ALEJANDRO WERNER Y MARTÍN KANENGUISER

LA ARGENTINA EN EL FONDO

La intimidad de la lucha con el FMI 2013-2023

Desde hace décadas, el FMI forma parte de nuestra realidad. Aunque algunos puedan creer que esto ocurre en todos los países, o al menos en muchos, lo cierto es que solo sucede en uno: Argentina. Es una relación compleja, hecha de acuerdos y disputas, de desconfianza y malos entendidos. A menudo, de estar parados frente a un abismo.

Este libro es una crónica íntima de esa relación en tiempos recientes. Alejandro Werner, uno de sus autores, fue jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y desde ese cargo negoció con los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En estas páginas, junto a Martín Kanenguiser, narra esos momentos con información desconocida, con el nivel de detalle y el contexto exacto que solo puede aportar un protagonista. Qué posición tenía cada funcionario; cómo se gestó (y luego malogró) el último y temerario préstamo de cincuenta y siete mil millones de dólares; cuáles fueron las causas de esa debacle. Además, nos recuerda la experiencia del FMI con otros países de América Latina: con Cuba en los tiempos del Che Guevara y Fidel Castro; con la Venezuela de Chávez y Maduro, con la Nicaragua de Daniel Ortega.

La Argentina en el Fondo se propone un doble desafío: derribar mitos y prejuicios criollos y revelar la trama que une, a veces de manera interminablemente dramática, a nuestro país con los organismos de crédito internacionales. Logra ambos.

Kanenguiser, Martín

La Argentina en el Fondo / Alejandro Werner. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-628-732-6

1. Ensayo Político. 2. Análisis Político. 3. Análisis Económico. I. Título.

CDD 320.82

Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere

Primera edición: septiembre de 2023

Edición en formato digital: agosto de 2023

© Alejandro Werner y Martín Kanenguiser, 2023

© de la presente edición Edhasa, 2023

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ISBN 978-987-628-732-6

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Índice

Cubierta

Portada

Sobre este libro

Créditos

Aclaración metodológica

Prólogo

Capítulo 1. Del Che con amor, al FMI

El socialismo latinoamericano

El amague de Chávez de dejar el FMI

Una historia de desencuentros

México, el elegido

Brasil, el emancipado

Los buenos alumnos

Obedientes y rebeldes

Mi primer día en el FMI

A bailar el reggae

La Argentina en el Fondo

Capítulo 2. Te amo, te odio, dame más

Una democracia con deudas

¿Culpable o inocente?

Las causas de la decadencia

Capítulo 3. ¿Qué es el FMI?

El FMI en el nuevo siglo

Un organismo con (muchas) reglas

Capítulo 4. La gran mentira

Se rompió el termómetro

Una sanción inédita

De enemigos a aliados

Los amigos de la Corte

Axel, el más poderoso (y prejuicioso)

Capítulo 5. Del divorcio a la reconciliación

El optimismo exagerado de Macri

La fantasía del board

Llega el tiempo del ajuste

El llamado menos esperado

El gobierno elige un mal camino

¿El Messi de las finanzas?

Donald, mi buen amigo

Un elogio en francés

¿Duros o blandos?

La paternidad del ajuste

La renuncia de Sturzenegger

Una “amenaza” al equipo

Capítulo 6. La gran revisión

Trump y el FMI

Dujovne, renuncia y resucitación

Adiós a Caputo

Las primeras dudas por el 2019

La sorpresa de Cristina

Capítulo 7. El cuarto kirchnerismo

Adiós a Lagarde

De la euforia a la depresión

El triunfo de Alberto-Cristina

Una gerente desconfiada

El pecado original del FMI

El golpe de la pandemia

Camino a un nuevo acuerdo

Epílogo

Bibliografía

Documentos y páginas web

Glosario

Agradecimientos

Sobre los autores

Aclaración metodológica

El prólogo y el epílogo fueron escritos solo por Martín Kanenguiser. En el resto del libro, entre los capítulos 1 y 7, el uso de la primera persona corresponde a Alejandro Werner. Esta obra es el fruto de casi dos años de conversaciones virtuales e intercambio de ideas y escritos de ambos autores entre Washington y Buenos Aires.

Prólogo

Periodistas, economistas y analistas han escrito innumerables artículos y libros sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunos más precisos, otros más cargados de fantasías o prejuicios ideológicos.

El libro que encaramos desde octubre de 2021 con Alejandro Werner, el funcionario del FMI nacido en la Argentina y criado en México que supervisó el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en 2018, rompe con todos los enfoques previos. Cuenta cómo es el Fondo, por qué Cuba se fue en 1954 e inició un proceso de exploración para reingresar sesenta años después con sumo sigilo y cómo se preparó el Fondo para la reconstrucción de Venezuela después de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por supuesto, también por qué la Argentina es un “adicto” serial a los programas de apoyo financiero del FMI.

Werner es un buen economista y quiebra con bastantes estereotipos. Al igual que varios de sus colegas del FMI, está convencido del rol relevante del Estado en la economía y admite que algunas de las recetas que promovió el Fondo en las últimas décadas exageraron el rol del mercado y del sector privado, sin atender la importancia de las regulaciones. Por ejemplo, sostiene que la implementación del sistema privado de jubilaciones en América Latina debió regularse mejor y descree del esquema de los vouchers en la escuela pública como elementos necesarios para reformar los sistemas educativos de la región.

El economista considera que varios países latinoamericanos deben tener un nivel de gasto público más elevado y una política fiscal más contracíclica, pero entiende que para lograrlo la disciplina en las cuentas públicas es indispensable.

Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM) de México, que cuenta con una orientación liberal similar al CEMA en la Argentina, ya que su perfil académico lo diagramó un grupo de economistas que estudió en la Universidad de Chicago en los años 70 y 80, aunque luego se sumaron profesores de otras ideologías. Entre sus principales referentes en el MIT, donde realizó su doctorado, Werner escribió su tesis con Rudi Dornbusch y Stanley Fischer y fue asistente en la cátedra de Paul Krugman de comercio internacional.

Además, tiene una gran virtud: ambos lados de la “grieta” argentina lo observan con gran recelo: el macrismo porque cree que fue demasiado duro durante el programa firmado en 2018 al no permitir la intervención plena del Banco Central para frenar al dólar; y el peronismo-kirchnerismo por considerarlo “cómplice” de la presunta fuga de capitales y del diseño de un programa armado con fines políticos para mantener a Mauricio Macri en el poder.

Esta reacción de varios economistas y políticos locales encaja con un típico reflejo argentino: culpar al de afuera por los errores y horrores de la situación económica del país. Y, por supuesto, criticar siempre al gobierno previo como si cada cuatro años la Argentina naciera de nuevo y nada de lo ocurrido hasta entonces fuera responsabilidad de la dirigencia política.

Más allá de los eslóganes, existe una continuidad jurídica de los actos de un Estado. Así lo entendió desde Néstor Kirchner, cuando le pagó la deuda al FMI pese a que muchos dirigentes de la izquierda cuestionan la legitimidad de estos pasivos –con fantasiosas asociaciones que llegaban hasta la dictadura 76-83–, hasta la Cuba de Fidel Castro, que no repudió el endeudamiento de Fulgencio Batista con Washington.

El prejuicio parece ser la solución más sencilla para todos los problemas argentinos y el FMI encuadra a la perfección con el arquetipo del mal para los discursos de la política interna. Aunque el ciudadano de a pie no tiene por qué conocer su rol, la dirigencia sí tiene la obligación de saber qué es el Fondo, cómo funciona, qué ventajas y obligaciones genera la pertenencia a este organismo multilateral.

Por supuesto que hay muchos funcionarios tanto del Fondo como de otros organismos internacionales –y de países prestamistas, desde Estados Unidos a China– que responden a este estereotipo de personas frías que no toman en cuenta la situación socioeconómica de un país en crisis. Pero la responsabilidad primaria de acudir a un prestamista porque uno gasta mucho más de lo que tiene –sobre todo para gasto corriente y no de infraestructura– es del deudor, no del que aporta el crédito. El concepto de “corresponsabilidad” entre el deudor soberano y su prestamista, repetido una y otra vez por algunos dirigentes políticos locales, busca eludir la falta de conducta de un país que en 2023 combinó una tasa de pobreza superior al 40%, una de las inflaciones más altas del mundo y una profunda precarización de su mercado laboral.

¿Se ha equivocado el FMI respecto de la Argentina?: por supuesto, y más allá de lo tolerable. Repitió durante la mayor parte de su historia las mismas recetas sin tomar en cuenta el complejo contexto local, al prestarle demasiado al país cuando la convertibilidad ya se ahogaba en 2001 y dejarlo desamparado en 2002 cuando se había hundido en términos socioeconómicos.

Fue puntilloso con el gobierno de Macri y laxo con el de Alberto Fernández.

Si un paciente crónico recurre siempre al mismo médico y este no encuentra una solución, claramente el profesional tiene una gran cuota de responsabilidad en el fracaso del tratamiento. Pero el paciente también debe preguntarse por qué no puede dejar atrás sus adicciones.

El paso de Werner por el FMI fue de nueve años, suficientes como para conocer cada rincón de este ente de poder odiado por los argentinos, pero no tantos como para transformarse en una pieza de inventario de la burocracia internacional.

El testimonio que brinda en este libro es inobjetable por su sinceridad. No intenta defender al FMI ni atacar, sino informar y explicar sus razones: por qué América Latina es la región del mundo con más programas firmados con el Fondo en su historia; por qué ha habido tanta puja entre Europa y Estados Unidos en la conducción del organismo; y por qué, en definitiva, la historia del FMI merece ser contada desde adentro por un funcionario clave para la Argentina entre 2013 y 2021.

No se trata de un simple observador equidistante, ya que estuvo involucrado en la letra chica del acuerdo más polémico firmado por el FMI con un país en los últimos tiempos.

¿Fue el préstamo más grande del Fondo?, ¿se trató de una suma similar a la que el organismo le prestó al resto de los países en la pandemia?, ¿violó sus estatutos al aprobarlo en 2018?

Todas estas preguntas, que el kirchnerismo transformó en afirmaciones indiscutibles, encuentran su respuesta en estas páginas.

La riqueza del testimonio de Werner aumenta porque él negoció con los ministros y banqueros centrales argentinos entre 2018 y 2019; varios de ellos con antecedentes académicos y otros con importantes roles previos en el mercado de capitales, pero que en casi todos los casos exhibieron inexperiencia en la función pública en momentos críticos.

No se trató de una carencia exclusiva del gobierno de Cambiemos ni de la Argentina: el último ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, no tenía demasiada experiencia en la administración pública antes de asumir en 2013, ya que había dedicado buena parte de su vida a ser docente universitario y a la militancia estudiantil.

Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, no había tenido roce alguno con el diseño de las políticas públicas, con los mercados financieros, la política nacional e internacional ni otras responsabilidades importantes en el sector público o privado antes de hacerse cargo de la silla más caliente del Palacio de Hacienda. Su antecedente más destacado había sido como fellow en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre modelos de reestructuración de la deuda, por lo que tampoco era uno de los académicos argentinos sobresalientes en el exterior. Sergio Massa, quien ocupó su cargo desde agosto de 2022 y en junio de 2023 fue nominado como candidato presidencial del oficialismo, es un hábil político y abogado con buenos vínculos con el mercado, pero sin background en la macroeconomía.

En Washington la directora gerente que negoció con el cuarto gobierno kirchnerista, Kristalina Georgieva, tampoco tenía antecedentes macroeconómicos ni de mercados, ya que nunca había sido ministra o banquera central antes de llegar a lo más alto del Fondo, sino una funcionaria de la elegante burocracia internacional, en la Unión Europea y el Banco Mundial.

La falta de preparación para cargos sensibles, en el sector público y privado, puede provocar consecuencias muy negativas. Si los escalones se suben de a dos o de a cuatro, hay más chances de caerse.

En cambio, antes de llegar a su cargo en el Fondo, Werner fue durante varios años el viceministro de Hacienda en México, el cargo más alto al que puede aspirar un economista que no nació en el país. Previamente, había sido director de Política Económica en el ministerio y director de estudios económicos en el Banco Central de México. En esa patria que lo acogió en el exilio tuvo que negociar con legisladores, con otros ministros del gabinete, con banqueros centrales, con representantes del sector privado y con funcionarios relevantes de otros gobiernos y de los organismos multilaterales de crédito, antes de convertirse en director de uno de los departamentos regionales del FMI. No hay demasiados funcionarios nacidos en Argentina que en estos últimos años hayan negociado con el FMI y que puedan acreditar pergaminos similares.

Hay preguntas básicas que Werner pudo responder: si el FMI es lo mismo que Wall Street, si a la Argentina le fue mejor con o sin el FMI, si los presidentes de Estados Unidos tienen tanto poder como para decidir la suerte de la deuda de un país, cómo ha sido la sinuosa relación con la dictadura venezolana y si el FMI pudo haber hecho un esfuerzo mayor para terminar antes con las distorsiones del Indec, entre otros ejes controvertidos.

Pero también relata sus encuentros, tensos y con sonrisas, con Axel Kicillof por los incumplimientos del país con la comunidad internacional; sus durísimas discusiones con la persona más confiable para Mauricio Macri en el terreno económico, Luis Caputo, y los reproches que enfrentó dentro del organismo por parte de “los halcones” en relación con la Argentina.

Su verdad es una sola versión de la historia. Y por eso la complementé con mi visión de esta línea de tiempo que comienza cuando la Argentina se sumó al FMI en 1956 y continúa en 2023 mientras el país se asoma, una vez más, al borde del precipicio. También, se brinda el contexto de la relación entre el FMI y otros países de América Latina, que alcanzaron una relación más madura.

Partimos de lugares diferentes para compartir la experiencia de crear este libro y por este motivo no siempre estuvimos de acuerdo. Escribo sobre el vínculo entre la Argentina y el FMI desde fines de los 90 cuando estaba en la agencia Télam, luego en el diario La Nación y en los últimos años en Infobae .

¿Qué me motivó a indagar sobre la tortuosa relación entre la Argentina y sus acreedores externos? Entre otras razones, la necesidad de explorar más allá de las frases hechas, de la postura de victimización a la que recurrieron sucesivos gobiernos y de las repetidas teorías conspirativas. Desde el siglo XIX resultó más sencillo culpar a la banca Barings o a un grupo de traders en Wall Street por las sucesivas crisis políticas y económicas que hacerse cargo del fracaso de las diversas propuestas económicas en los gobiernos militares y civiles.

En cambio, ningún gobierno se ha planteado con seriedad cómo lograr que el dinero que permanece debajo del “colchón” de los argentinos, una suma equivalente al 39% del PBI a fines de 2022, se transforme en un motor para el crecimiento formal de la economía. Cuando parte de ese ahorro privado vio la luz a través de blanqueos de capitales o de procesos transitorios de crecimiento, sucesivos gobiernos cambiaron las reglas del juego, a través de confiscaciones o subas de impuestos.

La respuesta más sencilla fue culpar a esos ahorristas por “fugar capitales” en vez de entender las razones de esta formación de activos externos.

En este largo período entrevisté a secretarios del Tesoro de Estados Unidos, directores y subdirectores gerentes del FMI y los más relevantes negociadores de la Argentina y Estados Unidos.

Cada vez que creía que ya había entendido la raíz de la pésima relación entre el FMI y la Argentina, un nuevo matiz me confundía y me obligaba a repensar, a buscar nuevas explicaciones.

Pero el diálogo con Werner fue un punto de quiebre. Ya no se trataba de inferir, leer entre líneas las conclusiones de una charla en off the record o de un reportaje, sino de establecer un diálogo, amable a veces, tenso en otros momentos, para determinar a través de un protagonista de este proceso qué responsabilidad le cabe al Fondo en la decadencia de la Argentina.

¿Es el FMI la misma institución omnipresente de los 80 o de los 90? ¿En qué cambió? ¿Cuál es el rol de la geopolítica en su sistema de decisiones y hasta dónde influyen los técnicos sobre los funcionarios políticos?

La función de un periodista, aunque muchos se hayan confundido en los últimos años, es formular preguntas y buscar respuestas incómodas, que no reafirmen lo que uno piensa sino que abra la puerta para nuevas conclusiones.

El aprendizaje que representó este proceso de entrevistas y escritura con Werner que comenzó hace dos años es suficientemente valioso como para que ustedes, los lectores, saquen sus propias conclusiones a partir de los datos, pero también desde los diálogos más íntimos que las autoridades argentinas mantuvieron con el Fondo en la última década.

En 2024 el FMI, cuyo nacimiento tuvo lugar en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cumplirá 80 años de vida. Parece ser el momento adecuado para que, por primera vez, uno de sus cruciales actores revele sus secretos, defienda sus aciertos y critique sus errores. Yo, desde mi perspectiva, busqué aportar mis opiniones, complementar su visión con mi conocimiento sobre las decisiones adoptadas en la Argentina y, cuando correspondía, expresar mis discrepancias.

No ha sido sencillo escribir un libro “a cuatro manos” y a la distancia, pero, más allá de la “voz” que narra cada capítulo, logramos una buena combinación para transmitir los hechos explicados en todo el libro.

Los maestros del periodismo que me trajeron hasta aquí me enseñaron que siempre es mejor terminar una nota con más preguntas que respuestas. Espero que este libro aclare algunas de sus dudas y preconceptos, pero, sobre todo, que los lleve a pensar con más fundamentos la próxima vez que un político argentino aplauda o maldiga al FMI, nuestra fuente preferida de odio, amor y locura.

Martín Kanenguiser

Capítulo 1

Del Che con amor, al FMI

Ernesto Che Guevara, el guerrillero que conserva la imagen más romántica entre los adeptos de la izquierda mundial, fue el representante de Cuba ante el Directorio del FMI, ya que el régimen de Fidel Castro integró este símbolo más nítido del capitalismo de posguerra durante más de cinco años desde que derrocó al dictador Fulgencio Batista. Este hecho poco conocido –y mucho menos resaltado por los partidos marxistas que subsisten– refleja la contradictoria y tormentosa relación entre el FMI y América Latina que se mantiene hasta la actualidad.

Guevara, médico de profesión, fue el presidente del Banco Central de Cuba desde el 26 de noviembre de 1959, casi un año después del inicio del gobierno de Castro, por orden del Consejo de Ministros del “Gobierno Revolucionario”. Pese a su desconocimiento sobre cuestiones económicas, Castro confiaba en él para implementar controles de capitales que impidieran el financiamiento de acciones denominadas “contrarrevolucionarias”. Su objetivo era vigilar la impresión de los billetes cubanos por parte de empresas extranjeras y, sobre todo, eliminar a la banca privada de la isla.

Durante los quince meses que ejerció como banquero central mantuvo un fluido contacto con el FMI y luego siguió en parte a cargo de la relación con el organismo internacional, como lo refleja su participación como ministro de Industria en la cumbre del Consejo Interamericano Económico Social (CIES) en el frío invierno de Punta del Este en 1961. Este encuentro fue parte de la iniciativa del presidente John Kennedy denominada “Alianza para el Progreso”, un plan de ayuda financiera destinado a toda la región para equilibrar la caída del precio de las materias primas y, de paso, compensar la latente amenaza soviética en la región.

Allí, delante del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Douglas Dillon, Guevara afirmó, desafiante: “Tengo que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnicas, cuando está por medio el destino de los pueblos”.

Los lazos entre Cuba y el FMI se cortaron dos años después de que el régimen de Castro fuera expulsado en enero de 1962 de la Organización de Estados Americanos (OEA), también en una conferencia en Punta del Este. Meses después, se produciría la famosa “crisis de los misiles” por el descubrimiento de la existencia de cohetes soviéticos en la isla, que estuvo cerca de provocar un enfrentamiento militar entre ambas potencias.

El 2 de abril de 1964 Cuba se retiró del Fondo y hasta la actualidad es el único país latinoamericano que no forma parte de este organismo. Sin embargo, durante los dieciocho años en los que permaneció en el FMI, tuvo un rol muy activo y, como explicó el historiador del Fondo, James M. Boughton, ayudó a otorgar más derechos a los países pequeños dentro del Directorio de la entidad; en 1954 fue el décimo país en aceptar todas las obligaciones del Fondo, al evitar el uso de controles en el comercio internacional, y dos años después el gobierno de Batista le pidió un crédito pequeño al FMI que devolvió al año siguiente. Pero en 1958, cerca de su crisis terminal, solicitó otro préstamo por el equivalente al 25% de su cuota, por USD 12,5 millones, que debía pagar en seis meses. El historiador precisó que después de que las fuerzas de Fidel Castro derrocaron al régimen de Batista en enero de 1959, el nuevo gobierno trató repetidamente de posponer el pago.

Pese a renunciar a su membresía, durante los siguientes cinco años el gobierno de Castro pagó el monto total adeudado, incluidos todos los cargos por intereses: Cuba nunca “repudió” la deuda con el Fondo, a diferencia del eslogan utilizado por los partidos de la izquierda latinoamericana.

Los otros tres países que dejaron de ser socios del FMI, Checoslovaquia en 1954, Polonia en 1956 e Indonesia en 1965, luego retornaron al organismo.

La historia de las décadas siguientes es bastante conocida, ya que Cuba, que creció a una tasa promedio anual del 4,5% de 1959 a 1989, pasó a ser en forma gradual un satélite económico de la Unión Soviética, debido al embargo comercial de Estados Unidos desde 1962.

Pero el colapso de ese gigante comunista a fines de la década del 80 llevó a Castro a repensar sus lazos con Washington, sobre todo bajo la política de “poder blando” que desarrolló la administración demócrata de Bill Clinton.

En 1993, Cuba invitó al director ejecutivo de Bélgica en el FMI, Jacques de Groote, a visitar La Habana para reunirse en secreto con Castro y otros altos funcionarios. De Groote, un ejecutivo belga que en 2013 fue condenado por corrupción, mantenía buenas relaciones con varios países comunistas y dialogó en La Habana sobre las condiciones –con exigencias y beneficios– del reingreso de Cuba al Fondo, pero Washington se opuso, una posición que se reforzó cuando el presidente Bill Clinton perdió la mayoría en el Congreso en 1994 y apoyó la ley Helms-Burton promovida por estos dos legisladores republicanos. La norma le impedía al Departamento del Tesoro, entre otras medidas, apoyar la admisión de Cuba en las instituciones financieras internacionales.

La llegada de Barack Obama al poder en 2009 permitió volver a pensar en esta posibilidad, ya que esa administración demócrata creía que, frente a la competencia de los capitales de algunos países europeos y Canadá ya radicados en Cuba, sería positivo reintegrar al país al sistema económico global. Además, el bloqueo a Cuba había dejado de ser un tema central de la política del estado de la Florida.

El primer contacto que, desde mi llegada, tuvimos con Cuba fue en 2013, cuando enviamos a La Habana a un funcionario experimentado para que participara en una conferencia organizada por la prestigiosa Brookings Institution y financiada por el gobierno noruego. Dadas las restricciones vigentes para volar en ese entonces desde Estados Unidos, el funcionario viajó vía Miami con una aerolínea chárter que, según comentó, “no existía” en los sistemas tradicionales de información del aeropuerto de Miami.

Al llegar a Cuba se hospedó en el Hotel Nacional –fundado en 1930 y considerado el más lujoso de la ciudad– para participar en este evento enfocado en la política monetaria y cambiaria de Cuba, donde debatió con algunos académicos, pero se sorprendió por la poca participación de economistas del gobierno cubano.

A finales de 2014 Estados Unidos inició un proceso de acercamiento a Cuba. La normalización de las relaciones diplomáticas se formalizó con la primera reunión bilateral en cinco décadas entre los jefes de Estado de los dos países.

Esta cumbre se llevó a cabo al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá en abril de 2015, y en agosto de ese año se reabrieron al mismo tiempo las embajadas en Washington y en La Habana. Este proceso tuvo su máxima expresión en la visita histórica que realizó el presidente Obama a La Habana el 20 de marzo de 2016. En su libro Personas decentes , Leonardo Padura realizó una gran descripción novelada de las expectativas y escepticismo que, en forma simultánea, generaba esta visita de un presidente norteamericano en la sociedad cubana, que estaba mucho más entusiasmada por el concierto gratuito de los Rolling Stones.

Los pocos avances en el área económica fueron la aprobación de 110 vuelos comerciales diarios, la autorización a una línea de cruceros para realizar el trayecto entre Cuba y Estados Unidos y el permiso a tres hoteles norteamericanos para establecerse en la isla. Como parte de este proceso de apertura y al proyectar las diferentes etapas de la potencial transición económica, la asistencia técnica y el financiamiento externo, en febrero de 2016 la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, conoció a Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior de Cuba, en una cena organizada en Washington por Carlos Gutiérrez, el exsecretario de Comercio del presidente George Bush.

En esa reunión surgió la idea de que el Fondo enviara una misión técnica a Cuba y en agosto el Banco Central del régimen castrista invitó formalmente al FMI. El proceso continuó con una reunión en Nueva York, en paralelo al foro de negocios Cuba-Estados Unidos, entre la vicepresidenta del Banco Central, Yamile Berra Cires, y funcionarios del departamento del Hemisferio Occidental para establecer el foco de la misión.

A partir de ese encuentro, consultamos de manera informal con los directores ejecutivos de Estados Unidos, Francia y Japón, y los tres coincidieron que era una buena idea enviar una misión. De este modo, el 16 de noviembre, Lagarde ordenó que se realizara el viaje, que no necesitaba de la autorización del Directorio. Así, el FMI sería la primera institución internacional en establecer el diálogo con las autoridades cubanas desde su salida en 1964.

Nuestra impresión era que, dado el perfil más bajo que suele tener el staff del FMI en comparación con el personal del BID y del Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos liderado por Jack Lew, en coordinación con las autoridades cubanas, optó por nosotros, al considerar que podíamos ser discretos como para que ningún “halcón” demócrata o republicano se enterara.

Así, durante 2016 y, casi como en una película de espías, la comunicación con las autoridades cubanas se llevó a cabo a través de un integrante del staff que traía y llevaba cartas hasta la embajada cubana, que había reabierto en 2015, en 2630 16th Street NW en Columbia Heights. En algunas ocasiones un miembro del cuerpo diplomático castrista entregaba también misteriosas misivas en la recepción del FMI.

De esta forma en diciembre de 2016 el equipo conformado por un jefe de misión de nacionalidad india, un economista mexicano, uno colombiano y una portuguesa partió a la isla en un vuelo regular de American Airlines. El equipo se hospedó en el hotel boutique Saratoga –construido en 1880 para alojar almacenes y remodelado como hotel en 1933–, y trabajó dos días en las oficinas del Banco Central con el equipo de la vicepresidencia y representantes de varios ministerios.

La intención era explicarles el funcionamiento del FMI y el mecanismo de ayuda a los países que no son miembros. Además, les contaron cuánto demoraba el proceso para aceptar nuevos socios y realizaron presentaciones sobre las principales tendencias económicas en América Latina y el Caribe. Los funcionarios cubanos les explicaron los principales retos que enfrentaba el país, que presentaba un cuadro de virtual estancamiento, con algunos años recesivos, desde que Raúl Castro había reemplazado a Fidel en 2006. Esa economía depende mucho del comercio, el turismo y la deuda, que presenta crisis recurrentes, y el hermano de Fidel había intentado avanzar en una serie de reformas promercado, aunque con muchos obstáculos. A este cuadro interno se sumó la crisis económica venezolana, que redujo el flujo de capitales hacia la isla.

Al equipo del Fondo le quedó claro al finalizar el encuentro que las autoridades cubanas estaban interesadas en continuar estos intercambios, participar como observadores en las reuniones anuales y de primavera del organismo y explorar la posibilidad de acceder a nuestra asistencia técnica. Sin embargo, aún estaban lejos de plantearse la posibilidad de solicitar la membresía a las instituciones multilaterales de crédito. De algún modo dieron a entender, respecto de la posibilidad de regresar al FMI, que les preocupaban las obligaciones de transparencia e intercambio de información y que los análisis de la institución sobre la economía cubana estuvieran sesgados por consideraciones políticas. Además, afirmaban, no querían poner en riesgo los pilares del alicaído Estado social cubano.

Finalmente reconocieron que los siguientes pasos estarían sujetos al replanteo que hiciera la administración Trump respecto de la relación bilateral.

Con el triunfo del republicano en las elecciones de 2016, las chances de un reacercamiento volvieron a quedar sepultadas y la cuestión no volvió a debatirse con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en 2021.

El socialismo latinoamericano

De los otros dos países que optaron, de una u otra manera, por el “socialismo latinoamericano”, Nicaragua y Venezuela, el primero nunca se planteó dejar el FMI y el segundo lo analizó pero no lo concretó. De todos modos, la relación fue compleja desde la revolución sandinista de 1979 en el primer caso y con el ascenso de Hugo Chávez al poder en el segundo, en 1999.

La rebelión que derrocó a Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979 y gobernó hasta 1990 no quiso abandonar el Fondo, y cuando su polémico líder Daniel Ortega volvió al poder –a través de elecciones en 2007–, mantuvo buenas relaciones, al punto tal de que en octubre de ese año firmó un programa de cuatro años (llamado Extended Credit Facility) para recibir dinero del FMI. El organismo había concedido cuatro créditos al país desde 1979.

Ortega logró perpetuarse en el poder desde 2012 por un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo de la Constitución nicaragüense que prohíbe la reelección continua. Pese a esta frágil situación institucional, la economía exhibió un crecimiento más robusto que otros países centroamericanos en las últimas décadas, hasta mediados de la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, en los 80 y los 90 incrementó su deuda a niveles insostenibles, lo que llevó a que fuera elegida dentro del grupo de las naciones cuyos pasivos externos fueron reducidos en forma sustancial por la iniciativa del G7 para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, según su sigla en inglés). Esta deuda pasó de USD 1.562 millones en 1979 a USD 14.606 millones en 2021, cuando la relación deuda-PBI llegó al 56,9%, pese a la importante condonación de deudas bilaterales, regionales y multilaterales.

Durante los años que estuve en el FMI visité Managua varias veces. Durante estas visitas y la larga reunión que tuve con el presidente Ortega y su esposa me quedó muy claro que el planteamiento económico del régimen de Ortega no difería mucho del de otros gobiernos de Centroamérica. Bayardo Arce, su principal asesor económico, resumió esta transición ideológica del movimiento revolucionario en una reunión que mantuvimos en Managua en una sola frase: “En los 70’s yo estaba en la sierra con mi Kalashnikov enfrentando gringos y hoy estoy muy preocupado de cómo va a salir mañana el índice de producción manufacturera en Estados Unidos”.

Las dos cuestiones más relevantes respecto de este país durante mi periodo en el FMI fueron la falta de transparencia de los recursos recibidos de Venezuela y el otorgamiento de la ayuda durante la pandemia. En 2020, cuando estalló la pandemia del COVID, Nicaragua le pidió al FMI, como otros países pobres y emergentes, asistencia financiera para enfrentar la contracción económica del 2,5% del PBI, tras la recesión del 4% en 2019, aunque algunos expertos internacionales expresaron sus dudas sobre las estadísticas oficiales en los últimos años. El 20 de noviembre de ese año (unos días después de que Trump perdiera los comicios para un segundo mandato), el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó USD 185,3 millones de la línea de apoyo de emergencia a Nicaragua por el COVID. El gran debate fue si el dinero debía ser entregado a un régimen autoritario y poco confiable para asegurar que llegara a la población. No se trataba de una discusión sencilla, porque, como en muchos otros casos, una u otra postura sentaría un precedente fuerte para otros países.

Varias naciones presionaron para que no se apoyara al gobierno de Managua por su perfil represivo, que llevó al encarcelamiento de numerosos dirigentes opositores y a una estricta censura a la prensa independiente, entre otras violaciones a los derechos humanos. Pero, a la vez, Nicaragua no dejaba de ser un país miembro del Fondo que cumplía con sus obligaciones y que, por lo tanto, tenía los mismos derechos que el resto. ¿Por qué entonces se lo castigaría más que a otros países gobernados por autócratas en el resto del mundo?

A priori, como solución salomónica, se decidió que los recursos serían menores que los enviados a otros países de la región. Más relevante aún, se le exigió al país que el 50% fuera en forma directa a las organizaciones Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS) y al World Food Program de Naciones Unidas para que estas distribuyeran los recursos entre la golpeada población nicaragüense. El otro 50% fue desembolsado al gobierno de Ortega.

El amague de Chávez de dejar el FMI

El 11 de abril de 2002 sindicalistas y empresarios venezolanos apoyaron un golpe de Estado contra el presidente Chávez en un contexto de amplio descontento social y económico, para colocar como presidente al empresario Pedro Carmona.

Frente a este levantamiento, el FMI rompió su habitual prudencia diplomática para referirse a los cambios de gobierno o movimientos institucionales internos. Su vocero, Thomas Dawson, al día siguiente del golpe, afirmó que el organismo se encontraba “listo para asistir a la nueva administración [de Pedro Carmona] de cualquier manera que se encuentre conveniente”.

En febrero de ese año, el gobierno bolivariano había dejado flotar el dólar ante la falta de reservas y se había producido un salto de la divisa del 20%, mientras, según Chávez, entre 1999 y 2002 unos USD 25.000 millones se fugaron del sistema financiero por las medidas económicas. Cabe recordar que en 1992 este mandatario de origen militar había liderado un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Tres años antes, cuando Pérez intentaba dejar atrás la crisis del país y acordar el apoyo del FMI, el fuerte paquete de ajuste fiscal y cambiario que implementó provocó el llamado “Caracazo”, una protesta social que derivó en trescientas muertes en las calles de la capital del país. La inflación se mantuvo alta tras el pico del 84% de 1989; en 2012 llegó al 20% y en 2015 saltó al 180%; mientras tanto, la economía presentó un crecimiento “serrucho”, con años de recesión (2009-2010) y de rebote en torno del 4% (2011-2014), producto del repunte del precio del petróleo.

En abril de 2007, como parte de su sinuosa estrategia económica, Chávez anunció que su gobierno se retiraría del FMI y del Banco Mundial porque solo servían “a los intereses del Norte” y, al igual que Brasil y la Argentina, le pagó su deuda a estas instituciones, de USD 3.000 millones.

“Vamos a retirarnos. Quiero firmar la cuenta (de formalización de salida) esta noche y solicitar que nos devuelvan lo que nos corresponde”, dijo Chávez, durante un acto con motivo del Día del Trabajador. “No nos hace falta estar viajando a Washington, ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni nada […] yo quiero formalizar la salida de Venezuela del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de todo eso”, afirmó con su habitual tono teatral.

Sin embargo, meses después comenzaría a desandar su amenaza al afirmar que sus ministros “estaban estudiando” las consecuencias de dejar esas membresías. Nunca concretó esa ruptura al comprender que, si lo hacía, violaría los compromisos establecidos en los bonos de deuda internacional, lo que podría haber generado el pago acelerado de esos pasivos.

La Venezuela de los primeros años de Chávez, mientras su gobierno destrozaba todo el aparato productivo e institucional del país, se sentía fuerte por los altos precios del petróleo y hasta se daba el lujo de actuar de prestamista de última instancia de muchos países latinoamericanos, entre ellos la Argentina de los Kirchner, cuando este país se alejó del FMI y tenía cerrado el acceso al mercado de capitales voluntario. En este contexto, Caracas adquirió bonos argentinos con una tasa insólitamente alta, que llegó al 14% anual, mientras se desarrollaban negocios poco claros entre los dos países.

Todo terminó en una crisis cuando Venezuela liquidó en el mercado secundario los bonos destinados a la Argentina y pulverizó su valor.

A través de la empresa Petrocaribe, Venezuela vendía petróleo a precios subsidiados y, además, brindaba financiamiento a los países que lo solicitaban. De esta manera estrechó sus vínculos con varios gobiernos del Caribe y con Nicaragua, quienes se volvieron sus aliados en cuestiones regionales y multilaterales.

Sin embargo, por corrupción e ineficiencia, el chavismo perdió su principal activo: en 2002 el país producía unos 3,2 millones de barriles diarios, una oferta que se mantuvo en esos niveles durante casi diez años, pero la producción comenzó a desplomarse en 2015 y llegó en 2020 a su nivel más bajo en décadas, por debajo de los 400.000 barriles diarios, un retroceso al nivel de 1934. Este desastre productivo generó el peor derrumbe registrado por un país en la era moderna, ya que el PBI per cápita cayó más del 70% entre 2008 y 2020.

Chávez debilitó la estructura de la emblemática empresa Pdvsa al colocarla al servicio de la política y desplazar a su estructura técnica, lo que derivó en la salida de veinte mil empleados entre 2002 y 2003; como ocurrió con el Banco Central y otros organismos públicos, esta sangría se reflejó en una menor productividad y un rápido empobrecimiento del país. También provocó un empeoramiento de las estadísticas públicas, cuya difusión comenzó a perder regularidad y rigor.

Cuando Chávez fue reelecto para un cuarto mandato en 2012, el derrumbe se aceleró y a mediados de esa década ya se vivía una crisis humanitaria, con una masiva emigración que no se detuvo en los siguientes ocho años. Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados), estimó que existen más de siete millones de venezolanos refugiados y emigrantes –la mayoría de los cuales vive en Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe–, hecho que la constituye en la segunda crisis más importante de desplazamiento externo global.

Mientras 4,3 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal, según Acnur dentro del país casi un 50% vive bajo la pobreza, aunque estudios privados elevan esta cifra al 94%, de los cuales el 76% es indigente, según la Universidad Católica Andrés Bello.

Tal como se mencionó, el país también presentaba retrasos importantes en la difusión de sus estadísticas y al FMI se le complicaba su seguimiento dado que, como la Argentina entre 2007 y 2015, Chávez y luego Maduro se negaron a cumplir con la obligación de los miembros del FMI de aceptar la revisión anual del Artículo IV. La decisión se basaba en razones similares a las de los Kirchner: querían evitar que una misión en Caracas pudiera brindarles su opinión sobre los agudos problemas que tenía la economía y, por el contrario, preferían brindar la imagen de que estaban lo más lejos posible del Fondo, aunque sin sacar del todo los pies del plato.

En 2019 se le planteó al staff del FMI otro desafío: dentro de un panorama de extrema fragmentación de la oposición venezolana, el parlamento eligió al diputado nacional Juan Guaidó Márquez, de 35 años, como presidente encargado del país, al no convalidar la validez de las elecciones de 2018. Este dirigente fue reconocido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el Parlamento Europeo y varios gobiernos latinoamericanos, como la Argentina; otros optaron por una postura intermedia, mientras que China, Rusia, Irán, Nicaragua y Turquía no reconocieron esta autoproclamación. No resultaba fácil adoptar una posición tajante, ya que, aunque mostrara buenas intenciones, la oposición venezolana no tenía posibilidades reales de tomar el poder del país y los gobiernos no podían romper relaciones con Maduro sin considerar el efecto negativo que esta decisión podía tener sobre sus intereses en Caracas.

El FMI forma parte del sistema de Naciones Unidas y, por lo tanto, el proceso para reconocer a un gobierno no es nada sencillo. De hecho, requiere de la voluntad de más del 50% de los miembros del organismo, más allá del apresuramiento con el que en 2002 se felicitó al presidente que derrocó transitoriamente a Chávez.

En el caso de Guaidó, había una presión importante de la administración Trump y de otros grandes accionistas para que se repitiera ese gesto. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, rápido de reflejos y sin una oposición interna fuerte, dio ese paso y aceptó como gobernador de ese gobierno autoproclamado al economista de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación del gobierno de Carlos Pérez y execonomista jefe del banco regional. Sin embargo, esta decisión generó consecuencias, ya que China, que oficiaría ese año como país anfitrión de la asamblea del BID en su carácter de país no prestatario, suspendió el encuentro por la aceptación de Hausmann.

En el FMI el dilema era todavía más complejo, porque varios países querían inclinarse por Guaidó –y por lo tanto reconocer a otro representante que no fuera el del régimen de Maduro–, pero en los hechos solo unos pocos lo hacían oficialmente.

La diferencia entre el Banco Mundial y el Fondo con el BID también radica en su membresía. Mientras que en el BID, Estados Unidos, el Grupo de Lima y otros aliados representaban una clara mayoría, en los organismos multilaterales el poder está más repartido.

Lagarde reconoció al final de la asamblea anual de octubre de 2019 que no se había avanzado en la decisión de reconocer o no a Guaidó como presidente en lugar de Nicolás Maduro. “A la hora de decidir cuál es la legítima autoridad en Venezuela, nuestros socios tienen que adoptar una decisión”, se excusó.

Mientras Trump intentó jugar a todo o nada en favor de este reconocimiento, la Unión Europea exhibía, como en muchas otras cuestiones, una postura ambigua. De hecho, durante esa misma asamblea del FMI de 2019, tras un encuentro sobre Venezuela convocado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se llegó a ningún acuerdo.

“No se ha planteado ninguna decisión específica sobre el reconocimiento de Guaidó”, dijo la ministra española de Economía, Nadia Calviño –quien también ejercía como Presidenta del CMFI– tras el encuentro. España era uno de los países atrapados por esta disyuntiva: si bien quería que Venezuela avanzara hacia su democratización, tenía suficientes inversiones e intereses comerciales en el país del norte sudamericano como para desconocer a Maduro y exponerse a represalias.

En este contexto, las discusiones en el Directorio del Fondo resultaban complejas, porque ningún país relevante estaba interesado en una votación que resultara demasiado pareja y dividiera a la institución; y, por este motivo, nunca se llegó a convocar a un sufragio formal.

Al poco tiempo de haber ingresado en el FMI, entendí que debíamos prepararnos mejor ante la eventualidad de tener que realizar un programa con el país para apoyar la transición política y la reconstrucción económica. Por este motivo, organicé un seminario sobre Venezuela al que se convocó al experto en macroeconomía del MIT Roberto Rigobón, a Hausmann y a otros economistas de esa nacionalidad para discutir el futuro del país y entender qué chances había de redactar e implementar un futuro plan de reconstrucción y estabilización.

Debido a las protestas de la delegación venezolana en el Fondo, tuvimos que realizar el encuentro fuera de nuestras oficinas y elegimos un discreto hotel en Washington D. C., el Melrose, que se encuentra a solo unas cuadras del edificio del Fondo.

Esas discusiones técnicas se mantuvieron con un perfil muy bajo y fueron útiles debido a la escasa información que teníamos del país; al menos nos permitía coordinar a un grupo que trabajaba en el tema y tener una visión más completa de la situación y una agenda de reformas. El diagnóstico de este debate se utilizaba como insumo para informar anualmente al Directorio.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia y el fortalecimiento del Grupo de Lima, la cuestión cobró mayor relevancia y se tradujo en un informe llamado “Libro Blanco”, que fue elaborado por el FMI con el Banco Mundial y el BID. Este reporte se discutió con ministros de Estados Unidos –el Tesoro y de Comercio–, Europa y varios países latinoamericanos.

También, como ocurrió con la Argentina, comenzó a analizarse en el Directorio la posibilidad de sancionar al país por los retrasos excesivos en la difusión de estadísticas confiables.

Sin embargo, en las reuniones anuales de Bali, Indonesia, en 2018, nos reunimos con las autoridades del Banco Central de Venezuela, que se comprometieron a volver a proporcionar en forma regular los datos del país. Con este objetivo, establecimos una agenda de trabajo que comenzó a implementarse en noviembre, pero que se suspendió a raíz de la indefinición acerca de quién representaba al país una vez que Guaidó apareció en escena.

Mientras tanto, en el Directorio, para evitar más fricciones, no se reconoció a ninguno de los dos gobiernos, una decisión que frenó, al menos hasta mediados de 2023, el giro de los USD 5.000 millones que le correspondía a Venezuela como parte de la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG) que realizó el FMI a sus socios por la emergencia del COVID. Nadie sabía a quién darle el manejo de esos recursos, tan valiosos y necesarios para un país que probablemente, cuando termine este régimen autoritario, necesite de un paquete de al menos USD 60.000 millones para empezar a salir de la ciénaga.

Una historia de desencuentros

Desde los dos primeros programas realizados por el Fondo con Perú y México en 1954 hasta ahora, el 30% de los recursos desembolsados por el FMI se han destinado a América Latina. Al considerar los recursos comprometidos desde su creación, este porcentaje supera el 50% del total.

Los recursos pueden comprometerse y no desembolsarse por varias razones. En primer lugar, un programa puede darse por terminado de manera anticipada por incumplimiento del país, o porque la situación mejora de manera imprevista y el país decide que ese dinero ya no resulta necesario. El país también puede decidir que no requiere un desembolso en particular. También están los programas precautorios, en los que un gobierno puede adoptar la decisión de no desembolsar los recursos durante el programa, pero sabe que estarán disponibles ante una emergencia. Finalmente, están las líneas contingentes (la línea de crédito flexible y la línea de crédito precautorio) que se otorgan a países con fundamentos macroeconómicos sólidos, sin condicionalidades ni planes de reforma. Por lo tanto, la expectativa es que complementen las reservas internacionales, pero con una alta probabilidad de no ser utilizadas.

El primer programa del FMI con la Argentina tuvo lugar en 1958; con Brasil, en 1961.

El período 1983-2004 fue el de mayor exposición financiera de la institución a América Latina tanto en monto como en duración. Este período cubrió la crisis de la deuda de los 80, el Efecto Tequila en México y su contagio a otros países de la región, así como el programa con Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y el primero de Lula. En 2007 y 2008 el saldo de crédito del FMI con América Latina fue de cero, situación que no perduraría por estar en la antesala de la crisis financiera global del 2009.

Durante sus primeros 78 años de existencia el FMI tuvo 427 programas con la región y otros 1.106 con el resto del mundo.

El año con el mayor número de operaciones fue 2020, aunque muchas de estas fueron créditos de emergencia para apoyar las economías durante la pandemia. De hecho, América Latina fue la región que mayor cantidad de recursos recibió del FMI en la crisis del COVID, utilizándose la mayor diversidad de instrumentos financieros a disposición de sus miembros.

El programa más grande que ha firmado el FMI con la región es la línea de crédito flexible con México por USD 88.000 millones (700% de su cuota) de mayo de 2016 a noviembre de 2019.

Entre los programas tradicionales, el de Argentina en 2018 por USD 57.000 millones ha sido el más grande de la historia en términos nominales. Sin embargo, en relación con su cuota con el organismo, fue del 1.277%, menor que el 3.200% prestado a Grecia en 2010 y el 2.305% a Portugal en 2011.

Esta relevante presencia del Fondo en América Latina refleja la frecuencia de crisis de balanza de pagos y financieras en la región y ha generado una relación negativa. Sin embargo, también muchos países han mantenido un vínculo muy constructivo con el Fondo y han logrado establecer economías estables sin crisis en las últimas décadas, forjando una relación más adulta con el FMI.

México, el elegido

Es casi redundante aclarar que, por la larga frontera que comparten, México –que en la segunda mitad del siglo XX firmó ocho acuerdos con el FMI– es “la” prioridad de Estados Unidos en la región.

En las crisis de 1982 y 1994, los gobiernos de México tenían una visión similar a la del FMI con respecto a las políticas necesarias para hacerle frente a la crisis, lo cual facilitó las negociaciones. Además, contó con el importante apoyo de Estados Unidos para la rápida aprobación e implementación de los paquetes de ayuda.

La primera de estas dos crisis fue desatada por la caída del precio del petróleo y la fuerte suba de las tasas de interés decidida por el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, para frenar la inflación en Estados Unidos de los 70, una década caracterizada por la amplia liquidez para América Latina.

En agosto de 1982, el ministro de Finanzas mexicano, Jesús Silva Herzog, les anticipó a los banqueros de Wall Street y al director gerente del Fondo, Jacques de Larosière, a Volcker y al secretario del Tesoro norteamericano, Donald Regan, que el gobierno de José López Portillo incumpliría el pago de un vencimiento de la deuda externa de USD 300 millones, ya que solo contaba con USD 180 millones de reservas.

Desde 1973, tras la crisis de los petrodólares, la deuda mexicana en dólares se había multiplicado casi por diez. En 1982 se combinaron la caída de los precios del petróleo, el aumento de las tasas de interés internacionales y la recesión en Estados Unidos por la dura política monetaria de Volcker. Tras complejas negociaciones con el Fondo y con Wall Street, se llegó a un acuerdo para postergar los vencimientos del país, a cambio de una fuerte devaluación y el aumento de las tasas de interés.

Doce años después se desató el Efecto Tequila por el alto déficit de cuenta corriente y fragilidad fiscal generados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el telón de fondo del asesinato del candidato presidencial Luis Colosio y del conflicto armado entre el gobierno federal y un movimiento insurgente en Chiapas. Además, influyeron los abultados vencimientos de deuda pública doméstica vinculada al dólar (los Tesobonos).

El gobierno de Clinton no dudó en pedirle asistencia al Congreso de Estados Unidos para evitar que su flamante socio, junto con Canadá, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (que había entrado en vigor en 1994) cayera al precipicio y lo arrastrara. Como los legisladores se opusieron, la administración demócrata dispuso de una multimillonaria ayuda a través del fondo de estabilización cambiaria que administra el Tesoro, mientras lideraba las gestiones para que el FMI también aportara otro paquete de asistencia rápida, que no pudo evitar un efecto contagio sobre otros países de la región, como la Argentina.

Según relató Guillermo Ortiz, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda de México durante esa época, en la reunión anual del BID en Jerusalén en 1995, el ministro Domingo Cavallo se refirió al contagio de la crisis de México a otros mercados emergentes como el Efecto Tequila y su par mexicano le pidió que no le hiciera mala fama a tan buena bebida.

México pasó al nuevo siglo con un cambio importante al elegir, después de setenta y un años, a un presidente de un espacio diferente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que inauguró una nueva etapa de competencia democrática en el país. En este período surgieron otros problemas, como el avance de los carteles del narcotráfico, pero la situación macroeconómica del país se estabilizó.

Cuando se desató la crisis financiera global de 2009 –definida por el Fondo como el colapso económico y financiero más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930–, fue el primero en tomar la línea de crédito flexible del FMI.

Sin embargo, se trataba de un instrumento complejo de aplicar, ya que los países que se sentían candidatos para firmarlo no poseían los fundamentos para lograrlo, como ocurriría con la Argentina tanto en las postrimerías de la convertibilidad como durante el gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, aquellos que sí podían acceder no deseaban ser etiquetados como problemáticos por tener la asistencia del Fondo, ya que no querían convertirse en deudores de un club al que consideraban menos sólido que ellos.

En cambio, México siempre pensó que era un instrumento muy adecuado para su economía. El país tenía un régimen cambiario flexible, pero contaba con pocas reservas (a diferencia de Perú, por ejemplo) y estaba sujeto a riesgos externos e internos importantes. En el frente interno la elección del año 2000 se veía como un probable foco de riesgo, sobre todo si se consideraba que había una posible transición histórica hacia un partido que nunca había gobernado, el PAN.

Por esta razón se trabajó con el FMI para obtener un instrumento con esas características, pero por desacuerdos entre el Banco de México y el gobierno no se pudo concretar. Sin embargo, en la crisis financiera global la volatilidad financiera originada en los países desarrollados comenzó a filtrarse a los mercados emergentes. Así, México fue víctima del cambio de ciclo económico en Estados Unidos, pese a que hasta entonces gozaba de una situación cómoda con un régimen de flotación cambiaria que no exigía demasiadas reservas.

Pero la crisis global provocó una caída del precio del petróleo y los mercados comenzaron a exigir un ajuste y blindaje a las reservas. Además, en 2009 México vivió un anticipo leve de lo que sería el efecto del COVID, cuando tuvo que enfrentar la pandemia de la gripe H1N1. Por esta razón, el ministro de Hacienda, Agustín Carstens, a quien yo secundaba como viceministro, comenzó a pensar en recurrir a esta línea de crédito flexible del FMI.

Se trabajó unos tres meses con el FMI y a principios de 2009 mantuvimos una reunión con el director gerente del organismo, Dominique Strauss Kahn, para terminar de negociar algunos detalles.

Una vez que la discusión de los temas clave hubo concluido, fuimos a ver al presidente Felipe Calderón para presentarle la opción y plantearle que sería una buena idea anunciarlo en la reunión de jefes de Estado del G20 en abril de 2009 en Londres, ya que se trataba de instrumento que la comunidad financiera internacional diseñó para evitar el contagio. Calderón aprobó la idea, pero nos aclaró: “Avancen, pero yo no lo voy a anunciar”. Creo que él no quería enviar la señal de que México necesitaba esta ayuda ni que abusábamos de los recursos de la comunidad internacional. El presidente viajó a la capital británica, donde sería recibido por la reina Isabel II, acompañado por mí; Carstens se sumaría después.

Tras la recepción y el almuerzo que la reina ofreció en honor a Calderón y a la cual llegamos en carroza hasta el Palacio de Buckingham, lo acompañé a ver al primer ministro, Gordon Brown. Se trataba de un economista que había sido ministro de Finanzas, por lo que conocía en profundidad al FMI. También, porque había presidido el Comité Monetario y Financiero del organismo –que asesora a la Junta de Gobernadores sobre estas cuestiones– hasta su nombramiento como jefe de Estado en 2007.

En la tradicional oficina de 10 de Downing Street, Calderón le contó a Gordon Brown que México solicitaría inaugurar la línea de crédito flexible del Fondo. El funcionario británico se entusiasmó y le dijo que era una idea excelente. De hecho, fue mucho más didáctico y convincente que nosotros, al punto tal de que, tras el encuentro, ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que México accedería a esta línea, pese a que el director gerente del FMI todavía no se lo había anunciado al Directorio.

“El éxito de las economías emergentes es una clave para la prosperidad futura de todos nosotros”, dijo en esa ocasión el premier británico, quien había perdido la visión en un ojo en un accidente cuando era adolescente y que fue considerado como uno de los mejores en su rol por haber logrado una baja en el desempleo y en la inflación, junto con una tasa sostenida de crecimiento económico.

Para evitar un problema con el Fondo, planeamos de inmediato una conferencia de prensa con el subdirector gerente del organismo, el norteamericano John Lipsky, en la embajada mexicana en Londres para anunciarlo en forma oficial.

Los miembros del Directorio expresaron su malestar por haber quedado afuera de la decisión, pero todos los gobiernos apoyaron su aprobación. Por mi parte, y debido a la improvisación en el anuncio, tuve que volver en forma anticipada a México, para informarle al Congreso sobre este tema.

Brasil, el emancipado

La otra gran fuente de nervios de Wall Street a principios de los 80 era Brasil, que también mostraba rajaduras en sus finanzas por los mismos motivos que sus vecinos; sin embargo, no exhibió la misma dependencia del FMI que México y la Argentina.

La suba de tasas internacionales dejó al desnudo los problemas generados por el alto déficit fiscal brasileño a raíz de la alta intervención del Estado en la década del 60, que durante los primeros años permitió un repunte del crecimiento económico hasta la crisis petrolera de 1973. Ese gobierno militar tenía un perfil desarrollista, a diferencia de su par chileno, que combinó la presencia del capital extranjero con inversión pública en sectores industriales e importantes obras de infraestructura.

La contracara fue que la deuda externa del país se multiplicó por tres.

Cuando a principios de los 80 hubo un reflujo de fondos desde los mercados emergentes, los bancos norteamericanos temieron que una cesación de pagos de Brasil también los arrastrara con una deuda cercana a los USD 58.000 millones en 1981, una inflación anual del 101% y reservas que estaban por debajo de sus necesidades financieras.

También con el apoyo del gobierno de Ronald Reagan, el régimen militar brasileño recibió un programa de apoyo del FMI en 1983, aunque, como la mayoría de los países de la región, no pudo estabilizar sus variables macroeconómicas hasta la década siguiente, tras el intento fallido de ayuda del Plan Baker de Estados Unidos de 1985.

A principios de 1986, unos meses después de que la Argentina lanzara el Plan Austral para bajar la inflación, el gobierno brasileño de José Sarney apostó por un sendero similar con su Plan Cruzado, para reducir su suba de precios anual del 250%. Aunque no solicitó fondos externos, cambió su moneda, congeló los salarios después de un aumento del 15% y estableció un tipo de cambio fijo; este paquete le brindó unos meses de paz debido a la refinanciación de los vencimientos de su deuda con los bancos norteamericanos.

Pero la tregua fue efímera y sus reservas se desplomaron, por lo que en febrero de 1987 decretó una moratoria de su deuda y dos años más tarde el país caía, como la Argentina, en una hiperinflación del 2.751% en 1989.

Recién en 1994, el presidente Fernando Henrique Cardoso emprendió un camino más serio de estabilización con el Plan Real, que logró reducir la inflación del 2.075% al 66% en 1995 y al 15% en 1996, sin la asistencia del FMI, que recién tuvo que aparecer tras las crisis sucesivas de los países del sudeste asiático y Rusia. Luego de estos episodios, Cardoso dejó de lado el tipo de cambio fijo cuando el estado de Minas Gerais anunció el default de su deuda y los inversores internacionales se preguntaron si no ocurriría un evento similar con los pasivos externos del gobierno federal.

El Banco Central de Brasil dejó flotar el dólar y descolocó al régimen de convertibilidad argentino, que desde entonces solo exhibió una creciente vulnerabilidad hasta su estallido final.

En 2002, el Fondo le concedió USD 30.000 millones al gigante sudamericano y USD 3.800 millones a Uruguay para mitigar el contagio argentino.

La llegada de la izquierda al poder a través del Partido de los Trabajadores liderado por el presidente Lula da Silva no implicó un cambio radical en la política macroeconómica por la decisión del exsindicalista de dejar atrás sus posiciones más dogmáticas, que provocaron sus derrotas electorales previas.

El nuevo mandatario apoyó la extensión del crédito con el FMI a partir del aumento del superávit fiscal primario del 3,7% en 2002 al 4,2% en 2003, el incremento en las tasas de interés, superávit de la balanza comercial y una inflación que, si bien llegó al 9,3% ese año, se mantuvo bajo control. Dos años después, para mostrar autonomía de Washington, Lula anunció en diciembre de 2005 que cancelaría su deuda con el Fondo por USD 15.500 millones, al adelantar los pagos de los vencimientos que llegaban hasta 2007.

Aunque meses más tarde Néstor Kirchner dio un paso similar, el FMI y los mercados reaccionaron en forma positiva con Brasil, pero oscilaron entre el escepticismo y el pesimismo frente a la misma decisión que adoptó la Argentina.

De hecho, el director gerente del Fondo, Rodrigo de Rato, viajó a Brasil y felicitó a Lula al afirmar que el pago de la deuda “refleja el crecimiento de la posición externa de Brasil y demuestra que las autoridades brasileñas han dado la base para la consolidación de la confianza del mercado, el mejoramiento de su desempeño macroeconómico, su perfil doméstico y su deuda externa”. Pese a estar muy cerca de Buenos Aires, el funcionario español no voló a la capital argentina, como reflejo de la desconfianza mutua que existía.

La diferencia con Brasil fue que la Argentina había decidido una fuerte ruptura de contratos al devaluar y pesificar en 2002 y, por su enorme default , quedó al margen de los mercados voluntarios de capitales.

El alto superávit fiscal primario que exhibió Néstor Kirchner en su mandato no era suficiente para generar aplausos en la comunidad financiera internacional, frente a un líder como Lula, que dejaba atrás su dogmatismo y mostraba políticas fiscalmente responsables.

Los buenos alumnos

Las otras economías “grandes” de la región, Chile, Colombia y Perú también tienen una historia importante de programas con el Fondo, 18 en el caso de Chile y 27 programas cada uno para Colombia y Perú, respectivamente. Sin embargo, en 2013, cuando llegué al Fondo, ya nadie veía la posibilidad de que estos países necesitaran programas financieros para atender crisis de balanza de pagos o financieras y el diálogo giraba alrededor de las funciones de asesoría, supervisión y la opción de que contrataran la línea de crédito flexible.

Los últimos programas tradicionales con estos países se aprobaron en 1989 en Chile, en 2004 en Perú y en 2005 en Colombia. Luego Colombia pasó a contar desde 2009 con la línea de crédito flexible y en 2020, por la incertidumbre asociada al COVID, Perú y Chile también tomaron estas líneas.

Experiencias similares se registraron con Paraguay y Uruguay, cuyos últimos programas tradicionales con la institución se rubricaron en 2003 y 2005, respectivamente. Paraguay recibió durante la pandemia un crédito de emergencia que no utilizó.

El período de altos precios de materias primas que se registró de 2003 a 2014 les permitió a los países que implementaban políticas macroeconómicas prudentes consolidar su estabilidad y apertura.

Por otra parte, aquellas economías que aplicaron medidas más proteccionistas, intervencionistas y populistas experimentaron un falso sentido de autonomía, basado en la confusión entre las causas domésticas y externas de su éxito, ya que maximizaban sus aciertos y subestimaban la importancia del contexto global. Estos países experimentaron muchas más dificultades una vez que concluyó el ciclo alcista de los precios de las materias primas.

Esta actitud los llevó a romper varios lazos tradicionales con la comunidad internacional; entre ellos, sus responsabilidades con el FMI, como la elaboración anual del reporte del Artículo IV que cuando llegué a Washington en la región no realizaban la Argentina, Ecuador ni Venezuela.

Los países de Centroamérica y el Caribe tienen una relación estrecha con el Fondo tanto desde el punto de vista crediticio como de apoyo técnico. En la etapa posterior a la crisis financiera global de 2009 se implementaron varios programas en el Caribe y América Central, ya que la caída en las exportaciones, turismo y remesas tuvieron un impacto en estas economías. Uno de los principales destinatarios en la zona fue Jamaica.

A mi llegada al FMI, dada la baja necesidad de programas financieros en la región, me enfoqué más en las cuestiones más analíticas y de asesoramiento de políticas. Luego hubo una segunda etapa en la que se realizaron los programas con Argentina y Ecuador y todas las operaciones financieras para apoyar a los países miembros durante la pandemia.

Durante los casi nueve años que estuve en el FMI se realizaron cuarenta y siete programas con América Latina y el Caribe, veinticuatro de ellos antes de la pandemia y veintitrés entre 2020 y 2021.

De las economías grandes de la región las únicas dos que no obtuvieron financiamiento de apoyo durante la pandemia fueron Brasil y Argentina.

En el caso de Argentina, dados los grandes desequilibrios económicos y la falta de sustentabilidad de la deuda, la ayuda en ese complejo período se debía desembolsar en el contexto del programa de facilidades extendidas negociado durante el gobierno de Alberto Fernández. El país podría haber recibido financiamiento neto, si concluía la negociación del nuevo programa durante 2021. Pero optó por no dialogar sobre esta posibilidad, pagó parte de su deuda y no recibió recursos adicionales.

En cuanto a Brasil, tal vez adoptó esta decisión por su visión de política exterior, que prioriza la posición de demostrar que no requiere apoyo de estas instituciones lideradas por los países desarrollados y así actuar más como un big player que como un potencial sujeto de crédito.

Otro país que no solicitó apoyo en ese crítico momento fue Uruguay, porque este fenómeno sanitario se produjo en el inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou, su acceso a los mercados era bueno y el costo político de indicar su cercanía con el FMI hubiese resultado elevado después de quince años de gobierno del Frente Amplio. Finalmente en el caso de Bolivia, el crédito de emergencia fue aprobado por el Directorio del Fondo, pero el Congreso nunca autorizó su uso y fue devuelto a la institución.

América Latina supo utilizar en forma eficiente los amplios recursos del FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF durante esa etapa. Sin embargo, los recursos otorgados por la comunidad internacional a los países en desarrollo y emergentes fueron escasos en comparación con sus necesidades y con el dinero que gastaron las naciones desarrolladas en sus propias economías. Los gobiernos más ricos estaban más preocupados por mantener la mejor calificación crediticia del Banco Mundial y del BID que en implementar un programa congruente con esa catastrófica situación socioeconómica.

Con los países latinoamericanos miembros del G20, Argentina, Brasil y México, el FMI mantiene relaciones muy diferentes.

En el caso de Argentina, y debido a sus continuos problemas macroeconómicos, el vínculo siempre ha girado en relación con sus temas locales y el diálogo siempre fue intenso. En tanto, Brasil y México ejercen su influencia de mercados emergentes grandes de manera muy disímil.

En el caso de México, utiliza su poder como un participante activo en las iniciativas de la institución y de esta manera siempre se lo ha percibido como un “socio” en la institución. También ha logrado, más allá de su estrecha relación con los Estados Unidos, la mejor cooperación del organismo tanto en temas de financiamiento como de acceso a asistencia técnica. Esta relación también estuvo apalancada por la presencia de varios funcionarios que en distintos momentos representaron al país en el Directorio del FMI, o que trabajaron en el staff en estas últimas décadas. En los últimos años, con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el discurso ha sido más distante del Fondo, pero los funcionarios técnicos mantuvieron su cercanía con el organismo.

En Brasil la estrategia ha consistido en generar diferencias en varios asuntos importantes para la institución, como la crisis europea y la agenda de cambio climático, para llamar la atención y ser parte activa de la negociación. La mejor etapa de la relación bilateral entre el país y el Fondo fue en el gobierno de Cardoso, a través del ministro Pedro Malán y el banquero central Arminio Fraga, ya que había un programa sólido y gran afinidad intelectual.

De todos modos, con vaivenes en la orientación económica entre Lula, Dilma Rousseff y Jair Bolsonaro, el país manejó en forma adecuada las finanzas públicas y cuando este tema generó preocupación se implementaron medidas correctivas que calmaron a los mercados.

El manejo de sus cuentas fiscales, la fortaleza de su política monetaria y el elevado nivel de las reservas internacionales permitieron que el país no volviera a presentar picos altos inflacionarios o falta de financiamiento por períodos prolongados, por lo que pudo prescindir del Fondo. A tal punto que el ministro de finanzas bolsonarista Paulo Guedes, un economista ortodoxo de la escuela de Chicago, ordenó el cierre de la oficina de representación del FMI en 2021 al criticar las discrepancias en las proyecciones estadísticas en torno del PBI del país.

“Voy a decir hasta con delicadeza que estamos prescindiendo del FMI. Están aquí hace bastante tiempo, había bastante desequilibrio y yo firmé: pueden irse. Vinieron aquí para prever una caída del 9,7% (del PBI en 2020) y en Inglaterra del 4%. Nosotros caímos 4% e Inglaterra 9,7%. Entonces, pensamos que mejor hagan sus previsiones en otro lugar”, se quejó Guedes.

Esta actitud se pareció más a un desplante de un mandatario de régimen populista, como Rafael Correa o Hugo Chávez, que a la reacción de un ministro de un país del G20 que debería también fortalecer la institución y negociar sus diferencias a nivel político y no a través de los medios periodísticos, más enfocado en la política local que en sus socios.

Por lo bajo, otro episodio generaría tensiones entre ambas partes, cuando el reporte del staff del Fondo sobre Brasil incluyó en el gobierno de Jair Bolsonaro el análisis de los efectos macroeconómicos del cambio climático, una cuestión que ha sido apoyada por una gran mayoría de los países miembros.

Tal vez Brasil utilizó su influencia como miembro del comité de ética durante las investigaciones que azotaban a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por su accionar previo en el Banco Mundial. El director ejecutivo de Brasil logró que estos comentarios críticos por la falta de atención a las políticas de cambio climático por parte del gobierno de Bolsonaro fuesen excluidos del reporte sobre el país.

El rechazo del staff a esta maniobra se manifestó de una manera que nunca había visto antes en los años que estuve en la institución, ya que filtraron los cambios forzados por la directora gerente a un periodista de la agencia de noticias Bloomberg, quien por supuesto publicó una nota al respecto.

Pese a haber sido apoyado nuevamente por una coalición conservadora para triunfar en los comicios frente a Bolsonaro en 2022, Lula no dejó de cuestionar al Fondo, al punto tal de darse el lujo de criticar a su par argentino por haber firmado un acuerdo con el organismo: “Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo, criticando al FMI. Ahora, cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos por querer resolver el problema del FMI”, declaró el líder del Partido de los Trabajadores (PT), con la confianza de poder hablar sin tener que pedirle prestado a Washington y, a diferencia de la Argentina, con el acceso abierto en el mercado de deuda voluntaria.

Obedientes y rebeldes

Colombia, que cuenta con una historia sangrienta por el flagelo del narcotráfico y el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares, es el segundo país de la región con más acuerdos con el FMI, veintisiete, desde su incorporación al organismo en 1945, luego del castigado Haití, que ha firmado veintinueve.

Sin embargo, desde fines del siglo XX, cuando se registró una recesión, Colombia no ha sufrido grandes crisis macroeconómicas, a diferencia de sus vecinos. La inflación fue del 5,6% en 2021 y saltó hasta el 13,1% en 2022, por lo que se ubicó, aunque muy lejos, en el cuarto lugar de la región después de Venezuela, la Argentina y Haití. En materia de crecimiento económico, las únicas dos recesiones de las últimas décadas fueron en 1999 (-5,1%) y en 2020 (-7%) durante la pandemia. Por esta razón logró ser con México uno de los dos países latinoamericanos que accedieron a la línea de crédito flexible del FMI en 2009. Durante esa crisis financiera ni Chile ni Perú se interesaron en obtener estos créditos.

Colombia también es un país clave en el hemisferio occidental para Estados Unidos por la relevancia en la lucha contra las drogas, pero la mencionada línea no se le otorgó por esa cercanía diplomática con Washington, sino por su riguroso manejo de las cuentas públicas, su política monetaria y su regulación financiera en los últimos cinco años.

Su vecino Ecuador firmó la misma cantidad de programas que la Argentina, veintidós. Aunque logró controlar la inflación al adoptar el dólar como moneda oficial en el año 2000 –registró el 1,9% en 2021 y 3,7% en 2022–, sufrió una inestabilidad mucho mayor en términos financieros por la persistencia del déficit de sus cuentas públicas desde 2009. Tampoco registró un gran crecimiento económico.

Durante la presidencia de Rafael Correa –el economista con un doctorado en la Universidad de Illinois que permaneció en el poder durante diez años y que fue condenado por hechos de corrupción tras dejar la presidencia–, el FMI tuvo problemas para que el país cumpliera con la revisión del Artículo IV. El mandatario tenía una retórica “antiimperialista”, pese a su formación académica en Estados Unidos.

Sin embargo, la caída del precio del petróleo, el aumento del endeudamiento público y las dificultades generadas por los préstamos de China lo llevaron a aceptar este intercambio de información. El primer Artículo IV después de seis años se desarrolló en 2014 de manera remota, en un anticipo de lo que se transformaría, a la fuerza, en la norma para auditar a todos los países en la pandemia, aunque en el caso ecuatoriano parecía que el virus éramos los funcionarios del Fondo.

Correa también le pidió dinero al FMI, a través de un préstamo de emergencia por USD 364 millones por el fuerte terremoto de 2016, y su sucesor, quien había sido su vicepresidente, Lenin Moreno, negoció dos programas con el Fondo, por un total de USD 6.500 millones. Durante la pandemia tuvo que renegociar su deuda con los acreedores privados. Este pedido fue parte del cambio de Lenin Moreno, quien en una primera etapa mantuvo una estrategia económica similar a la de Correa, pero luego se desmarcó, lo criticó por sus actos de corrupción y adoptó una política fiscal más conservadora y una mayor apertura a la actividad privada.

Aunque pueda sonar curioso por su orientación ideológica en el siglo XXI, Bolivia mantuvo una buena relación con el FMI, no por seguir sus recomendaciones, sino por haber ahorrado una parte muy importante de sus excedentes de ingresos por ventas de gas. Por esta razón, mantuvimos un nivel muy bajo de fricción con el presidente Evo Morales, pese a su fuerte retórica contra las políticas predicadas desde el FMI. También hubo un buen diálogo con quien fue su ministro de Hacienda y luego se transformó en presidente, Luis Arce.

Si bien ese país evitó aplicar un ajuste convencional –lo que derivó en una crisis financiera en 2023–, estuvo más atento que las otras naciones andinas en el cuidado de sus recursos y la acumulación de reservas. Esto le permitió que la inflación fuera del 0,9% en 2021 y del 3,1% en 2022. Además, no volvió a sufrir una recesión luego de su hiperinflación en el período 1982-1986, hasta la caída del 8,7% de su PBI en la pandemia de 2020. De todos modos, en 2023 volvió a padecer una aguda corrida de depósitos que lo llevó a implementar fuertes restricciones para el retiro de dólares.

Por su parte, Perú firmó 27 programas con el FMI. La fuerte inestabilidad político-institucional que sufrió en los últimos años, con presidentes que tuvieron que renunciar o fueron desplazados, no se trasladó al sector financiero, al mantener la estabilidad de sus cotizaciones cambiarias, el riesgo país y la estabilidad de precios. La inflación fue del 1,9% en 2020 y del 8,4% en 2022, cuando subió en toda la región por el rebote posterior al COVID y el impacto de la guerra en Ucrania.

Además, la economía peruana sufrió luego de la “década perdida” del 80 apenas dos episodios recesivos: -0,4% en 1998 y -11% en 2020. El país ha logrado una importante estabilidad financiera y de precios pese a su elevada agitación institucional y política.

Finalmente, el “alumno modelo de la región”, Chile, firmó dieciocho acuerdos desde que se sumó en 1945 y registró una inflación del 7,2% en 2021 y del 12,8% en 2022. Aunque durante algunas décadas no necesitó el apoyo financiero del FMI, accedió a firmar un acuerdo para tener de respaldo la línea de crédito flexible por USD 18.500 millones en 2020 y 2022 por la incertidumbre del COVID y la invasión rusa a Ucrania.

El gobierno de izquierda de Gabriel Boric entendió que transmitía una señal positiva a los inversores al aceptar un crédito del FMI. Más aún, brindaba una señal de tranquilidad al lograr una fuerte cantidad de recursos preventivos –en un entorno internacional volátil– tras la crisis generada por el referéndum que lanzó su gobierno con polémicos cambios a la Constitución, que terminó con una amplia derrota para el Poder Ejecutivo.

De modo tal que, salvo en los casos de Venezuela y la Argentina, los países de la región pudieron superar su alta inflación y su montaña rusa de caídas y rebotes del PBI más allá de su cercanía o su lejanía con el FMI y a pesar de mantenerse como una de las regiones más desiguales y menos productivas del mundo.

Mi primer día en el FMI

El 3 de enero de 2013 a las nueve de la mañana ingresé por primera vez al edificio del FMI en la calle 19 y H de Washington D. C. como director del Departamento para el Hemisferio Occidental. Era una mañana típica para esa época en la capital norteamericana, con cero grados y nublado. Aunque años atrás había vivido en ciudades con climas extremos, cuando estudié mi doctorado en el MIT en Cambridge, Massachussetts, y luego al trabajar 18 meses en el FMI, el choque climático al venir del Distrito Federal de México no fue trivial.

Regresaba a la función pública, ahora en el ámbito multilateral, después de menos de tres años de haber renunciado a mi cargo en la Secretaría de Hacienda de México, como cierre de un período de doce años de trabajo en el sector público financiero de mi país. Este regreso no se encontraba en mis planes, pero en septiembre de 2012 una llamada me despertó a las tres de la mañana en Sevilla, España, donde participaba en unas reuniones del grupo financiero BBVA en el que trabajaba en aquel momento. Era Agustín Carstens, presidente del Banco de México, quien creía que yo me encontraba en el Distrito Federal, donde eran las nueve de la noche. Me llamó para preguntarme si estaba interesado en el puesto de director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI ya que durante el verano había renunciado Nicolás Eyzaguirre y buscaban a su sucesor. Le dije que había visto la noticia e inicialmente no lo consideré, pero que lo pensaría seriamente y me comprometí a darle una respuesta. Lo comenté con mi esposa y decidimos que podría ser una buena opción desde el punto de vista familiar y profesional. Al día siguiente volví a conversar con Carstens, quien me dijo que, si me interesaba, hablara con el subdirector del Fondo, David Lipton, quien le había preguntado sobre mi posible candidatura.

A Lipton lo conocía dado que, por sus múltiples responsabilidades en el Tesoro de Estados Unidos y el sector privado, siempre había tenido interés en la economía mexicana y por ello habíamos interactuado en varias ocasiones. En nuestra llamada descubrí que mis expectativas de un rápido proceso –un par de entrevistas con él y con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde– estaban equivocadas. Él me comentó que creía que yo era un muy buen candidato y que debería aplicar a través del portal del FMI. Así, empezó un proceso muy estricto en el que primero tuve una entrevista con un panel de cuatro directores de departamento, después otra con todos los subdirectores gerentes y, finalmente, una reunión con Lagarde. Unos días después recibí su llamada para ofrecerme el cargo y acordamos que comenzaría en enero de 2013.

El FMI presentaba un entorno bastante familiar para mí, ya que en la década del 90 había trabajado allí por unos dieciocho meses en las áreas de Investigación y del Hemisferio Occidental. Y, a lo largo de mi carrera como funcionario público en México, había mantenido un contacto frecuente con la institución, al participar en conferencias, reuniones, recibir a sus equipos en México para las visitas del Artículo IV y de asistencia técnica. También, para negociar la línea de crédito flexible para México en 2009 y sumarme a las reuniones del Comité Monetario y Financiero Internacional como representante de México. Por ello, pocas cosas me llamaron la atención ese día.

La mayoría de los funcionarios del Fondo sentía que la institución había cambiado en forma importante desde 1996, cuando yo había hecho mi primera vuelta como funcionario del organismo. Sin embargo, en mi opinión, a los cuarenta y cinco años, después de haber trabajado en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda de México, así como en la banca privada, los cambios eran relativamente menores. El edificio estaba casi igual: los muebles y los baños eran idénticos y la mayoría de los amigos que había conocido cuando trabajé allí en la década de los 90 permanecían en la institución, al punto tal que a aquellos que llevaban poco menos de una década allí todavía se los percibía como “los nuevos”.

El FMI tiene una rotación escasa de su personal, que suele sentirse satisfecho y desarrolla una capacidad muy específica para ese tipo de trabajo: analizar las economías de los ciento noventa países miembros, diseñar programas de respaldo financiero cuando estos países caen en crisis de balanza de pagos y coordinar la agenda de asistencia técnica. Además, el staff de la institución realiza investigación económica con el objetivo de apoyar el diseño de las políticas económicas de los países miembros.

En esta nueva etapa, llegué sin mi familia a esa particular capital tan internacional, donde la política, el lobby y la diplomacia son las actividades principales, tan alejada del estilo de casi cualquier otra ciudad estadounidense, cosmopolita pero sobria. Al no haber viajado en esa primera etapa con mi esposa y mis hijos, que estaban en la mitad de sus cursos escolares en el Distrito Federal de México, me enfoqué en forma absoluta en mi trabajo. Para aprovechar cada minuto, me mudé a un departamento en el barrio Foggy Bottom, muy cerca de mi nueva oficina, a la que llegaba muy temprano y me iba muy tarde caminando en una travesía que duraba diez minutos.

A bailar el reggae

A principios de 2013 América Latina transitaba por un período positivo en términos económicos, tras la fuerte crisis global de 2009. El rebote estuvo impulsado por el gran estímulo macroeconómico implementado por China, que dio lugar al repunte de los precios de las materias primas.

Por este motivo, ninguno de sus grandes países –Brasil, México o la Argentina– representaba un dolor de cabeza para el organismo que desde el 5 de julio de 2011 comandaba una astuta e inteligente abogada francesa que había sido ministra de Finanzas de su país, Christine Lagarde. Ella llegó después del famoso affaire que involucró a su compatriota Dominique Strauss Kahn con denuncias de acoso sexual.

Por lo tanto, el foco de atención regional estaba colocado sobre los países del Caribe y Centroamérica, importadores netos de energía que sufrían por los altos precios del combustible, y en el caso de las islas de la región, por la caída en la demanda por turismo proveniente de Estados Unidos y Europa. Además, desde el punto de vista analítico el trabajo se orientó a determinar si el crecimiento tan elevado que había registrado la región en el período 2003-2009 se sostendría después de la mejora posterior a la crisis financiera global.

De hecho, al primer funcionario que tuve que ver a las cinco de la tarde, en mi primer día como ejecutivo del FMI, fue a Brian Wynter, el presidente del Banco Central de Jamaica, otro país usuario serial de los programas del Fondo además de la Argentina. El encuentro ocurrió luego de conocer a mis colaboradores más cercanos, quienes me enseñaron demasiados acrónimos que al principio ni llegué a entender, pero que ellos ya manejaban desde hacía más de dos décadas de carrera.

También es muy mala la imagen del organismo multilateral en esta isla caribeña de diez mil kilómetros cuadrados.

Como le ocurrió a casi todos mis antecesores, durante mi período en el Fondo yo también estaría muy ocupado con los dos usuarios seriales de programas de la institución: Argentina y Jamaica; el primero firmó veintidós programas y el segundo, diecisiete.

El país del reggae había experimentado una elevada inestabilidad durante varias décadas, con fuerte inflación y volatilidad en su mercado financiero; su pico más alto fue en la década del 90, cuando la economía de la isla alcanzó una tasa de inflación de un 80% y, desde entonces, su gobierno comenzó una serie de reformas económicas en el contexto de programas financieros con el FMI que no lograron restablecer un proceso de crecimiento económico inclusivo con estabilidad macroeconómica.

En 2013, cuando Wynter me visitó en mi oficina, la inflación jamaiquina rondaba el 10% y el acceso a los mercados internacionales de capital se había cerrado. Él buscó convencerme de que era relevante el apoyo del FMI a esta excolonia británica que integra el Commonwealth, una economía pequeña basada en el turismo, con una deuda de USD 8.300 millones y uno de los índices de desarrollo humano más bajos de América Latina.

A fines de los 70, Jamaica era una economía acostumbrada a amplios derechos laborales y sociales fuertes, pero con un sistema tributario débil, muy caribeño. Este déficit ha derivado, como en otros países de la zona, en altos desequilibrios fiscales y, en consecuencia, en una importante suba de la deuda pública hasta niveles insostenibles. Esta situación dio lugar al acuerdo stand by con el FMI que se cerró durante el primer semestre de 2013.

Una buena parte del staff estaba en contra de brindarle otra chance a Jamaica por la cantidad de programas fallidos que ya había registrado, tal como había ocurrido con la Argentina, pese a las múltiples diferencias entre ambas economías. Por esta razón, casi todos los que intervenían querían ser muy duros en la negociación, que demoró casi cuatro meses, ya que le asignaban bajas chances de éxito.

La isla no tiene una historia de defaults de su deuda externa como la Argentina, ya que su Constitución le prohíbe al gobierno defaultear esa deuda. Por lo tanto, los principales ejes de discusión fueron la reestructuración de la deuda interna, el ajuste fiscal reflejado en el superávit primario requerido para estabilizar las finanzas públicas y la fluctuación del tipo de cambio. Queríamos que la moneda fuera competitiva y reflejara las presiones de la balanza de pagos, mientras que el gobierno, al igual que la mayoría de los países, temía que una depreciación detonara una espiral inflacionaria.

Con un programa del FMI apoyado por la mayoría de los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos, bajo el liderazgo del ministro de Hacienda Peter Phillips y Bryan Wynter, este economista jamaiquino nacido en 1959 en Kingston, que me esperaba ansioso en mi primer día de trabajo, lanzó una serie de reformas importantes para imponer la sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria. Ya avanzada la implementación del programa, se adoptó el esquema de objetivos de inflación. Algunos años más tarde, para consolidar la independencia del Banco Central y generar mayor confianza en el esquema de inflation targeting , se difundió un video con ritmo de reggae que explicaba –con una letra que comenzaba diciendo “no queremos que sea muy alta, ni muy baja: cuando la inflación es estable y previsible, esa es la manera de avanzar”– los beneficios de este sistema que permitió que los precios subieran apenas el 2,4% en 2018, mientras que en la Argentina trepaban al 47,7%.

Los dos programas realizados con Jamaica durante el período 2013 a 2019 son considerados como unos de los más exitosos que ha realizado la institución en las últimas décadas. Tuvieron un gran nivel de aceptación en toda la sociedad, y por esta razón en febrero de 2016, cuando el Partido Laboral de Jamaica ganó las elecciones, rápidamente se acercó al Fondo para compatibilizar su plataforma de campaña con el programa y así anunciar la continuidad de este a través de la transición política. Después de casi siete años y dos programas (un stand by y un acuerdo de facilidades extendidas), se cerró esta exitosa etapa en la relación entre la nación caribeña y el FMI.

Más allá de las duras discusiones técnicas sobre la economía, una condición que impuso la jefa de misión a ese país y que permitió distender el ambiente fue la necesidad de reunirse y observar un entrenamiento del héroe local Usain Bolt.

El otro país del Caribe con el que se establecieron programas que lograron buenos resultados fue Barbados. En 2018, su primera ministra Mia Moteley ganó con comodidad las elecciones y de inmediato nos buscó para negociar un ambicioso programa de estabilización. De esta manera, comenzó un intenso período de trabajo que incluyó la reestructuración de la deuda y el fortalecimiento fiscal y monetario, con la implementación de reformas estructurales. Esta conjunción logró un impacto muy favorable en la isla y le permitió a Moteley posicionarse como la voz más relevante de las economías pequeñas a nivel internacional, al cumplir un destacado rol en la cumbre de cambio climático organizada por Francia en 2023.

La Argentina en el Fondo

Una de las relaciones más complicadas que ha mantenido el FMI a través de su historia ha sido con la Argentina. Desde la creación del Fondo, este país ha solicitado veintidós programas y ha caído en nueve cesaciones de pago de su deuda soberana. El FMI ha sido una presencia permanente en la Argentina y esta nación sudamericana ha sido una constante preocupación y foco de tensiones internas en el organismo.

La Argentina de 2013 era sumamente distinta al país en el que nací en 1967 y también al que tuve que dejar con mi familia fruto del exilio en marzo de 1977 que, con escalas en varios países de la región, desembocó en México, donde crecimos y nos arraigamos.

En términos positivos, era una democracia dinámica en la cual la histórica presencia del Ejército en la vida política era un factor del pasado.

Pero en la dimensión económica y social, se percibía claramente el deterioro de la calidad educativa, la salud pública, la infraestructura, elementos que en el pasado distinguieron al país del resto de América Latina. Se notaban todavía algunas cicatrices de la crisis de 2001, pese al fuerte crecimiento económico registrado desde 2003 –con un promedio cercano al 8% anual hasta 2008–, que había sido acompañado por una baja inflación hasta 2005 y por superávits gemelos, fiscal y comercial, hasta 2009.

Una vez restablecida la democracia, mi familia viajaba con frecuencia a Buenos Aires. Tiempo después, en la medida en que los estudios, el trabajo y los compromisos familiares me lo permitían, siempre aprovechaba cualquier oportunidad para regresar, pasear, encontrarme con mis amigos y mi familia.

A partir de mi ingreso al FMI –y debido al enfriamiento de la relación entre esta institución y el gobierno–, estos viajes se redujeron a pasos fugaces durante las misiones a Chile, Uruguay y Paraguay.

En estas visitas me sorprendía el anacronismo de la situación macroeconómica, la existencia de restricciones de capitales, tipos de cambio múltiples, controles de precios, que contrastaba con la de la mayoría de los países latinoamericanos que ya registraban inflaciones bajas, apertura de la balanza de pagos, bancos centrales independientes y regímenes de cambio flexibles.

El FMI dejó de ser relevante luego de la explosión de la convertibilidad de fines de 2001 y, sobre todo, del pago de la deuda al organismo decidida por Néstor Kirchner en 2006, que operó como un gesto más simbólico que real de autonomía.

El país no aprovechó los años de abundancia posteriores a la crisis de 1998-2002 para hacer las reformas que habían comenzado a encarar varios de sus vecinos para amortiguar el fuerte efecto de los shocks globales.

En la crisis global de 2009 se hablaba poco del FMI en las calles de Buenos Aires, salvo en los discursos de la presidenta Cristina Kirchner que apelaban al enfrentamiento retórico con Washington. Sin embargo, el Fondo le había girado a su gobierno USD 2.500 millones durante el reparto de la “moneda” del organismo, los DEG, cuando sus principales miembros decidieron realizar esta emisión de la moneda global para aportar liquidez al sistema financiero internacional durante la crisis financiera global. La Argentina pudo así cubrir parte de su déficit fiscal de 2009.

El problema que tenía el Fondo con el gobierno era menor que en otras épocas donde había programas vigentes, pero grave: desde enero de 2007, primero el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina comenzaron una tarea sistemática de manipulación de los datos públicos que elaboraba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En paralelo, el gobierno había dejado de cumplir con otra de sus obligaciones como socio del FMI al interrumpir las revisiones del Artículo IV. Los otros países que no cumplían con esa revisión eran Ecuador, Eritrea, Venezuela, República Centroafricana, Siria y Somalia.

El gobierno luego puede tomar en cuenta o no estas recomendaciones, pero la gestión de Cristina Kirchner prefería mantener la imagen de equidistancia con el FMI. Además, cualquier discusión implicaría un conflicto cuando se le planteara al Ministerio de Economía que no podía ocultar los datos de la realidad.

En una de mis primeras conferencias de prensa en el Fondo un periodista argentino me preguntó cuándo regresaríamos a realizar estas visitas y, para distender la situación, le respondí que lo haríamos cuando Independiente, el club de fútbol al que mi padre nos llevaba los domingos a ver a mis ídolos Ricardo Bochini y Daniel Bertoni, volviera a la primera división. Este fue otro de los pronósticos fallidos que realizaría durante mi paso por el FMI, ya que Independiente regresó a primera en junio de 2014, mucho antes de la normalización de las relaciones entre Argentina y el Fondo.

El FMI había intentado sin éxito un acercamiento con la presidenta. De hecho, el último ministro de Economía de su primer mandato, Amado Boudou, le prometió a Strauss Kahn en la asamblea anual de Estambul en 2009 que normalizaría la cuestión de las estadísticas públicas y del Artículo IV, pero fue desautorizado por los Kirchner apenas regresó a Buenos Aires. Al priorizar su carrera política, este economista formado en el CEMA logró que lo designaran como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2011, cuando Cristina Kirchner obtuvo el 54% frente a una oposición muy dividida.

Esa reelección se produjo en un contexto que comenzaba a ser crítico en términos macroeconómicos –entre 2007 y 2011 habían salido del sistema financiero unos USD 80.000 millones y, apenas pasaron esos comicios, se instaló un duro “cepo”–, pero sin que el malestar permeara todavía hacia la mayoría de la sociedad.

Durante su segundo mandato, los indicadores socioeconómicos no fueron positivos para el país; aunque cuesta determinar qué ocurrió por la manipulación del Indec, la inflación, según el índice elaborado por el Congreso Nacional a partir de consultoras privadas (IPC Congreso), fue del 127% en su primer gobierno (2007-2011) y del 177% en el segundo (2012-2015). Por su parte, el nivel de actividad cayó en 2012 y 2014 y creció cerca del 2% en 2013 y 2015 (años electorales); las reservas netas del Banco Central cayeron de USD 34.000 millones a un saldo negativo de -USD 3.800 millones.

Además, pese a que el gobierno no pudo acceder al mercado voluntario y a que no tenía un crédito del Fondo, el porcentaje de deuda-PBI creció del 39% al 52% entre 2011 y 2015; también, aumentó el stock de deuda pública en términos nominales. Por otro lado, se incrementó levemente la tasa de pobreza y cayó el PBI per cápita, según mediciones alternativas. Claro que no podían responsabilizar al FMI por estos malos indicadores diez años después de haber terminado el último programa con el organismo al que culpaban de todos sus males y problemas.

Este era el contexto en el cual se daba la relación entre Argentina y el FMI cuando me incorporé en enero de 2013. Previo a esta etapa, mi conocimiento y estudio sobre esa economía se reducían a la información periodística, las interacciones con los funcionarios financieros en las reuniones internacionales y la experiencia de escuchar a la presidenta Kirchner en las reuniones del G20. Durante estos encuentros, en más de una ocasión en la que su participación se extendía mucho más que lo planeado para cada expositor, el presidente Calderón cuando me veía distraído me comentaba con ironía: “Alejandro, ponle atención a tu presidenta”.

Capítulo 2

Te amo, te odio, dame más

La Argentina fue el único país grande de América Latina que demoró su ingreso al Fondo hasta el cambio de estrategia de política exterior encarada por el gobierno militar que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en 1955. Hasta entonces, el justicialismo intentó mantener una postura de presunta autonomía –la denominada “tercera posición”– que no le evitó ni una crisis ni un fuerte ajuste antes del golpe.

Quien aconsejó este cambio de estrategia fue el asesor del gobierno de facto, el heterodoxo Raúl Prebisch, y quien lo ejecutó fue el ministro Eugenio Blanco, un economista que también presidió el Banco Central.

¿Qué decía el FMI en su balance de 1956 sobre la economía argentina?:

A pesar de la presión inflacionaria, Argentina mantuvo el volumen de sus principales exportaciones en 1955, pero como consecuencia de la reducción de los precios disminuyeron los ingresos por exportaciones. Esto, junto con un fuerte aumento de las importaciones, derivado principalmente de la necesidad de reponer las existencias agotadas por las severas restricciones de años anteriores, provocó un grave deterioro de la balanza de pagos de Argentina.

Los controles de precios, que se habían relajado a finales de 1955, volvieron a endurecerse. También se intentó estabilizar los salarios, pero en febrero de 1956 se permitió un aumento salarial del 10%. A pesar de los aumentos de impuestos, el presupuesto de 1956 seguía arrojando un déficit equivalente a cerca de un tercio de los ingresos públicos totales.

El cambio de mayor alcance en las políticas cambiarias se anunció en Argentina el 27 de octubre de 1955. El nuevo sistema comprende dos mercados de cambios: el mercado oficial, con un tipo de cambio fijo y el mercado libre, con un tipo fluctuante determinado por las fuerzas del mercado.

Se han suprimido las restricciones que afectaban a las remesas financieras y los movimientos de capital, y estas transferencias pueden hacerse ahora libremente a través del mercado libre de cambios, sin autorización.

Curiosamente o no, estas definiciones se escucharían una y otra vez en torno de la Argentina en las décadas siguientes, hasta el presente.

Una democracia con deudas

La Argentina cumplió felizmente en 2023 cuatro décadas consecutivas de un inédito proceso democrático sin violencia política, aunque con notables deudas en materia socioeconómica. ¿Qué responsabilidad le correspondió al FMI en este resultado negativo?

El consenso social que se estableció para erradicar a los militares del poder político no se pudo extender para solucionar los problemas distributivos que generan los desequilibrios macroeconómicos del país.

Esta contradicción entre los compromisos sociales adoptados por el Estado y la falta de una base fiscal que permita su sano financiamiento ha llevado a los gobiernos a la excesiva emisión monetaria o a episodios de rápido endeudamiento que terminan en default . Esta falla es la causa fundamental de las crisis recurrentes y de la omnipresencia del FMI en el país. Pero ¿qué responsabilidad le cabe al organismo en los pobres resultados económicos que ha registrado Argentina en las últimas décadas?

De 1982 a 2022 el crecimiento económico per cápita de la Argentina fue casi nulo y su mayor recesión fue en 2002, cuando el PBI per cápita bajó al nivel registrado treinta y cuatro años antes, en 1968. El crecimiento argentino desde los 80 fue el cuarto peor resultado de América Latina, ya que solo superó a Haití, Bahamas y Barbados. Además, durante estas cuatro décadas Argentina experimentó tres desastres económicos (caídas acumuladas del PBI per cápita mayores a 10%) en 1988-1990, 1998-2002 y 2015-2020. También en este período sufrió tres episodios de décadas perdidas (períodos mayores a diez años en los que el PBI per cápita no crece) en 1975-1993, 1997-2006 y 2012-2023.

En este mismo lapso el resto de los gobiernos de la región, salvo Venezuela y Haití, lograron derrotar a la inflación, mientras que la Argentina no pudo dejar atrás este flagelo, ni las constantes cesaciones de pago de su deuda soberana.

Las condiciones económicas que heredó Raúl Alfonsín eran muy complejas y, como el resto de los gobiernos, él también cometió numerosos errores que deben ser analizados a partir de la pesada herencia que recibió del último gobierno militar y del entorno internacional que predominó durante su mandato. Entre otros desastres, durante la dictadura hubo un fuerte crecimiento de la deuda externa –que se multiplicó por cinco entre 1976 y 1983 por el déficit fiscal generado por los militares–, la altísima inflación y una crisis regional disparada por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos.

Durante ese oscuro período de terrorismo de Estado, la deuda pública creció un 476% y la relación entre el PBI y el endeudamiento pasó del 18,9% en 1975 al 63,6% en 1983; mientras tanto, la inflación fue del 1.680% en esos años de plomo.

El radicalismo gobernante desde fines de 1983, enfocado en la recuperación de la convivencia en términos políticos detrás del fuerte liderazgo de Alfonsín, no tuvo la misma convicción para aceptar la necesidad de los cambios económicos que había registrado el mundo. El gobierno se quedó a mitad de camino entre un planteo de modernización iniciado en 1985 y la reivindicación de consignas añejas y vacías de contenido, tal como lo relata en forma magistral Juan Carlos Torre en su libro Una temporada en el quinto piso .

Ese mandato presidencial terminó con una baja acumulada del 4,3% en el PBI y un aumento del 44,6% en los compromisos externos.

El nivel de inflación y el precio del dólar fueron las variables más dolorosas del período por sus incrementos astronómicos, con una suba de precios que empezó en 688% en 1984 y terminó en 4.923% en 1989, con un “respiro” en el medio del 82% en 1986 con el Plan Austral.

En la década del 90 el gobierno de Carlos Menem fue la única excepción del período democrático moderno, con un programa ambicioso de reformas macro y micro de la economía argentina.

Sin embargo, aunque realizó un proceso de privatizaciones profundo, el resto de las medidas necesarias para enfrentar el problema fiscal fueron insuficientes. En tres de los cuatro años de su primer mandato el crecimiento del PBI fue positivo, pero también crecieron la deuda y el gasto público. Mientras el FMI miraba para un costado, aumentaba el porcentaje de deuda en relación con la mayoría de los indicadores domésticos. La Argentina se convertía en la estrella de los mercados emergentes, aunque el fuerte atraso cambiario tornó inviable la dinámica del endeudamiento.

La inconsistencia entre la pérdida de autonomía monetaria implícita en el mecanismo de la convertibilidad y la falta de consolidación fiscal fue la causa del fin de este régimen.

Sobre todo, en un contexto internacional adverso, por la apreciación del dólar y la depreciación del real brasileño, se generó el caótico final de la convertibilidad tras la crisis 1998-2001. La sociedad sufrió el peor golpe de la historia y más de la mitad de los argentinos quedó bajo la línea de la pobreza. La deuda pública alcanzó USD 137.320 millones en 2002, aunque una parte dejó de pagarse desde la salida del débil gobierno de Fernando de la Rúa.

La inflación, que ascendió al 40% en 2002 tras diez años sin suba de precios, pareció dejar de ser un problema tras este estallido por la gran laxitud del mercado laboral y por una conducta fiscal responsable que se reflejó en un importante ahorro de las cuentas públicas en términos primarios, que se contrapuso con la mala praxis en materia de respeto a los contratos, con los individuos y las empresas. Toda la tolerancia que el FMI había demostrado durante los 90, giró a la actitud opuesta después de 2001, cuando le exigió reformas insólitas para un período de extrema debilidad política y económica.

Ante el primer síntoma de incremento de los precios en 2005, cuando la inflación fue del 11%, la respuesta del gobierno de Néstor Kirchner no fue atacar las causas sino distorsionar las estadísticas de la suba de los precios al consumidor.

Alentado por una recuperación de la demanda y un formidable ciclo externo por la suba del precio de las materias primas, el crecimiento económico del país rondó el 8% anual entre 2003 y 2007, mientras que el PBI per cápita pasó de USD 9.000 a USD 14.000 entre 2003 y 2011 y la participación de la masa salarial sobre el PBI saltó del 27% al 43% en ese período. Desde 2012, todos esos indicadores empeoraron una vez que se terminó el boom de las materias primas que había empezado en 2002, dado que ya no había control alguno sobre las cuentas fiscales.

Es importante destacar la magnitud del favorable impacto de ingresos adicionales que recibió la Argentina por el aumento en el precio de las materias primas. De acuerdo al cálculo realizado por Adler y Magud durante el período 2003 a 2012, el país contó con más de USD 300 mil millones adicionales por mayores precios de las materias primas.

Entre 2003 y 2008 la Argentina registró un fuerte crecimiento luego de una depresión de cinco años (1998-2001) y de un fuerte ajuste fiscal y monetario registrado en 2002 en el gobierno de Eduardo Duhalde. Ese ciclo expansivo no solo respondía meramente al “rebote del gato muerto” una expresión que predicaban Anne Krueger y otros economistas. La idea se basaba en un concepto de las finanzas que muestra que una acción de una empresa que está en franca caída podía registrar una recuperación fuerte durante un período breve, sin detener su marcha descendente. Pero sí se asentaba, más que en sus fortalezas locales –aunque la mejora en el tipo de cambio fortaleció las exportaciones–, en el boom de las materias primas que experimentó el mundo a principios del siglo XXI y que favoreció a la mayoría de los países emergentes y benefició a la Argentina en particular con mejores términos de intercambio que a fines de la década del 90.

Para confirmar que la Argentina no era una “excepción” solo basta observar que de 2000 a 2014 el país creció en promedio apenas más que México, pero igual que Brasil y poco menos que Chile; es decir, casi toda la región se benefició por este fenómeno, también explicado por la incorporación de China como un factor de alta demanda de las materias primas.

Además, hubo una clara diferencia entre el sólido rebote del PBI per cápita entre 2003 y 2007 (7,8% en promedio) y los períodos posteriores, con una tasa mucho más modesta del 2,6% en promedio hasta 2011 y una caída del 0,8% entre 2012 y 2015.

Como señaló el economista Matías Kulfas en su libro Los tres kirchnerismos , antes de ser ministro del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, “se sucedieron fases de acelerado crecimiento económico (sobre todo, entre 2003 y 2008, y entre 2010 y 2011), hubo períodos críticos (fundamentalmente entre fines de 2008 y 2009, cuando el país se vio afectado por la crisis internacional), etapas de fuerte desaceleración (2012 y 2013) y un final marcado por el estancamiento general y la retracción de algunos sectores (2014 y 2015)”. Kulfas, muy cercano a Alberto Fernández, afirmó que “las respuestas de política económica se orientaron a administrar la escasez de divisas, lo cual condujo a implementar restricciones a su adquisición y propició una mayor intervención en los sectores productivos expuestos al mercado externo”.

De este modo, el economista heterodoxo anticipaba la herencia recibida por Mauricio Macri a fines de 2015, con cuatro años consecutivos de déficit fiscal, un PBI per cápita inferior al de 2011 y reservas internacionales en el BCRA que cayeron el 49% en ocho años. Además, una inflación acumulada del 476%, un considerable atraso cambiario (el dólar oficial creció menos de la mitad de la inflación), el default de la deuda con los bonistas y la manipulación de las estadísticas sociales que escondió, entre otros problemas, la suba de la pobreza.

En 2016 el gobierno de Macri comenzó un proceso de normalización de ciertas variables con un enfoque gradualista ante la percepción de que la sociedad quería un cambio institucional, pero que no acompañaría políticas económicas de shock que dejaran atrás la inflación y abrieran la economía a la competencia internacional. La estrategia era contradictoria, porque si por un lado se defendía el “gradualismo” para ser precavidos en encarar reformas, al mismo tiempo se anticiparon rápidos resultados en el crecimiento, la inversión y el empleo. Esta brecha de velocidades no tomaba en cuenta que los inversores sabían que detrás del gradualismo se escondía la falta de apoyo social a las reformas estructurales y al orden fiscal y monetario.

El resultado fue que la llegada de las inversiones de mediano plazo fue menor a la esperada, mientras que la rápida eliminación de todos los controles cambiarios generó el ingreso de capitales de corto plazo por la normalización de la deuda. Estos capitales, miopes como en tantas otras ocasiones, creyeron que podían ganar en el corto plazo con la Argentina y escaparse a tiempo en caso de que, como ocurrió en 2018, se presentara un escenario negativo.

El PBI cayó cerca del 2% anual en tres de los cuatro años de esa administración. La excepción fue 2017 con un rebote del 2,8%, mientras que la inflación fue del 24,8% en 2017, del 47,7% en 2018 y del 53,8% en 2019.

En 2020 el gobierno de Alberto Fernández arrancó con una caída del PBI del 9,9% en medio de la pandemia por el COVID y la larga cuarentena, que se compensó con un rebote en 2021 y 2022, mientras que la inflación pasó del 36% en 2020 al 95% en 2022 y a tres dígitos en 2023.

Como en los períodos previos del kirchnerismo, la ausencia de un programa económico coherente, el apego a teorías económicas que no han funcionado en el resto del mundo y el predominio de los objetivos políticos por encima de las decisiones de Estado derivaron en un deterioro económico y social.

Desde 1983 el crecimiento anual promedio del PBI fue del 1,5%, apenas medio punto por encima del crecimiento demográfico vegetativo. Este resultado, como indicó la Universidad Católica Argentina (UCA), resultó “claramente deficitario para atender deudas sociales históricas, o para responder a justas demandas sociales y, sobre todo, invertir en el capital humano de las nuevas generaciones. Lo anterior se tradujo en un piso de pobreza del 20% desde la recuperación democrática y un nivel actual del 40%”. El año 2023 arrancó con unas dieciocho millones de personas pobres en el país contra el millón y medio que había en 1974.

Si bien el punto de partida de la decadencia no fue el reinicio de la primavera democrática, desde entonces los diferentes gobiernos no supieron, no quisieron o no pudieron corregirla. En todo caso, no pudieron generar el consenso para la construcción de un nuevo contrato social que volviera consistente el nivel de los ingresos públicos con un creciente gasto del Estado. Cuando estos desequilibrios derivaron en las crisis recurrentes que atravesó el país, el FMI –que por supuesto varias veces presentó respuestas equivocadas– fue utilizado como un instrumento más en el proceso de ajuste.

¿Culpable o inocente?

De 1982 a 2005 el país adoptó diversos acuerdos con el FMI y luego volvió a firmar uno en 2018 y otro en 2022. Pero las cifras demuestran que el país no escapó de su propio tobogán aun cuando no contaba con un programa de ajuste externo.

Sería materia de un debate interminable y contrafáctico saber cuál es la responsabilidad del FMI en los pésimos resultados económicos registrados por Argentina en estas cuatro décadas. También resulta complejo imaginar qué hubiera ocurrido si el Fondo “no regresaba”, como lo proponía el kirchnerismo, a través de un acuerdo de asistencia financiera en 2018. Cabe aclarar que Argentina nunca se fue del FMI, se mantuvo dentro del organismo y gozó de sus beneficios –aunque no participó en forma activa en sus actividades, ni cumplió con todas sus obligaciones–, pero todos los indicadores del segundo gobierno de Cristina Kirchner exhibieron un retroceso importante sin un acuerdo con Washington.

La “autonomía” o “independencia económica” –una de las frases preferidas de la doctrina justicialista– no se reflejaron en un mayor bienestar de la sociedad pese la retórica oficialista, sino todo lo contrario. Tampoco en los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández había acuerdo y por lo tanto se le canceló deuda al Fondo por USD 6.359 millones hasta febrero de 2022 sin que mejoraran los indicadores sociales, debido a la falta de un programa económico integral que restableciera la estabilidad y el crecimiento. Finalmente, el acuerdo “light ” firmado en marzo de 2022 no contenía medidas ambiciosas como para alterar el rumbo de la degradación previa y el gobierno solo lo buscó para no incurrir en atrasos con el organismo, una táctica avalada desde Washington.

A estas cuestiones endógenas se debe sumar una tajante comparación: el flagelo de alta inflación –que derivó en un “coqueteo” con la hiperinflación, según la definición del viceministro Gabriel Rubinstein, de la gestión de Sergio Massa– siguió azotando a la sociedad argentina.

El resto de América Latina pudo controlar este problema hace casi dos décadas –salvo Venezuela y Haití–, pese al repunte registrado en 2022 a la salida de la pandemia y al aumento en el precio de las materias primas generado por la invasión rusa a Ucrania.

Mientras a fines de 2022 el país oprimido por la dictadura de Nicolás Maduro mantenía una inflación cercana al 305% –luego de cuatro años de hiperinflación–, la Argentina del 95% y Haití del 48%, el resto del pelotón regional se mantenía muy por detrás, con un 12% en Chile y Colombia y el resto en un solo dígito cómodo (con Bolivia por debajo de todos con el 3% anual), más allá del signo ideológico de sus gobiernos o de su posicionamiento respecto del FMI.

¿Qué equivocaciones y medidas negativas influyeron entonces para que la Argentina registrara un pésimo desempeño económico en las últimas décadas y se encontrara con una inflación de tres dígitos en 2023?

Las decisiones de política económica más relevantes de estas últimas décadas se adoptaron sin ninguna consulta al FMI y, en varios casos, generaron dudas importantes en el organismo. En todo caso, en varias oportunidades se le puede endilgar al Fondo haber tenido una actitud más reactiva que proactiva.

En los 80, en el Fondo no convencían los componentes heterodoxos del Plan Austral, que fueron determinantes en su fracaso.

En los 90 el organismo no creía en la convertibilidad y sugirió la necesidad de una mayor disciplina fiscal y una política impositiva más estricta para reducir la vulnerabilidad del régimen cambiario. Estas políticas recién se adoptaron tras el Efecto Tequila. La asistencia del Fondo se mantuvo entonces por la agenda de reformas y privatizaciones, aunque hubiera diferencias en torno de las medidas macroeconómicas.

En el “blindaje” de 2000-2001 se le pidió al gobierno de Fernando de la Rúa una devaluación nominal del tipo de cambio y una reestructuración de la deuda con las reservas suficientes en el Banco Central, que fueron rechazadas hasta el fin de esa administración política. Estas medidas recién se adoptaron tras el vacío de poder de fines de 2001, cuando cinco presidentes se sucedieron en el cargo en una semana.

Entre 2002 y 2003, el Fondo, de la mano de la dureza de la subdirectora gerente Anne Krueger, exigió la privatización de los bancos públicos y el aumento en forma progresiva de las tarifas de los servicios públicos, pero ambas iniciativas, entre otras, fueron desechadas.

Durante la primera fase del gobierno de Mauricio Macri la estrategia de política económica se diseñó sin ninguna asesoría del FMI. Las principales decisiones de política económica fueron el gradualismo fiscal, la rápida apertura de la cuenta de capitales y la adopción del esquema de objetivos de inflación junto con metas de reducción de la tasa de crecimiento de los precios muy ambiciosa. Todas estas decisiones fueron cuestionadas en los Artículos IV de los primeros dos años de ese gobierno, así como el supuesto de la rápida recuperación de la tasa de inversión.

También hubo muchas coincidencias en varias reformas y decisiones de política pública, pero las principales líneas estratégicas macroeconómicas no respondían a las ideas que hubiese sugerido el FMI. Además, a los pocos meses de la firma del acuerdo de 2018, el staff consideró que la política monetaria debió ser más consistente, dura y con menos intervenciones en el mercado cambiario.

Para el Fondo, el gobierno de Macri dependía demasiado de los mercados externos y se había confiado en forma excesiva del proceso de desinflación, por lo que sugirió tibiamente reinstalar en forma parcial los controles de capitales eliminados en 2016. Esta decisión recién se adoptó en medio de la crisis generada por el resultado de las elecciones primarias (PASO) de agosto de 2019.

Desde diciembre de ese año, el equipo liderado por Kristalina Georgieva le pidió a Alberto Fernández –en sintonía con el Tesoro de Estados Unidos– un plan económico integral en términos monetarios, fiscales y estructurales para evitar que se disparara la inflación y restablecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico. Pero recién comenzaron a adoptarse algunas decisiones (parciales y contradictorias) a partir de julio de 2022 cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía en medio de la fuerte crisis política entre el presidente Alberto Fernández y la líder del oficialismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En todas estas etapas el FMI siempre “corrió de atrás”, con una actitud destinada a corregir medidas adoptadas localmente y que no tomaban en cuenta los riesgos que generaban.

Las causas de la decadencia

Sin alejarse demasiado en el tiempo, cabe mencionar algunos factores estructurales de las últimas dos décadas que profundizaron la crisis, más allá de la ausencia o la presencia del FMI en el país:

El superávit de las cuentas públicas se perdió en 2011, a partir de un déficit financiero del 1,4% del PBI que aumentó al 5,1% en 2015, al 5,7% en 2017 y al 8,5% en 2020, en plena pandemia. Luego retrocedió al 4,5% en 2021 y al 4,2% en 2022 tras un importante ajuste de las cuentas públicas.

La explosión de la convertibilidad en 2001, como se mencionó, derivó en una nueva y progresiva indexación de la economía y una creciente inflación, con un promedio del 11% con Néstor Kirchner y del 25% con Cristina Kirchner.

El proceso de pesificación forzado de la deuda del país luego de la crisis de 2001, que pareció darle un espacio creciente al mercado de deuda en moneda local como en otros países de la región, fue revertido y destruido por la manipulación de la deuda atada a la inflación desde 2007 y la estatización en 2008 de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), jugadores institucionales clave en el mercado local.
Esta mala conducta llevó primero a que el gobierno emitiera deuda a tasas que llegaron a un 14% a la Venezuela de Hugo Chávez y, luego, a generar el vaciamiento de las reservas del Banco Central a partir de 2011 con una presunta estrategia de “desendeudamiento” que no solucionó los problemas externos. Al mismo tiempo, dejó al Estado sin patrimonio para administrar las crisis cambiarias desde 2015.

La situación de la deuda en dólares que comenzó a estar en default a fines de 2001 se acrecentó en forma exponencial en los siguientes quince años, con juicios en tribunales extranjeros y en cortes administrativas como el CIADI del Banco Mundial por diferentes incumplimientos de contratos y por la falta de una estrategia contundente para resolverlos. Hubo canjes parciales de la deuda con los bonistas que no impidieron que la justicia de Estados Unidos declarara en 2014 al país en default nuevamente y el país recién pudo volver a acceder a los mercados voluntarios entre 2016 y 2018, hasta la crisis que disparó el regreso al FMI.

Los diferentes gobiernos utilizaron el atraso cambiario como una recurrente herramienta para que la inflación no se disparara demasiado, a costa de una mayor expectativa de devaluación y de un deterioro en la situación externa del país.

Luego de la apertura económica experimentada en la década del 90, con sus aciertos y errores, la Argentina volvió a encerrarse en su caparazón y no se sumó a la corriente de cooperación regional y multilateral que predominó en el mundo hasta la aparición del COVID y la guerra en Ucrania. Solo hubo un tímido, incompleto y confuso intento de revertir esta tendencia durante el gobierno de Macri, pero la mala situación de la macroeconomía impidió que algunas reformas microeconómicas tuvieran el efecto deseado.

El peso del gasto público sobre el PBI se duplicó en los últimos veinte años a partir de una mayor inclusión de beneficiarios del sistema previsional –sin un aumento proporcional de aportantes– y el creciente porcentaje de personas asistidas por planes sociales. En 2022, más del 50% de la población recibía una prestación del Estado, sin contar las jubilaciones. Lo anterior no impidió el sostenido aumento de los niveles de pobreza, que pasaron del 25% en 2015 al 40% siete años después. Este fenómeno se produjo a partir de una constante precarización del mercado laboral y del bajo crecimiento de la economía argentina, que se ha sumergido en crisis cada vez más recurrentes, con repuntes menores y plazos más prolongados que los países vecinos. A diferencia del extendido eslogan que indica que “la Argentina se latinoamericanizó”, en realidad el país retrocedió más que el resto de su “vecindario” en materia macroeconómica y de reformas que puedan habilitar a pensar en un panorama más promisorio.

Capítulo 3

¿Qué es el FMI?

¿Cómo pasó de ser una institución con apenas cuarenta y cuatro socios a una de ciento noventa (sobre ciento noventa y tres países reconocidos como tales por la ONU) en setenta años? ¿Todos los países ingresaron de forma voluntaria? ¿Quién decide a qué nación se le presta, por cuánto dinero y a qué plazos? ¿Es Estados Unidos el único gobierno que tiene peso propio en el organismo? ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo y los bancos multilaterales y regionales? Responder estas preguntas es imprescindible para entender el rol del FMI, sus principales cambios desde que se creó, su rol entre los países desarrollados y emergentes y, en particular, su conflictiva historia con la Argentina, entre otras naciones.

El FMI fue fundado en 1944, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, como resultado de una discusión que empezó apenas estalló ese conflicto que generó cuarenta millones de muertos y, en particular, seis millones de judíos asesinados por el nazismo en el Holocausto. La intención de los ideólogos del FMI fue evitar que se repitieran los errores de política de las décadas del 20 y del 30 que contribuyeron a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, debido al intento de regresar al sistema de tipos de cambio fijos que prevalecía antes de la Primera Guerra Mundial.

Entre ambas guerras había estado vigente el esquema del patrón oro, con la libra esterlina y el dólar como divisas predominantes. Este sistema no había podido subsanar las dificultades generadas por las deudas de la Primera Guerra Mundial. En particular, el intento de regresar a los tipos de cambio que regían antes del conflicto y los problemas de la Alemania vencida en el conflicto 1914-1918, ya que tuvo que hacer frente al pago de reparaciones que generaron una fuerte recesión y un default con Francia, Bélgica, Italia y el Reino Unido en 1931. Las dificultades llevaron a estos países a su vez a suspender sus pagos a Estados Unidos. Por lo tanto, esta ascendente potencia redujo sus importaciones y fue otro factor que generó la recesión global en la antesala del ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933. A la vez, como producto de algunas devaluaciones competitivas para ganarles mercado a terceros países, se buscó crear un organismo coordinador del sistema financiero internacional. Su objetivo era, cuando las condiciones lo exigieran, que algunos países pudieran corregir su tipo de cambio sin detonar un problema global.

Los dos grandes arquitectos intelectuales de esta revolución financiera y, en particular, “padres” del FMI, fueron el británico John Maynard Keynes y el norteamericano Harvey Dexter White, quienes compartían ciertos puntos de vista, pero que, a la vez, mantenían diferencias importantes.

Por un lado, Keynes –uno de los fundadores de la macroeconomía moderna y un afinado inversor– y el gobierno británico buscaban generar la mayor cantidad de recursos para apoyar la reconstrucción de Europa con el menor costo posible. En paralelo, perseguían el difícil objetivo de reducir el imparable ascenso del dólar en el sistema financiero internacional y mantener el rol de la libra esterlina como una de las principales monedas.

White fue el director del Tesoro de Estados Unidos que redactó el primer borrador para la formación del FMI. Por ser acusado de cooperar con la Unión Soviética no logró ser el primer director gerente del Fondo y el cargo fue ocupado por el belga Camille Gutt.

Pero más allá de esta disputa por ese codiciado puesto, el funcionario norteamericano llevaba ventaja frente a Keynes por el creciente predominio de Estados Unidos en la economía global y, en particular, como país acreedor de Europa en la segunda posguerra.

El objetivo de Estados Unidos consistía en otorgar créditos a los países que sufrían problemas de balanza de pagos y aplicar controles de capitales para la estabilidad monetaria internacional.

Los países emergentes o en desarrollo estaban en aquel momento muy lejos del foco de atención de aquellos padres fundadores del FMI en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas y Asociadas, celebrada en el Mount Washington Hotel, en la ciudad de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, del 1.° al 22 de julio de 1944.

Allí se propuso crear al FMI y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (luego Banco Mundial), bajo las siguientes premisas, según el Artículo I del Convenio Constitutivo del FMI:

Crear un organismo permanente para resolver las cuestiones monetarias internacionales.

Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional para alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales y desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros, como objetivos primordiales de política económica.

Fomentar la estabilidad cambiaria y evitar depreciaciones competitivas.

Establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio internacional.

Colocar a disposición de los países miembros recursos del Fondo para corregir los desequilibrios de sus balanzas de pago, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional.

Acortar la duración y la profundidad del desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros.

Mientras que el objetivo del Fondo consistía en tratar de garantizar el buen funcionamiento del patrón oro, el Banco Mundial debía aportar capitales para la reconstrucción de los países afectados por la guerra y el desarrollo de las regiones atrasadas.

Para reforzar el nuevo perfil económico global de la posguerra, Estados Unidos impulsó la creación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) con veintitrés miembros iniciales para reducir las barreras del comercio exterior desde 1947. En paralelo, lanzó el Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción de Europa Occidental, que carecía de recursos, mientras los países comunistas se abroquelaban en torno de la Unión Soviética.

La década del 50 se caracterizó por el predominio de la intervención estatal, la planificación y las nacionalizaciones de empresas en el Viejo Continente, que logró una importante recuperación económica hasta principios de los 70 bajo el concepto del “Estado de Bienestar”.

Los primeros países en adherirse al FMI fueron Bélgica, Bolivia, Canadá, China, Colombia, Checoslovaquia, Egipto, Etiopía, Francia, Grecia, Honduras, Islandia, India, Irak, Luxemburgo, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Yugoslavia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Irán, Chile, México, Perú, Costa Rica, Polonia, Brasil, Uruguay, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Dinamarca y Venezuela, entre 1945 y 1946. Entre 1947 y 1949 se sumaron Turquía, Italia, Siria, Líbano, Australia, Finlandia, Austria y Tailandia (Siam).

La Argentina, que estuvo más cerca de la Alemania nazi casi hasta su caída, se sumó al FMI en 1956, el mismo año en el que se produjo el conflicto en torno del Canal de Suez entre Egipto –que bajo el liderazgo de Gamal Nasser nacionalizó ese paso marítimo– contra Francia, Israel y Gran Bretaña. Este episodio generó importantes consecuencias económicas y también el primer paquete importante del FMI, destinado a esos cuatro países.

Si bien la coalición logró imponerse, Estados Unidos frenó los ataques. Para muchos observadores, este episodio simbolizó la derrota final del poder de ultramar del Reino Unido frente a Washington.

En la década del 60 avanzó con fuerza el movimiento de descolonización en África, que pasó de tres a treinta y siete miembros en el Fondo, aunque varias excolonias mantuvieron una importante conexión comercial con sus antiguas metrópolis. Mientras tanto, se consolidaba la cooperación regional a través de la Comunidad Económica Europea en 1957, que cuadruplicó el intercambio entre sus miembros y potenció la llegada de inversiones norteamericanas, a la vez que surgía el escenario de la “Guerra Fría” entre Occidente y el bloque soviético, que formó el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) para aumentar el comercio en Europa del Este.

De lejos, América Latina intentó imitar esta estrategia con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que exhibió pobres resultados por la escasa integración real entre los diferentes países de la región.

El arranque de los 70 se caracterizó por el aumento de la inflación en Estados Unidos, causado por el incremento en el precio del petróleo debido a las acciones de la OPEP, al incremento del gasto público por la guerra de Vietnam y de los programas sociales impulsados por Lyndon Johnson.También disminuyó el crecimiento de la productividad del mundo desarrollado, que derivó en un cuadro de “estanflación” (estancamiento con inflación), un fenómeno que el mundo no había conocido hasta ese entonces.

Esta situación puso en crisis el ideario keynesiano que había guiado al mundo de la posguerra. A su vez, varios países asiáticos tomaban un impulso importante a partir de su apertura comercial, con un modelo que dejaba atrás la sustitución de importaciones y buscaba la internacionalización de las inversiones privadas.

En Estados Unidos, el presidente Richard Nixon suspendió en 1971 el sistema de tipos de cambio fijo al abandonar la convertibilidad del dólar con el oro vigente desde Bretton Woods y, dos años después, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) anunciaban un embargo contra Washington y otros aliados de Israel en su guerra contra el mundo árabe. Este enfrentamiento provocó un aumento en el precio de los combustibles y, por lo tanto, una recesión en el mundo desarrollado. En este contexto, se decidió que el FMI debía ofrecer nuevos instrumentos de financiamiento para evitar un “derrame” sobre otras naciones, mientras los excedentes generados por los denominados “petrodólares” se volcaban como préstamos de la banca comercial sobre los países en desarrollo a tasas bajas por la alta liquidez imperante.

Entre 1978 y 1979 la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a aplicar un programa de fuerte suba de las tasas para controlar la inflación, que en medio de la segunda crisis petrolera por el conflicto en Irán –con el derrocamiento del sha de Persia–, generó otro cuadro recesivo en los países centrales.

La suba de las tasas durante la gestión de Volcker en la Fed desembocó en una fuerte reversión de los flujos de capitales, lo que derivó en una generalizada cesación de pagos de los países emergentes en la década del 80. En particular, en América Latina el primer episodio se registró en México y luego en otros; entre ellos, la Argentina, en el final de su último gobierno militar. Estos fenómenos dieron como resultado la denominada “década perdida” para la región. En ese período se multiplicaron los programas con el FMI en un contexto de hiperinflación, crecimiento nulo del PBI e insostenibilidad de la deuda que no se atendió en forma adecuada. El Fondo recobró importancia, pero esta vez en el mundo emergente, que hasta ese entonces no había sido su foco prioritario.

En la década del 90 ganó espacio el “Consenso de Washington”, una doctrina que predicaba la apertura económica y las privatizaciones. Con la sustitución de los bancos comerciales por los bonistas como acreedores de la deuda soberana, en un marco de alta liquidez tras la regularización del default con el Plan Brady, nuevamente el FMI perdió cierto protagonismo en manos de Wall Street. Además, en 1990 comenzó un prolongado período de reducción de las tasas de interés reales a nivel global, que benefició en forma significativa a los países deudores.

A la vez, el Fondo fue un protagonista trascendental en la transición de varias economías de Europa del Este que habían estado sometidas a la URSS y que comenzaron a virar al capitalismo, en una de las transformaciones más espectaculares de la era moderna. Al inicio de ese cambio, el PBI de la región disminuyó en forma importante, pero luego se recuperó a fines de la década, aunque con notorias diferencias entre cada país.

La Argentina y Brasil, en ese orden, se ubicaron entre los alumnos más disciplinados del nuevo paradigma en América Latina. Los dos fueron recompensados con inversiones directas y créditos, mientras ambos implementaban agresivos programas de reducción de la inflación luego de episodios hiperinflacionarios. Si bien la Argentina fue más aplaudida en Washington y en Nueva York, Brasil supo preservar cierta flexibilidad dentro del Plan Real para poder abandonar el esquema de tipo de cambio fijo tras las fuertes crisis de Asia y Rusia y devaluar el real en 1999 sin una disrupción importante de los contratos, a diferencia de lo que ocurriría en la Argentina en 2001.

El FMI en el nuevo siglo

En la primera década del nuevo siglo la globalización se consolidó con el poder hegemónico de Estados Unidos –pese al estallido de la burbuja tecnológica en 2001– y la mayor integración europea con el lanzamiento del euro como moneda única. Además, avanzó la influencia de China en materia de producción, como destino de atracción de inversiones extranjeras y por la transformación de su economía de un perfil netamente exportador a otro apuntado a su desarrollo interno.

Este fenómeno en las principales potencias –y sobre todo el crecimiento de China– generó un fuerte boom en los precios de las materias primas de los países emergentes, que permitió la reducción de la pobreza y el aumento del PBI per cápita. En América Latina, luego de una década de reformas estructurales en varios países, estos indicadores mejoraron en forma notable.

La economía regional, que había caído el 0,3% entre 1998 y 2002, creció el 2,5% en promedio desde 2003 a 2014; en particular, en el primer período la Argentina cayó un 6% y en el segundo rebotó un 4,4%, mientras Brasil aumentó su crecimiento del 0,6% al 2,3% y Chile del 1,1% al 3%.

El omnipresente rol del FMI en América Latina y Asia comenzó a retroceder a medida que el mercado privado de deuda avanzaba en un contexto de bajas tasas de interés a nivel global, al punto tal de que se discutía si era necesario mantener viva a esta institución surgida en la posguerra. Este cambio generó una significativa reducción de su presupuesto y su personal.

Todo cambió a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en Estados Unidos en 2007-2008, lo que derivó, luego de varias décadas, en otra crisis surgida en el mundo desarrollado con un importante contagio sobre el sector financiero. Este problema tuvo que ser contrarrestado con la coordinación entre diferentes bancos centrales y los organismos internacionales como el Fondo.

Los destinatarios de los créditos del organismo pasaron a ser los países más desequilibrados en el mundo desarrollado, como Portugal y Grecia. A la vez, se instrumentó una nueva emisión y distribución de los DEG entre los países socios para apoyar a las economías periféricas, que se habían quedado sin financiamiento voluntario.

A partir del crédito barato y de la mirada cómplice de la Unión Europea y de los bancos sobre el nivel verdadero de su déficit fiscal, Grecia había acumulado a fines de 2009 una deuda pública de unos cuatrocientos mil millones de euros, equivalentes al 120% de su PBI, mientras que su déficit fiscal llegaba al 12% de su PBI, muy por encima del límite del 3% establecido por el Tratado de Maastricht. Alemania, cuyos bancos estaban expuestos a los créditos griegos por unos doscientos mil millones de euros, presionó para que se “rescatara” a Grecia a través de la UE y del FMI.

Se buscó que el Fondo fuera el “árbitro” entre Grecia y la UE-Alemania porque los acreedores de ese país necesitaban que el organismo de Washington validara en términos técnicos las decisiones antipáticas, como el ajuste sobre los países del sur europeo. También, para que aportara sus conocimientos técnicos, ya que ni la UE ni el Banco Central Europeo tenían una gran experiencia en el manejo de crisis financieras.

De este modo, de la mano del director gerente francés Strauss Kahn, el Fondo pasó en tres años de ser una organización casi irrelevante –cuando los países emergentes cancelaron sus deudas, como la Argentina y Brasil– a otra que se colocó nuevamente en el centro del ring financiero internacional como prestamista de última instancia. En este regreso a la escena central se dejaron de lado conflictos de intereses clave de los países europeos que, a la vez, eran acreedores de Grecia, como miembros de la UE y representantes del Directorio del FMI que debía financiar a ese país quebrado.

Los ministros de Finanzas prefirieron mirar hacia un costado en torno a este dilema al considerar que la prioridad era evitar que la crisis de la “periferia” europea afectara a todo el continente. Los efectos de esta crisis comenzaron a derramarse sobre el mundo emergente con una caída en los términos de intercambio y el reflujo del crecimiento económico previo.

Varios años después del choque original, el FMI movía con rapidez su foco de atención primaria de los países centrales a los emergentes con importantes programas para la Argentina en 2018 y Ecuador en 2019; según el FMI, la deuda mundial –tanto pública como privada– alcanzó a fines de 2017 el equivalente al 225% del PBI mundial, subió al 256% en 2020 durante la pandemia y bajó al 247% en 2021.

La pandemia provocada por el COVID frenó por completo el crecimiento económico, el comercio global y hasta llevó a algunos economistas críticos a profetizar que la globalización ya no tenía lugar en un mundo afectado por un virus global.

Bajo la dirección de Kristalina Georgieva, el Fondo se enfocó en brindar préstamos de emergencia y flexibles para limitar los efectos negativos de la pandemia sobre la macroeconomía y la pobreza, en la operación más expansiva del organismo en su historia.

Un organismo con (muchas) reglas

El FMI está conformado por sus países accionistas, por sus directivos y empleados, pero sobre todo por sus objetivos y reglas.

Entre sus actividades más conocidas está la difusión de informes de monitoreo, como el World Economic Outlook (WEO), el Fiscal Monitor y el Global Financial Stability Report, que son documentos de seguimiento de la economía mundial, las finanzas públicas de sus socios y de los mercados internacionales. Además, se elabora el diagnóstico anual de cada país socio a través del informe del Artículo IV y la supervisión de la situación financiera a través del Financial Sector Assessment Program (FSAP), junto con el Banco Mundial.

También, el Fondo se ocupa de brindar asistencia técnica a los países, tengan o no un programa con el organismo en temas monetarios, financieros, cambiarios, tributarios y aduaneros, entre otros, con un recetario que intenta adaptarse a la realidad de cada nación. Son opciones que fueron utilizadas en forma exitosa en otros países y evaluadas con un adecuado nivel de rigor.

Y, por supuesto, su función más conocida es la de brindar apoyo financiero a aquellos países que pierden su acceso tradicional al financiamiento de mercado y necesitan “suavizar” su ajuste con una dosis de financiamiento y de políticas para corregir los desequilibrios que llevaron a una crisis.

Por encima del staff técnico está el management y, como órgano supremo, la Junta de Gobernadores, integrada por los ministros de Economía de todos los países del mundo. Ellos delegan sus facultades al board o Directorio con veinticuatro sillas que representan a los ciento noventa países miembros. Hay ocho directores ejecutivos que representan cada uno a un país y los otros dieciséis a los ciento ochenta y dos países restantes, que se dividen en grupos.

El director ejecutivo que representa a un país recibe su salario del FMI, no de su gobierno, como otros representantes diplomáticos, para evitar “conflictos de intereses”, otra muestra de cómo la institución valora más las formas que el fondo. En los hechos esa persona está en el Directorio para defender los intereses de la nación que lo designó, aunque su “responsabilidad fiduciaria” es global, tanto para decidir la firma de los programas con los países como el rumbo del organismo.

El Fondo tiene dos mil cuatrocientos empleados –y ¡hasta un sindicato!– que trabajan en Washington D. C., aunque también hay misiones permanentes y temporales en países de Europa, Asia, África y América Latina. Su presupuesto administrativo para el año fiscal 2022-2023 fue de USD 1.295 millones.

Como en una empresa, también existe el liderazgo individual en la figura del director gerente, que podría asimilarse al CEO de una firma privada, ya que responde a su Directorio. La diferencia relevante es que el director gerente del FMI también preside el Directorio, lo que resulta un activo para esa persona frente a los intereses políticos de los países socios.

Como colaboradores, el director gerente cuenta con dos subdirectores importantes; dado que Europa siempre estuvo a cargo del cargo más relevante, Estados Unidos ha ocupado el segundo en importancia, seguido por uno de Japón. En los últimos años se crearon otras subdirecciones para que otras zonas –Asia y los países emergentes– también estuvieran representadas, aunque con una menor relevancia en términos políticos y de decisión. Una de estas sillas ha sido ocupada por un representante de China.

Desde la llegada de Stanley Fischer a fines de los 90 como primer subdirector gerente, este cargo adquirió una importancia más nítida; ya no se trataba de una figura que se ocupaba de los temas operativos de los que huía el director gerente, sino de un economista respetado tanto por el mundo académico como el financiero y con peso propio como para actuar como socio o eje de equilibrio, según las circunstancias, frente al número uno del organismo. Fischer logró una excelente relación complementaria con Camdessus, basada en el respeto mutuo y una clara división de responsabilidades. Mientras el norteamericano nacido en Zambia se ocupaba de las grandes ideas, el francés se dedicaba a las relaciones políticas.

Fischer adquirió tal relevancia que hasta Estados Unidos y algunos países latinoamericanos pensaron en proponerlo como director gerente en la carrera del año 2000, que finalmente, en honor a la tradición, quedó en manos de un europeo, el alemán Horst Köhler. La situación se repitió en 2011, cuando finalmente asumió Lagarde.

La armonía previa se diluyó porque Köhler, poco entendedor del mercado financiero y de los países emergentes, se sentía amenazado por la autonomía de vuelo de Fischer. Esta tensión se mantuvo cuando la administración republicana de George W. Bush designó en reemplazo de Stan a Anne Krueger, otra académica obstinada que no aceptaba fácilmente las órdenes del alemán.

Luego de un período gris bajo el mando del español Rodrigo de Rato, cuando la Argentina le pagó su deuda al FMI, llegó Strauss Kahn, quien, como se mencionó, revitalizó al organismo, aunque terminó su mandato a la fuerza por las denuncias de acoso sexual, solo unos días antes de comenzar su campaña para la presidencia de Francia, que colapsó en forma inmediata. Su salida le dio lugar a su compatriota Christine Lagarde.

La exministra de Finanzas le devolvió la importancia al número 2 del FMI, David Lipton, un hombre con gran experiencia en materia de política pública y del sistema financiero. Él se ocupó de las cuestiones analíticas y de la relación técnica con los países, mientras esta abogada francesa mantenía bajo control las relaciones políticas.

Con la llegada de Georgieva, esta armonía se volvió a quebrar, ya que ella pretendía concentrar todo el poder y no tener gente cerca que pudiera cuestionarla.

Más allá de los diferentes nombres, el management actúa como una polea de transmisión entre la Junta de Gobernadores y el staff técnico, a partir de una premisa básica: el respeto a las reglas escritas; cuando estas impiden operaciones para las cuales la presión política es insostenible, se cambian. Cada paso que se da tiene un marco y se sigue un estándar; de otro modo, sería imposible cumplir con la misión del FMI en ciento noventa países y aplicar los mismos procedimientos en países tan diferentes como Jamaica y Mozambique o la Argentina. Y, aunque la Junta de Gobernadores es un órgano político, el organismo se mueve a partir de procedimientos técnicos, pese a los prejuicios que existen en este sentido, para limitar la discrecionalidad en el mecanismo de toma de decisiones.

Por supuesto que en situaciones de crisis extremas –cuando un país cae en una crisis profunda o en una situación global como la que se vivió en 2020 por la pandemia– debe haber cierta flexibilidad para actuar con rapidez y en ese delicado equilibrio ha operado el Fondo también en el continente donde conserva su peor imagen: América Latina y, en particular, en la Argentina.

Capítulo 4

La gran mentira

A mi llegada al FMI en enero de 2013 la relación con la Argentina giraba alrededor del falseamiento de las estadísticas de precios y del PBI del Indec. Aunque el pedido de restablecer el proceso y las misiones del Artículo IV era otro asunto constante en las reuniones, quedaba claro que el gobierno no tenía ninguna intención de llevarlas a cabo y, por otro lado, las reglas internas del FMI impedían imponer a sus países miembros cualquier tipo de sanción por esta falta.

Desde que Lagarde comenzó su período como directora gerente en julio de 2011 buscó un acercamiento con Cristina Kirchner para resolver estos conflictos.

Sin embargo, después de más de un año sin avances, estaba claro que no existía interés por parte del gobierno argentino de abandonar esta estrategia de distorsionar las estadísticas. Pocos meses antes de que yo llegara a Washington, Lagarde había expresado su cansancio en una presentación en el think tank Peterson Institute, días después de una reunión informativa del staff al board sobre el tema. Allí mencionó que se le había sacado la “tarjeta amarilla” a la Argentina como advertencia de que, si no corregía los problemas estadísticos, la institución avanzaría en una moción de censura al país, utilizando también la metáfora futbolera de la “tarjeta roja”. ¿Había lugar para expulsar a la Argentina del Fondo?

Después de reunirme con los responsables de este asunto en el Departamento del Hemisferio Occidental y en el de Estadísticas, me quedó claro que se trataba más de una distorsión intencional de las estadísticas que de un problema metodológico, aunque algunos funcionarios del Fondo estaban dispuestos a aceptar esta versión más suave.

Los economistas del FMI están preparados para brindar diagnósticos y evaluar las opciones técnicas para, dadas las condiciones de cada país, construir las mejores estadísticas posibles. Sin embargo, si las autoridades en forma consciente “cocinan” las estadísticas, se requiere de una auditoría que incluya el levantamiento y procesamiento independiente de los datos.

Además, los organismos internacionales tratan de evitar como sea la expulsión de uno de sus miembros, ya que siempre actúan bajo la máxima expresada en forma contundente por la famosa frase de Lyndon B. Johnson: “Es mejor tener a tus enemigos dentro de la carpa meando para afuera que fuera de la tienda meando para adentro”.

Por otra parte, era debatible pensar qué faltas a los artículos constitutivos del organismo justifican la expulsión y cuáles no. O si, desde una perspectiva más geopolítica, tenía sentido expulsar a Argentina por el tema de las estadísticas, mientras que la Rusia de Vladimir Putin permaneció como miembro de la institución después de su apropiación de Crimea en 2014 y la posterior invasión a Ucrania en 2022.

Además, el caso argentino era el primero en el que un país democrático y por un período muy prolongado de tiempo había distorsionado sus estadísticas económicas para disminuir sus pagos de la deuda, mitigar el incremento de las jubilaciones y salarios y sostener una falsa narrativa sobre sus logros económicos.

Así comenzó una danza en la cual el FMI aumentaba en forma gradual la presión sobre el gobierno y este, recién cuando sentía la advertencia de la comunidad internacional, escuchaba las iniciativas de cooperación. Sin embargo, el objetivo de esta supuesta apertura del gobierno era retrasar las sanciones más que corregir el problema.

Durante el período 2010-2015, se realizaron varias misiones de asistencia técnica a Buenos Aires sobre el tema, reuniones del board e infinitas cumbres bilaterales que solo sirvieron para simular avances, ya que el gobierno nunca tuvo la voluntad de dejar de simular una inflación menor a la observada.

Una vez que empezó a trascender que las cifras de inflación y crecimiento estaban distorsionadas, a través de cartas al ministro de Economía comenzó a solicitarse información y se intentó que la polémica se resolviera de manera amigable.

Sin embargo, dada la existencia desde 2003 de una regulación interna muy tajante, presentada en el documento “Fortaleciendo la efectividad del Artículo VIII, sección 5”, el Departamento Legal del FMI exigió que comenzara este proceso de revisión que conformó a pocos.

Se rompió el termómetro

El 3 de febrero de 2007, el Indec había informado que la inflación minorista de enero –medida a través del índice de precios al consumidor– era del 1,1%, frente al 2,1% estimado por los técnicos del organismo en su trabajo de campo, según el testimonio que brindaron luego en forma pública.

Hubo dos rubros que llamaron la atención de los expertos y que detonaron un escándalo inmediato. Por un lado, los precios del turismo, que por una cuestión estacional siempre exhiben una fuerte suba en enero por el verano en la Argentina, mostraron un tímido incremento del 3,7%, frente al 16,7% del mismo mes de 2006 y al 14,3% de 2005. Si se hubiera repetido el resultado de enero de esos años previos, el IPC general habría registrado 0,5 puntos porcentuales más que el resultado informado por ese organismo que ya estaba intervenido por el pedido del presidente Néstor Kirchner de acotar el resultado.

El otro factor determinante fue que el organismo estadístico manejado por Beatriz Paglieri, colocada allí por el influyente secretario de Comercio Guillermo Moreno, no tomó en cuenta el aumento aplicado por las empresas de medicina prepaga en el rubro de la salud y así se “ahorró” otro medio punto porcentual en el IPC general.

Tras el pico inflacionario del 40,9% de 2002 –luego del estallido de la convertibilidad, que había mantenido la estabilidad de precios durante diez años–, se registraron subas del IPC del 3,7% en 2003, 6,1% en 2004, 12,3% en 2005 y del 9,8% en 2006.

Esta aceleración de la inflación debió haber obligado a replantear la política macroeconómica para controlar este proceso y estabilizar las variables nominales. Después de transitar varios años con gran holgura dada la importante caída del PBI que había sufrido durante la crisis de 2001-2002, estos márgenes desaparecían con rapidez. Y, en lugar de reducir el enfoque expansivo de las políticas monetarias y fiscales, el gobierno endureció en forma gradual los controles a la salida de dólares para minimizar la pérdida de reservas, y congelar los precios de varios servicios privados. Peor combinación no podría haber existido.

Esta estrategia aceleraba la inflación y, en vez de enfrentar este fenómeno a través de una política monetaria y fiscal que hubiese tenido un efecto recesivo inicial, se optó por distorsionar las estadísticas de precios.

La subestimación de la inflación desde enero de 2007 hasta fines de 2015 fue del orden de 330 puntos porcentuales. En esos nueve años, el Indec informó una inflación acumulada del 159% y el IPC Congreso arrojó un 476%.

La confección de estadísticas puede generar tensión entre los cuadros técnicos y políticos de un país. Por esta razón, la recomendación tradicional sobre el manejo de los institutos de estadísticas indica que sean independientes del gobierno y, si fuese posible, se los debe dotar de autonomía constitucional.

Hasta ese entonces ninguna otra nación occidental había optado en un período democrático por tal maniobra en forma tan abierta, con dos agravantes: su larga extensión en el tiempo impidió tener un termómetro real de la situación económica y, como una metástasis, aquello que empezó como un encubrimiento del nivel real de inflación después se extendió a los datos de crecimiento económico, comercio exterior y pobreza, entre otros.

El argumento del gobierno kirchnerista para realizar estas maniobras, nunca probado en la Justicia, era que el IPC estaba “armado” por algunos técnicos del Indec para favorecer a los acreedores que tenían bonos atados a la inflación (CER); estos títulos habían sido creados en 2002 para aumentar el atractivo de la deuda en pesos luego del cierre del mercado internacional. Más allá de lo inverosímil de esta explicación, si había dudas sobre la calidad de las estadísticas, el curso de acción lógico hubiese sido que un organismo internacional independiente, como el FMI, asistiera técnicamente al gobierno en la revisión de los procesos.

Y si se consideraba que esta opción no era viable en términos políticos, se podría haber recurrido a la agencia de estadísticas de Canadá o de otro país desarrollado que contara con un instituto de estadísticas con gran reputación.

Aunque hubo un presunto ahorro inicial para el Estado de unos USD 600 millones por la subestimación de la inflación con pagos menores a estos inversores con bonos ajustados por CER, con el tiempo el resultado de la maniobra fue muy costoso para el país. Este sobrecosto se debió a la reducción del endeudamiento en moneda local, que se profundizó con la estatización de los fondos privados de inversión de las jubilaciones (AFJP), jugadores claves de este mercado.

Preso de su propia mentira, en 2007 el Indec comenzó a elaborar un IPC nacional con el aporte de los datos de siete provincias para diluir los resultados que mostraba el índice en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, en 2008, apenas se tornaron muy ostensibles las divergencias entre la inflación que medía el Indec y la que registraban estas direcciones provinciales de estadística, el IPC nacional se frenó.

Un año después, su ministro de Economía Amado Boudou prometía en la asamblea del FMI en Estambul que la Argentina comenzaría a normalizar la cuestión de sus estadísticas y accedería a cumplir con la revisión del Artículo IV. Como ocurriría en otros casos similares, estas gestiones técnicas primero serían autorizadas y luego frenadas por el poder político.

Pero cuando en Washington el Fondo comenzó a explorar la posibilidad de sancionar a la Argentina por presión de varios de sus países socios ante estas anomalías, el gobierno aceptó el 10 de noviembre de 2010 de mala gana que una misión de asistencia técnica del organismo viajara a Buenos Aires en diciembre para revisar con las cuestionadas autoridades del Indec la metodología del IPC. Esa misión estuvo del 8 al 16 de diciembre y se reunió con autoridades del Indec y analistas privados. Como reflejo del poco interés del gobierno, las principales autoridades del organismo estadístico, Ana Edwin y Norberto Itzcovich, viajaron a Río de Janeiro para una reunión poco relevante apenas llegó el FMI a la Argentina.

Tres meses después, mi predecesor, Nicolás Eyzaguirre, anunció que otra misión aterrizaría para continuar con su labor con reuniones en el Indec y las autoridades estadísticas de Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, cuatro provincias que medían la inflación en forma independiente y con cifras más realistas que el organismo nacional.

Tras la insistencia de tantos años del kirchnerismo de no querer recibir una misión del FMI, ocurría lo contrario y, además, el gobierno estaba resignado a las declaraciones posteriores del staff por el temor a una sanción.

En abril el FMI indicó: “El personal del Fondo dejó un informe a las autoridades con recomendaciones específicas sobre el diseño y la metodología para desarrollar un nuevo IPC nacional” y el 13 de julio el Directorio se reunió informalmente para debatir este caso. Allí sostuvo que dado “el compromiso asumido recientemente por las autoridades argentinas de trabajar en estrecha colaboración con el personal técnico del FMI para mejorar la calidad de la presentación de informes de Argentina sobre los datos del IPC-GBA y el PBI” le otorgaban un plazo de seis meses para mostrar cambios sustanciales.

En paralelo, se conocía un crítico informe, encargado por el gobierno a las universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Tres de Febrero, que determinó numerosas irregularidades en la confección de varios datos difundidos por el Indec. Este reporte académico llevó a que el instituto le anunciara al Fondo la realización de una nueva estimación de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares para brindarle más “precisión” a un IPC nacional.

Sin embargo, durante los siguientes dos años el gobierno no dispuso ningún cambio y, por el contrario, multó e inició causas penales por impulso de Guillermo Moreno a las consultoras que efectuaban mediciones independientes de la evolución de los precios al consumidor, que fueron desechadas por la Corte Suprema de Justicia en 2013.

En este expediente, la representante del FMI en la Argentina, María González, fue citada como testigo y, ante la incertidumbre acerca de si se iba a respetar la inmunidad de nuestros funcionarios, se decidió trasladar la representación a Uruguay en forma inmediata.

Ante esta desidia, Lagarde le advirtió al gobierno en 2012 que recibiría una “tarjeta roja” si no mejoraba las estadísticas del Indec relativas a la inflación y el PBI.

Por supuesto que estas declaraciones detonaron una respuesta estridente por parte de la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo: “Mi país no es un equipo de fútbol; es una nación soberana que toma decisiones soberanamente y no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner una tarjeta roja”.

Según Cristina, el FMI tenía que aprender de la FIFA. “Si vamos a comparar con el fútbol, el rol del presidente de la FIFA (Joseph Blatter) ha sido bastante más satisfactorio que el rol de los directores del FMI en cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos’’, dijo. Se refería a que mientras que la FIFA organiza exitosamente cada cuatro años el mundial de fútbol –el siguiente era en Brasil en 2014–, “el FMI viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo’’.

Este comentario, además de demostrar la falta de conocimiento del mandato y facultades del FMI, exhibe la afinidad que la mandataria parecía tener con la operatoria oscura y corrupta de la FIFA, probada por la justicia de Estados Unidos.

De hecho, durante su mandato, la presidenta defendió las cifras difundidas por el Indec: “Hay en la Argentina un manejo poco serio, casi irresponsable, de decir que la inflación es de tal o cual cifra sin acreditar científicamente nada sobre una cuestión tan seria como es la estadística”, sostuvo, y adjudicó a “grupos muy menores una tarea de desprestigio” del organismo oficial. Sin embargo, en 2022, en un discurso como vicepresidenta, admitiría por primera vez que las cifras que informaba su gobierno no eran reales: “Ustedes recuerdan que tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38%. Pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25%”, expresó.

En 2014, mientras el instituto oficial, supuestamente comprometido a informar la verdad al FMI, daba cuenta de una suba de los precios al consumidor del 24%, el IPC Congreso llegaba al 38%.

Una sanción inédita

A las pocas semanas de haber comenzado mi labor como director para las Américas, el Directorio del FMI adoptó el 1.° de febrero una inédita moción de censura para un país miembro a raíz de la desconfianza generada por sus estadísticas –por violación del Artículo VIII de la carta constitutiva– y lo intimó a que comenzara a rever esa situación de “inexacta provisión de datos” antes de fines de septiembre de ese año.

Los esfuerzos previos de cooperación habían sido en vano. En sendas reuniones desarrolladas en febrero y en septiembre de 2012 el Directorio había expresado su pesar por “la falta de progreso en la alineación del IPC-GBA con las pautas estadísticas internacionales”.

El día de la votación, el Directorio declaró que “el progreso de Argentina en la implementación de las medidas correctivas desde la reunión del Directorio del 17 de septiembre de 2012 no ha sido suficiente. Como resultado, el Fondo ha emitido una declaración de censura contra Argentina en relación con su incumplimiento de la obligación para con el Fondo en virtud del Convenio Constitutivo”.

Aunque la mayoría del board apoyó esta sanción, algunos países no fueron tan enfáticos porque consideraban que podían sentar un precedente que en el futuro podría ser utilizado en su contra si optaban por el mismo camino sinuoso u otras prácticas que chocaran con las políticas y el acuerdo constitutivo del FMI. Ciertos gobiernos latinoamericanos se abstuvieron o votaron en contra de la moción de censura, lo cual generó malestar en el staff y el management .

Apenas asumí, entendí que había dos factores entrecruzados que complicaban la solución del conflicto.

Por un lado, luego de más de seis años de haber implementado estas distorsiones, el gobierno se sentía cómodo pero también atrapado por esta mentira: si la reconocía, enfrentaría serias consecuencias en el país y en el exterior por los reclamos jurídicos de los bonistas con títulos públicos ajustados por inflación y por el PBI. Además, admitir el problema inflacionario lo obligaría a tomar medidas para enfrentarlo.

Por el otro, dentro del staff del FMI había importantes diferencias sobre cómo encarar este grave problema, que el representante argentino en el board , Sergio Chodos, había intentado minimizar sin éxito al expresar que había otros países que realizaban maniobras similares, como China.

Es verdad que la percepción de los expertos y de varios países sobre los datos chinos tampoco era positiva, pero al tratarse de un régimen autoritario, sin ningún control interno, no existía una evidencia tan nítida. El Financial Times publicó en 2022 un artículo que reflejaba el oscurantismo sobre los datos oficiales de ese país por la decreciente cantidad de estadísticas que había publicado el régimen comunista en la última década.

En la región, como mencioné, tuvimos un problema similar con Venezuela, que comenzó a retrasar la entrega de cifras sobre la inflación. Desde el principio tuvimos la impresión de que la mala calidad de esos datos era producto del deterioro institucional del país más que por la decisión de mentir como la Argentina, ya que cuando las cifras se hicieron públicas se destapó la existencia de un proceso hiperinflacionario. En todo caso, el Banco Central de Venezuela reaccionó rápido y comenzó, aunque no en forma rigurosa, a entregar las cifras y a interactuar con los equipos del departamento de estadísticas del FMI.

En este contexto, la relación con los dos ministros de la era Kirchner con los que trabajé fue cordial pero siempre enfocada, del lado argentino, a posponer la intensificación de las sanciones más que a resolver el problema.

Durante mis primeros meses en el FMI mis diálogos iniciales con el Ministerio de Economía estuvieron destinados a organizar la agenda de trabajo para avanzar en los temas solicitados por el board en su reunión de febrero. El ministro Hernán Lorenzino, quien pidió abandonar un reportaje que le realizaba la televisión griega cuando le preguntaron cuál era el verdadero dato de la inflación –“Me quiero ir”, afirmó–, renunció en noviembre de ese año para dejarle su cargo a quien realmente manejaba esa cartera, el viceministro Axel Kicillof.

Axel, el economista preferido de Cristina Kirchner, logró desplazar a Moreno de su cargo para manejar el corazón de las decisiones económicas de aquel período turbulento y plagado de indicadores negativos. Desde las primeras reuniones quedó claro que el nuevo ministro tenía mucha mayor influencia con la presidenta y se manejaba con mayor comodidad y seguridad.

Kicillof tuvo a priori una actitud combativa en términos retóricos que respondía a su ideología y a su inexperiencia en la arena internacional. Por lo tanto en su primera visita al FMI creía que no podía evitar un discurso incendiario, la crítica obsoleta y la actitud combativa tradicional de la izquierda latinoamericana de los años setenta, como si estuviera en una asamblea estudiantil en su Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Poco a poco este enfoque migró a uno más pragmático, orientado a lograr los objetivos que tenía como ministro y no a exponer su visión de profesor universitario. Tras una reunión del CMFI en 2014 en Washington, un alto funcionario del FMI me preguntó, sin rodeos, “¿Quién es este soberbio?”, después de escuchar su pretenciosa disertación sobre el sistema financiero internacional, con una gran carga ideológica y un gran desprecio por el conocimiento que el resto de los ministros tenía sobre estos temas.

Él también buscó posponer a toda costa la aplicación de nuevas sanciones del FMI, ya que el camino adoptado en febrero por el board podía derivar en la suspensión de los derechos de la Argentina, entre ellos, la posibilidad de recibir los DEG del Fondo cuando se decidiera una nueva emisión de esos derechos, como había ocurrido en 2009. El último paso y más extremo podría determinar su expulsión, una acción que solo se había adoptado con Checoslovaquia en 1954 por su negativa a brindar información al FMI, con la Guerra Fría como telón de fondo.

Aunque la Argentina no avanzaba en la normalización real de las estadísticas, intentaba demostrar lo contrario. Por esta razón, luego de que en 2013 el gobierno informara una inflación del 10,9% y las consultoras del 28,3%, en febrero de 2014 el Indec dio a conocer el nuevo Índice de Precios Nacional Urbano (IPCNu), que exhibió una suba del 3,7% en enero, cerca del 4,6% reportado por las consultoras privadas.

Sin embargo, mientras intentaba “blanquear” parte de la inflación real, el Indec no publicaba los valores de las canastas de consumo mínimo necesarios para determinar los niveles de pobreza e indigencia, luego de informar en diciembre de 2013 que la canasta básica era de $728 según los datos oficiales, mientras que los trabajadores del Indec la estimaron en $2.965. En 2012 el Indec calculaba que había un nivel de pobreza del 5,4% y la Universidad Católica Argentina (UCA) del 24,5%. En 2013 se suspendió la difusión de las cifras del Indec por “severas carencias metodológicas para su cálculo”, luego de que Kicillof se negara a dar un dato preciso: “La pregunta de cuántos pobres hay es complicada, convengamos que es bastante relativa, es una medida un poco estigmatizante, yo no tengo el número de pobres”, expresó.

Tras las elecciones presidenciales de 2015, con el cambio de gobierno, decidimos trabajar en una transición hacia un nuevo IPC y, mientras tanto, se utilizaron los índices de la Ciudad de Buenos Aires (que ese año arrojó una suba del 26,9%) y de la provincia de San Luis, de diferente color político (con 31,6%).

Un documento de trabajo que revelamos en 2016, durante el gobierno de Macri, indicaba que “según datos oficiales, la inflación minorista en el Gran Buenos Aires durante 2007-2011 registró un promedio anual de 8,8% (en comparación con un promedio de 9,6% durante 2003-2006). Pero estimaciones de analistas privados situaron el promedio de inflación anual de ese período por encima de 21%, en tanto que los datos de las oficinas provinciales de estadística muestran que la inflación media del IPC en las provincias fue de aproximadamente 17% durante el período”. También cuestionaba que “el suministro por parte de la Argentina de información inexacta sobre los datos oficiales del IPC y el PBI desde comienzos de 2007 ha entorpecido la capacidad del personal técnico para realizar una supervisión eficaz de la economía de la Argentina”.

Mientras decidimos la estrategia de normalización con las nuevas autoridades del Indec, lideradas por Jorge Todesca –uno de los economistas perseguidos por el gobierno kirchnerista por difundir índices alternativos–, se nos cuestionó desde algunos ámbitos que no hayamos incrementado las sanciones a la Argentina con más rapidez y contundencia. De todos modos, fuimos más taxativos que el Banco Mundial, que se limitó a formular algunos cuestionamientos verbales aislados, y que el BID y la CEPAL, que optaron por el silencio en este y otros temas en los que la Argentina se alejaba de las buenas prácticas promovidas por estas entidades.

Dos elementos incidieron en esta lentitud con la que se actuó: la Argentina no tenía un programa con el FMI, por lo cual la capacidad de presión era menor que en el pasado y, por esta misma razón, el tema tampoco le resultaba tan trascendente al organismo.

Además, se consideró que una confrontación mayor podía ser contraproducente ya que la intención era normalizar las relaciones con el país más temprano que tarde, luego de tantos años de enfrentamiento.

Como demostración de la mentira de los gobiernos kirchneristas, en noviembre de 2016 se levantó la censura después de que el Indec sinceró el cálculo de los precios del Gran Buenos Aires e inició trabajos para el nuevo índice nacional. Para limitar las consecuencias legales al nuevo gobierno, nunca se aclararon los motivos y las fuentes de la subestimación inflacionaria kirchnerista.

De enemigos a aliados

La presidenta Cristina Kirchner apeló a dos de sus supuestos “enemigos”, el gobierno de Estados Unidos y el FMI, para tratar de eludir el default en el que cayó en 2014 por su falta de inteligencia para negociar con los holdouts.

Yo llevaba poco más de un año en mi cargo cuando ese gobierno tuvo que enfrentar un duro dilema por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de no tomar el caso referido a la disputa entre la Argentina y los bonistas que seguían en default desde el 2001. De este modo, quedó en firme la sentencia de segunda instancia que había favorecido a los acreedores.

Esta cuestión no nos afectaba en forma directa en aquel momento, pero tampoco podíamos permanecer indiferentes por el mensaje para la comunidad financiera internacional generado por aquel fallo del juez federal del distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa. Esta sentencia ordenaba pagarles a un grupo pequeño de bonistas que no habían aceptado las reestructuraciones de 2005 y 2010 el monto total de la deuda original, en lugar de aceptar el pago con quita realizada al 93% que sí había consentido esos canjes.

Ante esta interpretación judicial que favorecía a un grupo de acreedores, se reducían los incentivos para participar en una reestructuración que implicara una reducción en el valor original de los bonos.

La Argentina había ingresado a fines de 2001 en un nuevo default de su deuda soberana luego de haber reestructurado sus pasivos en el Plan Brady en 1993, con el condimento exótico de que sus legisladores nacionales aplaudieron esta cesación de pagos anunciada en una asamblea legislativa por Adolfo Rodríguez Saá. Este exgobernador peronista fue uno de los tantos presidentes efímeros que tuvo el país tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Frente a las negociaciones que el país había encarado previamente con el FMI y con los bancos comerciales que compraban la deuda pública hasta los 90, en esta ocasión la Argentina se enfrentaba a la complejidad de tener que lidiar con un pasivo de USD 81.836 millones dividido en ciento cincuenta y dos tipos de bonos, nominados en siete monedas y emitidos bajo ocho legislaciones diferentes; el 97% de los pasivos soberanos del país estaban denominados en divisas extranjeras.

A diferencia de los bancos comerciales –una contraparte reducida con amplio conocimiento de las cuestiones financieras y fuerte coordinación–, los bonistas se encuentran atomizados y en muchos casos no están informados de las cuestiones técnicas, por ser jubilados o docentes de los países desarrollados. Ante la ausencia de reglas que incentiven la colaboración, esta dispersión complica los entendimientos.

En su carácter de acreedor privilegiado, por ser un organismo multilateral que actúa como prestamista de última instancia cuando el mercado privado se retira ante una crisis, el FMI no sufrió el default declarado por Rodríguez Saá. Si cuando el resto de los acreedores abandona al país por una crisis el FMI debe preocuparse por la posibilidad de no cobrar, tomaría el mismo camino que los bonistas y no le prestaría al gobierno afectado, detonando un problema mayor en términos de empleo, crecimiento y bienestar social durante el ajuste.

Los bonistas cuestionaron ante la justicia de Nueva York esta “discriminación” en favor del Fondo, pero tanto el Departamento del Tesoro como la Reserva Federal consideraron que bloquear los pagos a los organismos financieros generaría graves riesgos.

Así, el FMI mantuvo una postura equidistante en la pelea entre la Argentina y sus acreedores privados porque las dos partes de la negociación son “accionistas” del FMI: uno en forma directa, el país deudor en crisis, y el otro en forma indirecta, los bonistas que son acreedores y ciudadanos de otros países que también integran el organismo.

En general, el FMI se limita en estos procesos a presentar su análisis de sustentabilidad de la deuda y exhibir cuál es el nivel de ajuste fiscal necesario para que el nuevo nivel de deuda se torne sostenible.

El proceso argentino también se complicó por la disputa entre la vicedirectora gerente del organismo Anne Krueger –quien quería establecer una corte internacional de quiebras para casos de deuda soberana– y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –sobre todo de su subsecretario para Asuntos Internacionales, John Taylor– durante el gobierno de George W. Bush. Este economista impulsó la creación de cláusulas de acción colectiva (CAC) y su postura prevaleció por sobre la de Krueger. De hecho, las CAC se utilizaron en varias reestructuraciones soberanas posteriores, incluida la de la Argentina en 2020, para impedir que una minoría pudiera bloquear la voluntad de la mayoría de los acreedores.

Las CAC –utilizadas en primer término por México como “buen socio” del Fondo y del G20– aparecían como una opción de mercado más razonable para solucionar el problema de los holdouts que, como quería Krueger, crear una corte internacional que repartiera responsabilidades entre acreedores, contribuyentes y beneficiarios del presupuesto público.

Para el gobierno de los Kirchner esta lejanía del Fondo en su pulseada con el mercado era una bendición, sobre todo porque en 2002 y 2003 sostuvo una dura puja con el organismo.

A la salida de la convertibilidad el FMI consideró que no estaban dadas las condiciones para refinanciar la deuda del país a menos que se cumplieran una serie de exigencias, dada la actitud que exhibió en los 90.

Usualmente, en una reestructuración de deuda soberana los inversores le exigen al país que firme un programa con el FMI para corregir los desequilibrios que generaron su insolvencia. Si bien los bonistas aceptan una reducción en las obligaciones del país deudor, con la participación del FMI buscan maximizar la probabilidad de cobrar a través del fortalecimiento de las políticas macroeconómicas.

Pero un gobierno interino débil como el de Eduardo Duhalde no tenía ni la voluntad ni el respaldo social para poner en marcha un nuevo proceso de privatizaciones como el que le pedía Washington. Sin embargo, pudo cumplir con dos pedidos de la comunidad financiera: la derogación de las leyes de quiebras y de subversión económica, que les preocupaba a los banqueros locales acusados por la Justicia por la salida de capitales en 2001.

Por su parte, el nuevo gobierno republicano de Bush estaba convencido de que el FMI tenía un excesivo protagonismo en las finanzas internacionales. Por esta razón el Tesoro se puso firme contra Krueger y el director gerente, Horst Köhler, para que en 2003 firmara un programa de bajas condicionalidades con la Argentina. A la vez, intervino para que el Fondo no se pusiera a mediar entre el gobierno y los acreedores, como pedían los bancos internacionales agrupados en el Institute of International Finance (IIF) y grupos de bonistas como el Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB), para “garantizar la buena fe” del país con una quita baja en la deuda que sería canjeada.

En este sentido, el presidente Bush expresó: “Yo fui más que feliz y mi gobierno fue más que feliz en ayudar a la Argentina durante la crisis con el FMI. Kirchner hizo un buen trabajo de negociación en nombre del pueblo argentino”.

Los amigos de la Corte

En los primeros años posteriores al default de 2001 la justicia de Nueva York tuvo una actitud expectante frente a la estrategia del país, al punto tal de que el juez Griesa recién falló en su contra en 2012, cuando consideró que con la “Ley Cerrojo”, que impedía reabrir la renegociación de la deuda, se discriminaba a los bonistas que no habían aceptado participar del canje de 2010 y no se negociaba “de buena fe”.

Luego de esta sentencia de primera instancia, en lugar de repensar cómo negociar con el 7% restante, el gobierno de Cristina Kirchner utilizó la pelea contra los “fondos buitre” para fortalecerse en términos de política doméstica cuando los indicadores económicos se deterioraban en forma inexorable.

Por esta razón, en 2014, ¡pese a haber pedido hasta la intervención del papa Francisco!, el gobierno no tenía una estrategia de salida clara si ocurría lo que finalmente pasó con la Corte Suprema norteamericana.

Y la única solución que le propusieron los bancos argentinos con el respaldo del Banco Central –consistente en el pago de la sentencia para evitar otro default – también fue rechazada por la presidenta, pese a que el fallo solo llegaba a USD 1.650 millones, una cifra menor frente a la que le pagó a Repsol por la expropiación de YPF y otros acreedores en diversas disputas financieras que generó ese mismo gobierno.

En una postura infantil, la presidenta no quería subsanar esta situación, que hasta había provocado en 2012 el embarazoso embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana, ni tampoco deseaba afrontar las consecuencias de su inacción.

Frente a esta encrucijada, no había demasiado que el FMI pudiera hacer, salvo discutir el pedido del gobierno de presentar un escrito de “Amigos de la Corte”, que buscaba reforzar la postura argentina. Allí se podía argumentar que el caso tenía una relevancia que superaba los intereses de un país, al sentar precedentes que afectarían al mercado de deuda soberana y las condiciones de financiamiento de otros mercados emergentes. Por este motivo, la Casa Rosada también le había pedido a la administración Obama un mensaje similar.

Sin embargo, luego de mantener una retórica beligerante –y, en particular, tras estar a un paso de comenzar un conflicto abierto con Washington al decomisar el equipamiento de comunicaciones de un avión militar de Estados Unidos en el aeropuerto de Ezeiza–, el secretario de Estado, John Kerry, aclaró que no brindarían tal apoyo y que solo opinarían si la Corte Suprema le pedía su punto de vista al Poder Ejecutivo de su país.

Sin embargo, en 2004 el gobierno de Bush había presentado su respaldo antes del primer canje y en 2012 el Tesoro de Obama había realizado un movimiento similar ante el tribunal de segunda instancia, con escritos de “Amigos de la Corte”.

Los economistas de la administración demócrata consideraban que el fallo de Griesa podría sentar un precedente peligroso, al favorecer a algunos acreedores por encima de todo el sistema financiero. También creían que podía perjudicar a Nueva York como una plaza segura en términos jurídicos para futuras renegociaciones de la deuda soberana. “Un mal caso puede generar una mala doctrina”, repetían.

Del otro lado, uno de los principales demandantes del caso, el dueño del fondo de inversión NML, Paul Singer, tenía importantes conexiones con los legisladores republicanos por ser un gran donante del partido que llevaría a Donald Trump al poder en 2016.

En 2014 finalmente sólo Brasil, México y Francia aportaron escritos en favor de la Argentina, seguramente con el visto bueno tácito del Tesoro de Estados Unidos y del FMI, que querían dar un paso similar pero se abstuvieron por cuestiones políticas. Mientras, la directora gerente Christine Lagarde y el vocero del organismo, Gerry Rice, se limitaron a expresar su preocupación por las consecuencias sistémicas del fallo contra la Argentina sobre otros procesos de reestructuración de la deuda soberana.

Con este paraguas retórico, en el staff comenzamos a redactar un escrito, aunque todavía se debatía si esta acción no violentaba nuestra neutralidad ante conflictos que involucraron a dos países socios, sobre todo entre el primer accionista del organismo y un país acostumbrado a no cumplir con sus compromisos externos.

Ante esta disputa, como en muchos otros casos, el apoyo del Fondo se limitó a las declaraciones públicas, pero nunca se tradujo en una presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Axel, el más poderoso (y prejuicioso)

El último ministro de Economía de Cristina Kirchner fue, paradójicamente, el más poderoso de sus ocho años de mandato. Axel Kicillof tuvo el talento para acercarse a la presidenta con sus románticas y anticuadas posturas y comenzó su gestión con un tono altamente ideológico.

Su desconocimiento del mundo de las finanzas internacionales, como ocurrió también con la mayoría de sus predecesores desde el 2002, era un activo dentro del gobierno. Ante cada problema concreto con el FMI o los bonistas privados, parecía alcanzarle con repetir una serie de consignas vacías de contenido, tanto en su rol como viceministro de Lorenzino como en sus primeros meses como ministro.

En Washington se asesoró con su amiga Cecilia Nahón, embajadora ante el gobierno de Estados Unidos. Luego sumó a Sergio Chodos –un eterno sobreviviente a los cambios de ministros– como hombre de consulta, que prometía abrirle todas las puertas en el FMI y que en su oficina tenía colgada una bandera de reverencia al Frente Sandinista de Liberación Nacional fundado por Augusto Sandino en Nicaragua.

Al comenzar su gestión, Kicillof desconfiaba de Chodos, a quien no invitaba a las reuniones telefónicas que el ministro mantenía con nosotros y con Nahón. Ante esta situación, Chodos nos pedía que lo convocáramos con el argumento de que él era el Director Ejecutivo por la Argentina, con la intención de mostrarle a Kicillof sus conocimientos sobre el organismo. Para nosotros era bueno que estuviera presente ya que, frente a los prejuicios de Kicillof y Nahón, era más pragmático y contaba con más experiencia.

Recuerdo que la primera conversación de Kicillof con Lipton y conmigo en la asamblea de la primavera boreal del FMI en Washington en abril de 2014 fue muy tensa, en el edificio del organismo. Allí nos reprochó parte del contenido del informe sobre perspectivas económicas mundiales (WEO, según sus siglas en inglés) que contenía, como ocurría cada seis meses, unas escasas líneas referidas a la Argentina. Según él, tenían un claro sesgo político en contra de su gobierno.

En esa ocasión, en el reporte el Fondo asimilaba la situación económica de Argentina con la de Venezuela y eso molestó a Kicillof. El documento señalaba:

Se espera que la actividad en Argentina y Venezuela se desacelere en forma notable durante 2014. La persistencia de políticas macroeconómicas laxas ha generado una elevada inflación y una caída de las reservas oficiales de divisas. La brecha entre los tipos de cambio oficiales y de mercado sigue siendo grande en ambos países y ha seguido aumentando en Venezuela. Las medidas adoptadas para gestionar los desequilibrios internos y externos, incluidos los controles de los precios, los tipos de cambio y el comercio, afectan aún más la confianza.

El elogio más nítido en el WEO fue a dos decisiones que el gobierno había tomado a su pesar –la devaluación del tipo de cambio oficial y la suba de las tasas de interés de principios de ese año– y que, lejos de reivindicarlas, las atribuía a la especulación de las empresas privadas. En particular, responsabilizó al presidente de la empresa petrolera Shell Argentina, Juan José Aranguren, de impulsar la devaluación a través de una compra compulsiva de dólares.

Ambas medidas reflejaban que el gobierno se había quedado sin combustible por la baja de las reservas del Banco Central a través del mecanismo de presunto “desendeudamiento”; esto es, pagar la deuda del país con reservas del Banco Central en lugar de refinanciarla con el mercado.

Por lo tanto, tenía que comenzar a corregir su rumbo por la creciente inflación y así, con más errores que aciertos, salió del default que mantenía con el Club de París –en un plazo más corto y a una tasa mayor que el promedio–, le pagó a la empresa española Repsol por la estatización de YPF –con una endeble estructura jurídica– y esbozó cambios en los principales datos del Indec, aunque sin corregirlos.

La improvisación y los errores del ministro en todas estas decisiones derivaron en altos costos financieros y juicios posteriores en contra del Estado. Todo aquello que Cristina Kirchner y él no resolvieron tuvieron que enfrentarlo los siguientes gobiernos. Cálculos del economista Fernando Marull estimaron que esta “cuenta sin pagar” sumó USD 64.000 millones para el país, cerca del 10% de su PBI.

Para contrarrestar estas desprolijas negociaciones, Kicillof exageraba su tono agresivo hacia el FMI y, en cada discurso que daba, parecía sentir la necesidad personal de utilizar un tono similar al de la Teología de la Liberación. Sus pares de otros países lo miraban extrañados y molestos por sentir que alguien venía a darles una lección, sin demasiados resultados o credenciales para sostenerse.

De hecho, en esa ocasión, después de su reunión con Lipton, intenté acercar posiciones e influir para que sus intervenciones buscaran un efecto concreto y con menos críticas al Fondo, las cuales no generaban ningún resultado.

“Si planteás tus ideas a partir de argumentos técnicos, por ejemplo, indicando que vas a trabajar para disminuir el poder del mercado en sectores clave de la economía en beneficio del consumidor, en lugar de decir que le vas a aplicar sanciones a los empresarios para reducir sus márgenes abusivos, mis colegas van a coincidir contigo y podemos acercar posiciones. Lo que buscás es lograr ciertos objetivos concretos, no ganar una discusión retórica”, le planteé.

Creo que, en forma gradual, se sacó de encima el peso de tener que “retarnos” cada vez que nos veíamos y comenzó a ser más práctico. De todos modos, nunca dejó de pretender que la realidad se acomodara a sus añejas ideas en lugar de entender cómo funcionaba el mundo. Por este motivo, cuando el país cayó nuevamente en default en 2014 comenzó a desfilar por las Naciones Unidas para proponer un mecanismo supranacional de resolución de la deuda soberana, en vez de trabajar con los acreedores del país en una solución práctica.

Si bien no dimos demasiados pasos concretos, al menos la relación no se deterioró más y la última vez que nos reunimos fue en octubre de 2015, durante la asamblea anual del FMI en Lima; en esa reunión fue amable con Lipton y conmigo. Su tiempo había pasado, ya que tanto el candidato presidencial oficialista, Daniel Scioli, como el opositor, Mauricio Macri, se habían comprometido a encarar una agenda económica más racional.

En aquel entonces parecía, aunque los hechos políticos posteriores demostraron lo contrario, que se terminaba el apogeo de Cristina Kirchner con indicadores negativos por doquier, pero con la ventaja de que la “bomba” con todos los problemas pendientes debería ser desactivada por el siguiente gobierno.

Ya despreocupado por esos resultados en el tramo final de su gestión, Kicillof nos regaló a ambos su libro Diálogos sin corbata y a David un saquito de té Lipton, todo un gesto para un economista que representaba como pocos los prejuicios argentinos hacia el FMI.

Capítulo 5

Del divorcio a la reconciliación

Desde fines de 2014 empezamos a establecer contactos más formales con diferentes grupos de economistas de la oposición que trabajaban en programas de estabilización y reforma para la economía argentina.

En este sentido, mantuvimos varias reuniones con Federico Sturzenegger, cercano a Macri, quien preparaba un plan de estabilización. En dos ocasiones se reunió con nuestros equipos del FMI que le daban seguimiento al país, para comparar modelos e ideas sobre cómo debería establecerse ese programa. Con él, a quien conocí en el MIT en la década del 90, veníamos hablando desde hacía varios meses sobre estrategia económica.

También, en las reuniones del FMI de la primavera boreal de 2015, me reuní con Rogelio Frigerio –quien luego fuera designado como ministro del Interior de Macri– y comenzamos un trabajo similar.

Además, en las reuniones anuales del Fondo en Lima en octubre de 2015, cerca de las elecciones, intercambiamos opiniones con Carlos Melconian, quien fue relegado a la presidencia del Banco Nación cuando asumió Macri.

De modo tal que cometimos otro gran error de pronóstico, porque nunca establecimos contacto con quien sería designado como ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a quien todo el mundo, a priori, imaginaba al frente de la Cancillería.

A Prat Gay yo no lo conocía, ni lo traté mucho durante su período en el ministerio, pero lo que se comentaba en los pasillos del Fondo y en muchos círculos económicos en Buenos Aires era que, debido a sus ambiciones políticas, no era el candidato ideal para realizar el ajuste fiscal que la Argentina necesitaba.

Según relataban algunos funcionarios del FMI, su relación con el organismo cuando fue presidente del Banco Central entre 2002 y 2004 no fue muy constructiva, ya que el Fondo tenía un vínculo más estrecho con el ministro Roberto Lavagna, con quien Alfonso tenía fuertes diferencias sobre el manejo de la deuda pública. Además, dada su carrera en los mercados financieros –había comenzado en el banco JP Morgan–, parecía más cómodo en ese entorno de inversores privados que en Washington.

Ya como ministro, Prat Gay consideraba que el FMI debió haber sido mucho más duro frente a la distorsión de las estadísticas públicas argentinas y de la política económica en general del kirchnerismo. Del equipo que formó en su etapa como ministro del gobierno de Macri nunca percibimos interés en utilizar los recursos y el conocimiento del FMI en materia de reglas e instituciones fiscales, subsidios energéticos, eficiencia del gasto público, reformas tributarias, regímenes fiscales para las industrias extractivas y otras áreas.

Este pedido de asistencia técnica es una práctica común de los países miembros y, dada la pérdida de capital humano que había sufrido la administración pública en Argentina, era un insumo que necesitaban. Creo que no solo no se acercaron al FMI para dialogar sobre estos temas, sino que tampoco desarrollaron por sí mismos un trabajo serio y profundo sobre muchas de estas cuestiones.

En cambio, del Banco Central observamos una actitud diferente. En un primer momento, solicitaron una misión de asistencia técnica conformada por especialistas en modelos macroeconómicos. De hecho, ese año, y con la intención de mejorar la relación con las autoridades –y que el FMI tuviera una presencia más normal en Argentina–, planeamos la visita del economista jefe del organismo, Maurice Obstfeld, a Buenos Aires. El economista jefe del Fondo siempre es un académico del área de finanzas internacionales, de gran reputación, que solicita licencia de su cargo universitario y se desempeña entre tres y seis años en ese puesto, a cargo del departamento de investigación y también como consejero económico del director gerente. Ese rol lo han cumplido Michael Mussa, Ken Rogoff, Olivier Blanchard, Ragu Rajan y Gita Gopinath, entre otros.

Entendíamos que era un gesto importante llevar al economista más reconocido del FMI, quien, además no tenía ninguna responsabilidad directa sobre el país, por lo que podía dialogar con más libertad.

En Buenos Aires, Maurice dictó una conferencia en la Universidad Di Tella y después mantuvimos reuniones con funcionarios del Banco Central. Apenas llegamos a Buenos Aires, el economista jefe del Central, Andrés Neumeyer, organizó un asado en su casa con todos los miembros del Directorio del banco, menos Sturzenegger que estaba de viaje. Entre achuras, discutimos opciones para implementar políticas de ingreso necesarias para coordinar una mayor desaceleración de precios y salarios.

El optimismo exagerado de Macri

Macri cometió el error de formar un equipo en el que sus miembros compartían un diagnóstico demasiado positivo acerca de las posibilidades de crecimiento, financiamiento y de la reducción de la inflación, incluso con una estrategia gradual en términos fiscales y estructurales. Creo que en el lugar donde se definió este camino no participó el típico economista clásico –que podría haber sido Ricardo López Murphy– que abogara por las recetas convencionales y señalara los posibles riesgos que enfrentarían.

En ese gabinete económico también había cierta confusión entre la visión empresarial de algunos de sus integrantes y la necesidad de tener una perspectiva más general e integrada, típica de un policy maker . Esta confusión me recordaba el título del libro de Rajan y Zingales, Saving Capitalism from the Capitalists , ya que en el gobierno de Macri había muchos “capitalistas” y pocos “tecnócratas” influyentes.

Al no recibir noticias del nuevo equipo económico a las pocas semanas del cambio de gobierno, consideré prudente comunicarme y sugerirles que tuvieran una reunión con Lagarde en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. Recién allí tuvimos una conversación cordial y agendamos el encuentro, al que asistieron Prat Gay y Sturzenegger.

Macri brindó dos mensajes claros para diferenciarse de su predecesora al viajar al Foro que se desarrolla en enero en ese lujoso centro de esquí europeo. Se trasladó con el entonces líder del peronismo disidente Sergio Massa para mostrar amplitud y anunció que había instruido a su equipo económico para que se normalizara la relación con el FMI en la elaboración de los informes sobre el país.

“No tenemos nada para ocultar”, dijo Macri en una conferencia de prensa, luego de que Prat Gay y Sturzenegger se reunieran con Lagarde. Allí acordaron que el FMI publicaría las evaluaciones anuales que se habían realizado sobre la economía argentina durante el kirchnerismo, que sustituyeron al tradicional Artículo IV que no se realizaba desde 2006. Por supuesto que Cristina Kirchner no autorizó a publicar estos informes mientras estuvo en el poder.

Es cierto que el nuevo gobierno era mucho más transparente e institucional que el anterior, pero también tenían la intención de pedirnos que se publicaran estos documentos para subrayar los aspectos negativos de la gestión económica de los gobiernos kirchneristas. Con el mismo objetivo, cuatro años después Alberto Fernández exigió que el FMI realizara y publicara el estudio de la evaluación del programa que se hizo con la administración de Macri en 2018.

También, los funcionarios de Macri presionaron bastante a principios de 2016 para que se levantara la moción de censura aplicada al país por la distorsión de las estadísticas del Indec, una decisión que el Directorio recién adoptó en noviembre de ese año, cuando se habían removido todas las distorsiones estadísticas aplicadas en el kirchnerismo.

Lagarde, al valorar que el presidente y su ministro de Hacienda se comprometieran en persona a normalizar sus obligaciones como miembros del organismo, los elogió:

Las políticas macroeconómicas identificadas por el nuevo equipo y las nuevas autoridades en la Argentina son alentadoras y esperamos que estabilicen la economía argentina. Realmente los apoyamos […] la determinación de tener datos transparentes y el estado de emergencia estadístico que ha sido declarado por las autoridades argentinas, todo eso es bueno.

A principios de 2016, la Argentina exhibía un importante retroceso en varios indicadores socioeconómicos respecto del inicio del mandato de Cristina Kirchner en 2007 en materia de pobreza, estancamiento económico, atraso cambiario, caída de las reservas del Banco Central, aumento del déficit fiscal y mayor inflación. Sin embargo, el kirchnerismo había logrado “aguantar” hasta el final de su mandato para que todos estos problemas tuvieran que ser resueltos por el siguiente gobierno.

El velo se cayó con rapidez, pese a que Macri decidió no mencionar demasiado la herencia recibida por dos razones. Por un lado, creía, según sus funcionarios, que solo había recibido de la sociedad un “mandato de mejora institucional” para combatir la corrupción del kirchnerismo, pero no para emprender reformas macroeconómicas profundas. Por el otro, pensaba que si brindaba un diagnóstico demasiado pesimista, perdería con rapidez el fervor que había generado entre los inversores financieros antes de asumir.

De todos modos, el cambio de actitud era enorme en relación con la política exterior en general. Veníamos de un gobierno que no solo no cumplía con sus obligaciones como miembro de la comunidad financiera internacional ni implementaba políticas conducentes para el bienestar de la población, sino que también había desarrollado relaciones estrechas con Irán. Este país fue señalado por la Justicia como responsable de los dos atentados terroristas que había sufrido la Argentina, en 1992 contra la embajada de Israel y en 1994 contra su principal mutual judía, la AMIA.

Por supuesto que en el FMI, así como en el resto de los organismos multilaterales, había grandes expectativas de restablecer relaciones constructivas con el tercer país de América Latina y miembro del G20. Del otro lado, sin embargo, sentíamos cierta resistencia a entablar una relación de trabajo con los organismos multilaterales, sobre todo con el FMI.

Creo que no entendieron, pese a la experiencia previa de varios miembros del nuevo equipo económico en el mercado de capitales, el carácter volátil de los fondos de inversión. Estos capitales apuestan por un país hasta que, en ausencia de credibilidad y de suficientes reservas internacionales, huyen de un día para otro en busca de mejores oportunidades cuando comienza un período de turbulencias. Sin duda, había un fuerte voluntarismo en el diseño de la estrategia económica.

Prat Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, creían que los mercados voluntarios financiarían no solo la salida completa del default de 2001, sino también el gradualismo fiscal que pensaba desplegar el nuevo gobierno. Y, si ese no era su pensamiento, no quedaba claro cuál era su estrategia alternativa para cuando se terminara el financiamiento del mercado. Nunca construyeron una buena relación con quien ellos creyeran que pudiera ser su eventual prestamista de última instancia, el FMI, China u otro país.

La confianza que le expresaron los ejecutivos internacionales y varios jefes de Estado a Macri y a Prat Gay en ese Foro de Davos retroalimentó esa visión: si la Argentina volvía al mundo y recibía el aplauso de jefes de Estado de países desarrollados e importantes empresarios, la tarea más delicada, consistente en restablecer la confianza en el país, parecía haber sido superada con éxito.

Sin embargo, con mi equipo teníamos cierto recelo, porque en los estudios que se realizaban como parte del Artículo IV medimos la capacidad de los principales fondos de inversión para absorber la deuda argentina que estimamos que el país necesitaría emitir en los siguientes cuatro años.

De inmediato, nos dimos cuenta de que la estrategia de la nueva administración no sería sencilla de aplicar, porque el espacio que podría ocupar Argentina en los portafolios internacionales, aun si mejoraba fuertemente su calificación, era menor a las necesidades que estimábamos en este ejercicio. Por más entusiasmo que les generara Macri, la conformación de una cartera diversificada como la que exigen las estrategias de los fondos de inversión chocaba contra la necesidad política del gradualismo.

Las líneas generales del programa económico presentaban otras dimensiones importantes de ingenuidad: la velocidad en la reducción esperada de la inflación, la rápida recuperación anticipada de la inversión y el optimismo en las proyecciones de crecimiento económico. El mismo defecto existía en torno del diagnóstico sobre las dificultades de manejar la macroeconomía con pocas reservas y con apertura de la cuenta de capitales, pese a la historia de inestabilidad financiera del país.

Todos estos temas fueron centrales en la revisión del Artículo IV que se realizó en noviembre de ese año. En ese documento se presentó la evidencia internacional respecto a la velocidad de reducción de la inflación. El informe probaba que la mayoría de los países han demorado más de cuatro años para reducirla a un dígito. También se revisó la experiencia global respecto a casos de aumento de la inversión y se exhibía como, en la mayoría de los casos, eran más modestos a lo que suponía Argentina. Resultaban lentos y ocurrían de la mano de un incremento importante del ahorro nacional, en particular del sector público. O sea, con el ajuste fiscal tan temido por ese primer gabinete económico de Macri.

Por otra parte, en esos primeros meses en los cuales negociaron con los holdouts y quitaron el cepo, observamos las negociaciones que se realizaban para conseguir swaps entre el Banco Central y entidades financieras privadas del exterior con la intención de reforzar las reservas internacionales. En este punto nos surgían reparos, ya que las garantías que debían ofrecerse al tomar un crédito de bancos comerciales son altas. Esto se debe a que tomar este tipo de préstamo significa que el país no es un buen sujeto de crédito, capaz de emitir deuda en el mercado voluntario internacional.

Por esta misma razón, los acreedores del swap gozan de una influencia excesiva en caso de que haya que reestructurar su deuda soberana, como ocurrió después de las elecciones primarias de 2019, cuando gozaron de una fortuna que no tuvieron otros inversores.

Desde Washington parecía mucho más lógico negociar un programa inicial con el FMI que incluyera las políticas que ya tenían decidido desarrollar y utilizar los recursos del organismo para fortalecer las reservas. Si se hubiera establecido ese acuerdo, habrían dependido menos de los mercados y dejado el programa con el FMI como un elemento precautorio para ser utilizado en caso de turbulencia en los mercados. Esta opción hubiese exigido presentarle a la sociedad un diagnóstico más realista de la situación económica y una política fiscal más agresiva. Si por cuestiones políticas esta opción no se consideraba viable, la apertura del cepo debería haber sido más pausada, tal como se planteó también en el Artículo IV.

Para evitar el riesgo de los vaivenes de los mercados internacionales en una economía sin reservas, la recomendación lógica era ordenar los controles previos al capital que estaban vigentes desde 2011 y retirarlos en forma gradual, en la medida que se acumularan reservas y la política macroeconómica ganara credibilidad.

Las reuniones por este primer Artículo IV tuvieron un contrapunto importante por el clima de trabajo que se generó en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. En el Central, en la mesa circular del Directorio, participaron todos los miembros del equipo y Sturzenegger alentó un ambiente muy abierto de discusión, casi académico, en el cual aun los integrantes más jóvenes de nuestro equipo se sintieron con la libertad de discutir. En cambio, en la amplia sala de reuniones del ministro del quinto piso del Palacio de Hacienda, la reunión con Prat Gay y su vice, Pedro Lacoste, fue muy formal y estéril.

Aproveché ese viaje para realizar una presentación en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en el hotel Palace, donde presenté algunos ejes que luego incluiría en el Artículo IV, mientras recordaba cómo en mi infancia entraba a ese mismo lugar cuando mi abuelo nos llevaba a mi hermano y a mí a caminar por la calle Florida los sábados a la mañana.

La fantasía del board

Héctor Torres, el director ejecutivo por Argentina en el directorio del FMI, sentía un gran peso sobre sus hombros. La normalización de las relaciones entre el FMI y la Argentina era, sin duda, un gran paso para ambas partes, pero también implicaba una responsabilidad y abría una ventana para que el Fondo volviera a cuestionar las políticas adoptadas por el país. De todos modos, más allá de la natural excesiva cautela que tenía en esos meses de 2016 previos al primer Artículo IV que realizaría la Argentina desde 2006, manejó bien la situación, en buena medida porque ya había sido representante del país ante el Fondo entre 2004 y 2008.

Torres también había sido director alterno por Brasil ante el Directorio y, por esta razón, más allá de valorar sus conocimientos y la profesionalidad de su tarea, en algún momento me pregunté por qué alguien tan capaz como él regresaba al Directorio del organismo. Se trata de un ámbito que, pese a las fantasías de algunos periodistas y analistas, es bastante poco relevante.

En primer término, el Directorio no tiene mucha influencia sobre las decisiones del organismo. Sus miembros tienen escaso peso sobre las políticas de la institución y los programas de los países. La mayoría de los temas centrales se deciden entre los ministros y los banqueros centrales de un lado y el staff y el director gerente del otro. En los casos de alto perfil, se suman consultas y diálogo con los ministerios de los principales accionistas.

Dada la gran cantidad de horas y recursos que se pierden en esas 2 o 3 reuniones semanales del Directorio, creo que el resultado refleja una escasa eficiencia y un alto nivel de esclerosis por parte de la institución. No recuerdo ninguna propuesta llevada al directorio por el Director Gerente que haya sido rechazada; solo una se pospuso por dudas de algunos miembros del Directorio en encuentros informales previos a la reunión oficial. Así, en estas deliberaciones Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia ratifican sus posiciones sobre el tema y su influencia en la institución. Con una estrategia diferente, China y Japón presentan, por lo general, posturas chatas y burocráticas; están cómodos con ejercer su influencia a través de interacciones previas con la dirigencia del organismo. Finalmente, países como Brasil y Rusia exhiben ocasionalmente participaciones fuertes y contrarias al management para hacer valer su voz de mercados emergentes relevantes. Si bien estas son las conductas tradicionales de algunos miembros, existen desviaciones importantes según la personalidad de los directores ejecutivos. Algunos han sido muy respetados por su profundidad analítica y otros , más allá de la posición de su país, disfrutan el micrófono y sus 5 minutos de fama durante estas sesiones.

¿No sería más lógico que esos funcionarios, a quienes les paga su salario el FMI pero que representan a sus países, se reúnan solo cada tanto, cuando la relevancia de los asuntos así lo exija? Y, en ese caso, que los países estén representados por un viceministro o un ministro. O, si lo que se busca es una institución más técnica, la sugerencia que han formulado algunos académicos es que haya un Directorio independiente, donde los países nominen personalidades con los requisitos técnicos adecuados y que, una vez aceptada su nominación, tengan garantizada su autonomía.

Sin embargo, la existencia de un Directorio permanente genera un sentido de corresponsabilidad y de apoyo político de los países socios hacia el Fondo que tiene un gran valor.

Más allá de estas cuestiones formales, la primera gran cita técnica con el nuevo equipo de Hacienda debería haber sido en la Asamblea de Primavera de 2016 del FMI y el Banco Mundial.

No recuerdo en aquella ocasión haber sostenido reuniones con el equipo del ministerio. En cambio, Sturzenegger se reunió con nuestros equipos técnicos y nos vimos en una cena que, en algunas de las reuniones del Fondo, organizábamos los exalumnos de Rudi Dornbusch del MIT que estábamos en la ciudad. En esa ocasión asistieron el expresidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio; el brasileño Ilan Goldfajn, mi sucesor en el FMI y luego presidente del BID; Guy Debelle, vicepresidente del Banco Central de Australia, Sturzenegger y yo.

Desde el primer momento, en el FMI creímos que las metas de inflación que se había fijado el nuevo gobierno no eran realistas. En 2016 el Banco Central anunció un rango de “inflación objetivo”, con pautas de inflación anual entre 12% y 17% para 2017; entre 8% y 12% para 2018 y entre 3,5% y 6,5% para 2019. Ninguna se cumplió.

Según el índice de precios al consumidor que realizaba la Ciudad de Buenos Aires –y que se utilizó como una medición válida mientras se construía la nueva serie nacional en el Indec–, la inflación fue del 26,9% en 2015, del 41% en 2016 –cuando se sinceraron muchos precios– y del 26,1% en 2017; este último año el Indec publicó el nuevo IPC, que arrojó una suba del 24,8%.

Cabe recordar que, para que el Estado argentino no afrontara las consecuencias del “enchastre” que el kirchnerismo desarrolló sobre las estadísticas, el gobierno de Macri decidió comenzar un nuevo IPC sin “empalmarlo” con el que había comenzado a manipularse en 2007. De lo contrario, se habrían disparado miles de sentencias judiciales, en el país y en el exterior, por parte de bonistas con títulos ajustables por inflación y por el PBI que sufrieron las consecuencias de la distorsión de las cifras del Indec. El efecto negativo de esta decisión es que perdió fuerza la causa judicial en la Argentina contra los responsables de esta maniobra en las estadísticas públicas realizada con Néstor y Cristina Kirchner. De todos modos, un grupo de bonistas logró en Londres una sentencia favorable por la modificación del cálculo del PBI por unos USD 1.500 millones.

Más allá de esta cuestión, en 2016 parecía que, luego de un lógico salto que siguió a la apertura del cepo, del avance del dólar y de la corrección de otros precios atrasados, la inflación se acelerara.

Sin embargo, con el descenso exhibido en 2017, combinado con un crecimiento del PBI del 2,9% ese año, no era fácil mantener un discurso crítico. Por lo tanto, nuestros reparos se diluyeron en la primera mitad del gobierno.

Otro problema, sin duda, era la tribalización que Macri había decidido sobre el manejo de la política económica, al otorgarle un manejo acotado a Prat Gay de los instrumentos de la política económica. De todos modos, no parecía que el equipo del ministro tuviera grandes ambiciones en materia del diseño de la política tributaria y de ordenamiento del gasto público, entre otras cuestiones clave. En ese primer año más que gradualismo observamos un retroceso, ya que se tomaron varias medidas que deterioraron las perspectivas fiscales de mediano plazo, entre las que destacan la reformas de pensiones y la del impuesto sobre el ingreso.

En mi experiencia en el gobierno mexicano, el secretario (o ministro) de Hacienda tiene el poder de facto para presentarle al presidente la agenda económica, incluidas las reformas que deben implementar otros ministerios. Y, en el caso de plantearse una ambiciosa agenda fiscal, debe ser acompañada por un proyecto de transformación de la economía para impulsar un crecimiento sostenible.

Así, Macri repetía una táctica utilizada por Kirchner apenas se sacó de encima a Lavagna en 2005, por temor a que se transformara en un competidor con chances para la siguiente elección presidencial, al igual que lo hizo Menem con Cavallo en 1996. Lo curioso de ambos casos es que estos dos ministros, más allá de sus aspiraciones personales, generaron buenos resultados en materia económica que fueron capitalizados en términos electorales por sus respectivos presidentes.

Llega el tiempo del ajuste

De todos modos, me asombró la temprana salida de Prat Gay del Ministerio de Economía en diciembre de 2016. No habíamos registrado que hubiera tal nivel de confrontación entre él y el jefe de gabinete, Marcos Peña, encargado de vigilar y asegurar la partición de la política económica desde la Casa Rosada.

Tampoco observábamos desde la sede del FMI un contexto económico que justificara la salida del ministro, pese a las diferencias de enfoque que teníamos en cuanto a la velocidad del ajuste que había que aplicar. Por lo tanto, claramente su salida fue una sorpresa para mí, aunque tal vez fue producto de su análisis sobre los riesgos que enfrentaría la economía y su clara intención de no ser el ministro del ajuste.

Además, no hubo hasta su precipitada salida una alianza entre su ministerio y el Banco Central para lograr una mayor coordinación frente a las presiones políticas.

En todo caso, su alejamiento reflejó para nosotros las dificultades que había en la Argentina, pese a todas las promesas de mayor institucionalidad por parte de Macri, de fortalecer la autonomía de los funcionarios técnicos y en particular, como se reflejó tiempo después, la independencia del Banco Central, un aspecto clave para lograr una sostenida y profunda reducción de la inflación.

El único signo de tranquilidad fue que las primeras informaciones sobre su sucesor, Nicolás Dujovne, nos resultaron positivas. Amigos en común me adelantaron que el nuevo ministro se enfocaría en forma plena en la cuestión fiscal con una visión más clara que Prat Gay respecto de la necesidad de llevar a cabo un ajuste, luego de la notable emisión de deuda de 2016.

Pese a que la mayoría de los funcionarios del FMI no lo conocían en forma directa, yo lo había visto a Dujovne en una cena tres meses antes de que asumiera. En mi viaje a Buenos Aires para las reuniones finales de la misión del Artículo IV, Ariel Sigal, otro viejo amigo de los círculos económicos y financieros, organizó una comida a la que asistieron varios empresarios y economistas, entre los que estaba él.

Más allá de algunas luces amarillas, lógicas para un país que comenzaba a desarmar un esquema de represión de precios, generaba ilusión el cambio de enfoque del gobierno respecto del kirchnerismo. Por lo tanto, no había señales de alarma que nos indicaran en diciembre de 2016, en medio de ese recambio ministerial, que la situación se desbarrancaba.

De hecho, el gobierno no nos quería tener cerca. En el 2017 existieron tensiones sobre el rol que el Fondo pretendía tener en apoyo a la Argentina en la organización del G20 que le tocaba liderar a Macri en Buenos Aires durante 2018.

El departamento del FMI encargado de estos temas, Strategy, Policy & Review (SPR), nos presionaba para organizar reuniones con las autoridades argentinas. A su vez, en el gobierno no existía ningún interés de que hubiera funcionarios del Fondo en Buenos Aires, aunque fuera para apoyar la elaboración de los documentos para estas reuniones.

Parecía que estaba todo dado para que Macri avanzara en su agenda de reformas sin nuestro respaldo: una agenda económica positiva y un poder político, tras el triunfo de 2017, que no tenía al asumir en 2015, aunque los desequilibrios económicos se profundizaban.

Esta preocupación fue uno de los asuntos principales de la visita que hicimos en 2017 para el nuevo Artículo IV. La primera sección del reporte se denominaba “La trampa del gradualismo” y realizaba una descripción detallada de cómo la falta de convicción en el ajuste fiscal retrasaba la reducción de la inflación, incrementaba el déficit en la cuenta corriente y generaba fragilidad en las condiciones de financiamiento.

Las autoridades no esperaban una crítica tan abierta en el reporte y eso nos generó bastante fricciones y quejas.

La lluvia de piedras de aliados de la oposición en el Congreso, los errores propios y una mala cosecha del agro –un factor clave para explicar el rumbo de la economía argentina– contribuyeron para que el escenario de festejos poselectoral se transformara rápidamente en una catarata de episodios negativos que depositaron a la Argentina nuevamente en un programa con el FMI.

El llamado menos esperado

Durante la mañana del 8 de mayo de 2018 tomaba un café en el bistró del edificio principal del FMI, el HQ1, cuando recibí un llamado inesperado de Lagarde, quien me contó que Macri había pedido hablar con ella. Me sorprendió.

El Fondo tiene dos edificios contiguos que se llaman HQ1 y HQ2, por headquarters o “cuarteles centrales”, como parte de la terminología militar que se utiliza en los organismos de las Naciones Unidas. De hecho, cuando vamos a un país, se habla de misiones.

El HQ1 es el más antiguo y allí en el piso 12 está la sala de Directorio (el “board ”) y las oficinas de la directora gerente, los subdirectores gerentes y algunos miembros del Directorio. El resto de las oficinas de los directores ejecutivos están en el piso 13. En Washington D. C. existe una ley de fines del siglo XIX que limita la altura de los edificios para que no puedan tener más de once pisos. Existe la leyenda, aunque sin un fundamento histórico, de que esa restricción se adoptó para evitar que las construcciones de la ciudad fueran más altas que el Capitolio, donde funciona el Congreso de los Estados Unidos. Pero los arquitectos que diseñaron el Fondo lograron “ganar” dos pisos más que los autorizados por la norma sin quebrar la ley, en una muestra de “contabilidad creativa”, al colocar las máquinas de los ascensores, la calefacción y el aire acondicionado entre los pisos sin ocupar más espacio.

Lagarde quería saber, mientras yo disfrutaba de mi expreso, si Macri le pediría financiamiento al Fondo. Mi respuesta inmediata fue que era prematuro pensar que el presidente la podía llamar con ese objetivo, porque creía que la Argentina todavía tenía margen para convencer a los mercados de financiar al país con una “vuelta de tuerca” en determinadas políticas económicas. Además, le dije que sería curioso que un jefe de Estado se comunicara con el número uno del FMI sin que hubiera un tanteo previo del ministro de Economía al staff para analizar el tipo de programa al que se podría acceder, cuántos recursos podían girarse y qué medidas formarían parte del acuerdo. Recuerdo haber hecho un gran énfasis en este segundo eje, porque es lo que suelen hacer los ministros antes de proponerles a sus presidentes que soliciten apoyo del FMI. Cuando uno le hace una propuesta de este tipo tiene que haber hecho un análisis de las consecuencias de la medida, evaluado otras alternativas y llegar a la conclusión de que ese camino es el más adecuado.

Pero este gobierno argentino carecía de esta experiencia y, como vimos a lo largo de la negociación e implementación del programa, tomaría varias decisiones de manera muy poco convencional.

Por supuesto que mi equipo mantenía el diálogo habitual con el equipo económico; en particular, con el staff del Banco Central y con menos frecuencia con Sturzenegger y con el jefe de asesores de Hacienda, Guido Sandleris. En alguna de estas conversaciones se mencionó la posibilidad de recurrir al FMI en el contexto de que era la “opción B”. Sin embargo, nunca habíamos mantenido una conversación seria, que comenzara con la frase: “Qué pasaría si recurrimos al FMI…”.

Lo cierto es que Macri llamó a Lagarde y le dijo que necesitaban el apoyo “preventivo” del FMI, por lo que mi percepción preliminar había resultado equivocada. Apenas cortó la llamada, el presidente hizo el anuncio en público.

Claramente la situación de la Argentina se había deteriorado, primero por el brutal episodio de violencia en las calles el 18 de diciembre de 2017, cuando grupos opositores tiraron cientos de piedras al Congreso de la Nación mientras los diputados votaron una ley que modificaba la fórmula de cálculo para el aumento de las jubilaciones. Fue un traumático episodio que tuvo la complicidad del peronismo kirchnerista.

De hecho, un grupo de diputados de ese bloque se enfrentó con los efectivos de seguridad que custodiaban el ingreso a la Cámara de Diputados, porque aquellos pretendían permitir el ingreso de los manifestantes que no querían que el Congreso sesionara. El presidente del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, había arengado antes de la sesión: “Espero que todos los ciudadanos argentinos que están en contra de la ley vengan al Congreso”.

Desde ese entonces, una parte del gobierno en general y del equipo económico en particular se colocaron a la defensiva, pese a que habían ganado las elecciones de medio término apenas dos meses antes.

Cuando un gobierno se queda encerrado en un callejón tiene dos opciones: o redobla la apuesta para consolidar su poder (una decisión que podría haber ocurrido dado que objetivamente tenía más apoyo en el Congreso que al asumir) o comienza a retroceder y a tomar decisiones erráticas, espasmódicas, que, con el condimento de determinados problemas exógenos, pueden derivar en una crisis como la que se registró en 2018.

El gobierno elige un mal camino

Lamentablemente el gobierno de Macri fue por el segundo camino, a partir del confuso cambio de estrategia en la política monetaria, cuando la Casa Rosada empujó al Banco Central a fines de 2017 a bajar las tasas de interés. Forzó esta decisión pese a que la economía había crecido 2,9% y a que la inflación había bajado del 41% en el año 2016 al 26%.

Sin demasiados rodeos, el jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, le dijo a Sturzenegger que debía reducir la tasa de interés de referencia para permitir que la economía se expandiera más. Esta presión se produjo aunque, a diferencia de 2016, habían crecido el consumo privado, la producción industrial y el PBI per cápita.

Si bien el ejercicio de buscar culpables en un banco central es una típica estrategia de los ministros de hacienda y de los asesores del gobierno en muchos casos, dados los altos niveles de inflación y la historia de inestabilidad financiera de la Argentina resultaba un juego mucho más riesgoso que en otras latitudes.

La señal que transmitió Peña con ese mensaje –que fue acompañada por la advertencia de que o reducía la tasa o tenía que renunciar– era doblemente negativa. Por un lado, porque dejaba en claro que, en lugar de construir un círculo virtuoso y ajustar la política fiscal para que la economía creciera en forma sostenida –algo por lo cual, además, habían convocado a Dujovne como sucesor de Prat Gay–, el gobierno optaba por relajar la política monetaria aun cuando la inflación todavía era muy alta. Por el otro, porque Sturzenegger ingresó en el dilema habitual de algunos funcionarios entre las cuestiones técnicas y las lealtades políticas o personales. Para formar un buen equipo, un presidente debe incorporar profesionales que no tengan este tipo de cercanía con él. Sin embargo, es probable que en ese momento Sturzenegger haya priorizado ser un buen team player en lugar de tratar de convencer al presidente sobre los costos de esta maniobra y amenazar con su renuncia.

La presión de la Jefatura de Gabinete era para que el BCRA bajara las tasas 1.000 puntos básicos en seis meses, con un primer recorte de 250 puntos, pero el presidente del Central le concedió solo una reducción inicial de 75 puntos básicos.

Ante esta reticencia, el paso siguiente fue más grave, porque el gobierno convocó a una conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar el 28 de diciembre de 2017 un relajamiento de las metas de inflación con el objetivo de bajar las tasas, en una escena que reveló con claridad la pérdida de independencia del Banco Central y la confusión imperante sobre el rumbo económico.

En el escenario, frente a los periodistas, estaban Sturzenegger con los ministros Dujovne de Hacienda y Luis Caputo de Finanzas, y el propio Peña, que marcaba el carácter político de la decisión.

Aunque algunos de sus colaboradores más estrechos le pidieron que no se sumara a esa conferencia, Sturzenegger les dijo que no podía tomar esa actitud porque provocaría una crisis mayor y les aclaró, en una muestra de la confianza que todavía le tenía al presidente Macri, que podría manejarse bajo las nuevas reglas. Allí se anunció que la meta de inflación para 2018 no sería de una banda del 8% al 12% como estaba previsto, sino del 15%, y que para 2019 la pauta sería del 10% en lugar del 5%, con la intención de relajar la política monetaria.

En aquel momento en Washington no actuamos con la actitud que hubiera requerido el asunto, que para los mercados se volvería un punto de quiebre en términos de confianza. Aunque el relajamiento de las metas podía considerarse necesario ya que eran muy ambiciosas, el cambio debió hacerse sin debilitar al Central. Es decir, sin haber bajado las tasas de interés y con medidas que fortalecieran la independencia de la autoridad monetaria. Tal vez, porque estábamos enfocados en la reconstrucción de la relación bilateral, pero sobre todo porque la Argentina no tenía un programa con el FMI.

Sí sobrevolaba en el aire una sensación preocupante más allá del cambio puntual de las metas, porque el episodio dejaba en claro que, pese a su prédica en favor de la institucionalidad, Macri no envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para fijar la independencia del Banco Central ni le otorgó autonomía de facto. Dada la confianza que el titular del Central tenía respecto a las convicciones del presidente tampoco había empujado en esa dirección como condición para asumir el cargo.

Era importante que ese gobierno siguiera las buenas prácticas internacionales para reducir la inflación, aunque optó por lo contrario. Y allí comenzó a sembrar una de las causas de la crisis de 2018.

¿El Messi de las finanzas?

Uno de los principales asesores financieros de Dujovne, Ariel Sigal, le aclaró al resto del equipo técnico antes de asumir que los mercados le prestan a un gobierno el primer año contra una promesa, pero el segundo año ya exigen logros concretos. La ventana para esa administración fue mayor, ya que pudo emitir bonos apenas asumió –al cumplir con sus promesas, como la liberalización del mercado cambiario y el arreglo de la deuda en default – y continuó en esa senda de colocaciones voluntarias hasta fines de 2017.

El “Messi de las finanzas”, tal como rotuló Peña a Caputo –y como él se autodefinió en una de las primeras conversaciones que tuvimos–, se animó a emitir un bono a cien años, un anhelo casi de cualquier funcionario que ocupa ese cargo. Sin embargo, a principios de 2018 percibió en el exterior cierto hastío por los activos argentinos, combinado con una premonición, porque la Reserva Federal subiría ese año cuatro veces la tasa de interés de referencia, complicando las emisiones de deuda de los mercados emergentes.

En febrero hubo una fuerte caída en las bolsas de Estados Unidos cuando Jerome Powell reemplazó a Janet Yellen como presidente de la Fed y afirmó que la economía estaba sólida, lo que se interpretó como una segura suba de las tasas de interés.

La comitiva argentina que viajaba al exterior para reunirse con los inversores ya comenzaba a encontrarse con dudas sobre la capacidad de financiar los grandes pagos del gobierno, en un entorno de endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la creciente incertidumbre política sobre el rumbo del gobierno y su continuidad más allá de 2019.

La primera reacción de Caputo fue transmitirle ese verano de 2018 a Macri que había que pensar en recurrir al FMI por recursos frescos, algo que el país no había hecho desde el año 2000, cuando recibió los dólares para el “blindaje”.

Dujovne, en cambio, creía que antes había que explorar otras opciones y ordenar la política fiscal para calmar la corrida cambiaria que enfrentaba el gobierno. Además, admitía que volver al Fondo tendría un costo simbólico alto para la gestión de Macri luego del pago de la deuda con el organismo y los bonistas en 2006. Sin embargo, lo aceptó y lideró la negociación.

Yo también pensaba, cuando empezaron estos temblores del mercado hacia el país, que el gobierno argentino podría haber manejado la volatilidad cambiaria sin venir al FMI si ponía en práctica –como debió haberlo hecho desde el inicio del gobierno– un régimen fiscal mucho más fuerte, un programa monetario más transparente, la autonomía del Banco Central y un claro sendero de aumento real de las tasas de interés.

En paralelo, el gobierno sumó dos malas noticias, una de diseño de política tributaria y otra climatológica. Por un lado, impulsó el año anterior el impuesto a la renta financiera, un instrumento tal vez correcto en momentos estables o favorables del mercado financiero. Sin embargo, después de haberse legislado en estas condiciones, se implementó justo cuando el mercado cuestionaba la sostenibilidad del modelo.

En su defensa, el equipo económico afirmó que lo sancionaron por presión del peronismo no kirchnerista liderado por los diputados Sergio Massa y Diego Bossio en el Congreso Nacional.

Por el otro, el factor negativo también fue el climático, ya que la fuerte sequía de ese año, la mayor en medio siglo, generó pérdidas por USD 6.000 millones para el Estado y los productores.

La combinación de todos estos factores llevó a que Macri aceptara la sugerencia de su equipo económico y fuera por el salvavidas del FMI, según declaró, para poder completar su mandato, una meta que logró, aunque sin resolver los problemas económicos que había heredado y que se agravaron en su gestión, como la inflación.

Donald, mi buen amigo

Antes de llamar a Lagarde, el gobierno de Macri utilizó su buena relación con el presidente norteamericano, Donald Trump, para asegurarse su apoyo en el FMI frente a la negociación de un paquete de apoyo. La jugada era lógica porque Estados Unidos es el principal accionista del organismo y, en particular, porque el presidente republicano no tenía ninguna simpatía por el sistema multilateral. De modo tal que Trump solo actuaba por cuestiones transaccionales: le importaba muy poco el rol del FMI como institución del sistema financiero internacional. Por el contrario, lo consideraba como parte de una herramienta para ayudar a sus países aliados y castigar a sus enemigos. Trump no creía en la cuestión institucional, como quedó claro a lo largo de su mandato en varias cuestiones de política doméstica e internacional.

Por supuesto que, más allá de este mandatario, Estados Unidos ha ejercido su rol hegemónico en estas instituciones de manera muy efectiva y así lo hizo en buena medida en el caso de la Argentina. Dujovne buscó el apoyo del subsecretario del Tesoro, David Malpass, quien luego se convertiría en presidente del Banco Mundial, en las negociaciones con el FMI.

La intención era mostrar que el país sufría un shock transitorio –de liquidez y no de solvencia– a raíz de la sequía y de la suba en el costo de emisión de la deuda. Por esta razón, afirmaba que necesitaba un “puente” financiero mientras no pudiera realizar emisiones en forma voluntaria y creía que las líneas contingentes que se habían destinado a otros países latinoamericanos podían aplicarse a este caso.

Nosotros teníamos una visión diferente, aunque nada novedosa: la Argentina sufría problemas más allá de una coyuntura desfavorable y estaba muy lejos de ser un país con una macroeconomía sólida, un marco moderno institucional de política fiscal y monetaria y un mercado financiero desarrollado.

La Argentina no estaba en la situación de México o Colombia, que tiempo atrás habían recibido ese deseado apoyo preventivo y que renovaban cada dos años. Si Trump le había asegurado su respaldo a Macri para una línea de este tipo, esta garantía se frenó en la primera reunión que mantuvimos: el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, le comunicó a Dujovne en Washington que se olvidara de esa idea y pensara en un stand by tradicional.

En su libro Primer tiempo , Macri comentó que logró firmar el programa por el apoyo político de Estados Unidos y de otros países del G7. El énfasis que él colocó en el apoyo político que logró de Estados Unidos y otros gobiernos como principal motivo del otorgamiento del programa financiero afecta la integridad del FMI, la calidad y convicción de sus políticas públicas y el trabajo de sus colaboradores para conseguirlo. Estoy convencido de que el programa hubiese sido similar si Macri no hubiese jugado al golf con Trump en su juventud y si ideológicamente no hubiera tenido tanta afinidad con ese presidente norteamericano. Cualquier otro gobierno republicano o demócrata habría aceptado que Macri tenía, pese a nuestros desacuerdos, una agenda reformista que merecía ser apoyada con una suma muy importante como la que recibió.

El propio Macri reconoció en forma implícita la independencia del FMI cuando se quejó varias veces de la actitud de David Lipton, el hombre más importante de Washington en el Fondo en las negociaciones, así como del staff. Aunque el gobierno lo percibió como un “duro”, Lipton fue dentro del FMI el principal aliado de la Argentina, porque argumentaba que, si bien se trataba de un programa riesgoso, había que apoyar la transformación económica del país. En el organismo había posturas mucho más intransigentes que él tuvo que moderar.

Por supuesto que la firma de un acuerdo, sobre todo con montos de asistencia relevantes –al punto tal que se trataba de un programa de acceso extraordinario–, requiere del apoyo político de los principales accionistas del Fondo. Es difícil ver en la historia del organismo programas que se hayan llevado al Directorio si antes no existía ese consenso. Y ese principio es válido tanto para analizar la firma del programa de 2018 como el de 2022 en el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el presidente peronista no ha dejado de quejarse por el apoyo político de Washington a Macri, pese a que los dos gozaron de ese respaldo (uno con Trump y el otro con Biden). Fernández también perdió una importante cantidad de tiempo haciendo lobby con el papa Francisco para lograr su apoyo ante el FMI.

Claro que, cuando existe el apoyo de esos accionistas preponderantes (no del papa, ya que el Vaticano no es miembro del FMI ni un factor relevante en los mercados internacionales), la negociación técnica de un programa transita de manera mucho más suave, ya que la oposición interna de cada uno de los departamentos que integran el staff del Fondo es menor. Y cuando una cuestión puntual se traba porque algún funcionario técnico plantea sus reparos, sobre todo en la fase final de una negociación, el gobierno interesado en conseguir la asistencia realiza los llamados correspondientes. La presión de algunos de estos accionistas provoca que el cierre de estas diferencias técnicas se logre de manera más rápida y, en muchos casos, de forma algo más favorable para el deudor.

Así ocurrió en el caso argentino también, pero esos mismos accionistas habilitaron al director gerente y al staff a tratar de garantizar que ese deudor soberano cumpliera la mayoría de las premisas necesarias para recibir la asistencia del FMI.

Un elogio en francés

A mediados de marzo de 2018 aterrizamos en Buenos Aires para participar de la reunión de ministros de Finanzas del G20, que ese año presidía la Argentina. Pese a las nubes que comenzaban a tapar el horizonte económico local, el gobierno se focalizó en que el encuentro, previo al que realizan los presidentes de los países de este foro en noviembre, fuera exitoso.

Acompañé a Lagarde y a Lipton en el viaje y, de paso, aproveché para visitar a algunos familiares y amigos y a “testear” el ambiente con los economistas argentinos.

En esa ocasión, insistimos bastante hasta que Dujovne organizó un almuerzo con Lagarde para fortalecer su relación personal. Creo que él, por falta de experiencia, temía que lo criticaran dentro del gobierno si exhibía esa clase de gestos de acercamiento al Fondo.

A esa comida no invitaron a Roberto Cardarelli, el jefe del equipo ante la Argentina. Es un excelente economista, gran cocinero, amante de la buena comida, los vinos y el fútbol, lo que facilitó que aceptara liderar el caso argentino. Creo que no lo invitaron porque querían aprovechar el almuerzo para quejarse por las fuertes críticas al gradualismo y otros ejes de la política económica contenidas en el informe del Artículo IV.

La número uno del Fondo tuvo una reunión en la residencia de Olivos con Macri en la que ni se mencionó la posibilidad de negociar un programa con el país. Ella ya tenía una opinión favorable de Macri y quedó bien impresionada tras el encuentro, en el que suavizó las posturas presentadas en el reporte y destacó los logros del gobierno por sus reformas estructurales, al punto tal que en un reportaje que brindó a La Nación fue taxativa en sus elogios al presidente:

Los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos; y esto lo digo como exministra de Finanzas de Francia y como actual directora gerente del FMI. Porque en estos años, las autoridades económicas han logrado tanto en términos de política monetaria, de la reorganización del gasto público para hacerlo más eficiente, de reducir la presión impositiva, adoptar las reformas que permiten la libre competencia y alentar el desarrollo de talentos. Todo es muy impresionante y coincide con la determinación de la Argentina de restaurar su situación y lograr el regreso del país en el círculo internacional de las naciones, y ha sido exitosa en este sentido. Ha hecho tanto en lo que se ha dado en llamar gradualismo que no lo encuentro gradualista para nada. Porque el gobierno ha sido profundo en las reformas, ha lidiado con los problemas no en una manera superficial, sino de un modo muy determinante.

Quedé algo asombrado por sus definiciones optimistas y así se lo hice saber al resto de la comitiva. Lipton, un experto en mercados emergentes que conocía a la Argentina desde mediados de los 80 por haber integrado el staff del FMI, había realizado declaraciones parecidas un año antes, cuando viajó a la capital argentina para participar en la edición latinoamericana del Foro de Davos:

En la Argentina, las autoridades han puesto en marcha un conjunto de reformas muy necesarias y adecuadas para eliminar distorsiones y desequilibrios que afectan a toda la economía. Es cierto que estas reformas pueden ser complicadas y pueden demorar algún tiempo en rendir fruto, pero un esfuerzo continuo sentaría las bases para un crecimiento más vigoroso, sustentable e inclusivo. Ya hay indicios de que las políticas están siendo eficaces. Para este año y el próximo prevemos un repunte de la economía, y que la inflación continúe disminuyendo.

En ese viaje, Lipton se reunió con Peña –y su vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui–, visitó el Hipódromo de Palermo y disfrutó de la sabrosa cocina porteña. La única mala experiencia de esos días la tuvo por una paloma que arruinó uno de sus trajes cuando caminábamos por la avenida Corrientes rumbo a Puerto Madero. Tal vez fue una señal premonitoria, una habilidad que él manejaba a la perfección: en 1999 fue uno de los primeros en advertir en Washington, luego de la devaluación de Brasil, que la convertibilidad en la Argentina tendría solo problemas por delante. No se equivocó.

Y, más allá de sus declaraciones de 2017, tampoco tuvo un diagnóstico desacertado en 2018 al regresar al país, mientras observaba que la situación económica en Buenos Aires estaba en franco deterioro y que el país necesitaría, nuevamente, un rescate.

¿Duros o blandos?

El FMI ha sido acusado de ser duro y blando con la Argentina, a veces al mismo tiempo, por diferentes sectores ideológicos, en Buenos Aires y en Washington. Con o sin argumentos convincentes, se lo criticó por haber impuesto o haber intentado presionar por medidas “draconianas” al país. Otras veces, se cuestionó su excesiva indulgencia.

También se nos acusó de financiar la campaña para la reelección de Mauricio Macri y, del otro lado de la grieta, como los culpables de la derrota electoral del presidente en 2019 por la dureza de las políticas impuestas por el organismo, en particular, el llamado “doble cero”: la búsqueda del déficit fiscal cero y el pretendido nulo crecimiento de la base monetaria. Otros analistas como Melconian llamaron al acuerdo el “Plan Picapiedra” por ser básico, arcaico y duro.

A través de las décadas, el FMI, al ser la última institución en acompañar a la Argentina en las etapas más peligrosas de su montaña rusa financiera, se encontró en la posición en la que sus últimos desembolsos fueron percibidos como el factor determinante para terminar de hundir al país o, en caso de concretarse, como el puente necesario para alcanzar el otro lado del río.

Cada negociación entre el FMI y un país tiene sus particularidades, por la situación económica que origina la crisis que atraviesa esa nación y por sus características, más allá de los principios básicos que nos guían cada vez que diseñamos un programa para alguno de los ciento noventa países que integran el organismo. Además, el programa debe combinar las políticas de ajuste y estructurales que no solo resuelvan el desequilibrio macroeconómico que dio origen a la crisis, sino que también generen expectativas positivas en el mediano plazo. En este sentido, si un programa es diseñado 100% por el FMI y la mayoría de sus políticas son cuestionadas por el gobierno, pero el país lo acepta para obtener el financiamiento, es probable que este programa no sea exitoso y que no se cumplan las metas impuestas por un período prolongado. Y, aun si lo hace, la conducta de los agentes económicos reflejará la desconfianza ante la posibilidad de que, una vez que concluya el programa, el gobierno se desviará de las políticas propuestas y los desequilibrios regresarán.

En cambio, si el FMI acepta el 100% de las medidas propuestas por las autoridades, por cuestiones políticas u otro tipo de consideraciones, si estas no cumplen con los criterios técnicos necesarios, tampoco se llegará a una corrección de los desequilibrios. Por ende, difícilmente estos programas sean exitosos.

Cuando los principales componentes del programa son codiseñados entre el staff del FMI y las autoridades nacionales y el componente “impuesto” por el FMI en la negociación es moderado, se dice que el país cuenta con el ownership del programa. Para lograr este delgado equilibrio hay que encarar la negociación de un programa con una visión pragmática y profunda de la realidad. Por esta razón, antes de recordar el día a día del programa argentino de 2018 es importante discutir el nivel de ownership de ese acuerdo firmado por el gobierno de Macri.

La paternidad del ajuste

No cabe duda de que en 2018 Macri entendió la necesidad de ir al FMI, abandonar el gradualismo y dar paso al ajuste. En ese sentido, frente a nosotros y a la sociedad argentina, estaba claro que era su decisión y que el programa no representaba una imposición ni de su ministro de Economía, ni del presidente del Banco Central, ni tampoco del Fondo.

Así se lo transmitió a la sociedad mediante múltiples discursos, entre otros, cuando destacó la “mochila” que cargaba la economía por los excesos de sus predecesores. Esta transparencia se destaca todavía más cuando se lo compara con su sucesor, que en su mandato nunca asumió la responsabilidad de las medidas necesarias para estabilizar la economía. Fernández optó por buscar culpables, sobre todo al FMI y a Macri, en lugar de poner en marcha un programa de gobierno sólido.

Cuando uno analiza el programa de 2018 en sus diferentes componentes se puede decir que algunos de ellos tenían mayor ownership que otros. Por ejemplo, el gobierno estaba convencido de la necesidad del ajuste fiscal y las diferencias estuvieron en la composición: impuestos versus gastos. El discurso adoptado por Macri a partir de 2018 dejó en claro que se convenció de las ventajas de ser un “ortodoxo fiscal”. En la parte monetaria es donde, con la salida de Sturzenegger, hubo menos ownership y fue el componente que más fricciones generó, tanto en su diseño como durante la implementación.

Finalmente, cuando los factores políticos empezaron a dominar sobre las decisiones técnicas, en los últimos meses del gobierno, estaba claro que el nivel de ownership se evaporaba y la necesidad de ganar la elección impuso una lógica cortoplacista que impedía ejecutar cualquier plan sostenible. En el FMI sabíamos que, para encarar la transformación que la Argentina necesitaba, se requerían al menos ocho años, esto es, dos períodos de gobierno con una agenda reformista.

Después de la salida traumática de la convertibilidad, de los desequilibrios que se generaron en la época kirchnerista, de los fenómenos de corrupción y la sospecha de crímenes políticos, era lógico pensar que la sociedad podía tener la paciencia de convalidar esos dos mandatos presidenciales para un gobierno interesado en la transformación del país hacia los modelos utilizados en las economías emergentes de América Latina. Dado que en los primeros dos años de gobierno se habían realizado algunas reformas importantes, pero a la vez se había postergado la corrección de las finanzas públicas, el programa tenía que concentrarse en subsanar esas deficiencias. Si lograba resolver los desequilibrios que afectaban a la Argentina, el siguiente gobierno podía, con un mandato político más fuerte, retomar los cambios estructurales.

Al evitar dejar en evidencia el desastre que heredó de Cristina Kirchner –y la necesidad que tenía el país de una gran transformación–, el gobierno no estableció una narrativa de transformación que le hiciera entender a la sociedad que los cambios llevarían tiempo. Además, al enfrentarse a la reversión de los flujos de capitales, entendió que su disyuntiva oscilaba entre volver a un régimen de controles de capital y financiamiento inflacionario o acelerar el ajuste fiscal, fortalecer la política monetaria y pedirle ayuda al FMI, como ocurrió.

Después del revés de la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y la creciente volatilidad en los mercados, su situación política era más débil que la que nosotros percibimos desde afuera. En este sentido, la idea original que tenía el gobierno de Macri era naive : creía que el solo cambio de orientación de la política económica generaría una “lluvia de inversiones” y, por lo tanto, más crecimiento y empleo, lo que a su vez daría espacio a los cambios que necesitaba la Argentina.

También Macri minimizó la relevancia de la destrucción de la administración pública que tuvo lugar en Argentina en los quince años previos a su gobierno y el tiempo que lleva en períodos democráticos realizar estas transformaciones. Sus colaboradores podían ser sólidos pero, salvo excepciones, no tenían experiencia en lugares relevantes del Estado nacional en comparación con otros mercados emergentes. Sin duda, era una situación difícil de subsanar tras más de una década de destrucción institucional por parte de los gobiernos previos. Y, aunque parezca intrascendente, contar con suficientes cuadros técnicos dentro del Estado es vital para que el enunciado de un programa se transforme en medidas concretas y exitosas.

Tanto el precedente de ver a otros gobiernos implementar grandes reformas como mi propia experiencia en diseñar, negociar, aprobar e implementar medidas importantes en México nos hacían pensar que la postura de Macri y su equipo era poco realista. Durante los siete años y medio que estuve en la Secretaría de Hacienda en México me tocó trabajar en reformas de pensiones, responsabilidad fiscal, infraestructura, energía, entre otras. Y esa agenda se demoró durante más de siete años, en un contexto político bastante más constructivo que el argentino.

Sin generar la percepción de crisis es muy difícil crear el espacio político para llevar a cabo los cambios que se pretenden en un período breve. Además, el tercer o cuarto año de un gobierno el presidente lo pretende utilizar para buscar su reelección si cuenta con un nivel alto de popularidad, no para hacer reformas económicas.

Al principio, aunque diferimos sobre la bondad de la rápida apertura de los controles de capitales, una vez que se puso en marcha, creíamos que el programa tenía que mantenerla. Por lo tanto debíamos buscar que se restableciera la credibilidad y la estabilidad de los mercados a través del fortalecimiento de las políticas y la disponibilidad de financiamiento oficial.

Claro que, durante la implementación del programa, surgieron diferencias sobre las bondades de mantener esta apertura. La equivocación original en el diseño estuvo en el plano cambiario y monetario y, más adelante, en torno de la imposición de los controles de capitales. La Argentina firmó el acuerdo pensando que conseguiría mayor espacio para intervenir en el mercado cambiario y luego consideró que los márgenes que le otorgamos eran insuficientes. Mientras tanto, nosotros firmamos bajo la premisa de que Argentina al final se alinearía, respetaría los límites negociados y toleraría la volatilidad cambiaria. De haber discutido esa incompatibilidad inicial, tal vez hubiésemos convergido más rápido en la necesidad de imponer controles de capitales.

Debimos haber empujado más por ese instrumento, porque al final del día las discusiones sobre la intervención del mercado cambiario generaron tanta incertidumbre en todos lados que afectaron al programa. También, debimos haber sido más firmes para buscar una solución al problema de las Lebac que fuera aceptada por Hacienda, Finanzas y el BCRA.

Todos estos debates, este choque de enfoques, se pusieron en juego con la Argentina desde el 8 de mayo de 2018, cuando el teléfono de Lagarde sonó y del otro lado estaba Macri para pedirle ayuda para el país. Aquí, una cronología de estos intensos meses de negociaciones, marchas y contramarchas, diferencias y acuerdos, éxitos y frustraciones:

8 de mayo

Alrededor de las diez de la mañana yo tomaba mi café en el FMI cuando Lagarde me llamó para avisarme que hablaría con Macri. Con rapidez, le preparamos algunas notas informativas sobre la volatilidad que sufrían los mercados en la Argentina y la pérdida de confianza de los inversores que habíamos percibido durante las Reuniones de Primavera y en nuestro viaje reciente a Nueva York. También le comentamos que, en caso de que Macri hablara sobre la posibilidad de un programa, le aclarara que debería ser un stand by y que necesitaría un ajuste importante en las políticas macroeconómicas. En la llamada Macri le transmitió los problemas que enfrentaba y le pidió por una ayuda “precautoria”. Luego, grabó un mensaje de menos de tres minutos que emitió al mediodía, hora de Buenos Aires. En esa grabación el presidente expresó:

Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas por varios factores: están subiendo las tasas de interés y el petróleo y se han devaluado las monedas de los países emergentes. Todas variables que nosotros no manejamos. […]

Frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir […] enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis futuras.

Mientras lo escuchaba me preguntaba si alguien de su equipo le había aclarado –o tal vez tenían un diagnóstico equivocado– qué podían conseguir del FMI. El concepto de “línea de apoyo” se parecía a nuestros créditos preventivos para países sólidos y, por lo tanto, daba la sensación que el presidente planteaba que lograrían una línea de crédito contingente como la que tenía México.

Estos préstamos, como mencioné, se otorgan a países con fundamentos macroeconómicos sólidos, la mayoría de ellos con la nota de “grado de inversión” de las calificadoras de riesgo. Por lo tanto no cuentan con condicionalidad y no se les solicita ningún tipo de ajuste o modificación política.

Sin embargo, tengo que admitir que Macri tomó la decisión de venir al FMI mucho más rápido que lo que hemos visto en otros países y eso reflejó valentía y visión, al no priorizar el costo político sino la solución correcta.

De hecho, ese mismo día dialogué con Sturzenegger y Sigal para refrendar que sería un stand by . Al mismo tiempo, el gobierno intentaba condicionarnos al dejar trascender en los medios periodísticos que conseguirían unos USD 30.000 millones sin mayores exigencias para cubrir los vencimientos de deuda hasta fines de 2019, cuando vencía el mandato de Macri.

Por supuesto que Lagarde dio a conocer su respaldo al inicio de las negociaciones, aunque sin brindar demasiadas precisiones, con una deliberada ambigüedad:

La Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración que el presidente Macri hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y llevaremos estas conversaciones a cabo en breve.

9 de mayo

Llegó a Washington una delegación liderada por Dujovne, acompañado por el secretario de Programación, Sebastián Galiani; su jefe de gabinete, Ariel Sigal; Guido Sandleris, jefe de asesores, el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el de Finanzas, Santiago Bausili por el Ministerio de Hacienda. Mientras que, por el Banco Central, viajaron el vicepresidente, Lucas Llach, el gerente general, Mariano Flores Vidal, y el economista jefe Andrés Neumeyer.

Creo que fue un error que durante la negociación del programa no hayan venido a Washington los presidentes del Banco Central, ni Federico Sturzenegger ni su sucesor, Luis Caputo.

Las cuestiones cambiarias, monetarias y de financiamiento serían centrales en el programa y los principales funcionarios responsables de estas áreas, antes de la llegada de Sandleris, nunca establecieron una relación de confianza con la directora gerente o el subdirector. Aunque dialogamos mucho con ellos a la distancia, sus intereses no estaban tan representados en la negociación. Mantuvimos una relación muy fluida a mi nivel, pero hubiera sido útil que también hubiesen tenido una línea directa con mis jefes.

En esa primera jornada, comenzamos desde las dos de la tarde a dialogar Nigel Chalk, Cardarelli y yo con ellos en la oficina del nuevo director ejecutivo por la Argentina, Gabriel Lopetegui, quien reemplazó a Héctor Torres cuando Dujovne asumió como ministro. El primer eje fue la necesidad de que desactivaran –ante Macri y la opinión pública– la confusión con respecto a la posibilidad de conseguir la línea de crédito flexible.

También se acordó que la negociación se realizaría solo en Washington, dada la sensibilidad que tenía el gobierno argentino ante el uso político que le podría dar la oposición a una misión del FMI si se negociaba en el país. De todos modos, en los siguientes dieciocho meses viajamos más de diez veces a Buenos Aires, siempre con la precaución cuando nos subíamos a un taxi o interactuábamos de manera informal con alguien de explicarles que trabajábamos en un banco extranjero o en una empresa multinacional.

Más tarde, nos juntamos en la oficina de Lipton, a quien la delegación argentina intentó convencer de que el gobierno realizaba una buena tarea, pero que afrontaba una circunstancia negativa en los mercados que generaba una crisis de refinanciamiento. Por este motivo, los colaboradores de Macri afirmaban que lo único que se necesitaba era financiamiento transitorio para salir de ese desequilibrio hasta regresar a la situación virtuosa que presuntamente regía hacía algunos meses. Les respondimos que, aunque esa premisa fuera real –que los mercados se cerraban por la suba de la tasa de interés en Estados Unidos–, otros países de la región no enfrentaban la misma situación. Por lo tanto, la Argentina sufría por la vulnerabilidad económica y política de un gobierno al que los mercados le cuestionaban su compromiso para aplicar las políticas adecuadas. Y, además, porque ya se había consumido más de la mitad del mandato y los inversores no sabían quién dirigiría el país desde fines de 2019.

También les explicamos –y Lipton, que había sido testigo privilegiado de las crisis de los mercados emergentes en los 90, fue muy enfático al respecto– que, con la suba de tasas de interés internacional, el esquema que ellos creían que era sostenible seis meses antes, se había transformado en lo contrario. Entre otras cuestiones, porque el país no tenía un sistema institucional robusto para garantizar a los inversores que no habría un problema profundo luego de los comicios presidenciales. Dada la mediocridad del gobierno siguiente presidido por Alberto Fernández, se puede decir que estos riesgos estaban más que justificados. Por lo tanto, en el caso de la Argentina, ante esta debilidad endógena, era necesario un ajuste para mostrarle al mercado que la sociedad argentina estaba dispuesta a aceptar una corrección más rápida de sus desequilibrios.

Ese primer día de negociaciones presenciales en el Fondo había bastante malestar y nervios por el hecho de que el gobierno hubiera anunciado que iba a obtener una línea como la de México, un país que tenía finanzas públicas sanas, estabilidad de precios, grado de inversión y un mercado de deuda en moneda local desarrollado, logros que demoraron más de una década. Mientras tanto, la Argentina recién había comenzado en 2016 a moverse hacia lo que podía ser en el futuro una economía abierta y de mercado.

Para nosotros era importante “marcar la cancha” y subrayar que el país debía diseñar un programa bastante tradicional con ajuste fiscal y monetario, pese a que ellos pensaban que, como miembro del management , Lipton sería menos rígido al respecto. Ocurrió lo contrario, ya que él comenzó por criticar la decisión argentina de anunciar el programa sin una consulta previa y aclaró que hubiera preferido un anuncio importante de corrección de políticas antes de venir al FMI, para facilitar la narrativa de que el ajuste no había sido impuesto desde Washington.

El mensaje no fue bien recibido por el ministro, quien se sintió ofendido tanto por el concepto como por las formas, y en algún momento nos comentó: “La Argentina puede prescindir del FMI aunque a un alto costo social para nuestro país”.

Después de la reunión mantuve una llamada telefónica con Sigal, a quien conocía hace muchos años y con quien comía en mis viajes a Nueva York y sus visitas a Washington. Nos fuimos a cenar y coincidimos en que teníamos que evitar que esa mala reunión complicara la relación. No fue la única comida que compartimos, ya que el equipo argentino pasó varias semanas en Washington y después de terminar la jornada de trabajo muchas veces concluíamos con alguna cena. Alguna vez, dado que en la ciudad los restaurantes cierran temprano, tras no encontrar ninguno abierto le dije que viniera a casa y cociné unos ravioles, mientras compartimos un buen vino y continuamos la negociación en un ambiente más distendido.

10 de mayo

Después del almuerzo la delegación argentina se reunió con Lagarde, quien, sin entrar en detalles y con una postura más diplomática que nosotros, buscó acercar posiciones y establecer un ambiente de trabajo constructivo para empezar a negociar.

En esas primeras reuniones, percibí los efectos de la falta de interacción durante varios años de los funcionarios argentinos con el FMI, ya que muchos no entendían cómo dialogar con nosotros. La percepción que tenía el equipo económico era que rápidamente definiríamos el monto del programa, pese a que ese valioso dato es el resultado final de un trabajo previo muy intenso.

Del otro lado, algunos integrantes del staff del FMI creían que sus métodos eran los más sensatos del mundo, sin la capacidad para entender que la presión y la urgencia a la que están sujetos los funcionarios de un país los lleva a priorizar la velocidad antes que la exactitud numérica. Mientras tanto, la incertidumbre aumentaba.

En nuestro caso, en la negociación de un programa se les pide a las autoridades de un país que presenten su marco macroeconómico y fiscal, sus proyecciones de balanza de pagos y de allí puede surgir un eventual número de la ayuda para el país. Es entonces cuando se comienzan a discutir los aspectos técnicos de ese acuerdo: de cuánto serán las exportaciones e importaciones, la proyección del déficit fiscal, la sensibilidad del tipo de cambio a la suba de las tasas de interés y la reacción de los inversores privados ante estos movimientos.

Todo este análisis arroja como resultado determinadas necesidades de financiamiento externo que derivan en la definición del monto necesario para ayudar, en este caso, a la Argentina.

Luego de reunirse con Dujovne y su equipo, Lagarde nos convocó y nos dijo que entendía todos estos reparos y el cambio de situación. Pero enseguida nos aclaró: “Tenemos que encontrar también una manera de vender este ajuste de una manera menos cruda que en el pasado”.

Esto significaba considerar, por ejemplo, las variables sociales. Además se evaluó que era importante evitar las denominadas “acciones previas” (prior actions ), medidas que deben ser implementadas por el país antes de elevar el programa para su aprobación en el Directorio.

El saldo más positivo del día fue que quedó en claro que la Argentina debía firmar un stand by tradicional con un ajuste importante y que necesitábamos explicar la cuestión en forma preliminar al Directorio ya que, por el monto involucrado, se trataba de un programa de acceso excepcional. Estos acuerdos permiten un financiamiento superior al 435% de cuota que aporta el país. A estos programas se les agrega una serie de condiciones adicionales a las tradicionales; entre ellas, la obligación de informar al Directorio los principales parámetros del marco macroeconómico antes de poder comenzar a negociarlo.

11 de mayo

Nuestro equipo comenzó a redactar la “Nota de política” (policy note ), un documento interno del staff y del management más detallado que el informe que se envía al board , ya que establece los parámetros de la negociación.

Una vez finalizada, se envía a otros departamentos (Investigación, Finanzas, Legal y Estrategia y SPR) para agregar sus comentarios. Antes de que los departamentos escriban sus opiniones se realiza una reunión con ellos donde se discuten todas las diferencias. Finalmente se incorporan algunos de estos comentarios y se envía la nota al director gerente para que decida sobre los temas donde se mantienen diferencias y apruebe la estrategia.

En ese momento, en forma simultánea, se preparó una nota para explicarle al Directorio por qué la Argentina necesitaba y podía tener un programa de acceso excepcional.

Mientras terminaba este documento, Dujovne y Sigal volvieron a la Argentina, pero acordamos que el resto del equipo se quedaría un día más, hasta el sábado, para avanzar en la discusión de ciertos detalles.

12 y 13 de mayo

Luego de acordar la metodología de trabajo, el sábado 12 partió el resto de la delegación argentina con la tarea asignada de recopilar los datos y regresar a Washington un par de días después. El dilema inicial que se planteaba era que, por un lado, un programa para reducir un desequilibrio externo implicaba una corrección cambiaria. Pero, a la vez, ya había una devaluación en marcha, como fruto de la crisis y de la falta de reservas, que podía salirse de control. Cuando empezamos a negociar, el tipo de cambio estaba en torno de los $24, frente a $19 de enero de ese año. La corrida cambiaria estaba en marcha y no había tolerancia a las fluctuaciones –poco frecuentes, pero no desconocidas en los países emergentes– con sistemas de flotación cambiaria.

Dado que en el último Artículo IV se indicaba que había un atraso cambiario del 10% al 25%, algunos inversores comenzaron a preguntarse si el programa exigiría una devaluación de esa magnitud. Por esta razón, aclaramos en off the record que no se había fijado ninguna meta cambiaria como eje para firmar el programa. “El FMI no agregaría condicionalidad a cualquier nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y no hubo discusiones sobre un objetivo específico para el tipo de cambio”, indicamos en forma anónima, antes de expresar que el valor del dólar “debe seguir siendo determinado por la fuerza del mercado”.

“La Argentina tiene un tipo de cambio flotante, determinado por el mercado, y lo apoyamos plenamente”, aclaramos ante los medios de comunicación. Ese mismo mensaje lo transmitimos a los formadores de opinión en Estados Unidos y en la Argentina –entre ellos a Dante Sica, que todavía no había ingresado al gobierno, y a exfuncionarios del Fondo habitualmente consultados por la prensa, como Claudio Loser y Ragu Rajan– para aclarar que no procurábamos una corrección cambiaria que luego diera lugar a un tipo de cambio predeterminado.

La idea era mantener un régimen de flexibilidad, en el que conviven períodos de sobrevaluación y subvaluación como fluctuaciones naturales del sistema, un fenómeno muy poco tolerado en la Argentina.

14 de mayo

En el inicio de la jornada cambiaria, el dólar volvió a repuntar hasta ubicarse en $25 para la venta en bancos del microcentro porteño. Habitualmente diplomático, nuestro vocero, Gerry Rice, explicó que continuaba “el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones”. También, informó que la reunión informal del board del FMI sobre el programa para la Argentina estaba programada para el viernes 18 de mayo.

A la vez, discutimos cómo refinanciar el abultado stock de Lebac, los bonos del Banco Central para esterilizar la emisión monetaria, que llegaban a unos USD 30.000 millones, en un contexto de corrida cambiaria. El Central comenzó a comprarlas para que no se desbarrancara su precio, pero no pudo evitar que la tasa superara el 100%.

También debatimos a qué nivel del tipo de cambio comenzaría a intervenir el banco que presidía Sturzenegger para frenar la corrida sin dilapidar los recursos que les giraríamos. Se trataba de una discusión básica, porque la intención era generar un programa que reconstituyera el nivel de reservas –y que también sirviera para financiar en forma parcial al gobierno–, como suele predicar el FMI.

Para intentar frenar este problema, Caputo –en ese entonces como ministro de Finanzas– acordó con los fondos Templeton y BlackRock la venta de bonos del Tesoro en pesos por USD 3.000 millones, una estrategia destinada a mostrar que el gobierno todavía tenía cierto acceso al crédito y que podía colocarle un freno a la devaluación y a la salida de reservas. De todos modos, en el último mes, el escape había superado los USD 8.500 millones.

Cuando los países pierden acceso al mercado no recurren tan rápido al FMI, sino que dejan pasar un tiempo y llegan a la discusión de un programa con un nivel bajo de reservas y una “limpieza” del balance de capitales de corto plazo. Pero la Argentina acudió relativamente rápido y, por lo tanto, todavía tenía un nivel elevado de reservas y de Lebac.

Cuando asumió Macri en diciembre de 2015 las reservas ascendían a USD 24.441 millones, subieron a USD 62.228 millones en enero de 2018 y cayeron a USD 56.422 millones a mediados de mayo de ese año, mientras discutimos el programa. Tocaron un piso de USD 46.828 millones el 7 de junio, antes de la firma del acuerdo.

En medio de esta discusión, el refinanciamiento de las Lebac no fue un asunto bien atendido en el primer programa. Esto se debe a que la solución propuesta en el programa consistía en que el Tesoro emitiera deuda adicional para repagarle al BCRA un monto significativo de los títulos intransferibles del Tesoro que tenía en su cartera. Con estos recursos, la entidad monetaria recompraría una parte sustancial de las Lebac. Esta solución le parecía ideal a Sturzenegger y arriesgada a Dujovne, ya que el Tesoro debía colocar más deuda y, justamente, Hacienda no quería mostrar ante los mercados que emitiría más bonos. Por lo tanto, fue aceptada por el ministro pero, imagino, con la idea de que nunca se implementaría.

Por su parte, Caputo quería utilizar parte del financiamiento del FMI para realizar una operación de limpieza de las Lebac. El equipo argentino debió haber presentado una propuesta consensuada y nosotros, al percibir que no existía tal acuerdo, tendríamos que haber forzado un consenso entre Sturzenegger, Dujovne y Caputo. Se nos encendió esa luz amarilla y la ignoramos; finalmente, se permitió que parte de los recursos del FMI se utilizaran para absorber este instrumento.

Ese día el Central también anunció que compraría hasta USD 5.000 millones a $25 por dólar, una medida audaz para contener la corrida contra el peso.

15 al 17 de mayo

Luego de terminar la mencionada “Nota de política”, comenzó la difícil tarea de discutirlo con los otros departamentos técnicos del Fondo. Mientras tanto –y frente a la urgencia argentina para avanzar–, conversábamos con los funcionarios argentinos, pero sin que fuera una negociación estricta desde el punto de vista técnico, porque faltaba la validación final de esa nota.

18 al 20 de mayo

El 18 el Directorio recibió un informe de nuestra parte sobre el “esqueleto” del programa y nos hizo varias preguntas y el 19 mantuvimos reuniones internas con Lagarde sobre la “Nota de política”.

Dos temas puntuales focalizaban la discusión hacia adentro del FMI, entre nuestro departamento y el resto del staff: si el programa era demasiado estricto en términos fiscales y si la Argentina debía mantener su esquema de “metas de inflación” –que no había funcionado– o correrse a un programa de agregados monetarios. Esta segunda opción implicaba elegir algún agregado, como la base monetaria –que incluye el dinero circulante en poder del público más las reservas de los bancos– y fijar un tope.

En realidad, se trataba de una cuestión de credibilidad; en la medida en que el régimen de metas era percibido como equivocado, su utilidad para transmitir el compromiso de la autoridad monetaria con la reducción de la inflación perdía efectividad. Por otra parte, imponer al Banco Central un esquema en el que no creía tampoco generaría credibilidad.

Hacia dentro del gobierno se percibía tensión sobre esta decisión, pero ellos nunca la resolvieron. Era importante buscar un rebranding , porque una parte importante de la política monetaria opera a través de las expectativas, pero la clave era el endurecimiento de las condiciones monetarias frente a las presiones inflacionarias. Valía más la pena gastar el capital político para que las tasas de interés subieran y contuvieran la suba de precios que discutir el nombre del régimen antiinflacionario. De este modo, se aceptó mantener el esquema de metas de inflación y complementarlo con límites al aumento de la base monetaria. Tras debatir varios días estas cuestiones técnicas y reconocer que toda negociación presenta desvíos respecto al plan original, Lagarde dijo: “Empiecen a negociar, aprobemos la nota”, un trámite que se produjo el 20 de mayo.

21 al 25 de mayo

Mientras analizábamos el ritmo de endurecimiento del programa monetario, nos enfocamos en el plan de ajuste fiscal. La Argentina colocó en la mesa de negociación una meta de déficit primario del 1,7% del PBI para 2019, que pasó a ser finalmente del 1,3% y la promesa de conseguir el equilibrio en 2020. Esto implicaba una reducción acumulada del déficit de 3 puntos del PBI, equivalente a USD 19.300 millones. En la Argentina continuaba el debate sobre el nombre del régimen monetario, metas de inflación o agregados monetarios.

Algunos departamentos argumentaron que el ajuste fiscal era exagerado y otros opinaban que, al representar el ajuste el ancla principal del programa, era menos riesgoso pecar por conservadores que por tibios.

En paralelo, debatimos qué margen tendría el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario y si esos límites se harían públicos o no. En este sentido, el Ministerio de Finanzas que conducía Caputo presionaba fuerte para que hubiera una gran operación que eliminara las Lebac a través de una recompra con el financiamiento del Fondo. Era su obsesión y empujó por esa idea, aunque él, si bien conversó conmigo sobre el tema, como mencioné, no formó parte de la negociación en forma activa del diseño del programa original.

Desde entonces –y por supuesto más cuando reemplazó a Sturzenegger en el Central–, Caputo peleó para que el organismo monetario pudiera tener un margen mayor de intervención en el mercado cambiario con los recursos que aportamos.

Pero la operación en el mercado cambiario que el FMI tiene contemplada es muy quirúrgica y debe ser aplicada cuando los mercados empiezan a operar de manera muy disfuncional, no, como quería Caputo, para enfrentar con todas las balas la voluntad del mercado. Ningún economista que conozco argumentaría que es óptimo mantener una apertura de la cuenta de capitales, no contar con un esquema monetario sólido y utilizar como ancla la intervención discrecional en el mercado cambiario.

Si el objetivo era retomar el control sobre las fluctuaciones cambiarias cuando la política monetaria no resultaba eficiente, había que buscar mecanismos para limitar la movilidad de capitales, otro tabú para la administración de Macri. Una estrategia de intervención cambiaria agresiva no podía actuar como un ancla de estabilización per se; tenía que predominar la política monetaria, de tasas altas y la tolerancia a la volatilidad cambiaria.

Estas eran cuestiones sobre las que Caputo ni argumentaba; su formación le impedía ver el largo plazo y la interacción entre las decisiones monetarias, cambiarias y fiscales. Él pensaba que si le “ganaba la pulseada al mercado” un día todos los problemas se solucionarían. Así, obviaba analizar qué pasaría si la emisión monetaria continuaba o si el financiamiento del FMI destinado a apoyar al fisco se evaporaba porque se utilizaba en una gran operación de intervención. Es difícil encontrar a algún economista relevante que apoyara la idea de utilizar una proporción elevada del crédito del FMI para intervenir en el mercado cambiario. Si se hubiese pensado en la necesidad de una operación de ese estilo, deberíamos haber planteado un programa con muchos más recursos.

26 al 31 de mayo

Se mantenían también las diferencias en torno de las medidas para ajustar el gasto y los impuestos, es decir, acerca de cómo reducir el déficit fiscal. Otra discusión fue la pauta de crecimiento del PBI, porque creíamos que era probable que la Argentina ingresara en un terreno recesivo; de hecho, el nivel de actividad cayó un 2,6% ese año.

Pero, internamente, sabíamos que en términos políticos era difícil para el gobierno admitir que si acudía al FMI el resultado sería una caída del PBI ese mismo año. En ese momento teníamos un pronóstico de recesión del 0,6% del PBI; el gobierno argentino, una expansión del 1,1%. Este era un tema muy importante para ellos y resultó un gasto inútil de capital político de Macri, que tuvo que comunicarse con Lagarde para solicitar alguna reconsideración en este aspecto. En ese llamado, apeló a algunos argumentos técnicos, pero sobre todo a la necesidad política de no mostrar que el programa con el FMI provocaría una recesión.

Finalmente, este número quedó en una proyección de crecimiento del 0,4%. Hubiera sido mucho mejor para todos que esta discusión se enfocara en la estrategia de retiro de las Lebac o la intervención cambiaria, temas que generaron muchas fricciones durante el programa, en lugar de un pronóstico de actividad que quedó superado por la realidad.

Durante esos días la ansiedad del gobierno respecto del monto del programa se incrementó en forma exponencial. Este fue un tema en el cual nunca intervine con el equipo y dejé que fuera manejado a un nivel técnico porque cualquier injerencia de mi parte podría interpretarse como una solicitud de Lagarde y por ende influida por presiones políticas.

El cálculo técnico sale del resultado de las necesidades de financiamiento externo del país menos los recursos disponibles. Por supuesto que los números detrás de estos cálculos son debatibles y por lo tanto sujetos a interpretaciones. Por este motivo, en ese tema coloqué una línea roja en mi interacción con el equipo y una tarde Chalk me comunicó el monto y los detalles del cálculo. Después de comentarlo con Lipton y con Lagarde –y como resultado preliminar y presentado como un rango–, se lo transmití a Sigal, quien de inmediato habló con Dujovne. En ningún momento esta cifra fue sometida a presiones políticas por parte de algún accionista importante del FMI.

La idea era acelerar el cierre de las conversaciones técnicas, ya que tanto el management del FMI como el gobierno querían anunciar el acuerdo antes de la reunión del G7 que se desarrollaría la primera semana de junio en el hotel Manoir Richelieu, construido en 1899 en La Malbaie, de Quebec, Canadá. Macri sería invitado al evento como líder del país que ese año presidía el G20 y que, por supuesto, se volvía a embarcar en un fuerte programa con el Fondo.

7 y 8 de junio

Dujovne y Sturzenegger anunciaron la noche del 7 de junio en una conferencia de prensa en el Centro Cultural Kirchner el acuerdo técnico del programa en Buenos Aires –mientras que nosotros difundimos un comunicado en Washington– y se le informó al Directorio que el FMI le prestaría USD 50.000 millones a la Argentina, bajo las siguientes premisas:

El déficit fiscal debía exhibir un sendero descendente del 2,7% del PBI en 2018 (frente a una meta previa del 3,2% fijada por el gobierno) al 1,3% en 2019 (2,2% antes) y equilibrio primario en 2020 (-1,2% previo) y superávit del 0,5% en 2021 (0% antes). Este camino permitiría reducir la relación deuda pública-PBI a partir de 2019.

Objetivos de inflación: la pauta descendente era del 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: se enviaría al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica para reforzar su autonomía, una iniciativa difícil en un contexto en el que el gobierno no tenía mayoría en el Parlamento.

Financiamiento al Tesoro: se llevaría a cero el aporte monetario del Banco Central al Tesoro. Asimismo, el Tesoro se comprometía a un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles para que el Banco Central pudiera, con esos recursos, reducir el stock de Lebac.

Planes sociales: se incluyó el monitoreo de indicadores sociales y una cláusula que permitía incrementar el gasto social si el gobierno argentino lo consideraba necesario.

Del total del crédito acordado, resultaba fundamental que el 30%, unos USD 15.000 millones, estuvieran en el primer desembolso, posterior a la aprobación por parte del Directorio. El 50% se destinaría al Tesoro y el 50% a engrosar las reservas del BCRA. Además, el Banco Mundial, el BID y la CAF aportarían otros USD 5.600 millones.

8 al 13 de junio

Luego del anuncio, Macri viajó a la cumbre del G7 en Canadá desarrollada el 8 y 9 de junio, donde se comunicó con Lagarde, lo que se transformó en una fuerte señal frente a los principales accionistas del FMI antes de que el acuerdo se debatiera en el Directorio. La funcionaria francesa expresó: “El presidente Macri y yo consideramos que el plan económico de las autoridades fortalecerá la economía argentina a corto plazo y estimulará el crecimiento y la creación de empleos de cara al futuro”.

Además, en ese bello enclave franco-canadiense, Macri se reunió con quien entonces era la consejera delegada del Banco Mundial y sucedería a Lagarde, Kristalina Georgieva.

Si bien el acuerdo técnico ya estaba anunciado, nunca faltaba algún departamento técnico que advirtiera que restaban ciertos detalles por incluir o acordar. En ese momento, el departamento regional, en este caso el que yo dirigía, actuaba de intermediario entre esas últimas exigencias del staff y la urgencia de la conducción del Fondo y del país por llegar al Directorio con todas las asignaturas pendientes cerradas.

En particular, el departamento de SPR era muy detallista y consideraba que la Argentina era un país irresponsable que no cumpliría con el acuerdo. Su director, Martin Mullheisen, era un economista alemán que representaba la fiel copia de la caricatura que en Argentina se plantea sobre todos los funcionarios del FMI: cuadrado, fiel seguidor de las reglas por sobre el entendimiento de las idiosincrasias de las diferentes economías y con una lógica calvinista según la cual es necesario infringir dolor para llegar a la salvación o estabilidad. Las discusiones con él durante el programa fueron surrealistas y, de manera velada, trató de boicotearlo. Mullheisen argumentaba que era necesario retrasar algunas reuniones del Directorio e instruía a su equipo a no responder mensajes durante la madrugada, cuando se negociaban anuncios que debían realizarse antes de la apertura de los mercados.

La renuncia de Sturzenegger

14 al 19 de junio

El 14 de junio el gobierno publicó el Memorando de Entendimiento y la Carta de Intención al FMI, que indicaban, entre otros compromisos:

Solicitamos que el FMI respalde a la Argentina en medio de este panorama internacional más desafiante. Consideramos que los objetivos del plan descriptos en los adjuntos son hitos que se deben usar en el diseño del Acuerdo Stand-By solicitado. Para demostrar nuestro compromiso con este plan, el 7 de junio ya anunciamos nuestra intención de acelerar la convergencia al equilibrio fiscal primario y bajar la inflación en un marco de política monetaria más consistente e institucionalmente más sólido.

Parecía que todo estaba encaminado para tranquilizar a los mercados, pero el dólar llegó ese día a $28,42, mientras el Banco Central perdía casi USD 800 millones en un día por la corrida.

Entonces recibí una llamada de Dujovne y Sandleris para anunciarme que Sturzenegger acababa de renunciar por la desconfianza interna y del mercado, que se reflejaba en la corrida cambiaria. Al mismo tiempo, me contaron que lo reemplazaría Caputo; le dije en forma tajante a Dujovne que era un gran error, porque se trataba de una persona sin experiencia en política monetaria, un asunto clave para lograr la estabilización en medio de esa tremenda crisis. Además, le remarqué que Caputo no creía en lo que habíamos negociado. Por lo tanto, su designación era una incongruencia muy grande luego de tanto esfuerzo por acordar un programa tan relevante.

El ministro nos dijo que se formaría un buen equipo y que el vicepresidente del banco sería Gustavo Cañonero, quien había sido compañero mío del doctorado. Desde entonces manteníamos una relación muy fluida. Era un viejo conocido del FMI y Wall Street, ya que había trabajado en ambos lugares y gozaba de una buena reputación; esta experiencia lo convertía en un gran interlocutor con acreedores oficiales y privados, aunque su función se veía limitada por el carácter de su jefe. Gozaba de un carácter más tranquilo, era muy sólido en términos técnicos y no tenía el nivel de compromiso incondicional con Macri que limitaba a otros economistas del equipo económico.

La designación de Caputo fue otro gran error de Macri. Dujovne tendría que haberlo evitado como ministro de Hacienda y responsable del nuevo programa, para hacerle entender al presidente la necesidad de contar con un banquero central experto en política monetaria, macroeconomía y finanzas, virtudes que difícilmente un operador de mercados pudiera tener. Caputo no tenía ninguna de las cualidades que se requerían para el cargo y hasta resultaba ilógico e injusto para él convocarlo a implementar un plan negociado por su antecesor en el que no creía.

Lagarde llamó a Dujovne para transmitirle el mismo mensaje, pero el ministro le aclaró que ya era una decisión tomada, así que esa noche, resignado, llamé a Caputo para felicitarlo.

A la mañana siguiente, hablé con él otra vez mientras miraba el debut del seleccionado de Uruguay contra Egipto en el Mundial de Fútbol de Rusia, que terminó 1 a 0 para el equipo sudamericano, y lo comentamos porque recordaba que a él le gustaba mucho el fútbol. En esa conversación me explicó que necesitaban cierto espacio para interactuar con los mercados en términos de intervención cambiaria y que su apodo era el “Messi de las finanzas”, aunque sin duda ese año no fue bueno ni siquiera para el verdadero astro del fútbol argentino. Aun si aceptamos que fuera como este brillante futbolista (aunque en toda mi trayectoria de más de dos décadas ni siquiera había oído de él ni había escuchado que fuese como Gabriel Batistuta, menos Messi), es muy diferente ser jugador que referí.

De hecho, ambos temas confluyeron, el fútbol y la política cambiaria, a raíz de la teoría divulgada por el exbanquero central británico Mervyn King, cuando dio una conferencia y comparó el antológico segundo gol de Diego Maradona contra su país en el Mundial 86, que por suerte pude disfrutar en persona en el Estadio Azteca, con las expectativas inflacionarias y el uso de la intervención: “Su segundo gol fue un ejemplo del poder de las expectativas en la teoría moderna de tasas de interés. Maradona corrió cincuenta y cinco metros desde su propio campo chocando con cinco jugadores antes de colocar el balón en el arco inglés. Lo notable es que Maradona corrió prácticamente en línea recta. ¿Cómo puedes vencer a cinco jugadores corriendo en línea recta? La respuesta es que los defensores ingleses reaccionaron a lo que esperaban que hiciera Maradona, que era moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero Maradona pudo seguir en línea recta”, indicó King, al dar a entender que la política monetaria funciona de manera similar y que los mercados reaccionan a partir de lo que se espera que haga un banco central.

En otras palabras, Caputo me explicó que si nosotros le dábamos algún margen de discrecionalidad a la estrategia del Central tal vez la historia podría cambiar. Esto se debía a que si el mercado sabía que su capacidad de acción era mayor para quitarle volatilidad al tipo de cambio, los operadores no generarían fuertes oscilaciones porque entenderían que el Central los podía neutralizar. Así, como Maradona, el Central no tenía que intervenir y podía continuar en una línea recta, mientras los inversores se tranquilizaban ante la importante capacidad de acción de la autoridad monetaria. Por supuesto que la efectividad de este juego dependía de la cantidad de las reservas internacionales y de no agregarle defensores –o sea, pesos al mercado– cada vez que Maradona eludía a un inglés. Si se contaba con una gran cantidad de reservas y no se emitían pesos en forma exagerada, la estrategia funcionaría. Pero si los dólares eran escasos y los pesos se multiplicaban, el jugador no podría llegar al área rival. Es decir, el Central se quedaría sin aire a mitad de camino y eso le facilitaría el trabajo a quienes especularon con una mayor devaluación.

Por este motivo insistí en que el ancla debía ser una política monetaria previsible porque, si ocurría lo contrario, podría provocar preocupación en el público, que se traduciría en una salida de depósitos.

De modo tal que podía ser correcto que el Central interviniera en forma sorpresiva una o dos veces, según lo observábamos en la experiencia internacional, pero no que la sorpresa se transformara en una regla permanente. En ese caso el mercado presionaría al Banco Central hasta llevarlo más allá de sus límites.

Pero el mensaje de Caputo era otro. De algún modo nos decía: “Yo hago lo que ustedes me digan en política monetaria porque no me importa y ustedes me dan los dólares así puedo intervenir”.

Los argumentos que nos daba para explicar que aquellas medidas que habían funcionado en otros países no podían aplicarse con éxito en la Argentina porque el país es diferente al resto no eran convincentes. Con énfasis, expliqué que operamos con programas en países muy distintos entre sí y que no había un “traje a medida” de cada gobierno. Por supuesto que hubo otros países en los que, con programas importantes, registraron una alta volatilidad cambiaria y crisis políticas con rumores de renuncias de ministros o de presidentes, pero cuando estaban convencidos de lo que estaban haciendo, superaron con éxito esos percances. Por ejemplo, México, después del Efecto Tequila, sufrió una depreciación del 100% del peso, y cuando Trump mencionó que abandonaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una superior al 50%. La convicción de su banco central de mantener la flotación y endurecer la política monetaria, con cierta intervención cambiaria, sirvió para restablecer el funcionamiento del mercado de divisas.

Y luego quise ser más claro con él: “Acá vendemos helado de chocolate, vainilla y frutilla; si vos querés de sambayón, probablemente tengas que ir a otro lado”.

Además de la efectividad o no de esta intervención discrecional en el mercado cambiario, había otra cuestión clave: no podíamos tolerar prácticas poco transparentes que pudieran dar lugar a actos de corrupción si un funcionario decidía él solo, muchas veces después de comunicaciones privadas con participantes del mercado, sin un comité o una regla, cuándo intervenir y cuándo no. Por este motivo era importante que las intervenciones se realizaran por medio de subastas abiertas en el mercado y no con un único participante del mercado. Sin embargo, Caputo creía que podía participar en estas operaciones como un banco más, con los recursos del Central. Sentía que con su experiencia de operador de mercado podía jugar con ese conocimiento que tenían los inversores, pero nunca nos brindó una explicación convincente sobre cómo aplicarlo desde el Banco Central.

Además, creo que el presidente de un banco central debe ser una persona tranquila, que le transmita seguridad técnica al presidente de su país de que puede transitar momentos de dificultades sin tantos sobresaltos y que hay mecanismos de corrección para superar las crisis. Es clave entonces que el banquero central comunique bien para apaciguar también a la sociedad, a los agentes del mercado, que brinde certidumbre y crea en los instrumentos de política monetaria. Pero con él ocurría lo contrario; nunca se comunicó en forma eficiente con la sociedad para explicar su misión y, en su interacción con Macri, se ponía nervioso y le transmitía esa sensación.

Ese día yo había pedido vacaciones porque tenía que llevar a mi hijo de quince años a jugar un torneo de fútbol a West Virginia, que está a seis horas en auto de Washington D. C. Así que una vez que finalizó el partido de Uruguay nos subimos al coche y durante todo el trayecto hablamos por teléfono, con el sistema de manos libres, con Caputo, Cañonero, Sigal, Lipton y Cardarelli, mientras mi hijo hacía de asistente mandando mails y mensajes que yo le dictaba y me leía los que recibía.

Aun para un “chavo” de quince años era muy nítida la diferencia entre los argumentos que formulaba Lipton –planteados con rigor analítico, perfecta sintaxis y en algunos momentos, buen humor– frente al análisis simple y voluntarista de Caputo. Fue una lección de política económica que, sin entender mucho, mi hijo disfrutó.

Luego hicimos una parada para almorzar y ver el partido Portugal-España, que terminó empatado 3 a 3 con tres goles de Cristiano Ronaldo. Ese viernes a la noche Caputo nos dijo que viajaría a Washington para negociar con nosotros, así que empecé a hacer planes para volverme a primera hora del día siguiente a la ciudad. Pero como ocurriría en otras ocasiones, nunca vino, porque siempre prefirió las llamadas urgentes y las solicitudes de “vida o muerte”, que en más de una ocasión terminaban con una velada amenaza: “Si no aceptan esto el viernes Macri se va en el helicóptero”, en alusión al anticipado final del mandato del presidente de la Rúa en 2001.

Ese fin de semana pude ver un poco de los partidos de mi hijo, sufrir con el empate de Argentina con Islandia y alegrarnos con el 1 a 0 de México a Alemania.

El 18 de junio el Tesoro colocó dos bonos por USD 4.700 millones para comenzar el rescate de Lebac, a través de bonos duales, que a su vencimiento se pagan de la manera más conveniente para el inversor, en pesos ajustables o en dólares.

Una y otra vez volvíamos al mismo punto de discusión cuando nos decían que faltaban dólares. Nuestra respuesta era que sobraban pesos y estabilizar la demanda por pesos, tanto en el presente como en el futuro.

De todos modos, acordamos que hubiera cierto margen de intervención durante los primeros meses, con un tope claro. Dentro de ese margen, el Central podría intervenir en forma discrecional a través de subastas.

Claro que esa discusión no se saldó rápido, Macri y Caputo conversaron con Lagarde para avanzar, pero ella no cedió ningún espacio en esta llamada. Caputo ya sabía lo que le diría Lagarde: no iba a contradecir al staff, pero él trató, en esta ocasión de usar el poder del Presidente para forzar una decisión. Además de no tener éxito en esta gestión, mandó una muy mala señal porque en pocos días era la reunión del Directorio y había países que se preguntaban por qué el país, aún antes de la aprobación del programa, quería modificar las metas que había acordado hace tan poco tiempo.

20 de junio

El Directorio avaló el acuerdo stand by por tres años, por un monto equivalente al 1.110% de la cuota argentina en el FMI (que se amplió al 1.277% en octubre). El acuerdo no fue el más relevante del FMI ni en términos absolutos ni como porcentaje de su cuota, tal como mencioné.

Tras el encuentro, Lagarde comentó:

Las autoridades están comprometidas a mantener un tipo de cambio flotante, determinado por el mercado. Su intención es limitar la intervención cambiaria a períodos de significativa volatilidad y disfunción de los mercados y reconstituir las reservas amortiguadoras.

21 al 30 de junio

Se mantuvieron las discusiones con el Banco Central en torno de los límites de las intervenciones diarias y la reabsorción de las Lebac.

Mientras tanto, la Casa Rosada demoraba la publicación de algunos documentos referidos al programa porque no quería mostrar que la emisión de deuda no cubriría solo el financiamiento del Tesoro, sino que también tenía que pagar la sustitución de los Lebac por deuda del gobierno.

Esa falta de detalles generó dudas en el mercado, que veía que no le cerraban los números de financiamiento del programa, mientras Caputo quería utilizar dólares para recomprar deuda. La situación derivó en que había ciertos períodos de calma, pero luego regresaba la volatilidad y no se le brindaba una respuesta contundente. Yo tendía a pensar que Dujovne no compartía esa visión de hiperactividad en el mercado y que coincidía más con nuestro razonamiento.

La otra cuestión que generó ruido fue que la Argentina dijo que utilizaría el primer desembolso, pero que el resto lo dejaría reservado “en forma precautoria” por si la situación se complicaba más.

Desde el punto de vista práctico, al ser un programa de tipo stand by , no existía tal diferencia: la Argentina podía utilizar los desembolsos previstos en el acuerdo si cumplía con las metas trimestrales y pasaba las revisiones correspondientes. Pero ahí volvíamos al punto de partida, ya que el gobierno quería mostrar que no necesitaba el dinero. En cambio, el mercado debía estar seguro que esos dólares estaban disponibles y que el FMI no impediría los desembolsos.

Los inversores se confundieron sobre si el dinero estaba o no y eso generó más preocupación, sobre todo porque el gobierno no estaba en condiciones de emitir deuda en forma voluntaria y mostrar que no necesitaba los desembolsos acordados. Le planteamos que la mejor opción era no mencionar que había un componente preventivo, que destacara que todos los recursos estaban disponibles y que, si el país decidía no utilizarlos porque la situación mejoraba, sería una sorpresa positiva. En las interacciones del Gobierno con los inversores este tema no se aclaró en forma satisfactoria.

1.° al 19 de julio

Macri habló con el presidente francés, Emmanuel Macron, para felicitarlo por la victoria de la selección francesa sobre la Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia por 4 a 3 y aprovechó para pedirle su apoyo para flexibilizar al FMI. Pero, en general, el presidente del país del G7 no llama al número 1.° del FMI para apoyar a otro gobierno, sino que le pide a su ministro de Finanzas que revise el tema y este nos hace saber su interés para que la cuestión se resuelva con rapidez. Nunca vi una instrucción directa de Lagarde o Lipton como producto del llamado entre el presidente de un país deudor y uno acreedor.

Las discusiones para reducir el margen de las intervenciones de una depreciación del 3% diario a 2% continuaron y también sobre la necesidad de hacer una operación de “limpieza” de las Lebac.

Finalmente, Argentina publicó el staff report el 13 de julio, tres semanas después de la aprobación del programa por el board ; este fue otro error de implementación importante que generó dudas e incertidumbre en los mercados. Si bien la Argentina estaba preocupada por el programa de emisiones de deuda pública y el comentario era que los pasivos eran sostenibles, aunque no con firmeza (en términos técnicos, con una baja probabilidad), los mercados imaginaban consecuencias peores, ya que no sabían si Argentina podría tener todos los recursos que había en el programa.

Los cuadros de financiamiento presentados por el ministro y su equipo en los road shows en Nueva York y Londres no coincidían con el reporte del staff y esa fue otra fuente de inconsistencia que generó dudas. Además, utilizaban en sus datos recursos del programa del FMI aunque decían que este era precautorio, es decir, que no se utilizarían salvo ante una emergencia.

Por esas mismas fechas un grupo de inversores nos visitó en Washington. Además de las dudas técnicas que tenían sobre el programa, no entendían qué estaba haciendo el Banco Central y ya empezaba a surgir la pregunta de quién venía después de Macri… ¡y se referían al 2019, no al 2023!

20 al 22 de julio

En julio la economía ya caía más del 2% en términos anuales y la inflación rondaba el 3% mensual, mientras que el dólar se ubicaba en torno de los $28. El 21 y 22 de julio se realizó una reunión de ministros de Finanzas del G20 nuevamente en Buenos Aires.

Lagarde y Lipton participaban en la cumbre y fue una buena ocasión para continuar las negociaciones del programa. Además de las reuniones típicas que tuvimos en el Central y el ministerio, se destacó una cena en Olivos que el presidente Macri le ofreció a Lagarde con Dujovne, Lipton, Peña, Caputo, Cardarelli y yo.

Comimos truchas y verduras –porque Lagarde no come carnes rojas– y el ambiente fue cordial; dialogamos sobre cuestiones internacionales y se optó por no discutir los problemas del programa. En cambio, se conversó sobre Venezuela, Boca Juniors y Maradona; Peña nos contó la situación política local. Finalmente Macri se fue con Lagarde unos minutos y le pidió flexibilidad en el tema Lebac, entre otras cosas. Nosotros debatimos con Dujovne sobre la marcha del plan y compartimos la preocupación por la situación cambiaria.

Al volver al hotel, hablamos sobre si no era necesario rediscutir el nivel de intervención cambiaria o incluir un programa de recompra de Lebac con reservas, como nos pedían. Pensamos en esta alternativa no tanto porque estuviésemos convencidos de sus ventajas, sino porque creíamos que era importante, como en cada programa que firmamos, que se incluyeran elementos que la autoridad monetaria considere indispensables, siempre y cuando no pongan en riesgo los objetivos del acuerdo. De modo tal que le transmitimos a Cañonero y al equipo del Central al día siguiente que elaboraran una propuesta y la enviaran a Washington para discutirla. Esta propuesta dio lugar a una modificación al programa que permitió una operación de retiro parcial de las Lebacs con reservas.

Lagarde abandonó el país algo intranquila y, para colmo, su avión tuvo que regresar a Buenos Aires por un desperfecto mecánico una vez que había despegado. Parecía que nada podía salir bien. Y así ocurrió.

Una “amenaza” al equipo

1.° al 20 de agosto

A principios de agosto los mercados argentinos se vieron afectados por cierto contagio por la volatilidad en los mercados turcos y por el escándalo de los “cuadernos de la corrupción”, una denuncia periodística fuerte del diario La Nación –que se transformó en un expediente judicial– en torno de coimas en la obra pública que involucraba a empresarios y a funcionarios del kirchnerismo.

Cardarelli y su equipo empezaron la visita a Buenos Aires para realizar la primera revisión del programa luego de su aprobación. Antes de que saliera esta misión de Washington recibimos un correo electrónico que contenía una amenaza de asesinato a un miembro del equipo por día en Buenos Aires. La firma era del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo guerrillero marxista que ya no existía más, pero que había tenido un rol protagónico en la lucha armada de los 70 en la Argentina.

Cuando Cardarelli me trajo ese mensaje, lo tomé con calma y un poco de humor, ya que no tenía ningún conocimiento de que algún grupo terrorista actuara en Argentina después del regreso democrático, salvo el delirio mesiánico que llevó a un grupo denominado Movimiento Todos por la Patria (MTP) a tomar un cuartel militar en 1989 para ser rápidamente reprimido.

Al haber salido del país en 1977 tenía pleno conocimiento de estas organizaciones, ya que durante ese año había experimentado de primera mano los efectos de una bomba que habían colocado en el piso 12 del edificio donde vivíamos con mi familia en el noveno piso. Y desde México leía diarios y revistas argentinas con frecuencia, así como libros periodísticos y de historia contemporánea del país donde nací.

Sin embargo, por una cuestión de protocolo, llamé al equipo, les dije que analizaría el tema con nuestra área de seguridad para seguir sus recomendaciones y les aclaré que si alguien no se sentía cómodo podía quedarse en Washington; solo un miembro del equipo tomó ese camino. El equipo que trabajó en Buenos Aires era espectacular, muy buenos economistas, relativamente jóvenes y con la mayor disposición para ayudar al país.

Si bien el área de seguridad descartó la seriedad del asunto, propuso que nos moviéramos en un par de camionetas en Buenos Aires. De todos modos, casi nunca seguimos esta recomendación ya que todas las mañanas caminábamos desde la Recoleta hasta plaza San Martín o la avenida 9 de Julio. Desde allí subíamos o por esa avenida o por Florida hasta Corrientes para luego dirigirnos al Banco Central o al Ministerio de Economía.

La misión comenzó el 13 de agosto liderada por Cardarelli; yo llegué a Buenos Aires el 21 de agosto y de inmediato tuve reuniones con todo el equipo y el 22 con Dujovne y Caputo.

Llegamos al edificio de Reconquista 266 y frente a nosotros se sentaron Cañonero, Sandleris como representante del Ministerio de Hacienda y otros funcionarios más del banco, pero Caputo no estaba. Esperamos unos minutos y, cuando vi que no llegaría, les dije –en un tono que reflejaba una mezcla de sorpresa y enojo– que era una situación sin precedentes que el presidente del Banco Central no se presentara a la reunión final con la misión del FMI donde se discutirían las conclusiones de la revisión y las condiciones para ir al Directorio para autorizar el nuevo desembolso.

Necesitábamos escuchar otra vez y en on the record qué pensaba el titular del Central, cuál era su visión de la estabilización y su estrategia ante escenarios adversos. Les aclaramos a los funcionarios argentinos que teníamos que avisarle a la conducción del Fondo que él había decidido no intervenir en esta instancia crucial de uno de los préstamos más grandes del organismo multilateral en las últimas décadas.

Al terminar la reunión fuimos a comer al restaurante Piegari y, apenas nos sentamos, Caputo me llamó para disculparse y me pidió que fuera a su despacho. Rápidamente fui a verlo. Al entrar lo encontré muy preocupado y hasta deprimido debido al estrés que implicaba la conducción de la política monetaria y cambiaria en ese contexto. Me dijo que creía que las reuniones previas que había tenido con el equipo y conmigo eran suficientes para avanzar y que estaba a punto de irse al aeropuerto de Ezeiza para acudir a una tradicional reunión que se realiza todos los veranos en Jackson Hole, Estados Unidos, desde 1978. Se trataba de la cumbre que organiza la Reserva Federal de Kansas con los principales banqueros centrales del mundo, académicos y líderes financieros para intercambiar opiniones sobre los avances académicos en la disciplina y los retos que enfrentan en la implementación de la política monetaria y financiera. Además, me dio a entender que ya había escuchado demasiada ortodoxia cambiaria de nuestra parte y que su presencia en la reunión no hubiese sido muy constructiva.

También se disculpó al argumentar que no le habían informado sobre la importancia que el FMI le daba a estas reuniones; dada la disfuncionalidad del Banco Central, no puse en duda lo que decía. Si bien el FMI es una institución que privilegia el análisis y la calidad técnica de sus informes y recomendaciones, también es muy burocrática y se rige por procesos rígidos respetados por sus empleados, pero también por sus socios.

En todos los años que estuve en el FMI no supe de un país en el cual estas reuniones finales no hayan sido lideradas por las cabezas de los ministerios y bancos centrales, tanto para las revisiones de los programas como para las misiones del Artículo IV. Hasta en el caso de los Estados Unidos todos los años tuvimos reuniones de cierre por el Artículo IV con el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal.

A nuestra llegada a Washington, varios funcionarios argentinos nos dieron a entender que el gobierno preparaba un anuncio importante, pero sin brindarnos detalles. Se especulaba con una ampliación del préstamo del FMI, pero nadie nos había comentado nada y tampoco creía en las versiones que trascendieron sobre un posible swap con la Reserva Federal de Estados Unidos para conseguir más dólares.

Ese fin de semana, mientras Caputo buscaba aliados en Estados Unidos, Dujovne conversaba con Lipton y conmigo sobre la posibilidad de comenzar una negociación para fortalecer el programa con un mayor ajuste fiscal y monetario, con mayores recursos para el año 2019.

23 de agosto

Mientras avanzábamos en la primera revisión trimestral del programa, Caputo le planteó a Macri al regresar de Estados Unidos que había margen para que la Argentina recibiera ayuda adicional por parte del FMI, a tono con lo que Dujovne nos había planteado unos días antes. Es probable que en conversaciones bilaterales durante ese selecto encuentro le hayan comentado que no había posibilidades de que el Tesoro de Estados Unidos aportara dinero en forma bilateral y que la única opción era modificar el programa del FMI. Entonces, Caputo le explicó a Macri que el gobierno necesitaba los recursos comprometidos del FMI para 2019 por unos USD 7.500 millones en forma anticipada para mostrarle al mercado que el país no tendría problemas en pagar la deuda con los bonistas, mientras el riesgo país rondaba los 700 puntos básicos.

Estaban dadas las condiciones para empezar a negociar esa posibilidad, pero una vez más, como en el inicio de la negociación, el pánico y la ansiedad le ganaron la pulseada a la racionalidad y Caputo convenció a Macri de redoblar la apuesta, hasta un límite impensado.

Capítulo 6

La gran revisión

El miércoles 29 de agosto de 2018 me quedé shockeado al escuchar desde mi oficina el mensaje de Macri de 1’42” de duración en el que expresó:

Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo, pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos.

Ese adelanto implicaba que el gobierno contaría con USD 29.000 millones del préstamo que estaban previstos originalmente para 2020 y 2021. Sin embargo, no existía tal acuerdo.

Yo entendía la desesperación del presidente porque desde enero a agosto de 2018 el peso se había devaluado un 50% frente al dólar y, como ya mencioné, valoro que hubiera acudido al FMI, pese al costo político que implicaba hacerlo. Pero nunca, en mis años en el FMI o como funcionario del gobierno de México, había visto que un presidente latinoamericano o del G20 hubiese hecho un anuncio sobre temas financieros que no estuviese basado en la verdad. La decisión no tenía comparación con la alteración de las estadísticas desarrollada en el kirchnerismo, pero no se podía juzgar con el mismo parámetro a un gobierno en el que se había depositado la confianza con más de USD 50.000 millones y que buscaba integrarse a la comunidad internacional.

Una vez más, la falta de procesos bien establecidos en la Presidencia empujó a que se tomara una decisión mala y apresurada. Más allá de las consecuencias políticas, ante los mercados internacionales, proporcionar información incorrecta podría haber detonado procesos legales en contra de Argentina como emisor de deuda.

En el momento de grabar y emitir ese mensaje, mientras que en Buenos Aires la temperatura llegaba a 11 grados y en Washington padecíamos un calor insoportable de casi 38, no existía ningún pacto sobre la posibilidad de cambiar los ejes del programa acordado en mayo.

Esa mañana, Lagarde tenía agendadas llamadas con Macri y con Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero cuando Macri realizó el anuncio recién trabajábamos en un briefing para esas comunicaciones. Yo acababa de hablar con Adam Lerrick, asesor del Tesoro, quien me comentó que Caputo había solicitado apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés) y le dijeron que, a lo sumo, podrían considerarlo solo como un crédito puente por un par de semanas.

Todos quedamos muy sorprendidos, porque ni siquiera había un principio de acuerdo sobre la posibilidad de ampliar el programa.

Después me enteré que el ministro Dujovne le había sugerido a Macri que no diera ese paso sin hablar antes con Lagarde, pero que Caputo lo persuadió, en otra muestra de que él solamente aceleraba las pulsaciones del presidente en lugar de calmarlo.

Esos cien segundos nos dejaron desencajados y debilitaron dentro del FMI a todos aquellos que habían sido considerados como “moderados” o “palomas”, incluido a Lipton, frente a los “halcones” que consideraban que la Argentina no había merecido el crédito otorgado meses antes. De algún modo, el anuncio generó dudas respecto de nuestra lealtad a la institución, ya que esos sectores duros creían que sabíamos del anuncio y no respetamos los procesos, pese a que no teníamos nada que ver con ese mensaje del presidente argentino. Apenas terminé de escucharlo en el celular de uno de mis colaboradores, que irrumpió en mi despacho para mostrármelo, hablé primero con Lagarde y luego con Lipton para explicarles lo que había ocurrido.

La directora gerente no demoró demasiado en tener una dura y extensa comunicación telefónica con Macri.

La falta de un anuncio inmediato del FMI provocó el efecto contrario al deseado por el gobierno, ya que ese día el peso se devaluó otro 7,6%, en su segunda mayor caída desde la apertura del cepo en 2016, y subió el riesgo país.

Nuevamente el “Messi de las finanzas” pateó el penal afuera: era obvio que un anuncio unilateral por parte de Argentina, al no estar coordinado con comunicaciones del FMI, generaría una muy mala recepción en los mercados financieros.

En su libro, Macri dijo que este anuncio despertó al FMI de su letargo y aceleró la toma de decisiones para reforzar el programa. No coincido, porque la solicitud para realizar estas modificaciones recién la había hecho Dujovne y acordamos trabajar en ellas. No creo que este mensaje del presidente haya acelerado nuestro trabajo; por el contrario, incrementó la inestabilidad financiera en Argentina y generó una tremenda oposición a estas modificaciones en varios departamentos del FMI.

Además, los movimientos de tasas y tipos de cambio modificaron los modelos de análisis de sostenibilidad de deuda peligrosamente en contra de Argentina, complicando mucho el trabajo interno para aprobarlos. Finalmente, esa tarde el FMI dio a conocer un comunicado de Lagarde:

El presidente Macri y yo mantuvimos una conversación productiva el día de hoy. El presidente indicó su deseo de trabajar en el fortalecimiento de las políticas que sustentan el Acuerdo Stand-By con el FMI.

Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional, que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina, las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables.

Reiteré mi apoyo a los esfuerzos de política de la Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno a revisar sus planes de política económica. He instruido al personal del FMI para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero. He acordado que nuestro objetivo es llegar a una conclusión rápida de estos diálogos para presentarla a nuestro Directorio Ejecutivo para su aprobación.

Confío en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas serán fundamentales para conducir a la Argentina a través de las difíciles circunstancias actuales y, en última instancia, fortalecerán la economía en beneficio de todos los argentinos.

Mientras se elaboraba esa respuesta institucional, organizamos un viaje rápido del equipo argentino a Washington y comencé a debatir con Dujovne sobre las medidas específicas para acelerar el ajuste fiscal y el diseño de un nuevo programa monetario. Los esquemas que habíamos discutido apenas tres meses antes no funcionaban para disipar los temores de los inversores ante la posibilidad de un default de la Argentina.

Trump y el FMI

Más allá de la insistencia de Caputo y del pánico en los mercados, ¿qué detonó la decisión argentina de solicitar una modificación tan trascendente del programa con el FMI a tan pocos meses de haberlo firmado?

Sin duda, la falta de tracción del programa en los primeros tres meses de su ejecución indicaba que se necesitaba un rediseño.

También la cercanía y la confianza entre los presidentes Macri y Trump incrementaban la confianza de que sus solicitudes, al menos, serían atendidas. El mandatario norteamericano no tenía ni interés ni cercanía alguna con los organismos multilaterales ni con el sistema de Naciones Unidas en general. Al contrario, valoraba su capacidad de utilizarlos como instrumentos para apoyar a sus aliados en momentos de dificultades. Y, en América Latina, Macri era uno de sus principales aliados.

Cuando Trump le ganó a Hillary Clinton en 2016, en el FMI nos preparamos para un fuerte cambio luego de ocho años de intensa cooperación con el Tesoro de la administración Obama. Este vínculo, entre otras cuestiones, permitió un aceitado funcionamiento en momentos importantes como la crisis financiera global de 2009 y el de la eurozona en 2010. Por ejemplo, Tim Geithner, el primer secretario del Tesoro de Obama, había sido director del Departamento de SPR del FMI de 2001 a 2003.

Por definición, aunque con excepciones, la relación entre el FMI y los gobiernos republicanos suele ser más compleja que con los demócratas, que tienen más afinidad con la intervención pública en la economía.

Desde la llegada del polémico dirigente republicano, quien generaba desconfianza hasta en su propio partido, la estrategia de la conducción del FMI –y por extensión– del staff fue adoptar una postura cautelosa, que no exasperara a la Casa Blanca, para no cometer “errores” que nos colocaran en una posición de confrontación con Trump. En resumen, la estrategia era evitar aparecer en los tuits del presidente de los Estados Unidos.

El mensaje informal que nos daba la directora gerente era que eludiéramos conflictos innecesarios, planeáramos bien las acciones que pudieran generar confrontación e identificáramos los temas de interés mutuo para ejecutarlos con eficiencia.

En particular, Mnuchin, el secretario del Tesoro elegido por Trump, no era una persona de roce con los organismos de crédito. Aunque tenía una larga experiencia en Wall Street, nunca había diseñado políticas públicas y menos en temas internacionales. Su background era muy diferente al de Tim Geithner, Larry Summers y Robert Rubin, entre otros funcionarios demócratas que habían ocupado ese cargo: él había sido productor de importantes películas como Avatar y X-Men , entre otras.

De modo tal que hubo una intención deliberada de acercarnos a él y al Consejero Económico Nacional, Gary Cohn, quien permaneció un año en el gobierno hasta que renunció por diferencias sobre varias de las medidas impulsadas por Trump. Entre otras, el giro hacia una política claramente proteccionista y algunas actitudes de apoyo a grupos radicales y antisemitas por parte del presidente. Cohn fue reemplazado por Larry Kudlow, un comentarista político conservador, analista económico, presentador de televisión y exfuncionario del área presupuestaria de la administración de Ronald Reagan.

En principio, las áreas de interés común con la administración Trump en términos geopolíticos eran los programas con Pakistán y Egipto y la preparación subterránea de un programa para Venezuela cuando se produjera la transición política.

Desde luego el programa argentino también fue seguido muy de cerca por sus colaboradores; los principales responsables fueron Mauricio Claver Carone y Lerrick. En una primera etapa, el encargado de la supervisión fue Claver Carone, un abogado norteamericano de familia cubana que tenía una visión pragmática de los instrumentos financieros internacionales, asesoraba al Tesoro y fue director de Estados Unidos ante el FMI. Era un político habilidoso, muy enfocado en los intereses geopolíticos de Washington, y cumplió un rol clave para empujar el paquete de la Argentina en 2018. Tiempo después, declaró:

Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina, y les haya costado la elección, es una cuestión. Yo tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa. Fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental.

En septiembre de 2018 Carone fue promovido en el gobierno y se convirtió en el “hombre fuerte” de la Casa Blanca en asuntos latinoamericanos y en 2020, Trump lo designó como presidente del BID. De este modo, rompió con la tradición de nombrar en el banco a un titular proveniente de la región, hasta que fue removido en 2022 por varias acusaciones ligadas a presuntas faltas éticas.

En el FMI lo reemplazó Adam Lerrick, quien también había realizado sus estudios de doctorado en el MIT y desde el Tesoro ya estaba involucrado en el programa argentino. Lerrick es un economista conservador que había trabajado con su par Adam Meltzer en el reporte sobre el rol de las multilaterales que recomendaba un papel mucho más reducido del FMI. Desde el inicio de la administración de Trump, asesoraba a Mnuchin. Lerrick era un duro crítico del FMI y mantenía una relación tirante con la Argentina desde 2001, cuando había sugerido que el organismo no asistiera más al país –creía en el mecanismo de “quiebras soberanas”– y en 2005 había colaborado con los bonistas que negociaban con el equipo de Lavagna.

Antes, en 2001, junto con Meltzer, Lerrick desarrolló un “juego” con la hipótesis de un default de la Argentina (a la que llamaron con el nombre de fantasía “Mañana” para no provocar un incidente diplomático) y, con la llegada de Trump pasó a supervisar primero la cuestión de Venezuela y luego la de la Argentina.

Lagarde construyó un buen vínculo directo con Mnuchin. A nivel personal el único tema de América Latina que yo percibí que le generó interés fue el de Venezuela y la cuestión de las sanciones financieras, claves para ese gobierno.

Ella manejó en forma estupenda el equilibrio entre los accionistas, China, Estados Unidos y la Unión Europea así como las demandas del staff técnico y la sensibilidad política de los accionistas del Fondo. Es el rol clave de un director gerente: que la institución se maneje con la menor injerencia técnica por parte de los accionistas y que adopte las decisiones políticas necesarias para mantener su interés.

En particular, Lagarde buscó que la agenda del FMI fuera relevante tanto para los países avanzados como para los emergentes, así como continuar con el proceso para incrementar la voz y el voto de estos países en la institución. Además, intentó suavizar la percepción que tiene la opinión pública sobre el FMI, al considerar que sus recomendaciones ignoran las restricciones políticas y sociales de cada país. Es verdad que muchas veces el staff carece de esa ductilidad, tal vez porque varios de sus integrantes no solo no han pasado por la función pública de sus países, sino porque tampoco trabajaron en otras instituciones privadas o públicas que les hayan brindado mayores capacidades de negociación política.

En esa sintonía, ella logró con el propio Trump una relación mucho mejor que la esperada, sin dejar de señalar las críticas que consideraba necesarias, como la política comercial proteccionista del presidente, aunque sin “romper lanzas”.

Ese gobierno republicano también mantuvo una muy buena relación con el Banco Mundial, que logró convencer a la Casa Blanca que recapitalizara a la entidad que en ese momento presidía Jim Yong Kim. Este médico surcoreano fue inteligente para encontrar una agenda común con la hija del presidente –y primera dama de hecho–, Ivanka Trump, quien había sonado como candidata para liderar el banco.

Dos días después del desprolijo anuncio del gobierno argentino de ampliar el programa, el dólar superaba los $40.

Como explicaron Marina Dal Poggetto y Daniel Kerner en su libro Tiempo perdido , esos días “el único vendedor era el Banco Central y el riesgo de una espiral inflacionaria dólar-precios-salarios con un contagio sistémico al sistema financiero estaba a la vuelta de la esquina”.

El gobierno estaba atontado pese a que creía haber tomado la delantera al anunciar estas modificaciones al programa. Todo era confusión en Buenos Aires y esperábamos la llegada de la delegación argentina para negociar. Tampoco había margen para que el Fondo abandonara al país en el medio de la corrida y, además, creíamos que con un ajuste fiscal y un rediseño del esquema monetario –y coherencia en la implementación de las medidas– la situación se podía reencauzar. Aunque algunos en la institución pensaban lo contrario debido a la “indisciplina” argentina y al considerar que era necesario reestructurar la deuda.

Pero ni Lagarde, ni Lipton ni yo creíamos que era lógico penalizar a un país con la falta de acceso a un instrumento de la comunidad internacional y, luego del malestar inicial por el anuncio de Macri, nos pusimos a pensar cuál era la mejor manera de continuar. Es posible que sin la cercanía entre Macri y Trump esta revisión del programa hubiese derivado en un aumento más moderado de los recursos o, tal vez, en la implantación directa de los controles de capitales.

Durante esta negociación traté de no abandonar mi costumbre de ir en bicicleta a la oficina, en un viaje que me tomaba unos veinte minutos a la vera del río Potomac. En el FMI hay un área para dejar las bicicletas, ducharse y cambiarse en forma gratuita, pero el estacionamiento y el gimnasio es pago.

También intenté respetar cierto tiempo para almorzar fuera de la oficina, aunque durante varios días fue imposible gozar siquiera de unos pocos minutos libres. Trataba de escaparme un rato a uno de los cafés o restaurantes cercanos al Fondo para comer un sándwich o una ensalada y dialogar con algunos de mis colegas, sobre temas diferentes a los de América Latina, que ocupaban gran parte del día.

No me tomaba demasiado tiempo; sin duda mucho menos que en México, donde, al igual que en España, la gente a veces ocupa dos horas de su día para almorzar, regresa a la oficina cerca de las cuatro y se queda hasta tarde. Y en general dejaba la oficina entre las siete y las ocho de la tarde, pese a que la mayoría de la gente a las seis ya se había ido.

De todos modos, en esas semanas la actividad no se frenaba nunca y había un continuo intercambio con Lipton y los demás miembros del equipo de correos electrónicos o mensajes telefónicos.

El grupo de WhatsApp del equipo que llevaba los temas de Argentina tenía como imagen de identificación la icónica foto del primer gol de Maradona a Inglaterra durante el Mundial de México 1986, como una broma al británico Nigel Chalk.

Dujovne, renuncia y resucitación

Nadie esperaba que, en medio de la discusión en torno a una modificación importante del programa, Dujovne estuviera a punto de renunciar o de ser desplazado. Por supuesto que la poderosa influencia de Caputo sobre Macri nos generaba dudas sobre el poder de Dujovne dentro del gabinete para hacerle entender a Macri los desafíos que exigía una ampliación del crédito.

El ministro de Hacienda nunca tuvo la influencia necesaria sobre Macri para mostrarle los riesgos generados por algunas de sus decisiones. Cada tanto, el presidente recurría al consejo de otros economistas y amigos y contaba con Caputo como su mayor centro de referencia en varias cuestiones. En particular, en la cuestión cambiaria, Dujovne no encontró la manera de convertirse en el referente de Macri ni le brindó el asesoramiento de respetadas voces como podrían haber sido Larry Summers, Mark Carney o Arminio Fraga.

Este es un fenómeno que el FMI enfrenta en varios países: hay un ministro con fortaleza para obtener los recursos del organismo, pero sin el poder suficiente para lograr la correcta implementación del programa.

Aunque el ministro anunció el viernes 31 de agosto que el lunes siguiente estaría en Washington para avanzar en la discusión técnica, el sábado 1.° de septiembre los diarios de Buenos Aires se hicieron eco de las versiones en torno de su eventual salida, al mencionar un encuentro entre Macri y Carlos Melconian, en el que este economista le puso varias condiciones difíciles a Macri para aceptar el cargo. Entre ellas, la salida de su jefe de gabinete, Marcos Peña, según Melconian.

Ese sábado las llamadas de la Argentina me encontraron nuevamente en medio de un partido de fútbol de mi hijo. Las conversaciones con Sandleris y Dujovne tuvieron un tono claro de despedida. De inmediato le conté a Lagarde lo que ocurría. Según Macri, ella le mandó un mensaje para advertirle que los cambios de ministro suelen retrasar la aprobación de las modificaciones a los programas del FMI. Finalmente, Macri se arrepintió. Tras la agitación de esas 48 horas, Dujovne salió fortalecido, porque Macri eliminó la figura de los dos vicejefes de gabinete –Mario Quintana y Gustavo Lopetegui–, que actuaban como stoppers del ministro.

Además, le otorgó las áreas de Finanzas y Energía que estaban distribuidas en otros ministerios y de hecho el número de ministros se redujo de veintidós a diez.

Necesitábamos un ministro fuerte como contraparte, que tuviera credibilidad y poder para implementar medidas más profundas, pero el diseño inicial de la gestión económica por parte de Macri había conspirado contra ese objetivo.

El ajuste se aceleró: se frenó el cronograma de reducción de las retenciones a las exportaciones –y, por el contrario, aumentó la cantidad de productos alcanzados– y se renegociaron los contratos con las empresas energéticas. Dujovne creía que se había colocado demasiado énfasis en recomponer el margen de utilidades para las empresas y poco en utilizar el aumento de las tarifas para contribuir en la reducción del superávit fiscal.

Nuestra posición inicial era que profundizar la corrección fiscal debía basarse en una mayor reducción de subsidios y el aumento de algunos impuestos, pero se aceptó priorizar las restricciones políticas que el gobierno enfrentaba en ese momento.

La intención del nuevo programa era reducir a 0 el déficit fiscal en 2019 y lograr un superávit del 1% (del PBI) en 2020, con un ajuste de 4 puntos porcentuales en dos años.

Para calmar el ambiente de protestas, Macri pidió comprensión a los sectores afectados por las retenciones y anunció un aumento en los planes sociales que le garantizara paz social.

Una vez que Dujovne fue ratificado, viajó a Washington el 4 de septiembre. Restaba, nada más y nada menos, fortalecer la política fiscal y rediseñar la política monetaria y que la Argentina tuviera un solo discurso y una sola estrategia frente a los mercados y a su principal prestamista.

Se habían perdido dos meses y medio desde la aprobación del programa el 20 de junio, sobre todo por los malos manejos del Banco Central.

Ya quedaba claro que el fortalecimiento del programa, tanto desde el punto de vista conceptual como de los recursos, necesitaba un giro en la conducción del Banco Central.

Si Caputo y Dujovne se quedaban en sus puestos, la falta de coordinación continuaría. También era difícil pensar que Caputo pudiese plantear una política monetaria y cambiaria que convenciera al FMI o, en su caso, a cualquier economista con experiencia en el tema. Además, era prioritario que el nuevo diseño monetario lo negociara la persona que condujera el Central durante su implementación. No se podía volver a cometer el error original que se registró cuando el programa negociado por Sturzenegger tuvo que ser desarrollado por Caputo. Por esta razón, durante una de las reuniones que tuvimos Sandleris y yo en esos días en Washington para discutir los problemas monetarios le comenté, parcialmente en broma, que se tomara esta discusión en serio “porque es muy probable que termines siendo el responsable de resolverlo”.

De todos modos, en Washington teníamos nuestros propios problemas, porque cuando se decidió que una misión viajara a Buenos Aires en el marco del fortalecimiento del programa en septiembre, surgieron varias e intensas discusiones internas, ya que una parte del staff pensaba que la Argentina se había transformado en un país fiscalmente insolvente y que su deuda era insostenible. En particular, argumentaban que el país necesitaba reestructurar su deuda pública. Asimismo, afirmaban que el tipo de cambio de equilibrio del país debía ser más alto, el crecimiento más bajo y las tasas de interés más altas. Como consecuencia de estos cambios la deuda se volvería insostenible. Entre quienes más insistían con estas posturas estaban los departamentos de SPR y el de Investigación.

Este debate interno frenó el avance de la “Nota de política” que elaboramos en el Departamento del Hemisferio Occidental para que Lagarde la aprobara y se definieron los cambios en el programa que estábamos autorizados a negociar. Así que optamos por una solución “heterodoxa”, al enviar al equipo a Buenos Aires pero sin la categoría de “misión de negociación”, mientras que en Washington tratábamos de saldar las diferencias internas. Tal vez la dupla Lagarde-Lipton exhibió ciertas deficiencias para dirimir con rapidez las divergencias entre los distintos departamentos.

La idea era que yo me sumara una vez que las formalidades se cumplieran en Washington.

Esa separación entre mis colaboradores y yo tenía alguna ventaja, porque me podía focalizar en el resto de la región mientras tratábamos de saldar los debates internos. Claro que sabía que, como ocurría habitualmente, una vez que viajara a Buenos Aires, como también pasaba en otras ciudades, podía encontrarme con funcionarios de mi equipo ya cansados, hastiados de compartir varios días fuera de sus casas y conviviendo demasiado tiempo, lo que generaba nervios. Mi llegada aportaba la posibilidad de un recambio y que algunos regresaran a Washington para reducir la tensión acumulada en las semanas previas.

La intención del gobierno era aumentar el monto, anticipar los desembolsos y ampliar el margen del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Por el lado del programa de políticas macroeconómicas se tenía que fortalecer el objetivo fiscal, rediseñar la política monetaria y establecer un calendario de emisiones que reflejara esta nueva situación.

Mientras el diálogo continuaba y se lograban acuerdos, no cesaba el enfrentamiento entre el gobierno y el mercado, que empujaba por una mayor devaluación. Restaba una discusión técnica intensa e interesante hasta que el Directorio debatiera el caso y la Argentina accediera a esos recursos adicionales.

Más allá de la cuestión fiscal, en la que Dujovne ya había tomado una estrategia nítida –aunque con medidas distorsivas–, quedaban por definir varios puntos importantes referidos al nuevo marco que regiría la política monetaria.

Ya se había decidido terminar con el esquema de metas de inflación y había que diseñar un programa monetario que incluyera el uso de la tasa de crecimiento de la emisión monetaria como ancla principal del sistema. La idea era combinarlo con medidas de intervención en el mercado cambiario que también funcionaran como ancla de las expectativas sobre el comportamiento futuro del tipo de cambio.

Entre las experiencias internacionales de la década del 90 que habían permitido reducir en forma abrupta la inflación alta con un régimen de agregados monetarios y que eran buenos referentes para el caso de Argentina había dos que conocíamos de primera mano.

El primero fue México, después del Efecto Tequila, cuando adoptó una estrategia agresiva basada en agregados monetarios que llevó a una importante suba de las tasas de interés; esta decisión a su vez redujo la inflación del 50% al 9% en cinco años.

El segundo fue Indonesia tras la crisis del sudeste asiático de 1997, que también con el control de la base monetaria llevó las tasas de interés a tres dígitos y logró reducir la inflación del 150% a un dígito en un año y medio.

Tanto Lipton como yo teníamos un conocimiento de primera mano del caso mexicano y él también había estado muy involucrado en el manejo de la crisis en Indonesia. En ambos, el costo fue una profunda recesión inicial, que en gran medida fue provocada por el freno repentino (sudden stop ) de los flujos de capital y la consecuente corrección de la cuenta corriente. Sin embargo, luego se experimentó una rápida recuperación.

Mientras pensábamos en una solución técnica, Kudrow provocó algún ruido cuando declaró que el país tenía que volver a atar el peso argentino al dólar o, directamente, dolarizar la economía, una posibilidad que ni siquiera se analizó ni en el Tesoro ni en el FMI.

Luego de varias rondas de discusión, llegamos a la conclusión de la necesidad de anular el objetivo de crecimiento de la emisión monetaria hasta junio de 2019 “con el fin de reducir firmemente la inflación y las expectativas inflacionarias”. También, fijar un piso de tasas de interés del 60% anual “hasta que las expectativas inflacionarias a doce meses hayan disminuido de forma contundente durante por lo menos dos meses consecutivos”.

En términos cambiarios, se definió que hubiera un régimen flotante entre dos límites bastante amplios que se ajustaban en forma periódica. En el caso del “techo de la banda”, el Central vendería dólares para frenar la depreciación, y en el caso del “piso”, los compraría para limitar el fortalecimiento de la moneda.

El equilibrio de esta negociación implicó que el Central se sintiera incómodo con la meta de cero crecimiento de la base monetaria; hubiese preferido un número positivo. Y, a su vez, el FMI hubiese optado por un menor espacio de intervención. Pero existía un nivel de acuerdo importante. En la implementación de la política monetaria estos espacios de desacuerdo se manifestaron en tensiones respecto a la necesidad de mayor intervención, la utilización de los encajes como alternativa para expandir los agregados monetarios más amplios con una base monetaria constante, la estacionalidad de la demanda por dinero y el momento en el cual sería necesario retirar el piso de 60% para las tasas de interés.

La otra cuestión tenía que ver con el tratamiento de la deuda del Tesoro que estaba en manos del Banco Central, que por definición no es como cualquier otro pasivo, porque por supuesto la entidad no le va a reclamar al gobierno cobrarlos como cualquier otro acreedor. En esta revisión del programa ya no se buscó que el Tesoro emitiese más deuda para recomprar los títulos que le había vendido al Central.

Con estas modificaciones creíamos que si la situación de los mercados se normalizaba, la sustentabilidad de la deuda argentina podría volver a ser igual a la que había antes de firmar el acuerdo con el FMI.

Adiós a Caputo

Las versiones sobre el alejamiento de Caputo se multiplicaban y se mencionaba la posibilidad de que fuera reemplazado por Cañonero, a quien le ofrecieron el cargo pero se negó a asumir. Entonces, surgió la idea de proponer a Sandleris.

Las dos eran muy buenas opciones y trabajaron muy bien juntos una vez que se estableció que Sandleris sería el presidente y Cañonero seguiría como vice. La relación positiva entre ellos y la nueva vicepresidenta segunda, Verónica Rappoport, además del buen vínculo con Dujovne y Macri, mejoró la implementación de la política económica en Argentina.

El 21 de septiembre de 2018 el presidente viajó con Dujovne a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tratar de cerrar la negociación en encuentros con Lagarde y con Trump. Además, se reunió con ejecutivos de Wall Street y sufrió en el hotel donde se alojaba al ver que su querido Boca Juniors perdía con su clásico rival, River Plate, 2 a 0 en La Bombonera.

El martes 25 de septiembre, mientras Macri y Dujovne estaban en Nueva York, Caputo presentó su renuncia cuando el dólar estaba en $37. Previamente Macri se lo había anunciado a Lagarde en la reunión que mantuvimos en el edificio de las Naciones Unidas.

Así otro de los obstáculos para avanzar quedaba resuelto y el 26 el FMI informó que se había llegado a un acuerdo técnico para aumentar los recursos disponibles para 2019 en USD 19.000 millones y elevar el monto total disponible en el marco del programa de USD 50.000 millones a USD 57.100 millones hasta 2021. Además, se aclaró que “los recursos disponibles en el marco del programa ya no se considerarán de carácter precautorio y las autoridades tienen la intención de utilizar el financiamiento del FMI para fines de respaldo presupuestario”.

Ese día, en el consulado argentino en Nueva York, Lagarde y Dujovne anunciaron la ampliación del crédito del FMI. “Confiamos en la Argentina, este es el desembolso más grande de la historia del FMI”, dijo Lagarde, mientras el ministro destacaba que aumentaban los desembolsos para 2018 y 2019, a cambio de consolidar el esquema fiscal y monetario y mantener un tipo de cambio flexible.

En el plano técnico, todavía discutíamos cómo se fijaría la banda cambiaria dentro de la cual el tipo de cambio fluctuaría libremente. Si bien el régimen exigía que la base monetaria no creciera, si el tipo de cambio se apreciaba y llegaba al “piso” de la banda, el Banco Central podía expandir la base comprando dólares. El problema fue que tanto el BCRA como la Casa Rosada querían apresurarse a aflojar las condiciones monetarias buscando opciones, como reducir los encajes bancarios para que los bancos tuviera más espacio para otorgar créditos.

La discusión interna más importante por esos días era la fecha para la reunión del Directorio para acordar la primera revisión y los importantes cambios que se le habían hecho al programa. Al concluir esta revisión, la Argentina tendría acceso al desembolso del giro de USD 5.700 millones. La agenda se complicó porque la semana del 10 al 14 de octubre se realizaba la cumbre anual del FMI y el Banco Mundial en Bali, Indonesia. La fecha más urgente para agendar era durante estas reuniones, en una recreación de la situación registrada durante la asamblea anual de 2003 en Dubái, donde también se discutió la revisión del programa argentino impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner y se realizó el desembolso correspondiente.

Muchos departamentos preferían que la reunión del Directorio sobre la Argentina se realizara después de Bali. Esta posición no se basaba en elementos de superstición de estas áreas, sino en una decisión táctica a la espera de que la situación se deteriorara en esas semanas y se tuviese que suspender el programa, imponer los controles de capitales y reestructurar la deuda con los acreedores privados.

Esta postura extrema se daba como parte de la también exagerada aversión al riesgo que existe en Washington en las entidades multilaterales, ya que muchos funcionarios, mientras elaboran un programa, piensan más en qué opinarán sobre ellos en las evaluaciones posteriores que en garantizar el éxito de esos planes.

Pese a la magnitud del programa, el caso argentino no fue discutido en la reunión anual en Indonesia porque, a diferencia de lo que había ocurrido en el 2001, nadie veía que el país pudiera provocar un efecto contagio sobre otros países emergentes. Por lo tanto, se lo observaba como un caso aislado, pese a su fuerte crisis financiera.

El 26 de octubre el Directorio se reunió para convalidar en Washington el acuerdo técnico entre la Argentina y el organismo. Como es habitual, Alemania presentó bastantes reparos.

El dato curioso fue la objeción de Rusia, porque el gobierno de Vladimir Putin argumentaba que, se utilizaría el dinero del FMI para financiar a los bonistas, un concepto que luego lo escucharía bastante por parte de los economistas de Alberto Fernández y del propio presidente que sucedió a Macri acerca de la “fuga de capitales”.

Es curioso pensar cómo se entrecruzan las alianzas y los conflictos geopolíticos en el FMI; en este caso, no me quedaba claro por qué Rusia se quejaba por esta cuestión, pero creía entender que tenía que ver más con sus disputas con Europa Occidental y Estados Unidos que con el caso argentino. De todos modos, finalmente se aprobó el acuerdo, como era esperable en esas circunstancias de crisis del país.

En todo momento intentamos cuidar el lenguaje con los medios de comunicación, porque un término fuera de contexto, muy optimista o pesimista, podía provocar otro cortocircuito con el gobierno o, peor aún, nervios adicionales en el mercado. En el FMI el área de prensa nos entrena acerca de este tipo de situaciones, y yo además contaba con mi experiencia previa en el gobierno mexicano. Para no dejar nada librado al azar, el FMI tiene preparado un libro de doscientas páginas con todas las posibles preguntas de los medios de comunicación y todas las respuestas posibles, just in case. Por supuesto que ningún manual te evita que puedas cometer un error, sobre todo cuando estás en una misión en un país donde los periodistas están al acecho. Pero más allá de los periodistas, siempre me resultó increíble el grado de conocimiento que tiene la gente en la calle en la Argentina sobre qué es el FMI, algo que no se repite en ningún otro país del mundo.

Más allá de Buenos Aires, a veces el Fondo ocupa espacio en los medios cuando hay un programa de asistencia relevante, pero en los países desarrollados y estables nuestra tarea tiene una repercusión mínima, salvo en Gran Bretaña, donde a veces hay publicaciones importantes, tal vez por alguna nostalgia sobre su etapa imperial y por haber cocreado la institución.

En los meses que siguieron trabajamos mucho con el equipo económico para que en el primer trimestre de 2019 se retirara el exceso de liquidez luego de la habitual suba de los últimos meses del año previo.

Mientras tanto, el gobierno consiguió una extensión del swap de China –firmado en 2017 por USD 10.000 millones– por otros USD 8.000 millones. Entonces discutimos si esos recursos calificaban como reservas brutas o netas. Estas últimas surgen de restar a las brutas ese swap , los encajes de los depósitos en dólares, los préstamos con organismos internacionales y los fondos de garantía de los depósitos (Sedesa). Las reservas netas son las que efectivamente tiene el Banco Central para poder actuar en el mercado cambiario, pero la entidad no las informa. Dada las características del swap chino, nunca pudieron catalogarse como netas.

Más allá de la definición teórica, la cuestión relevante era saber si esos recursos se podían utilizar o no para frenar una corrida.

Las primeras dudas por el 2019

A fines de noviembre volvimos con Lagarde a Buenos Aires para la reunión de presidentes del G20. El dólar casi no se había movido ese mes, pero la inflación alcanzó el 3,2% y sumaba 48,5% el último año. La actividad ya había mostrado una caída constante en los tres primeros trimestres y se agregaría un -1,2% en el cuarto para redondear una recesión anual del -2,5%. Esta recesión no resultaba exagerada a la luz de las contracciones del PBI observadas en otras crisis.

Me reuní con los equipos de Hacienda y el Banco Central para ver cómo funcionaba el programa. Por un lado, el Ministerio trabajaba en una reforma para reforzar la recaudación tributaria. Por el otro, comenzamos a discutir con el Central la cuestión de los requerimientos o encajes que se deben mantener en los bancos para cumplir con retiros inesperados de depósitos.

El gobierno pretendía utilizar los encajes como sustituto de la política de emisión, pero no estábamos convencidos de avalar esa idea. Si la política monetaria era muy estricta y se apreciaba el tipo de cambio, entonces el Central podría, una vez que se alcanzara el piso de la banda, comprar todos los dólares que quería para acumular reservas y expandir la oferta de dinero.

La cuestión generó ciertas fricciones pero no pasó a mayores en la segunda revisión del programa, sobre todo porque el acuerdo se había modificado recientemente.

Más allá de las cuestiones técnicas, empezamos a indagar qué podía ocurrir en el plano político-electoral por los comicios presidenciales del año siguiente y el complejo cuadro en el nivel de actividad y la creciente inflación.

Nos reunimos con consultores políticos como Sergio Berenzstein, economistas como Pablo Guidotti y Daniel Artana y encuestadores como Alejandro Catterberg. Algunos analistas ya mencionaban la posibilidad de que Cristina Kirchner pudiera volver a ser candidata en 2019 y que, por lo tanto, la campaña se volviera a polarizar.

Este escenario planteaba dos efectos que empujaban la economía en diferentes direcciones. Si Cristina buscaba un tercer mandato en el corto plazo sería el escenario ideal para el gobierno desde el punto de vista electoral. Sin embargo, si luego ganaba la elección la expectativa de la evolución futura de la economía era muy mala. Así, el regreso de la expresidenta al ring generaba incertidumbre sobre el mediano plazo.

Nadie imaginaba todavía la jugada que tenía preparada la líder de la oposición, posiblemente ni siquiera ella, ya que estaba preocupada por la evolución de la causa judicial por los “cuadernos de la corrupción”, entre otras. Sin embargo, intentaba mostrarse distendida cuando envió un saludo por las redes sociales con un particular mensaje: “A un año lleno de malas noticias, vamos a despedirlo con humor”, junto con un video irónico sobre el deterioro de la situación económica y el nuevo acuerdo con el FMI.

Al comenzar el 2019 participé de una conferencia de la Universidad de Miami para hablar sobre las perspectivas económicas y financieras para América Latina, pero el 30% de mi tiempo lo dediqué a las llamadas con Washington y Buenos Aires, para discutir cómo acomodar la disminución cíclica en la demanda de dinero que se registra en el inicio del año.

A principios del año electoral la preocupación más nítida era la inflación, que había llegado al 47,9% en 2018, el nivel más alto desde 1991, mientras que el dólar había subido el 100%.

La contracara fue que el país pudo cumplir con el resultado fiscal de 2018, con un déficit primario de 2,4% del PBI, inferior al objetivo inicial de 2,7%, mientras que el déficit financiero bajó del 6% al 5,2% en un año y el rojo en la cuenta corriente también descendió.

Observamos de cerca cómo se movía el tipo de cambio en esos primeros meses de 2019 y tratamos de convencer al gobierno de colocar la mayor cantidad de deuda posible antes de que comenzara la campaña electoral.

Claro que el mercado percibía la incertidumbre política y por eso el nivel de las tasas de interés para los bonos que vencían después de las elecciones se elevaba bastante y el equipo económico estaba preocupado por esa refinanciación con los acreedores privados.

De todos modos, el programa parecía encaminado: la suba muy gradual de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos generó un mayor ingreso de capitales a los mercados emergentes y eso permitió una apreciación del peso, que a su vez habilitó al Banco Central a comprar reservas. Además, el organismo que dirigía Sandleris pudo bajar la tasa de interés de las Leliq en febrero. Sin embargo, en marzo tuvo que volver a subirlas porque se aceleró la depreciación cambiaria. El escenario era demasiado volátil, pero el gobierno pudo cumplir la tercera revisión del acuerdo y el 5 de abril el Directorio aprobó el giro de USD 10.800 millones. Allí Lagarde señaló:

Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto. El elevado déficit fiscal y en cuenta corriente –dos grandes vulnerabilidades que condujeron a la crisis financiera el año pasado– está disminuyendo. La actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar.

Aunque elogiaba al gobierno por haber sobrecumplido la meta fiscal, aclaró que –por haber logrado una recaudación menor que la esperada– “será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales a fin que la posición fiscal de 2019 llegue al equilibrio primario. Es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar el marco fiscal a mediano plazo y la gestión de deuda”.

Al llegar las reuniones de la primavera boreal en abril en Washington, la inflación ya sumaba 11,7% en el primer trimestre y el 54,7% en el último año (por lo que acumulaba el 181% desde el comienzo del mandato de Macri) y notamos que el equipo estaba nervioso por la falta de resultados y por la cercanía de las elecciones.

El gobierno lanzó un paquete heterodoxo que combinaba el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos el resto del año y una canasta de “Precios Cuidados” –un plan que repitió Alberto Fernández– con productos que debían subir de precio por debajo de la inflación. Entre enero y abril, la suba de precios había consumido el 20% de la meta anual acordada con el FMI.

Por otra parte, nos plantearon una estrategia más intensiva de intervención en el mercado cambiario para calmar la suba del dólar. El dilema que teníamos era que si la política fiscal, junto con algunas intervenciones cambiarias esporádicas, no ayudaban a estabilizar el dólar, eso podía convertirse en una profecía autocumplida que derivara en una mayor volatilidad financiera y del dólar.

A la vez, sobrevolaba el debate sobre la necesidad de reimplantar los controles de capitales, sobre todo en un año electoral en el que se dificultaría más la renovación de los vencimientos de la deuda.

De todos modos, no avanzamos en ese sentido y, por el contrario, permitimos una flexibilización importante al autorizar al Banco Central una intervención directa en el mercado cambiario con los recursos del programa, en una dura negociación con Sandleris que terminó el último día hábil de abril a la madrugada. Todos entendimos que, en esa compleja coyuntura, tenía más sentido flexibilizar las reglas de intervención cambiaria que implementar el control de capitales. El mercado reaccionó en forma positiva y permitió llegar con más estabilidad financiera a las PASO.

Lipton salió a avalar este acuerdo el 1.° de mayo, feriado del Día del Trabajador en la Argentina:

La Argentina está enfrentando una situación desafiante en los mercados financieros. El personal del Fondo informó al Directorio Ejecutivo del FMI sobre la reciente volatilidad del mercado experimentada por los activos argentinos y la recalibración de las políticas de intervención anunciadas por el Banco Central de la República Argentina. Los Directores Ejecutivos expresaron su apoyo al marco que sustenta el Acuerdo Stand-By y la implementación de esas políticas por parte del gobierno.

Este cambio permitió estabilizar el dólar por debajo de $40. El gobierno parecía encaminarse a tomar aire para encarar la campaña electoral hasta el inesperado anuncio de Cristina Kirchner.

La sorpresa de Cristina

El sábado 18 de mayo a la mañana, Cristina sorprendió a todos:

Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO.

Nadie se esperaba esa jugada en la que, por un lado, mostraba sus propias limitaciones para ganar si encabezaba una fórmula. Por el otro, la idea se convertía en un atajo ingenioso para bajar el nivel de polarización en la campaña que había imaginado el gobierno de Macri, con una figura a priori más moderada de candidato a presidente como Alberto Fernández, quien, tras renunciar en 2008, había sido durísimo con Cristina.

Hasta el viernes 17 habíamos estado en Buenos Aires reunidos tanto con el gobierno como con varios analistas económicos y políticos y nadie nos planteó la posibilidad de esa fórmula.

Con el antecedente del holgado triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, que supo correrse más al centro político para ganar con amplitud y que tampoco había sido anticipado por nadie, le pregunté ese día a Marcos Peña si no podía ocurrir algo similar en el peronismo. Muy seguro me dijo que no y me ratificó que Cristina sería la candidata presidencial opositora.

Con esa certeza absoluta, con el resto del staff nos subimos al avión de regreso a Washington tras avanzar en la cuarta revisión técnica del programa firmado en 2018 y cada uno se fue a su casa.

Al llegar a Washington quedamos tan sorprendidos como los demás por el anuncio de Cristina: el juego político había cambiado y teníamos que prepararnos para unos meses más agitados y un desenlace electoral que se había convertido muy imprevisible desde el día previo, con ese video de trece minutos de la expresidenta.

El 11 de junio el gobierno contraatacó con la designación de un tradicional líder del peronismo, Miguel Ángel Pichetto, quien se había alejado de Cristina Kirchner, como candidato a vicepresidente en la boleta encabezada por Macri para buscar la reelección en octubre.

La respuesta era tibia, ya que en muy pocas ocasiones la figura del vice tiene un impacto relevante en la elección, salvo cuando se trata del referente del movimiento, en este caso, Cristina Kirchner.

Con estas fórmulas, Macri se enfrentaría a un referendo sobre su gobierno y Alberto no tenía por qué defender todos los aspectos de las políticas implementadas por la expresidenta.

Sin embargo, la sensación en el mercado, pese a la compleja situación económica, era que el oficialismo podía tener una buena performance en las elecciones primarias de agosto.

Con las candidaturas establecidas se presentaba un nuevo obstáculo para la próxima revisión del programa. Las reglas internas del FMI establecen que se obtengan garantías políticas para sus programas. Esto significa que el apoyo para los principales objetivos del programa tiene que trascender al gobierno de turno. En general, este respaldo se demuestra mediante la aprobación de ciertas leyes en el Congreso y el diálogo con una representación amplia del espectro político y la sociedad civil.

Sin embargo, en un proceso electoral se debe dialogar con los principales candidatos, o sus equipos, y evaluar si sus programas de gobierno serán compatibles con los principales objetivos. Este ejercicio es un poco ingenuo, ya que la oposición en medio de la campaña electoral intenta acomodar su posición en estas entrevistas y se exhiben como “responsables e institucionales” o “críticos y revulsivos”, de acuerdo al discurso que les resulte conveniente. Sin embargo, había que hacerlo.

En general, el equipo del ministro o del Banco Central se ocupa de agendar estas reuniones. Pero después de unos días en las que al equipo del FMI se le dificultaba obtener una respuesta positiva de las autoridades argentinas, hablé con Dujovne, quien me dijo sarcásticamente si también queríamos que nos organizaran reuniones con el candidato del Partido Comunista.

Sin duda, el nivel de polarización en la región era muy diferente de lo que yo había experimentado en otros países. Por ejemplo, en México en 2006 le organizamos reuniones a la misión del FMI con el equipo de López Obrador, y en Colombia, en la elección que Iván Duque le ganó a Gustavo Petro en 2018, el presidente del banco central se ofreció a hacer las gestiones con la oposición.

Al entender que ese camino no estaría disponible en Argentina, Trevor Allyene, nuestro representante en Buenos Aires, llamó por teléfono al búnker de campaña de la oposición y dijo: “Soy el representante del FMI en Argentina y queremos reunirnos con el candidato Alberto Fernández”.

Le respondieron afirmativamente y allí acordamos la fecha, para junio.

Capítulo 7

El cuarto kirchnerismo

El sábado 22 de junio de 2019 cenaba en la ciudad de México con un grupo de amigos en el restaurante Spuntino, fundado por el exfutbolista de River Plate Juan Carlos Malazzo, dueño de la cadena de comida argentina más importante del país.

En medio de la velada me llamó Lagarde y, con un tono aparentemente distraído, me preguntó cuándo era la reunión con el candidato presidencial Alberto Fernández en Buenos Aires; le respondí que era el jueves 27 y le aclaré que antes participaría en un seminario con inversores organizado por la agencia internacional de noticias Bloomberg en Londres.

En su mejor estilo gerencial me preguntó qué tan importante era el viaje a Londres para darme a entender que no podíamos darnos el lujo de que algún retraso en mis vuelos nos obligara a reprogramar la reunión con el candidato designado por Cristina Kirchner para tratar de arrebatarle el poder a Macri en las elecciones. En los años que trabajé con ella no recuerdo otra ocasión en la que me solicitara cambiar mis planes. Así que al día siguiente organicé para volar directo a Buenos Aires. En ese momento no lo sabía, pero este era un tema que ella quería dejar bien encaminado antes de que se anunciara su candidatura para liderar el Banco Central Europeo (BCE).

El jueves 27 a la mañana fui a las oficinas de Fernández en la calle México 337 en el barrio de San Telmo, donde antes funcionaba una mueblería que se transformó en su “búnker”, separado del Instituto Patria, sede política de Cristina Kirchner.

Me acompañó Alleyne y el candidato me recibió con su mano derecha y futuro canciller, Santiago Cafiero y dos de sus economistas más cercanos, Kulfas y Cecilia Todesca. Tal vez para intentar mostrar un acercamiento a nivel personal, Fernández comenzó por hablarme de la trayectoria de mi papá, Manuel, quien en 1973 había sido asesor en el gabinete del último ministro de Perón, José Ber Gelbard, a quien el candidato recordó como “el mejor ministro de Economía que ha tenido Argentina”.

Si bien mi padre siempre habló de Gelbard –quien había sido antes su cliente en su estudio tributario– como una persona muy inteligente, nunca le escuché un comentario sobre su desempeño en la función pública. Luego Fernández realizó alguna mención sobre el exilio de mi familia, posiblemente como una forma de establecer un vínculo más personal, antes de criticar al Fondo.

Más allá de esta cuestión personal, en la reunión el trato de Alberto Fernández fue muy amable y estableció un espacio de diálogo abierto. Sus mensajes, que luego se presentaron en un largo comunicado de prensa, fueron que el crédito otorgado al gobierno de Macri fue político y violó el estatuto del FMI. En particular, afirmó que los recursos que le otorgamos al país se habían utilizado para financiar “la fuga de capitales”, una frase que se repetiría una y otra vez durante su gobierno. Sin embargo, su gestión también le rogó al FMI que le permitiera utilizar los giros de Washington en 2023, cuando se quedó sin reservas para enfrentar las fuertes corridas cambiarias previas a la designación de su sucesor.

Durante este segmento de la reunión nos repitió varias veces que no éramos los responsables de estas críticas, ya que estos temas se decidían a un nivel muy superior al nuestro. Dada la naturaleza política de estos comentarios preferimos no entrar a debatirlos. De todos modos, resultaba curioso –sobre todo en lo que se refería a la legalidad del crédito– la soberbia de suponer que esta operación no fue revisada por el departamento legal del FMI y por los ministerios de Finanzas de varios de los países miembros, que cuentan con expertos jurídicos en las cuestiones relativas a las instituciones internacionales. Nadie, en el ámbito internacional, ha cuestionado la legalidad del programa con Argentina.

Luego, dialogamos sobre la política fiscal; si bien criticó el ajuste que exigía el acuerdo vigente con el Fondo, intentó remarcar que si ganaba llevaría adelante una política fiscal responsable. Nos recordó con orgullo su actuación como jefe de gabinete de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007: “Néstor y yo fuimos los únicos en los últimos treinta años que generamos superávit primario en la Argentina”. También expresó que “así como en aquel momento cumplimos con todas nuestras obligaciones, entonces en mi gobierno se van a cumplir con todas las obligaciones financieras del país y vamos a mantener las finanzas públicas en orden”.

En las dos horas y media que duró el encuentro, en el que tomamos café, nos subrayó que su gobierno se parecería más al de Néstor que a los dos mandatos de Cristina, pese a que el mundo había cambiado bastante desde 2007. En sus comentarios parecía haber una confusión respecto a la importancia relativa de los factores externos. También, se notaba una relativización de la trascendencia del rebote económico después del colapso generado por el corralito de 2001 como base del importante crecimiento que registró la Argentina entre 2003 y 2007. Él asignaba una importancia desproporcionada a las políticas industriales puestas en marcha por Kirchner y Lavagna.

El mensaje fue mucho más confuso en referencia a una política monetaria seria y bien articulada. En primer lugar, sus comentarios indicaban que el manejo de la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés no tenían un impacto importante en la inflación. Parecía creer más en teorías que apuntan a la concentración de los mercados y otros temas distributivos como determinantes de este fenómeno; esta cuestión dio lugar a una discusión entre el rol de los monopolios para explicar precios relativos altos de sus productos, en contraste con las causas que determinan un crecimiento continuo y generalizado en los precios de la economía.

Además, ante el diagnóstico de que la economía argentina tenía un déficit estructural de dólares, defendió la utilización permanente de tipos de cambios múltiples y controles de capitales para asignar estas divisas a las actividades que mayor impacto tienen en la economía.

También apoyó la aplicación de controles de precios sobre los mercados más concentrados y de las retenciones a las exportaciones para desvincular los precios domésticos de los externos.

En este sentido, él no creía que la independencia del Banco Central fuera apropiada para Argentina, al expresar que su rol no solo apunta a controlar la demanda agregada, sino sobre todo a administrar instrumentos de política industrial como los controles de capitales y el acceso a las divisas de los diferentes sectores.

No he escuchado en ningún otro país del mundo esta concepción sobre el “déficit estructural de dólares”: existe un precio relativo para el dólar que es el tipo de cambio real. Si en la Argentina faltan dólares es porque los gobiernos intentan defender un tipo de cambio que no es el de equilibrio para su economía y eso genera todo tipo de problemas. Además, dada la recurrencia del financiamiento monetario del déficit público, en un mercado cambiario libre se determina el tipo de cambio nominal no solo a partir de la oferta monetaria actual, sino también en relación con las expectativas. Por esta razón, en un mercado libre el tipo de cambio anticipa la inflación y alcanza niveles muy depreciados, lo que refleja la preferencia de la sociedad de deshacerse de los pesos recién impresos por el Banco Central. Así, el problema de Argentina se describe mejor como un exceso de pesos que como un faltante de dólares.

Luego del encuentro, su equipo de campaña difundió un comunicado demasiado extenso, en tono acusatorio, que comenzó a sembrar temor sobre el rumbo económico que podría adoptar si ganaba:

Manifesté mi profunda preocupación por el hecho de que, respecto de los créditos otorgados al gobierno nacional, ese organismo haya actuado y siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI, cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. […]

En el tiempo que ha transcurrido entre la firma del acuerdo original (junio 2018) y el 30 de mayo de 2019, la Argentina ha recibido del FMI USD 39.000 millones. En ese lapso, salieron del sistema financiero USD 23.160 millones por Formación de Activos Externos de libre disponibilidad y USD 6.920 millones por salida de inversiones especulativas extranjeras, lo que en total representa una fuga neta de dólares que superan los 30.000 millones. […]

El acuerdo stand by aprobado para Argentina tuvo el propósito de financiar un programa macroeconómico que lograra reducir la deuda pública y la inflación, recuperando el crecimiento y la generación de empleo para combatir la pobreza. Ninguno de esos propósitos, que son compartidos, ha sido logrado. La deuda pública se incrementó al igual que la inflación, el desempleo y la pobreza, mientras que el PBI ha caído el 5,8% al cabo del primer trimestre de este año. Es más que evidente cuán lejos está la Argentina de empezar a crecer si se sigue este camino. […]

El programa económico vigente no es nuestro programa, ya que compromete a nuestro país muy por encima de sus propias posibilidades. La Argentina vive desde hace tiempo en un default encubierto que no asoma solo por la “asistencia” del FMI en favor de la continuidad de políticas muy nocivas para el desarrollo argentino.

Por supuesto, desde el FMI nos limitamos a una comunicación con nuestro habitual estilo institucional y neutro, que destacaba que habíamos tenido “una reunión productiva con el señor Alberto Fernández y su equipo esta mañana y una oportunidad para intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas actuales de la Argentina y conocer más sobre sus prioridades de política económica”.

Más allá del tono de su declaración, sentí que la reunión había sido positiva y así lo reflejé en el reporte que preparé para Washington. Además de sus compromisos con la sostenibilidad fiscal también, al hablar esos días con varios analistas políticos y económicos, estos lo describieron como una persona moderada, menos ideológica que Cristina, y que, pese a sus matices heterodoxos, decía algunas cosas sensatas en la intimidad. De hecho, su planteo sobre la insostenibilidad de la deuda era un tema que también, como mencioné, se había conversado en el FMI. En ese momento nuestra percepción era que, de llegar a la presidencia, lograríamos mayores coincidencias en los temas fiscales que en los monetarios y cambiarios.

En ese viaje también nos reunimos con Lavagna, quien también era candidato a la presidencia y su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Urtubey. La reunión consistió en un diálogo normal, sin discursos políticos y centrado en los retos económicos del país.

De inmediato llamé a Lagarde, que estaba en la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Japón para contarle esta sensación y anticiparle que en breve les enviaría la evaluación del encuentro. Ella pareció quedarse tranquila y me dijo que nos moviéramos rápido para acelerar el proceso de la cuarta revisión y proceder con la reunión del Directorio para realizar el desembolso al gobierno de Macri.

Adiós a Lagarde

Mientras tanto, en Bruselas el 2 de julio el Consejo Europeo anunciaba que Lagarde pasaría a presidir el Banco Central Europeo, por lo que dejó su cargo y Lipton pasó a actuar como director gerente interino hasta que se eligiera al sucesor de la funcionaria francesa.

Diez días después el Directorio aprobó la cuarta revisión y el desembolso de USD 5.400 millones al país. Así, se elevaban los giros a USD 44.100 millones desde la firma del primer acuerdo en julio de 2018.

Tras el encuentro del Directorio, Lipton expresó, entre otras definiciones:

Las autoridades argentinas continúan mostrando un sólido compromiso con su programa de política económica, y han cumplido con todas las metas pertinentes en el marco del plan respaldado por el FMI. Si bien ha tomado tiempo, los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar frutos. Los mercados financieros se han estabilizado, las posiciones externa y fiscal están mejorando, y la economía está empezando a recuperarse gradualmente de la recesión del año pasado. El FMI apoya decididamente estos importantes esfuerzos.

Aunque sigue estando en un nivel alto, la inflación ha entrado en una trayectoria descendente que se espera continúe en los próximos meses. La gestión prudente de la política monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina sigue siendo esencial para anclar tanto el tipo de cambio como el proceso de desinflación.

El gobierno argentino ha demostrado constantemente su compromiso con la disciplina fiscal y ha superado ampliamente las metas fiscales fijadas para marzo y junio. Las autoridades han solicitado al FMI que apoye el aumento de la meta del balance primario correspondiente a fines de septiembre, como una señal de su prioridad para garantizar que la relación deuda/PBI se sitúe de manera decisiva en una trayectoria descendente.

La designación de Lipton en forma interina nos tranquilizó porque tenía un buen trato con el staff y, a la vez, suficiente experiencia para lidiar con los casos más problemáticos, como el de la Argentina, mientras comenzaban a aparecer los primeros candidatos a suceder a Lagarde a partir de octubre: dos británicos –el presidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, y el exministro de Finanzas, George Osborne– y la española Nadia Calviño, comisionado de finanzas de la Unión Europea, entre otros.

Así como en la Argentina, en el FMI tampoco los primeros “sondeos” daban cuenta de la posibilidad de que finalmente el puesto más importante de la entidad fuera para la búlgara Kristalina Georgieva.

A la vez, desde Washington nos preparábamos para verificar si se convalidaba el pronóstico de los principales analistas políticos y económicos acerca del resultado de las primarias argentinas: un eventual triunfo del oficialismo en primera vuelta, o a lo sumo una derrota ajustada de cuatro puntos que lo dejara en una buena posición para las elecciones generales de octubre.

De la euforia a la depresión

El domingo 11 de agosto Buenos Aires amaneció con un clima agradable y una temperatura que, con 16 grados, desafiaba al invierno, mientras en Washington apenas llegaba a 18 grados en pleno verano.

Todos dábamos por descontado un resultado que mantuviera la incertidumbre para los comicios generales de octubre con un margen de 4 puntos para un lado o el otro.

El viernes previo, el mercado había estado eufórico porque la mayoría de las encuestas anticipaban un resultado relativamente positivo para el oficialismo.

El índice Merval en la city porteña subió el 7,2%, las acciones argentinas en Nueva York rebotaron hasta el 10% y el riesgo país bajó 35 puntos básicos.

El propio Peña le indicó ese día previo a las elecciones al equipo económico que Macri perdería por muy pocos puntos o empataría y que había que preparar las medidas para asegurar la victoria en los comicios de octubre.

A su vez, otro grupo de economistas del gobierno se juntó esa tarde con el presidente para presentarle los potenciales ejes y los posibles integrantes de su gabinete para un segundo mandato; el jefe de Estado les dijo que avanzaran, confiado.

El Central conducido por Sandleris imaginó dos escenarios: si se cumplía la profecía de Peña, todo seguiría bajo control; pero si la fórmula oficialista perdía en forma abultada, habría que apelar al plan B, es decir, dejar correr el tipo de cambio y pensar en aplicar, finalmente, restricciones cambiarias o una reestructuración de la deuda pública.

Esta recomendación es correcta y de libro de texto: si el shock es de índole política y refleja miedo a las políticas que se implementarán en el próximo gobierno, las variables financieras deberían reflejar esta situación. Si se pretende limitar el impacto a través de intervenciones en los mercados cambiario y de bonos sin un cambio en la percepción de riesgo acerca del siguiente gobierno, la salida no se detendrá y solo se venderán divisas y se comprarán bonos a precios muy favorables para los inversores. Solo hubiera tenido sentido una estrategia de ese estilo si, al mismo tiempo, se ponía en marcha una negociación entre Macri y Fernández para calmar los mercados.

Cuando el domingo los funcionarios económicos llegaron al búnker oficialista en el coqueto predio de Costa Salguero, frente al Río de la Plata en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de las siete de la tarde, mientras los candidatos aguardaban sin ninguna esperanza los resultados de la votación, se pusieron a observar aterrados las cotizaciones informales online del dólar.

Las encuestas preliminares de esa jornada, a “boca de urna”, anticipaban un resultado pésimo para el oficialismo, que ese día perdió por 15 puntos, con 47% para la fórmula Fernández-Kirchner contra 32% de Macri-Pichetto.

El resultado desencajó a todos, sorprendió hasta a la propia fórmula opositora y, por supuesto, a nosotros a tantos kilómetros de distancia. El lunes 12 de agosto el mercado daría su propio veredicto, con una verdadera catástrofe financiera.

Todo el optimismo previo a las PASO se transformó en pánico el lunes posterior a esos comicios preliminares: el valor en dólares de las acciones cayó el 46%, el riesgo país se duplicó y el Banco Central, como había indicado Sandleris, “no se puso delante” del mercado y aceptó una suba del dólar de $46 a $57 en una sola jornada; solo intervino cuando se ofrecía por encima de ese techo.

A fin de mes la caída acumulada en agosto era del 55% en los bonos y el dólar había subido un 40%, mientras que el descenso de las reservas era de USD 15.000 millones respecto de mediados de julio. En ese contexto, los bancos extranjeros que habían acordado prestarle dinero al país a través de un crédito de corto plazo (REPO) cancelaron la renovación y el gobierno tuvo que pagarles una deuda de USD 2.615 millones. De esta manera, se materializaba la preocupación que teníamos al principio del gobierno respecto de estos instrumentos.

El miércoles siguiente a las PASO el dólar llegó a $63 y el temor se extendió en parte a la oposición, que ya se sentía ganadora de antemano para las elecciones generales de octubre. Para intentar frenar la corrida, uno de los asesores económicos de Fernández, Emmanuel Álvarez Agis, dijo que el nivel de tipo de cambio a $60 era adecuado y el propio candidato afirmó que le parecía “un valor razonable”.

Por su parte, Macri estaba desencajado, y al día siguiente de la votación expresó su enojo con la gente que no lo había votado, pero luego se recompuso. Para tratar de remontar la campaña optó por una serie de medidas expansivas –baja del IVA a los productos de la canasta básica y congelamiento del precio de los combustibles– para que mejorara el humor del electorado.

En esos días tuve varias conversaciones con Sandleris y Dujovne y les dije que la intervención cambiaria solo tenía sentido como un puente a un anuncio de ambos espacios políticos de sensatez en el manejo de la política macroeconómica, más allá de quién ganara en las elecciones generales de octubre. En ausencia de este pacto, tenía más sentido avanzar en forma directa en la reestructuración de la deuda y los controles de capitales.

En el plano fiscal, las medidas respondían a las necesidades electorales, y por esta razón la decisión táctica en el FMI fue empezar a tomar distancia de la estrategia oficial.

Dos semanas después volvimos a Buenos Aires para reunirnos con el equipo económico y con los asesores de los otros candidatos presidenciales. Dujovne había presentado su renuncia y en su lugar, el 20 de agosto, había asumido el exministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, quien, ante la fuerte salida de reservas y la incertidumbre sobre la larga transición que quedaba por delante hasta diciembre –incluido el siguiente desembolso por USD 5.400 millones del FMI de septiembre–, anunció el “reperfilamiento” de la deuda en moneda local, un default edulcorado ante la imposibilidad de pagar los vencimientos.

El 24 me reuní con el nuevo ministro y con Sandleris en el quinto piso del Palacio de Hacienda, mientras desde el otro lado de la Plaza de Mayo el presidente Macri encabezaba un acto con la consigna “Sí se puede”, en referencia a la posibilidad de dar vuelta la elección prácticamente perdida.

Los funcionarios nos dijeron que, más allá de las circunstancias políticas, las metas del acuerdo estaban cumplidas y que por lo tanto no era lógico frenar el siguiente desembolso. Sin embargo, les planteamos que no podíamos avanzar si no había certezas por parte de la oposición sobre la continuidad del programa, más allá del mandato de Macri que terminaría el 10 de diciembre y los compromisos que había que cumplir durante la campaña.

Los acuerdos con el FMI se evalúan con un componente de las metas establecidas y una evaluación sobre las posibilidades de cumplimiento futuro. Este último elemento estaba en riesgo.

En ausencia de una declaración concreta de Fernández, resultaba difícil afirmar que la volatilidad de las variables financieras se corregiría después de la elección y argumentar que Argentina seguía siendo solvente.

Los equipos siguieron trabajando para apoyar el diseño del anuncio de reestructuración de la deuda y la imposición de controles de capitales.

En ese viaje recibí una llamada de Claver Carone para tratar de destrabar el desembolso. Le dije al representante de Trump que mi número de teléfono no era el indicado para esa solicitud y que su jefe debía hablar con los míos. Además, le comenté que desde el punto de vista de su país tenía más sentido contar con mayor capacidad financiera para negociar con el próximo gobierno argentino.

Tres días después, nos volvimos a reunir con Fernández; a su lado estaban Cafiero, Todesca y Guillermo Nielsen, el exsecretario de Finanzas del equipo de Lavagna, exembajador ante Alemania en el gobierno de Cristina y aspirante a conducir el ministerio de Economía.

Sus palabras fueron parecidas a las de la reunión de junio, pero le advertimos que había una situación muy delicada y que, si no había un mecanismo de cooperación con el gobierno y el FMI, podría generarse una crisis institucional.

Pero el candidato, envalentonado, nos dijo que no pensaba dar un solo paso hasta que no ganara los comicios de octubre, sesenta días más tarde. Era demasiado tiempo y por esa razón Fernández sugirió que “la lógica sería un adelanto” de las elecciones, pero admitió que no sería posible concretarlo.

Nos fuimos desencantados y confundidos, mientras ellos difundían otro comunicado con un tono panfletario:

Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias.

El 1.° de septiembre, luego de la continua salida de depósitos y reservas, cuando el dólar llegaba a $62 y el gobierno enfrentaba vencimientos de la deuda en pesos por $400.000 millones en dos meses, Macri aceptó la necesidad de aplicar controles de capitales y un cepo cambiario por lo que, entre otras medidas, restringió la compra de divisas con un tope mensual de USD 10.000.

La situación se estabilizó en forma parcial, pero en un contexto frágil, y tanto el staff como Lipton –que se mantuvo al frente del Fondo hasta fines de septiembre– pensamos que no era posible realizar el siguiente desembolso.

El presidente Macri viajó a Nueva York para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas acompañado por Lacunza. Nos reunimos en las oficinas de la embajada argentina ante las Naciones Unidas ubicadas frente a la sede de la ONU y nos imploraron que se les girara el dinero. Al terminar la reunión intentaron explorar si podíamos otorgarles al menos la mitad, pero las condiciones no estaban dadas para transferir ni un dólar. Para el FMI, todos los recursos del acuerdo quedan a disposición del país únicamente si se cumplen las condiciones para desembolsar. No podríamos hacer una revisión que indicara que como se había cumplido con la mitad de las condiciones, se le brindaría al gobierno el 50% de los recursos comprometidos.

Pocas semanas después, Lacunza vino para la asamblea anual del FMI a Washington a mediados de octubre y, por supuesto, insistió. En ese encuentro se presentaba oficialmente la nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, cercana al premio nobel Joseph Stiglitz y a otros economistas muy críticos de Macri.

Cuando Lacunza vio que ni Lipton ni yo cambiábamos de opinión, buscó reunirse con Georgieva, quien recién entraba en órbita con sus nuevas responsabilidades, pero que ya tenía una opinión muy negativa sobre el programa firmado en 2018. Así, el 18 Lacunza y Sandleris se encontraron en el edificio del Banco Mundial con Lipton y ella, quienes les ratificaron que cualquier desembolso quedaría pendiente para después de las elecciones generales del 27 de ese mes.

El ministro afirmó que seguíamos negociando y que si anunciábamos la suspensión se terminaría de sellar la suerte de la transición con una mayor salida de depósitos, más allá del resultado electoral.

Por otro lado, de haber revertido el resultado de las PASO, probablemente se hubiese retomado el programa, incluyendo una renegociación de la deuda.

Después de su reunión, Georgieva indicó:

Tuve una reunión productiva con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central hoy. Reiteré nuestro fuerte compromiso de ayudar a la Argentina y nuestro apoyo a políticas que allanan el camino para una mayor estabilidad y un crecimiento inclusivo y duradero.

Era el típico lenguaje diplomático del FMI que no decía nada, mientras los voceros del ministro afirmaban que el programa estaba vigente y que el dinero llegaría al país.

El triunfo de Alberto-Cristina

El 27 de octubre, en las elecciones generales, la fórmula del Frente de Todos –donde también confluía otro excrítico de Cristina, Sergio Massa– ganó por el 48% contra el 40% de Macri, quien remontó parte del desastre de las primarias pero sin ninguna chance de vencer. Al día siguiente, el gobierno redobló el cepo cambiario y fijó el límite para comprar dólares en USD 200 mensuales.

Algunos funcionarios de ese gobierno pensaron que si el FMI hubiera realizado el desembolso a tiempo, tal vez la diferencia en las PASO habría sido menor y Macri hubiese tenido más chances en los comicios de octubre.

Pero también es válido preguntarse si, así como Cristina tuvo la habilidad de presentar un candidato y una imagen de moderación durante la campaña –que luego se evaporó rápidamente–, Macri era el mejor candidato en un contexto de recesión y alta inflación, o si se necesitaba alguien con otro perfil y una mochila menos pesada de cargar durante las elecciones. Los resultados de su gestión no lo colocaban en una situación muy competitiva para pelear la reelección. Su decisión inicial de no remarcar la “mochila” que había heredado le restaba legitimidad para utilizar ese argumento al final de su mandato. Así, el éxito de su estrategia dependía de explotar la “grieta” en una elección muy polarizada entre Cristina y él. Ella lo entendió, él no.

Si desde un primer momento, en 2016, el programa económico se hubiera diseñado mejor, con más coherencia y apoyo político, tal vez el país habría podido enfrentar con mejores herramientas la crisis de 2018. Pero el gobierno nunca percibió esa vulnerabilidad.

Macri recibió un gran apoyo de la comunidad internacional para implementar una agenda compleja después del fracaso del gradualismo. El programa negociado con el FMI no generó los resultados esperados, pero la estrategia política del gobierno también influyó en esa derrota.

El balance de la gestión macrista era claramente negativo: en tres de sus cuatro años de gestión la economía estuvo en recesión y la inflación acumulada se acercó al 300% –pasó del 25% anual en 2015 al 54% en 2019–, pero el déficit fiscal se redujo y se ajustaron varios precios relativos.

Con esta pobre performance económica, políticamente Macri apostó a la grieta, ya que en un duelo entre los dos políticos con mayor rechazo de la Argentina sentía que él ganaba. En cambio, Cristina entendió la necesidad de correrse y descolocó a Macri. Así, la estrategia política le falló al programa económico. Si Macri hubiera perdido las PASO por 4 puntos se podía hablar del costo político del programa del FMI, pero después de sufrir un golpe de 15 puntos en la votación parecía ilógico buscar culpables fuera de su gobierno.

De nuestra parte, reitero, la falla fue no haber insistido antes en la adopción de un sistema de controles de capitales en forma transitoria en un año electoral y con una gran fragilidad para refinanciar los vencimientos, en lugar de discutir tanto tiempo si la deuda era sostenible o no, o si había que intervenir en el mercado cambiario con USD 5.000 millones adicionales.

Sin embargo, es difícil pensar que con una oposición sensata el destino hubiera sido el mismo. Por un lado, los factores que llevaron a Macri a optar por el gradualismo terminaron por dinamitar el programa: una sociedad que no reconoce la necesidad de reducir el Estado a un nivel compatible con niveles de ingreso que permitan más inversiones, mejor empleo y condiciones de vida más favorables para la mayoría de la población. El voto por una opción tan descabellada e irresponsable como resultó ser la fórmula Fernández-Fernández hubiese descarrilado cualquier programa, más allá de cualquier acierto o imprecisión en el plano técnico.

A la vez, hay que reconocer que el abandono del gradualismo en 2018 y el programa con el FMI ayudaron a que, aun en un complejo entorno financiero, por primera vez un gobierno no peronista concluyera su mandato constitucional.

En esas circunstancias tampoco ayudó la indefinición de Fernández en torno de su posible equipo económico. Hasta ese momento habíamos hablado con Kulfas, Todesca y Nielsen en diferentes ocasiones, pero no nos quedaba claro quién podía ser el ministro o el banquero central.

Claro que, de los tres, el más experimentado era Nielsen, con quien coincidí en un seminario de la Herbert Business School en Miami el 8 de noviembre organizado por el economista Paulo Leme, quien había estado en el banco de inversión Goldman Sachs, y por el profesor de economía español Manuel Santos, ambos de la Universidad de Miami. La cena previa a la conferencia fue en Graziano’s, otro buen restaurante argentino en esa ciudad.

La noche anterior al evento tomamos tequila y whisky con Nielsen en el bar del hotel y le conté el estado de ánimo en el FMI respecto de la Argentina y cuáles eran los parámetros sobre los que podía llegar a reiniciarse la negociación.

Si bien no me hizo ningún comentario sobre la posibilidad de que lo nombraran ministro, estaba interesado en esta cuestión y me explicó que con un grupo de colaboradores pensaba plantear una reestructuración rápida con los acreedores privados, con una quita baja en la tasa de interés.

Además, discutimos cuáles podían ser los márgenes de un ajuste fiscal proactivo, porque en la Argentina siempre la tendencia de los gobiernos que comienzan su gestión es dejar que la reducción del déficit fiscal se produzca como producto de una caída de las jubilaciones y de otros gastos a través de un aumento de la inflación.

Esta es una visión miope que repitieron al volver a modificar en 2020 la fórmula de las jubilaciones votada por el Congreso en la gestión de Macri, con la intención de licuar los haberes más altos y “achatar” la pirámide previsional.

Al día siguiente, en el seminario, una enviada de Infobae nos pidió a Nielsen y a mí una foto y posamos de buena gana. De todos modos él, mitad en broma y mitad en serio, le dijo a Santos que apareciera en el medio de la imagen, como “mediador”. Su tono en el encuentro fue moderado y yo evité hablar de la Argentina para no provocar cortocircuitos con el próximo gobierno.

A los pocos días, sin embargo, Nielsen “desapareció” de la escena, mientras se acercaba la fecha de cambio de mando. No sabíamos con quién dialogar para determinar el futuro de la deuda.

Tampoco podíamos imaginar que el elegido para dirigir el Ministerio de Economía sería un discípulo de Stiglitz en la Universidad de Columbia, con ciertos conocimientos teóricos sobre reestructuración de la deuda y de buenos vínculos con el papa Francisco, Martín Guzmán. Claramente para realizar una tarea como la que tenía por delante, los vínculos con Wall Street y la experiencia en política económica y en los mercados hubiesen sido más útiles que los contactos con la Santa Sede.

Se trataba de un economista que vivía en Nueva York y que no contaba con antecedentes en el Estado ni en la vida política argentina, pero que estaba cargado de prejuicios en torno de los organismos multilaterales, de los acreedores privados y acerca del resto de los economistas argentinos.

Una vez más, ante una situación crítica, otro presidente argentino optaba por un ministro de economía poco poderoso.

Una gerente desconfiada

En Washington la incertidumbre tampoco era menor luego del ingreso formal de Georgieva como directora gerente. Cuando llegó al FMI, sintió rápidamente que, en un mundo de tasas de interés bajas y abundancia de capitales, el caso argentino podría representar un salvavidas de plomo que había heredado.

Para tratar de entender mejor el caso, convocó a un panel con expertos como Claudio Loser, Carmen Reinhardt y el ex-CEO de Pimco Mohamed El-Erian, quienes aportaron ciertas ideas vagas sobre cómo avanzar con Argentina. También buscó otras opiniones fuera del Fondo para preguntar sobre nuestra actuación en el caso argentino, con algún grado de suspicacia sobre nuestra honestidad intelectual.

Sin duda, creía que el programa había estado mal diseñado e implementado, en parte porque al principio confundía el rol del Banco Mundial –destinado a financiar proyectos de infraestructura o programas de políticas públicas– con el del FMI, dedicado a financiar a países que habían perdido el acceso al mercado de capitales.

Más allá de su opinión sobre el país, su falta de experiencia por no haber estado involucrada en el manejo de las finanzas públicas, los mercados y la deuda –pasó la mayor parte de su carrera en el Banco Mundial y un tiempo en la Unión Europea– le jugaba en contra, así como su desconfianza en torno del staff y de Lipton.

Una broma que circulaba al poco tiempo de que había asumido era que “más que managing director , she’s managing the directors ” (más que directora gerente, ella es la que maneja a los directores), por su estilo personalista y de microgestión en comparación con Lagarde y otros directores previos. De hecho, como funcionaria del Banco Mundial tuvo un grave problema por ese perfil, al tratar de influir en favor de China en el informe “Doing Business”, que clasificaba a los países según las facilidades para hacer negocios.

Un estudio jurídico determinó que Georgieva sugirió a sus subordinados cambios en el proceso metodológico para beneficiar al gigante asiático. El propio Banco Mundial la acusó de “realizar cambios específicos en los datos de China en un esfuerzo por elevar su clasificación en el mismo momento en que se esperaba que el país desempeñara un papel clave en la campaña de aumento de capital del banco”.

En el FMI no entendía su rol y en el mismo día podía, en las reuniones internas, criticar un programa y elogiar otro pese a que ambos eran similares. Así ocurrió en las primeras semanas de su gestión cuando a veces discutimos en la misma jornada los acuerdos con la Argentina y Ecuador.

En particular –también a diferencia de Lagarde– su relación con Lipton era tensa; se sentía desafiada porque él ya llevaba un buen tiempo en el organismo. Contaba con una carrera en el ámbito de las finanzas internacionales del más alto nivel y gozaba del respeto del staff y de las autoridades de los países miembros.

A Lipton lo veía como una amenaza a su intento de establecer su liderazgo, en lugar de aprovechar su experiencia. Comprendí enseguida esta tensión cuando, al poco tiempo de que ella había asumido, le pedí a él algunas definiciones en un mensaje de WhatsApp sobre el caso argentino, que estaba en estado de hibernación por decisión del nuevo gobierno, pero él me respondió que tenía que hablarlas con ella. “Voy a estar alejado del caso argentino por ahora”, me respondió ante mi sorpresa.

Georgieva habló a principios de noviembre con Fernández sobre temas protocolares, pero el presidente electo le reiteró que el FMI debía refinanciar la deuda del organismo y que su equipo decidiría todas las medidas del futuro acuerdo.

Días después, Fernández se comunicaría para pedirle que recibiera a Guzmán antes de que el nuevo ministro volara a Buenos Aires, así que ambos se reunieron en Washington en forma reservada.

En ese momento percibí que la estrategia de ambos era cambiar a todos los interlocutores del FMI con Argentina. Así, a finales de noviembre sustituimos a Cardarelli y Chalk y acepté el acuerdo implícito con Georgieva de no tener un rol relevante en la negociación. Tampoco me parecía mal, dada mi baja expectativa sobre esta cuestión. Por esta razón no me convocaron al encuentro con Guzmán, en el que participaron Julie Kozack y Luis Cubeddu, quienes quedarían a cargo del caso.

En este trío de responsables entre Georgieva, Kozack y Cubeddu, el único con conocimiento y conexiones con Argentina (y con América Latina) era Luis. Ni Georgieva ni Kozack tenían experiencia en temas de la región, no hablaban español ni contaban con una red de contactos de confianza con conocimiento sobre la economía argentina. Algunas de sus personas de confianza para intercambiar ideas eran Stiglitz y Alicia Bárcenas, la secretaria de la Cepal. Ninguno de los dos era un buen referente económico para tomar decisiones sobre una crisis de deuda emergente como la argentina y luego registrarían un claro conflicto de interés por su cercanía con el gobierno de Alberto Fernández.

En este sentido, Guzmán y Sergio Chodos, quien volvió a ser entonces el representante argentino en el Fondo, se manejaron con inteligencia para que Georgieva recibiera poca información de la gran lista de economistas argentinos cercanos al FMI y de aquellos que habíamos manejado la relación con el país en los últimos años.

El 10 de diciembre, al hablar ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández, afirmó:

Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer […]. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo.

El gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagar. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente.

A través de las redes sociales, Georgieva saludó al presidente y afirmó que el Fondo compartía “plenamente sus objetivos de aplicar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible” y prometió que “el FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo”.

La ceremonia de cambio de mando entre Macri y Alberto Fernández simbolizó casi a la perfección el desarrollo del cuarto gobierno kirchnerista. Por un lado, cuando Macri corrió el telón rojo e ingresó al recinto del Congreso, saludó a Alberto Fernández con un abrazo mientras Cristina les daba la espalda. Cuando el saliente presidente se le acercó para darle la mano, ella jamás lo miró y optó por observar las bancas donde estaban sus legisladores e ignorarlo, en un gesto destinado a su público fiel y como reflejo de su enojo por las causas judiciales por corrupción que avanzaron en su contra una vez que dejó el poder en 2015. Pero la aceleración de esos expedientes, más que la voluntad de Macri, reflejaba el timing político de los jueces federales en la Argentina cuando una persona está en la cima del poder o parece estar en su ocaso.

En todo caso, Cristina y Macri seguían enfrascados en polarizar la política argentina sin cooperar para resolver los fuertes desequilibrios económicos del país. Pero lo más grave de ese 10 de diciembre fue la distancia que exhibieron entre sí los tres líderes de la coalición que asumió, Cristina, Alberto y Massa, una brecha que se profundizaría con el correr del tiempo.

Tan solo tres meses después, al inaugurar por primera vez las sesiones ordinarias del Parlamento, la vicepresidenta ni siquiera escondió su malestar con el presidente. Antes de ingresar al recinto le dijo: “Acá se terminó” y luego ni siquiera le prestó atención al discurso del jefe de Estado, como reflejo de su malestar por el tono conciliador que intentó adoptar Fernández en la etapa inicial de su presidencia y durante los momentos más duros de la pandemia del COVID, cuando mantuvo un buen diálogo con la oposición.

En público, Cristina no se involucraba en la agenda de Estado y solo aparecía para mantener viva la cohesión de su núcleo más duro en algunos actos, mientras Massa se refugiaba como presidente de la Cámara de Diputados para construir su propio poder y dejar trascender desde el inicio claras diferencias con la estrategia de Guzmán en torno del manejo de la deuda.

En franca minoría de poder político, aunque con un gabinete conformado en su mayoría con sus allegados, Fernández no mostraba sus cartas en materia económica en general y tampoco con el FMI. El nuevo presidente se había quedado congelado en el tiempo: creía que podía revivir las “ideas” de Néstor Kirchner para que el país volviera a crecer. Con su ministro, se estableció la falsa premisa de que el principal problema argentino era la deuda.

De esas ideas anticuadas surgió su paradigma de gobierno: Fernández afirmó que con la llegada del peronismo al poder la economía crecería por el retraso cambiario, el incentivo al consumo y la reestructuración de la deuda. Estos elementos, a su vez, solucionarían sin conflictos los desequilibrios del país.

Sin embargo, como mencioné, el gobierno de Néstor Kirchner creció luego de una fuerte caída y el de Cristina mostró un “serrucho” en su segundo mandato, con dos años de crecimiento y dos de recesión.

Fernández tuvo un diagnóstico incorrecto, no encaró reformas y jamás fijó un ancla de estabilidad frente a las crisis externas e internas. Nunca ha tenido éxito en una economía similar a la argentina un modelo económico basado en el control de capitales y en impuestos a la renta agropecuaria. Tampoco, en fomentar la demanda agregada con financiamiento monetario o en asignar divisas a los sectores que presuntamente tienen mayor impacto económico y social.

En materia inflacionaria creyó que los controles de precios –para limitar las utilidades excesivas de las empresas– y las restricciones al comercio internacional para desligar los precios internos de los internacionales eran los instrumentos más adecuados.

También pensaba que el grave problema de la Argentina era su deuda y la restricción de dólares, por lo que si aliviaba la carga de los pagos al exterior con una quita a los acreedores el país volvería a desarrollarse.

La estrategia de Guzmán fue colocar en pausa el programa con el FMI, concentrarse en renegociar la deuda con los bonistas y evitar un programa de políticas macroeconómicas y estructurales, que conformarían la base de un programa con el Fondo. También el gobierno perdió la oportunidad de recibir en el futuro USD 12.000 millones que ya habían sido comprometidos en el acuerdo del FMI con Macri. Curiosamente, Alberto Fernández le pediría al Fondo una cifra similar con desesperación el último año de su mandato, en 2023, cuando el país enfrentó una brutal sequía y no tenía plan económico para estabilizar la altísima inflación en una extremada fragilidad financiera y cambiaria.

Una vez más, la Argentina apostaba a la fantasiosa concepción de “vivir con lo nuestro”, en búsqueda de una autarquía económica que ha tenido pésimos resultados.

El pecado original del FMI

En las reuniones que mantuve con Alberto Fernández antes de que asumiera no tuve la impresión de que podía resultar un presidente tan mediocre, al punto de convertirse en uno de los peores que me tocó observar desde el FMI, sobre todo al considerar los retos que enfrentaba el país.

Se necesitaba encarar un programa para estabilizar la inflación, incrementar el ahorro, dinamizar la inversión, alcanzar el superávit fiscal, lograr la independencia del BCRA y un proceso de reformas laborales y de apertura al resto del mundo. También, reestructurar la deuda, pero él solamente encaró esta última cuestión para exaltar su contrapunto con los presuntos “enemigos externos” y dejó de lado todo lo demás.

En sus memorias, el presidente mexicano Felipe Calderón afirmó que gobernar es decidir. Fernández decidió no gobernar. Por ejemplo, no decidió que los sectores sociales acomodados que recibían subsidios en sus tarifas de luz y de gas –o las empresas y personas que gozan de exenciones impositivas desmesuradas– perdieran estas transferencias de ingresos para que el Estado lograra un mejor resultado fiscal. Tampoco decidió en favor de las futuras generaciones, que deberán cargar con el elevado pasivo generado por el gasto actual en jubilaciones, muchas de ellas otorgadas a personas de clase media acomodada en diversas moratorias. En suma, optó financiar su desidia a través de la alta inflación.

Cristina Kirchner seguramente actuó como una restricción compleja para un buen programa de gobierno, pero el presidente ni siquiera pensó en diseñarlo. La pereza intelectual y la falta de agallas fueron constantes en su gobierno.

En este contexto, la relación entre el FMI y el gobierno de Alberto Fernández nació con un pecado original, porque Georgieva nunca fue clara sobre las correcciones que debía hacer el país para controlar sus desequilibrios, más allá de la reestructuración de la deuda con el organismo. Tampoco adoptó una posición institucional ni defendió la actuación de quienes la precedieron.

De esta manera, convalidó en forma implícita las críticas que el gobierno realizaba sobre la actuación del FMI durante la gestión de Macri. Nunca fue enérgica en refutar los comentarios sobre la ilegalidad del crédito, su motivación política y los argumentos sobre el supuesto financiamiento de la fuga de capitales y el incremento del endeudamiento. Yo entendía su necesidad de establecer una buena relación con el nuevo gobierno argentino. Pero eso no debería haberle impedido que, con mucha diplomacia, le explicara a Fernández que cruzaba varias líneas rojas que, además de basarse en argumentos incorrectos, impedirían que el Fondo lo apoyara en el proceso de reestructuración de deuda con el sector privado.

Además, esa actitud la volvió cómplice del gobierno; desperdició la oportunidad de mostrar que sería una dura negociadora y abrió la puerta para que en el futuro su actuación con Argentina fuera evaluada de la misma manera.

La directora gerente tampoco aprovechó la relación que tejió con el nuevo presidente para alertarle que, más allá de firmar o no un nuevo programa con el FMI, si él no aceleraba al principio de su mandato las medidas para restablecer el superávit fiscal, establecía un programa monetario consistente con el control de precios e iniciaba un proceso de reforma estructural, los problemas se profundizarían.

Ella priorizó ser amable antes que firme. No creo que en ese momento entendiera la urgencia de actuar, ya que tanto el capital político como la potencial respuesta positiva de los agentes económicos a un acuerdo se erosionan con el paso del tiempo.

Las alternativas que Georgieva tenía frente el gobierno de Fernández era o perdonar todos sus incumplimientos con un programa mediocre y una supervisión débil –como ocurrió– o que el país entrara en atrasos con el Fondo. Pero podría haber apelado a algunos caminos intermedios. Por ejemplo, pudo haber establecido una postura menos flexible frente a todas las demandas del país para lograr un programa mejor. Otra alternativa hubiese sido crear una nueva línea de refinanciamiento, con exigencias mínimas que solamente garantizara el status de acreedor privilegiado del FMI frente a los bonistas. De este modo el FMI no se hubiese vuelto cómplice de un gobierno sin programa y sin capacidad de ejecución pero tampoco lo declararía en default.

Algunos opinaron que el enfoque suave de Georgieva afectaría la imagen del FMI ante otros países que solicitaran un trato similar. No creo que muchos países en crisis desearan enviar la señal de querer seguir el mismo camino utilizado por el gobierno de Fernández-Fernández. Y, de inmediato, con esa réplica las discusiones sobre el “riesgo moral” se terminaban.

Del lado argentino, se vislumbraba que el gobierno solo tenía la intención de renegociar la deuda con los bonistas y luego tapar agujeros con medidas coyunturales, porque tampoco el ministro Guzmán se plantó frente a los líderes de la coalición oficialista para marcar el camino adecuado. Tal vez la actitud del ministro se debió a las mismas razones que las de Georgieva: su background no incluía un paso por la función pública o privada, nunca había sido un referente en la discusión económica en la Argentina o en ningún otro país. Si bien su campo de conocimiento teórico era relevante para la Argentina, también pudo ser una de las causas por la que sobredimensionó la importancia de la reestructuración de la deuda por encima de un programa económico como condición para que el país restableciera el crecimiento inclusivo con estabilidad.

En algún momento, el presidente del bloque de diputados del oficialismo, líder de la agrupación juvenil La Cámpora e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, se refirió a Guzmán como un director de deuda y no un ministro de economía. Creo que esa definición fue correcta pero insuficiente, ya que debió haberle agregado el adjetivo “malo”: a los pocos meses de la reestructuración con los bonistas, los precios de los títulos estaban nuevamente en terreno de default . Cualquier renegociación de la deuda, además de disminuir su costo, debe complementarse con un programa fiscal y macroeconómico. Si este se implementa en forma correcta, aumenta la posibilidad de que la deuda se repague, pero esos elementos estructurales nunca estuvieron presentes en la estrategia argentina.

Además, había un costo político que Guzmán no quería pagar: ser “el ministro del FMI”, como les ocurrió a sus predecesores del gobierno de Macri, y por ese motivo estiró la negociación todo lo que pudo. También esta actitud fue muy miope; en estos temas de manejo de crisis el dicho mexicano de “al mal paso, darle prisa” aplica muy claramente. El costo del ajuste es menor si se acelera y la recuperación es más rápida. En términos políticos, si sale bien, la economía puede registrar señales de franca recuperación para la segunda mitad del gobierno. Por el contrario, la estrategia de esperar y aguantar la agonía para entrar al quirófano más cerca del final pone al gobierno en una posición política débil de cara a las elecciones.

Lo cierto es que la mayoría de los países que reestructuraron su deuda con los bonistas en simultáneo negocian con un programa con el FMI, en el marco de un programa de estabilización macroeconómica.

Pero el presidente y Guzmán pensaron, no sin cierta razón, que si primero renegociaban con los bonistas, el FMI sería su aliado incondicional para lograr imponer la mayor quita posible. Una vez cerrada esta negociación, el FMI se volvió socio de la Argentina ante los mercados; al haber colaborado con el gobierno a cerrar este canje, había una señal implícita de que luego habría un programa con el Fondo. Sin este acuerdo –que de todos modos se demoró casi dos años más–, el FMI sería considerado por los mercados como una contraparte no creíble en futuras reestructuraciones.

Que el Fondo haya aceptado esta secuencia no sorprende y fue la decisión apropiada, ya que si el deudor y los acreedores privados la aceptan, hubiese sido muy difícil para el organismo detenerla. Sin embargo, asombra que los bonistas la hayan convalidado porque, en ausencia del FMI, no había ninguna forma de asegurar que las políticas que la Argentina adoptaría después de la reestructuración garantizarían que la nueva deuda fuese sostenible. La única razón por la que los acreedores aceptaron esta decisión es porque asumieron, equivocadamente, que con una negociación tripartita el FMI iba a promover mayores haircuts .

Una vez definida de hecho esta postergación, el ministro le pidió a Georgieva que aportáramos un análisis teórico de sustentabilidad de la deuda como marco para la negociación con los acreedores privados y lo difundiéramos.

La idea del informe era determinar qué nivel de deuda podría tener el país y, por lo tanto, qué quita debía ofrecerle a los bonistas, a partir de una serie de variables objetivas y el escalonamiento de un esquema que tornara sostenible los vencimientos.

El 20 de marzo se difundió ese análisis con las siguientes conclusiones, que no fueron del agrado de los bonistas:

La deuda pública de Argentina, que se situaba cerca del 90% del PBI a finales de 2019, es insostenible. Como tal, el superávit primario necesario para reducir la deuda pública y las necesidades brutas de financiación a niveles consistentes con un riesgo de refinanciación manejable y un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible.

El restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública con una alta probabilidad requerirá una operación de deuda decisiva, con una contribución significativa de los acreedores privados, que reduzca la deuda y las necesidades brutas de financiación a niveles compatibles con la capacidad de endeudamiento de la Argentina.

Dada la limitada capacidad de la Argentina para generar divisas y su bajo nivel actual de reservas, el personal considera necesario mantener el servicio de la deuda en divisas en torno al 3% del PBI a mediano y largo plazo.

Esto significaba que el país lograba una reducción de unos USD 85 mil millones en su deuda en la siguiente década, con un importante esfuerzo de los bonistas, que, por supuesto, se enojaron.

Luego de varias idas y venidas, con varios rechazos parciales de los acreedores y un default temporal desde mayo de 2020, el gobierno logró concretar en agosto la reestructuración con una aceptación del 99%, al aumentar el valor de la oferta de 40 a 55 dólares desde marzo hasta que se realizó el canje.

La mayoría de los acreedores aceptó la oferta por cansancio y por las CAC, que los desalentaron a quedarse afuera. Pero apenas terminó la operación dejaron en claro con sus declaraciones y su estrategia de inversión que no se involucrarían con la compra de bonos argentinos por bastante tiempo. Entre otros motivos, por el esquema de repagos que les había ofrecido el gobierno, por el escepticismo en torno del rumbo de la política económica y por una desilusión que ya arrastraban desde 2018.

En la política pública, tan importante como las ideas son las circunstancias, y el gobierno no entendió dos premisas. Una, como mencioné, es que la capacidad de implementación de un presidente siempre es más fuerte en la primera fase de su gobierno; la otra fue la oportunidad inigualable que le ofrecía la pandemia para lograr más recursos y mejores condiciones del FMI.

En cambio, decidieron marchar en sentido opuesto y entre 2020 y 2022, por no haber acordado una reestructuración con el FMI, el gobierno le pagó al organismo USD 6.637 millones.

El golpe de la pandemia

Apenas publicamos el informe técnico de la Argentina el COVID nos cayó como una maza en la cabeza, tanto en términos personales como técnicos. En Washington, como en el resto de las ciudades del mundo, nos fuimos a trabajar a nuestras casas mientras veíamos la acelerada propagación de este virus y la consecuente destrucción de la economía, los empleos y la aceleración de la pobreza. Como en la mayoría de los hogares con parejas profesionales, durante los primeros meses nos refugiamos en casa y nos distribuimos las mesas y los escritorios de manera un poco aleatoria para el trabajo y el estudio a distancia. Mantuvimos un contacto muy frecuente con todos los equipos y también con Georgieva y los subdirectores gerentes. En forma gradual regresé a la oficina, que parecía igual de segura que mi casa pero contaba con más espacio para trabajar, mejores impresoras y les daba cierto espacio a mis hijos para que no me vieran cada vez que “salían” de sus clases virtuales.

El PBI mundial retrocedió 3,3% en 2020 y unas cien millones de personas cayeron en la indigencia, con un impacto claramente superior en los países emergentes y pobres, que tuvieron una respuesta más lenta en términos de las campañas de vacunación y cierres más prolongados de sus actividades productivas.

En particular, el PBI de la Argentina cayó el 10% y la pobreza subió del 35% al 39% en un año.

El Fondo tuvo una respuesta adecuada a la demanda de los países de recibir financiamiento rápido y flexible, sin condicionalidades. En América Latina distribuimos préstamos equivalentes al 62% de los créditos otorgados por el organismo en 2020, que fueron distribuidos entre veintiún países de la región. En total, en el primer año de la pandemia el FMI autorizó créditos por USD 107.357 millones a ochenta y cinco países.

En ese período, ya sin estar involucrado con la Argentina, logré una mejor conexión con Georgieva para el diseño y la implementación de estos acuerdos para la región y ella valoró el trabajo que hicimos en el departamento. Logramos concretar líneas de crédito contingentes nuevas con Chile, Perú, Panamá, ampliamos la de Colombia e hicimos programas de emergencia y ampliaciones de los planes existentes con otros diecisiete países.

Además, se negoció mucho con el Caribe para establecer un programa regional que les permitiera a todos los países de la zona tener acceso excepcional al financiamiento del FMI, aunque luego no se concretó este pacto.

De algún modo se generó un acuerdo implícito y táctico por el cual Georgieva y yo pudimos avanzar y dialogar sobre todos los temas de la región, menos sobre la Argentina. Por su indefinición en torno de un nuevo programa, el país se privó de conseguir entre USD 5.000 millones y USD 12.000 millones con pocos condicionamientos a raíz del duro impacto de la pandemia.

En la región, la Argentina se ubicó a mitad de camino en cuanto a la extensión del cierre de sus colegios, entre Honduras, que optó por el cierre más largo, y Uruguay, que fue el más breve, según un estudio del Banco Mundial. En 2021, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manejado por la oposición, trató de reabrir las escuelas por la presión de un grupo de padres organizados con la certeza de poder mantener las actividades bajo ciertos protocolos, se enfrentó con la cerrada negativa del gobierno nacional. Alberto Fernández transformó la cuestión en otra consigna para mantener viva la grieta, sin considerar las consecuencias del cierre de los establecimientos educativos, sobre todo para los sectores de menores ingresos y con mayores dificultades para acceder a la educación en forma remota en los barrios más pobres.

Una vez más, el gobierno no pensó con claridad, ya que en aquel entonces estaban dadas las condiciones para que firmara un acuerdo con el FMI con una refinanciación de largo plazo y relativamente flexible, con menos exigencias que en circunstancias normales del mundo, que le permitiera además acceder a financiamiento de corto plazo para conseguir vacunas.

Si el gobierno presentaba un esquema fiscal básico –que en ese momento habría sido expansivo en el corto plazo, dado el impacto negativo del COVID– sin ningún compromiso inmediato respecto de las reformas estructurales, habría logrado un acuerdo para extender su deuda con el Fondo a diez años y hasta varios recursos en forma instantánea para mitigar los efectos socioeconómicos del virus. Este programa hubiese incluido medidas de ajuste en el futuro, una vez que se disiparan los efectos socioeconómicos más agudos de la pandemia.

Mi percepción es que el otro error importante de Georgieva fue transmitirle al gobierno la posibilidad de que conseguiría eliminar los sobrecargos, una tasa adicional que se les cobra a los países que tienen programas de acceso excepcional con el FMI, o una ampliación de plazos. En ese momento la liquidez era más importante que su costo, dado que este era bajo para la Argentina si se tomaba en cuenta su mala situación financiera; pero Guzmán había adoptado el tema de los sobrecargos como una bandera para mostrarle al ala más dura del oficialismo que mantenía una postura de confrontación con nosotros.

Por supuesto que el Fondo es una institución financieramente conservadora y modificar la política de sobrecargos –que merecía una reforma general a su sistema de costos de los créditos, ya que no se podía cambiar un componente singular de esta estructura– hubiera implicado una tarea de lobby sobre los principales accionistas. Tal vez se podría haber encarado si el gobierno presentaba un plan económico serio, tal como lo señalaron el Tesoro de Estados Unidos y otros representantes del G7.

Georgieva tampoco utilizó una herramienta a la que apelaron Lagarde y otros directores gerentes, porque al asumir toda la responsabilidad de la negociación con la Argentina con un enfoque demasiado comprensivo no dejó lugar a que quienes la acompañaban jugaran un rol más duro. Se podría haber reservado el lugar de conciliar al final luego de que sus subalternos pelearan hasta conseguir algo del gobierno, pero dado su estilo personal pagó el costo de no llegar a ningún resultado durante más de dos años de la administración de Alberto Fernández. De hecho, no consultó de manera activa con su segundo, Jeffrey Okamoto, designado por la administración Trump, para ver cómo avanzar con la Argentina.

En otro ejemplo de la obstinación del gobierno, recién en octubre de 2021 concluyó una negociación para reforzar la obtención de las vacunas con un crédito de USD 500 millones del Banco Mundial, mientras en Buenos Aires una parte del oficialismo seguía atado a dañinos prejuicios ideológicos y fantasías para no conseguir estas vacunas de Estados Unidos por el presunto temor a tener que “entregar soberanía”, pese a que el gobierno ya había firmado un acuerdo con una superpotencia no democrática, la Rusia de Vladimir Putin.

Camino a un nuevo acuerdo

Durante un período muy largo Georgieva y Kozack entendieron a la Argentina a través del microscopio de Guzmán y Chodos. Por este motivo, sin generar roces, cada dos o tres meses yo hablaba con algunos economistas argentinos y luego le comentaba con discreción a la directora gerente las conclusiones a las que arribaba. Poco a poco, observé que ella cambiaba de opinión sobre el gobierno, sobre todo por la manera en que el presidente Fernández actuaba en reuniones internacionales y por el cambio de percepción de la comunidad global.

Dentro del gobierno también cuestionaban a Guzmán y, luego del cierre del canje, se habló de su posible salida del gabinete, en medio de una nueva corrida bancaria y de la imposibilidad del ministro de avanzar en un plan de ajuste de las tarifas de los servicios eléctricos y de gas entre los sectores más ricos, por la dura oposición de los funcionarios a cargo del área energética, ligados a Cristina Kirchner.

A su vez, la vicepresidenta ya no escondía su enojo con los desatinos de la gestión presidencial –siempre con un rol ambivalente, más de observadora que de protagonista–; publicó una carta en la que habló de “funcionarios que no funcionan” y descargó toda la responsabilidad en el presidente.

Mientras crecían las peleas palaciegas, el ministro siguió con su plan de, una vez cerrado el canje con los bonistas, pedirle al FMI el inicio de la negociación de un programa de facilidades extendidas para reemplazar al stand by firmado por Macri.

En octubre una misión técnica con Kozack y Cubeddu desembarcó en Buenos Aires para comenzar a definir los ejes del diálogo, mientras Georgieva intentó dar señales de acercamiento –pero también como una señal de debilidad– al expresar: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto”, pese a que el déficit fiscal de 2020 había trepado al 6,5% del PBI y a que Guzmán envió un presupuesto con un rojo en las cuentas públicas del 4,5% para 2021.

Otro episodio que mostró la falta de carácter de esta administración del FMI y la mala utilización del capital político por parte de la Argentina fue la negociación para que el organismo emitiera una opinión sobre la multicausalidad de la inflación. Muchos economistas están de acuerdo con esta explicación si la inflación empieza con un shock determinado (como el aumento en el precio internacional del petróleo o de los alimentos), que luego se traduce en un aumento de la emisión. Pero claramente casi todos coinciden en el rol preponderante que juega la emisión monetaria, sobre todo cuando la inflación está en dos o tres dígitos anuales y sólo se acelera por la emisión de dinero y no por un evento puntual.

De todos modos, representó una pérdida de tiempo discutir estos temas, porque al firmar el programa lo que se le pidió al gobierno fue que subiera las tasas de interés y que redujera la emisión monetaria para frenar la inflación: una solución clásica para un problema clásico. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno con el acuerdo se manifestó cuando el presidente expresó que la inflación tenía un gran componente psicológico y era “autopercibida”.

Un mes después, los mismos funcionarios retornaron al país, que formalmente pidió el programa de facilidades extendidas; aunque el formato de este esquema es a diez años, la vicepresidenta y su hijo presionaron públicamente a Guzmán para que lograra una refinanciación a veinte años que no existe en los manuales del FMI.

El planteo reflejaba, otra vez, la falta de entendimiento de cómo funcionan las finanzas, ya que suponía que Argentina debería en estos diez años generar los superávits necesarios para pagar el crédito en su totalidad más los intereses. En realidad, lo que ocurre es que, una vez que los programas funcionan, los mercados financieros se vuelven a abrir para el país y la deuda con el FMI empieza a refinanciarse con los recursos obtenidos a través de la colocación de bonos en los mercados. Con esta solicitud de alargamiento de plazos, la Argentina reflejaba que no confiaba en arreglar su situación macroeconómica en la próxima década, o que no pensaba reabrir la cuenta de capitales y por lo tanto no veían el espacio de refinanciamiento.

En paralelo y en una actitud casi caprichosa, el joven Kirchner no se sentó a defender el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, apenas la Casa Rosada dio la señal de querer negociar con el FMI y aplicó ciertas medidas para mejorar la situación fiscal y el Banco Central intervino en el mercado, se aplacó temporalmente la crisis cambiaria, aunque la grieta interna que exhibía el gobierno ya era imposible de ocultar.

El año terminaría con una inflación del 36%, recesión del 9,9% y un nivel de pobreza del 42%.

Durante estas negociaciones, las reuniones en el G20 fueron complementadas con varios encuentros en Roma con el líder del Vaticano. Era difícil pensar que estos encuentros cumplieran el objetivo del FMI de utilizar los conocimientos financieros y macroeconómicos del papa Francisco para convencer a Fernández de hacer los ajustes y reformas necesarias. Más bien estas reuniones eran utilizadas por Argentina para ablandar más a Georgieva al apelar a su lado religioso y con el aparato eclesiástico puesto a disposición del Estado argentino.

Finalmente, el 3 de marzo de 2022 se anunció que se había alcanzado un acuerdo entre el staff del FMI y las autoridades y el 25 de ese mismo mes el programa fue aprobado por el board. Estas fechas presentaban cierto paralelismo con el programa anterior, ya que se encontraban casi a la mitad del período presidencial.

El programa, un acuerdo de facilidades extendidas que tiene como objetivo financiar un paquete de reformas estructurales, no contaba con ninguna medida estructural importante; solo se optó por esta figura para otorgarle a Argentina un crédito de mayor plazo que en un stand by . Los compromisos monetarios y fiscales eran muy poco ambiciosos.

Además, al buscar las garantías políticas se descansó en el voto de la oposición en el Congreso y se ignoró el hecho de que la vicepresidenta y su bloque de congresistas no apoyaron con el suyo el acuerdo con el organismo.

El presidente tampoco realizó ningún discurso que explicara las razones del acuerdo y solicitara el apoyo de la población a las medidas. Era paradójico que se firmara un programa de estabilización con un país cuyo presidente cree que la inflación, que se encaminaba al 60% o 70%, tenía como origen la psicología de la población y los choques de precios relativos, pero no el financiamiento del déficit público por parte de la autoridad monetaria.

En ese sentido, las garantías políticas debían empezar por el presidente y su vice. Pero ellos nunca creyeron en este programa, que representaba un mínimo de racionalidad en un gobierno que abdicó de su responsabilidad de adoptar las decisiones para que la Argentina pudiera retomar una senda de crecimiento y estabilidad.

El FMI tuvo que elegir entre dos malas alternativas, un programa débil o enviar a la Argentina al default. Creo que fue correcta la decisión, porque en el margen el organismo influyó para que las decisiones de política económica del gobierno no hayan sido peores todavía. También pienso que era importante mantener a la Argentina dentro del marco de negociación con los organismos financieros internacionales, en lugar de cortar este canal y dejar que buscara socios más cuestionables. La traumática salida de la convertibilidad y los excepcionales precios de las materias primas que beneficiaron a Argentina en el período 2003-2015 reforzaron la percepción de varios sectores de la sociedad acerca de las supuestas ventajas de un modelo cerrado al mundo, con alta injerencia del Estado, impulso fiscal financiado con emisión monetaria, altos impuestos, políticas redistributivas poco focalizadas y regulaciones cuasi expropiatorias. Cuando los gobiernos que impulsaron estas medidas se enfrentaron con la realidad rompieron el termómetro, culparon a sus antecesores y a algunos enemigos externos. Además, empeñaron los pocos activos que les quedaban para sostener artificialmente el consumo de la población. Dado que en el final del primer período kirchnerista en 2015 se evitó una explosión, el espacio modernizador para el gobierno de Macri se redujo bastante. También, como se mencionó, su intento reformista fracasó por las equivocaciones en el diagnóstico inicial, que complicaron la estabilización del país.

Durante los meses del programa con el FMI hubo errores de diseño y de implementación en las políticas macroeconómicas, en un contexto de alta incertidumbre sobre la continuidad de este modelo de gobierno.

En mi opinión, en la cuestión microeconómica e institucional, Macri intentó modernizar la economía a través de la desregulación, al promover prácticas competitivas, eliminar privilegios como los subsidios, fomentar la competencia en los proveedores públicos –especialmente en salud y obra pública– y abrir la economía al mundo. Además, buscó un manejo más eficiente del sector público con menos trámites y una mayor digitalización. Pero con la llegada de la fórmula Fernández-Fernández al poder, creo que no solo se produjo el deterioro macroeconómico mencionado previamente, sino que también retornó la opacidad y la utilización política de los instrumentos del Estado.

Luego de nueve años en el FMI, tenía que repensar mi futuro laboral. Sentía cierto cansancio de repetir durante tanto tiempo los mismos rituales de negociación y análisis en los que solo cambiaban los nombres de los ministros pero no los problemas. Es natural el desgaste y hasta el aburrimiento la quinta vez que hay que discutir la reforma de los subsidios energéticos en República Dominicana o la enésima vez que se analiza con El Salvador la posibilidad de que firme un programa que finalmente nunca concreta. También es lógico volverse algo cínico después de tanto tiempo.

No me interesaba continuar mi carrera laboral dentro del organismo en otra función, como ocurría con otros directores que cambiaban de departamento. Tampoco pensaba en quedarme hasta jubilarme, como muchos otros miembros del staff, porque creía que sería interesante conocer otras instituciones, hacer algo diferente y opinar sobre temas que me interesan sin las restricciones institucionales que siempre había tenido en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el FMI.

En diciembre de 2020, cuando finalmente pudimos viajar con mi familia con barbijos y máscaras a ver a mi madre a la ciudad de México, después de varios meses de alejamiento forzado durante la etapa más letal del COVID, le comenté en el vuelo de ida a mi esposa que tal vez era el momento adecuado para planificar mi salida del Fondo.

Esos días, que disfruté mucho con un buen descanso en la bella zona de San Miguel de Allende, me sirvieron para tomar impulso. Ya había permanecido más tiempo que el previsto: a priori, en 2013, no imaginé que estaría nueve años en el FMI como director de departamento, un contrato que se renueva cada tres años. De hecho, nunca antes había estado más de seis años en otros trabajos y ya había sobrepasado mi propio récord con creces.

Luego de regresar de esos días de descanso en México decidí esperar hasta las reuniones de primavera y después lo hablé con Georgieva. Me dijo que lo entendía y me pidió que la ayudara a encontrar un sucesor, una tarea que se dificultó parcialmente por la pandemia. Acordamos que en junio tomaría vacaciones y que dejaría el Fondo en agosto. Durante ese período de verano solo estuve atento a las negociaciones del programa con Ecuador, en el comienzo de la administración de Guillermo Lasso.

Sin duda, experimenté dos ciclos diferentes en el organismo; el primero, en una era de tasas de interés bajas, altos precios de las materias primas y, por lo tanto, de escasos programas de la región con el Fondo, por lo que mi energía estuvo más focalizada en una tarea analítica y menos divertida. El segundo fue más interesante por mi formación como policy maker , cuando el ciclo económico regional cambió y se firmaron algunos acuerdos en un contexto más desafiante, como los de la Argentina y Ecuador y, finalmente, todos los programas que se hicieron durante la pandemia.

Esta es la característica que hace del FMI una institución tan diferente a otras, porque es el prestamista de última instancia de los mercados emergentes. Así que cuando estas naciones son sacudidas por turbulencias financieras, el FMI recobra su función única de financiamiento y asesoría en el diseño de políticas para restablecer la salud de sus miembros. Es una visión diferente pero complementaria a la experiencia que uno tiene como funcionario público en su país.

El resto del trabajo puede parecerse al que realizan otras instituciones financieras, universidades o think tanks , pero cuando el “paciente” –un gobierno en crisis– entra a terapia intensiva solo encuentra a las autoridades nacionales y al FMI en el quirófano.

Sin duda, después de tanto tiempo allí y de varias veces que estuvo sobre la mesa pero no se aplicó, mi mayor asignatura pendiente fue no haber podido negociar un acuerdo con Venezuela. Este castigado país hubiera requerido un programa de reconstrucción, estabilización y desarrollo. En las ocasiones que debatimos la idea tuve la sensación de que podía ser lo más parecido a la tarea que cumplió el FMI en la construcción de economías de mercado en Europa del Este.

El 28 de abril de 2021, un día de lluvias y tormentas en Washington D. C., el Fondo anunció mi renuncia a través de un comunicado en el que, como corresponde a una institución diplomática, Georgieva agradeció mi trabajo con énfasis.

Los medios de comunicación en la Argentina colocaron el acento en que yo era el último negociador relevante del acuerdo con el país firmado en 2018 en dar un paso al costado. ¡Pareciera ser que, para dejar el FMI, uno tiene que estar a cargo de un programa con la Argentina!

Epílogo

Aunque en algunas cumbres del G20 Cristina Kirchner y Alejandro Werner se cruzaron en los pasillos, nunca dialogaron cara a cara. Sin embargo, todo llega, aunque sea de modo virtual.

Cristina ha elegido las redes sociales para transmitir la mayoría de sus mensajes a la sociedad, más allá de algún reportaje aislado que brindó. Es una experta en buscar contendientes retóricos, aunque imprecisa en los conceptos económicos que suele difundir; en particular, sus omisiones son notables cuando se refiere a sus dos mandatos como presidenta y al singular análisis exógeno que hace del gobierno de Alberto Fernández que ella diseñó y a quien le dio poder para derrotar a Macri.

En la década del 90 mantuvo un discurso clásico-liberal como senadora nacional, que incluyó la defensa irrestricta de la convertibilidad y en particular de la figura de Domingo Cavallo, a quien definió como el “cuadro más lúcido que ha generado el capital en la Argentina”. Pero desde su salto al Poder Ejecutivo en la primera década de este siglo, adoptó una prédica con conceptos ortodoxos del peronismo y otros de la izquierda clásica, a veces sin una lógica demasiado coherente.

Sin embargo, mantuvo una gran capacidad de influir sobre su electorado más fiel y el FMI ha sido desde entonces uno de sus blancos predilectos. Por este motivo, durante uno de los tantos episodios críticos que atravesó en su mandato como vicepresidenta eligió a Werner como uno de sus oponentes en Twitter.

El 27 de abril de 2023 Cristina pidió en un acto en La Plata “revisar las condicionalidades del acuerdo con el FMI” firmado por su gobierno en 2022 para que los pagos al organismo multilateral “estén atados como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros los únicos dólares que producimos son los del superávit comercial”.

Se trataba de una versión mal actualizada en términos analíticos –y algo desteñidos– de los bonos ligados al PBI que los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo ofrecieron a los acreedores privados en los canjes de 2005 y 2010 para tratar de salir del default . La propuesta de Cristina consistía en que si el país alcanzaba un determinado superávit comercial, comenzaría a pagarle al Fondo.

Pocos días después, en una entrevista, Werner cuestionó la idea. “Es totalmente descabellado. Cualquier contrato de crédito paga una tasa de interés fija o variable. El condicionar el pago de deuda a un desempeño macroeconómico hace que el instrumento se empiece a parecer a una acción”, explicó. Además, el exfuncionario del FMI indicó: “La comunidad internacional no está dispuesta a pensar en estos temas porque los mecanismos actuales han funcionado. Por ejemplo, las grandes economías de América Latina hace muchos años le han pagado sus créditos al FMI y no han regresado al organismo. Nunca necesitaron la creatividad que propone la señora Kirchner porque arreglaron su situación con visión, compromiso y diálogo”.

Según Werner, la sugerencia podría desincentivar al país a alcanzar un mayor ahorro comercial, ya que el gobierno puede convertir su superávit en déficit a través de la compra de maquinaria, equipo médico o petróleo en el exterior. Cada dólar excedente se utilizaría para alguna operación de este estilo y nunca para pagar la deuda. Dados estos incentivos la probabilidad de repago del crédito sería muy baja y por ese motivo nadie diseñaría un crédito con estas características.

Además, en el caso de algunos gobiernos argentinos, como ocurrió, también pueden alterar las estadísticas oficiales.

Dada la maniobra pergeñada durante sus dos mandatos de falseamiento de las estadísticas públicas, no resultaba difícil imaginar que el gobierno podría manipular las cifras del comercio exterior para no tener que realizar estos pagos, como lo hizo con las cifras del PBI.

Por supuesto que, ante estas declaraciones de Werner, Cristina no se quedó callada y apeló a una cadena de tuits que comenzó con su herramienta lingüística preferida, la ironía, al iniciar su primer mensaje con las palabras: “Hello Mr. Werner”. Así, eligió caracterizarlo como un “gringo”, alejado de su partida de nacimiento porteña y de su carácter de exiliado en la dictadura, mientras los Kirchner se callaban frente a las violaciones a los derechos humanos.

“Descabellado fue haberle dado un préstamo político por USD 45.000 millones al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones”, expresó la vicepresidenta. De inmediato, recordó: “Es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Es más, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron van a tener que conseguir alguno como él”.

Los dos canjes realizados en 2005 y 2010, en realidad, no lograron sacar por completo al país del default de 2001. De hecho, en 2014 el país entró nuevamente en una cesación de pagos porque su gobierno no quiso cumplir una sentencia definitiva en favor de un grupo de acreedores privados.

Por otra parte, el cupón del PBI fue un instrumento presuntamente sofisticado que Néstor Kirchner y el equipo de Lavagna idearon para ofrecerles a los bonistas, que no se mostraron interesados porque hubieran preferido un pago inicial en “cash ” para sumarse a la oferta argentina en lugar de un instrumento con un valor muy difícil de calcular.

Por este motivo, Werner afirmó: “La idea de vincular los pagos de la deuda al superávit de la balanza comercial es como que usted fuera al banco y dijera que los pagos de su hipoteca solo los va a hacer cuando sus gastos sean menores que sus ingresos”.

“Entonces, cuando llegue diciembre y usted se dé cuenta de que gastó un poco menos que sus ingresos, en lugar de pagar al banco va a elegir comprar una heladera o unas entradas para el teatro. Así, yo creo que es mejor pagar para algo que va a disfrutar que pagarle al banco. Entonces, ¿usted cree que algún banco le daría un crédito de este tipo donde los incentivos están en elegir a final de mes comprar algo para usted o para su familia en lugar de pagar su deuda? Lo mismo pasa con un país. Si nos damos cuenta de que a fin de mes el cupón para el pago de intereses sería muy elevado, entonces haríamos un gasto que nos beneficiara a nosotros y no le pagaríamos a los acreedores. Nadie nos prestaría”, concluyó, algo molesto por la liviandad de la idea de Cristina.

Cuando surgió este duelo retórico con la actual vicepresidenta, el economista ya había dejado su cargo en el FMI dos años antes y repartía su tiempo como director del Georgetown Americas Institute y otras tareas en el sector privado.

¿Qué ocurrió entre la Argentina y el FMI desde que Werner renunció en agosto de 2021 hasta la publicación de este libro a principios del tercer trimestre de 2023?

En términos objetivos, la situación se deterioró en forma notable. Si bien el PBI creció en 2021 casi en el mismo porcentaje que había perdido en 2020 –y en 2022 rebotó otro 5,2%–, otros indicadores socioeconómicos empeoraron: subieron la pobreza, la inflación y se deterioró el nivel de ingreso real de los salarios –en particular, de los trabajadores informales– y de las jubilaciones, pese a que el gasto en planes sociales se duplicó desde que asumió Alberto Fernández.

La creación del empleo privado de calidad se mantuvo estancada y creció el déficit de las cuentas públicas, tanto a nivel primario como luego del pago de la deuda.

El gobierno de Alberto Fernández fue el que más utilizó la “maquinita” del Banco Central para financiar al Tesoro luego del segundo período de Cristina Kirchner como presidenta.

La falta de un plan estratégico exhibido durante el período de Martín Guzmán no se subsanó en el breve interinato de Silvina Batakis. La exministra de Economía bonaerense asumió de apuro en julio de 2022 cuando –según el propio oficialismo– el gobierno estaba a punto de caer y renunció un mes después cuando Sergio Massa se terminó de preparar para asumir esa cartera, sin haber corregido en sus escasas semanas de gestión ni uno solo de los problemas acumulados desde 2019.

El gobierno ni siquiera aprovechó ese corto período de Batakis para realizar un ajuste fuerte del tipo de cambio y de ciertas variables fiscales que le allanaran el camino a Massa, quien asumió el 3 de agosto de 2023 con el apoyo de una parte del mercado financiero local y buenos vínculos con algunos funcionarios relevantes del ala política de la administración Biden.

La intención de Massa era nítida: dada su escasa imagen positiva en la sociedad, intentó utilizar su nuevo cargo como trampolín para postularse como presidente en 2023 si lograba una baja trascendente de la inflación. No consiguió una mejora en términos macroeconómicos y, por el contrario, varios indicadores empeoraron.

Pero, frente a los funcionarios que advertían que a mediados de 2022 el presidente Fernández estaba “a punto de irse en helicóptero” –como ocurrió con de la Rúa en 2001–, el ministro logró que el gobierno no colapsara en forma total. Finalmente, con su particular método de construcción de poder y su perseverancia, Massa se transformó en junio del 2023 en el candidato presidencial único de un oficialismo que carecía de toda cohesión.

Claro que, en su gestión ministerial, hasta el momento de ser nominado, no adoptó un cambio de perfil en materia económica. Por el contrario, se aplicaron varios “parches” –como los tipos de cambio transitorios destinados a que el agro liquidara divisas pese al atraso cambiario– para no acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial.

Esta indefinición impidió una mejora en el frente externo (las reservas siguieron en caída libre), la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos se mantuvo en el 100% y no se frenó la tasa de inflación, que a mediados de 2023 corría entre el 7% y el 8% mensual y acumulaba un 120% en doce meses.

La falta de dólares en el tramo final de un gobierno que había perdido la brújula por completo intentó ser subsanada con remedios nocivos: más controles a las importaciones y a la salida de divisas, que terminaron de distorsionar la frágil situación económica.

Pese al fuerte aumento de la inflación registrado por el Indec, algunos precios se mantuvieron atrasados, como el dólar oficial, las tarifas de los servicios públicos y el de otros bienes mantenidos bajo esquemas de acuerdos de precios que ya habían fracasado. De este modo, de cara a las elecciones presidenciales, se mantuvo –una vez más– el espejismo de mostrar que el país no estaba en crisis, al utilizar el déficit fiscal, el atraso cambiario y los dólares de los organismos multilaterales como motores para sostener el consumo en algunos sectores de la población.

Más allá de estos indicadores objetivos, también se deterioró la percepción de la sociedad sobre el futuro del país, con un aumento del pesimismo. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella exhibió una caída del 5% en 2022 y, en un estudio mensual de la consultora Ipsos entre veintinueve países del mundo, la Argentina aparecía a mediados de 2023 como el país con respuestas más negativas. Entre todas, la sociedad argentina era la más preocupada por las perspectivas de inflación.

En ese momento, las consultoras privadas locales estimaron que en los siguientes doce meses la suba de precios alcanzaría el 171%, en un escenario optimista.

Mientras Venezuela exhibía un lento pero continuo descenso en la cifra anual de precios –claro está, en medio de su crisis humanitaria–, la Argentina marchaba en la dirección opuesta. Solo el país gobernado por Nicolás Maduro, Zimbabue y El Líbano, sumido en una crítica situación sociopolítica, superaban a mediados de año a la Argentina en materia inflacionaria sobre los ciento noventa socios del FMI.

En este complejo contexto, si al FMI se lo responsabiliza por sus exigencias excesivas en las crisis argentinas de 2002 y de 2018, desde la firma del acuerdo de marzo de 2022 le cabe la culpa por lo contrario: toleró todos los incumplimientos del gobierno en materia fiscal y monetaria, avaló sus ardides cambiarios y de contabilidad creativa en las cuentas públicas y se limitó a levantar tímidamente la voz para advertir sobre la gravedad de la situación del país.

La severidad con la que el Fondo juzgó a los funcionarios económicos del macrismo en sus evaluaciones posteriores al 2019 se contrapone a la complicidad adoptada frente a los equipos que acompañaron a Fernández en el gobierno.

La explicación que algunos funcionarios del FMI suelen brindar informalmente es que a un niño con mala conducta se le toleran más travesuras que a uno que intenta, aunque sin lograrlo, cumplir con las normas de una institución.

El FMI se limitó a esperar el cambio de gobierno en diciembre de 2023, a tratar de recuperar los dólares que le giró al país y a intentar no ser caratulado, una vez más, como el responsable de provocar otra crisis en la Argentina. Aunque muchas veces se lo etiquetó como un organismo todopoderoso, en los últimos dos años se pareció más a una entidad culposa e incapaz de adoptar una postura equilibrada.

El gobierno que asuma luego de Alberto Fernández deberá reconstruir los lazos de confianza con la sociedad y con la comunidad internacional, más allá del éxito o no de estrategia de pasar “la gorra” entre Beijing y Washington para llegar a las elecciones sin una crisis más grave.

¿Qué cabe esperar entonces? Algunos observadores temen una repetición de la hecatombe del 89 y otros del 2001. Hay chances de que en el futuro la realidad muestre un ingrediente de cada uno de esos imborrables episodios. O, tal vez, con sus “trucos”, la clase política argentina logre posponer la explosión, al costo de agravar los problemas, con el sueño de pensar que “paga el que sigue”.

Pero en el mediano plazo la Argentina tendrá oportunidades por contar con algunas de las materias primas que el resto del mundo necesita y con recursos humanos que, en términos individuales, se destacan. No alcanzará, de todos modos, con la explotación individual de algún recurso en particular, sea el petróleo, el hidrógeno verde o el litio, así como no fue suficiente la increíble revolución de la soja.

La ausencia de conflictos étnicos o religiosos y el aprendizaje de haber dejado atrás la violencia política imperante hasta los 70 constituyen enormes ventajas frente a otros países pobres o en desarrollo. Pero el pacto democrático alcanzado a fines de 1983 debe ser complementado por otro destinado a respetar las leyes, los contratos y las instituciones.

Los problemas se pueden superar si ya no se abusa de la grieta como herramienta política y si los liderazgos irresponsables y populistas quedan atrás. La sociedad, por su parte, debe, pese a la delicada situación que atraviesa, tener la paciencia suficiente como para aceptar que las soluciones requieren ocho años, o dos mandatos presidenciales consecutivos, sin recetas mágicas ni atajos.

El país puede ser un socio normal del FMI, sin insultos ni peleas, como la mayoría de sus vecinos de América Latina. Es imprescindible dejar de lado la soberbia que genera tanto rechazo fronteras afuera y entender que los inversores y los diplomáticos extranjeros pretenden coherencia y continuidad más allá del signo ideológico de quien gobierna. En las grandes capitales del mundo pocos hablan de la Argentina y a nadie le interesa si la culpa de esta crisis y de las anteriores fue de los militares, los radicales, los peronistas o del macrismo.

Pocos extranjeros entienden por qué buena parte de la sociedad argentina no quiere pagar por el valor real de los bienes y servicios, desde el dólar hasta las tarifas, como ocurre en casi todos los países que pretenden progresar con el ahorro como premisa esencial.

De modo tal que no hay que hacer nada diferente a casi todo el resto del mundo, ni intentar ser originales con recetas mágicas –de derecha o de izquierda–, para lograr un crecimiento económico sostenido e intentar erradicar en unos años las causas de la metástasis de la alta inflación: orden fiscal y un banco central independiente.

El fracaso no es inevitable, pero tampoco “estamos condenados al éxito” como señaló un expresidente. Todavía existe la oportunidad de evitar el infierno de ser un Estado completamente fallido. Pero esta no será una chance eterna ni sencilla, con el FMI lejos o cerca.

Martín Kanenguiser

Bibliografía

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Torre, Juan Carlos (2022). Una temporada en el quinto piso . Edhasa.

Documentos y páginas web

Articles of Agreement

Informe de Perspectivas Económicas

Informes del Staff

Comunicados del Directorio

Blog del FMI

Papers del Departamento de Investigaciones

Informes anuales del Observatorio de la Deuda Social, Universidad Católica Argentina (UCA)

Portales: Clarín , Financial Times , Infobae , La Nación , Página/12 , Wall Street Journal

Páginas de internet del Ministerio de Economía de la Argentina y del FMI

Glosario

Artículo IV: revisión anual destinada a observar el estado en ese año y brindar sugerencias a cada uno de los ciento noventa países socios del FMI.

Balanza de pagos: registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado período.

BCRA: Banco Central de la República Argentina.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CAC: cláusulas de acción colectiva, destinadas a impedir, en reestructuraciones de deuda soberana, que una minoría de acreedores pueda bloquear un acuerdo con la mayoría.

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

Club de París: Grupo de países acreedores de deudas comerciales formado a partir de la crisis argentina de mediados de los 50.

CMFI: Comité Monetario y Financiero del FMI, que asesora a la Junta de Gobernadores.

DEG: los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional del FMI, cuyos tenedores pueden cambiar por una moneda cuando lo requieren. Su valor se basa en una canasta de cinco monedas: el dólar de Estados Unidos, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.

Director gerente: número uno del FMI.

G7: Grupo de los países más desarrollados.

HIPC: Heavily Indebted Poor Countries (Países Pobres Muy Endeudados).

Indec: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

Junta de Gobernadores: Órgano de mayor jerarquía del FMI, integrado por un gobernador y un gobernador suplente designado por cada país miembro. El gobernador es el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central.

Lebac: títulos de deuda que emite el Banco Central a corto plazo para absorber pesos, que son retirados de la plaza a cambio de que los inversores adquieran estas letras para intentar controlar la inflación.

Línea de facilidades extendidas (EFF en inglés): préstamo con una duración de hasta cuatro años y un período de repago de diez años.

MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Reunión anual del FMI: cumbre que se desarrolla en octubre en Estados Unidos o en otros países en forma rotativa.

Reunión de primavera del FMI: encuentro semianual del FMI que se realiza en abril en Washington D. C.

SPR: Strategy, Policy & Review Department (Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación) del FMI.

Stand by : préstamo con una duración máxima de tres años y un plazo de desembolso de hasta cinco años.

WEO: World Economic Outlook, o informe de perspectivas económicas del FMI, que se publica cada seis meses.

WHD: Western Hemisphere Department (Departamento del Hemisferio Occidental) del FMI, que cubre al continente americano.

Agradecimientos

A Martina, Valeria y Daniel

Alejandro Werner

A Julián, a Julieta y a mi familia

Martín Kanenguiser

Alejandro Werner

Nació en 1967 en Buenos Aires y creció en la Ciudad de México a partir de 1977. Es Doctor en Economía por el MIT y Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es el director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown y previamente se desempeñó, entre otros cargos, como director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, viceministro de Economía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y director de Estudios Económicos del Banco de México. Hace varios años fue designado como Joven Líder Global por el World Economic Forum.

Martín Kanenguiser

Nació en Buenos Aires en 1968. Fue periodista de economía en Télam y La Nación , y actualmente escribe en Infobae . Publicó los libros La maldita herencia , El fin de la ilusión (Edhasa) y El default más tonto de la historia . Creó el blog Jazz & Cash. Estudió Periodismo y tiene posgrados en Relaciones Internacionales (Flacso) e Historia (UTDT).

Diario de una temporada en el quinto piso

Torre, Juan Carlos

9789876286435

544 Páginas

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A pesar de la cantidad de información política que circula en los medios, es poco lo que sabemos sobre cómo funciona un gobierno. Sabemos, en última instancia, aquello que los actores políticos deciden que pode mos saber. Los trascendidos y las primicias vienen de ellos, y son revelados para su propio beneficio, para impugnar a un rival o para incidir o producir un debate público. Los interesados en el auténtico ejercicio del poder en realidad quieren otra cosa: quieren que alguien que formó parte de un gobierno narre, con la mayor objetividad posible y sin ubicarse en el lugar del héroe, lo que allí sucedió. Diario de una temporada en el quinto piso es exactamente ese libro. En rigor, es mucho más que eso: es una obra única, que contribuye a entender las dificultades de gobernar la Argentina y la propia configuración de nuestra sociedad. Sociólogo e historiador, Juan Carlos Torre fue, desde finales de 1983 hasta comienzos de 1989, miembro del equipo económico de Juan Vital Sourrouille durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Primero en la Secretaría de Planificación; luego en el Ministerio de Economía, en el legendario quinto piso, donde tiene el despacho el ministro y sus colaboradores más cercanos. Gracias a ello, fue testigo de la trastienda de las negociaciones con el FMI y funcionarios de los Estados Unidos, con la CGT, los empresarios y la oposición peronista, en el marco de una transición a la democracia asediada por fuertes presiones hiperinflacionarias y por los efectos de enjuiciar la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. A lo largo de esos años, llevó un diario. Con espíritu sereno y comprensivo, con distancia afectuosa y crítica, junto a la inevitable angustia que surgió en muchos, demasiados, momentos, consignó estos acontecimientos y los continuos debates, a veces encarnizados, que se daban dentro del gobierno de Alfonsín, y al mismo tiempo procuró analizarlos. Este libro es un documento extraordinario por su capacidad para transmitir el vértigo y las tensiones de la política económica en tiempos difíciles. A través de sus páginas se revela información y se ofrecen perspectivas de una magnitud y una calidad admirables. Pero la mayor sorpresa que surge al leerlo no es esa, sino descubrir la persistencia de ciertos escollos que, casi inalterables, nos acompañan hace décadas y siguen vigentes hoy.

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Raúl Alfonsín

Gerchunoff, Pablo

9789876286985

462 Páginas

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Cuando cumple treinta y un años, Raúl Alfonsín es un hombre casado y con seis hijos. Acaba de ser electo diputado provincial; sabe que su vida será mayormente una vida política. Es el año 1958. En las décadas siguientes adquirirá cada vez mayor relevancia. Primero dentro del radicalismo; luego en todo el país. Diputado nacional en 1962; referente de los derechos humanos durante de la dictadura; presidente en el regreso a la democracia en 1983; impulsor del llamado "Pacto de Olivos" con Carlos Menem y factotum de la reforma constitucional de 1994. Tras la crisis de 2001, será un actor decisivo en la salida de la Convertibilidad.

En este excepcional ensayo histórico, Pablo Gerchunoff analiza y piensa la vida de Raúl Alfonsín sobre los últimos setenta años de la Argentina. Gracias a una investigación exhaustiva que va desde su nacimiento en Chascomús hasta su muerte, en buena medida muestra a un Alfonsín casi desconocido. Pero más importante aún es lo que revela sobre las transformaciones de la economía y la sociedad: las decisiones que cambiaron nuestra historia, las negociaciones in extremis, el Juicio a las Juntas y la amenaza militar durante la década del ochenta, el Plan Austral y la hiperinflación, la intimidad del ejercicio del poder, lo que podría haber sido y no fue, los errores de cálculo, la evolución del radicalismo.
Este libro es un lúcido y conmovedor fresco político; lo recorremos guiados por una personalidad impar: Raúl Alfonsín, un líder ético acaso irrepetible.

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El populismo jesuita

Zanatta, Loris

9789876286220

136 Páginas

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" ¿Existe un "populismo jesuita"? ¿América Latina es su tierra elegida? La respuesta de este libro es inequívoca: sí, existe e impregna a la historia." Con esas preguntas, y esa afirmación, comienza Loris Zanatta su ensayo.
El origen de esa historia está en la Conquista, con las primeras misiones jesuíticas, que llegan al nuevo mundo con la idea de instaurar el reino de dios en la tierra. Luego, en el siglo XX, América latina fue pródiga en la emergencia de líderes populistas de raíz cristiana. Sin necesidad de hacer un inventario completo, podemos citar a Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez . Más allá de sus diferencias, tienen un rasgo común: la utopía de un pueblo armónico unido a su líder por una fe política tan intensa e inflexible que es una fe religiosa . Una comunión espiritual. Esta teología política ha tomado nuevos bríos en el siglo XXI, gracias a la presencia y la prédica del Papa Francisco. Aquellos que no participan de ella, quedan fuera del pueblo y son el enemigo. Tienen distintos nombres: liberalismo, culto de lo individual, lo extranjero, capitalismo egoísta. Proponen el odio, mientras el populismo afirma predicar el amor. Todo está legitimado por la batalla contra quienes son hostiles a la patria soberana y la pureza original del pueblo. Pero como demuestra Loris Zanatta en este libro desafiante y esclarecedor, los resultados resultan al menos paradójicos, cuando no desastrosos. En vez de proponer modelos que generen riqueza, se lucha contra ella, porque es sinónimo de corrupción. Al mismo tiempo, se eterniza y profundiza la pobreza, que es una garantía de integridad moral. Al cabo, el auténtico legado estos populismos jesuitas es el llamado pobrismo . Con su correlato natural: más desigualdad, más autoritarismo, más intolerancia, menos crecimiento y menos pluralismo .

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El cielo de los animales

Poissant, David James

9789876286077

352 Páginas

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Comparado con Richard Ford y Alice Munro, la aparición de David James Poissant produjo una conmoción literaria en los Estados Unidos. Sus cuentos se inscriben en esa gran tradición que incluye a Antón Chéjov y Raymond Carver, una tradición que siempre suele darse por concluida, hasta que aparece un nuevo escritor y la revitaliza. Es lo que sucedió con este libro.
El cielo de los animales es un deslumbrante volumen de relatos sobre personas agobiadas por la pérdida, la culpa o lo implacable del amor. Padres que han roto la relación con sus hijos y descubren demasiado tarde el daño que han hecho, matrimonios envueltos en el desasosiego, hermanos que dejaron en el olvido la complicidad y ahora deben purgar ese rencor, amistades que un día son puestas a prueba y dejan paso a la traición. Vidas que no están a la altura de las emociones que generan, donde la presencia de un animal recuerda la existencia de lo inesperado, lo lúdico, lo brutal.
Con una escritura límpida, que sabe ser quirúrgica y no escapa al humor, Poissant narra historias al límite, sacudidas por la impiedad y la tristeza. No deja de ser extraño que al terminar de leerlo el sentimiento sea de felicidad. Es el efecto que depara un hallazgo literario.

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Desarmadero

Almeida, Eugenia

9789876286756

256 Páginas

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Durruti es una figura temida y respetada del bajo fondo. Su negocio son los autos robados, desarmarlos y vender sus partes, y otras actividades afines, propias de su ámbito. Pero sobre todo su negocio es el orden: que nadie haga lo que él no aprueba, que la policía y el poder político, con quienes tiene un pacto de hierro, no se vean obligados a sobre actuar y romper la armonía delictiva por acciones fuera del guion. No es fácil mantener a todos alineados. Alcanzaría una chispa en el lugar y en el momento equivocado para hacer tambalear ese equilibrio. La chispa se produce; esa alteración, lentamente, precipita otras; cada una mayor que la anterior. Los soldaditos más jóvenes murmuran y dejan de ser obedientes; el barrio se altera; los arrebatos y la improvisación se imponen. La espiral de violencia crece y los va cercando a todos. La sospecha reemplaza al secreto y al respeto; un orden se tambalea a la espera de que llegue uno nuevo, y esto no es necesariamente una buena noticia.
En Desarmadero , Eugenia Almeida aprovecha los códigos de la serie negra para construir una ficción donde la corrupción y el delito alcanzan a todas las capas de la sociedad. Con una escritura seca y un extraordinario dominio del registro oral, cuenta una gran historia a partir de pequeños sucesos que producen incontrolables consecuencias. Su trama podría desarrollarse en cualquier ciudad argentina, sus personajes tratan de salir airosos del abismo que se abre ante ellos. Solo unos pocos lo logran.

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