y Estados Unidos publicaron una condena del régimen que incluía la esperanza de que los españoles pudiesen llegar a un final pacífico de la dictadura y a un regreso a la democracia, y en diciembre la ONU aprobó una resolución para explorar las vías para conseguir un cambio de régimen en España. Concretamente, la mayoría de los países se negaron a establecer relaciones diplomáticas, aparte de unas pocas excepciones, entre ellas el Vaticano y Argentina, cuyas exportaciones de trigo fueron esenciales para la supervivencia económica del régimen.

A pesar de declaraciones tan rotundas, en la práctica ninguno de los Estados democráticos tenía la voluntad de intervenir directamente para forzar la retirada de Franco. En parte temían una reactivación de la Guerra Civil, pero también tenían dudas sobre la alternativa. Es decir, en la polarización emergente de la Guerra Fría, donde el anticomunismo estaba sustituyendo rápidamente al antifascismo como la ideología unificadora de «Occidente», la heterogénea oposición republicana no se veía como un socio fiable para establecer una democracia liberal aceptable. Por el contrario, el anticomunismo entusiasta de Franco, reforzado precisamente para dar esa impresión, empezó a parecer el mejor de dos males. Finalmente, existían imperativos económicos para restaurar al menos algunas relaciones, en especial la demanda europea de piritas y zinc de España. Como consecuencia, incluso antes del cambio político, los acuerdos comerciales bilaterales con Gran Bretaña y Francia iniciaron un proceso silencioso de reintegración económica en Europa occidental.³⁹

El cambio político se inició en Estados Unidos en 1947, cuando los militares plantearon el deseo de incorporar a España al aparato de seguridad de Europa occidental, teniendo en cuenta su ubicación estratégica. El punto de inflexión formal fue la resolución de la ONU de noviembre de 1950 revocando la condena de 1946, aunque su entrada como miembro se retrasó hasta 1955. No obstante, después de la resolución de 1950, la mayoría de los países restablecieron las relaciones diplomáticas. El símbolo más importante de la integración de España en la alianza anticomunista fue el acuerdo de septiembre de 1953 con Estados Unidos, que ofreció ayuda a cambio de bases militares norteamericanas en territorio español.⁴⁰ La reintegración siguió siendo parcial, como lo demuestra la posición subordinada de España en el acuerdo con Estados Unidos, su exclusión del Plan Marshall (1947) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949), y más tarde de la Comunidad Económica Europea (CEE, 1957). Aun así, fue suficiente para desvanecer cualquier esperanza que pudiera seguir teniendo la oposición de que los Aliados apoyarían un cambio de régimen, y dieron a este el espacio necesario para consolidar su nueva orientación política.

La nueva orientación política del régimen fue definida oficialmente por las Cortes (mayo de 1946) como una «democracia orgánica y católica». Sus credenciales «democráticas» fueron codificadas en el Fuero de los Españoles en julio de 1945, que era, sobre el papel, una declaración de derechos impresionante. En lugar de una democracia liberal «inorgánica», con sus partidos políticos divisores y sus ciudadanos atomizados, la democracia «orgánica» se basaría en los «tres pilares» de la vida comunitaria: la familia, el municipio y el sindicato. Las elecciones tanto municipales como a Cortes se basaban en el sufragio corporativo que representaba a estas unidades sociales «naturales». Las primeras elecciones municipales se celebraron en 1948 después de derogarse la ley marcial, aunque no tenían por objetivo ampliar las libertades políticas. Los candidatos eran analizados minuciosamente por los gobernadores civiles y, hasta 1954, todas las votaciones se canalizaron a través de organismos controlados por el régimen como los sindicatos o las cámaras de comercio. En 1954, los cabezas de familia recibieron el permiso para votar por un tercio de los asientos en los ayuntamientos en representación de las «familias» (hasta 1968 no se permitió para las Cortes), pero los candidatos aún tenían que pasar por el escrutinio de su lealtad y no existía el principio de «oposición», ya fuera leal o de otro tipo. A pesar de los adornos del procedimiento electoral, esta política no se puede considerar como parte de un plan para una democratización gradual, teniendo en cuenta la autoridad dictatorial inconmovible.

Aun así, la declaración de una «democracia orgánica y católica» permitió a la jerarquía eclesiástica justificar la colaboración oficial con un régimen que había adoptado la «libertad cristiana» contra el «estatismo totalitario».⁴¹ Así, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores en la remodelación del gabinete en 1945 fue el antiguo presidente de Acción Católica (AC), que inició con éxito una campaña para negociar un nuevo concordato con el Vaticano, concluido en 1953. AC siguió aumentando su penetración autónoma en la sociedad española con el establecimiento en 1947 de numerosas organizaciones nuevas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Católica (JOC) y la Juventud Estudiante Católica (JEC), todas las cuales siguieron debilitando las ambiciones totalitarias del Movimiento.

Al mismo tiempo, Franco introdujo algunas medidas para satisfacer a sus seguidores monárquicos y evitar que desertasen al plan de don Juan para una restauración inmediata de la dinastía legítima. Así, la Ley de Sucesión de marzo de 1947 definía a España como un reino y restauraba el consultivo Consejo del Reino, de origen medieval, pero sin aceptar el principio de legitimidad o un calendario para la restauración. Aún más importante era que Franco siguió siendo el «jefe del Estado», no regente, con el derecho único de elegir al sucesor. La nueva ley se sometió a votación pública en un referéndum (julio de 1947), que sin ninguna sorpresa obtuvo una victoria apabullante. La estrategia desinfló con éxito la posición de don Juan, que decidió no enfrentarse directamente al régimen, sino presionar para garantizar las futuras posibilidades de su hijo. Con este fin, en 1948 aceptó la exigencia de Franco de que su hijo de diez años, Juan Carlos, regresase a España para educarse bajo la supervisión del Caudillo, una educación que culminó en la academia militar de Zaragoza, que en su momento había dirigido Franco.

Aunque monárquicos y católicos se alternaron en la posición dominante en la coalición de la victoria, el Movimiento de dominio fascista siguió formando parte de los equilibrios de Franco, y resistió las peticiones de otras familias para que lo disolviera. Aunque su presupuesto fue recortado en un 75 % en 1946, los falangistas seguían controlando los ministerios de Trabajo, Justicia y Agricultura en 1951, y el Movimiento obtuvo permiso para organizar un congreso multitudinario en octubre de 1953. Asistieron unos 250.000 miembros, el propio Caudillo se dirigió a los presentes, vestido con el uniforme falangista que no había lucido regularmente desde 1945. En otro cambio de gabinete en 1956, se incorporaron dos ministros falangistas más para ayudar a ahogar las primeras señales de descontento entre los estudiantes universitarios en Madrid. El nuevo secretario general del Movimiento, José Luis Arrese, en 1956, incluso lanzó un plan ambicioso que proponía una autoridad autónoma para su organización que vetase los decretos ministeriales y decidiera sobre temas constitucionales. Pero tras varios meses de agitación interna, Franco rechazó lo que las otras familias etiquetaron de proyecto «totalitario».

En otra crisis ministerial en febrero de 1957, el Movimiento fue relegado a la posición más subordinada en la coalición gobernante, donde se mantuvo durante el resto de la dictadura. Esta crisis representó la última iniciativa sustancial del sector fascista para recuperar el liderazgo de la coalición, aunque el Movimiento conservó su presencia a través de sus proyectos de movilización popular, justicia social y propaganda. El arquitecto de la derrota política del Movimiento fue Carrero Blanco, cuya visión definirá la siguiente fase del régimen.

Por supuesto, en 1957 no era evidente que el régimen se encontrase en puertas de una nueva era. El Movimiento seguía siendo una presencia visible en la política y la sociedad españolas y, a pesar de algunas perturbaciones internas, la «coalición de la victoria» de 1939 seguía totalmente intacta, así como la autoridad ilimitada de Franco. Y, aunque la Iglesia y sus organizaciones compartían la esfera pública controlada por el Estado con el Movimiento, su objetivo no era aumentar el pluralismo, sino adoctrinar a los españoles para un apoyo activo a la dictadura, ya fuera a través del fascismo o del nacionalcatolicismo. Quizá el cambio era más importante en las relaciones internacionales. Ya fuera por pragmatismo u oportunismo, Franco había negociado con habilidad el cambio internacional del antifascismo al anticomunismo, desplegando la tradición religiosa y monárquica, además de la «democracia orgánica», como pruebas de su adecuación con «Occidente». Sin tener nunca estructuras totalmente fascistas, pero manteniendo elementos fascistas importantes en el Gobierno hasta 1957, el régimen siguió siendo un híbrido inestable, unido por el pacto de sangre de la Guerra Civil y la marginación implacable de la anti-España.

FASE III, 1957-1969: DESARROLLO AUTORITARIO E INSTITUCIONALIZACIÓN

Como en la transición entre la primera y la segunda fase de la dictadura, el inicio de la tercera fase después de 1957 solo queda claro en retrospectiva, porque resultaba evidente que Franco no tenía ningún gran plan de reforma. Es más, muchos de los grandes cambios de este período se pueden considerar consecuencias imprevistas de decisiones pragmáticas tomadas para enfrentarse a problemas inmediatos. Los que plantean una transición hacia un autoritarismo «más suave» suelen subrayar una visión intencionada y más amplia de las medidas de liberalización económica adoptadas a finales de la década de 1957. Los que defienden una mayor continuidad señalan que la coalición de la victoria siguió intacta, al igual que la pretensión de defender la ideología nacional católica mientras se aplastaba cualquier oposición. En cuanto a la coalición, el Movimiento debilitado no desapareció de escena y siguió resistiéndose al curso fijado por el nuevo grupo de líderes tecnocráticos que tomaron el control del gabinete.⁴² En otras palabras, el régimen seguía conteniendo una mezcla híbrida de visiones enfrentadas que se resisten a una narración clara de una transición de un tipo de régimen a otro. En cualquier caso, lo que empezó como cambios en la política económica para solventar el fracaso de la autarquía desencadenó una cadena de consecuencias, la mayoría de las cuales fueron imprevistas e indeseadas. El resultado deseado era el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida, mientras que las consecuencias indeseadas eran el lado negativo de los efectos del crecimiento, la revitalización de la oposición y el pluralismo creciente de la cultura y la sociedad, ayudada por el influjo de millones de turistas extranjeros. A pesar de estos cambios, la estructura política del régimen siguió siendo esencialmente estática, solo aparentemente más institucionalizada o «atada» con el plan de sucesión formal de 1969. No hay pruebas de que Franco —o Carrero Blanco— previeran una apertura política en paralelo para igualar la liberalización económica que, en cualquier caso, aceptaron solo con reticencias.

Sin desviarse del objetivo general de preservar la dictadura y mantener la autoridad de Franco, el cambio estratégico después de 1957 tomó forma como una versión de lo que los politólogos llaman «desarrollo autoritario». Es decir, la dictadura iba a promover el crecimiento y la estabilidad económica con la esperanza de que un mejor nivel de vida generaría al menos un apoyo pasivo y debilitaría el potencial movilizador de cualquier oposición emergente. Cambiando el foco del adoctrinamiento, la penitencia y la exclusión activa, la nueva estrategia dominante iba a adoptar el poder del capitalismo para crear bienes de consumo, empleos y prosperidad y, según esperaban, consenso. En el modelo de desarrollo autoritario, el Estado consideraba que la prosperidad compensaría la falta de libertades políticas entre una población cuyas energías estaban demasiado ocupadas en ganar y gastar dinero para convertirse en disidentes. Para los pocos que siguieran eligiendo la rebeldía, el Estado autoritario seguiría conservando un aparato represivo formidable.

Según todas las pruebas, el régimen de Franco fue una de las versiones de mayor éxito del desarrollo autoritario en este período, con unos resultados económicos mejores que los obtenidos por proyectos similares en Oriente Próximo y América Latina, y superado solo por Japón.⁴³ Además, la nueva estrategia tuvo éxito, al menos a corto plazo, al reforzar lo que algunos estudiosos llaman el «franquismo sociológico», el apoyo apolítico al régimen entre sectores de la población que sentían que habían resultado beneficiados, primero por el mito de la «paz de Franco» en la década de 1940 y ahora por las oportunidades económicas evidentes. Al mismo tiempo, las consecuencias imprevistas de la nueva estrategia tecnocrática probablemente también debilitaron al régimen a largo plazo. Es más, los estudiosos siguen debatiendo si el modelo de desarrollo autoritario se puede sostener indefinidamente o está destinado a erosionarse como consecuencia de las tensiones entre el pluralismo económico y cultural y la falta de canales para la expresión política.

La orientación del nuevo Gobierno se vio reforzada por más cambios en el gabinete en 1962 y 1965 que confirmaron el dominio de los llamados tecnócratas. Los tecnócratas pertenecían a una organización católica de élite llamada Opus Dei, cuyo objetivo era formar a líderes católicos seculares, sin representar a organizaciones católicas ni a la jerarquía eclesiástica como la facción nacionalcatólica. Eran monárquicos, pero no estaban implicados en las disputas sobre el heredero legítimo. En su lugar, eran profesionales cuya ideología principal era la liberalización económica; es decir, abogaban por la reducción (no la desaparición) del control del Gobierno sobre la economía y la autorización del libre comercio, las inversiones extranjeras y la producción basada en el mercado. Bajo la dirección de Carrero Blanco, los tecnócratas también pretendían completar la institucionalización del régimen y aumentar la eficiencia y la eficacia de la burocracia administrativa.

En política exterior, el régimen puso un énfasis creciente en el pragmatismo económico, iniciado con una petición para integrarse en la CEE en 1962, pero incluyendo acuerdos comerciales con países comunistas en Europa oriental a finales de la década de 1960, seguido por el establecimiento de relaciones diplomáticas, que habrían sido impensables en la década de 1940. También impensable en la década de 1940 fue el proceso gradual de descolonización en Marruecos, que simbolizó el final de los sueños de Franco de expansión imperial. España se había visto obligada a reconocer la independencia marroquí en su zona del Protectorado en 1956 cuando Francia hizo lo mismo y retiró la mayor parte de sus tropas en 1961. Aun así, España retuvo sus pretensiones sobre el Sáhara y otros enclaves, incluso cambiando su estatus por el de provincias españolas en 1958. No obstante, España acabó siguiendo la tendencia de Europa occidental de abandonar progresivamente su presencia en estos territorios (en lugar de optar por la intransigente actitud portuguesa), estableciendo un autogobierno rudimentario en 1967 y prometiendo un referéndum de autodeterminación en 1973. En 1975, cuando Franco se encontraba en su lecho de muerte, España se retiró finalmente, después de lo cual, Marruecos ocupó el territorio.

En la política interior, la nueva orientación se plasmó en las medidas tecnocráticas pragmáticas que pretendían impulsar la eficiencia, la eficacia y el crecimiento. Entre 1957 y 1967, una serie de leyes tuvieron como objetivo crear un Estado burocrático uniforme con un cuerpo de administradores profesionalizados que se promocionaban a través del mérito y la experiencia, sin afiliación ideológica ni influencia personal. Aunque indudablemente hubo límites a esta transformación, no hay duda de que los funcionarios civiles profesionales contribuyeron a la desideologización del aparato del Estado durante la segunda mitad del régimen. Muchos han planteado que esta clase de funcionarios civiles, leales a la dictadura mientras duró, cambiaron fácilmente de filiación profesional al nuevo Gobierno democrático; es decir, facilitaron de esta manera la transición política.

En cuanto a la institucionalización del régimen propiamente dicho, la ley de 1958 que revisaba los principios del Movimiento completó la erradicación de los principios fascistas del programa oficial del régimen y confirmó el compromiso con una «monarquía tradicional, católica, social y representativa» con «representación orgánica» de la familia, el municipio y el sindicato. Carrero Blanco estaba dispuesto a respaldarla de inmediato con una Ley Orgánica del Estado que estuviera por encima, pero la resistencia de Franco a limitar su capacidad de acción retrasó su promulgación hasta 1967. La ley representó más una consolidación que una innovación, aunque redefinió ligeramente las Cortes como el «órgano de participación del pueblo español en las labores del Estado», y amplió la elección de representantes de las familias de los consejos municipales a las Cortes. Como la de 1947 que restauraba el reino, esta ley fue sometida a votación popular en un referéndum que obtuvo una aprobación aplastante.

La última pieza de la estructura fue la declaración formal de un sucesor, cada vez más urgente después de un accidente de caza en 1961 que casi mata a Franco y aún más desde que empezó a mostrar síntomas de la enfermedad de Parkinson a partir de mediados de la década de 1960. La autoridad última del dictador quedó patente por el tiempo que demoró la decisión, pero a los setenta y siete años finalmente cedió a la presión y designó a Juan Carlos, de treinta y un años, en julio de 1969. Al mismo tiempo que la autoridad última de Franco seguía intacta, su participación activa como jefe de Estado había ido declinando a lo largo de la década de 1960 a medida que Carrero Blanco se hacía cargo de la política. Lo que mantenía este delicado equilibrio era el compromiso compartido de mantener la posición de Franco en el presente y asegurar que el régimen pudiera continuar después de su muerte. Con la Ley de Sucesión de 1969 parecía que todo estaba en disposición para alcanzar esta meta.

Más allá de la consolidación institucional, la innovación más importante fue la inauguración de una política económica nueva. La nueva dirección se relaciona con frecuencia con el Plan de Estabilización de 1959, pero implicó un proceso mucho más gradual de reformas que se inició a principios de la década de los años cincuenta y se extendió hasta mediada la década de 1960. Lo que cambió después de 1959 fue el abandono explícito de la autarquía económica y la pretensión de una integración completa en la CEE y en el mercado capitalista global. La economía autárquica había limitado las exportaciones y las inversiones extranjeras, y había sobrevalorado la peseta, mientras que el Estado había invertido mucho en un sector industrial interior. Aunque esta estrategia logró cierto nivel de recuperación económica en la década de 1950, las inversiones masivas del Estado en la industria aumentaron la inflación, y las restricciones al comercio internacional limitaron el potencial de ampliar los mercados y la importación de capital y tecnología. Solo fue la sensación de una crisis inminente lo que convenció finalmente a Franco para que aceptase un cambio fundamental de la dirección económica, aunque estaba claro que le gustaba tan poco el liberalismo económico como el liberalismo político.

En cuanto se empezó a desarrollar el llamado «milagro económico», Franco no dudó en atribuirse el mérito, adoptando cada vez más la estrategia del desarrollo autoritario para colocar la prosperidad por delante de la victoria en la Guerra Civil como la pieza central de la perduración de su legitimidad. Es más, desde un punto de vista puramente estadístico, los resultados fueron espectaculares, generando las tasas más altas de crecimiento económico (7 % anual) que España había experimentado nunca, superada solo por Japón en la década de 1960 y principios de la década de 1970. Aunque resulta difícil atribuir a Franco en persona el cambio de política que le fue impuesto, no cabe duda de que la liberalización permitió que España participase en el más amplio «milagro» europeo que estaba ocurriendo fuera de sus fronteras. Pero el motor primario del crecimiento económico fue Europa occidental, y el régimen hizo poco más que retirar los obstáculos colocados por el propio régimen, que había evitado que España se aprovechase de este proceso más amplio.⁴⁴ De hecho, se puede afirmar que la liberalización solo compensó la política autárquica desastrosa e implacable, haciendo que el legado económico general del régimen resulte ambiguo.

Además, los límites del milagro económico autoritario eran tan evidentes como sus éxitos. Con un Estado del bienestar mínimo y sin sindicatos libres, así como pocas regulaciones o tasas sobre los bancos, los empresarios y los inversores, la distribución de esta nueva riqueza siguió siendo muy desigual. Así, a pesar de la estrategia nueva, el crecimiento económico benefició mayoritariamente a los grupos de la élite que siempre habían apoyado al régimen y fue sentido en su menor expresión por los que siempre habían estado marginados. Como consecuencia, se puede afirmar que las consecuencias negativas del crecimiento económico para los que se encontraban en lo más bajo fueron tan poderosas como las consecuencias positivas para alimentar el cambio social y cultural. Así, los consumidores normales se enfrentaron a los precios crecientes de un mercado desregulado a medida que el régimen se retiraba del control de los precios. Y los nuevos habitantes de clase obrera, que se trasladaban a las grandes ciudades para ocupar empleos en el gran crecimiento del sector industrial, se enfrentaron a un desarrollo caótico y sin regulaciones que produjo viviendas de muy baja calidad y una carencia de servicios básicos.

En un Estado autoritario, los canales para encauzar las quejas ciudadanas eran débiles, y las peticiones podían dilatarse durante años. La centralización formal del Estado franquista situaba la toma de decisiones en las estructuras burocráticas que estaban muy alejadas de la vida de la gente, mientras que los gobiernos locales, mayoritariamente nombrados a dedo, nunca tuvieron el poder, los recursos ni la voluntad política de actuar como defensores de sus comunidades. La combinación de la cultura de patronazgo y corrupción, y la autoritaria carencia de responsabilidad mantuvieron la imagen de un Estado que era en el mejor de los casos inepto, y en el peor, negligente. Una cosa era que Carrero Blanco y su equipo adoptaran los principios de eficiencia y eficacia administrativas, y otra muy distinta crear una nueva cultura de servicio que «redistribuyera la riqueza» a toda la ciudadanía, no solo a las élites bien conectadas.

Fueran cuales fuesen los límites de la liberalización económica autoritaria, el régimen intentó evitar que se transformara en una liberalización política. Es decir, de la misma manera que los gobiernos tecnocráticos tenían la esperanza de seducir a la población con un aumento del nivel de vida, también siguieron con sus esfuerzos para mantener a raya a la disidencia. En 1957, en respuesta a la reaparición activa de las huelgas, una nueva ley dio a la policía poderes muy amplios para detener sin necesidad de demostrar la participación individual, y en 1958 se estableció un tribunal militar nuevo para ocuparse específicamente de las «actividades extremistas». Una ley de 1960 sobre la rebelión militar, el bandolerismo y el terrorismo autorizaba a estos tribunales a juzgar todo tipo de imprecisas actividades subversivas que se oponían al orden público y a la unidad nacional. El número total de personas condenadas bajo estas rúbricas no fue muy grande, pero entre la vigilancia de las brigadas policiales locales y las ejecuciones ejemplarizantes, como la del comunista Julián Grimau en 1963, las barreras para actuar activamente contra el régimen siguieron siendo altas. Además, estos «fogonazos de brutalidad» generaron una sensación de arbitrariedad impredecible que era en sí misma un arma de intimidación.⁴⁵

Aun así, el régimen no pudo evitar la revitalización gradual del conflicto social y la oposición, que era otra consecuencia involuntaria del desarrollo autoritario.⁴⁶ Sin plantear una relación causal directa, está claro que los cambios desencadenados en la esfera económica quedaron fuera del control del régimen, abriendo espacios nuevos para la movilización, así como para nuevas reivindicaciones. Resulta significativo que el Estado tuviera más éxito atacando las formas tradicionales y familiares de oposición política, como las células del Partido Comunista. Pero resultó más difícil reconocer y suprimir las formas nuevas de movilización. Iniciada esporádicamente a mediados de la década de 1950 con las primeras huelgas y protestas estudiantiles, a finales de la década de 1960 la movilización popular era un rasgo habitual, aunque minoritario, de la sociedad española.⁴⁷ El Gobierno intentó poner límites a estas actividades con medidas como la Ley de Asociaciones de 1964, que proporcionaba un título legal al registro de asociaciones con una variedad de objetivos e intereses, siempre que prometiesen su lealtad al régimen. Pero resultó cada vez más difícil contener lo que se ha llamado el «regreso de la sociedad civil».⁴⁸ Desde organizaciones obreras católicas a sindicatos semiindependientes, grupos estudiantiles y asociaciones de vecinos, diversas voces colectivas desafiaron cada vez más la estrategia del régimen de canalizar hacia la actividad económica las energías de la población desmovilizada. Y paradójicamente, en parte fueron los resultados caóticos y desregulados del crecimiento económico los que crearon los problemas que intentaban resolver estas formas nuevas de movilización.

Otro ejemplo de las consecuencias involuntarias citado con frecuencia fue el impacto del boom turístico en la autarquía cultural y social de España.⁴⁹ Promovido para generar riqueza y acumulación de capital a través de la ventaja comparativa de las cálidas playas mediterráneas de España, la llegada anual de millones de turistas obligó a cierto grado de apertura cultural y social al mundo exterior que Franco no quiso nunca. Al principio aceptado a regañadientes, en la década de 1960 el Estado asumió el fenómeno con la esperanza de canalizar sus beneficios. La campaña para que España resultara atrayente para los turistas extranjeros se identifica con Manuel Fraga, el ministro de Información y Turismo (1962-1969), que aceptó un nivel pragmático de modernización social para preservar el régimen. Como parte de esta campaña, Fraga convenció a un Franco reticente para que aprobase una nueva ley de prensa en 1966 que reconocía la libertad de expresión y rescindía la censura previa. Más una respuesta pragmática al crecimiento en cantidad y diversidad de los medios y las publicaciones que una apertura al pluralismo, la ley dificultó aún más que el régimen mantuviera el control de la esfera cultural en crecimiento.⁵⁰ La ilustración más destacada de esta pérdida de control fue la aceptación gradual de facto de las turistas vestidas con bikini en las playas españolas, a pesar de que las leyes morales prohibían los vestidos indecentes. Aunque el impacto de los turistas en la población local se ha exagerado a veces, el régimen era cada vez más sensible a la mala publicidad sobre las «costumbres inquisitoriales» que podían evitar que los turistas trajeran a España sus muy necesarias divisas extranjeras.⁵¹

Todas estas consecuencias indeseadas de la liberalización económica debilitaron la capacidad del régimen para mantener un control estricto sobre la cultura y la sociedad que había sido posible bajo la autarquía. Incluso el liderazgo del Movimiento bajo el nuevo director José Solís Ruiz se dio cuenta de que los sueños de integración totalitaria ya no eran viables. Pero mientras los tecnócratas tenían la esperanza de sustituir la intromisión y el control del Estado por la desmovilización y la «libertad» económica, el Movimiento buscaba caminos nuevos para movilizar voluntariamente a la población alrededor de sus objetivos más amplios. Ya a remolque de las protestas universitarias de 1956, un informe del Movimiento de 1957 sobre la «recuperación» de la universidad advertía de la necesidad de «modernizar» el SEU (la organización estudiantil oficial) y encontrar formas más adecuadas para llegar a los estudiantes.⁵² De la misma manera, una ley de 1958 que introducía la negociación colectiva dentro de los sindicatos controlados por el Movimiento (OSE) reconocía implícitamente que la vieja estructura jerárquica basada en la obediencia no estaba funcionando. Para aumentar la productividad industrial, la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios pretendía inyectar más flexibilidad en el sistema, pero también hacía que los sindicatos fueran más representativos de las necesidades de los trabajadores y más atractivos para ellos.

Además de revigorizar las organizaciones existentes, el Movimiento creó canales nuevos para animar a que los españoles normales se implicasen en la vida pública y en sus comunidades. Aunque el concepto de participación desde abajo no era nuevo, la novedad estaba en relacionarla con una mayor diversidad y pluralismo, y dar voz a perspectivas diferentes, aunque aún dentro de los límites de la lealtad al régimen. Dentro de este marco, Solís propuso dos nuevos tipos de asociaciones. El primero, nunca aprobado, fueron las asociaciones «políticas», que, en lugar de un sistema de partidos, pretendía institucionalizar de facto el pluralismo limitado de las «familias». La segunda propuesta, para asociaciones familiares, las consideraba un canal directo entre la unidad «natural» de la familia y el Estado. En 1963 se crearon las Asociaciones de Cabezas de Familia (ACF), seguidas de las asociaciones de amas de casa, de padres de niños discapacitados, de consumidores y de padres de alumnos. El Movimiento esperaba que las asociaciones de familia sirvieran tanto para fortalecer la vida pública como para canalizar esta energía nueva hacia el apoyo a sus propios objetivos, en concreto, la movilización de los votos para los candidatos de la «familia» del Movimiento en los consejos municipales y, más tarde, las Cortes. Por eso existió una tensión inherente entre la retórica del «pluralismo» y las expectativas de que la diversidad se pudiera canalizar en última instancia bajo la «tutela» del Movimiento, como afirmaba la propuesta de las ACF.⁵³

No resulta sorprendente que esta tensión terminase generando aún más consecuencias indeseadas. En el caso del SEU, el Movimiento perdió completamente la batalla cuando fue disuelto en 1965. La OSE, por otro lado, salió fortalecida, pero no como esperaba el Movimiento. Así, la institución de elecciones relativamente libres de delegados obreros en los centros de trabajo abrió un espacio para una generación nueva de disidentes que acabaron ocupando las organizaciones sindicales. En el caso de las asociaciones de familias, aunque es muy probable que no se convirtieran en viveros de la oposición, tampoco todas ellas permanecieron en la órbita del Movimiento. En un sentido más amplio, la retórica y el espacio para la «participación» cobraron vida propia, escapándose de los objetivos de canalización del Movimiento. Aunque las respuestas del Movimiento y de los tecnócratas a una sociedad más diversa eran diferentes, las dos vías abrieron inadvertidamente la puerta a una sociedad civil más diversa y plural. Aunque la expresión política directa y el disentimiento seguían estando estrechamente vigilados, este pluralismo creciente debilitó el control del régimen sobre muchos aspectos de la vida de los españoles.

FASE IV, 1969-1975: COLAPSO DE LA COALICIÓN Y MUERTE DEL DICTADOR

Aunque la década de 1960 se caracterizó por una tensión creciente entre una cultura y una sociedad más diversas y pluralistas y un sistema político cerrado, no fue hasta el final de la época cuando empezó a tambalearse la estabilidad del régimen. Los estudiosos discuten sobre cuál fue el factor más importante que influyó en la sentencia de muerte del régimen. Los teóricos de los movimientos sociales suelen destacar el aumento de la disidencia y la oposición, mientras que los teóricos de la modernización resaltan lo que llaman la disyuntiva insostenible entre una sociedad «moderna» y un régimen autoritario. Pero la dictadura no desapareció de repente como consecuencia de un aumento del nivel de vida y la mejora de la educación, ni la oposición la pudo derribar hasta que no se debilitó desde dentro. Esta crisis interna del régimen empezó en 1969, cuando la coalición que lo apoyaba inició su disolución, y culminó con la muerte del líder en 1975, cuando se rompió el último lazo.

Después de 30 años en los que la «coalición de la victoria» siguió intacta, unida por la Guerra Civil y por la capacidad de Franco para equilibrar las «familias», los últimos cinco años presenciaron su disolución. En parte fue el resultado directo de la retirada de Franco y de su decadencia física. Pero más importante fue que reflejaba una división dentro de la coalición sobre cómo actuar después de su muerte. Una facción, el «búnker», dirigida por Carrero Blanco y apoyada por Franco, quería mantener la dictadura después de la muerte de este. Para la otra facción, conocida como los «reformistas», el régimen se debía «abrir» a las nuevas fuerzas políticas y sociales de la sociedad española, aunque no existía un consenso sobre cómo debía ser. Resulta significativo que esta división fuera en gran parte generacional, con los miembros más jóvenes de todos los grupos, desde la Iglesia al Movimiento, agrupados bajo la categoría reformista. Treinta años después del final de la Guerra Civil, una nueva generación que no tenía la experiencia personal de la guerra y de la victoria o de la derrota, rechazó el «pacto de sangre» como un principio político relevante.

Aun así, fue el búnker el que siguió al mando, confirmado por la aprobación de la Ley Orgánica de 1968, que solo consolidaba las prácticas existentes. Es más, los gobiernos formados entre 1969 y 1973 estaban dominados por esta postura. En respuesta, un sector creciente pero descoordinado de «reformistas» desertó de la coalición de la victoria y empezó a experimentar con nuevas ideas y formaciones políticas, así como con conversaciones y diálogos con los grupos moderados de la oposición. El desacuerdo abierto entre las élites del régimen se reflejaba en los debates interminables sobre el reconocimiento de algunas formas de asociaciones políticas, mientras que la decisión última de descartar cualquiera de estas reformas mientras Franco estuviera vivo indicaba dónde se encontraba el poder. Lo que perturbó este equilibrio interno de poder fue el impresionante asesinato de Carrero Blanco en junio de 1973 por la organización independentista vasca ETA. En retrospectiva, la mayoría de los analistas consideran este acontecimiento como el punto de no retorno para el régimen, pero no se produjo ningún avance sustancial hacia la reforma política antes de la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Fuera del Gobierno, cualquier ilusión de la «paz de Franco», que había sido difundida en el veinticinco aniversario del final de la Guerra Civil en 1964, se evaporó con rapidez. Aunque la movilización popular solo afectó a una minoría de la población, obligó a la dictadura a elegir entre la tolerancia de hecho y el aumento de la represión, que se estaba volviendo menos palpable. De hecho, los reformistas argumentaron que, a menos que el Gobierno se abriera a más canales políticos legítimos, perdería cualquier oportunidad de ganarse la lealtad de la gente que demandaba un sistema de alcantarillado en sus barrios, mejores condiciones laborales o un currículo educativo reformado. Mucho más importante para el régimen era la lealtad declinante de los católicos, un elemento esencial de la coalición fundacional. En una de las representaciones más visibles de este colapso de la coalición de la victoria, la Iglesia católica le retiró su apoyo incondicional cuando una generación más joven de eclesiásticos inspirados por el Concilio Vaticano II abrazó la democracia y la justicia social, y a veces el comunismo. En 1971, los obispos publicaron una declaración afirmando la independencia de la Iglesia, abandonando así el «nacionalcatolicismo», y en 1973 otra resolución defendió el pluralismo democrático y los derechos humanos, así como la separación entre las esferas religiosa y estatal.

La amenaza más directa a la «paz de Franco» era ETA, que siguió una política terrorista de asesinatos a partir de 1968, con la esperanza de provocar una espiral represiva que movilizase a la población contra el régimen.⁵⁴ La línea dura del régimen contra ETA, incluyendo detenciones a gran escala, tortura y persecuciones, no pudo contener al grupo e incluso le generó simpatías y apoyo popular, en especial porque sus primeros objetivos eran policías y oficiales franquistas. El juicio militar en Burgos en 1970 contra activistas de ETA provocó el escándalo y el escrutinio internacional, sobre la falta de un proceso democrático, así como por la represión de la lengua y la cultura vascas. Y, por supuesto, el espectáculo visual de la explosión pública que mató a Carrero Blanco representó un golpe muy serio a la ficción de que todo estaba «bien atado».

Por descontado, ningún factor casual o acontecimiento puede explicar la rapidez relativa de la decadencia y muerte de la dictadura. El pluralismo creciente de la sociedad y la cultura y el desafío directo por parte de las fuerzas de oposición desde luego colocaron al régimen a la defensiva y expusieron la naturaleza ilusoria de muchos de sus mitos. Al mismo tiempo, dicho pluralismo actuó como una cuña para romper la coalición del régimen, que estaba cada vez más dividida sobre cómo actuar en el mundo nuevo que estaba creciendo bajo sus pies. Finalmente, la inminente mortalidad de Franco amenazaba lo que había sido el rasgo más unificador del régimen. El hombre que había mantenido unida a la coalición durante más de 30 años no podía forzar un acuerdo sobre qué hacer después de su muerte. Con una coalición gobernante que estaba dividida y a punto de ser decapitada, el régimen era muy poco probable que pudiera sobrevivir en su forma actual. No obstante, la explicación de la decadencia del régimen no es lo mismo que explicar la transición a la democracia. En otras palabras, no existía un proceso automático o preordenado que condujera del crecimiento económico a la implosión de la dictadura y a un Estado democrático. La muerte de Franco terminó claramente con una época, pero solo en retrospectiva dio paso a la transición hacia lo que se convertiría en el régimen democrático actual de España.

CONCLUSIÓN

Así, ¿cómo definimos esta dictadura compleja que se extendió a lo largo de casi cuatro décadas con corrientes contradictorias de continuidad y cambio? Aunque existen rasgos de todas las categorías de regímenes no democráticos que son válidas en uno u otro momento, ninguna tipología individual resume adecuadamente la dictadura. Nunca fue puramente fascista, al menos según las características estándar, pero nunca dejó completamente atrás sus raíces fascistas. A lo largo del tiempo, el régimen se pareció cada vez más a una dictadura autoritaria convencional, pero nunca lo fue solo o por completo, como ilustra la enorme burocracia del Movimiento. La autoridad personal de Franco fue siempre la realidad fundamental, pero tampoco fue nunca solo una dictadura personal. Lo más convincente es ver el régimen como una entidad dinámica que resiste la categorización o como una formación híbrida definida por el equilibrio cambiante entre ideologías y visiones en competencia. Está claro que siguió siendo una dictadura desde el principio hasta el final, sin ninguna muestra de movimiento para el desmantelamiento de las estructuras autoritarias.

Más allá de la cuestión de la definición se encuentra la evaluación de su impacto. Los relatos morales del bien y el mal que compiten entre ellos intentan condensar esta complejidad en una historia consistente en definir el franquismo permanentemente por su primera fase más violenta, o que evolucionó hacia una dictadura blanda y benevolente que allanó el camino hacia la democracia. Pero cualquier comprensión del régimen debe considerar la imagen completa, en toda su caótica complejidad. Así, el régimen que impulsó el crecimiento económico en la década de 1960 aún tenía rasgos de continuidad con el período ultrarrepresivo de influencia fascista. Por el contrario, centrarse solo en las ejecuciones y los encarcelamientos masivos de la primera fase nos deja sin una guía para seguir adelante. Dicho de manera sencilla, cualquier esfuerzo para definir el impacto del régimen no puede calificar un período u otro como el franquismo «esencial». El impacto del período de casi cuarenta años entre una Guerra Civil brutal y un régimen democrático consolidado es inevitablemente más contradictorio que todo eso. Y resulta aún más difícil aislar el impacto de la propia dictadura del de todos los demás factores cambiantes que estaban más allá de su control, desde la Guerra Fría a la Comunidad Europea, el boom económico de la posguerra en Europa y la transformación de la cultura y la sociedad en España. España era indudablemente una sociedad muy diferente y existía en una Europa muy diferente en 1975 que en 1937, pero resulta difícil conocer qué trayectoria habría seguido sin Franco y la dictadura. Ni un «simple paréntesis» ni «cuatro décadas perdidas» parecen un resumen adecuado del legado de este régimen controvertido.

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TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL

Y CULTURAL, DÉCADA DE 1930-DÉCADA DE 1970

Después de un siglo de crecimiento económico y evolución social graduales, el medio siglo iniciado por la Gran Depresión y la Guerra Civil interrumpieron esta tendencia a largo plazo. En lugar de una continuación de esta trayectoria gradual, los cincuenta años siguientes presenciaron un giro radical de un extremo al otro, de la caída del crecimiento y la catástrofe demográfica, con frecuencia llamados los «años del hambre», al crecimiento rápido y la transformación social en las dos últimas décadas, a veces etiquetadas como el «milagro económico». Explicar este cambio de curso radical sigue alimentando el debate sobre qué colocó finalmente a la economía y a la sociedad españolas en rumbo de convergencia con los países más ricos de Europa occidental, en un proceso que culminará en las últimas décadas del siglo XX. En el centro de estos debates se encuentra el impacto de la política y de las políticas en el encauzamiento de estas tendencias más amplias, en especial el papel de la evolución de la dictadura de Franco. Así, desde el principio de la Guerra Civil hasta la década de 1950, pocos están en desacuerdo con que las políticas económica y social del régimen tuvieron un impacto nocivo, mientras que el tema resulta mucho más turbio en las décadas de 1960 y 1970, cuando despegaron la transformación económica y social, así como los indicadores de la calidad de vida. Las élites del régimen de aquel momento se atribuyeron el mérito del aumento de la prosperidad, pero la mayoría de los estudiosos actuales presentan una imagen mucho más compleja, no solo sobre la fuente del «milagro», sino también sobre su impacto selectivo y desigual en la población.

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Una complejidad similar presenta la cuestión de cómo situar el objetivo móvil de la economía y la sociedad españolas desde la década de 1930 hasta la de 1970 en el contexto más amplio europeo y global. Teniendo en cuenta la visión a largo plazo se podría sugerir una coherencia general con las tendencias europeas, mientras que la visión a corto plazo destaca la «diferencia» española. Desde la década de 1830 a la de 1930, las tendencias españolas fueron paralelas a las de Europa occidental, pero a un ritmo que aumentó la distancia entre lo que se lograba y lo que no. A lo largo de las dos décadas siguientes, España también compartió con Europa el desastre de una guerra devastadora, aunque en momentos diferentes. En la década de 1970, el ritmo de cambio en España empezó a acortar distancias con los países más ricos y, en paralelo, a aumentarlas con el resto del mundo, de manera que a finales de siglo España había dejado su situación intermedia en la cola para convertirse en miembro de pleno derecho del «primer mundo».¹

No obstante, desde el observatorio a corto plazo de principios de la década de 1950, las trayectorias de las sociedades de España y Europa occidental ofrecían un contraste muy fuerte, quizá más que en cualquier otro momento del período contemporáneo. En el momento en que los países de Europa occidental se embarcaban en su «edad dorada», un período de crecimiento económico rápido e inclusivo cuyos beneficios se distribuyeron ampliamente gracias al aumento del gasto social y unos impuestos progresivos, España sufría una economía estancada, una sociedad muy desigual y un Estado polarizado y vengativo. Mientras en Europa líderes optimistas asumían el Estado del bienestar con el objetivo de terminar con la división de clases, en España las políticas del régimen endurecían el orden social clasista. Con la tendencia a identificar a la clase obrera con el enemigo político, aumentó la polarización económica y social, a pesar de los esfuerzos del régimen por adoptar una retórica «posclasista». En términos culturales, toda la red de asociaciones y organizaciones voluntarias relacionadas con las clases medias urbanas y trabajadoras, desde sindicatos a centros culturales y escuelas seculares, fue eliminada, dejando un vacío que fue llenado por la Iglesia católica o simplemente por una retirada a la vida familiar. Mientras algunos han utilizado el concepto de «totalitario» para describir este paisaje empobrecido, la mayoría está de acuerdo en que el régimen no llegó nunca al nivel de control sobre la sociedad y la cultura como ocurrió en la Alemania nazi o la Rusia estalinista, que incluso en dichos casos nunca fue «total». Aun así, no hay duda de que había desaparecido el espacio para una sociedad civil independiente y vibrante. En un sentido más amplio, la autarquía cultural del régimen mantuvo a los españoles aislados de las tendencias «modernas» extranjeras mientras imponía una serie de valores tradicionales, desde los roles de género a la sexualidad y la práctica religiosa.

Teniendo en cuenta la gran divergencia entre España y Europa occidental en la década de 1950, la convergencia de las décadas de 1960 y 1970 parece aún más sorprendente. A partir de una recuperación económica glacialmente lenta a lo largo de la década de 1950, la «apertura» de la economía española a finales de la década provocó no solo el crecimiento más rápido del período contemporáneo sino también completar la transformación estructural de una economía agraria a una industrial y de servicios, y a una sociedad mayoritariamente urbana. En paralelo a estos cambios estructurales se produjo el gran aumento en la calidad de vida, que amplió las clases medias y la «sociedad de consumo» y mejoró los indicadores agregados de salud y esperanza de vida. Quizá de la misma importancia fueron los cambios en el ámbito cultural, incluida la revitalización de las asociaciones, los medios no estatales y la producción artística y cultural, así como de la influencia de productos e ideas extranjeros, difundidos impresos o a través de los millones de turistas que llegaron a partir de la década de 1960. Finalmente, se produjo una erosión de los valores «tradicionales», en especial entre los más jóvenes, que compartían mucho con la generación «de los sesenta» de otras partes de Europa, a pesar de la menor libertad de expresión. La gran ironía fue que el régimen que había desplegado un esfuerzo concertado para blindar a España de la «modernidad» presenció un nivel sin precedentes de transformaciones en sus décadas finales.

Las explicaciones de esta contradicción aparente varían, pero la mayoría está de acuerdo en que la existencia de una dictadura en España insertaba un elemento de «diferencia» en el proceso. La visión más benigna es que el régimen de Franco acabó adoptando el «desarrollo autoritario» como una estrategia de supervivencia que proporcionaba un entorno estable para crecer, lo que desencadenó una dinámica modernizadora que es posible que el régimen no planease y ni siquiera pretendiese. Otros afirman que el factor más importante en la transformación económica y social de España no fueron las políticas del régimen sino el boom europeo.² Pero incluso cuando la economía española se unió a Europa, parte de la ventaja competitiva de España se basaba en su sistema autoritario, es decir, en una fuerza laboral disciplinada sin poder de negociación, obligada a aceptar sueldos bajos.³ Cuando se añade el nivel bajo de gasto social y la estructura fiscal regresiva bajo la dictadura, esto significa que los beneficios se distribuían de manera desigual, tanto por clases como por regiones geográficas.⁴ Y mientras que la visión benigna minimiza el efecto residual de la represión y la privación extremas del período inicial, los críticos afirman que estas estructuran las desigualdades del período del boom y la época posterior.⁵ La consecuencia es una interrelación compleja entre diferencia y convergencia que no se divide limpiamente en un período inicial de diferencia y un período posterior de convergencia.

TENDENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS

No obstante, a gran escala, las estadísticas económicas y demográficas ilustran una división clara entre los «años del hambre» iniciales y el «milagro económico» posterior, divididos por una fase de transición en la década de 1950, cuando la economía ya no estaba en regresión pero aún no se encontraba en una trayectoria de crecimiento.⁶ A finales de los años treinta y durante la década de 1940 se experimentó un descenso del crecimiento y la productividad, así como de la población, como consecuencia de la represión, las enfermedades y el exilio. El comercio exterior era un 50 % inferior al de antes de la guerra, la productividad agrícola e industrial habían caído un 20-30 y un 10 %, respectivamente, y la tasa de crecimiento anual se situaba claramente por debajo del 1 %. El ingreso per cápita seguía siendo un tercio del nivel anterior a la guerra en 1945, con niveles de ingresos un 40 % por debajo de la Italia de posguerra. No fue hasta mediados de la década de 1950 cuando la economía y los ingresos españoles recuperaron sus niveles de 1929, y no fue hasta el final de la década cuando el consumo de calorías volvió a sus niveles de antes de la Guerra Civil. La transición demográfica se inició en la década de 1950, con un descenso de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida, aunque esta tendencia se debió más al impacto de los antibióticos que a una mejora de la calidad de vida.⁷ Tras el Plan de Estabilización de 1959 que inició un proceso de liberalización, se asentó el nuevo patrón de crecimiento. Así, el período de 1960 a 1975 estuvo marcado por un 7 % de crecimiento anual del PIB, más alto que en cualquier otro país industrial excepto Japón, y el PIB per cápita dobló el de los 25 años anteriores. A finales de la década de 1970, España se había convertido en una de las ocho economías más grandes del mundo, con un ingreso per cápita de 2.000 dólares, que la situaba entre las naciones más ricas.

Los «años del hambre»: privación, enfermedad y muerte en la década de 1940

Al terminar la Guerra Civil en 1939, el régimen de Franco responsabilizó a la guerra, la sequía y el boicot internacional de las privaciones de la década de posguerra. Pero, en realidad, la destrucción física y económica provocada por la guerra no fue tan grande como la de la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa. Así, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la lenta senda de recuperación se debió más bien a las políticas franquistas, que no solo impidieron la recuperación, sino que agravaron la situación vivida por los más pobres y vulnerables.⁸ Las características principales de la política económica en este período fueron un sistema de racionamiento inadecuado, un mercado negro que aumentaba la desigualdad y la corrupción, y un marco autárquico que limitaba el comercio exterior y pretendía la autosuficiencia, a pesar de las carencias y una falta de recursos esenciales, desde el algodón al petróleo.

Como consecuencia de estas restricciones, la vida cotidiana de muchos españoles estaba marcada por las privaciones, cuando no por la desesperación. El sistema de racionamiento que perduró durante doce años fue implantado de manera punitiva para excluir a los perdedores, e inadecuado para cubrir las necesidades calóricas sin cierto nivel de acceso al mercado negro. Un investigador estima que las raciones a mediados de la década de 1940 cubrían el 73 % de las necesidades de pan, pero solo de un cuarto a un tercio del consumo diario de pasta, patatas, arroz, café, aceite y azúcar. Una familia pobre que tenía que gastar la mitad de sus ingresos en alimentos en 1936 para cubrir las necesidades calóricas habría necesitado el 242 % de sus ingresos en 1941 para mantener dicha dieta. En su lugar, muchos españoles sencillamente comían menos, consumiendo una media de 500 calorías menos al día en 1948 que en 1936 (2.380 frente a 2.760), lo que representaba alrededor del 80 % del consumo de los europeos occidentales en aquel momento.⁹ Incluso a mediados de la década de 1950, el consumo siguió estando un 10 % por debajo de los niveles de preguerra. Las condiciones de vida básicas también eran primitivas, con una escasez aguda de viviendas, estimada en 680.000, y solo un tercio de los hogares existentes disponían de agua corriente, un 9 % de baño o ducha y un 2,6 % de calefacción.¹⁰

No resulta sorprendente que estas condiciones provocaran un aumento de la tasa de mortalidad a causa del hambre y las enfermedades causadas por la malnutrición. Se estima que un «exceso» de 200.000 españoles murieron por dichas causas entre 1939 y 1945, mientras que la mortalidad infantil subió de una tasa ya muy alta de 120 ‰a principios de la década de 1930 a 150 ‰ una década después. Las epidemias se extendían como incendios a través de una población debilitada, como los 4.000 muertos a causa del tifus en Málaga en 1941 o los 6.000 que murieron de deshidratación a causa de la diarrea en toda España durante el mismo año. Y por supuesto estas muertes se añadían a las 30.000-50.000 ejecuciones políticas que tuvieron lugar después de la Guerra Civil, entre 1939 y 1941.

Estas privaciones tuvieron un componente geográfico y de clase. Los españoles más ricos se podían aprovechar del floreciente mercado negro para comprar bienes adicionales, y los que poseían tierras podían cultivar sus propios alimentos y venderlos por el doble de precio en el mercado negro, mientras que los que carecían de tierras, los desempleados y las familias de los prisioneros republicanos se llevaron la peor parte. Un estudio local de una comunidad agrícola en el nordeste de España muestra cómo el mercado negro generó grandes fortunas para los terratenientes, los molineros, los panaderos y los que transportaban el aceite de oliva, pero también procuraron beneficios saludables para los agricultores más pequeños.¹¹ Como consecuencia, las comunidades agrícolas con una distribución de tierras más equitativa en el norte del país no solo consiguieron sobrevivir, sino que empezaron a recuperar su prosperidad.

En contraste, en las zonas latifundistas del sur los jornaleros sin tierras regresaron con frecuencia a su antigua posición servil, dependiendo sus medios de vida de terratenientes con frecuencia vengativos. Incluso sin considerar el 15 % que estaba permanentemente desempleado, el poder de compra de los salarios de los obreros agrícolas era la mitad de lo que había sido en 1936, y la disparidad creciente entre los precios al alza y los salarios estancados no empezó a disminuir hasta la década de 1950. Un estudio gubernamental de 1941 informaba de decenas de miles de personas en Extremadura que no comían nada más que hierba hervida con sal durante meses.¹² Ya fuera que el racionamiento y la autarquía estuvieran pensados para castigar a los pobres por su apoyo a la República o fuera sencillamente una política errónea, los resultados fueron los mismos.¹³ Es decir, los «años del hambre» afectaron desproporcionadamente a los que se encontraban en lo más bajo de la jerarquía económica, que también eran los que probablemente habían apoyado a la República.

Además de las muertes «adicionales» por la guerra, las ejecuciones, las enfermedades y la malnutrición, la población española perdió otras 500.000 personas en el exilio, aunque un total de 160.000-200.000 regresaron. Durante la guerra y en el período inmediatamente posterior, unas 470.000 personas huyeron a través de la frontera con Francia, y en 1949 quedaban 125.000 españoles en Francia, con otros casi 40.000 que se fueron a América Latina, la mayoría a México, así como a Rusia y otras partes de Europa.¹⁴ Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 10.000 de los exiliados en Europa lucharon en la resistencia antifascista en Francia, mientras que otros 13.000 fueron entregados a los alemanes e internados en campos de concentración, donde murió la mayoría. Para el resto, el final de la Segunda Guerra Mundial, el aplastamiento de la última resistencia guerrillera en el interior de España en 1948 y la aceptación internacional a regañadientes del régimen de Franco marcaron la transición del exilio temporal al permanente.

En cualquier caso, la extensión del período de posguerra en España fue un desastre económico y demográfico del que el país, y en especial los sectores más vulnerables de la población, solo se estaba empezando a recuperar a mediados de la década de 1950. La dictadura mostró más entusiasmo en impulsar el orgullo nacional y mantener los niveles de moralidad que en mejorar el bienestar material de la población, en especial de los sectores asociados con el bando republicano.

Del estancamiento económico al crecimiento rápido: década de 1950-década de 1970

La trayectoria económica empezó a cambiar lentamente en la década de 1950, cuando la producción y la renta recuperaron finalmente los niveles anteriores a la guerra, pero no fue hasta la década de 1960 cuando los indicadores macroeconómicos empezaron a subir de manera precipitada, en paralelo a la transformación estructural en la fuerza laboral y en dónde y cómo vivían las personas. Cuando el Gobierno redujo las barreras que mantenían a España alejada de la economía europea, el proceso de crecimiento y transformación se financió con un incremento enorme del capital extranjero.¹⁵ Una fuente fue la inversión exterior directa, que pasó de 40 a 700 millones de dólares entre 1960 y 1975. Una segunda fuente fue el turismo, cuyas cifras se catapultaron de los 6 millones de visitantes en 1960 a los 30 millones anuales en 1975 y 42 millones en 1982, al mismo tiempo que el gasto de los turistas en España subía de los 300 millones de dólares anuales a los 7.000 millones. La tercera fuente de capital extranjero fueron las remesas económicas de los emigrantes que trabajaban fuera, en su mayor parte en el norte de Europa, que enviaron 360 millones de dólares al año en 1965 y 1.000 millones en 1973.¹⁶ Al entrar el capital extranjero en España, el comercio exterior se multiplicó por diez. Igualmente significativa fue la evolución del contenido de dicho comercio, con el valor de las exportaciones industriales creciendo a medida que decaía la importancia de los alimentos, en especial los cítricos.

Al mismo tiempo que las estadísticas al por mayor proporcionan pruebas de un «milagro económico», también es importante señalar que las desigualdades seguían presentes en esta nueva prosperidad. Si España ya no estaba «subdesarrollada» a la muerte de Franco, seguía estando desarrollada de manera desequilibrada en términos geográficos, con los beneficios distribuidos desigualmente entre la población. Además de estos factores, la crisis del petróleo de 1973 golpeó a España con especial dureza, ralentizando significativamente el crecimiento durante el resto de la década.

Cambio estructural de la agricultura a la industria y el sector servicios

A nivel macroeconómico, el cambio más importante fue el alejamiento estructural de la agricultura y la aproximación a los sectores industrial y de servicios, acompañado por una urbanización acelerada. Durante los años del hambre, la proporción de población que trabajaba en la agricultura aumentó del 45 al 50 %, con solo una ligera caída en 1950. A finales de la década de 1950, sin embargo, había descendido al 36,6 %, cuando los jornaleros sin tierras desempleados o mal pagados empezaron a huir del campo con la esperanza de una vida mejor en la ciudad o en el extranjero. En 1970, solo el 22,8 % trabajaba en la agricultura, cayendo al 13,9 % en 1981. Por otro lado, el porcentaje que trabajaba en la industria creció del 18,9 % en 1950 al 23,5 %, en 1960, al 27,9 % en 1970 y alcanzó su punto máximo en 1981 con el 28,4 %. Otro 6,6 % trabajaba en la construcción en 1950, creciendo hasta el 10,5 % en 1970. Aún más importante fue el incremento en el sector servicios: se pasó del 26,9 % de la fuerza laboral en 1950 al 33,2 % en 1960, el 38,8 % en 1970 y el 48,9 % en 1981. Estos empleos reflejaban el crecimiento de la sociedad de consumo, la expansión de la industria turística y, en 1981, el aumento del gasto y de los servicios gubernamentales tras el final de la dictadura.

En el sector agrícola, la reducción de la fuerza de trabajo se vio acompañada por la extensión de la mecanización, que aumentó la productividad y transformó el paisaje rural. Al abandonar los trabajadores el campo, reduciendo los suministros y forzando un aumento de salarios, la mecanización se volvió finalmente viable desde el punto de vista económico. Al final del régimen, el cultivo de cereales con tractores requería un 90 % menos de horas laborales.¹⁷ El Gobierno intervino incentivando programas para la compra de tractores y mejoró las opciones de crédito, pero la combinación de la liberalización, que hizo que los fertilizantes de alto rendimiento y el equipamiento agrícola estuvieran ampliamente disponibles, con los beneficios que habían obtenido los agricultores más grandes con el mercado fueron los otros dos factores importantes. Durante la década de 1960, los agricultores y los aparceros más pequeños que no podían permitirse la mecanización se volvieron cada vez menos competitivos y desaparecieron unas 500.000 explotaciones. Un estudio local proporciona una muestra de las consecuencias dramáticas de esta transformación rural. Entre 1950 y 1965, todas las familias sin tierras abandonaron el pueblo, cuya población total quedó reducida a la mitad, dejando solo las explotaciones de tamaño medio y las grandes mecanizadas y de orientación comercial. Para estas familias que se quedaron, la agricultura se había convertido de una manera de vivir en un medio de vida mientras se habían ido transformando de campesinos en agricultores capitalistas.¹⁸

Como consecuencia irónica de esta transformación estructural, un régimen que había exaltado e intentado proteger la vida rural tradicional era testigo de la mayor despoblación del campo desde el siglo XVII. Entre 1950 y 1975, alrededor de 6 millones de españoles —el 20 % de la población— se reubicaron, la mayoría de ellos abandonando las pequeñas comunidades rurales por las ciudades, mientras que un tercio abandonó el país.¹⁹ Durante la década de 1960, la población rural cayó del 42 al 25 %, mientras que la población urbana creció del 56 % en 1960 al 73 % en 1981. Las rutas de migración internas enviaban a los de la España central a Madrid; desde el sur, Aragón y la costa mediterránea, a Cataluña, y desde el norte de Castilla y Galicia, al País Vasco, siendo los tres destinos centros del crecimiento industrial. Ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao dispararon su población, con 1,4 millones de personas más estableciéndose en cada una de las dos primeras, mientras que un cuarto de millón se trasladó al País Vasco. La cifra de ciudades grandes y medianas se dobló entre 1960 y 1981.²⁰ Los que abandonaron España en su mayoría se dirigieron hacia el norte (más de un tercio en Francia y otro tercio en Alemania), junto con otros europeos del sur, atraídos por los sueldos para trabajadores sin cualificación que eran 2,5-3 veces más altos que en España. Alrededor de 84.000 personas se fueron cada año a través de los canales legales, con el resto emigrando ilegalmente.

Muchos de los migrantes internos se unieron a la fuerza de trabajo industrial en crecimiento, cuyos salarios aumentaban un 8 % anual, casi triplicándose entre 1964 y 1972. En 1973, antes de que la crisis del petróleo golpeara a las economías del primer mundo, la tasa de desempleo en España era solo del 1 %. La oferta y la demanda explica en parte los salarios más altos, pero la relación de empleos cualificados y de no cualificados también era mayor de lo que lo había sido en la fuerza laboral industrial de épocas anteriores. En 1973, alrededor del 40 % de los empleados industriales eran obreros cualificados, otro 18 % ocupaban puestos administrativos y técnicos, y un 41 % no estaban cualificados.²¹ Al aumentar la producción industrial, también lo hizo la productividad, multiplicándose por más de tres entre 1960 y 1973.

Tan significativo como el aumento de la productividad y de la producción bruta fue la diversificación y el cambio hacia la industria más pesada, que creció del 21 % de la producción industrial en 1900 al 53 % en 1980, con un aumento espectacular en la década de 1960.²² El crecimiento del sector secundario estaba concentrado en la industria química, el papel y las industrias metalúrgicas como la automoción, los astilleros (el cuarto productor más grande del mundo) y la maquinaria, aunque la antigua industria textil siguió teniendo su fuerza, en especial al emplear a trabajadoras. El 70 % de los 91.000 obreros textiles en 1968 eran mujeres, y las fábricas nuevas se construían en Madrid y Valencia, así como en ciudades más pequeñas, extendiéndose más allá de su bastión tradicional en Cataluña.²³ No obstante, en consonancia con el cambio hacia la industria pesada, el producto principal del boom industrial de España fue el automóvil, cuya producción creció a una tasa del 22 % entre 1958 y 1973, de los 36.000 coches al año en 1950 a los 700.000 en 1973. Encabezada por el español SEAT 600, la industria de la automoción también fue un motor para el crecimiento de las industrias auxiliares como el cemento (construcción de carreteras), refinerías de petróleo y metalurgia.

Tendencias de consumo y de crecimiento poblacional

El SEAT 600 también fue emblemático del otro lado del crecimiento económico, es decir, el aumento del poder de consumo de un mercado nacional que compró la mayoría de estos automóviles. El motor de la expansión de la economía de consumo fue una clase media que crecía con rapidez y que agrupaba a profesionales, personal administrativo, propietarios y gestores de negocios, capataces y técnicos, y otros trabajadores de cuello blanco, junto con una clase obrera más grande y mejor formada y pagada. El consumo de bienes «no esenciales» empezó a crecer a principios de la década de 1960, pero en realidad no despegó hasta más avanzada la década, cuando el «círculo virtuoso» entre producción y consumo llegó a su punto álgido. El 35 % del PIB gastado en alimentos en 1954, en 1975 había caído al 24 %. Este cambio dejó más ingresos disponibles para lavadoras, televisores, neveras y coches, muchos de ellos producidos en las fábricas españolas. Así, mientras que solo el 1 % de los hogares españoles tenía televisor en 1960, un sorprendente 32 % tenía uno solo seis años más tarde, aumentando hasta el 40 % en 1970. La compra de neveras y lavadoras casi se dobló de 1960 a 1966 (pasó del 19 al 36 % de los hogares), mientras que la propiedad de un coche se catapultó desde el 4 % en 1960 al 35 % en 1971. En 1975, casi dos tercios de los hogares tenían la mayoría de estos bienes, y el 80 %, al menos alguno de ellos, aunque la media nacional seguía estando por debajo de los niveles del norte de Europa.

Paralelamente al crecimiento económico y a la transformación estructural, tuvo lugar la última fase del largo proceso de «modernización» demográfica que había empezado en la segunda mitad del siglo XIX. En 1980, la población de 37,7 millones de habitantes había doblado la de 1900. Más significativo era que el crecimiento era ahora el resultado de que la tasa de mortalidad caía con mayor rapidez que la tasa de fertilidad. La esperanza de vida aumentó de los setenta años en 1960 a los setenta y seis en 1980, mientras que la mortalidad infantil cayó al 19‰. La tasa de nacimientos también empezó a bajar, pero más lentamente, del 21‰ al 18‰ durante la última década. En 1980, la cifra media de niños por familia era de 2,2, con la proporción de familias con cinco o más hijos desplomándose del 32 % en 1950 al 8 % en 1985. Contrastan todas estas cifras con las de principios de siglo, lo que revela la amplitud espectacular de la transformación: la esperanza de vida era de cincuenta años en 1930 (mejorando los treinta y cinco en 1900), la mortalidad infantil era de 117‰, y la tasa de nacimientos, del 28‰. Después de un siglo de evolución lenta, la estructura demográfica de España había saltado de un régimen de transición a «moderna» en solo unas décadas.

Beneficios desequilibrados

Aunque todas estas tendencias a gran escala son realmente impresionantes, un análisis más detallado revela desequilibrios significativos en los beneficios del «milagro». Desde la perspectiva regional, España era una de las sociedades más desiguales de Europa en 1960, una distinción que sigue siendo cierta a finales del siglo. No resulta sorprendente que la división entre lo que se tiene y lo que no se tiene exacerbara el patrón existente de una periferia dinámica y un centro de crecimiento lento, con la excepción de Madrid, que se diversificó de una capital administrativa en una ciudad industrial. Las economías y poblaciones de crecimiento rápido se encontraban en Cataluña, Madrid y el País Vasco y, en menor medida, en Asturias, mientras que las más pobres eran Andalucía, Extremadura y La Mancha. Según una estimación, la diferencia de desarrollo entre Vizcaya y Almería a finales de la década de 1950 era mayor que entre Bélgica y Argelia. La mitad de todo el desarrollo industrial tenía lugar en Madrid, Cataluña y el País Vasco, mientras que el 50 % del PIB se generaba en el 11 % del territorio.

La calidad de vida y las tasas de pobreza presentaban las mismas desigualdades. Con una tasa de pobreza general estimada en el 25 % en 1970, la tasa bajaba hasta el 10 % en Cataluña y subía hasta el 30 % en Galicia y partes del sur. Para concretar qué es la pobreza, un reportaje de 1969 calculaba que el 75 % de los hogares en Extremadura carecían de agua corriente, dos tercios no tenían acceso a la prensa y solo el 3 % tenían un televisor.²⁴ Y aunque la población de las regiones más ricas había logrado la paridad con los europeos del norte en cuanto a PIB per cápita al final de la dictadura, Andalucía, Extremadura y Galicia seguían un 60 % por debajo de la media europea.

Incluso en las zonas urbanas e industriales más ricas seguía existiendo una diferencia importante entre la clase media en expansión y la clase obrera. En la década de 1960, el nivel de vida de la clase trabajadora estaba aumentando, con sueldos que superaban finalmente a la inflación, pero la vida en barrios de barracas de la periferia urbana era desalentadora. Los obreros urbanos vivían con frecuencia en infraviviendas que levantaban ellos mismos o en proyectos de viviendas con mala calidad de construcción, con muy pocas infraestructuras básicas en los barrios, desde calles pavimentadas a transporte, alcantarillas o cañerías en las casas. Incluso con el aumento de los salarios, un estudio de 1968 informaba que el 71 % de los trabajadores sin cualificación y el 64 % de los obreros del sector servicios se quejaban de que los sueldos eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas y mucho menos para los «bienes no esenciales» que devoraba la clase media. Muchos de sus hijos no tenían escuelas a las que asistir o la abandonaban con trece años para trabajar en la industria textil o de la alimentación. Si los hogares obreros consiguieron participar en la revolución del consumo, con frecuencia fue a costa de que muchos trabajadores desempeñaran múltiples empleos. Para estos obreros, no los más pobres de los pobres, el «milagro» económico se filtró hasta ellos a través de mayores oportunidades para trabajar en condiciones extremadamente duras, para conseguir escalar el camino desde las privaciones a las comodidades básicas.

La integración de estos datos puntuales en la tendencia general de crecimiento económico, transformación y aumento de la prosperidad genera un retrato complejo que no se puede resumir como un «milagro». Aunque la mayoría de las barcas salieron a flote, por utilizar la metáfora clásica, algunas ascendieron con más rapidez que otras y siguió habiendo un grupo de barcas al fondo que se negaban tozudamente a moverse. Al mismo tiempo, fue este impacto contradictorio del «milagro» lo que generó consecuencias sociales y políticas indeseadas, que a su vez debilitaron el apoyo al régimen en las últimas décadas. Así, no resulta sorprendente que la transformación económica de las décadas de 1960 y 1970 probablemente tuviera un impacto contradictorio, aumentando el apoyo entre aquellos que se beneficiaron de la prosperidad, creando el fenómeno del «franquismo sociológico», y debilitándolo entre los que, aunque ya no se encontraban al borde de la inanición, sentían el pinchazo de las expectativas crecientes.

TENDENCIAS SOCIALES Y CULTURALES

En paralelo a la transformación económica y demográfica, la sociedad y la cultura españolas también evolucionaron desde el mundo social aislado y privado de los años de la autarquía a una repoblación y diversificación gradual de la sociedad civil y la vida social, en las que los valores y normas «tradicionales» se fueron diluyendo gradualmente o quedaron debilitados. El régimen empezó con la ambición totalitaria de reinstaurar por la fuerza un mundo «tradicional», definido por la vida rural, la jerarquía social, la religión, la diferenciación de los roles de género y el patriotismo. Aunque incluso en la década de 1940 este objetivo no se consiguió por completo, en la década de 1960 el régimen estaba claramente perdiendo el control de las prácticas sociales y culturales en un mundo cada vez más complejo, a medida que los objetivos de un crecimiento rápido desestabilizaban el mundo que pretendían proteger. Al mismo tiempo, una narración sencilla de una transición de una sociedad «tradicional» a otra «moderna» no capta la complejidad de la reconstrucción de posguerra, que no fue sencillamente un regreso al pasado, sino que contenía tanto elementos de ruptura como de restitución.

Al igual que con el proceso de transformación económica, los estudiosos siguen debatiendo el papel del régimen en estos cambios. ¿El régimen simplemente «dejó estar» sus ambiciones totalitarias iniciales y aceptó el pluralismo social y cultural como el precio del crecimiento económico y la estabilidad política? ¿O el régimen erró sus cálculos al aparecer consecuencias sociales indeseadas de lo que los mandatarios esperaban que solo fueran una serie de reformas económicas con una finalidad concreta? En contraste con estas versiones relativamente benignas, los críticos destacan la continuación de la represión, la marginación y la censura de ciertos sectores de la población, en especial la clase obrera, la intelectualidad y los artistas, y catalanes y vascos. Además, afirman que la huella negativa del régimen en el ámbito social y cultural se extendió a su manipulación e instrumentalización de las formas nuevas de cultura y sociabilidad de las masas, desde la televisión al fútbol y el cine. Mientras que, desde un ángulo, estas actividades son pruebas del ocio creciente en una sociedad cada vez más próspera, desde el otro se consideran herramientas que explotó la dictadura para mantener inmóvil a la población.

Sociedad y cultura en los años del hambre

Tras las movilizaciones ruidosas y polarizadas de la década de 1930, para la mayoría de los españoles el contraste con la década opresiva de 1940 no pudo ser mayor. El nuevo régimen intentó borrar todos los elementos de la sociedad republicana, desde las asociaciones y escuelas seculares y de clase, hasta la igualdad de género y las culturas regionales. Aunque tuvo mucho éxito en la destrucción de ese mundo, tenemos imágenes contradictorias del tipo de sociedad que surgió de las cenizas de la Guerra Civil. Un relato destaca un regreso al pasado, anclado en la restauración de la antigua élite caciquil por encima de una clase obrera impotente, y el dominio de la sociabilidad, la moralidad pública y la educación por parte de la Iglesia católica.²⁵ Por el contrario, otro relato resalta una ruptura traumática de los patrones antiguos, rotos por una combinación del impacto transformador de la guerra brutal y las ambiciones revolucionarias fascistas. En esta versión, las redes sociales de la nueva era surgieron de las cenizas, dirigidas no por las antiguas élites sino por los «hombres nuevos» del Movimiento, cuya autoridad se cimentaba en la victoria militar.²⁶ Agazapada en las sombras de este debate se encuentra la naturaleza del régimen como una contrarrevolución conservadora o una revolución de influencia fascista.

Ruptura y restitución para ganadores y perdedores

Para los perdedores, es probable que algunos experimentaran la sociedad de posguerra como una ruptura y otros como un regreso al viejo orden social del que habían escapado brevemente. En las regiones latifundistas, por ejemplo, una contrarrevolución agraria restauró a los grandes terratenientes tanto su dominio social como económico sobre los jornaleros sin tierras, que estaban más indefensos que nunca. Pero hubo muchos en el bando republicano con vidas y profesiones de clase media antes de la guerra que fueron encarcelados y/o represaliados, les confiscaron sus hogares y propiedades, y fueron empujados a los márgenes del nuevo orden social que quedó definido tanto por los ganadores y los perdedores como por las jerarquías tradicionales. Por el otro lado, la coalición ganadora incorporaba una mezcla heterogénea de clases, algunas de las cuales indudablemente pasaron a ocupar posiciones nuevas de poder social basado en este realineamiento. Por ejemplo, hasta el 80 % de los puestos en la nueva Administración pública estaban reservados a veteranos del Ejército nacional y a otros que habían contribuido al esfuerzo militar.²⁷

La mezcla compleja de restitución frente a ruptura resulta visible a nivel local, que constituía el universo social de la mayoría de los españoles en la década de 1940. Aunque sería necesario llevar a cabo muchos más estudios, parece que en algunos gobiernos locales volvieron a aparecer las viejas élites, mientras que los «hombres nuevos» del Movimiento y sus instituciones consiguieron una implantación escasa. Pero otras comunidades locales experimentaron una renovación del personal después de la guerra, la mayoría de una generación más joven que combatió pero que no tenía experiencia política anterior. Así, en un caso, solo el 15 % de los cargos locales habían ocupado puestos antes de la guerra, la mayoría de los cuales estaban por debajo de los cuarenta años de edad.²⁸

En la sociedad rural, la coalición ganadora incluía no solo a los grandes terratenientes sino también a agricultores, arrendatarios y aparceros de pequeño tamaño, atraídos por el discurso agrario de influencia fascista que prometía más apoyo financiero para los pequeños agricultores y contratos a largo plazo para los arrendatarios. Esta visión de una clase media rural reforzada no era simplemente un regreso al pasado, sino una utopía «posclasista» que pretendía trascender la polarización de clase. Aunque no cristalizó, ayuda a explicar el amplio apoyo al nuevo régimen más allá de la vieja clase elitista.

El nuevo orden social de los ganadores y los perdedores quedó confirmado por el trato vengativo a estos últimos, que estaban expuestos no solo a la muerte y la prisión, sino también a la marginación social y económica continuada. Más allá de la responsabilidad del Estado en la extensión de la represión, los españoles normales colaboraron en las causas judiciales presentando denuncias contra sus vecinos. En la investigación masiva llamada la Causa General, iniciada en abril de 1940, los fiscales abrieron una carpeta para cada aldea, precedida de un llamamiento público para que denunciasen.²⁹ Más adelante, la división entre denunciantes y denunciados probablemente tuvo un impacto residual en el orden social, en especial en los pueblos pequeños. A corto plazo, los presos que regresaban con frecuencia no podían encontrar trabajo en casa, mientras que les prohibían abandonar los límites municipales. Los profesionales que no pudieron volver a ejercer y el 30 % de los maestros de escuela que fueron purgados también fueron víctimas de lo que un empleado de la embajada británica etiquetó acertadamente como una forma de «muerte civil». Un estudio local revela cómo expresos y sus familias fueron perseguidos más tarde por delitos menores relacionados con la supervivencia básica, mientras que otros perdieron a sus hijos a manos del Estado a causa de su situación desesperada o porque las madres habían caído en la prostitución.³⁰ Estos niños se unieron a otros arrebatados por la fuerza a las presas y colocados en orfanatos estatales donde estaban disponibles para su adopción por parte de familias de la coalición de la victoria.³¹ A las familias republicanas cuyo cabeza de familia había muerto en la guerra o había sido ejecutado se les negaba la pensión de viudedad que se concedía a aquellas del otro bando. En el nivel más fundamental, las comunidades y las familias podían quedar destrozadas por el esfuerzo continuado de mantener la barrera entre ganadores y perdedores. El trato diferenciado de las familias republicanas y nacionales socava cualquier relato sencillo sobre la restauración del viejo orden o de los valores «tradicionales».

Familia y género

Mientras que las familias republicanas se encontraban asediadas, para la coalición de la victoria la familia (tradicional) recibía todo el apoyo como cimiento del nuevo orden. En el centro de la restitución de la familia se encontraba un interés en la procreación y en una delimitación clara entre los roles de género. Así, una retórica pronatalista relacionaba la reproducción con la regeneración nacional, mientras que las políticas pretendían evitar la contracepción y proporcionar incentivos para las familias numerosas.³² El Estado garantizaba ingresos suplementarios a estas familias numerosas, así como premios anuales a las que tuvieran más hijos.

Otras leyes confirmaron la centralidad de la «esfera separada» de las mujeres en su papel de madres y esposas, y su estatus tradicional como guardianas de la reputación de la familia.³³ En contraste con la legislación igualitaria de género del período republicano, que incluía el divorcio, derechos civiles y de sufragio, control de natalidad e incluso el aborto, el Fuero del Trabajo de 1938 restringía el trabajo femenino, mientras que el control de natalidad y el aborto volvían a ser ilegales. Es más, en 1950, solo el 16 % de las mujeres participaban en la fuerza laboral, una de las tasas más bajas en Europa. El régimen también instituyó la educación segregada por sexos para proteger la moralidad pública y para implantar currículos diferenciados que adoctrinaran a niños y niñas en los roles que tenían prescritos para el futuro. Finalmente, la estructura legal de la ley de familia española reforzaba la propaganda de los diferentes roles de género. Así, el régimen restauró el Código Civil decimonónico, que definía al esposo como cabeza de familia y a la esposa como obligada a obedecerle. Las esposas no tenían control sobre sus finanzas, ni la custodia de sus hijos ni, por supuesto, representación política.

Una visión del papel cotidiano de los sexos en la sociedad nos la proporciona un estudio antropológico clásico de un pueblo en la década de 1940.³⁴ En lo que el autor define como una sociedad tradicional basada en el honor, los valores centrales del honor eran específicos de cada sexo. La quintaesencia de la hombría era el valor, traducido como «tener cojones». Para un hombre, el indicador más importante de su posición e identidad en la comunidad era su capacidad de mantener su honor masculino a través de cualidades activas como valentía, potencia y voluntad de luchar para defender su reputación y su familia. Las mujeres, por el otro lado, eran juzgadas por la «vergüenza», que dependía de la defensa de su castidad, que incluía no solo las relaciones sexuales sino evitar cualquier comportamiento que pudiera parecer sospechoso a los vecinos que la observaban, como pasear sola con otro hombre, llevar un vestido atractivo en público, o ir a los lugares públicos a los que no van las mujeres. Una mujer «sin vergüenza» manchaba el honor de toda la familia, una mancha que se podía traspasar incluso a los hijos. Cuando se descubría la infidelidad de una mujer, los hombres jóvenes del pueblo lo exponían con un vito, en el que se reunían delante de la casa de la pareja, hacían sonar ollas y sartenes, cantaban la historia de la infidelidad y llevaban puestos cuernos: el símbolo del marido engañado. Así, el honor masculino quedaba asegurado por la vigilancia estrecha de las mujeres, el despliegue de una rabia celosa y la voluntad de luchar e incluso de matar para defender la reputación de la familia, un comportamiento protegido por la ley.

La Iglesia, la religión y la educación

La institución principal encargada de proteger y/o restaurar la probidad moral de la comunidad era la Iglesia católica. A la Iglesia se le garantizaron poderes muy amplios para fijar el currículo educativo en las escuelas públicas y para impartirlo en su importante red de escuelas privadas. Además de la religión y el nacionalismo, el currículo destacaba la obediencia, los códigos morales rígidos y el temor a la condena eterna. Su influencia era mayor en los hombres y mujeres de las clases media y superior, porque la Iglesia gestionaba la mitad de todas las escuelas secundarias, cuya población estudiantil se reclutaba casi exclusivamente entre dichas clases. Se animaba a los católicos adultos a participar en manifestaciones públicas de fervor religioso. Así, no era raro encontrar a miles de creyentes llenando calles y plazas públicas en procesiones, ceremonias, misas y peregrinaciones.

El reverso de la misión de la Iglesia era «reconquistar» las masas supuestamente anticlericales. La crisis se demuestra en las estadísticas de un barrio obrero (Madrid, 1941), donde el sacerdote informaba que solo 5.000 de sus 90.000 habitantes asistía a misa y 10.000 niños seguían sin bautizar. Usando una combinación de persuasión y coerción, la Iglesia intentó restaurar la unidad católica de la España premoderna, antes de que fuera manchada por las ideas liberales, socialistas y seculares. Con la aprobación plena del régimen, la Iglesia organizó campañas para obligar a la asistencia regular a misa, el bautismo y los casamientos eclesiásticos, y envió misiones a las zonas urbanas e industriales.

Aun así, resulta dudoso que los esfuerzos de recristianización retrasaran el reloj a la época de la unidad católica, a pesar de las ventajas significativas de un Estado que apoyaba la derrota de los enemigos de la Iglesia. En especial, teniendo en cuenta la clara afiliación de la Iglesia en la coalición de la victoria, se enfrentaba al gran reto de superar una larga historia contemporánea de enemistad en las regiones urbanas, industriales y latifundistas del país. Hay pruebas de que al menos aumentó la práctica externa de los rituales, aunque no de manera uniforme. En otro estudio de un barrio obrero (Madrid, 1958), por ejemplo, el porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio cayó del 11 % en 1940 al 4 % una década después.³⁵ No obstante, un caso diferente ilustra la divergencia entre comunidades practicantes y no practicantes: mientras que en 1958 la mitad de la población de otro barrio obrero de Madrid moría sin recibir los últimos sacramentos, solo el 15 % lo hacía en la ciudad por lo general religiosa de Salamanca. Incluso en Salamanca, la asistencia a misa iba del 74 % en los barrios ricos al 30 % en los más pobres. Sin unas estadísticas nacionales fiables sobre las prácticas o las creencias religiosas antes de 1931 que apoyen con firmeza las comparaciones, los datos existentes suelen apoyar las implicaciones de estos dos estudios: es decir, un aumento general de la práctica formal, pero una práctica continuada desigual, según el barrio, la región y el sexo, siendo más probable que entre los practicantes se encontrasen las mujeres que los hombres.³⁶

La imagen de una influencia creciente pero desigual de la Iglesia entre la población tiene su mejor ejemplo en el sistema escolar. Así, por un lado, el régimen de Franco fue el primero en conseguir un currículo relativamente uniforme que promocionaba la versión religiosa del régimen de la nación española.³⁷ Para los jóvenes que crecieron durante las primeras décadas de la dictadura existían pocos canales alternativos de información más allá de la Iglesia, cuyo mensaje estaba coordinado con el del régimen durante este período. Pero, aun así, cualquier potencial para el adoctrinamiento «totalitario» quedaba hipotecado por la enorme falta de financiación del sistema educativo, que dejó a decenas de miles de niños sin escolarizar.³⁸ El Estado franquista disponía de uno de los presupuestos educativos más reducidos de Europa, un magro 0,9 % del presupuesto estatal en 1954 (frente al 2,5 % en Alemania o el 2,68 % en Italia). En una estimación de 1950, solo las dos terceras partes de los niños en edad escolar estaban escolarizados, mientras que solo un tercio acudían regularmente a clase. Más allá del nivel primario obligatorio, solo el 18 % de los adolescentes accedían a la educación secundaria en 1965, la mayoría de ellos en instituciones católicas, con un 9 % de los jóvenes en las universidades.

Este sistema educativo desigual solidificó el abismo entre una clase media en expansión, que se podía permitir educar a sus hijos para los nuevos trabajos de gestión y administrativos, y la clase obrera, cuyos hijos no asistían a clase o la abandonaban muy pronto. El analfabetismo en las regiones más pobres llegaba hasta el 15 % (30 % para las mujeres), mientras que la media general se situaba en el 25 % en 1950. Aunque esta diferencia educativa limitó la capacidad del régimen para ganarse el corazón y la mente, también agravó la situación de marginación en la que ya se encontraban los que estaban en lo más bajo de la escala. Se podría plantear que esta desinversión en la escuela pública para las masas constituyó el impacto negativo más duradero del régimen en la sociedad española.

La esfera pública: asociaciones y socialización

Además de las iglesias y las aulas, el Estado y la Iglesia podían ejercer su influencia sobre la población a través de los canales limitados de socialización. El canal legal de asociación más importante era la Iglesia, cuya Acción Católica (AC) tenía 442.000 miembros en 1946 y 533.000 en 1956, casi un tercio de los cuales eran mujeres (ACM). Además, la Confederación Católica de Padres de Familia agrupaba a 74 federaciones provinciales, 247 asociaciones en escuelas católicas individuales y un total de 143.500 padres miembros.³⁹ El otro canal legal principal, el Movimiento, tenía 932.000 miembros políticos y otro millón en asociaciones como la Guardia de Franco, la Sección Femenina (SF: 295.000), los grupos juveniles y la asociación de estudiantes universitarios (SEU).⁴⁰ Fuera de la Iglesia o el Movimiento, existía solo un número pequeño de asociaciones de negocios, recreativas, culturales y deportivas sin afiliación, que probablemente eran la mayoría de las 2.500 asociaciones registradas a nivel nacional (1965). Una estimación (1961) sitúa el número total de asociaciones voluntarias, incluidas las del Movimiento y la Iglesia, en 8.329.⁴¹

Más allá de las cifras, no está claro qué impacto tuvieron estas organizaciones, en especial las pertenecientes al Movimiento, en la vida social cotidiana. El potencial para la movilización totalitaria se vio aún más recortado por la competencia entre la Iglesia y el Movimiento que, a pesar de los objetivos coincidentes, no se deberían mezclar. Es más, las organizaciones del Movimiento estaban mal financiadas y llegaban solo a una minoría, nada más que el 30 % de los hombres y el 15 % de las mujeres.⁴² Aun así, muchas mujeres y niñas que no eran miembros de la SF estaban expuestas a sus valores a través del programa de Servicio Social, un curso de formación de seis meses de religión, tareas domésticas, educación física y trabajo voluntario. Aunque en teoría era obligatorio para todas las mujeres, incorporaba en gran medida a mujeres de las clases media y alta, que necesitaban completar el programa para obtener un certificado que les permitiría conseguir el carnet de conducir, el pasaporte, un trabajo de funcionaria o entrar en la universidad.⁴³ El Movimiento también tenía una presencia institucional en cada municipio, pero la sección local era más un apéndice del aparato del Estado que un canal de movilización. Parece claro que el régimen de Franco no quiso nunca igualar a la Alemania nazi o ni siquiera la Italia fascista con un nivel menor de movilización de masas en organizaciones controladas por el Estado.

En contraste, la afiliación oficial en las organizaciones católicas probablemente subestima el papel más amplio de la Iglesia como canal principal de socialización para la mayor parte de las comunidades en las décadas de 1940 y 1950. Así, la parroquia local reunía a los habitantes a través de la asistencia a misa y otras ceremonias religiosas, así como en las festividades patrocinadas por la Iglesia como la celebración anual del día del santo patrón. En algunos casos, es posible que recuperase su monopolio tradicional sobre las redes locales de socialización, como llega a la conclusión el estudio del caso de un pueblo vasco.⁴⁴ Al mismo tiempo, en aquellas comunidades en las que la Iglesia seguía luchando para profundizar su huella históricamente débil, es posible que las redes sociales se redujeran realmente a los sistemas de apoyo individual o familiar. En cualquier caso, aunque es posible que la esfera pública no quedara totalmente «silenciada», debió parecer terriblemente callada para aquellos que habían vivido durante el período republicano.

Los límites severos de la esfera pública durante las primeras décadas también se aplican al mundo del arte y la cultura. Aunque algunos han despreciado este período como un «desierto cultural», en el que solo produjo valores artísticos la comunidad exiliada, la mayoría acepta que la expresión cultural no quedó extinguida, e incluso que no toda la producción cultural permitida por el régimen era necesariamente mala. Desde luego, el régimen hizo todo lo que pudo para eliminar el pensamiento y la creatividad independientes a través de una censura rígida, el control estatal de la prensa, la purga de bibliotecas y el control de las academias nacionales.⁴⁵ La censura era especialmente dura contra las culturas catalana y vasca, que se veían como amenazas contra la identidad nacional castellana española.⁴⁶

Más allá de restringir la mayor parte de la producción cultural de élite, el régimen promovió, al tiempo que trató de controlar, las formas populares de cultura como el fútbol y las festividades.⁴⁷ Así, la política deportiva se centralizaba bajo el liderazgo del Movimiento, y tanto los jugadores como los directivos del fútbol debían someterse a una investigación sobre su pasado.⁴⁸ Al mismo tiempo, en el caso del fútbol, los aficionados asistían a los partidos en grandes números no porque les obligase el régimen, sino porque había sido un espectáculo deportivo muy popular desde la década de 1920. En términos generales, lo que se aplica al fútbol se podría decir de la cultura en general: el régimen podía evitar cualquier práctica pública o producto que fuera abiertamente en contra de sus valores, pero no era un titiritero que dictaba cada manifestación cultural y lo que significaba para sus participantes.

El retrato general de la sociedad y la cultura durante las primeras décadas del régimen de Franco no se puede reducir a una sola narración. Por un lado, no fue puramente una restitución de un orden tradicional ni una ruptura con el pasado, sino que se formó en la tensión inestable entre cambio y continuidad. En muchos sentidos, los límites de la antigua sociedad de clases se endurecieron, pero en algunos casos la guerra realineó las jerarquías sociales alrededor de vencedores y perdedores. De la misma manera, no fue ni una sociedad completamente controlada y movilizada por un Estado totalitario ni una sociedad completamente privatizada y desmovilizada. El Movimiento y las instituciones católicas pretendieron moldear la población con sus imágenes en conflicto, pero su alcance siempre fue parcial. La unidad nacional era el tema común, pero las dos visiones dividían en la misma medida que unían. Algunos españoles adoptaron estos objetivos, mientras que otros se mantuvieron con la cabeza gacha, solo intentando sobrevivir. Lo que fue un «desierto» para algunos fue una utopía purificadora para otros. Lo que se puede afirmar es que las opciones estaban fuertemente limitadas, unirse o no participar, un mundo en el que toda la paleta de colores había quedado reducida al blanco y negro, ganadores y perdedores.

Evolución social y cultural en los años de crecimiento: década de 1960-década de 1970

Durante las últimas décadas del régimen, la paleta se diversificó considerablemente, y la esfera pública, estrangulada en su momento, se repobló con voces, ideas, productos culturales y redes sociales distintos. Los críticos señalan que el cambio estuvo limitado por la continuación de la censura y la represión, la gran desigualdad social y la consistencia terca del mensaje tradicionalista del régimen. Pero, aun así, muchos españoles experimentaron cambios drásticos en su mundo. La prosperidad económica, la urbanización y el encogimiento de las comunidades rurales, el turismo y la integración de España en el «Occidente» de la Guerra Fría tuvieron consecuencias revitalizantes para una sociedad y una cultura que los líderes del régimen nunca hubieran podido prever y, en muchos casos, solo comprendían vagamente.

Migración y movilidad social

En primer lugar y de la mayor importancia fue el impacto de la transformación estructural en el orden social. El éxodo de los jornaleros sin tierras, así como de pequeños agricultores y aparceros desde el campo, destruyó las jerarquías de una sociedad rural cuyos contornos se habían formado durante la desamortización en el siglo XIX. La migración hacia las ciudades abrió un mundo amplio de socialización, ocio y entretenimiento. Resulta muy significativo que la puerta a la movilidad social finalmente se había abierto, cuando una mayoría de la población alcanzó al final el estatus de clase media en la década de 1970 (el 26 % media alta y el 28 % media baja).⁴⁹ Como consecuencia, las aspiraciones a la cultura de clase media, cuyos parámetros habían sido establecidos a lo largo del siglo XIX y principios del XX, finalmente fueron accesibles para la mayoría. Los muy ricos (5 %) y las clases bajas (41 %) no desaparecieron de este nuevo orden social, pero estas categorías parecen menos permanentes y marcadas que con anterioridad. Incluso los obreros cualificados podían participar en algunos aspectos de una cultura de masas urbana cada vez más interclasista, desde ver la tele hasta ir al cine o presenciar partidos de fútbol.

Contribuyendo, aunque de una manera bastante limitada, a aumentar la movilidad se encontraba el esfuerzo tardío del régimen por incrementar su inversión en la educación pública, encarnado en la Ley de Educación de 1970 y la casi triplicación del presupuesto de educación entre 1969 y 1975. Ambiciosa en su alcance, aunque solo fue implantada de manera parcial, la ley tenía el objetivo de universalizar por fin la educación primaria gratuita, y de satisfacer la demanda de educación superior entre la creciente clase media y las necesidades de una economía cada vez más compleja. A mediados de la década de 1970, España alcanzó finalmente un 97 % de cobertura de la educación primaria. Al mismo tiempo, el número de escuelas secundarias públicas pasó de 120 en 1960 a 294 en 1970 y 700 en 1975, mientras que el alumnado más que se quintuplicó. La presión de cada vez más estudiantes que se graduaban en las escuelas secundarias obligó al régimen a fundar siete universidades más, porque el alumnado más que se cuadruplicó, pasando de 76.000 en 1960 a 333.300 en 1970. Estos estudiantes universitarios formaron el núcleo de una nueva cultura juvenil crítica y de un movimiento estudiantil que estaba abierto a las influencias de sus homólogos europeos. Existían límites a esta reforma educativa, cuya financiación no estuvo a la altura de la ambición de sus objetivos, pero empezó a resolver el fracaso catastrófico de la educación y la ampliación de la senda de la movilidad social.⁵⁰

La diversificación de la esfera pública

Al mismo tiempo que mejoró la movilidad social, la clase obrera industrial y urbana creciente empezó a reconstruir su voz e identidad colectivas. Así, en la década de 1960, las redes sociales y culturales obreras diezmadas por la guerra y la represión se empezaron a recuperar. Aunque los movimientos de oposición como el Partido Comunista (PCE) continuaron en la clandestinidad, las nuevas leyes laborales que legalizaban la negociación colectiva llevaron a la formación de una generación nueva de sindicatos, las Comisiones Obreras (CC.OO.). Aunque el régimen no legalizó nunca las huelgas per se, una ley de 1961 abría espacios para los conflictos laborales siempre que se refirieran a cuestiones puramente económicas. Iniciados con una huelga de mineros en Asturias de dos meses de duración en 1962, el número y la intensidad de los conflictos laborales aumentó, en especial en los últimos años del régimen, cuando participaban más de 600.000 trabajadores al año. A la densidad de las redes obreras urbanas se añadían las Asociaciones de Vecinos (AA.VV.), que se multiplicaron después de que una ley de 1964 legalizara las asociaciones no políticas. Formadas en muchos de los barrios periféricos olvidados para proporcionar sus propios servicios o para exigir al ayuntamiento que asumiera su responsabilidad en la construcción de calles, escuelas, alcantarillado y centros recreativos, este movimiento cristalizó a finales de la década de 1970 en el llamado «movimiento ciudadano», que exigía servicios urbanos y derechos políticos.⁵¹ Aunque durante la dictadura los sindicatos y las asociaciones vecinales no podían enfrentarse directamente al régimen sin arriesgarse a que los reprimieran a tiros, lo que de hecho ocurrió, incluso las exigencias limitadas de aumentos salariales o redes de alcantarillado representaban una diversificación significativa de una esfera pública que en su momento se caracterizó por la ausencia de prácticamente todas las voces independientes.

La diversificación de la esfera pública también se vio impulsada por la afluencia de 20 millones de turistas al año hacia finales de la década de 1960. Promovidas por algunos sectores del régimen como una fuente de capital y un canal (no político) para la integración europea, las playas españolas baratas eran un imán para los europeos del norte que ahora disfrutaban de vacaciones pagadas. El impacto fue directo, en cuanto a las dificultades para mantener los niveles de puritanismo moral frente a las extranjeras enfundadas en bikinis, e indirecto, teniendo en cuenta todo lo demás que entró en España a través de la puerta abierta por los turistas, incluidos los libros extranjeros, la música pop y los periódicos. Aunque se puede sobrevalorar la influencia del turismo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los turistas estaban concentrados en las playas meridionales, en los nuevos complejos hoteleros construidos para alojarlos, cualquier pretensión de proteger contra las influencias «modernas» era insostenible. Es más, los que apoyaban el turismo dentro del liderazgo del régimen aceptaban que España debía entrar en el mundo moderno (en sus propios términos, por supuesto) para sobrevivir.⁵²

Otro elemento de la diversificación de la esfera pública fue la reaparición de las culturas y las lenguas periféricas. Después de quedar confinadas en el hogar, reaparecieron las publicaciones en catalán: de cuatro libros en 1942, se publicaron 96 en 1954 y 465 en 1967. Además de las ediciones catalanas de poesía y literatura, hubo una revitalización de los Boy Scouts catalanes (el Moviment Escolta), dirigidos por mandos católicos que enseñaban a sus miembros historia y cultura catalanas, además de religión. Los grupos corales y de danza interpretaban canciones catalanas y el baile catalán, la sardana. En 1965, se emitió por primera vez desde Barcelona un programa de televisión en catalán. Resulta significativo que una de las fuerzas más importantes de la catalanización en un principio fue la Iglesia catalana, que en los inicios proporcionó cierta cobertura a un movimiento que adoptó con rapidez posiciones de oposición. El líder catalanista más importante después de la dictadura, Jordi Pujol, fue detenido durante un acto cultural en el Palau de la Música de Barcelona en 1960 donde se interpretó ilegalmente una versión del himno nacional catalán. El régimen siguió prohibiendo la bandera catalana y, lo que era más importante, prohibía la enseñanza del catalán en las escuelas. No obstante, a pesar de seguir con estas restricciones, a finales de la década de 1960 muchos se referían a la década como una «segunda renaixença», remitiendo al renacimiento cultural de mediados del siglo XIX. Òmnium Cultural, una organización paraguas dedicada a la promoción de la lengua y la cultura catalanas, representaba a más de 90 organizaciones catalanas en 1968. Al final de la dictadura, la libertad de hablar y reconocer la identidad catalana se había convertido en algo relacionado inextricablemente con la oposición al régimen.⁵³

No fue solo en la periferia donde se amplió la producción y la actividad culturales más allá de los canales de la Iglesia y del Movimiento. Existía una brecha creciente entre la cultura oficial del régimen y la vanguardia cultural independiente, que incluía publicaciones clandestinas, películas y literatura críticas, rock and roll y arte abstracto cosmopolita, relacionado con la escena internacional. No todo esto se dirigía contra el régimen, pero prácticamente ninguno apoyaba su actitud frente a la cultura. Parte de esta producción consiguió llegar a la esfera pública después de la Ley de Prensa de 1966 que abandonaba la censura previa a la publicación. Algunos plantean que esto formó parte del proceso del régimen de «ir soltando» sus esfuerzos de controlar toda la producción cultural. Por ejemplo, el régimen toleró e incluso intentó aprovecharse de las nuevas tendencias culturales, en especial del arte abstracto, apoyando las exposiciones internacionales y promocionando a artistas españoles como Antoni Tàpies.⁵⁴ Otros interpretan la tolerancia de cierta diversidad cultural como un gran error de cálculo de las élites del régimen, que creían que la prosperidad, la mejora del nivel de vida y el consumismo habían creado un amplio consenso que no podía ser amenazador.⁵⁵ Por el otro lado, muchos libros y películas seguían sin poderse leer o ver en España, y la abolición de la censura previa ponía la presión en los productores, que debían decidir qué podía ser aceptable, arriesgándose a la ruina financiera si tomaban la decisión errónea. Fueran cuales fuesen las fuerzas que actuaban —mayor tolerancia en algunas áreas, exceso de confianza, o la fuerza pura de la expresión artística—, el resultado fue un enriquecimiento significativo en el campo de la producción cultural.

El declive de la «tradición»: juventud, género y religión

Tan importante como la aparición de voces, corrientes culturales, redes sociales y asociaciones nuevas fue el debilitamiento correspondiente de la cultura y los valores «tradicionales», en especial entre la generación más joven de las décadas de 1960 y 1970. Una manifestación de esta tendencia fue el cambio paulatino de los roles de género y de las actitudes hacia ellos. Desde la regla de oro irrenunciable de las «esferas separadas» de la década de 1940, las jóvenes españolas en las décadas de 1960 y 1970 se comportaban de manera diferente y se les daba más libertad. Si el 80 % de la población en 1975 seguía pensando que el lugar donde debían permanecer las mujeres era el hogar, el 20 % restante estaba desproporcionadamente por debajo de los treinta años. Del 16 % de mujeres en la fuerza laboral en 1950, en 1975 casi se había doblado, hasta el 30 %, pero en la franja de los veinte a los veinticuatro años era del 57 %. Durante la última década del régimen era obvio que las mujeres estaban dando más pasos para controlar su reproducción, como lo demuestra la rapidez en el descenso de la tasa de nacimientos, a pesar del hecho de que el control de natalidad era ilegal. Se graduaban más mujeres en la educación secundaria y la universidad, llegando al 22-24 % del alumnado universitario a principios de la década de 1960 y doblando sus números absolutos entre 1950 y 1960.⁵⁶ A partir de la década de 1960, tanto la SF como la ACM estaban planteando una modernización del papel de las mujeres, promocionando más la educación y aceptando el trabajo como una fase legítima en la vida de una mujer.⁵⁷ La SF presionó para conseguir alguna reforma legal, en especial los cambios en el Código Civil en 1958 que daban a las mujeres el control de sus propiedades, la ley de 1961 que extendía sus derechos laborales y la abolición del derecho del marido a matar a su esposa si la sorprendía en un acto de adulterio.

Seguían existiendo muchas restricciones las opciones a disposición de las mujeres, entre ellas la falta de instalaciones para cuidar a los niños, una diferencia salarial a causa del sexo, la presión social continuada para que adoptasen actitudes sumisas y el acceso limitado a un control de natalidad efectivo, que provocó más de 100.000 abortos ilegales al año a principios de la década de 1970. Solo en las décadas después de la dictadura culminó esta evolución con una transformación radical de la situación de las mujeres. Aun así, incluso el concepto de que el papel de las mujeres se pudiera «modernizar» contrastaba con el discurso fuertemente «tradicionalista» del período anterior.

Un indicador aún más sorprendente de que la «tradición» ya no estaba al timón como lo había estado con anterioridad fue el cambio de rumbo en las prácticas y creencias religiosas. Durante las primeras décadas, la Iglesia fue la defensora reconocida de los valores tradicionales, la institución encargada de detener la marea de la modernidad. Pero en la década de 1960, una generación nueva de sacerdotes jóvenes estaba rechazando la visión ultraconservadora del liderazgo de la Guerra Civil (solo tres obispos tenían menos de cuarenta y cinco años en 1966) y adoptaron las ideas modernas del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación e incluso el marxismo. Para estos sacerdotes jóvenes, la Iglesia se había manchado con su asociación con la dictadura, así como por los esfuerzos para imponer el catolicismo a los españoles. Varios centenares de sacerdotes vascos y catalanes escribieron cartas de protesta al régimen en 1960 y 1964, y al menos 150 sacerdotes fueron sancionados o detenidos en 1975. En una encuesta de 1970, solo el 20 % de los sacerdotes aprobaba las relaciones Iglesia/Estado que existían en aquel momento. Aunque la jerarquía de la Iglesia nunca llegó a romper del todo con el régimen, un número significativo de obispos y sacerdotes votaron en 1971 para pedir perdón al pueblo español por la participación de la Iglesia en la Guerra Civil. Al final de la dictadura, la Iglesia como institución estaba dividida y en crisis, no siendo ya el punto de referencia estable para la sociedad «tradicional».⁵⁸

Al mismo tiempo que la Iglesia perdía su unidad interna, al menos una parte de la misma generación joven de españoles normales estaba empezando a rechazar la cultura intensamente religiosa de las primeras décadas. El número de jóvenes que estudiaban para convertirse en sacerdotes cayó de 8.000 en la década de 1950 a 1.800 en 1972, y la asistencia regular a misa empezó a declinar de nuevo después de la recuperación inicial en la década de 1940. En 1975, solo alrededor del 60 % de los españoles eran católicos practicantes, aunque solo el 2 % se consideraban no católicos o ateos. Paradójicamente, los esfuerzos coercitivos para imponer la práctica religiosa terminaron alejando más que recristianizando.

A mediados de la década de 1970, resulta difícil discutir que el mundo en el que estaban creciendo los jóvenes españoles era bastante diferente del de la generación de sus padres. La mayoría había abandonado el campo para unirse a una cultura urbana cada vez más diversa, teniendo la mayoría de ellos la educación y los ingresos para aprovecharla. A medida que se reconstruían las redes sociales y más voces diversificaban la esfera pública, el mensaje tradicionalista del régimen de Franco se iba diluyendo y era cada vez más irrelevante. Algunos han descrito este alejamiento creciente entre la esfera política estancada y la evolución de la cultura y la sociedad como inevitablemente inestable, preparando el terreno para la transición del régimen. Pero se ha demostrado ampliamente en una variedad de casos nacionales que la «modernización» social y cultural no conduce automáticamente a la democracia.

En el caso español, existen pruebas de que, para algunos, la transformación social y cultural les ofreció las herramientas y los conocimientos para oponerse a la dictadura. Los estudiantes universitarios, los obreros industriales, los nacionalistas catalanes y vascos, los artistas y los intelectuales: todos estos grupos era proporcionalmente más probable que viesen el mundo cambiante como una oportunidad política. Pero para otros, y quizá eran aún la mayoría a principios de la década de 1970, la libertad política era menos importante que la «paz» y la prosperidad que creían que se había conseguido en las décadas recientes. El abanico de actitudes indudablemente recorría el trayecto del consentimiento, la aceptación y la indiferencia hasta el inconformismo y la disidencia. Solo con la crisis política creciente del régimen y la muerte de Franco la transformación social y cultural de las décadas anteriores se unió efectivamente al proceso de cambio de régimen y de democratización.

CONCLUSIÓN

El paisaje cambiante de la economía, la sociedad y la cultura españolas durante la larga dictadura de Franco se resiste a ajustarse a un solo relato o marco. El período reúne quizá la época más negra de la historia contemporánea del país, cuando la guerra y un régimen vengativo detuvieron un siglo de crecimiento y evolución social graduales. Al mismo tiempo, también representa la fase de crecimiento y transformación más rápida que la de cualquier otro período, un patrón que acerca a España a una senda de convergencia con el resto de Europa occidental sin precedentes en ninguna otra época desde la era napoleónica. La cuestión de cómo dar sentido a estas historias contradictorias es complicada a causa de los relatos morales enfrentados sobre el régimen de Franco, cada uno de los cuales suele centrarse en una de estas instantáneas como si fuera definitiva. Así, el relato crítico destaca las primeras décadas sombrías y represivas como prueba de la suprema capacidad destructiva del franquismo, y afirma que los patrones fijados en aquel momento siguieron persiguiendo y restringiendo el desarrollo social, económico y cultural en las décadas posteriores, a pesar de los cambios cosméticos. La visión más benigna señala que las primeras décadas fueron trágicas pero efímeras, otorgando al régimen el crédito por el cambio de rumbo al abrir la puerta a la liberalización económica, cultural y social que, a su vez, hizo posible, si no necesaria, la transición democrática pacífica.

Entre ambos extremos, cada uno de estos relatos contiene elementos que parecen ciertos. Así, la devastación provocada por el régimen durante las primeras décadas nunca se vio compensada por el crecimiento posterior, y la mayor parte de la transformación tuvo lugar a pesar de las políticas del régimen y no gracias a ellas. Además, el impacto de la transformación fue desigual y no siempre se experimentó como algo positivo. Por el otro lado, los cambios en las políticas del régimen, desde las reformas económicas de 1959, hasta la Ley de Convenios Colectivos de 1958, la Ley de Asociaciones de 1964, la Ley de Prensa de 1966 y la Ley de Educación de 1970, por citar solo algunas de las más importantes, tuvieron consecuencias reales, abriendo puertas, aunque fuera de forma no intencionada, que habían estado firmemente cerradas. El resultado fue una relación compleja entre la esfera política de la dictadura y las esferas económica, social y cultural, que no estuvieron ni completamente oprimidas ni liberadas. Los cuarenta años de dictadura en España tuvieron indudablemente un impacto negativo en la sociedad, pero las grandes transformaciones que mejoraron y enriquecieron la vida de muchas personas también tuvieron lugar durante la dictadura, en parte a pesar de ella, pero también en parte como un producto derivado de las acciones del régimen. Al final, no existe una explicación sencilla de la paradoja de un régimen tradicionalista, ruralista y católico que dominó la industrialización, urbanización y secularización del país.

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LA ÚLTIMA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: 1976-1982

Después de casi cuarenta años de dictadura, España se sometió a una transición política en lo que se iba a convertir en el período más largo y más estable de gobierno democrático en la historia, con la promesa de terminar de una vez por todas con el relato persistente del «fracaso» español. La periodización exacta se sigue debatiendo, pero la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 terminó la transición institucional formal, y la mayoría están de acuerdo en que la consolidación estaba asegurada en 1982. A la estela de lo que se considera universalmente como una transición exitosa hacia, y la consolidación de, la democracia, el debate principal gira alrededor de qué factores contribuyeron más a este logro de España. La visión ensalzadora inicial de la transición «modélica» se enmarcaba tanto en cuestiones nacionales como globales. En el interior, la transición relativamente pacífica y consensuada desde la dictadura a la democracia fue comparada favorablemente con el experimento democrático turbulento y polarizado de la década de 1930, que había terminado en una guerra civil. Desde el punto de vista global, España recorrió un camino en su mayor parte ignoto que quedó fijado como un modelo para la transición a la democracia de otros regímenes autoritarios. Sin un plan prefabricado o un resultado predeterminado, la Transición fue un logro único del que pueden estar orgullosos los españoles.

En las últimas décadas, lo que en su momento fue objeto de orgullo se ha visto engullido por los relatos morales en conflicto sobre la historia contemporánea de España. Aunque algunos siguen defendiendo la narración triunfal, se ha producido un cambio de celebrarlo como un momento perfecto a reconocer sus problemas y analizar su impacto en la calidad de la democracia actual.¹ Algunos han denunciado el llamado «pacto del olvido», poniendo en cuestión la decisión de construir la nueva democracia sobre la memoria reprimida de los asesinatos en masa y la represión brutal. Otros han criticado lo que consideran las consecuencias negativas de la obsesión por el consenso que, según argumentan, dejó a su paso un público pasivo y una democracia de «baja intensidad». El resultado ha sido la reevaluación de la Transición y su lugar en la historia de la democracia española. Aun así, la mayoría acepta que, aunque la Transición no fue un «modelo» inmaculado, fue un proceso positivo que condujo con éxito de la dictadura a una democracia consolidada.²

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Ningún otro momento de la historia contemporánea de España ha quedado más concienzudamente integrado en el análisis académico comparativo que la transición democrática de la década de 1970. Es más, quizá es la primera vez que la comparación sitúa a España como el modelo positivo que imitar, en lugar del fracaso que lamentar o evitar. Así, de todas las docenas de transiciones de la llamada «tercera ola»,³ España ha sido juzgada universalmente como la de mayor éxito, convirtiéndola en un modelo global, en realidad en el modelo, para la democratización y su consolidación.⁴ En este sentido, el «modelo español» ha sido una presencia positiva y ubicua en los estudios comparativos de democratizaciones.⁵

Aunque la nueva situación de España como un modelo positivo ha sido un cambio refrescante, existen problemas y ambigüedades en la manera como la Transición española se ha enmarcado en la perspectiva comparativa. Así, la teoría de la ola establece límites arbitrarios entre grupos de transiciones que tienen consecuencias importantes. Al situar a España y Portugal dentro de una «tercera ola», el modelo las coloca implícitamente fuera de las transiciones de Europa occidental de la «segunda ola» solo unas pocas décadas antes. En consecuencia, España se ha convertido en un modelo, no para Europa, sino para el mundo en desarrollo. En este esquema, España se sitúa como un puente entre la Europa a la que se ha unido recientemente y el mundo en desarrollo del que ha salido recientemente. En otras palabras, es precisamente el papel ambiguo de España en Europa lo que se confirma con la periodización de la «tercera ola».

La decisión arbitraria de separar las transiciones española y portuguesa del proceso de la democratización europea de posguerra ha tenido consecuencias importantes para el «modelo español». La razón de que exista un «modelo español», en oposición a un modelo austríaco, alemán o italiano, es que se asume que la versión española es más asequible a las naciones en desarrollo. Si España pudo realizar con éxito una transición de un régimen autoritario (atrasado) a una democracia moderna, entonces lo pueden hacer toda una serie de países similares. Los inicios de la década de 1970 fueron un período de pesimismo sobre el futuro de la democratización en el mundo en desarrollo. La mayoría de las democracias de posguerra establecidas en las naciones que habían sido antiguos territorios coloniales se habían derrumbado y habían sido sustituidas por regímenes autoritarios de diversos tipos, y las transiciones del sur de Europa se presentaban como una sorpresa agradable cuando las expectativas se encontraban en el nivel más bajo.⁶ Lo que convirtió esta sorpresa en un optimismo nuevo fue la barrera implícita entre Europa meridional y occidental que permitía a los observadores interpretar estas transiciones como una «fase nueva», como si la democracia se hubiera extendido más allá de sus «fronteras naturales». Si la democracia podía echar raíces en terrenos tan poco acogedores del sur de Europa, entonces ¿por qué no lo podía hacer en cualquier lugar del mundo?⁷

Con un consenso sobre el éxito del «modelo» de transición de España, el debate se centra en las razones del mismo. Desde principios de la década de 1980, la Transición de España se ha presentado como prueba de la importancia de una serie de factores, desde la modernización económica y social, el apoyo global, las decisiones de las élites y la movilización de la sociedad civil.⁸ Después de décadas de debate, la síntesis más convincente es que la Transición española surgió de una confluencia favorable de todos estos ingredientes, aunque el orden exacto de cada uno de los factores sigue debatiéndose. En cualquier caso, a medida que el «modelo» se vuelve más complejo, resulta menos reproducible. Es más, el optimismo inicial de que todos los países se podían democratizar si seguían una pauta universal se ha desvanecido como consecuencia de las transiciones permanentes, las consolidaciones tambaleantes o las recaídas en el autoritarismo en parte de las varias democracias de la tercera ola, en especial fuera del centro europeo.⁹ Aunque la Transición española sigue fascinando a los científicos sociales comparativos que intentan desvelar los secretos universales del éxito, también es cada vez más objeto de los historiadores, que están situando el proceso en la trayectoria a largo plazo de la evolución política española.

LOS ORÍGENES DE LA TRANSICIÓN: FACTORES FAVORABLES EN COMPARACIÓN CON LA DÉCADA DE 1930

Desarrollo económico

Desde esta perspectiva histórica, España disponía de un contexto más favorable que la mayoría de las naciones «en desarrollo» de la «tercera ola» con la que se la agrupa con frecuencia. En términos sociales y económicos, en la década de 1970 España había completado su larga transición de una sociedad agraria y rural a otra ampliamente industrial y urbana. Aunque en la actualidad la mayoría de los estudiosos rechazarían el paradigma clásico de la «modernización», que plantea que la democracia era el resultado (inevitable) de esta transformación, muchos estarán de acuerdo en que cierto umbral de desarrollo económico y distribución de la riqueza parece necesario para crear las infraestructuras de comunicaciones, educación y bienestar para cimentar los lazos fundamentales de una comunidad de ciudadanos democráticos. En el caso español, el proceso de transformación económica se produjo de manera lenta y desequilibrada, haciendo que sea difícil señalar el momento en que se superó dicho umbral. No obstante, en la década de 1970 España se había incorporado al campo de las naciones «desarrolladas».

También se presentaban consecuencias sociales específicas del crecimiento rápido, la industrialización y la urbanización que se añadían a las condiciones favorables para una transición democrática. En especial, a medida que los jornaleros sin tierras abandonaban el campo y se trasladaban a las ciudades, inconscientemente destruyendo no solo el sistema de latifundios, sino también la estructura del caciquismo que había concentrado el poder económico y político en las manos de los grandes terratenientes que eran capaces de imponer su voluntad sobre una fuerza laboral dependiente. Aunque el llamado milagro económico no niveló las diferencias de clase, las enormes desigualdades de la sociedad rural que habían provocado dicho conflicto —y las políticas revolucionarias— en la década de 1930, habían quedado atemperadas en gran medida en la década de 1970. El aumento de la calidad de vida no genera automáticamente la base para un consenso democrático, pero resulta difícil mantener enormes desigualdades de ingresos dentro de un sistema democrático.

Localización geográfica: Europa occidental

Igual importancia para la creación de un entorno más favorable para la transición democrática en la década de 1970 fue la ubicación de España en Europa occidental, que estructuraba con claridad las alternativas que se podían elegir. En contraste con la década de 1930, la democracia se percibía como el «único juego admisible» y se había transformado en la forma de vida de los europeos occidentales. Es más, los lazos comerciales, económicos y culturales en aumento establecidos entre la Europa del sur autoritaria y sus vecinos democráticos del norte desde la década de 1960 situó esta forma de vida más directamente ante la vista del público de lo que había ocurrido durante las décadas anteriores que habían sido más aisladas. Y finalmente, el contacto personal entre individuos y grupos, en particular los socialdemócratas de la CEE, influyó en las decisiones de las élites políticas en el sur. Una escuela de la democratización plantea el impacto infeccioso del imperativo global para democratizarse y a mediados de la década de 1970 España era la región para hacerlo. Dentro de España, el mito aspiracional de unirse a la «Europa» avanzada se remontaba al menos a finales del siglo XIX, sobreviviendo como un contrarrelato persistente al lema del régimen de Franco de que «España es diferente». Durante la Transición, «europeización» y «democratización» se fusionaron casi como valores intercambiables.

Movilización de la sociedad civil

Además de condiciones económicas, sociales e internacionales más favorables, se puede afirmar que España tenía a su disposición un capital político significativo, a pesar de los cuarenta años de gobierno autoritario. El país tenía una historia larga, aunque inestable, de gobierno constitucional que se remontaba a principios de la década de 1800, y una trayectoria paralela de compromiso político popular, aunque este último nunca estuvo incorporado por completo en un sistema democrático funcional. En este sentido, la cultura política española tenía una experiencia larga —aunque desigual— con las costumbres de la movilización desde abajo, la reclamación de «derechos», una cultura política pluralista y canales para mantener conversaciones entre los ciudadanos y entre los grupos sociales y el Estado.

Esta sociedad civil activa había continuado su desarrollo hasta la desmovilización forzosa después de 1939, pero ya se había empezado a recuperar en la década de 1960 a través de canales clandestinos y públicos. En cuanto a la oposición antifranquista organizada, el Partido Comunista (PCE) era la fuerza más importante, extendiendo su influencia a través de la política del «entrismo» con la que los militantes «entraban» en organizaciones no políticas desde los sindicatos de las Comisiones Obreras (CC.OO.) hasta asociaciones vecinales y de amas de casa.¹⁰ En las fases iniciales de la movilización desde abajo, el movimiento sindical desempeñó un papel esencial, sirviendo en muchos casos como los «iniciadores» que «rebajaron los costes de la Transición» a los actores más débiles.¹¹ A nivel nacional, las regiones en las que se inició una movilización sostenida en la década de 1960 fueron aquellas con una fuerte tradición de organización sindical, como Asturias, el País Vasco, Barcelona o Madrid. A nivel local, el movimiento obrero fue con frecuencia el primer movimiento social en los barrios pobres, proporcionando no solo líderes al movimiento, sino también el ejemplo visible de acción colectiva en los espacios públicos.¹² A mediados de la década de 1970, las protestas y la organización del movimiento obrero se habían extendido geográficamente, pero también hacia sectores nuevos, en especial los profesionales de la educación y la sanidad. Siete millones de jornadas de trabajo se perdieron por las huelgas en 1971, elevándose hasta los 14 millones en 1974.

Una fuente más sorprendente de activismo antifranquista fue la Iglesia católica. Desde los curas obreros radicalizados que predicaban una versión de la teología de la liberación, hasta los activistas sindicales de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC), al movimiento de Comunidad Cristiana, se planteó un poderoso desafío generacional a la afiliación explícita de la Iglesia con la dictadura.¹³ Otra cuna generacional de oposición fueron las universidades, donde en fecha tan temprana como mediados de la década de 1950 los estudiantes plantearon protestas que llevaron a la policía a ocupar y clausurar las grandes universidades.¹⁴ Además de las organizaciones activistas explícitamente antifranquistas, existía toda una serie de grupos que se movilizaban en la esfera pública en expansión, entre ellos las organizaciones culturales catalanas y vascas, y las asociaciones de vecinos (AA.VV.), de familias (ACF) y de amas de casa (AAC), a veces implícitamente opuestas al régimen, pero que con frecuencia buscaban simplemente el bienestar comunitario.

Tanto las organizaciones antifranquistas como las formas de movilización desde abajo sobre temas específicos tuvieron un impacto erosivo en la legitimidad de la dictadura. Los movimientos de oposición afectaron al relato de la «paz de Franco», en especial cuando se organizaron e hicieron oír más su voz. Un punto de inflexión importante fue la formación de dos grandes coaliciones, la Junta Democrática de España, dominada por el PCE, en 1974 y la Plataforma de Convergencia Democrática, dominada por el Partido Socialista en 1975. Un tipo diferente de desafío explícito lo presentó la organización independentista vasca, ETA, con su estrategia terrorista de asesinatos y robos de bancos. Aunque solo una minoría de la población participaba en alguno de estos movimientos, su existencia obligó a la dictadura a escoger entre la tolerancia de facto y el endurecimiento de la represión.

De una manera más difusa, las asociaciones de grupos de intereses aumentaron el pluralismo y con frecuencia obligaron al Estado autoritario a abrir un diálogo.¹⁵ A través de la participación en este diálogo, las organizaciones de la sociedad civil sirvieron como «escuelas de democracia», en las que sus miembros aprendieron a articular los intereses colectivos y a plantear demandas, así como a desarrollar las habilidades y la costumbre del autogobierno. Así, redactaron estatutos, eligieron líderes, discutieron objetivos y prioridades, participaron en proyectos colectivos y mediaron en conflictos entre puntos de vista enfrentados. Esta movilización en expansión de la sociedad civil no era lo suficientemente poderosa o cohesionada para derrocar a la dictadura o ni siquiera para dictar los términos de la Transición. Pero el «empujón desde abajo» ayudó a convencer a algunas élites del régimen de la necesidad de reformas y fortaleció la posición de las fuerzas políticas democráticas cuando se abrió formalmente el período de transición.

Las élites franquistas: los reformadores y el «búnker»

Un factor favorable final fue la voluntad «de arriba abajo» de los reformadores en la coalición franquista para abrir el diálogo con la oposición democrática en los meses posteriores a la muerte de Franco. Pero sin el «empujón desde abajo», las élites no tenían ningún plan para un régimen de transición, como quedó patente con los cambios cosméticos propuestos por el primer Gobierno instalado después de la muerte de Franco. El sucesor designado por Franco, el rey Juan Carlos, mantuvo como presidente del Gobierno a Arias Navarro, que habló de una «democracia de estilo español», pero propuso reformas mínimas de las instituciones existentes sin elecciones ni la inclusión de la oposición democrática. La combinación de resistencia por parte de los funcionarios franquistas más intransigentes, conocidos como el «búnker», y las exigencias de una ruptura política real por parte de la oposición torpedearon el plan y el Gobierno de Arias Navarro. Finalmente, en julio de 1976, cuando el rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, se puso en marcha un proceso más abierto. Para la mayoría de los analistas, este momento marca el inicio de la transición institucional.

LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL: JULIO DE 1976-DICIEMBRE DE 1978

La transición institucional tuvo lugar entre julio de 1976 y diciembre de 1978, cuando la nueva Constitución democrática fue aprobada ampliamente por los votantes.¹⁶ Por muy favorables que fueran las condiciones existentes, la Transición española fue obra de las acciones y decisiones humanas, tanto colectivas como individuales. Inmediatamente después, observadores entusiasmados destacaron la rapidez, la paz relativa y el espíritu de compromiso y de consenso que planteó un acuerdo aceptable para la mayor parte de los actores, así como para la mayoría de la población. En medio del proceso, no obstante, había incertidumbre y conflicto, no solo sobre cómo realizar la transición a la democracia, sino también sobre qué tipo de democracia iba a ser. Una evaluación más crítica de la Transición en los últimos años ha intentado resucitar y reconocer los caminos alternativos que fueron discutidos, pero finalmente eliminados en el acuerdo democrático final.¹⁷ Incluso las valoraciones más positivas reconocen que la Transición tuvo sus debilidades, entre ellas una combinación caótica de violencia y negociación pacífica, consenso y conflicto, que dejó sin resolver algunos asuntos espinosos.¹⁸

Lo que está claro es que el acuerdo final de la Transición surgió más de un proceso dinámico y a veces polémico que de un consenso preexistente. Un eje de este proceso fue la interacción entre las negociaciones entre las élites y una movilización popular de masas cada vez más importante de grupos sindicales y de ciudadanos, incluida la UGT socialista y las Comisiones Obreras comunistas (CC.OO.). Escuelas de pensamiento enfrentadas han destacado la primacía de lo uno o de lo otro, pero las dos fueron esenciales.¹⁹ No resulta sorprendente que los planes y los objetivos de todos estos actores tuvieran grandes diferencias, al igual que lo eran sus visiones enfrentadas de los límites de un futuro Gobierno democrático. Algunos preveían una monarquía representativa liberal, mientras que otros imaginaban una república democrática socialista más participativa, y unos terceros, en especial en el País Vasco y Cataluña, tenían la esperanza de un sistema federal radicalmente descentralizado o incluso, en el caso de ETA, la independencia.

A finales del siglo XX, cuando la democracia liberal vinculada con la economía capitalista se ha normalizado como el único «juego permitido» en Europa, vale la pena recordar que, a mediados de la década de 1970, el eurocomunismo, la socialdemocracia y las alternativas colectivistas se seguían planteando activamente. En Portugal entre abril de 1974 y noviembre de 1975, los grupos revolucionarios habían realizado grandes expropiaciones de tierras y colectivizaciones en el sur, experimentos de gestión por parte de los trabajadores en las industrias y la ocupación sistemática de viviendas en las grandes ciudades. En España los movimientos sociales promovían alternativas tan radicales como esas, pero se contenían por el hecho de que en España el aparato administrativo, militar y policial seguía intacto.²⁰ Así, la Transición se inició sin un plan claro a dos niveles: en primer lugar, sobre el proceso de pasar de un régimen autoritario a otro democrático, y en segundo lugar, sobre el significado de la propia democracia.

Los actores de la élite y el «empujón desde abajo», 1976-1977

La relación dinámica entre el «empujón desde abajo» y las acciones de la élite fue evidente desde el momento del nombramiento de Suárez, que se produjo en el contexto de una oleada creciente de movilización popular, que incluía 17.455 huelgas (seis veces más que en todo el año 1975), 1.672 manifestaciones y 283 sentadas durante los primeros cuatro meses de 1976, así como la unificación de la oposición democrática en la Coordinación Democrática o Platajunta, en marzo, y la primera gran manifestación, de 75.000 personas, en Barcelona en febrero. Además de movilizarse en defensa de una serie de temas específicos, la oposición popular estaba cristalizando alrededor de la exigencia de derechos políticos, amnistía y una «ruptura» completa para crear una república democrática. Como todas estas exigencias y acciones seguían siendo ilegales, y el aparato represivo del régimen franquista seguía en su sitio, los manifestantes fueron detenidos, apaleados e incluso tiroteados, como en las cargas policiales en Vitoria en marzo, donde murieron cinco huelguistas. Enfrentado con el «búnker» por un lado, y con la oposición democrática que negaba su legitimidad por el otro, el rey Juan Carlos apostó por un hombre joven que había ocupado cargos en el régimen de Franco, pero que no tenía ningún interés en aferrarse al pasado.

Durante los cruciales seis meses siguientes, Suárez demostró que era un político astuto que impulsó un proceso de transición y convenció a la mayoría de los actores esenciales para que participaran en él. Empezó prometiendo dirigir a España hacia una «democracia moderna», establecer el pluralismo político y celebrar unas elecciones libres al cabo de un año. Primero se aproximó a los líderes del franquismo, presentando sus planes para una reforma política a los militares, al Movimiento y finalmente, en noviembre, a las Cortes, que votaron apabullantemente respaldar su plan, aunque conducía a la disolución de dicho órgano.

Probablemente no existe una sola razón que explique la aceptación de gran parte de la élite franquista del desmantelamiento de la dictadura. Quizá la aquiescencia reticente de los militares de no interferir se debió en parte a su deber institucional de servir al sucesor de Franco, en parte a la presión ejercida por el ministro de Defensa reformista Manuel Gutiérrez Mellado, y en parte como resultado de los esfuerzos a largo plazo de Franco de separar la autoridad militar y política para asegurar su poder personal. En cuanto a las Cortes, es posible que algunos miembros creyeran que los podían seguir eligiendo en un sistema democrático, mientras que otros pudieron temer que la negativa a aceptar una transición negociada podría llevar a una ruptura más radical (el escenario portugués). Es más, todas estas negociaciones internas tenían lugar en un contexto de una movilización popular que se seguía intensificando. Así, en septiembre, 100.000 personas marcharon en Madrid bajo el lema de «pan, trabajo y libertad» y otro millón celebró públicamente la fiesta nacional de Cataluña, la Diada, con llamamientos de amnistía, libertad y autonomía, mientras que en noviembre, se convocó una huelga general con al menos un millón de trabajadores exigiendo libertad, amnistía y aumento de salarios. El brasero de la violencia política era el País Vasco, donde la policía y los manifestantes chocaron en las calles, y ETA asesinó a 26 personas a lo largo del año.

En cualquier caso, en cuanto Suárez tuvo asegurada la autorización de las instituciones existentes del régimen, celebró un referéndum el 15 de diciembre, en el que el 94 % de los votantes, que representaban un sólido 77 % del censo, respondió afirmativamente a sus planes de una transición negociada. El significado de este «sí» es difícil de interpretar, pero el resultado fue claro. En términos estratégicos, el resonante «sí» debilitó aún más lo que quedaba del búnker, pero también socavó las exigencias de ruptura de la oposición, porque el llamamiento de la Platajunta a la abstención de votar fue ignorado por la mayoría de los españoles. La oposición y críticos posteriores de la transición negociada afirman que el «sí» fue un voto del miedo, con el Gobierno insinuando «Para que calle la violencia...» que si ganaba el «no» se podía desencadenar una revolución, un golpe militar o el regreso a la guerra civil. Las encuestas de opinión pública a finales de la dictadura indicaban que la mayoría valoraba la paz y la prosperidad económica por encima de la «democracia» o la «libertad», lo que no resulta sorprendente después de décadas de insistencia franquista en que provocarían el desorden y el caos. Algunos han descalificado esta mentalidad como «franquismo sociológico», mientras que otros ven un rechazo saludable de las políticas extremistas y una atracción por las visiones moderadas por parte de la población cansada de la lucha ideológica y preparada para la reconciliación.²¹ Fueran cuales fuesen los motivos, la preferencia por las posiciones centristas definió puntos de inflexión significativos en el proceso de transición, muy especialmente en las elecciones parlamentarias de junio de 1977, en las que los españoles votaron mayoritariamente por los partidos de centro izquierda y centro derecha.

Ya fuera que pesase más el miedo o la moderación en la votación del referéndum, el resultado ayudó a convencer a los partidos más importantes de la oposición democrática para que aceptasen el ofrecimiento de Suárez de participar en una «ruptura negociada» y sus reglas básicas, siendo la más importante una forma monárquica del Estado. Así, los grandes partidos de oposición de alcance nacional, el PSOE y el PCE, así como el partido catalanista de centro derecha, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), liderado por Jordi Pujol, aceptaron unirse al Gobierno en la construcción de una monarquía constitucional. A cambio, Suárez legalizó la mayoría de los partidos políticos (febrero de 1977), los sindicatos (marzo) y, en un gran golpe de efecto, el PCE (abril). El PCE bajo Santiago Carrillo ya había moderado considerablemente su retórica desde la década de 1930, adoptando un discurso de democracia y reconciliación nacional desde la década de 1960, pero su legalización fue un gran gesto simbólico. Aunque el PSOE seguía siendo formalmente un partido obrero marxista, el liderazgo nuevo y joven bajo Felipe González ya se estaba moviendo hacia el partido socialdemócrata interclasista y «multitudinario» en el que se iba a convertir. CDC se unió a otro partido catalanista en 1978 para formar Convergència i Unió (CiU), intentando revivir la constitución populista e interclasista de Esquerra Republicana de la década de 1930, pero se postuló como moderado y pragmático.

Las elecciones de junio de 1977 y la construcción del consenso a través de los «pactos»

El paso siguiente en la ruptura negociada fueron las elecciones parlamentarias de junio de 1977, en las que participaron casi el 79 % de los votantes en el censo. Se registraron setenta y ocho partidos políticos, entre ellos el partido nuevo de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático (UCD). Con un abanico de posibilidades desde la extrema izquierda a la extrema derecha, los resultados estrecharon el campo en lo que los politólogos han llamado un «sistema bipartidista imperfecto». Es decir, las dos terceras partes de los votos (y más del 80 % de los escaños en un sistema electoral compensado) fue a los dos partidos, el centro derecha de la UCD (34 %) y el centro izquierda del PSOE (29 %), con otro 18 % dividido a partes iguales entre la conservadora Alianza Popular (AP) (8,8 %) y el izquierdista PCE (9,3 %), mientras que la mayoría de los partidos restantes no consiguieron llegar al umbral mínimo para ganar un escaño. La excepción, lo que complicó aún más el modelo bipartidista, fue el voto regional. Así, a nivel estatal, los partidos catalanistas recibieron el 2,8 % y el PNV el 1,7 %. Pero en Cataluña el 16 % votó por la coalición centrista catalana, liderada por Pujol, y otro 19 % por el partido comunista catalán (PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña), seguido del PSOE, con la UCD en cuarto lugar.

El partido más grande, la UCD, era en realidad una coalición de más de una docena de grupos pequeños, cuya ideología iba de la democracia cristiana a la socialdemocracia y el liberalismo. Su victoria reflejaba la popularidad de Suárez y su visibilidad, así como su acceso a los medios controlados por el Estado, pero también representaba un bloque democrático familiar de votantes rurales y de clase media. La mayoría de los votantes del PSOE procedían de otro bloque familiar de clase media y obrera urbana e industrial. La mayoría de los activistas de la clase obrera y de la izquierda estudiantil votaron por el PCE-PSUC (así como por otros partidos revolucionarios más pequeños), pero los líderes y seguidores de los partidos se sintieron desilusionados por el escaso éxito electoral de los comunistas (fuera de Cataluña), que habían estado a la vanguardia de la oposición contra el régimen de Franco. Al otro lado del espectro, la AP del ministro franquista Manuel Fraga representaba la continuidad directa con la dictadura, con más de una docena de exministros en sus listas. Significativamente, los líderes viejos tanto de AP como del PCE basaban su legitimidad en el pasado, mientras que tanto la UCD como el PSOE presentaban líderes jóvenes con vagos programas modernizadores de un cambio progresista pero ordenado.

Las elecciones de junio de 1977 marcaron un punto de inflexión importante en la dinámica de la Transición, cuando los grandes partidos vencedores empezaron a fijar los límites del nuevo régimen en las Cortes constituyentes. Durante el año siguiente, en el transcurso del cual se redactó, revisó y debatió la nueva Constitución, las riendas del proceso de transición quedaron en manos de un pequeño grupo de líderes de los grandes partidos, que al final alcanzaron el tan alabado consenso que permitió que algunos exfranquistas, cristianodemócratas, liberales, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes (pero no vascos) firmaran un solo documento. A diferencia de 1931, cuando una coalición mayoritaria de centro izquierda ignoró a la minoría conservadora en la redacción de su Constitución, estas Cortes estaban divididas a partes iguales entre izquierda y derecha, de manera que el consenso requería la superación de divisiones significativas. Esta gesta se consiguió estrechando considerablemente las opciones sobre la mesa, así como el espacio para la participación popular. De hecho, algunos de los asuntos más espinosos fueron resueltos en una famosa cena en la que los representantes de los grandes grupos políticos aceptaron una serie de compromisos que permitieron que avanzaran las negociaciones.

Este proceso de transacción y consenso entre las élites sigue siendo alabado y criticado como piedra angular del éxito de la Transición, traición a la democracia popular, o quizá las dos cosas a la vez.²² Desde el lado positivo, el número reducido de integrantes de las élites sentados a la mesa de la negociación fue capaz de tomar las decisiones duras que sus apoyos populares no habrían aceptado, permitiéndoles abrirse camino por un campo de minas de diferencias aparentemente irreconciliables. Su punto de referencia negativo fue precisamente la divisora Constitución de 1931, que no había sido aceptada por todos los grandes grupos políticos. Los defensores del proceso de negociación de las élites plantean que era la única manera de redactar una Constitución aceptable por todo el espectro político, que podría generar una lealtad amplia e incondicional al sistema democrático, algo que no se consiguió nunca en la década de 1930.²³

Para los críticos, el proceso de negociaciones entre bambalinas por parte de un puñado de individuos redujo la transparencia y la naturaleza participativa de la creación de una nueva democracia. Incluso los líderes del PSOE y del PCE aceptaron estos términos, distanciándose de las exigencias de sus militantes de base y desanimando la continuación de la movilización de masas como un elemento potencialmente perturbador para el desarrollo del consenso. Los grupos de ciudadanos de base como las Asociaciones de Vecinos (AA.VV.), pequeños partidos de izquierdas como Bandera Roja (BR), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido Comunista marxista-leninista (PCE-ml), las organizaciones feministas y los sindicatos locales siguieron presionando para conseguir implantar una forma más comunitaria de democracia directa, en la que los ciudadanos participasen directamente en la toma de decisiones, en especial a nivel local. Aunque existían una variedad de opciones democráticas radicales entre estos grupos, todos querían una ruptura más clara con el pasado franquista de lo que permitía el consenso, y cambios más fundamentales en las relaciones de poder económicas y laborales de las que ofrecía la Constitución democrática liberal. Desde esta perspectiva, la transición pactada por las élites puso en marcha un régimen democrático excesivamente estatista y neoliberal, que se resistía a la participación cívica y carecía de transparencia.

Al mismo tiempo, no hay duda de que los principales líderes políticos veían el consenso como el camino esencial para una democracia funcional. A nivel simbólico, el consenso encarnaba la oposición a la Guerra Civil y la esperanza de una reconciliación nacional.²⁴ La mayoría de la joven clase política aspiraba a trascender la polarización del pasado, y parece que muchos habían aceptado lo que se había convertido en una visión ampliamente compartida de la Guerra Civil como una tragedia colectiva con culpables en ambos bandos. A un nivel más práctico, la UCD había formado un Gobierno en minoría que necesitaba la colaboración de los demás partidos para seguir adelante. La combinación de necesidad práctica y compromisos compartidos para evitar a toda costa otra guerra civil generó un clima en el que el «proceso» para alcanzar un acuerdo se volvió más importante que la «sustancia» del programa de cada partido.

Con este espíritu, incluso antes de empezar los trabajos de la Constitución, el nuevo Gobierno se embarcó en una serie de pactos que prepararon el terreno para unas negociaciones de base amplia, incluida una Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa y la restauración provisional de los gobiernos autónomos catalán y vasco. En cada caso, el acuerdo requirió un compromiso que superase un terreno político previamente inabordable. La Ley de Amnistía (15 de octubre de 1977) fue un perdón total que se aplicaba a los actos políticos cometidos por todos los bandos desde la década de 1930. Liberó a todos los presos políticos condenados por el régimen franquista, incluidos los miembros de ETA, mientras que también perdonaba a los funcionarios franquistas por actos cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura. Se ha descrito como un pacto de amnesia política, en el sentido de que todos los grandes partidos decidieron que el mejor cimiento para la nueva democracia sería dejar atrás a los enemigos del pasado.

Los Pactos de la Moncloa (25 de octubre) proponían la reunión de los empresarios y las grandes organizaciones sindicales, UGT y CC.OO., en un acuerdo social y económico para enfrentarse colectivamente a los efectos desestabilizadores de la crisis internacional del petróleo en la economía española, que culminó en el 30 % de inflación y un crecimiento anual del 1,4 % (cayendo desde el 8 %, en 1974). En términos generales, el pacto pedía a los trabajadores que reconocieran el marco del capitalismo y de la economía de mercado, mientras exigía a los empresarios que aceptasen la negociación colectiva y la redistribución a través de un Estado del bienestar social. Específicamente, los pactos llamaban a la congelación de los salarios y otras medidas de austeridad con el objetivo de bajar la inflación y el déficit exterior, con una promesa de cambios estructurales en el futuro para reforzar la seguridad y los beneficios de los trabajadores.

Y finalmente, la restauración provisional de la Generalitat (29 de septiembre) legitimó la pretensión de autonomía de los nacionalistas catalanes al invitar el exiliado líder de Esquerra Republicana de la década de 1930, Josep Tarradellas, para que volviese como presidente. A cambio, Tarradellas aceptó reconocer la unidad del Estado español y esperar a la reinstauración del Estatuto catalán como parte del nuevo orden constitucional. Aunque el Consejo General Vasco también fue restaurado (diciembre), varios factores obstaculizaron este gesto para incorporar con éxito a los nacionalistas vascos en la transición negociada, un patrón que siguió a lo largo del proceso, culminando con una amplia abstención y un rechazo mayoritario de los vascos a la nueva Constitución en el referéndum de diciembre de 1978.

La Constitución de 1978

La pieza central de la transición pactada fue la larga Constitución de 160 artículos, que fue el resultado de 18 meses de negociaciones laboriosas. Cediendo a la presión de los partidos de la oposición, el Gobierno aceptó encargar la redacción de una Constitución a las nuevas Cortes. El primer borrador fue redactado por los llamados siete «padres» que fueron nombrados por la Comisión Constitucional de las Cortes, en representación de la UCD (3), PSOE (1), PCE-PSUC (1), AP (1) y los nacionalistas catalanes y vascos (1). El borrador del texto fue debatido en la Comisión en mayo de 1978 y en el Congreso de los Diputados y el Senado durante el verano, culminando en la votación el 31 de octubre de las dos cámaras con solo una media docena de votos negativos en cada cámara y otras 14 abstenciones. Todos los grupos apoyaron el borrador final excepto algunos miembros de AP y todos los nacionalistas vascos, que se retiraron muy pronto de las negociaciones y se abstuvieron en la votación final, porque se negó su exigencia de un reconocimiento preconstitucional de la soberanía vasca. El consenso estuvo amenazado de descarrilamiento en varios puntos, pero al final quedó asegurado por los famosos acuerdos entre bambalinas, que generaron una combinación de compromisos y expresiones vagas que permitieron superar las diferentes posiciones.

Tanto los compromisos como la ambigüedad están presentes en el trato que da la Constitución de 1978 a temas históricamente tan espinosos como la religión, la organización territorial del Estado, los derechos individuales y sociales, la organización económica y el debate entre monarquía o república. Como la monarquía había sido una de las «reglas básicas» de la transición negociada, apartó del campo de discusión una de las principales divisiones históricas en la política española. El acuerdo sobre el lugar de la religión y de la Iglesia en la Constitución necesitó de una combinación de compromiso y ambigüedad. Así, la Constitución rechaza claramente cualquier religión de Estado y garantiza la libertad de la práctica religiosa, mientras reconoce el lugar especial de la Iglesia católica en la sociedad española y abre la puerta a la financiación pública de la educación religiosa. De manera mucho más ambigua, no constitucionalizaba derechos como el divorcio o el aborto, que eran exigencias clave de los grupos feministas y de los partidos de izquierdas, ni cerró la puerta a implantarlos en una legislación futura. Sobre la organización económica y social, la Constitución reconocía la propiedad privada y el mercado libre, pero también una economía «mixta» con un sector público, una planificación económica y el derecho a requisar la propiedad privada para el bienestar público. Inclinándose mayoritariamente a las exigencias de los partidos de izquierdas, el documento fijaba una lista extensa de derechos políticos, civiles y sociales. Estos derechos se enmarcaban dentro de un Estado que se definía como democrático y social, y guiado por los principios de libertad, igualdad, pluralismo e incluso incorporaba el derecho a la participación. El artículo 9 va más allá al obligar al Estado a retirar los obstáculos a la participación plena y al acceso sustancial a todo el espectro de derechos para todos los ciudadanos.

Un grupo importante que fue objeto de una inclusión explícita fueron las mujeres. En todos los artículos excepto uno, la Constitución siguió un marco de igualdad de género que prometía a las mujeres la igualdad ante la ley y prohibía la discriminación por motivo de sexo o de otras categorías (artículo 14), mientras que los artículos 32 y 35 fijaban una serie de derechos que se aplicaban a ambos sexos, entre ellos el derecho a la propiedad y a la privacidad, el derecho al trabajo y al recurso judicial, y otros derechos previamente negados a las mujeres. Al mismo tiempo, se concretó muy poco cómo se implantaría efectivamente dicha igualdad.²⁵ La única gran excepción a esta igualdad formal era el artículo 57, que contravenía directamente el artículo 14 con su afirmación del privilegio masculino en el linaje real.

La organización territorial del Estado fue quizá el tema más debatido, enfrentando a nacionalistas periféricos con nacionalistas unitarios españoles. En este caso, el artículo 2 reconoció, por primera vez en un solo párrafo, la unidad indisoluble de la nación española y el derecho de autogobierno de las nacionalidades y regiones que la constituyen. Adoptar el término «nación» para describir tanto a España como sus partes constituyentes fue un símbolo sin precedentes de conciliación, pero también un ejemplo de un «compromiso apócrifo», en el que exigencias contradictorias se reconocían sin explicar cómo se podrían respetar simultáneamente.²⁶ En cualquier caso, los detalles cruciales de cómo se establecerían los gobiernos autónomos, si las nacionalidades «históricas» de Cataluña, el País Vasco y Galicia debían gozar de privilegios especiales, y cómo sería la distribución de los poderes, quedó para una discusión en el futuro. La ambigüedad e imprecisión de algunas de estas formulaciones dejó muchas incertidumbres, pero en aquel momento el logro simbólico de un consenso casi universal parecía una prueba de que España había dejado atrás su pasado fratricida.

La excepción vasca

La gran excepción a esta cultura del consenso fue el País Vasco, que siguió una transición distinta, caracterizada por niveles elevados de violencia y de conflicto, que se concretó en un apoyo escaso a la Constitución, así como en fuertes movimientos políticos semi o no leales.²⁷ La violencia tomó forma en grandes protestas, en la represión policial legal y encubierta y en una escalada de los ataques terroristas de ETA, que aumentaron en lugar de disminuir a lo largo del tiempo. De cuatro atentados en 1973, ETA cometió 71 en 1978, que provocaron 85 muertos, y 91 en 1980, con 124 muertos, todo ello con el objetivo declarado de impedir una transición política que sus jefes insistían que no era más que una continuación del franquismo. El apoyo popular o al menos las simpatías por la organización que seguía asociada con la lucha contra el franquismo era compartido por un tercio de los habitantes vascos. El brazo político de la organización, llamado Herri Batasuna (HB, en castellano Unidad Popular), se formó en la primavera de 1978, y recibió alrededor del 20 % de los votos en las elecciones de 1979. Los esfuerzos del Gobierno por aplastar la amenaza terrorista con una combinación de represión legal y paramilitar encubierta solo proporcionó más combustible al argumento de ETA de que España era un poder de ocupación, mientras que hacía muy poco por aumentar el apoyo a la nueva democracia entre la población. El País Vasco destaca como un caso aparte, una transición prácticamente fracasada que manchó, aunque no descarriló, la consolidación más amplia de la democracia española.

DE LA TRANSICIÓN A LA CONSOLIDACIÓN, 1978-1982

La aprobación de una Constitución marcó el inicio de una nueva fase de consolidación, definida por los científicos sociales como la legitimidad incuestionada del sistema democrático entre los grandes actores políticos y una mayoría de la población. La consolidación no estaba preestablecida como tampoco lo estaba la Transición, pero en España ocurrió con relativa rapidez. La mayoría de los observadores señalan las elecciones generales de 1982 como el punto de inflexión, porque cumplió con el requisito formal de un cambio de poder pacífico de un partido gobernante (UCD) a otro (PSOE). En este período de consolidación inicial que duró poco más de tres años, se plantearon retos y amenazas significativos que extendieron la incertidumbre sobre el futuro democrático de España. El Gobierno tuvo que convertir en realidad el «compromiso apócrifo» de la autonomía regional, establecer una estrategia para combatir el terrorismo, celebrar elecciones municipales que iban a formar gobiernos locales democráticos, sobrevivir a un intento de golpe militar en febrero de 1981 y, finalmente, reconfigurar el sistema de partidos tras el colapso de la UCD gobernante en las elecciones de 1982.

Gobiernos autónomos

La cuestión regional se afrontó por etapas, empezando por la aprobación por la «vía rápida» de los estatutos de autonomía de las naciones «históricas» de Cataluña y el País Vasco en otoño de 1979. Las primeras elecciones para los gobiernos autónomos se celebraron en marzo de 1980, estableciendo lo que se iban a convertir en los feudos de los dos partidos nacionalistas centristas: el PNV, con el 38 % de los votos en el País Vasco, y CiU, con el 28 % de los votos en Cataluña. La tercera «nacionalidad histórica», Galicia, celebró el referéndum para aprobar su estatuto en diciembre de 1980, seguido de elecciones en octubre de 1981, pero los nacionalistas nunca consiguieron el apoyo de los otros dos gobiernos autónomos.

Mientras que estos primeros pasos iniciaron el proceso de devolución, plantearon tantas preguntas como respuestas, en especial sobre cómo superar el abismo existente entre el Estado federalista «simétrico» deseado por los partidos de ámbito nacional y el estatus nacional especial exigido por las regiones «históricas». La iniciativa desde abajo de los ayuntamientos andaluces para celebrar un referéndum en febrero de 1980 exigiendo la consideración de «vía rápida» para Andalucía perturbó el plan original del Gobierno de separar claramente las dos categorías de comunidades autónomas. Mientras tanto, aunque el porcentaje de vascos que habían aprobado su Estatuto en el referéndum de octubre de 1979 fue un 15 % más alto que en el referéndum constitucional, casi un 20 % votó por HB en las elecciones locales en un momento en el que la violencia de ETA había llegado a su cenit (174 muertos en 1979-1980). Se habían realizado progresos suficientes para crear el marco para una nación de comunidades autónomas y seguir adelante hacia la consolidación, pero la construcción de un Estado español plurinacional seguía siendo un desafío pendiente para la democracia.

Gobiernos locales

Otro aspecto importante, aunque con frecuencia descuidado, de la consolidación democrática fue la reorganización de los gobiernos locales, muchos de los cuales seguían teniendo sus alcaldes y concejales nombrados por el franquismo. Las elecciones municipales se celebraron en 1979, pero no fue hasta 1985 cuando el Gobierno central aprobó un Estatuto que regulaba las instituciones y los poderes de los gobiernos locales. La larga historia de tensiones entre el Estado centralizador y muchos movimientos políticos importantes que habían basado sus exigencias en dar poder al gobierno y la participación locales no se había resuelto. Durante la Transición, una de las aspiraciones principales de los llamados «movimientos ciudadanos», formados en su mayoría por organizaciones de vecinos (AA.VV.) y otras con bases locales, era que estos grupos ciudadanos participasen directamente en la toma de decisiones a nivel local y no solo a través de la elección de sus representantes. Estas esperanzas se diluyeron después de las elecciones locales de 1979, cuando los grandes partidos ocuparon los nuevos consejos municipales.

Pero, aun así, el gobierno local se convirtió en un espacio alternativo de democratización que podía transformar de maneras muy importantes las relaciones cotidianas de los ciudadanos con su comunidad. En especial en los centros urbanos, muchos activistas de los movimientos sociales se unieron a las nuevas administraciones locales, como cargos electos o como burócratas, trabajando para implementar algunas de las demandas de las asociaciones vecinales para construir escuelas, crear instalaciones recreativas y parques, patrocinar festividades comunitarias y democratizar por otras vías el acceso a la ciudad. Resulta significativo que gran parte de las ciudades eligieran mayorías de izquierdas de concejales del PSOE y del PCE-PSUC, que con frecuencia forjaron coaliciones de gobierno con programas sociales igualitarios ambiciosos, que contrastaban con el tono y la retórica moderados de la política nacional.²⁸ No obstante, a mediados de la década de 1980, el ímpetu centralizador de los partidos de ámbito estatal por lo general había disminuido la posibilidad de alternativas locales radicales. Sin embargo, la noción del gobierno municipal como una fuente de oposición y de poder democrático frente al Gobierno central ha sigo un rasgo recurrente de la democracia española hasta el presente.

Crisis de liderazgo e intento de golpe, 1981

Mientras los gobiernos regionales y locales estaban definiendo sus relaciones con el Gobierno central, el liderazgo a nivel nacional se empezó a disolver después de las elecciones parlamentarias de 1979, que casi habían reproducido los resultados de 1977. A pesar de los muchos logros y de la popularidad de Suárez al final de la Transición, resultó que UCD era demasiado heterogénea para fijar un rumbo coherente a través de un período de fragilidad. Así, por ejemplo, el debate sobre las leyes que autorizaban la financiación pública de las escuelas religiosas (marzo de 1980) y el divorcio (1981) dividieron a las alas cristianodemócrata y secular del partido, de la misma manera que los desacuerdos entre liberales y socialdemócratas sobre cómo enfrentarse a los continuos problemas económicos, en especial la falta de progresos en la reducción del desempleo. Finalmente, Suárez dimitió como presidente del Gobierno a finales de enero de 1981, el principio del fin de un partido unido en gran parte por su presencia. Un indicio de lo poco consolidada que parecía la democracia en ese momento fue la sugerencia de los líderes del PSOE de que podría ser necesario establecer un Gobierno de «concentración nacional» dirigido por un militar.

La combinación de la crisis del Gobierno y el terrorismo persistente proporcionó la chispa para un intento de golpe militar en febrero de 1981, aunque la insatisfacción e incluso la conspiración en las fuerzas armadas ya había empezado en 1977, y los rumores de un golpe de Estado inminente habían estado circulando durante el año anterior.²⁹ Una de las consecuencias de la transición negociada fue la continuidad del personal franquista, en especial en las fuerzas armadas, en las que más de las dos terceras partes de los generales de brigada habían combatido en la Guerra Civil. El golpe estuvo encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, que entró en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 con un grupo de guardias civiles, contando con el apoyo del segundo jefe del Estado Mayor, el general Alfonso Armada, y el jefe de la guarnición militar de Valencia, Jaime Milans del Bosch. Los conspiradores pretendían hablar en defensa de la Corona y proponían un Gobierno dirigido por los militares para salvar al país de su supuesto deslizamiento hacia el desorden.

En cualquier caso, fueron las acciones del rey las que desactivaron la crisis y evitaron que el levantamiento militar se extendiera a otras guarniciones del país. Como sucesor designado por Franco, era la única autoridad que reconocían muchos jefes militares. Como consecuencia, cuando llamó a otros oficiales de alto rango y les ordenó que no se unieran al golpe, la mayoría se sintieron obligados a obedecer. Después de horas de incertidumbre pública, el rey apareció en televisión a la 1.20 de la madrugada para desautorizar la acción subversiva y anunciar que había tomado todas las medidas para mantener el orden constitucional. El camino del rey desde sucesor franquista a defensor de la democracia lo convirtieron con todo derecho en uno de los héroes de la Transición, pero su evolución también tuvo lugar en un contexto más amplio en el que la democratización de la monarquía se había convertido en la mejor manera de la autoconservación.³⁰ Confirmando este contexto, el 25 de febrero, cientos de miles de españoles mostraron en las calles su apoyo a la democracia y a la Constitución de 1978, en la manifestación ciudadana más grande de la nueva democracia, mientras que en el Congreso, los diputados se reunían para resolver a corto plazo la crisis de liderazgo. Irónicamente, como han señalado muchos observadores, el intento de golpe tuvo el efecto último de ayudar a la consolidación de la democracia, incluida la legitimidad de su jefe de Estado. Aunque muchos españoles habían aceptado la forma de gobierno monárquica como un precio necesario del consenso, el comportamiento del rey durante el golpe convenció a la mayoría de que el monarca era un activo de la consolidación democrática, en lugar de una carga o un obstáculo, como en el pasado.

Las elecciones de 1982

A la estela del golpe fracasado, las elecciones parlamentarias de octubre de 1982 fueron consideradas por muchos, incluso en aquel tiempo, como un momento importante de la afirmación y consolidación democráticas, como se refleja en el 80 % de participación, la más alta en cualquier elección hasta aquel momento. Quizá lo más destacable fue que las elecciones marcaron un cambio sustancial en el comportamiento electoral al mismo tiempo que aumentaba la confianza en la estabilidad del sistema democrático. Las elecciones dieron al PSOE una mayoría absoluta con el 48 % de los votos, 4,5 millones más que en 1979, bajo el eslogan «Por el cambio». El voto de la UCD se derrumbó, llegando a menos del 7 %, mientras que AP, reforzada por una coalición con los cristianodemócratas que habían desertado de la UCD, saltó al segundo puesto con el 26 %. El PCE continuó su decadencia, con el 4 %, mientras que CiU y el PNV confirmaron su situación hegemónica en Cataluña y el País Vasco.

La victoria del PSOE fue algo más que el resultado de la desintegración de la UCD. Desde 1979, el liderazgo del PSOE bajo Felipe González había impulsado cambios en su programa y en su imagen, siendo el más destacado el abandono del marxismo.³¹ Los nuevos votantes del PSOE incluían a buena parte de los antiguos votantes del PCE, pero también a un tercio de los antiguos votantes de UCD, además de unos dos millones de votantes por primera vez, muchos de ellos gente joven. En un signo de lo mucho que había cambiado, hasta un tercio de los católicos practicantes votó por el Partido Socialista. Con el cambio ideológico y demográfico tanto del liderazgo como del votante, el PSOE había completado su transformación en un partido interclasista de centro izquierda, que impulsaba un programa de consolidación democrática y modernización.

Tras la transferencia de poder pacífica en 1982, el siguiente punto de inflexión que reconfirmaba esta consolidación tuvo lugar en las elecciones de 1996. La fase intermedia del régimen democrático vino definida por la estabilidad de la hegemonía de un partido, con mayorías absolutas del PSOE hasta principios de la década de 1990. Aunque el poder gubernamental a largo plazo y la falta de una oposición viable permitió que el PSOE desarrollase un programa ambicioso de institucionalización y reformas, también desanimó la participación popular y fomentó la corrupción y la complacencia, que fue socavando sus apoyos de manera continuada. No obstante, no fue hasta principios de la década de 1990 que el liderazgo de la oposición conservadora (renombrada como Partido Popular después de 1989) fue capaz de convencer a votantes suficientes de que se le podían confiar las riendas del Gobierno. Después de 1996, cuando el PP formó su primer Gobierno, el sistema democrático de partidos se estabilizó finalmente alrededor de la alternancia del «bipartidismo imperfecto» entre los dos principales partidos de ámbito estatal que cubrían un amplio abanico de posiciones y captaban alrededor de las dos terceras partes de los votos, con el voto restante dividido entre la nueva coalición de izquierdas (Izquierda Unida, IU) y los partidos regionales. Aunque las instituciones democráticas estaban completamente legitimadas antes de esto, las elecciones de 1996 confirmaron el principio y la práctica de una rotación pacífica como algo normal y, para muchos observadores, como un elemento necesario de la consolidación democrática.

Al mismo tiempo que se reconfirmaba la consolidación institucional con las elecciones de 1996, se intensificaron los debates sobre la calidad de la democracia española, alrededor de temas como la corrupción política, la debilidad de la sociedad civil, las burocracias elitistas de los partidos y, cada vez más, la política de la memoria. Estos debates, a su vez, iniciaron una reevaluación de la Transición, con algunos responsabilizando a los defectos del proceso de transición como el origen de lo que veían como los déficits democráticos de la actualidad. En este sentido, la reevaluación más crítica de la Transición pertenece a la historia posterior de la propia democracia, parte del proceso normal de cada generación que ve el pasado a través de sus propias lentes.

CONCLUSIÓN

La transición de España a un régimen democrático y su consolidación se ha analizado a través de múltiples lentes contradictorias entre ellas desde finales de la década de 1970, algunas con el fin de celebrar el logro de España y otras señalando sus déficits. Durante las dos primeras décadas, el relato dominante se centró en lo que había funcionado, en contraste con lo que no había funcionado en el experimento democrático anterior de España en la década de 1930. Desde esta perspectiva, después de 40 años de dictadura, España llevó a cabo una transición relativamente pacífica y consensuada hacia un gobierno democrático, que se consolidó al cabo de pocos años y permaneció estable en sus parámetros básicos. Este es el modelo español que se sigue alabando en los estudios comparativos sobre democratización y consolidación, como el alumno aventajado de la «tercera ola» de transiciones. La visión más crítica que se ha formado en los años recientes cuestiona las negociaciones que se realizaron para conseguir este proceso relativamente suave, incluida la supresión de la participación popular y la decisión de no enfrentarse a los demonios del pasado franquista, todo lo cual ha dado lugar a lo que los detractores llaman una democracia de «baja intensidad». En lugar de permitir que la Transición quede absorbida en los relatos morales enfrentados, presentada como un icono inmaculado o vilipendiada como la fuente de todo lo malo en la democracia actual en España, se debe estudiar históricamente como el proceso complicado, inspirador y con errores que permitió que España pasase de la dictadura a la democracia.

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EL ESTADO DEMOCRÁTICO

Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 1982-2018

Tras la consolidación institucional de principios de la década de 1980, la democracia se fue normalizando cada vez más desde el punto de vista interno a medida que España se convertía en otra democracia europea, con todos los logros y las imperfecciones que esto suponía. En un proceso paralelo, la convergencia social, cultural y económica que se había iniciado en la década de 1960 convirtió el país en otra sociedad europea occidental a finales de siglo, a pesar de sus propias particularidades. Al mismo tiempo, la normalización del gobierno democrático paradójicamente abrió el espacio para debates más filosóficos sobre el pasado, el presente y la dirección futura del país. De hecho, el consenso y la satisfacción que marcaron los primeros años del gobierno democrático se han sustituido por una cultura política más combativa, que ha planteado cuestiones sobre la transición «modélica» y la calidad de la política democrática que ha producido. Estas cuestiones se han exacerbado desde 2009 y la Gran Recesión, que ha llevado al nivel más bajo de todos los tiempos la confianza en el funcionamiento de la democracia en España. La crisis política paralela provocada por el movimiento independentista catalán y la respuesta por parte del Gobierno central ha agravado la incertidumbre sobre la salud de la democracia en España y su trayectoria futura. Otro desafío a la legitimidad democrática ha sido la corrupción, concentrada especialmente en el partido en el poder, así como en el PSOE en las décadas de 1980 y 1990, y el caso de la financiación ilegal del PP durante la última década. Al mismo tiempo, sigue existiendo un consenso fundamental sobre el marco del gobierno democrático que no existía en la década de 1930. En realidad, es posible que la sensación de compromiso con la identidad democrática de España en una Europa demócrata haya proporcionado un perímetro invisible a la política de la crispación (tensión o conflicto) entre la generación actual de «nietos» de la Transición. Incluso ambas partes están conduciendo el debate sobre la secesión catalana en función de la legitimidad democrática.

LA ÉPOCA DEMOCRÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA

Cuando España, junto con Portugal y Grecia, se unieron al club democrático europeo a finales de la década de 1970, formaban parte de una larga trayectoria de democratización europea que culminó a principios de la década de 1990 en Europa oriental. La consolidación democrática en el sur de Europa y su integración en la Comunidad Europea (CE) después de 1986 estableció el precedente para un concepto expansivo de Europa definido por sus límites democráticos. Pero no fue hasta el final de un siglo en el que la democracia compitió con el fascismo, el autoritarismo y el comunismo que una «Europa» sin epítetos de occidental, meridional u oriental consolidó su identidad democrática.

Pero también existía un núcleo europeo en el oeste/norte que, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estableció los parámetros de lo que se acabó conociendo como la democracia de estilo europeo, que se consolidó alrededor de un acuerdo entre el capitalismo de mercado y la planificación gubernamental, la libertad individual y los beneficios sociales. El Estado democrático del bienestar transformó las categorías políticas, con los conservadores aceptando el gasto y los impuestos altos keynesianos, y los socialistas aceptando el capitalismo y la democracia electoral, con una izquierda revolucionaria muy disminuida. La fórmula aparente de win-win funcionó perfectamente durante un período extraordinario de crecimiento económico, desde principios de la década de 1950 hasta el estallido de la crisis del petróleo en 1973. A partir de ese punto, el modelo ha estado sometido a una presión creciente, con la competencia global, el colapso del sector manufacturero, la inmigración masiva y el crecimiento más lento que dificulta la financiación de los caros programas sociales. La tendencia tanto para los partidos cristianodemócratas de centro derecha como para los partidos socialdemócratas de centro izquierda han sido los programas de recortes graduales, la limitación de la inmigración, el recorte del gasto gubernamental y la implantación de medidas neoliberales, mientras que al mismo tiempo mantenían el entramado cada vez más tenue de derechos sociales, así como políticos y civiles.¹

A nivel de base, la política democrática en Europa se ha visto enriquecida y complicada por una variedad de movimientos sociales desde finales de la década de 1960, entre ellos los movimientos estudiantil y feminista, el acosado movimiento sindical, los movimientos por la paz, antinucleares y ambientalistas, así como las movilizaciones a favor de la democracia en el sur y el este de Europa durante sus transiciones.² En especial, los movimientos de base han proporcionado una renovación democrática a nivel local, con menos éxito en la transformación de la política nacional. Al principio, la «vieja izquierda» del Partido Comunista jugó un papel en algunos de estos movimientos, en especial en Francia, Italia y España, cuando en la década de 1970 el eurocomunismo ofrecía una alternativa al estalinismo y a la socialdemocracia. En la década de 1980, no obstante, la crisis del marxismo y la reducción de la clase obrera siguieron disminuyendo sus apoyos hasta que las revoluciones de 1989 sellaron la muerte del comunismo europeo, como aspiración incumplida y como realidad mancillada. Desde entonces no ha existido una alternativa democrática de izquierdas capaz de desafiar el statu quo del centro izquierda y el centro derecha. Al mismo tiempo, las organizaciones populistas de ultraderecha han ido creciendo, movilizándose alrededor del temor xenófobo a que los inmigrantes «engullan» la cultura y la sociedad europeas, pero con raras excepciones (aún) no han presentado una alternativa de gobierno seria.

Como miembro de pleno derecho del club de las democracias europeas desde finales de la década de 1970, España ha participado en la mayor parte de estas tendencias. Al mismo tiempo, hubo importantes consecuencias para España, al igual que para Portugal y Grecia, al democratizarse en ese momento, precisamente cuando el modelo del Estado democrático del bienestar entraba en crisis. Así, el nuevo Gobierno democrático de España se enfrentó al desafío de la recesión, el desempleo y las viejas industrias poco competitivas en un intento por construir un Estado del bienestar casi desde la nada, subía los impuestos y preparaba a la economía para entrar en la CE. Cuando los Gobiernos conservadores en la década de 1980 en el Reino Unido, Alemania occidental e incluso Escandinavia adoptaron medidas de austeridad y recortaron programas de bienestar, en el sur de Europa los partidos socialistas subieron al poder en Grecia, Francia, España, Portugal y, en menor medida, Italia. En cada caso, los partidos socialistas empezaron con ambiciosas promesas keynesianas y una retórica igualitaria, y terminaron aceptando la mayor parte de la estrategia de austeridad neoliberal. Con una base sindical en disminución lastrada por el cierre de las viejas industrias, y el declive de la alternativa comunista, los partidos socialistas pudieron sobrevivir a la indignación y las acusaciones de abandono por parte de sus bases tradicionales.

Lo que hizo que la sensación de traición fuera especialmente intensa en el caso español fue el hecho de que los trabajadores habían estado cuarenta años esperando un Gobierno que los representara. Aunque los partidos socialistas en las democracias más antiguas se dedicaban al reparto de beneficios generosos, en España no había ningún fondo que repartir, dejando al PSOE con la tarea poco envidiable de intentar adaptar la economía española a las nuevas presiones globales, al mismo tiempo que seguía construyendo una infraestructura social que se aproximase a los niveles europeos. El resultado fue que el Estado del bienestar alcanzó en gran parte el principio europeo de universalidad, pero con un nivel menor de beneficios, con algunos expertos destacando la convergencia y otros la distancia entre España (y Grecia y Portugal) con el norte de Europa.³ Aunque la izquierda se sintió traicionada por las estrategias híbridas del PSOE, parece que la mayoría de los votantes las aceptaron, como lo demuestra la larga hegemonía socialista (1982-1996). Incluso con el regreso de una mayoría alternativa en 1996, tanto el PSOE como el partido conservador en el gobierno, el Partido Popular (PP, AP hasta 1989), siguieron en general el patrón europeo de negociar un equilibrio muy fino entre la austeridad y el modelo básico de la socialdemocracia.

Este marco fundamental compartido contrastaba con una retórica política cada vez más combativa, o crispación, que tiene algunas características españolas únicas. Por un lado, no fue hasta principios de la década de 1990 cuando los conservadores en España fueron capaces de «renovarse» como un partido totalmente democrático en el que los votantes estaban dispuestos a confiar como alternativa de gobierno.⁴ La elección del primer Gobierno del PP en 1996 fue un momento importante de la reconsolidación de la democracia española, cuando los votantes se sintieron lo suficientemente cómodos para penalizar al PSOE por una serie de escándalos de corrupción, pero también para abrir la puerta a una época nueva de elecciones competitivas y retórica polarizada en la que los dos partidos se remangaron e intentaron movilizar a sus seguidores. Como las viejas divisiones izquierda/derecha basadas en la política económica hacía tiempo que habían sido sustituidas por el modelo híbrido centrista, el terreno del desacuerdo viró hacia temas culturales y sociales. Específica de la división izquierda/derecha en España es la centralidad de los relatos históricos en conflicto, con una versión distinta del pasado incorporada en la identidad de cada partido. Aunque los relatos nacionales consensuados se habían empezado a cuestionar en otros países europeos, los partidos habían alimentado especialmente la guerra de la memoria en España.

Que esta política de crispación refleje divisiones profundas que harán mal al futuro de la democracia en España frente a las divisiones «normales» presentes en otras democracias europeas sigue siendo un debate abierto.⁵ Las divisiones estructurales clásicas que definieron la España anterior a la Guerra Civil, entre urbano/rural, católico/anticlerical, hombre/mujer y burgués/obrero, sin lugar a dudas habían quedado debilitadas. La combinación de crecimiento rápido y de aumento del gasto público ha alimentado este proceso, que ha convertido a España, a mediados de la década de 1990, no solo en la octava economía más grande del mundo, sino también en la novena según los indicadores de bienestar del IDH (Índice de Desarrollo Humano).

La transformación estructural que se había iniciado en la década de 1960 siguió descomponiendo las antiguas divisiones. El sector agrario pasó de dar trabajo al 21 % de la población en 1976, hasta niveles de Europa occidental del 4,5 % en 2011, mientras que el sector industrial se redujo del 27 % al 14 %. En contraste, el sector servicios se amplió del 41 % al 74 %, en gran medida como consecuencia de la expansión de los servicios de bienestar y su administración a nivel local, regional y estatal. Muchos de estos nuevos empleados del sector servicios son mujeres, cuya entrada masiva en la fuerza laboral desde el 27 % en 1980 al 53 % en 2011 ha acercado a España a la media europea. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad ha quedado reducida a la mitad desde mediados de la década de 1970 (del 19 al 10‰), con una familia media que solo tiene 1,1 hijos, una de las más bajas del mundo, mientras que la esperanza de vida de ochenta años (2005) está a la par con Europa occidental. Las formas de familia no tradicionales también están en aumento, con casi un tercio de nacimientos que tienen lugar con padres no casados (2010), creciendo desde el 2 % en 1976, y los divorcios siendo la mitad de los casamientos.⁶ Estas tendencias marcan el final de una larga transición demográfica y de convergencia con el «primer mundo».

En su conjunto, estos cambios estructurales mejoraron extraordinariamente el nivel de vida. Así, después del estancamiento desde la década de 1930, los ingresos per cápita aumentaron multiplicándose por 12 entre 1960 y 1990, alcanzando el 85 % de la media europea en 2007. Ha existido una redistribución regional significativa de los ingresos desde la década de 1960, contribuyendo las regiones ricas de Madrid, Cataluña y el País Vasco y yendo hacia las regiones más pobres como Andalucía, Castilla, Galicia y Extremadura.⁷ Quizá el indicador más significativo de oportunidad económica ha sido la transformación de España de un país de emigración a un país de inmigración desde mediados de la década de 1990, con el número de extranjeros, de África (18 %), América Latina (28 %), la UE (40 %) y Asia (5 %), aumentando desde el medio millón hasta los 5,6 millones en 2010, uno de los más altos en Europa. En regiones como Madrid, Valencia o Cataluña, donde los inmigrantes constituyen el 15 % de la población, la tasa de natalidad es más alta que en otros sitios, reflejando su perfil demográfico más joven y más dinámico.

Entre la población nativa, las otras divisiones profundas de la década de 1930 también se han suavizado. El acceso a la educación ha reducido las desigualdades de clase, así como las de género, con una media del tiempo de escolarización que ha crecido desde solo cuatro años en 1964 a once años en 2005, y el alza correspondiente de la cifra de estudiantes universitarios de 1 a 5 millones, siendo más de la mitad mujeres, desde mediados de la década de 1980. Aún más pronunciada ha sido la caída en la división religiosa desde la década de 1930, cuando la política, la residencia rural o urbana y la afiliación religiosa estaban estrechamente relacionadas. Así, un tercio de los católicos practicantes votaron al PSOE en 1982, algo impensable en la década de 1930. La cifra de católicos practicantes también ha sufrido una caída pronunciada, desde el 60 % en 1975 al 25 % en 2012, con el porcentaje de no católicos subiendo del 2 % al 20 % (20 % entre los adultos más jóvenes), incluido un 3 % que practican el islam y un 1 % de protestantes.

Al mismo tiempo, España sigue siendo una de las sociedades más desiguales en Europa, y la desigualdad en los ingresos ha vuelto a aumentar desde la década de 1990. En 2006, alrededor del mismo porcentaje vivía por debajo del nivel de pobreza (20 %) que en la década de 1970. La desigualdad de género en la fuerza laboral también es una realidad, siendo más probable que se contrate a las mujeres con un contrato temporal y ganando un 75 % del salario de los hombres (2008).⁸ La economía española depende fuertemente de empleos de baja cualificación con contratos temporales en sus grandes sectores de la construcción y turístico, que son vulnerables a los despidos periódicos que impulsan el desempleo a niveles astronómicos (por encima del 20 %). Muchos de los trabajadores que ocupan estos puestos se encuentran entre los menos formados de Europa, engrosando el 24 % de la población que no ha acabado la educación secundaria. Mientras que en la mayoría de los países de Europa occidental el sector más grande de la población son los graduados de la educación secundaria, seguidos de los que tienen una titulación universitaria y en tercer lugar aquellos que solo tienen una educación primaria, en España el orden es el inverso, reflejando una mayor polarización en los niveles educativos que se traduce en una disparidad de ingresos.⁹ Desde 2009, la crisis económica ha exacerbado estas debilidades, degradando a España hasta la decimotercera economía más grande e impulsando el desempleo hasta el 26 % (antes de volver a caer al 16,4 % en diciembre de 2017). No obstante, sin saber si la situación actual forma parte de una tendencia a largo plazo, un desliz o el final de una época, resulta difícil realizar predicciones precisas sobre el futuro.

EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO BAJO EL LIDERAZGO DEL PSOE: 1982-1996

Tras la consolidación formal en 1982, la época democrática se puede dividir en dos períodos principales, el primero marcado por la estabilidad de la hegemonía del PSOE (1982-1996) y el segundo enmarcado por la alternancia de Gobiernos de centro izquierda y centro derecha (1996-2011).¹⁰ Durante el primer período, la estabilidad y la longevidad de un Gobierno con una mayoría fuerte que permitió proyectos a largo plazo fue en gran medida beneficioso para el bisoño Estado democrático.¹¹ El resultado fue la época más productiva de institucionalización y normalización en la historia contemporánea de España. El PSOE supervisó la implantación del sistema de gobiernos autónomos, creó la guía para el gobierno local, subordinó a los militares al mando civil, acercó el Estado del bienestar a los niveles europeos, amplió las empobrecidas infraestructuras culturales y negoció la entrada de España en las instituciones europeas y en el escenario global, un proceso que culminó en 1992 con los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla.

También existió otra vertiente mucho menos positiva de la época del PSOE. Así, decepcionó a muchos de sus seguidores iniciales, fue incapaz de terminar con el alto nivel de desempleo y se vio cada vez más manchado por los escándalos de corrupción que revelaron una cultura profundamente clientelista y una actitud patrimonialista hacia los recursos públicos. Finalmente, aunque su estructura centralizada y jerárquica generó programas de gobierno coherentes, también fue en general insensible a la presión popular y estuvo más interesado en las instituciones del Estado que en dar poder a los ciudadanos. No obstante, cuando los votantes expulsaron finalmente al PSOE en 1996, paradójicamente afirmaron la normalización de la práctica democrática.

Institucionalización e integración europea

Uno de los primeros proyectos del PSOE, en la estela del golpe militar recientemente fallido (febrero de 1981), fue una reforma militar que tuvo bastante éxito. Se inició con la Ley de Defensa Nacional (1984), que reducía la cifra de oficiales superiores pero, lo que resultaba mucho más importante, reestructuraba la cadena de mando bajo liderazgo civil. Más tarde, el Gobierno instituyó reformas de la formación militar, limitó la jurisdicción de los tribunales militares, redujo la duración del servicio para los soldados de reemplazo y reconoció la objeción de conciencia, además de retirar de los puestos clave a los más conservadores de la línea dura. Al integrarse en el sistema de defensa de Europa occidental y desplegarse en misiones humanitarias, el Ejército español perdió su capacidad histórica de intervención política autónoma.

Una transformación aún más importante fue el «Estado de las comunidades autónomas», que convirtió a España de uno de los Estados más centralizados en uno de los más descentralizados (véase Mapa IV). En 1983, el Gobierno había negociado los estatutos para las restantes comunidades autónomas de «vía lenta», y afirmó que los gobiernos de vía rápida y lenta acabarían con los mismos poderes y recursos (federalismo simétrico). Resultó más duro alcanzar un acuerdo sobre en qué consistían exactamente dichos poderes y recursos, con ciertas reticencias por parte del Gobierno central. No obstante, el nivel real de traspasos fue muy importante, incluida la autoridad sobre planificación urbana, educación, asistencia sanitaria, policía, medio ambiente y finanzas. Los traspasos también aumentaron la heterogeneidad, desde la catalanización del sistema educativo en Cataluña a niveles diversos de beneficios sociales, a medida que el porcentaje del gasto estatal controlado por los gobiernos autónomos subía del 8 % en 1983 al 18 % en 1989, y el 25 % en 1992. Avances importantes en las negociaciones tuvieron lugar entre 1993 y 1999, cuando el PSOE y después el PP participaron en pactos de Gobierno con la coalición nacionalista catalana Convergència i Unió (CiU), que tuvieron como consecuencia la reserva de un porcentaje más alto del impuesto de la renta para las comunidades autónomas. Aunque persistieron los desacuerdos sobre poderes y financiación, durante este período todos los grandes partidos fuera del País Vasco parece que aceptaron el proceso de traspasos como un marco legítimo para la organización territorial.¹² Incluso en el País Vasco, el Pacto de Ajuria Enea en 1988 entre todos los partidos políticos de la región, excepto Herri Batasuna (HB) vinculado con ETA, marcó un punto de inflexión esperanzador cuando el PNV afirmó su nacionalismo democrático frente al terrorismo sin remordimientos de ETA.

En contraste con los traspasos internos, los socialistas promovieron una mayor integración en Europa y en el «Occidente» de la Guerra Fría. El PSOE completó las arduas negociaciones que garantizaban a España, junto con Portugal, la entrada en la CE en 1986. Mucho más controvertido fue el cambio de opinión del PSOE sobre la pertenencia a la alianza militar de la OTAN, de la promesa de retirarse en 1982 a la insistencia en 1986 en que sería una irresponsabilidad hacerlo. El Gobierno logró una victoria muy estrecha en el referéndum de marzo de 1986, que fue confirmado más tarde por la hegemonía del PSOE, al mismo tiempo que su giro hacia el centro. Así, el referéndum de la OTAN fue un punto de inflexión importante en la relación del PSOE con las fuerzas cívicas y políticas de la izquierda, que lucharon con dureza por el principio de no alineación en la Guerra Fría. La izquierda intentó reconstituirse a remolque de la traición con la OTAN y el declive del PCE, con la formación de una coalición nueva llamada Izquierda Unida (IU), pero esta «izquierda unida» arañó muy poco del poder o de la popularidad socialista, como lo demuestra la segunda mayoría absoluta en las elecciones de 1986 (el PSOE consiguió el 44 %, bajando desde el 48 %, con el 4,6 % para IU), celebradas unos pocos meses después del referéndum de la OTAN.

Mapa IV. El Estado de las autonomías.

Neoliberalismo y bienestar social

El abandono del PSOE de su base tradicional se manifestó de otras maneras. Con el objetivo de conseguir que la economía española fuera más competitiva, el Gobierno recortó el gasto a causa de la inflación, privatizó empresas públicas, redujo la seguridad en el empleo y facilitó las vías para cerrar la industria pesada no competitiva, como la minería, el acero y el textil (la eufemísticamente llamada reconversión industrial), con una pérdida estimada de 1,5 millones de empleos. Con el desempleo llegando al 22 % en 1985, no había empleos nuevos suficientes en el sector servicios, y muchos de ellos se aprovechaban de la nueva ley sobre contratos temporales (1984). Los sindicatos, tanto la UGT socialista como CC.OO. comunista, adoptaron una postura cada vez más combativa contra el Gobierno intentando resistirse a estas políticas. Pero la oposición de izquierdas, en España como en otros lugares, no era lo suficientemente fuerte para plantear una alternativa de gobierno. Además, a la debilidad de la izquierda se añadía la dependencia de muchas organizaciones, entre ellas los sindicatos, del apoyo del Gobierno y de los subsidios estatales.¹³

A medida que el PSOE era cada vez menos de la clase obrera, el partido intentó abrir sus filas a más mujeres, así como incorporar los temas femeninos en su programa. Con solo un 10 % de mujeres entre los afiliados del partido y solo una mujer en la alta dirección, el PSOE era apabullantemente una institución masculina en 1982. El partido se enfrentó a esta situación con cuotas de género en las listas de candidatos, el 25 % en 1988 y paritarias en 1994. Aunque la implantación estuvo plagada de problemas típicos, como la sobrerrepresentación de las mujeres en los niveles más bajos y ciertos puestos «feminizados», fue suficiente para diferenciarlo de AP/PP. Así, en las elecciones parlamentarias, el porcentaje de candidatas del PSOE subió del 12 % en 1977 al 27 % en 1989, y el 49 % en 2000, mientras que el PP, sin cuotas, alcanzó el 17 % en 1989 y el 25 %, en 1996. El porcentaje de mujeres elegidas fue menor, pero pasó del 8 % al 28 % en 1996 y el 37 % en 2000 para el PSOE, frente al 6 %, 14 % y 25 % para AP/PP.¹⁴ En cuanto a las políticas, el Gobierno del PSOE también aprobó una ley del aborto limitado (1985) y estableció la baja paternal y maternal, pero también creó el Instituto de la Mujer en 1983, que encabezó la financiación de investigaciones de género, estableciendo centros de mujeres por todo el país y otros proyectos orientados hacia las mujeres.

El Instituto de la Mujer y la legislación relacionada formó parte de un objetivo más amplio del PSOE de crear un Estado socialdemócrata, definido por un fuerte compromiso con el bienestar público. Así, al mismo tiempo que seguía una política neoliberal de «ajuste», el PSOE adoptó el modelo europeo de una economía mixta que equilibraba el capitalismo de mercado con un aumento de la inversión estatal, impuestos más progresivos y gasto social más alto. Así, el Gobierno invirtió mucho en infraestructuras, construyendo un sistema nacional de autovías e implantando trenes de alta velocidad, y ampliando los servicios del Estado del bienestar, así como la infraestructura cultural de museos, bibliotecas y teatros. Gran parte de la financiación de los programas sociales llegó del nuevo impuesto de la renta progresivo, que sustituyó un sistema fiscal en su mayor parte indirecto (y por tanto regresivo). Al final el régimen de Franco había empezado a aumentar el gasto social, pero fue bajo el Gobierno socialista que el gasto público empezó a acercarse a los niveles de Europa occidental, del 65 % en 1980 al 87 % en 1994. Así, mientras en 1960 el Estado español gastó el 15 % del PIB en la Administración pública, comparado con el 52 % en Francia y el 35 % en Alemania, en 1990 había subido hasta el 43 %, con un giro paralelo hacia el gasto social.¹⁵

Objetivo importante del gasto social fueron el sistema nacional de asistencia sanitaria (la Ley General de Sanidad de 1986) y, después de 1992, un sistema de pensiones universal. En el ámbito cultural, el PSOE afirmó el papel del Estado en la protección, la financiación y el estímulo de la producción y el consumo culturales, incluida la financiación del museo de arte moderno Reina Sofía en 1986 y la restauración de más de 40 teatros, entre ellos los emblemáticos Liceo de Barcelona y el Teatro Real de Madrid.¹⁶ En 1985 la Ley del Derecho a la Educación aumentó el gasto en escuelas y los años de escolarización obligatoria. En lugar de intentar la creación de un sistema único de escuelas públicas y cerrar las escuelas religiosas, que había sido el programa controvertido de la Segunda República, el PSOE se decidió por un camino conciliador, que no solo reconocía la doble red de escuelas públicas y privadas, sino que garantizaba una subvención significativa a las escuelas privadas católicas. Aunque existió una cierta tensión entre el neoliberalismo y el gasto estatal en las políticas económicas del PSOE, la recuperación económica que se inició a partir de 1985, ayudada en parte por los mercados y los subsidios de la CE, bajó algo el desempleo (hasta el 16 %) y ayudó a mantener un equilibrio inestable hasta que la recesión golpeó de nuevo después de 1992 y el desempleo volvió a subir hasta el 22 %.

El final de la era del PSOE

A principios de la década de 1990, la recesión era uno de los muchos temas que se unieron para debilitar la larga hegemonía del PSOE. La punta en el desempleo reveló que los socialistas no habían resuelto los problemas estructurales de la economía española. La continuación de una lucha terrorista con poco éxito era otro tema, porque 300 víctimas más cayeron como consecuencia de los atentados de ETA durante la época socialista. No obstante, fueron más importantes los escándalos públicos expuestos en una serie de investigaciones periodísticas y judiciales que acusaron y al final juzgaron a cargos del Gobierno por apoyar la «guerra sucia» contra ETA durante la década de 1980, que incluía la tortura, secuestro y asesinato de una docena de personas. Los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) eran grupos paramilitares de derechas financiados por las autoridades en el País Vasco, pero también protegidos por cargos importantes del PSOE.

Junto con las investigaciones sobre los GAL, una serie de casos de corrupción que implicaban a cargos del Gobierno empezaron a mostrar la imagen de un partido indiferente a las reglas de la ley y una violación de la confianza pública. Los casos implicaban a cargos socialistas que utilizaban su posición para obtener ganancias personales, concediendo contratos gubernamentales de forma ilícita, aceptando sobornos y malversando dinero público en fines privados ilegales. Aunque ninguno de los escándalos estaba personalmente relacionado con el presidente del Gobierno, Felipe González, incluso los pecados por omisión brillaban en un partido tan fuertemente centralizado y jerárquico como el PSOE.

En este contexto, las elecciones de 1996 se pueden considerar al menos como una victoria parcial de la democracia española. La derrota del PSOE con una participación sólida (77,4 % de los electores) demostró que el electorado estaba dispuesto a responsabilizar al partido y que los medios y la judicatura eran capaces de actuar como «perros guardianes» para vigilar las actividades gubernamentales. Además, el porcentaje de españoles que creían que la democracia era el sistema de gobierno preferido nunca vaciló, aumentando del 70 % en 1980 al 76 %, en 1995. Igual de importante fue que una parte suficiente del electorado confió en que podía votar por el PP en la oposición o por otro partido sin poner en peligro la democracia. Aunque el PP superó por un margen escaso al PSOE (el 38 % frente al 37 %), finalmente había roto el techo de alrededor del 25 % que su predecesor, AP, había mantenido en la década de 1980. Para muchos, AP seguía manchada por sus vínculos con el franquismo, simbolizado por su fundador y ministro franquista, Manuel Fraga. La remodelación se inició en 1989 cuando el bastón de mando pasó a un joven conservador, José María Aznar, y se cambió el nombre a Partido Popular (PP).

Aunque la nueva época de elecciones competitivas condujo a la reaparición de una política con más enfrentamiento, el reverso de la crispación era un sistema pluralista en funcionamiento que era más sensato a largo plazo que la hegemonía de un solo partido. Al mismo tiempo, la larga hegemonía del PSOE también contribuyó a la consolidación democrática, proporcionando la estabilidad para una institucionalización sostenida a nivel local, regional, estatal y europeo. En la mayoría de los casos, esta estabilidad fortaleció el Estado democrático español, aunque quizá hizo menos para el florecimiento de una sociedad democrática.

DE LA CONSOLIDACIÓN A LA CRISPACIÓN: LA ALTERNANCIA PP Y PSOE DE 1996 A 2011

De 1996 a 2011, la estabilidad del gobierno de un solo partido fue sustituida por el gran drama de las elecciones competitivas y las mayorías cambiantes entre los dos grandes partidos nacionales, así como por las tensiones crecientes entre los partidos nacionales y los de base regional, que polarizaron la retórica y la legislación controvertida con el objetivo de solidificar las bases de cada partido. El PP gobernó durante ocho años, de 1996 a 2004 (en coalición con CiU de 1996 a 2000), antes de ser expulsado del poder en las elecciones por su gestión de las bombas terroristas de militantes islamistas el 11 de marzo de 2004. El PSOE, tras renovar su liderazgo después de la década de 1990, también ganó dos legislaturas consecutivas, de 2004 a 2011, después de las cuales perdió las elecciones por su gestión de la recesión que se desarrolló en 2007-2009. Aunque el modelo de la política de consenso de la Transición se había abandonado hacía tiempo, la falta de un partido de oposición viable durante la década de 1980 enmudeció los debates políticos. La cultura empezó a cambiar en 1993, durante el último Gobierno (en minoría) del PSOE. Así, durante la campaña electoral de 1993, el PSOE intentó aumentar sus apoyos al relacionar al PP con el franquismo, rompiendo el acuerdo implícito de no instrumentalizar el pasado.¹⁷ Al final de la década, este estilo de política altamente polarizada se había convertido en la norma.

Polarización política

Así, ¿qué ha significado esta cultura de la crispación para la democracia española? ¿La voluntad de remangarse era una señal de que se consideraba que el ring era seguro, con el lujo adicional de un período largo de crecimiento económico de 1994 a 2007? ¿O reflejó la reaparición de un pasado polarizado sin resolver que había permanecido intacto desde la Transición? No resulta sorprendente que haya pruebas que respaldan los dos puntos de vista.

Así, se puede argumentar que los fuegos artificiales políticos disimulaban un consenso fundamental entre los partidos principales sobre varios temas básicos, aunque con estilos e intensidades diferentes. Ambos partidos compartían el deseo de elevar el perfil de España en el escenario mundial. También compartían un enfoque híbrido de las políticas económicas y sociales, combinando el neoliberalismo y la protección del Estado del bienestar, en un equilibrio inestable que se basaba para su sostenibilidad en un largo ciclo de crecimiento. Así, el gasto social siguió aumentando hasta 2010, aunque con menos fuerza que durante el inicio de la época del PSOE. De la misma manera, estaban de acuerdo en los parámetros generales de la política antiterrorista, incluida la acción policial, la colaboración con el Gobierno francés para extraditar terroristas y la ilegalización de HB, el brazo político de ETA. A la inversa, ambos aceptaban el marco constitucional de las autonomías y los traspasos continuados, mientras que ninguno de los partidos nacionales aceptaba por completo el concepto de múltiples naciones soberanas de los partidos nacionalistas proindependentistas. Además, el hecho de que por la izquierda IU seguía perdiendo votos (del 10 % en 1996 al 5 %, en 2000, y el 4 % en 2004), y por la derecha no cristalizaba ningún partido populista xenófobo, sugería que la mayoría de los españoles fuera de Cataluña y el País Vasco no veían viable una alternativa fuera del marco centrista.

Al mismo tiempo, cada partido alimentó las llamas de la disputa alrededor de una serie de temas identitarios simbólicos, que parecía que tenían eco entre la población. Por ejemplo, después de 1996 el PP abrazó un nacionalismo español sin complejos que parecía que era bien recibido por un sector de la población, tras décadas de descrédito por su identificación con el franquismo. Este nacionalismo se reflejó en gestos como la instalación de la bandera (española) más grande del mundo en la plaza de Colón de Madrid (12 de octubre de 2001), o en la reforma educativa, en la que el partido propuso (1997) que el carácter unitario de la identidad de España sería un principio esencial del currículo de historia. Externamente, el PP afirmó su independencia nacional de Europa, apoyando a Estados Unidos en la guerra de Irak de 2003, en contra de los deseos de los grandes países europeos (así como de la mayoría de la población española).

Cuando el PSOE regresó al poder en 2004, el Gobierno retiró las tropas españolas de Irak y adoptó una orientación más proeuropea, mientras rescindía las líneas maestras educativas del PP. La identidad religiosa también se ha repolitizado, aunque solo el 20 % de la población se define como católicos practicantes que creen que el Gobierno se debería guiar por las opiniones de la Iglesia. Uno de los temas político-religiosos más debatidos en este período fue el matrimonio de personas del mismo sexo, cuya legalización por parte del PSOE en 2005 fue recurrida por el PP en el Tribunal Supremo (que sentenció a favor de la ley en 2012). El programa cultural de izquierdas del PSOE incluía la emblemática ley de 2007 que ordenaba la «igualdad efectiva» entre mujeres y hombres, incluida la paridad en el Gobierno, las empresas privadas y las listas electorales.

Quizá el campo de batalla simbólico más importante ha sido el pasado, que se movilizó cada vez más en la «guerra de la memoria» entre relatos históricos enfrentados. Después de relacionar al PP con el franquismo en la campaña electoral de 1993, el PSOE presentó una primera propuesta de condena de la dictadura en 1999. El PP aceptó solo una condena genérica de los «regímenes totalitarios» en 2002, afirmando que quería evitar «abrir viejas heridas» y desencadenar odios dormidos. Aunque una ligera mayoría de la población apoyaba esta visión en aquel momento, una minoría bulliciosa (inclinada hacia la generación más joven) empezó a criticar lo que llamaba la supresión de la memoria histórica (republicana), impuesta, según ellos, por la Ley de Amnistía de 1977.¹⁸ Grupos de la sociedad civil como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) empezaron a plantear la excavación de las fosas comunes de la Guerra Civil, al igual que un mayor reconocimiento público a las víctimas de la dictadura.¹⁹ Alrededor de la misma época, la Iglesia inició un procedimiento para reconocer a sus propias víctimas a través de investigaciones que dieron como resultado la beatificación (en 2001 y 2007) de 632 religiosos que habían sido asesinados durante la Guerra Civil.

Durante el Gobierno socialista de 2004-2008, el PSOE respondió a la presión izquierdista de base con la llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada después de muchas enmiendas y discusiones en 2007. Por primera vez, el gobierno democrático condenaba oficialmente el régimen de Franco como ilegítimo y comprometía al Estado en la rehabilitación de sus víctimas. No resulta sorprendente que la ley no satisficiera a nadie, con los que se encontraban en la izquierda molestos porque no se iban a revisar las sentencias judiciales franquistas y el PP votando en contra de ella con el argumento de que «enterraba el consenso» de la Transición.

El debate actual en España ha revelado precisamente la falta de consenso, no solo sobre la política de la memoria durante la Transición, sino sobre la larga trayectoria de la historia de España en el siglo XX.²⁰ En las historias populares y académicas se han formado relatos morales enfrentados que asignan significados políticos diferentes a la Transición y sus resultados. Para los conservadores, la Transición reformista «pactada» fue el resultado de un proceso gradual de democratización que se inició durante el régimen liberal de la Restauración (1875-1923), descarriló con la Segunda República radical e intolerante (1931-1936) y fue facilitado de nuevo por la estabilidad y el crecimiento económico de finales del régimen de Franco. Así, en el aniversario de la muerte del arquitecto de la restauración borbónica de 1875, Antonio Cánovas del Castillo (1997), el líder del PP Aznar situó los orígenes de la democracia actual en el liberalismo decimonónico. Este relato culmina en la transición pacífica planeada por las élites franquistas reformistas, llevada a cabo tras la muerte de Franco. Para alimentar esta versión ha aparecido una tendencia neofranquista de historias de la Guerra Civil (encabezada por el periodista best seller Pío Moa) que justifican el golpe militar de 1936 como una respuesta patriótica a una República en desintegración.

El relato opuesto de izquierdas afirma que la fuente principal de la tradición democrática de España se encuentra, no en el régimen elitista y corrupto de la Restauración sino en la democracia popular de la Segunda República, que fue brutalmente aplastada por la dictadura fascista que obstaculizó la modernización política del país durante cuarenta años y no contribuyó en nada a la transición democrática, ni directa ni indirectamente. En este relato, la tradición democrática de España se preservó y siguió adelante en la oposición antifranquista, culminando con la movilización popular que obligó a las reticentes élites del régimen a encaminarse hacia la ruptura. El relato de izquierdas diverge en este punto respecto a si la cultura democrática antifranquista acabó completamente aplastada, impidiendo el logro de una democracia verdadera, o si la historia importante es que una democracia imperfecta pero genuina fue «conquistada desde abajo», no otorgada desde arriba.²¹

Polarización Estado/regiones

La reevaluación de la Transición también alimentó la crispación creciente en las relaciones entre Madrid y las nacionalidades históricas, en especial en Cataluña y el País Vasco. Con algunas matizaciones, la polarización situó a los dos partidos nacionales, que intentaban preservar el acuerdo constitucional, contra los partidos nacionalistas, que afirmaban el derecho soberano a la autodeterminación de todas las naciones dentro del Estado español. El primer punto de inflexión tuvo lugar en 1998, con la Declaración de Barcelona, en la que los principales partidos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia declararon que el «Estado de las autonomías» no había ido lo suficientemente lejos en el reconocimiento de la realidad plurinacional de España. Ese mismo año, el PNV cerró el Pacto de Estella con HB, que ganó las elecciones regionales de 1998 con el programa del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro frente al Estado español (y francés). Este programa se concretó en el Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco en 2004, pero rechazado en el Congreso por el PP y el PSOE (2005).

En Cataluña, CiU perdió en 2003 el control de la Generalitat después de 23 años, ante una nueva coalición nacionalista catalana dirigida por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con la participación de la proindependentista Esquerra (ERC), que planteó un plan para revisar el Estatuto de autonomía. El PSOE apoyó la idea general, aunque la versión que pasó por el Congreso en 2006 recortaba lo que los partidos catalanistas habían propuesto inicialmente. El PP fue más lejos, alimentando los sentimientos anticatalanes y dudando de la constitucionalidad del nuevo Estatuto. La sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional que rechazaba algunos de los artículos del Estatuto fue el golpe final a una solución negociada. El fracaso de la reforma del Estatuto debilitó la credibilidad de la coalición PSC/ ERC, que perdió de nuevo ante CiU en 2010. CiU, cuestionado tanto por los escándalos de corrupción como por las medidas de austeridad neoliberal, se sumó al creciente sentimiento independentista en Cataluña. La movilización de la sociedad civil a favor de la secesión también tomó impulso en esta coyuntura. La primera marcha por el «derecho a decidir», convocada en 2006, reunió a 200.000 participantes, seguida por una serie de referéndums no oficiales o «consultas populares», celebradas en un 57 % del territorio (552 municipios), entre 2009 y 2010, empezando por Arenys de Munt. Pero el punto de inflexión, tanto en visibilidad como desde el punto de vista emocional, se alcanzó con la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. La manifestación de protesta fue organizada por Òmnium Cultural, la asociación fundada durante el régimen de Franco para la defensa de la lengua y la cultura catalanas. A partir de 2010, Òmnium Cultural se ha convertido en una de las asociaciones civiles más importantes en las movilizaciones independentistas, a la que se unió en 2012 la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que organizó la primera manifestación masiva a favor de la independencia el 11 de septiembre de 2012.

Sociedad democrática

¿Cuál ha sido el efecto de la evolución política en la calidad de la sociedad democrática en España? Una crítica constante desde la década de 1980 se ha quejado de una democracia de «baja intensidad», marcada por niveles bajos de afiliación en los partidos políticos y en las ONG, y una participación anémica en las movilizaciones de la sociedad civil.²² Los críticos han responsabilizado a la dictadura, a la Transición «de arriba abajo», a los partidos políticos jerárquicos o a una cultura política estatista en la que los españoles miran al Estado para resolver sus problemas.

Por el otro lado, hay pruebas de que la población es menos pasiva e indiferente de lo que sugieren las estadísticas. En primer lugar, la participación en las elecciones ha seguido siendo consistentemente sólida desde finales de la década de 1970 (70-80 % del censo electoral), con más participación en las elecciones más reñidas. Así, ni la estabilidad ni la crispación han debilitado el interés en el sistema electoral. Además, desde el principio se han producido movilizaciones masivas en los momentos críticos, como durante la Transición y después del golpe de febrero de 1981. En 1997 hubo grandes manifestaciones contra la violencia de ETA tras el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, en 1998 se celebró una huelga general, en 2002 un vertido de petróleo frente a las costas de Galicia inició un movimiento social ecologista, y en 2004 el 35 % de los españoles participó en manifestaciones, incluidas las enormes concentraciones tras las bombas terroristas en Atocha el 11 de marzo de 2004 para exigir más información del Gobierno. Tres días antes de las elecciones generales, el PP señaló a ETA en lugar de a los terroristas islámicos porque temía que se creyera que el ataque era una consecuencia de su impopular participación en la guerra de Irak. Aunque la movilización volvió a caer tras la retirada de las tropas españolas de Irak después de las elecciones, el interés en la política ha ido creciendo en relación inversa al descenso de la sensación de satisfacción con el Gobierno. En otras palabras, cuando la alta política se vuelve más incierta, parece que aumenta el nivel de compromiso cívico. El protagonismo creciente de las asociaciones civiles en el movimiento independentista catalán desde 2010, desafiado recientemente por las manifestaciones antiindependentistas, es otra muestra de la capacidad de movilización de los ciudadanos en momentos de crisis.

El resultado es un retrato variado de la democracia española en el período comprendido entre 1996 y 2001. Por un lado, la democracia mostraba todos los signos de una consolidación institucional continuada. Donde la polarización en la década de 1930 provocó que grandes sectores de la población abandonaran los canales legales después de la derrota electoral, la crispación reciente no ha empujado a ninguno de los grandes partidos estatales hacia la «semilealtad». Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco se han vuelto cada vez más semileales al marco constitucional. No obstante, si al final estas naciones se acaban separando, el Estado democrático español sobrevivirá, aunque con límites territoriales diferentes.

2008-2018: CRISIS E INCERTIDUMBRE

En los últimos años, la imagen se ha vuelto aún más borrosa, con la democracia en España asediada por la crisis económica desde 2008 y por la crisis política desde 2011. La Gran Recesión golpeó a España con especial dureza en dos áreas vulnerables: altos niveles de desempleo (llegando a un tope del 26 % en 2013) y desigualdad. En parte como consecuencia de estos problemas económicos, la crisis política también incorpora el desafío territorial y la fe declinante en los grandes partidos. Además, la última oleada de casos de corrupción ha provocado que los españoles sitúen este tema como su segunda preocupación, solo por detrás del desempleo. La crisis exacerbó los cismas existentes, desestabilizando lo que habían sido los puntos de referencia comunes, pero al mismo tiempo mostró la capacidad de los españoles para la movilización desde abajo durante una crisis.

La confianza en los dos grandes partidos políticos ha llegado a su punto más bajo, pues poco más de la mitad de la población ha votado por uno de ellos en las elecciones generales de 2015 y 2016, en comparación con los dos tercios en 2011. Fuera de la arena electoral, se ha producido una explosión de la movilización popular. Entre 2011 y 2012, el número de manifestaciones o reuniones públicas se dobló, integrándose en el llamado movimiento de los indignados del 15-M, que se inició en mayo de 2011 en nombre del 99 % contra el 1 %.²³ Utilizando las redes sociales, los ciudadanos se movilizaron virtual y físicamente contra la privatización de la sanidad y contra los desahucios, entre otros temas.²⁴ Así, en junio de 2011, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) evitó el primer desahucio en Madrid, y en diciembre de 2012, miles de pacientes y médicos formaron una cadena humana alrededor de los hospitales de Madrid en defensa de la sanidad como un bien público. La rabia contra los dos partidos también está relacionada con la percepción de que la corrupción es un problema endémico que cruza las fronteras políticas, que ahora se presenta como prueba de que todas las élites políticas representan los intereses de los que «tienen» contra los que «no tienen». La combinación de los escándalos de corrupción y las medidas de austeridad ha lastrado a los dos partidos, pero los casos recientes más importantes están relacionados con la financiación ilegal del PP, detallado en el informe de la Fiscalía de octubre de 2017.

Las movilizaciones de base también impulsaron la formación de dos partidos nuevos: Podemos de izquierdas y Ciudadanos de centro derecha, que consiguieron en conjunto más de un tercio de los votos en las elecciones generales de diciembre de 2015 (24 % y 14 %) y junio de 2016 (21 % y 13 %). Las elecciones de junio fueron convocadas porque la dispersión del voto en diciembre no había tenido como resultado ni una mayoría ni una coalición de gobierno. Aunque algunos habían predicho que el PSOE podía estar acabado, sus apoyos siguieron firmes en el 22 %, mientras que el PP se recuperó ligeramente del 29 % al 33 %. Aunque Podemos formó una coalición con IU para las elecciones de junio, las predicciones de que absorbería a los votantes del PSOE no cristalizaron. Después de unas elecciones inciertas y meses de esfuerzos inútiles para formar una coalición mayoritaria, el 29 de octubre de 2016 el PP formó un Gobierno en minoría. Sigue sin estar claro si el sistema de partidos se va a volver a estabilizar en torno al PP y al PSOE o si se va a reconfigurar como un sistema multipartidista.

La combinación de la crisis económica, la corrupción y el fracaso de la reforma del Estatuto también provocó una crisis del sistema político catalán, así como un rápido deterioro de las relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno de Cataluña, apoyado por importantes sectores de la población catalana. En Cataluña, el colapso financiero aumentó el conflicto sobre si la economía catalana estaba aportando demasiado a la caja común del Estado o contribuyendo de manera justa al sistema de redistribución de la riqueza en España. El giro hacia la independencia desestabilizó el sistema de partidos, incluida la disolución de CiU y la formación de una coalición paraguas proindependentista, Junts pel Sí, que incorporaba a representantes de los partidos tradicionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. En las elecciones regionales de septiembre de 2015, Junts pel Sí y un pequeño partido independentista de izquierda, la CUP, consiguieron en conjunto el 48,9 % de los votos, pero con una mayoría de escaños, debido a un sistema electoral que favorece las zonas rurales, donde el sentimiento independentista es más fuerte. Siguiendo la promesa de la coalición de celebrar un referéndum vinculante para la independencia, el Gobierno catalán impulsó sus planes para una votación el 1 de octubre de 2017, a pesar de la firme oposición y las amenazas de acciones legales por parte del Gobierno español. En un enfrentamiento entre discursos opuestos sobre la legitimidad democrática, los partidos independentistas catalanes afirmaban que la autodeterminación y el derecho a decidir eran derechos democráticos fundamentales, mientras que el Gobierno español defendía los procedimientos de la democracia tal como se fijan en el marco de la Constitución. Estas afirmaciones contradictorias generaron contratiempos el día del referéndum, cuando la policía estatal intentó evitar que los ciudadanos depositaran «ilegalmente» sus votos, lo que provocó incidentes violentos y detenciones. También soliviantó a los defensores de los derechos civiles el encarcelamiento de dos líderes de la sociedad civil que habían defendido la independencia como ciudadanos y no como representantes públicos.

A medida que cada bando defiende sus pretensiones de legitimidad democrática, el estancamiento alimenta el fervor nacionalista en ambos lados, con consecuencias inciertas para el proceso democrático. Quizá no sea una coincidencia que el sentimiento nacionalista haya eliminado de la agenda principal el debate sobre la corrupción y la austeridad. En el caso catalán, el nacionalismo ha unido a diversos partidos y asociaciones civiles que se encontraban en bandos opuestos en el debate sobre la austeridad. Pero la población catalana también se encuentra profundamente dividida entre los defensores de la independencia y los que abogan por la permanencia en España. En el Gobierno español, el nacionalismo anticatalán ha generado lo que podríamos llamar un nuevo «consenso» entre los principales partidos a favor de la unidad de España. Así, la polarización y la crispación entre PSOE y PP ha sido sustituida, al menos por el momento, por la polarización entre las fuerzas de la unidad española, que incluye al partido emergente Ciudadanos, y los defensores de la independencia. La polarización también se manifiesta en el descenso del apoyo a los partidos que han apostado por una postura intermedia, como Podemos o la versión catalana de Catalunya en Comú-Podem. En cualquier caso, la división en Cataluña sugiere que, sea cual sea el resultado final, dejará un profundo sentimiento de insatisfacción en una parte significativa de la población.

Como consecuencia, es probable que la cuestión territorial entre Cataluña y España no se resuelva del todo en un futuro cercano, independientemente del resultado inmediato. Es más, resulta evidente que la crisis está poniendo en cuestión el terreno común de la legitimidad democrática. Tras el referéndum de octubre de 2017, el Gobierno español acabó recurriendo al artículo 155 de la Constitución y asumió el gobierno directo de Cataluña, disolviendo el gobierno autonómico. A continuación, el Gobierno español convocó elecciones oficiales para diciembre de 2017, con la esperanza de que los partidos antiindependentistas consiguiesen la mayoría. A pesar del aumento de la participación, que alcanzó el 80 % de los votantes, el resultado fue aproximadamente el mismo: los partidos independentistas consiguieron una estrecha mayoría de escaños con el 45 % de los votos, lo que se sitúa justo por debajo de la mayoría.

Por el momento, el sentimiento independentista es mucho menor en el País Vasco, quizá como consecuencia de décadas de violencia relacionada con el independentismo y una relación fiscal muy ventajosa con el resto de España.

Quizá ha resultado igualmente inquietante la incertidumbre alrededor de lo que han sido las coordenadas más estables: Europa y el rey. Juan Carlos I, en su momento la figura estabilizadora por encima de las querellas políticas, dilapidó todo su capital político en varias desventuras, desde un caso de corrupción dentro de la familia real a un safari mal aconsejado de caza de elefantes en África, lo que condujo a una precipitada abdicación a favor de su hijo Felipe en junio de 2014 y una revitalización del interés en el republicanismo, uno de cuyos ejemplos es el republicanismo del movimiento independentista catalán. En 2014, en toda España, un 62 % de la población estaba a favor de celebrar un referéndum sobre el futuro de la monarquía.

Finalmente, la estrategia de integración europea que prometía sacar a España de la periferia y situarla en el centro se ha revertido, con España agrupada de nuevo entre los países pobres europeos del sur que están en deuda, en lugar de entre los que «tienen» del norte de Europa. Más allá de España, la reaparición de las divisiones dentro de una UE ampliada ha debilitado la fe en «Europa» por todo el continente, siendo el mayor ejemplo el sorprendente referéndum del Brexit (junio de 2016), en el que la mayoría del electorado del Reino Unido votó por el abandono de la UE. Con el añadido de la crisis de migración y refugiados que ha expuesto la división oeste/este, la tensión entre la integración europea y las prioridades nacionales, así como la globalización y el nacionalismo, ha quedado totalmente patente. Finalmente, la crisis secesionista catalana ha puesto de manifiesto otra amenaza potencial para la Unión Europea por parte de nacionalidades subestatales que buscan la independencia de los Estados grandes a los que pertenecen. En los 28 países de la UE existen 276 regiones con diversos niveles de autonomía, y al menos un puñado de ellas cuentan con movimientos independentistas activos, incluidas Córcega, Lombardía, Escocia y Flandes. Para consternación de los nacionalistas catalanes, la UE ha defendido hasta el momento la postura del Gobierno español. Enfrentada al Brexit por un lado y al «Catalexit» por el otro, la UE ha combatido ambas versiones de la secesión como un peligro para su estabilidad e integridad.

Aunque resulta difícil predecir hacia dónde llevan todas estas tendencias, parece que la mayoría de los españoles siguen viendo el camino hacia delante dentro del marco del gobierno democrático, aunque no necesariamente dentro de un solo Estado nación bajo la Constitución de 1978, o ni siquiera como monarquía. Ya sea que los dos partidos principales se restablezcan o sean sustituidos por coaliciones multipartidistas, los nuevos partidos han actuado dentro del sistema electoral. Y a través de la crisis, los españoles siguen demostrando compromiso con los dos ámbitos, llenan las calles en manifestaciones de protesta y acuden a las urnas con una participación saludable. En contraste con las movilizaciones de masas de la década de 1930, hasta el momento la oleada actual de movilizaciones y los nuevos partidos parece que tienen como objetivo revivir la democracia, no torpedearla. En cualquier caso, sea cual sea la dirección que tomen las crisis política y económica actuales, se trata de un momento demasiado incierto para evaluar todo el curso de la Transición y la democracia españolas.

CONCLUSIÓN

Al principio del siglo XXI, España es una democracia consolidada del primer mundo, con todos los éxitos, debilidades y limitaciones que esto supone. Aunque la consolidación es un proceso en marcha en todas las democracias, los más de treinta años de gobierno democrático desde la Transición han normalizado las instituciones y las «reglas del juego». La normalización ha recibido la ayuda del contexto europeo en el que el dominio de la democracia se ha ido fortaleciendo desde la década de 1970. Más allá de la consolidación básica de las instituciones electorales, España también se ha integrado en el modelo socialdemócrata europeo (cada vez más cuestionado), que equipara los derechos sociales con los civiles y políticos, y plantea un papel fuerte del Estado para asegurar el bienestar de la población dentro de una economía de mercado capitalista. Los expertos siguen debatiendo si España ha conseguido la paridad, o si sigue existiendo una «diferencia» (léase inferioridad) española, o quizá una diferencia del sur de Europa. Se puede afirmar que la propia pregunta está mal planteada, porque asume la existencia de una identidad «europea» esencial con la que se comparan los recién llegados. Desde una perspectiva diferente, la democratización del sur y el este de Europa durante este período transformó los parámetros de la normalización democrática en Europa. Como se ha planteado a lo largo de todo este libro, el esfuerzo por situar a España en una perspectiva europea comparativa no solo rescata a España del «relato del fracaso», sino que también complica el relato europeo más amplio. La perspectiva más pesimista de la narración europea considera que todo el proyecto democrático se está tambaleando, acosado por los líderes autoritarios, el nacionalismo xenófobo y la intolerancia contra las minorías. Las versiones menos sombrías tienen más confianza en la persistencia de las instituciones democráticas para responder a los múltiples desafíos a los que se enfrenta Europa.

Los otros puntos de comparación para la democracia actual en España son los esfuerzos previos de democratización, ninguno de los cuales tuvo éxito en última instancia. Los conservadores pueden volver la mirada a la Restauración de 1875, mientras que el punto de referencia de la izquierda es la Segunda República. Sean cuales sean los argumentos contradictorios sobre el potencial de los proyectos democráticos de estos períodos, ninguno logró la consolidación democrática; la Restauración estaba consolidada, pero era mayoritariamente poco democrática, mientras que la Segunda República era mayoritariamente democrática, pero no se llegó a consolidar. Por razones diferentes, ninguna pudo establecer un sistema pluralista que funcionase y en el que la mayoría de los grupos se sintieran representados. Incluso con la polarización creciente desde la década de 1990, los grandes partidos han seguido comprometidos con las «reglas del juego» electoral. ¿Este cambio es el resultado de una transformación estructural rápida que culminó en las décadas finales del siglo XX, suavizando las grandes divisiones que definían la sociedad española antes de la Guerra Civil? ¿O simplemente se trata de un rasgo de la realidad política actual, en la que las alternativas a la democracia de estilo occidental en Europa se han mantenido hasta el momento en los márgenes? Sea cual sea la explicación principal de la diferencia, el contraste es importante. Sin minimizar los debates sobre la calidad de la democracia actual en España, se puede afirmar que dichos debates son posibles por la consolidación fundamental del Estado democrático.

Desde esta perspectiva, los debates sobre la calidad o las deficiencias se pueden considerar como una parte normal del proyecto en marcha de profundizar la democracia, que siempre es un proyecto inconcluso. La democracia española no es una creación perfectamente elaborada ni únicamente un fracaso y fuera de sintonía con un modelo ideal «europeo». Como otras democracias modernas, se trata de una mezcla compleja de «luces y sombras», con deficiencias, así como con recursos para la renovación democrática. La complejidad de la democracia española se refleja en la dinámica actual entre las movilizaciones de base y la política de las élites que ha forjado su evolución desde el principio, en especial en momentos de crisis concretos. También se refleja en la relación dinámica entre la política local, regional y estatal, todas las cuales constituyen canales de toma de decisiones y negociación democráticas. La democracia española a principios del siglo XXI es la suma compleja de todas estas partes en movimiento, convirtiéndola, como todas las democracias en el mundo actual, en una tarea en constante revisión.

AGRADECIMIENTOS

Cuando acepté la ambiciosa tarea de escribir una historia general de la España contemporánea, solo tenía una idea muy vaga de en lo que me estaba metiendo. Después de completar dos libros monográficos y enseñar durante más de veinte años, me sentía atraída por la idea de dar un paso atrás y completar mi versión del «cuadro general». Aunque existía un conjunto muy rico de obras académicas especializadas, no me sentía satisfecha con los marcos interpretativos que existían en aquel momento y creía que había llegado el momento de ofrecer una perspectiva más fresca. Resultó que fue mucho más difícil definir mi propio marco de lo que había pensado, pero finalmente cristalizó en un fin de semana productivo cuando me senté a escribir el primer borrador del prefacio. Con el establecimiento de esta trayectoria general, me podía dedicar a la tarea monumental de dominar la historiografía existente sobre cada uno de los períodos y temas concretos, y plantear los debates grandes y pequeños que marcan las conversaciones académicas. Mi mayor deuda radica con todos los académicos que han participado en este proceso. Aunque resulta imposible expresarles a todos mi agradecimiento nombre a nombre, ningún libro como este se puede escribir sin apoyarse en el conocimiento experto de cientos de historiadores que han enriquecido el estudio histórico de España durante las últimas décadas. Algunos de ellos los he citado en las notas del texto, como una guía para los especialistas que quieran profundizar en un tema particular, pero representan solo una gota en el océano de todos los libros y artículos que han alimentado mi pensamiento.

Estoy especialmente en deuda con los y las especialistas que han aceptado con generosidad leer uno o más borradores de los capítulos sobre sus campos de estudio: Juan Pro Ruiz, Scott Eastman, Eric Van Young, Chris Schmidt-Nowara, Inmaculada Blasco, Isabel Burdiel, Adrian Shubert, Ferran Archilés, Florencia Peyrou, Javier Moreno, Julio de la Cueva, David Ortiz, Foster Chamberlin, Nigel Townson, Nick Saenz, Andrea Davis, José Álvarez Junco, Michael Seidman, Eduardo González Calleja, Fernando del Rey, Stephen Jacobson, Tim Rees, Carolyn Boyd, Julián Casanova, Sandie Holguin, Sasha Pack, Antonio Cazorla, Juan Pan-Montojo, Ismael Saz y Jesús Cruz. Decidí enviar cada capítulo al menos a dos especialistas para asegurarme de que había incluido todas las aportaciones académicas recientes importantes y con la esperanza de descubrir cualquier error o descuido. Sus comentarios han sido de valor incalculable y sin lugar a dudas han mejorado este libro. Por supuesto, soy responsable de cualquier error o descuido que siga presente. También quiero expresar un agradecimiento especial a Marta del Moral Vargas por haber leído y revisado la traducción española de la edición original en inglés.

En un sentido más amplio, quiero dar las gracias a mis estudiantes, tanto de grado como de doctorado, que me han empujado a seguir leyendo, analizando y repensando mi narración de la historia española durante los últimos 25 años. En el verano de 2015, mis estudiantes de grado del Global Seminar en Madrid aceptaron ser los conejillos de Indias para leer el primer borrador del libro para nuestro curso sobre Historia de la España contemporánea, y sus respuestas fueron de gran ayuda para realizar la revisión final. Los y las estudiantes de doctorado que han trabajado conmigo a lo largo de los años me han enseñado tanto como yo les he enseñado a ellos, informándome sobre nuevos campos de investigación, cuestionando viejas conjeturas y manteniéndome comprometida con este campo.

Mis colegas en el Departamento de Historia de la UCSD siempre me han ofrecido su apoyo y sus ánimos, haciendo que fuera posible escribir este libro mientras era directora del departamento. Fuera del departamento, los miembros del Southwestern Symposium of Spanish History y la Association for Spanish and Portuguese Historical Studies han proporcionado un apoyo muy útil y una comunidad de académicos para los que nos dedicamos a la historia de España en Estados Unidos. Me entristece profundamente que tres de los eruditos más eminentes de nuestra comunidad, que también eran colegas y amigos muy queridos, Carolyn Boyd, Chris Schmidt-Nowara y mi director de tesis, Edward Malefakis, nos hayan abandonado durante el último año.

Le estoy muy agradecida a Wiley Blackwell y a la serie de editores que han mantenido vivo mi libro, a pesar de los cambios y la consolidación de la editorial, en especial a Tessa Harvey, que me contrató y me ofreció unos consejos muy útiles sobre los primeros capítulos, y a Haze Humbert, que lo está llevando hasta su finalización.

Mi deuda final es con mis hijos, Olivia y Lucas. Mi primer libro se terminó la semana que nació Olivia, y el segundo hizo necesario que llevase a los dos niños a España durante un año para completar la investigación. Para este libro, resulta apropiado aunque agridulce que terminase este proyecto al mismo tiempo que los despedía para que se incorporaran a la universidad. A lo largo de este tiempo me han mantenido equilibrada y con los pies en el mundo real mientras crecían para convertirse en jóvenes adultos maravillosos.

LISTA DE MAPAS

Mapa I. El Imperio español, 1800

Mapa II. Mapa físico con indicación de las regiones, 1800

Mapa III-1. Fases de la Guerra Civil

Mapa III-2. Fases de la Guerra Civil: marzo de 1937

Mapa III-3. Fases de la Guerra Civil: marzo-abril de 1938

Mapa III-4. Fases de la Guerra Civil: febrero de 1939

Mapa IV. El Estado de las Autonomías

CRONOLOGÍA POLÍTICA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA,

1808-1814 | Guerra de la Independencia y Constitución de 1812
1814-1833 | Restauración de la monarquía absolutista bajo Fernando VII
1820-1823 | Trienio Liberal y Constitución de 1812
1823-1833 | Restauración del absolutismo
1824          | Finaliza la independencia latinoamericana
1833-1868 | Monarquía constitucional liberal de Isabel II
1833-1839 | Primera guerra carlista
1833-1840 | Restauración del absolutismo
1840-1843 | Gobiernos progresistas
1844-1854 | Gobiernos moderados
1854-1856 | Gobiernos progresistas
1856-1868 | Gobiernos moderados
1869-1873 | Monarquía democrática (Amadeo I, 1870-1873)
1873-1874 | Primera República
1868-1878 | Guerra de los Diez Años en Cuba
1873-1876 | Tercera guerra carlista
1874-1923 | Restauración de la monarquía constitucional
1875-1885 | Rey Alfonso XII
1885-1902 | Regencia de María Cristina
1895-1989 | Rebelión e independencia cubana
1898          | Guerra con Estados Unidos
1902-1931 | Rey Alfonso XIII
1923-1929 | Dictadura de Primo de Rivera
1929-1931 | Final de la monarquía
1931-1936 | Segunda República
1931-1933 | Primer bienio
1933-1936 | Segundo bienioa
1936          | Frente Popular
1936-1939 | Guerra Civil
1939-1976 | Dictadura de Franco
1975          | Muerte de Franco
1976-1978 | Transición a la democracia
1977          | Primeras elecciones
1978          | Constitución
1978          | Monarquía democrática bajo Juan Carlos I
1981          | Febrero: intento de golpe de Estado
1982-1996 | La era del PSOE
1986          | Ingreso en la CE
1996-2004 | Gobierno del PP
2004-2011 | Gobierno del PSOE
2014          | Coronación del rey Felipe VI

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8. The Peculiarities of German History: Bourgeois Politics and Society in 19th Century German History (Oxford: Oxford University Press, 1984).

9. A Social History of Modern Spain (Londres: Unwin Hyman, 1990).

10. Bjorn Wittrock, «One, none or many? European origins and modernity as a global condition», en Daedalus 129 (1), 2004, número especial sobre las múltiples modernidades.

11. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

12. Furet, The Passing of an Illusion: the Idea of Communism in the 20th Century (Chicago: University of Chicago Press, 1999); Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Nueva York: Pantheon Books, 1977).

13. Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

1. España en la «era de las revoluciones»

1. José María Portillo Valdés, Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812 (Madrid: CEPC, 2000).

2. Para una explicación sobre la coherencia de este «período transitorio», véase Jurgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the 19th Century (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014), pp. 58-62.

3. El texto principal es David Ringrose, Spain, Europe and the «Spanish Miracle»: 1700-1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

4. Los párrafos siguientes se basan en el relato de C. A. Bayly en The Birth of the Modern World, 1780-1914 (Oxford: Blackwell, 2004).

5. Jeremy Adelman, «An age of imperial revolutions», AHR 113(2), abril de 2008, p. 235.

6. De los 860.000 caballos de vapor disponibles en Europa en 1820, 620.000 se encontraban en Gran Bretaña, con Francia en segundo lugar con 90.000, Bélgica y Alemania con 40.000 y España y los Países Bajos con 10.000 cada uno. Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe: Vol. 4(1) (Londres, 1973), citado en John Merriman, A History of Modern Europe: From the French Revolution to the Present (Nueva York: Norton, 2004), p. 566.

7. El porcentaje de población que vivía en áreas urbanas era aproximadamente el mismo en Francia que en España, alrededor del 23-25 %. John Merriman cita las cifras para Francia, A History of Modern Europe, p. 577. Germán Rueda proporciona las estadísticas para España: «Demografía y sociedad, 1787-1877», en Historia contemporánea de España: siglo XIX (Barcelona: Ariel, edición de 2004), editado por Javier Paredes.

8. Jan de Vries, «The industrial and industrious revolutions», Journal of Economic History, 54, 1994.

9. Marta V. Vicente, Clothing the Spanish Empire: Families and the Calico Trade in the Early Modern Atlantic World (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006).

10. Kenneth Pommeranz, The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

11. Josep Fradera, «Reading imperial transitions: Spanish contraction, British expansion and American irruption», en Colonial Crucible: Empire in the Making of the Modern American State, editado por Alfred McCoy y Francisco A. Scarano (Madison: University of Wisconsin Press, 2009), pp. 34-62.

12. Las «reformas borbónicas» implantadas por la monarquía incluían la reorganización militar del Ejército y la Marina, la liberalización del comercio, incluidos los esclavos, la centralización de la burocracia colonial con el objetivo de recaudar más impuestos, y la imposición de una estructura legal y administrativa uniforme. Gabriel Paquette, Enlightenment, Governance and Reform in Spain and its Empire, 1759-1808 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008).

13. Jeremy Adelman, «Age of imperial revolutions». Véase también su Struggle for Sovereignty: Empire and Revolution in the Iberian Atlantic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).

14. Ringrose, Spain, cap. 6. La caída del 75 % del comercio se cita en el libro de Nadal sobre el fracaso de la revolución industrial. Estimaciones revisadas afirman que las exportaciones se mantuvieron hasta 1804, cayeron en un 30 % entre 1804 y 1814, y recuperaron los niveles de 1792 en 1820.

15. Enrique Llopis Agelán y José Antonio Sebastián Amarilla, «Impulso económico e inestabilidad: España 1808-1850», en Latinoamérica y España, 1800-1860: un crecimiento nada excepcional, editado por Enrique Llopis Agelán y Carlos Marichal (Madrid: Marcial Pons, 2009).

16. Véase Richard Herr, Rural Change and Royal Finances in Spain at the End of the Old Regime (Berkeley: University of California Press, 1989), capítulo 1.

17. James Casey, Early Modern Spain: A Social History (Londres: Routledge, 1999), pp. 48-49. El número de ovejas se había ido incrementando desde el punto más bajo de dos millones durante la crisis demográfica de principios del siglo XVII.

18. Juan E. Gelabert, «Un gran palacio abandonado: la España urbana del Siglo de las Luces», en La vida cotidiana en la España del siglo XVIII, editado por Manuel-Reyes García Hurtado (Madrid: Sílex, 2009).

| 1797 | 1857
% población en el centro | 48 | 43
% población en la periferia | 52 | 56

19. Rueda, «Demografía y sociedad», p. 312.

20. Este análisis se basa en David Ringrose, Spain, Europe, capítulo 8.

21. J. K. J. Thomson, A Distinctive Industrialization: Cotton in Barcelona, 1728-1832 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

22. Ringrose organiza la economía española en cuatro redes regionales que operaban de una manera más o menos autónoma hasta que el sistema ferroviario permitió su integración en un mercado nacional en las décadas finales del siglo XIX.

23. Jesús Millán García-Varela, El poder de la tierra: la sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1930 (Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1999), p. 79.

24. En 1800, Bilbao tenía 11.000 habitantes, Santander 5.000, La Coruña 10.000.

25. El número de fundiciones vascas cayó de 160 en 1800 a 50 en 1815. Renato Barahona, Vizcaya on the Eve of Carlism: Politics and Society, 1800-1823 (Reno: University of Nevada Press, 1989), p. 11.

26. La proporción estaba entre el 50 y el 75 % desde Murcia a Extremadura y de Castilla la Nueva a Andalucía oriental, así como en Palencia, Zamora y Cataluña, y superaba el 75 % en Andalucía occidental, Córdoba y Jaén. Rueda, «Demografía y sociedad», p. 340.

27. Sobre los orígenes históricos de los patrones de tenencia de la tierra en España, véase el análisis clásico de Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain: Origins of the Civil War (New Haven, CT: Yale University Press, 1970), capítulo 1.

28. Ringrose, Spain, capítulos 10 y 11.

29. Las estadísticas del párrafo proceden de Rueda, «Demografía y sociedad».

30. John Tone, The Fatal Knot: The Guerrilla War in Navarre and the Defeat of Napoleon in Spain (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1994), capítulo 1.

31. Gonzalo Anes, El Antiguo Régimen: los Borbones (Madrid: Alianza Editorial, 1975), p. 65.

32. Jesús Cruz, The Rise of Middle-Class Culture in 19th Century Spain (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2011), capítulo 2.

33. Stephen Jacobson, Catalonia’s Advocates: Lawyers, Society and Politics in Barcelona, 1759-1900 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2009), capítulo 2.

34. Celso Almuiña, «Medios de comunicación y cultura oral en la crisis del Antiguo Régimen», en Orígenes culturales de la sociedad liberal: España XIX, editado por Jesús A. Martínez Martín (Madrid: Biblioteca Nueva, 2003).

35. María de los Ángeles Pérez Samper, «La alimentación cotidiana en la España del siglo XVIII», en La vida cotidiana en la España del siglo XVIII, editado por Manuel-Reyes García Hurtado (Madrid: Sílex, 2009), pp. 25-29.

36. William Callahan, Church, Politics and Society in Spain, 1750-1874 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).

37. David Bell, The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It (Nueva York: Houghton Mifflin, 2007).

38. Bell, The First Total War, p. 280. En el momento culminante en julio de 1811 había 350.000 soldados franceses en España, de los que es posible que murieran unos 180.000.

39. Véase Charles Esdaile, Fighting Napoleon: Guerrillas, Bandits and Adventurers in Spain, 1808-1814 (New Haven, CT: Yale University Press, 2004).

40. La siguiente interpretación está extraída de José Álvarez Junco, Spanish Identity in the Age of Nations (Manchester: Manchester University Press, 2011), capítulo 3, cuyo argumento principal es la deconstrucción de la narración nacionalista de una «guerra de independencia» como una invención posterior para articular la nación.

41. Para un análisis equilibrado de la guerra, véase Charles Esdaile, The Peninsular War: A New History (Nueva York: Penguin Books, 2003).

42. Tone, The Fatal Knot.

43. Ronald Fraser destaca la importancia de esta dinámica como un motivo principal. Napoleon’s Cursed War (Nueva York: Verso, 2008).

44. Para un argumento similar sobre la participación popular en la revolución en México, véase Eric Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology and the Mexican Struggle for Independence, 1810-1821 (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2002).

45. José Álvarez Junco y Javier Moreno Luzón revisan el debate sobre el «significado» de 1812 desde la década de 1950 hasta la actualidad en su introducción a La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración (Madrid: CEPC, 2006).

46. Portillo Valdés ha acuñado el término «cultura constitucional» y destaca las dos primeras en su Revolución de nación, pp. 13-14, y Carmen García Monerris analiza la tercera en «El debate preconstitucional: historia y política en el primer liberalismo español», en El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, editado por Emilio La Parra López y Germán Ramírez Aledón (Valencia: Biblioteca Valenciana, 2009), p. 45.

47. José María Portillo Valdés, «Una Constitución universal», en La Constitución de Cádiz, p. 97.

48. Scott Eastman, Preaching Spanish Nationalism Across the Hispanic Atlantic, 1759-1823 (Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 2012). Eastman cita la afirmación de Blanco White según la cual «La influencia de la religión en España no tiene límites, y divide a sus habitantes en dos clases: fanáticos e hipócritas», p. 11.

49. Citado en Raymond Carr, España 1808-1939 (Oxford, UK: Oxford University Press, 1966), p. 96.

50. Carmen García Monerris, «El debate “preconstitucional”: historia y política en el primer liberalismo español (Algunas consideraciones)».

51. García Monerris, «El debate preconstitucional», pp. 56-58.

52. Véase Jaime E. Rodríguez, We are Now the True Spaniards: Sovereignty, Revolution, Independence and the Emergence of the Federal Republic of Mexico, 1808-1824 (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2012).

53. Chris Schmidt-Nowara, Slavery, Freedom and Abolition in Latin America and the Atlantic World (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2011), capítulo 3.

2. Transformación política: del Antiguo Régimen al Estado liberal, 1814-1868

1. El estudio comparativo de Manuel Santirso Rodríguez de los regímenes liberales en Europa durante este período argumenta convincentemente no solo contra el «fracaso» del modelo en España, sino en Europa meridional en general. Como afirma, las diferencias fundamentales entre los Estados eran mayores que cualquier división entre el norte y el sudoeste de Europa. Progreso y libertad: España en la Europa liberal (1830-1870) (Barcelona: Ariel, 2008), p. 12.

2. Jesús Millán y María Cruz Romeo, «Was the liberal revolution important to modern Spain? Political cultures and citizenship in Spanish history», Social History 29(3), septiembre de 2004.

3. Este análisis se basa en Alan Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe: The Political Culture of Limited Suffrage (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), pp. 3-6.

4. Isabel Burdiel, «Myths of failure, myths of success: New perspectives on nineteenth-century Spanish liberalism», Journal of Modern History 70, diciembre de 1998, p. 911.

5. Véase Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz y Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930 (Bilbao: Libros de la Catarata, 2007). Para el argumento del «Estado débil», véase Juan Pablo Fusi Aizpurúa, «Centralismo y localismo: la formación del Estado español», en Nación y Estado en la España liberal, editado por Guillermo Gortázar (Madrid: Editorial Noesis, 1994).

6. C.A. Bayly, Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780-1830 (Harlow: Longman, 1989) y David Todd, «A French imperial meridian, 1814-1870», Past and Present 210 (2011).

7. Este análisis se basa en Stephen Jacobson y Albert García Balañà, «A Spanish imperial meridian, 1824-68?», manuscrito inédito.

8. Chris Schmidt-Nowara, Slavery, Freedom and Abolition in Latin America and the Atlantic World (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2011).

9. Josep Maria Fradera, «Raza y ciudadanía: el factor racial en la delimitación de los derechos políticos de los americanos», en Gobernar colonias (Barcelona: Ediciones Península, 1999).

10. Véase José María Delgado Ribas, «Eclipse and collapse of the Spanish Empire, 1650-1898», y Josep Maria Fradera, «Empires in retreat: Spain and Portugal after the Napoleonic Wars», en Endless Empire: Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, America´s Decline, editado por Alfred McCoy, Josep Maria Fradera y Stephen Jacobson (Madison, WI: University of Wisconsin, 2012).

11. Véase la obra de Christopher Schmidt-Nowara, «La España Ultramarina: Colonialism and nation-building in 19th-century Spain», European History Quarterly 34(2), 2004 y The Conquest of History: Spanish Colonialism and National Histories in the 19th Century (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2006).

12. Salvador Calatayud, Jesús Millán y María Cruz Romeo, «El Estado en la configuración de la España contemporánea: una revisión de los problemas historiográficos», en Estado y periferias en la España del siglo XIX: nuevos enfoques, editado por Calatayud (Valencia: Universitat de València, 2009).

13. A nivel de ministros del Gobierno, Manuel Santirso Rodríguez demostró que la proporción de nobles entre la clase dirigente era solo del 8 % en las décadas de 1830-1840 y del 7 % en las de 1850-1860, lo que colocaba a España en la parte inferior de los Estados liberales. Progreso y libertad, pp. 78, 201.

14. Carolyn Boyd, «The military and politics», en Spanish History since 1808, editado por J. Álvarez Junco y Javier Moreno Luzón (Londres: Edward Arnold, 2000). La desintegración del Ejército regular durante la guerra de Independencia abrió las puertas a oficiales no nobles, que se sintieron amenazados cuando Fernando intentó restaurar el Ejército del Antiguo Régimen en 1814. Santirso Rodríguez plantea que existió una relación casi inversamente proporcional entre el porcentaje de ministros militares y nobles, con Gran Bretaña como el ejemplo más extremo. Progreso y libertad, p. 82.

15. Este análisis se basa en la obra de Isabel Burdiel. Véase «The uses of the monarchy: A “Spanish Incident” in the mid-19th Century», en Liberty, Authority, Formality: Political Ideas and Culture, 1600-1900, editado por John Morrow y Jonathan Scott (Exeter: Imprint Academic, 2008) e Isabel II: una biografía (1830-1904) (Madrid: Taurus, 2010).

16. El término «práctica revolucionaria» procede de Isabel Buriel, «Las claves del período», en España: la construcción nacional, 1830-1870 (Madrid: Fundación MAPFRE, 2012), pp. 17-18. Sobre la movilización en los pronunciamientos, véase Roberto L. Blanco Valdés, «Paisanos y soldados en los orígenes de la España liberal: sobre revoluciones sociales, golpes de Estado y pronunciamientos militares», en Las nuevas naciones: España y México, 1800-1850, editado por Jaime E. Rodríguez (Madrid: Fundación MAPFRE, 2008).

17. Véase Guy Thompson, The Birth of Modern Politics in Spain: Democracy, Association and Revolution, 1854-1875 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010) para un estudio local que apoya este argumento.

18. Isabel Burdiel y María Cruz Romeo sostienen esta afirmación en «Old and new liberalism: the making of the liberal revolution, 1808-1844», Bulletin of Hispanic Studies 75(5), 1998.

19. Como señala Jordi Canal, en las décadas centrales del siglo XIX existió de hecho una internacional contrarrevolucionaria «blanca», que incluía ayuda económica y el movimiento de luchadores voluntarios entre los conflictos en Francia, España, Italia y Portugal. El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España (Madrid: Alianza, 2000), p. 13.

20. Ángel Bahamonde y Jesús Martínez definen los fueros como una identidad jurídica que reúne una serie de privilegios sobre justicia, cuestiones sociales y servicio militar. Historia de España en el siglo XIX (Madrid: Cátedra, 1998), p. 189.

21. Jesús Millán García-Varela, «Una reconsideración del carlismo», en La política en el reinado de Isabel II, editado por Isabel Burdiel (Madrid: Marcial Pons, 1998), pp. 101-102.

22. Véase Scott Eastman, Preaching Spanish Nationalism in Across the Hispanic Atlantic, 1759-1823 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2012).

23. Aun así, como plantea Felipe-José de Vicente Algueró, siguió existiendo un espacio para la cooperación liberal-católica en la práctica, en especial cuando se relacionaba con la lucha nacional, como en Bélgica, Irlanda y Polonia. El catolicismo liberal en España (Madrid: Encuentro, 2012), p. 20.

24. Charles Esdaile, Spain in the Liberal Age: From Constitution to Civil War, 1808-1939 (Oxford: Blackwell, 2000), p. 43.

25. Burdiel y Cruz Romeo, «Old and New Liberalism».

26. Una de estas sociedades, los Comuneros, que recibía el nombre del levantamiento del siglo XVI contra los gobernantes Habsburgo, afirmaba que tenía decenas de miles de miembros en 1821. Scott Eastman, «“America has escaped from our hands”: Rethinking empire, identity and Independence during the Trienio Liberal in Spain, 2810-1823», European History Quarterly 41(3), 2011, p. 423.

27. Leandro Álvarez Rey, «El trienio constitucional (1820-1823)», en Historia contemporánea de España, siglo XIX, editada por Javier Paredes (Barcelona: Ariel, 4.a edición 2004), pp. 97-98.

28. Bahamonde y Martínez, Historia de España, p. 121. Los autores citan el estudio clásico de A. Gil Novales, Las sociedades patrióticas: 1820-1823 (Madrid, 1975), que descubrió pruebas de su existencia en 164 pueblos y ciudades por todo el país.

29. Josep Maria Fradera, «¿Por qué no se promulgaron las leyes especiales de ultramar?», en Gobernar colonias.

30. Véase el resumen de Gabriel Paquette del estado de la cuestión: «The dissolution of the Spanish monarchy», Historical Journal 52(1), 2009.

31. Jean-Philippe Luis, L’utopie réacctionnaire: épuration et modernisation de l’état dans l’Espagne de la fin de l’ancienrégime (1823-1834) (Madrid: Casa de Velázquez, 2002).

32. La ley tradicional española permitía la sucesión de una heredera, pero los Borbones habían impuesto el modelo francés después de 1712, que negaba el acceso femenino al trono. En 1830, Fernando publicó un decreto que restauraba el orden sucesorio tradicional, unos meses antes del nacimiento de Isabel, pero los seguidores carlistas rechazaron su legitimidad.

33. El apoyo carlista era más fuerte en Navarra y en el País Vasco, y en zonas rurales de Cataluña, Valencia y Aragón.

34. Véase Adrian Shubert, «Baldomero Espartero: del ídolo al olvido», en Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, editado por Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (Madrid: Espasa Calpe, 2000).

35. María Sierra plantea esta sugerencia en «La vida política», en España: la construcción nacional, 1830-1880, p. 77.

36. El análisis comparativo de Manuel Santirso Rodríguez del porcentaje de militares entre los miembros de los gabinetes revela el aumento en el período más tardío, pero sin salirse de los límites de otros casos: así, antes de 1848, España, Portugal y Francia tenían alrededor de un tercio de ministros militares, con España y Francia teniendo como presidente del Gobierno a un militar en el 60 % de los casos. Después de 1848, España se sitúa tercera detrás de Italia y Portugal en ministros militares y segunda detrás de Portugal (78 %) en primeros ministros militares (75 %). Progreso y libertad, pp. 82, 203.

37. Santirso Rodríguez, Progreso y libertad, pp. 62, 168. Destaca que los grandes cambios dentro del mismo partido fueron en gran medida consecuencia de la interferencia de la Corona.

38. Del Moral Ruiz, Pro Ruiz y Suárez Bilbao, «Epílogo: Estado y paisaje nacional», en Estado y territorio.

39. De Vicente Algueró, El catolicismo liberal, pp. 98-99.

40. Sin embargo, los fueros vascos siguieron vigentes porque formaban parte de la negociación al final de la guerra carlista. Fueron revocados en 1874 tras la segunda guerra carlista.

41. Fradera establece la distinción entre las Constituciones imperiales, que eran teóricamente inclusivas, como la Constitución de 1812 en España, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Constitución portuguesa de 1822 y las Constituciones francesas de 1793 y 1795, y las Constituciones de régimen dual, que se convirtieron en la norma del siglo XIX. «Empires in retreat», pp. 60-61.

42. Josep Fradera, «Quiebra imperial y reorganización del poder colonial en las Antillas y Filipinas», en Gobernar colonias, pp. 117-119.

43. Véase Stephen Jacobson, «Imperial ambitions in an era of decline: micromilitarism and the eclipse of the Spanish Empire, 1858-1923», en Endless Empire; y Jacobson y García Balañà, «Imperial meridian». Las aventuras micromilitaristas son proyectos pequeños diseñados para mostrar fuerza imperial con victorias fáciles.

44. Alberto García Balañà, «The Empire is no longer a social unit: Declining imperial expectations and transatlantic crises in metropolitan Spain, 1859-1909», en Endless Empire.

45. Santirso Rodríguez, Progreso y libertad, capítulo 5.

46. Véase Thomson, The Birth of Modern Politics, capítulo 1, para una visión local muy viva de la política democrática en tres comarcas cerca de Málaga y Granada durante la revolución de 1854-1856. Afirma que la cultura política radical que había echado raíces en las ciudades y pueblos más grandes alcanzó los pueblos pequeños en esta época (pp. 3940). J. A. Iñarejos Muñoz coincide: Ciudadanos, propietarios y electores en la construcción del liberalismo español: el caso de las provincias castellano-manchegas (1854-1868) (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008).

3. La política en los márgenes del Estado liberal: de 1848 al Sexenio (1868-1874)

1. Véase Stefan-Ludwig Hoffman, «Democracy and associations in the long 19th century: Towards a transnational perspective», Journal of Modern History 75(2), 2003.

2. Véase Sabine Freitag, ed., Exiles from European Revolutions (Oxford: Berghahn Books, 2003).

3. Florencia Peyrou, «The role of Spain and the Spanish in the creation of Europe’s trasnational democratic political culture, 1840-70», Social History 40(4), 2015.

4. Véase Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Anti-Slavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-1874 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999).

5. Guy Thomson, The Birth of Modern Politics in Spain: Democracy, Association and Revolution, 1854-75 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

6. Jordi Canal, «Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del Sur», Ayer 55/2004(3).

7. Véase Jesús Millán, «Popular y de orden: la pervivencia de la contrarrevolución carlista», Ayer, dossier sobre el carlismo 38/2000.

8. Véase Coro Rubio Pobes, «¿Qué fue del “oasis foral”? Sobre el estallido de la segunda guerra carlista en el País Vasco», Ayer 38/2000.

9. Véase José Piqueras Arenas, «La cuestión cubana de la Revolución Gloriosa a la Restauración», en España 1868-1874: nuevos enfoques sobre el Sexenio democrático, editado por Rafael Serrano García (Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002).

10. Florencia Peyrou, Tribunos del pueblo: demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II (Madrid: CEPS, 2008), p. 511.

11. Demetrio Castro, «Orígenes y primeras etapas del republicanismo en España», en El republicanismo en España (1830-1977), editado por Nigel Townson (Madrid: Alianza Universidad, 1994).

12. Peyrou, Tribunos del pueblo, p. 13.

13. Véase Ángel Duarte, «El municipio republicano: sostén de la democracia y refugio en la tempestad», en Provincia y nación: los territorios del liberalismo, editado por Carlos Forcadell y María Cruz Romeo Mateo (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 2006).

14. Alberto García Balañà, «“El verdadero productor”: lenguaje y experiencia en la formación de las culturas políticas obreras», en Historia de las culturas políticas en España y América Latina: la España liberal, 1833-1874, editado por María Cruz Romeo y María Sierra (Madrid: Marcial Pons, 2014).

15. Manuel Morales Muñoz, «Cultura política y sociabilidad en la democracia republicana», en España 1868-1974.

16. Florencia Peyrou, «Demócratas y republicanos: la movilización por la ciudadanía universal», en De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España, editado por Manuel Pérez Ledesma (Madrid: CEPC, 2007).

17. Schmidt-Nowara, p. 121.

18. Ángel Duarte y Pere Gabriel, «¿Una sola cultura política republicana ochocentista en España?», Ayer, dossier sobre republicanismo 39/2000.

19. Véase Genís Barnosell Jordà, Orígens del sindicalisme català (Vic: Eumo, 1999).

20. Sobre los orígenes de la Internacional en España, véase George Esenwein, Anarchist Ideology and the Working Class Movement in Spain, 1868-1898 (Berkeley, CA: University of California Press, 1989).

21. Anselmo Lorenzo, El proletariado militante: memorias de un internacional (Madrid: Alianza, 1974).

22. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries (Nueva York: Norton, 1965) de Eric Hobsbawm era el texto clásico.

23. Véase Antonio López Estudillo, «El anarquismo español decimonónico», en Ayer, dossier sobre el anarquismo español, 45/2002(1).

24. Para el estudio de un caso que amplía este argumento, véase Antonio López Estudillo, Republicanismo y anarquismo en Andalucía: conflictividad social agraria y crisis finisecular (1868-1900) (Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, 2001).

25. Véase Gregorio de la Fuente, «Actores y causas de la revolución de 1868», en España, 1868-1874, que plantea que la movilización popular fue más bien una consecuencia de la revolución.

26. Eloy Arias Castañón explora esta dinámica en La revolución de 1868 en Sevilla (Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2010).

27. Véase L. Santiago Díez Cano, «¿Existió alguna vez la I República? Notas para recuperar un período historiográfico», en España, 1868-1874.

28. Ángel Bahamonde y Jesús Martínez dividen todo esto en etapas cronológicas de la República: Historia de España: siglo XIX (Madrid: Cátedra, 1998), pp. 586-588.

29. Véase Gloria Espigado Tocino, «La historiografía del cantonalismo: pautas metodológicas para un estudio comparado», en España, 1868-1874, para una visión general. Aunque algunos han defendido que cada movimiento cantonal es una categoría por sí mismo, ella plantea que había demasiadas coincidencias para establecer semejante marco esquemático.

4. La nueva era de política liberal: la segunda Restauración, 1875-1898

1. Un relato que se articuló por primera vez en aquella época: Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1901).

2. C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780-1914 (Oxford: Blackwell, 2004), capítulo 7.

3. Véase Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz y Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930 (Bilbao: Libros de la Catarata, 2007), para una exposición extensa y convincente sobre la construcción en general efectiva de las instituciones del Estado liberal decimonónico, incluida la Administración pública, un sistema uniforme de justicia e impositivo, un Ejército nacional y la capacidad para contar y cartografiar la población y el territorio, todo ello dentro de los límites de sus recursos y contexto histórico.

4. Véase Frederick Cooper, «States, empires and political imagination», en Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History (Berkeley, CA: University of California Press, 2005), sobre las precauciones de hacer una lectura retrospectiva a partir del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.

5. La obra clásica por el nacionalismo español decimonónico adopta este marco: José Álvarez Junco, Spanish Identity in the Age of Nations (Manchester: Manchester University Press, 2011).

6. Para una visión general de estos debates, véase Javier Moreno Luzón, «El fin de la melancolía», en Construir España: nacionalismo español y procesos de nacionalización, editado por Moreno (Madrid: CEPC, 2007).

7. Por ejemplo, Ferrán Archilés Cardona, «“Hacer región es hacer patria”. La región en el imaginario de la nación española de la Restauración», Ayer 64 (2006).

8. Borja de Riquer, «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia Social 20 (1994).

9. Véase Xosé Manuel Núñez Seixas, «Provincia, región y nación en la España contemporánea: una reinterpretación global en perspectiva comparativa», en Provincia y nación: los territorios del liberalismo, editado por Carlos Forcadell y María Cruz Romeo Mateo (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 2006).

10. El término fue acuñado por Josep Maria Fradera. Véase su «La dificultad de describir la nación», en Del territorio a la nación: identidades territoriales y construcción nacional, editado por Luis Castells (Madrid: Biblioteca Nueva, 2006).

11. Bayly, Birth of the Modern World, capítulo 6, pp. 219-227.

12. Véase Chris Schmidt-Nowara, «La España Ultramarina: Colonialism and nation-building in 19th-century Spain», European History Quarterly 34(2), 2004.

13. Véase Ferrán Archilés Cardona, «¿Ni imperio ni imperialismo? El imaginario nacional español y el imperialismo africanista en la España de la Restauración», en Nación y nacionalización: una perspectiva europea comparativa, editado por Archilés, M. García Carrión e Ismael Saz (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2013).

14. Véase Stephen Jacobson, «Imperial ambitions in an era of decline: Micromilitarism and the eclipse of the Spanish Empire, 1858-1923», en Endless Empire: Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, America’s Decline, editado por Alfred McCoy, Josep Fradera y Stephen Jacobson (Madison: University of Wisconsin Press, 2012). Los proyectos micromilitaristas invertían recursos limitados en acciones que buscaban más la visibilidad que la victoria.

15. Una variación del tema del «fracaso» es la agrupación de los países del sur de Europa en una región semiperiférica definida por el atraso económico, el catolicismo, el analfabetismo, la debilidad del Estado y la fuerza de los lazos familiares. Véase James Kurth, «A tale of four countries: Parallel politics in southern Europe, 1815-1900», en Mediterranean Paradoxes: The Politics and Social Structure of Southern Europe, editado por James Kurth y James Petras (Oxford: Berg, 1993).

16. Para una visión general de la historiografía reciente, véase Javier Moreno Luzón, «Political clientelism, elites and caciquismo in Restoration Spain, 1875-1923», European History Quarterly 37 (2007).

17. Una recopilación muy útil es: El poder de la influencia: geografía del caciquismo en España (1875-1923), editado por José Varela Ortega (Madrid: Marcial Pons, 2001).

18. Carlos Dardé, La aceptación del adversario: política y políticos de la Restauración, 1875-1900 (Madrid: Biblioteca Nueva, 2003), p. 21. También expone las interpretaciones contradictorias de Cánovas como autoritario (la postura minoritaria) o liberal.

19. Cambios de gobierno: 1875-1896

1875-1885 (conservadores 65 % / liberales 35 %

1885-1897 (conservadores 29 % / liberales 71 %)

1875-1881: PC | 1885-1890: PL
1881-1883: PL | 1890-1892: PC
1884-1885: PC | 1892-1895: PL
| 1895-1896: PL

20. Con menos inmigrantes españoles, menos redes de comunicación y una presencia más débil del Estado, el Gobierno de la Restauración nunca consideró esta opción para la colonia de las Filipinas.

21. En 1898, el Partido Autonomista ganó el 73 % de los escaños, casi con exactitud lo contrario de lo que había ocurrido en todas las elecciones anteriores, en las que los conservadores siempre habían conseguido un mínimo del 70 %.

22. Véase Inés Roldán de Montaud, «Cuba», en El poder de la influencia.

23. Algunos estudios locales y regionales han sugerido que los partidos dinásticos empezaron durante la Restauración la transición de partidos de notables a estructuras institucionales más sustanciales y permanentes. Véase, por ejemplo, Rafael Zurita Aldeguer, Notables, políticos y clientes: la política conservadora en Alicante, 1875-1898 (Alicante: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1996).

24. Véase Juan Pro, «Caciquismo y manipulación electoral en la España de la Restauración, 1890-1907», en En torno al 98: España en el tránsito del siglo XX, volumen I, editado por Rafael Sánchez Montero (Huelva: Universidad de Huelva, 2000).

25. Véase el estudio clásico de Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, 1912-1983 (Madrid: Alianza, 1985) y, más centrado en este período, Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza: orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración, 1875-1917 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998).

26. González Calleja, La razón, p. 32.

27. El número de puestos creció de 1.591 en 1875 a 2.493 en 1914, con el número total de guardias civiles aumentando de 12.636 a 21.208: González Calleja, La razón, p. 46. Véase su gráfico sobre la distribución desigual, pp. 48-49.

28. González Calleja, La razón, pp. 61-64.

29. Véase Pedro Carasa y Antonio Fernández Sancha, «Un análisis microhistórico del poder local en Castilla», en En torno al 98 para la metodología del poder «ascendente».

30. Para una buena introducción, véase Xosé R. Veiga Alonso, «Entre centro y periferia: la dinámica política lucense en la segunda mitad del siglo XIX», en En torno al 98. Cita casos en los que el gobernador civil se quejaba de que iba a ser difícil conseguir que saliera elegido el candidato del Gobierno, porque no disponía de apoyo local.

31. Juan Pro, en su obra «Caciquismo», identifica un 24 % de todos los distritos (1890-1907) en esta categoría, con la gran mayoría pertenecientes a uno de los dos partidos dinásticos. En conjunto, el porcentaje creció del 14 %, en 1898, al 31 %, en 1905.

32. Véase, por ejemplo, María Sierra y María Antonia Peña, «Clientelismo y poder político en Andalucía: una reflexión sobre los límites del liberalismo durante la Restauración», en Elecciones y cultura política en España e Italia, 1890-1923, editado por Rosa Ana Gutiérrez, Rafael Zurita y Renato Camurri (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2003).

33. Véase Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses: por una relectura de la Restauración», en Las máscaras de la libertad: el liberalismo español, 1808-1950, editado por Manuel Suárez Cortina (Madrid: Marcial Pons, 2003).

34. Para un estudio provincial que explora esta dinámica, véase Margarita Caballero Domínguez y Carmelo García Enabo, «Una realidad compleja: poder central y poderes locales en los procesos electorales decimonónicos: el caso de Soria», en En torno al 98.

35. Véase Salvador Cruz Artacho, «Caciquismo y mundo rural durante la Restauración», en Elecciones y cultura política, para una versión extensa de este argumento.

36. Véase Carmelo Romero, «Campesinado parcelario y parlamento oligárquico en España», en Elecciones y cultura política, y Caballero Domínguez y García Encabo, «Una realidad».

37. Rosa Ana Gutiérrez y Rafael Zurita, «España en la campaña electoral de 1907», en Elecciones y cultura política, definen como competitivo la presencia de al menos dos candidatos para un escaño que recibieron, como mínimo, el 10 % de los votos.

38. Dardé, La aceptación, capítulo 12.

39. Véase Ángel Duarte, «El municipio republicano: sostén de la democracia y refugio en la tempestad», en Provincia y nación, sobre la importancia del gobierno municipal como el «último refugio» de los republicanos, pero también sobre los límites a su poder que disponían los alcaldes nombrados por el Gobierno.

40. Véase Ramón Villares, «Política y mundo rural en la España contemporánea», en La politisation des campagnes au XIX siècle: France, Italie, Espagne, Portugal, editado por Maurice Agulhon (Roma: École Française, 2000), para una revisión de esta literatura. El caso francés fue inmortalizado por Agulhon, que escribió muchas obras clásicas sobre la politización de las zonas rurales de Francia como consecuencia de las revoluciones de 1789 y 1848.

41. Véase Cruz Artacho, «Caciquismo», y Romero, «Campesinado».

42. Véase Pamela Radcliff, «The emerging challenge of mass politics», en Spanish History since 1808, editado por José Álvarez Junco y Adrian Shubert (Nueva York: Oxford University Press, 2000).

43. El número de periódicos aumentó de 544 a 1.347 entre 1879 y 1900, incluido un salto en los periódicos políticos de 146 a 497. Véase David Ortiz, Paper Liberals: Press and Politics in Restoration Spain (Westport, CT: Greenwood Press, 2000).

44. Entre muchos ejemplos, véase José Álvarez Junco, The Emergence of Mass Politics in Spain: Populist Demagoguery and Republican Culture, 1890-1910 (Brighton: Sussex Academic Press, 1990).

45. Véase Pamela Radcliff, «Women’s politics: Consumer riots in twentieth-century Spain», en Constructing Spanish Womanhood, editado por Victoria Enders y Pamela Radcliff (Binghamton, NY: State University of New York Press, 1999).

46. Villares, «Política y mundo rural», p. 41.

47. Véase Juan Pan-Montojo, «Introducción, ¿98 o fin de siglo?», en Más se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, editado por Pan-Montojo (Madrid: Alianza Editorial, 1998), para una explicación de esta analogía.

48. Para esta cita y un análisis general sobre la rebelión y la guerra, véase Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire, 1898-1923 (Oxford: Oxford University Press, 1996), capítulo 1.

49. Para un excelente relato militar, véase John Tone, War and Genocide in Cuba, 1895-98 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006).

5. La política de la Restauración: del fin de siglo a la crisis de posguerra, 1898-1923

1. Un término acuñado por Paul Preston en Republic Besieged: Civil War in Spain, 1936-39, editado por Preston y Ann L. Mackenzie (Edimburgo: Edinburgh University Press, 1996).

2. Véase Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s 20th Century (Nueva York: Knopf, 1999).

* También conocida como «Carta Magna de las libertades» fue un documento sancionado por Juan I de Inglaterra (Juan sin Tierra) en 1215 para acabar con una revuelta nobiliaria anglosajona contra la opresión normanda. Se la considera el origen del sistema parlamentario inglés y es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos. (N. del t.)

3. Véase C. A. Bayly, Birth of the Modern World, 1780-1914 (Oxford: Blackwell, 2004), capítulo 13.

4. Véase la «Introducción» de Ángeles Barrio a la edición especial de Ayer 63/2006(3) sobre la «Crisis del régimen liberal», que tiene como tema las oportunidades perdidas.

5. Para una visión más pesimista, véase Francisco Romero Salvadó, The Foundations of Civil War: Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916-23 (Londres: Routledge, 2008); para una «visión moderadamente optimista», véase Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses: por una relectura de la Restauración», en Las máscaras de la libertad: el liberalismo español, 1808-1950, editado por Manuel Suárez Cortina (Madrid: Marcial Pons, 2003).

6. Para una visión general excelente de todo el período, véase Javier Moreno Luzón, Modernizing the Nation: Spain during the Reign of Alfonso XIII, 1902-1931 (Brighton: Sussex Academic Press, 2012).

7. Teresa Carnero, «La difícil transición de la política liberal a la política democrática», en La transición a la política de masas, editado por Edward Acton et al. (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2001), destaca el impacto negativo e incluso regresivo de la reforma electoral de Maura.

8. Javier Tusell, «La crisis del liberalismo oligárquico en España: una rivoluzione mancata a la española», en La transición a la política de masas, plantea el impacto potencial de estas medidas.

9. Julio de la Cueva Merino define el anticlericalismo como «oposición al intento por parte del clero y de los laicos católicos de controlar ideológicamente la sociedad desde una posición de privilegio». «El anticlericalismo en España: un balance historiográfico», en L’Histoire religieuse en France et en Espagne, editado por Benoît Pellistrandi (Madrid: Casa de Velázquez, 2004), p. 354.

10. El número de religiosos en los conventos y monasterios había aumentado de 1.683 hombres y 18.819 mujeres en 1863 a 12.141 hombres y 42.296 mujeres en 1900. William Callahan, The Catholic Church in Spain, 1875-1990 (Washington, DC: Catholic University of America Press, 2000).

11. Pablo La Porte, «Marruecos y la crisis de la Restauración, 1917-1923», Ayer 63/2006 (3).

12. Miguel Martorell Linares, «“No fue aquello solamente una guerra, fue una revolución”: España y la Primera Guerra Mundial», Historia y Política 26 (julio-diciembre de 2011).

13. Gerald Meaker, «A civil war of words: The ideological impact of the First World War on Spain, 1914-1918», en Neutral Europe between War and Revolution, 1917-1923, editado por Hans A. Schmitt (Richmond, VA: University of Virginia Press, 1988).

14. Por ejemplo, en las Cortes de 1914 había 214 diputados conservadores, mientras que en las de 1919 había 91 que se definían como conservadores, 4 conservadores independientes, 64 mauristas y 31 ciervistas (que tomaban el nombre de otro líder, Juan de la Cierva). Tomado de la tabla de resultados electorales 1914-1923 en Con luz y taquígrafos: el Parlamento en la Restauración (1913-1923), editado por Mercedes Cabrera (Madrid: Taurus, 1998), p. 355.

15. Juan Linz, «The party system of Spain», en Party Systems and Voter Alignments, editado por Seymour Lipset y Stern Rokkan (Nueva York: Free Press, 1967).

16. Para un libro que destaca el papel complejo y en evolución del rey, véase Alfonso XIII: un político en el trono, editado por Javier Moreno Luzón (Madrid: Marcial Pons, 2003).

17. Para un argumento que destaca esta decisión como el verdadero punto de inflexión que impidió que el régimen evolucionara gradualmente, véase Fernando del Rey Reguillo, «¿Qué habría sucedido si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe de Primo de Rivera en 1923?», en Historia virtual de España (1870-2004), editado por Nigel Townson (Madrid: Taurus, 2004).

18. Véase una descripción y un análisis de los mauristas en la p. 125.

19. Julio de la Cueva, «Clericalismo y movilización católica durante la Restauración», en Clericalismo y asociacionismo católico en España: de la restauración a la transición: un siglo entre el palio y el consiliario, editado por De la Cueva y Ángel Luis López Villaverde (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2005).

20. La Lectura Dominical, 19 de enero de 1907, citado por De la Cueva, «Clericalismo», p. 42.

21. Ramón Villares, «Política y mundo rural en la España contemporánea», en La politisation des campagnes au XIX siècle: France, Italie, Espagne, Portugal, editado por Maurice Agulhon (Roma: École Française, 2000).

22. Para una visión general, véase Xosé Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX) (Barcelona: Ediciones Hipótesis, 1999), capítulos 3.3, 4.2.

23. Alejandro Quiroga, «Nation and reaction: Spanish conservative nationalism and the Restoration crisis», en The Agony of Spanish Liberalism: From Revolution to Dictatorship, 1913-1923, editado por Francisco Romero Salvadó y Angel Smith (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

24. Enric Ucelay-Da Cal, «Entre el ejemplo italiano y el irlandés: la escisión generalizada de los nacionalismos hispanos 1919-1922», Ayer 63/2006 (3).

25. Véase Pamela Radcliff, «The political left in the interwar period», en The Oxford Handbook on Europe 1900-1945 (Oxford: Oxford University Press, 2016).

26. Véase Pamela Radcliff, «The emerging challenge of mass politics», en Spanish History Since 1808, editado por José Álvarez Junco y Adrian Shubert (Londres: Edward Arnold, 2000).

27. En 1919, la UGT tenía 68.590 afiliados en Andalucía, mientras que la CNT tenía 113.214. Francisco Cobo Romero, «The Red Dawn of the Andalusian countryside», en The Agony of Spanish Liberalism. La UGT celebró su primer congreso campesino en Andalucía en octubre de 1920, que fue un punto de inflexión en su organización rural (p. 135).

28. Sobre las divisiones en la izquierda, véase Chris Ealham, «An impossible unity: revolution, reform and counter-revolution and the Spanish left, 1917-1923», en The Agony of Spanish Liberalism.

29. Angel Smith, Anarchism, Revolution and Reaction: Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State, 1898-1922 (Nueva York: Berghahn Books, 2007).

30. El estudio de un caso clásico es José Álvarez Junco, The Emergence of Mass Politics in Spain: Populist Demagoguery and Republican Culture, 1890-1910 (Brighton: Sussex Academic Press, 1990) (una versión abreviada en inglés del original). Para una visión general, véase Ramiro Reig, «El republicanismo popular», Ayer 39/2000.

31. De más de 400 escaños, solo 19 republicanos fueron elegidos en 1914 y 13 en 1923. Cabrera, Con luz, p. 355.

32. Para una visión general, véase Núñez Seixas, Los nacionalismos, capítulos 3.1, 4.1.

33. Núñez Seixas, p. 61

| 1918 | 1919 | 1920 | 1923
Partidos dinásticos | 9 | 13 | 16 | 12
Lliga | 21 | 16 | 17 | 21

34. Angel Smith, «La Lliga, the Catalan right and the making of the Primo dictatorship, 1916-1923», en The Agony of Spanish Liberalism.

35. Véase Francisco Romero Salvadó, «Spain’s revolutionary crisis of 1917: A reckless gamble», en The Agony of Spanish Liberalism, para un relato más detallado.

36. Para un análisis más detallado, véase Ángeles Barrio Alonso, «Una oportunidad perdida: 1919 mito y realidad del poder sindical», Ayer 63/2006 (3).

37. En la lucha contra las tribus rebeldes en el Rif, el Ejército español perdió 10.000 hombres en Annual, a unos 60 kilómetros de Melilla, durante una retirada humillante desde posiciones insostenibles. Sobre las oportunidades planteadas por la derrota de Annual, véase Pablo La Porte, «The Moroccan quagmire and the crisis of Spain’s liberal system», en The Agony of Spanish Liberalism.

6. Evolución económica y demográfica: 1830-1930

1. David Ringrose, Spain, Europe and the Spanish Miracle: 1700-1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Estima que los ingresos per cápita aumentaron un 80 % de 1830 a 1910.

2. En 1830 el PIB per cápita de España era de 86 sobre 100 (la media de las grandes economías europeas), mientras que en 1913 había caído al 64,7. Ramón Villares, «Fabricantes y trabajadores», en Restauración y Dictadura, editado por Javier Moreno Luzón y Villares (Madrid: Marcial Pons, 2009), pp. 135-136.

3. Véase Rafael Domínguez Martín, La riqueza de las regiones: las desigualdades económicas regionales en España, 1700-1900 (Madrid: Alianza Editorial, 2002).

4. Salvador Calatayud, Jesús Millán y María Cruz Romeo, «El Estado en la configuración de la España contemporánea: una revisión de los problemas historiográficos», en Estado y periferias en la España del siglo XIX: nuevos enfoques, editado por Santiago Calatayud, Jesús Millán y María Cruz Romeo (Valencia: PUV, 2009).

5. C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1789-1914 (Oxford: Blackwell, 2004).

6. Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez destacan este punto en El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid: Alianza Editorial, 2011), p. 37.

7. Tortella y Núñez destacan este marco en El desarrollo.

8. John Merriman, A History of Modern Europe: From the French Revolution to the Present (Nueva York: Norton, 2004), capítulos 14 y 19.

9. Manuel Santirso, Progreso y libertad: España en la Europa liberal (1830-1879) (Barcelona: Ariel, 2008), capítulo 9.

10. Véase The Costs and Benefits of European Imperialism from the Conquest of Ceuta, 1415, to the Treaty of Lusaka, 1974, número especial de la Revista de Historia Económica VXVI (1), 1998, editado por P. K. O’Brien y L. Prados de la Escosura.

11. Los métodos de Leandro Prados de la Escosura han sido fundamentales para el cálculo de las tasas de crecimiento. Véase El progreso económico de España, 1850-2000 (Madrid: Fundación BBVA, 2003).

12. El crecimiento del PIB entre 1850 y 1914 fue de alrededor del 1,5 % anual, frente al 2,9 % anual entre 1914 y 1929. Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), de Alberto Carreras y Xavier Tafunell (Barcelona: Crítica, 2009), p. 40.

13. Leandro Prados de la Escosura, «Economic growth and backwardness, 1780-1930», en Spanish History since 1808, editado por José Álvarez Junco y Adrian Shubert (Londres: Edward Arnold, 2000).

14. Véase Juan Pro, «El proceso económico», en España 1830-1880: la construcción nacional, editado por Isabel Burdiel (Madrid: Fundación MAPFRE, 2012).

15. Sobre la importancia económica del imperio en el siglo XIX, véase Josep Maria Fradera, Colonias para después de un imperio (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005).

16. Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: crecimiento y atraso económico en España (1780-1930) (Madrid: Alianza Editorial, 1988), pp. 76 y 202.

17. Véase Jordi Maluquer de Motes, España en la crisis de 1898: de la Gran Depresión a la modernización económica del siglo XX (Barcelona: Ediciones Península, 1999), capítulo 8.

18. Javier Moreno Luzón, Historia de España, vol. 7, pp. 400-412.

19. Véase Carreras y Tafunell, Historia económica, pp. 34-35, para una tabla comparativa.

20. Germán Rueda Hernanz, «Demografía y sociedad, 1797-1877», en Historia contemporánea de España: siglo XIX, editado por Javier Paredes, pp. 314-317. Define la población urbana como ciudades con más de 10.000 habitantes.

21. Fernando Sánchez Marroyo, «Demografía y sociedad, 1875-1939», en Historia contemporánea, pp. 577-580.

22. César Yáñez Gallardo, La emigración española a América (siglos XIX y XX) (Colombres: Archivo de Indianos, 1992).

* El acre equivale aproximadamente a 0,4 hectáreas, es decir, unos 40.000 metros cuadrados. (N. del t.)

23. Véase James Simpson, Spanish Agriculture: the Long Siesta, 1765-1965 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), para la visión pesimista.

24. Véase Josep Pujol et al., El pozo de todos los males: sobre el atraso en la agricultura española contemporánea (Barcelona: Crítica, 2001), para el punto de vista revisionista.

25. El valor de la tierra vendida entre 1855 y 1895 fue el doble de la vendida entre 1836 y 1845. Véase Francisco Simón Segura, La desamortización española en el siglo XIX (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1973), para una visión general clásica.

26. C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, pp. 295-299.

27. Germán Rueda, «Demografía y sociedad», p. 333.

28. Juan Pan-Montojo, «Los liberalismos y la agricultura española en el siglo XIX», en Estado y periferias.

29. Las naranjas crecieron el 6 al 14 % de las exportaciones totales entre 1900 y 1930. En 1930, la fruta y el aceite de oliva habían doblado del 14 % de las exportaciones totales al 33 %, aunque solo representaban el 3 % de la tierra cultivada. Tortella y Núñez, El desarrollo, p. 453.

30. El producto industrial per cápita de España se triplicó entre 1850 y 1913, y se había multiplicado por siete en 1935. Jordi Nadal, «Introducción», Atlas de la industrialización de España, 1750-2000, editado por Nadal (Bilbao: Fundación BBVA, 2003). Véase la segunda parte para un análisis comparativo detallado de la industrialización durante este período.

31. Para una visión completa, véase Història econòmica de la Catalunya contemporània: s. XIX, s. XX/3 Indústria, transports i finances, de Jordi Nadal, Jaime Benavente, Josep M. Benaül i Berenguer y Carles Sudrià i Triay (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991).

32. Jordi Nadal y J. M. Benaül, «Dos excepciones: los éxitos de Cataluña y el País Vasco», en Atlas.

33. Para un análisis completo del sector minero, véase Gérard Chastagnaret, L’Espagne, puissance minière dans l’Europe du XIXe siècle (Madrid: Casa de Velázquez, 2000).

34. Véase Antonio Parejo Barranco, La producción industrial de Andalucía (1830-1935) (Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional, 1997).

35. Chastagnaret, L’Espagne, destaca los beneficios mínimos para la economía española.

36. Tortella y Núñez, El desarrollo, pp. 138-152. La falta de un mercado interno para los minerales queda ilustrada por el hecho de que España exportó más del 90 % de su hierro en 1900, mientras que el Reino Unido no exportó nada, a pesar de producir un tercio más que España (8,6 frente a 14,2 miles de toneladas) (p. 144).

37. Fernando Sánchez Marroyo, «Demografía y sociedad», p. 580.

38. Véanse las estadísticas regionales en Domínguez Martín, La riqueza, pp. 216, 242, 259.

39. María Sierra y María Antonia Peña, «Clientelismo y poder político en Andalucía: una reflexión sobre los límites del liberalismo durante la Restauración», en Elecciones y cultura política en España e Italia, editado por R. A. Gutiérrez, R. Zurita y R. Camurri (Valencia: PUV, 2003), p. 209.

7. Cultura y sociedad, 1830-1930

1. C. A. Bayly, The Birth of the Modern World (Oxford: Blackwell, 2004), capítulo 5.

2. Véase Carolyn Ford, «Religion and popular culture in modern Europe», Journal of Modern History, 65(1), marzo de 1993.

3. Christopher Clark y Wolfram Kaiser, «Introduction: The European Cultural Wars», en Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in 19th-Century Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

4. Celia Applegate, «A Europe of regions: Reflections on the historiography of subnational places in modern times», AHR Forum, American Historical Review, 104(4), 1999.

5. Para un resumen, véase Xosé Manoel Núñez Seixas, «Provincia, región y nación en la España contemporánea: una (re)interpretación global en perspectiva comparativa», en Provincia y nación: los territorios del liberalismo, editado por Carlos Forcadell y María Cruz Romeo Mateo (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 2006).

6. Para el «giro cultural» en la historia social española, véase Miguel Ángel Cabrera, «Developments in contemporary Spanish historiography: From social history to the New Cultural History», Journal of Modern History, 77, diciembre de 2005.

7. Gary Wray McDonough, Good Families of Barcelona: A Social History of Power in the Industrial Era (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), p. 5.

8. Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, Historia de España: siglo XIX (Madrid: Cátedra, 1998), p. 449.

9. Jesús Millán García-Varela, El poder de la tierra: la sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1930 (Alicante: Diputación Provincial de Alicante, 1999). Los nobles eran propietarios del 31 % de las tierras de regadío en 1830 y un 9 %, en la década de 1880 (p. 107). Àngels Solà, «Una burgesia plural», en La gran transformació 1790-1860, editado por Josep Maria Fradera (Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997). En 1872, tres de los 20 contribuyentes más importantes en Barcelona eran nobles (p. 200).

10. Véase Jesús Cruz, Gentlemen Bourgeois and Revolutionaries: Political Change and Cultural Persistence among the Spanish Dominant Groups, 1750-1850 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) y McDonough, Good Families.

11. Bridget Aldaraca, El ángel del hogar: Galdós y la ideología de la domesticidad en España (Madrid: Visor, 1992).

12. Adrian Shubert, A Social History of Modern Spain (Londres: Unwin Hyman, 1990), p. 129.

13. Germán Rueda Hernanz, España 1790-1900: sociedad y condiciones económicas (Madrid: Ediciones Istmo, 2006), pp. 194-204.

14. C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, p. 189.

15. David S. Reher, Perspectives on the Family in Spain: Past and Present (Oxford: Clarendon Press, 1997), capítulo 8, «Family Economies».

16. Rueda Hernanz, España 1790-1900, pp. 333 y 527.

17. Rueda Hernanz, España 1790-1900, pp. 368-375.

18. Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain: the Coal Miners of Asturias, 1860-1934 (Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1987).

19. Véase Jesús Cruz, The Rise of Middle Class Culture in 19th-Century Spain (Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 2011).

20. Famosa definición de Jürgen Habermas, críticos posteriores han cuestionado su visión idealista de un espacio racional e inclusivo. Algunos estudiosos hablan de las esferas públicas múltiples o de los públicos múltiples dentro de una misma esfera, pero en cualquier caso, la «estructuración» de la esfera pública según el estatus fue una de las realidades de la participación en este ámbito colectivo. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

21. Jean-François Botrel, «La construcción de una nueva cultura del libro y del impreso en el siglo XIX», en Orígenes culturales de la sociedad liberal: España siglo XIX, editado por Jesús A. Martínez Martín (Madrid: Biblioteca Nueva, 2003).

22. Esta sección se basa en Cruz, The Rise of Middle Class Culture.

23. David Mackay, Modern Architecture in Barcelona, 1854-1939 (Nueva York: Rizzoli Press, 1989).

24. Mónica Burguera, Las damas del liberalismo respetable (Madrid: Ediciones Cátedra, 2012).

25. Stefan-Ludwig Hoffmann, «Democracy and associations in the long 19th century: Toward a transnational perspective», Journal of Modern History, 75(2), 2003.

26. Semanario Pintoresco Español V94/5, 1838, citado en Virginia Maza Castán, «La cara pública del liberalismo: ámbitos de sociabilidad liberal-burguesa en Aragón (1834-1845)», en En construcción: historia local contemporánea, editado por Ignacio Peiró Martín y Pedro Rújula (Zaragoza: Centro de Estudios Darocenses, 2003), p. 236.

27. David Gies, The Theatre in Nineteenth-Century Spain (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 182-183.

28. Josep Pla, citado en McDonough, Good Families, p. 194.

29. Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-74 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999) proporciona el estudio de un caso de movimiento abolicionista que demuestra cómo se fue formando dentro de una red ya existente de asociaciones dedicadas a la reforma social y económica.

30. Para uno de los pocos casos estudiados de identidad de grupo profesional, véase Stephen Jacobson, Catalonia’s Advocates: Lawyers, Society and Politics in Barcelona, 1759-1900 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009).

31. Sue Frank, Chris Perriam y Mike Thompson, «The literary avant-garde: A contradictory modernity», en Spanish Cultural Studies: An Introduction, editado por Helen Graham y Jo Labanyi (Oxford: Oxford University Press, 1995).

32. Susan Kirkpatrick, Mujer, modernismo y vanguardia en España, 1898-1931 (Madrid: Cátedra, 2003).

33. Nerea Aresti, Médicos, donjuanes y mujeres modernas: los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001).

34. Inmaculada Blasco Herranz, «Feminismo católico», en Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. IV, Del siglo XX a los umbrales del XXI, editado por Isabel Morant (Madrid: Cátedra, 2008).

35. Pilar Folguera, El feminismo en España: dos siglos de historia (Madrid: Fundación de Pablo Iglesias, 1988).

36. Jesús de Felipe Redondo, Trabajadores: lenguaje y experiencia en la formación del movimiento obrero español (Oviedo: Genueve Ediciones, 2012).

37. Véase En el nombre del oficio: el trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta, editado por Vicente Sanz Rozalén (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2005).

38. Para el estudio de un caso en una ciudad provincial, véase Pamela Radcliff, From Mobilization to Civil War: the Politics of Polarization in the Spanish City of Gijon, 1900-1937 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), capítulos 7-8.

39. Lorenzo Díaz, La España alegre: ocio y diversión en el siglo XX (Madrid: Espasa Calpe, 1999), p. 127.

40. Véase Adrian Shubert, Death and Money in the Afternoon: A Social History of the Spanish Bullfight (Oxford: Oxford University Press, 1999).

41. Jorge Uría, La España liberal (1868-1917): cultura y vida cotidiana (Barcelona: Editorial Síntesis, 2008), pp. 361-374.

42. William Callahan, The Catholic Church in Spain, 1875-1998 (Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2000).

43. Entre 1833 y 1859, el número de casas religiosas masculinas cayó de 37 a 9, con un 98 % de reducción de personal, mientras que el número de casas femeninas cayó un 60 % y perdió la mitad del personal. Pere Fullana y Maitane Ostolaza, «Escuela católica y modernización: las nuevas congregaciones religiosas en España (1900-1930)», en La secularización conflictiva: España (1898-1931), editado por Julio de la Cueva y Feliciano Montero (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), p. 192.

44. Fullana y Ostolaza, «Escuela católica».

45. Julio de la Cueva, «The assault on the City of Levites: Spain», en European Culture Wars.

46. William Christian, Moving Crucifixes in Modern Spain (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992).

47. Feliciano Montero García, «Del movimiento católico a la Acción Católica: continuidad y cambio, 1900-1930», en La secularización conflictiva.

48. Para un caso regional, véase Mary Vincent, Catholicism in the Second Spanish Republic: Religion and Politics in Salamanca, 1900-1936 (Oxford: Clarendon Press, 1996), capítulo 5.

49. Inmaculada Blasco Herranz, Paradojas de la ortodoxia: política de masas y militancia católica femenina en España, 1919-1939 (Zaragoza: Prensa Universitaria de Zaragoza, 2003).

50. William Callahan, «An organizational and pastoral failure: Urbanization, industrialization and religion in Spain, 1850-1930», en European Religion in the Age of the Great Cities: 1830-1930, editado por Hugh McLeod (Londres: Routledge, 1995).

51. Inmaculada Blasco Herranz, «Género y religión: de la feminización de la religión a la movilización católica femenina. Una revisión crítica», Historia Social, 53, 2005.

52. Juan Pan-Montojo, «Reconstructing communities and uniting “classes”: Agrarian movements and agrarismo in Spain, 1882-1917», en Communities in European History: Representations, Jurisdictions, Conflicts, editado por Pan-Montojo y Frederik Pederson (Pisa: Edizioni Plus, 2007).

53. Fernando Molina Aparicio, La tierra del martirio español: el País Vasco y España en el siglo del nacionalismo (Madrid: CEPC, 2005).

54. Josep-Ramon Segarra Estarelles, «El reverso de la nación: provincialismo e independencia durante la revolución liberal», en Construir España: nacionalismo español y procesos de nacionalización, editado por Javier Moreno Luzón (Madrid: CEPC, 2007).

55. Joost Augusteijn y Eric Storm, «Introduction», en Region and State in 19th-Century Europe: Nation-Building, Regional Identities and Separatism (Basingstoke: Palgrave, 2012).

56. Citado en Ramón Villares, Restauración y dictadura (Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 227.

57. Josep Fradera, «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», Ayer 35 (1999).

58. Ferran Archilés, «La novela y la nación en la literatura española de la Restauración: región y provincia en el imaginario nacional», en Provincia y nación.

59. José Álvarez Junco, Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX (Madrid: Taurus, 2001).

60. Ferran Archilés Cardona y Marta García Carrión, «En la sombra del Estado: esfera pública nacional y homogeneización cultural en la España de la Restauración», Historia Contemporánea, 45, 2012.

61. Eric Storm, «The birth of regionalism and the crisis of reason: France, Germany and Spain», en Region and State.

62. Josep Maria Fradera, «The Empire, the nation and the homelands: 19th-century Spain’s national idea», en Region and State.

63. Justo Beramendi, «Algunos aspectos del nation-building en la Galicia del siglo XIX», en Construir España.

64. Inman Fox, La invención de España: nacionalismo liberal e identidad nacional (Madrid: Cátedra, 1998).

65. Clinton Young, Music Theatre and Popular Nationalism in Spain, 1890-1930 (Nueva Orleans: Louisiana State University Press, 2015).

66. Maitane Ostolaza Esnal, «La nación española en el País Vasco, 1857-1931: el papel de la escuela», en El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y estado: siglos XIX-XX, editado por Luis Castells, Arturo Cajal y Fernando Molina (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007).

67. Sobre 1859-1860, véase Albert García Balañá, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña, 1859-1860» en Marruecos y el colonialismo español, 1859-1912, editado por Eloy Martín Corrales (Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2002); y para 1898, Manuel Pérez Ledesma, «La sociedad española, la guerra y la derrota», en Más se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, editado por Juan Pan-Montojo (Madrid: Alianza Editorial, 1998).

68. Christopher Schmidt-Nowara, The Conquest of History: Spanish Colonialism and National Histories in the 19th Century (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2006).

8. La primera dictadura: el régimen de Primo de Rivera, 1923-1930

1. Richard Bessel, «European dictatorships in comparative perspective», en La transición a la política de masas, editado por Edward Acton e Ismael Saz (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2001).

2. Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, «The dictatorship of Primo de Rivera, 1923-1931», en Spanish History Since 1808, editado por José Álvarez Junco y Adrian Shubert (Londres: Edward Arnold, 2000).

3. José Luis Gómez-Navarro, El régimen de Primo de Rivera: reyes, dictaduras y dictadores (Madrid: Cátedra, 1991).

4. Véase Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera: la modernización autoritaria, 1923-1930 (Madrid: Alianza, 2005), la mejor síntesis de esta perspectiva.

5. Martin Blinkhorn, Fascism and the Right in Europe, 1919-1945 (Harlow: Pearson, 2000).

6. Alejandro Quiroga, Making Spaniards: Primo de Rivera and the Nationalization of the Masses, 1923-1930 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).

7. Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above: the Dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923-1930 (Oxford: Clarendon Press, 1983). A pesar del título, Ben-Ami no caracteriza el régimen como fascista.

8. Julio Aróstegui, Largo Caballero: el tesón y la quimera (Barcelona: Debate, 2013), p. 193.

9. Para una defensa de esta postura, véase Fernando del Rey Reguillo, «¿Qué habría sucedido si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe de Primo de Rivera en 1923?», en Historia virtual de España (1870-2004), editado por Nigel Townson (Madrid: Taurus, 2004).

10. Gómez-Navarro, El régimen, capítulo 3, analiza la evolución de los puntos de vista del rey.

11. William Callahan, The Catholic Church in Spain, 1875-1998 (Washington, DC: Catholic University Press of America, 2000), pp. 151-152.

12. Javier Moreno, Modernizing the Nation: Spain during the Reign of Alfonso XIII, 1902-1931 (Brighton: Sussex Academic Press, 2012), p. 151.

13. Quiroga, Making Spaniards, pp. 70-76.

14. Véase Carolyn Boyd, Historia Patria: Politics, History and National Identity in Spain, 1875-1975 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), capítulo 6.

15. Boyd, Historia Patria, p. 175.

16. Quiroga, Making Spaniards, pp. 113-114.

17. Quiroga, Making Spaniards, p. 153.

18. Quiroga, Making Spaniards, capítulo 4.

19. Juan Pan-Montojo, «Asociacionismo agrario, administración y corporativismo en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930», Historia Social 43 (2002).

20. Véase González Calleja, La España, capítulo 4.

21. Véase Callahan, The Catholic Church, pp. 158-168.

22. Véase González Calleja, La España, capítulo 6.

23. Shlomo Ben-Ami, «The crisis of the dynastic elite in the transition from monarchy to republic, 1929-1931», en Elites and Power in Twentieth Century Spain, editado por Frances Lannon y Paul Preston (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 73.

9. La Segunda República: 1931-1936

1. Véase Carolyn Boyd, «The politics of history and memory in democratic Spain», Annals of the American Academy of Political and Social Science V 617 (2008).

2. Véase el análisis de Charles Maier de los «relatos morales» en «Consigning the 20th century to history: alternative narratives for the modern era», American Historial Review, junio de 2000.

3. Sin la pretensión de ser objetivo, una síntesis excelente que analiza y reconoce las posturas enfrentadas es Julián Casanova, The Spanish Republic and Civil War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

4. Véase Jean Grugel y Matthew Louis Bishop, Democratization: A Critical Introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).

5. Sobre la novedad y la crisis de la democracia de entreguerras, véase Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (Nueva York: Vintage, 2000), capítulo 1.

6. Véase Pamela Radcliff, «The political Left in inter-war Europe», en The Oxford Handbook of Early Twentieth Century Europe, editado por Nicholas Doumanis (Oxford: Oxford University Press, 2015).

7. Robert Paxton y Julie Hessler, Europe in the 20th Century (Belmont, CA: Wadsworth, 2002), pp. 246-249.

8. Véase Germán Rueda, «Tres cambios sociales, causas profundas (entre otras muchas) de la evolución española entre 1931 y 1939», en La República y la Guerra Civil: setenta años después, editado por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis E. Togores (Madrid: Editorial ACTAS, 2006).

9. Roberto Villa García, La República en las urnas (Madrid: Marcial Pons, 2011), p. 489.

10. Una buena representación de esta postura general son muchos de los artículos en la antología reciente, En el combate por la historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo, editado por Ángel Viñas (Barcelona: Pasado y Presente, 2012).

11. Una buena representación de esta postura general son muchos de los artículos de una antología reciente, La República y la Guerra Civil: setenta años después, editado por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Eugenio Togores Sánchez (Madrid: Actas Editorial, 2008).

12. La mejor obra sigue siendo Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain (New Haven, CT: Yale University Press, 1970).

13. Sobre el proyecto cultural republicano, véase Sandie Holguin, Creating Spaniards: Cultures and National Identity in Republican Spain (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2002).

14. Véase Judith Keene, «“Into the clear air of the plaza”: Spanish women achieve the vote in 1931», en Constructing Spanish Womanhood: Female Identity in Modern Spain, editado por Victoria Enders y Pamela Radcliff (Albany, NY: State University of New York Press, 1999).

15. Véase William Callahan, The Catholic Church in Spain, 1875-1998 (Washington, DC: Catholic University Press of America, 2000), capítulo XII, para la política religiosa del primer bienio y la reacción de la Iglesia.

16. Véase Laicismo y catolicismo: el conflicto político-religioso en la Segunda República, editado por Julio de la Cueva y Feliciano Montero (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2009).

17. Para un estudio local de este conflicto, véase Mary Vincent, Catholicism in the Second Spanish Republic: Religion and Politics in Salamanca, 1930-1936 (Oxford: Oxford University Press, 1996), capítulo 8.

18. Citado en Callahan, p. 281.

19. Véase Inmaculada Blasco Herranz, Paradojas de la ortodoxia: política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939) (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003).

20. Véase Mary Vincent, «The politicization of Catholic women in Salamanca, 1931-1936», en Elites and Power in Twentieth Century Spain, editado por Frances Lannon y Paul Preston (Oxford: Oxford University Press, 1990).

21. Véase Gerard Alexander, «Women and men at the ballot box: Voting in Spain’s two democracies», en Constructing Spanish Womanhood para una refutación de este argumento.

22. Véase Francisco Cobo Romero, «Campesinado, política y urnas en los orígenes de la Guerra Civil, 1931-1936», en La España rural, siglos XIX y XX: aspectos políticos, sociales y culturales, editado por Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011).

23. José Manuel Macarro Vera, «The Socialists and revolution», en The Spanish Second Republic Revisited: From Democratic Hopes to Civil War, 1931-36, editado por Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey Reguillo (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012).

24. Fernando del Rey Reguillo, Paisanos en lucha: exclusión política y violencia en la II República (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008).

25. Timothy Rees, «The political mobilization of landowners in the province of Badajoz, 1931-1933», en Elites and Power.

26. Joseph Harrison, The Spanish Economy in the 20th Century (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1984), capítulo 4.

27. Rueda plantea que esta fue una de las tres grandes condiciones estructurales que marcaron la política en la década de 1930. «Tres cambios sociales.»

28. Pamela Radcliffe, From Mobilization to Civil War: the Politics of Polarization in the Spanish City of Gijon, 1900-1937 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), capítulo 5.

29. Véase Eduardo González Calleja, En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la Segunda República Española, 1931-1936 (Granada: Editorial Comares, 2014).

30. Véase Gerald Blaney, «Keeping Order in Republican Spain, 1931-36», en Policing Interwar Europe: Continuity, Change and Crisis, 1918-1940, editado por Blaney (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).

31. Chris Ealham, Policing the City: Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898-1937 (Londres: Routledge, 2005).

32. José Luis Gutiérrez Molina, «Andalucía y el anarquismo, 1868-1936», Ayer (45)1, 2002.

33. Radcliff, From Mobilization to Civil War, pp. 286-287.

34. Sobre la CNT/FAI, véase Julián Casanova, Anarchism, the Republic and Civil War in Spain, 1931-1939 (Londres: Routledge, 2004).

35. Véase Manuel Ballarín, Diego Cucalón y José Luis Ledesma, «Introducción», en La II República en la encrucijada: el segundo bienio, editado por Ballarín, Cucalón y Ledesma (Zaragoza: Cortes de Aragón, 2009).

36. Véase Nigel Townson, «¿Qué hubiera pasado si los partidos republicanos se hubieran presentado unidos en las elecciones de 1933?», en Historia virtual de España, editado por Townson (Madrid: Taurus, 2004), para un análisis de las posibilidades contrafácticas.

37. Sobre el Partido Radical y el segundo bienio, véase Nigel Townson, The Crisis of Democracy in Spain: Centrist Politics under the Second Republic, 1931-36 (Brighton: Sussex Academic Press, 2000).

38. Para una presentación concisa de este planteamiento, véase Nigel Townson, «A Third Way? Centrist politics under the Republic», en The Spanish Second Republic Revisited.

39. Sobre la revolución en Asturias, véase Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain: the Coal Miners of Asturias, 1860-1934 (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1987).

40. Véase Nigel Townson, «¿Rectificación o reacción? La alianza de centro-derecha, 1933-1935», en Ballarín et al., eds., La II República en la encrucijada (2009).

41. Véase Paul Preston, «Bajo el signo de las derechas: las reformas paralizadas», en Viñas, ed., En el combate por la historia.

42. Julio Aróstegui, «Los socialistas en la Segunda República: una victoria con alto costo», en En el combate.

43. Julián Casanova, Anarchism, pp. 74-78.

44. Gabrielle Ranzato, «The Republican Left and the defence of democracy, 1934-1936», en The Spanish Second Republic Revisited.

45. Véase Eduardo González Calleja, «Entre el seny y la rauxa: los límites democráticos de la Esquerra», en Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda República Española, editado por Fernando del Rey (Madrid: Tecnos, 2011).

46. Para la versión optimista, véase Manuel Álvarez Tardío, «The CEDA: Threat or opportunity?», en The Second Republic Revisited. La cita procede de las pp. 70-71.

47. Para la visión negativa, véase Sid Lowe, Catholicism, War and the Foundation of Francoism: The Juventudes de Acción Popular in Spain, 1931-1939 (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2010).

48. Citado en Paul Preston, «Esperanzas e ilusiones en un nuevo régimen: la República reformista», en En el combate, p. 68.

49. Por ejemplo, no hay ningún artículo sobre el «centro» o los radicales en la compilación En el combate.

50. Stanley Payne, «Political violence during the Second Spanish Republic», en Journal of Contemporary History 25 (2-3) 1990, destaca la primavera de 1936 como la culminación del desorden, mientras que Julián Casanova, The Spanish Republic, no está de acuerdo (p. 131).

51. La falta de estadísticas fiables sigue alimentando el debate. Véase Fernando del Rey Reguillo, «Reflexiones sobre la violencia política en la II República española», en Conflicto político, democracia y dictadura: Portugal y España en la década de 1930, editado por Mercedes Gutiérrez Sánchez y Diego Palacios Cerezales (Madrid: CEPC, 2007), pp. 76-79, para un análisis de las diferentes estimaciones.

52. Véase Fernando del Rey Reguillo, Paisanos en lucha, capítulo 7, y José Manuel Macarro Vera, Socialismo, república y revolución en Andalucía (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000).

53. Francisco Espinosa Maestre, La primavera del Frente Popular: los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (Barcelona: Crítica, 2007).

10. La Guerra Civil: 1936-1939

1. Para el relato de izquierdas, véase Josep Fontana, «La naturaleza de la Guerra Civil», en España en la crisis europea de entreguerras, editado por Francisco Morente (Madrid: Catarata, 2011), y para el de derechas, Pío Moa, «Guerra civil, franquismo, democracia», en La República y la Guerra Civil: setenta años después, editado por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis E. Togores (Madrid: Actas, 2008).

2. Véase la compilación: If You Tolerate This: The Spanish Civil War in the Age of Total War, editado por Martin Baumeister y Stefanie Schuler-Springorum (Frankfurt am M.: Campus Verlag, 2008).

3. Véase Alan Kramer, «Asesinatos en masa y genocidio entre 1914 y 1945: un intento de análisis comparativo», Ayer 76/2009 (4).

4. Los que quieren destacar la violencia antes de julio de 1936 estiman al menos 2.200 asesinatos políticos desde abril de 1931, o llegan hasta los 5.700, pero incluso la cifra más alta no minimiza la ruptura en el nivel de violencia en la Guerra Civil. Para las estimaciones más altas de la violencia republicana, tanto antes como después de julio de 1936, véase Ángel David Martín Rubio, «Las pérdidas humanas en la Guerra Civil: el necesario final de un largo debate historiográfico», en La República y la Guerra Civil.

5. Mary Vincent, «Religious violence in the Spanish Civil War», en The Splintering of Spain: Cultural History and the Spanish Civil War, 1936-1939, editado por Chris Ealham y Michael Richards (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 72.

6. Para este argumento, véase Timothy Snyder, Black Earth: the Holocaust as History and Warning (Nueva York: Tim Duggan Books, 2015).

7. La primera gran recopilación, basada en la compilación de estudios locales de aproximadamente la mitad de las provincias, fue Víctimas de la guerra civil, editado por Santos Juliá (Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 1999).

8. Julius Ruiz, «Old wine in new bottles: The historiography of repression in Spain during and after the Spanish Civil War», en The Spanish Republic Revisited: From Democratic Hopes to Civil War, editado por Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey (Eastbourne: Sussex Press, 2012).

9. Los autores españoles empezaron a usar estos términos a partir de 2002, pero en inglés la obra principal es Paul Preston, The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain (Nueva York: Norton, 2012).

10. Véase Javier Rodrigo, «1936: guerra de exterminio, genocidio, exclusión», Historia y Política 10 (2003).

11. Véase José Javier Esparza, El terror rojo en España (Barcelona: Altera, 2007).

12. Véase Jordi Canal, «Guerras civiles en Europa en el siglo XIX o guerra civil europea», en Guerras civiles: una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, editado por Eduardo González Calleja y Jordi Canal (Madrid: Casa de Velázquez, 2012).

13. Véase Philip B. Minehan, Civil War and World War in Europe: Spain, Yugoslavia and Greece, 1946-1949 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), y Julián Casanova, «Civil wars, revolutions and counter-revolutions in Finland, Spain and Greece (1918-1949)», International Journal of Politics, Culture and Society 13(3), 2000.

14. Véase Geoff Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (Oxford: Oxford University Press, 2002), capítulo 18.

15. Mary Vincent, «The Spanish Civil War as a war of religion».

16. Sandie Holguín, «How did the Spanish Civil War end? … not so well», American Historial Review 120 (5), 2015.

17. Para este argumento, véase Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil (Madrid: Alianza, 2001).

18. Véase Sebastian Balfour, «Colonial war and civil war: The Spanish Army of Africa», en If You Tolerate This.

19. Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente: orígenes sociales y culturales de la sublevación en 1936 en Navarra y el País Vasco (Madrid: Biblioteca Nueva, 1998).

20. Publicado en la compilación de documentos, The Spanish Civil War: A Cultural and Historical Reader, editado por Alan Kenwood (Providence, RI: Berg, 1993).

21. Véase Francisco Espinosa, La columna de la muerte: el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Barcelona: Crítica, 2003).

22. Véase Rafael Cruz, «Las campañas rebeldes de aniquilación del enemigo», Ayer 76/2009 (4).

23. Véase Pamela Radcliff, «The culture of empowerment in Gijón, 1936-37», en The Splintering of Spain.

24. Para un retrato conciso de esta heterogeneidad local, véase Helen Graham, The Spanish Republic at War, 1936-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), capítulo 4.

25. Citado en Ronald Fraser, «The popular experience of war and revolution, 1931-1939», en Revolution and War in Spain, 1931-1939, editado por Paul Preston (Londres: Routledge, 1984), p. 227.

26. Chris Ealham, «The myth of the maddened crowd: class, culture and space in the revolutionary urbanist project in Barcelona, 1936-37», en The Splintering of Spain.

27. Le droit à la ville (París, 1968).

28. Véase Mary Nash, Defying Male Civilization: Women in the Spanish Civil War (Denver, CO: Arden Press, 1995).

29. Aurora Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios: Guerra Civil y revolución en el País Valenciano (Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo, 1983).

30. Fraser, «The Popular experience of war».

31. Julián Casanova, The Spanish Republic and Civil War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 242. Véase su Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938 (Madrid: Siglo XXI, 1985) para una visión más detallada de dicha región.

32. Michael Seidman, Workers Against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts (Berkeley: University of California Press, 1991).

33. Chris Ealham lo llama el «vacío institucional» en el corazón del proyecto anarquista; «The myth of the maddened crowd».

34. Julius Ruiz, The Red Terror and the Spanish Civil War: Revolutionary Violence in Madrid (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

35. Véase Julio de la Cueva, «Religious persecution, anticlerical tradition and revolution: on atrocities against the clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History 33(3), 1998.

36. Véase Manuel Delgado, La ira sagrada: anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea (Barcelona: Humanidades, 1992).

37. Véase José Luis Ledesma, «Total war behind front lines? An inquiry into the violence on the Republican side in the Spanish Civil War», en If You Tolerate This.

38. Véase Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la guerra civil española (Barcelona: Ediciones Península, 2001).

39. Algunas empresas estadounidenses, como Texaco y Firestone, incluso apoyaron a los nacionales. Véase Adam Hochschild, Spain in our Hearts: Americans in the Spanish Civil War, 1936-1939 (Nueva York: Houghton Mifflin, 2016), capítulo 14.

40. Para una selección de documentos soviéticos que subrayan el control soviético, véase Spain Betrayed: the Soviet Union and the Spanish Civil War, editado por Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov (New Haven, CT: Yale University Press, 2001).

41. Véase Daniel Kowalsky, The Soviet Union and the Spanish Civil War (Nueva York: Columbia University Press, 2004).

42. Para una versión contundente de esta posición, véase Gerald Howson, Arms for Spain: The Untold Story of the Spanish Civil War (Nueva York: St. Martin’s Press, 1999).

43. Véase Enrique Moradiellos, «La intervención extranjera en la Guerra Civil: un ejercicio de crítica historiográfica», en La guerra de España (1936-1939) (Barcelona: RBA Libros, 2012).

44. Para un análisis académico reciente, véase Michel Lefebvre y Remi Skoutelsky, Brigadas Internacionales: imágenes recuperadas (Barcelona: Lunwerg, 2003).

45. El 3 de mayo estalló la guerra abierta entre los seguidores de la CNT, incluido el partido comunista disidente, el POUM, y el Gobierno por el esfuerzo de este último por recuperar el edificio de la Compañía Telefónica, ocupado por la CNT desde julio de 1936. Después de que las tropas aplastaran la resistencia, quedaron 400 muertos y 1.000 heridos.

46. Véase Gabriel Jackson, Juan Negrín: Physiologist, Socialist and Spanish Republican War Leader (Eastbourne: Sussex University Press, 2010) para un retrato positivo.

47. El texto clásico anticomunista es Bernard Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counter-Revolution (Hemel Hemstead: Harvester/Wheatsheaf, 1992), mientras que el otro punto de vista se expone en Helen Graham, The Spanish Republic at War.

48. Para la postura más matizada sobre esta cuestión, véase Tim Rees, «The highpoint of Comintern influence? The Communist Party and the Civil War in Spain», en International Communism and the Communist International, 1919-1943, editado por Rees y Andrew Thorpe (Nueva York: St. Martin’s Press, 1998).

49. Véase Tim Rees, «Battleground of the revolutionaries: the Republic and Civil War in Spain, 1931-1939», en Reinterpreting Revolution in 20th Century Europe, editado por Moira Donald y Tim Rees (Nueva York: St. Martin’s Press, 2001).

50. Julius Ruiz, «Republican forced labour camps during the Spanish Civil War», en Contemporary European History 18(4), 2009.

51. Véase Michael Seigman, Republic of Egos: A Social History of Spanish Civil War (Madison: University of Wisconsin Press, 2002).

52. Véase James Matthews, Reluctant Warriors: Republican Popular Army and Nationalist Army Conscripts in the Spanish Civil War, 1936-1939 (Oxford: Oxford University Press, 2012).

53. Véase Paul Preston, Franco: A Biography (Londres: HarperCollins, 1993).

54. Sobre este concepto y su aplicación en España, véase Ismael Saz, «Régimen autoritario o dictadura fascista», en Fascismo y franquismo (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2004).

55. Sobre el papel de la Iglesia, véase Hilari Raguer, Gunpowder and Incense: The Catholic Church and the Spanish Civil War (Londres: Routledge, 2012).

56. Véase Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga.

57. Kathleen Richmond, Women and Spanish Fascism: The Women’s Section of the Falange, 1934-1959 (Londres: Routledge, 2003).

58. Para este planteamiento, véase Julius Ruiz, «A Spanish genocide? Reflections on the Francoist repression after the Spanish Civil War», Contemporary European History 14(2), 2005.

59. Véase Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria (Madrid: Siete Mares, 2003).

60. Citado en Julián Casanova, The Spanish Republic, p. 316.

61. Véase Michael Seidman, The Victorious Counter-Revolution: the Nationalist Effort in the Spanish Civil War (Madison: University of Wisconsin Press, 2011).

62. Sobre los aspectos militares de la guerra, véase Gabriel Cardona, Historia militar de una guerra civil (Barcelona: Flor del Viento, 2006) y Anthony Beevor, The Battle for Spain: the Spanish Civil War, 1936-1939 (Londres: Weidenfeld & Nicolson, 2006).

11. La segunda dictadura: el régimen de Franco, 1939-1976

1. Para lo primero, véase Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, Twentieth Century Spain: A History (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), capítulos 10-12, y para lo último, Stanley Payne, «La política», en Franquismo: el juicio de la historia, editado por José Luis García Delgado (Madrid: Temas de Hoy, 2000).

2. Véase Nigel Townson, «Spain is different? The Franco dictatorship», en Is Spain Different? A Comparative Look at the 19th and 20th Centuries, editado por Townson (Eastbourne: Sussex Press, 2015), para un resumen equilibrado.

3. Véase Frank Biess, «Introduction», en Histories of the Aftermath: The Legacies of the Second World War in Europe, editado por Frank Biess y Robert Moeller (Nueva York: Berghahn Books, 2010).

4. Véase Pieter Lagrou, «The age of total war, 1945-55», en Histories of the Aftermath.

5. Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s 20th Century (Nueva York: Knopf, 1999).

6. Véase Tom Buchanan, «How “different” was Spain? The later Franco regime in international context», en Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship, 1959-75, editado por Nigel Townson (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).

7. Stanley Payne sigue subdividiendo en siete tipos de dictaduras de derechas: A History of Fascism, 1914-1945 (Madison: University of Wisconsin Press, 1995).

8. Para un análisis detallado de los debates, véase Enrique Moradiellos, La España de Franco, 1939-1975 (Madrid: Editorial Síntesis, 2000), pp. 209-225.

9. El artículo clásico es Juan Linz, «An authoritarian regime: Spain», en Cleavages, Ideologies and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology, editado por Erik Allardt y Yrjo Littunen (Helsinki: Westermarck Society, 1964).

10. Véase Robert Paxton, The Anatomy of Fascism (Nueva York: Vintage Books, 2005).

11. Véase Paul Preston, The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain (Nueva York: HarperCollins, 2012).

12. El artículo clásico es Josep Fontana, «Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo», en España bajo el franquismo, editado por Fontana (Barcelona: Crítica, 1986).

13. Mazower destaca este punto: Dark Continent, p. 38.

14. La obra de Ismael Saz sobre las ideologías en conflicto que siguieron definiendo las luchas internas del régimen de Franco ha sido esencial para salir del debate de las categorizaciones de «lo uno/lo otro». España contra España: los nacionalismos franquistas (Madrid: Marcial Pons, 2003).

15. Anatomy of Fascism de Robert Paxton define esta coalición como un elemento esencial de la «nueva política» de la época de entreguerras, con el régimen de Franco como un ejemplo de «entropía» en su «teoría de las etapas» del fascismo; pp. 148-149.

16. Véase Javier Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy (Oxford: Blackwell, 2007).

17. Véase Ismael Saz, «¿Régimen autoritario o dictadura fascista?», en Fascismo y franquismo (Valencia: PUV, 2004), pp. 79-90.

18. Michael Mann creó un espectro más amplio de regímenes «autoritarios» con el fascismo como su forma más extrema. Fascists (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 31. El capítulo 9 explora el caso español.

19. Pero los estudiosos discuten entre dos y cinco fases: véase Moradiellos, La España de Franco, pp. 24-27.

20. Para una biografía completa, véase Paul Preston, Franco: A Biography (Londres: HarperCollins, 1993).

21. Véase Antonio Cazorla-Sánchez, Franco: The Biography of the Myth (Londres: Taylor & Francis, 2013).

22. Jean Grugel y Tim Rees plantean este argumento en Franco’s Spain (Londres: Arnold, 1997), p. 71.

23. Stanley Payne, The Franco Regime, 1936-1975 (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1987), p. 432. En la otra mitad de sus apariciones lucía el uniforme militar.

24. Tres cuartas partes de los 48 periódicos fundados entre 1936 y 1964 pertenecían al Movimiento. C. Barrera del Barrio, Periodismo y franquismo (Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 1995), p. 61.

25. Véase Carme Molinero, La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista (Madrid: Ediciones Cátedra, 2008).

26. Véase Gonzalo Álvarez Chillida, El antisemitismo en España: la imagen del judío (1812-2002) (Madrid: Marcial Pons, 2002).

27. Véase Stanley Payne, Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II (New Haven, CT: Yale University Press, 2008).

28. Stanley Payne y Jesús Palacios, Franco: A Personal and Political Biography (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2014), p. 261.

29. Véase Antonio Cazorla-Sánchez, «Dictatorship from below: Local politics in the making of the Francoist state, 1937-1948», Journal of Modern History 71, diciembre de 1999.

30. Julius Ruiz, Franco’s Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War (Oxford: Clarendon Press, 2005).

31. Sobre el sistema de campos, véase Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas: entre la historia y la memoria (Madrid: Siete Mares, 2003).

32. Edward Malefakis, «The Franco dictatorship: A bifurcated regime?», en Spain Transformed, p. 250.

33. Véase Abadón Mateos, ¡Ay de los vencidos! El exilio y los países de acogida (Madrid: Edición Eneida, 2009).

34. Véase la antología editada por Julio Aróstegui y Jorge Marco, El último frente: la resistencia armada antifranquista en España, 1939-1952 (Madrid: Catarata de los Libros, 2008).

35. Véase la antología editada por Fernando Mendiola, Los trabajos forzados en la dictadura franquista (Pamplona: Instituto Jerónimo de Uztáriz, 2007).

36. Véase Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco, La obra del miedo: violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950) (Barcelona: Ediciones Península, 2011).

37. Véase Michael Richards, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

38. Michael Richards, After the Civil War: Making Memory and Re-Making Spain since 1936 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

39. Sobre el argumento de una reincorporación temprana de España en Europa occidental, véase Fernando Guirao, Spain and the Reconstruction of Western Europe, 1945-57: Challenge and Response (Nueva York: St. Martin’s Press, 1998).

40. Las bases se establecieron en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón, agrupando un total de alrededor de 15.000 soldados y civiles.

41. Citado en Moradiellos, p. 105.

42. El enfrentamiento continuado entre el proyecto fascista y el nacionalcatólico se destaca en Ismael Saz, «Mucho más que crisis políticas: el agotamiento de dos proyectos enfrentados», Ayer 68/2007 (4).

43. Stanley Payne, The Franco Regime, p. 463.

44. Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, «The Golden Age of Spanish capitalism: Economic growth without political freedom», en Spain Transformed.

45. El término es de Malefakis: «The Franco dictatorship», p. 252.

46. José María Maravall, Dictatorship and Political Dissent: Workers and Students in Franco’s Spain (Londres: Tavistock Publications, 1978).

47. Véase Pere Ysàs, «¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío», Ayer 68/2007 (4).

48. Víctor Pérez Díaz, The Return of Civil Society: the Emergence of Democratic Spain (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

49. Creciendo de 1 a 4 millones anuales entre 1954 y 1960. Véase Sasha Pack, Tourism and Dictatorship: Europe’s Peaceful Invasion of Franco’s Spain (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006).

50. Elisa Chulía, El poder y la palabra: prensa y poder político en las dictaduras: el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo (Madrid: Biblioteca Nueva, 2001).

51. Sasha Pack, «Tourism and political change in Franco’s Spain», en Spain Transformed, p. 54.

52. Pere Ysàs, Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 (Barcelona, Crítica, 2004), p. 3.

53. Véase Pamela Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-1978 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), capítulo 1.

54. Véase Robert Clark, The Basque insurgents: ETA, 1952-1980 (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1984).

12. Transformación económica, social y cultural, década de 1930-década de 1970

1. Para la convergencia de las estadísticas del Índice de Desarrollo Humano (IDH) frente a los países europeos, véase Dudley Baines, Neil Cummins y Max-Stephan Schulze, «Population and Living Standards, 1945-2005», en The Cambridge Economic History of Modern Europe: 1870-Present, Volume 2, editado por Stephen Broadberry y Kevin O’Rourke (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

2. Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, «The Golden Age of Spanish capitalism: Economic growth without political freedom», en Spain Transformed: the Late Franco Dictatorship, 1959-75, editado por Nigel Townson (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).

3. Antonio Cazorla-Sánchez, Fear and Progress: Ordinary Lives in Franco’s Spain, 1939-1975 (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2010).

4. Rafael Domínguez Martín, La riqueza de las regiones: las desigualdades económicas regionales en España, 1700-2000 (Madrid: Alianza Editorial, 2002), capítulo 6.

5. Michael Richards, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-45 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

6. Juan Pan-Montojo, «El proceso económico», en La búsqueda de la democracia: España 1960-2010, volumen 5 de América Latina en la historiografía contemporánea, dirigido por Jordi Canal (Madrid: Penguin Random House/MAPFRE, 2015).

7. Anna Cabré, «La gent: natalitat, mortalitat i migracions», en La vida quotidiana durant el franquisme, 1939-1975, editado por Francesc Bonamusa y Francisco Morente (Barberà del Vallès: Ajuntament de Barberà del Vallès, 2004).

8. Para una visión minoritaria que destaca la exclusión de España del Plan Marshall de Estados Unidos como un factor en la lenta recuperación, véase Fernando Guirao, Spain and the Reconstruction of Western Europe, 1946-57: Challenge and Response (Nueva York: St. Martin’s Press, 1998).

9. Jordi Catalan, «Fam i penuria de les condicions de vida durant el franquisme, 1939-1975», en La vida quotidiana.

10. En 1950. Joan Ràfols Esteve, «L’habitatge en el periode franquista», en La vida quotidiana.

11. Susan Harding, Remaking Ibieca: Rural Life in Aragon under Franco (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1984).

12. Antonio Cazorla, Fear and Progress, capítulo 2.

13. Véase Richards, A Time of Silence, para el primer argumento.

14. Dolores Pla Brugat, «Introducción», Pan, trabajo y hogar: el exilio republicano español en América Latina, editado por Pla Brugat (México, DF: DGE Ediciones, 2007). Estima que el 20 % de los exiliados se establecieron en América Latina (pp. 30-31).

15. Javier Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy (Oxford: Blackwell, 2007), pp. 189-197.

16. Adrian Shubert, A Social History of Modern Spain (Londres: Unwin Hyman, 1990), p. 209.

17. La cifra de tractores en uso creció de 59 en 1945 a 259.819 en 1970 y 523.907 en 1980, mientras que el uso de fertilizante por hectárea se incrementó de 18 kg a 71 kg en 1970 y 102,7 kg en 1980. Juan Manuel Matés Barco, «La economía durante el régimen de Franco», en Historia contemporánea de España: siglo XX, editado por Javier Paredes (Madrid: Ariel, 1998), p. 830.

18. Susan Harding, Remaking Ibieca.

19. Véase Cazorla, Fear and Progress, capítulo 3, «Migration».

20. Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez, «La sociedad española durante el régimen de Franco», en Historia contemporánea de España, p. 782.

21. Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas: clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista (Madrid: Siglo XXI, 1998).

22. Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez, El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid: Alianza Editorial, 2011), p. 373. Para una división entre industrias de crecimiento rápido y lento, véase la tabla en p. 403.

23. Pilar Díaz Sánchez, «Trabajo y género en la España franquista: estudio comparado de dos sectores: la confección textil y los ferrocarriles», en Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política y cultura, editado por Gloria Nielfa Cristóbal (Madrid: Editorial Complutense, 2003).

24. Cazorla, Fear and Progress, p. 130. De un informe de una agencia de desarrollo en 1969.

25. Véase Antonio Cazorla, Las políticas de la victoria: la consolidación del nuevo Estado franquista, 1938-1953 (Madrid: Marcial Pons, 2000).

26. Véase Miguel Ángel de Arco Blanco y Miguel Gómez Oliver, «Los franquistas del campo: los apoyos sociales rurales del régimen de Franco, 1939-1951», en La España rural: aspectos políticos, sociales y culturales, editado por Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011).

27. Cazorla, Fear and Progress, p. 36.

28. Francisco Cobo Romero y Teresa Ortega López, «No solo Franco: la heterogeneidad de los apoyos sociales al régimen franquista en el mundo rural del sureste español (1936-1951)», Historia Social 51 (2005).

29. Ángela Cenarro, «Violence, surveillance and denunciation: Social cleavage in the Spanish Civil War and Francoism, 1936-1950», en Social Control in Europe, 1800-2000, volumen 2, editado por Clive Emsley, Eric Johnson y Pieter Spierenburg (Columbus, OH: Ohio State University Press, 2004). Véanse también los artículos de Estefanía Langarita en Pagar las culpas: la represión económica en Aragón (1939-1945), editado por Julián Casanova y Ángela Cenarro (Barcelona: Crítica, 2014).

30. Peter Anderson, The Francoist Military Trials: Terror and Complicity, 1939-1945 (Londres: Routledge, 2010) es un estudio local de un distrito judicial en Córdoba. El comentario de la embajada británica se encuentra en la p. 136.

31. Los niños perdidos del franquismo, de Ricard Vinyes, Montse Armengol y Ricard Balís (Barcelona: Plaza & Janés, 2002).

32. Mary Nash, «Protonatalism and Motherhood in Franco’s Spain», en Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States, 1880s-1950s, editado por Gisela Bock y Pat Thorne (Nueva York: Routledge, 1991).

33. Aurora Morcillo, True Catholic Womanhood: Gender Ideology in Franco’s Spain (Dekalb, IL: Northern Illinois University Press, 2000).

34. Julian Alfred Pitt-Rivers, The People of the Sierra (Chicago: University of Chicago Press, 1961).

35. Jesús María Vázquez, Así viven y mueren: problemas religiosos de un sector de Madrid (Madrid: Ope, 1958), citado en Cazorla, p. 144.

36. Véase William Callahan, The Catholic Church in Spain, 1875-1998 (Washington, DC: Catholic University Press of America, 2000), capítulo 18, «Religious reconquest».

37. Véase Carolyn Boyd, Historia Patria: Politics, History and National Identity in Spain, 1875-1975 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), capítulo 8.

38. Véase Cazorla, Fear and Progress, pp. 88-94. Lo llama el legado educativo catastrófico.

39. Juan Linz, «La realidad asociativa de los españoles», en Sociología española de los años setenta (Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1971), p. 315.

40. La Guardia de Franco era una organización paramilitar formada en 1944 con la incorporación de los falangistas más comprometidos del Movimiento.

41. Juan Linz, «La realidad», p. 313, cita la falta de datos estadísticos publicados como el obstáculo para una mayor precisión.

42. Cazorla, Fear and Progress, capítulo 1.

43. María Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo (Madrid: Taurus, 1983).

44. Mikel Aizpuru, «Asociacionismo popular: ¿reverso del modelo de organización social del franquismo? El caso de Barakaldo», en Estado, protesta y movimientos sociales, editado por Santiago Castillo y José María Ortiz de Orruño (Bilbao: Universidad del País Vasco, 1997), p. 482.

45. Eduardo Ruiz Bautista, Tiempo de censura: la represión editorial durante el franquismo (Gijón: Ediciones Trea, 2008).

46. Josep Benet, L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995).

47. Javier Escalera Reyes, «El franquismo y la fiesta: régimen político, transformaciones sociales y sociabilidad festiva en la España de Franco», en La cultura popular en la España contemporánea, editado por Jorge Uría (Madrid: Biblioteca Nueva, 2003).

48. Julián Sanz Hoya, «La patria en los estadios: fútbol, nación y franquismo», en Nación y nacionalización: una perspectiva europea comparada, editado por Ferran Archilés, Marta García Carrión e Ismael Saz (Valencia: PUV, 2013).

49. Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez, «La sociedad española durante el régimen de Franco», p. 785.

50. Francisco Morente Valero, «La enseñanza durante el franquismo», en La vida quotidiana.

51. Véase Pamela Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-78 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011).

52. Véase Sasha Pack, Tourism and Dictatorship: Europe’s Peaceful Invasion of Franco’s Spain (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006).

53. Véase Andrew Dowling, Catalonia since the Spanish Civil War: Reconstructing the Nation (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2013), capítulo 3, «Revival, 1955-1970».

54. Véase Jeremy Treglown, Franco’s Crypt: Spanish Culture and Memory since 1936 (Nueva York: Farrar, Straus, Giroux, 2013), capítulo 5, «Art’s Abstractions».

55. Álvaro Ferraz, «La cultura y el pensamiento español durante el franquismo», en Historia contemporánea de España.

56. Morcillo, True Catholic Womanhood, p. 97.

57. Inbal Ofer, Señoritas in Blue: the Making of a Female Political Elite in Franco’s Spain (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2009).

58. Feliciano Montero García, «La Iglesia dividida: tensiones intraeclesiales en el segundo franquismo», en De la cruzada al desenganche: la Iglesia española en el franquismo y la transición, editado por Manuel Ortiz Heras y Damián A. González (Madrid: Sílex, 2011).

13. La última transición democrática: 1976-1982

1. Véase Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, «La Transición a la democracia: una perspectiva histórica» y Julio Aróstegui, «La Transición a la democracia, matriz de nuestro tiempo reciente», ambos en Historia de la Transición en España: los inicios del proceso democratizador, editado por Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007); y Manuel Ortiz Heras, «Nuevos y viejos discursos de la Transición: la nostalgia del consenso», Historia Contemporánea 44 (2011).

2. En una encuesta de 2001, el 86 % de los españoles estaban orgullosos de la Transición. Citado en Félix Moral, Veinticinco años después: la memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles (Madrid: CIS, 2001), pp. 19-21.

3. Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the late 20th Century (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1993).

4. Alfred Stepan y Juan Linz, eds., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996).

5. El primer autor en referirse al «modelo español» fue Josep Colomer, «Transitions by Agreement: Modeling the Spanish Way», American Political Science Review, 85(4), 1991.

6. Jean Grugel y Matthew Louis Bishop, Democratization: A Critical Introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).

7. Si lo había hecho España, ¿por qué no Europa oriental?, planteaba Giuseppe de Palma, «Why democracy can work in Eastern Europe», Journal of Democracy, 2(1), invierno de 1991.

8. Véase Pamela Radcliff, «The Transition: A global model?», en Is Spain Different? A Comparative Look at the 19th and 20th Centuries, editado por Nigel Townson (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2015).

9. Véase Larry Diamond et al., eds. Consolidating the Third Wave Democracies (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997).

10. Véase Joseph Foweraker, Making Democracy in Spain: Grass-roots Struggle in the South (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

11. Para este marco, véase Sidney Tarrow, Power in Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). Para el caso español, véase Manuel Pérez Ledesma, «Viejos y nuevos movimientos en la Transición», en La Transición, treinta años después, editado por Carme Molinero (Barcelona: Península, 2006).

12. Xavier Domènech Sampere, «La reconstrucció de la raó democràtica: del suburbi a la ciutat», en Construint la ciutat democràtica: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, editado por Carme Molinero y Pere Ysàs (Barcelona: Icaria, 2010).

13. Véase Rebecca Clifford y Nigel Townson, «The Church in crisis: Catholic activism and “1968”», Cultural and Social History 8(4), 2011, pp. 529-548; y Javier Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975) (Bilbao: Ediciones Mensajero, 1985).

14. Gregorio Valdelvira, La oposición estudiantil al franquismo (Madrid: Editorial Síntesis, 2006).

15. Pamela Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-1978 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011).

16. Para un relato más detallado, véase Javier Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy, 1939 to the Present (Oxford: Blackwell, 2007).

17. Pelai Pagès i Blanch, ed., La transició democràtica als Països Catalans: història i memòria (Valencia: PUV, 2005).

18. Véanse los artículos de Ignacio Sánchez Cuenca y Paloma Águilas, y los de Sophie Baby en Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX, editado por Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (Madrid: Casa de Velázquez, 2009).

19. Véase Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España (Madrid: Temas de Hoy, 2007), para el papel principal de la presión desde abajo, frente a Richard Gunther, «Spain: the very model of the modern elite settlement», en Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, editado por Gunther y John Highley (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

20. Rafael Durán Muñoz, «Fortaleza del Estado y acción colectiva en el cambio del régimen: España y Portugal en perspectiva comparativa», en Violencia y transiciones.

21. Véase Ferran Gallego, El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia, 1973-1977 (Barcelona: Crítica, 2008) para lo primero, y Víctor Pérez Díaz, The Return of Civil Society: the Emergence of Democratic Spain (Cambridge MA: Harvard University Press, 1993), para lo último.

22. Para un resumen de este debate que se inclina a favor de los pactos, véase Santos Juliá, «Memoria y amnistía en la Transición», en Hoy no es ayer: ensayos sobre la España del siglo XX (Barcelona: RBA Libros, 2010).

23. Richard Gunther, «The Spanish Model revisited», en The Politics and Memory of Democratic Transition: The Spanish Model, editado por Gregorio Alonso y Diego Muro (Londres: Routledge, 2011).

24. Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española (Madrid: Alianza, 1996).

25. Pamela Radcliff, «El debate sobre el género en la Constitución de 1978: orígenes y consecuencias del nuevo consenso sobre la igualdad», Ayer 88(4), 2012.

26. Tusell, Spain: From Dictatorship, p. 297.

27. Diego Muro, «The Basque experience of the transition to democracy», en The Politics and Memory of Democratic Transition.

28. Para Madrid, véase Hamilton Stapell, Remaking Madrid: Culture, Politics and Identity after Franco (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

29. Véase Stanley Payne, «The army in the Transition», en Spain in the 1980s: The Democratic Transition and a New International Role, editado por Robert Clark y Michael Haltzel (Cambridge, MA: Ballinger, 1987).

30. Sobre el papel del rey, véase Charles Powell, Juan Carlos of Spain: Self-Made Monarch (Nueva York: St. Martin’s Press, 1996).

31. Sobre este proceso, véase Santos Juliá. Los socialistas en la política española, 1879-1982 (Madrid: Taurus, 1997).

14. El Estado democrático y la transformación social, 1982-2018

1. Véase Robert Paxton y Julie Hessler, Europe in the Twentieth Century, 4.a edición (Belmont, CA: Wadsworth, 2001), capítulo 23.

2. Véase Geoff Eley, Forging Democracy: the History of the Left in Europe, 1850-2000 (Oxford: Oxford University Press, 2002).

3. Para un énfasis en la convergencia, véase Luis Moreno, «The Spanish development of Southern European welfare», en Survival of the European Welfare State, editado por Stein Kuhnle (Londres: Routledge, 2000); sobre la inferioridad, véase Martin Rhodes, «Southern European welfare states: Identity, problems and prospects for reform», en Southern European Welfare States: Between Crisis and Reform, editado por Martin Rhodes (Londres: Frank Cass, 1997).

4. Sebastian Balfour, «The reinvention of Spanish conservatism: The Popular Party since 1989», en The Politics of Contemporary Spain, editado por Sebastian Balfour (Londres: Routledge, 2005).

5. Walther L. Bernecker y Günther Maihold, «Presentación: consenso y polarización en España», en España: del consenso a la polarización: cambios en la democracia española, editado por Walther L. Bernecker y Günther Maihold (Madrid: Iberoamericana, 2007).

6. Santos Juliá y Miguel Martorell, Manual de historia política y social de España (1808-2011) (Barcelona: RBA Libros, 2012), capítulo 8.

7. Juan Pan-Montojo, «El proceso económico», en La búsqueda de la democracia: España 1960-2010, volumen 5 de América Latina en la historiografía contemporánea, editado por Jordi Canal (Madrid: Penguin Random House/MAPFRE, 2015).

8. Christine Cousins, «Securing a foothold in the labor market», en Gendering Spanish Democracy, editado por Monica Threlfall, Christine Cousins y Celia Valiente (Londres: Routledge, 2005).

9. Juan Pan-Montojo, op. cit.

10. Para una historia general completa del período, véase Javier Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy (Oxford: Blackwell, 2007).

11. Véase Santos Juliá, «The Socialist era, 1982-1996», en Spanish History since 1808, editado por José Álvarez Junco y Adrian Shubert (Londres: Edward Arnold, 2000).

12. Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, Twentieth Century Spain: A History (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), pp. 337-338.

13. Véase Sebastián Royo, From Social Democracy to Neoliberalism: the Consequences of Party Hegemony in Spain, 1982-1996 (Nueva York: St. Martin’s Press, 2000).

14. Monica Threlfall, «Towards parity representation in party policies», en Gendering Spanish Democracy.

15. Juan Pan-Montojo, op. cit.

16. Álvaro Ferrary, «Cambio político, cambio social y cambio cultural: la cultura española después de Franco», en Historia de España contemporánea, editado por Javier Paredes (Barcelona: Sello Editorial, 2007).

17. Carsten Himlebaek, «The Pacto de Olvido», en Politics and Memory of Democratic Transition: The Spanish Model, editado por Gregorio Alonso y Diego Muro (Londres: Routledge, 2011).

18. Helen Graham, «The afterlife of violence: Spain’s Memory Wars in national and international context», en The War and its Shadows: Spain’s Civil War in Europe’s Long 20th Century (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012).

19. Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historial Memory in Spain, editado por Carlos Jerez-Farrán y Samuel Amago (Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 2010).

20. Carolyn Boyd, «The politics of history and memory in democratic Spain», Annals of the American Academy of Political Science 617 (2008).

21. Para esto último, véase Pere Ysàs, «La Transición española: luces y sombras», Ayer 79 (2010), y para lo primero, véase Luis Martín Cabrera, Radical Justice: Spain and the Southern Cone beyond Market and State (Harrisburg, PA: Bucknell University Press, 2011).

22. ¿Existe sociedad civil en España?: responsabilidades colectivas y valores públicos, editado por Joan Subirats (Madrid: Fundación Encuentro, 1999).

23. Informe sobre la democracia en España: 2014 democracia sin política, editado por Julio Embid (Madrid: Libros de la Catarata, 2014), pp. 88-90.

24. Juan Luis Sánchez, Las 10 mareas del cambio (Barcelona: Roca Editorial, 2013).

La España contemporánea

Pamela Beth Radcliff

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Título original: Modern Spain. 1808 to the Present

© 2017, Pamela Beth Radcliff

© 2018, de la traducción, Francisco García Lorenzana

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