La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII con la denominada «Desamortización de Godoy» (1798) —aunque hubo un antecedente en el reinado de Carlos III— y cerrado bien entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas —que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos— y los llamados baldíos y las tierras comunales de los municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. Dicho con las palabras de Francisco Tomás y Valiente, la desamortización española presentó “las características siguientes: apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas»; venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda”.

La finalidad prioritaria de las desamortizaciones habidas en España fue conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública —singularmente vales reales— que expedía el Estado para financiarse —o extinguirlos porque en alguna ocasión también se admitieron como pago en las subastas—. Asimismo persiguió acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de las parcelas que cultivaban y crear condiciones capitalistas (privatización, sistema financiero fuerte) para que el Estado pudiera recaudar más y mejores impuestos.

La desamortización fue una de las armas políticas con la que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.

AA. VV.

La Desamortización

Cuadernos Historia 16 - 008

ePub r1.1

Titivillus 16.06.2020

Título original: La Desamortización

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Un tema de moda

Por Francisco Tomás y Valiente

Catedrático de Historia del Derecho.
Magistrado del Tribunal Constitucional

LA desamortización es, desde hace diez o doce años, un tema de moda entre los historiadores españoles. No estoy seguro de que otras modas sean frívolas o caprichosas en cada caso, pero sí lo estoy de que ésta de la que hablamos tiene claras y convincentes razones para existir y durar. Porque ocurría que, pongamos aproximadamente hasta 1970, el estudio de la desamortización no se había acometido entre nosotros con técnicas adecuadas, con métodos historiográficos serios y rigurosos.

En los Manuales se despachaba el tema con más tópicos que líneas y en el saber común del hombre de cultura media se relacionaba oscuramente el tema con una operación que llevó a cabo un tal Mendizábal contra la Iglesia en el siglo XIX para arrebatarle sus bienes. Mendizábal era un mito satánico y Madoz, dicho sea castizamente, un perfecto desconocido. Nadie estimulaba el conocimiento histórico sobre Madoz, y respecto a Mendizábal datos hubo que parecían favorecer el olvido hasta de su nombre. (Al menos, que yo sepa, en dos ciudades. Madrid y Valencia, dos calles que evocaban su memoria vieron cambiados sus rótulos y pasaron a recordar, para cerrar el simbolismo, el nombre de un falangista y el de un oscuro párroco).

Síntesis

Entonces, pues, habría sido imposible que un Cuaderno de Historia como éste, cumpliendo sus fines de lo que en Francia llaman «alta divulgación», hubiera ofrecido una síntesis sobre la desamortización en España. Hoy sí. Porque el proceso de la desamortización ha sido y está siendo estudiado con rigor, paciencia e inteligencia por especialistas numerosos y competentes que ponen en práctica perspectivas y preocupaciones diferentes, pero complementarias. Es frecuente que la desamortización se estudie en áreas provinciales o locales y que se acote también en cada monografía no sólo el ámbito espacial, sino el temporal. Por eso, y porque siempre es bueno hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo ya hecho y para contemplar lo que falta por recorrer, conviene ofrecer síntesis como la presente.

Javier M. Donézar, Germán Rueda y José M.ª Moro son, a mi juicio, tres de los mejores especialistas sobre la desamortización. Sus tesis doctorales, convertidas en otros tantos libros aparecidos respectivamente en 1975, 1980 y 1981 sobre la desamortización en Navarra, Valladolid y Asturias son tres monografías sólidas y brillantes en las que el conocimiento exhaustivo de lo que se desamortizó allí (el cuándo, el cuánto, el cómo y el para quién se desamortizó) no les hace perder la preocupación más general por saber cómo enlazar la parte con el todo, esto es, el cuidado de no olvidarse de que el objetivo común de todos los estudiosos acerca de la desamortización es conocer el proceso en su ámbito general —España— y en todo su desarrollo cronológico —desde Carlos IV—, con algún episodio prologal, hasta, por lo menos, los últimos decenios del siglo XIX.

Y esta visión de conjunto es la que aquí se ha querido exponer, organizada convencionalmente en tres etapas. Es cierto que el enlace entre unas y otras no puede ser perfecto en un proyecto en el que la brevedad impide examinar con detalle cada momento histórico, y así la época de Cádiz y la del trienio liberal quedan un poco huérfanas. Pero salvando las limitaciones propias del propósito, lo cierto es que el lector interesado tiene aquí una visión compendiada y rigurosa de lo que fue la desamortización expuesta en muy pocas páginas, Puede adentrarse en su lectura confiadamente: está en buenas manos.

Plaza de la Paja de Madrid (por José Avrial, Museo Municipal, Madrid).

Puente colgante de Aranjuez (por Pharamón Blanchard, Palacio de La Granja).

De Campomanes a Carlos IV

Por Javier M. Donézar Diez de Ulzurrun

Profesor de Historia Contemporánea.
Universidad Autónoma de Madrid

NO es posible separar el concepto desamortización del de un intento de mejora de los recursos hacendísticos. Tal idea, aunque sabida, es preciso tenerla en cuenta a la hora de procurar una correcta interpretación del fenómeno.

A mediados del siglo XVIII se percibía claramente que un estado no podía ser fuerte si no gozaba de una Hacienda saneada y para ello era necesaria una masa de contribuyentes desahogados.

Las medidas mercantilistas para enriquecer la nación, basadas en el fomento del desarrollo manufacturero y comercial, habían fracasado por falta de consumidores, lo cual llevaba a tener que tomar en consideración un hecho, conocido, pero no atendido: que la gran mayoría de éstos, también contribuyentes, seguían dependiendo de la actividad agrícola.

La tierra seria la fuente de riqueza que podía proporcionar la renta que pondría en marcha a los demás sectores económicos. Sin embargo, el problema era complejo, porque los generadores de renta, los labradores, apenas podían ahorrar.

Sin suficiente tierra propia, estaban sometidos a una doble fiscalidad, eclesiástica y civil, debían pagar como arrendatarios la renta a los propietarios, realizar lo que Quesnay llamaría adelantos iniciales —compra de medios— y adelantos anuales —semillas y abonado— y luego subsistir.

Era preciso, y en un primer momento, favorecer a los labradores para que pudieran convertirse en empresarios, tal y como había sugerido Cantillon; ello requería libertad de acción, porque, en el sentido estricto de la palabra, el empresario se caracterizaba por tener gastos ciertos e ingresos inciertos.

Saber compaginar ambas realidades, obteniendo una diferencia, dependía de la natural inteligencia. La ayuda ilustrada debía consistir en eliminar obstáculos para que el logro de dicha diferencia fuera posible.

En un segundo momento, el Estado tendría que arbitrar los medios para convertir en propietarios a los que no lo eran o proporcionar más tierra a los que la tenían insuficiente ofreciendo la posibilidad de compra.

El hombre, se decía, trabaja por lograr la felicidad. Esta consiste en la continua mejora de sus posibilidades de subsistencia, y el mejor modo de asegurar éstas es la propiedad.

Dicha propiedad para Campomanes era de bienes raíces: Los bienes estables o raíces son el patrimonio privado de las familias seculares, que deben cultivarles; sacar de las cosechas su sustento y darlas circulación ya en el comercio ya en las producciones artificiales de las artes o en el consumo de los habitantes. Cuanta más porción de bienes raíces permanezca en los seculares mayor será su producto, habrá más número de familias, quedará en ellas la utilidad por entero.

Pedro Rodríguez de Campomanes.

Labradora valenciana ofreciendo frutos al dueño (cerámica de Manises, siglo XVIII).

Campesinos catalanes en unos azulejos del siglo XVIII.

Fundación de las colonias de Sierra Morena por Carlos III (por Victorino López, Alcázar de Segovia).

En consecuencia, el Estado seria rico si sus individuos lo eran; se vislumbraba ya, como solución, el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares era la riqueza de la nación.

Cuando el Decreto de 10 de octubre de 1749 manifestó que se pretendía reducir a una única contribución las de millones, alcabalas, cientos, servicio ordinario y sus agregados para poner orden, redistribuyendo las cargas fiscales, y aumentar así los ingresos de Hacienda, la información consiguiente —el Catastro del marqués de la Ensenada— reveló que un elevado porcentaje de la tierra de las 22 provincias de Castilla estaba infrautilizado.

Amortizar tierras

Muchas extensiones figuraban como improductivas —con rendimiento nulo—, otras estaban dedicadas a pastos, siendo cultivables, y las cultivadas tenían bajos rendimientos: todo ello por falta de medios o por el destino dado por la propiedad. El resultado para Hacienda era un bajo producto imponible.

Por esta evidencia, donde se manifestó más claramente el espíritu reformista de los ilustrados de Carlos III fue en la atención a la cuestión de la tierra.

El fruto principal de esta preocupación fue el Expediente de Ley agraria iniciado con la orden comunicada a los intendentes, el 7 de abril de 1766, pidiéndoles que expusieran sus ideas acerca de los problemas del campo. Los intendentes contestaron y sus respuestas, unidas a otra documentación de distinta procedencia, fueron constituyendo la base informativa sobre la que debería redactarse en su día la Ley Agraria. Esta, como norma general, no salió nunca y la misma publicación del Expediente fue lenta: el texto abreviado o Memorial ajustado no se publicó hasta 1784 y el semioficial de la Sociedad Económica Matritense se editó en 1795.

Y es que, indica Tomás y Valiente, la preocupación reformista de ministros e intendentes de Carlos III fue siempre templada, sin demasiado nervio político, quizá por la permanente oposición de los que podían ser más perjudicados.

La solución debía afrontar la cuestión de la propiedad de la tierra. Uno de los puntos centrales, si no el único, iba a ser el de su amortización.

Se opinaba que las tierras en poder de los municipios, de la iglesia o de otras manos muertas rendían poco, que quedaban al margen del libre comercio y que se sustraían, por el carácter privilegiado de sus propietarios, a todo tipo de tributación. Ello engendraba un empobrecimiento y una paralización generales.

Las tierras en manos muertas, escribía Campomanes en el Tratado de Regalía de Amortización, producen el aniquilamiento de los vecinos, que, vendidas las tierras, o despueblan los lugares o se hacen jornaleros de las manos muertas: de que se origina el gravísimo e inevitable agravio de hacer recaer en los demás vecinos pudientes todo lo que los antiguos dueños pagaban de sus bienes e industria.

Y añadía: en un país donde los vasallos seculares sean pobres, no habrá fábricas porque no habrá consumo: no habrá lujó y cesará la industria: la agricultura no tendrá consumidores…

El conde de Floridablanca, al tratar de los perjuicios principales de la amortización, observaría más adelante que el menor inconveniente, aunque no sea pequeño, es el de que tales bienes se sustraigan a los tributos: pues hay otros dos mayores, que son recargar a los demás vasallos y quedar los bienes amortizados expuestos a deteriorarse y perderse luego que los poseedores no puedan cultivarlos o sean desaplicados y pobres…

El intento reformista fue liberar estos bienes para obtener de ellos el máximo provecho: lo cual daría paso a dos posibles logros relacionados entre sí: crear una clase agrícola holgada, con capacidad de ahorro, y por medio de ella incluir a las tierras en el circulo impositivo.

Reforma de Olavide

En 1768, Olavide centró su atención en los baldíos —tierras pertenecientes a la Corona, cuyo aprovechamiento correspondía a los pueblos—, sin comprometerse con las especificas propiedades del clero o de los pueblos.

Su idea básica —precisa Tomás y Valiente— era la conversión de éstos en tierras labrantías repartiéndolas entre los vecinos. Pero el reparto reunía ciertas peculiaridades que lo alejaban de toda atención de reforma agraria con finalidad social, porque se exigía implícitamente que el futuro adquirente tuviese capacidad de labrarlas.

En síntesis, la reforma consistía en:

Formar cuantos lotes fueran solicitados por particulares ricos que quisieran labrar la tierra por si mismos, en extensión no inferior a 50 fanegas[*] ni superior a 200, y venderlos por precio en dinero, fijado tras estimación pericial.

Por el mismo procedimiento, formar y vender suertes de tierra no superiores a las 2.000 fanegas a los propietarios que las quisiesen para instalar en ellas cuarenta pobres braceros, con la condición de que el comprador debería cederles el dominio útil reservándose el de la propiedad.

Los demás baldíos se venderían en suertes de 50 fanegas cada una a censo, sin otra condición que la de que su comprador tuviera dos pares de bueyes suyos y no poseyera otras 20 fanegas de tierra propia y se obligue a hacer una corraliza, un hogar y un dormitorio en que habitar con sus ganados, dentro de un año, y a cercar su suerte dentro de dos, declarando que sólo se le podrá desposeer si no paga la cuota de frutos en dos años, supuestas las diligencias judiciales, y si deja uno de cultivar la mitad de su tierra, en cuyos casos se dará a otro colono.

Ensayo de teatro en un salón, por Luis Paret (Museo del Prado, Madrid).

Riña en la Venta Nueva, por Goya (Museo del Prado, Madrid).

Representación topográfica del marquesado de Lombay y el condado de Carlet (Valencia)
en un grabado de una obra de Cavanilles del siglo XVIII.

En dos puntos más se añadía que sobre las tierras no podrían establecerse capellanías ni que aquéllas pasasen a manos muertas, y que con lo recaudado se formaría una Caja provincial para emplear su capital en beneficio público de la misma provincia.

El plan era interesante y miraba a la creación de un inmenso y nuevo número de labradores útiles. Para Hacienda importaba cultivar; de ahí que, al mismo tiempo que el plan citado, una serie de disposiciones emanadas del gobierno intentase repartir los baldíos y, además, ahora, las tierras concejiles entre los vecinos.

La Real Provisión de 11 de abril de 1768 dio preferencia a los vecinos pobres sobre los arrendados: seria un reparto de arrendamientos con dos objetivos: uno, que no queden tierras sin repartir, y, otro, que se extienda el reparto a los más vecinos posibles.

Gaspar Melchor de Jovellanos (por Goya).

Monasterio de Benifazá (Valencia) en un grabado de una obra de Cavanilles del siglo XVIII.

Y más adelante se añadía: el principal fin a que termina la providencia del repartimiento de tierras es el común beneficio, el fomento de la agricultura y suplir a los senareros y braceros industriosos la falta de terreno propio que cultivar o el daño del subarriendo hasta aquí experimentado.

No era todavía una desamortización, al menos en el sentido del siglo XIX, porque no se enajenaban los bienes municipales ni se vendían, sino que se arrendaban: con todo, serviría para mejorar la situación de los necesitados y sobre todo las haciendas locales con el pago de rentas.

Pero tal medida necesitaba una Hacienda estatal lo suficientemente saneada como para otorgar préstamos a largo plazo a fin de que pudieran esos vecinos adquirir lo necesario para poder explotar las tierras entregadas.

Por eso, en 1770 cambió el criterio: en futuros repartos se beneficiaria, en primer lugar, a los que tuvieran capacidad económica para cultivarlas y solamente en segundo a braceros, jornaleros o senareros[*].

Jovellanos

Unos años después, Jovellanos diría que no tenía que primar el sentido social, consistente en la tutela de los más débiles, sino la consideración de que el motor de la productividad debía ser el interés individual, en la más pura linea liberal.

Si los baldíos y comunales precisaban ser enajenados era porque solamente introduciendo la propiedad privada podría conseguirse de ellos un mayor rendimiento y, como resultado, un mayor aumento de las riquezas individuales y una mejora de las condiciones de vida que traería, como corolario social, una mayor ocupación laboral.

Podría empezarse vendiendo, a censo reservativo, a los vecinos pobres e industriosos pequeños lotes que bastasen para una familia e incluso con la facultad de redimir por plazos el lote. Después, las tierras baldías y comunales sobrantes serian vendidas sin ninguna limitación de tamaño ni de destinatario.

Dentro de este contexto era perfectamente explicable el ataque de Jovellanos a la Mesta o a las tierras amortizadas, como situaciones privilegiadas a eliminar previamente para luego establecer la igualdad de oportunidades necesaria para la implantación de la sociedad clasista.

Se trataba de crear propiedades individuales, no propiedades iguales individuales ni arrendamientos. La privatización llevaría al cultivo, entendido en su sentido amplio como la inversión en la tierra.

No se pretendía el cultivo intensivo: la labranza seria intensiva en la medida del interés individual y la cuestión de la extensión dependería, en definitiva, de la capacidad del comprador.

De este modo se animaba a comprar a los pequeños y grandes inversionistas; es más, era conveniente que los grandes lo hiciesen, porque, además de crear riqueza social, su productividad serviría de ejemplo a los pequeños.

Con ello, al final el Estado se vería favorecido, porque su propia riqueza estaba en función de la de sus súbditos: aunque, eso si, se preveía la liquidación del patrimonio municipal en pro de una hacienda municipal más moderna, basada en impuestos sobre la propiedad y utilidades de los individuos y no en las rentas del sector público.

Pero mientras hubo una disposición reformista polarizada en los bienes municipales, no puede decirse lo mismo de los bienes eclesiásticos. Los ilustrados se limitaron a oponerse al futuro incremento de los bienes amortizados: probablemente, porque en tanto que la desamortización de los bienes municipales podría imponerse por vía legislativa, todo lo concerniente al clero, el freno a futuras compras o la venta de determinados bienes, habría de ser materia de negociación con Roma.

Don Francisco Carrasco, fiscal del Consejo de Hacienda, en una representación a Carlos III (1764) había expresado la política ilustrada con respecto a los bienes eclesiásticos:

… No permitirá (el rey) que se toquen los bienes que poseen (las iglesias y monasterios), ni aun para el más leve tributo, mientras falle el asenso pontificio… Dejará libres los caminos a la piedad y devoción de los fieles para que la continúen sus oblaciones y limosnas y la mantendrá (a la iglesia) inviolada la natural libertad para todas las adquisiciones sucesivas de los demás bienes, pero en los que fueren raíces se detendrá su circunspección. En estos solos, por lo que con su traspaso a manos muertas pierden los pueblos y se debilita el Estado, es en lo que el fiscal de Hacienda representó al rey que se pusiese límite.

Si durante el tiempo de Carlos III se había visto la desamortización como conveniente, se convirtió en necesaria en el reinado de Carlos IV y su ministro Godoy: fue consecuencia del rapidísimo crecimiento de la Deuda Pública.

Vales reales

Las cuatro guerras que se entablaron entre 1793 y 1808 —una con Francia, otra con Portugal y dos contra Inglaterra— trajeron la ruina del erario público. Godoy, con todo, confesaba, escribe Emilio Campoy, haber cubierto los crecidos gastos de las mismas sin recurrir a los subsidios extranjeros y sin sobrecargar al pueblo.

Las leyes desamortizadoras

(Según J. Vicens Vives, Historia Económica de España, Barcelona, 1969, 7.ª ed.).

La Cibeles y el Palacio de Buenavista de Madrid en 1836 (por José María Aviral, Museo Municipal, Madrid).

Procesión de Semana Santa en Sevilla (por Joaquín Domínguez Bécquer).

Manuel Godoy.

El modo utilizado fue, como se sabe, la emisión de títulos de Deuda o vales reales. Las distintas emisiones debían estar respaldadas por unos fondos que, al no existir, tendrían que ser recaudados por distintas vías.

En los primeros años, hasta 1798, se trató solamente de crear impuestos; sin embargo, es importante señalar que recayeron sobre dos masas de bienes que no tenían un titular individual, característica básica de las desamortizaciones liberales.

En enero de 1794, la primera emisión de vales trajo consigo la primera contribución especial de un 10 por 100 sobre el producto de todos los propios y arbitrios del reino.

Carlos IV (por Goya).

Unos meses más tarde, en septiembre de ese año, otra Real Cédula ponía en circulación más vales reales con un interés anual del 4 por 100. Se tuvo que recurrir a los impuestos extraordinarios y, entre ellos, destaca la imposición de un aumento de siete millones al subsidio eclesiástico en virtud de un Breve obtenido por el Gobierno español de la Santa Sede.

Vale real del Banco de España, 1799.

A partir de ese momento, las siguientes emisiones de vales pretenderán ser respaldadas por los bienes eclesiásticos. Deben citarse dos interesantes disposiciones:

La Real Cédula de 23 de mayo de 1795 que mandaba obedecer un Breve pontificio dado por Pío VII autorizando a Carlos IV a cobrar las rentas y frutos de las dignidades, canonjías y otros cualesquiera beneficios eclesiásticos con la condición de que fuesen aplicados a la amortización de los vales.

Y otra de 24 de agosto de ese año creando un impuesto del 15 por 100 sobre el valor de todos los bienes raíces y derechos reales que pudiera adquirir cualquier mano muerta, impuesto que pagaría la comunidad o mano muerta que lo obtuviese, también destinado a extinguir los vales.

Mientras el papa, por el Breve de 8 de enero de 1796, derogó las exenciones de pagar diezmos concedidas por la Santa Sede en tiempos anteriores.

Godoy justificó esta medida como medio reformador —dice Campoy— al tiempo que aumentaba los ingresos de la Corona en concepto de tercias reales[*]: en el fondo, esta decisión pretendía acrecentar las arcas de Hacienda.

En 1798 la situación se había agravado por la reanudación de la guerra con Inglaterra el año anterior: por un lado, no se había podido amortizar la Deuda contraída y, por otro, eran precisas más cantidades de dinero.

Junto a nuevas disposiciones en las que se requerían préstamos y donativos voluntarios (Cédula de 17 de junio de 1798), anticipos a las iglesias, subsidios extraordinarios o enajenaciones de oficios, fue anunciado un gran fondo que pudiese alcanzar a extinguir los vales reales.

Con los mecanismos para el logro del mismo, que luego no bastó, comenzaba la conexión Deuda Pública-bienes inmuebles, porque a la habitual utilización de las rentas de propios y arbitrios se añadía la de sus bienes y efectos, y del mismo modo se iba a operar con respecto a los bienes eclesiásticos. Por la Real Cédula de 21 de febrero de 1798 serían vendidas en pública subasta todas las casas que poseen los propios y arbitrios de mis reinos. Cinco días después, firmaba el rey otra por la que creaba una Caja de Amortización de la Deuda en la que ingresarían los productos.

Más disposiciones

El 25 de septiembre de ese año fueron dictadas tres Reales Ordenes relativas a bienes eclesiásticos: se destinaban a la Caja de Amortización los caudales y rentas de los seis colegios mayores asegurándose a éstos una renta consistente en el 3 por 100 del valor en venta de los patrimonios; se incorporaban definitivamente a la Real Hacienda todos los bienes que quedasen de las llamadas Temporalidades de jesuitas; se mandaba enajenar y vender los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia, de recusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, dando, como en el caso de los colegios, el 3 por 100 del valor de los patrimonios a los desposeídos.

Vista de Ibi en un grabado del siglo XVIII.

Con todo, estas órdenes no afectaban todavía a la propiedad eclesiástica: o dichos bienes, por el fin a que estaban destinados eran eclesiásticos previa concesión de la autoridad ordinaria o habían pertenecido a una Orden suprimida. En ambos casos para su enajenación no era necesaria la autorización de Roma.

Sin embargo, con la aplicación de la tercera Orden se iniciaba la desamortización tal y como se daría en el siglo siguiente, es decir, con sus elementos: apropiación previa de los bienes por parte del Estado, venta de los mismos y la asignación de su importe a la Hacienda.

La pública subasta, para conseguir la máxima cantidad de dinero posible, iba a ser también el procedimiento utilizado. Y como en las subastas solamente participaban los que tenían dinero para hacerlo, se estaba llamando a la propiedad, como ha escrito Richard Herr, a un determinado grupo social antecesor, en muchos casos directo, de la futura burguesía liberal.

Sin embargo, la Deuda no se recuperaba pese a la puesta en marcha de las ventas, por lo que todavía hubieron de arbitrarse más medidas. El 14 de junio de 1805, un Breve pontificio autorizó la enajenación de bienes eclesiásticos hasta la cantidad que produjera anualmente 200.000 ducados de oro.

Pero ante la dificultad de su realización, otro Breve de 12 de diciembre de 1806 revocó el anterior y en su lugar concedió la facultad de enajenar la séptima parte de los predios pertenecientes a las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y a otras cualesquiera personas eclesiásticas e incluso los bienes patrimoniales de las cuatro Ordenes Militares y la de San Juan de Jerusalén. Se compensaba, como en otras ocasiones, con una renta del 3 por ciento. Todo parece indicar —escribe Tomás y Valiente— que la aplicación de la Real Cédula de 21 de febrero de 1807, por la que se publica el citado Breve de Pío VII, fue escasa y que todo quedó casi en las primeras diligencias de su aplicación.

En 1808 indicaba Canga Argüelles que el importe de la Deuda Pública interior era algo superior a los 7.000.000.000 de reales.

La desamortización
de Mendizábal

Por Germán Rueda Hernanz

Profesor de Historia Contemporánea.
Universidad de Valladolid

LOS años que transcurren entre 1834 y 1855, desde el punto de vista de las leyes desamortizadoras, constituyen un periodo claramente diferenciado del resto del proceso desamortizador contemporáneo.

La historia legislativa de la desamortización de Mendizábal está ya hecha por varios autores y singularmente por Francisco Tomás y Valiente: en este trabajo no pienso repetirla, pues, entre otros motivos, sería inadecuado hacerlo aquí debido a la brevedad y al enfoque de este artículo; pero sí pienso que será útil recordar los principales hitos del proceso en estos veintiún años y con ello dar un paso previo antes de adentrarnos en el análisis de las causas y de los efectos de dichas leyes.

Además de algunos antecedentes del año anterior y de menor importancia, es fundamentalmente a partir de junio de 1835 (Ministerio Toreno) cuando la legislación desamortizadora se desarrolla rápidamente.

Con este Real Decreto también se inicia la política de exclaustración sistemática, fenómeno paralelo e Íntimamente ligado a la desamortización, pero, al tiempo, claramente diferenciable, como han puesto de manifiesto, por ejemplo, los trabajos de Manuel Revuelta y Vicente Cárcel.

Entre los Reales Decretos que siguen hay que destacar los de 11 de octubre de 1835 y 19 de febrero de 1836. Por el primero se suprimen todos los monasterios de órdenes monacales: por el segundo se declaran en venta todos los bienes de instituciones suprimidas y los demás que ya estuvieran calificados como nacionales o lo fueron en adelante. En efecto, una serie de decretos y reglamentos fueron ampliando los bienes nacionales provenientes de los regulares que empezarían a venderse en subastas públicas inmediatamente.

Respecto a los bienes del clero secular, su legislación tuvo una trayectoria más tortuosa: aunque jurídicamente se declararon bienes nacionales desde 1837, las ventas no comenzaron hasta 1841.

Las leyes sobre bienes nacionales procedentes del clero estuvieron vigentes hasta el Real Decreto (elaborado por Alejandro Mon) de 1844, por el que se suspendían las ventas de los bienes de las órdenes religiosas femeninas y del clero secular, al tiempo que confirmaba la legitima propiedad a quienes ya hubieran adquirido bienes.

Una ley posterior, en 1847, introdujo nuevas desamortizaciones de muy escasa entidad, declarándose en venta edificios, conventos y algunos otros bienes.

El siguiente paso, en la linea política moderada, fue el Concordato de 1851 (analizado desde el punto de vista jurídico por Pérez Alhama e histórico por Suárez Verdaguer), por el que se reconocía a las instituciones eclesiásticas la capacidad de adquirir bienes. A cambio, la Iglesia reconocía las ventas ya realizadas, El Estado se comprometía a la devolución de los bienes aún no enajenados, pero la jerarquía católica se obligaba a venderlos, en subastas públicas, convirtiendo el capital en inscripciones intransferibles de la Deuda Pública.

Un caso especial es el patrimonio de las cuatro órdenes militares y la de San Juan de Jerusalén, que se declaró en venta en 1836, aunque, de hecho, no comenzaron a venderse hasta el año 1847.

La reina regente María Cristina de Borbón con sus hijas Isabel II y María Luisa Fernanda (Museo Municipal de Madrid).

Alejandro Mon (por Esquivel, Ministerio de Hacienda).

Juan Alvarez y Mendez,
Mendizábal

Más conocido como Mendizábal, Juan Alvarez y Méndez ha pasado a la Historia de España asociado al proceso de desamortización eclesiástica que se inició entre 1835-37. Nacido en Cádiz (1790) en el seno de una humilde familia de origen judío, desde muy joven se dedicó a actividades mercantiles. Adscrito al ala más combativa —progresista— del liberalismo español, colaboró en la sublevación de Riego que dio paso al Trienio Constitucional (1820-23) y, a su término, se vio obligado a exiliarse en Inglaterra. Allí amasó una considerable fortuna que le permitió incluso garantizar el empréstito concedido al emperador Pedro para financiar la expedición que debla instalar a su hija María de la Gloria en el trono de Portugal. Agobiados por el peso de la guerra carlista, los liberales que rodeaban a la regente María Cristina de Borbón llamaron a Mendizábal para que pusiera orden en la situación financiera del Estado. Fue ministro de Hacienda con Toreno (1835) y más tarde presidente del gobierno. Entre sus medidas más destacadas hay que señalar una orden de alistamiento general —la quinta Mendizábal—, del que podían librarse los conscriptos mediante una redención en metálico y, sobre todo, la supresión de las órdenes religiosas masculinas que dio paso a las leyes de la desamortización eclesiástica. Aunque perdió el poder en mayo de 1836, lo recuperó tras el Motín de la Granja (agosto). Ministro de Hacienda hasta 1837 y de nuevo en 1842, tuvo que emigrar tras la caída de Espartero. Volvió a España en 1847, pero ya no ocuparía ningún otro cargo político. Falleció en Madrid en 1853.

Causas estructurales

La terminación definitiva de la etapa desamortizadora, que por extensión se conoce con el nombre de Mendizábal, viene cerrada por una Real Orden de 1855 que, por su contenido, conecta ya con el periodo siguiente o etapa de Madoz:

S. M. la Reina (Q.D.G.) se ha servido mandar que mientras se halle pendiente de aprobación de las Cortes el proyecto de ley sobre desamortización y venta de bienes pertenecientes al Estado, a los pueblos, al clero y a los establecimientos de Beneficencia e Instrucción Pública, queden suspensas las ventas de los mismos, cuya subasta no se haya verificado antes del día de la fecha, a fin de que se sujeten en adelante a las nuevas condiciones que la ley determine.

El enmarque más adecuado para la desamortización es el de los profundos cambios estructurales, lentos y de larga duración, casi imperceptibles en la vida cotidiana, pero observables en el paso del tiempo.

En este sentido, las modificaciones estructurales —causas profundas a un tiempo— que son consecuencia de la desamortización se tienen que encajar, y en esto sigo parcialmente a Josep Fontana, como un elemento más de la transformación de la sociedad estamental a la sociedad de clases y, dentro de ella, el establecimiento de la propiedad burguesa.

Los demás elementos: la desvinculación señorial, la supresión del diezmo y de los derechos señoriales, las leyes de acotamiento, la reforma tributaria, las constituciones y otros muchos elementos que podrían citarse no se deben perder de vista en ningún momento: son hilos del mismo tapiz, separables sólo en los libros, pero que en la vida real se dan íntimamente ligados.

Como hemos visto, el proceso desamortizador tiene un marco legal que responde a un sustrato ideológico y a una situación social, política y económica determinada, sin olvidar la libertad de los legisladores.

Un historiador del derecho ha estudiado los planteamientos que, a su juicio, fueron los motores del proceso. Francisco Tomás y Valiente considera la desamortización de bienes del clero como una operación ineludible en el proceso de transformación del régimen jurídico de la propiedad, que pasa a ser liberal (implanta una propiedad, jurídicamente considerada, libre, plena e individual) a su vez imprescindible para efectuar el tránsito de la sociedad estamental a la sociedad de clases.

Otro conjunto de razones, de mucha importancia en su tiempo, que, indudablemente aceleran el proceso, son las hacendísticas.

Mendizábal llegaba en una difícil situación política de disputas internas entre los liberales y con un enemigo común en guerra: los carlistas; no podía defraudar las grandes esperanzas —casi míticas— depositadas en él.

Sin embargo, se encontraba con el hecho de que no había dinero para pagar a los tenedores nacionales de la deuda del Estado y a los extranjeros sólo les podría pagar un semestre: el interés sobre la deuda costaba diez millones de reales al mes y la guerra (en el momento que Mendizábal se incorpora al gobierno) 30 millones mensuales.

Más grave que todo ello era la falta de dinero para dar nuevo impulso a la guerra contra los carlistas, que amenazaba perderse. Entre otras cosas había que pagar a las diversas legiones extranjeras que se estaban preparando para potenciar el ejército regular.

Conde de Toreno.

Mendizábal se propuso arreglar la situación partiendo de cuatro premisas:

Restablecer la confianza de los liberales sublevados, reformando el Estatuto Real.

Dar un fuerte impulso a la guerra contra los carlistas, para terminarla en unos seis meses.

Ganada la guerra, se trataba de restablecer la Hacienda española: se podría así —en paz— aliviar la deuda y recurrir, en buenas condiciones, al crédito exterior. Para arreglar el problema de la deuda, como ha señalado J. Fontana, Mendizábal organizó la desamortización eclesiástica.

Pasadas todas estas etapas, según la previsión de Mendizábal, se procedería a la reforma del sistema tributario, lo que estaba tan lejos que ni se llegó a esbozar.

Respecto a lo que aquí nos interesa, la desamortización, queda claro que era una pieza clave para el programa de Mendizábal, pero hay que advertir, y en ello estoy de acuerdo con Fontana, que no se trataba de obtener recursos con los que ganar la guerra a los carlistas, como dicen la gran mayoría de los autores que han tratado el tema; de hecho, en la mente de Mendizábal, la guerra terminaría enseguida y los recursos derivados del proceso desamortizador se dedicarían a que la Deuda fuera la menor posible.

Por otra parte, los bienes desamortizadores no fueron subastados en grandes cantidades hasta 1838 y años siguientes, puesto que ponerlos en venta exigía una serie de trámites legales que retardaban el proceso.

Además, la mayoría de las fincas se pagaban a plazos y, por tanto, lo ingresado entre 1836 y 1839 fue una pequeña parte del total vendido en esos años. Pero, ante todo, el propio Mendizábal tenía prevista la utilización del producto de las ventas de bienes nacionales para solucionar el problema del crédito público.

Una pieza de este plan fracasó: la guerra no se ganó en seis meses: todas las demás se vinieron abajo. La Deuda no disminuyó, sino que aumentó, y la reforma de la Hacienda no se hizo.

El fracaso del plan general de Mendizábal a corto plazo no obsta para que, en el campo de los motivos, la situación hacendística fuera —como lo fue— un acicate para comenzar la desamortización, tal como Mendizábal la concibió.

Toma de Hernani por las tropas cristinas durante la primera guerra carlista (colección particular. Madrid).

Causas políticas e ideológicas

Entre las razones político-económicas cabe señalar, como ha escrito Miguel Artola, citando el preámbulo del Real Decreto de 1836: la idea liberal de que la maximalización de los rendimientos no podrá alcanzarse sino entregando (…) «al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse en su actual estado».

Como motivos político-ideológicos destacó el deseo de crear una masa de propietarios que fuesen adeptos a las instituciones liberales y mantuviesen el nuevo régimen, así como el hecho de que liberales (moderados y progresistas) tuviesen a la mayoría de los eclesiásticos como enemigos, especialmente desde el comienzo de la guerra carlista.

Ello, no obstante, sin olvidar que no fueron los extremistas quienes comenzaron la desamortización, sino Carlos IV en 1798, como nos ha recordado Richard Herr.

Efectos en la propiedad

Durante los últimos veinte años la desamortización, y concretamente el periodo de Mendizábal, es uno de los temas de historia contemporánea que más trabajos ha generado: el estudio de la desamortización entre 1834 y 1855 analizando lo ocurrido en alguna localidad, comarca o provincia ha sido llevado a cabo en más de 125 artículos o libros, aunque son muy desiguales en la calidad tanto por las fuentes empleadas y por la elaboración como por la presentación de resultados, con mucha frecuencia decepcionantes: en todo caso, se echa en falta un mínimo criterio unificador, sin el que se hace muy difícil intentar una síntesis coherente.

Además, aún quedan regiones enteras sin apenas ningún trabajo o los que hay son de dudosa utilidad. Por todo ello no se puede decir aún, ni mucho menos, que todo esté hecho.

Con estas advertencias previas intentaré acercarme a lo que, en mi opinión, son los resultados más importantes de algunos de los aspectos de la desamortización de Mendizábal, sin olvidar que muchas de las afirmaciones que aquí se hacen no son nada más que hipótesis de trabajo que deberán ser confirmadas o, por el contrario, negadas por los trabajos monográficos que se elaboran en la actualidad o que se realizarán en el futuro.

Juan Bravo Murillo, negociador del Concordato de 1851.

A grandes rasgos cabria hacer una división de España en dos grandes conjuntos regionales. La distribución clave es el latifundismo, tanto en cuanto a la estructura de la propiedad como a la de la explotación y parcelación de la tierra.

Este latifundismo era secular y existía ya antes del siglo XIX. Fundamentalmente afectaba a Extremadura, Andalucía y parte de Castilla la Nueva, frente a una distribución distinta, más dispersa, en el resto de las regiones tomadas como otro conjunto —no homogéneo entre sí, pero válido para contrastar con el anterior.

Está claro que esto es sólo un esquema en el que habría que hacer muchas matizaciones para llegar a perfilar un cuadro completo (detallado y mucho más complejo) que se aproximara a la realidad.

Este tipo de estructura de la propiedad tendrá una serie de consecuencias sociales, también seculares, que irán forjando un tipo de sociedad diferente según las zonas.

Zonas

En la zona meridional la desamortización mantendrá o incluso acentuará la concentración de la propiedad, dando lugar en ocasiones a un nuevo latifundismo: paralelamente, en algunas regiones se puede hablar de proletarización del campesinado por el aumento de grandes explotaciones, que hacen crecer el número de jornaleros sin protección legal. Esto, cuando no hay un desarrollo industrial simultáneo, como es el caso, produce un estancamiento, pues los campesinos proletarizados permanecen en el campo como mano de obra barata.

Valor en remate de las fincas y capitales de los censos. Calculado por F. Simón Segura en Contribución al estudio de la desamortización en España (Madrid, 1969). tomando como fuente el Diccionario de Madoz.

Monasterio de Valldigna (grabado del siglo XVIII).

En la zona septentrional, tierras de predominio de explotaciones medias y pequeñas, fenómeno más acusado a medida que se avanza hacia el norte: la estructura social del campo durante el Ancien Régime era parecida a la de Francia y Alemania occidental, por cuanto la tierra se hallaba ya, de hecho, en manos de los pequeños cultivadores.

Por otra parte, las reformas del siglo XIX tuvieron consecuencias análogas: ante todo, el nacimiento de una clase rural dominante formada por pequeños propietarios. Cierto que la situación de estos nuevos propietarios no era tan favorable como la de sus homólogos de Europa occidental, ni el suelo era tan rico, ni los mercados tan amplios; por otra parte, tampoco era fácil encontrar trabajo en la industria, de modo que los hijos hablan de colocarse en la tierra, lo cual obligaba a repetidas fragmentaciones de las propiedades, ya reducidas de por sí. Finalmente, el estancamiento de la economía y la apatía de la Administración española hacían difícil la obtención del crédito.

A pesar de que necesitaría algunas matizaciones, creo que la panorámica que hace Malefakis es, a grandes rasgos, correcta. En este sentido se observa la mayor importancia que tendrán desde entonces las pequeñas y medias explotaciones, que corresponden a pequeños y medios propietarios surgidos de la desamortización o —la mayor parte de las veces— potenciados por ella.

Lo dicho hasta aquí es la generalización. Pero, de forma más o menos excepcional, en las zonas de dominio latifundista se crearon núcleos de pequeñas y medianas explotaciones y, al contrario, en zonas de propiedad más equilibrada la desamortización dio lugar, también, a grandes fincas que contrastan en un paisaje dominado por pequeñas parcelas. En cualquier provincia que se estudie se podrán encontrar ejemplos en este sentido.

En Sevilla, Ciudad Real, Albacete, provincias extremeñas y, es de suponer que en el resto de la zona representativa del latifundismo, hubo una concentración de la propiedad a partir de la desamortización que agudizó la ya existente.

Sin embargo, en otras provincias dentro del área septentrional, como Gerona, Barcelona, Asturias, Mallorca, Murcia, Guadalajara, Rioja, Segovia, Madrid, Navarra, Soria y Valladolid, hubo una relativa dispersión de las compras (aunque siempre se dé un núcleo de compradores que concentran en sí muchas fincas), que contrasta con la zona meridional.

Creo que es acertada la hipótesis de Richard Herr, según la cual, al hacerse las ventas en un país agrario, a través de subastas públicas, el resultado de la desamortización será concentrar la propiedad de cada región en proporción al grado ya existente y, por tanto, no va a cambiar el signo de la estructura económica de la propiedad de la tierra, sino que, al contrario, tenderá a reforzarla. Todo esto sin olvidar que sí hubo un cambio radical en la estructura jurídica de la propiedad.

Estoy de acuerdo con Herr cuando afirma que las pequeñas tierras fueron adquiridas sobre todo por los habitantes de las localidades próximas y las de mayor tamaño y valor cayeron en manos de personas más ricas que solían vivir en las ciudades o en grandes pueblos.

Cuando más lejana era la ciudad de vecindad del comprador, más grandes eran las propiedades que éste adquiría. También creo que esto se dio especialmente en la zona septentrional: en la zona latifundista este hecho queda más difuminado y allí —además de que las propiedades sacadas a subasta eran mayores— no existía —o lo era en pequeña cantidad— una clase de medios y pequeños agricultores —no jornaleros— que pudiesen adquirir las tierras.

La desamortización eclesiástica española (como las enclosures en Inglaterra y la venta de bienes nacionales en Francia y los países de influencia francesa) no representa un cambio de signo de evolución del sector agrario: las regiones de pequeñas y medianas propiedades y explotaciones subsistieron: en otras regiones —donde las condiciones geográficas e históricas favorecían el cultivo y la propiedad a gran escala— la propiedad se fue concentrando.

Los beneficiarios

En el plano económico general los beneficios de la desamortización eclesiástica lo fueron globalmente al país, con unas consecuencias que el propio Mendizábal señalaba algunos años después de producida la desamortización.

En sus palabras, ésta había permitido que la propiedad poseída por los eclesiásticos se desestancase y se liberalizase pasando esta misma propiedad a manos activas e inteligentes, que la explotan acertadamente.

La realidad es que, salvando lo que puede haber de autodefensa del propio Mendizábal, la desamortización va a contribuir (junto a otras medidas agrarias de la época: desvinculación, supresión del diezmo, etcétera) a un aumento de la capacidad productiva y con ello a un crecimiento de la riqueza del país con su paralelo aumento de la recaudación fiscal.

La revolución que intentan hacer los hombres del liberalismo español de la primera mitad del siglo XIX es una revolución liberal y de signo capitalista. Intentar hacer un juicio de valor teniendo como referencia el concepto actual de revolución, además de inútil, seria anacrónico.

Por otra parte, el volumen total de las ventas de este periodo es de cerca de 3.500 millones de reales, de los que casi 400 millones se pagaron en metálico y el resto en títulos: a estimaciones similares han llegado historiadores contemporáneos como Simón Segura y Fontana, lo que ya había sido dado a conocer por diversos trabajos en el siglo pasado como el de José M.ª Antequera.

En todo caso no hay que olvidar que los compradores que pagaron en títulos de la Deuda —muy despreciados en la época— se beneficiaron de una forma francamente favorable, ya que convertían dichas compras en gangas, que la legislación de la época admitió, posiblemente con un criterio más político que financiero.

Respecto a los más directamente beneficiados de la desamortización, los compradores, creo que en primer lugar hay que referirse a los rurales, que vivían a lo largo y a lo ancho de España.

Por los datos que vamos conociendo de los trabajos monográficos podemos concluir que en cuanto al número de compradores va a darse una mayoría notable de compradores de origen rural.

Se detectan gran cantidad de ellos en las provincias septentrionales y de un peso grande en cuanto al volumen de las adquisiciones: en las provincias meridionales (por ejemplo, Sevilla y Extremadura) el número de ellos es también elevado, pero el porcentaje de la extensión comprada es pequeña en comparación con los compradores urbanos.

La diferencia con las provincias del centro y norte (no en todas igual) es que en éstas el peso especifico de los compradores rurales es grande, tanto por el número como por el conjunto de las compras.

Estos compradores, en su mayoría, tenían relación directa con el campo: desde el gran propietario al labrador arrendatario, pasando por el labrador propietario pequeño y medio. Los más beneficiados fueron los primeros, pero sin olvidar que en algunas provincias (especialmente de la meseta) bastantes pequeños agricultores (ya propietarios o hasta entonces sólo arrendatarios) también tendrán una intervención, mayor o menor, y a través de ella van a consolidar su situación o incluso accederán a un status superior que podemos denominar burguesía rural en cuanto que entran —como protagonistas— en el circuito comercial agrario.

Otros de los compradores que vivían en pueblos eran profesionales, comerciantes, funcionarios, etcétera, de características, en parte, similares a sus colegas de las ciudades: menos numerosos que los agricultores, son algunos muy importantes en cuanto a la extensión adquirida y al volumen invertido.

Los compradores urbanos son de importancia en todas las provincias, pero más en la zona comercial. Según su profesión, tanto los de Madrid como los de las capitales de provincia pertenecen fundamentalmente a cuatro categorías:

La burguesía de los negocios, entre los que abundan los comerciantes y que con frecuencia se dedican a la especulación creando una nueva tipología: la de los negociantes de la desamortización, como les ha calificado Tomás y Valiente: los más importantes de éstos operan desde Madrid y compran a escala nacional, muchos invierten en tierras desamortizadas para especular: otros, los menos, se convierten, desde entonces, en terratenientes.

Profesionales, entre los que destacan los abogados.

Funcionarios, civiles y militares.

Hacendados terratenientes, entre los que encontramos algunos de los más importantes beneficiarios y que incluye, en todo caso, a la nobleza compradora de bienes desamortizados.

En conclusión, creo que hay que desprenderse de la imagen de la desamortización que nos han transmitido (y que ha pasado profusamente a los manuales y síntesis) muchos de los publicistas, periodistas, políticos y escritores del siglo XIX y que suele ser la que ellos contemplaban en las subastas de la Corte que correspondía a las grandes fincas de toda España que, con frecuencia, adquirían los negociantes de la desamortización (que acabo de señalar) o los terratenientes, a través de testaferros normalmente.

Sin embargo, se les escapaban las múltiples subastas celebradas en los pueblos cabeza de partido judicial y en las capitales de provincia donde las pequeñas o medianas fincas eran rematadas por un conjunto de compradores de distintos grupos sociales y profesionales que suponen unas categorías de beneficiarios mucho más diversificadas de las que tradicionalmente se han venido señalando.

Alegoría de la Constitución de 1812 promulgada nuevamente tras el motín de La Granja, 1836.

Palacio de María Cristina de Borbón atacado por los revolucionarios en julio de 1854 (Museo Municipal de Madrid).

La desamortización de Madoz

Por José M.ª Moro

Profesor de Historia Contemporánea. Universidad de Oviedo

LA última y definitiva fase desamortizadora en España, que recibe el nombre de desamortización de Madoz por el ministro de Hacienda que la promovió, Pascual Madoz, o desamortización civil, por el tipo de instituciones a las que más fuertemente afectó, tuvo una importancia muy superior a todas las etapas anteriores.

Curiosamente ello contrasta con la escasa atención que se le ha prestado hasta ahora por parte de los investigadores, que han privilegiado el estudio de la fase de Mendizábal por razones poco fundamentadas.

Tal importancia reside, a mi juicio, en tres factores: su duración, el volumen de los bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en casi todos los órdenes de la sociedad española. Veámoslo más detenidamente.

La Ley General de desamortización se promulga el primero de mayo de 1855 y, tras una breve suspensión entre 1856 y 1858, su aplicación se prolonga, por encima de la diversidad de regímenes y gobiernos hasta bien entrado el siglo XX.

Después de haber sido motivo de enfrentamientos entre conservadores y liberales, la necesidad de acabar con la propiedad de las manos muertas es ahora reconocida por todos como imprescindible para avanzar en el desarrollo económico del país.

Lo cierto es que, comparada con ella, todas las etapas anteriores, frustradas en mayor o menor medida, adquieren la apariencia de meros precedentes. Especialmente si tenemos en cuenta el segundo factor en que reside su importancia, el volumen de los bienes privatizados.

La ley de 1855 ponía de nuevo en venta, violando el Concordato firmado con la Iglesia en 1851, los bienes del clero regular y secular que hubiesen quedado sin vender en las desamortizaciones anteriores: pero también afectaba, por vez primera, a los bienes del Estado, de las órdenes militares, los de las instituciones de beneficencia y enseñanza, de los municipios… y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, expresión esta última que implica la liquidación definitiva de la propiedad amortizada en España. Por ello no es extraño que el valor en remate de los bienes subastados (unos 8.200 millones de reales) supere en casi el doble al de la desamortización de Mendizábal.

Pascual Madoz.

Aunque el nombre de desamortización civil que se aplica a este periodo no es totalmente correcto, puesto que fueron muchos los bienes del clero afectados, no cabe duda que fueron las instituciones civiles las que van a ver privatizados masivamente sus patrimonios territoriales, algo que ocurría ahora por vez primera.

Del clero regular se había vendido ya una parte muy importante de sus bienes, por lo que ahora la Ley de Madoz no hace más que liquidar lo que quedaba. No así del clero secular: su riqueza había quedado casi intacta por la pronta suspensión de la Ley de Espartero de 1841, y es ahora enajenada mayoritariamente.

Se puede calcular, según los datos recogidos por Simón Segura, que en torno a una tercera parte del valor de los bienes vendidos pertenecía a instituciones eclesiásticas. De las instituciones civiles procede el grueso de las fincas subastadas, correspondiendo a beneficencia entre un 15 y un 20 por 100 aproximadamente y proporciones muy pequeñas a instrucción pública, al Estado y al secuestro del infante don Carlos.

Son especialmente destacables en este sentido los bienes municipales por las importantes superficies que ocupaban tradicionalmente y porque casi la mitad del valor corresponde a este tipo de propiedades.

Reparto del Manifiesto de Manzanares en favor de los sublevados en julio de 1854 (Museo Municipal de Madrid).

Sobre los bienes de los municipios es necesario hacer algunas precisiones previas. Existían dos tipos de tales bienes: los bienes de propios y los baldíos o comunales.

Los primeros pertenecían a los municipios en cuanto instituciones y su destino era comúnmente el arriendo a vecinos o forasteros. Las rentas que producían servían para sufragar los gastos de las corporaciones, teniendo los impuestos municipales el carácter de recursos extraordinarios.

En cuanto a los bienes comunales, pertenecían a la comunidad de los vecinos de cada parroquia o municipio y su aprovechamiento era libre y gratuito para todos. Su función en las pequeñas explotaciones campesinas era insustituible: sus pastos alimentaban los ganados de todos los vecinos: en las superficies más apropiadas para ello se hacían roturaciones itinerantes por el sistema de rozas, lo que permitía cosechas suplementarias en una economía acechada por la escasez: de ellos extraían los vecinos maderas y leñas para sus necesidades.

Pascual Madoz

Pascual Madoz (Pamplona, 1806 - Génova, 1870) fue un prototipo del político liberal progresista. Abogado e introductor en España de la Estadística, ciencia en la que se inició durante su exilio en Francia (1830-33), profesó toda su vida una fidelidad sin claudicaciones a los principios del liberalismo político y económico. Estuvo ligado por su actividad profesional a los intereses de los industriales catalanes, fue gobernador del Valle de Arán (1835) y obtuvo, un año más tarde, su primera acta de diputado por Lérida. Simultaneó la actividad política con la científica y, entre 1845-1850, publicó su monumental Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (16 vols.).

Durante el bienio progresista (1854-56) fue nombrado gobernador de Barcelona, puesto que abandonó para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda (enero-junio de 1855). desde donde acometió el proyecto de desamortización civil y eclesiástica. En junio de 1866, al frente de la Milicia Nacional en Madrid, se opuso con las armas al golpe militar del general O’Donnell. Tras la Revolución «Gloriosa» de 1868 fue gobernador de Madrid y, en 1870, formó parte de la comisión que se desplazó a Italia para ofrecer la corona de España al duque de Aosta, Amadeo de Saboya. Se hallaba en Génova cumpliendo esa misión cuando le sobrevino la muerte.

Precisamente por todo ello la legislación desamortizadora daba la posibilidad a los ayuntamientos de solicitar la excepción de la venta de los bienes comunales, con tal de que su aprovechamiento hubiese sido libre y gratuito para todos los veinte años anteriores a la promulgación de la Ley.

Lo que ocurrió en la práctica es que las corporaciones municipales, controladas por potentados locales, interesados precisamente en la adquisición de tales tierras, sólo en contadas ocasiones solicitaron tales excepciones, y la mayor parte de los comunales en España fueron enajenados como si perteneciesen a los municipios. bajo la calificación de bienes de propios.

A pesar de que el patrimonio municipal había sido objeto desde la época de Carlos III de sucesivas disposiciones que pretendían su reducción a propiedad privada, en la práctica se mantuvo casi intacto hasta 1855.

En esta fecha se hizo por parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes una clasificación de los montes públicos (del Estado, comunales y propios) para deslindar aquellos que iban a ser objeto de enajenación y aquellos otros que la Administración quería conservar, con objeto de preservar su arbolado.

Pues bien, según dicho estudio, había en España más de diez millones de hectáreas de montes públicos. la mayor parte de los cuales eran propiedad de los pueblos, Se declararon enajenables unos 3,5 millones de hectáreas (el 7 por 100 del territorio nacional). Aunque seguían en manos de los pueblos una buena parte de sus bienes comunales, una clasificación posterior lanzó a las subastas casi todo lo que quedaba.

Las ventas

En otro orden de cosas es necesario aclarar algo con respecto a la técnica de las ventas. Si en las etapas desamortizadoras anteriores se había autorizado el pago en títulos de la deuda admitidos por todo su valor nominal (lo que suponía para los compradores un fabuloso negocio, dada la depreciación de los mismos) ahora se admite sólo, salvo algunas excepciones, el pago en dinero. La finalidad de esta desamortización, al igual que las anteriores, era, entre otras, poner solución al problema de la deuda. Pero aquí la conexión entre ambas cuestiones se hace por un mecanismo diferente. Con el producto de las ventas el Estado compraba los títulos circulantes por su valor de cotización, con lo que se ponen las bases para una efectiva solución al problema crónico de una deuda de proporciones incontrolables, y que no había cesado de aumentar durante el siglo XIX.

Estas juiciosas disposiciones van a condicionar la participación en las adquisiciones de los distintos sectores sociales, porque al tener que pagar los bienes por su valor real, la burguesía no va a manifestar el mismo espíritu por acaparar todos los bienes como en etapas anteriores.

Aunque existen todavía pocos estudios sobre el asunto, pienso que el campesinado participó en más amplia medida que en las desamortizaciones previas, especialmente a partir de la década de 1870, cuando fueron apareciendo opciones de inversión al dinero de la burguesía que ofrecían intereses más altos que los que podía proporcionar la tierra y cuando. además, las mejores y más apetecidas tierras se habían ya enajenado.

Al menos esta hipótesis, si no fuese aplicable a todo el país, sí lo sería para las zonas de pequeña y mediana propiedad. En Asturias. por ejemplo, está comprobada. Quizá en provincias del centro y sur la venta de fincas de elevada superficie y valor seguiría impidiendo al pequeño campesino (propietario, arrendatario o jornalero) el acceso a las subastas con algunas posibilidades de éxito.

Escena de trilla en el siglo XIX.

Censos y redenciones

Otra cuestión que caracteriza a la desamortización de Madoz y que la diferencia claramente de la etapa de Mendizábal es el tratamiento que da a los censos (censos consignativos y censos enfitéuticos[*].

De una manera general, la legislación desamortizadora, antes de sacar a subasta el dominio directo, daba la posibilidad a los cultivadores de las tierras acensuadas, propietarios del dominio útil, de redimirlo mediante el pago de la capitalización, convirtiéndose en plenos propietarios de las mismas.

Ahora bien, siendo campesinos mayoritariamente los potenciales beneficiarios de estas disposiciones y derivándose de su aplicación la sustracción a las subastas de una parte importante de la propiedad, la desamortización de Mendizábal había puesto el asunto muy difícil para los redimentes, imponiendo unos tipos de capitalización —1,5 por 100. lo que implicaba disponer de la renta correspondiente a sesenta y seis años— claramente abusivos.

Muy pocos fueron los campesinos que lograron hacerse plenos propietarios de las tierras que cultivaban redimiendo los censos que las gravaban. Así, en Galicia y Asturias los foros no fueron redimidos. sino que entraron en las subastas y fueron adquiridos mayoritariamente por la burguesía. Los campesinos foreros continuaron cultivando unas tierras sujetas al pago de rentas, que ahora había de entregar. en vez de al clero, a los nuevos propietarios.

En este aspecto la desamortización de Madoz da un tratamiento bien diferente al problema de las redenciones, aplicando unos tipos de capitalización que iban desde el 4,8 al 10 por 100 y que facilitaban en gran medida la redención de los censos por parte de los campesinos.

En consecuencia, parece que abundaron los labradores que se hicieron plenos propietarios de unas tierras gravadas con censos y sujetas hasta entonces al pago de rentas, paralelamente a la progresiva pérdida de interés por parte de la burguesía por adquirir este tipo de bienes.

Contra lo que hasta hace poco se pensaba. el fenómeno del acceso a la propiedad mediante la redención parece que no se limitó al caso de las regiones donde se había desarrollado el foro como forma de cesión de tierras a los campesinos.

La propia legislación desamortizadora daba la posibilidad a los arrendatarios que hubiesen mantenido sus arriendos, mediante sucesivas renovaciones, continuadamente desde antes de 1800, de conseguir el dominio útil de tales tierras, aplicándose posteriormente a éstas el mismo tratamiento que a los censos y foros, y este mecanismo afectaba, en principio, a todo el país.

El tercer factor en que radicaba la importancia de la desamortización de Madoz. según señalamos al principio, era el relativo a las repercusiones tanto económicas como sociales que provocó en la sociedad de la época.

Valor en remate de las fincas y capitales de los censos. Calculado por F. Simón Segura en La desamortización de 1855.

En primer lugar, a diferencia de etapas anteriores, produjo un reforzamiento del latifundismo, debido a las grandes extensiones que ocupaban las fincas que ahora se ponen en venta (bienes de propios y comunales o baldíos). Puede resultar revelador al respecto el estudio de F. Quirós Linares sobre Ciudad Real o los de F. Cámara Urraca y D. Sánchez Zurro sobre Valladolid.

En Ciudad Real más de la mitad de los bienes vendidos eran procedentes de los propios y de los comunales, subastándose casi exclusivamente fincas de extensión superior a las 100 hectáreas. Dado que la mayor parte de los compradores rematan varias fincas, la desamortización provoca un proceso de concentración de la propiedad.

A las mismas conclusiones llegan los estudios sobre la desamortización civil en la provincia de Valladolid. Por tanto, la desamortización de Madoz acentúa la estructura latifundista en las provincias del centro y sur de la península, precisamente donde las tierras de propios y comunales ocupaban más amplias superficies.

Puede resultar revelador de ello la relación de las provincias donde más incidencia tuvo la enajenación de bienes de propios: Cáceres, Badajoz, Madrid, Burgos, Toledo, Guadalajara y Cádiz, por este orden. Es este un latifundismo burgués, por la condición social de sus propietarios, que viene a unirse a otro latifundismo de mayor importancia, el latifundismo nobiliario resultante de la peculiar abolición del régimen señorial (conversión de la jurisdicción en propiedad).

En segundo lugar, al venderse los bienes de aprovechamiento comunal, la desamortización civil privó a los campesinos de los usos colectivos en tales bienes. Constituyendo un elemento imprescindible para la supervivencia de las pequeñas explotaciones, la privatización de tales bienes hace que se produzca desde mediados del siglo XIX una constante crisis de la pequeña y mediana propiedad, incapaz de competir en el mercado frente a las grandes explotaciones agrícolas.

Como consecuencia de tal crisis se acentúa la tendencia emigratoria de la población rural, que alcanza cotas muy altas a finales del siglo XIX y principios del XX. Una emigración que se dirige tanto a las zonas más industrializadas de la península, como, especialmente, a Ultramar.

Valor en remate de las fincas y capitales de los censos, teniendo en cuenta su origen civil o eclesiástico Calculado por M. Artola en La burguesía revolucionaria. 1808-1869 (Madrid, 1973). según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Pero conviene matizar este asunto, puesto que tales afirmaciones no son igualmente válidas para todo el territorio nacional. En las provincias de la franja norte de la península, los montes comunales, por no ser susceptibles de aprovechamiento más que como pastos, no despertaron el interés de la burguesía y quedaron mayoritariamente en manos de los pueblos. Ello explica la mayor resistencia de la pequeña explotación a desaparecer y el contraste que aún hoy se mantiene con la mayor parte del resto de la península en cuanto al reparto de la propiedad y al tamaño de las explotaciones.

Otra tercera consecuencia fue la provocada por la venta de los bienes de propios, en los que se basaba buena parte de los ingresos de los ayuntamientos. A pesar de las compensaciones económicas que se les dio en títulos de la Deuda Pública (que se devaluaban rápidamente), las haciendas locales quedaron arruinadas y con ellas los servicios asistenciales que venían cumpliendo con ocasión de crisis agrarias o calamidades públicas.

Ello va a provocar a corto plazo un incremento de la presión tributaria de los ayuntamientos, que se traducirá en una causa de profundo malestar de las capas populares urbanas. No hay que olvidar que una de las motivaciones de las movilizaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XIX será la abolición de ciertos impuestos municipales, aquellos que gravaban productos de consumo popular.

En otro orden de cosas, a la desamortización de Madoz se la responsabiliza de los cambios más profundos producidos en la agricultura española a lo largo del siglo XIX. En las etapas desamortizadoras anteriores se habían vendido bienes que estaban mayoritariamente cultivados, por lo que su privatización no hace más que cambiar de manos su propiedad. No parece que tal cambio haya producido transformaciones en las formas de cultivo. Pero en esta etapa entran en las subastas bienes de propios y comunales que tradicionalmente habían servido de pastizales para el ganado.

Siendo muchos de ellos tierras susceptibles de cultivo, los nuevos propietarios, inducidos por la elevación de los precios de los productos agrícolas, mantenidos al abrigo de la competencia extranjera mediante una política proteccionista, van a poner en cultivo tales tierras, dedicándolas a trigo en la zona interior y a la vid en la periferia mediterránea. Por ello, la desamortización de Madoz introduce unos cambios sustanciales en el paisaje agrario, al provocar una ampliación del espacio roturado.

España, tradicionalmente deficitaria en productos agrícolas, logra el autoabastecimiento e incluso en algunos años alcanza saldos exportables de trigo. Pero tales roturaciones, si en principio fueron positivas para la economía, a la larga revelaron sus consecuencias negativas.

El aumento de la producción se consiguió por incremento de la superficie cultivada y no por un aumento de la productividad por hectáreas: ésta incluso bajó al entrar en cultivo tierras marginales de escasa calidad. La baja productividad mantiene unos costos altos, y los grandes propietarios logran imponer unos aranceles proteccionistas para reservarse el mercado nacional e impedir la competencia de los productos extranjeros, mucho más baratos.

A la postre, pues, se está con ello impidiendo la modernización de las explotaciones: se está manteniendo el arcaísmo en los sistemas de cultivo, en beneficio de la burguesía propietaria. En el caso de la vid, tras unos años de esplendor, cuando la filoxera arruina la producción francesa, la crisis sobreviene a los pocos años al llegar la plaga a España.

Otro de los aspectos negativos de esta ampliación del espacio roturado fue la reducción peligrosa de las zonas de pastos. A la crisis agraria de finales del siglo XIX se le vino a sumar una crisis ganadera, tanto más peligrosa por cuanto que incidía todavía más negativamente sobre la productividad agrícola al escasear los abonos animales.

Un efecto destacable igualmente de la desamortización en general y de la de Madoz especialmente por el volumen de dinero movilizado fue la absorción que provocó de capitales de la burguesía, que era la clase llamada a realizar la revolución industrial.

Para Gabriel Tortella, la desamortización fue uno de los factores decisivos que explican el fracaso de la revolución industrial en la España del siglo XIX: distrajo grandes sumas de capital que pudieron haberse invertido en la industria. Son reveladoras las cifras que cita: de 1856 a 1865 se vendieron fincas por valor de 816 millones de pesetas y en 1865 el capital de las sociedades industriales por acciones era de 98 millones.

Lo que hizo la desamortización en este aspecto fue transferir grandes sumas de capital de manos privadas al Tesoro público que las destinó (aparte de las indemnizaciones a los antiguos propietarios) a enjugar los déficit del presupuesto del Estado, cuyos gastos eran económicamente improductivos.

Para la burguesía española, por lo menos hasta los años 70 u 80 del siglo XIX, en parte por la inestabilidad política y en parte por su propia debilidad, la posesión de tierras era preferible a la de industrias, independientemente de las respectivas tasas de rendimiento.

Finalmente, la desamortización de Madoz contribuyó decisivamente, junto con otros factores, a crear lo que se dio en llamar la cuestión social, esto es, los graves problemas sociales que se empiezan a plantear en España desde mediados del siglo XIX por parte del campesinado.

La mayor parte de los bienes vendidos fueron a parar a manos de la burguesía urbana y de los hacendados rurales, especialmente en el centro y sur de la península, donde se subastaban fincas de elevada superficie y valor.

Si bien en algunas zonas del norte una parte de los campesinos lograron acceder a la propiedad tanto a través de las redenciones de censos y foros como gracias a un mayor fraccionamiento de las propiedades subastadas, en el resto de España la desamortización provocó una nueva frustración en las esperanzas de los campesinos de acceder a la propiedad de la tierra.

Esa frustración venía a sumarse a los desengaños de las desamortizaciones anteriores y, sobre todo, al fraude que se cometió con la conversión de la jurisdicción señorial en propiedad privada a favor de los señores. La desamortización de Madoz era una prueba más de que los liberales estaban llevando a cabo una política agraria que lesionaba gravemente los intereses del campesinado, a la vez que daba acogida a todas las pretensiones de la nobleza.

La respuesta del campesinado a todo este proceso de transformación de la estructura de la propiedad se fragua en unas agitaciones que sacuden cada vez con más violencia las zonas latifundistas. Las revueltas agrarias de la segunda mitad del siglo XIX constituyen el rechazo de los campesinados a la política de los liberales y a todo el proceso de penetración de las relaciones de producción capitalistas en la agricultura.

Tres escenas de vida cotidiana de mediados del siglo XIX.
Fuente pública en Madrid.

La siega.

Mercado de caballerías.

Bibliografía

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Tomás y Valiente, F., Recientes investigaciones sobre la desamortización, Madrid, Moneda y Crédito, número 131, 1974,

Notas

[*] Fanega: Medida de superficie, variable según las zonas. Una fanega solía equivaler a 64 áreas y 596 miliáreas <<

[*] Senarero. Vecino de un pueblo que obtenía una senara concejil. En el antiguo régimen, la senara concejil era la porción de tierra que el concejo repartía entre los habitantes de un pueblo para que la labraran, generalmente en los días festivos, con objeto de sufragar los gastos públicos. <<

[*] Tercia real: Renta de Hacienda real castellana que consistía en la percepción de dos novenos de los diezmos eclesiásticos. <<

[*] Censo sujeción de bienes inmuebles al pago de un canon o rédito anual en retribución de un capital que se recibe en dinero (censo consignatario) o del dominio pleno (censo reservativo) o menos pleno (censo enfitéutico) que se transmite de los mismos bienes. <<