A mi padre, que me contagió la pasión por la política

A mi madre, que me enseñó que se pueden hacer

varias cosas a la vez

INTRODUCCIÓN

«Señorías soy perfectamente consciente de que entramos en una nueva etapa política.»

Rajoy pronuncia esta frase a finales de octubre de 2016, en el discurso previo a la votación de su investidura. Es el final de una etapa de bloqueo traumático para la clase política y agotador para la ciudadanía. Han tenido que pasar muchas cosas, con un alto coste para muchas personas, para encontrar una salida.

Más de la mitad de los que se sientan en el hemiciclo acaban de estrenar su escaño. Ha desparecido buena parte de la vieja guardia parlamentaria. Los que continúan ya no tienen el mismo poder. No hay mayorías claras. Cada paso adelante requerirá un pacto.

Estamos ante una nueva y desconcertante etapa política en la que el tiempo avanza de forma vertiginosa. En pocos meses los nuevos partidos empiezan a parecerse a los viejos y algunos de los de siempre ven peligrar su futuro.

Hay otro paisaje en el hemiciclo. También en la tribuna de prensa abarrotada de periodistas del viejo y el nuevo oficio. Todos compiten con la inmediatez de las redes. Twitter es un instrumento poderoso que alimenta o arruina liderazgos. Ya nada es como parecía ser.

En la calle siguen las vallas apiladas. Nadie se atreve a vaticinar que la calma haya llegado para quedarse. Conviven con cámaras de televisión y unidades móviles. El bloqueo político se ha convertido en un serial por entregas seguido por millones de espectadores. No falta ningún ingrediente, un atractivo galán que no está a la altura del guión, viejos amigos que rompen, parejas que se distancian y hasta el drama de la muerte de Rita Barberá en un hotel vecino.

Al nuevo tiempo hemos llegado por desgaste. Después de un proceso lento de pérdida de credibilidad de los políticos que la crisis aceleró.

El malestar se concentró en el Parlamento y se alimentó de la desidia de quienes fueron incapaces de percibir la que se venía encima. No ayudaron las broncas políticas que primaban el espectáculo ni la falta de transparencia. Los ciudadanos apenas conocían a sus representantes, ni siquiera a los de sus provincias. No sabían nada de su trabajo, de sus horarios, de sus obligaciones, y tenían información confusa sobre sus salarios y supuestos privilegios.

Como telón de fondo, los casos de corrupción, que gota a gota se colaban en la prensa diaria, fueron demostrando que nuestra democracia adormecida era incapaz de vigilar cómo se ejercía el poder. Nada era nuevo salvo una cosa: sucedía en un país atrapado en el túnel de la crisis.

Este libro es el resultado de la mirada crítica y curiosa de una cronista parlamentaria que a lo largo de muchos años ha tenido la suerte de asistir en primera fila al final de un ciclo y al inicio de otro nuevo. Recoge una crónica política y otra costumbrista. También una carta dirigida a quien quiera escuchar que buena parte de la renovación sigue pendiente.

Les propongo un recorrido por los pasillos de la democracia herida, por esos más de trescientos días que cambiaron la política de nuestro país y por las asignaturas pendientes de un Parlamento que se hizo viejo. Una llamada a la modernización necesaria, a abrir las puertas para que corra el aire y vuelva la ilusión.

PRIMERA PARTE

300 DÍAS QUE CAMBIARON LA POLÍTICA ESPAÑOLA

TODO EMPEZÓ EN SOL...

La indignación contra la clase política se cocinó en la madrileña Puerta del Sol, a menos de diez minutos caminando en línea recta desde el Congreso de los Diputados. No hablamos de la primavera de 2011, sino de mucho antes, del inicio del verano de 2004. España intentaba asimilar el horror de las bombas del 11 de marzo, un atentado que había marcado las elecciones generales que se celebraron tres días después, profundizando la brecha entre los dos principales partidos políticos.

El Congreso arrancó, no sin dificultades, una comisión de investigación que debería haber ayudado a esclarecer los errores y desidias que favorecieron la masacre. Desde el primer momento se mostraron las debilidades de una comisión partida en dos, los diputados del Partido Popular dolidos por acusaciones demasiadas veces injustas y por haber perdido el Gobierno desde una mayoría absoluta que creían robusta. Enfrente el PSOE, todavía sin digerir el cúmulo de circunstancias que lo empujaron al poder, y el resto de los partidos ayudando a los socialistas a pasar factura a la pétrea figura de Aznar.

Con este telón de fondo era casi imposible que la comisión de investigación hiciese lo que le tocaba: investigar, profundizar, analizar. Enseguida se convirtió en el escenario de una batalla política que poco tenía que ver con el duelo de las familias de las 192 personas muertas en los atentados.

Esas víctimas se presentaron ante la puerta del Congreso para exigir que se les permitiese estar presentes en la comisión. Recogieron firmas —12.500— para apoyar su petición. Los papeles con sus nombres siguieron como tantas otras veces «el cauce reglamentario», el del olvido. Las normas de seguridad no permiten concentraciones en el perímetro más cercano al Congreso, así que las víctimas fueron desalojadas y se instalaron en la Puerta del Sol. Allí maduraron su indignación por la forma en que estaba trabajando la comisión de investigación, molestos por el tono de «ajuste de cuentas político» que dominaba aquellas reuniones.

No usaron pancartas, ni megáfonos, solo sentimientos. Cuando en sus últimos días de trabajo la comisión de investigación decidió convocar a los afectados, el grupo que había creado la Asociación de Víctimas del 11M se sentó a discutir cómo y qué diría ante los diputados. El periodista Aníbal Malvar, en su artículo del suplemento «Crónica»,[1] del diario El Mundo, describe al detalle cómo se cocinó aquel discurso que conmovió a España.

Recogiendo testimonios de unos y otros, fueron tejiendo un documento que Pilar Manjón, recién elegida presidenta de la asociación, leería ante sus señorías. Después del impacto provocado por sus palabras y por su persona, muchos acusarían a Manjón por haber sido dirigida desde organizaciones políticas de izquierda. El detallado relato de Aníbal Malvar lo desmiente de manera lúcida. Al menos en aquel momento, no hubo en las palabras de Manjón nada más que una explosión del dolor más grande del mundo, el de una madre que ha perdido un hijo y el de muchas otras familias amputadas por las bombas en los trenes.

El 15 de diciembre de 2004, aquella mujer con aspecto frágil, con dificultades para mantener un tono de voz audible sin perder la compostura, leyó su discurso durante una hora y 36 minutos. «Hoy hablamos, señorías, de cosas largamente meditadas.» Así arrancaban sus palabras cargadas de reproches hacia los políticos y la prensa, a quienes las víctimas acusaban, nada más y nada menos, de falta de sensibilidad ante el atentado más grave de nuestra historia. Hubo palabras duras: «Ustedes han hablado de circunloquios y periferias. Han hablado de ustedes. De nosotros, no. Esta comisión debía ser de toda la ciudadanía y ustedes se han apropiado de ella para hacer política de patio de colegio». Los diputados miraban atónitos, inmóviles, desconcertados.

Pilar Manjón los reprendió por no haberlos tenido en cuenta, por no haber hablado del sufrimiento que les produjeron los fallos de coordinación en las primeras horas tras el atentado. Les echó en cara que no les preocupasen sus problemas con el sistema público de salud. Se sentían desatendidos y perdidos en las listas de espera, mientras su angustia los devoraba por dentro. Se quejaron por la falta de pudor de los medios que mostraban una y otra vez los trenes destrozados con mantas cubriendo cuerpos, mientras ellos, desde sus casas, intentaban descubrir en aquellos bultos algún rasgo familiar. Lamentaron que no se respetara su intimidad porque constantemente recibían llamadas de organismos públicos y privados ofreciéndoles servicios, sin que nadie les hubiera pedido permiso para ceder sus datos.

Pilar Manjón riñó, sí, riñó a los diputados por empeñarse solo en saber qué había ocurrido entre el 11 —día del atentado— y el 14 de marzo —el de las elecciones—. Y les explicó lo más importante que había pasado en aquellas horas: que decenas de familias seguían buscando a los suyos, otros los enterraban y todos los lloraban.

El momento más duro de la comparecencia fue cuando la presidenta de la asociación lamentó el tono que había ido adquiriendo el debate, cada vez que alguno de los comparecientes alimentaba los argumentos de un bando o del otro. Un ambiente que ella comparó con el de «un partido de fútbol» y con la voz entrecortada preguntó a sus señorías: «¿De qué se reían, qué jaleaban?». Un silencio incómodo recorrió la sala.

Ni Pilar Manjón ni sus compañeros de duelo fueron capaces de medir el impacto que aquel discurso tendría en la sociedad y en la política. En las siguientes horas, las llamadas colapsaron el teléfono de la asociación y el móvil de su presidenta. Una de aquellas llamadas que tardó horas en atender era del Rey Juan Carlos.

Durante la hora y media de intervención pasó algo en aquella sala que en seis meses de discusiones en torno al drama del 11M todavía no había ocurrido. Casi todos los presentes lloramos. Por pena, por vergüenza o por no saber si —cada uno en su papel— había estado a la altura de las circunstancias.

En los grandes acontecimientos es donde se mide la grandeza de la política y del periodismo. No hay peor fracaso que la vergüenza. La sentimos en aquel mismo lugar tres semanas antes de escuchar a Manjón, con otro testimonio emocionante. Las palabras de un general de la Guardia Civil —Pedro Laguna— abrumado por el durísimo discurso del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, que indirectamente lo responsabilizaba de no haber evitado la masacre. El exjefe de la Guardia Civil de Asturias, donde se habían robado los explosivos que destruyeron los trenes, leyó entre lágrimas un texto defendiendo la tarea de sus agentes y abandonó la sala despacio, empequeñecido, sin poder contener las lágrimas.

Aquellas escenas, casi olvidadas, fueron un aviso de cómo la política y la calle hablaban y sentían distinto. La prioridad de aquella comisión de investigación no fue solo descubrir lo que había pasado para evitar así que volviese a ocurrir. No para todos. La rivalidad política, el ajuste de cuentas, condicionó la mayoría de las jornadas de trabajo que sirvieron para alimentar la bronca política.

La vida, la presión social y el dolor convirtieron a Pilar Manjón en una figura pública controvertida. Pero volver a escuchar aquel primer discurso completo es recuperar la larga lista de reclamaciones de un grupo de ciudadanos indignados. Los primeros. Luego vinieron otros con inquietudes menos irreversibles pero también dolorosas y otras voces, no tan quebradas, pero también reivindicativas.

Y EN SOL SE CONSOLIDÓ

Pasaron los años y el desgaste de la imagen pública continuó avanzando a paso lento. Las encuestas y los análisis indicaban que ocurría lo mismo en la mayoría de los países de nuestro entorno, hasta en Estados Unidos. Ninguna razón para inquietarse demasiado, hasta que con el nubarrón de la crisis empezó a arreciar el temporal.

El 15 de mayo de 2011 el movimiento de los indignados que se había ido fraguando a través de las redes ocupó las plazas en más de 50 ciudades españolas. En la Puerta del Sol, la protesta desembocó en una acampada que comenzó de forma espontánea y consiguió mucha más repercusión de la imaginada.

Cuatro días después el periódico The Washington Post dedicaba la parte principal de su portada a una fotografía de la concentración del 15M. El título: «Una primavera de frustración en España». En el texto comparaba el movimiento con la Primavera Árabe. El mundo observaba a España con curiosidad.

Los indignados siguieron acampados hasta el mes de agosto, cuando fueron desalojados aprovechando el despiste veraniego. Pero el movimiento ya había fraguado; se estaba organizando. Se había abierto un debate sobre la gestión de lo público, sobre el modelo político que reclamaba una parte de la ciudadanía. Fuera de la plaza continuaron las asambleas, debates y movilizaciones. Entre la masa de quienes protestaban sobresalieron las voces de quienes llevaban años rumiando un cambio en el enfoque político de la izquierda. Personas desencantadas con la trayectoria del PSOE o de IU, huérfanas de liderazgo.

En aquellas discusiones vibrantes se reclamaba una democracia más participativa, una división real de poderes y otras medidas para mejorar la calidad del sistema democrático. Ellos mismos se definían como un movimiento para «la repolitización de la ciudadanía». No querían menos política, querían más.

El epicentro de la protesta estaba a diez minutos a pie del Congreso y a otro tanto en dirección opuesta del Senado. Dentro de ambos edificios solo unos pocos se dieron por aludidos. Para muchos parlamentarios aquello era un movimiento pasajero que tenía más que ver con la crisis económica que con la participación política. Muy pocos se asomaron a la Puerta del Sol y los que lo hicieron fueron recibidos con gritos y abucheos. A algunos la información de lo que ocurría en la plaza les llegaba a través de conocidos o incluso de sus propios hijos. Es el caso de Gaspar Llamazares.

Uno de aquellos días de la acampada, el entonces presidente del Congreso, José Bono, salió de su despacho para visitar a uno de sus hijos en su casa. El camino más corto lo obligaba a cruzar la Puerta del Sol. Los escoltas le recomendaron que diese un rodeo pero él siguió caminando en línea recta. Cuenta Bono que un grupo de concentrados empezó a increparle y él se acercó. «Os escucho si después me escucháis a mí», les dijo. Aguantó un rato el chaparrón pero el debate no avanzaba. Imposible ponerse de acuerdo porque ninguno aceptaba el papel del otro.

En un momento determinado Bono le preguntó a su interlocutor: «¿Reconoces que yo te represento constitucionalmente?». La respuesta fue tajante: «No». El presidente del Congreso dio por terminada la discusión con esta frase: «Entonces me alegro de no representaros porque hacéis lo mismo que los enemigos de la Constitución. No concibo una protesta con megáfonos y tiendas de campaña. Eso es lo que hizo Tejero: acampar en el Congreso».

Así de abrupta era la distancia entre los que increpaban y los increpados. Lo más doloroso para los parlamentarios era escuchar aquel grito: «No nos representan». Ellos estaban allí después de cumplir escrupulosamente las reglas de la elección de representantes. Pero en la calle no se cuestionaba el sistema que les había permitido conseguir el escaño. Se ponía en duda si los valores que se defendían desde esos asientos eran los acertados. Unos hablaban con la ley en la mano y otros con la espalda vencida por la rabia.

A pesar de su fracasada experiencia sobre el terreno, Bono volvió al Congreso e hizo una reflexión con algunos compañeros. «Me han dicho que constitucionalmente no les representamos pero el problema es que socialmente, tampoco. O lo arreglamos o ganará el que más pueda.» Bono intentaba advertir sobre la magnitud de la herida. Aquello no era un problema de derechas o izquierdas. Los de fuera y los de dentro veían de forma muy distinta la sociedad. Años después, al recordar aquellos momentos, ya alejado de la política, José Bono dejaba escapar un lamento: «El Congreso no ha cambiado nada desde entonces».

Por primera vez en mucho tiempo las protestas no eran de nadie. Ni PP ni PSOE podían atribuirse la movilización de la gente, ni su defensa. Al principio le tocó roer el hueso a Rubalcaba como ministro de Interior. Tuvo que contener las iras y evitar excesos precisamente cuando la legislatura de Zapatero entraba en declive.

Cuenta el expresidente del Congreso que en aquellos días recibió una alerta del CNI: el movimiento del 15M planeaba asaltar el Congreso, llegar hasta el hemiciclo. Lo peor para Bono no era que entraran si no cómo desalojarlos. Una noche estando en su casa de Toledo recibió una llamada del comisario del Congreso, le avisaba de que los manifestantes estaban a 200 metros. Bono volvió a su despacho y, sin encender la luz para no alertar de su presencia, acordó con Rubalcaba una actuación contundente para desalojarlos. Lo que hiciera falta sin llegar a provocar heridos. Mantiene que en aquella protesta había muchos con perfil violento que no tenían nada que ver con el 15M.

A pocas semanas de que se disolvieran las Cortes se produjo otro momento delicado. Zapatero pactó con Rajoy la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. Para el presidente era un gesto necesario para calmar la inquietud de Europa ante la caída en picado de la economía española. España se comprometía en la máxima ley a no exceder su límite de gasto. Pero la calle lo interpretó de forma bien diferente: el bipartidismo había puesto las prioridades de Angela Merkel por encima de las necesidades de la sociedad española.

Tres meses después de aquel acuerdo in extremis, con un notable clima de tensión en la calle, se celebraron las elecciones el 20 de noviembre de 2011. Rajoy se convirtió en el presidente del Gobierno al que una mayoría indiscutible le había encargado pilotar la salida de la crisis.

Nada mejoró el ambiente, más bien lo contrario. Con el nuevo año llegó la política de recortes del Gobierno del PP. Cada vez que se anunciaba un ajuste, el Congreso se blindaba para recibir una nueva movilización de los indignados. Así transcurrieron los seis primeros meses de legislatura popular. La protección de los edificios públicos se iba reforzando poco a poco hasta que llegó el verano y el Congreso se rodeó de vallas. No eran las verjas amarillas habituales en los edificios oficiales. Estas eran más altas y tupidas, muy parecidas a los somieres de los dormitorios antiguos.

El ambiente estaba ya muy enrarecido cuando el nuevo Gobierno anunció recortes para los funcionarios: menos días libres y sin paga de Navidad hasta nuevo aviso. Los trabajadores de la Administración respondieron con una importante manifestación de protesta y se produjeron escenas desconcertantes. Policías en los dos bandos, unos protegiendo el Congreso y otros acosándolo con pancartas. Junto a ellos, bomberos, sanitarios y otros muchos trabajadores de la función pública...

Los «somieres» llegaron para quedarse, a ratos desplegados, a ratos apilados y atados con candados. Alguien con mando había tomado la decisión de que había que asegurar la institución frente a las iras de la calle. Las vallas ayudaban a la policía en su tarea de contención de las protestas, pero también contribuían a subrayar esa imagen de aislamiento del Parlamento.

La manifestación que se celebró el 25 de septiembre de 2012 estaba autorizada, aunque con el compromiso de no moverse de la cercana plaza de Neptuno, a unos metros de la fachada de los leones. Comenzó de forma pacífica hasta que pasó la hora de los telediarios. Entonces se iniciaron las cargas policiales. Las fuerzas de seguridad querían recuperar la calma antes de que anocheciese del todo, pero las cosas se complicaron en el entorno de la estación de Atocha. Balance: 34 detenidos y 64 heridos; 27 de ellos policías.

La respuesta a la actuación policial fue convocar nuevas movilizaciones para los días posteriores. El Congreso siguió reforzando la línea de vallas. Ya no se podía circular por los alrededores sin enseñar la documentación. Las furgonetas policiales se instalaron día y noche frente a los leones. Para entonces, ser diputado ya no solo era una profesión desprestigiada; podía resultar incluso peligrosa. A pesar de ello siempre había algún intrépido. Un reportero de televisión grabó el momento en que un parlamentario apartaba una valla para cruzar por el lugar donde se concentraba una multitud vociferando. El policía intentó disuadirlo pero venció la chulería: «Paso por aquí porque me sale de los cojones, ¡solo faltaría!».

Hay que decir que aquella imagen no se emitió y no porque hubiera una orden que lo prohibiese. Fue por la preocupación de un periodista que no encontraba sentido a seguir alimentado la hoguera.

Eran días largos, en algunos momentos apasionantes pero en otros difíciles. Las protestas se solían convocar a última hora de la tarde. Nos pillaban entrando en directo en los informativos de las 21 horas. Teníamos dificultades para narrar lo que estaba ocurriendo porque las manifestaciones eran contenidas a doscientos metros de nuestras posiciones. Tampoco ayudaba el ruido ensordecedor de los helicópteros de la policía sobrevolando la zona.

Las fuerzas de seguridad seguían aquellos movimientos a través de las redes sociales, con «escuchas» que le permitían saber por dónde se acercaban los manifestantes. Hubo que reforzar la zona con unidades policiales llegadas desde toda España. Unos y otros pasamos muchas horas en la acera de la carrera de San Jerónimo expectantes, sin saber cómo iba a acabar la noche.

La tensión duró meses y las vallas, años. Cuando volvía la calma, se replegaban en alguna esquina de las calles adyacentes bien colocaditas y amarradas con cadenas, por si alguien tenía tentaciones de «apañárselas» para su dormitorio. Si el termómetro de las redes sociales subía de temperatura, se volvían a desplegar. Durante una de aquellas manifestaciones, la página de Facebook del movimiento Ocupa el Congreso difundía este mensaje: «Han tirado las vallas y empiezan las cargas policiales. Unos tiran vallas y otros tiran a personas».

Ese tipo de frases «volaban» a través de las redes sociales. El movimiento de los indignados había sumado muchas simpatías también entre los que no salieron a la calle. Con la acampada en marcha en la Puerta del Sol el diario El País encargó un estudio a Metroscopia que reflejó el apoyo mayoritario de la sociedad. El 66 % creía que los indignados tenían «básicamente razón» y el 90 % reclamaba cambios en el funcionamiento de los partidos.[2] En aquellos meses, otra encuesta realizada por Ipsos aportó un resultado muy similar.

El sociólogo Manuel Castells, estudioso de estos movimientos desde sus orígenes y autor del libro Redes de indignación y esperanza, explica con tres factores el éxito de la protesta:

•    la crisis económica;

•    la percepción de que el sistema estaba siendo incapaz de resolver los problemas provocados por la crisis y;

•    la sensación de que los políticos estaban fracasando en su trabajo mientras seguían viviendo del dinero público.

Además, Castells añade otro elemento que define como «la arrogancia del bipartidismo». Mantiene que la actitud durante décadas de los dos grandes partidos es la que ha permitido construir nuevos liderazgos extraparlamentarios. Algo inimaginable muy pocos años antes de eso que se llegó a llamar Spanish Revolution.

De forma excepcional, algunas reclamaciones de los indignados llegaron al Parlamento. Los manifestantes elaboraron una lista de propuestas que querían llevar al Congreso. Para superar los controles, vistieron de domingo a cuatro jóvenes que subieron la carrera de San Jerónimo asegurando ante la policía que se dirigían al hotel Palace. Así llegaron hasta la misma verja de los leones y consiguieron entrar sin ninguna dificultad. Ellos mismos explicaron que se habían sentido bien tratados, que les habían facilitado el acceso al Registro, el lugar donde se oficializan los documentos.

Las peticiones de los indignados resumían lo recogido en ciudades y pueblos. Había peticiones de lo más variopintas pero también razonables. Denunciaban que en un pueblo de Segovia se había construido una Casa de la Juventud pero que llevaba dos años sin ninguna actividad. O mucho peor, en Castellón había pasado lo mismo con un aeropuerto de coste millonario. Los habitantes de Moratalla, en Murcia, se quejaban de que un ayuntamiento de 8.000 habitantes arrastraba una deuda de 28 millones de euros. Allí estaba también el drama de muchos agricultores que cobraban por sus productos bastante menos de lo que les había costado cosecharlos. O las dificultades para llegar a una farmacia de guardia, un hospital o una escuela. Eran preocupaciones comunes, de las que se comentaban en los bares y con difícil solución para un Estado que rozaba la bancarrota.

Gaspar Llamazares se comprometió a trasladar aquellas peticiones de los concentrados en Sol al presidente del Gobierno. Se reunió con ellos en una cafetería y horas después entregó los papeles a Rajoy.

Esquerra Republicana pidió que se crease un grupo de trabajo para estudiar las propuestas de los indignados, pero al final tuvo que dar marcha atrás y hacer planteamientos más difusos: buscar fórmulas para profundizar en la democracia, la participación política, la transparencia y el control de las instituciones.

Sin embargo, algunas de las leyes puestas en marcha en los siguientes meses intentaron recoger ese espíritu. La ley de Transparencia, las reformas que buscaban racionalizar los gastos y combatir la duplicidad de funciones en las administraciones públicas y la que estableció que los condenados por corrupción tendrían que devolver el dinero público sustraído. Eran reformas que intentaban recuperar la confianza aunque solo desde el centro derecha lo interpretaron así.

Otras reclamaciones reiteradas una y otra vez en la calle seguían sin encontrar respuesta en el Congreso. Los indignados exigían una solución para los ciudadanos que estaban perdiendo sus viviendas por no poder afrontar las hipotecas. Las plataformas antidesahucios habían ido ganando un espacio notable en las movilizaciones sociales y destacaba el protagonismo de una joven activista de Barcelona llamada Ada Colau. Ella puso voz a la organización que entregó cientos de miles de firmas en el Congreso para reclamar un cambio en la ley. Nos llamó la atención su habilidad para trasladar mensajes claros y directos.

Las plataformas unieron fuerzas con sindicatos y otros organizadores sociales y llegaron casi a triplicar el medio de millón de firmas necesario para que el Congreso tome en consideración una ley propuesta por el pueblo, una Iniciativa Legislativa Popular. El PP, que tenía en marcha su propia ley, se resistió hasta el último minuto a permitir que la que llegaba desde la calle fuera tramitada. Pero era tal el clamor social que en el último minuto unió su voto a favor al del resto de la Cámara.

En la tribuna se sucedían los discursos, en la calle los gritos de los manifestantes, en los escaños proliferaban camisetas naranjas con la frase «Stop desahucios» y en la tribuna, la policía desalojaba a Ada Colau y a otros activistas por sus protestas. En esas horas de tensión llegó desde Mallorca la peor noticia: un matrimonio se había quitado la vida horas después de recibir el aviso de desahucio.

Dos meses después de aquella jornada, el Gobierno de Rajoy decidió fusionar la iniciativa popular en trámite con el proyecto de ley del Gobierno. Un solo texto que se dejaba por el camino las principales reivindicaciones de las plataformas. Los promotores de la propuesta popular, que había llegado avalada por más de 1.400.000 firmas, decidieron retirarla como protesta. Otra evidencia de la distancia entre la calle y el Parlamento.

Años después, Gaspar Llamazares ya desde Asturias, su nuevo destino político, lamentaba que no se hubieran afrontado entonces los cambios que se reclamaban desde fuera. Cree que solo se tocó «la superficie de la representación y no las bases donde se asienta». La tarea pendiente era hacer reformas profundas, esas que necesitan el debate y el pacto entre distintas fuerzas políticas y eso en la primera legislatura de Rajoy, con mayoría absoluta, no era posible.

DE SOL AL PARLAMENTO: LLEGA EL CAMBIO

Las elecciones del 20 de diciembre de 2015 trajeron cambios e incertidumbre. El PP volvió a ganar pero con 123 escaños, se había dejado por el camino 63. El PSOE perdió 20 y quedó como segunda fuerza con 90. Irrumpieron dos nuevos partidos. Podemos ocupó el tercer lugar, con 69 escaños, y Ciudadanos, el cuarto, con 40.

Hacía varios meses que los encuestadores y analistas políticos observaban con curiosidad la formación liderada por Pablo Iglesias. Ninguno había sido capaz de calcular su fuerza cuando, en mayo de 2014, irrumpió en las elecciones europeas consiguiendo más de un millón de votos y cinco eurodiputados. Ciudadanos también había dado un aviso en los comicios catalanes del mes de septiembre. A tres meses de las generales se había situado como el segundo partido en Cataluña, atrapando el voto anti independentista.

Las elecciones de diciembre enfrentaron al Parlamento a su mayor reto en décadas. No había mayorías claras para formar un Gobierno que dirigiese una sociedad dividida y gestionase la salida de la crisis económica. La suma de escaños no era suficiente ni por la derecha ni por la izquierda. Era necesario pactar, pero ¿quiénes? Los que ideológicamente podían tener más coincidencias a uno u otro lado no se conocían lo sufuciente y además se miraban con recelo. Para los viejos partidos los recién llegados eran unos advenedizos que les habían «robado» sus votos. La política española llevaba mucho tiempo avanzando sin necesidad de pactos. Habíamos perdido esa costumbre y esa cultura.

Así arrancamos una legislatura repleta de «primeras veces», es decir, con tantas situaciones «sin precedentes» que una y otra vez tuvimos que bucear en las leyes y en la historia para que nos ayudasen a entender y explicar lo que estaba pasando. De casi todo era la primera vez.

Nada más volver al Parlamento, después del parón navideño, llegaron las primeras señales del cambio. El paisaje humano era distinto. Se complicaba la tarea de diferenciar a los diputados del resto de los individuos que ya circulaban por los pasillos. Para empezar había desaparecido el elemento traje y corbata como distintivo de político masculino, y el blazer y tacones para el femenino.

Aquellas elecciones produjeron una renovación de la Cámara superior a las anteriores. Más del 60 % de los diputados iban a estrenar escaño. También había cambiado el perfil. La media de edad, que no había dejado de aumentar desde la Transición, bajó de los cincuenta. Creció la presencia de mujeres y, en contra de lo que se cree, el número de licenciados universitarios aumentó. Fue mayor que nunca antes.

Al mismo tiempo se alteró también lo que los politólogos llaman «la tasa de mortalidad parlamentaria». Hasta entonces en cada legislatura se había renovado en torno a la mitad de la Cámara, aunque entre los que repetían se mantenía el grupo de los históricos. Esta vez ni Alfonso Guerra, Gaspar Llamazares, Vicente Martínez-Pujalte, Josep Antoni Duran i Lleida o el peneuvista Emilio Olabarría, entre otros, volvieron a sentarse en el hemiciclo. Algunos tomaron la decisión conscientes de que llegaba un tiempo político distinto; a otros esa nueva etapa se los llevó por delante.

Los pasillos se llenaron de caras nuevas con ilusión, pero también con el desconcierto de quien deja atrás su día a día sin saber muy bien a lo que se enfrenta. Hasta entonces habían trabajado en universidades y escuelas, en empresas o despachos de abogados. Otros estudiaban o buscaban un primer empleo. Los periodistas los esperábamos expectantes.

En los primeros días de cada legislatura, a las puertas de la sala de acreditaciones, hay un ambiente peculiar. Sensación de vuelta al cole. Siempre hay expectación por ver a los que se estrenan, pero nunca como entonces. Los líderes querían aprovechar el tirón mediático y organizaban sus aterrizajes para garantizarse la atención en exclusiva. El peregrinaje por cada sala se hacía en medio de una nube de cámaras y fotógrafos. «Firme usted estas hojas..., rellene estos formularios..., allí recoge un documento..., lo entrega en el otro mostrador... y ¡no se olvide del retrato!» El periplo burocrático terminaba ante la fotógrafa del Congreso, Verónica, intentando destensar el gesto de sus nuevas señorías en medio de aquel jaleo.

Caras poco conocidas también esta vez en el gremio de informadores. Muchos periodistas habían empezado a seguir los movimientos de los nuevos partidos. Pronto los «podemólogos» y los «ciudadanólogos» se integraron entre los demás periodistas parlamentarios. También ellos eran algo más jóvenes que la media de los profesionales y seguían a los partidos emergentes con el entusiasmo propio de lo que empieza. No era fácil. Las nuevas formaciones apenas tenían recorrido y por tanto no había historia que ayudase a interpretar sus movimientos. La estaban empezando a escribir.

Los nuevos líderes comenzaron pronto a marcar sus reglas. Las redes sociales se confirmaban como elemento clave en la comunicación política también en el Parlamento.

Si para los que conocíamos el terreno era interesante ver cómo arrancaba aquella etapa, mucho más especial debía de serlo para sus protagonistas. Íñigo Errejón fue de los primeros en completar los trámites como diputado. En su muro de Facebook describió la experiencia:

Ayer fui al Congreso a recoger mi acta como diputado electo. Mucha prensa expectante, muchos pasillos, muchos papeles, mucha información, mucho procedimiento para los equilibrios congelados.

Es inevitable que en un día así resuenen muchas cosas. Yo me acordé de lo difícil que nos resultaba acercarnos a la carrera de San Jerónimo, de las vallas y los escudos, de los megáfonos y los brazos y los cordones atados. De la brecha que se fue agrandando entre el país real y el país oficial...

Como Errejón, todos fueron tramitando su acta en la sala de acreditaciones, detallando entre otras cosas sus propiedades, ahorro y actividad profesional que querían compatibilizar con el escaño.

Tras el papeleo recibían una cartera con un reglamento y algún que otro documento. El que se ocupó de la organización no debía de tener mucha fe en la duración de aquella legislatura porque encargó unas carteras de bajo coste y aspecto endeble.

A pesar de su dudosa calidad fueron una de las cosas que más llamaron la atención de Pablo Iglesias en su primer día. Incluso siendo low cost las carteras seguían simbolizando para él los privilegios de los políticos que había venido a erradicar. Los periodistas lo perseguíamos intentando encontrar alguna pista sobre la salida de aquel laberinto político, pero lo único que conseguimos fue este anuncio: «Dentro de cuatro años cambiaremos las carteras por mochilas». No nos dimos por vencidos, seguimos rodeándolo de micrófonos hasta la calle y ya en el último segundo, cuando se estaba metiendo en el coche, nos dejó una línea para construir la crónica del día. Su objetivo era impedir un nuevo Gobierno del PP.

Pablo Iglesias fue el que más carreras y codazos entre los informadores provocó en esos días. No era simplemente el líder de la tercera fuerza del Parlamento. Su ascenso no tenía precedentes, en poco más de un año había pasado de ser un desconocido a una figura central de la vida política. Iglesias generaba expectación entre todos, incluidos los funcionarios. Era el más observado, temido por unos e idealizado por otros, pero nadie se mostraba indiferente.

Aquel día empezamos a conocer la maquinaria política que movía Podemos. Era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Al líder lo rodeaba un equipo amplio y organizado. Asesores políticos, de comunicación y de redes. Ellos marcaban las reglas y los tiempos, algo que chocaba con ese pequeño caos en el que estábamos acostumbrados a vivir periodistas y políticos en el día a día parlamentario. En cualquier pasillo y en cualquier momento, un periodista podía acercarse a un diputado con su micrófono y casi siempre conseguía una respuesta. Con Pablo Iglesias no fue así. Al menos en el primer intento.

Solo un mes antes el líder de Podemos había visitado el Congreso invitado por un programa de radio que se emitía desde la Cámara por el aniversario de la Constitución. También asistió el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Era el día en el que las puertas de las cámaras se abren para que las visiten los ciudadanos. Faltaban un par de semanas para las elecciones y el afecto con el que la gente saludaba a uno o a otro de los nuevos líderes anunciaba que algo iba a pasar.

También el primer encontronazo que Iglesias tuvo en el hemiciclo anticipó la tensión de los debates que estaban por llegar. Celia Villalobos ya estaba interviniendo ante el micrófono. La diputada del PP, consciente de la expectación, quiso ser la primera en dar la bienvenida a Iglesias. Entre el saludo y el debate no transcurrieron ni diez segundos:

Villalobos: Bienvenido a la realidad.

Iglesias: Yo creo que la realidad está más fuera de este Parlamento que dentro...

V.: Ya verás cuando estés... Los políticos estamos en la realidad y la tocamos todos los días. Yo tengo muchos años de experiencia y una mochila importante. Eso es lo que nos diferencia. Ya verás cuando estés aquí como estamos de acuerdo en muchas cosas...

I.: Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar en este país y el día 20 van a hacerlo... Hay algo muy importante en política: escuchar. Algunos de vosotros hace tiempo que dejasteis de escuchar y en democracia es muy importante.

El moderador del programa no daba crédito. No había presentado a su nuevo invitado y ya tenía el show en marcha. Sobre todo en cuanto salió la palabra mágica, «corrupción».

V.: Te voy a decir una cosa, Pablo, decir que la política tiene mucha corrupción me parece...

I.: La política no, vuestro partido.

V.: Mi partido es muy grande. Tiene poder en muchos sitios y somos un fiel reflejo de esta sociedad... Este partido tiene cientos de militantes y cargos. La mayoría somos personas muy honestas. Yo he sido alcaldesa y ministra y me ofendes cuando dices que mi partido está lleno de corrupción... Hemos tenido casos importantes que a quien más nos jode es a nosotros. Por lo tanto, lo único que te pido es que tengas cuidado con ese tema porque a lo mejor en algún sitio donde gobierna alguno de los tuyos te encuentras con alguien que lo ha hecho y yo no te acusaré a ti.

Celia Villalobos, consciente de que aquello había dejado de ser una charla amable, intentaba rebajar el tono pero no acertaba.

V.: Mira allí arriba. (Señala.) Hay un bar de diputados. Espero que nos podamos tomar muchos cafés tú y yo.

I.: ¿Con esos gin-tonics a 2 euros que costaban? Yo igual prefiero tomármelo fuera.

V.: ¡No! ¡Aquí no tomamos gin-tonics, tomamos café!

I.: Decís que aquí hay lo mismo que hay fuera y no es así.

V.: Ay, Pablo, Pablo, cuando estés aquí dentro...

I.: Escucha un poco, Celia, que no pasa nada por escuchar. Nosotros las cosas las decimos a la cara y cuando alguien dice que la corrupción en el PP es como la sociedad española, nosotros decimos que no. La sociedad española es decente y honesta. Ya seguiremos debatiendo.

V.: No, perdona, cariño, yo lo que digo es que en todos los ámbitos de la sociedad hay personas que son corruptas.

I.: ¡No como en la política, Celia!

V.: Si tú pretendes ser presidente del Gobierno, deja la demagogia en la calle, por favor.

I.: De demagogia sabéis vosotros bastante.

Por fin el presentador recuperó la batuta. Aquel espontáneo debate ocupó todas las portadas de los informativos y cada parte recogió sus beneficios. Los seguidores de Podemos celebraron ver a su líder en acción frente a lo que ellos llamaban «la casta». Pero en el PP agradecieron el coraje de Villalobos. Su forma de defender las siglas avivó la campaña electoral.

DE LA MESA DEL CONGRESO AL GALLINERO

El aterrizaje de los recién llegados trajo muchos cambios. Había que negociar muchas cosas, algunas urgentes, como el espacio que debían ocupar los nuevos partidos. Hasta entonces eso no había supuesto un gran problema. El que perdía las elecciones cedía algunos despachos al que las había ganado. Era un pequeño apaño que PP y PSOE resolvían sin mayor ruido en los primeros días.

Solo habían tenido un conflicto en 2004, después de que se rehabilitaran los nuevos edificios que el Congreso había comprado al Banco Exterior de España. Entonces el PP remató la operación y el reparto convencido de que Aznar volvería a gobernar una tercera legislatura. El negociador fue el portavoz popular Eduardo Zaplana, que adjudicó al partido del Gobierno las dos primeras plantas de la antigua sede del banco. Eran las plantas nobles, donde estaban los grandes despachos y las salas de juntas decoradas con maderas nobles y artesonados. Pero en las elecciones de marzo de 2004 hubo sorpresa. Zaplana pidió entonces revisar el acuerdo. Ya no le parecía bien que el partido de la oposición se quedase con las plantas tercera y cuarta.

Así funcionaba hasta que llegaron los nuevos partidos. Entre los dos grandes y el resto de los pequeños se repartían los despachos, pero ahora había que redistribuir el espacio y hacer hueco para los recién llegados, nada menos que la tercera y cuarta fuerza del hemiciclo.

Además, planteaban necesidades distintas. En Podemos no querían tantos despachos, preferían salas de reuniones y que sus diputados compartiesen espacio. Les sobraban muebles y tabiques. El árbitro de aquel cambalache era precisamente Villalobos, porque esas funciones organizativas son tarea del vicepresidente del Congreso y ella estaba a punto de repetir.

La formación de Pablo Iglesias se quedó con la tercera planta del edificio anexo al Palacio, el mismo en el que se ubican las salas de comisiones, la prensa, el comedor y los despachos de otras formaciones. Los ujieres asistían entre sorprendidos y divertidos a los movimientos de los morados. Algunas reuniones se celebraban directamente en los pasillos de la planta, a las puertas de los despachos, con todos los diputados sentados en el suelo de los pasillos. Seguían ya en el Parlamento fieles al estilo de las asambleas que los habían visto crecer.

Para los funcionarios lo más complicado fue poner orden entre tanta espontaneidad. Lo peor estaba en la planta baja de ese mismo edificio. En esos días se había trasladado la oficina del Registro a una sala situada en el hall. La idea es que fuera más accesible pero nadie imaginó el trajín que estaba por llegar. El Registro es un lugar clave en la actividad parlamentaria. Es allí donde se certifica la entrada de cualquier nuevo documento o iniciativa que llegue desde un partido, organización social o institución. El Registro da fe del trabajo de los diputados, incluso de su renuncia. Casi nada de lo que estos hagan tiene validez sin su sello.

La puerta de aquella oficina empezó a ser testigo enseguida de un movimiento similar al de la boca de metro de la Puerta del Sol. Fue el escenario de la desbordante iniciativa política con la que quisieron estrenarse los nuevos y de las propuestas con las que los viejos intentaron contrarrestar.

Los diputados no completan su condición de parlamentarios hasta que no juran o prometen la Constitución. Esta vez lo hicieron el 13 de enero. Esa misma la tarde ya estaba Podemos registrando su ley de emergencia social y 24 horas después, el PSOE contraatacaba con 17 propuestas de reformas también en el terreno de los social. Algo parecido ocurrió con la iniciativa de Ciudadanos sobre la unidad de España. Las señales de alerta del PP se activaron y en pocas horas pusieron a punto un texto alternativo con contenido similar.

Era tal la cantidad de convocatorias y la consiguiente aglomeración de periodistas, cámaras y diputados, que el amplio hall pronto quedó desbordado. La alarma del arco de seguridad de la puerta no dejaba de pitar con tanto objeto metálico invadiendo su zona de control.

Cada día tenía su afán y su show. Carreras por los pasillos para registrar el nombre de los nuevos grupos parlamentarios, ruedas de prensa en todas las esquinas. Para muchos era la primera vez que se enfrentaban a la prensa y eso se tradujo en comparecencias bastante caóticas, con unos portavoces contraprogramando a otros —incluso dentro del mismo partido— y peroratas interminables que dejaban el titular para el final. Una forma de trabajar que irrumpía en la rutina parlamentaria, donde las cosas solían suceder como se había previsto.

Hasta entonces sabíamos que habitualmente los lunes y viernes eran días de sequía informativa, con los pasillos desiertos. La actividad se concentraba en los días centrales de la semana, con las sesiones de martes, miércoles y jueves. El día más interesante siempre había sido el miércoles, porque es cuando tiene lugar el control al Gobierno. Pero aunque el resto de las sesiones no provocasen siempre interés, el otro foco de atención, el pasillo, garantizaba la actividad informativa.

Una legislatura tras otra la actividad parlamentaria se ha repetido sin grandes variaciones. Los partidos siempre han dejado claras sus posturas antes de empezar los debates y el resultado de las votaciones podía anticiparse horas antes de que tuviesen lugar. La única excepción son los gobiernos sin mayoría absoluta. En ese caso la sorpresa puede llegar en el último minuto. Solo tras el recuento de las luces verdes, rojas y amarillas se sabrá si el Gobierno ha salvado los muebles o ha sido derrotado. Pero, en 2015, aquella nueva realidad parlamentaria demostró que aquel guion se estaba quedando viejo. Cualquier pequeña negociación podía provocar un titular.

La primera prueba llegó a la hora de discutir la composición de la Mesa del Congreso. Es el órgano de gobierno interno, el que organiza la vida parlamentaria y ejerce como primer filtro sobre lo que se puede o no debatir en el Pleno. En las anteriores legislaturas la negociación para repartirse las sillas se resolvía pronto. Casi siempre la mayoría absoluta marcaba la pauta: el primer partido se reservaba la presidencia y los suficientes puestos para garantizar el control de la Mesa.

Pero esta vez, con un hemiciclo tan fragmentado, la distribución de esos puestos podía ser determinante. Había que decidir quién sería el presidente, los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios. Ponerse de acuerdo se convirtió en una tarea casi imposible. Solo había un punto de coincidencia: la mayoría de los grupos querían aislar al PP, así que por primera vez se abría la puerta a que la presidencia no recayese en el partido más votado. Además, los populares no parecían dispuestos a resistirse demasiado. Aspiraban a repetir en el Gobierno y para conseguirlo, la silla del presidente del Congreso podía ser una moneda de cambio. Sin la resistencia del PP y con el apoyo de Ciudadanos, Patxi López, el exlehendakari y hasta entonces único gobernante autonómico elegido gracias a un pacto PP-PSOE, se convirtió en el presidente del Congreso. Desde el principio un presidente frágil porque tanto políticos como funcionarios tenían claras las condiciones en las que había llegado.

Las alianzas para distribuir los espacios en el hemiciclo fueron otras. Ahora eran PSOE, PP y Ciudadanos los que intentaban dejar al margen a Podemos. Por primera vez en años había que sentarse a hacer un nuevo diseño. Ya no había dos partidos grandes en los laterales y un puñado de pequeños en el centro. Dos nuevas formaciones con peso necesitaban ser ubicadas. Todos tenían que ceder algo de su ubicación histórica pero sobre todo era al PSOE al que le tocaba moverse, porque había perdido un número importante de escaños.

Hasta entonces unas reglas no escritas determinaban que de las tres partes en las que se dividía el hemiciclo, el PP se quedaba con la derecha y los socialistas con la izquierda, compartida con IU. En el centro los primeros asientos eran para los nacionalistas y los de atrás para los partidos del grupo mixto. En Podemos no tenían dudas de que al PSOE le tocaba arrimarse y ceder parte de sus primeras filas pero el resultado de las conversaciones entre los demás partidos fue otro. Les dejaron las filas traseras, esas que en Podemos calificaron rápidamente como el «gallinero».

En las horas posteriores a que conociéramos el nuevo diseño todos jugaron al despiste excepto Podemos, que no dejaba de denunciar su situación. Los socialistas, que habían tirado la piedra, escondieron la mano y trataron de justificar lo ocurrido como el resultado de la casualidad. Atribuyeron la decisión a la vicepresidencia primera, puesto que Celia Villalobos había renovado, ya que a ella correspondían esas cuestiones técnicas. Pero Villalobos vio llegar la maniobra y se defendió. Mientras, Errejón como responsable de la organización del grupo parlamentario de Podemos se daba su primera ducha de agua fría. Así funcionaban las cosas.

La ubicación de Podemos provocó una tormenta informativa que llevó a los demás partidos a replantearse la situación. El PSOE aceptó ceder algunos puestos en la parte izquierda de su primera fila y el partido de Iglesias terminó teniendo una visibilidad más acorde con su peso en escaños. Pablo Iglesias pudo sentarse en la misma línea que Pedro Sánchez, cada uno en un extremo.

Todas aquellas tensiones formaban parte de los movimientos necesarios para poner en marcha la maquinaria y arrancar de verdad la legislatura. La tarea se estaba complicando, especialmente para Podemos, empeñado en llevar a término algo que había prometido en campaña. Querían tener cuatro grupos parlamentarios, uno para los de Pablo Iglesias y otro por cada una de las tres fuerzas con las que se habían presentado conjuntamente en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana. En los mítines habían defendido que su alianza con Podemos no les impediría mantener su personalidad en el Parlamento, que mantendrían su propia voz en un grupo parlamentario propio. Pero con el reglamento en la mano, esa pretensión era casi imposible. Se les aplicó el artículo que determina que los partidos que no han competido en las urnas no pueden estar en grupos diferentes.

Podemos y sus confluencias mantuvieron la reivindicación hasta el final pero no encontraron ni un solo aliado. A nadie le interesaba que tuviesen cuatro portavoces distintos y multiplicasen también por cuatro las subvenciones, despachos, asesores... Quien más tenía que perder era el PSOE. No podía enfrentarse a que en cada debate de Pleno o comisión, a su portavoz le sucediesen otros cuatro que desde la izquierda criticara sus argumentos. Podemos y sus confluencias se quedaron con un solo grupo y repartieron espacios, tiempos y dinero. Aquellos primeros pulsos entre socialistas y «morados» sirvieron para medir fuerzas y constatar sus diferencias. Un presagio de lo que vendría después.

SESIÓN DE INVESTIDURA CON BEBÉ EN LOS ESCAÑOS

Cada legislatura arranca con una indiscreción. Hay que localizar al que más años cumple en el hemiciclo. Un día antes de la sesión constitutiva se dan a conocer los nombres de los miembros de la mesa de edad. El diputado mayor y los dos más jóvenes son los encargados de presidir el Pleno y dirigir la votación en la que se elige al presidente y resto de los miembros de la nueva Mesa. Es el primer acto formal de la legislatura.

En las horas previas a aquel 13 de enero de 2016, todos buscábamos en la lista de diputados el nombre del más veterano. Los más jóvenes no eran difíciles de localizar porque sus propios partidos solían presumir de ello. Todo apuntaba a que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo nacido en 1944, era el decano. Pero llegado el momento el ministro insinuó que otra compañera de partido le llevaba ventaja y así es como la mesa de edad puso en evidencia que a la diputada Teresa de Lara se le habían «perdido» dos años al rellenar la ficha con sus datos biográficos. El error persiste aún en los documentos de la página web del Partido Popular. A su fecha de nacimiento le bailan un par de años.

No era el único cotilleo que circulaba por el Patio del Congreso en las horas previas a la sesión constituyente. También hacíamos apuestas sobre si veríamos por primera vez un bebé entre los escaños. A esas alturas, el pequeño Diego ya era muy conocido. El hijo de la diputada Carolina Bescansa había acompañado a su madre a todas las negociaciones previas al arranque de la legislatura. Con cinco meses seguía siendo lactante y además se alimentaba a demanda, de tal modo que pasaba el día pegado a su madre.

En aquel primer día de Pleno, Bescansa llegó empujando el carrito y Diego pasó la mañana compartiendo escaño con su madre. Desde todos los rincones del hemiciclo se estiraban cuellos para contemplar la escena. Terminó siendo uno de los grandes titulares de la jornada. La sesión duró cinco horas y casi todo el tiempo el bebé estuvo en brazos de su madre: comía, dormía y se entretenía con sus coloridos juguetes que ocupaban el pupitre de Bescansa y parte de los de sus vecinos Iglesias y Errejón. El pequeño se comportó mejor que muchos adultos. No lo oímos llorar ni siquiera cuando lo cogió en brazos Errejón con la torpeza propia de la falta de experiencia. Diego observaba aquella jarana con la que transcurría el Pleno y los demás tampoco le quitaban ojo a él. En las redes los partidarios y detractores de su presencia en el hemiciclo se enzarzaron en un intenso debate.

Era la primera vez que veíamos un bebé en los escaños, pero no en los pasillos. Otras muchas diputadas fueron madres durante su etapa parlamentaria y varias mantuvieron la lactancia mientras asistían a los plenos. La diferencia es que nadie antes había dado el pecho en el hemiciclo. Un familiar o asistente esperaba con el niño en algún despacho, a veces en el cuarto de los ujieres anexo al hemiciclo, a que su madre saliese para alimentarlo.

Aquella vez Carolina Bescansa rompió la costumbre y no dejó indiferente a nadie. Me cuesta pensar que darle al pecho a un bebé en un lugar público siga ofendiendo a alguien. Bescansa lo hizo con la máxima discreción. Otro debate es si un salón con 400 personas con un constante murmullo de fondo, interrumpido con discursos y aplausos, es el lugar más adecuado para que pase la mañana un niño. El entorno no le permitía descansar pero su bienestar era exclusivamente responsabilidad de su madre y nadie mejor que ella podía decidir qué necesitaba su hijo. Cierro el debate porque, aunque me parece llamativo, no comparto que fuera lo más relevante de aquella sesión.

Además de la presencia de Diego, el resto de las cosas que pasaron aquel día tampoco fueron como siempre. Desde primera hora los respaldos de los escaños aparecieron repletos de abrigos y bufandas. Los nuevos aún no habían descubierto que había percheros en los laterales del salón de plenos. Bastante tenían los de Podemos con conseguir sentarse juntos, casi pagan otra vez la novatada. En esa primera sesión los escaños aún no se han repartido formalmente y cada uno se coloca donde puede, aunque se suele respetar la distribución tradicional. Los veteranos, sobre todo del PP, habían ido ocupando su zona y parte de la central para dejar a los podemitas dispersos y descolocados. Esta vez se atendió la protesta de Errejón y se puso orden a tiempo.

Además de elegir a la Mesa en esa jornada, se completaba otro trámite importante. Un diputado no lo es de pleno derecho hasta que no jura o promete acatar la Constitución. También aquella vez se hizo de forma diferente. Los parlamentarios de Podemos y sus confluencias habían preparado un mensaje en el que añadían la promesa de cambiar la Constitución y terminaban con la frase «nunca más sin su gente y sin sus pueblos». Otros enriquecían aún más aquel estreno con versos o reivindicaciones que se perdían en el barullo general, porque los micrófonos están apagados en esa primera sesión y el juro o prometo se dice a viva voz. Aunque no se escucharan, cada una de aquellas intervenciones era celebrada con calurosos aplausos.

El resultado es que aquella sesión se hizo más larga y ruidosa que ninguna de las que se habían celebrado en el arranque de las legislaturas anteriores.

No se parecía en nada a experiencias anteriores. Faltaban corbatas y abundaban los vaqueros y las deportivas. El desaliño —espontáneo o estudiado— de los nuevos llenó el hemiciclo de colores e imágenes inéditas. Sin duda la más comentada fue el peinado con rastas de un diputado canario subrayado por sus casi dos metros de altura. Fue el centro de todas las miradas y también de un comentario poco afortunado de Celia Villalobos que relacionó la estética rasta con la falta de higiene y los piojos. A las pocas horas dio marcha atrás.

La primera sesión venía a ser como la puesta de largo de la nueva política. También en la calle despertaba mucha expectación. La gente se paraba a ver entrar y salir a aquellos políticos ruidosos y al enjambre de periodistas que los rodeábamos. Había un ambiente de fiesta al que no le faltaban ingredientes.

Una banda de música llegada desde Valencia subió la carrera de San Jerónimo acompañando a los diputados de Compromís. Equo se estrenaba en el Parlamento con tres diputados, pero por el ruido parecían muchos más. Llegaron escoltados por un pequeño ejército de ciclistas que ocuparon la calle de una acera a la otra, cantando y haciendo sonar sus timbres. En medio de unos y otros, varias cámaras retransmitían el espectáculo en directo con los presentadores de los programas más relevantes en primera línea. El show de la XI legislatura acababa de empezar.

RONDAS EN LA ZARZUELA Y NEGOCIACIONES EN DIRECTO

La Constitución dice que una vez constituidas las Cortes, el presidente del Congreso comunicará al Rey qué partidos tienen representación parlamentaria para que inicie las consultas previas a formar Gobierno. Durante cuarenta años ese también había sido un trámite sin excesiva relevancia. Ahora era casi una pesadilla para un monarca que apenas estrenaba corona. Por primera vez el Rey citó a los dirigentes políticos sin tener ni la más remota idea de cómo acabaría la ronda. Nadie tenía suficientes apoyos ni perspectivas de obtenerlos en los siguientes días, por eso enseguida comenzaron las elucubraciones sobre cómo se podía sortear una situación no prevista.

Al redactar la Constitución no se planteó que las consultas del Rey terminasen sin resultado, sin un candidato capaz de someterse a una sesión de investidura. Lo único que las leyes recogen es que, una vez celebrado el primer debate de investidura, si nadie ha obtenido los votos para ser elegido presidente, comienza una cuenta atrás de dos meses para lograr un acuerdo. Agotado el plazo sin obtener resultado, se disuelven las Cortes y el Rey convoca nuevas elecciones.

Algunos temerosos de una parálisis en la vida política, empezaron a moverse con discreción para encontrar fórmulas legales que nos permitiesen salir del atolladero. El Gobierno nunca reconoció haber encargado informes al Consejo de Estado sobre fórmulas legales alternativas e imaginativas para sortear la situación. Lo que sí supimos es que en la Casa del Rey no eran partidarios de buscar atajos que pudiesen poner en entredicho el papel del monarca. Mejor seguir los pasos que marcaba la Constitución a pesar de que era evidente que faltaba un candidato con posibilidades de ser elegido.

Por lo pronto el Rey cumplió su papel. Escuchó a todos y aprovechó aquellas charlas para recopilar información y ganarse el respeto de sus visitantes, tanto de monárquicos como de republicanos. Todos dedicaron palabras amables a Felipe VI, incluso los que nunca se habían imaginado en su despacho. «Necesito unos días para procesar lo que he vivido», confesaba al regresar de La Zarzuela Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem.

La mayor sorpresa llegó el último día de la ronda de contactos, después de que el Rey recibiera a Rajoy. Horas antes el presidente en funciones había hecho unas declaraciones públicas que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Todos creíamos que aceptaría el encargo de formar Gobierno a pesar de que solo tenía 123 escaños (le faltaban 53 para la mayoría absoluta).

Sin embargo, Rajoy salió del Palacio sin el encargo de formar Gobierno. Le había dicho a Felipe VI que no tenía suficientes apoyos. Que el candidato más votado declinara formar Gobierno condujo, por primera vez, a una ronda de consultas sin resultado.

Nunca antes un Rey había tenido que plantearse cuál debería ser su siguiente paso. La lógica empujaba a llamar a los partidos otra vez a consultas. Más teniendo en cuenta que Pedro Sánchez parecía dispuesto a lanzarse al ruedo aunque tampoco tuviera los apoyos. Era el líder socialista con los peores resultados en la historia de su partido y veía la oportunidad de redimirse y gobernar. Desde el primer momento había dejado claro que intentaría un pacto con la izquierda, aunque con Pablo Iglesias las cosas no podían haber empezado peor.

Fue el líder de Podemos quien tomó la iniciativa e hizo una oferta, pero eligió para anunciarla el momento exacto en que Sánchez se estaba entrevistando con el Rey en Zarzuela. De hecho, fue el monarca quien informó al líder de los socialistas que Iglesias le iba a plantear una serie de condiciones para un Gobierno conjunto con el PSOE. Iglesias explicó entonces que se lo había contado antes al Rey por «lealtad institucional».

También los detalles llegaron antes a la prensa que al protagonista de la supuesta coalición. Proponía integrar también a IU, se reservaba la vicepresidencia e invitaba a Sánchez a dirigir el Gobierno. El reparto de ministerios se haría de forma proporcional entre los partidos participantes aunque Iglesias fijó algunas prioridades, entre ellas controlar RTVE y el CNI.

Para la formación morada era un pacto de generosidad. Para el PSOE una encerrona que complicó aún más la ya escasa relación que mantenían ambos líderes. «Tengo la sensación de que nos comunicamos por ruedas de prensa», lamentaba en esos días Iglesias refiriéndose a su falta de interlocución con Sánchez. Era exactamente así. Declaración tras declaración se presentaban como dos socios imposibles, empecinados en marcar sus líneas rojas. Excepcionalmente intercambiaban alguna llamada o mensaje de WhatsApp. Algo mejor era el ambiente en las relaciones de los número dos. Íñigo Errejón y Antonio Hernando no eran amigos pero sí dos tipos prácticos, lo que les facilitaba el diálogo necesario para ir resolviendo los problemas del día a día parlamentario.

Otra primera vez. Apenas una semana después de la primera ronda de contactos, el Rey tuvo que volver a convocar a los líderes políticos en La Zarzuela. Se repitió el desfile y las ruedas de prensa posteriores en el Congreso con casi idéntico contenido. La gran diferencia es que en esta ocasión Pedro Sánchez salió con el encargo de formar Gobierno. Necesitaba apoyo y pretendió que fuera amplio. Quería a los dos nuevos partidos firmando el mismo pacto, pero desde el primer momento quedó claro que Podemos y Ciudadanos no aceptaban compartir esa aventura. Igual de evidente era la falta de entusiasmo con el que el PSOE tendía la mano a Podemos.

Con el tiempo afloró la factura que aquel desencuentro entre socialistas y podemitas pasó a ambas partes. Fue entonces cuando empezaron a surgir las diferencias de criterio entre Iglesias y Errejón sobre la forma en que había que negociar con el PSOE. El que era secretario político y portavoz era partidario de seguir buscando el acuerdo, de ceder algo para consumar el triunfo de Podemos. Una fuerza que podría haber pasado de la nada al Gobierno en un par de años. De ahí partió la herida que terminó dividiendo el partido en dos solo seis meses más tarde.

También Pedro Sánchez revisó esa etapa con espíritu crítico. Meses más tarde, en la única entrevista que concedería horas después de renunciar a su escaño, reconoció que se había equivocado al despreciar a Podemos por considerarlo una fuerza populista. En cualquier caso tampoco hubiera podido avanzar mucho más en su acercamiento a Podemos. Después de las elecciones de diciembre, el Comité Federal del PSOE ya le había marcado las líneas rojas de futuras negociaciones. No le permitiría llegar a un acuerdo con ninguna fuerza que apoyase un referéndum independentista para Cataluña y en eso los de Iglesias eran calculadamente ambiguos.

Pedro Sánchez sabía que el único horizonte sin obstáculos era la negociación con Ciudadanos, a pesar de no le daban los números. Las dos fuerzas juntas sumaban 130 escaños, muy lejos de la mayoría necesaria para gobernar. Sánchez mantuvo contactos con todos pero se centró en Rivera. A Ciudadanos les movían sus propios intereses, querían demostrar que eran una fuerza útil, que estaban dispuestos a resolver el entuerto. Enseguida los dos partidos se pusieron manos a la obra, formaron equipos negociadores y empezaron a elaborar un documento.

Las conversaciones de aquellos días se retransmitieron en tiempo real. El escenario se preparó cuidando todos los detalles. Las banderas de España y Europa presidían la sala de los encuentros. Antes de cada reunión los líderes de cada partido tenían que atravesar un pasillo abarrotado de fotógrafos y cámaras de televisión. Todo como en una especie de show de telerrealidad política con mucha acción y escasos resultados. Lo importante era transmitir energía, ánimo de resolver las cosas, movimiento. Pero al finalizar las reuniones, ya en la sala de prensa abarrotada, los periodistas comprobábamos día a tras día que quien tenía voluntad de pacto no tenía suficientes escaños y quien disponía de los votos, no se movía de su sitio. «Esto empieza bien», afirmó solemne Pedro Sánchez después de reunirse con los representantes de los dos partidos canarios a pesar de que cada uno solo podía ofrecerle el voto de su único diputado. El optimismo nada tenía que ver con la realidad. Casi a diario la ronda de Pedro Sánchez oscilaba entre el estancamiento absoluto y el avance hacia la nada.

Finalmente, PSOE y Ciudadanos firmaron el pacto. Al menos habían logrado uno de los objetivos, enviar un mensaje a los votantes que empezaban a agotar su paciencia. Hacer un gesto que sirviera de cortafuegos al desencanto si, como parecía indicar, había que repetir elecciones. Siguieron intentando buscar nuevos apoyos pero no desaprovecharon la oportunidad de refrendar el acuerdo con la máxima solemnidad.

De nuevo se cuidaron los escenarios. La firma se llevó a cabo en la sala Constitucional, una de las más grandes y representativas, que está presidida por una hilera de retratos de los padres de la Constitución. Era el poder de la imagen frente a la falta del poder real, el de los votos. Seguían necesitando 46 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. Pero la escena tenía fuerza: dos hombres jóvenes, con impecable aspecto, queriendo protagonizar el cambio político.

La puesta en escena tuvo una segunda parte. La explicación ante la prensa se hizo con el cuadro de Juan Genovés, El abrazo como fondo. La pintura representa el espíritu de reconciliación de la Transición. El Congreso acababa de colgarla en uno de los nuevos edificios tras ser cedida por el museo Reina Sofía. Fue IU quien consiguió que el cuadro saliese de los sótanos del museo para tener la visibilidad que merecía.

El tiempo demostró que el pacto no sirvió para reforzar la imagen pública de sus protagonistas. En las siguientes elecciones los dos perdieron votos y escaños, pero está por ver qué hubiera pasado si no se les hubiera visto trabajar por un acuerdo. Tampoco está claro si aquellos movimientos contrarrestaron la debilidad del liderazgo de Sánchez. Unos interpretaron que su único objetivo era fortalecerse en su puesto, pero otros agradecieron que diera un paso adelante para desbloquear la situación. En cualquier caso es evidente que aquel trajín fue más efectista que efectivo porque las elecciones tuvieron que repetirse.

Después del parón de Semana Santa, cuando todo parecía abocarnos a unas nuevas elecciones, se añadió otro capítulo al culebrón parlamentario. Sánchez e Iglesias decidieron darse otra oportunidad y celebraron una reunión cuyos preparativos duraron bastante más que el propio encuentro. Otro derroche de imaginación para sacar el máximo partido mediático al momento. La prensa gráfica fue citada en la calle, frente a la puerta del edificio en donde se iba a celebrar la reunión. El objetivo era recoger la llegada de los dos líderes caminando por la acera en animada charla. La imagen del acercamiento que buscaban unos y temían otros muchos. En el último momento Iglesias se saltó el guion y regaló un libro a Sánchez lejos del lugar pactado con la prensa: Historia del baloncesto español. Poco más tenían en común que aquella afición. Quizá lo más interesante de esa cita ocurrió allí en la calle, porque dentro de la sala la reunión concluyó que serían «los grupos de trabajo» quienes harían «el trabajo». Es decir, ni sí ni no.

A pesar de todo PSOE, Podemos y Ciudadanos sí llegaron a sentarse a la misma mesa. Cuando lo hicieron ya habían pasado tres meses desde las elecciones generales de diciembre y entre los asistentes prevalecían los reproches y la desconfianza. El pacto a tres nunca fue posible.

DEL BAILE POLÍTICO AL «PEDALEO» PERIODÍSTICO

A pesar de que aquel trajín negociador no dio resultados, el presidente del Congreso se ciñó al guion previsto en la ley y convocó un debate de investidura. Se emplearon horas y muchos titulares en discutir el cómo y el cuándo, como si el formato del debate fuera determinante para un país que ya llevaba un trimestre «en funciones». Los periodistas alimentábamos todo tipo de polémicas, empujados por la necesidad. El show político había puesto en marcha una máquina de consumir información imparable, con algunos medios dedicados casi en exclusiva a narrar al minuto lo que ocurría en el Congreso. Hubo diputados que encontraron ahí su oportunidad para conseguir más notoriedad de la que le daban los votos.

Los periodistas recurríamos a menudo a los parlamentarios de los grupos pequeños porque eran más accesibles y manejaban muchos datos, información que les confiaban desde todos los bandos. La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas era de las que abrían las rondas en Zarzuela y su opinión resultaba útil para sondear el estado de ánimo del Rey.

Buscábamos al valenciano Joan Baldoví para medir el nivel de acercamiento o tensión en las relaciones de la izquierda. El líder de Compromís sabía lo que era moverse en el cruce de caminos. Había llegado al Parlamento en confluencia con Podemos mientras mantenía una coalición de gobierno con el PSOE en la Comunidad Valenciana. Además, el entusiasmo de Baldoví compensaba tantas horas de espera. Hasta el último minuto siguió convencido de que se encontraría la manera de evitar la repetición de elecciones.

En la primavera de 2016 no había mayor inquietud para la prensa que la perspectiva de un calendario político en el que no cabían las palabras vacaciones, descanso, conciliación, familia... Lo peor era la evidencia de que unas nuevas elecciones traerían más de lo mismo: la necesidad de un pacto. ¿Por qué no hacerlo ya? Por eso unos y otros nos aferrábamos a cualquier fórmula matemática que permitiese, con apoyos o ausencias, investir a un presidente de Gobierno.

«¿Tú hoy que ves?» Así arrancaba cada jornada de trabajo. Buscando complicidades y nuevas teorías en los pasillos, el comedor o frente al espejo del cuarto de baño. Alguien llamó «pedalear» a esa actividad incesante de construir y destruir sucesivas teorías políticas alimentadas por nuestro estado de ánimo: «Hoy veo Gobierno», «hoy veo elecciones».

Ni un minuto del día dejábamos de darle al pedal. En cualquier momento y lugar surgía un corrillo o una tertulia política. Sobre todo en los pasillos, para desesperación de los funcionarios que tenían que sortear aglomeraciones periodísticas cargados de papeles, cajas o con la máquina de estenotipia en brazos.

Uno de esos mediodías, al salir del aseo con el neceser en ristre, tres compañeras nos cruzamos con Juan Carlos Monedero, de Podemos. Acababa de entrar en el Congreso para reunirse con alguno de los suyos pero no llegó al ascensor. A la puerta del baño arrancó una charla que en diez minutos ya era un animado debate con una docena de periodistas, también «de paso». El grupo no dejó de crecer. La conversación duró una hora mientras seguíamos con el neceser en la mano y otra compañera se sumaba con el tupper para no perder detalle mientras comía. Al final el grupo se disolvió, una vez más por agotamiento de los asistentes y de los argumentos. Ni Monedero ni el resto resolvimos el bloqueo. Había que seguir pedaleando.

Pero si un hubo rincón del edificio donde se plasmaba el cambio que estábamos viviendo era en la cafetería del Congreso. Hasta entonces la vida allí era bastante ordenada salvo en las horas punta del desayuno y la comida del mediodía, especialmente en días intensos donde no había tiempo para más que un picoteo. El resto de la jornada el ambiente del bar de la cuarta planta solía ser relajado, hasta el punto de que alguno de los responsables de gestionar los asuntos de la casa ordenó reducir el número de mesitas y butacas para que algunos funcionarios no estirasen demasiado los ratos de descanso.

Con la llegada de los nuevos diputados el cambio de costumbres obligó a comprar nuevo mobiliario. Los recién llegados venían dispuestos a cumplir el horario de Pleno. Cinco minutos antes de su inicio, la cafetería y el comedor se vaciaban. La consecuencia de esas prisas era que al tener menos tiempo para comer todos buscaban una solución rápida en el bar. Hubo que poner más mesas y taburetes y reforzar el equipo de camareros que vivían cada jornada al borde del infarto. De repente aquel lugar era uno de los rincones más interesantes del país. Todos pasaban por ahí: Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera... y, por supuesto, Diego, el bebé de Carolina Bescansa, siempre con los ojos bien abiertos.

Otro escenario donde cambió el paisaje fue en la zona de prensa. Hasta entonces también allí reinaba cierto orden. El espacio se divide en una sucesión de mesas de trabajo y pequeños despachos repartidos por zonas, una para las televisiones, otra para los periódicos y las agencias y un pasillo para las radios. En el medio, dos salas de prensa. Una grande con capacidad para unos 80 periodistas y un pequeño set para comparecencias urgentes. Lo que ocurra en cualquiera de ellas puede llegar en directo a las redacciones de todos los medios, a través de las conexiones de fibra óptica. En cuatro meses aquellas dos salas tuvieron el mismo uso que en los últimos cuatro años.

Aun así, el centro neurálgico no estaba dentro de las salas sino fuera. En el pasillo de prensa siempre hay alguna cámara conectada para hacer una retransmisión en directo. En esa etapa la máxima era que no se escapase nada, había que dar cuenta de cada declaración y por tanto las conexiones eran constantes. A veces era un periodista, otras muchas un diputado pero siempre había alguien frente al objetivo. En pleno apogeo de los programas de información matinales, el desfile en la zona de prensa era imparable.

Errejón podía tener una cita con Susanna Griso a las nueve, un cuarto de hora después con una televisión autonómica, a las diez con Ana Rosa, un poco más tarde en Cuatro y enseguida empezaba Al Rojo Vivo en la Sexta, el programa que más movimiento generó en los pasillos. Eran entrevistas en dúplex, es decir, con preguntas del presentador desde el estudio. El invitado le escucha a través de un pinganillo colocado en su oreja y su voz llega a través del micrófono prendido en su chaqueta.

Esas entrevistas en directo llegaban a solaparse de tal manera que, en un espacio de tres metros, dos invitados podían estar hablando a la vez para diferentes programas.

En una de aquellas mañanas, cuando se discutía si Podemos e IU terminarían uniendo fuerzas, Alberto Garzón y Pablo Iglesias fueron citados casi a la misma hora por dos cadenas. Estaban uno tan cerca del otro que podían tocarse, aunque eso no se percibía en la tele porque cada programa daba solo el plano de su invitado. Aguantaron la entrevista del tirón, sin perder el hilo sobre lo que decía el otro. Resultaba bastante cómico porque nosotros veíamos sus apuros cuando les preguntaban su opinión sobre el rival que tenían a solo un paso. Los periodistas contemplábamos el espectáculo aguardando nuestro turno para que respondiesen también a nuestras preguntas.

Era el caos nuestro de cada día. Un diputado participaba en una entrevista mientras una docena de redactores esperaban que acabase, tapando todas las salidas posibles, para que se viera obligado a repetir sus argumentos, ante el resto. Todos los días había que alimentar una o varias crónicas sobre la incertidumbre política. No siempre había novedades pero el interés de los ciudadanos parecía evidente ante las audiencias que cosechaban los programas especializados.

Terminamos reproduciendo aquel lío diario en un vídeo humorístico que se emitió durante la tradicional cena organizada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en vísperas de Navidad. Varios de los diputados protagonistas se prestaron a una parodia en la que tenían que coger número como en el supermercado y esperar la vez para ser entrevistados. El que mejor hizo su papel fue de nuevo Toni Cantó, que con tantos años de tablas, añade un plus de calidad a lo que no pretende ser más que un guiño cómplice, para cerrar el año con el mejor ambiente posible entre políticos y periodistas.

Entre opiniones de urgencia ante los micrófonos, eso que los medios llamamos «canutazos» y muchas horas de pedaleo llegamos a la última recta de la legislatura. Ya estábamos dispuestos a soltar el pedal y dejarnos llevar por la inercia cuando el ímpetu conciliador de Baldoví nos trajo una sorpresa.

Horas antes de que se agotasen todos los plazos, el portavoz de Compromís intentó un acuerdo in extremis de la izquierda. Quería reeditar el pacto con el PSOE que había conseguido desplazar al PP del Gobierno valenciano. Si al primero lo llamaron el Acuerdo del Botánico, al segundo —esbozado con prisas de madrugada— lo bautizaron como Pacto del Prado. El nombre viene del paseo donde se encuentra el jardín botánico de Madrid, pero pronto quedó claro que no iba a echar raíces.

LA LEGISLATURA MÁS CORTA Y MÁS BRONCA

La XI legislatura fue la más corta de la democracia; cuatro meses en lugar de cuatro años. Será recordada como la «fallida», aunque quizá eso no sea lo más adecuado porque, desde luego, dio para mucho. El tiempo que sus señorías no pasaban persiguiendo pactos, lo dedicaban a presentar iniciativas y el resto, a pelearse. Todo era un conflicto. Cuando el presidente del Congreso convocó el Pleno de investidura de Pedro Sánchez con un formato atípico, el PP lo acusó de cacicada, de organizar un «show room para la exhibición del candidato» por haber reservado el primer día para su intervención y dejar a la oposición a la mañana siguiente. Cuatro meses más tarde se convocó otro debate de investidura, esta vez para Mariano Rajoy pero con el mismo formato aunque ya ninguno de los que se echaron entonces las manos a la cabeza se inmutó. Ese era el ambiente. En cualquier caso lo importante de aquella sesión de investidura no era el horario de las intervenciones sino la evidencia de que iba a terminar en fracaso.

También esto fue excepcional porque hasta entonces casi todos los presidentes del Gobierno habían sido elegidos en la primera votación con mayoría absoluta, 176 síes. El reglamento contempla una segunda vuelta para quienes solo pueden aspirar a una mayoría simple, más votos positivos que negativos sin contar con las abstenciones. Zapatero fue elegido presidente por ese camino en su segunda legislatura y Calvo Sotelo también necesitó una segunda votación celebrada un 23 de febrero de 1981. El golpe de Estado la interrumpió y dos días más tarde se resolvió sin dificultad, aunque bajo el ambiente de conmoción creado por la intentona golpista. Entonces le sobraron votos. Más que a un presidente se votaba a la democracia.

Pero volvamos al clima de tensión mucho menos dramático pero bastante agitado de la presidencia de Patxi López. Su día a día era una lucha contra los elementos, con muchos en contra. Se notaba que era el primer presidente de la Cámara que no pertenecía al partido más votado. Su «provisionalidad» era percibida por los grupos políticos y también por los altos funcionarios que manejan los hilos de la institución. Muchos documentos internos que se reclamaron desde el equipo de López se retrasaron tanto que se les echó encima el fin de la legislatura sin recibirlos.

Otras decisiones que afectaban a la gestión del día a día se perdieron también entre consultas y departamentos y no llegaron a ejecutarse. Solo un ejemplo: el presidente nunca consiguió el listado de los beneficiarios de los iPads que el Congreso había facturado en el arranque de la legislatura. Solo supo que se habían comprado 499. Hay 350 diputados. Nadie duda de que el resto fueran necesarios para el trabajo pero lo extraño es que el máximo responsable de la Cámara no pueda tener acceso al listado de beneficiados.

Patxi López tampoco consiguió cambiar los planes de obras que habían quedado pendientes de la legislatura anterior, ni siquiera que el Congreso abriese en un día festivo que coincidía con el último de la legislatura. Desde las televisiones habíamos solicitado poder acceder a la zona de prensa para hacer la crónica en directo del fin de una legislatura peculiar y la convocatoria de unas elecciones repetidas. A la Presidencia le pareció una solicitud razonable, pero a la Junta de Personal del Congreso, no. Ganó la Junta de Personal.

Todas esas situaciones tienen que ver con el poder real de los altos funcionarios del Parlamento que llegan a sus puestos después de una dura oposición, pero que una vez allí acumulan un poder que solo se percibe desde dentro. Una diputada me describe así el papel de los letrados del Parlamento: «Ellos son los fijos y nosotros, los discontinuos».

En todos estos años se han publicado muchas noticias sobre el exceso de privilegios de los diputados, por ejemplo, al pagarles los desplazamientos o las dietas por trabajar fuera de sus provincias. Sin embargo, a nadie parece sorprenderle que un letrado cobre dietas por dar un curso de formación a los nuevos diputados dentro de su lugar de trabajo y en su horario laboral. Tampoco que mantengan los coches oficiales. No pretendo estigmatizar una tarea que es clave para garantizar que la ley siempre rija las decisiones de los parlamentarios, pero sí poner en evidencia lo fácil que es caer en la demagogia al criticar cada cosa que rodea la vida de un político.

El equipo de López comprobó pronto quién manda de verdad en el Congreso, cómo funciona «el aparato». Pero si le resultó difícil la gestión del personal mucho más lo fue mantener el control dentro del hemiciclo.

Quiso aportar un estilo que rompiese la rigidez y permitiese más intervenciones espontáneas durante los debates, dando la palabra a quien se la solicitaba. Pero los que estaban enfrente tenían sus propias prioridades y aprovechaban cualquier oportunidad para alimentar la bronca y llamar la atención. El resultado es que se transmitía una sensación de caos. Una imagen de falta de dominio del espacio y el reglamento que profundizó en la fragilidad de Patxi López. Fue una oportunidad perdida. Si en el hemiciclo se hubiesen puesto las luces largas, se habría aprovechado esa etapa para ensayar otro tipo de parlamentarismo. Más ágil, más dinámico y entretenido, también combativo pero no necesariamente bronco.

A pesar de las carencias en aquella breve e intensa legislatura, el Parlamento consiguió ser el centro de todo lo que ocurría en el debate político nacional. Ni había Gobierno ni se le esperaba, pero el Congreso quería trabajar, o al menos aparentar que lo hacía. Desde el primer momento el presidente de la Cámara Baja dejó claro que la maquinaria parlamentaria se pondría en marcha al margen de lo que pasase en los despachos de los negociadores.

Los que se estrenaban en el Congreso estaban ávidos de convertir en iniciativas parlamentarias todas sus ideas y promesas. Los veteranos no podían permitirse quedar atrás. De esa forma desde el primer hasta el último día la legislatura se convirtió en una competición por registrar propuestas. Si Podemos presentaba un texto con medidas sociales de urgencia, el PSOE añadía horas después las suyas propias. Si Ciudadanos registraba una iniciativa contra el derecho a decidir en Cataluña, el PP anunciaba otra en defensa de la unidad de España.

Así un día tras otro y al final para nada, porque todas esas iniciativas, registradas e incluso debatidas en el Pleno, caducaron aquel 3 de mayo de 2016 en que el Boletín Oficial del Estado convocó las nuevas elecciones. Por muy intensa que quisieran los partidos que fuera la legislatura de nada servía si no había tiempo suficiente para que una ley pasase por el Pleno, la comisión, la ponencia, vuelta al Pleno, viaje al Senado, y mismo recorrido allí para volver a la Cámara Baja. Sin al menos un trimestre para todo eso, cada ley se quedaba en agua de borrajas. Tampoco sirvieron para mucho los esfuerzos de la oposición de vigilar el día a día de un Gobierno provisional.

También por primera vez se abrió un conflicto institucional entre el poder legislativo y el ejecutivo. Congreso y Gobierno tuvieron que recurrir a una tercera institución —el Tribunal Constitucional— para que decidiese cuál de los dos tenía la tenía razón. Si un parlamento empeñado en controlar a un Gobierno en funciones, o un Gobierno atrincherado en esas funciones para no someterse a la vigilancia del Parlamento. Todo empezó cuando la oposición quiso ejercer con pleno derecho, aunque técnicamente no existía un Gobierno al que oponerse. Pero todo tiene sus matices. Gobierno había; cojo pero lo había.

La mayoría de los partidos empezaron a buscar fórmulas para controlar su actividad. Citaron a secretarios de Estado, a ministros y hasta el propio presidente. Pretendían que la legislatura aparentase lo que no tenía: normalidad. El Gobierno se plantó desde el primer minuto. Ni Rajoy ni sus ministros estaban dispuestos a someterse al examen de un Parlamento que no le había dado la confianza, ya que era un Gobierno elegido la legislatura anterior.

El resultado se tradujo en imágenes difundidas en todos los informativos: una sucesión de sillas vacías que los citados altos cargos iban dejando en las comisiones que les habían convocado. Una imagen rentable para algunos e incómoda para otros en vísperas de una nueva campaña electoral.

Mientras, los pocos plenos que se celebraron alimentaron interesantísimas ediciones del Diario de Sesiones. Reproches subidos de tono que demostraban la imposibilidad de culminar en un pacto. El esperado debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la sesión de investidura fallida alcanzó su punto culminante cuando el líder de Podemos sacó a escena a los GAL.

«El problema —argumentaba Iglesias— es que su partido no les deja gobernar con nosotros. Lo dijo Felipe González, que tiene las manos manchadas de cal viva...» La cara de Errejón fue muy expresiva. Se le notó sorprendido e incómodo. Un avance de lo que vendría después.

Las cosas que se dijeron Sánchez y Rajoy en el debate de investidura también demostraban que no existía la posibilidad de una gran coalición. Y el tono con el Rajoy se dirigía a Ciudadanos tampoco permitía albergar esperanzas de acuerdo. Albert Rivera se quejaba en esos días de la actitud de los diputados del PP interrumpiéndole con abucheos. No había vivido ese ambiente ni en los tensos debates del Parlamento catalán.

Aquellos meses fueron un cursillo acelerado sobre usos internos del parlamentarismo para los recién llegados, entre ellos un Íñigo Errejón que se confesaba desconcertado ante la ambigüedad de las relaciones entre portavoces. Discutían ante los micrófonos a cara de perro y a continuación negociaban amigablemente la agenda de la siguiente semana. No entendía como minutos después de ver cómo se hacían maniobras para dejarle fuera en alguna cuestión importante podía recibir llamadas de sus adversarios en un tono de lo más cordial.

Hubo mucho de «postureo», ese horrible palabro que se instaló en el lenguaje político, pero al margen de apariencias estaba claro que apenas nadie se entendía con nadie. Sin embargo, nunca se había hablado tanto de amor en el hemiciclo.

Tras el debut de Xavier Domènech en la tribuna de oradores, un Pablo Iglesias emocionado salta de escaño para salir a su encuentro a felicitarlo. Se funden en un abrazo que acaba con un beso en los morros. Lo mejor son las caras de los secundarios del cuadro. Los entonces ministros Alfonso Alonso y Luis de Guindos, atónitos, no terminan de creer lo que están viendo. Las taquígrafas también observan. ¿Cómo explicarán esto en el Diario de Sesiones? El casto beso parlamentario fue recogido por varios medios internacionales con especial impacto en América Latina.

El amor siguió en el aire. Otra vez Pablo Iglesias fue el protagonista de una escena peculiar. La popular Andrea Levy había bromeado en un programa de actualidad y humor sobre el buen aspecto de un parlamentario con melena. Se refería a Miguel Vila, representante de Podemos por Burgos y viejo conocido en los pasillos, donde había trabajado años antes como cámara de televisión.

En una de sus intervenciones Iglesias aseguró que aunque no le correspondía ocuparse de la vida personal de su grupo parlamentario, estaba dispuesto a ceder su despacho si alguien necesitaba un lugar «para conocerse». Vila sonreía en su asiento, lo mismo que su vecina de escaño, Tania Sánchez, expareja oficial de Iglesias, y a quienes algunos atribuían en esos días un romance con Vila.

Enredos aparte, no todo era clima de fiesta en Podemos. Solo un día después de bromear con el supuesto romance, Iglesias fulminó al secretario de organización del partido, Sergio Pascual, por su gestión de las crisis abiertas en Euskadi, La Rioja y Galicia. Otros dicen que la cuestión era más seria, que Iglesias detectó que se estaba gestando un movimiento en su contra. En cualquier caso, lo más sorprendente es que la decisión se consumó y difundió mientras se desarrollaba el Pleno, con Iglesias sentado al lado de Errejón y Pascual detrás de ambos. El secretario de organización era una persona cercana política y personalmente el entonces número dos de Podemos y su caída distanció a los dos hombres que habían liderado aquella trayectoria de éxito en la formación morada.

Los que esa tarde subieron a la tribuna de prensa a curiosear el ambiente del hemiciclo percibieron claramente que entre Iglesias y Errejón había mucho más que medio metro de distancia. No cruzaron una palabra. En los siguientes días Errejón desapareció de la escena pública, reflexionó y guardó silencio y quizá entonces decidió buscar su propio camino.

En Podemos explicaban que por mucha discrepancia puntual que tuviesen, a los dos les unía mucho, que se querían y que por tanto no habría ruptura. No entonces. En las semanas posteriores Iglesias y Errejón se esforzaron por transmitir gestos de complicidad, juegos en el escaño que sonaron poco espontáneos porque las diferencias entre ambos se habían instalado para quedarse. No había más que oírlos hablar. Compartían ideología y trayectoria pero cada vez menos los objetivos. La crisis de Podemos no había hecho más que empezar.

Por lo pronto Errejón siguió con la rutina parlamentaria intentando sortear las trampas que provocaba su falta de experiencia y el dominio de otros. Antes de disolver las Cortes se puso en marcha la Diputación Permanente. Es el órgano que sustituye al Pleno fuera del periodo de sesiones, es decir, en los meses de enero y agosto, y desde el fin de una legislatura hasta el comienzo de la siguiente. Están representados todos los partidos con un equilibrio de fuerzas similar al que tienen en el hemiciclo, pero son muchos menos, 60 permanentes y otros tantos suplentes. A la hora de elegir a los miembros de la mesa, PSOE y Ciudadanos hicieron un quiebro a Podemos que se quedó sin ningún puesto en las dos vicepresidencias y las dos secretarías que había que elegir. No era una cuestión menor. Esa mesa es la que debía decidir cuándo y para qué se reunirían los diputados una vez disueltas las Cortes y con qué orden del día.

La Diputación Permanente suele ser una herramienta más para el debate en la precampaña electoral. Permite la confrontación en un territorio neutral e institucional y da visibilidad en los medios. La novatada se plasmó aquel día en el rostro de un Errejón desconcertado, recorriendo la sala para hablar con unos y con otros, hasta comprobar que ya era demasiado tarde para resolver el problema.

El estreno del portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, también tuvo sus tropezones, aunque de otro tipo. La formación naranja había elegido un diputado bregado en las tertulias de radio y esa experiencia en la batalla dialéctica se convirtió en su peor enemigo. Girauta comenzaba las ruedas de prensa explicando las propuestas de Ciudadanos y las terminaba debatiendo con los periodistas. Su vehemencia lo conducía por el camino equivocado. No pretendía colocar un mensaje, sino quedarse con la razón y esas ruedas-debate se alargaban tanto que al final el portavoz terminaba diciendo más de lo que tenía previsto.

Eso ocurrió poco después de firmar el pacto con el PSOE. Durante el proceso negociador, Ciudadanos siempre había asegurado que no iba a entrar en ningún Gobierno presidido por otro partido. Aquel día, a la enésima pregunta Girauta terminó diciendo lo contrario, abriendo la puerta a un Gobierno de coalición. No hay confirmación de que aquel desliz fuera el detonante, pero a partir de entonces Juan Carlos Girauta se fue convirtiendo en un portavoz sin voz. Rivera asumió buena parte de sus encuentros con la prensa y también repartió ese papel con otros diputados. Un puesto tan relevante como el de un portavoz de grupo parlamentario quedó difuminado.

En aquellos meses la vieja y la nueva política aprendieron a convivir y a encajar. Hasta hacía poco tiempo se habían dado la espalda. Se habían movido en dos escenarios distintos. Los partidos tradicionales en el Parlamento. Los recién llegados en los medios y en los mítines. Ahora se producían situaciones curiosas.

Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo protagonizaron uno de los mejores momentos en la Comisión de Exteriores del Congreso. Iglesias alabó la erudición del ministro de Exteriores y le contó un chiste sobre el circo romano al que García-Margallo correspondió con otro: «¿Sabe usted por qué Colón era un socialista radical? Porque cuando salió no sabía adónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo, con dinero de los demás».

Iglesias encajó bien la broma y ambos prometieron intercambiarse un libro. Nada que ver con el debate protagonizado entre Podemos y PP en la Comisión de Fomento. Se inauguró con el discurso de su nuevo presidente, el podemita Sergio Pascual. Una dura intervención con críticas al trabajo que la comisión había desempeñado en legislaturas anteriores. Acusó a los diputados de haber permitido el mal uso del dinero público y de poner «zorros a cuidar de las gallinas». Enfrente, Andrés Ayala no podía disimular su indignación. El diputado popular había ocupado la presidencia durante los dieciséis años anteriores y se sublevó contra la intervención de su sucesor, que terminó retirándole la palabra.

También esos primeros meses de 2015 sirvieron para replantearse algunas costumbres que desde fuera se veían como privilegios. Empujados por Ciudadanos y Podemos, que tomaron la iniciativa, todos los miembros de la Mesa terminaron renunciando a los coches oficiales. Desaparecía la exclusividad de puestos como el de Manolo, el chófer que tantos años trabajó con Celia Villalobos y que ella hizo popular cuando una cámara captó el momento en que lo llamaba con gritos y aspavientos de una puerta a otra del Congreso.

Los conductores siguieron en sus puestos de trabajo aunque con los coches a disposición de necesidades puntuales. Lo mismo hicieron en la dirección de algunos grupos y comisiones. Aunque con más discreción, el uso de los coches se había empezado a restringir meses antes. En la legislatura anterior, el portavoz socialista Antonio Hernando ya había decidido desplazarse en su propio vehículo y dejar el oficial para uso de todos los diputados de su grupo.

Tras las elecciones, los ciudadanos esperaban gestos y Podemos extendió las renuncias a parte del sueldo, la tarjeta para pagar los taxis en Madrid y la instalación de una línea de ADSL que el Congreso ofrecía a los diputados. Tampoco Ciudadanos aceptó tener vehículo oficial ni la línea de internet pagada en casa.

Además, la Cámara obligó al expresidente Posada a elegir entre sus dos sueldos, el de parlamentario y el de expresidente de las Cortes. Según la norma interna tenía derecho a percibir durante dos años su salario de presidente del Congreso y a mantener el coche oficial. Simultáneamente cobraría su asignación como diputado por Soria. No era una cuestión menor porque el presidente de la Cámara Baja y tercera autoridad del Estado cobra al año 154.000 euros, mucho más que el presidente del Gobierno, que no alcanza los 79.000 euros. Pero una vez que las cantidades se hicieron públicas, Jesús Posada tuvo que elegir y decidió cobrar como diputado aunque fuera mucho menos que como expresidente.

Desde el hemiciclo hasta los despachos, desde la cafetería hasta el garaje, muchas cosas habían empezado a cambiar en la institución.

El periodista Fernando Garea calificó, en un artículo de El País, aquella legislatura como «efímera y extravagante». Desde luego que lo fue. Llegamos a ver a los leones de la puerta leyendo El Quijote con lentes, mientras dentro del hemiciclo un actor vestido de Cervantes presidía una sesión de homenaje al escritor. Bajo la tribuna actuaban los músicos. Los actores lo hacían entre los escaños. Resultó emocionante ver el hemiciclo convertido en un gran teatro, en un espacio abierto a la cultura. Especialmente después de que en legislaturas anteriores otros presidentes de la Cámara negasen el permiso para rodar series sobre personajes históricos como Adolfo Suárez o Clara Campoamor.

Aquella especie de experimento político que fue la XI legislatura acabó y dejó por el camino muchas horas de trabajo sin culminar. Según los datos que recopiló la agencia EFE, en cuatro meses se presentaron 230 proposiciones no de ley para su debate en Pleno y 701 en comisión. También se registraron casi 40 proposiciones de ley pero solo cinco superaron la primera fase, su admisión a trámite por el Pleno. En el Senado la actividad fue notablemente inferior, pero en ambos casos el resultado fue el mismo. Las iniciativas, al no completar su trámite, murieron con la legislatura.

Tanto trajín, tanta carrera, tantas horas de guardia esperando el resultado de una negociación acabó con la convocatoria de elecciones, aunque fue algo más que un paréntesis político. Las formas parlamentarias cambiaron aunque las normas todavía se resistían. Cuando comenzó la siguiente legislatura muchas cosas ya no tenían vuelta atrás.

VUELTA A LA CASILLA DE SALIDA: LA URNA

El verano nos trajo nuevas elecciones. La campaña electoral pretendía ser de perfil bajo. Menos costosa y más discreta, sin cartelones colgando de vallas y farolas, pero ni siquiera para eso era fácil ponerse de acuerdo. El malestar en la calle era notable. En las redes circulaban informaciones sobre el coste de la última campaña electoral, 130 millones de euros. También sobre lo que habían gastado los partidos. El primero, el PP, con algo más de 12 millones, el PSOE tres menos y Podemos un tercio de la factura popular. Números para alimentar el hartazgo ciudadano y abonar el comportamiento más temido: la baja participación electoral.

Al final cada partido aplicó los recortes donde consideró oportuno. Los intereses no eran los mismos. Los partidos tradicionales se resistían a cambiar el sistema de buzoneo, el envío de papeletas para facilitar la tarea al votante. Podemos y Ciudadanos propusieron reducir drásticamente el coste, sustituyendo el envío que hace cada formación por uno conjunto. De esa manera llegaría un solo paquete a cada hogar con las papeletas de todos. PP y PSOE se resistieron. Sus razones tenían.

El buzoneo o mailing es importante para quien busca el voto de los electores más mayores y de los que viven en zonas rurales. Les permite llegar al colegio electoral con el sobre listo y cerrado, sin someterse a miradas indiscretas en lugares pequeños donde todos se conocen. Además, puede ser una ayuda en las elecciones al Senado porque las listas son abiertas, pero los ciudadanos no están familiarizados con ellas. Hay que elegir tres nombres entre todos los propuestos por los diferentes partidos. Pueden pertenecer al mismo partido, a dos o a tres distintos, pero muchos lo desconocen. Si les llega a casa una papeleta de su partido favorito con los nombres ya marcados, muchos ya no se plantean alternativa.

Este sistema de envíos se lleva una parte notable de los gastos electorales. El Estado devuelve a cada partido 0,18 euros por cada sobre enviado, siempre que haya conseguido los votos suficientes para conseguir un grupo parlamentario propio.

Los partidos tradicionales PP y PSOE se aferran al mailing porque entre sus votantes hay una presencia notable de mayores y habitantes de zonas rurales. Sin embargo, para los nuevos, como Podemos y Ciudadanos, es un gasto prescindible ya que sus electores tienen otro perfil: son más jóvenes y viven sobre todo en ciudades. Las dos formaciones dieron la batalla hasta el final pero no consiguieron que los partidos tradicionales renunciasen al gasto. Antes ya había fracasado en el intento Rosa Díez, entonces líder de UPyD.

Fue la segunda campaña electoral en seis meses y casi todo lo que se dijo se había escuchado ya antes, aunque dentro de los partidos algunas cosas habían cambiado. Podemos e Izquierda Unida llegaron a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. Alberto Garzón intentó vender el acuerdo como una unión entre iguales. Desde su formación pusieron todo el empeño en demostrar que el pez grande no se había comido al chico y la prueba era que las siglas de IU seguirían estando presentes en las papeletas electorales. Pero al final no fue así. IU aportó poco más que el prefijo «Unidos» a una candidatura y un proyecto que todos interpretaron como el de Pablo Iglesias.

A pesar de que eran unas elecciones repetidas había nuevos elementos en el escenario político, consecuencia de seis meses ensayando el cambio. Los debates electorales que tanto había costado instalar en nuestra vida política también tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. Ya había cuatro grandes fuerzas parlamentarias que representaban a la gran mayoría de los ciudadanos, así que el cara a cara se sustituyó por un debate a cuatro entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera. Era la primera vez que Rajoy aceptaba debatir con varios dirigentes de la oposición a la vez. En seis meses y dos campañas electorales el lenguaje había evolucionado de forma vertiginosa. Los nuevos dirigentes dominaban el formato y brillaron en sus alegatos finales.

Durante décadas ser más o menos hábil con la oratoria no era determinante en una carrera política. Detrás estaban los aparatos de los grandes partidos para compensar las carencias. Pero las formaciones emergentes modificaron las reglas de juego. Podían improvisar un buen titular, construir un mensaje con carga emocional sin horas de laboratorio de ideas. Así encontraron su espacio y contrarrestaron la debilidad de marcas poco conocidas y con un respaldo económico limitado.

Los nuevos llegaban a miles de electores porque sabían cómo hablarles. Habían aprendido desde muy jóvenes. Iglesias entrenó durante años como profesor de universidad. Rivera destacó siendo estudiante y compitiendo con éxito en concursos universitarios.

Esta vez las nuevas elecciones no aportaron muchos cambios sobre el perfil de los parlamentarios. Confirmaron los que ya se habían producido. Más mujeres en el hemiciclo y diputados algo más jóvenes, la edad media ya era similar a la de los votantes. En cuanto al paisaje, seguían escaseando las corbatas.

Contra todo pronóstico la participación no se desplomó y fue parecida a la de las anteriores elecciones de diciembre. Tampoco acertaron las encuestas al anunciar el sorpasso de Podemos sobre el PSOE. La nueva coalición se quedó como estaba, con los 69 escaños que tenía Podemos, más los dos que aportaba IU. Los socialistas retrocedieron, perdieron cinco escaños pero se mantuvieron como segunda fuerza. El PP fue el único que salió reforzado. Pasó de 123 a 137 escaños.

Todas las portadas de los diarios de tirada nacional del 27 de junio destacaban un ganador: Mariano Rajoy. La mayoría empezaban a señalar el camino hacia un único Gobierno presidido por él.

Los periodistas recordamos entonces la frase con la que un colaborador cercano de Pedro Sánchez había resumido el fracaso de las negociaciones para formar gobierno. «Demasiadas primeras veces juntas», se lamentó. Interpretaron que Pedro Sánchez había pagado las consecuencias de una nueva realidad para la que el país no estaba preparado. La era de la fragmentación, de la necesidad de pacto.

Cuando le preguntamos cómo pensaban enfrentarse a la segunda vuelta de unas elecciones que según las encuestas arrojarían un resultado similar. La respuesta fue clara. «Algo se va a mover, aunque sea un poco. El que se acerque a los 170 escaños gobernará.»

Pues bien, dos meses más tarde PP y Ciudadanos sumaron 169 diputados. Casi nadie puso en duda que unirían sus fuerzas, a pesar de que Rivera había pronunciado la frase más perseguida de la campaña: «No vamos a apoyar a ningún Gobierno de Mariano Rajoy». Pero esa afirmación se tropezó con una realidad aplastante. Los ciudadanos habían dado su respaldo al candidato que menos se había movido en los seis meses anteriores y penalizaron a los que promovieron el único pacto firmado en aquella breve legislatura.

Rivera asumió que el acuerdo con el PSOE no le había sumado votos. Está por ver si se los restó. El mayor reto de la campaña para Ciudadanos había sido combatir las constantes llamadas al voto útil del PP. Efectivamente, una parte de esos votantes que habían buscado nuevos aires apoyando a Rivera volvieron a votar a los populares ante el temor de ver repetido el bloqueo.

Tras nuevas elecciones los ciudadanos querían una salida y el líder popular tenía claro que ya no podía volver a rechazar un encargo del Rey. Un político catalán siempre bien informado me dijo que incluso desde Bruselas se lo llegaron a advertir. Esta vez, fuese como fuese, tenía que formar un Gobierno. La forma de garantizarlo era con la abstención del PSOE.

Estaba claro que a Pedro Sánchez el nuevo reparto de escaños no le daba opción de hacer un nuevo intento de alcanzar la Moncloa. Mientras los veteranos le recomendaban dar un paso atrás y dejar gobernar a Rajoy en minoría, los militantes se resistían a ser cómplices de un nuevo Gobierno popular.

El presidente asturiano, que terminaría dirigiendo la gestora socialista, tuvo claro cuál era la salida y no era el único. Él mismo lo reveló ante la dirección del partido seis meses más tarde: «Al día siguiente de las elecciones de junio, la inmensa mayoría de los dirigentes de este partido sabíamos lo que había que hacer. Lo que no sabíamos era cómo ganar el Congreso después de hacerlo. Y eso quiero decirlo porque callar sería insultar a la verdad».

Pedro Sánchez no escuchó, o si lo hizo, no tomó una decisión inmediata. Tenía por delante un panorama complicado y decidió esperar a que otros movieran ficha.

En Podemos los resultados cayeron como un jarro de agua fría. Se había perdido la oportunidad de formar un Gobierno de izquierdas y también se había esfumado el anunciado sorpasso. Iglesias y Errejón hicieron una lectura distinta de lo que había pasado. Unos entendieron que habían descuidado la calle, que al entrar en las instituciones se había diluido su perfil reivindicativo. Al entorno de Errejón le inquietaban otras cosas. No haber aprovechado la oportunidad de pactar y ser útiles, de llevar al Gobierno todas las promesas de cambio. Haber sido demasiado agresivos en la negociación, asustando a un electorado que quería comprobar que estaban capacitados para gestionar un país.

Al margen de las lecturas internas en los resultados del 26 de junio hubo un elemento externo que ningún partido había previsto. Solo cuatro días antes de las elecciones españolas, los ingleses celebraron un referéndum para decidir si querían permanecer o no en la UE. Nadie esperaba el resultado ni se habían medido sus consecuencias. El triunfo del «no» a Europa fue un elemento disuasorio para quienes se planteaban mover su voto tradicional. Ayudó a fortalecer la imagen del PP como un partido que ofrecía estabilidad y previsibilidad frente a las aventuras políticas. Es difícil de medir pero el Brexit probablemente influyó más que el escándalo paralelo en torno a las conversaciones grabadas entre un ministro de Interior y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, buscando atajos para dañar políticamente a los partidos independentistas.

Los resultados de las elecciones de junio habían mejorado las perspectivas de Gobierno de Rajoy pero no su capacidad de hacer amigos. No era fácil imaginarle tendiendo puentes. De nuevo se recuperó un debate que llevaba meses latente: la posibilidad de que el PP aceptase un candidato alternativo para facilitar un pacto de Gobierno. Era una cuestión de la que se hablaba en los ambientes político y empresarial sin que nadie terminase de tomársela en serio. Desde luego no dentro del Partido Popular, que siempre cerró filas con su líder. Llegaron a publicarse listados de nombres con prestigio en el ámbito económico o con un pasado político reconocido.

A esas alturas ya se había desinflado la «operación menina», un intento de impulsar a Soraya Sáenz de Santamaría como sustituta de Rajoy que circuló en las semanas previas a las elecciones de diciembre de 2015, sin llegar a alcanzar nunca el nivel de debate serio.

Lo del «candidato independiente» fue siempre más un entretenimiento periodístico que una opción real, aunque algunos mantienen en privado que un empresario del IBEX llegó a pedirle a Rajoy que se fuera para facilitar el desbloqueo.

Cada vez parecía más claro que alguien terminaría yéndose, porque con los mismos jugadores nunca terminaría esa partida. Por lo pronto, todos se conjuraron para rebajar la expectativa y la presión de los medios al menos durante las semanas centrales del verano. Había que ganar tiempo y enfriar las posiciones de campaña. Olvidar también todo lo que se había dicho y oído en las tribunas durante los meses anteriores porque esta vez debía ser la definitiva.

Rajoy vio con claridad la dimensión de la tormenta que amenazaba al PSOE y optó por empezar a buscar caminos alternativos. Los equipos del PP y Ciudadanos empezaron a trabajar de forma discreta. En los últimos días de agosto, Rajoy y Rivera sellaron un pacto con un apretón de manos y poco más. Nadie tenía interés en recuperar el boato de la anterior legislatura. El acuerdo comprometía en cierto modo al PSOE porque recogía algunos puntos en común con el pacto firmado en marzo entre Rivera y Sánchez. Pero, sobre todo, pretendía ser una medida de presión para conseguir que los socialistas aportasen con sus abstenciones los votos necesarios para investir a Rajoy. Por si el apremio no fuese suficiente, se fijó el debate de investidura un 30 de agosto. La fecha tenía trampa. Si el resultado volvía a ser fallido, empezaría otra vez a moverse el contador para convocar unas terceras elecciones. Con los plazos que marca la ley esa nueva cita electoral sería exactamente el domingo de Navidad. Aviso a navegantes.

Todos los partidos se echaron las manos a la cabeza pero nadie encontraba la puerta de salida. Por lo pronto tocaba esperar a las citas electorales autonómicas pendientes, por si sus resultados pudiesen modificar el escenario.

De las gallegas poco más se podía esperar que un nuevo empujón a Rajoy, con el triunfo de Alberto Núñez Feijóo y otro palo a los socialistas que se volvían a jugar el sorpasso con las Mareas.

En el País Vasco había más variables. Si el PNV necesitaba apoyos para gobernar, había una posibilidad muy remota de que los buscase en el PP y esa colaboración se trasladase a Madrid.

Las elecciones gallegas y vascas confirmaron las sospechas. Feijóo se consolidó como figura en alza en el PP, el único gobernante autonómico con mayoría absoluta. Los socialistas gallegos se volvieron a quedar haciendo equilibrios al borde del precipicio, superados en votos por la marca gallega de Podemos pero empatados en escaños.

En el País Vasco los resultados también fueron malos para los socialistas. Allí sí se consumó el sorpasso de Podemos y el PSOE pasó a ser la cuarta fuerza política, empatado en escaños con el PP. Solo seis años antes un lehendakari socialista había gobernado Euskadi. El único consuelo fue comprobar que un PNV necesitado de apoyos volvía a mostrar sus preferencias por repetir el acuerdo de Gobierno con los socialistas, pero como novedad, allá donde se les preguntaba, los nacionalistas vascos repetían que estaban dispuestos a hablar con todos.

EL PSOE FRENTE AL ABISMO

Pasadas las citas autonómicas ya no había otra dirección en la que mirar que no fuera hacia la calle Ferraz, sede nacional del PSOE. Pedro Sánchez se había instalado en el «no es no», pero terminaba sus declaraciones mandado un mensaje con el que pretendía tranquilizar aunque conseguía el efecto contrario. «Cuando llegue el momento el PSOE estará en la solución.» ¿Qué momento? ¿Cuál solución?, le preguntábamos. Pero siguió jugando con la ambigüedad. «Cuando llegue a ese río cruzaré ese puente.» Sánchez mantenía el misterio y de alguna manera amagaba con un nuevo intento de formar un Gobierno de izquierdas aunque en su partido muy pocos lo creían posible.

El PSOE se dividía por minutos. Unos coreaban el «no es no». Otros defendían que era su responsabilidad evitar que los españoles tuvieran que volver a las urnas.

Comenzaron los rumores sobre un movimiento interno para desplazar a Pedro Sánchez y cambiar de rumbo la situación. Un runrún que estalló a finales de septiembre, cuatro días después de las elecciones autonómicas, cuando la cadena SER difundió una entrevista con Felipe González. El efecto fue devastador. El expresidente de Gobierno afirmaba sentirse engañado por Sánchez. Llevaba meses diciendo a quien le quisiera escuchar que aquel panorama de bloqueo debía ser resuelto por uno de los dos grandes partidos, permitiendo gobernar al otro. Ese mismo argumento servía para defender en marzo un Gobierno encabezado por Sánchez y cuatro meses después, otro presidido por Rajoy.

Así se lo había argumentado González a Pedro Sánchez solo tres días después de las elecciones de junio, o al menos eso asegura el expresidente: «Me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún Gobierno alternativo y que votaría contra la investidura del candidato del PP, pero que, en segunda votación, pasarían a la abstención para no impedir la formación de Gobierno. Y la verdad es que viendo lo que está pasando, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad...».

Aquella palabra, «engañado», fue el detonante que hizo saltar la peor crisis del PSOE en democracia. Después de Felipe González salieron en tromba otras voces destacadas del socialismo español criticando la posición del secretario general.

En unas horas 17 miembros de la ejecutiva, la mitad más uno de los que la componían en ese momento, ya habían entregado su carta de dimisión con la petición de que el partido pasase a ser dirigido por una gestora. Entre los que renunciaron estaban todos los miembros de la ejecutiva andaluza. Nadie dudaba del papel en la sombra de Susana Díaz. La persona que entregó las dimisiones en la sede socialista también formaba parte del círculo de confianza de la andaluza. Fue Antonio Pradas —paradojas del destino— el mismo que dos años y dos meses antes había llevado a Ferraz las cajas con los más de 14.000 avales para Pedro Sánchez. Las firmas que le permitieron competir como candidato a la Secretaría General del PSOE. También entonces habían resultado determinantes los apoyos que llegaron de Andalucía.

Pero, además del sector crítico del sur, Sánchez tenía enfrente a medio partido, incluidos seis de los siete presidentes autonómicos y a varios dirigentes históricos. También lo cuestionaban algunas de las federaciones con mayor peso y los afines al que fuera su rival en las primarias, Eduardo Madina. Lo cierto es que la presión sobre el secretario general se había mantenido latente desde el momento de su elección. Como mucho había oscilado de intensidad pero Sánchez siempre sintió que su autoridad estaba cuestionada.

En el peor momento, después de la dimisión de media ejecutiva y cuando todo el mundo esperaba que Sánchez tirase la toalla, este convoca a la prensa para anunciar que mantiene su plan. Quiere organizar un congreso y dar la voz a los militantes. Deja en sus manos la decisión más importante que puede tomar un líder político: dar un paso atrás para que gobierne su adversario. Pero dentro del partido muchos lo interpretaron como un movimiento peligroso, una estrategia a la desesperada para garantizar la supervivencia del líder. No estaban dispuestos a aceptar que aquella decisión quedase exclusivamente en manos de 189.000 militantes, es decir, el 3,4 % de los votantes del PSOE.

En ese clima de máxima tensión se convoca el sábado 1 de octubre a las nueve de la mañana la reunión del Comité Federal que algunos terminaron llamando el de «Puerto Hurraco» por su dramatismo. Aquella jornada fue retransmitida al detalle entre medios de comunicación y redes sociales con aportaciones de los asistentes.

Desde primera hora se concentran en la calle Ferraz grupos de simpatizantes que apoyan el «no es no» de Sánchez a Rajoy. Aunque no son muchos, hacen bastante ruido e increpan a los asistentes con insultos como «traidores» o «golpistas». A las nueve y media de la mañana la policía decide cortar la calle invadida por simpatizantes y periodistas que aquel día no están autorizados a informar desde la zona de prensa de la sede socialista. Dan las diez. Una hora de retraso y se mantienen las dificultades para arrancar la reunión. No hay acuerdo sobre el orden del día, tampoco sobre quiénes deben estar en la mesa de presidencia.

El encuentro empieza con bastante retraso y se interrumpe poco después porque hay denuncias sobre la presencia de personas a las que no les corresponde estar. El clima de tensión se empieza a plasmar en imágenes. Son fotografías captadas desde un edificio vecino. Se ve a Susana Díaz y otros dirigentes socialistas reuniéndose por grupos en la terraza de la sede socialista. La reunión sigue sin arrancar. El debate gira ahora en torno al censo de delegados que pueden participar en la votación final. El receso se alarga tanto que algunos asistentes salen a las cafeterías cercanas. La Sexta está emitiendo un programa especial y ofrece en directo las escenas de tensión con insultos y gritos de los militantes. Pasado el mediodía se reanuda la reunión. Minutos después se pide un nuevo receso.

Dentro se discute qué se vota, quién vota y cómo se vota. Parece imposible el acuerdo. «Estamos hechos trizas», confiesa unos de los asistentes. Toda España asiste al caos.

Así transcurre la tarde. Sánchez propone readmitir a los 17 miembros de la ejecutiva dimitidos y los críticos no lo aceptan. Un presidente regional le dice: «Ya no eres el secretario general». Susana Díaz propone que una Comisión Gestora se haga cargo del partido. Tampoco prospera. Ya es media tarde y el debate para el que fue convocado el Comité Federal aún no ha empezado cuando llega el momento más crítico.

Se colocan unas urnas semiocultas para forzar una votación secreta para la convocatoria de primarias el 21 de octubre y un Congreso Extraordinario en noviembre. Los críticos denuncian en Twitter que Sánchez pretende dar un pucherazo. La votación se suspende y el debate se traslada a las redes que dan cuenta del drama que se está viviendo dentro. Mientras unos recogen firmas para promover una moción de censura, se repiten los enfrentamientos entre compañeros. Uno de los asistentes confiesa que «nunca ha visto llorar a tanta gente adulta».

Después de once horas se produce una votación a mano alzada para que los asistentes elijan si quieren un Congreso o una gestora. Pedro Sánchez pierde por 25 votos. A las 20.20 h de la tarde trasciende la noticia de su dimisión. En la calle arrecian las protestas.

Tras una breve intervención ante la prensa Sánchez deja Ferraz. Dentro ya buscan al sustituto y hay pocas dudas sobre quién tienen el mejor perfil para asumir la dirección de la gestora: Javier Fernández, presidente de Asturias.

Por fin termina el día más amargo del PSOE y con él se cierra el mandato de un secretario general que ha aguantado poco más de dos años en el cargo. Hacía tiempo que algunos le llamaban «Pedro el Breve». Es como si Pedro Sánchez siempre hubiese estado de paso, como si aquella noche devolviese una silla prestada. Pero nada se cierra de forma definitiva. Ni la carrera de Sánchez ni los fantasmas del partido. El PSOE tenía pendiente la decisión más importante: o se repiten las elecciones o permiten un nuevo Gobierno de Rajoy.

A las pocas horas de asumir la presidencia de la gestora del PSOE, Javier Fernández reúne a los parlamentarios socialistas para intentar recuperar la calma. Pronuncia un discurso tranquilo. Les pide que no trasladen las divisiones internas a los escaños. Al terminar reconoce ante la prensa estar preocupado porque el partido se ha «podemizado». Después, camino de la salida, Fernández entra en un ascensor. Algunos compañeros se quedan fuera. «No cabemos», comentan. «Si seguimos así cabremos todos», contesta el presidente de la gestora. La cabina tiene capacidad para ocho personas. La broma deja un poso de amargura. Es el sentimiento de los viejos socialistas. Los que vivieron los días de gloria con un grupo parlamentario que rebasaba la mayoría absoluta y que temían quedarse reducidos a una minoría irrelevante.

Cada día el PSOE cosecha titulares sobre su fractura interna mientras el presidente de la gestora y la líder en la sombra, Susana Díaz, hablan de «coser» diferencias, de volver a unir el partido. Pero antes hay que tomar la decisión más delicada. Reunir al Comité Federal y decidir qué hacer en la segunda y última votación de investidura de Rajoy. Los plazos de la ley no dejaban tiempo para más oportunidades. El dilema estaba claro: o Rajoy o elecciones, las terceras.

En aquella reunión convocada unos días antes del debate, el PSOE decide que todo el grupo parlamentario debe abstenerse. Hay varios seguidores de Sánchez que se resisten. Siguen aferrados al «no» a Rajoy. Cada hora circula un nuevo recuento. No es lo mismo si los díscolos son diez que si son veinte. Ahí se medirá la profundidad de la brecha.

Llega el día de la votación y horas antes Pedro Sánchez convoca a los periodistas en el Congreso. La sala está a rebosar pero el exlíder socialista, que llega desde su despacho, pasa de largo. Sigue caminando por el pasillo y se va directo al Registro del Congreso. Lleva en su mano la carta de renuncia. La coloca sobre el mostrador en medio del revuelo de los fotógrafos y de los redactores que han salido corriendo de la sala. Cuando Sánchez se sitúa ante el atril la noticia ya circula por internet. Ha dejado su escaño. Explica que no está dispuesto a permitir un Gobierno de Rajoy pero que tampoco tira la toalla. Anuncia que dos días después cogerá su coche y volverá a empezar, federación por federación, hasta recuperar el apoyo de los militantes. Sin embargo, tardarían un tiempo en volver a la carretera.

Al inicio del debate de investidura, el definitivo, da la sensación de que hay una sombra oscura sobre parte del hemiciclo. La bancada socialista ha perdido el color, todo parece gris. Un murmullo acompaña esa tristeza. En el rostro del portavoz Antonio Hernando es más profunda. Ahora es él quien se sienta en el escaño del PSOE, el puesto más anhelado, aunque no hay nada que celebrar. Hace unos días que ha aceptado el encargo de la gestora. Después de darle muchas vueltas ha decidido seguir adelante con la dirección del grupo parlamentario y dar voz a la abstención. Asumir ese papel le ha pasado una factura personal —su amistad con Pedro Sánchez— y un desgaste político serio. Hay muchos en su entorno que lo interpretan como una traición. Él dice afrontarlo como un servicio al partido. Aunque sea el último, porque entiende que le puede costar la carrera.

Hernando pronuncia su discurso más difícil. A ratos arranca aplausos y a ratos silencios. Justifica el paso del PSOE a la abstención porque el país no puede permitirse unas terceras elecciones, dice que los españoles no las merecen, pero advierte a Rajoy que no tiene la confianza de los socialistas, que tendrá que ganársela.

Durante todo el debate se mantiene en la bancada socialista esa amargura que se transforma en rabia cuando sube a la tribuna el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Es muy joven. Acaba de llegar al Parlamento y casi a la política pero parece acumular el resentimiento de décadas de oposición. No mira a Rajoy. Sus palabras son solo para el PSOE. Dice hablar en nombre de sus militantes:

Señor candidato Rajoy, maese cuñado Rivera, señora Susana Díaz Richelieu, señor Felipe GonzáleX. Un saludo allá donde estén. Señores del PSOE Iscariote, ustedes llevan cuarenta años dando una de cal y otra de arena. Pero lo de hoy es ya demasiado para los socialistas de corazón a los que queremos hoy dar voz... como José Antonio, que dice: «Quiero que sepan que mi madre tiene cincuenta y un años, trabaja fregando suelos por menos de cuatro euros la hora y llora cada vez que los ve en la tele traicionándola».

Madina se revuelve en su escaño y Ana Pastor tiene que llamar al orden.

Rufián continúa citando testimonios de los que define como «su gente» y le pregunta si tienen alguna respuesta para ellos. «Señores del PSOE sociedad anónima, ¿no les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio de las eléctricas en el que se sientan en los Consejos de Administración?»

Seis minutos de intervención con alguna que otra perla más para el PP y Ciudadanos. Pablo Iglesias aplaude acaloradamente. En la bancada del PSOE se sienten ofendidos, humillados.

Antonio Hernando pide la palabra por alusiones, y en quince segundos abre la espita para la tristeza contenida. Pide a Rufián que retire las palabras contra «un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí». Los socialistas se levantan en aplausos y detrás Ciudadanos, PNV, CC, PP... Rufián no ha ofendido solo a un partido.

Aún le espera una respuesta. Desde la serenidad y la experiencia, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, reprocha a Rufián que siendo tan joven «tenga tanto rencor». «Al Congreso se viene a trabajar y no a falsear la historia», añade. Llega la votación que formaliza la división socialista: quince diputados rompen la disciplina y mantienen su «no» a Rajoy.

El Pleno será recordado no por cerrar el tiempo de bloqueo sino por los sentimientos de inquietud, pena y crispación que deja en el ambiente. Iglesias no solo había celebrado la intervención de Rufián, también se levantó a felicitar al portavoz de Amaiur. En Ciudadanos se lo reprochan desde los escaños. Esa tensión se materializa cuerpo a cuerpo entre diputados de ambos partidos. Casi llegan a las manos.

NI TAN NUEVA, NI TAN VIEJA POLÍTICA

El final del verano de 2016 precipitó las crisis que llevaban meses latentes. El PSOE saltó por los aires y también se abrió la espita en Podemos. El análisis postelectoral había dejado en evidencia las dos almas del partido. El debate interno pasó a ser público y compartido en las redes sociales.

En Podemos empezaba a quedar claro que había dos proyectos distintos y quién sabe si también dos liderazgos excluyentes. Tenían distintas prioridades. Iglesias no perder la esencia, seguir siendo el contrapoder del poder. A Errejón le preocupaba sumar, abrirse a toda la sociedad y, sobre todo, vencer el miedo. Esa palabra marcó la frontera entre las dos formas de entender la política. Pablo Iglesias afirmó en un mitin: «El día que dejemos de dar miedo a los poderosos seremos uno más». Errejón le respondió con un tuit. El debate quedó expuesto.

Íñigo Errejón @ierrejon

20 de septiembre de 2016, 14:03

A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún confía en nosotros.

Pablo Iglesias @Pablo_Iglesias_

20 de septiembre de 2016, 16:05

Sí, compañero @ierrejon pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más.

El segundo asalto llegó con el fin del otoño, cuando en Podemos preparaban el Congreso conocido como Vistalegre II. Pablo Iglesias decidió convocar una votación interna sobre las normas de funcionamiento del Congreso. El resultado sorprendió dentro y fuera de la formación. La propuesta de Errejón perdió por solo un punto y medio de distancia con la de Iglesias. La consulta terminó siendo un búmeran para el organizador porque sirvió para comprobar que las fuerzas estaban bastante igualadas e impulsó al número dos de Podemos. Fue la señal que necesitaban Íñigo Errejón y su entorno para lanzarse a una batalla por el control del partido.

En los días posteriores, el cese del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid —próximo a Íñigo Errejón— abrió otra brecha. El secretario político lamentó la decisión y su comentario desató una nueva batalla. #Íñigoasíno fue la consigna para lanzar una campaña en las redes crítica hacia Errejón y alimentada por segundos espadas aunque con una excepción relevante: el secretario de organización rompió su aparente neutralidad para colocarse al lado de Iglesias.

Íñigo Errejón @ierrejon

24 de diciembre de 2016, 14:26

A las que nos han traído hasta aquí y a las que faltan, para cambiar este país con un podemos alegre, abierto y ganador.

Ramón Espinar @RamonEspinar

24 de diciembre de 2016, 13:20

Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco. Es tan imprescindible como la unidad. #ÍñigoAsíNo

Rafa Mayoral @MayoralRafa

24 de diciembre de 2016, 13:22

Un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios. Debate sí, confrontación no. #ÍñigoAsíNo

Irene Montero @Irene_Montero_

24 de diciembre de 2016, 13:28

Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos: quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país. #íñigoAsíNo

Tania Sánchez Melero @Ainhat

24 de diciembre de 2016, 14:25

Con quien estoy de acuerdo y con quien discrepo: a mí no me sobra nadie para construir la herramienta que gane el país. #FelizNavidadParaTodas

Pablo Bustinduy @pbustinduy

24 de diciembre de 2016, 14:27

Un Podemos que propone, aprende y seduce, que prefigura hoy ese país mejor, ese país de todos que vamos a construir. #FelizNavidadParaTodas

El enfrentamiento se produjo la víspera de Navidad. Errejón reconocería haberse sentido «dolido» no solo por el contenido de los mensajes. También por la imagen pública que estaba dando el partido enfrascado en una lucha interna en plena Nochebuena.

El punto y aparte llegó cuando una septuagenaria conocida como la «abuela de Podemos» escribió una carta al líder del partido exigiendo un poco de sentido común. En su vídeo de respuesta a Teresa Torres, Pablo Iglesias pide perdón «por haceros pasar esta vergüenza». En uno de los párrafos de esa carta abierta que Iglesias difundió en las redes sociales, se dirige «a todos los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis...».

El líder de Podemos estaba reconociendo que en los tiempos de crisis la nueva política no estaba tan lejos de la vieja.

«Podemos es prisionero de su propio éxito», escribió Jordi Juan en La Vanguardia. «De aquello que les hizo diferentes y que ahora les impide transitar en paz.» La transparencia dejó de ser un aliado cuando Podemos dejó de ser un proyecto para convertirse en la suma de dos: el de Iglesias y el de Errejón. Aunque oficialmente existiera una tercera corriente —los anticapitalistas— el «hiperliderazgo» característico de la formación morada reducía la batalla a la pugna entre dos nombres. Entre un líder que aspira a «asaltar los cielos» y otro que habla de un partido que debe intentar transformar el país y que aspira a «gobernar con normalidad y orden».

La confrontación entre los dos modelos llegó hasta sus últimas consecuencias. Llegaron al Congreso del partido —en febrero de 2016— enfrentados en dos listas y dos equipos, asumiendo que el triunfo de uno sería la derrota del otro. Iglesias ganó la batalla. Solo llevaban un año en el Parlamento y el desgaste había sido demoledor. Quizá entonces ambos recordasen la frase que el expresidente Zapatero les dijo al terminar una larga cena semiclandestina, que José Bono había organizado en las Navidades de 2014, cuando Podemos era más promesa que realidad. «La democracia os cambiará más que vosotros a ella.»

Lucía Mendez justifica en uno de sus artículos en El Mundo el rápido desgaste de los nuevos partidos por el origen heterodoxo de sus líderes. Según la periodista, «no siguieron el cauce habitual, no fueron reclutados por sus partidos, sino que es la sociedad la que los selecciona y les obliga a organizar sus formaciones en tiempo récord». Es, en cierta medida por ese origen peculiar, por lo que Méndez considera que ambos liderazgos comienzan a desgastarse muy pronto, cuando no llevan ni siquiera un año jugando en la liga parlamentaria.

La hiperactividad política de 2016 provocó la erosión acelerada en todos los partidos menos en uno: el PP. Quizá porque la formación de Rajoy consiguió atravesar buena parte de este convulso tiempo político moviéndose a cámara lenta o directamente practicando el juego del maniquí, el famoso Mannequin Challenge en el que los participantes tienen que quedarse quietos mientras se rueda un vídeo. El PP permaneció casi congelado mientras observaba cómo los demás partidos se consumían cada uno en su batalla.

Podemos intentaba aclarar qué quería ser de mayor. El PSOE luchaba por no quedar reducido a un partido socialista obrero... regional andaluz. Ciudadanos no dejaba de buscar argumentos para explicar que estaba allí porque era «necesario».

Mientras todo eso ocurría el humorista Peridis dibujaba a Rajoy recostado con un puro en la boca. Hacía tiempo que el presidente, presidente en funciones y otra vez presidente, había dejado el tabaco pero había razones para que se mantuviese recostado.

Rajoy tuvo la capacidad de ver venir las turbulencias políticas y apartarse a tiempo para que pasasen de largo. Se dio cuenta con suficiente antelación de lo que podía ocurrir y por eso, antes de convocar las elecciones de diciembre de 2015, se empeñó en dejar hechos unos nuevos presupuestos generales, por si el cambio que se avecinaba no le dejaba aprobar otros en mucho tiempo. Adelantó los deberes y aplicó su máxima: esperar. Al acabar 2016, el año más intenso, incierto y apasionante de la política española, las encuestas le daban la razón.

Todos los acontecimientos fuera y dentro de España jugaron a favor del PP. Las elecciones gallegas y vascas demostraron que el electorado apostaba mayoritariamente por liderazgos estables y conocidos. En ambos casos renovaron su Gobierno los dos partidos que tradicionalmente dominaban la escena política regional, el PP en Galicia y el PNV en el País Vasco.

Las noticias que llegaron del exterior en aquellos meses tampoco alimentaron las ganas de aventura. 2016 fue el año que en política internacional casi todo salió al revés. La decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea se había producido en vísperas de las elecciones generales repetidas en junio de 2016. Pero poco después del resultado del Brexit llegó otro anuncio desconcertante.

El «no» al proceso de paz venció en la consulta convocada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. También el primer ministro italiano perdió su apuesta: Matteo Renzi dimitió después de haber condicionado su continuidad como primer ministro a que saliese adelante su propuesta de reforma política. Pero nada tan desconcertante como la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.

Todos los elementos se habían conjurado para favorecer a aquel que ofreciese estabilidad política frente a tanta incertidumbre. Fue en ese contexto cuando un PSOE descabezado y herido optó por jugar la carta de oposición responsable. El PP lo recibió con los brazos abiertos.

En solo unas semanas los dos partidos rescataron el bipartidismo y descolocaron a sus adversarios. Socialistas y populares parecían haber encontrado la estrategia perfecta para dañar a sus rivales: ni Ciudadanos sería tan necesario ni Podemos tan oposición.

Comenzaron así los «martes de pasión y jueves de gloria», como los definió el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. El Congreso empezaba a recuperar cierta normalidad, aunque con matices, porque casi nada sería como antes.

El primer cambio fue en el Pleno de los martes, el que se dedica a debatir las propuestas de los grupos parlamentarios. Informativamente siempre había sido el menos relevante porque las iniciativas de los partidos en la oposición casi nunca logran cambiar las leyes.

Ha habido excepciones, por ejemplo cuando todos los partidos han sumado sus votos para reprobar a un ministro. Aun así, esas reprobaciones no suponen más que un tirón de orejas político y un buen titular para la prensa, pero, en la práctica, no tienen consecuencias para los gobiernos. En esa segunda legislatura de Rajoy aquellos martes tradicionalmente aburridos pasaron a ser el centro de la semana política.

Los partidos de la oposición intentaban deshacer el legado del primer Gobierno popular y, a su vez, cada uno intentaba ganar la partida al rival. Nada más comenzar la legislatura, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos habían registrado varias iniciativas para derogar o cambiar las leyes más emblemáticas del PP: reforma laboral, seguridad ciudadana, educación...

Cada martes una de esas propuestas de derribo llegaba al Pleno y todos los partidos se unían para dejar a los populares solos. Mientras, el Gobierno recurría a todas las artimañas legales posibles para frenar la sangría.

La ley permite al Ejecutivo vetar las proposiciones de ley que afecten a los ingresos o gastos presupuestarios y a eso se aferró el Gobierno para intentar frenar la tramitación de textos que buscaban cambiar la ley educativa o suprimir las tasas judiciales. De nuevo la pugna acabó en los tribunales.

Pero a los martes de pasión, con el PP perdiendo votaciones, y a los miércoles de sesión de control al Gobierno —más subidos de tono que nunca— le siguieron los jueves de gloria.

Es en la sesión de los jueves cuando se debaten las leyes del Gobierno. Sin mayoría suficiente, todos esperaban que el Ejecutivo llegase al final de la semana con las manos atadas, sin capacidad para hacer nuevas leyes. Entonces PP y PSOE empezaron a sellar los pactos de aquel bipartidismo renacido.

El propio presidente del Gobierno cerraba los acuerdos con el presidente de la gestora socialista. Rajoy y Javier Fernández hablaban con discreción, pero también con normalidad, porque partían de un respeto mutuo, algo imprescindible en política para que haya resultados. Convenientemente informada, la lideresa en la sombra, Susana Díaz, daba luz verde desde Sevilla.

Los dos Hernandos fueron los encargados de rematar los pactos sobre el terreno. Rafael Hernando, el portavoz popular, y Antonio Hernando, el socialista, siempre han tenido una buena sintonía personal. Son dos políticos de largo recorrido que coinciden con cierta frecuencia en Almería, la provincia que Rafael representa en el Congreso y donde vive la mujer de Antonio.

A unos y a otros les venía bien frenar el ascenso de la nueva política y poner en valor la eficacia del bipartidismo de siempre. Empezaron por subir el salario mínimo interprofesional y reformar el bono social, garantizando por ley que nadie se quedase sin suministro eléctrico por falta de renta. También pactaron las medidas de contención de gasto que el Gobierno necesitaba para preparar los Presupuestos Generales del Estado.

Enfrente, Ciudadanos y Podemos asistían atónitos al baile de pactos. Para Podemos fue especialmente doloroso ver cómo socialistas y populares cerraban un acuerdo sobre pobreza energética porque esa siempre había sido una de sus principales banderas en la calle y en el hemiciclo. Un elemento fundamental de la Ley 25 de Emergencia Social con la que Podemos se estrenó como fuerza parlamentaria.

La subida del salario mínimo fue otro derechazo en la nariz de la formación morada. Acababan de conseguir que el Congreso aceptase tramitar su propuesta de subida, cuando el PP y el PSOE pactaron otra a sus espaldas.

Tampoco se sentían cómodos en Ciudadanos. Eran meros invitados en aquel baile, pero los protagonistas fueron otros. Sin embargo, Albert Rivera había aportado 32 escaños para hacer a Rajoy presidente, había sido clave para que el PP se acercase a la barrera psicológica de los 170.

El PP era consciente de que necesitaba también cuidar sus relaciones con los centristas y les envió algunos mensajes. El primero, anunciar un acuerdo para elaborar una nueva ley de educación por consenso, que retirase de la circulación cualquier herencia del exministro Wert. Después llegó una cena en la Moncloa para limar asperezas.

Aquel año 2016 que había comenzado triunfal para la nueva política terminaba peligrosamente. Pocos ponían en duda las grandes aportaciones que los nuevos partidos habían hecho al debate y a la vida pública, pero la realidad es que sus voces y sus pancartas no habían logrado cambiar leyes y los votos del viejo bipartidismo sí. Enric Juliana lo explicaba así en un artículo de La Vanguardia: «Podemos ha logrado modificar la agenda del poder, pero no consigue dejar atrás la adolescencia». Pasar a la madurez es convertir reivindicaciones en leyes que cambien las cosas y eso seguía sin llegar.

Los acuerdos con el PP dieron un respiro al PSOE pero no amortiguaron sus problemas. Patxi López se adelantó a la indecisión de Susana Díaz y de Pedro Sánchez y presentó el primero su candidatura para liderar el partido. En su primer discurso dejó claro que no apoyaba los pactos con el PP. Ya estaba claro que Sánchez tampoco. Ambos preferían derogar las leyes de Rajoy antes que cambiarlas parcialmente.

La crisis a la que se enfrentaba el PSOE no era solo una cuestión de liderazgo. Estaba en juego algo más profundo. Varios estudios postelectorales coincidían en que los socialistas habían sufrido un desgaste, quien sabe si irreparable, entre sus votantes jóvenes, los que habitaban en las grandes ciudades y en territorios determinantes en su historia como Cataluña y el País Vasco. Además de un líder faltaba un proyecto para recuperar la confianza.

Las consecuencias de la aparición de nuevas fuerzas políticas, de varios meses de bloqueo, del hastío de los ciudadanos, produjeron cambios mucho más allá de un partido. En unos meses se transformó el paisaje del hemiciclo.

IU como tal ya no existía. El poder de sus dos diputados se fue diluyendo dentro de Podemos. Habían desaparecido sus líderes más destacados de los últimos tiempos. Ni Cayo Lara ni Gaspar Llamazares ni José Luis Centella tenían ya escaño. Alberto Garzón, la joven promesa de la izquierda, dentro de la amalgama de Podemos, no parecía ya ni tan joven ni tan prometedor. Seis meses después de embarcarse con Iglesias en una candidatura conjunta ya sopesaba pasarse al grupo mixto.

Tampoco estaba la UPyD de Rosa Díez, el partido que en solo una legislatura había logrado pasar de un diputado a tener su propio grupo. Se lo llevaron por delante los nuevos vientos, en este caso, el vendaval de Ciudadanos, que Díez no supo valorar a tiempo. Sus herederos no consiguieron ni un solo escaño. De hecho el número uno de la lista, Andrés Herzog, se apuntó al paro pocas semanas después de haber sido despedido por los votantes en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. La política es a menudo injusta. Las banderas que enarboló UPyD en el hemiciclo de la vieja política fueron izadas por otros meses después, sin que nadie valorase el trabajo de avanzadilla que hicieron los de Rosa Díez.

Una foto ayuda a retratar aquellos movimientos. Se toma en la primera sesión de las Cortes tras las elecciones de diciembre de 2015. Su protagonista es Duran i Lleida. Está sentado en la tribuna de invitados porque ya no es diputado. Contempla atónito el jaleo con el que se desarrolla el Pleno. Abajo, en el hemiciclo, otro catalán ocupa el que fue durante años su escaño, desde el que ejercía como portavoz de su grupo. Es Albert Rivera. Lo conoce bien. Duran lo vio crecer en la política catalana sin imaginar que algún día se sentaría en su butaca.

Unió ya no existe en la política nacional y apenas es más que un recuerdo en la catalana. Es la consecuencia del divorcio de Convergència impulsado por Artur Mas después de treinta y siete años de matrimonio.

Como la de Duran, la influencia del en otro tiempo poderosísimo grupo catalán se ha esfumado del hemiciclo. La apuesta independentista pasó factura a un partido que había llegado a ser determinante en la política nacional, también la corrupción que ya salpicaba a un puñado de apellidos históricos de Convergencia.

La Mesa del Congreso le aplicó a rajatabla el reglamento y dejó sin grupo parlamentario propio a los herederos de Convergència, al Partido Demócrata Europeo Catalán. El grupo de diputados nacionalistas catalanes perdieron su lugar privilegiado en el hemiciclo, parte de sus despachos y subvenciones. Tuvieron que integrarse en un Grupo Mixto superpoblado y aprovechar el nuevo talante del segundo Gobierno de Rajoy hacia Cataluña, para intentar aspirar al menos a una agrupación parlamentaria propia. Una fórmula de segunda para quien siempre había jugado en primera.

Los nacionalistas gallegos del BNG también se quedaron sin escaños después de veinte años en el Parlamento nacional. Pocos partidos mantuvieron o mejoraron posiciones. Es el caso de los nacionalistas vascos y de Esquerra Republicana de Catalunya, aupada por el empuje independentista.

Si un par de años antes nos hubieran descrito el panorama sin duda lo hubiéramos tomado a broma. Está claro que fue el PP el menos sacudido por el cambio político aunque tampoco fue inmune.

El segundo Gobierno de Rajoy recuperó el mando de la Cámara con una presidenta de máxima confianza, discreta y eficaz en la gestión. Buscó un nuevo portavoz para el Gobierno con un perfil político difuminado. Encargó a la vicepresidenta restaurar los puentes rotos con Cataluña. Prescindió de los ministros más polémicos y se rodeó en el partido de hombres y mujeres jóvenes con un nuevo lenguaje. Incluso en el PP apostó por elegir a los líderes con una suerte de primarias controladas.

¿Y qué pasó con la corrupción que sacó a la calle a miles de indignados? Poca cosa. Los escándalos pendientes del PP le siguieron persiguiendo pero sin hacer tanto ruido. Cuando los Bankia y los Gürtel se sentaron en el banquillo comprobamos que casi todo lo que podía escandalizarnos ya era conocido y sus protagonistas estaban amortizados. Llegaron sentencias ejemplarizantes para algunos banqueros, y Bárcenas intentó apartar cualquier sombra de la gestión de Rajoy. Nos quedó el sabor amargo de la muerte repentina de Rita Barberá sin haber tenido la oportunidad de explicar su verdad ante el juez. Algunos alzaron la voz buscando un culpable. A Barberá se la llevó un problema de salud probablemente agudizado por la pena. Pero el debate sobre los juicios paralelos, los excesos de la prensa y los ajustes de cuentas políticos son más objetivos fuera del luto.

Los casos de corrupción desgastaron al PP pero no tanto para alejarle del Gobierno. Dañó al socialismo andaluz pero no lo suficiente para perder la Junta. Al final quedó claro que la corrupción hace mucho daño, pero no es el factor determinante del cambio, porque aunque siempre es molesta, solo provoca la indignación cuando afecta directamente a nuestros bolsillos. Las grandes obras y los contratos públicos se perciben demasiadas veces como algo lejano.

Quizá la lección más importante que el parlamentarismo ha aprendido de este tiempo convulso se resume en una frase que escuché a la diputada socialista Soraya Rodríguez. «La vida no es este Patio.» Así reclamaba a sus compañeros de partido que traspasasen las vallas del Congreso y saliesen a la calle a escuchar a los votantes para ver en qué les habían fallado y qué debían cambiar.

Esa afirmación es aplicable a todos los partidos y a quienes en nombre de ellos hacen política a diario desde dentro del Congreso y el Senado. La vida no es el Patio de la calle Floridablanca, junto a la carrera de San Jerónimo, en el que periodistas y políticos intentamos arreglar el mundo con apasionadas discusiones. Nos damos y nos quitamos la razón unos a otros, pero no son esas razones las que rigen el día a día en la mayoría de los hogares.

De este tiempo de cambio quizá muchos hayan entendido por fin que para que nadie pueda volver a gritar «No nos representan» a las puertas del Congreso, estas no pueden permanecer cerradas a la vida. Cerradas a los patios.

SEGUNDA PARTE

EL PARLAMENTO SE QUEDÓ VIEJO

LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

Aunque las movilizaciones de indignados representaban mayoritariamente a una ideología de izquierda, el malestar hacia la política es más transversal, está en todas las generaciones y colores políticos. Lo demuestran las encuestas que el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, hace periódicamente para medir la opinión de los ciudadanos. En los últimos años «los políticos y la política en general» aparece entre las principales preocupaciones de los encuestados, después la economía y el paro. Algunos meses, los políticos figuran como problema antes que la corrupción.

Ese desgaste de la clase política tiene una traducción inmediata en la forma en la que los ciudadanos perciben la actividad parlamentaria. Poco trabajo a cambio de mucho sueldo, esa es la sensación generalizada. El principal problema es el desconocimiento. Los ciudadanos no saben qué hacen los diputados ni tampoco tienen una idea exacta de cuánto ganan. Buena parte de la culpa está dentro. Durante demasiado tiempo los políticos han creído que solo tenían que rendir cuentas cada cuatro años, y tanto el Congreso como el Senado no percibieron la necesidad de traspasar sus muros y explicar en la calle lo que pasaba dentro. Eso ha empezado a cambiar, con campañas de comunicación mucho más ágiles y eficaces, pero es difícil modificar los hábitos de la vieja y pesada maquinaria parlamentaria.

El Parlamento de la democracia se fue haciendo mayor sin tener en cuenta que sus votantes se iban renovando, que el mundo cambiaba y en la calle había nuevas necesidades. Los nuevos políticos que se han incorporado tras las últimas elecciones se tropiezan una y otra vez con la rigidez de la institución. Las cosas empiezan a cambiar por necesidades del guion pero todavía muy despacio.

Es importante tener en cuenta que este no es un problema exclusivo de España. Hace bastantes años que el Informe Parlamentario Mundial, que se elabora desde un organismo dependiente de la ONU, empezó a mandar señales de alerta: «La presión del público sobre los parlamentos es mayor que nunca». Según ese estudio, en los primeros años de la crisis solo un tercio de los ciudadanos europeos tenían confianza en sus parlamentos. Mientras que en Estados Unidos, tras la caída de Lehman Brothers, el dato era aún más preocupante: solo un 9 % de la población seguía creyendo en el trabajo de sus congresistas.

La crisis de liderazgo político también es mundial. La indignación popular ha ido premiando la antipolítica. En Italia, un cómico, Beppe Grillo, consiguió que su «anti partido» —se autodenominaban movimiento ciudadano— se situase como tercera fuerza parlamentaria en las elecciones legislativas de 2013. Y no fue el único comediante en irrumpir en la vida política; Jimmy Morales saltó de la televisión a la presidencia de Guatemala. Aunque el caso más alarmante es el del millonario norteamericano Donald Trump, que, aunque no acumuló su fortuna gracias a la comedia, apunta maneras y, contra todo pronóstico, preside la primera potencia del mundo.

En todo el mundo se buscan nuevos líderes, siglas y discursos. Syriza, una coalición de partidos griegos sin peso político, pasó a ser en pocos años el partido del Gobierno. En Europa el avance de los partidos de extrema derecha es alarmante, en el Reino Unido lo euroescépticos ganaron el pulso a la vieja política que se resistía a abandonar la Unión.

¿Hubiera sucedido todo esto sin una crisis económica tan dura? Quizá no, como probablemente la nueva política no se hubiera implantado tan rápido sin la ayuda de las redes sociales. Pero todo esto ha ocurrido y difícilmente habrá marcha atrás. El que no se adapte se quedará en el camino.

Por eso el Parlamento español necesita cambios, modificar sus leyes internas y afrontar sin complejos las necesidades que les plantean los ciudadanos. No solo tienen derecho a saber cuánto ganan los diputados o cuánto gastan en viajes. Si hay que concretar quién asiste a cada Pleno, dónde están los ausentes, quién es recibido en los despachos, qué piden las asociaciones de vecinos y también los lobbys, pues se cuenta. Solo con la transparencia se recuperará la confianza y solo desde el conocimiento de lo que hace el Parlamento volverá el respeto. Quizá hace falta una pequeña revolución, abrir las ventanas y sacudir las alfombras de viejos prejuicios. Pero para evolucionar hay que saber de dónde partimos y eso es lo que ahora trataremos de explicar con un recorrido por las personas, los lugares y las cosas que custodian los leones del Congreso.

DEL TELEGRAMA AL TUIT

Para entender la profundidad y gravedad de la brecha que separa a representantes y representados, hay que tener en cuenta las circunstancias que han coincidido en el tiempo. Una crisis económica sin precedentes en la democracia, la sucesión de escándalos de corrupción política y económica, el desgaste de unas leyes que no se han adaptado a las necesidades de los ciudadanos y una revolución tecnológica que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y acceder a la información.

Empecemos por este último. Cualquier acontecimiento o proceso que sucede en este tiempo tiene que ver con el cambio tecnológico, con la era de internet. Cuando la crisis se instaló en España, la mayoría de los ciudadanos ya tenían conexión a internet y, a pesar de las estrecheces, en poco tiempo también teléfonos inteligentes con acceso a las redes sociales. La información viaja en el bolsillo; la opinión se crea a golpe de clic.

La evolución ha sido vertiginosa, aunque no todas las generaciones hayan avanzado al mismo ritmo ni con el mismo éxito. Pero no nos equivoquemos, la revolución digital no es algo que solo afecte a las generaciones más jóvenes: lo saben bien los analistas de mercado, pues, en los estudios que manejan, una buena conexión a la red está entre las principales prioridades de todos los clientes, desde la primera hasta la tercera edad.

Dentro del Congreso el tiempo siempre ha avanzado más despacio que en la calle. En pleno reinado del fax, en los años noventa, el Parlamento se seguía comunicando mediante telegramas. Uno de los rincones que más me llamó la atención en mis inicios como periodista parlamentaria fue un viejo mostrador de madera sobre el que colgaba un cartel: «Oficina de Correos y Telégrafos». Estaba en un lugar estratégico, a solo diez pasos del hemiciclo porque allí se centralizaban las comunicaciones con los diputados. La hora del Pleno, el orden del día, las citas para las comisiones, todo se comunicaba mediante telegrama.

Eran tiempos en que la noticia podía esperar. El teléfono móvil era un artículo de lujo, pesado e incómodo, que solo manejaban unos pocos. Desde luego no la mayoría de los periodistas que hacíamos cola ante las cabinas de madera situadas en una de las salas, conocidas como «escritorios», frente al hemiciclo. Una norma no escrita determinaba que las de la derecha eran para uso de los diputados y los informadores nos quedábamos con las de la izquierda. Si había pasado algo relevante en el Pleno, no se convertía en noticia hasta que llegaba tu turno para comunicarlo a los jefes. Si la novedad venía de fuera del Congreso, el problema lo tenían en las redacciones para localizarnos en los pasillos.

Tanto el lenguaje político como el periodístico eran más pausados. Se dedicaba más tiempo a cada noticia y a cada testimonio. Una crónica política en televisión incluía una media de tres intervenciones de políticos, ninguna inferior a 20 segundos. Ahora en una noticia caben cinco o más opiniones aunque de unos siete a diez segundos de media.

Ya no hay cabinas en el Palacio. Se retiraron por orden de Manuel Marín cuando llegó a la presidencia de la cámara en el primer Gobierno de Zapatero. En su lugar colocó unas mesas con ordenadores para hacer consultas en internet que entonces era accesible solo en determinados lugares. La decisión fue muy criticada. No sé si por boicot o por falta de interés, pero, antes de que saliesen telarañas en los teclados por falta de uso, los ordenadores también fueron desalojados.

Las «novedades» del presidente Marín —el más tecnológico de todos— nunca fueron bien recibidas, ni siquiera por los suyos. Es como si sus señorías se resistiesen a dejar los tiempos del telegrama y el papel. Pero la capacidad arrolladora de la tecnología terminó imponiéndose y el Palacio sufrió algunas modificaciones para hacer desaparecer el mostrador de los telegramas y los rincones donde se almacenaban interminables montones con el Diario de Sesiones de los últimos días.

La era digital se ha llevado mucho mueble de madera y latón del viejo edificio. Algunos de aquellos trastos tenían su utilidad como chivatos de la asistencia a los plenos. En la M-30, como se conoce al pasillo semicircular que rodea el salón de sesiones, había unos casilleros para dejar el correo de los parlamentarios. Por la densidad de los montones acumulados en un casillero podías calcular cuántos plenos se había saltado su titular.

Los fajos de sobres y papeles solían delatar al expresidente González, que después de perder las elecciones del 96 frente a Aznar, pasó años haciendo mutis por el foro. De hecho encabezaba el ranking de los parlamentarios ausentes. Entonces la Cámara no tenía otro método para comprobar las ausencias de los diputados que los estadillos de los electricistas, que recogían qué botones se habían pulsado desde los escaños en cada sesión. Ya existían las multas para las faltas no justificadas, pero en el caso del expresidente también «se ausentaron» las sanciones.

Pero volvamos a la revolución tecnológica de Marín, su principal aportación al Parlamento. Encargó convertir aquellos viejos escaños en pupitres digitales sin que el hemiciclo perdiese ese aspecto solemne, y algo decadente, de un palacio construido en 1850. Hubo que desmontar todas las filas y elevar la altura de las mesas para extender una maraña de cables que permitiesen que en cada puesto se camuflase una pantalla de ordenador y un teclado con acceso directo al que cada diputado tenía en su despacho. Una combinación de ingeniería y artesanía que logró su objetivo: el hemiciclo mantuvo su apariencia pero resultó más práctico.

Lo más difícil fue asegurar la cobertura de wifi, no tanto por las dificultades técnicas como por la necesidad de garantizar la seguridad. Marín buscó en Europa el parlamento más moderno y seguro. Se trajo de Alemania a los técnicos que acababan de reformar el Bundestag. Debieron acertar los alemanes porque desde entonces ha habido múltiples ataques de hackers y ninguno con éxito. La tentación de colocar un mensaje o una imagen en las dos grandes pantallas del hemiciclo en las que se muestra el resultado de las votaciones es demasiado grande. La de manipular el número y sentido de los votos, aún más.

Después de poner el salón de sesiones patas arriba y volver a colocarlo todo en su sitio, llegó el gran reto: la «digitalización» de sus señorías.

En el año 2004, Marín convoca un concurso público para dotar al diputado de un «kit tecnológico» que incluyera un ordenador portátil y un teléfono móvil. Además, el Congreso se encargó de conectar los hogares de los diputados a internet y darles la formación necesaria de forma «discreta», con un equipo de profesionales instalados de forma permanente en uno de los edificios del Congreso. El presidente Marín me explicó años después que muchos de los que recibieron aquel kit tecnológico nunca lo dieron de alta. Algunos ni siquiera lo habían sacado de la caja y otros no sabían utilizarlo. Pude comprobarlo personalmente con un veterano de la casa, con el que intentaba cerrar una cita para una comida de trabajo. Cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo, echó mano al bolsillo y dijo: «Voy a apuntarlo en mi PDA». Y sacó un folio doblado en cuatro que definió como «Papel De Apuntar». Entonces el artilugio en boga eran los Personal Digital Assistant, los auténticos PDA que portaban en sus bolsillos los más modernos. Unas agendas electrónicas que se sincronizaban con el ordenador de la oficina.

La obsesión de Marín por abrir el Congreso a las nuevas tecnologías lo llevó a pedirle al entonces ministro de Economía que renunciase a esa tradición que se repetía al finalizar cada mes de septiembre. La imagen de una furgoneta entrando en el Congreso cargada con los tomos de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de turno abría el portón del vehículo mientras se disparaban los flashes de los fotógrafos y después posaba con el libro amarillo que resumía las cuentas ante los leones. Era el pistoletazo de salida para el debate parlamentario de las cuentas públicas que debían estar aprobadas antes de que finalizase el año.

En 2004, Marín propuso a Solbes que llevase los presupuestos del siguiente año en soporte informático, en un disco y el entonces portavoz del PP, Eduardo Zaplana fue a protestar por la iniciativa porque no quería renunciar a su foto con el carrito cargado de libros. Nunca más aparcó la furgoneta en el Patio del Congreso. En los años posteriores las cuentas públicas llegaron siempre en un pendrive, acompañando al libro amarillo, incluso en un código BIDI, aunque con poco éxito de público porque casi nadie conocía el mecanismo para convertir en un texto aquel cuadradito lleno de manchas negras.

La lentitud con la que muchos parlamentarios se incorporaron al cambio tecnológico tuvo que ver con la edad media de los parlamentarios, que en ese momento superaba los cincuenta años. También con cierta resistencia a romper con las tradiciones y, aun peor, con el simplismo de la batalla bipartidista, que no quiere reconocer como acierto una iniciativa del adversario.

Junto a los resistentes convivían los apasionados de la tecnología que supieron aprovechar a fondo la oportunidad. Pero, en general, esa lentitud para incorporarse a los nuevos tiempos de la información limitó la capacidad de escuchar, lo que tiempo después empezaría a demandarse en las calles y en las redes.

EL DISCURSO SE QUEDÓ VIEJO

La era tecnológica trajo nuevas formas de comunicarse e informarse. Entre la clase política, después del correo electrónico y el WhatsApp, el mayor impacto ha sido el de Twitter. La red de mensajes cortos se creó en San Francisco, Estados Unidos, en 2006, pero en España comenzó a afianzarse algo más tarde, coincidiendo con los años de la crisis. La característica principal es la inmediatez y la capacidad de llegar a miles, millones de personas con un mensaje de 140 caracteres, el equivalente a dos líneas de este texto. Suficiente para trasladar un eslogan político, compartir un titular o denunciar un escándalo. Esa brevedad y concreción que requiere la red social ha ido contagiando las crónicas periodísticas, ahora más directas, más claras, más breves. También el discurso político.

Ya hemos aludido a la capacidad dialéctica de los nuevos políticos como Iglesias o Rivera. También de otros que no forman parte del Parlamento, como Ada Colau o incluso la monja Teresa Forcades, que saltó del convento de clausura al ruedo político, abriéndose paso con una verborrea que ya quisieran muchos veteranos diputados. El caso más llamativo quizá sea el del último candidato de ERC al Parlamento. El discurso político de Gabriel Rufián es una sucesión de tuits, ya sea en la tribuna o una declaración periodística. Es cierto que es más fácil construir mensajes desde la crítica —incluso desde la demagogia— pero, aun así, todos estos recién llegados han sabido entender la importancia de la comunicación, la necesidad de romper con el viejo discurso.

Mientras fuera del Congreso aumentaba el eco de esas voces novedosas, dentro siguieron escuchándose las mismas intervenciones cargadas de términos legislativos farragosos difíciles de comprender para el ciudadano de a pie. Es como si en el hemiciclo se hablase un lenguaje distinto, un idioma incapaz de traspasar los muros. ¿Dónde se quedaron las intervenciones brillantes de otros tiempos?

Hay varias razones que explican este desgaste del lenguaje político. El sociólogo Manuel Castells, autor de la trilogía La era de la información, considera que «es un problema de prepotencia. El político concluye que no tiene que relacionarse con los ciudadanos salvo en campaña electoral y entonces lo hace por mediación de un gabinete de comunicación que define la estrategia». Lo cierto es que los parlamentarios, al menos buena parte de ellos, fueron dejando de hablar para la calle. Varios de los expertos consultados coinciden en que durante años sus mensajes se han dirigido en dos direcciones: a sus jefes —de quienes depende su escaño— y a los medios.

Manuel Marín, designado presidente del Congreso por Zapatero en 2004, considera que «los vicios de la política se retroalimentan con los de la información. Ya no es necesario un discurso, si no rellenar los espacios de los medios. Desde la mañana hasta la noche se reparten los mensajes en función de las citas mediáticas: desayunos informativos, tertulias, espacios de noticias... El discurso se ha sustituido por el canutazo». El canutazo es el término con el que los periodistas de televisión nos referimos a una declaración breve. Para Marín, en esa búsqueda de notoriedad en los medios, muchos se han dado cuenta de que «el alarido es más eficaz que la cortesía».

Es evidente que una escena llamativa tiene más futuro en un telediario que un discurso. Los medios tenemos buena parte de culpa en esa frivolización del lenguaje político. Pero la rígida dinámica parlamentaria no contempla ninguna forma de participación directa de los colectivos sociales y, en cierto modo, favorece que quien quiera hacer una denuncia ante sus señorías busque el camino más corto.

En los últimos años han proliferado las escenas de desorden en el hemiciclo. Personas ajenas a la vida política que interrumpían el Pleno gritando consignas, exhibiendo una camiseta o incluso quitándosela, como hicieron la activistas de Femen. Exhibieron su pecho desnudo ante la mirada atónita de sus señorías, gritando consignas contra la reforma de la ley del aborto que promovía Gallardón, mientras se aferraban a las columnas que sostienen las tribunas. Muchas dificultades pasaron aquel día los policías del Congreso para desalojarlas sin colocar sus manos sobre partes improcedentes.

Para evitar ese tipo de situaciones los policías que custodian la puerta de invitados han ido extremando los controles. Por lo general se revisan los bolsos y mochilas y se comprueba que debajo de la ropa el público no oculta camisetas reivindicativas. Además, los invitados deben dejar en la entrada sus teléfonos móviles para evitar que hagan fotos o vídeos durante la sesión. Son reglas que se aplican a todos los asistentes, salvo a los representantes políticos de otras instituciones.

Varios dirigentes de Podemos asistieron como invitados a aquel primer pleno de enero de 2016 en el que los fundadores del partido y otros muchos compañeros iban a convertirse por primera vez en parlamentarios de pleno derecho. Los policías de la puerta no reconocieron a los dos portavoces de la formación morada en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Rita Maestre y José Manuel López tuvieron que dejar sus teléfonos en la entrada como el resto del público. Al ocupar sus butacas y ver cómo otras autoridades seguían utilizando sus móviles se indignaron y rápidamente denunciaron la marginación y el cacheo al que habían sido sometidos «por ser de Podemos». Su bronca política se convirtió en un problema serio para la agente de policía que cometió el error de no conocer a dos políticos que llevaban poco más de seis meses en sus puestos. Dieciséis horas después de haber iniciado su jornada laboral, allí estaba aquella funcionaria redactando un detallado informe de por qué se le había ocurrido cachear a quien tenía derecho a saltarse el cacheo. Policía e hija de policía, ha vivido de todo, pero de aquello no se olvida.

El reglamento del Congreso prohíbe expresamente cualquier tipo de manifestación de aprobación o reproche (incluidos los aplausos) desde las tribunas del público. Pero estos límites se han sobrepasado a menudo con la connivencia de algunos partidos, normalmente los que están en la oposición. Ellos reservan algunas de las invitaciones a las que tienen derecho para los colectivos que puedan provocar alguna escena incómoda para el Gobierno de turno. A pesar de esos férreos controles que tienen que aplicar los funcionarios en la puerta posterior del edificio, por la que los invitados entran a las tribunas, casi siempre hay alguna forma de burlarlos.

El presidente del Congreso tiene atribuidas tareas de policía dentro de la Cámara. De él depende el destino de quienes han interrumpido el transcurso de un Pleno. Lo habitual es que se limite a pedir a los funcionarios o agentes de paisano que están en el hemiciclo que desalojen las tribunas. Los exaltados son acompañados a la puerta, a menudo previo paso por la comisaría que hay en el Palacio para tomar nota de sus datos. Lo habitual es que esas protestas no tengan mayores consecuencias, pero ha habido alguna excepción, como el caso del actor Willy Toledo.

En diciembre de 2010, Toledo asistía a un debate junto a un grupo de personas, todos activistas prosaharauis. En un momento determinado se levantaron de sus asientos gritando consignas a favor de la independencia del Sáhara Occidental. José Bono, que presidía la sesión, ordenó su desalojo. Pero cuando los policías intentaban empujar a los alborotadores hacia la puerta, Willy Toledo gritó: «¡Diputados chorizos!». Y esa frase, que ya se empezaba a escuchar con demasiada frecuencia en la calle, fue como un dardo para un veterano del parlamentarismo como Bono. El presidente ordenó a la policía que detuviesen a quienes habían alterado el orden y los pusiesen a disposición judicial. José Bono trasladó a la opinión pública un mensaje de firmeza, no estaba dispuesto a tolerar determinadas faltas de respeto hacia una institución que representa a todos. Pero el que triunfó en los informativos, al menos entre su público, fue Willy Toledo, que terminó saliendo del Congreso en un furgón policial al que entró vociferando.

Bono aplicó el artículo 497 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y un año para «quienes perturben gravemente el orden de las sesiones, sin ser miembros de la misma». La ley dice que cuando la perturbación no sea grave, se impondrá pena de multa de seis a doce meses. Al final ni una ni otra, porque el juez no encontró malas intenciones en la actitud del actor y el Congreso tampoco quiso que el asunto fuera a mayores. El primer interesado, el diputado de IU Gaspar Llamazares, que llegó a visitar el despacho de Bono para mediar por Willy Toledo.

Esas escenas se convirtieron en algo habitual a medida que aumentaba el malestar en la calle hacia la clase política y dentro del Congreso seguía sin escucharse una respuesta a tanta inquietud ciudadana. Se oían los mismos discursos y a los mismos protagonistas. Fundamentalmente porque el uso de la palabra sigue siendo, en el siglo XXI, un privilegio reservado para los parlamentarios elegidos por los responsables de su grupo. Aunque no siempre fue así.

Cuenta José Bono que cuando supo que iba a presidir la Cámara quiso repasar los Diarios de Sesiones de una etapa política que le resulta muy atractiva, la Segunda República. En aquellos papeles descubrió que al inicio de las sesiones el presidente pedía los nombres a «los señores diputados que quieran intervenir en la sesión de hoy». Quienes consideraban que tenían algo que aportar sobre el orden del día, se apuntaban en una lista y todos tenían derecho a la palabra.

Actualmente tanto en Pleno como en comisión el turno de palabra es un privilegio de los diputados que han sido designados por sus grupos como portavoces. Al comenzar cada legislatura, el Congreso aprueba una lista de comisiones. Son grupos de trabajo específicos por cada materia, en los que se controla al ministro del ramo y se discuten y elaboran las nuevas leyes. La norma es crear una comisión por cada ministerio del Gobierno y además otras no permanentes para estudiar problemas específicos. Con las comisiones en marcha, la dirección de cada grupo parlamentario reparte el trabajo entre los suyos. Se eligen un portavoz, uno o dos adjuntos y varios vocales. El portavoz recibe un complemento de su sueldo y marca la línea política de su formación en la materia asignada (economía, sanidad, hacienda, política exterior...).

En los grupos pequeños lo habitual es que un diputado sea portavoz en más de una comisión porque no hay suficientes parlamentarios para cubrir todos los frentes. Eso les lleva a una hiperactividad que tiene su compensación con más presencia en los medios. Pero en los grupos grandes —tradicionalmente los dos principales partidos, PP y PSOE— la visibilidad se reserva para el portavoz, un privilegio al que acceden solo unos pocos. Los demás diputados también tienen tarea, todos tienen que estar adscritos a una comisión, participar en sus trabajos, pero su relevancia es casi nula.

En tiempos de la Segunda República, a ese numeroso grupo de diputados cuya labor en el hemiciclo consiste en escuchar y votar, se los llamaba «culiparlantes». El cantautor José Antonio Labordeta, elegido diputado por la Chunta Aragonesista en el año 2000, narra en Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados su sorpresa al descubrir que buena parte de los diputados limitaban su actividad en el Pleno a apretar los botones. Sugirió que se actualizase el término republicano y se los denominase «botonparlantes».

Esa realidad es la causa de las mayores decepciones de los nuevos parlamentarios. La razón por la que algunos de los que se lanzaron a entrar en política terminaron tirando la toalla. Entre ellos Manuel Pizarro, el gran fichaje de Mariano Rajoy en las elecciones de 2008. Cuando llegó al Congreso ya había sido presidente de la Bolsa, de Endesa, Ibercaja y la Confederación de Cajas de Ahorros. Además fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la de Ciencias Económicas y Financieras. Con seguridad, uno de los mejores currículums del hemiciclo.

Desde el primer día hasta el último de sus casi dos años como diputado, Pizarro asistió a prácticamente todos los plenos desde el inicio hasta el final de la sesión. En su escaño de la sexta fila observaba la escena sin poder disimular cierto asombro por lo que allí sucedía. Un buen día le dijo a Mariano Rajoy que se iba. No aceptó contraoferta. Contactó con un headhunter y volvió al mundo de la empresa, a la economía real, a la toma de decisiones. En sus casi dos años como diputado ingresó veinte veces menos de lo que solía ganar en la empresa privada. También disminuyó su trabajo, solo tuvo oportunidad de intervenir dos veces y, por cierto, no leyó ningún papel.

No es un detalle menor. Como curiosidad, ya que no tiene ninguna otra consecuencia, hay que destacar que el reglamento del Senado, en su artículo 84, establece que «todo Senador podrá intervenir una vez que haya pedido y obtenido la palabra. Los discursos se pronunciarán sin interrupción, se dirigirán únicamente a la Cámara y no podrán, en ningún caso, ser leídos, aunque será admisible la utilización de notas auxiliares». En el Congreso, quienes redactaron la ley interna en 1981, no osaron llegar tan lejos. Si lo hubieran hecho, habría que echar el cierre por incumplimiento de contrato.

Hace muchos años que los discursos en la tribuna se convierten prácticamente en una sucesión de monólogos, casi siempre leídos. Pero lo más preocupante es que esa situación se repite en la sesión de control, el debate más ágil de los que tienen lugar en el Parlamento.

El control de los miércoles tiene un formato específico. Los grupos parlamentarios tienen derecho a un número de preguntas mayor o menor en función de cuántos diputados tengan. Lo que es igual para todos es el tiempo del que disponen. Cinco minutos a repartir en dos partes iguales, dos minutos y medio para quien plantea la cuestión, y otro tanto para el miembro del Gobierno que la responde. Cada interviniente tiene que organizar su discurso en esos dos minutos y medio y si calcula mal se queda literalmente con la palabra en la boca porque el presidente del Congreso le cierra el micrófono.

Lo habitual es que unos y otros recurran al papel para debatir. Preguntas, respuestas y réplicas que se recitan dejando muy poco espacio para la improvisación. En el caso de los miembros del Gobierno se añade que las respuestas han sido elaboradas por un equipo específico de funcionarios del ministerio de la Presidencia. Los ministros de perfil más político aportan muchos elementos de su cosecha y alimentan la confrontación. Los más técnicos se limitan a defenderse del ataque con una retahíla de datos.

En principio cualquier diputado puede participar en una sesión de control al Gobierno, pero en la práctica no es así porque hace falta la autorización de su portavoz. Cada pregunta o iniciativa que se presenta en el Registro del Congreso debe llevar la firma del coordinador del grupo para ser válida. De esa manera la última palabra siempre está en lo alto de la pirámide de mando; será la dirección del grupo quien considere si es oportuno el tema y la persona. El sistema garantiza que ningún díscolo puede emprender «carrera parlamentaria» en solitario.

Además, el número de preguntas que formula semanalmente cada partido debe atenerse al reparto pactado al inicio del periodo de sesiones. Cada grupo parlamentario tiene un cupo en función del número de escaños que ocupa en el hemiciclo. El presidente Marín quiso acabar con la rigidez del sistema y propuso una fórmula para abrir el debate a todos los diputados. Proponía que al terminar la sesión se plantease un turno libre para que otros diputados no registrados previamente pudiesen también formular sus preguntas al Gobierno. Asegura Manuel Marín que le respondieron con la siguiente pregunta: «¿Te has vuelto loco?».

La propuesta de Marín estaba inspirada en la cuna del parlamentarismo, las cámaras británicas. Allí los parlamentarios tienen libertad para intervenir siempre que se lo indiquen al Speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes. Para ello, si antes no han pedido por escrito la palabra, no tienen más que levantarse durante unos segundos de su escaño, lo suficiente para ser vistos.

El periodista Borja Bergareche, que fue corresponsal en Londres del diario ABC, destaca que el Parlamento británico «ha sabido combinar de forma extraordinaria flexibilidad y tradición». La autoridad del Speaker es absolutamente respetada y nadie interviene hasta que él le otorga el turno. Pero, al mismo tiempo, todos son conscientes de que, en aras de escuchar el mayor número de opiniones posibles, esos discursos tienen que ser breves. Si algún parlamentario se excede en el uso de la palabra, un murmullo se extiende entre las bancadas dejando claro que su tiempo ha terminado.

El viejo refrán de «lo bueno si breve, dos veces bueno» casi nunca se aplica en la política española. En el Congreso y el Senado, aún menos. Si algo caracteriza el debate parlamentario es la repetición de argumentos, e incluso de párrafos enteros. Una de las causas es el mecanismo de tramitación de las leyes que obliga a que las discusiones se sucedan sin apenas variación, en el Pleno y en las comisiones. Varios presidentes del Congreso se han planteado cambiar el formato de los debates para que al Pleno solo lleguen las discusiones de los grandes temas y las cuestiones más técnicas se debatan y voten en comisión.

A la exdiputada Irene Lozano, que cambió el periodismo por la política de la mano de Rosa Díez, le llamaba enormemente la atención el exceso de tecnicismos que utilizaban los diputados en sus intervenciones en el Pleno. Lo atribuyó «al exceso de formación jurídica y a un déficit que todos arrastramos desde la escuela donde no se enseñaba a hablar en público». En España tradicionalmente no ha existido una cultura de la oratoria. No damos valor a la necesidad de expresarnos con fluidez. A diferencia de otros países, apenas se estudia en el colegio y en la universidad. Sigue siendo una de nuestras grandes asignaturas pendientes.

La comunicación es fundamental en el mundo profesional y clave en el político. El periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, en su libro ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor?, asegura que «la deficiente comunicación de los profesionales supone siempre pérdida de competitividad para ellos mismos y para sus empresas, perjudica gravemente la formación de líderes y limita gravemente la productividad en general». En su diagnóstico del problema señala que «de las cuatro habilidades básicas para comunicar —leer, escribir, hablar y escuchar— en la escuela únicamente nos enseñaron las dos primeras, leer y escribir».

Esa falta de control sobre el discurso no es un mal exclusivo de nuestro país. De hecho, en una entrevista el expresidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, advertía: «La enfermedad de nuestro tiempo es la incontinencia verbal. Se gastan muchas palabras en proclamas pero no se concreta nada, son mensajes vacíos». Cuando Gorbachov pronunció esa frase estaba a punto de cumplir ochenta años. Aun así su inteligencia y experiencia le habían hecho entender que, en la era de la globalización, el lenguaje político debe renovarse.

En abril de 2009, la visita de Estado del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se convirtió en una buena oportunidad para constatar el déficit de calidad en nuestros discursos. El presidente francés hizo su intervención en francés y a pesar de la traducción simultánea, resultó directa y estructurada, con la entonación y las pausas necesarias, y el lenguaje corporal adecuado, subrayando los mensajes más importantes. Todos los asistentes, periodistas y políticos, salimos impresionados del hemiciclo. Ni siquiera logró distraernos el indiscutible toque de glamour que Carla Bruni, la primera dama francesa, aportaba a la tribuna de autoridades.

Como contraste, solo dos meses antes, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, había aburrido a los parlamentarios con un discurso mediocre y cargado de tópicos. Apenas miró los papeles, no tanto por su capacidad de improvisación, si no porque se limitó a repetir el mismo discurso que el día anterior había recitado ante los Reyes, en la cena de gala del Palacio Real. Por cierto, siguiendo sus costumbres políticamente incorrectas, Kirchner llegó 40 minutos tarde a su cita con sus majestades y al día siguiente volvió a retrasarse mientras la esperaban en el Congreso.

No es habitual que los mandatarios internacionales hablen en el hemiciclo. Es una deferencia que se reserva para los representantes de países con especial cercanía a España, como los de Hispanoamérica y quienes comparten nuestras fronteras. Esas visitas suelen servir para comprobar que hay otro lenguaje político, no siempre afortunado, pero a menudo enriquecedor.

LA TRIBUNA Y EL MIEDO ESCÉNICO

La tribuna de oradores del Congreso es uno de esos lugares que provocan el «miedo escénico» al que se refería el madridista Jorge Valdano. Tiene que ver con la cercanía del adversario. En el Senado, la sensación es algo distinta porque allí hace tiempo que dejó de utilizarse el viejo y pequeño hemiciclo rectangular. Los senadores debaten en un moderno salón con espacio y distancia suficiente para que los temores se difuminen.

No es así en el Congreso. El hemiciclo apenas ha sufrido cambios desde que se terminaron las obras del Palacio de las Cortes en 1850. Es un lugar mucho más pequeño de lo que parece en la televisión y mucho más bonito de lo que reflejan las cámaras. Algunos se refieren a él como una bombonera: un lugar recogido y solemne que contrasta con el grosor de las palabras que retumban en su cúpula. Hasta que alguien no sube los cinco escalones que lo llevan ante el micrófono, no es consciente de lo cerca que se encuentra el adversario y de lo que pueden llegar a distraer los rumores que circulan desde las bancadas.

Los más veteranos saben que el ruido de fondo puede llegar a ser una eficaz arma política para descolocar al adversario. Han pasado muchos años, pero todavía muchos tienen presente aquel debate del Estado la Nación, que en 1999 enfrentó a un arropado presidente Aznar con el candidato del Partido Socialista. Borrell llegó con liderazgo frágil porque a pesar de que había vencido a Joaquín Almunia en las primarias, no tenía el suficiente respaldo entre los suyos para afrontar el examen con la fortaleza necesaria. La bancada popular —como media España— era muy consciente de la delicada situación de Josep Borrell y la supieron aprovechar acompañando su intervención con un molesto y constante ruido que llevó al orador a perder literalmente los papeles. Durante varios minutos no dejó de removerlos en busca del apunte que necesitaba para seguir construyendo su argumento. Borrell era un buen parlamentario, de los mejores, pero quizá no supo medir la capacidad de sus rivales para generar las condiciones más adversas a su discurso.

No hay nada peor que tener la sensación de estar hablando sin que nadie te escuche. La mayoría de los diputados la han experimentado demasiadas veces. Mientras el orador interviene en la tribuna, su público, los diputados, siguen a lo suyo: leen, escriben, comentan o atienden una llamada telefónica. Sería muy fácil juzgarlos, tacharlos de insensibles y maleducados, pero en su descargo tengo que decir que los periodistas hacemos mientras tanto algo parecido. Es casi imposible mantener la atención durante las sesiones maratonianas donde nadie parece dispuesto a renunciar a un minuto de su tiempo. La mayoría de las veces son palabras que explican un argumentario de partido que ya ha circulado por los correos electrónicos horas antes de todos los medios. Se repiten las mismas críticas y las mismas defensas, con insistencia y sin apasionamiento.

La pasión es una cualidad sin la que es muy difícil hacer política. Hay que tener una buena dosis para lanzarse a la vida pública y aún más para hacerse un hueco en ella. Esa carga de ilusión que arrastran los recién llegados se va perdiendo por los rincones del Congreso a medida que se recorren. Es muy difícil mantener el entusiasmo con un sistema tan rígido. Con el tiempo, la mayoría de los diputados terminan habituándose a un lenguaje demasiado técnico y poco emocional. Los parlamentarios desconectan, los periodistas se distraen, los ciudadanos ni siquiera llegan a desplegar sus antenas.

Es evidente que hay excepciones: parlamentarios especialmente cualificados para el discurso y otros conscientes de que la falta de aptitudes innatas se compensan con dedicación y esfuerzo. La clave de un buen discurso —como de todo— es el trabajo, la preparación, el estudio, el ensayo. No hacen falta más que un par de minutos para deducir las horas que hay detrás de los papeles que se acaban de posar sobre el atril de la tribuna.

Después de varios párrafos dedicados a la crítica, es justo destacar el buen trabajo de algunos. No solo de los veteranos: aquel Miquel Roca o el ahora denostado Rodrigo Rato demostraron en muchas ocasiones su brillantez con la palabra. Aunque en los últimos años el nivel de los discursos fuera decayendo, han ido llegando otros que han enriquecido la oratoria parlamentaria: Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Antonio Hernando, Alberto Garzón... y, antes que ellos, Ramón Jáuregui, Rosa Aguilar o el propio Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría.

Antes que vicepresidenta y portavoz de Gobierno, Sáenz de Santamaría fue la responsable del Grupo Popular en la oposición. Rajoy la colocó en el escaparate más importante para un partido que aspira a gobernar cuando era una joven treintañera y poco conocida. Disfrutó antes del título que de la autoridad que conlleva. Pocos aplaudieron el nombramiento. Quizá los periodistas fuimos los que mejor lo recibimos seguros de que el personaje nos daría buenos titulares. Pero en la bancada popular heredada de los tiempos de Aznar, Sáenz de Santamaría era una outsider, una recién llegada, que para colmo era mujer, joven y de aspecto algo frágil. Una prueba clara de que casi siempre las apariencias engañan.

Soraya Sáenz de Santamaría nunca entró al Congreso con las manos vacías. La acompañaba un fajo de papeles repletos de pósits de colores que iban clasificando sus notas por categorías e importancia. Su trabajo previo a cualquier comparecencia tenía mucho que ver con la perseverancia típica de los opositores: papeles leídos y subrayados, notas al margen, resúmenes y mucho ensayo en el despacho. Con esas herramientas, la entonces portavoz se fue ganando el respeto de los suyos, preparando concienzudamente cada intervención ante el Pleno o ante la prensa.

La peor sensación que puede transmitir un político es la inseguridad. Que quien lo escucha perciba que no domina los temas que defiende o que improvisa un argumento sobre el que apenas había reflexionado previamente. En la bancada de enfrente, la socialista, ha habido portavoces que han logrado ser un ejemplo de una cosa y la contraria, de eficacia y de torpeza.

Antes de retirarse de la política Alfredo Pérez Rubalcaba fue casi todo. Ministro y portavoz del Gobierno con Felipe González. Portavoz parlamentario, ministro y vicepresidente con Rodríguez Zapatero. También secretario general del PSOE. Pero aunque no fuera su cargo más relevante, fue como portavoz parlamentario donde más lo valoramos los periodistas.

Las ruedas de prensa tenían principio y final anunciado, nunca más tiempo del necesario para abordar los temas del día. A la hora de resumir sus intervenciones, su capacidad de síntesis facilitaba la tarea de los periodistas de radio, televisión o prensa. Se agradecía especialmente esa concisión porque le tocaba intervenir justo detrás del popular Eduardo Zaplana, un experto en dar varias vueltas con el lenguaje para no siempre encontrar la salida del laberinto. Los sucesores de Rubalcaba se encargaron de recordarnos que habíamos perdido a un buen orador.

Rodríguez Zapatero hizo a su amigo el jurista José Antonio Alonso un flaco favor el día en el que le encargó que se hiciera cargo de la portavocía en el Congreso. Me consta que dejó buena huella en los ministerios que ocupó, Interior y Defensa. También como portavoz en el trato personal pero aquello no era lo suyo. No es una opinión personal, es la constatación de un hecho que él no se molestaba en disimular. Durante mucho tiempo, las ruedas de prensa se convertían en una cuesta arriba que emprendía con poca energía y menos ánimo. Le faltaba entusiasmo hasta para leerse los periódicos en el desayuno, así que el «no conozco el tema que me está planteando» se convirtió en una respuesta habitual aunque con distintos formatos: «No he tenido tiempo de conocer la noticia», «no estoy al corriente de ese asunto»..., y así sucesivamente no hacían justicia a la categoría del personaje. Sin embargo tenía otras habilidades. A Alonso le tocó dirigir un grupo parlamentario en minoría que tenía que negociar a cada minuto con el resto de la Cámara. Sus rivales políticos recuerdan su tono conciliador y amable.

Tras él llegó Soraya Rodríguez. A la vallisoletana no le perdía el despiste si no las frases subordinadas. Le costaba encontrar el punto en sus discursos casi tanto como abandonar el leísmo propio de su tierra. Para colmo cada miércoles, en la sesión de control, tenía que enfrentarse al «duelo de Sorayas» con su tocaya Sáenz de Santamaría, que ya había encontrado el camino para dejar frases rotundas, mucho más fáciles de amplificar por los medios que los densos discursos de la Soraya socialista. Pero la prueba evidente de que casi todo se consigue con tesón, es que Soraya Rodríguez hizo en el hemiciclo sus intervenciones más brillantes cuando la cuenta atrás para su relevo ya se había puesto en marcha. Fue más clara, más directa, más eficaz en su despedida que en los meses anteriores frente al micrófono.

Después de Soraya Rodríguez llegó a la portavocía socialista un alumno aventajado de la escuela Rubalcaba. Desde sus primeras intervenciones en la Comisión de Interior, Antonio Hernando ya había demostrado que sabía hablar, pero también que un buen discurso llega después de horas de trabajo. Duro y crítico, quizá demasiado ácido para sus adversarios, pero claro y resolutivo. El destino tenía guardado otra pequeña trampa para la prensa. Al «duelo de Sorayas» le sucedió el de «Hernandos» generando las confusiones oportunas. Al periodista Carlos Herrera le gusta ironizar con las «sintonías» entre ambos personajes y se refiere a ellos como dos hermanos gemelos separados al nacer. No todos los ciudadanos captan la broma y a uno y a otro les toca aclarar de vez en cuando que no hay ningún vínculo familiar.

A Rafael Hernando, PP, le tocó un papel difícil; el de suceder a Alfonso Alonso, uno de los mejores oradores del Gobierno de Rajoy. A diferencia del socialista Alonso antes citado, a este Alonso sí le gustaba su trabajo. Le costó dejarlo para irse al ministerio de Sanidad. Era un portavoz convencido de serlo. Claro, directo y amable, se movía como pez en el agua en el paisaje parlamentario. El tono de un político es muy importante para colocar bien su mensaje y el diputado vasco sabía cuál era el adecuado para hablar en público. Se lo puso difícil a Rafael Hernando. No le iba a resultar fácil ser percibido como un político simpático; para eso tendría que serlo más que su predecesor. Peor aún, debería no tener pasado, algo imposible porque Rafael Hernando es un veterano en el Partido Popular y en el Congreso, y cada vez que ha afrontado una nueva tarea el papel más agradecido ya se lo habían dado a otro.

De hecho en la última etapa de su primer Gobierno, Rajoy buscó nuevas caras que pudiesen contrarrestar el lenguaje más áspero de los veteranos. Mientras una prole de políticos «con buena planta» conquistaban al público desde las tertulias televisivas, los populares rebuscaron en sus filas y colocaron en el escaparate a un joven preparado, hábil con el lenguaje, con una imagen impecable y muy cuidadoso con las formas. Pablo Casado, formado junto a Aznar en la Fundación FAES, había pasado casi desapercibido en su papel de diputado de a pie, pero como nueva cara del partido consiguió el objetivo: aportar una imagen más fresca y tener siempre a mano una frase redonda como si se le acababa de ocurrir.

En la conocida como legislatura fallida, irrumpió una nueva generación de portavoces jóvenes, claros y directos. Podemos colocó en ese papel a Íñigo Errejón, con un buen discurso público y cuidadoso con las formas de tal manera que se ganaba la atención de quienes lo escuchaban, por muchos prejuicios que tuviesen hacia la formación morada. Errejón compartió portavocía con el representante de sus socios catalanes Xavi Domènech, el de los valencianos Joan Baldoví y la gallega Alexandra Fernández. Casi todos recién llegados al Congreso pero hábiles y cercanos en sus discursos. También su sucesora Irene Montero, la más joven y también combativa. En Ciudadanos el papel de portavoz fue rodando de uno a otro para limitar la presencia del que oficialmente debía hacer esa tarea. Ya hemos comentado que Girauta vivía las ruedas de prensa casi como un cuerpo a cuerpo con cada periodista hasta que el mensaje inicial se perdía en el debate. A Íñigo Errejón le duró el cargo mucho menos de lo que hubiera querido: poco más de un año. Le gustaba el trabajo parlamentario, disfrutaba en la negociación a pesar de las dificultades. Pero el pulso con Pablo Iglesias se llevó por delante sus dos puestos estratégicos: el de portavoz en el Parlamento y el de secretario político del partido. Le sucedió Irene Montero, clara, directa y combativa en el discurso.

El papel de los portavoces es clave. Ellos son la voz de su partido. Los nacionalistas catalanes y vascos siempre han tenido perfiles destacados. Josu Erkoreka y Aitor Esteban, los últimos del PNV. Josep Antoni Duran i Lleida y su predecesor Xavier Trias, por el grupo catalán. Lo normal es que cuando dejan el puesto es porque están llamados a ocupar otro más relevante en su formación.

Pero la tarea de un portavoz como ya se ha apuntado no es solo articular el mensaje. De ellos depende la dirección del grupo, el reparto de papeles de los diputados y la decisión final sobre lo que se debate y lo que se pacta. Ese es el esquema general con la excepción de los partidos pequeños con pocos o incluso un solo diputado que trabajan dentro del grupo mixto. En esos casos el día a día, la administración de sus tiempos y sus dineros depende solo de ellos.

Cuenta Labordeta en sus Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados que desde aquel día lluvioso en que entró por primera vez al palacio de la carrera de San Jerónimo se sintió fuera de lugar. Al ser el único diputado de su formación —Chunta Aragonesista—, Labordeta no tenía compañeros que le explicasen cómo funcionaban las cosas allí dentro. Para empezar, nadie le contó que debía sentarse en un escaño específicamente asignado. A falta de información el «beduino» eligió un sillón cercano a la puerta y con buenas vistas. Alguien le lanzó un gruñido lo suficientemente elocuente como para darse cuenta de que aquel escaño tenía otro propietario. Labordeta eligió otro lugar y la escena se repitió, hasta que un alma caritativa le explicó que su asiento estaba en la última fila. Allí encontraría el que tenía un cartelito con su nombre. Por el camino, Labordeta ya había dejado un reguero de huellas en los asientos provocados por la humedad de su gabardina.

El lugar que ocupa cada diputado no es un detalle menor y tiene mucho que ver con el poder que detenta. Al principio de la legislatura, cada grupo parlamentario distribuye los escaños que le corresponden entre los suyos. En los partidos reservan la primera fila para los que integran la dirección del grupo; la segunda, para los que están en la ejecutiva del partido; y la tercera, para los que ocupan alguna portavocía. El resto se reparten por detrás a veces en función de la provincia que representan y otras por orden alfabético Lo que está claro es que cuanto más cerca estés de la tribuna, más mandas. Cuanto más te aproximes a la pared del fondo, más invisible eres para todos, desde tus jefes hasta las cámaras de televisión. Un repaso visual del Pleno reunido nos da bastantes datos de lo que se cuece en política, aunque todo en la vida puede dar un vuelco. Y a veces lo da.

En el final del Gobierno de Zapatero, en la última fila socialista, se sentaba un diputado casi desconocido que había llegado al escaño por una carambola. Pedro Sánchez era un concejal del Ayuntamiento de Madrid que ocupó uno de los últimos puestos de las listas del PSOE. Se quedó sin acta pero en 2009 la baja de Pedro Solbes le abrió la puerta de los leones. La historia se repitió en las siguientes elecciones. Tampoco en las de 2011 Sánchez tuvo asiento a la primera. Esta vez le facilitó la entrada la renuncia de Cristina Narbona. Le costó llegar y no lo tuvo fácil para destacar desde aquel último banco, que los más veteranos llamaban «la fila de los chinos». La zona estaba tan mal iluminada, que las cámaras de televisión siempre sacaban a sus señorías con la piel amarilla.

Pero también la vida política da muchas vueltas y Pedro Sánchez terminó saltando —en unos meses— de la última bancada a la primera, al puesto más codiciado por sus compañeros, el de jefe de la oposición. Cara a cara con el presidente de Gobierno.

Es más habitual hacer el camino a la inversa, es decir, ir retrocediendo filas hasta que la figura política se va haciendo pequeñita. Vicente Martínez-Pujalte fue un clásico en la bancada del PP. Dejó el Congreso en 2016 después de más de veinte años. Fue hombre de confianza en la etapa de Aznar y siguió teniendo relevancia dentro del grupo con el Partido Popular ya en la oposición. Tenía un puesto en la dirección y se sentaba en la segunda fila, justo detrás del Gobierno. No solo tomaba decisiones importantes si no que también hacía otros «papeles» más vistosos.

No sé si fue por vocación o por las circunstancias pero, poco a poco, Martínez-Pujalte fue asumiendo el papel de «bufón de las Cortes». Aderezaba las intervenciones de los miembros del gobierno socialista de Zapatero con comentarios más o menos ofensivos que a menudo conseguían su objetivo: alterar el normal funcionamiento de la sesión. Algo ayudaba también el exceso de sensibilidad del presidente del Congreso, Manuel Marín, recién llegado del Parlamento Europeo donde el «gamberreo» no era habitual. A uno le gustaba provocar y al otro poner orden, aunque el revuelo fuera menor. Un buen día el choque de personalidades culminó en una escena nada común: un diputado expulsado del Pleno por su comportamiento, como en un colegio.

Que era algo excepcional —quizá excesivo— quedó demostrado con los años, cuando el parlamentario de Amaiur Sabino Cuadra se permitió arrancar las hojas de la Constitución en la tribuna y nadie le mandó al pasillo. Entonces sí hubiera venido bien un presidente recién llegado de Estrasburgo dispuesto a no tolerar lo intolerable.

Nada tienen que ver los comportamientos de los dos diputados citados, pero en ambos casos reflejan que el Parlamento y el respeto que merece lo que representa no han sido suficiente freno para quienes han querido ganarse un minuto de telediario a cualquier precio. El problema es que vistos desde el comedor de casa, esos comportamientos solo han servido para afianzar la idea de que los diputados no estaban en aquel magnífico edificio para hacer lo que debían, si no más bien lo que les convenía. Todos esos gestos y muchos otros han ayudado a profundizar en el desgaste de la imagen de los políticos y lo peor es que sus protagonistas entendían que los numeritos parlamentarios eran rentables y convenía repetirlos.

En ese ambiente se sintió como un beduino José Antonio Labordeta, un señor de edad que venía de escribir poemas, ponerles música y recorrer España con una mochila al hombro. Si alguien consiguió que permaneciese en el recuerdo de todos un exabrupto en sede parlamentaria, ese fue él. Su famoso «¡a la mierda!» llegó más lejos de lo que hubiera querido. Lo pronunció una noche durante un debate con el ministro Francisco Álvarez-Cascos sobre infraestructuras. Desde la bancada popular, un grupo de alborotadores semi profesionales, lo interrumpían con comentarios y bromas que en algún caso rayaban la mala educación. Llegó un momento que a Labordeta, un hombre de carácter, de mucho carácter, se le agotó la paciencia y lanzó aquella frase que tuvo mucha más relevancia que un simple taco en sede parlamentaria.

Labordeta se excedió en el lenguaje y en las formas pero se anticipó a lo que vendría más tarde. Plantó cara a quienes —desde cualquier color político— entendían el Parlamento como un privilegio para señores encorbatados, ajenos a lo que opinaba la calle. Aquel hombre con aspecto de paisano de la España rural, poco amigo del traje y la corbata, rompió por unos instantes la plácida tranquilidad de un país gobernado por la mayoría absoluta y convencido de que «todo iba bien». Una sociedad en la que solo unos pocos percibían entonces el lento pero firme alejamiento entre la calle y el hemiciclo.

NO SIN MI ESCAÑO

En los años posteriores, las anécdotas y salidas de tono siguieron haciéndose hueco en los espacios de noticias. Martínez-Pujalte siguió protagonizando escenas de parlamentario contestón y rebelde hasta que su papel, con la llegada del equipo de Rajoy, se fue desdibujando. Pero otros le tomaron el relevo. A veces con cierta gracia, como el socialista andaluz Manuel Pezzi, que se refirió a su adversario del PP, Andrés Ayala, como «un muñeco de los chinos en la parte trasera de un coche», porque movía repetidamente la cabeza adelante y atrás. En menudo lío se metió la presidenta en funciones Celia Villalobos cuando quiso convencer a Pezzi para que retirase el comentario. Al andaluz se le daba bien el vacile y consiguió enredar unos minutos el debate ante las carcajadas de unos y el enfado de los contrarios.

Villalobos, como vicepresidenta de la Cámara, tenía que ejercer de árbitro cada vez que Jesús Posada se ausentaba. En unos segundos el hemiciclo pasaba de estar dirigido por la parsimoniosa calma del de Soria a la apasionada autoridad de la de Málaga. Fueron muchos lo que se aprovecharon de esos momentos, especialmente el republicano Joan Tardà, tan reincidente en sus salidas de tono que terminaron convirtiéndose en un clásico: «las tardanadas». No hay comentario, por imprudente que resultase, que Tardà se haya guardado para sus adentros en sus años de diputado. Al ministro de Educación, José Ignacio Wert, lo llamó «ignorante y mala persona» y amenazó con «una patada en el culo» al Estado español por frenar sus aspiraciones independentistas.

También al Rey Felipe le exigió que pidiese perdón a los republicanos exiliados en tiempos del nazismo. Aun así, a Tardà solo lo expulsaron del hemiciclo cuando echó un pulso a Posada manteniendo su discurso en catalán. En esto funciona la costumbre, una norma no escrita según la cual los diputados pueden hablar en otras lenguas oficiales distintas al castellano mientras sea durante espacios breves y, a continuación, traduzcan lo que han dicho. Pero el portavoz de Esquerra Republicana no entendía el concepto de brevedad. Seguía hablando en catalán hasta que le cortaban el micrófono.

A pesar de sus constantes «tardanadas» y de su convicción independentista, el diputado catalán siempre ha sido uno de los diputados que menos enemigos ha tenido en el hemiciclo. Con sus bruscas declaraciones y sus ideas políticas, que pocos allí comparten, Tardà es un hombre que cae bien. Muchos de sus adversarios lo definen como un buen tipo, entre ellos la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no oculta su sintonía personal con el diputado independentista. Y no es la única.

Cuando Rajoy prescindió de Ana Mato, salpicada por la trama Gürtel, los periodistas buscamos reacciones entre todos los partidos. La sorpresa llegó cuando Tardà, siempre tan locuaz, evitó los micrófonos. Después confesó: «Es que me sabe mal criticar a Ana Mato. Le tengo aprecio».

Tardà no es el único en el hemiciclo que buscaba el encontronazo con la vicepresidenta Villalobos. Los rifirrafes con ella se repetían con cierta frecuencia durante la primera legislatura de Rajoy. Es verdad que Villalobos entraba al trapo a todas las provocaciones. La mayoría de las veces solo buscaba aplicar rigurosamente el Reglamento del Congreso, pero cualquier discusión terminaba complicándose porque siempre tuvo cierta tendencia a pisar charcos. Ella explica que provoca polémicas por no callarse lo que piensa y porque eso se acepta peor cuando el político que habla claro es una mujer. Hay que reconocer que no ha renunciado a su coherencia, aunque le haya acarreado varias sanciones económicas, por no aceptar la disciplina de voto del PP en temas como el aborto. Ella es partidaria de que se regule esta cuestión de forma distinta, permitiendo el voto libre siempre que se trata de cuestiones que afecten a la moral privada de los diputados.

En más de una ocasión a Villalobos le ha ganado la pasión y le ha faltado sensibilidad para percibir que el nivel de tolerancia de la calle hacia los patinazos de los políticos estaba al límite. Después de años de trabajo como alcaldesa de Málaga, ministra y diputada, muy a su pesar Celia Villalobos no conseguirá sacudirse de su currículum el triste episodio del Candy Crush.

Fue en el debate del Estado de la Nación de febrero de 2015, mientras intervenía el presidente del Gobierno y la vicepresidenta de la Cámara sustituía a Posada. Un periodista se colocó en una esquina de la tribuna de prensa, justo encima de la bancada socialista, y desde allí grabó con el móvil como Villalobos manejaba su iPad. Por el movimiento de su dedo, si no estaba jugando a romper los caramelitos del Candy Crush, se le parecía mucho. No son unos segundos. La grabación dura dos minutos interminables en los que Rajoy habla de tipos de contratos laborales mientras la vicepresidenta no levanta la cabeza de su pantalla. La primera reacción de los periodistas parlamentarios cuando nos encontramos el vídeo circulando por las redes fue de incredulidad. Mientras en los servicios del Congreso buscaban al culpable de saltarse las reglas —no se puede usar la cámara del móvil desde las tribunas de prensa— los demás intentábamos encontrar una explicación a lo ocurrido. Villalobos no quiso hablar con nadie. Durante días esquivó los pasillos y se negó a pedir disculpas.

Lo más triste es que cualquier intento de dar relevancia al debate político más importante del año quedó aplastado por la escena del Candy Crush. Fue imposible no tener en cuenta que quien hablaba era el presidente del Gobierno, que además era su jefe, y que ella estaba ocupando la silla de la tercera autoridad del Estado.

Meses más tarde Villalobos se refería al suceso con amargura, en su defensa explicó que había presidido aquella sesión durante ocho de las doce horas que duró el Pleno. Primero dijo que no estaba jugando, que estaba cerrando pantallas abiertas en su tableta, pero que había renunciado a dar explicaciones porque a ella siempre la juzgaban antes de tiempo. Con el tiempo reconoció que tenía un juego abierto por su nieta y que dedicó unos segundos a ayudarle a conseguir vidas. Lo peor fue no haber visto a tiempo el tamaño de la gota que se estaba añadiendo a un vaso colmado de desafección y descrédito hacia el trabajo de los políticos.

En esos años de paulatino distanciamiento con la calle algunos intentaban recuperar la atención perdida, aunque con métodos discutibles. Una diputada de Amaiur, Maite Aristegui, terminó su discurso contra la ley de educación Wert con unos versos en euskera, cantados desde la tribuna. Su compañero Xabier Mikel Errekondo simuló el castigo que traería la nueva ley sujetando un libro sobre cada palma de sus manos. Otra compañera de partido quiso llegar más lejos y desde la tribuna aseguró con absoluta rotundidad, que «en su coño y en su moño» solo mandaba ella. Todo para concluir que tampoco le gustaba la reforma de la ley del aborto que promovía el PP.

En esos años de crisis se exhibieron banderas, camisetas y hasta un amago de striptease del diputado Joan Baldoví que decidió enseñar su camiseta protesta tras irse retirando poco a poco chaqueta, corbata y camisa. Distintas formas de llamar la atención aunque poco eficaces para recuperar el prestigio perdido.

EL PASILLO, UN MERCADILLO DE TITULARES

Al otro lado de las puertas oscilantes que cierran el hemiciclo, el teatro parlamentario cambia de guion. En el pasillo los medios condicionan el discurso. Allí se marca la agenda informativa y política al menos en los días de Pleno.

Solo los diputados y algunos funcionarios están autorizados a cruzar las puertas del hemiciclo cuando la sesión ha comenzado. La prensa sigue el debate desde las tribunas de la primera planta y una sala contigua al plenario donde hay una pantalla. Para quienes tienen que conectar constantemente en directo queda otra opción: escuchar el Pleno desde las cabinas de prensa, los pequeños despachos que cada medio de comunicación tiene en el edificio anexo al Palacio.

Pero para no perderse nada y, sobre todo, para provocar que algo suceda, lo importante es estar en el pasillo. Desde que arranca un Pleno ordinario hasta que termina, pasan una media de cinco horas. Durante ese tiempo lo importante es no dejar desatendido el foco de la información. Sobre cualquier noticia que se produzca en el exterior, se busca una reacción inmediata en el Congreso. Los políticos lo saben y el que tiene algo que decir sobre lo ocurrido se deja ver enseguida. A otros hay que perseguirlos hasta el último minuto, aguantar hasta que el timbre los convoque a votar y ya no tengan más remedio que cruzar «la línea de fuego».

El pasillo se convierte entonces en un mercado mediático donde unos y otros compramos y vendemos información. Un político se detiene a valorar las cifras del paro y le «disparan» tres preguntas más sobre una sentencia judicial, un nuevo escándalo de corrupción o la salida de tono de algún compañero díscolo. Es el lugar donde los que no son «portavoces autorizados» también tienen su oportunidad. El sitio donde es más fácil conseguir el mensaje de quienes no comparten la posición oficial.

En esa zona el control está en manos de la prensa. Si un periódico, televisión o radio quiere abrir un debate sobre cualquier cuestión, basta con pedir a su redactor que pregunte por el asunto a «todo el que se mueva». Será difícil no encontrar la controversia. ¿Es ahí entonces donde se construye el discurso que más interesa al ciudadano? No siempre, pero a menudo sí. Tal como está diseñado el funcionamiento del Parlamento, cualquier tema que se discuta en los bares, tardará semanas en llegar al Pleno. Los medios provocamos que los políticos se pronuncien al instante y muchas veces que tomen iniciativas que hubieran retrasado. Aunque también es cierto que generamos debates forzados, polémicas demagógicas, con el único interés de hacer más atractivo el producto informativo.

Detrás de estas declaraciones de pasillo hay todo un arte que algunos desarrollan con maestría y otros con cierta torpeza. En pleno escándalo del caso Rato, buscamos la opinión del entonces líder de la oposición cuando salía del Pleno camino de su despacho. No lo tenía preparado, o simplemente no valoró el momento, pero Pedro Sánchez se limitó a balbucear ante el micrófono: «Me pilláis con un caramelo en la boca». Minutos después, su equipo de comunicación pedía encarecidamente que no reprodujésemos el momento, pero siempre hay un «alma caritativa» que lo plasma para la posteridad.

No es habitual que la oposición evite los micrófonos. Eso es algo propio del Gobierno de turno. Normalmente todos los líderes, incluido Sánchez —salvo aquella excepción—, han preparado cuidadosamente el mensaje que quieren transmitir. Una declaración corta con un mensaje de fuerza de unos diez segundos, que si hace falta se repite varias veces para que no quede duda sobre qué es lo que hoy se quiere transmitir. También en los pasillos destacaba Rubalcaba por su habilidad. Podríamos casi decir que él patentó la fórmula más eficaz: repetir una frase planteada de diferentes maneras pero diciendo siempre lo mismo, aunque con versión corta para las televisiones, más breve aún para las radios, y algo más extensa para la prensa escrita.

El pasillo funciona con las leyes de la oferta y la demanda. Los que son más conscientes de su importancia nunca desaprovechan la oportunidad. Entre ellos Jesús Posada, que cuando era presidente del Congreso jamás rehuía un micrófono aunque fuera la cuestión más delicada para su partido. Tampoco a su predecesor José Bono le impedía el cargo institucional dar su opinión.

Hay quienes desarrollan otras habilidades, por ejemplo, la de «colarse» en todos los planos de televisión. A falta de una oportunidad para que los escuchen, que al menos los vean. La clave es colocarse al lado del presidente del Gobierno o del líder de la oposición cuando entran o salen del hemiciclo. O justo detrás del portavoz que se para ante los micrófonos. La imagen está asegurada. De hecho en cada legislatura alguno se revela como un «auténtico profesional» en la tarea de acompañamiento del presidente del Gobierno desde el escaño hasta el coche, donde siempre hay cámaras esperando. También hay especialistas en rodear a los ministros —especialmente a las ministras— para sujetarles la cartera o el bolso mientras atienden a los periodistas y, de paso, salir en la foto.

Pero hay quienes a pesar de tener gran experiencia mediática nunca se llegaron a hacer con las técnicas del pasillo. El que fuera ministro de Educación en el Gobierno de Rajoy y en etapas anteriores tertuliano, José Ignacio Wert, no se encontraba nada cómodo con el asedio de los periodistas en plena tormenta con su polémica Ley de Calidad de la Educación. Una de las veces, al verse rodeado, quiso bromear con la situación y afirmó: «Esto es la jungla y yo sin machete». La frase reflejaba bastante bien la insistencia con la que los periodistas intentábamos buscar sus opiniones, pero el chiste no sentó muy bien en el Gobierno, en el que ya muchos miraban a Wert con recelo.

Sáenz de Santamaría, más hábil en el manejo de las relaciones con la prensa, sortea las preguntas incómodas con una sonrisa, teléfono en ristre y paso ligero para que a nadie le quede duda de que, si no contesta, no es por desinterés sino por falta de tiempo.

A Rajoy las aglomeraciones de pasillo nunca le han gustado. Es evidente que le molesta el caos con decenas de micrófonos rodeándole y varios periodistas preguntando al mismo tiempo. Su manera de evitarlo es pasar de largo acelerando el paso. Y a zancadas es difícil seguirle porque entrena cada mañana. De todos modos, los equipos de seguridad que rodean a un presidente siempre ayudan a despejarle el camino. El problema es cuando falta esa guardia pretoriana. En los momentos más delicados, cuando el liderazgo de Rajoy en el PP era cuestionado por algunos de los suyos, se escabullía de las preguntas incómodas en el pasillo buscando caminos alternativos. Más de una vez recogimos aquella extraña imagen de un «líder a la fuga» que preocupaba en su partido aunque a él no parecía inquietarlo. Aún le faltaba algún tiempo para ser presidente pero esa parsimonia para tomarse las cosas ya apuntaba maneras.

Para más de un parlamentario la peor experiencia en el pasillo ha sido descubrir que las cámaras de televisión llevan empotrado un micrófono para el sonido ambiente. Ese artilugio que recoge frases inoportunas y conversaciones espontáneas de algún incauto convencido de que nadie le oye. Para evitar «accidentes», la cámara de televisión del propio Congreso tiene orden de limitar las grabaciones a los momentos en los que entren o salgan líderes destacados o alguien anuncie declaraciones. El resto del tiempo colocan una tapa al objetivo que solo retiran cuando están garantizadas las imágenes políticamente correctas. Las televisiones compensamos esos «vacíos» colocando un segundo equipo, que vamos rotando por turnos semanales y que garantiza un reflejo más completo de lo que allí ocurre.

Los intentos de controlar el micrófono de ambiente son más antiguos que los leones de la puerta. Irremediablemente cada cierto tiempo se produce una polémica a causa de algo que ha recogido la cámara sin que el político se diera cuenta. El problema es que esas frases espontáneas suelen aportar mucha más información que la declaración ensayada en el despacho. A menudo revelan cuál es la tensión real que hay en un partido o en un Gobierno.

A veces no hace falta ni siquiera un sonido. Solo un reportero gráfico atento a los gestos para revelar una crisis profunda. Es difícil olvidar lo que ocurrió con el juez Baltasar Garzón, metido a diputado en una maniobra de marketing a la desesperada de un Felipe González en serio desgaste. Mi compañero lo vio discutiendo acaloradamente en un rincón y fue a buscar la cámara, justo a tiempo de captar el momento en que Garzón se levantaba los pelos de la coronilla, dejando claro que estaba hasta ahí de su aventura socialista. En cuestión de horas presentó la dimisión.

Entonces había muchos menos periodistas en el Parlamento y se movían con total libertad por los edificios. El Pleno lo seguíamos apoyados en el pasillo delante de un televisor colocado a las puertas del hemiciclo. Siempre estaba sintonizado en el canal interno salvo raras excepciones. Una de ellas fue en los minutos previos a que se anunciase el nombre del papa Benedicto XVI. Había mucha expectación en el resultado de aquel cónclave y a periodistas y diputados nos pudo la curiosidad. Aquella imagen del pasillo del Congreso pendiente de la Plaza de San Pedro del Vaticano no le hizo ninguna gracia al presidente Marín que ordenó retirar el aparato. El argumento, que era un peligro en caso de una evacuación urgente. Lo peor llegó después: semanas de intensas negociaciones entre la prensa y la Presidencia de la Cámara para encontrarle un nuevo sitio al monitor de televisión.

El pasillo siempre ha sido un lugar para la discordia. Cuando un partido llega al poder no le ve más que incomodidades, con tanta prensa por el medio entorpeciendo las entradas y salidas. Pero cuando los mismos están en la oposición suelen ver el lado positivo al hecho de tener tan a mano a los periodistas, a menos que llegue una de esas crisis cíclicas que atraviesan todas las formaciones y haya que enfrentarse continuamente al martirio.

Zapatero se sentía cómodo en ese hábitat. No nació siendo diputado pero casi. En 1986 fue el más joven del hemiciclo y cuando llegó a presidente ya llevaba muchas horas dando vueltas por el Congreso. Conocía a casi todos los funcionarios y periodistas y le gustaba encontrar algunos ratos para charlar con ellos. El presidente socialista ponía casi el mismo empeño en seguir cayendo simpático a los periodistas que el que había puesto Aznar en evitarlos.

Llegamos a acostumbrarnos a ver al presidente popular cruzando el pasillo con paso firme, gesto serio y en absoluto silencio. Si insistías con la pregunta te miraba a los ojos y con toda la calma del mundo, te bajaba la mano, con la que sostenías el micrófono cerca de su boca. No decía nada pero era disuasorio.

Una de las pocas veces que nos propusimos arrancarle unas palabras sobre un tema de actualidad, los periodistas optamos por repartirnos a lo largo de todo el pasillo e intentarlo uno tras otro. «Presidente... Presidente, por favor...» En el último momento, a un par de pasos de la puerta del hemiciclo, se dio la vuelta y respondió al corresponsal de TV3 con un lacónico y cortante «¿qué?». Tal era la falta de costumbre de que nos hiciera caso que Josep Capella no fue capaz de formular la pregunta. Miró hacia atrás, a la primera de la fila y se limitó a decir: «Que le llama Almudena». Una vez más nos quedamos sin respuesta y con la evidencia de que, con Aznar no cabían «estrategias de ataque».

LOS CORRILLOS

En los pasillos no solo se venden y compran declaraciones, también se intercambia información. El contacto entre periodistas y políticos facilita que se formen corrillos, fundamentales en el trabajo periodístico parlamentario. Son conversaciones informales habitualmente off the record, es decir, con el compromiso de que esa información no se puede publicar, a menos que se autorice expresamente por la fuente. Aun así, los corrillos suelen aportar más claves de lo que está pasando que las frases que se dicen ante los micrófonos. Normalmente se respetan las reglas del juego. Los informadores somos los primeros interesados en que así sea para que no se interrumpa ese canal de comunicación que suele ser muy útil para nuestro bagaje.

La proliferación de nuevos medios digitales ha generado cierta tensión porque no siempre los políticos conocen a todos los que los rodean y saben que esas páginas necesitan aportar información distinta a la que se obtiene por los canales habituales. Más de una vez algún político ha interrumpido de forma brusca la conversación al sospechar que alguien estaba interpretando la charla como una declaración pública. El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, era una de los más dispuestos a explicar cuestiones delicadas en off the record, pero también era propenso a darse media vuelta si dudaba sobre las intenciones de alguno de los periodistas presentes.

Alguna razón tenía porque, aunque no es lo común, de vez en cuando alguien se salta el off the record, sobre todo en épocas preelectorales, en las crisis internas de los partidos o en cuestiones delicadas como las tensiones nacionalistas. Ahí es donde se complican las cosas porque a los propios periodistas nos cuesta ponernos de acuerdo. Lo que algunos consideramos un off the record inquebrantable, para otros es una noticia de primera en sus medios comprometidos con el independentismo. Cuando la militancia política se mezcla en nuestro trabajo dejamos de jugar nuestro papel para desempeñar otro más confuso y menos transparente.

Si alguien pasará a la posteridad por sus corrillos ese es el ministro de Hacienda de Rajoy. Cristóbal Montoro solía mantener el ritmo de sus pasos mientras los periodistas corríamos alrededor con los micrófonos intentando buscar algún dato nuevo sobre las múltiples polémicas que han rodeado su ministerio. Pocas veces le arrancábamos una respuesta pero como Montoro es un hombre de costumbres, hay un método que siempre daba resultado. Esperar en el hall del edificio contiguo, al lado de las escaleras que llevan al parking. Allí el ministro podía quedarse incluso más de una hora charlando ya sin la presión de las grabadoras. Tanta afición tenía el ministro de Hacienda por aquel rincón que algunos lo llamábamos «la placita de Montoro». La conversación era muy útil para contrastar la información económica particularmente compleja. Solo había un riesgo: si el ministro se sentía cómodo, encadenaba un tema con otro y te pillaba la hora del informativo con la crónica pendiente.

Cristóbal Montoro es uno de esos personajes políticos que tienen una imagen pública negativa que contrasta con la que provoca en las distancias cortas. A menudo se siente incomprendido y hace verdaderos esfuerzos para demostrar que la labor que le tocó en tiempos de crisis fue tan ingrata como necesaria. Hay que reconocer que debe de ser complicado dedicar el día a perseguir defraudadores. Más aún si al llegar a casa te encuentras al fontanero terminando de apañar un estropicio doméstico y te suelta: «La cuenta la quiere ¿con IVA o sin IVA?». Respuesta de Montoro: «¡Hombre! ¡No me jodas!».

Para desesperación de los policías que se ocupan de la seguridad en el Congreso, los corrillos se van desplazando por distintos espacios. A menudo bloquean la puerta de entrada al Palacio para alcanzar a algún miembro del Gobierno camino de su despacho. Ocupan la escalera que conduce a la planta superior o la puerta de un ascensor y cuando llega la primavera proliferan en el Patio. Lo escribo así con mayúsculas para darle la importancia que tiene ese espacio en la vida parlamentaria.

Lo que conocemos como Patio es en realidad un tramo de la calle Floridablanca, que hace muchos años se cerró al público porque quedó atrapada entre las dos verjas que dan acceso a los dos edificios principales del Congreso, el antiguo Palacio y la ampliación que se construyó en los ochenta. Un trocito de calle por el que solo circulan los coches de los presidentes del Gobierno y de las Cortes y, excepcionalmente, los antiguos Rolls-Royce de Franco que siguen trasladando a los mandatarios extranjeros en sus visitas de Estado. Como no hay peligro de atropello, los corrillos se instalan a sus anchas por cualquier rincón y uno puede pasarse una mañana de buen tiempo circulando de grupo en grupo sin llegar a pisar las alfombras pero sin perderse tampoco nada de lo que se cuece en el debate político.

Esos corrillos no solo sirven para informar o buscar complicidades. Son también una fórmula muy útil para «intoxicar» al periodista. Lo saben los jefes de prensa que constantemente se acercan a los grupos de informadores para filtrar datos que les interesa hacer circular. Algo típico de los equipos de comunicación de la Presidencia, que necesitan compensar el poco contacto de sus jefes con los periodistas. En esto, como en todo, también hay categorías.

Hay jefes de prensa que cuando se pasan «al lado oscuro» —así llamamos entre bromas al trabajo en una asesoría de comunicación— se convierten en expertos enredadores de sus excompañeros. Es su tarea y todos la respetamos. Lo malo es cuando confunden la protección de su jefe con el entorpecimiento del trabajo de los demás. Cuesta ver a quien hace no tanto compartía pasillo y tarea, tapando con la mano los micrófonos o los objetivos de las cámaras para impedir que los periodistas pregunten. Aunque la pelea más dura la solemos tener con los encargados de la seguridad.

En el interior del Congreso y el Senado son policías nacionales. En la Moncloa, la Guardia Civil. A diario la relación con ellos es magnífica. Compartimos espacios y horarios eternos e intentamos facilitarnos la vida mutuamente, aunque no todos por igual. Siempre hay quien se toma su papel protector del mandatario de turno como una pasión desmesurada o, más bien, con absoluta falta de mesura en su labor.

Aunque el presidente del Gobierno muestre voluntad de pararse y contestar a las preguntas, aunque el contenido de estas sea de máxima relevancia, algunos entienden que su objetivo es impedir el acceso a toda costa y para ello empujan, meten el codo y alguna vez se les va la mano. Una compañera con un impulso interrogador que no hay barrera policial que frene, se encontró un día en tal situación que no dudó en espetarle al policía: «Eso que estás agarrando es mi teta». Su sinceridad fue muy eficaz para que el hombre se diese cuenta de su exceso de celo ante un puñado de periodistas armados solo con micrófonos.

Los escoltas hacen su trabajo y nosotros, el nuestro. Y ambas tareas deberían ser compatibles, aunque no siempre los informadores nos llevamos la peor parte. Las cámaras de televisión tienen detrás una batería que tiene la consistencia de una piedra. En el movimiento apurado de los reporteros que intentan centrar su plano en medio del caos no siempre logran controlar su retaguardia y más de un policía se ha llevado un buen topetazo en la cabeza. Aunque en medio de los empujones que provoca la fiebre informativa lo normal es llevarse un pisotón, o peor. El último presidente socialista se encontró este titular al acabar un Pleno: «Zapatero pierde un zapato». Se le había quedado atrapado entre las piernas de los periodistas que lo rodeaban. El izquierdo, nada menos.

EN EL ESCENARIO DE LA HISTORIA, CON LA HISTORIA COMO DECORADO

El escenario de este relato apenas ha cambiado en más de un siglo. Impone trabajar en un espacio testigo de tantos momentos importantes de nuestra historia, ocupar las mismas sillas en las que se sentaron grandes periodistas y los hombres que ayudaron a construir el país.

El pasillo es el mismo por el que supuestamente entró a caballo el general Pavía la madrugada del 3 de enero de 1874, para disolver las Cortes por la fuerza y zanjar aquella Primera República agonizante. Digo «supuestamente» porque Pavía nunca entró y mucho menos su caballo. El general dio órdenes a sus soldados de que desalojasen el Congreso y se quedó en la calle hasta ver salir a los diputados. Eso sí, los disparos de su tropa en los pasillos fueron reales y debieron provocar una sensación de pánico muy parecida a la tuvieron un siglo más tarde los que escucharon los pistoletazos de los hombres de Tejero, la tarde del 23 de febrero de 1981.

Mientras los diputados votaban la investidura de Calvo Sotelo como sucesor del recién dimitido Adolfo Suárez, empezó a escucharse en el pasillo un barullo creciente. Se oían voces, forcejeos y algún disparo que resonaban a través de las cuatro puertas acristaladas que daban acceso al hemiciclo. Todas estaban cerradas por dentro, como cada vez que se produce una votación, ya que las normas dictan que no puede ser interrumpida. Desde fuera, los golpistas empezaron a empujarlas hasta que un ujier se asomó para ver qué ocurría y entonces los guardias entraron. Entre ellos el teniente coronel que lideraba la revuelta y que se fue derechito a la zona del hemiciclo donde se sentaban Suárez y Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa. Tejero subió a la tribuna despreciando las órdenes del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, que intentó detenerlo. Pistola en alto, sembró el pánico con una ristra de disparos mientras gritaba: «¡Al suelo! ¡Quieto todo el mundo!».

Lo que se dice un valiente.

El resto de la historia ya la saben y para que nadie la olvide, allí están los agujeros de las primeras balas de Tejero, sobre las cabezas de quienes se acercan al micrófono para defender sus ideas. Hay orificios de bala por varios rincones: en la cúpula, en las paredes y en una rejilla de ventilación. Se conservan unos treinta. Algunos han desparecido por necesidad o descuido, pero fue voluntad de las Cortes mantener las huellas de los disparos para que siempre nos recordaran que la democracia es una herramienta de convivencia que hay que proteger.

La mayoría de esos agujeritos se distribuyen en la bóveda que cubre el hemiciclo, salpicados entre las pinturas de Carlos Luis de Rivera, como heridas de guerra en las alegorías con las que el pintor quiso representar las virtudes del gobernante y la historia de la legislación española. Todas las semanas algún grupo de escolares levanta la cabeza hacia el techo buscando los agujeros mientras escuchan las explicaciones del equipo de guías del Congreso. Eso de un golpe de Estado, de la amenaza de volver a la dictadura, no entra en sus jóvenes cabezas. La década de los ochenta les parece la prehistoria. Les cuesta imaginar la vida en aquellos tiempos sin móviles ni internet, pero por unos minutos pueden ser conscientes de lo fácil que es saltar de un capítulo a otro de sus libros de historia. O se titula «el triunfo de la democracia» o «el regreso a los tiempos oscuros».

La visita al Congreso es casi siempre una oportunidad para reconciliarse con el papel de la política en nuestras vidas, un repaso a lo que fuimos y a lo que somos que merece la pena no perderse. Pocos saben que para entrar solo hay que presentarse cualquier mañana de sábado ante la puerta del edificio con el DNI en la mano, o si no esperar al puente de diciembre, cuando se celebran las jornadas de puertas abiertas en los días previos al aniversario de la Constitución.

Las instauró Trillo cuando era presidente del Congreso. Se organizó un recorrido por los dos edificios principales partiendo de la puerta de los Leones, que de forma simbólica se abría por primera vez a los ciudadanos. Nadie imaginó el éxito de la convocatoria. A las dos horas de abrir las puertas Paloma, una veterana responsable del equipo de ujieres corría desesperada de un lado para otro intentando poner orden. La recuerdo pidiendo ayuda al presidente «hay miles, se nos cuelan por todos los lados». Efectivamente la idea de Trillo había sido un éxito. A media mañana la cola ocupaba más de un kilómetro y la policía municipal tuvo que intervenir porque llegaba al Banco de España. La gente aguantaba la espera en medio de un frío infernal y los servicios de la Cámara improvisaron un servicio de bebidas calientes para ayudarles a entrar en calor. Había sobre todo mucha gente mayor, la que tenía más tiempo para hacer cola en una jornada laboral, pero también muchos jóvenes y familias enteras con niños. Los ciudadanos tenían interés en conocer el edificio y disfrutaban sentándose en los escaños que tanto habían visto por la tele. Nadie había imaginado hasta entonces qué fácil era acercar, aunque fuera un poquito, la vida parlamentaria al ciudadano. Desde aquel día la cita se repite cada año con un éxito similar, en torno a 7.000 visitantes en dos días.

Volvamos a la tarde noche del golpe de Estado fallido. Hay otros espacios que tuvieron su protagonismo en aquellas horas. Uno de esos lugares en el que apenas nadie repara es una pequeña habitación, un despacho para los ujieres ahora, entonces Portería General, situado al costado del hemiciclo. El 23F, Adolfo Suárez permaneció allí toda la noche encañonado por un Guardia Civil, después de mantener un agrio enfrentamiento con Tejero. Un trabajador de la Cámara estaba presente y tomó nota de buena parte de la conversación. Años después, entregó el papel con sus notas a Alfonso Guerra para que diera a conocer a aquella escena inédita y estremecedora.

SUÁREZ: ¡Explique qué locura es esta!

TEJERO: ¡Por España, todo por España!

SUÁREZ: ¡Qué vergüenza para España! ¿Quién hay detrás de esto? ¿Con quién puedo hablar?

TEJERO: No hay nada de que hablar. Solo debe salir.

SUÁREZ: Pero ¿quién es el responsable?

TEJERO: Todos, estamos todos.

SUÁREZ: Como presidente le ordeno que deponga su actitud.

TEJERO: Usted ya no es el presidente de nadie.

SUÁREZ: Le ordeno...

TEJERO: Yo solo recibo órdenes de mi general.

SUÁREZ: ¿Qué general?

TEJERO: No tengo nada más de que hablar.

SUÁREZ: Le insisto, soy el presidente.

TEJERO: No me provoque.

SUÁREZ: ¡Pare esto antes de que ocurra alguna tragedia, se lo ordeno!

TEJERO: Usted se calla. Todo por España.

SUÁREZ: Le ordeno...

TEJERO: Callase, siéntese y, usted [al ujier que escuchó la conversación y se la facilitó a Guerra], ¡fuera!

Ya habíamos cambiado de siglo cuando la noche en que el Salón de Pasos Perdidos acogió la capilla ardiente del presidente Suárez, volví a aquella sala con algunos de sus hijos para enseñarles el lugar en el que su padre pasó aquellas horas angustiosas de incertidumbre sobre su futuro y el de España. Les emocionó aquel pequeño espacio, como también el hemiciclo que los hijos menores nunca habían visitado, y sobre todo, la calidez con la que la calle y la política despidieron a su padre. A lo largo del día desfilaron por la capilla ardiente todos los protagonistas de los primeros años de la democracia. Cuando los periodistas salimos del Congreso ya de madrugada, seguía habiendo una larga cola de ciudadanos esperando para despedirse. Fueron horas intensas, con una alta carga emocional. Uno de esos días en que uno es consciente del gran privilegio de esta profesión, poder estar en el lugar más interesante en el momento más oportuno.

Casi tres meses después llegó una segunda oportunidad. El 2 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos anunció al presidente del Gobierno su intención de abdicar. La convocatoria a la prensa se hizo con muy poco margen. Cuando aparcaba mi coche en el acceso para periodistas del Palacio de la Moncloa, a dos minutos de que comenzase la rueda de prensa de Rajoy, me enteré por la radio que iba a asistir a una de las noticias del año. Corrijo, del siglo.

El Rey Juan Carlos renunciaba después de que el desgaste de su figura pública se precipitase con una sucesión de noticias y rumores que ponían en duda un comportamiento a la altura del cargo. Se eligió aquel momento por una circunstancia muy concreta. Había que garantizar una sucesión rápida y con los mínimos sobresaltos posibles, y el principal partido de la oposición estaba pasando una seria crisis. Rubalcaba había anunciado su renuncia después de la pérdida de votos socialistas en las elecciones europeas. Su sucesor sería elegido en julio, pero la institución no podía asumir el riesgo de que el nuevo líder del PSOE abriese el debate sobre el futuro de la monarquía. Había que resolver antes la sucesión. No había tiempo que perder y en las siguientes horas se puso en marcha la maquinaria. En la Moncloa, La Zarzuela y el Congreso, todos tuvieron que improvisar.

Cambiar de Rey no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Para empezar no teníamos una ley de sucesión que facilitase el camino. En el Congreso los primeros movilizados fueron —a la par— letrados y carpinteros. Unos para ajustar las normas y el protocolo, los otros para adaptar el escenario al capítulo de la historia que se iba a rodar. De los archivos del Congreso se desempolvaron los documentos y fotos de la proclamación de don Juan Carlos como Rey en 1975, además de otras ilustraciones históricas.

Con ellos en la mano se dieron cuenta de que hacía falta una gran superficie elevada donde pudieran estar los nuevos Reyes y los representantes de todas las instituciones del Estado. Para construirla era necesario desmontar una buena parte del hemiciclo. En poco menos de dos semanas había que levantar la tribuna, esa zona elevada en la que se sienta el presidente del Congreso, los miembros de la Mesa, los letrados que los asesoran y hasta un perro: el guía de una letrada invidente que ganó la oposición con uno de esos currículums que acomplejan.

La tribuna no siempre fue una superficie elevada, es uno de los pocos rincones del hemiciclo que no está exactamente igual que en las viejas pinturas que retratan las primeras Cortes. Fue en la Segunda República cuando se subió su altura. En la etapa franquista la ocupaban los miembros del Gobierno, en bancos verdes por encima de los demás procuradores —término antiguo de los diputados—, para que no quedaran dudas de quién tenía el mando. La primera y la última palabra.

Volvamos al trajín de los operarios. Los trabajadores de las Cortes están acostumbrados a trabajar a contrarreloj, pero en esos días no podían disimular la cara de angustia mientras iban y venían. Carpinteros con tablas que entraban y salían, ruido permanente de sierras y martillos y furgonetas con material por todos los rincones del patio. Apenas quince días después de que don Juan Carlos explicase en un mensaje televisado su retirada ya se estaba tapizando de rojo la nueva plataforma. Además hubo que retirar los escaños y sustituirlos por sillas para poder hacer hueco a los senadores que también participaban en la ceremonia.

Llegado el día, el salón de plenos estaba a reventar y eso que la Izquierda Plural y los partidos pequeños de la izquierda facilitaron con su plante al nuevo Rey, la tarea de acomodar a los asistentes. Su actitud fue noticia en los días previos pero, llegado el momento, nadie se acordaba de los ausentes salvo para agradecerles que hubieran dejado huecos libres.

Minutos antes del evento si no hubiesen existido los teléfonos inteligentes cada uno estaría en su sitio, aguardando el comienzo del acto y comentando la histórica jornada con el vecino. Pero aquel día el paisaje fue muy distinto, la sensación oscilaba entre el desorden y el caos. Prácticamente nadie se quedó sin su selfie con la tribuna engalanada como fondo, diputados, senadores y autoridades en la tribuna y, por supuesto, periodistas. Los que por las urgencias informativas no pudimos hacerlo antes volvimos a entrar al final de la ceremonia para retratarnos como tocaba, sentados en las sillas de la familia real.

Algunos diputados comprometidamente monárquicos anunciaron en los días previos que acudirían con corbata verde, porque con las iniciales de ese color se construye la frase «Viva el Rey de España». Curioso pero real: el día 19 de junio había muchos tonos de verde en el vestuario de los asistentes.

Mientras esperábamos que comenzase el acto, la atención estaba en las tribunas de invitados: con quién hablaba cada presidente autonómico; qué hacían los expresidentes de Gobierno, juntos y revueltos en la primera fila de la balconada sobre el hemiciclo. No es fácil ver a González, a Aznar y a Zapatero juntos. Pero tampoco habíamos asistido nunca a la proclamación de un Rey casado con una mujer que hasta unos años antes había vivido como cualquier ciudadana de clase media. Una futura Reina nieta de un taxista que, entre abrumado y nervioso, contemplaba la escena desde la altura de la tribuna.

El abuelo Paco tenía entonces noventa y seis años y doña Letizia no lo perdió de vista a pesar de que la ceremonia requería su atención en varios focos a la vez, desde el discurso de su marido al comportamiento de sus hijas, demasiado pequeñas para mantenerse completamente quietas y formales. También los padres de la Reina siguieron el acto en aquella tribuna lateral, una de las que habitualmente ocupan los invitados de los grupos políticos. La Reina Sofía que se sentaría en la tribuna principal, la de autoridades, se acercó primero a saludar a la familia de su nuera. Después ocupó su lugar al lado de la Infanta Elena y con la notoria ausencia de su otra hija, Cristina, ya alejada de los actos oficiales por el escándalo Nóos.

Mientras el Rey pronunciaba su discurso, los periodistas —el puñado de afortunados a los que nos habían permitido acceder a la tribuna— no dábamos abasto. Había que escuchar el contenido, estar atentos a los gestos de la Reina, al comportamiento de las niñas, a la actitud de los expresidentes del Gobierno y a los mandatarios autonómicos, a los movimientos en el hemiciclo, a Twitter, a WhatsApp, a la cámara de fotos del móvil... Así se vive la historia en la era tecnológica. Quién se lo iba a decir a Isabel II cuando inauguró el Palacio.

Fue una mañana intensa a la que la mayoría, funcionarios y periodistas, habíamos llegado con falta de sueño. Desde la Moncloa, la Casa Real y las Cortes también se había tenido que organizar a contrarreloj un capítulo tan importante como la seguridad y el acceso de los 1.500 periodistas que querían cubrir los actos. Por cuestiones de seguridad, el proceso de acreditación que se centralizó en el Senado debía hacerse con todas las comprobaciones y al final el caos fue inevitable. Fallaron las impresoras, las listas de datos y también la coordinación. Hubo muchos que pasaron la noche haciendo cola en la Cámara Alta para recoger su tarjeta. Varios nos alojamos en hoteles del centro para tener garantías de que en la madrugada podríamos estar en el lugar en el que nos habían convocado, sin atascarnos en alguno de los cordones de seguridad. Hubo lo de siempre, riñas y tensiones, entre quienes se saltaban las colas. Todo muy español, ante la mirada atónita de los corresponsales de países donde estas cosas se hacen siempre «ordenaditas».

Pasó el momento y todo volvió a su sitio. Con más o menos organización, pero habíamos conseguido hacer el relevo del Jefe del Estado con normalidad y eso ya era un triunfo en un país convulsionado por la crisis económica y con una pesada carga histórica.

UN PASEO POR PALACIO

En el centro del Palacio hay un gran salón, el de los Pasos Perdidos, rodeado de cuatro salas idénticas conocidas como «escritorios». Todos lo actos solemnes se celebran en ese lugar. Con ese mismo nombre hay salas similares en otros parlamentos como el de Francia, Argentina y Uruguay. Es un espacio amplio, de gran valor arquitectónico, rodeado de sillones que invitan a la tertulia y la reflexión.

Es ahí donde se celebran las recepciones oficiales, como la del día de la Constitución, y además en los últimos años es el escenario de despedidas solemnes. En Pasos Perdidos se han instalado las capillas ardientes de los dos primeros presidentes de la democracia —Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez— y de uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros. Podría haber habido más pero las familias de otros, como Solé Tura, Peces-Barba y Fraga, no aceptaron el ofrecimiento de la Cámara Baja y prefirieron despedir a los suyos en la intimidad.

Después del hemiciclo, esa gran sala es el lugar con mayor carga simbólica del Congreso y su uso —que no su paso— está restringido. Los periodistas apenas lo utilizamos, por eso molestó tanto a los servicios de la Cámara que Pablo Iglesias se llevase allí a la prensa para organizar una conversación informal que terminó en acampada. De él partió la idea de sentarse en el suelo para charlar. Al principio nos desconcertó e intentamos acomodarnos en los sillones laterales pero ante las dificultades para escucharle, terminamos todos aproximándonos hasta sentarnos a su alrededor. El responsable de comunicación del Congreso no daba crédito a la escena. No es para menos. Media vida viendo como allí se celebraban los actos de mayor boato y de repente aquel cambalache.

En las sucesivas quejas escuchamos de todo, entre otras cosas, que habíamos desprestigiado a la institución. A otras cosas le llamaría yo desprestigio, pero hay que reconocer que esa imagen era al menos tan innecesaria como esa otra tan repetida del hemiciclo casi vacío mientras se celebra un Pleno. Cada cosa tiene su lugar y el salón de Pasos Perdidos no es la Puerta del Sol.

Alrededor de esa sala están los cuatro escritorios que fueron concebidos como lugar de trabajo para los diputados. Hasta 1980 el Congreso solo tenía un edificio, el viejo Palacio, y los diputados no tenían despachos. Las imágenes en blanco y negro nos muestran siempre un hemiciclo abarrotado con grupos charlando y fumando por todos los rincones. El hemiciclo era entonces el único puesto de trabajo de los diputados. Con las progresivas ampliaciones a otros edificios, las antiguas salas del Palacio ya solo se utilizan los días de Pleno. Periodistas y diputados las ocupan en ruedas de prensa y reuniones de trabajo. Los dos escritorios más cercanos a la puerta de entrada son zona de batalla para los periodistas, y los dos del fondo son utilizados generalmente por los diputados del PP porque están junto a la puerta próxima a sus escaños.

La noche del 23F una de esas habitaciones sirvió para aislar a los cinco parlamentarios que Tejero consideraba más peligrosos: Felipe González, Agustín Rodríguez Sahagún, Manuel Gutiérrez Mellado, Alfonso Guerra y Santiago Carrillo. Allí pasaron horas, cada uno en una esquina y otro en el centro de la sala, sin poder comunicarse entre ellos, preguntándose si verían amanecer y con qué régimen político. Guerra cuenta que dejó pasar los minutos observando el viejo reloj. Desde luego da para entretenerse un rato. Es una joya fabricada en 1857 que sigue marcando puntualmente la hora local y la de capitales de países que ya no existen en los mapas.

De todos los rincones del Palacio quizá el de mayor encanto es la biblioteca. Escondida tras el hemiciclo, es de planta pequeña y tiene cuatro alturas con altísimas vitrinas de madera que guardan libros de todas las épocas, incluidos códices e incunables. Una sala donde parece haberse detenido el tiempo aunque no tan majestuosa como la del Senado, un lugar digno de visitar.

Al Congreso se entra cruzando la verja de la carrera de San Jerónimo, junto a la puerta que flanquean los dos leones. Ese portón es el original, con la misma madera y bronce de 1850 y unos cerrojos que solo se retiran en contadísimas ocasiones. Por allí entran los Reyes para presidir la sesión solemne con la que se abre cada legislatura. La cruzan también los ciudadanos en las jornadas anuales de puertas abiertas y la atraviesan los féretros de los expresidentes del Gobierno, del Congreso o Padres de la Constitución que han sido despedidos en el Parlamento.

Esa zona está prácticamente igual que cuando fue construido el edificio por orden de Isabel II, sobre las ruinas de un antiguo convento que había destruido un incendio. También el solar tiene su historia. El origen del fuego que asoló el convento del Espíritu Santo no fue accidental. Se atribuye a un atentado frustrado contra las nuevas autoridades absolutistas y el duque de Angulema que asistían allí a misa. Tres meses antes, el duque había dirigido las tropas francesas —los Cien Mil Hijos de San Luis— que invadieron España para acabar con el Trienio Liberal en 1823.

El convento quedó vacío hasta que diez años más tarde la Reina regente María Cristina ordenó arreglar la iglesia para que en ella pudieran reunirse las Cortes Generales. Pero los debates no duraban más de una hora ante la amenaza de ruina, así que los diputados terminaron trasladándose a la parte del Teatro Real que ya había sido construida, mientras se levantaba el actual Palacio.

En el suelo del vestíbulo hay un mosaico con el año de inauguración, 1850, pero no es el original. Inicialmente las pequeñas piedras dibujaban el escudo real. En la Segunda República se borró el rastro monárquico y se sustituyó por la fecha. El vestíbulo en cuestión es una sala ovalada que preside una estatua de mármol de Isabel II. Durante décadas allí estuvo instalado el bar del Congreso. Fue Gregorio Peces-Barba, presidente de la Cámara entre 1982 y 1986, quien retiró la barra y las mesas para que aquel espacio histórico no se arruinase con tanto humo de cigarrillo. Entonces ya se estaba construyendo una nueva cafetería en la última planta del edificio anexo.

La noche del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los golpistas pasaron horas matando el tiempo en aquel bar mientras los mandos cruzaban llamadas y órdenes para decidir el futuro de España. En esa espera acabaron con todo lo que encontraron y lo que no les dio tiempo a beberse, comerse o fumarse, se lo llevaron al marcharse. Arrasaron con los licores, los jamones, los cartones de tabaco y hasta el bote de las propinas de los camareros. Muchos años después, a punto ya de jubilarse, Jesús, que entonces era responsable de la cafetería, me contaba la historia todavía con pena, sobre todo por lo que supuso quedarse sin las propinas que completaban unos sueldos escasos.

Tras repasar los destrozos —que fueron muchos—, el Congreso presentó una denuncia y evaluó en un millón de pesetas el desfalco de los insurrectos en el bar. Tras el juicio, la Guardia Civil tuvo que desembolsar esa cantidad, un buen pellizco en aquellos tiempos. Para cerrar heridas, la Mesa del Congreso decidió donar ese dinero al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil.

Sin ánimo de disculparlos, hay que decir que muchos de los agentes que irrumpieron aquella noche en el Congreso no sabían qué se traían entre manos. José Bono suele recordar una anécdota que vivió en aquellas horas de incertidumbre. En la larga espera se fue agotando el tabaco en todas las bancadas —entonces se fumaba en el hemiciclo—, así que Bono pidió a uno de los guardias permiso para ir a su despacho a buscar tabaco. El guardia lo acompañó y una vez allí le preguntó a Bono si podía llamar a su casa para tranquilizar a su familia. El político socialista se quedó perplejo cuando le escuchó decir a su mujer: «Estamos aquí, en la Moncloa...».

El bar donde los golpistas consumieron la noche era conocido entonces como «la taberna o el merendero del cojo», porque la había abierto un político liberal lisiado de una pierna, el conde de Romanones, que entre otros muchos cargos, ocupó la Presidencia del Congreso a principios del siglo XX.

Poco ha cambiado el vestíbulo desde la desaparición del bar. En 2011 José Bono decidió añadir dos retratos más a los medallones que recuerdan personajes históricos, una decisión que provocó bastante ruido. No todos compartieron su elección, pero allí se quedaron las pinturas, con los rostros del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, y del de la Segunda República, Manuel Azaña.

Cerca, en un lateral de ese vestíbulo que ahora se utiliza para las atenciones protocolarias, hay una pequeña puerta oculta en el estuco de la pared. Durante años he escuchado todo tipo de historias sobre los misteriosos pasillos a los que conduce esa puerta. Que si una red de túneles que llegan hasta los jardines del Palacio Real, que si un acceso secreto para que el duque de Medinaceli —cuyo Palacio estaba enfrente, en lo que hoy es el Hotel Palace— pudiese hacer visitas nocturnas a las monjas... Siento desmontar las leyendas, pero ni se ha encontrado la red de túneles —al menos partiendo del Congreso— ni el duque de Medinaceli cortejaba a ninguna monja, porque quienes habitaban el Convento del Espíritu Santo eran monjes, en concreto Padres Clérigos Menores.

La portezuela solo conduce al sótano, hasta hace pocos años un lugar inhóspito y húmedo repleto de papeles y trastos, al que solo bajaban los técnicos de mantenimiento. En la etapa de Manuel Marín como presidente de la Cámara se decidió sanear la zona, entre otras razones, por motivos de seguridad. Si en aquel almacén hubiera saltado una chispa, el desastre en el hemiciclo, justo encima, hubiera sido inevitable porque tanto la estructura como el mobiliario y la cúpula que cubre los escaños son de madera.

Después de meses de trabajo, quedaron a la vista unas arcadas de piedra y ladrillo que en otro tiempo fueron las bodegas del viejo convento. Todavía se conservaban enterradas las viejas barricas para almacenar vino y aceite. No solo barricas. Los obreros se tropezaron también con unos huesos, en apariencia humanos, y las obras tuvieron que ser paralizadas a la espera del forense. El titular tenía todo el morbo posible: «Hallan restos humanos bajo el hemiciclo». Pero tampoco esta vez hubo argumento para una novela. Se concluyó que los huesos correspondían a algún monje, ya que era costumbre dar sepultura a los fallecidos dentro del convento. Despejados los huesos y conservadas las vasijas, bajo los pies de sus señorías ha quedado un precioso subterráneo que reproduce la forma del hemiciclo y al que nadie termina por encontrarle destino.

Aún quedan otras dos plantas en el edificio. Una sobre el hemiciclo, en la que está el despacho del jefe de la oposición, el líder del segundo partido más votado. En décadas de bipartidismo, cada vez que se producía un cambio de Gobierno, quien subía esas escaleras escenificaba la alternancia en el poder. Si el líder del PSOE bajaba a la primera planta y se instalaba en la zona reservada al Ejecutivo, el cabeza de cartel del PP subía las escaleras para ocupar el despacho del líder de la oposición. O viceversa.

A Zapatero le debió costar algo más que a la media darse cuenta de que había ganado las elecciones en contra de lo que vaticinaban casi todas las encuestas. El día que fue investido presidente, nada más pronunciar su discurso, salió del hemiciclo, subió la escalera y enfiló el pasillo camino de su habitual despacho de líder opositor. Los periodistas tuvimos que recordarle, con cierta sorna, que la habitación ya estaba ocupada por un señor de barbas apellidado Rajoy.

Además del despacho del jefe de la oposición en la primera planta, hay otros para los miembros de la Mesa del Congreso, el órgano de Gobierno de la Cámara. Están repartidos a lo largo de un pasillo semicircular conocido como la galería de los presidentes porque allí se cuelgan los retratos de todos los que han presidido el Congreso. Es costumbre que cuando termina una legislatura el presidente saliente elija a un pintor relevante para encargarle su retrato. Nadie se había planteado nunca que ese hábito pudiera tener una lectura política hasta que llegó la crisis y creció la desconfianza de los ciudadanos. Cualquier decisión que se tomaba en sede parlamentaria era observada con lupa.

Manuel Marín renunció al óleo para reducir costes y en su lugar encargó una fotografía a Cristina García Rodero, una de las fotógrafas más reconocidas dentro y fuera de España. El coste fue de 25.000 euros. A su sucesor, José Bono, no le hizo ninguna gracia que su compañero de filas se saltase la tradición. Al terminar su mandato la recuperó y encargó a Torrens su retrato. Esta vez la Cámara se gastó 82.000 euros. Se colocó unos metros más adelante de la pintura que recoge a un Federico Trillo solemne, frente a un escritorio en el que hay un pisapapeles que lleva escrita —a petición suya— una frase en latín: «Iuvet testes», traducido, «manda huevos». Es la frase por la que muchos lo recuerdan, una exclamación pronunciada durante una votación de presupuestos interminable con nombres de enmiendas completamente incomprensibles. No era para menos.

Encima de esa galería de cuadros que recorren distintas etapas de los retratistas españoles hay una planta más, la última del Palacio. En tiempos sirvió como vivienda para el portero mayor, pero hace mucho tiempo que solo acoge despachos de funcionarios. Esa zona sufrió el abandono durante décadas hasta que llegó Celia Villalobos y su pasión por las reformas.

Para ser justos, la rehabilitación era imprescindible después de que los arquitectos de Patrimonio Nacional hubieran descubierto que la estructura de madera que sujetaba el edificio estaba literalmente podrida. Había vigas maestras que terminaban en la nada, porque alguien las había serrado en alguna reforma hecha sin orden ni concierto. Otras corrían el riesgo de venirse abajo por el deterioro. Lo que empezó como una obra para reparar las humedades se convirtió en una lucha contra los elementos para reconstruir la dañada estructura sin interrumpir la vida política.

En plenas reparaciones, cayó sobre Madrid una fuerte tormenta y durante un Pleno comenzó a llover dentro del hemiciclo, ante el pasmo de los presentes. El agua acumulada se había ido filtrando por los conductos del aire acondicionado que se estaba instalando. Otro titular de impacto: «Tormenta en el hemiciclo». Hubo que interrumpir la sesión y colocar unos cuantos cubos antes de reanudar el debate.

Al final, con las nuevas complicaciones el Congreso tuvo que gastarse nueve millones de euros para recuperar la salud del edificio. De paso se reforzaron las cubiertas y se rehabilitó la estructura de madera que sujeta el abanico de cristales que corona el hemiciclo. La vieja maquinaria de hierro ha vuelto a funcionar y los diputados han descubierto que el salón de plenos es «descapotable». Ahora se abre una pequeña rendija en verano para mantener la ventilación, pero no mucho más porque la luz del sol, que puede ser muy estimulante para aclarar las ideas, deslumbra a algunos diputados y arruina el trabajo de quienes manejan las cámaras de televisión robotizadas con las que se transmiten los debates.

Una vez recuperada, la estructura de madera original que cubre el hemiciclo es otra de las joyas que merece una visita. Recuerda las tripas de un viejo barco con sus grandes tirantes arqueados y el olor a madera. Un rincón mágico que contrasta con la modernidad excesiva de los pasillos que lo rodean. Se han cubierto con mármol blanco, maderas renovadas y muebles de diseño que chirrían en un palacio construido en 1850. En esa última planta trabajan letrados y otros técnicos del Congreso, desde luego con mucha más comodidad que antes pero sin ningún encanto.

Quizá tanta innovación sea una de las causas de la tensión que el presidente Posada y la vicepresidenta Villalobos ya no podían disimular en el final de la legislatura. Él nunca quiso saber nada de presupuestos, diseños y obras, y ella se entregó con pasión a la tarea. El resultado es práctico pero extraño, como una nave espacial aparcada en medio de un bosque gallego. Esa es la sensación que provoca a quienes la ocupan. Están muy cómodos pero aquello no pega con el entorno.

Toda esa modernidad de la era Villalobos sigue conviviendo con las viejas chimeneas que en las plantas de abajo calentaban los salones, o con las lámparas de hierro —adaptadas a la electricidad— pero que aún conservan las espitas por las que salía el gas que permitía iluminar el Palacio.

Algunas cosas siguen intactas pero entre ellas no están los dos objetos más simbólicos. Las dos palabras que más rápido se identifican con el Congreso son «escaño» y «leones». Ni unos ni otros son los originales. Los actuales leones llegaron al tercer intento. Primero se esculpieron unos que resultaron demasiado pequeños y que finalmente acabaron en los Jardines de Monforte, en Valencia. Se encargaron otros más grandes, pero tan enclenques por el material que se había utilizado que no aguantaron las inclemencias del tiempo. A la tercera fue la vencida: los actuales se construyeron con el bronce de dos cañones capturados en la guerra de África y ahí siguen.

Sus nombres más populares son Daoíz y Velarde, en honor a los héroes del levantamiento del 2 de Mayo contra las tropas francesas en 1808. Pero al menos uno de ellos no es tan bravo como parece. Hace pocos años se descubrió que el que está en la parte más baja de la carrera de San Jerónimo no tiene testículos. Unos dicen que la fundición se quedó sin material y otros que fue una decisión del escultor, Ponciano Ponzano, que pretendía que ambas figuras representasen a Hipómenes y Atalanta, dos personajes de la mitología griega, uno masculino y otro femenino.

Los escaños aún han dado más vueltas. Se han cambiado al menos en siete ocasiones. La última vez en el año 1988. Los primeros eran bancos corridos, por eso al referirnos a los grupos parlamentarios a menudo hablamos de bancadas. En la época de Franco se colocaron unas butacas atornilladas al suelo, como las de los antiguos cines. Cuando se retiraron algunos diputados pidieron comprar la suya y se la llevaron de recuerdo, entre ellos Manuel Fraga.

La estructura del hemiciclo solo sufrió un cambio. En tiempos de Franco para ampliar el espacio se derribó el tabique del fondo para ganar así los metros del pasillo que lo rodeaba. El resultado es que caben más asientos. Hay 400 escaños aunque el número de diputados sea menor, pero en esa ampliación se sacrificó la calidad acústica del diseño original.

En la primera bancada, la de color azul, se sienta el Gobierno. Los presidentes de los ejecutivos socialistas siempre han ocupado el primer asiento del lado izquierdo, y los del Partido Popular y la UCD, el primer escaño del lado derecho. Por eso hasta ahora, cada vez que cambia el color político del Gobierno, el presidente se sienta en una esquina diferente. El resto de los miembros del Ejecutivo no tienen elección: el protocolo los coloca a continuación de su jefe y en orden a la antigüedad del ministerio. La cartera determina el asiento.

Todos esos sillones situados bajo una bóveda repleta de frescos, las estatuas de los Reyes Católicos que coronan la tribuna, los impactos de los tiros de Tejero, las alfombras que elabora a medida la Real Fábrica de Tapices y que retira al llegar el verano para volver a colocar en el otoño, los retratos, lámparas, chimeneas... Todo tiene su lugar y su papel: recordar que ahí se construyó nuestra historia política. En ese lugar se aventuraron reformas en una república ilusionante, agitada y convulsa, y más tarde también allí los procuradores franquistas custodiaron cuarenta años de dictadura. El mismo escenario donde se aprobó el voto femenino en 1933 y cuarenta y cuatro años después, una Ley de Reforma Política que abría de nuevo las puertas a la democracia. Es el espacio donde nació la Constitución después de largos días y noches discutiendo mucho y cediendo otro tanto.

La sociedad española fue caminando hacia la modernidad con leyes que salieron de los debates que acogió ese lugar. Llegó el divorcio, la ley que regulaba el aborto, la que reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo... La vida de todos pasó y pasa por allí. Las pensiones de los mayores, la educación de los pequeños, la sanidad, la cultura, la economía. Todo es política porque no hay política sin Parlamento. El problema es haber creído que ese vetusto espacio puede resistirse a los cambios que se reclaman desde la calle. Que evolucionar, revisar las reglas del juego, replantearse los privilegios diseñados hace muchos años, es renunciar a los derechos de los parlamentarios.

EL SÍNDROME DE LA MUJER DEL CÉSAR

Durante muchos años a los parlamentarios no les preocuparon las apariencias. Tampoco a los periodistas. Sin embargo, con el progresivo desgaste de la imagen pública de los políticos y, sobre todo, la llegada de la crisis, lo que hicieran los diputados con su tiempo y sobre todo con el dinero público empezó a ser una inquietud generalizada. Sueldos, pensiones, viajes, actividades profesionales, horarios de trabajo y hasta el precio de sus consumiciones en el bar: todo quedó expuesto al escrutinio público. Se había abierto la veda.

Los sueldos de los diputados hace tiempo que no son un secreto, cualquiera puede comprobarlos consultando el apartado Régimen Económico de los Señores Diputados en la página web del Congreso. Allí se detalla el sueldo base, 2.813,87 euros al mes. Esa cantidad fue reducida en 2010 en un 10 % al mismo tiempo que otros salarios públicos y desde entonces permanece congelada. Además se especifican todos los complementos posibles. El más importante es el del presidente de la Cámara, que suma otros 3.000 euros. El resto de los cargos, portavoz, presidentes de comisión, portavoces de comisión etc..., reciben además de su sueldo cantidades que oscilan entre los 700 y los 1.400 euros mensuales. A esto hay que añadir las dietas para alojamiento y manutención. 800 euros a los elegidos por Madrid y unos 1.800 a los que se desplazan desde otras provincias. Cuando los diputados terminan su mandato por renuncia o porque finalizan la legislatura, tienen derecho a una indemnización equivalente a algo más de dos meses de sueldo. Esto trata de compensar el hecho de que mientras están dedicados a la actividad parlamentaria no generan derecho a paro porque no existe ningún contrato, ni siquiera un sueldo propiamente dicho. El dinero que reciben se denomina «asignación constitucional».

¿Ganan demasiado? Es la eterna pregunta y no tiene una respuesta sino varias, dependiendo con quienes los comparemos. Si lo equiparamos a lo que gana alguien de otra profesión, resultaría que el sueldo base de un parlamentario es algo mayor que el de un profesor en la educación pública, que ronda los 2.000, variando en función de las comunidades. Si es catedrático, el sueldo de un diputado se queda muy por debajo. Si lo comparamos con un abogado las cuentas fluctúan: hay algunos que reciben sueldos mucho más bajos y otros que multiplican por diez las ganancias de los parlamentarios... y así hasta el infinito.

Quizá es más sencillo buscar las equivalencias con lo que reciben los parlamentarios de otros países de nuestro entorno. Malta, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania. Esta es la lista de países europeos donde los parlamentarios cobran menos que los españoles. En Portugal ganan más, en Grecia, el doble, y en Francia, aún más. Los diputados de Irlanda, Suecia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo se acercan al triple del salario español. Más todavía en el Reino Unido y en Italia... Qué decir. El salario de los parlamentarios italianos es el más alto de Europa: supera los 167.000 euros anuales.

Juzguen ustedes mismos en qué grupo de países situarían a España y nuestra pregunta ya va encontrando respuesta. Si el sueldo no es el problema, ¿cuál es? Muchos españoles creen que los parlamentarios tienen demasiados privilegios. Veamos. Hasta hasta 2011 los representantes públicos tenían derecho a un complemento de pensión que desde luego no disfrutan la gran mayoría de los trabajadores. Los que habían pasado siete años en el escaño podían acceder al 80 % de la pensión máxima y si habían mantenido el acta durante once años podían disfrutar del 100 %. En 2011, con la crisis como telón de fondo, se suspendieron los complementos y los parlamentarios se someten al mismo régimen de la Seguridad Social que el resto de los trabajadores. La Cámara cotiza por ellos aunque, como decimos, su paso por el Parlamento no genera derecho a paro. Tampoco existe ya el plan de pensiones parlamentarias a las que contribuían Congreso y Senado, salvo para quienes disfrutaban de ese derecho antes de que se cambiase la norma.

Hay que decir que el complemento de pensión que provocó ríos de tinta y minutos de tertulia en su día, lo disfrutaron apenas un 2 % de los parlamentarios que han pasado por ambas cámaras desde 1979. La mayoría habían cotizado lo suficiente en sus profesiones para alcanzar la pensión máxima, pero había un grupo de parlamentarios que venían de años de oposición clandestina o del extranjero y para ellos iba destinada la medida. En cualquier caso, era un privilegio evidente y como tal se suprimió.

Sigamos con la lista de agravios. Además de las dietas que ya hemos detallado, los diputados tienen derecho a utilizar una tarjeta de taxi con un gasto máximo de 3.000 euros anuales. El uso es supuestamente nominal porque hay que dar el nombre del parlamentario que debe ser recogido y es el taxista quien lo comprueba. Muy pocos llegan a agotar el gasto y es tranquilizador, porque realmente hay que dar muchas vueltas por Madrid para consumir 3.000 euros en carreras. Podemos anunció que renunciaría a esa tarjeta pero finalmente poco más de la mitad de sus diputados lo hizo; el resto la utilizan.

En cuanto a las dietas de alojamiento tampoco hay una respuesta clara a la pregunta de si son excesivas o no. El precio de un hotel de tres estrellas en el centro oscila entre los 50 y los 100 euros la noche. Muchos cierran acuerdos para mejorar en ahorro y comodidad. A cambio de su fidelidad como clientes, los hoteles procuran darles siempre la misma habitación e incluso les permiten dejar algunos enseres personales. Aunque a veces las cosas no salen como están previstas. Una noche, después de un pleno que acabó rondando las doce, un diputado de ERC que ya ha dejado la Cámara volvió a su hotel para ocupar su habitación de siempre. Al abrir la puerta notó algo raro y al acercarse a la cama comprobó que había una persona durmiendo dentro, nada menos que un diputado del PP. Superado el susto inicial, el republicano cedió su habitación por esa noche, aunque solo fuera porque el del PP ya estaba en pijama.

Anécdotas aparte, el alojamiento es la primera pesadilla para los nuevos diputados que no son de Madrid. A todos les preocupa ajustarse a las dietas para que sus desplazamientos no pesen sobre la economía familiar. No es fácil, los más afortunados pactan precios reducidos o consiguen un piso céntrico para compartir a un coste razonable. Pero también hay quienes se alojan en pensiones de dudosa calidad. Todos coinciden en que la dietas no les da para lujos, por algo será. Solo Duran i Lleida mantuvo hasta el final su costubre de alojarse en el lujoso hotel Palace. Su grupo pagaba una parte y el resto él.

Donde no tienen gasto extra posible es en los desplazamientos a la capital. Congreso y Senado tienen convenios firmados con las principales compañías, Renfe e Iberia, que les ofrecen billetes de primera a precio de turista. El problema es que la sensibilidad de los ciudadanos está a flor de piel y ahora mismo hay pocas cosas peor vistas que un político viajando en primera. Me cuenta un portavoz que haciendo un vuelo transatlántico pagado por él, ya que era por un motivo personal, se le acercó una azafata y le ofreció la posibilidad de ocupar sin coste una de las plazas libres de primera. La tentación era grande porque el vuelo duraba doce horas pero al final le agradeció el gesto y permaneció en su asiento. «Cualquiera me puede montar el lío y no me compensa.»

Pongo el ejemplo porque es una muestra más de lo fácil que es caer en la demagogia. A las compañías de transporte les interesa hacer ofertas a sus principales clientes para garantizar su fidelidad. Lo hacen con el Parlamento pero también con otras muchas empresas que viajan con frecuencia. El problema es que la preocupación por las apariencias termina teniendo un coste extra para el erario público. Los diputados renuncian a viajar en primera aunque cueste lo mismo, pero el Congreso y el Senado tienen un gasto añadido, el parking de la estación, que de otra manera iría incluido en el billete de preferente que nadie se atreve a usar. Me cuentan los compañeros que cubren los actos de Podemos que hubo que retrasar un mitin en Madrid porque la dirigente andaluza de la formación perdió el AVE. Le habían comprado un billete de primera y Teresa Rodríguez se negó a utilizarlo así que hubo que buscar plazas en otro tren.

Si el coste no es el problema, el único aspecto discutible de los viajes es para qué se usan esos billetes. Está claro que el objetivo es trasladar a sus señorías cada semana desde la circunscripción que representan para que puedan asistir a los plenos, pero no siempre es así. Después de que los viajes de sus señorías se convirtiesen en tema de debate público, el entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, decidió que fueran los grupos los que se ocupasen de controlar a sus parlamentarios y hacer pública la información que considerasen oportuna. El PSOE, por ejemplo, cuelga en su web el gasto total en viajes y añade el motivo, cuando el desplazamiento es a lugares distintos de la circunscripción del diputado.

¿Tiene que pagar el erario público el traslado de los diputados a los actos de su partido? Es otra cuestión para el debate. Lo que no genera dudas es la necesidad de separar los viajes de trabajo de los que tienen que ver con la vida privada. Un diputado del PP por Teruel tuvo que dimitir tras conocerse que utilizaba los billetes del Congreso para visitar a su pareja en Canarias. El enredo se complicó cuando se publicó que esa misma mujer había sido anteriormente pareja del expresidente de Extremadura, y exsenador, que también podría haberse desplazado a verla con cargo a la Cámara Alta. Son esos comportamientos los que desgastan el sistema y dañan la imagen del conjunto. ¿Cómo garantizar que no se repitan? Solo hay un camino, la transparencia. Si cada grupo da cuenta de los movimientos de los suyos, los tramposos se sentirán vigilados y los demás podremos mantenernos vigilantes.

Los servicios que contrata el Parlamento hace tiempo que son públicos. Cuando alguien se detuvo en analizar el pliego de condiciones para renovar el servicio de cafetería y comedor, nos enteramos que tomarse un gin-tonic costaba menos de 4 euros. Es obvio que si los periodistas parlamentarios no habíamos caído en semejante ganga es porque nunca se nos había ocurrido tomar una copa en el bar del Congreso. Ni a nosotros ni a casi nadie, aunque siempre hay excepciones. Recuerdo a un diputado que durante las interminables sesiones de la comisión de investigación del 11M se alimentaba casi a diario con un par de whiskys y un plato de almendras. Era evidente que tenía un problema con el alcohol, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, pero era un caso aislado. El precio de los licores nunca fue la preocupación de nadie en el Parlamento. Parecía evidente que el coste del resto de las consumiciones comunes —cafés, refrescos, bocadillos o el menú— era algo más bajo que los bares de las calles cercanas, aunque similar al de otros centros de trabajo. Aun así, aquel pliego de condiciones dio lugar a un interesante debate sobre la vidorra de los parlamentarios.

Dicho esto, los precios de las copas ya están equiparados a los del mercado, o eso creo. Sigo sin encontrar la oportunidad de tomar una copa en el Congreso.

Puestos a revisar la vida diaria de diputados y senadores llegamos a un tema más serio: ¿qué hacen? La pregunta es tan relevante que hasta se ha creado una interesantísima página web que se dedica a responderla y se llama precisamente así: www.quehacenlosdiputados.net.

De todo lo que hemos hablado hasta ahora, esto es, a mi entender, lo realmente importante. Los ciudadanos desconocen el trabajo de sus parlamentarios e incluso son incapaces de identificar a los que ellos mismos han votado. Volvamos al ejemplo británico. El papel del parlamentario es tan relevante que para que alguno alcance esa condición tiene que someterse previamente a un examen ante sus votantes. Solo si supera esa prueba puede aparecer en las listas electorales. Una vez obtenida la confianza también en las urnas, las obligaciones ante el electorado se mantienen. El Parlamento británico se ocupa de los gastos de la oficina de cada diputado en su circunscripción, y el político tiene la obligación de establecer un horario semanal para atender las reclamaciones de los electores. Cuenta Borja Bergareche que, en su experiencia como corresponsal en Londres del diario ABC, se sorprendió al ver cómo el ministro de Exteriores tenía que pedir permiso para usar su coche oficial para desplazarse a su circunscripción y llegar a tiempo para atender las citas pendientes en su oficina de diputado.

¿Alguno de ustedes sabe cómo localizar a los diputados que le representan? Irene Lozano me explica que un día, al entrar al Congreso, se le acercó un hombre que dijo haber viajado desde Salamanca para explicar un problema a un diputado de esa provincia, pero que una vez en la puerta un asistente le respondió que este estaba demasiado ocupado para atenderle. Ella se sentó a escucharle.

Lozano se pregunta: «¿Dónde está la oficina de atención al cliente para los ciudadanos?». Y añade un lamento: «Si esto funcionara sería precioso». La frase es demoledora. Refleja la frustración de muchos de los que aparcaron su vida profesional para dedicarse a la vida pública. Ella al menos guarda un buen recuerdo: haber puesto en apuros al Gobierno denunciando la situación de acoso que sufría la soldado Zaida Cantera. Luego esta mujer militar terminó entrando en política de la mano de Sánchez y casi se cruzó en la puerta con la propia Lozano, que renunció al escaño tras su difícil encaje en la bancada socialista.

El caso de Cantera le llegó a Irene Lozano por Twitter. Su marido contactó con la entonces diputada de UPyD y fijaron una cita. La mayoría de los que buscan el amparo de un parlamentario recurren al correo electrónico, pero la experiencia demuestra que tampoco es el camino. El exdiputado de IU Gaspar Llamazares me confesaba su incapacidad para contestar a la avalancha de mensajes que sin orden ni concierto se acumulaban en su bandeja de entrada. La dirección de email de un diputado está en la página web, cualquiera puede escribirle, también quienes buscan bombardearlos con publicidad o bloquear la cuenta con insultos. «El correo se ha vuelto ingobernable, se ha convertido en una suerte de canal de manifestación. La gente recurre a él cuando ya se han agotado todas las vías judiciales. Da sensación de impotencia.»

Está claro que los diputados necesitan resolver su falta de comunicación con el electorado, diseñar puntos de encuentro accesibles para las dos partes. Eso mejoraría notablemente la imagen pública de la política. Sirva una anécdota que circula por internet. Una joven vasca cuenta que su padre decidió enviar una felicitación navideña al presidente del Gobierno. La postal llevaba los datos del remitente e incluso su teléfono. Semanas más tarde, en aquella casa se recibió una llamada de un tal Mariano, pero la persona que atendió el teléfono tiene un problema de memoria y tan solo supo decir que «había llamado Mariano», porque lo había apuntado. La joven contó la historia en Twitter y Rajoy aclaró que sí, que había contestado a la amable felicitación. Aquella familia y los que la leyeron sin duda vieron de una manera distinta a un político que no tiene precisamente imagen de hombre sensible y amable. Se sintieron escuchados. Muchos de los ciudadanos que buscan a los diputados no siempre exigen que le resuelvan el problema, para muchos es igual de importante que los escuchen.

Los electores no siempre saben a quién han elegido. José Bono es muy claro al respecto, «no eligen a sus diputados, solo cuántos van a ser». El expolítico socialista es partidario de reformar no solo el Reglamento del Congreso, sino también la ley electoral «porque cuando se redactaron los partidos necesitaban ser fortalecidos», y de esa necesidad «han pasado muchos años». Ahora las necesidades son otras, políticos y ciudadanos tienen que encontrar las razones que justifiquen el trabajo, en un lado, como representantes, y el compromiso de participar activamente votando, en el otro. No solo hace falta conocer a quienes se elige, ponerles cara y nombre, sino también saber cuál es su trabajo.

La actividad parlamentaria siempre ha estado envuelta en cierta penumbra. ¿Dónde está un diputado cuando no ocupa su escaño? ¿A quién recibe, con quién se reúne? Cada vez más partidos hacen pública la agenda de sus diputados y senadores, pero sería mucho más útil facilitar el acceso a esa información centralizándola en la propia página del Congreso, para que fuera más rápido que el peregrinaje por los sitios web de cada partido.

Llegamos a la parte más delicada: las compatibilidades con otras actividades profesionales. Hay distintas opiniones sobre hasta donde debe llegar el régimen de incompatibilidades y en todas hay algo de razón. La tendencia es a ser lo más estricto posible, a exigir una dedicación exclusiva. De hecho, la ley electoral la establece de forma precisa, aunque contempla algunas excepciones: el ámbito universitario, la producción artística, literaria o científica, y la gestión del patrimonio personal y familiar. Pero en la práctica las excepciones siempre han sido muchas más. Cada diputado tiene que hacer una declaración de actividades que después es examinada por la Comisión del Estatuto del diputado. Las resoluciones de esta comisión se votan en Pleno pero la mayoría de los diputados desconoce su contenido, solo quienes participan en la comisión están al corriente. Además, esa votación es secreta por lo que, mientras se produce, las cámaras del hemiciclo apuntan al techo y se corta el sonido.

La mayoría de esos permisos se solicitan para ejercer la abogacía o participar en tertulias. Algunos también trabajan en universidades privadas, no en las públicas porque la ley no les permite compatibilizar dos sueldos del Estado. Esas actividades no siempre están remuneradas: la mayoría de los políticos participan en tertulias para difundir los mensajes de su partido, sin recibir nada a cambio. No son esas actividades las que despiertan suspicacias.

Dos veteranos del Partido Popular cobraron importantes comisiones gracias a una labor del lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica. Cuando saltó el escándalo, Gustavo de Arístegui era embajador de España en la India y Pedro Gómez de la Serna encabezaba la lista del PP por Segovia. La inconveniencia de los negocios de ambos no dejaba lugar a muchas dudas, había detalles que los ponían en evidencia como el hecho de que en sus tarjetas de visita figurase la dirección de su despacho en el Congreso.

Años antes de que se conociese este caso, el expresidente Bono había llamado la atención de los diputados y los líderes de los partidos sobre los abusos que se estaban cometiendo. Envió una carta a los portavoces planteándoles que reflexionasen sobre un cambio en el sistema. «Ninguno respondió —asegura Bono—, pero fue la única vez que Zapatero y Rajoy vinieron juntos a verme al despacho.» Esa visita fue el 9 de marzo de 2011. Los periodistas seguíamos desconcertados por las entradas y salidas del presidente y el líder de la oposición del despacho del presidente del Congreso. No dieron detalles de lo que allí se había hablado, pero luego supimos que se comprometieron a aumentar los controles y la transparencia sobre el patrimonio de los diputados. Empezaban a darse cuenta del desgaste de la imagen de los parlamentarios. Al menos pactaron que la declaración de rentas y patrimonio fuera pública, evitando dar detalles sobre la ubicación de las propiedades. Desde entonces los documentos que rellenan los parlamentarios al inicio de cada legislatura con los detalles de sus propiedades están colgados en las páginas web del Congreso y el Senado.

Las incompatibilidades de la actividad parlamentaria siguen siendo una asignatura pendiente de difícil solución. ¿Dónde poner el límite? Muchos defienden que debería facilitarse el camino de ida y vuelta de la actividad privada a la política para lograr atraer nuevos perfiles de diputados. Ahora son muy pocos los que tienen garantizado el regreso si la aventura política no resulta ser como esperaban. Solo los funcionarios pueden recuperar su trabajo nada más dejar su acta. Irene Lozano cita el ejemplo de su compañero de bancada Álvaro Anchuelo, que volvió inmediatamente a su puesto de profesor en la universidad.

Manuel Pizarro es uno de los pocos que en su día se atrevió a dar el salto, quizá porque su currículum profesional le garantizaba un buen colchón en el regreso y había ahorrado lo suficiente para correr el riesgo, pero entiende que otros no sigan su ejemplo. «No puedes cerrar tu despacho y volver a abrirlo años después como si no hubiera pasado nada. El sistema está diseñado para excluir a todo el que no sea funcionario de la Administración o de un partido.» También el periodista Borja Bergareche comparte esa preocupación. «La criminalización de las puertas giratorias es peligrosa porque hace falta que se oxigene el sistema.»

Este es el dilema en el que se mueve la política española. ¿Queremos un modelo abierto en el que puedan incorporarse personas de la sociedad civil y enriquecer la vida parlamentaria con su experiencia? Para eso hay que plantearse qué opciones les damos al dejar la política. Pero esta postura tiene un riesgo: hace falta ser muy vigilante con la posibilidad de compatibilizar actividades privadas y públicas, y además el trabajo de un político tiene una parte de compromiso, que implica asumir un riesgo. Al menos eso ha hecho la mitad de los diputados actuales que hasta hace poco tenían una vida profesional bien distinta, aunque es cierto que una parte —los funcionarios— podrán recuperarla sin dificultad.

Como hemos visto, los principales problemas que ha ido lastrando la imagen del parlamento se arrastran desde hace muchos años. Son cuestiones incómodas que se han evitado hasta que los medios detectan algún escándalo y abren el debate. Lo triste es que esas noticias hablan de situaciones excepcionales que terminan siendo percibidas como generales. ¿No será mejor sentarse a abordar todos estos temas espinosos, observar cómo lo hacen en otros sitios y resolverlos de la manera más justa para todos? Diputados y senadores tienen que luchar por encima de todo para preservar su principal derecho: el respeto a lo que son, a lo que representan y a lo que hacen. No hay tarea más noble que el servicio público y a eso se debe el Parlamento

CARTA URGENTE A SUS SEÑORÍAS

Permítanme unas líneas con cierta urgencia. No vaya a ser que el tiempo siga volando y se nos terminen olvidando las lecciones que hemos aprendido. Las encuestas les recuerdan a menudo que su trabajo es percibido por los ciudadanos no como una solución a sus problemas, sino como un problema en sí mismo. No se puede perder más tiempo en hacer algunas reformas necesarias que ayuden a recuperar la confianza en una institución tan importante como el Parlamento.

Después de tantos años de observación como periodista parlamentaria me gustaría plantearles algunas sugerencias.

Empecemos por lo más urgente. El Reglamento de las Cortes se ha quedado obsoleto. Fue aprobado en 1982 y apenas se han hecho un puñado de modificaciones parciales. Hace treinta años que ustedes y sus predecesores prometen reformarlo. He asistido a muchísimas ruedas de prensa en las que anunciaban acuerdos inminentes. No lo han conseguido. Da la sensación de que nadie ha tenido hasta ahora verdadero interés en hacerlo. Si es así, convendría ser claro y explicar por qué.

Durante años el principal escollo estaba en la reclamación de los grupos nacionalistas para que se regulase el uso de las lenguas cooficiales. Quizá puedan encontrar la forma de afrontar esa reivindicación sin la necesidad de instalar cabinas y contratar traductores. Es un gasto que los ciudadanos no entenderían. Seguro que hay alternativas.

La sensación general es que los dos grandes partidos han compartido la misma falta de interés en cambiar las cosas. Lo que uno planteaba en la oposición se le olvidaba al llegar al Gobierno. Pero ahora la situación es distinta. Hay cuatro fuerzas con una representación notable, si ustedes se ponen en marcha arrastrarán a los más pequeños.

El Reglamento se elaboró teniendo muy presente la agitada vida parlamentaria de la Segunda República. Quienes lo redactaron temían repetir la historia. Les preocupaba la estabilidad del Gobierno y por eso diseñaron un control sobre el Ejecutivo limitado. Las reglas están hechas para que el que gobierne casi siempre salga ganando.

Las normas le obligan a someterse al control de la oposición, pero sería necesario especificar también que deben responder al contenido de las preguntas. Igual pasa con los comparecientes, vienen cuando quieren, quizá podrían marcar unos plazos. Hace tiempo que ustedes discuten sobre la conveniencia de que el presidente del Gobierno también se someta a las Interpelaciones. Esos debates cortos que se celebran cada miércoles ligados a temas de actualidad. Sería una buena oportunidad para incluirlo.

El peso de la historia también hizo que en el diseño del Reglamento se favoreciera el papel de los grandes partidos, de grupos parlamentarios fuertes y con liderazgos estables. De esa herencia se deriva un Parlamento que los limita para destacar en su trabajo. Sus jefes reparten la tarea y el protagonismo. Ustedes solo intervienen en el Pleno si son designados previamente para ello. El Reglamento no estimula que emerjan nueva figuras y alimenta el clientelismo en los grupos grandes.

La Constitución establece que los diputados no están sometidos a imperativo alguno. Una vez escuché reflexionar en voz alta a un veterano diputado: «¿Hay mayor imperativo que ordenarnos con una mano cómo debemos votar?». Quizá podrían establecerse distintos niveles de disciplina, en función de la materia que se discuta.

Seguro que, como yo, creen que conviene también replantearse el contenido de los plenos para hacerlos más ágiles y cercanos a lo que se habla en la calle. Los debates de las leyes se repiten una y otra vez en el hemiciclo y en las comisiones. Los asuntos que preocupan en la calle y en los medios suelen tardar semanas en llegar al debate parlamentario. La sesión de control de los miércoles los deja fuera por la rigidez de los plazos para que la oposición pueda actualizar las preguntas.

Por cierto, ese Pleno a menudo se convierte en una sucesión de monólogos con discursos prefabricados. Llama la atención la espontaneidad con la que preguntan los parlamentarios de la vetusta Cámara británica. Aquí también puede haber espacio para la improvisación. No es necesario que nuestro Gobierno conozca con varios días de antelación la totalidad de las preguntas que se le van a plantear. Y deberían permitir cambios en el orden del día hasta, al menos, la víspera del Pleno.

Otra cuestión tiene que ver con ese hábito de acumular las votaciones de los debates hasta el final de cada sesión. Ya sé que es un mecanismo indispensable cuando los gobiernos no tienen la mayoría suficiente. Así se garantizan que estarán todos los diputados que necesitan. Pero ese sistema aleja el interés sobre lo que se discute y resta ritmo e importancia al contenido del Pleno. Quizá convendría volver a los orígenes, antes de que se cambiase en tiempos de Felipe González y votar cada iniciativa inmediatamente después de ser debatida.

Puestos a ganar en flexibilidad, donde más urge la reforma es en las iniciativas legislativas populares. Ustedes mismos lo han sugerido a menudo. Resulta excesivo reclamar medio millón de firmas para conseguir que el Parlamento estudie una propuesta de ley elaborada por los ciudadanos. Más si tenemos en cuenta que la Cámara europea exige un millón de firmas para una población muchísimo mayor. Y no solo eso. Tienen que encontrar la manera de que esas propuestas que llegan desde la calle no se atasquen esperando un turno para ser discutidas en Pleno o ni siquiera lleguen por el exceso de filtros. Pasan más de seis meses esperando hasta que se incluyen en el orden del día y deberían ser prioritarias. Convendría además facilitar el camino para que puedan ser defendidas en el hemiciclo por sus promotores, al menos en materias que afecten al interés general.

Todo esto tiene que ver, señorías, con los escasos cauces que tienen los electores para acceder a ustedes, sus representantes. Algunos se aventuran a rondar el edificio del Congreso para ver si consiguen contactar con algún parlamentario que escuche su queja. Vuelvo al Parlamento británico. Allí existe el «derecho de lobby», cualquier ciudadano puede pedir en la entrada del Parlamento una entrevista con el diputado que representa su circunscripción y este tiene la obligación de recibirlo.

Ustedes saben que en nuestro sistema el camino por el que llegan las reclamaciones de los ciudadanos no tiene salida. La Comisión de Peticiones carece de sentido tal como está planteada. Los ciudadanos no saben que existe. Se limita a repartir las peticiones que envían los electores entre los ministerios competentes. ¿Alguien les sigue la pista? ¿Para qué sirve un grupo de trabajo que se reúne de vez en cuando a puerta cerrada sin que nadie sepa lo que hace? Los pocos datos que tenemos sobre su funcionamiento nos dicen que apenas se responde el 30 % de las peticiones. No sabemos a quién van dirigidas y cuál es su contenido. Al menos en otros parlamentos las publican. Quizá tenga más sentido suprimir esa comisión y crear un espacio de debate para que de forma periódica representantes de distintos sectores de la sociedad puedan aportar sus puntos de vista. O incluso tomar el ejemplo del Parlamento noruego y empezar las comisiones escuchando a los representantes de los sectores afectados por la materia que se discuta.

En esta carta no les pediré que se bajen el sueldo ni que trabajen más. El salario de los parlamentarios españoles no es alto por mucho que se repita lo contrario, y además creo que ganar menos de lo que a uno le corresponde no es un mérito sino más bien una circunstancia que deberíamos evitar. Pero no estaría de más preguntarse si es lo más conveniente que las cámaras les paguen a través de sus grupos parlamentarios. Quizá se sentirían más libres si la asignación llegase directa de la institución a su cuenta, e incluso si se dedicase una cantidad para que pudiesen encargar sus propios informes y asesorías. Además, los presupuestos de las Cortes, que son independientes de las cuentas del Estado, suelen tener remanentes. Parte de ese dinero podría destinarse a facilitarles la tarea de contactar con sus electores en el lugar donde residen, a abrir oficinas en las circunscripciones que les permitan escucharles y ayudarles.

No necesitamos que congelen sus salarios más de lo que le toque al resto de los trabajadores públicos. Si les pagamos lo que necesitan, a lo mejor se pueden evitar compensaciones en especie que la gente no termina de comprender. Hoy en día la mayoría tenemos en casa acceso a internet sin que la empresa que nos contrata se ocupe del gasto.

Me parece correcto que el Congreso se haga cargo del coste de sus desplazamientos entre Madrid y su provincia. Seguro que ustedes saben entender dónde están los límites para que sus mítines de partido u otro tipo de viajes no se mezclen en esa contabilidad.

No me aporta nada como ciudadana hacerles trabajar gratis o renunciar a su indemnización de dos meses de sueldo al final del mandato si eso compensa el que no tengan derecho a paro. Insisto en que quiero que ganen lo que merecen porque así los demás podremos exigirles resultados.

No necesitamos que pasen cinco horas sentados en su escaño si en ese tiempo pueden dedicar un rato a atender las necesidades de una asociación de ciudadanos. Pero es importante que podamos saber siempre qué hacen y con quién se entrevistan. Llegó el momento de no seguir aparcando esa ley que debe regular el papel de los lobbys en la vida pública.

Tampoco hace falta que los plenos acaben a las once de la noche. Es cuestión de organizarse y empezar antes, y si para ello los portavoces tienen que viajar a Madrid el lunes por la noche y dormir un día menos en casa, pues se hace porque eso sí les va en el sueldo.

En cualquier caso lo importante es que todo lo que tiene que ver con su trabajo esté claro y que cualquier ciudadano pueda comprobarlo de forma rápida y sencilla. La transparencia es la mejor medicina contra los mentirosos. Les sugiero que, además de ser transparentes, lo parezcan. Y para eso conviene darle una vuelta a la página web del Congreso para hacerla más accesible, al alcance de todos y no solo de expertos.

Pero si algo quiero pedirles encarecidamente es que se sienten a pensar seriamente qué hacer con el Senado. No sé si el camino es cerrarlo. Yo preferiría replantear sus funciones y llenarlo de contenido. ¿Para qué queremos una Cámara de segunda lectura si no tiene un papel real porque en la práctica siempre el Congreso tiene la última palabra?

Hablan a menudo de convertirla en una Cámara de representación territorial. Ahora no lo es por más que un puñado de sus representantes sean designados por los parlamentos autonómicos. Saben que ese sistema solo ha servido para encontrar un retiro a los expresidentes y exministros. No lo critico si dejan de hacerlo de tapadillo y asumen que la experiencia de las personas que han dedicado buena parte de su vida al servicio público, debe ser aprovechada en beneficio de todos.

Pero si tiene que ser una Cámara territorial que lo sea ya, porque las tensiones entre comunidades son uno de nuestros grandes retos y debemos afrontarlo. Nos resultaría útil un lugar en donde discutir lo que nos diferencia y fortalecer lo que compartimos. Donde poner en evidencia las desigualdades entre ciudadanos de distintos territorios para corregirlas. Seguro que tienen ideas aún mejores. Empiecen a discutirlas sin perder más tiempo.

Es poco probable que algún senador haya llegado leyendo hasta esta línea. Habrá cerrado antes el libro molesto porque el Senado apenas aparece en este relato. Es comprensible pero así de inadvertida pasa la Cámara Alta por las vidas de los ciudadanos.

A menudo se dice que la culpa es de la prensa, porque no informa sobre lo que allí ocurre. Los periodistas cuentan noticias y en el Senado apenas se producen. Los partidos colocan el foco en el Congreso porque es en la Cámara Baja donde toman decisiones relevantes y miden su poder. Si el Senado está en un segundo plano, si aparece difuminado en el debate político, es porque así han decidido mantenerlo. Si quieren cambiarlo no estarán solos.

Atentamente,

María Rey

NOTAS

[1] «El golpe del 15D», El Mundo, 19 de diciembre de 2004.

[2] Apoyo a la indignación del 15M, barómetro de junio, El País, 15 de junio de 2011.

Juego de escaños

María Rey

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