«March entendía que la política solo era una palanca para sacarse del medio aquello que le estorbaba».

El personaje que representó March en la vida tuvo muchas facetas novelescas. Se inició en el contrabando, estuvo involucrado en el asesinato de su socio y amante de su mujer (un crimen jamás resuelto), tuvo incontables aventuras amorosas…

El doble juego que practicó en las contiendas bélicas del siglo XX le convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa. Fue una controvertida figura política: escapó de la cárcel de Alcalá de Henares, donde estuvo preso durante la República; financió la revuelta militar de julio de 1936 y se opuso al general Franco durante los cuarenta, apostando por la monarquía. Y finalmente, de forma rocambolesca, se apropió de la Barcelona Traction y la obra de mecenazgo de la Fundación March.

Pere Ferrer relata en estas páginas la biografía de la polémica trayectoria del banquero mallorquín, un hombre ambicioso y brillante, creador del primer emporio de las islas Baleares.

Pere Ferrer Guasp

Juan March: El hombre más misterioso del mundo

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Titivillus 17.07.2023

Título original: Joan March. L’home més misteriós del món

Pere Ferrer Guasp, 2008

Traducción: Juan Carlos Gentile Vitale

Editor digital: Titivillus

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Para Nana, el apoyo constante de mi vida.

Para mis hijos, Dani y Carolina.

Agradecimientos

Macamen Colom

Jaume Mateu

Miquel Monjo

Andreu Muntaner

Bàrbara Pastor

José Sedano

Eduard Guasp

1

Los inicios de un imperio financiero

Una familia de comerciantes en una villa del llano de Mallorca

Nuestro personaje nació una noche de octubre de 1880, en el seno de una familia cuyo padre se dedicaba al comercio de productos de la tierra y de ganado al por mayor. Esta información desmiente que Juan March proviniera de una familia pobre, tesis sostenida por la historia popular y ratificada por alguno de sus biógrafos.

Unas horas antes de parir, la madre había preparado un buen sofrito para hacer unas sopas de col. En la isla de Mallorca muchas familias las comían cada noche desde el inicio del otoño hasta finales del invierno. El ama de casa, que se sentía destemplada y tenía escalofríos, avivó el fuego de la chimenea para calentarse, antes de sentarse a la mesa con su marido para comer.

Durante la cena, la pareja se dijo apenas unas palabras: ninguno de los dos tenía ganas de hablar. El hombre tenía el pensamiento ocupado en los negocios y no se había percatado de que a su mujer se le había desfigurado la cara y la palidez de su rostro presagiaba el inminente nacimiento de su segundo hijo. El primero había sido una niña, Maciana.

El matrimonio se acostó temprano. Las jornadas se hacían largas cuando se había madrugado. En casa de Verga, mote con que se conocía a Juan March Estelrich, después del amanecer nadie tenía nada que hacer en la cama. Verga significa «vara delgada y larga, lisa y deshojada, que se tuerce sin romperse». En Mallorca se suele cortar de un retoño de acebuche. En el campo la empleaban los porqueros para llevar una piara de cerdos desde la cerca donde pastaban hasta las pocilgas. Si por el camino había alguno que se separaba, el guardián lo azotaba con la verga para hacerlo volver a la piara. También se servían de ella los chavales que en las posesiones vigilaban algún grupo de pavos. Los carreteros utilizaban una más gruesa para espolear a la bestia cuando aflojaba el paso.

El matrimonio dormía en una cama de nogal con colchón de lana. La mujer había cambiado las sábanas de paño y las había sustituido por unas de hilo, porque tenía el presentimiento de que no tardaría demasiado en ponerse de parto. En previsión, había dejado sobre la cómoda una lámpara con dos mecheros y, sobre la silla de cerezo con asiento de enea, había puesto tres toallas de algodón y había preparado también unos cuantos trozos de paño, que dejó a los pies de la cama.

No podía conciliar el sueño porque en cuanto se acostó comenzaron los dolores de parto, a pesar de lo cual tardó horas en despertar a su marido, que dormía como un tronco. De repente, al sentir uno muy punzante, decidió darle una sacudida. El hombre se sobresaltó. Cuando abrió los ojos no adivinaba en qué lugar se encontraba. Mientras se incorporaba oyó los gemidos ahogados de su esposa, que acabaron de despabilarlo. En un primer momento se aturulló, pero de inmediato se sosegó y salió corriendo en busca de la comadrona para que asistiera a la mujer en el parto. De vuelta a casa avisó a los familiares más próximos para que estuvieran presentes en el inminente acontecimiento familiar.

Poco después, aparecieron en la casa las mujeres de la familia para echar una mano a la comadrona. Los hombres tardaron algún tiempo en llegar y permanecieron en la sala de la planta baja, cerca de la chimenea. Nadie tomaba la palabra por miedo a romper un silencio que les permitía seguir la evolución del parto a través de la intensidad de los sonidos lastimeros de la parturienta. A medida que avanzaba el parto, la comadrona daba prisa a las mujeres para que le trajeran lo necesario. Primero subieron un brasero lleno de rescoldos, poco después llevaron a la alcoba una olla de agua hirviendo y más tarde un montón de trapos de algodón. El dueño, Joan Verga, aguzaba el oído para no perderse el primer llanto del recién nacido. Deseaba que fuera un varón para dar continuidad a la empresa comercial familiar.

La criatura no tardó en abrirse paso a través de la vagina dilatada de una madre que empujaba con fuerza. El recién nacido parecía tener prisa por llegar al mundo, quería alzar el vuelo e iniciar una veloz carrera mercantil que al final de su larga vida había de convertirlo en uno de los hombres más ricos del mundo.

Era un bebé esmirriado y la naturaleza no lo había dotado de una excesiva belleza. En cambio, poseía una gran inteligencia y una energía extraordinaria, parte de la cual alimentaría generosamente su virilidad, desde la adolescencia hasta su muerte.

Juan March Ordinas nació en el pueblo de Santa Margalida, donde vivió hasta 1917. El pueblo está situado en el nordeste de la isla. La tramontana sopla fuerte allí por estar abierta la comarca a las corrientes de aire procedentes de la bahía de Alcúdia. El municipio no presenta grandes elevaciones ni depresiones, tiene una parte marina boscosa y, hacia el interior, las tierras de cultivo son muy fértiles. Los antepasados de Juan March habían emigrado de Pollença a Santa Margalida en busca de tierras fértiles para cultivar el trigo. El nacimiento de Juan March se produjo en un período de gran crecimiento demográfico. Esos repuntes en las gráficas de natalidad precedían el encadenamiento de varios años de buenas cosechas. Una mejor alimentación de las madres era una de las causas de la inflexión en la mortalidad infantil. En las postrimerías del siglo XIX la gran mayoría de la población de la villa se dedicaba a la agricultura y la ganadería. La producción agraria la constituían básicamente los cereales y las leguminosas (habas y judías). Las tierras sembradas del pueblo olían a pan, a causa del cultivo de una de las variedades más apreciadas de trigo, el eixa, grano que proporcionaba una excelente harina para elaborar pan blanco. Los rendimientos por hectárea eran los más elevados de la isla.

El trigo era uno de los principales productos comerciados por el padre de Juan March. Lo compraba a los campesinos propietarios de pequeñas fincas, llamados «caseros», y a los arrendatarios o dueños de las grandes posesiones. Llevaba a moler el grano a los molinos harineros y transportaba la harina a los pueblos deficitarios de ella, para venderla. Aparte del comercio interior se exportaban los excedentes, que se trasladaban en sacos de 80 kilos al puerto de Alcúdia para estibarlos en barcos que se dirigían a los puertos de la península.

En 1880, habían aumentado las cuarteradas de tierra dedicadas al cultivo de la viña: la causa era el incremento de la demanda externa provocado por la propagación de la plaga de la filoxera en Francia. De la uva se extraía el aguardiente y el alcohol etílico para exportar al norte de África y a las colonias de América. El abuelo paterno de Juan March disponía de una pequeña destilería para elaborar licores. Negocio que heredó su hijo Juan March Estelrich. En 1890 la filoxera atacó las viñas del pueblo y la gran mayoría de las cepas sucumbieron a la plaga. La desaparición de la mayoría de las plantaciones de viña dejó sin trabajo a muchos jornaleros, que hasta entonces habían cuidado de las viñas, y no les quedó más alternativa que emigrar a América o a Argel. Una industria próspera, la elaboración de vinos y aguardientes, se fue a pique.

Los campesinos arrancaron las cepas y en su lugar sembraron almendros y otros árboles frutales. La extensión de los almendrales no paró de crecer en las décadas siguientes. Así, en los años veinte, el almendrón constituía el principal producto de la tierra exportado desde los puertos mallorquines y el que proporcionaba mayores ingresos a la balanza comercial. La sociedad March Hermanos, de la cual los únicos socios eran el padre de Juan March y su tío Sebastián March Estelrich, se había convertido en exportadora de almendrón y en la principal exportadora de ajos de Mallorca. Expedían los bulbos hacia Puerto Rico, Cuba y Argel. Los ajos, aparte de ser un excelente condimento de la cocina mediterránea, tienen propiedades curativas. En aquella época se empleaban como remedio cuando se padecían determinadas enfermedades. Seguro que Juan March Ordinas, cuando era niño, fue atacado por las lombrices, afección muy habitual en los pequeños. Para provocar que el organismo las expulsara a través de los excrementos, les colgaban al cuello una ristra de ajos.

El principal volumen de negocio de la sociedad de los hermanos March Estelrich correspondía a la venta de cerdos grasos. El engorde de cerdos se incrementó desde que el Gobierno retirara las trabas a la exportación: el negocio pasó a ser muy rentable. Además de la cría de cerdos en las granjas y en las pequeñas fincas, cada una de las familias del pueblo engordaba un cerdo para consumo propio y uno o dos más para vender, pues lo que sacaban de la venta les suponía un complemento dinerario que ayudaba a ir trampeando con la pobreza. Muchos cerdos estaban en libertad y formaban parte del decorado de la villa. En otoño, en los días soleados, aquí y allá, se los podía ver echados tomando el sol en medio de la calle.

Debemos señalar que los sueldos que se pagaban para faenar de sol a sol en el campo eran muy escasos. A los varones, desde niños, se los ponía a cuidar cerdos en las posesiones del término municipal. Como por su trabajo sólo se les daba de comer pan seco, olivas y un puñado de higos secos, no es de extrañar que con estas misérrimas condiciones imperase el refrán: «El porquero nunca hará dinero.» La leyenda popular cuenta que Juan March, de niño, fue porquerizo: quien se inventó esto seguramente pretendía dar un carácter épico a la vida del millonario, pero los hechos históricos desmienten rotundamente esta versión.

El aumento del ganado porcino propició la ampliación del cultivo de la higuera y de las chumberas. De la cosecha de higos se elegían los peores para dárselos a los cerdos. El resto lo consumían casi todo los habitantes del pueblo o se exportaba. Era un complemento alimenticio bastante saludable, y que saciaba. A principios de septiembre la gente del pueblo que tenía una casita o una barraca fuera de la villa se iba a vivir allí para poner a secar los higos sobre cañizos, un modo de poder guardarlos secos para consumirlos en otoño e invierno.

En la década de 1870, se puso en funcionamiento un ramal del tren que de Sa Robla llegaba a Muro, pueblo situado a pocos kilómetros de Santa Margalida. Los cerdos se transportaban en carros a la estación de tren de Muro. La construcción de la red ferroviaria en Mallorca dio un impulso a la comercialización de los productos de la tierra y del ganado en toda la isla, y evidentemente benefició el negocio de los Verga. Significó un gran ahorro de tiempo y disminuyó los costes del transporte, a la vez que posibilitó el aumento del volumen de los intercambios.

Dada la proximidad geográfica de Alcúdia con la pequeña ciudad portuaria de Sète, en la Provence francesa, buena parte del ganado porcino se transportaba con carros desde Santa Margalida hasta el puerto de Alcúdia, para ser posteriormente izado a bordo de los barcos que cubrían regularmente esa línea marítima. Pero el mayor número de cerdos se exportaba desde el puerto de Palma hasta los puertos peninsulares de Valencia y Barcelona. Los cerdos transportados hasta el puerto de Valencia eran cargados en el tren que se dirigía a Extremadura. Los cerdos mallorquines eran muy demandados en aquella provincia por ser tempraneros respecto de los que se criaban en aquella región. Gracias a la importación, la industria de embutidos extremeña tenía materia prima y podía adelantar el período de matanzas, a la espera de que los cerdos engordados en la zona estuvieran a punto de ser sacrificados.

Ilustres personajes que visitaron la isla con el barco correo tuvieron que soportar durante el viaje los gruñidos constantes de los animales y los malos olores. En aquella época no se andaban con remilgos con el ganado, y se cargaban más de los que cabían. Iban tan apretados que cuando alguno se movía pisaba a los que tenía al lado, hecho que provocaba gruñidos ensordecedores. George Sand lo describe como una experiencia horrorosa. Aquellos chillidos de los cerdos debieron de resultarle insoportables, acostumbrada a oír las celestiales notas musicales de su amante, el pianista Chopin, con el que venía a reunirse en la isla de Mallorca.

El litoral de Santa Margalida era arenoso, y las matas y los arbustos crecían hasta el límite del arenal. El mar era una vía de entrada del comercio ilegal. El contrabando era una actividad que se practicaba desde tiempos remotos en Mallorca. La costa del municipio de Santa Margalida era muy propicia para los desembarcos de género prohibido. La proximidad del monte bajo favorecía el ocultamiento inmediato de los bultos en los escondites excavados en la zona boscosa.

Desde antiguo, se producía alguna que otra vendetta por diferentes causas: rivalidad entre los hombres que dirigían compañías rivales, o debido a robos a la compañía contrabandista para la cual trabajaban, pero especialmente por hablar de más. Cuando la gente del pueblo se refería a estos «accidentes fortuitos», comentaba: «El infortunado cayó de la barca y se ahogó, ¡qué desgracia!», «Fulano resbaló y cayó barranco abajo; cuando lo encontraron, hacía días que estaba bien muerto». Los contrabandistas también «daban calza de arena»: con un talego o saquito lleno de arena, asestaban golpes en la espalda de quienes los habían traicionado hasta dejarlos malheridos o muertos. La calza de arena no dejaba marcas, pero reventaba por dentro. En los pueblos del litoral, donde más se contrabandeaba, se podía ver a algún que otro vecino cojeando por la calle, con los hombros encogidos, arrastrando su discapacidad. Un día lo habrían golpeado fuerte por haber hablado de más. Y dentro de la desgracia aún había tenido suerte, porque muchos después de la paliza se iban al otro barrio.

Muchos hombres de la villa «iban de tabaco», unos cuantos ponían el dinero y los demás se ocupaban del trabajo: los lugartenientes transmitían las órdenes de los capos y vigilaban que se cumplieran. Los marineros y los patrones eran los encargados del transporte de las mercancías prohibidas. También estaban los encargados de descargar y transportar los bultos de tabaco de la barca al «secret». Cuando el desembarco se producía en un lugar de la costa al que se podía acercar la caballería, los carreteros se ocupaban de transportar el género con los carros hasta las proximidades de los «secrets». Los «secreters» eran los especialistas que construían los «secrets» y se ocupaban de vigilarlos. Los leñadores, pastores y cazadores se dedicaban a misiones de vigilancia. Los distribuidores repartían el género por doquier a pie o con animales, y los vendedores de toda clase ofrecían los productos a los consumidores, en su casa, en las tabernas, en los cafés, en las tiendas, incluso en la calle.

De vigilar la costa para prevenir los desembarcos de mercancía prohibida se encargaba el Cuerpo de Carabineros, cuyos miembros solían ser gente humilde y sencilla. La mayoría eran forasteros y algunos se casaron con mujeres mallorquinas. Cuando March era niño, los carabineros no tenían ningún medio de locomoción, y para ir de un lugar a otro marchaban a pie. Se los podía observar al atardecer caminando por las playas o por el borde de los acantilados. Iban a relevar a la pareja que acababa la guardia. A principios del invierno y en los días de más frío, caminaban con una manta sobre los hombros y con el fusil colgado. Vigilaban para evitar que desembarcaran bultos de tabaco, mientras los contrabandistas los controlaban para descubrir el lugar donde iban a pasar la noche, para bajar a tierra la mercancía lo más lejos posible.

A veces, la Comandancia de Carabineros enviaba a los pueblos un pelotón a hacer una batida para descubrir escondites o llevar a cabo una redada de contrabandistas. Nunca eran bien recibidos, y en alguna ocasión la gente del pueblo se amotinaba, ya que gracias al contrabando ganaban un dinero que los ayudaba a ir tirando. Una mañana llegó al pueblo de Santa Margalida un grupo de agentes que se dedicó todo el día a registrar casas y casetas fuera de la villa con la determinación de hallar género de contrabando y poder arrestar a los vecinos que lo guardaban. Al anochecer, cuando los carabineros volvían con las manos vacías, desde la explanada que había delante de la iglesia parroquial, un numeroso grupo de vecinos comenzó a apedrearlos. Las piedras comenzaron a caer sobre los agentes como granizo. El oficial al mando resultó ser un hombre prudente y en vez de enfrentarse a tiros dio la orden de retirada: «Muchachos, vámonos de aquí que hasta los santos nos apedrean.»[1]

En la década de 1880, la villa de Santa Margalida tenía una población de 3380 habitantes, llamados «vilatans» o «margalidans». La mayoría no sabía leer ni escribir. El pueblo pertenecía al partido judicial de Inca, y dentro de esta área administrativa solamente 500 mujeres y 4000 hombres estaban alfabetizados. La mayoría de los vecinos eran jornaleros del campo que no tenían ninguna propiedad, ni un surco de tierra donde caerse muertos. Los jornaleros iban de madrugada a la plaza del pueblo y se quedaban de pie, ateridos de frío en invierno, a la espera de que llegara el dueño de alguna propiedad de los alrededores o el capataz con el carro para contratarlos por un día o por una semana.

Antes de que se pusieran a trabajar se les servía un plato de sopas de pan a las que se añadía un caldo de verduras. A mediodía, la señora de la casa les daba una rebanada de pan por cabeza y con la aceitera les vertía un chorrito de aceite de oliva hasta que quedaba untada. A veces les añadía una loncha de tocino, un trozo de longaniza o un botifarró, y siempre un puñado de higos secos y de olivas. Los jornaleros se daban por satisfechos.

La riqueza patrimonial de la tierra estaba en manos de unos pocos señores que tenían arrendadas sus posesiones a aparceros. La familia del señor vivía buena parte del año en Palma, pero pasaba cortas temporadas fuera de la villa para descansar de «no haber hecho nada en todo el año» y huir del bochorno de los veranos en la ciudad. La nobleza aún jugaba un papel social y político relevante como propietaria de la tierra. El respeto que les tenía el pueblo llano era inmenso. Trataban al señor de vuestra merced.

La supresión de la primogenitura, en 1836, propició los establecimientos en las grandes propiedades. Los nobles, con el propósito de obtener dinero en metálico para pagar las deudas contraídas, vendían la propiedad entera o se desprendían de una parte de las tierras, que compraba un burgués rico o se ofrecía a un arrendatario. Muchos de estos compradores las adquirían para especular. Las parcelaban y las vendían a trozos. A veces, se guardaban para ellos las casas y las sementeras de tierra campa (tierra de siembra de cereales). En general, la superficie de las nuevas propiedades solía ser de una cuarterada, de media o de un celemín. Las compraban comerciantes, menestrales, los jornaleros más ahorradores y los pequeños propietarios que querían aumentar la extensión de sus tierras. A veces era el mismo señor quien parcelaba unas hectáreas de tierras poco productivas o de matorral para hacer caja.

En las postrimerías del siglo XIX, diez posesiones en Santa Margalida ocupaban el 65 % de la superficie del término municipal. La más extensa era la de Son Real, de 1347 hectáreas. Pero en estas grandes propiedades se cultivaba como se había hecho siempre. Los arrendatarios y los señores no eran partidarios de alterar los usos y las costumbres inmemoriales; por tanto, las innovaciones que se iban introduciendo en otras partes del territorio nacional o del extranjero aquí se desconocían o simplemente se ignoraban. Predominaba una gran desconfianza y mucho escepticismo respecto a introducir cambios en los métodos de cultivo utilizados por sus antepasados. Esta actitud obtusa no favoreció la mecanización, ni la experimentación con nuevas técnicas de cultivo o la implantación de nuevos cultivos que demandaba el mercado. En consecuencia, la nobleza se reveló incapaz de adecuar la producción a los nuevos tiempos a fin de obtener los máximos rendimientos a sus posesiones.

De esta decadencia se aprovecharon los comerciantes pujantes, como Juan March Estelrich, que a principios del siglo XX compró fincas para especular, vendiéndolas en pequeñas parcelas a vecinos del pueblo que se habían matado a trabajar durante años para ahorrar unos dinerillos con los que pagar los primeros plazos. En Mallorca, en aquella época existía una auténtica fiebre por la tierra, comparable a la fiebre del oro en Estados Unidos. Muchos jornaleros compraban media cuarterada de matorral, lentisco y brezo que desbrozaban, despedregaban y cultivaban.

Las parcelaciones modificaron el paisaje rural, ya que estas pequeñas y nuevas propiedades se cerraron con «parets seques», aprovechando las piedras que extraían los hombres de una tierra muy pedregosa. La tarea de replegarlas se encomendaba a las mujeres y a los chavales, que las transportaban a los lindes de la finca para más adelante levantar los muros en los límites de la parcela.

Dentro, en estas cercas de piedra se sembraban frutales: almendros e higueras, la mayor parte de cuyos frutos estaba destinada al comercio exterior. En estas tierras se guardaba el ganado porcino.

En la villa existía una clase social formada por menestrales, poco numerosa si se compara con la formada por los trabajadores del campo. En este grupo había carpinteros, que hacían los mangos de las herramientas empleadas en el cultivo de la tierra, así como las piezas de madera a las cuales iba unida la reja de hierro de los arados, carros y muebles sencillos. Los herreros trabajaban sobre el yunque, no lejos de la fragua. Golpeaban el hierro un rato con el mallo y otros con el martillo, para dar forma a los hierros flameantes que se transformaban en las herramientas que se utilizaban en las tareas del campo. Era habitual ver ocupado al maestro, herrando una bestia delante de su taller, mientras unos cuantos chavales curioseaban y el animal movía la cola de manera acompasada para ahuyentar las moscas borriqueras que no lo dejaban tranquilo. Los molineros se encargaban de moler el trigo y la cebada, de los cuales se extraía la harina para hacer el pan y el salvado para engordar a los cerdos. Los molinos harineros estaban situados en la parte alta del pueblo, para que las rachas de viento golpearan las antenas que sostenían las velas y se pusieran a rodar. A pesar de que la gente del campo estaba acostumbrada a ir descalza, también había zapateros, pues de vez en cuando alguien necesitaba comprarse unas abarcas para ir a la villa. Los talabarteros hacían las sillas para cabalgar sobre las bestias y curtían los arreos de la caballería.

También había en la villa unas cuantas personas que tejían el cáñamo que se cultivaba en la comarca. Lo hacían en el porche de la vertiente principal del tejado de la casa donde vivían. Las ancianas se encargaban de hilar, ya que la edad no las hacía aptas para las tareas del campo. En los atardeceres de verano salían a las calles del pueblo y, en las puertas de las casas, era raro no ver un corro de vecinas con la rueca y el huso hilando estopa o lana. Charlaban, murmuraban o pasaban el rosario, sin perder un punto, como si trabajaran a destajo. Había otras que, con el costurero debajo de la silla, remendaban pantalones, y tan pronto les ponían unas rodilleras como un culo nuevo.

La influencia de la clerecía en el campo y en el pueblo seguía siendo bastante importante, a pesar de haber perdido una parte considerable de sus bienes patrimoniales, casi todas las propiedades rurales, a causa de las subsiguientes desamortizaciones impulsadas por los liberales durante el siglo XIX. El respeto al párroco era notable. Sus consejos se convertían en órdenes de obligado cumplimiento, sobre todo los que daban a las mujeres.

Juan March Ordinas era un niño delgaducho, aunque, debajo de esta apariencia frágil, los más observadores intuían una potencia activa y una notable viveza. Comenzó sus estudios en la escuela pública del pueblo y cuando salía a la calle jugaba con los otros escolares como uno más. En aquellos tiempos, era muy corriente jugar a las canicas (los más diestros lo hacían dentro de un círculo). Las peonzas rivalizaban con las canicas, a las que no solamente jugaban los niños, sino también los muchachos que hacía ya tiempo habían abandonado la escuela para ir a trabajar.

El espíritu mercantil estaba muy arraigado en el carácter de Juan March. Antes de ir a la escuela, cogía a escondidas dos o tres cigarrillos de su padre, y durante el recreo los encendía uno tras otro y ofrecía una calada a sus compañeros, a cambio de un céntimo.

A finales del siglo XIX en Mallorca persistían enfermedades propias de los países pobres. Aún no se vacunaba a los niños, lo cual los exponía a padecer múltiples enfermedades que causaban la muerte de los más débiles. Los niños cogían la roséola, el sarampión, la viruela, la varicela, la difteria, la neumonía, la gripe, etc. En la finca de Sa Torre, que estaba situada en el límite del núcleo urbano, en los inviernos lluviosos, el agua se embalsaba en las tierras que no superaban el nivel del mar. Circunstancia que propiciaba la aparición de los mosquitos, transmisores de las fiebres tercianas que provocaban un alto índice de mortalidad infantil, equivalente a los que tienen los actuales países del tercer mundo. Además de estas enfermedades graves, los chavales padecían a menudo afecciones estomacales que los padres intentaban remediar forzándolos a tragarse una cucharada de aceite de ricino.

Juan March, a pesar de ser canijo, atravesó este «campo de minas» (las recurrentes enfermedades infantiles) sin pisar ninguna: había nacido «con la almorta hacia arriba», que es como se dice en Mallorca el hecho de nacer con estrella.

A los siete años, la placidez de la infancia de Juan March se rompió abruptamente. En el seno de la familia ocurrió una tragedia que lo afectó plenamente: la muerte de su madre. Era una mujer joven, en la plenitud de la vida, que acababa de cumplir 32 años. En aquella época, la muerte de una persona estaba revestida de un ritual arraigado en costumbres inveteradas que todas las familias cumplían escrupulosamente. Las ceremonias religiosas se diferenciaban por la sobriedad o la pomposidad, según la riqueza o la pobreza de la familia del difunto. Cuando los familiares creyeron que la madre estaba en peligro de muerte, mandaron llamar al párroco. El clérigo, antes de salir de la iglesia, ordenó al monaguillo que hiciera repicar las campanas para anunciar que iba a administrar el sacramento de la extremaunción a una moribunda. Los vecinos podían distinguir, por la forma de tocar la campana, si el enfermo era hombre o mujer. En seguida, la gente salió a la calle para preguntar quién estaba agonizando. Con toda solemnidad, el párroco se dirigió a la casa de Verga con capa pluvial, bajo el parasol, acompañado por los monaguillos que repicaban campanillas y llevaban cirios encendidos.

La madre de Juan March murió pocas horas después rodeada de sus familiares, que la velaron dos noches seguidas. Como era costumbre, el viudo contrató un grupo de «plañideras» que lloraban y gemían sin parar: éstas hacían tan bien su papel que acababan provocando los «ayes» y el llanto de los reunidos.

Al hijo de la muerta lo habían lavado, hecho la raya en el pelo y vestido de negro. Estaba sentado en una silla en la sala donde velaban los hombres, contigua a la alcoba en que permanecía la madre muerta rodeada de mujeres enlutadas. Durante las horas de vigilia, permaneció absorto al lado de su padre, sin abrir la boca, como si el espíritu hubiera abandonado su cuerpo alarmado por una realidad trágica teñida de negro. La pérdida de la madre le abrumaba el alma con tanta crueldad que se le hacía insoportable.

La muerte de su madre, cuando aún era un niño, marcó su futuro e influyó en su manera de ser, porque hasta entonces había estado muy apegado a su madre y siempre se había sentido protegido por ella del carácter colérico de su padre.

En aquellos tiempos, los viudos no permanecían demasiado tiempo solos, estaba socialmente bien visto que en cuanto se produjera la muerte de la esposa, buscaran una mujer con la que casarse en segundas nupcias. En primera instancia, trataban de encontrarla en el propio entorno familiar, o en el que hasta entonces había sido el de su familia política. La nueva esposa debía cuidar de los niños, de la casa y ocuparse de su esposo. Juan March Estelrich se casó en segundas nupcias con la viuda de uno de sus hermanos, por consiguiente con una tía de Juan March.

Transcurrían los años del régimen político de la Restauración, que había fundado en 1876 el político conservador Cánovas del Castillo. Un sistema que pretendía que el Parlamento y el Gobierno hicieran de contrapeso al poder del monarca, que siempre tendía a hacerse absoluto. La alternancia en el poder de liberales y conservadores era un mecanismo que durante un tiempo garantizó la estabilidad política del país. Las elecciones, controladas por los gobernadores civiles en las ciudades, y por los caciques, en los pueblos, eran una ficción democrática.

Juan March Ordinas no se percataba de los manejos políticos en su pueblo, pero su padre y su tío, cuando ya habían prosperado en el negocio, se metieron en política. Año tras año aumentaban los beneficios y se negaron a ser clientes del cacique del pueblo, el poder del cual derivaba de la posesión de un extenso patrimonio rural, hecho que le permitía controlar una parte importante del mercado laboral.

Como mayoristas, los dos hermanos habían formado su propia clientela. Constituida por pequeños, medianos y grandes propietarios a los cuales compraban ganado, trigo, cebada, higos secos, ajos y otros productos que posteriormente vendían. Este vínculo comercial les permitía influir, cuando se convocaban elecciones, en la intención de voto de sus clientes del campo. A medida que los comerciantes se enriquecían y los nobles se desprendían de su patrimonio, la balanza del poder se inclinaba a favor de los primeros. Los caciques dejaron de ser los todopoderosos terratenientes de antes, y los comerciantes de la familia March y de la familia Monjo pasaron a encabezar los partidos de turno en el pueblo de Santa Margalida. Mientras los Verga (los March) eran liberales, los Monjo representaban a los conservadores. Juan March Estelrich fue nombrado alcalde en 1899-1902 y 1922-1923, y su hermano Sebastián lo fue durante el bienio 1913-1914.

El padre, Juan March Estelrich, tenía un carácter irascible que se puso de manifiesto cuando encarceló al monaguillo de la parroquia por realizar una colecta sin permiso municipal, aunque la cantidad recogida de ésta la había entregado a los pobres del municipio.

Se puede ilustrar el traspaso de poderes de la clase señorial a la comercial del pueblo con la construcción de la casona de Juan March Estelrich en el solar donde tiempo atrás había estado ubicado el palacio del conde de Santa María de Formiguera.

Las clases bajas se sentían desvinculadas de los manejos de la política institucional, a pesar de que en 1891 había entrado en vigor la ley que instauraba el sufragio universal masculino. La gente sencilla percibía que las elecciones eran cosa de señores y que tanto si gobernaban los conservadores como si lo hacían los liberales su situación paupérrima no se alteraría. Pero el día de las elecciones, los políticos necesitaban que los pobres participaran en ellas, para que la ficción democrática tuviera una apariencia real. Como no se los podía movilizar mediante proclamas políticas ni promesas electorales, que la gente sabía desde siempre que no se cumplirían, los políticos recurrían a la compra de votos. Era una escenificación política que se mantuvo hasta que las masas obreras irrumpieron en la política.

Para asegurarse el voto se podía recurrir a diferentes estratagemas. El cacique podía coaccionar a los jornaleros amenazándolos con no volver a contratarlos si no votaban a sus candidatos, o con retirarles el permiso para ir a hacer leña a sus bosques. La leña y el carbón eran los combustibles que se empleaban para cocinar y para calentarse en los atardeceres fríos en todos los hogares. Los caciques comerciantes advertían a los pequeños y medianos propietarios que dejarían de comprarles sus productos o que se los pagarían a precios reventados. Se advertía a los vecinos de que, si no elegían la papeleta de voto que querían por los que gobernaban, se exponían, en el caso de que éstos volvieran a ganar, a que se les aumentaran las contribuciones urbanas. Pero también se podía recurrir al favor personal: librar a un hijo del servicio militar, o evitar que se le destinara a la península, o a la guerra de África. A veces bastaba con regalarles un cigarro o invitarlos al café de la plaza para degustar un chocolate con ensaimadas y tomar unas copas de aguardiente, de hierbas dulces o de anís seco. En determinados casos, se compraban los votos con dinero.

Los caciques se aseguraban de que sus clientelas votaran la candidatura que propiciaban y, para evitar que alguien se «descarriara» por el camino, sus secuaces los acompañaban al colegio electoral, allí les daban la papeleta y permanecían vigilantes hasta que la habían depositado en la urna. En la contabilidad de principios del siglo XX de March Hermanos, figuran diferentes anotaciones de gastos electorales: puros, ensaimadas, etc.

Una glosa ilustra la farsa democrática durante el período de la Restauración y la necesidad de los caciques de tener contentos a los electores para obtener su voto:

Verga y Guixer

con su carruaje

se pasean por la villa.

Dadme los votos que necesito.

Y si gano os daré

un saco de harina.[2]

Cuando Juan March Ordinas acabó los estudios primarios y su padre lo mandó a cursar estudios de comercio, en régimen de internado, a una escuela de Pont d’lnca, situada en las inmediaciones de Palma. En este centro estudiaban en su mayoría los hijos de la burguesía comercial.

Juan March tenía una facilidad admirable para la aritmética. Según la versión familiar, era tal su habilidad para resolver las operaciones y los problemas planteados por el maestro, que muy pronto surgirían los habituales celos entre sus compañeros, acompañados a la vez de un cierto grado de admiración. A medida que se avanzaba en el desarrollo del curso, Juan March superaba ya los conocimientos del maestro en determinados temas, y, como los jóvenes no tienen mano izquierda —⁠al contrario, son crueles—, muy pronto puso en evidencia las lagunas del profesor. Entonces, el que hasta ese momento había sido el alumno preferido por su listeza, pasó a ser un elemento perturbador. El maestro, mientras impartía la clase, no se liberaba de una cierta tensión por miedo a cometer un error que, sin duda, descubriría su alumno más aventajado. Cuando terminó el curso, el maestro propuso a la dirección que se lo expulsara del centro por mala conducta e indisciplina.

Hay otra interpretación de los hechos contada por el doctor Comes. Que no contradice la anterior en cuanto a las capacidades intelectuales para la ciencia de los números que poseía Juan March. Donde surgen las discrepancias es en la causa que motivó el abandono del centro. En esta segunda versión, fue él quien se marchó antes de que el director lo expulsara.

Conviene hablar brevemente de las manifestaciones sexuales de Juan March para comprender un poco mejor los hechos que provocaron su salida del centro. Era un hombre que percibía la sexualidad como una repentina irrupción de un deseo irrefrenable, característica que no se apaciguó en el transcurso de la adolescencia ni de la juventud. Cuando experimentaba la pulsión, era como si una chispa encendiera el fuego de la pasión que le hacía hervir la sangre que fluía en abundancia al miembro viril, para que adoptara su máximo tamaño.

A finales de curso, un día por la mañana, antes de que comenzaran las clases y mientras el resto del alumnado tomaba el desayuno, Juan March entró silenciosamente en un aula que limpiaba una jovencita. Hacía meses que le había echado el ojo. Le había seducido la mirada inocente que desprendían sus ojos claros. Se acercó y como un seductor apasionado y novato fue incapaz de dirigirle unas palabras inspiradas por un amor juvenil y sensual. Tampoco supo acercarse con cuidado y acariciarla suavemente. Era una inclinación viva que debilitaba su capacidad de juicio. La voluntad solamente obedecía a una pulsión sexual intensa. La aferró y la estrechó unos instantes contra su cuerpo y disfrutó con pasión del contacto con aquella esbelta figura femenina. Pero la joven no estaba dispuesta a corresponder a tan fogoso amante. Se espantó y, como pudo, se desembarazó de él y salió corriendo. No se detuvo hasta que encontró a uno de los maestros y le contó lo que acababa de ocurrir.

Juan March sabía que el tiempo de permanencia en aquel centro educativo se había agotado. Ponía fin a su instrucción académica. Josep Pla, escritor catalán y amigo de March, cuando se refería a las carencias en su educación decía: «Desde el punto de vista de la cultura era un primario.» Para él no era una prioridad adquirir conocimientos que no estuvieran relacionados con los negocios. Él mismo manifestaba públicamente que tenía instinto para captar las circunstancias que incidían en la marcha de las cuestiones mercantiles y financieras: ese campo sí que le interesaba cultivarlo, para que no dejaran de crecer sus saberes.

Juan March se inicia en los negocios del contrabando

Tras marcharse de la escuela, su padre lo envió como aprendiz a la casa de su socio de Alcúdia, el comerciante Antoni Maria Quès Ventayol. March se familiarizó con la teneduría de libros y descubrió los secretos del mundo de los negocios. El objetivo final era siempre comprar barato y vender caro. El tiempo que se quedó en Alcúdia le sirvió de experiencia para su futuro comercial. Allí estableció una relación de amistad con Antoni María Quès, conocido con el apodo de Torró. Conocimiento que unos años después fructificaría con la constitución de una sociedad comercial, que no sólo actuará en el marco legal, sino que entrará de lleno en los negocios del contrabando de tabaco, de víveres y de guerra, que los enriquecerá en muy poco tiempo. Es cierto que las circunstancias les fueron favorables, pero no habría sido suficiente sin la intrepidez de ambos, y la capacidad y la habilidad que mostraron para establecer relaciones siempre interesadas con personajes de la vida pública nacional e internacional. Contactos que les allanaron el camino para llegar a su meta, que no era otra que ganar dinero a manos llenas.

Cuando regresó a casa de su padre, considerando la experiencia adquirida, éste le confió la contabilidad de la sociedad March Hermanos, pero pronto descubrió que su hijo lo engañaba y que había sustraído fraudulentamente la cantidad de 1500 pesetas (a principios del siglo XX, por trabajar de sol a sol, un jornalero cobraba una peseta, y las mujeres justo la mitad). Este desfalco provocó un choque con su padre. Le pegó hasta hacerlo llorar, pero el joven March soportó el dolor con firmeza. El padre, de ahora en adelante, ya no le daría ninguna oportunidad más para que pudiera robarle.

La sociedad March Hermanos no participó en el negocio del contrabando hasta el año 1902. Fue una iniciativa de Juan March Ordinas, que convenció a sus familiares, que mandaban en la sociedad, de que para crecer había que diversificar las actividades comerciales.

Un joven ambicioso que había aprendido todos los secretos de este comercio a fuerza de constancia. Por un lado, preguntando a los contrabandistas en activo y, por el otro, acercándose a los hombres mayores que antaño habían «ido de tabaco». A base de insistencia e ingenio conseguía tirarles de la lengua, gracias a la confianza que se había ganado con la paciencia de un Job. Mediante estas indagaciones, había acumulado en su cerebro una extensa información que en el futuro le sería muy útil. Había aprendido cómo se financiaba el contrabando, de dónde procedía la mercancía, cómo se transportaba y se desembarcaba, los códigos de honor que imperaban entre los contrabandistas. También se había instruido sobre cómo se las ingeniaban para sobornar a los carabineros y cómo hacían para neutralizar el peligro de los chivatos. Le habían descrito los castigos que se aplicaban a quien rompía la omertá. Cuando la falta cometida se consideraba leve, el castigo tenía el propósito de escarmentar, pero cuando se calificaba de traición, el castigo debía ser despiadado para mantener la disciplina en el seno de la organización, y porque era preciso que tuviera un carácter de ejemplaridad.

March pasó a la acción, se enteró de que en Santanyí había un pescador contrabandista llamado Toniet Amengual, Fásol, experto navegante que tenía una barca y navegaba a vela hasta Argel, donde se proveía de tabaco por encargo de alguna pequeña compañía contrabandista. En cada barcada traía dos bultos que vendía por su cuenta.

Juan March recorrió el trayecto que unía la villa de Santa Margalida con Santanyí, con un carro, por caminos polvorientos y pedregosos difíciles de transitar. Cuando llegó al pueblo preguntó al primer vecino con el que tropezó dónde podía encontrar al marinero que buscaba. El hombre le dijo que cuando no estaba en el mar solía ir a la taberna de la plaza. March entró y, sin que nadie se lo indicara, adivinó quién era Toniet Fásol. Se presentó y sin preámbulos le soltó: «Quiero que trabaje para mí, dígame qué quiere ganar.»[3] Fásol lo miró de arriba abajo, desconfiaba de su juventud, pero en las palabras de aquel joven había tanta convicción que le respondió: «Cobro treinta duros por viaje, tanto si la barcada llega a buen puerto como si no.»[4] No podía prever por anticipado cuánto tardaría en ir y venir de Argel, porque en la mar era el tiempo el que dictaba la ley, a la que el marinero debía someterse si quería llegar a viejo. Además, le hizo saber que en cada viaje llevaría su parte, que después vendería a los clientes de toda la vida. March no se lo pensó dos veces y le dijo que si sólo trabajaba para él le pagaría cincuenta duros por viaje y no le pondría ningún pero a sus condiciones. Asumió que también debería pagar la cantidad pactada aunque la barca volviera de vacío. Si se daba esta contingencia era porque el patrón se veía forzado a tirar por la borda los bultos de tabaco. Lo hacía cuando no las tenía todas consigo a causa de que un barco de la Compañía Arrendataria, después de perseguirlo un buen rato, hubiera reducido la distancia que los separaba. La Compañía Arrendataria de Tabacos era la concesionaria del monopolio de venta de tabaco en el Estado, y tenía atribuciones delegadas del Ministerio de Hacienda para ejercer la persecución de los barcos contrabandistas.

Los dos hombres sellaron de palabra el trato y quedaron en que, el lunes de la semana siguiente, Fásol, si hacía buen tiempo, zarparía de la cala de Santanyí rumbo a Argel. El día señalado, cuando aún no había amanecido, mientras el patrón aparejaba la embarcación antes de hacerse a la mar, percibió en la oscuridad un carro que bajaba el camino de la cala. No reconoció al carretero hasta que lo tuvo a tiro de piedra. Era Verga que traía una carretada de ajos para que los estibara a bordo. En la ciudad de Argel su agente se haría cargo de ellos. El joven comerciante no quería que el barco hiciera la ida en balde. Cuando toda la mercancía estuvo cargada, el patrón soltó amarras y la barca comenzó a navegar hacia la pequeña isla de Cabrera. Cuando llegó a ella, el patrón la ató al amarre del muelle y fue a buscar un montón de piedras que se habían alisado por el roce de las olas a lo largo de un tiempo que no sería mensurable. Las piedras le servirían de lastre para asegurar la estabilidad de la nave durante la travesía. Antes de llegar al puerto argelino las lanzaría al mar, dado que a la vuelta el género embarcado haría esa función.

La asociación entre el marinero y el capitalista dio buenos resultados, gracias al quehacer del agente Ruiz, que residía en Argel. Un hombre que conocía bien los manejos del contrabando. Tenía la misión de comprar el tabaco y hacerlo llegar a la embarcación que debía transportarlo hasta la costa mallorquina.

En 1905, Juan March era un hombre casadero, y su padre encargó a un experto maestro de obras que le construyera una casa junto a la plaza. Era una casona de dos plantas. Además, arriba había un desván para guardar las conservas vegetales y colgar las sobrasadas, las ristras de tomates y pimientos, y los melones para comer en Navidad. La fachada era austera y los ventanales y ventanas estaban dispuestos de forma regular. Por su ostentación, llamaban la atención las aldabas de latón, clavadas en las dos puertas macizas de la entrada de buena madera, en contraste con otros sencillos elementos constructivos y decorativos.

Su futura esposa, Eleonor Servera, era una joven hija de un rico comerciante de Capdepera, Bartolomé Servera, Pericus, que de joven se había dedicado al comercio de la manufactura de tiras de palma. Compraba al por mayor la materia prima y la repartía a domicilio. Las mujeres trenzaban la rafia en el porche de vertiente del tejado de su casa, con las puertas abiertas de par en par para aprovechar al máximo la luz solar. En aquellos tiempos, las casas humildes no tenían vidrieras a la entrada, el vidrio era un material caro. Pericus volvía a pasar a la semana para recoger los objetos manufacturados a mano: capazos, abanicos, cuerdas, escobas, tejidos de estopa, etc. Con el paso del tiempo, el comerciante se había hecho rico y, a principios del siglo XX, en 1904, aportó una importante partida de capital para la constitución en Manacor de la Central Eléctrica Hijos de Servera Melis. En 1913, se creó el Banco de Manacor, con un capital inicial de dos millones y medio de pesetas, siendo Bartolomé Servera uno de sus fundadores.

La unión matrimonial de Juan March con Eleonor Servera se celebró el 25 de mayo de 1905. March tenía 24 años, siete más que su esposa. Años después, el mismo March confesaría a uno de sus colaboradores que el suyo, como muchos otros en el seno de las familias acomodadas, había sido un matrimonio de conveniencia gracias al cual se enlazaron dos linajes de ricos comerciantes. En 1906, Eleonor Servera dio a luz al primogénito de la nueva familia, al que bautizaron con el nombre de Joan. Los padres respetaron la tradición de ponerle el nombre de su abuelo paterno.

En 1916, el matrimonio de Juan March con Eleonor Servera padeció una sacudida a causa de los amores adúlteros de doña Eleonor Servera con el socio de su esposo, Rafel Garau, más galante, joven y guapo que March. No es que Juan March pudiera jactarse de haber sido hasta entonces un marido fiel, pero la ley únicamente penaba el adulterio de la mujer. Socialmente se consideraba un escándalo que la esposa fuera infiel, y su reputación quedaba en entredicho. A diferencia del hombre, que si iba con mujeres era admirado y envidiado por aquellos que tenían la desgracia de que sus mujeres no los perdieran de vista.

Muchas mujeres se inquietaban cuando alguna amiga les contaba al oído las aventuras de los seductores del pueblo. En una sociedad dominada ideológicamente por la doctrina católica, las murmuraciones y los relatos fantasiosos en materia de sexualidad encendían el rescoldo de las sensaciones en el cuerpo de la mujer joven. Pero este apetito se transformaba casi siempre en frustración, provocada por un inmediato sentimiento de culpa. La mayoría de las veces este ramalazo de ardor tan sólo tenía el carácter de un pensamiento lujurioso y efímero. Cuando se mitigaba la calentura, la mujer pensaba que había roto los principios de la moral imperante que la obligaban a hacer el papel de madre inmaculada y esposa sumisa. Obligada a satisfacer únicamente los apetitos sexuales del marido.

Las mujeres debían ser discretas: amordazadas. Las mayores decían a las mozas: «Más vale morderse la lengua que decir una palabra de más.» Las madres de familia pobre, que eran la mayoría, además de las tareas de la casa y las familiares, trabajaban en el campo o en la manufactura. En este modelo de vida, ¿había cabida para el placer carnal de la mujer? En una sociedad dominada ideológicamente por el catolicismo, solamente pensar en ello era considerado una aberración.

Pero la tendencia natural a la satisfacción de la mujer joven no siempre se reprimía, sobre todo en el seno de las clases populares, donde el control de los mayores no podía ser activo durante el día, porque las madres trabajaban de sol a sol. En cambio, las madres de las clases acomodadas y las religiosas encargadas de su educación lo ejercían con severidad: las primeras, mediante la vigilancia física, y las otras, inculcando en su espíritu la noción de pecado. Había que hacer lo que fuera, con tal de que las jovencitas no perdieran la virginidad antes del matrimonio.

March había crecido y no quería seguir el modelo de las pequeñas compañías de carácter familiar que traficaban con pequeñas partidas de tabaco elaborado en Argel. Era ambicioso e intuía que no era cuestión de seguir los usos y costumbres del pasado. Juan March se reía cuando oía contar, como si se tratara de una hazaña, que un pescador había ido a pescar en aguas argelinas, y que, además de traer la bodega llena de pescado, había cargado a bordo dos bultos de picadura de tabaco para aumentar las ganancias del viaje. Para sus adentros se decía: si seguimos así no ganaremos el futuro. Pensaba que había que proveer a aquel comercio de todos los elementos que conforman la organización y funcionamiento de una gran empresa. Disponer de capital, controlar la producción en los lugares de aprovisionamiento, tener una flota de barcos adecuados a las exigencias y particularidades del comercio clandestino, contar con grupos de hombres fuertes y discretos para las tareas de transporte, y con una red de distribución ágil y capaz de llegar hasta el más lejano rincón habitado. Pero para que el engranaje de una empresa contrabandista funcionara, necesitaba establecer una connivencia sólida con los políticos y con las fuerzas encargadas de la represión del tráfico ilegal. El dirigente socialista Indalecio Prieto, enemigo de March, en tiempos de la República, afirmaba que el arma suprema de March era la corrupción, que desde las casetas de los carabineros ascendía hasta los despachos de los ministros.

Juan March fue consciente, desde el momento en que se hizo contrabandista, de que la corrupción era un elemento imprescindible para que el negocio perdurara y reportara importantes beneficios. En las primeras anotaciones referidas a operaciones de contrabando de tabaco en los libros de contabilidad de March Hermanos, en 1902, debajo del asiento contable que transcribía el valor de compra de las primeras partidas de tabaco de contrabando, se apuntaban otras que eran las cantidades pagadas para sobornar a los carabineros: suboficiales y tropa. «Pagos sargento, 150 pesetas. Pagos a los carabineros del 2.º Destacamento, 540 pesetas.»[5]

A principios del siglo XX, los carabineros estaban mal retribuidos y, como el resto de los matrimonios jóvenes de la época, debían sacar adelante una prole numerosa. Eran otros tiempos, no existían los controles de natalidad, y los métodos utilizados para evitar que la mujer se quedara embarazada eran poco fiables. El cabeza de familia tenía que apañárselas para dar de comer a los suyos. El estado de permanente necesidad convertía a los guardias en presas fáciles de los capos del contrabando. Los sobornos eran un bálsamo para una economía familiar con escasos recursos. Por otro lado, los contrabandistas repetían constantemente y por doquier, para que se les metiera en la cabeza a los habitantes de la isla y a los propios encargados de la represión, que colaborar y participar en el contrabando no era delito. En realidad, les decían, suponía luchar contra el monopolio de la Compañía Arrendataria que, aprovechándose de su posición hegemònica en el mercado, fijaba unos precios abusivos y comercializaba tabaco de baja calidad.

Juan March Ordinas, en sus inicios, tuvo que imponerse en un mundo donde tan sólo se mantenían a flote los más duros de corazón y los más valientes, motivo por el cual no tuvo clemencia contra aquellos que lo traicionaron, y no dudó a la hora de ordenar a sus secuaces que les dieran un duro escarmiento.

En 1906, March comenzó la expansión: compró una fábrica de tabaco a la familia Jorro en Orán. Los Jorro habían emigrado al norte de África desde Alicante por miedo a ser represaliados por los liberales, debido a que habían dado apoyo, en el pasado, a los carlistas. Josep Jorro, hijo del propietario de la fábrica, pasó a ser el encargado general de los negocios de Juan March en el norte de África. Juan March, como capitalista moderno, pretendió desde los inicios monopolizar el mercado del tabaco en el Mediterráneo occidental. A este objetivo dedicó una buena parte de sus energías. Para monopolizar sabía que tenía que acabar con la competencia.

En Argel, la familia de Josep Garau, de Santa Margalida, tenía una fábrica de tabaco que se había convertido en la principal proveedora de los contrabandistas isleños. March, ante la inicial oposición de los Garau a asociarse con él, logró con sus métodos coercitivos hacerles la vida imposible, para lo cual contó con la inestimable colaboración de los carabineros, a los que untaba asiduamente. Comenzaron a menudear las confiscaciones de tabaco procedente de la fábrica de la familia Garau. Uno de los marineros contrabandistas que trabajaba para los Garau murió después de sufrir un «desgraciado accidente» a manos de los carabineros en la desembocadura del torrente de Paréis.[6] Esta guerra no declarada, pero real, que causaba importantes pérdidas a la familia Garau, hizo que se replantearan la propuesta de March. El padre, Josep Garau, pensó: si no puedes vencer a tu enemigo, alíate con él. Josep Garau y Juan March firmaron un contrato por el cual el primero pasaba a ser socio, a partes iguales, de la fábrica de tabaco y de los negocios ligados a la exportación clandestina de los productos que se elaboraban con él.

Pero no todo fue rodado para March durante los inicios de la expansión comercial. En 1909, la complicidad entre el contrabandista y las fuerzas represoras no funcionó: no hubo bastante con la untada. Los carabineros del destacamento de Sa Pobla, como consecuencia de un chivatazo, detuvieron en plena operación de descarga furtiva de tabaco a un grupo de contrabandistas al borde del mar, en la desembocadura del torrente de son Real. Los contrabandistas al principio opusieron una viva resistencia. El más osado emprendió una veloz huida, aprovechando los momentos de agitación y confusión que precedieron a la detención de sus compañeros. Los carabineros, con el propósito de intimidarlo y conseguir que pusiera fin a la escapada, hicieron uso de sus armas de fuego, pero a aquel hombre no lo paraba ni Dios. No se detuvo hasta que pisó la primera calle de la villa.

En la zona donde sucedieron los hechos había cinco carros tirados por mulas preparados para transportar los 76 bultos de tabaco a los «secrets». Cuando hubieron controlado con la fuerza coactiva de las armas a aquel grupo de hombres intrépidos e indomables, los carabineros les ordenaron que cargaran la mercancía decomisada y la apilasen sobre los carros. Cuando el último bulto estuvo cargado, la caravana se puso en marcha hacia la villa. Antes de que llegara, y gracias al fugitivo, la noticia había corrido de boca en boca y los capos del contrabando Juan March y Rafel Garau, propietarios de la mercancía decomisada, estaban enterados. Rápidamente comenzó a organizarse el motín para recuperar el género confiscado y liberar a los prisioneros.

Cuando la comitiva comenzó a atravesar la plaza del pueblo, los agentes fueron recibidos con una lluvia de guijarros lanzados desde las ventanas y balcones de la primera planta de las casas. Incluso algunos habían subido al tejado para no ser blancos fáciles, no fuera que los guardias abrieran fuego contra los agresores. Mientras les caía encima una granizada de objetos contundentes, un grupo numeroso de vecinos asaltó los carros, se oyeron varias detonaciones, pero milagrosamente no hubo ningún herido.

El principal instigador de la revuelta fue Juan March, que años después se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. En el curso de aquellos incidentes se dedicó a envalentonar a los amotinados, pistola en mano, para que recuperasen el tabaco y forcejearan con los carabineros hasta que consiguiesen liberar a los contrabandistas detenidos y se apoderasen de la documentación del barco, que guardaba el teniente. En aquella acción adquirió fama, entre los hombres que «iban de tabaco», de ser un hombre valiente y capaz de cualquier cosa con tal de preservar sus intereses. Uno de los testigos declararía pocos días después delante del juez instructor: «Juanito Verga sí que tiene cojones, ha mandado a un hombre que ha obligado al teniente a que le entregara los papeles de los marinos presos.»[7]

Mientras los más valientes atacaban a los guardias, los que habían trepado a los carros deslizaban los bultos de tabaco sobre la espalda de sus compañeros, que permanecían en la calzada. Sin dejar que tocaran tierra, cargados como bestias, salían corriendo a meterlos en los «secrets» que había repartidos por la villa. La revuelta popular instigada por los dueños del contrabando consiguió sus objetivos: recuperar todo el tabaco, liberar a los prisioneros y quitarle al teniente de las manos, por la fuerza, la documentación del barco y de los marineros.

Después de disolverse el tumulto, los guardias, siguiendo la orden del teniente, marcharon en formación detrás de él en dirección a Sa Pobla. Cuando pasaron por debajo del balcón de la casa del abuelo de March, desde el interior, se lanzó contra el teniente una olla grande de barro que por poco no hizo impacto en su cabeza, antes de hacerse añicos en el suelo. Los carabineros habían consumido la munición y el oficial no creyó oportuno reanudar los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

El juzgado civil se inhibió a favor del militar. El instructor que abrió diligencias previas fue el capitán de carabineros Carlos Romeu, pero semanas después las continuó el comandante de infantería Pablo Espejo. Una vez examinada la causa, envió un escrito al capitán general en el que calificaba los hechos de muy graves, porque se había producido una brutal agresión a los carabineros. Era un caso de seria perturbación del orden que había sembrado la anarquía en el pueblo. A su juicio, se imponía actuar con extrema energía para evitar que en el futuro se instaurase el caos social.

En el mismo escrito criticaba severamente al capitán de carabineros que había iniciado el proceso de esclarecimiento de los hechos. Las razones que alegaba para reprenderlo eran que no había actuado con suficiente celo, había dilatado la comparecencia de testigos primordiales para la resolución del caso y no había imputado a ninguna persona de las que presuntamente habían participado en la agresión. Aún más grave consideraba el hecho de no haber ordenado la detención inmediata de los instigadores del motín. Para ilustrar esta desidia, relataba que había testigos de buena posición social y considerados hombres juiciosos que acusaban al conocido contrabandista Verga, Juanito Verga, llamado Juan March Ordinas, de ser quien lo había provocado.

El instructor militar no tardó en firmar la correspondiente orden de busca y captura contra Juan March. Como hizo éste en situaciones similares a lo largo de su vida, se puso a resguardo para evitar ir a la prisión: el mismo día en que el juez firmó la orden de detención. Cuando oscureció, unos cuantos hombres de su confianza lo acompañaron con un carro al borde del mar. El barco que debía trasladarlo a Argel había elegido para recoger al fugitivo una caleta arenosa situada en el peñascal de la costa de Santanyí. Cuando March y sus acompañantes arribaron, la barca estaba anclada a pocos metros de la orilla. Como March no sabía nadar y no quería mojarse la ropa, el más fornido del grupo lo cargó a su espalda. Cuando llegaron al lado de la embarcación, el patrón le tendió la mano para ayudarlo a subir a bordo. En seguida los marineros comenzaron a remar hasta que la embarcación salió de la cala, donde arriaron las velas, que recogieron el viento favorable. Esta circunstancia hizo que, en poco tiempo, la barca se alejara de la costa y muy pronto la gente de a bordo solamente viera mar y cielo.

El comandante Espejo pidió información sobre Juan March a la Comandancia de Carabineros. En la respuesta, el comandante señalaba que era un destacado contrabandista, propietario de algunos faluchos dedicados al tráfico ilegal de tabaco, que iban a aprovisionarse a Gibraltar y Argel. Estos faluchos estaban matriculados en Gibraltar a nombre de testaferros británicos, lo cual les daba derecho a navegar bajo dicho pabellón. De esta manera, cuando corrían los mares, más allá de las seis millas de aguas territoriales, eran inabordables por los barcos de vigilancia de la Arrendataria y de la Armada española.

Habían pasado algunas semanas desde la apertura de diligencias cuando el instructor recibió un anónimo en el cual se aseguraba que Juan March y su socio Rafel Garau habían incitado a los vecinos a tirar piedras contra los carabineros. A continuación, se afirmaba que Juan March había gritado, durante los incidentes: «Tenemos que matar al teniente, no os acoquinéis que ya no les quedan balas»,[8] mientras blandía un revólver en la mano y, si no hubiera sido por la pronta intervención de su familiar Juan March Rosselló, que consiguió sacarlo del estado de ofuscación en que se encontraba, él mismo hubiera consumado la amenaza de muerte.[9]

El auditor del caso instó al teniente coronel de la Guardia Civil de Palma para que exigiera información al comandante de puesto destinado en Santa Margalida, ya que, «sorprendentemente», hasta entonces no había descubierto a los responsables de los vandálicos hechos, ni tampoco había aportado ninguna prueba ni indicio que facilitara su identificación. El militar estaba escandalizado por el comportamiento del comandante del puesto en este asunto. El día de los hechos estaba en el cuartel y no había salido con los guardias para ayudar a los carabineros y restablecer el orden, como era su deber. Aunque el cuartel estaba situado a un centenar de pasos del lugar donde habían estallado los alborotos.

El teniente de carabineros que sufrió la agresión, en la primera comparecencia delante del juez, declaró que March había incitado a las masas a atacar a las fuerzas del orden para recuperar la mercancía decomisada y la documentación.

March, desde Argel, se puso manos a la obra para menoscabar la independencia de la justicia. En seguida se notaron los efectos de sus influencias y de sus sobornos. El mismo teniente de carabineros, en unas declaraciones posteriores, se desdijo de las primeras, que habían sido cruciales para incriminar a March. En las segundas, el teniente afirmó dudar de que March hubiera sido el inductor de la revuelta: de pronto, había recordado con nitidez los hechos que sucedieron durante los pasados alborotos y no recordaba que March hubiera adoptado en ningún momento una actitud hostil hacia la fuerza pública. Por otra parte, no podía certificar que la persona que le había lanzado la olla lo hubiera hecho por indicación del acusado, ni tampoco podía confirmar que hubiera tenido la intención de herirlo.

Cuando March estuvo seguro de que todo estaba bien atado, se presentó a declarar ante el juez, para lo cual, primero, tuvo que silenciar a las personas que tenían capacidad de proseguir las investigaciones. Cuando fue interrogado, declaró que el día del delito estaba trabajando en su casa cuando, de repente, se sobresaltó por los gritos de la gente que se enfrentaba a los carabineros. Salió a la calle, donde presenció desde una cierta distancia lo que sucedía. En ningún momento indujo a los vecinos a atacar a los carabineros. A continuación, afirmó que él no podría haber hecho una cosa así porque «conoce y sabe el respeto que se debe tener a la fuerza armada».[10] Negó que el día en que se produjeron los altercados en el pueblo hubiera ido a casa de su abuelo; por tanto, no había podido ser la persona que había instigado al agresor a tirar un objeto contundente contra el teniente. Juró que no había mandado recuperar la documentación del barco y liberar a los arrestados, porque ignoraba que se hubieran producido detenciones. Finalmente, lamentó el amotinamiento, «un acto de salvajismo impropio de personas bien educadas».[11]

Después de la comparecencia de March ante el juez instructor, éste revocó la orden de encarcelamiento. El auditor militar decidió no procesarlo, ateniéndose a las declaraciones de diversos testigos que aseguraban que March no había estado en la casa desde la cual se había cometido el atentado frustrado contra el teniente. Las últimas declaraciones del teniente anulaban la prueba testifical que supuso su primer testimonio y que había servido de base para la inculpación de March.

Unos meses después y una vez acabada la fase de instrucción, se constituyó el consejo de guerra que juzgó a seis inculpados por un delito de contrabando y agresión a la fuerza pública. March, previamente, se aseguró de que durante el juicio ninguno de los acusados lo mencionara como inductor de la revuelta. Todo estaba atado y bien atado. No había riesgo de que nadie se fuera de la lengua. Se les había garantizado que sus familias no quedarían desamparadas y que se haría todo lo que estuviera a su alcance para que el período de reclusión se redujera al mínimo. De los seis reos que se sentaron en el banquillo de los acusados, el tribunal exculpó a cuatro y los otros dos fueron declarados culpables de rebelión y agresión a la fuerza pública. Por la comisión de estos delitos se los condenó a una pena de 32 años de prisión correccional.

2

La guerra colonial en Marruecos (1909-1927) y las relaciones de March con las partes en conflicto durante la Gran Guerra (1914-1918)

La aventura colonial de España en el Norte de África

Después del tratado franco-español de 1904, en el que ambos países se distribuyeron las zonas de influencia en Marruecos, en 1908 se produjo el primer desembarco de tropas españolas en Restinga, al nordeste de Marruecos. Comenzaba la ocupación española. El Protectorado español en el nordeste de Marruecos fue una fórmula eufemística que pretendía disimular un colonialismo desplegado en el imperio del jerife por Francia y España, con la finalidad de buscar nuevas fuentes de riqueza y nuevos mercados, además de afirmar su prestigio internacional. A cambio de tolerar la colonización, el sultán, soberano de Marruecos, recibiría de las potencias europeas el reconocimiento de su autoridad formal sobre todo el territorio. Lo cual significaba prestarle ayuda militar para someter a los caudillos díscolos de las tribus. Por otra parte, se le garantizaban sustanciosos ingresos a través de las concesiones mineras y el monopolio del tabaco.

La penetración comercial de Juan March siguió desplegándose en el norte de África, de manera acompasada con el renacido colonialismo del Estado español. En 1908, las tropas españolas ocuparon la zona de Cabo de Agua y las islas Chafarinas, en el extremo occidental del sultanato marroquí, con la aquiescencia de las grandes potencias coloniales: Gran Bretaña y Francia. En 1911, March abrió un gran almacén en Cabo de Agua para abastecer a las tribus de la zona: tabaco, harina, azúcar, té, municiones y armas.

El contrabando de armas era un tráfico usual en el imperio marroquí. Tanto Francia como España querían evitar que las armas y municiones llegaran a manos de las cabilias reacias a aceptar la autoridad del sultán, al que consideraban un traidor, porque había consentido que las potencias extranjeras ocuparan militarmente sus territorios. A partir de este momento, se iniciaron las escaramuzas entre los ejércitos coloniales y los guerreros cabileños.

La incursión española en la zona del Rif contó con el visto bueno de la gran potencia colonial: Gran Bretaña, que no quería que Francia estuviera militarmente presente en las costas africanas frente al estrecho de Gibraltar, para evitar que pudiera obstaculizar el dominio de Gran Bretaña en el paso considerado la llave de la puerta de entrada al Mediterráneo.

Donde hay guerra, hay negocio, y March estaba presente. Sin miedo a equivocarnos, podemos catalogar al personaje como un comerciante de guerra. Durante el siglo XX traficó primero en la guerra colonial de Marruecos, luego durante la Gran Guerra, en la Guerra Civil y finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Sin estos sucesivos conflictos, March no hubiera acabado su vida siendo uno de los diez hombres más ricos del mundo.

La guerra en Marruecos se había iniciado en la zona del Protectorado español en 1909. Dos grupos de presión españoles empezaron a influir en el Gobierno para que diera apoyo económico y protección militar a la expansión territorial de España en la zona del Rif. El sector comercial buscaba nuevos mercados, y los políticos y hombres de negocios querían aprovechar las riquezas del subsuelo para la extracción de minerales: hierro, cobre y plomo.

Durante todo el año 1908, los españoles, para evitar los enfrentamientos armados, negociaron con el caudillo de la zona, El Rogui, que no reconocía la autoridad del sultán. Entonces, surgió un nuevo caudillo tribal, El Sharif Mohammad Amzian, que lanzó una yihad contra los invasores españoles. No tardaría demasiado en llevar a término sus intenciones belicosas. El 9 de julio de 1909, sus guerreros atacaron a los obreros españoles que construían el ferrocarril que debía unir las minas de hierro con el puerto de Melilla. Seis obreros resultaron muertos. La Marina española, como represalia, bombardeó los pueblos costeros donde supuestamente se habían refugiado los guerreros de las tribus que habían matado a los súbditos españoles. La permanente inestabilidad de la zona, a causa de las constantes guerras tribales, hizo que los comerciantes March y Jorro, junto con otros traficantes extranjeros, satisficieran una demanda creciente de armas y municiones. En Europa, la Gran Guerra, que había estallado en 1914, se hacía interminable, los dos bandos habían adoptado una táctica de trincheras, donde las victorias y las derrotas eran pírricas y no permitían que ninguna de las dos coaliciones enfrentadas se hiciera con la victoria.

En Marruecos proseguía el conflicto colonial, y la guerra europea no solamente no lo detuvo, sino que lo activó en la zona francesa. Los instigadores fueron los alemanes, que abastecían a las tribus bereberes para que hostilizaran al ejército colonial francés: armas, municiones y dinero, a través de March. La estrategia de los alemanes era obligar a Francia a mantener unas tropas muy aguerridas en territorio marroquí e impedir que un número determinado de estos destacamentos se desplazara a la metrópolis a luchar en los campos de batalla contra el ejército alemán.

La zona española del Protectorado era montañosa y muy árida, poblada por unas tribus indomables que no aceptaban la ocupación de sus territorios por fuerzas extranjeras. Acabada la guerra europea, en 1918, la guerra de Marruecos prosiguió hasta 1927, pero únicamente en el Protectorado español. Los franceses habían conseguido pacificar a las tribus rebeldes, que ya no contaban con el apoyo de los alemanes, dado que habían perdido la guerra.

La venta de tabaco cada vez le proporcionaba mayores beneficios a March, dado el aumento del número de tropas destacadas en la zona. También estaba metido en el tráfico de armas, mucho más ventajoso en cuanto a beneficios. Se había convertido en uno de los grandes proveedores de los guerreros del caudillo Abd-el-Krim, que combatía al ejército colonial español.

En noviembre de 1916, se fundó la Trasmediterránea, con la finalidad de monopolizar buena parte del transporte marítimo regular. Los impulsores de la fusión fueron diferentes navieros valencianos, catalanes y el mallorquín Juan March.

El Estado concedió a la naviera los servicios marítimos de las líneas regulares que cubrían los trayectos desde los puertos del sur de la Península hasta Ceuta y Melilla. Los barcos de la compañía transportaban a las tropas españolas que iban a combatir en el Protectorado, los animales para los regimientos de caballería, los víveres para mantener a la tropa, forraje y grano para la caballería y el material de guerra.

Servir a todas las partes enfrentadas en conflictos bélicos será una constante en la carrera comercial de March. Si se podía hacer negocio con cada bando, ¿por qué conformarse con tener tratos sólo con una de las partes? Así pensaba March: el negocio es el negocio, y las creencias, los patriotismos y los partidismos son principios vacuos que no aumentan los beneficios. Juan March desconfiaba de los caudillos de las tribus que le encargaban armamento. Por una parte, estaba el peligro de que una vez en posesión de las armas no quisieran pagar, o peor aún, que les cortaran el cuello a los hombres que se las habían entregado, como sucedió en una ocasión. Degollar al enemigo era una práctica habitual en la zona del Rif. Para evitar estos riesgos y ardides, March ideó una estrategia. Cuando su embarcación se acercaba a la costa marroquí los marineros abrían las cajas de los fusiles máuser y les quitaban los percutores, sin los cuales los fusiles eran inservibles. Cuando la nave contrabandista detenía la marcha, no tardaban en acercarse las barcas de los guerreros bereberes. Comenzaba la operación de transbordo. Una vez que las cajas estaban estibadas, las pequeñas embarcaciones ponían rumbo a la costa para desembarcarlas. Allí el caudillo revisaba la mercancía y pagaba en oro al encargado de March que había viajado con ellos. Después permanecía en alta mar y dos guerreros le acompañaban de regreso al barco. Cuando llegaban junto al barco, uno de ellos subía a bordo, a continuación lo hacía el agente de March. Era el momento en que el patrón entregaba los percutores. La operación había concluido.

Estalla la Primera Guerra Mundial

Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, Juan March era reconocido por los estados beligerantes como una potencia en la cuenca del Mediterráneo occidental. Su influencia y actividad se desplegaba desde la costa este de la Península hasta las islas Baleares y la costa noroccidental de África. Era el jefe de una gran organización contrabandista que poseía una flota de barcos al mando de patrones experimentados que conocían el litoral palmo a palmo y estaban bregados en burlar la vigilancia de los barcos de la Marina española. Disponía de un gran capital y tenía numerosos contactos e influencias entre los gobernantes civiles y los mandos militares.

Es lógico que, tanto los aliados —sobre todo Gran Bretaña—, como los Imperios Centrales —⁠Alemania y el imperio Austro-húngaro—, buscaran la colaboración de una persona con bastante solvencia como para cumplir con garantías las misiones de logística e información que se le pudieran encomendar durante la guerra.

Aunque la organización de March prestó servicios diversos a los estados contendientes, ninguno confiaba del todo en él, y no les faltaban motivos. Siempre sospechaban que hacía doble juego: que trabajaba a la vez para unos y para otros. Pero a pesar de esta falta de lealtad, de la que en particular lo acusaban los franceses, todos lo necesitaban. Los franceses se equivocaban por completo cuando le exigían que les fuera leal. Se le podía haber acusado de traidor si desde el comienzo de la guerra hubiera abrazado los valores e ideales de una de las potencias en guerra, pero no era éste el caso. March sólo estaba comprometido con una causa: la suya.

El político catalán Jaume Carner, hombre que lo conocía bien por haber tratado con él cuando era un alto directivo de la banca catalana Arnús, lo definía como un espíritu de la Edad Media con medios e instrumentos modernos. «March es uno de aquellos hombres que hace siglos cruzaba el Mediterráneo en busca de su destino, en busca de la realización de su voluntad y que no tenían enfrente, no consideraban como enemigo más que al que entorpecía o trataba de detener el curso de esta voluntad.»[1]

El mérito de March consistió en saber dar a cada uno de los estados beligerantes el mínimo preciso para que sus gobernantes no se plantearan la conveniencia de romper con él y declararle la guerra.

Las controversias con Francia

Juan March se había convertido en uno de los socios más importantes de la Compañía Isleña Marítima. Era la naviera que cubría los servicios marítimos regulares desde las islas con la Península, Argel y Marsella, por concesión estatal.

Antes de fundarse la Trasmediterránea, March formaba parte del consejo de administración de la Isleña, y le había concedido, en 1915, un préstamo de 500 000 pesetas para hacer frente a la crisis financiera que había provocado el encarecimiento de los combustibles y la subida de los salarios de los capitanes, oficiales y marineros, ahora más reivindicativos por los riesgos a los que estaban expuestos, ya que las naves en que estaban embarcados podían ser atacadas por los temibles submarinos alemanes o austríacos. La condición de prestamista fortaleció su posición en la dirección de la sociedad.

Los servicios de información franceses alertaban de la influencia en la compañía marítima del cónsul alemán en la isla, Alfred Muller. El agente diplomático había establecido antes de la guerra buenas relaciones con March. Era un hombre emprendedor y, al igual que el mallorquín, se dedicaba al comercio de exportación de productos agrícolas y de monederos de malla de plata que se fabricaban en Menorca. Desde que estalló la guerra había intentado conseguir que los barcos de la Isleña dejaran de transportar mercancías con destino a los puertos franceses. A cambio, se comprometió a que, una vez acabadas las hostilidades, Alemania compensaría las pérdidas ocasionadas por esta política de exclusión. A la vez, ofreció las máximas garantías de seguridad para los barcos de la compañía, lo cual quería decir que no serían blancos de los sumergibles de guerra de su país ni de sus aliados. Aunque España se había declarado neutral, las embarcaciones españolas podían, eventualmente, como sucedió en repetidas ocasiones, ser atacadas por los voraces sumergibles alemanes o austríacos.

Los submarinos de los Imperios Centrales habían burlado el bloqueo de la Marina británica en Gibraltar y se habían convertido en una pesadilla para los barcos de guerra de los aliados, así como en una amenaza para los barcos de otros países neutrales que comerciaban con los enemigos de Alemania en el Mediterráneo occidental.

En octubre de 1916, una nota del Servicio de Información de la Marina francesa ponía al corriente al agregado militar en la Embajada francesa en Madrid de que la Isleña había adoptado una medida contraria a los intereses franceses. Se negaba a transportar determinados artículos y productos directamente a los puertos franceses, con el pretexto de que figuraban en la lista de mercancías prohibidas elaborada por los alemanes. Si no respetaban la prohibición, afirmaban los directivos de la compañía marítima, y seguían comerciando con Francia, las Potencias Centrales lo considerarían contrabando de guerra. Entonces sus naves corrían el riesgo de ser atacadas.

Los franceses estaban molestos porque la consideraban una decisión unilateral y arbitraria adoptada por el cónsul alemán en Palma. Una medida que formaba parte de la guerra económica contra Francia. Alemania pretendía restringir el comercio exterior del país enemigo, con la finalidad de estrangular su economía.

Entre las mercancías vedadas en la famosa lista del cónsul alemán, incluso se habían incluido los zapatos destinados a la población civil. En ningún caso figuraba la manufactura de calzado en las listas internacionales de productos prohibidos para comerciar con el enemigo, a excepción de las botas de soldado.

Una súbdita francesa residente en Mallorca, agente secreto, expidió una carta a un destinatario en Argel que trabajaba para los servicios de información franceses, en la cual dedicaba un párrafo al embustero March. Ponía énfasis en la competencia salvaje que hacía la Isleña a la naviera Tayá, pro aliada. También se refería a los contactos que mantenía con la empresa eléctrica alemana AEG (March tenía intereses en empresas eléctricas locales). Madame Sitges afirmaba que March era un personaje siniestro, el mayor enemigo de Francia, «autant plus redutable qu’il est traité comme ami».[2]

El general Monier, jefe de las fuerzas de tierra y mar francesas en el norte de África, en noviembre de 1917, dirigió al ministro de la Guerra un informe en el que coincidía con las apreciaciones de madame Sitges, y pensaba que March se quería hacer pasar ante los mandos de la Marina británica por un informador consagrado a la causa aliada. El general recordaba al ministro que disponía de pruebas sólidas para demostrar que también actuaba a favor de la causa germana. Acababa el informe con esta frase: «No merece ninguna confianza.»[3]

Otro motivo de discordia entre los franceses y Juan March fue la política poco favorable del Crédito Balear, banco representante de los intereses financieros de Francia en las islas Baleares. March se había convertido en uno de los hombres fuertes del consejo de administración de la principal entidad financiera local. Cuando el consejo de administración se reunía, March ocupaba uno de los asientos alrededor de la gran mesa ovalada, no demasiado lejos de donde se sentaba Francesc Blanes, representante de la Compañía Arrendataria en Mallorca, un «indiano» enriquecido en la explotación de plantaciones esclavistas en el Caribe, ahora convertido en empresario ferroviario en Mallorca. El primero era el mayor contrabandista de tabaco que hacía la competencia desleal a la Arrendataria, el otro era quien debía velar por los intereses de la concesionaria estatal. No olvidemos que la citada compañía tenía atribuciones en la vigilancia y persecución del contrabando. Además de ser grandes accionistas del banco, ambos eran socios de la Fábrica de Tapices y Saquería, situada en el barrio marinero de Santa Caterina.[4] Las relaciones entre ambos debían de ser bastante estrechas, porque Francesc Blanes, cuando March fue encarcelado durante la República, lo visitó en la prisión, asumiendo el riesgo de significarse como amigo del considerado por algunos ministros como el peor enemigo de la República.

March había conseguido colocar como director de la entidad bancaria a uno de sus hombres de su absoluta confianza, Gabriel Mulet, a quien los franceses consideraban un declarado germanófilo. Otra vez se equivocaban, pues los empleados de Juan March eran simplemente «verguistas». El Crédito Balear era el corresponsal de los principales bancos franceses, entre los cuales estaba el Crédit Lyonnais. Pero igualmente representaba a las entidades financieras más importantes de Alemania, hecho que exigía a la dirección del banco desplegar una diplomacia vaticana para no disgustar a ninguno de los dos estados en guerra.

En 1916, el director del Crédito Balear rechazó las suscripciones del Emprunt de la Victoire (una emisión de títulos del Estado francés), que pretendía reunir caudales para hacer frente a los gastos de guerra. Como la medida se consideró hostil a los intereses de Francia, el Ministerio de Finanzas francés incluyó en seguida a la entidad bancaria en la lista negra de sociedades que colaboraban con el enemigo, y ordenó a todos los bancos controlados por capital francés que dejaran de operar con el Crédito Balear.

Tiempo después, Juan March intentó restablecer relaciones con el Crédit Lyonnais, pero los franceses le exigieron, como condición previa para iniciar conversaciones, que cesara al director y a los principales ejecutivos que se habían mostrado partidarios de Alemania. El agente francés en Mallorca informó al Ministerio de Asuntos Exteriores que March había comentado públicamente su intención de conseguir tal objetivo sin doblegarse a las exigencias impuestas. El agente relataba que el cónsul francés había hecho todo lo posible para evitar que March ganara la partida. Si así fuera, subrayaba, nuestra nación quedaría ridiculizada por el gran contrabandista. «Si cela arrive adieu à nôtre prestige national ici, car les Balears en entier attendent la décision de nôtre gouvernement à ce sujet.»[5]

Recomendaba nombrar corresponsal de los bancos franceses en las islas Baleares a Manel Salas, industrial y terrateniente, enemigo de March y amigo de los franceses.

Para neutralizar la política adversa que realizaba el Crédito Balear, el Gobierno francés no se quedó con los brazos cruzados. No se conformó con prohibir a los bancos franceses que realizaran operaciones financieras con el banco controlado por March. Meses después de la ruptura de relaciones, el Ministerio de Finanzas francés adoptó una decisión que iba en contra de la entidad bancada y directamente contra March. El Crédito Balear era el principal accionista de la Fábrica de Tapices y Saquería, la primera industria fabricante de sacos de yute. Cabe reseñar la importancia de esta manufactura en una economía eminentemente agrícola.

Procedente de la India habían llegado a Marsella 1000 balas de yute a nombre del agente de la Isleña, en tránsito hacia el puerto de Palma. Pero desde que el Crédito Balear había sido incluido en la lista negra de entidades contrarias a los intereses de Francia, la mercancía estaba retenida. Entonces, el director de la fábrica, Joan Vidal Ros, habló con el director del banco, Gabriel Mulet, para anunciarle que en la fábrica comenzaba a escasear la materia prima. El director del banco le dijo que no se preocupara. Acudiría a Juan March para pedirle que se ocupara del asunto. Y al verlo tan preocupado, le dijo: «No sufras, antes de dos semanas March lo habrá solucionado, dalo por hecho: March en Francia y en Inglaterra consigue lo que quiere, mantiene excelentes relaciones con políticos y militares.» Joan Vidal Ros era francófilo y se apresuró a contar lo sucedido a uno de los agentes secretos franceses con quienes mantenía contactos esporádicos. El cónsul francés hizo llegar la confidencia al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el informe que transmitió, apuntaba la conveniencia de retener la mercancía hasta conseguir que el Crédito Balear —⁠Juan March— inclinara la cabeza ante la bandera tricolor francesa y variase su política adversa a los intereses de Francia. «Nous sommes tous ici vexés de la politique de la banque Crédito Balear envers nôtre pays.»[6] March consiguió desencallar el asunto gracias a sus gestiones ante el Estado Mayor del Ejército francés en París y a los buenos oficios de los británicos, que eran sus principales valedores. El prestigio nacional de la gran Francia quedó en entredicho.

Los militares franceses en el norte de África estaban indignados con las actuaciones hostiles de March, «el pirata», y se les estaba acabando la paciencia. Tal como hemos contado, sus soldados eran abatidos por la munición de los fusiles que proporcionaba March a los guerreros de las cabilias rebeldes. El general Monier, en diferentes ocasiones, había preguntado al 5.º Bureau del Estado Mayor de la Armada (Servicio de Información de la Marina), si no había llegado la hora de emprender represalias contra March.

Pero March, adivinando las intenciones de los franceses, movió ficha. Se ofreció a pasar información de interés militar a los servicios secretos británicos, a la sección de Gibraltar, y al Estado Mayor de la Armada francesa.

A pesar de la oferta de colaboración, el Servicio de Inteligencia de la Armada no varió de opinión sobre el personaje. Seguían pensando que era un germanófilo convencido, y si se había unido a la causa de los aliados era simplemente por interés. En efecto, su monopolio de tabaco (en la zona del Protectorado) y el transporte clandestino de tabaco y armas no podría mantenerlos si los aliados no se lo permitían.[7] Además de estas medidas, los franceses podían paralizar la elaboración de tabaco en las fábricas ubicadas en la colonia francesa de Argel.

Los franceses consideraban que las informaciones transmitidas por March no eran de gran interés militar, y temían que el papel de informador de los aliados no era más que una maniobra para camuflar sus actuaciones sospechosas, que apuntaban a una más que probable colaboración con el enemigo. Los comandantes militares franceses especulaban sobre las verdaderas intenciones del contrabandista, y acababan por creer que su propósito era distraer la atención de los aliados para salvaguardar sus intereses en el norte de África.

Los comandantes del 5.º Bureau del Estado Mayor de la Armada, como consecuencia de las unánimes suspicacias sobre la actuación de March, pidieron al agregado militar francés en Madrid que se pusiera en contacto con los servicios secretos británicos para averiguar si ellos consideraban las informaciones que éste les había transmitido lo bastante valiosas como para considerarlo un colaborador o, por el contrario, como ellos creían, era un farsante, lo cual supondría actuar de una vez por todas contra él y sus intereses.[8]

El general Monier informó al ministro de la Guerra francés que el Almirantazgo británico había recomendado al ministro de la Marina francesa la máxima condescendencia con los asuntos de March, pues éste les había hecho llegar información del máximo interés militar.

Los comandantes destinados al Ministerio de la Guerra francés, aparte de lamentar que la organización de March fuera la distribuidora de armas de Alemania a las cabilias rebeldes del Marruecos francés, presuponían que esa misma organización podría estar suministrando fuel a los submarinos alemanes en el Mediterráneo occidental.

Los franceses sabían que March, desde 1916, poseía un paquete importante de acciones de la Isleña y se había convertido en uno de los principales socios de la gran naviera Trasmediterránea. Además de las flotas regulares, March y sus socios, Francesc Garau y los hermanos Ramis, tenían una flotilla de barcos de vela y de motor dedicados al contrabando. Los servicios de información calculaban que sumando los barcos que cubrían las líneas regulares de las dos compañías citadas y los de la flota contrabandista, podía disponer de unas doscientas embarcaciones de diferente tonelaje. Esto le facilitaba la compra de gran cantidad de fuel, gasolina y lubricantes. Una parte de este combustible se podría reservar para el aprovisionamiento de los submarinos alemanes y austríacos.

El servicio secreto francés trasladó al Ministerio de la Guerra la información de diversas personas según las cuales la costa norte de Mallorca, en el litoral de la finca de Miramar, la que había sido residencia del archiduque de Austria, se había convertido en un punto de avituallamiento de los sumergibles de los Imperios Centrales.

En julio de 1915, el mercante francés Colonial divisó, a siete millas al norte de las costas de Capdepera, cuatro barcas a vela y a motor que abastecían a un submarino alemán. Cuando el comandante del submarino se percató de la presencia del barco enemigo ordenó interrumpir la operación. Sonaron las alarmas a bordo y con celeridad cada tripulante ocupó su puesto y comenzó la inmersión. Las barcas que lo aprovisionaban pusieron proa a la costa y se alejaron a toda máquina del lugar.

El Almirantazgo francés en Tulón advirtió a los británicos del incidente. Un agente británico se puso en contacto con Antoni Maria Quès, Torró, para pedirle explicaciones. Quès actuaba como agente de enlace, en ausencia de March. Los británicos querían confirmar la información. El segundo de la organización pertenecía, como su jefe, a la escuela cínica. El 14 de julio de 1915 envió una carta a mister James Macnaughtan, agente británico en España, en la cual aseguraba que el hecho era inverosímil: «No creo en la existencia de submarinos en estas aguas, sin que esto haya de servir de ofensa al capitán del vapor que ha dado la noticia y que yo entiendo que su fantasía le hizo ver lo que no existía, pero no me atrevo a negarlo en absoluto. Lo que afirmo categóricamente es que en la costa mallorquina no existe base alguna de aprovisionamiento, sin que de ello nos demos oportuna cuenta.»[9] Naturalmente, Antoni Maria Quès sabía que la información transmitida por el capitán del barco francés era correcta. ¿Quién podía saberlo con más exactitud, si era él quien había organizado la operación de abastecimiento? A continuación, explicó a mister James Macnaughtan que, si tal información fuera cierta, los diez tripulantes de cada embarcación, los cargadores que habían transportado el género, los vigilantes, los intermediarios y sus respectivas familias estarían al corriente de ello; por tanto, sería imposible que la organización de March lo ignorara. Por otro lado, aseguraba que no era factible que dicha acción, que exigía el máximo secreto, se hubiera podido efectuar en el litoral del término municipal de Capdepera, ya que allí estaban en plena temporada de la langosta, y el lugar señalado era una pesquera donde, todas las noches, había un gran número de laudes en plena faena. «El día que hay menos hay cuarenta y de haber sucedido lo que motiva este escrito equivaldría a un pregón de publicidad.»[10]

A pesar del desmentido, el comandante naval francés en el Mediterráneo corroboró los hechos, y entonces los británicos instaron a Antoni Maña Quès para que prosiguiera las investigaciones. El asunto se complicaba, había que cambiar de táctica y buscar algún responsable. En la siguiente respuesta, Antoni Maña Quès apuntaba que si fuera cierta la información del capitán francés, de la cual seguía dudando, la única persona que podría haberlo intentado era el ciudadano Bosch, apodado Sargento, jefe de una organización de contrabandistas y propietario de diversos faluchos. Por las indagaciones que habían hecho sus hombres probablemente estaría cooperando con los alemanes. Por este motivo, les sugería que retuvieran sus barcos cuando fueran a cargar tabaco a los puertos argelinos o en alta mar.

Smith, cónsul general británico en Barcelona, advertía al Foreign Office de que esta pista podía ser buena, pero que había que tener en cuenta que dicho contrabandista era un competidor de Juan March en los negocios de contrabando de tabaco, no fuera a ser que aprovechara la ocasión para librarse de un rival.

El Almirantazgo británico pidió al representante consular en Palma que investigara al lugarteniente de March, Antoni Maria Quès, para saber si podían confiar en él. En seguida se puso en contacto con el lugarteniente de March y, pocos días después, se entrevistó con él. Después de estos primeros contactos, Antoni María Quès lo invitó a recorrer la mayoría de las poblaciones del litoral mallorquín en las cuales pudo demostrarle el grado de simpatía y respeto de que gozaba entre los marineros y la población en general. El súbdito británico quedó impresionado por la influencia de Quès sobre aquella gente, y se convenció de que la organización de March era muy vasta y estaba bien estructurada. Sin duda estaba en condiciones de prestar importantes servicios a Gran Bretaña. Antoni Maña Quès tenía el don de la persuasión. Había conseguido lo que se había propuesto: disipar las dudas de los británicos, surgidas a raíz de las informaciones de los franceses sobre la continuidad de la colaboración de March con la Armada del káiser.

March, para intentar ganarse la confianza de los franceses, el 14 de septiembre de 1916 envió una carta a su socio, Vicenç Jorro, fabricante de tabacos en Orán. Estaba perfectamente enterado de que existía una Comisión Militar de Control Postal que examinaba la correspondencia. Por tanto, el escrito debe interpretarse como una manera de dirigir un mensaje inequívoco a los militares franceses: era del todo fiel al compromiso contraído con los aliados.

En uno de los párrafos de la carta confirmaba que estaba impidiendo que los alemanes pudieran establecer bases estables de avituallamiento y suministro para sus sumergibles en el Mediterráneo occidental, gracias a la vigilancia que ejercía la organización. Su flota estaba en permanente alerta para detectar cualquier maniobra sospechosa. De las incidencias diarias que se producían en esta zona marítima eran puntualmente informados los gobiernos de la República francesa y de Su Majestad Británica, por telegrama y por carta.

Posteriormente, le explicó que, cuando fue citado por el Ministerio de Guerra francés, garantizó al almirante en jefe que acabaría la guerra sin que los sumergibles de los Imperios Centrales hubieran podido abastecerse ni en las aguas del mar balear, ni en la costa noroccidental de África, ni en los aledaños del litoral Mediterráneo de la Península Ibérica. Si lo intentaran, él estaría informado antes de que se pudiera realizar la maniobra, de manera que los barcos aliados serían avisados y podrían intervenir para abortarla.

A continuación, March precisaba que en el litoral donde los sumergibles alemanes podrían intentar abastecerse o establecer bases de aprovisionamiento estables vivían unas cuarenta mil familias, y todas tenían interés en que la misión de vigilancia que él se había comprometido a llevar a término fuera un éxito. Aquella gente era consciente de que la continuidad de su trabajo dependía de ello. Todos trabajaban para la organización contrabandista de March. En consecuencia, si no lo ayudaban estarían poniendo en peligro la subsistencia de sus hijos.

Para acabar, alababa su misión: «Estoy orgulloso, y tengo la satisfacción de poderle repetir que no habrá mucha gente que al final del conflicto haya prestado una ayuda tan importante a la causa de los aliados, et vous savez bien que je n’étais pas poussé par l’amour de lucre, puisque j’ai refusé d’être remboursé de tous les frais que me cause ce service compliqué».[11] Conociendo al personaje, sería de locos pensar que la organización de March efectuaba gratis un servicio tan complejo y arriesgado. Pero, una vez más, intentó hacerse pasar por lo que no era. Nuevamente actuó, y en esta ocasión interpretó a un personaje generoso, consagrado a la causa aliada, que defendía la libertad y la democracia y que, por encima de todo, hacía prevalecer sus ideales sobre el materialismo. Es difícil creer que los franceses se tragaran esta farsa. Pero, de haber sido así, eso hubiera revelado que el Servicio de Información de la Armada francesa necesitaba una profunda renovación.

Mientras los británicos estaban satisfechos de los resultados de la colaboración con March, los franceses estaban cada vez más recelosos. Por eso, de vez en cuando adoptaban medidas para obstaculizar su comercio y la producción de manufactura de tabaco. En 1917, la aduana de Orán tenía retenidas 200 balas de tabaco en rama procedente de Manila destinadas a la fábrica de March. También, con frecuencia, le ponían trabas en la frontera entre Argel y Marruecos para pasar el tabaco elaborado en sus fábricas de Orán. Tabaco que se debía distribuir en el Protectorado español, donde él era el concesionario del monopolio.

Cuando March se dio cuenta de la dificultad de sacar adelante los asuntos pendientes con los franceses, a pesar de las intensas gestiones que había realizado ante los comandantes de la Armada francesa, recurrió de nuevo a los británicos para que lo ayudaran. El Almirantazgo británico, una vez más, dio prueba de su predisposición a complacer las demandas de March, señal inequívoca de que estaba satisfecho de sus servicios. La gestión fructificó: los británicos no tardaron en atender el ruego e instaron a sus aliados franceses para que no estorbaran la marcha de los negocios de March en el norte de África. El mismo ministro de la Marina francesa pidió a su homólogo en el Ministerio de Finanzas que diera una rápida solución a los asuntos comerciales relacionados con March. Los representantes civiles tuvieron que ceder, y aceptar a regañadientes la presión de los militares, a pesar de que éstos les habían advertido de que la decisión de liberar la mercancía retenida contravenía la ley, porque la partida de tabaco la había expedido una sociedad alemana desde Manila. Además, March consiguió que, a partir de entonces, las autoridades francesas le permitieran comerciar con el exterior sin cumplir el requisito que se exigía a todos los demás exportadores: transmitir obligatoriamente a la aduana de Argel el correspondiente certificado expedido por el cónsul francés del país donde se descargaba la mercancía. Ésa era una manera de garantizar que el cargamento estibado en los puertos argelinos había sido desembarcado en el puerto de destino declarado por el armador, y no en otro situado en territorio enemigo. Si la aduana no recibía este comprobante de la compañía marítima a la cual pertenecía el barco, en el futuro no podría seguir operando comercialmente con Argelia.

En 1918, en las postrimerías de la guerra, aún persistía la desconfianza de Francia hacia March. Los servicios de inteligencia franceses en ningún momento habían dejado de seguir su pista. El agregado militar en la Embajada de Madrid informaba al 2.º Bureau del Estado Mayor de la Armada que March era una gran potencia económica y que había acumulado en los últimos años una fortuna que se cuantificaba en millones. Aseguraba que estaba metido en todas las grandes empresas comerciales. En aquellos momentos, intentaba establecer, con el apoyo del conde de Romanones y el conservador Dato, una zona franca en el puerto de Palma. Finalizaba su informe recordando que March y muchos españoles habían creído, cuando estalló la guerra, que los Imperios Centrales la ganarían, porque al comienzo del conflicto tuvieron la iniciativa en el campo de batalla. Ésta fue la causa de que su actitud dejara mucho que desear hacia Francia. Cuando el March germanófilo de primera hora, según la creencia de los franceses, tomó conciencia de que los ejércitos franceses, con el apoyo de las tropas británicas, hacían frente al enemigo y sus intereses corrían peligro, «il a vite changé son fusil d’épaule et a cherché à nous prouver son desir de nous servir loyalement».[12]

March y los británicos.
De la desconfianza al entendimiento cordial

Pocos meses después de haberse iniciado el conflicto bélico, los británicos estaban bastante preocupados por el asunto del aprovisionamiento de los submarinos alemanes en aguas de las islas Baleares y el litoral Mediterráneo de la Península Ibérica. El vicecónsul británico en Palma, mister Fontana, transmitió a su superior, el cónsul general en Barcelona, mister Smith, que había en la zona una única organización con los medios indispensables para efectuar esa misión, al frente de la cual estaban March, Antoni Maria Quès y los hermanos Ramis, hombres dispuestos a afrontar los peligros que comportaba este cometido sin que les temblara el pulso.

Ante la amenaza, el cónsul británico en Barcelona solicitó al Foreign Office recursos para crear una red de detectives con la que vigilar a las personas sospechosas de estar involucradas en este contrabando de guerra. Recalcaba en el informe que, por encima de todo, era necesario observar de cerca los movimientos del cónsul alemán en Palma y de su amigo Juan March.

Los británicos interpretaban que las islas Baleares ocupaban una posición estratégica en el Mediterráneo occidental, entre las rutas marítimas que unían Marsella al norte de África y las que, desde el Atlántico, pasaban por el Estrecho y recorrían el Mediterráneo hasta enlazar con las rutas del océano índico, que se dirigían a la India, la principal y más rica colonia británica.

El Almirantazgo británico consideraba que las islas de Cabrera (Mallorca) y Espardell (Formentera) eran lugares que reunían unas condiciones inmejorables para llevar a cabo el aprovisionamiento de los submarinos enemigos. La causa de esta apreciación era su inmejorable situación geográfica. Posteriormente, esta apreciación fue ratificada por los insistentes rumores populares, corroborados por un importante número de confidencias que les llegaron.

El cónsul general Smith remitió al Foreign Office una información secreta en la que se relataba cómo uno de sus hombres se había entrevistado con el dueño de la posesión de Cabrera, el cual le había contado que, unos cuantos días antes, March le había pedido su ayuda para efectuar el aprovisionamiento de los submarinos alemanes desde la isla. Pero le aseguró que se había negado, porque era simpatizante de los británicos. El cónsul no ocultaba sus recelos ante la declaración pro aliada del dueño, porque creía que éste era estrictamente neutral, en el sentido de estar predispuesto a trabajar a favor del bando que más le pagara. El agente consular británico añadía que March jugaba el mismo juego.

Casi un año después, en 1916, el delegado del Gobierno central en las islas Baleares se vio obligado, a causa de las presiones de los aliados, a enviar un pelotón de carabineros a registrar la isla de Cabrera. Se trataba de intentar hallar depósitos secretos de combustible. Los carabineros, la mayoría de los cuales estaban untados por la organización de March, no hicieron grandes esfuerzos por destapar lo que todos sabían. En cambio, descubrieron un escondite lleno de víveres. Los británicos parecían estar preocupados exclusivamente por el suministro de carburantes, porque en sus informes secretos no hacían ninguna referencia al avituallamiento de productos alimentarios y de agua potable para la tripulación.

Los agentes aliados sospechaban que los depósitos secretos podían estar ubicados en Sóller, Porto Colom y Cabrera. «Consul at Palma is informed from Cabrera that S. S. Villa de Andraitx landed Petroleum, quantity unknown, in la Olla […], and that large felucca San Francisco belonging to March landed petroleum, beglnning of May, in Orduf bay.»[13] Las informaciones sobre los desembarcos de combustible en Cabrera demostraban la veracidad de aquello que hasta entonces habían sido simples especulaciones. El barco Villa de Andraitx había realizado la operación de transvase de fuel en la pequeña cala de la Olla, en Cabrera, y días después el falucho San Francisco, propiedad de Juan March, lo hizo en la bahía de Ganduf (erróneamente los británicos se referían a la cala Ganduf como Orduf). Los contrabandistas, cuando soplaba el viento de poniente, desembarcaban el género en la Olla y, cuando el tiempo venía de levante, lo hacían en la cala Ganduf.

Poco después, el cónsul Smith comunicó a sus superiores que el poder de March en el tráfico de fuel era irrefutable. «March is […] in touch with ail the owners of importance, and his power for good or evil in connection with liquid fuel running is unquestionable.»[14]

Cargamentos de fuel llegaban al puerto de Alicante en tránsito hacia el puerto de Palma, destinados a un individuo llamado Granada, destacado germanófilo, a Jaume Ramis, socio de March, y a Gabriel Mulet, director de El Banco de Crédito, que por encima de todo tenía el cometido de velar por los intereses de March.

Una prueba más que se acumulaba a las muchas obtenidas por los diferentes servicios de información de los aliados fue la aportada por el diputado a Cortes por Zaragoza, Romeo, quien indicó al embajador británico en Madrid los lugares donde se realizaba el suministro de los submarinos. Los situaba en las islas Columbretes, a 30 millas del cabo de Oropesa, provincia de Castellón, y al este de la isla de Mallorca. Responsabilizaba a la organización de March de realizar la mayor parte de este contrabando de guerra.

En las postrimerías de 1914, los barcos de guerra británicos comenzaron a vigilar de cerca a los barcos contrabandistas de March. De acuerdo con sus aliados franceses, pusieron en marcha una estrategia que tenía como objetivo obstaculizar la libre navegación de una flota al servicio del enemigo.

El capitán del barco de la Marina española El Temerario consideró oportuno informar a los británicos que March era un hombre que mantenía estrechas relaciones con los alemanes y que eran elevadas las posibilidades de que algunas de sus embarcaciones de motor y de vela estuvieran dedicadas a prestar asistencia a los sumergibles alemanes. Comunicaba al cónsul general británico en Barcelona que era una ignominia que la mayoría de los barcos, dedicados al contrabando, estuvieran matriculados en Gibraltar y traficaran bajo pabellón británico, con todas las ventajas que ello les reportaba. El capitán explicaba que cuando realizaba la captura de alguno de estos barcos en aguas jurisdiccionales españolas (en el perímetro de las seis millas) la tripulación era juzgada por los tribunales españoles de la Marina, poco severos a la hora de aplicar las penas a los reos que presuntamente habían cometido delitos de contrabando. El día del juicio, el abogado defensor presentaba algún testimonio: el patrón de una embarcación que pertenecía a la misma compañía contrabandista del acusado, el encargado de un faro, un patrón de pesca, etc., que sobornados por la organización cometían falso testimonio y declaraban que la captura se había hecho en aguas internacionales. Entonces, el tribunal declaraba nula la aprensión, ya que cualquier barco de bandera británica fuera de las seis millas sólo podía ser inspeccionado por la Marina británica. El cónsul, en su respuesta, dijo: «La bandera inglesa no se ha hecho para proteger esos delitos [el contrabando] y perjudicar a una nación amiga. Pero si los tribunales españoles nos señalan que la presa ha sido mal hecha, ¡ah! La bandera inglesa no se deja atropellar.»[15]

Los cónsules británicos en Argel y Orán, con el visto bueno del Gobierno francés, pidieron a las autoridades portuarias que los faluchos de bandera inglesa que recalaran en dichos puertos argelinos fueran retenidos y sólo se los autorizara a abandonarlos si el armador aceptaba el compromiso de dirigirse a Gibraltar, donde serían comprobadas las documentaciones. La escuadra aliada estaría vigilante para actuar si no se cumplía la orden.

Cuando los barcos de Verga eran escoltados hasta el puerto de Gibraltar, en la colonia las autoridades del Almirantazgo británico, con la excusa de examinar su situación administrativa respecto de las leyes de su país, alargaban expresamente los trámites, con el propósito de mantenerlos inmovilizados, cuanto más tiempo mejor. Juan March llegó a tener retenidos en el puerto de Gibraltar siete de sus barcos.

Juan March se olió en seguida la jugada: los aliados querían bloquear su comercio y provocar su ruina. Ante el ataque a la línea de flotación de sus negocios, no podía quedarse sin reaccionar. Urdió un plan para recuperar la libertad de movimientos de su flota: ofreció su colaboración a los servicios secretos británicos y franceses. Se comprometía, de ahora en adelante, a investigar hasta localizar las bases de suministro de los submarinos alemanes en el litoral español, en el Mediterráneo occidental y en el norte de África, y evitar que las pudieran utilizar. «March is in general in agreement with our proposals for coopération and offers unconditional support.»[16]

Quien había ayudado a los alemanes a establecerlas y asumido la empresa de avituallarlos y suministrarlos de combustible, ahora brindaba a los aliados la oportunidad de obstruir una misión que estaban realizando los hombres y marineros de su organización. El nuevo compromiso asumido con los aliados no iba a ser motivo para dejar de colaborar con los alemanes. Era un embrollón, ciertamente peligroso. Engañaba a las grandes potencias militares y jugaba con fuego. Corría el riesgo de dar un mal paso y que todo se volviera en su contra. Entonces, su imperio comercial sería liquidado y él exterminado. El jefe de los servicios secretos en Gibraltar, el teniente coronel Thoronton, que coordinaba todas las actuaciones del espionaje británico en el Mediterráneo, conocía muy bien la manera de actuar de March y acabó refiriéndose a él como my pirate.

El cónsul mister Smith manifestaba a sus superiores su extrañeza por la decisión adoptada por March de cambiar de bando. ¿Intuía que el personaje había llegado a la conclusión de que sus intereses estarían mejor resguardados si se ponía del lado de los británicos?[17] Como el vicecónsul en Palma seguía sin fiarse del todo, seguía reclamando recursos a sus superiores para poder formar un cuerpo de agentes que hablasen mallorquín. Por su lado, él haría cuanto pudiera y más para enrolar en los servicios secretos a algunos funcionarios de aduanas. Si no podía disponer de este grupo de informadores no les quedaría más remedio que ponerse en manos de March, y esta dependencia comportaba un elevado riesgo.[18]

March, a pesar de haber ofrecido una cooperación desinteresada, pidió a los representantes británicos que el Foreign Office intercediera ante el Gobierno francés para que se le levantara el embargo que pesaba sobre dos cargamentos de tabaco en rama depositados en los muelles de Orán y Argel. Además, solicitó que autorizaran a los faluchos que tenían retenidos en Gibraltar a poder abandonar el puerto. Los británicos satisficieron sus peticiones, a pesar de las reservas de los franceses. De entrada, había hecho un ofrecimiento sin contrapartidas, pura retórica, pues actuaba en su propio interés. Quid pro quo.

Pasaron muchos meses antes de que March diera motivos a los británicos para pensar que seguía haciendo el doble juego. Pero el descubrimiento de un encuentro secreto entre el patrón del San Francisco, propiedad de Juan March, con el agente alemán Zoeller en Barcelona, encendió todas las alarmas. Cuando el vicecónsul británico en Palma preguntó a Antoni María Quès qué sabía de esos contactos con el enemigo, el socio de March negó que se hubieran producido. Era imposible, les dijo, que un patrón de su flota pudiera tramar alguna acción contra los aliados, ya que todos eran hombres de su más absoluta confianza. Los británicos dedujeron que podría haber actuado por su cuenta, al margen de la organización. Con esta conclusión revelaban desconocer las normas de comportamiento que exigía March a cada uno de los hombres que trabajaban a sus órdenes. Dentro de la organización se imponía una disciplina férrea. Nunca le tembló el pulso cuando se trató de recordarle a alguien quién mandaba.

En las postrimerías de la guerra, en el año 1918, un agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico, que trabajaba para el MI6, informó que el San Francisco y otros barcos de características similares seguían aprovisionando a los submarinos alemanes delante del cabo de Creus.

A pesar de las informaciones que ponían de manifiesto que March seguía trabajando para los alemanes, los británicos consideraban que la información que les transmitía era de tal valor que contrapesaba las más que probables deslealtades del pirata.

La colaboración con los Imperios Centrales

March prestó servicios considerados de alto valor estratégico por los Imperios Centrales. De manera que sus barcos contrabandistas, que enarbolaban la bandera británica, nunca fueron perseguidos por los submarinos alemanes. Cuando March, en 1916, se convirtió en un gran armador, accionista de la Isleña y de Trasmediterránea, tampoco ninguno de los barcos de estas compañías marítimas fueron hundidos por los sumergibles alemanes ni austríacos.

Al comienzo de la Gran Guerra, el Gobierno alemán decretó la movilización general. Los ciudadanos en edad de incorporarse a las fuerzas armadas y todos aquellos que por su formación y conocimientos podían ser útiles a la patria y que estaban fuera de las fronteras del imperio, tenían la obligación de intentar regresar de inmediato a su país.

El cónsul alemán en Palma era amigo personal de Juan March, hecho que preocupaba a los británicos, pues temían que acordasen algún tipo de colaboración.

Desde Berlín, se transmitió al cónsul de Palma la orden de organizar la repatriación de sus compatriotas que vivían o estaban de paso en el territorio español, hacia la isla italiana de Cerdeña. Los barcos contrabandistas que navegaban bajo pabellón británico eran el transporte idóneo para realizar el traslado de los súbditos alemanes, porque no despertarían las sospechas de los oficiales que comandaban los barcos de guerra aliados que patrullaban esta zona marítima. March cobraba doce mil pesetas por cada uno de los viajes que hacían sus embarcaciones hacia la isla.

El vicecónsul británico en Palma informó al cónsul general británico en Barcelona que los barcos de March habían repatriado a los reservistas alemanes hacia Italia y advertía que March no tendría ningún escrúpulo en aprovisionar a los sumergibles enemigos. El hecho de que sus faluchos navegaran bajo pabellón británico no debía interpretarse como una señal de amistad hacia Gran Bretaña, ya que era simplemente un ardid para protegerse de la persecución de las patrulleras españolas.

El historiador F. Jellinek afirma que Juan March, además de proporcionar fuel a los submarinos alemanes, suministró víveres a los aliados. «Proporcionó petróleo a los submarinos alemanes, fletó barcos con suministros para los aliados y después vendió la ruta a los alemanes.»[19] En los archivos del Foreign Office existen documentos que confirman esta tesis.

March ideó una nueva estratagema para seguir ganando dinero a espuertas, como si no tuviera bastante con los beneficios extraordinarios que ingresaba como comerciante de guerra. Fletaba barcos mercantes y aseguraba la mercancía a la compañía británica Lloyds, por un valor muy superior al real. La carga consistía en sacos de cáscara de almendra. Los barcos en alta mar eran interceptados por los sumergibles alemanes, dado que March les había informado de la ruta que seguirían, a cambio de recibir una buena recompensa. El capitán del submarino que divisaba por el periscopio uno de estos mercantes, emergía a la superficie y una vez que los tenía a tiro obligaba a la tripulación a abandonarlo. A continuación, era torpedeado y el barco con su «valiosa carga» se iba a pique. Cuando March recibía la comunicación del siniestro reclamaba en seguida el importe del valor en que estaba asegurada la mercancía. Su ingenio era tal que ofreció a diferentes navieras la protección de sus naves de los posibles ataques de los submarinos alemanes, a cambio de una importante suma de dinero. Un alto funcionario británico, en un informe secreto, hizo referencia a estos maquiavélicos y engañosos trucos, y terminaba escribiendo: «He gained either way.»[20]

Para entender la listeza de March tendremos que referirnos al asunto en que el jefe del espionaje alemán en España, el capitán Wilhelm Canaris, se vio involucrado por iniciativa del magnate durante la Gran Guerra. El oficial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, sería nombrado por Hitler jefe del Abwehr (Servicio de Inteligencia Militar Alemán). Pero pasemos sin preámbulos a los hechos. Los británicos tenían un gran interés en capturar al espía alemán. Era un hombre audaz e inteligente que había dirigido numerosos sabotajes, que habían infligido graves daños y averías a los barcos británicos amarrados en los puertos españoles. Pero un día pareció que su buena estrella se había apagado, y el responsable iba a ser March. Para ganarse la confianza de los británicos y disipar recelos, telegrafió a su enlace para comunicarle que Canaris había llegado a Cartagena y que permanecería allí unas horas antes de embarcarse en un submarino alemán que se aproximaría a la costa tanto como pudiera para recogerlo. En seguida los británicos se movilizaron y organizaron un dispositivo para capturarlo. Pero cuando parecía que lo tenían rodeado se les escapó. Una barca lo esperaba en una caleta no alejada del puerto para llevarlo al sumergible que tenía la misión de recogerlo, March puso sobreaviso a Canaris justo antes que se le detuviera. La tesis se sustenta en la gran amistad que después de la guerra mantuvieron el contrabandista y el oficial alemán, a quien los sucesivos gobiernos alemanes le encargaron importantes misiones en España, durante el período de entreguerras.

En 1916, March transmitió una información secreta a Basil Zaharoff, agente británico y uno de los más importantes traficantes de armas de la época: «He conocido al oficial alemán Canaris y, aunque no trabaje para nosotros, me gusta. No es típicamente alemán, se parece más al carácter latino. Quizá en adelante podamos colaborar con él, ya que me dijo que los enemigos de Alemania no eran los aliados, sino el movimiento bolchevique, que causaría muchos trastornos a las naciones occidentales si la guerra no acababa pronto. Prefería un pronto armisticio antes que una victoria de Alemania coincidente con una revolución interna en aquel país. Finalmente, no ocultaba su admiración por Gran Bretaña.»[21]

La polémica que generó en el Estado español el suministro a los submarinos alemanes y austríacos

El 5 de junio de 1916, el senador Allendesalazar intervino en el Senado para acusar a March de ser el mayor contrabandista del estado. Para conseguir diezmar esta gran organización creía muy conveniente obtener la colaboración del Gobierno británico. Como el Almirantazgo británico tenía identificados los barcos dedicados al contrabando, podría facilitar la lista a las autoridades españolas. También se les podía pedir información sobre las rutas que seguían. Esto sería relativamente fácil, ya que su flota en el Mediterráneo vigilaba de cerca los movimientos de estas embarcaciones, porque se tenía la sospecha de que podían estar haciendo contrabando de guerra a favor de los Imperios Centrales.[22]

En el ámbito local, el intelectual Joan Estelrich, que se convirtió en el primer director del diario El Día, fundado por March en 1921, revelaba en un semanario local, El Sóller, la existencia de una organización contrabandista poderosa, rica e influyente ante los políticos, que tenía delegados en todas las poblaciones.

«No es raro, pues, que, presumiéndose que los submarinos alemanes y austríacos que merodean por esos alrededores y echan a pique tantas embarcaciones, se surtan de combustible y acaso de víveres en nuestras costas, se sospeche que sean los contrabandistas los proveedores de las tripulaciones de los submarinos, ya que son ellos, los contrabandistas, los únicos que se encuentran en condiciones de efectuar tal aprovisionamiento».[23]

En 1916, el diario local Última Hora reprodujo dos artículos referidos al suministro de los submarinos alemanes. El primero lo firmaba André Tudescq y se había publicado en Le Journal. El periodista francés defendía la tesis de que los sumergibles eran avituallados y provistos de combustible desde las costas catalanas y mallorquinas, y que el hecho era de dominio público. Afirmaba que este contrabando de guerra era consentido por el Gobierno español, que con esta actitud irresponsable ponía en peligro la neutralidad de España.

En contraposición a lo anterior, se transcribía otro que luego publicó el diario Universal de Barcelona, portavoz oficioso del Gobierno en la ciudad condal, en que se desmentía este supuesto, pues el autor aseguraba que, de ser cierto, las potencias aliadas habrían formulado oficialmente sus quejas al Gobierno del Estado español, algo de lo cual no se tenía constancia.[24]

Los tres diarios que se publicaban en Palma, La Almudaina, Última Hora y El Correo de Mallorca, eran declaradamente germanófilos. Todos rechazaban, con idénticos argumentos, que los barcos de guerra alemanes fueran aprovisionados en aguas territoriales españolas. Defendían la tesis de que los sumergibles tenían bastante autonomía para efectuar sus ataques en el Mediterráneo y regresar posteriormente a sus bases situadas en el mar Báltico. Este planteamiento era defendido por Josep M. Tous i Maroto, amigo de Verga. Cualquier profano en la materia sabe que el Almirantazgo de cualquier estado en guerra pretende mantener ininterrumpidamente su maquinaria militar activa. Si hubiera sido cierto lo que defendían los partidarios de Alemania, los submarinos se habrían alejado del escenario de guerra durante semanas. Lógicamente, el Estado Mayor alemán estableció puntos de aprovisionamiento en el mismo teatro de operaciones con el objetivo de tener los sumergibles preparados, en todo momento, para entrar en combate.

El suministro a los submarinos de las Potencias Centrales, por parte de los hombres de March, fue un episodio que estimuló la imaginación del pueblo y que dio pie a relatos que, a partir de unos hechos reales, se fantasearían y, con el paso del tiempo, se incorporarían a la historia popular.

Jordi Martí Rosselló, más conocido con el mote del Mascle Ros, director de la revista Foch i Fum, fue el autor de dos relatos que publicó en su revista y que se convertirían en leyenda. Se titulaban: El Patrón del Sr. Z o el convenio del Submarino, y Descubrimiento de la martingala o la astucia del Sr. K.

El señor Z (Juan March) enviaba a uno de sus patrones con un falucho cargado de arroz, judías y otros productos alimentarios con destino a un puerto peninsular. Le marcaba la ruta que tenía que seguir para no ser interceptado por los submarinos alemanes. Pero, sorprendentemente, en cada viaje un submarino se apropiaba de su carga.

Un día el patrón decidió cambiar de rumbo y llegó a buen puerto. El patrón regresó contento a la isla y se apresuró a comunicárselo al señor Z. Si en las ocasiones anteriores el señor Z se había mostrado comprensivo y en absoluto molesto, esta vez se enfadó. Le dijo que con su conducta había desobedecido sus órdenes y que él no lo podía consentir. Lo despidió sin miramientos.

El nuevo patrón, que supo de la injusticia que el señor Z había cometido con su predecesor, decidió vengarlo. En el primer viaje siguió una ruta distinta a la que le había trazado el señor Z y llegó a puerto sin haber sido interceptado por ninguna nave de guerra alemana. En el mismo muelle encontró al comprador de la mercancía que transportaba y se embolsó el dinero que le pagó. Cuando regresó a Palma advirtió al señor Z de que se había cruzado con un submarino alemán, el capitán del cual lo había obligado a que sus marineros transbordaran toda la mercancía a la cubierta de su sumergible. El señor Z le dijo que no le diera más vueltas. «Mira, buen hombre, ¡a lo hecho pecho!» Le repitió que él, como patrón, sólo estaba obligado a hacer siempre lo que se le mandaba. En el segundo viaje, el patrón repitió la misma artimaña, pero esta vez el señor Z no se dejó engañar. Había sido informado de que los submarinos no habían visto ni de lejos los barcos de March. Lo despidió y lo amenazó de muerte, pero no pudo entregarlo a la justicia, como habría deseado. Se exponía a pasar de denunciante a inculpado por contrabando de guerra.[25]

La actuación de March durante la Primera Guerra Mundial fue rocambolesca. Primero comenzó a trabajar para los alemanes, pero entonces, cuando los aliados lo acorralaron y pusieron en peligro la continuidad de sus negocios industriales y comerciales, se prestó a colaborar con ellos, sin dejar, no obstante, de servir a los alemanes. Actuar así equivale a caminar por el filo de una navaja sin cortarse. March lo hizo con virtuosismo, y salió indemne de esta arriesgada prueba.

3

El contrabando durante la guerra europea

La crisis de subsistencias y la exportación ilegal

En 1914, Europa se vio sacudida por una confrontación bélica que causó un mayor número de muertos que cualquier otro conflicto del pasado. Una de las principales causas que la desencadenaron fue la oposición de Francia y Gran Bretaña a conceder a la Alemania del káiser Guillermo II el estatuto de gran potencia que reclamaba. El agravio se concretaba en no querer repartir el pastel colonial con un país que, en la última década, se había convertido en una gran potencia industrial y militar superior a Francia.

Una larga y mortífera guerra en que los estados beligerantes hicieron uso de armas químicas de destrucción masiva e incorporaron nuevas máquinas de guerra para causar estragos en los ejércitos enemigos: la aviación y los vehículos acorazados. Pero básicamente fue una guerra estática, de trincheras y de equilibrio precario entre los ejércitos en pugna.

España permaneció fuera del conflicto. La neutralidad abrió nuevas expectativas de negocio que Juan March supo aprovechar y de las que obtuvo extraordinarios beneficios. Las economías de los países beligerantes se vieron afectadas por el conflicto y su sistema productivo se reconvirtió para centrar todos los esfuerzos en mantener bien engrasada la maquinaria de guerra. Los cambios que comportó este objetivo supusieron que determinados sectores de la economía se resintieran y su producción bajara de forma abrupta, hasta pasar a ser deficitarios. La producción agrícola cayó de manera alarmante a causa de que los jóvenes que antes de la guerra trabajaban en el campo se habían incorporado a filas.

Juan March era un comerciante que sabía leer las claves de las nuevas coyunturas que iban surgiendo. En cuanto estalló la guerra se dio cuenta de que en el futuro los grandes negocios estarían relacionados con ella. Entonces comenzó a planificar la estrategia comercial para poder satisfacer las nuevas demandas en los mercados internacionales de los países beligerantes y en los de las colonias francesas en el norte de África. A causa del conflicto, que desestructuró el sistema productivo, la metrópolis francesa no pudo mantener el mismo volumen de mercancías que antes de la guerra expedía a Marruecos y Argelia.

March, como buen comerciante, no tomó partido por ninguno de los bandos en guerra. Pensaba, como consecuencia de su espíritu mercantil, que las disputas entre anglófilos y germanófilos eran pura retórica de tertulianos de salones de café o de políticos en el seno del Parlamento. Él no tenía ningún escrúpulo en satisfacer las demandas que vinieran de un lado o de otro. La manera de pensar de March era muy conocida por los servicios de información franceses, que se lamentaban de que los británicos lo defendieran en todo y por todo.

Los víveres fueron la primera gran demanda que se originó al comienzo del conflicto en los países en guerra, especialmente la harina y las legumbres, indispensables para la manutención de la tropa. Como la producción en la isla de Mallorca era claramente insuficiente para atender una demanda exterior desbordada, March comenzó a importar trigo de Argentina, que desde el puerto de Palma reexportaba hacia los puertos de los estados beligerantes.

La sociedad mallorquina poco a poco comenzó a resentirse de los efectos perniciosos de una exportación sobredimensionada, y empezaron a escasear determinados productos considerados de primera necesidad: harina, arroz, azúcar, legumbres, patatas, huevos, carne, carbón, etc. Como consecuencia, se formó una espiral inflacionista que no fue acompañada por una subida proporcional de los jornales. La nueva coyuntura creó un malestar social creciente, que se hizo más patente entre las clases populares urbanas. Éstas, a diferencia de la gente que vivía en los pueblos, no tenían un corral o un trozo de tierra para cultivar hortalizas, patatas, legumbres, etc., y criar animales que garantizasen su subsistencia.

Inicialmente, los diferentes gobiernos de la nación no pusieron obstáculos a la exportación, al contrario, la fomentaron, ya que supuso una reactivación de la economía estatal. Pero un año después del comienzo del conflicto bélico los mercados nacionales quedaron desabastecidos y la subida de los precios no se moderó. Estas variables descontroladas provocaron una distorsión de la economía, a la cual se sumó un problema añadido: una crisis social de amplio alcance. Las protestas populares cada vez más numerosas y violentas obligaron a intervenir al Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda, en 1915, se redactó la primera Ley de Subsistencias, que tasaba los precios de los productos considerados de primera necesidad y prohibía su exportación.

Los republicanos, socialistas y anarquistas, que representaban a las fuerzas populares, se movilizaron ante el agravamiento de la crisis de subsistencias y por la falta de trabajo en determinadas ramas del sistema productivo. En cambio, los grandes comerciantes, exportadores, navieros y fabricantes proveedores de los ejércitos hacían su agosto y aumentaban las contrataciones de mano de obra. Otros sectores, cuya producción iba dirigida a los mercados nacionales, estaban en crisis a causa de la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población.

En Palma se celebraron varios mítines para reclamar a las autoridades soluciones urgentes que mitigaran las consecuencias de la grave crisis. En una de estas reuniones, José Agustín, representante de la Marítima Terrestre (sociedad obrera de estibadores), instaba a las autoridades a que dejaran de ser complacientes con el contrabando de productos alimentarios: «Así como en las guerras son pasados por las armas los ladrones que roban a los muertos y saquean las viviendas, también debe decirse al Gobierno que castigue duramente a los que se aprovechan de las circunstancias para robar a los necesitados.»[1]

En una asamblea de obreros afiliados a organizaciones católicas, los miembros de la mesa animaban a los congregados para que denunciaran a las personas sospechosas o de las que tuvieran alguna prueba de su tráfico con artículos de primera necesidad. En la reunión, participó el abogado Cano, que no se mordió la lengua a la hora de manifestar que existía una complicidad total entre los grandes contrabandistas y los políticos. «Hablando de los acaparadores dijo que los principales eran los mismos políticos.»[2]

El comercio exterior desde la isla de Mallorca se canalizaba mediante un trust exportador que se creó al comienzo de la guerra y encabezado por Juan March. Cuando entró en vigor la primera Ley de Subsistencias, al dirigente de este entramado comercial no se le pasó por la cabeza acatar los dictados restrictivos de la nueva ley, y dejar de obtener pingües beneficios en la exportación. Pero ante la nueva coyuntura había que establecer otra estrategia para seguir comerciando con el exterior sin que se hubiera que reducir el volumen de mercancías, de forma ilegal o mediante autorizaciones especiales de exportación, firmadas por el mismo ministro o por el delegado del Gobierno en la provincia.

Cuando entró en vigor la nueva normativa, March consiguió un aliado, Santiago Alba, que le permitió seguir exportando a pesar de las restricciones previstas en la Ley de Subsistencias, elaborada por los expertos del Ministerio de Hacienda cuando él era el titular.

Cuando Alba fue nombrado ministro, los periodistas dijeron a March: «Ahora sí que tendrá las puertas del Ministerio abiertas de par en par.» March sonrió maliciosamente y respondió: «No seré yo quien vaya a visitarlo, será él quien venga a verme cuando yo lo estime oportuno.» El político castellano estaba muy ligado a los intereses de March. Había fundado Izquierda Liberal, facción que siguió formando parte del partido Liberal monárquico. Para dar apoyo mediático a esta opción política, March fundó el diario La Libertad. Para hacerse una idea de la baja categoría moral de Santiago Alba sería suficiente con recordar las palabras pronunciadas por su propia hija y comentadas por Jaime Gil de Biedma: «España no se merece políticos como mi padre.»[3]

Alba decía de March: «Es persona que tiene un juicio muy claro, y un lenguaje tajante que siempre va al fondo de las cosas. Pero no coge la pluma así le aspen.»[4]

Entre las múltiples medidas que adoptó el ministro para favorecer los intereses comerciales de March nos referiremos a la adoptada en 1916, cuando publicó un decreto en el que prohibía la exportación de arroz desde Valencia. La decisión ministerial hizo bajar los precios porque se preveía que habría excedentes. Los agentes de March durante la prohibición compraron importantes partidas de arroz. Una vez que hubieron acaparado buena parte de la cosecha, un emisario de March comunicó al ministro que había un excedente que no podrían absorber los mercados locales. Alba, como es obvio, no movilizó la inspección de abastos para verificar la certeza de la información y concedió a March los permisos especiales de exportación de arroz, no fuera cosa de que se echara a perder. March, que había comprado el arroz barato, pudo venderlo a precio de oro en el extranjero.

March era un especialista en el contrabando de tabaco, había creado una organización poderosa que operaba en el Mediterráneo occidental, casi en régimen de monopolio. Según un informe del ministro de la Marina francés, que transmitió a su homólogo de Finanzas, la zona de operaciones de March se inscribía en un cuadrilátero, los vértices del cual eran Orán, las islas Baleares, Barcelona y Tánger.

Estibar nuevas mercancías en sus barcos no supuso ningún cambio sustancial. Sus tripulaciones estaban habituadas a escaparse de las persecuciones de los barcos de vigilancia. Igual que en el contrabando de tabaco, era imprescindible corromper a agentes y políticos, con tal de asegurarse su complicidad, hecho que evitaba la mayoría de las confiscaciones y detenciones.

El producto más solicitado en los países europeos había pasado a ser el trigo, y los hombres de March tenían organizada su exportación clandestina desde el litoral de la isla. En los pueblos trigueros de Mallorca, al final de la primavera, unos días después de haber segado con la hoz las mieses, los campesinos iban de madrugada a juntar las gavillas que cargaban en el carro. Cuando estaba listo se dirigían a la era, donde las dispersaban para molerlas con la trilladora de piedra de cantos vivos. El animal debía dar muchas vueltas al trote, a pleno sol, para que se separara el grano de la paja. Cuando se había acabado la trilla y el grano estaba en los sacos bien atados, se apilaban sobre el carro. Cuando ya no cabía un saco más, el carretero cogía el camino que se dirigía al borde del mar. Allí los estibadores los cargaban al hombro y entraban unos pasos en el agua, para pasárselos luego a los marineros situados en la cubierta del laúd. A continuación, los disponían de manera que cupieran cuantos más mejor. Una vez que estaba abarrotado ponían proa mar adentro e iban a transbordar la mercancía a una embarcación grande que debía transportarla hasta un puerto extranjero, donde el trigo se pagaba a un precio exorbitante.

Otra forma de pasar el contrabando era la que practicaban los barcos de March que iban a cargar arroz y harina a los puertos de Valencia y Alicante. El armador declaraba a las autoridades que el destino de las mercancías era el puerto de Palma. Pero los patrones de los barcos no tenían las mismas órdenes y, cuando se habían alejado del puerto, rectificaban el rumbo y se dirigían hacia los puertos europeos, donde la carga aumentaba considerablemente de valor.

«El Gobierno actual, sin meterse en averiguar el verdadero origen de estas anormalidades, cree remediarlas poniendo trabas al embarque desde puertos españoles de cereales y demás artículos alimenticios destinados a Baleares.»[5]

Muchas mercancías, cuya exportación estaba prohibida, se estibaban en los vapores correo de la Isleña, naviera participada mayoritariamente por March, ante la absoluta complicidad de los oficiales de aduanas. Para no llamar la atención y para no ganarse la ojeriza de la población, que pasaba hambre, el trust exportador declaraba a la aduana el embarque de productos de libre exportación: higos secos, almendras, pulpa de albaricoque, algarrobas, etc., que servían de tapadera para ocultar aquellos que la legislación desautorizaba. En el interior de las cajas, cajones y sacos se metían judías, arroz, harina, latas de aceite, embutidos, azúcar, etc. Pero antes de estar llenos se ocultaba todo con productos declarados para camuflar los prohibidos. Así, todo tenía una apariencia legal.

Juan March intuyó que la crisis de subsistencias podía desencadenar una revuelta social de consecuencias imprevisibles y que él podía verse directamente afectado. Por este motivo, consideró oportuno ganarse las simpatías de las sociedades obreras. El 6 de febrero de 1918, March recibió a una comisión de obreros encabezada por los dirigentes socialistas Miquel Porcel y Julià Ferretjans. El contrabandista les anunció que quería invertir una parte de las ganancias que le habían generado sus prósperos negocios en obras que repercutieran en la potenciación de las organizaciones obreras, en elevar el nivel formativo de los obreros y en mejorar sus condiciones de vida. Se manejaron diferentes alternativas: construir casas baratas, escuelas para los obreros o un edificio que se convirtiera en la sede de las organizaciones obreras. Finalmente, los representantes de las sociedades decidieron que March les construyera una Casa del Pueblo.

March, cuando le convenía, desplegaba un agudo cinismo que escenificaba de múltiples maneras de acuerdo con cada situación. En este caso, pidió a uno de sus colaboradores que fuera a buscar a su primogénito, Juan. El chaval estaba cohibido en presencia de aquel grupo de hombres mayores, agachó la cabeza y no se atrevía a levantar la mirada del suelo. Su padre lo cogió del brazo y se acercó a él: «Venga, di a estos señores lo que me has pedido.» El hijo obedeció al requerimiento de su padre y repitió la lección aprendida: «Querría que hiciera un donativo a los obreros, para que así participaran de su riqueza.» March afirmó en tono solemne: «No puedo negarme a satisfacer la generosidad de mi hijo.»

A continuación, dijo a los representantes obreros que desde aquel momento se comprometía a construir una Casa del Pueblo sobre un solar municipal. ¿Cuáles fueron las razones para decirles que se debía construir en un terreno urbano de propiedad municipal? Era una estrategia pensada para demostrar a las sociedades obreras hasta qué punto eran retrógrados los conservadores y los seguidores de Antonio Maura en el Ayuntamiento de Palma. Porque ya sabía con anterioridad que la mayoría municipal denegaría la solicitud.

En el primer plenario que se celebró en el Ayuntamiento de Palma, el concejal socialista Llorenç Bisbal, líder del PSOE, pidió al alcalde que el Ayuntamiento cediera un solar municipal para construir la nueva Casa del Pueblo. Obviamente, el grupo de los concejales liberales de March dio un apoyo entusiasta a la propuesta, y también los reformistas, aunque con ciertas reticencias por miedo a hipotecar, en el futuro, la libertad de crítica a las actuaciones de March.

El sector conservador del consistorio puso el grito en el cielo. El concejal Fons Jofre de Villegas proclamó que las Casas del Pueblo eran núcleos de proselitismo socialista, desde donde irradiaba la propaganda revolucionaria. No sería lógico que una institución municipal, que defendía el orden establecido, potenciara las organizaciones que tenían como objetivo subvertirlo. A continuación, deploró que la minoría liberal diera apoyo a una iniciativa que impulsaría la actividad revolucionaria. Acabó diciendo que antes o después se arrepentirían.

El representante de Verga en el consistorio, el concejal Lluís Alemany, le respondió que su voto favorable respondía a la creencia de que las Casas del Pueblo no representaban ningún peligro para la doctrina liberal que profesaba. El socialismo, en su opinión, podía integrarse perfectamente en el sistema político vigente, porque con su incorporación se ampliaría la representatividad social de un régimen que estaba muy necesitado de ella para sobrevivir.

Llorenç Bisbal, cuando se percató de que las cosas no pintaban bien, intervino nuevamente para referirse a las cesiones de solares y donaciones que en el pasado había hecho el Ayuntamiento de Palma a la Iglesia católica. Este trato de favor lo consideraba injusto, porque significaba favorecer con los impuestos de todos los contribuyentes a una institución que debería ser financiada solamente por los católicos.

El alcalde, Martínez Rosich, lamentó que Juan March hubiera condicionado la financiación de la construcción de la Casa del Pueblo a que el Ayuntamiento de Palma cediera una parcela municipal, con el agravante de que lo había hecho sin haberle informado previamente de ello. Lo cual, dijo, implicaba una falta de consideración hacia la primera autoridad municipal, representada por él. Pero aseguró que, en ningún caso, la falta de cortesía de March condicionaría su decisión. Adelantó que votaría en contra de la moción presentada por los socialistas. A continuación, explicó cuál era su razón para oponerse: creía del todo improcedente que un ciudadano cualquiera, en este caso Juan March, involucrara al consistorio en un proyecto estrictamente personal.

El debate se convirtió en una disputa acalorada, en un tira y afloja entre defensores y detractores de la iniciativa, que no condujo a ninguna parte. Ante este estancamiento, el alcalde sometió la propuesta a votación. Conservadores y mauristas votaron en contra. Como tenían mayoría, la proposición no prosperó. Los militantes obreros que llenaban a reventar la sala de plenos comenzaron a increpar a los concejales que se habían opuesto. Se formó un pequeño tumulto en la sala, que continuó en el exterior cuando los reunidos en la plaza de Cort se enteraron de la negativa. La multitud se agitó en una gran confusión de gritos y vocerío. El orden se vio alterado cuando algunos manifestantes trataron de agredir a los concejales conservadores. La rápida intervención de la policía municipal evitó que se consumara la agresión.

Con esta jugada, March pretendía matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, quería dejar claro que él y sus seguidores políticos representaban el capitalismo avanzado que quería entenderse con las organizaciones obreras para progresar en un clima de diálogo y de concertación. Por otro lado, hizo ver a los dirigentes del movimiento obrero que seguía habiendo una derecha reaccionaria que quería ahogar sus organizaciones con tal de poder disponer de una mano de obra servil y barata.

Días después del polémico plenario, los representantes obreros visitaron nuevamente a March para preguntarle qué se podía hacer para que el proyecto no quedara estancado. March les propuso que, mientras se buscaba un solar idóneo, haría un depósito de 100 000 pesetas cuyos intereses servirían para pagar el alquiler de un local donde las sociedades obreras celebraran sus reuniones y llevaran a término sus actividades.

Era una estratagema para mantener atadas a las sociedades obreras e impedirles actuar libremente en el ejercicio de la crítica y atajar las protestas contra sus actividades comerciales que más perjudicaban al pueblo llano: la exportación de víveres y de carbón. De ello se quejaban los anarquistas y los republicanos. Los primeros hicieron su particular interpretación en el semanario Cultura Obrera; «Cómo se frotaría las manos de contento el Sr. March, después de que su portentoso cacumen dio luz a tan sublime proyecto.»[6] El articulista afirmaba que con su donativo había levantado un infranqueable dique que contendría las justas aspiraciones de la clase obrera.

El Abuelo, órgano de difusión de los republicanos, recalcaba la astucia de March de pagar, mientras la Casa del Pueblo no estuviera acabada, el alquiler del local de las sociedades obreras: «Así cada treinta días, que es un plazo muy breve, se acuerden los obreros del favor de D. Juan March.»[7] Además, revelaba sus temores de que la medida, en vez de tener un carácter provisional, se alargara de forma premeditada.

Los ultraconservadores declaraban que con la Casa del Pueblo, March había adquirido un salvoconducto para los días en que las masas obreras se sublevasen. El director del semanario La Vanguardia Balear acababa su artículo de opinión escribiendo: «Los obreros de la Federación tocan a gloria por la Casa del Pueblo. Pero no crean que ello no les liga, siquiera con lazos de gratitud, a un burgués. Ello les hace abdicar de su republicanismo y les convierte en monárquicos del rey del Tabaco.»[8]

Un rasgo de modernidad en la personalidad de March era haberse percatado de la importancia de la prensa escrita en la nueva sociedad de masas. Después de haber neutralizado al movimiento obrero, quiso convencer a un sector de la población más ilustrado y liberal, a través de este medio de comunicación, de que él era ajeno a los acaparamientos y a las exportaciones de productos prohibidos por la Ley de Subsistencias. Nuevamente, menospreció la sinceridad para rechazar la acusación popular que lo señalaba como el principal causante de las privaciones y el hambre que padecían muchos ciudadanos. Se dirigió a la opinión pública mediante una carta personal que publicó el diario Última Hora:

«De algún tiempo a esta parte he podido convencerme de que ciertos elementos y personas fomentan en contra mía una campaña para mostrarme ante el pueblo como el acaparador de substancias alimenticias y, por consiguiente, causante en gran parte de los males y privaciones que sufre aquél por falta o carestía de aquéllas. No culpo al público que haya podido creer tales falsos hechos, pero sí a quienes con refinada malicia han lanzado la noticia a sabiendas de que era falsa, y sólo con el objeto de satisfacer una venganza o encubrir así una torpe actuación de aquellos que oficialmente venían obligados a alejar el mal o a portar sus remedios, y que lejos de esto han ayudado en gran manera a crear y agravar el conflicto actual.

»Os aseguro que cuanto [de] mí se ha dicho con el asunto de subsistencias es completamente falso; y tanto es así, que estoy dispuesto a facilitar gratuitamente el dinero que se quiera y para la obra que se desee, si alguien a juicio de la Cámara de Comercio, del director de este periódico o de quien se crea conveniente, demuestra que desde cinco años a la fecha he intervenido directa o indirectamente en ningún negocio de compraventa o exportación de aceite, patatas, judías, alubias, arroz, trigo, harina, verdura, vino, almendras, carbón vegetal, madera, higos y otros productos de Mallorca que interesen a la vida del pueblo… Y ahora, puesto en cierta manera a tratar del grave conflicto social, séame permitido exponer mi modesta y sincera opinión.

»Entiendo que la solución del mal que padecemos en esta isla no está en poner tasa a los artículos de primera necesidad, sino todo lo contrario: en dejar […] en completa libertad al productor y al vendedor, manera eficaz de evitar a los acaparadores cuya existencia debe impedirse y castigarse por todos los medios posibles. No se olvide que por respetables que sean los intereses del consumidor no lo son menos los del productor y que en Mallorca la inmensa mayoría de éstos están en la clase pobre o modestísima, no siendo lógico ni lícito atender a los intereses de uno perjudicando injustamente a los de los otros […] dada el alza que fatalmente y con motivo de la guerra han sufrido los artículos de primera necesidad; su adquisición en la necesaria cantidad es imposible a quienes no han visto aumentar sus medios de vida […] la más urgente solución de gran parte del problema está en restablecer el necesario equilibrio en el presupuesto familiar, y ello […] sólo puede lograrse aumentando los sueldos y jornales a quienes los perciben escasos, e iniciando obras donde puedan ganarlo los que ahora carecen de él […] y en especial el Ayuntamiento de Palma […] Y como es muy posible que la Corporación Local no disponga en estos momentos del dinero suficiente para emprender las grandes construcciones o mejoras que han de ayudar a solucionar la crisis que se padece, es imprescindible que quienes lo tengan se apresuren a ofrecérselo en condiciones ventajosas […]. Débese sin pérdida de tiempo convocar una reunión de Fuerzas Vivas […] de la que salga el acuerdo de solicitar del Ayuntamiento la inmediata realización de un empréstito […], empréstito que deberá ser amortizado en su día mediante arbitrios que pesen muy especialmente sobre el lujo, la clase rica o toda manifestación de riqueza […].

»Creo inútil decir, señor director, que para la solución que he expuesto estoy dispuesto a colaborar en la medida que me obliga mi posición.»[9]

El principal responsable de la crisis de subsistencias se atrevía, como si fuera el hombre más honesto del mundo, a hacer una crítica de las actuaciones adoptadas por las autoridades para paliar sus efectos más perniciosos. En la segunda parte de su manifiesto, como experto en economía, diseñaba una estrategia de choque para salir de la situación crítica que se vivía en Mallorca. Entre las medidas urgentes a adoptar incluyó la subida de los salarios, la supresión de las tasas (precios intervenidos) y el despliegue de un plan de obras públicas para solucionar el problema del paro. También reclamaba que se decretara un nuevo impuesto que gravara la riqueza y se destinara a financiar las obras. Como ciudadano «ejemplar» se ofrecía a colaborar con su dinero en las iniciativas públicas que se llevaran a término. Una parte de su crítica estaba basada en la doctrina del liberalismo económico, ya que consideraba negativa la política intervencionista de las autoridades en la tasación de los precios de la mayoría de los productos del mercado y prohibiendo su exportación. En cambio, reclamaba el compromiso de las instituciones en la reactivación de la economía. Actuación más propia de un capitalismo preocupado por la vertiente social.

El manifiesto fue bien recibido entre los sectores más progresistas y liberales de la sociedad, que se dejaron engañar. Mientras que los industriales, constructores, pequeños comerciantes y grandes terratenientes, que tenían mano de obra contratada, rechazaron la subida de los sueldos y se negaron a admitir cualquier nuevo impuesto sobre los bienes patrimoniales o sobre las rentas.

Las mujeres, protagonistas de la revuelta del carbón

La oferta de donación de la Casa del Pueblo y la carta a la opinión pública fueron dos actuaciones de March que se produjeron pocos días antes de que estallara la primera revuelta popular por la carestía de los productos indispensables para la vida diaria de las personas. Los alborotos empezaron en la mañana del 18 de febrero de 1918. Como si se tratara de un brujo que anuncia lo que sucederá, March había buscado el amparo del movimiento obrero antes de que las cosas se torcieran.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Mallorca importaba grandes cantidades de carbón inglés para el funcionamiento de las industrias y de los transportes ferroviarios y marítimos. El bloqueo submarino de las Potencias Centrales, que se intensificó durante 1917, interrumpió temporalmente este flujo comercial. Circunstancia que hizo aumentar las extracciones en las minas locales que estaban en plena actividad antes de la guerra e impulsó la explotación de otras nuevas, donde se obtenía un carbón de bajo poder calorífico que, en tiempos de paz, no hubiera tenido cuota de mercado. Juan March puso en explotación minas de carbón a cielo abierto en el pueblo de Mancor del Valle. Pero, como gran comerciante que era, compraba para exportar buena parte de la producción de carbón mineral y vegetal que se extraía o se producía en la isla de Mallorca.

El incremento de las extracciones locales no fue suficiente para compensar los déficits que se generaron a causa de la interrupción de las exportaciones, ya que un porcentaje muy alto de esta producción se embarcaba en dirección a los puertos del continente europeo, donde los elevados precios que pagaban los importadores extranjeros actuaban de incentivo a la exportación. La producción de carbón vegetal también aumentó considerablemente. La deforestación que comportaba hizo que surgieran algunas voces críticas. Pero la débil desaprobación manifestada por unos pocos ciudadanos con conciencia ecológica no consiguió frenarla. El carbón era considerado por la Ley de Subsistencias un producto de primera necesidad, utilizado en los hogares para cocinar en los fogones, y en las chimeneas y braseros para calentar a las familias que allí habitaban.

En la mañana del 18 de febrero, después de haber pasado una noche sin poder encender el fuego por falta de carbón, un numeroso grupo de mujeres y niños, con los pies y las manos heladas, recorrieron todas las carbonerías de la ciudad tratando infructuosamente de poder comprar carbón. Las existencias se habían agotado desde hacía días. Ante la cruda realidad, acudieron a las autoridades para que les dieran una solución de emergencia. Primero, se concentraron en torno al Gobierno Civil, donde una comisión fue recibida por el gobernador que, después de escuchar sus demandas, les informó que el suministro era competencia del alcalde.

Las mujeres, encolerizadas, cogieron de la mano a sus hijos y se dirigieron en masa hacia el Ayuntamiento. Cuando llegaron, las más resueltas subieron las escaleras para entrevistarse con la primera autoridad municipal. El alcalde las recibió en su despacho y escuchó sus quejas expresadas sin pelos en la lengua. El mandatario tenía la cara demudada ante la rabia que se traslucía en los ojos de unas mujeres desesperadas que luchaban por la supervivencia de los suyos. Las miradas amenazadoras lo inquietaban, no las tenía todas consigo y con un hilo de voz les expresó su extrañeza por lo que les había dicho el gobernador, puesto que era él y no el alcalde quien estaba facultado para adoptar medidas para resolver una necesidad imperiosa. Aquellas palabras provocaron la furia de quienes reclamaban hechos y no palabras. Además, aquellas mujeres no querían saber nada a quién (o a cuál) de los gobernantes competía esta responsabilidad, lo único que les importaba era que se les diera una solución. El ambiente se había ido enrareciendo cada vez más y el alcalde no veía la salida de aquella enojosa situación. De golpe, se le ocurrió dictar a su secretario una carta dirigida al gobernador, en la cual le rogaba que pusiera todos los medios a su alcance para satisfacer la justa demanda de aquella pobre gente. El secretario transcribió literalmente las palabras del alcalde. El funcionario había permanecido todo el tiempo a su lado, tieso como un palo de escoba, con cara de desenterrado y sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Después de firmarla, el alcalde se la dio a la más malcarada del grupo y le dijo que él había hecho cuanto podía. «Ni poco ni mucho ni nada, señor alcalde.» Sin esperar a que las mujeres salieran de su despacho, cogió la puerta y se marchó corriendo a refugiarse en una de las salas de la casa consistorial. El secretario lo siguió y, si no hubiera sido por no romper el protocolo, lo habría precedido.

La causa de la revuelta fue la connivencia de las autoridades con los grandes exportadores contrabandistas, delictiva y en absoluto previsora. Aquellas mujeres se percataron de que por el camino de la súplica no se resolvería su problema, y echaron por el atajo. En la calle Unió, no demasiado lejos de la sede del Gobierno Civil, la gente detuvo un carro cargado de carbón. Pidieron al carretero que les vendiera la mercancía, a lo cual éste se negó. De golpe, mujeres y niños asaltaron el carro y se apropiaron de todo el carbón. Como no había para todos, otros carros que transportaban carbón hacia el muelle fueron interceptados y salteados.

La noticia del suceso corrió como un reguero de pólvora. Los hombres abandonaron sus lugares de trabajo y se sumaron al revuelo. Se juntó una multitud, que se dirigió al puerto, convencida de que allí encontraría carbón y víveres. Los carabineros y guardias civiles que estaban de vigilancia en la zona portuaria no pudieron detener a aquella masa enloquecida. La gente requisó cuanto había apilado en los almacenes del muelle: carbón, harina, garbanzos, bacalao, patatas, arroz, judías, etc.

En el cruce de la calle Conqueridor con la calle de la Marina, los manifestantes obligaron, poniendo en riesgo sus vidas, a que se parara el tren que se dirigía al muelle. Todos los vagones iban repletos de carbón. Los hombres y las mujeres empezaron el expolio. Pero no tardaron en llegar las fuerzas del orden a caballo. La multitud les gritó y plantó cara. Entonces, los guardias se emplearon a fondo, mientras los concentrados se defendieron lanzándoles trozos de carbón. Los guardias dispararon sin contemplaciones y el joven Miquel Cabotá, militante socialista, cayó malherido. Pocos días después murió en el Hospital Provincial.

El vicecónsul británico en Mallorca consideró los alborotos lo suficientemente graves como para estimar adecuado transmitir un informe a sus superiores donde explicaba los antecedentes, los hechos y las consecuencias. A su juicio, las fuerzas del orden habían actuado con una brutalidad inusual.

Las autoridades militares impidieron que, el día del entierro, Miquel Cabotà recibiera el homenaje popular que pretendía el Partido Socialista. Temieron que el acto degenerara en un nuevo tumulto. Al día siguiente del sepelio, el partido convocó una manifestación de protesta contra la actuación sangrante de las fuerzas del orden. Miles de obreros recorrieron las principales calles de Palma reclamando justicia y la dimisión del gobernador.

El motín no obedeció a una estrategia preconcebida y organizada por ningún grupo político de izquierdas o por las sociedades obreras. Fue una típica revuelta espontánea motivada por la carencia de un producto que en la época era esencial para la supervivencia. Anarcosindicalistas, socialistas y miembros de las sociedades obreras intervinieron, pero no la instigaron.

En Tòfol, revista satírica, fue extremadamente crítica con los acaparamientos y las exportaciones ilegales: en uno de sus números publicó una sátira titulada «El Tenorio de este año. Don Juan acaparador (Juan March) y Doña Inés (Mallorca) acaparada»:

Doña Inés:

No embarquéis ya más, D. Juan,

que no podré resistir

mucho tiempo sin morir

si ayuno con tanto afán…

[…]

¿Y qué he de hacer ¡ay de mí!

sino caer en vuestros brazos

si hasta el carbón en pedazos

me estáis robando de aquí?[10]

El gobernador José Estruch dictó un bando, que se hizo público la misma noche de los alborotos, en el cual exponía que con la excusa de la falta de carbón, primero las mujeres y los niños, y después los hombres, mal aconsejados, se habían apoderado de forma violenta de bienes privados y habían agredido a la Guardia Civil. Todo esto había sucedido, opinaba el delegado del Gobierno, precisamente cuando las autoridades estaban haciendo gestiones para ponerle remedio. Hacía saber a la ciudadanía que la complejidad de la crisis de subsistencias no se revolvería con disturbios ni motines, ni mucho menos con ataques a la fuerza pública, que estaba obligada a reprimirlos y a defenderse con las armas de fuego. Más adelante, aseguraba que era el primero en lamentar que los enfrentamientos en la calle hubieran causado un muerto y numerosos heridos, pero, a pesar de estos hechos desgraciados, se mantenía firme y había dado la orden a la Guardia Civil de seguir actuando enérgicamente hasta restablecer completamente el orden público. Porque ésta, recalcaba, era su responsabilidad primordial con el fin de salvaguardar la propiedad privada y defender la integridad de las personas: los bienes antes que las personas. El Obrero Balear, portavoz del Partido Socialista, pidió la dimisión del gobernador, por considerarlo responsable de los alborotos y de la muerte de uno de sus militantes: «Habéis dado lugar con vuestra imprevisión e impericia al grave conflicto del carbón, para daros el gusto de sacar la fuerza armada a la calle y resolver a tiros el problema. Y un gobernador que así procede ¿no merece al menos que se le castigue con la destitución de su cargo?»[11]

Los rumores acusaban a March y a su socio Antoni María Quès de todos sus males, pero las sociedades obreras y el Partido Socialista se cuidaron mucho de atizar el fuego de la repulsa popular contra los grandes comerciantes contrabandistas. Como no se cansaron de repetir los socialistas, March era el único capitalista que se había preocupado por la clase trabajadora. Cuando March dio su palabra a las sociedades obreras de que les construiría una Casa del Pueblo, les aseguró que no pedía nada a cambio. Pero hay un dicho que desmiente esta aseveración: «Quien algo da, algo espera.»

La revuelta del carbón, durante años, quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo. Cuando la gente se reunía para celebrar un acontecimiento festivo, si en el grupo había algún glosador, cuando le venían a la memoria aquellos hechos, improvisaba una glosa:

Las mujeres carbón reclaman

al alcalde y al gobernador,

sin saber que lo acaparan

tanto Verga (March) como Torró (Quès).

La población de las islas había sido golpeada a lo largo de los siglos por crisis de subsistencias y por epidemias. Fernand Braudel, un estudioso de los pueblos ribereños de la cuenca mediterránea, durante el siglo XVI, nos habla de estos flagelos recurrentes que padecían sus habitantes, particularmente los que vivían en las ciudades.

En 1918, coincidieron en Mallorca estos dos males endémicos. La población no tenía bastante con sufrir una larga carestía de alimentos y de fuentes de energía, como para que se tuviera que añadir a eso una virulenta epidemia de gripe. Muchos de los habitantes de la isla de Mallorca fueron atacados por el virus y no pudieron superar la enfermedad. Las estadísticas hablan de miles de muertos y de afectados. La epidemia se mostró muy maligna en Palma.

La población de algunos pueblos del interior fue diezmada de tal manera que éstos quedaron prácticamente despoblados.

Los alborotos del hambre

En 1919 había acabado la Gran Guerra, pero la escasez de artículos alimentarios y de carbón en las zonas urbanas se había agravado cada vez más. Los países que habían participado en la guerra aún no habían readaptado sus sistemas productivos a los tiempos de paz y seguían importando una gran cantidad de productos básicos. Los acaparamientos y las exportaciones clandestinas seguían a un ritmo creciente. La Cámara de Comercio, a través de un informe, alertaba del peligro de conflictos si no se solucionaba de inmediato el abastecimiento de harina.

«Para conjurar el gran conflicto que se avecina, extreman las autoridades sus medidas de previsión y, sin embargo, se teme por el pueblo la plaga de hambre. No es extraño, pues, que se detengan los carros de trigo al pasar de tránsito por los pueblos, ni que se impida con motines el embarque legítimo de subsistencias. Sobre esta escasez, que será falta absoluta a principios de 1919, debe llamar esta Cámara la atención del Gobierno para que se importen y repartan cargamentos de harina, único medio de evitar el desastre temido.»[12]

En febrero de 1919 se inició en el mercado de la plaza Mayor una pelea entre unas mujeres que habían ido a hacer la compra y una vendedora que quería venderles las coles a precios abusivos. El hecho de no respetar los precios tasados sobre la mayoría de los artículos y productos que se ponían a la venta era una práctica que se repetía cotidianamente en aquel período de privaciones y de caras desconsoladas, aunque en general el comprador acababa resignándose a esa situación fraudulenta. Pero hete aquí que aquella mañana se organizó una protesta que, de golpe, adquirió magnitudes de motín. La gente, que desde hacía tiempo se encogía de hombros ante la carestía y los precios inasequibles para la mayoría de los consumidores, liberó su cólera y comenzó a saquear todos los puestos de venta de la plaza.

El gobernador, informado de los alborotos, se encaminó al mercado acompañado por el regidor socialista Llorenç Bisbal: pensaba que la influencia y el prestigio del líder socialista entre la gente humilde ayudaría a poner paz. El gobernador se dirigió a los amotinados conminándolos a que pusieran fin al expolio. Les aseguró que, de ahora en adelante, se redoblaría la vigilancia para que se respetaran las tasas en el mercado sobre los productos de primera necesidad, y que haría cuanto fuera preciso para abastecer suficientemente a la ciudad. Pareció que los ánimos se habían apaciguado. Era una percepción errónea, la revuelta acababa de comenzar.

Una multitud encolerizada acudió a la plaza del Ayuntamiento para exigir que se les proporcionaran víveres para no morir de hambre. Si a los que tenían la suerte de disponer de un puesto de trabajo los sueldos no les alcanzaban para comprar lo imprescindible con que satisfacer las necesidades más primarias, ¿cómo hacían para sobrevivir los que estaban en el paro? Sus cuerpos mal alimentados corrían el peligro de contraer alguna de las muchas enfermedades que habían proliferado. Muchos sobrevivían gracias a las ayudas de las entidades religiosas. Ante este panorama social tan desolador, era insoportable ver que todas las tardes las autoridades permitían estibar víveres y carbón en los barcos que zarpaban del puerto de Palma.

La protesta subía de tono. Previendo Bisbal que todo se podía desbordar, pidió al alcalde accidental, Barceló Caimari, que saliera al balcón y que intentara aplacar la ira de los concentrados, prometiéndoles la adopción de medidas drásticas y urgentes que aligerasen los efectos nefastos de la crisis.

Los manifestantes no quedaron satisfechos con las promesas y se encaminaron al encuentro del gobernador, que comía en el Gran Hotel, como si fuera ajeno a lo que pasaba. Un reducido grupo se adelantó a los manifestantes y pidió a los guardias que lo escoltaban que le comunicaran su propósito de entrevistarse con él. Pero la primera autoridad civil se negó a recibirlos, alegando que había traspasado el poder a los mandos militares. El recurso a la militarización fue empleado con frecuencia por las autoridades civiles, en el curso de las últimas décadas de la Restauración, cuando se producían este tipo de revueltas sociales o de conflictos laborales. La medida suponía involucrar al Ejército en las tareas de represión social, lo cual le otorgaba durante los períodos de crisis un excesivo protagonismo. Esta dinámica acabó fortaleciendo su peso político dentro del sistema.

A pesar de la proclamación del estado de excepción, las revueltas continuaron durante toda la jornada. Cuando los manifestantes se acercaban a los hornos, con actitud desafiante, los panaderos les entregaban todo el pan que habían cocido con tal de evitar que las masas destrozaran sus propiedades y les agredieran.

Como había ocurrido el año anterior, una multitud invadió la zona portuaria, donde todo el mundo sabía que encontrarían comida. Pelotones del Ejército irrumpieron en la calle para reforzar la tarea de la Guardia Civil y ahogar la revuelta. Se produjeron enfrentamientos bastante violentos, que afortunadamente no causaron víctimas mortales.

Los dos hombres fuertes del trust exportador, Juan March y Antoni Maria Quès, suscitaron durante toda la jornada la cólera y el odio de la gente. La residencia de Juan March en la calle de Sant Miquel fue apedreada. La rápida intervención de un pelotón de la armada de caballería evitó que el incidente pasara a mayores. Antoni Quès, Torró, fue insultado por un grupo de manifestantes cuando se dirigía a su despacho. De nuevo, la intervención de fuerzas del Ejército impidieron que se pasara de las palabras a las manos.

La Isleña, compañía naviera, de la cual los dos personajes citados eran los principales accionistas, no quedó al margen de la furia de los manifestantes. Un grupo numeroso se concentró delante de ella y sus integrantes comenzaron a insultar y a apedrear a los empleados porque seguían trabajando, como si lo que sucedía no fuera con ellos. En un primer momento, se negaron a interrumpir su actividad laboral. Cuando comprendieron que era arriesgado seguir resistiendo, decidieron cerrar la sede de la compañía marítima y abandonar su trabajo.

Al atardecer, asaltaron los almacenes de Pomar Kleber, razón social relacionada con el trust exportador de March. En el interior de estos almacenes se encontraron pilas de cajas a la espera de ser embarcadas con destino al puerto belga de Amberes. Todas llevaban escrito, en las tapaderas: «J. M. y Quès Amberes.» Estos disturbios pusieron al descubierto el subterfugio utilizado por los exportadores, ya que cuando la gente, aturullada, volcaba algunas cajas, los higos secos que asomaban por encima se esparcían por el suelo, y sobre ellos aparecían las judías, el arroz, los garbanzos y los embutidos que se habían ocultado debajo.

Controlada la situación, los militares emprendieron una intensa represión, y muchos domicilios fueron registrados a fin de recuperar las mercancías robadas. Más de treinta personas fueron detenidas y encarceladas. El concejal republicano Quetglas fue arrestado bajo la acusación de haber alentado a las masas a vulnerar el derecho de propiedad. El semanario La Voz del Pueblo, órgano del partido republicano, justificaba la conducta del pueblo, motivada por la desesperación de éste ante la complicidad de las autoridades con Juan March, Antoni María Quès, Bartolomé Servera (suegro de March) y Pomar Kleber, los principales contrabandistas y acaparadores.

«El público sabe, porque es cosa cierta, que el Sr. March tiene fletado un vapor que lleva comestibles a Amberes. La actitud que se tomó apedreando la casa de D. Juan March, antes de que llegara el piquete de caballería […], fue una evidente demostración de que el pueblo no se inclina silencioso ni condicionado a la voluntad de un hombre que dice regalar veinte mil duros para un edificio [la Casa del Pueblo]. Aquellas pedradas que se lanzaron al frontispicio de la morada del multimillonario significaban arrojar en pleno rostro del Sr. March el miserable puñado de pesetas que él creía suficientes para que un pueblo honrado pusiera en sus manos lo que más estima: la libertad.»[13]

Los anarquistas criticaron con acritud la actuación de Llorenç Bisbal durante los disturbios, porque consideraron que el dirigente socialista había hecho el juego a la burguesía y a March en particular. Con su actitud de calmar los ánimos de la gente sublevada había intentado desactivar el motín, exhortando a los manifestantes a regresar a su casa con promesas que sabía que acabarían incumpliéndose. Para los anarquistas, Bisbal quedaba inhabilitado para encabezar en un futuro próximo un movimiento revolucionario.

Después de los alborotos, los grandes comerciantes temieron que la presión popular consiguiera forzar a las autoridades a prohibir la exportación de productos agrícolas y ganaderos. La Cámara de Comercio convocó, la misma tarde de los disturbios, una reunión extraordinaria a la que acudieron comerciantes e industriales. Juan March, Verga, no compareció, pero sí envió a su lugarteniente Antoni Maria Quès y a su abogado Joaquim Pascual. Ambos defendieron con vehemencia la continuidad de las exportaciones. Claro que en público se referían a la exportación de los artículos de libre comercio.

Al día siguiente, se celebró una segunda reunión para proseguir las discusiones y adoptar las medidas pertinentes en defensa de sus intereses de clase. Los comerciantes que practicaban el comercio legal quisieron desmarcarse ostensiblemente de los llamados «comerciantes contrabandistas». En el transcurso de la reunión, el socio de la Cámara, Parets, expresó que el día anterior no había aludido al tema del contrabando porque había una representación de la prensa, pero hizo una petición: «Que por la honradez que a todos caracteriza, la Cámara proteste contra el contrabando y ofrezca su colaboración a las autoridades.»[14]

Ferran Alzamora, destacado ejecutivo de la Cámara y comerciante prestigioso, declaró: «Respecto al contrabando entiendo que el comercio honrado, por interés propio, debe estar frente al contrabando.»[15] El industrial Parets apoyó a Ferran Alzamora, dado que el contrabando de víveres era uno de los problemas más graves que afectaban a la sociedad mallorquina, y la raíz del conflicto.

Hubo diferencias a la hora de analizar la actuación de las personas que estaban al frente de las instituciones. La mayoría de los socios de la Cámara remarcaron la ineficacia de la Junta de subsistencias, presidida por el gobernador, creada para controlar los precios, frenar las exportaciones ilegales y garantizar el abastecimiento de los mercados locales. En cambio, Antoni Maria Quès consideró positiva la tarea realizada por la Junta. Siendo, como era, uno de los principales miembros del trust exportador, no podía quejarse del trato de favor que se les había dispensado, sobre todo por lo que hace a la entrega de autorizaciones especiales para exportar determinados productos prohibidos por la Ley de Subsistencias.

Como hemos reseñado antes, una manera de burlar la ley era que las mismas autoridades otorgaran permisos excepcionales de exportación justificados por la conveniencia de dar salida a los excedentes. En el transcurso del tiempo, estas autorizaciones se convirtieron en habituales.

Las diferencias de criterio entre los socios de la Cámara en determinados asuntos no fueron un obstáculo para llegar a acuerdos globales. La Cámara de Comercio, entidad que representaba los intereses de la burguesía, solicitó al Gobierno central la creación de un cuerpo de seguridad, similar al que tenía la burguesía catalana, el somatén, para proteger sus bienes y a las personas «respetables» de la cólera de los desheredados.

Antoni Maña Quès exigió que se castigara a los cabecillas de la revuelta y se eximiera de toda culpa a las masas. La Vanguardia Balear, un semanario próximo a las tesis políticas defendidas por Antonio Maura y muy crítico con las actuaciones de March, ironizaba sobre la anterior petición: «El mismo señor Quès quiso que se nombrara un abogado para perseguir judicialmente a los responsables directos del movimiento; pero esto encierra un peligro: que a la postre, los demandantes resulten a la vez demandados, si, como creemos, los responsables resultan ser los acaparadores.»[16]

Joaquim Pascual, abogado de March, de forma desinteresada, se puso a disposición de todos los damnificados que quisieran emprender acciones legales contra las personas que hubieran sufrido daños materiales. Una comisión de la Cámara de Comercio se comprometió a estudiar las indemnizaciones que había que solicitar al Gobierno, tal como se había hecho en otras regiones afectadas por los motines del hambre.

Una comisión de la Cámara de Comercio visitó al capitán general para hacerle una serie de peticiones: que no se pusieran trabas a la exportación, que se preservaran sus bienes y la integridad de las personas, y que se fuera implacable con los líderes del amotinamiento. La máxima autoridad militar de las islas, después de haber declarado el estado de excepción, respondió favorablemente a todas las demandas que se le hicieron. «Accedo a que continúe la exportación de los artículos a que hace referencia dicha comunicación y que constituyen una gran parte de la riqueza del país.»[17]

Los sucesos del día 18 de febrero habían tenido un fuerte impacto social. Las clases populares se habían levantado durante horas contra las autoridades que, con su lenidad, dejaban que el pueblo pasara privaciones con tal de que una minoría social pudiera seguir acumulando beneficios excepcionales.

Lo que más preocupó a las clases altas y a sus representantes políticos fue que las masas, durante un día entero, se habían hecho fuertes sin que el Ejército ni la Guardia Civil hubieran podido controlar el conflicto. La sensación de haber perdido el dominio sobre el pueblo llano causó miedo. Tenían la sensación de que su orden había evidenciado debilidad, situación que siempre envalentona a quienes están sometidos. Estaban preocupados porque no se había restablecido con presteza el principio de autoridad y el desorden se había adueñado de la ciudad. Cuando se sufre por el miedo, los segundos parecen horas. Pero cuando se teme perder la vida o la hacienda, la ansiedad se transforma en angustia y el tiempo se detiene. La gente acomodada vivió estas sensaciones el día de la revuelta.

El 24 de febrero de 1918 se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Palma, con un único punto del día: el problema de las subsistencias. Antes de iniciarse la sesión, se percibía que la tensión de la calle se había trasladado al interior de la sala. Durante el plenario, conservadores y mauristas responsabilizaron de los hechos a los grandes contrabandistas. El concejal socialista Llorenç Bisbal se sintió obligado a intervenir: el fantasma de March recorría la sala. Hacía un año que los socialistas se habían entendido con él y cobraban la subvención para pagar el alquiler del local, sede de las sociedades obreras, a la espera de que comenzaran las obras para la construcción de la Casa del Pueblo. El discurso que hizo fue de lo más desafortunado. En vez de referirse al jefe del trust exportador explicó la historia de su lugarteniente, Antoni Maria Quès, Torró. Contó que lo había conocido pobre como él mismo y que, según sus informaciones, ahora disponía de un capital de 500 000 duros. Lo criticó por haber exigido que se castigara severamente a los incitadores de la revuelta en la reunión de la Cámara de Comercio. Porque estaba convencido de que no los había habido, ya que había sido todo un pueblo el que se había levantado contra la injusticia y el hambre. A continuación, afirmó que los promotores de la revuelta habían sido los grandes exportadores y los acaparadores. Hombres cegados por la codicia, que no se detenían a considerar las nefastas consecuencias que su actividad causaba en los ciudadanos pobres, que eran la mayoría.

Bisbal creyó que sería una buena estrategia atacar a Torró, como si fuera el jefe de los comerciantes exportadores, así evitaría tener que referirse a Juan March. Fue una ingenuidad política, se había metido en un callejón sin salida. Ante las muestras de desaprobación de algunos concejales de la derecha, cogió un atajo y afirmó, raudo: «Se dice que Juan March es uno de los primeros contrabandistas; si fuera cierto, y yo lo supiera, no volvería a entrar en la Casa del Pueblo.»[18] Cuando acabó la frase, el barón de Pinopar lo miró sorprendido, como si quisiera preguntar: ¿cómo es posible que usted lo ignore? Bisbal se sintió aludido y respondió: «¿Usted tiene constancia?»[19] El barón le contestó que él no lo podía demostrar, que si tuviera pruebas lo denunciaría, aunque cuando todo el mundo daba por cierta una cosa, él se la creía. El maurista Villalonga Olivar, el concejal más crítico con el tráfico de subsistencias, exclamó, levantando el tono de la voz: «Aquí todos nos conocemos.»[20] Bisbal había salido malparado del debate, se le había visto el plumero. La derecha lo puso contra las cuerdas.

Bisbal había mostrado cargo de conciencia, dudas, por no saber si obraba correctamente cuando intentó resistirse a aceptar que el donante de la Casa del Pueblo era el causante de las privaciones que pasaba el pueblo llano. Se enfrentaba a un dilema: si lo admitía, como defensor de los intereses de los colectivos más desfavorecidos, como jefe del socialismo, no tenía otra salida que negarse a recibir, de ahora en adelante, ninguna subvención de March. Si ocultaba la cabeza bajo el ala, demostraba que el gran contrabandista lo tenía amordazado.

La extrema derecha no tardó en criticarlo en el semanario La Vanguardia Balear. Su director escribía en un artículo punzante y refiriéndose al líder socialista: «Y es que quiera o no la subvención que percibe la Casa del Pueblo, entorpece la lengua y resta claridad a los conceptos […]. El señor Bisbal no habló con la mano puesta sobre la conciencia, sino que buscó la argucia que había de armonizar el decoro propio con las conveniencias de la colectividad que él preside.»[21]

El dirigente socialista Montserrat Parets pensó que no era momento de echarse atrás, estaba en juego la influencia de los socialistas entre las masas obreras, afectadas de lleno por el tráfico clandestino de March y de sus socios. Razonó que la mejor estrategia era hablar claro, sin complejos, con las cartas sobre la mesa. Lo hizo mediante una carta abierta dirigida a Llorenç Bisbal que publicó el semanario socialista. En relación con la velada acusación del barón de Pinopar sobre las prácticas comerciales ilícitas de March, realizada durante el pleno del Ayuntamiento, la respuesta de su compañero —⁠consideraba— debería haber sido contundente. Opinaba que, aunque fuera cierta la denuncia formulada en el plenario contra Verga, siempre tendría el mérito de haber donado la Casa del Pueblo a los obreros. «Porque admitamos, amigo Bisbal, que Verga es un acaparador y un contrabandista; miles de acaparadores, de contrabandistas, de defraudadores, hay en Mallorca que han preferido encubrir sus vicios, estafas, sus fraudes, sus robos; erigiendo altares y capillas, ¿no se arrodillan los católicos ante una imagen que pudo haber regalado un señor de horca y cuchillo?»[22] Montserrat Parets le indicaba que la estrategia premeditada de la derecha era hacer responsable a March de todos los males que afligían a los obreros. El fin que perseguía era que la gente humilde se rebelara, que saqueara sus bienes y lo linchara. Así, acabarían con su principal enemigo. «Si Verga no estropeara negocios, mermara haciendas y arruinara nobles; si diera dinero a los curas, mantos a la Virgen y no regalara Casas del Pueblo, sería un piadoso varón, modelo de virtudes.»[23]

A la semana siguiente, Llorenç Bisbal respondió a la misiva de su compañero. Leyendo el escrito se deduce que se habían esfumado sus escrúpulos de la primera hora y se había dejado convencer por los razonamientos de su compañero socialista. Reconocía que se había equivocado cuando condicionó la aceptación de la Casa del Pueblo a que March no estuviera involucrado en el tráfico de subsistencias. «Pues sería un grave error y una ingratitud que no se merece D. Juan March, si la clase obrera, aunque tuviese constancia de que éste fuese contrabandista y acaparador, le rechazara la donación de la Casa del Pueblo.»[24]

Pretendió salirse del enredo con una paradoja: «March es el único capitalista que nos ha dado un cañón del 42 para combatirle a él y a todos los demás dioses del capitalismo.»[25]

Más que apelar a razones veraces, la mayoría de las personas, para salvaguardar sus intereses y reafirmar sus opiniones, aducen los argumentos que creen más convincentes, pero no siempre obtienen el resultado deseado. En este caso, los motivos en que se sustentaba su tesis no eran muy sensatos ni persuasivos. Quién podía creerse que March fuera tan ingenuo como para proporcionar armas al movimiento obrero que después pudieran utilizarse para hostigarlo.

March valoró tanto la defensa que le había hecho el socialista Montserrat Parets —⁠en aquella coyuntura tan propicia para concentrar todos los odios de la clase trabajadora sobre su persona—, que, cuando el capitalista puso en funcionamiento la fábrica de abonos de Portopí (1921), le reservó un puesto de administrativo, que el socialista aceptó de buen grado. March siempre tuvo una excelente memoria para recordar a quien le había hecho un favor.

Allendesalazar acusa a March, en el Senado, de ser el principal contrabandista del Estado

Mientras nos ocupábamos del contrabando de guerra y de víveres que realizaba March, con el cual ganaba un dineral, no redujo el contrabando de tabaco, dirigido preferentemente al extranjero, dada la gran demanda y los precios superiores a los que se pagaban en España.

En 1916, el conde de Romanones ocupaba, en plena guerra mundial, la presidencia del Consejo de Ministros. Era el prototipo de político de la Restauración, partidario de hacer prevalecer la adscripción política a los méritos, a la hora de elegir a los candidatos que optaban a un puesto en la Administración. Durante unos años había sido alcalde de Madrid. Entendía la política como un instrumento, una palanca para obtener prebendas y otorgar favores; para hacer dinero contante desde la presidencia de consejos de administración de grandes empresas, a los cuales tenía acceso gracias a su estatus político. Su gran patrimonio rural, que se explotaba con técnicas y prácticas anticuadas, le reportaba pocos ingresos.

Juan March mantenía buenas relaciones con el primer ministro. En 1915, Romanones había visitado la isla de Mallorca y March le dejó su coche, un Hispano Suiza, para que pudiera recorrer toda la geografía isleña acompañado de su séquito. Una tarde, el conde se detuvo en Santa Margalida, en casa del cacique liberal del pueblo, Juan March Estelrich, padre de Juan March. El pueblo se engalanó para recibir a tan ilustre personaje: en muchos balcones se colocó la bandera española, en otros se pusieron las colgaduras que sólo se sacaban el día de las grandes fiestas religiosas. En casa de Verga padre, se sirvió un refrigerio donde no faltó nada: ensaimadas, mazapanes, polvorones, tortas, helado de almendra, vino dulce, licores y cigarros habanos, que no se habían comprado precisamente en el estanco.

En política, March estaba tranquilo, pues el primer ministro era un hombre manejable, y en el Ministerio de Hacienda estaba el inefable Santiago Alba. Pero todo el mundo sabe que la bonanza no perdura siempre. En el Senado, en la sesión del 5 de julio de 1916, el senador Allendesalazar, un peso pesado de la política monárquica que con el tiempo presidiría el Gobierno del Estado, se levantó de su escaño y subió de una manera ceremoniosa a la tribuna de oradores. El presidente del Gobierno, el conde de Romanones, no le prestó demasiada atención al comienzo de su discurso, abstraído en cuestiones urgentes que afectaban a su Gobierno. El senador, que era a la vez presidente de la Arrendataria, a la cual March le hacía una competencia desleal, abordó con valentía el grave problema del contrabando de tabaco que afectaba a las rentas del Tesoro Público. Dijo: «Todo lo que enriquece al defraudador, al contrabandista, lo paga en último término el contribuyente honrado.»[26]

Allendesalazar se refirió al pasado describiendo los enfrentamientos armados entre contrabandistas y carabineros que causaban muertos y heridos en uno y otro bando y que habían ocurrido, antaño, en diferentes regiones de España y que ya se habían convertido en leyenda. Los letristas de zarzuelas se inspiraban en estos episodios épicos, donde los protagonistas eran hombres valientes que se jugaban la vida en cada desembarco, en cada transporte de tabaco. Lo llevaban a la espalda por las rutas más angostas de las sierras hasta la población que se lo había encargado y que podía distar más de cuarenta kilómetros desde el lugar donde se había desembarcado.

Después de hablar del pasado, Allendesalazar puso énfasis en resaltar que ahora era el Gobierno el que debía luchar contra la gran empresa contrabandista, dirigida por un señor que disponía de un capital de millones, de grandes influencias en la clase política y tenía barcos que ponían en riesgo las pequeñas y frágiles embarcaciones de que disponía la Arrendataria para perseguirlos. El conde de Romanones, de repente, estiró el cuello y prestó atención. Comenzó a preocuparle la manera tan directa en que el senador trataba un tema que podría atraer el interés de la prensa, la cual podría publicar su discurso, destacando con grandes titulares las frases del senador que denunciaban la falta de ímpetu del Gobierno para luchar contra el contrabando organizado por March. La denuncia podría convertirse en un serio escándalo político.

El conde de Romanones se revolvía en su escaño, estaba inquieto, pensaba que era inoportuno denunciar esta cuestión en el curso de un plenario y que habría sido más prudente tratarla en comisión, como materia reservada.

El senador, después del preámbulo, apuntó directamente al jefe de esta gran empresa contrabandista: «Me refiero al gran empresario que vive en Mallorca, D. Juan March Ordinas, que tiene tal red, tal capital, tales medios, que inunda toda la costa de Levante y la del Mediterráneo. Esta empresa no se vale de los medios francos y simpáticos que antes os pintaba.»[27] Manifestó que, por parte del Estado, había un abandono de las responsabilidades en el ámbito de la represión del contrabando, algo que dañaba la honorabilidad del poder político y cuestionaba la autoridad del mismo Gobierno. En resumen, acabó diciendo que «la protección a los señores del contrabando era una infamia».[28]

Romanones no podía quedarse callado ante las graves acusaciones que acababan de hacerse, y pidió la palabra. En primer lugar, alabó la valentía del senador por haber pronunciado el nombre del hombre más poderoso en los negocios del contrabando, y le comunicó que las informaciones que acababa de proporcionar, a lo largo de su parlamento, coincidían plenamente con los rumores que habían llegado al Gobierno. Ciertamente, en el curso del viaje a Mallorca que había realizado un año antes, el conde de Romanones se debió de enterar, si es que ya no lo sabía de antes, de quién era el ricachón que había puesto el coche a su disposición para que visitara cómodamente los parajes más espectaculares de la isla.

El presidente del Consejo de Ministros proclamó que la solución para acabar con el contrabando no pasaba por aprobar nuevas leyes coercitivas, porque pensaba que sería más efectivo que todas las instituciones estatales y municipales hicieran pedagogía para cambiar la mentalidad del pueblo, que no consideraba el contrabando una actividad punible. A continuación, se refirió a la condición paupérrima en que vivían los carabineros debido a sus salarios de subsistencia, situación que se había agravado con el encarecimiento de los productos básicos a causa de la guerra: «El haber de un carabinero apenas le permite dar pan a sus hijos si tiene una familia numerosa.»[29] Dejaba entrever que los agentes estaban en una situación de indefensión para resistirse a los sobornos que les ofrecían los contrabandistas.

El presidente se comprometió a pasar de una política que se había revelado poco eficaz a otra que no concedería tregua a la lucha contra la gran empresa contrabandista. Se debía impedir que March siguiera disfrutando de la impunidad que le había permitido gestionar sus negocios ilegales con toda libertad.

El presidente anunció que en una próxima sesión pediría al ministro de Hacienda, Santiago Alba, que compareciera en el Senado para responder a las graves denuncias formuladas por el senador Allendesalazar. Esta comparecencia no se produjo nunca. El ministro no se quiso exponer a que su intervención provocara un debate sobre el contrabando. Un temor justificado, porque en el curso de las discusiones algún senador habría podido atreverse a señalarlo como protector y cómplice de Juan March.

4

El asesinato de Rafel Garau

Un estigma en la vida de March

Cuando comenzaron las relaciones entre Eleonor Servera, esposa de Juan March, y Rafel Garau, socio de aquél, ya había estallado la Primera Guerra Mundial. Mientras España se mantenía neutral, el conflicto europeo despertaba pasiones entre los partidarios de los aliados y aquellos, que eran mayoría, que suspiraban porque los ejércitos del káiser derrotaran a los eternos enemigos franceses.

Mientras, en una villa perdida de una isla del Mediterráneo occidental, germinaba una pasión amorosa en el corazón de la mujer de March, una viva inclinación hacia el joven Rafel Garau, de quien se había enamorado. Un hombre guapo, mujeriego y seductor. Rafel, al contrario de su amante, no se inflamaba de amor con su presencia, ni tampoco se quedaba triste y dominado por la añoranza cuando no estaba a su lado. Cuando el enamoramiento no es correspondido es como la carcoma que roe las partes del cuerpo más sensibles. En una de las cartas que le escribió, Eleonor le juraba que estaba siempre presente en su pensamiento. En una nueva carta de amor se hace manifiesta la discordancia entre los deseos de uno y el otro. Escribe Eleonor: «Mis deseos serían que uno estuviera con el otro, que dos corazones fueran todos uno, que me escuchases en mis súplicas, que me amases, pero es imposible, un corazón como el tuyo, que amará a muchas, no puede tener el cariño fijo en una sola, cual sería mi deseo.»[1]

Cuando Rafel, por cuestiones de negocios, tuvo que marcharse una temporada a Argel, donde su familia tenía una fábrica de tabaco, la enamorada temió que la lejanía convirtiese la tibieza amorosa de su amante en indiferencia. Para evitarlo, le dijo que le escribiría todos los días y esperaba que él contestara a todas sus cartas: «Se despide la que siempre será tuya.»[2]

March comenzó a sospechar que su mujer le era infiel. Esto se deduce de una carta que le mandó Eleonor a Rafel, en la que le anunciaba que su marido había manifestado su pérdida de confianza hacia ella, y que presentía que lo estaba engañando. Pero, a pesar de tener este recelo, aún no había podido descubrir la persona con quien lo estaba deshonrando, no obstante haberlo intentado con obstinación. El marido le hizo esta confesión en tal estado de exaltación que la mujer se sintió atemorizada. Eleonor lo amenazó con marcharse de casa si seguía ofendiéndola. Juan March le contestó que si lo hacía se quedaría con la criatura. Finalmente, la esposa cedió y se encerró en la alcoba a cal y canto, con su hijo Juan.

En una carta posterior, Eleonor alertaba a Rafel de que la sirvienta podría irse eventualmente de la lengua y contarle a su marido las relaciones amorosas que ambos sostenían, si no le pagaban la cantidad que exigía. Desde el principio de la relación había hecho de alcahueta, se había encargado de hacer llegar a cada uno de los amantes las cartas que se escribían. La criada se aprovechó de la situación y pretendió sacar tajada. Juan March no paraba de hacer indagaciones, y una tarde, cuando su mujer se había ausentado, cogió a la sirvienta y gracias a su habilidad interrogadora consiguió que la mujer le dijera cuanto sabía. ¿La amenazó o le ofreció dinero?… ¿Quién sabe? Juan March había confirmado sus sospechas, y ahora sabía quién era el amante de su mujer: el socio contrabandista Rafel Garau e hijo de su socio Josep en los negocios tabaqueros.

Rafel Garau era un joven de trato cordial y fue nombrado presidente del Sindicato Agrícola Margaritense, que agrupaba a los pequeños propietarios del término municipal. «Nadie acudía a pedir su protección que no saliera complacido; nadie iba a pedirle una limosna que no se la entregase. En la población no tenía enemigos.»[3] El artículo, que era un panegírico, afirmaba que Rafel Garau no tenía enemigos; grave error, a no ser que el autor quisiera ignorar deliberadamente lo que era un secreto a voces.

El párrafo, que forma parte de un artículo publicado en un diario local después de su muerte, es bastante ilustrativo de una dinámica social muy mediterránea: buscar la protección del poderoso y pedirle favores. En Sicilia, a un hombre como Rafel Garau se lo habría llamado «padrino». Son muchas las similitudes entre las diferentes mafias de la cuenca mediterránea. Ciertamente han existido en Mallorca prácticas y usos similares propios de las familias mafiosas del sur de Italia, de Córcega, de Cerdeña, de la Cabilia (Argelia), de Albania, etc. Durante la época del contrabando en Mallorca, el jefe de la compañía contrabandista era denominado «capo», palabra tomada del léxico italiano.

Un familiar de March nos contó que aquél escenificó el adulterio de su mujer con gritos y lloros que oyeron los criados y los vecinos más próximos.[4] Hecho impropio de un hombre tan hermético. Exteriorizaba la humillación a que lo habían sometido los amantes, profiriendo blasfemias contra la infidelidad de su mujer y la deslealtad de su amigo y socio. ¿Se cargaba públicamente de razón para emprender contra el amante de su mujer la venganza que socialmente sería comprendida y admitida? Es una hipótesis creíble. ¿O pretendía construirse una coartada para quitarse de en medio a su socio, con quien había comenzado a surgir una rivalidad comercial?

El 27 de septiembre de 1916, Rafel Garau llegaba a Valencia con el barco Jaume I procedente de Palma. La sociedad March-Garau operaba en la zona y Rafel iba por negocios. Inesperadamente, cuando bajaba por la pasarela del barco encontró a un conocido mallorquín, Bartomeu Monjo Rigo, alias Rotget. Éste, para no despertar sospechas y justificar su presencia en el muelle, le dijo que había ido para retirar una maleta que le enviaban de Mallorca. Rafel Garau en ningún momento receló que aquel sujeto, ligado al mundo del contrabando, había viajado unos días antes a Valencia con el encargo de vigilarlo y organizar el complot para acabar con su vida. Rafel se alojó en una habitación en el hotel Roma, pegada a la que ocupaba Bartomeu Monjo.

Isidor Darder, agente de la sociedad March-Garau en Valencia, comunicó a Rafel Garau que había en marcha una operación para comprar una partida de tabaco barata. Tenían la precisa información de que el barco Winker debía transbordar a la costa un importante cargamento de tabaco (el armador del Winker era un agente de March). El plan consistía en delatar la operación a la comandancia de carabineros para que confiscaran el género. La parte decomisada, posteriormente, iría a subasta y ellos, en connivencia con las autoridades, comprarían la partida a precio de ganga. Si Rafel Garau se prestó a participar en la conjura, quiere decir que la rivalidad con March era un hecho. Isidor Darder le dijo que habían convocado una reunión secreta de todas las partes implicadas en el asunto. Le explicó que la reunión se celebraría al día siguiente, por la tarde, en las inmediaciones del puerto, en el camino del Grau. Era importante que asistiera para ultimar los detalles del plan y para determinar la manera en que se llevaría a término el reparto de los beneficios que reportaría la operación.

El 29 de septiembre de 1916, Rafel Garau se despidió de Bartomeu Monjo, que extrañamente esta vez no se ofreció a acompañarlo. Hasta entonces no había dejado de vigilarlo un solo instante. Rafel se dirigió a la parada más próxima del tranvía que iba al puerto. El sol se había puesto y cuando subió se percató de que era el único viajero. El tranvía recorrió todo el trayecto sin que subiera nadie. Cuando llegó a la última parada, Rafel Garau bajó y se encaminó a buen paso hacia el lugar de encuentro. Lo hizo por el camino del Grau, que transcurría paralelo a la línea ferroviaria que unía Valencia con Barcelona. No era seguro transitar por aquel camino, sobre todo de noche. Rafel Garau iba impecablemente vestido, era un dandi, llevaba un traje oscuro, una camisa color azul claro y una corbata de seda. Calzaba zapatos de charol y en la muñeca lucía un reloj de oro. No era una indumentaria apropiada para caminar por aquella zona, donde las tierras estaban sembradas de maíz. Tres hombres que permanecían ocultos entre el sembrado salieron a su encuentro, y cuando reparó en ellos ya los tenía encima. No se espantó porque los conocía. Pero, inesperadamente, lo que debía ser una sosegada conversación de negocios se transformó en una brutal agresión. Los tres hombres lo habían rodeado. El más fuerte lo sujetó por detrás. Sus brazos eran de acero y consiguieron inmovilizarlo. Los otros dos, a los que tenía de cara, blandieron sus armas blancas y, enfurecidos, introdujeron en él las hojas afiladas de sus cuchillos. Le clavaron diecisiete puñaladas. Querían asegurarse de que no sobreviviera a la agresión.

Al empleado de ferrocarriles que estaba de guardia en la garita del paso a nivel del tren, situada a un centenar de pasos de donde se estaba consumando el crimen, lo alertaron los quejidos de la víctima y los gritos de rabia de los agresores. Dada la oscuridad no pudo ver el rostro de aquellos hombres que estaban enceguecidos con la víctima. Gritó: «No se peleen.» Y para comprobar qué sucedía, fue de prisa hacia el lugar. Cuando los agresores lo vieron, huyeron a toda prisa. La víctima se desplomó, pero permaneció unos instantes arrodillada. Se llevó las manos al vientre: era un gesto desesperado de supervivencia para evitar desangrarse. La sangre le salía a chorros. Si Dios no le ponía remedio, la vida de aquel hombre se escurriría con la misma velocidad con la que corre el agua por un colador. Cuando el guardián estuvo al lado del herido, éste, antes de dar el último suspiro, pronunció estas palabras: «Malos amigos.» El guardián fue a buscar ayuda, en vano. Cuando el médico llegó y vio el charco de sangre que se había formado al lado del cuerpo tendido en el suelo, ya adivinó que aquel desventurado joven había dejado de existir. La policía descartó en seguida el móvil del robo, Rafel Garau llevaba encima 900 pesetas en la cartera y un reloj de oro en la muñeca izquierda. Mientras sucedían los trágicos acontecimientos, Bartomeu Monjo, el hombre que había atado los cabos de la trama de la tragedia por orden del inductor o inductores del crimen, permanecía sentado en el interior de la cafetería Royalty. Quería tener una coartada para el más que probable caso de que fuera citado a declarar ante el juez instructor.

Horas después de haberse cometido el asesinato, Isidor Darder, el agente de la sociedad March-Garau, y Bartomeu Monjo, fueron a Telégrafos para mandar un cablegrama a Juan March para anunciarle la muerte violenta de Rafel y preguntarle qué hacer con su cadáver. Juan March telegrafió de inmediato al padre de Rafel para comunicarle el luctuoso hecho: «Tu hijo ha sido asesinado horriblemente.» Más tarde, dio a Isidor Darder la orden de que procediera a embalsamar el cuerpo de Rafel Garau. También le anunció que algunos hombres de su absoluta confianza viajarían a Valencia para hacerse cargo de los restos de su socio y llevarlo a Palma con el barco correo de la compañía naviera, de la cual March era el principal accionista. Antoni Maria Quès, socio y mano derecha de March, y el tío de March, Sebastián, se embarcaron para encabezar la delegación mallorquina que acompañaría a Rafel Garau en su último viaje.

El barco Balear, que llevaba el cuerpo de Rafel Garau, llegó al muelle viejo de Palma por la mañana temprano. Grupos de familiares y conocidos lo esperaban en un estado de viva emoción y dolor. Después de haber desembarcado el ataúd, la comitiva fúnebre se dirigió a la sede de la Marítima Terrestre, compañía controlada por Juan March, ubicada en el mismo puerto. Allí se instaló la capilla ardiente. Unas horas después se celebraron las honras fúnebres, que fueron presididas por el gobernador civil, el alcalde de Palma, el presidente de la Diputación, el concejal del Ayuntamiento y abogado de March, Joaquim Pascual, y el senador Bernat Amer. En la segunda fila, se situaron los deudos, con Juan March a la cabeza. En el tercer banco se situó la plana mayor de los contrabandistas de la isla. Aquella reunión era una representación escénica de la corrupción, no podía haber un hecho más ilustrativo: autoridades y contrabandistas juntos para rendir homenaje a un contrabandista que era socio del todopoderoso Juan March, Verga. Para explicar el poder de los contrabandistas sobre los políticos nos remitimos a un artículo publicado en el semanario El Sóller. Lo firmaba el escritor Joan Estelrich, que recomendaba a los padres que cuando sus hijos fueran mayores procuraran introducirlos en el negocio del contrabando, la mejor manera de progresar y de tener poder en la isla de Mallorca.

Acabada la ceremonia religiosa en Palma, Juan March puso a disposición de familiares, autoridades, amigos y colaboradores un tren especial. En uno de los vagones del convoy se colocó el féretro custodiado por sus familiares más próximos. El tren iba a rebosar, y a las 4 de la tarde comenzó a desperezarse la locomotora y a rodar muy lentamente. En el andén se había congregado una multitud de curiosos que no se movieron hasta que el tren desapareció en la lejanía.

El tren se dirigió a la estación de Muro, la más próxima a Santa Margalida: allí se había juntado una muchedumbre desplazada con carros y carretas. También había unos cuantos automóviles de los poderosos, uno de los cuales pertenecía a Juan March. La comitiva se puso en marcha. En las orillas del camino que unía los dos pueblos se habían congregado todos los hombres, mujeres y niños que trabajaban en el campo. Gente curiosa por aquel desfile que rompía la rutina diaria. En el pueblo, cuando pasó el coche en que viajaba March, se rompió el tenso silencio y se oyó una voz clara que gritó: «¡Asesino! ¡Asesino!»[5] El ambiente estaba enrarecido, había muchos partidarios de Rafel Garau en el pueblo. El funeral se celebró sin incidentes, pero se percibía la conmoción entre los asistentes.

Todos los gastos de traslado, funeral, entierro, etc., los pagó Juan March. Si había sido el inductor, estaba repitiendo la costumbre habitual de los capos de la Cosa Nostra de Italia, que se hacían cargo de los gastos de las ceremonias fúnebres del que antes habían ordenado ejecutar.

Eleonor Servera, cuando le comunicaron la noticia de la muerte de su amante, Rafel, sintió una punzada de dolor y su rostro empalideció de tal manera que la persona que acababa de revelárselo creyó que iba a desvanecerse. Eleonor desplegó toda la fuerza física que le quedaba para no desplomarse. Se aferró a la barandilla y subió los peldaños de la escalera como si las piernas le pesaran como plomo; de golpe, había perdido la gracia y levedad de una mujer joven. Cuando atravesó el umbral de la habitación, la puerta se cerró con un golpe seco y se oyó girar la llave. Desde aquel día nadie supo nada del drama de una enamorada.

La muerte de Rafel Garau aún permanece en la memoria colectiva de la isla. Durante años, muchas familias tuvieron expuesta sobre la mesa, el arcón o el aparador del comedor de casa una foto enmarcada del joven Rafel. Después de la tragedia, la familia de Juan March abandonó Santa Margalida y se fue a vivir a Palma, a la calle de Sant Miquel.

Unos días después de los hechos, el senador Allendesalazar, presidente de la Arrendataria, la compañía que sufría las consecuencias de la competencia desleal de la red contrabandista de March, se levantó de su escaño, en la sala de plenos del Senado, para hacer referencia al crimen de Valencia, que relacionaba con la «gran empresa del millonario y también contrabandista Juan March Ordinas». Según las informaciones que poseía de los juzgados de Valencia, Rafel Garau había viajado a Valencia para cobrar un pagaré que tiempo atrás unos contrabandistas le habían entregado a la sociedad March-Garau, por una partida de tabaco que se les había suministrado. El senador concluyó su intervención afirmando que posiblemente el móvil del asesinato podría haber sido la negativa de los deudores a pagar las obligaciones contraídas.

Tres días después en la Cámara Alta, el mismo senador felicitó al ministro de Gracia y Justicia por haber ordenado a la Audiencia de Valencia que nombrara un juez especial, con dedicación exclusiva, para instruir el caso del asesinato de Rafel Garau.

El juez designado para ocuparse del caso se llamaba Delgado Curto. Al cabo de pocos días de haber iniciado las diligencias, el secretario le anunció que Juan March se había presentado a declarar espontáneamente, acompañado de su abogado. El juez se sorprendió, ya que no era habitual que alguien se presentara voluntariamente a declarar, sin que previamente se le hubiera citado. Decidió recibirlo y, sentado detrás del escritorio de su despacho, le rogó que le explicara el motivo de su visita. March le comunicó que se había enterado, a través de las informaciones transcritas en algunos diarios y por los rumores públicos, que en el crimen de Rafel Garau estaban implicadas personas de renombre y muy influyentes. Después de hacer una pequeña pausa, preguntó al juez: «¿No creerá que estas especulaciones se refieren a mí?» El juez permaneció en silencio. March, después de este incómodo mutismo, prosiguió: «He venido a verlo para disipar cualquier sospecha, y he preferido declarar antes de ser citado a causa de la relación comercial que me unía a la víctima. Le diré cuanto sé sobre el caso, y me someteré de buen grado a todas las preguntas que quiera hacerme.» A continuación, le expresó la rabia que le suscitaba leer ciertas observaciones tendenciosas y constatar que se habían puesto en marcha contra él determinadas maniobras malintencionadas. De pronto, espetó al juez: «¿Hará falta alguna prueba para procesarme, verdad?» El juez no dejaba de sorprenderse por el comportamiento de aquel individuo. Cuando salió de su asombro, le respondió: «Siempre que decido imputar a alguien, antes me aseguro de disponer de pruebas o indicios consistentes.» March replicó con rapidez: «Entonces será muy difícil procesarme.» El juez le respondió: «Evidentemente, si no tengo pruebas lo dejaré en paz.»

El juez era un funcionario diligente y se percató de inmediato de la falta de celo de la policía en la investigación. Ante este hecho, transmitió al jefe de policía de Valencia un escrito donde le mandaba ordenar a los agentes que actuaban bajo su mando un mayor interés en el cumplimiento de sus obligaciones. La complejidad del caso, por la presunta implicación de algún hombre muy poderoso, hacía necesario que la policía desplegara una actividad investigadora intensa que propiciara la detención de los presuntos implicados.

Josep Garau, padre del difunto, nombró al abogado Ibáñez Rizo para ejercer la acusación particular. Por otra parte, ofreció 50 000 pesetas a la persona que aportara una prueba concluyente que permitiera descubrir a los responsables de la muerte de su hijo.

El instructor encaminó la investigación hacia las personas relacionadas con el contrabando: agentes de la sociedad March-Garau en Valencia, compradores habituales de tabaco de March, miembros de compañías rivales que operaban en la zona, etc.

Después de muchas indagaciones, el juez imputó como presuntos autores materiales y cómplices del crimen a Isidor Darder, representante de la sociedad March-Garau, a su hermano Josep, a su cuñado Ferran Taroncher y al ex carabinero Vicenç Benedicto. Los cuatro fueron arrestados por orden judicial y después de declarar ingresaron en prisión. Según la instrucción, Isidor Darder habría asesinado a Rafel Garau porque éste lo había amenazado con despedirlo porque no estaba satisfecho de su gestión y sospechaba que se había apropiado de una parte de los beneficios que correspondían a la sociedad. Asimismo, le había exigido que le devolviera una cantidad importante de dinero que le debía, pero no había habido forma de recuperarlo, a pesar de que se lo había reclamado en varias ocasiones.

La investigación, después de las declaraciones de un puñado de contrabandistas, apuntó a que podría haber una rivalidad comercial entre Juan March y Rafel Garau. Las diferencias habían surgido como consecuencia de la pretensión de Rafel Garau de establecer una red de distribución propia y proveerse directamente de Gibraltar en vez de hacerlo en las fábricas de March en Argel.

Mientras los diarios de Mallorca daban la escueta noticia de los hechos, el periódico nacional España Nueva hizo un gran despliegue informativo del suceso. Destacó a dos periodistas al seguimiento del caso. Cada día se publicaban nuevas noticias relacionadas con el asesinato de Rafel Garau. Los periodistas asignados, De la Villa y Berruete, eran profesionales intrépidos y, en noviembre de 1916, firmaron un artículo en que señalaban que la policía y la Guardia Civil no estaban interesadas en tirar de todos los hilos de la presunta trama que se había urdido para acabar con la vida de Rafel Garau, por temor a poner al descubierto la complicidad de personas influyentes que gozaban de la protección de un ministro del Gobierno.

El periódico publicó una entrevista con el principal imputado, Isidor Darder, que negaba su implicación en el crimen y declaraba que la muerte de Rafel Garau le suponía la ruina: «Viviendo él nunca me hubiera faltado la comida. Era un caballero pródigo en pagar y parco en mandar.»

Los periodistas solicitaron una entrevista con el juez que llevaba el caso para conocer de primera mano en qué punto se encontraba la instrucción. El juez hizo unas declaraciones que se publicaron al día siguiente. El titular que la encabezaba decía así: «El juez del caso Garau anuncia nuevas detenciones, entre las cuales hay personajes muy relevantes.» Al cabo de dos días y antes de que el juez procediera a hacerlas efectivas fue apartado del caso por la Audiencia de Valencia.

Los dos periodistas de España Nueva viajaron a Palma para entrevistar a personas que les pudieran informar sobre las relaciones de Juan March con Rafel Garau y hacer nuevas investigaciones que les permitieran arrojar luz sobre el asesinato del joven contrabandista. Cuando bajaron del barco los esperaban dos matones que trabajaban para March y los obligaron a subir a un coche. Visitaron una parte de la isla. Los acompañantes de los periodistas aprovecharon para «aconsejarles» que sería menos arriesgado y más sensato dejar de hurgar en todo lo que rodeaba la muerte de Rafel Garau. A mediodía, se detuvieron para comer en un restaurante marinero donde se servía langosta. Por la tarde, los acompañaron al muelle. Los periodistas embarcaron en el barco correo y los secuaces de March no abandonaron el puerto hasta que el barco soltó amarras. March consiguió silenciar al diario, pero tuvo que pagar 30 000 pesetas. Ya no se habló más de un asesinato que durante semanas había ocupado las portadas del diario España Nueva.[6]

Dos años después del asesinato, se celebró el juicio en los juzgados de Valencia. Solamente dos de los cuatro imputados se sentaron en el banquillo de los acusados: Vicenç Benedicto e Isidor Darder, ambos fueron absueltos por falta de pruebas.

La justicia nunca declaró a nadie culpable de la muerte de Rafel Garau. En consecuencia, ni el inductor o inductores ni los asesinos pagaron por este crimen.

5

Los alegres años veinte

March, el hombre más rico de España

Después de la muerte de Rafel Garau y de la necesidad de expandir sus negocios, la familia March abandonó la villa de Santa Margalida y se trasladó a vivir a la capital. En 1917, March compró una casa señorial propiedad de Josep Dezcallar i Togores, un hombre de la nobleza venido a menos. La reforma del edificio fue proyectada por el arquitecto modernista Guillem Reynés. Un estilo arquitectónico burgués que había llegado desde Cataluña y del que aún hoy se conservan en Mallorca algunos edificios que conforman un mosaico de las diferentes corrientes que convivieron en este estilo arquitectónico.

La casa de March estaba ubicada en la calle de Sant Miquel, justo al lado del Banc de s’Oli, plaza donde todos los sábados se convertía en el centro neurálgico de la economía rural. Los campesinos de toda Mallorca se reunían allí para cerrar tratos. Transacciones que se realizaban de palabra. Para aquellos comerciantes y campesinos, el compromiso de la palabra tenía igual o superior fuerza vinculante que el documento escrito.

En 1926, en la planta baja de la casa de March se abrió la primera oficina de la Banca March. No obstante, desde 1905 actuaba como casa de banca. March se había convertido en un hombre rico.

Joan Estelrich, cuando fue nombrado por Juan March director de su diario El Día, pidió al escritor Josep Pla que colaborara en el nuevo periódico. Éste escribió varios artículos para el rotativo. Pía, años después, manifestó que El Día fue un excelente periódico, «en el sentido que tuvo una administración puntual y siempre pagó lo que solicitaba».[1] Cuenta el escritor catalán con más proyección fuera de Cataluña que en la década de los años veinte se desplazó a Mallorca para conocer al propietario del diario para el que escribía. Pía era tan buen narrador que será preferible que sea él mismo quien lo cuente: «Lo conocí al aire libre, en una tertulia peripatética que algunos amigos realizaban antes de comer en la Plaza de Cort, sobre la acera del palacio del Ayuntamiento de Palma. El señor March fumaba siempre su cigarro habano, sus amigos eran generalmente comerciantes que pasaban por aquella hora por aquel lugar, a los que solían añadirse el periodista Piña, que conocía las noticias de la localidad, y el pintor Gelabert, que tenía su peluquería en la misma plaza y entre servicio y servicio salía a dar cuatro pasos. El señor March siempre vestía de oscuro, tenía el sombrero colocado hacia atrás, los lentes sobre la nariz porque era muy miope y su gesto habitual consistía —⁠un gesto bastante nervioso— en quitar con el meñique la ceniza de su cigarro. Cuando hablaba en un delicioso mallorquín muy dialectal y popular, utilizaba el puro como batuta de su dialéctica sencilla, clara y algunas veces sarcástica. Cuando hablaba el castellano su acento era espeluznante, fibroso y áspero y su léxico era escaso, como es natural.»[2]

Josep Pla lo dibuja con un trazo descriptivo insuperable: «Era un hombre de estatura un poco alta, muy flaco, con cráneo bien dibujado, una frente espaciosa y un perfil más propio de un intelectual que de un comerciante o industrial. Un cuerpo sin espesor.»[3] Cuando se refiere a March como comerciante dice que tenía una excepcional agudeza para los negocios y para descubrir sus innumerables combinaciones. Su mentalidad comercial, según Pía, era exactamente la arcaica mentalidad comercial caracterizada por una clara y sencilla simplicidad. Una de las claves fue no haber hecho nunca un mal negocio, cosa muy difícil entre comerciantes. Otro de los elementos que conformaron esta mentalidad era invertir en los negocios «lo menos posible y sacarles el máximo».[4] En sus negocios no había ninguna fórmula mágica, siempre que se considere que no es milagroso tener en la cabeza el conocimiento de la realidad que nos rodea en cada momento, siempre diversa. En este aspecto, su poder para captarla fue extraordinario.

Josep Pla declaraba que March fue un hombre de negocios poco corriente y, por tanto, era lógico que en un país tan pobre sus métodos levantasen tempestades de envidia. Éste es un fenómeno, decía el escritor catalán, que ya se daba en la Grecia clásica y mucho antes entre los pueblos de la Antigüedad en la cuenca mediterránea.

Josep Pla afirmaba que, según March, era en Madrid donde estaba el poder. Por este motivo vivía allí, y prosiguió: «Además, si en la capital pones un sobre lleno de dinero sobre la mesa, lo cogen y lo meten en el cajón, como ha hecho siempre Santiago Alba. Mientras que en Barcelona apenas hay poder y los catalanes están detrás de historias de escaso provecho.»

No todo el mundo que hablaba de March poseía la facilidad de Pla en el arte del lenguaje, tan rico y definidor. Así, el abogado Amadeo Hurtado lo describía como un hombre ágil y decidido, con el rostro típico de un pájaro, de mirada ligeramente estrábica, que se hacía más penetrante gracias a sus gafas y usaba un lenguaje que cortaba como una navaja.

El doctor Puigvert, que años más tarde atendió a March durante un largo período, viajaba una vez por semana a Palma para seguir la evolución de su enfermedad, una grave afección de las vías urinarias; una tarde, cuando entró para examinarlo a su espaciosa habitación del palacio, lo encontró despachando con el director de la Banca March, Emili Tramulles. El doctor, muy educadamente, cuando lo vio ocupado, dijo que esperaría fuera. March le rogó que pasara y se sentara en una de las cómodas butacas que había en la estancia, y después le dijo: «Doctor, ¿nos dispensa unos minutos? En seguida acabamos y me pondré a su disposición.» El doctor Puigvert se quedó admirado de la extraordinaria facilidad de March para el cálculo aritmético. Su empleado le iba enumerando diferentes cantidades en distintas monedas extranjeras, referidas a operaciones mercantiles realizadas en el último trimestre. Cuando acabó, March le dijo: «Esto hace un total de…», y le dio la cifra en francos suizos. No sólo había sumado mentalmente con celeridad, sino que simultáneamente había reconvertido las distintas divisas en la moneda oficial de Suiza.

Juan March mantenía una estrecha amistad con el eminente lingüista Joan Mascaró Fornés, a quien repitió más de una vez: «No entiendo cómo a un hombre tan inteligente no le importan en absoluto las cosas materiales.» El sabio le replicó: «Y a mí se me hace cuesta arriba pensar que un hombre como usted, con un entendimiento tan despierto, sólo piense en algo tan vulgar como ganar dinero.» El intelectual y lingüista Mascaró Fornés, nacido en el mismo pueblo que March, fue uno de los preceptores de su hijo Juan, primero en el Instituto de Estudios Superiores de Comercio, en Amberes, y posteriormente en la Universidad de Cambridge. Él aprovechó mejor el tiempo que el hijo del magnate, por lo que se refiere a los estudios. Con el paso de los años se convirtió en una autoridad mundial en sánscrito y en lector de inglés en la Universidad de Cambridge, una especialidad reservada sólo a los lingüistas que dominaban el inglés con extremada perfección.

Admiraba tanto a Juan March Ordinas que lo consideraba uno de los hombres más inteligentes del mundo, y equiparaba su listeza con la de Gandhi, el artífice de la independencia de la India. Los retratos de ambos personajes colgaban de una de las paredes de su despacho.[5] Mascará Fornés le escribió en una carta de diciembre de 1954: «Muchísimas personas le han ido detrás y delante, pero pocas han sentido que usted tenía una vida interior solitaria. Cuanto más grande es, más solo se encuentra verdaderamente uno: ¿con cuántas personas habrá podido hablar usted, hablar de tú a tú, y sentir que ellas tenían una inteligencia y energía como la suya?»[6]

Una de las grandes aficiones de March era jugar al dominó. «Hubiera podido privarse de cualquier cosa, menos de este placer», afirma Pedro Sainz Rodríguez, un franquista de la primera hora. Fue ministro de Educación del primer Gobierno de Franco (1938-1939), a pesar de que siempre sostuvo que por encima de todo prevaleció su lealtad a la institución monárquica. Cuando su influencia en la cúpula del franquismo desapareció, se convirtió en uno de los consejeros más significados de don Juan de Borbón, a la vez que era considerado un opositor al Régimen por los franquistas. Pedro Sainz Rodríguez, junto con Gil Robles, se situó en la órbita de influencia de Juan March. Ambos personajes corroboran en sus memorias que determinados elementos de la CNT y de la FAI recibieron cantidades importantes de dinero por colaborar con la derecha, básicamente para conseguir dos objetivos: fomentar la abstención electoral de la militancia anarquista, que favorecía indudablemente a la derecha, y que la prensa anarquista iniciara campañas de prensa contra el Gobierno reformista republicano socialista, en sintonía con los postulados defendidos y con los objetivos perseguidos por la derecha. De los sobornos que se pagaron a los anarcosindicalistas una buena parte procedía de la cuenta corriente de March.

El arquitecto Gabriel Alomar Esteve, que fue el director de las obras del palacio de March en la calle Conqueridor de Palma, durante los primeros años de la década de los cuarenta, afirmaba que March, como persona inteligente que era, tenía la virtud de adivinar en quién podía confiar: a aquellos de los que no se fiaba no los quería a su lado. En los últimos años sólo lo había traicionado una persona: el general Franco.

Frank Jellinek, escritor y periodista especializado en la Guerra Civil, en uno de los capítulos de su obra hace referencia a March en términos nada loables: «Él fue el moderno pirata que no infringe la ley, sino que simplemente la ignora.»[7]

Indalecio Prieto, uno de los líderes políticos más destacados durante la República y la Guerra Civil, profesaba un odio africano a March y lo acusaba de corruptor, contrabandista y banquero de los generales sediciosos que, en julio de 1936, se levantaron contra el Gobierno legalmente constituido. Entre las numerosas virtudes de Prieto no figuraba el espíritu de ponderación. Manuel Azaña cuenta en sus memorias que en la sesión secreta del Congreso de los Diputados del 13 de noviembre de 1931, después de que la gran mayoría de los diputados hubiera votado a favor de una condena moral contra el diputado March, el rechazo a su actuación se había producido porque la mayoría de la Cámara lo consideraba el presunto inductor de un intento de soborno al diputado que presidía la subcomisión de la Comisión de Responsabilidades, encargada de examinar los delitos cometidos por March durante el período de las dictaduras (1923-1931). El presidente de las Cortes, Julián Besteiro, levantó la sesión. Entonces, en el momento en que los primeros diputados abandonaban el hemiciclo, el parlamentario Santiago Alba (socio y amigo de March), proclamó en voz alta desde el escaño: «Que conste que a March le ha condenado solamente por indicios.» Entonces Prieto le gritó desde el banco azul: «Debieron ahorcarlo en la Puerta del Sol. Y yo me habría colgado con mucho gusto de los pies.»[8]

Su nieto Caries March Delgado relataba en una entrevista que su abuelo había formado un equipo de colaboradores: abogados, técnicos, contables, etc. Valoraba por encima de todo la fidelidad y la colaboración íntima con él, la competencia profesional se les presuponía.[9]

Unos hechos anecdóticos cerrarán este apartado donde se ha intentado hacer un retrato de March a partir de las opiniones expresadas por hombres que lo conocieron personalmente. Pero, a veces, una actuación banal y corriente nos puede permitir intuir la manera de ser de una persona. A partir de unos determinados hechos, podemos inferir si una persona es valiente, malvada, rápida para reaccionar mentalmente, astuta, benévola, desprendida, tacaña, etc. Por este motivo, como historiadores, no podemos dejar de lado estas percepciones o deducciones que nos pueden acercar a la parte más humana de March. ¿O es que podremos ignorar lo que consideramos intrascendente, como si no formara parte de la mayoría de las biografías de la gente común, e incluso de los grandes personajes históricos?

March tenía un lema que denominaba las tres «des»: dones (mujeres), dinars (comidas) —⁠ámbito para hacer negocios o marco para relacionarse con las mujeres— y diners (dinero). También hacía suyo el dicho: «No hay mujeres feas ni dinero malo.»

La policía vigiló a March durante el período en que Francesc Cambó ocupó la cartera ministerial de Hacienda; uno de los agentes encargados de este servicio atestigua en un lacónico informe que March era mujeriego, pero poco generoso.

Cuenta un viejo contrabandista que cuando March navegaba con una de sus embarcaciones de Mallorca a Argel, el patrón de vez en cuando invitaba a fumar un cigarrillo a March y a los tripulantes. Más tarde, cuando March tenía ganas de fumarse otro, sin ocultarlo, sacaba su paquete del bolsillo y cogía uno, se lo ponía en los labios, lo encendía y guardaba el paquete. Quien paga se puede permitir muchas licencias, que en este caso algunos marineros consideraban rarezas del señor. No obstante, los de lengua menos dócil decían con voz ronca que era un roñoso, aunque se cuidaban de que March no los oyera.

Un día cualquiera en la vida de March, temprano, se dirigió de su habitación al garaje donde lo esperaba sentado al volante el chófer para conducirlo al aeropuerto. Cuando March se acababa de sentar y el chófer se disponía a cerrarle la puerta, el guardia de seguridad, alterado, se acercó y le dijo: «Don Juan, hoy no coja el avión, esta noche he soñado que aquel en que usted viajaba se había estrellado.» Podía ser una premonición, un mal augurio. Juan March no era supersticioso, no le hizo caso, y ordenó al conductor que arrancase el motor y partieran de inmediato, no fuera que acabara perdiendo el avión. El coche se dirigía velozmente hacia el aeropuerto cuando March le dijo al chófer que diera media vuelta y que volviera al palacio. Sin preguntarle el motivo, aquél giró en seco y en pocos minutos estaban de nuevo delante del domicilio del señor. March mandó a un ordenanza para que avisara al guardia de seguridad y que se presentara a toda prisa ante él. El guardia se alegró porque pensaba que March le había hecho caso y había dejado que el avión despegara sin embarcar él. March se limitó a decirle que estaba despedido y que podía pasar por la Banca March para que le hicieran la liquidación. El hombre no se lo podía creer. Antes de que le preguntara la razón que lo había impulsado a tomar aquella decisión tan drástica, March le espetó: «No necesito un guardia que duerme cuando está de guardia; si hubieras estado despierto, no habrías soñado con accidentes de aviones.»

En otra ocasión, March se había percatado de que uno de sus empleados le robaba víveres de la despensa del palacio para llevárselos a su casa: eran tiempos de escasez. Un día, este empleado había ocultado media docena de huevos entre la camiseta y la camisa, y se había abotonado todos los botones de la chaqueta, para disimular la protuberancia. Cuando estaba a punto de salir a la calle, March se hizo el encontradizo e inesperadamente se acercó a él y le dio un abrazo. Los huevos se aplastaron y el hombre tuvo que pasar la vergüenza de ver cómo el líquido viscoso le chorreaba pantalones abajo.

No nos alargaremos más en testimonios y anécdotas que esbozan un perfil poliédrico del personaje, y regresaremos a la vida cotidiana de March en Palma, absorto en los negocios, durante un período de relativa estabilidad económica, antes del famoso crac de 1929.

El matrimonio March-Servera compartía casa, pero pocas cosas más. La casona de March tenía una pequeña puerta que se abría a una estrecha calle perpendicular a la entrada principal. Los vecinos escondidos detrás de las persianas veían entrar con frecuencia a mujeres jóvenes que iban a «visitar» al señor.

March se había convertido en un hombre muy influyente, conocido en toda la isla, y eran muchas las personas que lo visitaban para pedirle favores o ayuda. Se le pedía un trabajo para un hijo, un traslado, un enchufe para obtener una plaza de funcionario, un préstamo, una ampliación del plazo que vencía y que no se tenía dinero para pagar, etc. Su sobrino Juan Monjo March le había oído decir muchas veces que ante el vicio de pedir, estaba la virtud de no dar.

La historia que relataremos a continuación tiene que ver con el poder de March y las esperanzas que la gente depositaba en él para que les sacara del atolladero. Era tal la convicción que hasta una jovencita de veinte años fue a visitarlo para salvar a su hermano de ser ajusticiado a garrote vil.

Los hechos ocurrieron en la villa de Alcúdia. Una tarde luminosa de primavera, un hombre de firmes creencias religiosas había dejado el pueblo atrás y había cogido un camino que debía conducirlo a su trozo de tierra, donde iba cada día un rato para faenar en el huerto y dar de comer a las aves de corral y a los cerdos. Los sembrados comenzaban a colorearse de amarillo y los retoños de los árboles crecían lozanos. Mientras caminaba, distinguía por su canto a cada uno de los pájaros macho que intentaban atraer a las hembras para aparearse. De pronto, oyó unos jadeos acompañados por gemidos. El hombre se detuvo y aguzó el oído. En seguida adivinó qué estaba pasando. Sin hacer ruido, subió a un margen y vio cómo un hombre con los pantalones bajados y una mujer con la falda arremangada hasta los muslos se habían unido para satisfacer su apetito sexual. Eran jóvenes, el hombre estaba muy excitado y ella tenía el sexo candente. Cuando se percataron de que los observaban se separaron y la mujer huyó corriendo por el sembrado.

El hombre mayor acometió a aquel jovencito y lo reprendió severamente. El joven le suplicó que no revelara a nadie lo que había visto. «Si lo cuenta —⁠le dijo—, hará un daño irreparable a mi novia.» El hombre, en vez de escucharlo, seguía recriminándole el pecado de concupiscencia que habían cometido. Subió el tono de voz y le dijo que no se lo guardaría para él. En cuanto llegara al pueblo, iría a contárselo al párroco, para que éste hablase con los padres de la joven para que le dieran el escarmiento que merecía, por haber cometido aquel acto impuro. El joven estaba muy alterado y, de pronto, se ofuscó. En el bolsillo llevaba un cuchillo muy afilado. Apretaba el mango con toda la fuerza de su mano derecha. De golpe, su brazo se desplegó como un resorte blandiendo el arma hacia arriba y la dejó caer con la violencia del rayo y la hoja del cuchillo se introdujo hasta la empuñadura en el cuerpo de aquel hombre. Sorprendido, tardó unos instantes en desplomarse. El agresor, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se espantó y huyó a la desesperada. No se detuvo hasta quedarse sin aliento. Las piernas le temblaban y se dejó caer al borde del camino. Estaba tan angustiado que se puso a llorar.

Mientras el hombre atacado permanecía en el suelo con una herida que dejaba escapar la sangre abundantemente, a pesar de la gravedad de su estado no había perdido la consciencia, pero sí la noción del tiempo. Cuando se sintió muy débil visualizó un encadenamiento de hechos que habían marcado su vida. En este instante, un campesino que montaba sobre su mula lo vislumbró desde lejos. Saltó de la bestia y se acercó para socorrerlo. El herido estaba agonizando. Con lo que le quedaba de vida, tuvo bastante para confesarle lo que había pasado y repetirle unas cuantas veces el nombre de su agresor, cada vez que lo pronunciaba se hacía menos inteligible. El desgraciado perdió la voz y expiró.

La Guardia Civil a las pocas horas detuvo al presunto asesino. La hermana del reo era una mujer esbelta y sensual que amaba mucho a su hermano mayor. Le horripilaba pensar que podían condenarlo a muerte. Estaba dispuesta a todo para evitarlo.

Una mañana, decidida, cogió la diligencia que iba a Palma. Cuando llegó a la ciudad se dirigió a la calle de Sant Miquel, donde vivía Juan March. Tuvo que insistir ante el personal de servicio para que el señor la recibiera. Cuando estuvo ante él se postró y entre lloros le dijo: «Aquí me tiene a sus pies, soy toda vuestra. Me han dicho que la única persona que puede salvar a mi hermano es usted. Le suplico que interceda por él.» Juan March le dijo: «Levántate, una mujer tan guapa nunca puede arrodillarse delante de un hombre, deben ser los hombres los que se rindan ante su belleza.» March pudo gozar del cuerpo de aquella mujer joven hasta que se cansó.

A cambio consiguió que los jueces a la hora de emitir la sentencia fueran más indulgentes. Después de pasar una corta temporada en prisión el homicida fue desterrado de Alcúdia.

Aunque no se trate del mismo caso, la carta que se transcribe es bastante reveladora de cómo actuaba March en casos similares respecto de los representantes de la justicia:

Joaquín Pascual (abogado de March) te habrá significado ya el grandísimo interés que tengo en la absolución del muchacho Bartolomé Pericás, cuya vista está señalada […], absolución que te ruego recomiendes con todo interés y eficacia al otro jurado de esta villa, Miguel Pons Buades. Como se trata de un asunto en el que realmente tengo gran interés he de agradecerte siempre cuanto hagas a favor de mi recomendación.

Firmado,

JUAN MARCH[10]

Dejemos de lado los asuntos de amor teñidos de sangre y ocupémonos de los negocios de Juan March, que lo convirtieron en un gran capitalista.

La parcelación de fincas rústicas

Las grandes posesiones rústicas habían pertenecido durante siglos a un mismo linaje de la nobleza. Pero durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de la crisis provocada por la Gran Guerra, sus economías atravesaron una coyuntura difícil y no les quedó más alternativa que vender sus propiedades o hipotecarlas para cubrir sus gastos cotidianos y poder pagar los dispendios suntuarios que les exigía su condición social. La nobleza estaba en plena decadencia, le sobraba patrimonio y le faltaba dinero en efectivo para afrontar decorosamente los nuevos tiempos que se caracterizaban por un aumento del consumo. Una economía productiva cada vez más diversificada, que constantemente ponía al alcance de los consumidores nuevos artículos y productos.

El estancamiento de la productividad, la competencia y la progresiva subida de los salarios de los trabajadores del campo fueron factores que tuvieron un fuerte impacto negativo en las economías rurales de las grandes posesiones. En muchas de las tierras de los señores aún se practicaba una agricultura extensiva con unos rendimientos decrecientes.

Debe precisarse que, más que un aumento elevado de los salarios, se impuso lenta pero inexorablemente una generalización de la semanaria. Los jornaleros ya no tenían suficiente con ser mal alimentados y con que en invierno se les ofreciera un refugio para la intemperie: en el pajar o en los mismos establos al lado de las bestias. Y, en verano, en el suelo sobre un saco al raso o debajo del tejado de un porche. Querían cobrar en dinero para mejorar las condiciones de vida de su familia, que seguían siendo paupérrimas.

El negocio de March consistía en la compra de las propiedades de los nobles arruinados a precios reventados, para después iniciar un proceso de parcelación en que los compradores le pagaban a plazos el trozo de tierra que le habían adquirido.

Los recuerdos de juventud y la experiencia que adquirió con los años le enseñaron que antes de efectuar una compra había que saber hasta qué punto iba mal la economía del vendedor, y conocer el precio límite que se había fijado para desprenderse de la propiedad. Circunstancia que le permitía afinar la oferta a la baja. La otra condición para hacer el negocio redondo era tener un superávit de caja y poder actuar en el momento preciso. Las oportunidades se presentan sin previo aviso.

Lo que le sobraba precisamente a March era el dinero en efectivo, que iba acumulando con la ganancia que le proporcionaban sus negocios ilegales.

Durante la época a la cual nos estamos refiriendo, las primeras décadas del siglo XX, había una tasa elevada de mortalidad infantil y un número considerable de parturientas morían en el parto o en días posteriores. Para amamantar al recién nacido se buscaba una nodriza para que sobreviviera, y a cambio la familia le pagaba la prestación en favores o en dinero. Pero otras madres que habían parido recientemente, aparte de criar a su hijo, se ofrecían para amamantar a otro niño de la inclusa de Palma por un tanto que tenía estipulado la Diputación Provincial, cantidad que servía para ayudar a pagar uno de los plazos del trozo de tierra que había comprado su marido a March y que tenía que pagar en unos cuantos años.

March también se convirtió en prestamista de los nobles arruinados, a quienes exigía en garantía que le vendieran sus propiedades mediante «pactos de retroventa» o hipotecándolas.

Juan March Ordinas fue el principal continuador de la fragmentación de la gran propiedad nobiliaria que se había iniciado en el siglo XIX. No se conformó con establecer unas cuantas fincas en el término municipal de Santa Margalida o en los pueblos vecinos, Llubí o Maria de la Salut, como antaño había hecho su padre. Desplegó una gran actividad en el sector de la compra y venta de tierras, primero en diferentes municipios de Mallorca y más tarde en la península: en Extremadura y Andalucía. La reactivación de las parcelaciones en las primeras décadas del siglo XX se debió a diferentes factores: ante todo, a las facilidades de crédito que ofrecía Juan March; luego, a la introducción de los cultivos comerciales destinados a la exportación, mucho más rentables que los cereales, y, por último, a una nobleza que para sobrevivir necesitaba enajenar parte de su patrimonio rural.

Las parcelaciones, aparte de modificar sustancialmente la estructura de la propiedad, incidieron en la conformación de un nuevo paisaje rural.

Un caso de corrupción en el comercio de exportación

A lo largo de su carrera mercantil, March se vio salpicado por más de un asunto de corrupción, aunque en el caso que nos ocupa es difícil determinar si fue su suegro quien ideó la estafa o simplemente era un simple peón. O ambos iban a medias. En 1922, un juez de Palma abrió diligencias por un presunto delito comercial contra Bartolomé Servera, a raíz de la denuncia por estafa que había presentado el importador mister Barley, de Londres. Semanas antes, el suegro de March había pedido la correspondiente licencia para exportar 150 toneladas de almendrón con destino a Londres. El agente de aduanas, cuando inspeccionó la carga del barco Gobernador, en las bodegas del cual se habían estibado los sacos, comprobó que contenían cáscaras de almendra. En el informe precisaba que «los envases exteriores eran idénticos a los que se usan para el almendrón».[11] El administrador principal de Aduanas había transmitido esta información al presidente de la Cámara de Comercio. Cuando el inspector pidió al capitán del barco el boletín de registro de la carta resultó que los datos eran ilegibles, como si una mano negra se hubiera encargado de este cometido.

Al día siguiente de la inspección, el armador presentó la cancelación del registro de carga anterior que tenía como destino el puerto de Londres y presentó uno nuevo para el puerto de Tarragona. La carga la constituiría una partida de pulpa de albaricoque, salsa de tomate y cáscaras de almendra.

Bartolomé Servera pretendía llevar a cabo un fraude que consistía en cobrar por adelantado el almendrón a través de un banco local, en el cual el importador había abierto una línea de crédito. La entidad financiera le pagaría al exportador el valor total de la mercancía en el momento en que presentara la documentación exigida en el contrato de exportación, aunque el género no hubiera llegado al puerto de Londres.

El importador presentó la denuncia en los juzgados de Palma en el momento en que la entidad bancaria Samuel Montagu & Co., de Londres, le comunicó que había pagado al ciudadano Bartolomé Servera la cantidad de 12 750 libras esterlinas, a través del banco Crédito Balear, por una remesa de almendrón a su nombre que debía expedirse por vía marítima desde el puerto de Palma y que nunca llegó a su destino.

Bartolomé Servera acudió a declarar ante el juez acompañado por su yerno Juan March Ordinas. La presencia de March se había vuelto atemorizadora por las múltiples influencias que tenía. Bartolomé Servera no podría haber encontrado un mejor defensor en toda la isla que su yerno. El juez, después de interrogarlo, decidió no imputarlo y archivó el caso.

El conflicto político en torno a la fábrica de Portopí

Con la entrada en los años veinte se dejaba atrás un período turbulento desde el punto de vista bélico y social. La Gran Guerra (1914-1918) había causado millones de muertos en cada uno de los bandos, y todo para dirimir qué estado o estados gozarían en el futuro de la supremacía continental. Pero el conflicto no sólo diezmó a los combatientes en el campo de batalla, sino que también las poblaciones de los países en guerra padecieron terribles consecuencias. Los estados que permanecieron neutrales, como España, también sufrieron efectos perniciosos: la carestía de alimentos y de combustible, la subida desorbitada de los precios y el aumento del paro en determinados sectores productivos que sólo fabricaban y elaboraban productos para el mercado nacional. Mientras que las masas soportaban a veces con rabia y otras con resignación la situación de crisis que les afectaba de lleno, un pequeño grupo de comerciantes de guerra e industriales obtuvieron beneficios extraordinarios, que los diferentes gobiernos intentaron gravar, en vano, con impuestos especiales.

En 1920, la crisis de subsistencias estaba en vías de solución y la inflación comenzó a frenarse. Los sueldos recuperaban una parte de su poder adquisitivo, perdido durante los años de la guerra, gracias a las luchas obreras que empezaron en 1917, coincidiendo con el asalto al poder de los bolcheviques en Rusia. El hambre y el triunfo de la revolución en este país del este europeo tuvieron un efecto estimulante, ya que reavivaron los anhelos liberadores de la clase obrera española y europea, expresados mediante movilizaciones generales que provocaron una politización de las masas obreras.

Los éxitos de las huelgas infundieron confianza y optimismo entre los dirigentes de la clase obrera, que vieron posible promover, en un futuro no demasiado lejano, un cambio revolucionario en España, similar al sobrevenido en Rusia.

Durante los años que duró el conflicto bélico, el comerciante de guerra Juan March había acumulado una fortuna que ya se consideraba una de las primeras del estado.

En 1920, Juan March quiso diversificar sus inversiones y decidió entrar en la industria petroquímica, uno de los sectores estratégicos de la economía. Había comprado una extensa finca en Portopí, una parte de cuyo perímetro bordeaba el mar. En un determinado punto de esta costa había una bahía bien protegida que reunía las condiciones para convertirse en un puerto comercial privado donde podrían amarrar los barcos para cargar y descargar los productos químicos, petróleo y gasolina. Los almacenes y la fábrica se construirían a no más de un centenar de metros del mar.

En un viaje que realizó a Mallorca Santiago Alba, el máximo colaborador político y socio en determinados negocios con March, pudo visitar, aún en obras, las nuevas instalaciones industriales y portuarias de Portopí. El semanario La Vanguardia Balear no dejó pasar la ocasión para meterse en camisa de once varas. El director escribió que tal vez el millonario le solicitaría a Santiago Alba la destitución del teniente coronel en jefe de los carabineros, a quien no perdonaba que hubiera informado, cuando las autoridades le pidieron el preceptivo informe, que aquel ambicioso proyecto industrial estaba impulsado por el mayor contrabandista de España.

Juan March explicaba a la gente, que se había reunido para escucharlo en un mitin electoral, las razones que lo habían decidido a crear aquella importante industria: «Terminada la guerra entendí que todos los españoles que nos encontrábamos con disponibilidades, teníamos el deber, por patriotismo, de invertir el capital sobrante en empresas industriales, que aumentaran la riqueza del país, para así aminorar los estragos que necesariamente habría de causar en el mundo el desnivel económico y la gran crisis de trabajo.»[12]

March, en su industria, además del refinado de petróleo, fabricaría superfosfatos, que vendería a los campesinos. La nueva agricultura comercial necesitaba aumentar la productividad y, por tanto, era imprescindible el uso de abonos químicos. March tenía una propensión compulsiva a monopolizar la mayoría de los sectores en los cuales invertía.

En el sector de los abonos químicos había optado por esta estrategia. Hacía tiempo que era socio mayoritario de La Fertilizadora, a cuya producción se sumaría en el futuro la de la nueva fábrica de fertilizantes de Portopí. De esta manera se garantizaba cubrir con creces la demanda local. Los excedentes se orientarían a la exportación. Una parte del sector agrícola comercial estaba controlado por March: por un lado, era el principal vendedor de fincas a plazos, por el otro, proporcionaba los fertilizantes químicos a los propietarios. Era el primer comprador y acaparador de productos agrícolas y también el principal cliente de las pequeñas industrias agroalimentarias de carácter familiar. Productos que gozaban de una gran demanda en los mercados peninsulares e internacionales.

Los barcos de March exportaban a Argel almendrón, descargaban y se hacían a la mar de vacío. Pero a unas cuantas millas de la costa, el barco de avituallamiento transbordaba bultos de tabaco al barco de March, hasta llenarlo. Luego el patrón ponía rumbo a las costas mallorquinas.

En torno a la gran industria de Portopí se generó un enfrentamiento por intereses personales, económicos y políticos entre una burguesía implantada, a la cual se habían unido los aristócratas que poseían un espíritu mercantil más desarrollado, y una nueva burguesía formada a la sombra de los grandes negocios ilícitos, antes y durante la Gran Guerra. El jefe de este grupo de parvenus era Juan March, Verga.

En esta disputa, los socialistas apoyaron a March sin reservas. Este sostén incondicional los hizo caer en un maniqueísmo absurdo a la hora de definir el perfil de los dos grupos sociales en pugna. Por una parte, la clase burguesa activa capitaneada por March, que representaba un capitalismo inversor, creador de riqueza y de puestos de trabajo. La otra facción, burguesa aristocratizada, estaba constituida, según los dirigentes socialistas, por hombres ociosos con una mentalidad más propia del Antiguo Régimen, que vivían de rentas. Esta tesis, con matices más sutiles, era la que defendía el propio March a través de los medios de comunicación afines: «Algo empieza a morir en estos días y este algo es la calma tradicional, la fama inmensa de gandules, la extendida consideración de gentes faltas de iniciativa que pesa sobre los mallorquines. La fábrica de Portopí simboliza la entrada en un fecundo industrialismo.»[13]

La entrada de March en el negocio del petróleo representaba una competencia directa para La Petrolera, distribuidora y representante de la Shell inglesa. La empresa era propiedad de Manel Salas, el hombre más rico de Mallorca antes de la irrupción de March en la vida económica de la isla. A la rivalidad en los negocios, se añadía el antagonismo político: March militaba en el liberalismo, y Salas en el maurismo.

En 1914, March ingresó por primera vez en un partido político, en el Partido Conservador de Eduardo Dato. Pero en 1917 cambió de chaqueta y desembarcó en el Partido Liberal, al que muy pronto controlaría. Cuando, en 1919, Santiago Alba, que parecía un hombre con un gran futuro político, cuya virtud más destacada no era precisamente la honestidad, formó el grupo Izquierda Liberal, March pasó a militar en él. La nueva organización era una corriente organizada dentro del mismo Partido Liberal dinástico.

Manel Salas era el valedor del partido de Antonio Maura, pero el presidente del partido y quien ocupaba los cargos institucionales era Manel Guasp, director de La Salinera, industria dedicada a la extracción de sal en las salinas de la isla de Ibiza. Era la empresa insignia del grupo empresarial de Manel Salas.

Mientras March peleaba cuerpo a cuerpo en la arena política, Salas poseía una mentalidad más aristocrática y prefería que lo hiciera su empleado. Hasta que se celebraron las elecciones legislativas de 1923, los partidarios de Antonio Maura, juntamente con los conservadores, sus aliados, ostentaron la hegemonía política en la isla de Mallorca. A pesar de que en ocasiones establecieron alianzas temporales.

Otro elemento de confrontación entre los dos grupos sociales fue el impacto medioambiental que suponía la creación de una gran industria contaminante en unos parajes donde algunos miembros de la vieja burguesía tenían sus casas de veraneo, entre las cuales estaba la de Francisco Maura, hermano del político conservador Antonio Maura, y la de Manel Salas. La ubicación de una industria de esas características en una zona residencial era un caso excepcional. Por el contrario, era habitual que se construyeran en las barriadas obreras de las ciudades. Los trabajadores luchaban por la supervivencia y cuando se movilizaban no era para protestar contra la contaminación, sino para pedir una subida de sueldos para sustentar a los suyos.

Había suficiente antagonismo político y bastantes intereses en juego contrapuestos para que se declarara una guerra abierta entre unos y otros. Todo comenzó en julio de 1921, cuando se puso en funcionamiento la fábrica de Portopí. Hecho que coincidió con el período en que los propietarios de las villas de los alrededores estaban veraneando. Las emanaciones de gases contaminaron en pocos días la zona y el aire puro de antes se hizo irrespirable.

Los vecinos se reunieron para perfilar una estrategia encaminada a cerrar la fábrica. Se redactó y firmó un documento en el cual se explicaba la situación insostenible para los vecinos que había creado la puesta en marcha de una industria que afectaba gravemente su salud. Por este motivo, exigían a la autoridad municipal que ordenara el cese de las actividades productivas. Después, se eligió una comisión para presentar el escrito de protesta al alcalde de Palma, que en aquella época era Bartomeu Fons Jofre de Villegas, cuñado de Manel Salas y adscrito al partido de Antonio Maura. La persona que eligieron para encabezarla fue Francisco Maura, hermano del presidente del Gobierno Antonio Maura. Al escrito se adjuntó un informe elaborado por tres ingenieros de la Escuela Superior de Ingenieros de Barcelona, que certificaban que la producción de ácido nítrico, sulfúrico y superfosfatos en la industria de Portopí resultaba perniciosa para la salud de la gente que habitaba en las inmediaciones.

El alcalde se apresuró a enviar a los técnicos municipales a la zona para que redactaran un informe para confirmar si los gases que se expulsaban a la atmósfera eran tóxicos. El dictamen que emitieron fue negativo para los intereses de March. Entonces, el alcalde trasladó la documentación al gobernador civil, miembro del partido de Antonio Maura, quien decretó el cierre inmediato de la fábrica. A March se le pusieron las cosas difíciles. Pero nunca se arrugó ante las contrariedades. En cuanto se le comunicó la noticia, solicitó una reunión con el delegado del Gobierno. El industrial explicó al gobernador que las emanaciones tóxicas se habían producido a causa de una avería momentánea, que ya se había reparado. Le aseguró que su industria disponía de los últimos avances tecnológicos para evitar la emanación de gases contaminantes. Lo persuadió de la verdad de sus palabras y lo convenció de que para evitar perjuicios a la economía mallorquina debía autorizar la reapertura de la fábrica, demanda a la cual accedió la máxima autoridad civil. Pero al día siguiente tuvo que dar marcha atrás, porque recibió un telegrama del Gobierno de Antonio Maura en que se le instaba a derogar de inmediato la autorización. El Gobierno, para evitar las veleidades del gobernador a favor de March, dictó una Real Orden que ordenaba la clausura sine die de la industria, por considerarla nociva para la salud pública.

March, tiempo después, aseguró públicamente que «dos meses antes de la inauguración, oídlo bien, habían ya decretado [se refiere a los seguidores de Manel Salas, la mayoría militantes del partido de Antonio Maura] su clausura en las oficinas de La Salinera».[14]

March, a diferencia de su rival Manel Salas, se dirigía en primera persona a la opinión pública a través de la prensa, la manera más directa, impactante y eficaz de contrarrestar la influencia de sus adversarios. No era habitual que los grandes potentados hicieran declaraciones a los medios de comunicación escritos, para eso ya tenían a los correspondientes profesionales que se encargaban de defender sus intereses y resaltar la bondad de sus ideas. March explicaba en una entrevista las razones de la confrontación: «En Portopí nos encontramos en pugna, los veraneantes que van allí a pasar tres o cuatro meses contemplativos, y yo con mis fábricas y mis producciones. El interés pasivo de ellos choca con mi interés activo… Todo el mundo sabe que hay ciertos elementos, algunos de los cuales (Francesc Maura, Manel Salas) veranean en Portopí, contrarios a mi persona, a mi significación política, a mi importancia económica e industrial.»[15]

El debate sobre la industria de Portopí se trasladó al Ayuntamiento, donde concejales «verguistas» y «antiverguistas» protagonizaron controversias encarnizadas en defensa o en contra de los intereses industriales de Juan March.

En el primer plenario que se celebró para discutir el asunto de Portopí, la mayoría conservadora impuso su tesis: que éste no era un tema de competencia municipal, ya que había sido una autoridad de rango superior la que había ordenado el cierre.

La estrategia de los concejales liberales trataba de forzar un plenario para discutir sobre el contenido de los informes elaborados por los técnicos municipales y ponderar públicamente las consecuencias sociales derivadas de tan draconiana medida. Los «verguistas» ignoraban a sabiendas que el Ayuntamiento debía someterse a los mandatos de la Real Orden de Su Majestad. Pero esta actitud obedecía a una estrategia política: demostrar que la autonomía municipal de los ayuntamientos, una de las reformas estrella del programa renovador de Antonio Maura, era pura retórica, papel mojado.

Los liberales confiaban en que los ciudadanos no entendieran por qué la primera institución local no se pronunciaba sobre una problemática que afectaba a centenares de familias obreras y a la misma economía local. Las clases populares más afectadas se indignarían cuando supieran que su Ayuntamiento se había lavado las manos y no les había dado el apoyo necesario en defensa de la reapertura de la fábrica, que para muchos suponía recuperar su puesto de trabajo y tener asegurado el sustento de sus familias.

Las sociedades obreras, diversas entidades ciudadanas, la Cámara de Comercio, todos los municipios encabezados por los liberales y la prensa (El Día, Última Hora y El Obrero Balear) iniciaron una campaña a favor de la reanudación de las actividades industriales. La campaña pretendía hacer percibir a los ciudadanos que la injustificada medida era una venganza política contra el capitoste de los liberales, Juan March. Una acción para evitar la competencia al prohombre del maurismo, Manel Salas.

Los defensores de March no se cansaban de repetir que la Real Orden se debía considerar una disposición marcadamente centralista y caciquil que menoscababa la autonomía municipal. Para los «verguistas» el conflicto se interpretaba como una batalla entre el dinamismo empresarial de March y la gandulería de una clase ociosa que se dedicaba a dilapidar los bienes de sus antepasados, que ignoraba los sectores sociales más necesitados. El egoísmo no les dejaba ver que el desarrollo de la economía, proceso en el cual tenían la responsabilidad social de haberse involucrado, era la única alternativa para frenar su decadencia y empobrecimiento.

La movilización obrera y la protesta de muchas de las instituciones representativas de la isla forzaron al alcalde, cuñado de Manel Salas, a convocar un pleno extraordinario para salvar las apariencias.

La mayoría municipal conservadora elaboró una estratagema que consistía en adoptar en el curso de aquel plenario una resolución favorable a la reapertura de la fábrica, en período de pruebas, pero sabiendo anticipadamente que ni el gobernador ni el Gobierno central la ratificarían. El alcalde justificó la convocatoria diciendo: «Quiero rodearme de las garantías necesarias para que quede completamente demostrada mi imparcialidad.»[16] Después de la repetición de los argumentos a favor y en contra que ya se habían pronunciado en la sesión anterior, el concejal liberal Barceló i Caimari presentó una proposición a favor de la reanudación provisional de la producción. Sorprendentemente para los concejales «verguistas», la propuesta se aprobó por unanimidad. Pero la resolución municipal no se tradujo en hechos.

Al cabo de unos días, el gobernador instó al alcalde para que convocara un pleno extraordinario que él mismo presidiría. El gobernador censuró severamente a los concejales por haber aprobado un acuerdo de pleno del todo ilegal, ya que contravenía la Real Orden promulgada por el Gobierno de Su Majestad el Rey.

Juan March sacó pecho y tanteó la firmeza del gobernador: decidió poner de nuevo en funcionamiento la fábrica. La Guardia Civil se presentó unas horas después con la correspondiente orden de clausura y obligó a los trabajadores a desalojarla.

Joaquim Pascual, abogado de Verga, en el siguiente plenario extraordinario, ignorando la reprensión del gobernador y la orden publicada en la Gaceta del Estado, siguió reclamando el cumplimiento del acuerdo sobre la apertura provisional de la fábrica, aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Palma. Ramis de Ayreflor, concejal conservador, le contestó que su demanda no podía satisfacerse sin chocar frontalmente con el Gobierno central. «¿Es que el señor Pascual pretende que con la guardia municipal vayamos a Portopí a reñir una batalla campal contra la Guardia Civil?»[17]

Juan March, como los conservadores, jugaba la carta del patriotismo. La coartada que más se ha utilizado a lo largo de la historia para enmascarar los intereses egoístas de los mandatarios, los corporativos, los de un grupo o de una casta social determinada. Por su perdurabilidad, parece que hay mucha gente que se deja engatusar por él, o bien que quien hace bandera de ello cree firmemente producir el efecto esperado.

March afirmaba que quienes iban a padecer en primer grado las consecuencias serían los intereses generales de Mallorca. «Es tristísimo ver cómo resulta inútil preocuparse por negocios que afectan al bien común… Yo no tenía necesidad de meterme en nuevas explotaciones. Mi fortuna me bastaba para vivir con lujo y sosiego.»[18]

March no dio la partida por perdida y se sacó un as de la manga. Consiguió que los tres ingenieros que un mes antes habían firmado el informe presentado por los vecinos en el Ayuntamiento se desplazaran a Mallorca para realizar una inspección de su fábrica. Los técnicos efectuaron una visita a las instalaciones. Durante su estancia se los trató a cuerpo de rey y se les pagó una generosa minuta. A continuación, redactaron un informe que contradecía las tesis que habían expresado en el anterior, en cuanto a la toxicidad de las emisiones de gases a la atmósfera. Certificaron que la industria de March no suponía ningún peligro para los vecinos de la zona de Portopí. March hizo publicar el texto en los diarios locales y la prensa «verguista» tuvo un argumento más para sostener la teoría de que todo era una campaña para arruinar a March. Mientras, los socialistas atacaban a los enemigos de Verga, acusándolos de irresponsables por ignorar adrede el daño que causaban a las clases más humildes y por no evitar el revés que causaría la medida al sistema productivo. Para los socialistas la industrialización era el camino hacia la modernidad y la puerta de entrada al socialismo.

En el mes de octubre de 1921, March llegó a la conclusión de que mientras Antonio Maura fuera presidente del Consejo de Ministros, la fábrica permanecería cerrada. March divulgó que le habían contado, fuentes bien informadas, las malas intenciones del presidente del Gobierno respecto de su persona. «Y no deseaba, por cierto, sólo mi eliminación de la política balear.»[19]

En las declaraciones que hizo a su diario El Día se traslucía un cierto pesimismo. Pero, enrabietado, se encaró con el estadista conservador: «Y si Maura lograse el cierre definitivo de mi fábrica, ése sería su testamento político… Sobre las ruinas de la fábrica podría asentar el pedestal de su estatua, y así perduraría su memoria entre los mallorquines.»[20]

Eran muchos los obreros que habían trabajado en la construcción de las instalaciones industriales y muchos otros habían sido contratados para asegurar su funcionamiento. Ahora quedarían en la calle y tendrían dificultades para encontrar un nuevo puesto de trabajo. La economía se recuperaba lentamente, pero aún se mantenían unos altos índices de paro. Los trabajadores desempleados no cobraban ningún subsidio.

Las organizaciones obreras proclamaban que primero estaba el trabajo y después la preservación del medio ambiente. No hay pan sin corteza, pensaban los obreros. La industria no podía detenerse en menudencias o por «cuestiones insignificantes», decían los socialistas. La contaminación era un efecto colateral para la salud que había que pagar para salir de la miseria.

El jefe de los socialistas, Llorenç Bisbal, vivía en el barrio de Santa Caterina, donde se habían ubicado diversas industrias contaminantes. La toxicidad en el ambiente le agravaba la enfermedad pulmonar crónica que padecía. Para demostrar que los gases expulsados por las chimeneas de la fábrica de Portopí no eran nocivos, se ofreció a vivir en la zona durante el período de pruebas. Esta propuesta la hizo en el curso de un plenario del Ayuntamiento de Palma.

Los socialistas sostenían la misma tesis que desde el primer día defendió el industrial: las emanaciones tóxicas que se produjeron en los primeros días de funcionamiento de la fábrica se debieron a una avería que fue reparada de inmediato. El Obrero Balear aseguraba en un editorial que un accidente fortuito no era la verdadera causa del enfrentamiento entre las dos facciones burguesas; era un pretexto. En realidad, había un trasfondo de rivalidad política y económica, y de odios personales. «Ni unos olores, ni la nocividad de unos gases, producidos por reparables averías, ni aun la muerte de unas personas que estas averías hubieran podido ocasionar, justificarían el cierre definitivo.»[21]

Los socialistas consideraban a March la figura emblemática de la nueva burguesía imbuida de un espíritu transformador que acabaría con el sistema caciquil, caduco y arcaico, y allanaría el camino que conducía al socialismo.

Bisbal declaraba: «Nosotros siempre hemos creído que el Sr. March, a pesar de sus maquiavelismos políticos, inspirados únicamente en los negocios […]. Era en Mallorca el prototipo de una burguesía moderna y emprendedora, cual de los países económicamente más desarrollados.»[22]

El insigne político socialista Julián Besteiro defendía que en España aún estaba por hacer la revolución burguesa democrática. Teoría que el curso de los acontecimientos políticos posteriores demostraría ser errónea.

En el mes de marzo de 1922 cayó el Gobierno de Antonio Maura, que había durado solamente siete meses. La inestabilidad política era una de las causas que ponían en peligro la perdurabilidad del régimen de la Restauración. El rey Alfonso XIII designó al conservador Sánchez Guerra para formar un nuevo Gobierno. March no tardó en entrevistarse con él. La finalidad era conseguir una orden ministerial que revocara la orden de cierre que pesaba sobre su industria. A cambio le ofreció crear en Mallorca una facción política que fortaleciera su liderazgo dentro del Partido Conservador. Sánchez Guerra fue receptivo a la demanda y autorizó la reapertura de la fábrica. En la Real Orden se alegaba que no había una legislación que regulara de forma específica este tipo de industria y, por tanto, consideraba que decretar su cierre había sido improcedente. El Gobierno, para salvaguardarse de las futuras críticas de favoritismo de los seguidores de Maura, resaltaba en el preámbulo de la Real Orden la importancia de la industria para el desarrollo del país y para la creación de nuevos puestos de trabajo.

A fin de que el rey lo apoyara, March le hizo llegar un paquete de acciones de la Trasmediterránea. De esta manera, el monarca se convertía en accionista de una de las principales navieras del estado. No hay constancia de que la Casa Real, mediante una nota pública, rechazara el regalo.

En el mes de mayo de 1922, Juan March, de cara al futuro, quiso prevenirse de sus enemigos, dolidos por la medida gubernamental. Pretendía evitar que éstos, cuando se produjera un cambio de gobierno hostil a su persona, intentaran pedir de nuevo el cierre de la industria. Por esta razón, simuló que se desligaba de ella. Hizo una oferta de venta a la naviera Trasmediterránea. El importe que se acordara por la transacción sería a cobrar en acciones de la compañía marítima. Se firmó el contrato de compraventa y, en una de las cláusulas, se estipulaba que March continuaría al frente de esta industria hasta que considerara que había cumplido sus objetivos empresariales. ¡Qué listo era Verga y cómo sabía enredar la madeja! En la operación aumentaba el número de acciones que poseía de la compañía Trasmediterránea, lo cual le hacía ganar peso en el consejo de administración y lo convertía en el socio mayoritario. En consecuencia, la industria de Portopí quedaría bajo su control a través del dominio que ejercería sobre la empresa matriz.

March se hacía la víctima delante de la opinión pública y declaraba: «Cuando alguien es audaz y arriesga su capital para hacer de la isla algo más que un motivo de recreo para el turista curioso y despreocupado, los sectores reaccionarios lo boicotean.»[23] March no se imaginaba que en el futuro el turismo sería la principal fuente de riqueza para la sociedad mallorquina. No fue la industrialización la que transformó la sociedad, sino la llegada de millones de turistas.

Un año después, March convirtió la anterior industria química de Portopí en una nueva empresa, Petróleos Portopí, que daría prioridad al comercio de petróleo y sus derivados. Materia prima que importaría de la sociedad estatal rusa, la Nafta. La nueva empresa contó con una participación de una sociedad francesa que aportó el 50 % del capital inicial. March valoró que el futuro del negocio era la distribución de los carburantes derivados del petróleo. Demanda que había crecido de forma exponencial en una economía que para prosperar necesariamente debía mecanizarse.

El subarrendamiento a March del monopolio de tabaco en el Protectorado español de Marruecos.

En 1911, la Société Internationale de Régie C-Intéressée de Tabacs de Maroc, obtuvo del sultán de Marruecos la concesión de venta de tabaco y kifa, en régimen de monopolio, en la zona del Protectorado español, pagando una importante suma en francos. Juan March evaluó la gran importancia que tenía para sus negocios hacerse con el subarrendamiento. El capitalista sopesó las ventajas que podía reportarle: la primera era hacerse con el mercado de tabaco en la zona, algo de interés especial para sus negocios, ya que en el país vecino, Argelia, se ubicaban sus fábricas de elaboración de tabaco, circunstancia que abarataría los costes del transporte. Una segunda variable que evaluó positivamente para el negocio fue la llegada incesante de soldados españoles al Protectorado, los cuales solían ser consumidores compulsivos de tabaco y kifa. Sus efectos los liberaban momentáneamente de sus miedos y añoranzas. El tercer factor, de más peso, y que lo decidió definitivamente a luchar para conseguir que se le subarrendase el monopolio, fue que con una cobertura legal podría establecer puntos de venta en los límites de Ceuta y Melilla, a fin de atraer a los consumidores que habitaban en esas ciudades. Les ofrecería tabaco y kifa más baratos y de mejor calidad que el despachado en los estancos oficiales. Asimismo, podría pasar su tabaco de contrabando al interior de dichas ciudades.

El monopolio de venta de tabaco en Ceuta y Melilla quedaba fuera del alcance de la concesión de la sociedad francesa, porque lo tenía la compañía española, la Arrendataria, concesionaria en todo el territorio nacional.

En 1911, la compañía francesa Société Internationale de Régie, en un primer momento, fue reticente a aceptar la oferta de subarriendo de March, pero éste desplegó todas sus influencias y argucias para doblegar la resistencia de los directivos que se oponían.

Según fuentes francesas, March obtuvo el subarrendamiento, en buena medida, gracias a los buenos oficios del conde de Romanones ante el Gobierno francés. El conde y su hermano habían adquirido participaciones en las minas de hierro del Rif y, como consecuencia de estos intereses, eran defensores de la presencia española en el norte de África.

Además, March tenía un infiltrado en el seno de la Société Internationale de Régie C-Intéressée de Tabacs de Maroc: el político radical Luis Malvy, que era su principal abogado. Lo sobornó para que defendiera ante el Consejo de Administración la conveniencia y las ventajas de otorgarle el subarrendamiento. Años después, Luis Malvy se convertiría en un político influyente y corrupto, al que recurriría March cada vez que tuviera algún asunto relacionado con Francia que se encontrara pendiente de resolución por trabas administrativas o políticas. Luis Malvy militaba en el Partido Radical, partido bisagra entre conservadores y socialistas. Dada la ausencia de mayorías absolutas, el Partido Radical era decisivo en el momento de conformar la mayoría parlamentaria. Por tanto, tenía la llave de la gobernabilidad, ya que con su voto decidía si el poder ejecutivo permanecía en manos de la derecha o de la izquierda. Por esta razón los diputados de este grupo minoritario eran mimados por los dos grandes partidos y disfrutaban de mucha influencia.

¿Cuáles fueron las razones convincentes que March hizo llegar en secreto a los directivos de la Société Internationale de Régie C-Intéressée de Tabacs de Maroc, a través de Luis Malvy? Que si no aceptaban su propuesta, invadiría el territorio del Protectorado con tabaco de contrabando. El director de la compañía se informó sobre las influencias políticas y militares de que disfrutaba aquel enigmático personaje en la zona y de su capacidad de maniobra. Después de enterarse de cómo actuaba March, el consejo de administración creyó que sería más ventajoso para la sociedad llegar a un acuerdo. March consiguió su propósito: se protocolizó un contrato por un período de diez años.

Juan March obtuvo el anticipo que había que pagar a la compañía francesa para obtener el subarrendamiento gracias a un crédito concedido por el banco Crédito Balear, uno de cuyos avalistas era su tío Sebastián March Estelrich. El tío Sebastià fue siempre un referente para Juan March, a quien se sentía muy unido. En cambio, nunca existió entre él y su padre un afecto entrañable: la relación entre padre e hijo fue fría, conflictiva y, durante largos años, casi inexistente.

En 1921, finalizaba la vigencia del contrato de subarrendamiento. La dirección de la Société Internationale de Régie Co-Intéressée de Tabacs de Maroc no estaba en absoluto predispuesta a renovárselo. La conducta de March con Francia durante la Gran Guerra no facilitaba el acuerdo.

March no podía perder de ninguna manera el monopolio de venta de tabaco en la zona, dado que era la plataforma territorial desde donde entraba el tabaco de contrabando a Ceuta y Melilla. Indalecio Prieto, como diputado del Partido Socialista, viajó al Protectorado después del desastre de Annual (1921), para enterarse de las causas y consecuencias de la derrota del Ejército español. Quería poder exigir en las Cortes responsabilidades al Gobierno monárquico y a los mandos militares que tuvieron el deber de evitarla. Prieto, aparte de observar e informarse de los detalles de la guerra, pudo enterarse de los manejos de March en la zona: «El concesionario de la zona del Protectorado (Juan March) tiene establecidos estancos, precisamente en un punto en donde por no haber edificación alguna, no puede sentirse la necesidad de consumo, por lo que estos estancos no pueden tener más finalidad que facilitar la venta de tabaco más barato a los vecinos que viven dentro de la zona de soberanía (Ceuta y Melilla). Con este cinturón de establecimientos alrededor de Melilla se asfixia la venta del monopolio del Estado.»[24]

Además de esta circunstancia, la marcha de la guerra colonial en el Protectorado español, no demasiado favorable militarmente a España, obligaba al Gobierno a enviar continuamente nuevos contingentes de soldados a la zona, para no perder la iniciativa militar en el conflicto bélico que enfrentaba al ejército regular español con los guerreros de las cabillas, que se resistían a la ocupación española. Estos miles de soldados eran los principales consumidores del tabaco de March, clientela a la cual no pensaba renunciar.

A causa de la magnitud del negocio, March recurrió al poder divino y terrenal de la Iglesia católica para no perderlo. Se puso en contacto con el confesor del rey Alfonso XIII, el padre Gabriel Palmer, quien con el apoyo del rey había fundado la Misión Católica en París, donde ejerció una larga temporada como prelado. Este cargo le permitió establecer buenas relaciones con los círculos del poder político y eclesiástico en la capital del Estado francés. El encuentro entre los dos personajes se produjo en 1921, después de que March y sus emisarios (Antoni Maria Quès y Sebastià Simó) hubieran fracasado en las gestiones y contactos que habían mantenido con directivos de la sociedad y con influyentes políticos franceses, con el objetivo de conseguir la renovación del contrato de subarrendamiento.

Cuando lo tuvo delante, March fue directamente al grano. Le dijo que las negociaciones para redactar un nuevo acuerdo habían fracasado y que ni él mismo había sido capaz de convencer a sus interlocutores para que se estableciera una prórroga. Dirigiéndose al ilustre capellán, le espetó: «Sólo V., con sus buenísimas relaciones y sus poderosas influencias, es el único hombre capaz de conseguirme el Monopolio de Tabacos de Marruecos, y nadie más que V., en las actuales circunstancias. Como si espero, me obtiene V. la renovación del contrato, me habrá conseguido el más fabuloso negocio que habré realizado en toda mi vida, y nos habrá hecho V. millonarios a mí, a mi familia y a la suya.» Muchos años después de que se produjera este encuentro, el padre Palmer se lo recordaba a Juan March en una carta. Sin olvidarse de refrescarle la memoria sobre una solemne promesa que le hizo: «Espontáneamente me prometió V. el 2 % del negocio y todo cuanto quisiera. Por cierto que jamás olvidaré las muchas veces que D. Sebastián Simó me repetía: “D. Gabriel, ha sido V. un tonto; debía haberle pedido a March el 5 %, el 30 % y gustoso se lo hubiera dado, ya que él y sus representantes se declararon completamente fracasados.”»[25] La carta a la que nos estamos refiriendo la escribió el padre Gabriel Palmer el 19 de febrero de 1945, decepcionado por no haber recibido la millonaria comisión. Cuando el relato llegue cronológicamente a esta fecha aludiremos a ello con más profusión de detalles.

Pero, en 1921, el padre Palmer no conocía suficientemente a March y no sabía nada de sus trapicheos. Antes de que acabara la vigencia del contrato de subarrendamiento, el padre Gabriel Palmer y March viajaron a París para iniciar los contactos y llevar a término intensas negociaciones. El eclesiástico hizo valer sus influencias entre la clase política del país vecino y March puso en juego toda la fuerza persuasiva del dinero. Después de haber peregrinado, durante más de 54 días, por ministerios y despachos de personajes influyentes, la Cíe Régie aflojó y acabó adjudicándole de nuevo el subarrendamiento. Se redactó un nuevo contrato que firmaron las dos partes. Cuando todo estuvo bien atado, March, una persona circunspecta, de golpe liberó la alegría contenida que le había proporcionado asegurarse la continuidad en un negocio muy lucrativo y exclamó: «V., D. Gabriel, es el hombre más grande de España.»[26] Durante muchos años el padre Palmer fue un directo colaborador de March y asesor espiritual de su familia.

Francesc Cambó, como ministro de Hacienda, intenta acabar con el contrabando

Después del desastre de Annual, en el Protectorado del norte de África, en julio de 1921, donde murieron más de 10 000 soldados y oficiales españoles, los pilares de la Monarquía parecían hundirse. El rey había alentado al general Manuel Silvestre para que emprendiera una ofensiva militar contra las cabillas rebeldes, con el objetivo de expandir el dominio territorial de España en Marruecos. Las tropas españolas fueron estrepitosamente derrotadas porque desplegaron una táctica improcedente, sin asegurar la retaguardia ni contar con una buena logística. La estrategia del general Silvestre menospreció la táctica del enemigo y el espíritu guerrero de las tropas de Abd-el-Krim el Khatabi. El general Silvestre era un militar chapado a la antigua y, cuando constató la humillante derrota, se suicidó. Este descalabro militar espoleó a los nativos, que iniciaron un victorioso avance sobre los dominios españoles, provocando miles de bajas.

La derrota ignominiosa que sufrieron los ejércitos españoles, cuyo comandante general era el mismo rey Alfonso XIII, lo pusieron en el centro del ojo del huracán que sacudió la política y la opinión pública. El rey estaba influido por el militarismo y por las corrientes autoritarias muy en boga en aquella época. Los sectores de oposición política, republicanos, socialistas y anarquistas, no dejaron de criticarlo y de hacerlo directamente responsable del desastre militar. El monarca temió lo peor para la institución que encarnaba. Para evitar el naufragio recurrió a Antonio Maura, al que situó al frente de un nuevo Gobierno de concentración. Maura era el político que en situaciones críticas siempre se había puesto a disposición del monarca, aunque éste no le correspondiera proporcionalmente a la lealtad demostrada.

El 14 de agosto de 1921 se formó el nuevo Gobierno. Los nacionalistas catalanes entraron a formar parte de él. Francesc Cambó ocupó la cartera de Hacienda. Este nombramiento tendría consecuencias muy negativas para los negocios de contrabando de March. El hecho de que Santiago Alba, amigo de March, ocupara una cartera ministerial, no fue suficiente para frenar la actuación decidida del ministro catalán, que tuvo el apoyo del primer ministro, enemigo declarado del contrabandista.

Uno de los objetivos preferentes del nuevo ministro de Hacienda fue enjugar el déficit presupuestario crónico que padecía la hacienda estatal. Una de las causas que habían desequilibrado los presupuestos eran los gastos que provocaba la guerra de Marruecos. La receta teórica era sencilla y lógica: reducir los gastos y aumentar los ingresos; otra cosa muy distinta era llevarlo a la práctica.

Cambó pensaba que había llegado la hora de poner fin a la permisividad de los anteriores gobiernos con el contrabando. La lucha contra el comercio ilegal de tabaco supondría aumentar los ingresos estatales procedentes del monopolio de tabaco. Cambó sabía que las connivencias de los oficiales y los carabineros rasos con los contrabandistas era incontestable. Una corrupción que perduraba desde hacía siglos.

El nuevo titular de Hacienda, al inicio de su mandato, convocó a todos los coroneles de carabineros y a los comandantes de zona a la sede del Ministerio. En la reunión dijo sin rodeos que estaba enterado de las proporciones desorbitadas que había alcanzado el contrabando de tabaco en España y puntualizó que para llegar a cifras tan elevadas era imprescindible la complicidad de oficiales y carabineros de a pie con los traficantes. Para acabar, el ministro les soltó: «No estoy dispuesto a ser el responsable de un cuerpo armado incapaz de depurarse y dignificarse, expulsando él mismo a los que no son dignos de llevar el uniforme.»[27]

El semanario local La Vanguardia Balear, siempre atento a los asuntos económicos o acontecimientos políticos que pudieran afectar negativamente a March, se hizo eco de las medidas que pensaba adoptar el nuevo ministro para acabar con la lacra del contrabando. «Estamos en vísperas de una batalla naval que habrá de reñirse en nuestras aguas, contra una cuadrilla de faluchos españoles con bandera inglesa, y se asegura que al almirante de la flota [Juan March] no le valdrá para escurrirse la luz del Alba [referencia al ministro Santiago Alba, el hombre de March en el Gobierno de Maura].»

Una de las primeras disposiciones ministeriales de Cambó fue derogar los artículos de la Ley del Contrabando que adjudicaba a los Tribunales de Marina la competencia para juzgar este tipo de delitos y faltas. La decisión la adoptó porque estaba bien informado de la poca severidad con que actuaban los militares de la Marina a la hora de emitir sentencias contra los presuntos infractores de la Ley del Contrabando.

Más adelante, dictó una nueva Real Orden según la cual los barcos que fueran capturados a los contrabandistas, si se consideraban aprovechables, pasarían a formar parte de la flota de barcos destinados a la persecución del comercio ilegal. En cambio, aquellos que no fueran aptos se desguazarían.

Antes de la llegada de Cambó al Ministerio de Hacienda, los barcos apresados transportando mercancías de contrabando eran posteriormente subastados. Los representantes del capo del contrabando, el día de la venta pública, eran los únicos que pujaban por el barco. El hecho de que no hubiera otros licitadores, pues nadie se atrevía a desafiar a March, hacía que se recuperase el barco a un precio muy por debajo de su valor en el mercado.

El ministro Cambó encargó la misión de luchar contra el contrabando a un hombre enérgico y eficaz, Francesc Bastos Ansart, y lo nombró gerente de la Arrendataria (compañía concesionaria del monopolio de venta de tabaco en todo el estado). Francesc Bastos era diputado nacionalista en las Cortes Generales, por Cataluña. Recordemos que la Arrendataria tenía competencias en la persecución del contrabando de tabaco. Disponía de una flota propia de barcos y de agentes armados distribuidos por todo el territorio nacional. Cambó marcó a su nuevo gerente dos prioridades: la lucha contra el contrabando y la reorganización de la compañía con el fin de reflotarla y hacerla competitiva.

Cambó puso vigilancia policial a March. De esta manera consiguió que los políticos en activo y los ex presidentes del Consejo de Ministros que lo visitaban frecuentemente en el hotel Palace, situado delante de las Cortes, se cuidaran temporalmente de hacerlo.

March desgranaba los objetivos de quienes habían promovido la persecución: «Pretendían arruinarme, agotar mi salud y encarcelarme.» A continuación, enumeraba los medios que habían utilizado a fin de obtener pruebas para inculparlo: «Se ordenó que la policía me vigilara en Barcelona y Madrid, interviniéndome las conferencias telefónicas. Por el Ministerio de Hacienda, se dieron órdenes a todos los delegados de Hacienda de España para que revisaran escrupulosamente los expedientes de contrabando de 20 años atrás, para ver si encontraban algún resquicio que pudiera comprometerme.»[28]

A fin de ejecutar su difícil empresa, Francesc Bastos preparo una estrategia para enfrentarse al más poderoso contrabandista del estado. En primer lugar, mejoró la calidad del tabaco que vendía la Arrendataria. Para conseguirlo, compró tabaco en los estados de Kentucky y Virginia, en Estados Unidos, y tabaco turco. Eran tabacos más aromáticos y de mayor calidad que los que se vendían en los estancos antes de su llegada. Otra medida que adoptó fue sustituir la maquinaria obsoleta de las fábricas por otra de última generación, que mejoraba la elaboración de los cigarrillos y el tabaco de picadura, y aumentaba la producción. Por otro lado, compró barcos más rápidos para perseguir a los que poseía March. Finalmente constituyó una red de informadores eficaz y subió el sueldo a los inspectores de la Arrendataria. Antes del nombramiento de Francesc Bastos, March causaba un quebranto a la Hacienda Pública equivalente al 20 % de la recaudación total procedente del monopolio de tabaco en todo el estado.

La manera de actuar de Bastos obtuvo muy buenos resultados, según las cifras que presentó, en 1923, ante la junta general de la Arrendataria. Si en 1917 en las islas Baleares las ventas en los estancos de tabaco ascendían a 1 412 000 pesetas, en 1923 la cuantía era de 4 562 000, un aumento del 283 %.

Las confiscaciones de tabaco de contrabando habían ido gradualmente en aumento. La mayoría del tabaco decomisado durante el período 1921-1923 estaba elaborado en las fábricas de March en Argel.

En el feudo de March en el norte de África, Bastos quiso aplicar una estrategia especial para estrangular el contrabando que hacía March desde el Protectorado a las ciudades de soberanía española: Ceuta y Melilla, donde la Arrendataria, como en el resto del estado, también era adjudicataria del monopolio. Pensó que la manera más eficaz de hacerlo sería vender en las dos ciudades el tabaco por debajo del precio de coste, con el fin de hacer la competencia al de contrabando que introducía March. Esta política empresarial tan sólo se aplicó en el perímetro de estas dos ciudades. Los resultados fueron inmejorables: los consumidores se dieron cuenta muy pronto de que el tabaco de contrabando se vendía más caro que el expedido en los estancos, y dejaron de comprarlo.

Juan March reaccionó y, para compensar las pérdidas que le provocaba la política de abaratamiento de precios, comenzó a comprar importantes partidas del tabaco de la Compañía Arrendataria que se vendía en los estancos y establecimientos autorizados en Ceuta y Melilla.

La Trasmediterránea, compañía marítima dirigida en la sombra por March, cubría una línea regular desde los puertos del sur de España a las ciudades de soberanía española en el norte de África. Era el transporte ideal para camuflar los bultos de tabaco comprados a la compañía concesionaria. La mercancía se desembarcaba en los puertos peninsulares con la complicidad de los empleados de Aduanas. En la metrópolis, la organización de March se encargaba de distribuirlo por doquier. Era el mismo tabaco (idénticas marcas) que repartía la Arrendataria en los estancos peninsulares, pero March lo vendía más barato. Esto parecía una locura. La política de Bastos de abaratamiento de precios en Ceuta y Melilla tenía el objetivo de perjudicar los intereses de March; sin embargo, March fue capaz de servirse de esta estrategia empresarial para obtener beneficios en la península y compensar la disminución de las ganancias producidas por el contrabando en el norte de África.

Bastos pretendía llevar la política represora hasta Argel, base de la organización contrabandista de March, creando un grupo de hábiles informadores. El cónsul español en Argel expidió un informe a sus superiores, en el cual relataba la estratagema que ponían en práctica los barcos contrabandistas. De los puertos peninsulares e isleños salían estibados con grandes barriles de vino, frutas, almendras, etc., que descargaban en los puertos de Argel o de Orán. Horas después, zarpaban de vacío y navegaban mar adentro. A 8 millas de la costa iban al encuentro de la nave de aprovisionamiento que les transbordaba el tabaco. Después de esta operación, el barco contrabandista se dirigía hacia el lugar donde estaba previsto hacer el transbordo a los laúdes, que finalmente llevaban la mercancía a tierra.

En la década de 1920, antes de abandonar el puerto, un emisario de March entregaba una hoja de papel al patrón en la que estaban descritas y ordenadas por prioridad las «citas», los lugares del litoral donde se debía efectuar la maniobra de transbordo. Si las circunstancias resultaban tan adversas que en ninguno de ellos era posible transbordar, el patrón debía recalar en un puerto seguro, donde recibiría nuevas instrucciones.

El falucho acudía a la primera cita. La tripulación permanecía alerta esperando entrever una señal luminosa para iniciar la operación de descarga. Pero si los contrabandistas desde la costa se temían la presencia de los carabineros en la zona, encendían una hoguera al borde de un acantilado, que servía de señal. Si la llama se apagaba de golpe era señal de «brut», que indicaba una situación de peligro. Entonces, la embarcación viraba y ponía rumbo hacia la segunda cita. Cuando llegaba a ella arriaba velas. A bordo se guardaba silencio. La tripulación escrutaba con la mirada el peñascal que se levantaba majestuoso ante sus ojos. Entre esa barrera natural se había abierto paso un torrente que los días de lluvia fuerte liberaba al mar una corriente impetuosa de agua rojiza. Esa torrentera era la ruta que seguirían los cargadores para pasar el tabaco. Después de una larga espera, desde un promontorio, un contrabandista comenzaba a balancear un farol que reflejaba una luz verde. A continuación, el parpadeo de una luz roja confirmaba que los carabineros habían dejado el campo libre. Desde el barco se emitían señales luminosas para avisar a los hombres que esperaban en la orilla que habían entendido el mensaje.

El patrón se aproximaba a la costa tanto como se lo permitía el estado de la mar y los escollos del litoral. Cuando llegaba al límite que no convenía traspasar, si no se querían correr riesgos innecesarios, echaba el ancla. La tripulación lanzaba al mar un bote de lona que tenía una cuerda atada a proa y otra a popa. Unos minutos más tarde, llegaba nadando desde la costa un contrabandista que cogía la cuerda de proa con las dos manos, sujetándosela a la muñeca. A continuación, se ponía a bracear hacia la ribera. Cuando llegaba, los hombres que lo esperaban cogían con fuerza el cabo de la cuerda y esperaban que desde el barco la estirasen hasta que quedara tensa. Era la señal que indicaba que había que recoger cuerda para aproximar el bote a la orilla. Cuando quedaban unos pocos metros, dos contrabandistas con los pantalones arremangados hasta las rodillas entraban en el mar para empujar el bote y evitar que, en el último momento, se volcara la mercancía. Entonces se bajaban a tierra las cajas y bultos. Cuando lo habían vaciado, tensaban de nuevo la cuerda para que los tripulantes del falucho se dieran cuenta de que había que recoger cuerda para recuperarlo. El bote iba y venía mientras quedaba género por transbordar. Cuando había finalizado la operación, el falucho contrabandista levaba anclas y se adentraba a toda vela en alta mar para ponerse a resguardo.

Mientras unos hombres guardaban la mercancía amontonada sobre la arena o sobre los cantos rodados, los cargadores se encaminaban con un bulto a la espalda (antes se colocaban el «pitral», una especie de arnés que los ayudaba a sujetar el bulto) hacia el «secret», donde debían depositarlo temporalmente. Parecía una procesión de penitentes que caminaban encorvados para que el bulto se asentara bien a la espalda y no se les cayera; iban cargados como asnos. Pero eran fuertes como un roble y flexibles como el retoño de acebuche, que se dobla, pero no se rompe.

El gerente de la Arrendataria, Francesc Bastos, a pesar de sus reformas y de la ampliación de sus medios y refuerzos para la represión del contrabando, no había derrotado a March, que repelía sus ataques sin que le flaquease el ánimo. Había adoptado una estrategia de resistencia: se trataba de ganar tiempo y esperar que el poder cambiara de manos lo antes posible. Para fortalecer su organización, subió el montante de los sobornos a los carabineros, y sus barcos desembarcaban el género en sitios donde la costa era más escarpada, para evitar que los carabineros pudieran acceder desde tierra. Redobló la disciplina interna de la organización a base de imponer castigos cada vez más severos a los soplones. Los barcos abandonaban las rutas habituales y cambiaban constantemente los puntos de encuentro de los faluchos con los barcos nodriza en alta mar, donde se transbordaba la mercancía de una nave a otra. Era la guerra entre dos hombres intrépidos que no querían dar el brazo a torcer.

Mientras duró el Gobierno de Antonio Maura, Francesc Bastos tuvo el apoyo político del ministro de Hacienda, Francesc Cambó, y la financiación imprescindible para llevar a cabo una campaña para acabar con el comercio ilegal de tabaco bajo control de March. Pero siete meses después de su constitución, en marzo de 1922, el Gobierno de concentración nacional de Maura acabó su andadura. En consecuencia, Cambó, el principal valedor de Bastos, abandonó el Ministerio. March respiró, sabía que para que el negocio fuese próspero era indispensable no tener a los políticos en contra. Desde aquel momento, las cosas cambiaron. Francesc Bastos, hasta su destitución como gerente de la Arrendataria, que se produjo durante la dictadura de Primo de Rivera, tuvo que padecer un vía crucis por culpa de March, que hizo cuanto estuvo a su alcance para vengarse de quien durante un tiempo se había atrevido a acosarlo de firme.

Años después, Cambó declaraba que el asunto de March había sido de los más escandalosos que se habían dado en el mundo de la política: «Durante once años, el señor March había tenido a su disposición a ex presidentes y ministros, y mandó en España más que nadie. Destituía gobiernos y su influencia llegaba al Parlamento.»[29]

Juan March, empresario de prensa

March se había convertido en propietario de varios diarios de tirada nacional y uno de ámbito local. Era consciente de la importancia de la prensa para crear opinión, para defenderse y atacar a sus adversarios y para poder expresar su punto de vista respecto de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del momento. En definitiva, un medio eficaz para la protección de sus intereses en una nueva sociedad de masas. Los nuevos sectores sociales emergentes estaban ávidos de acceder a fuentes de información distintas de aquellas que, durante siglos, habían tenido la exclusiva: la Santa Madre Iglesia católica y las elites dirigentes. Las primeras, a través de los predicadores y de las hojas dominicales que se repartían entre los feligreses, y las segundas, por medio de una prensa conservadora que llegaba solamente a los sectores acomodados, bastante minoritarios.

La evolución económica y cultural del país había propiciado una concienciación política de las clases obreras y la consolidación de una clase media impregnada de ideología republicana, anticlerical y liberal-democrática. Estos sectores dinámicos reclamaban un protagonismo político que hasta entonces se les había negado. Para llegar a asumirlo, necesitaban nuevos medios de comunicación escritos desde los cuales poder expresar sus postulados e ideales. Era una manera de atraer nuevos adeptos y simpatizantes a su causa, un lugar desde donde poder arremeter contra el régimen caciquil que querían derribar.

La pluralidad ideológica de la nueva sociedad hacía inviable la continuidad de un sistema político que relegaba a las clases medias y obreras, creado en el siglo XIX, que posibilitaba la alternancia exclusiva entre conservadores y liberales, dos grupos que sólo representaban a las clases altas de la sociedad. A partir de 1917, los partidos dinásticos habían entrado en una crisis de representatividad. Hecho que otorgó una mayor relevancia a la prensa, que se transformó en la caja de resonancia donde se dejaban oír las diferentes corrientes ideológicas.

March era propietario de dos periódicos en la capital del Reino: La Libertad e Informaciones; el primero seguía una línea editorial próxima a los postulados de la izquierda liberal de Santiago Alba, mientras que Informaciones era declaradamente conservador, un cirio a los liberales progresistas y otro a la reacción.

En mayo de 1922, March desplegó un nuevo proyecto empresarial y fundó, en Palma, el periódico El Día. Nombró director al intelectual y político mallorquín Joan Estelrich, un hombre que antes de ocupar el nuevo cargo se había mostrado muy crítico con el contrabando. En cambio, ahora estaría a las órdenes de quien mandaba la mayor organización contrabandista del Mediterráneo occidental. Unos años antes, Estelrich denunciaba el escándalo público que suponía la conducta corrupta de los políticos que estaban a las órdenes de los capos de las organizaciones contrabandistas.

«El cuadro es tan bochornoso que se está diciendo al joven ciudadano: “¿Quieres ser algo? ¿Quieres imponerte sobre tus paisanos, sobre tus compañeros? ¿Quieres medrar? Hazte contrabandista. ¿Quieres tener bajo tus pies a los jefes políticos? Hazte contrabandista. ¿Quieres tener amistad interesada con los ministros? Hazte contrabandista.”»[30]

Se puede deducir que, en 1922, Estelrich se hizo la misma pregunta que, en 1916, dirigía a sus lectores: ¿quieres progresar, quieres mejorar de posición? Pues trabaja para el más grande contrabandista.

El Día, en sus inicios, adoptó una línea editorial marcadamente liberal. En sus páginas se defendía la pluralidad ideológica, las libertades individuales y una concertación política entre el socialismo de corte socialdemócrata y el capitalismo: «Las ideas, aun de los adversarios, no se toleran, se respetan.»[31] Apostaba por un modelo de empresario emprendedor, audaz y dedicado de lleno a los negocios socialmente productivos, generadores de riqueza y de puestos de trabajo. Se pretendía mitificar la figura del propietario del diario, que era visto con malos ojos por los ricos conformistas que optaban por seguir el camino trillado por sus antepasados, en vez de abrirse nuevos.

Los idearios liberales, republicanos y socialistas tuvieron cabida en las páginas del diario. En sus inicios se publicaron artículos de Marcelino Domingo, Josep Pla, Antonio Zozaya, Pérez de Ayala, Luis Araquistain, Indalecio Prieto, etc.

El Día se ocupaba con frecuencia de las cuestiones relativas al Protectorado español en Marruecos, donde March tenía importantes negocios. El diario defendía el modelo de Protectorado civil en contraposición a los partidarios de la ocupación militar. La postura de asentamiento pacífico en aquellos territorios se rompió cuando los guerreros de Abd-el-Krim atacaron la ciudad de Nador y expoliaron y quemaron los grandes almacenes de March, repletos de tabaco. La reacción del diario fue furibunda y se apartó de la línea moderada que había seguido hasta entonces. Para que este cambio de postura no se hiciera evidente, en vez de publicar sus propios editoriales decantándose por la opción militar, reprodujo íntegramente aquellos artículos que se publicaban en otros diarios que la propugnaban con vehemencia. El autor de uno de estos escritos periodísticos proclamaba que si alguna guerra podría justificarse sería aquélla, cuyo objetivo final sería llevar nuestra civilización a los pueblos salvajes. Civilizar estaba por delante de cualquier anhelo de independencia de un pueblo. Más adelante, consideraba inaceptable que en la cuenca del Mediterráneo, el mar civilizado por excelencia, existieran hordas salvajes que desvalijasen a los comerciantes y prendieran fuego a sus bienes. Calificaba la guerra de Marruecos de lucha encarnizada entre un pueblo civilizado y unas tribus cuyo único objetivo era el pillaje. El último párrafo del artículo ilustra las intenciones de los sectores sociales que buscaban la revancha a la derrota humillante que había sufrido el Ejército español, a través de una ofensiva militar demoledora a manos de los guerreros del Rif. Merece la pena reproducirlo literalmente: «A juicio de quienes esto conocen, no hay más que un medio, por terrible, por cruel que sea. Este contraataque no puede iniciarse más que sembrando el terror.»[32]

Una fórmula que se puso en práctica cuando la aviación española lanzó sobre la población civil gases tóxicos que provocaron miles de muertos entre la población más desvalida: personas mayores, mujeres y niños. La gran mayoría de la población masculina, que estaba en condiciones de combatir, estaba en las montañas hostilizando al invasor con las armas que les había vendido Verga. Esta vez, la venta de armas se volvió en su contra, dado que los fusiles y las municiones que había proporcionado a los combatientes bereberes sirvieron para causar un elevado número de muertos y heridos entre los soldados y oficiales españoles que, a medida que se replegaban, dejaban las localidades sin protección. Entonces las huestes de Abd-el-Krim saqueaban los bienes de los comerciantes españoles y prendían fuego a sus almacenes.

En esta ocasión, los socialistas se quedaron callados y criticaron con dureza los planteamientos de El Día. Así, El Obrero Balear, portavoz de los socialistas, publicó un editorial en el que se decía que una derrota del Ejército español en Marruecos era un desastre económico para March, «y como es sabido el negocio es la patria del capital».[33]

Los socialistas se oponían frontalmente al colonialismo y, por consiguiente, a la ocupación de una extensa zona de Marruecos por las tropas españolas, formadas en su mayoría por jóvenes obreros. Los padres hacían cuanto podían para pagar la exención con tal de que sus hijos no tuvieran que pisar suelo africano, donde les esperaban todo tipo de calamidades. El ejército colonial español estaba mal equipado y peor alimentado. Los soldados calzaban alpargatas y los destinados a primera línea vivían en el interior de blocaos, donde las condiciones eran extremadamente duras a causa del hambre y de la sed que padecían, porque la intendencia no los avituallaba con la regularidad debida. También sufrían un profundo malestar psíquico, determinado por el constante peligro que representaban los «pacos» (francotiradores bereberes), que los acechaban desde los promontorios de los alrededores. Además, todos los soldados estaban expuestos a las enfermedades contagiosas de la región, a las cuales los sistemas de defensa de sus cuerpos no eran inmunes.

El director del diario, Joan Estelrich, era un intelectual que defendía el regionalismo y estaba ligado por ideología y amistad personal al político catalán Francesc Cambó. En 1921, cuando Cambó ocupó la cartera de Hacienda inició una política agresiva contra el contrabando. March no se quedó con las manos cruzadas: puso en marcha una campaña de prensa, basada en la crítica al programa desarrollado por el ministro y en el ataque al catalanismo político.

A Joan Estelrich este enfrentamiento le provocó un conflicto personal. Durante unos meses siguió, a regañadientes, las consignas de March, pero los ataques cada vez más punzantes a la política de Cambó y el forzado alejamiento de El Día de las tesis regionalistas, reemplazadas por el centralismo a ultranza, hicieron que el divorcio entre el director y el propietario del diario fuera un hecho. Joan Estelrich había vivido en permanente contradicción: debía lealtad a quien le pagaba, pero esta actitud suponía traicionar sus principios ideológicos y enemistarse con Francesc Cambó. En marzo de 1922, el político catalán abandonó el Ministerio de Hacienda y Joan Estelrich dejó la dirección de El Día. El periodista se marchó a vivir a Barcelona para colaborar con el ex ministro en la Fundación Bernat Metge. Estelrich había permanecido ocho meses al frente del diario de March.

El Día, bajo la dirección de Joan Estelrich, fue un diario moderno, liberal y propagador de la cultura. No obstante, siempre estuvo sometido a los intereses de March, lo cual impedía que la línea editorial fuera coherente, porque basculaba a cada momento en función de las prioridades del dueño. Un caso ilustrativo de estos movimientos oscilatorios sería la actitud respecto de los socialistas: conciliadora durante los años veinte y hostil durante la República.

En 1937, March cedió la titularidad del rotativo a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS en Baleares.

March colabora en el programa secreto de rearme de Alemania en España durante el período de entreguerras

Después de la derrota de la Alemania del káiser Guillermo II, se firmó el Tratado de Paz de Versalles. Las potencias ganadoras, en particular Francia, se mostraron implacables en las negociaciones respecto a la cuestión de las reparaciones de guerra. Sobre el territorio de Francia se habían librado las principales batallas, y obviamente era el país que había sufrido las pérdidas materiales más importantes, que lo habían dejado al borde de la bancarrota. Francia fue la potencia que impuso un programa de compensaciones que en pocos años iba a ahogar la economía alemana. Los gobernantes franceses pretendían que, con estas contribuciones, se pudiera rehacer la maltrecha economía, al tiempo que se dejaba relegada a Alemania al rango de potencia de segundo orden. Se quería evitar que en el futuro ésta volviera a representar una amenaza militar seña. Además, se impuso un programa severo de desmilitarización.

Ante estas medidas draconianas que les habían impuesto las potencias vencedoras, nació en diferentes sectores de la sociedad alemana un odio visceral a Francia, mientras crecía la pobreza, la inflación, el paro y el nacionalismo.

Las imposiciones y restricciones impedían la reconstrucción de la economía alemana. Además, los alemanes observaban con el orgullo nacional herido cómo se desmantelaba su Ejército, imbuido del viejo espíritu prusiano, que había sido una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos. En este contexto de humillación nacional de escasez y privaciones, germinó la semilla que hizo crecer una doctrina política ultranacionalista e impregnada de un deseo de venganza que abanderaron los seguidores de Hitler, posteriores fundadores del Partido Nacionalsocialista o partido nazi.

Los alemanes, desde los primeros años de la década de 1920, comenzaron a prepararse para afrontar una nueva guerra, si no se producía una revisión a fondo de los apartados más onerosos del Tratado. Pero Francia siempre se negó a aligerar las cargas.

El comandante de la Marina alemana, Wilhelm Canaris, que había sido espía de los alemanes en España durante la Gran Guerra, fue destinado por su Gobierno a la Embajada en Madrid, con la finalidad de coordinar la estrategia secreta para la experimentación y fabricación de prototipos de nuevas máquinas de guerra. Se trataba de diseñar sumergibles que incorporaran los nuevos avances tecnológicos, probar la resistencia de nuevas aleaciones para las construcciones de carros de combate y barcos acorazados, de verificar la potencia de los nuevos explosivos, etc.

Canaris mantenía excelentes relaciones con el rey Alfonso XIII: el rey lo consideraba el embajador de facto de Alemania, y lo ayudó a que su misión se desarrollara sin cortapisas por parte de las autoridades españolas. También tenía magníficos contactos con los círculos militares más conservadores. En el mundo empresarial contó con la colaboración de dos grandes empresarios: Juan March y Horacio Echevarrieta. El segundo era un industrial vasco que poseía atarazanas para la reparación y construcción de barcos. Juan March fue uno de los hombres de confianza de Canaris, principal accionista de Trasmediterránea que, en 1923, construyó en la costa levantina los astilleros de la Unión Naval de Levante, participada con capital alemán. La sociedad inversora era la todopoderosa Krup.

La colaboración con Juan March y Horacio Echevarrieta permitió que los técnicos alemanes tuvieran asegurado un banco de pruebas para la experimentación, el estudio y el diseño de una nueva maquinaria de guerra más mortífera, y para corregir las deficiencias que se detectaban durante el proceso de fabricación. Para los ingenieros alemanes fue una escuela en la que preparar un ambicioso programa de rearme. Todo tenía que estar listo para su ejecución cuando cambiara la coyuntura política europea. Cuando Hitler, a partir de 1933, inició la reconstrucción de los tres ejércitos de Alemania, para convertirla en un tiempo récord en la primera potencia militar de Europa, se puso en marcha el proceso de fabricación armamentístico, siguiendo los modelos de los prototipos fabricados, los proyectos y planos esbozados, y los conocimientos acumulados en la experimentación de los ingenieros alemanes durante el período que trabajaron en España.

Durante estos años, March, a través de empresas fantasma, adquirió minerales (piritas, cobre, mineral de hierro, plomo, etc.), cuya venta estaba prohibida en Alemania para fines militares. Los aliados querían evitar que Alemania pudiera utilizar con finalidades bélicas minerales estratégicos como el tungsteno (wolframio), que necesitaban incorporar en las aleaciones para la construcción de planchas acorazadas más duras y resistentes.

En 1934, March escribió una carta a un amigo en la que le expresaba sus temores sobre la evolución del régimen nazi: «No hay duda de que España, antes o después, debe ser rescatada de la tropa republicana. Sin duda, los alemanes e italianos nos ayudarán, pero no conviene que España, Francia, Italia, ni la misma Gran Bretaña, dejen que Alemania nos mande, a pesar de que ella querrá hacerlo, si se convierte en la potencia hegemònica en el continente europeo. Es el precio que pide para rescatarnos del bolchevismo. Por tanto, es un cometido que debemos realizar nosotros mismos. Hitler es el principal enemigo de la independencia de Europa. No reclama solamente un espacio vital y territorios coloniales, también quiere mandarnos a todos. El suyo es un régimen malsano y aún lo será más en el futuro […]. Lo más importante es que Canaris piensa como yo, y no estima ni confía en los nuevos dirigentes. Es nuestro mejor aliado en este momento en Europa […].

»Canaris no es lo que parece. Ha aprendido la lección y se limitará a permanecer en su puesto en el campo de la Inteligencia militar y a descubrir los planes de Hitler y frustrarlos hasta que pueda poner nuevos gobernantes en el poder. España necesita la alianza de Gran Bretaña, a veces más que la de Francia. En Gran Bretaña nadie escuchará a Canaris porque es el jefe de la Inteligencia alemana. Es una pena.»[34]

Las elecciones legislativas de 1923.
March candidato a diputado

En 1923, el Gobierno de coalición liberal reformista, presidido por García Prieto, convocó elecciones generales para el 29 de abril. Durante la Restauración, cuando el líder político liberal o conservador conseguía que el rey le firmara el decreto de disolución de las Cortes, significaba que el monarca le concedía el plácet para que formara una mayoría parlamentaria sumisa con la cual sacar adelante su política sin tener que pactar con la oposición. A partir de este momento ya se sabía quién ganaría las elecciones: el partido del primer ministro que las convocaba; en este caso, le había tocado al liberal García Prieto, del partido de March en Mallorca. Ahora era preciso que los gobernadores de las provincias y los caciques de todo el estado se pusieran a trabajar para escenificar una farsa electoral que debía dar unos resultados que no podían contravenir la voluntad real.

Para asegurar el apoyo de los principales municipios al candidato real, el gobernador tenía la potestad de reemplazar a los alcaldes y concejales más significados de la oposición.

Por intervención directa de March, el gobernador civil de Palma destituyó al alcalde, Roca Oliver, que había sido elegido para el Ayuntamiento de Palma un año antes, a iniciativa de la mayoría municipal constituida por los concejales conservadores mauristas y por el grupo de concejales del partido del general Weyler. El nuevo alcalde, Guillem Forteza, era un colaborador directo de March. Era un prestigioso arquitecto, políticamente inscrito en el grupo regionalista, que tiempo atrás se había integrado en el Partido Liberal de la mano de March. La oposición criticó con dureza el nombramiento, puesto que un regionalista aceptaba ser alcalde por Real Orden. Una forma de proceder propia de políticos centralistas.

Quien estaba previsto que ocupara este cargo era el abogado de Verga y concejal por el Partido Liberal Joaquim Pascual. Pero unos meses antes había muerto envenenado, después de sufrir una terrible agonía. A la esposa de Joaquim Pascual se le cayó el alma a los pies por la pérdida del ser más amado y porque el bebé que había tenido hacía tres meses quedaba desvalido, sin la figura del padre protector. Ahora, estrechaba con fuerza al niño contra su cuerpo como si pretendiera transmitirle el amor infinito de una madre que sentía el espanto de la soledad. Era una mujer que nunca había trabajado y a la que, desde su boda, no le había faltado de nada. ¿Cómo haría en el futuro? Esta pregunta se la repetía continuamente en el más absoluto silencio, del que sólo se olvidaba cuando algún familiar la abrazaba y ella se ponía a llorar de dolor. Aquel pensamiento obsesivo se escurría entre las lágrimas que le caían por las mejillas, mientras la mente se le quedaba en blanco.

Cuando era noche cerrada, mientras los familiares consolaban a la viuda, dos hombres bien vestidos, de la máxima confianza de March, llamaron a la puerta. Un pariente del difunto les abrió. El que conocía a la viuda se le acercó y le habló al oído. Ella asintió, con una leve inclinación de la cabeza. Los dos sujetos entraron en el despacho. Juntaron toda la documentación relacionada con los negocios de March. Tuvieron que hacer varios viajes para colocar todos los papeles que interesaba poner a buen recaudo en el interior del vehículo, aparcado delante del portal. Todo el rato, el chófer, sentado al volante, miraba fijamente a los ojos a las pocas personas que pasaban por la calle. Su mirada infundía temor. Cuando aquellos noctámbulos se sentían observados, apresuraban el paso.

Acabada la tarea, el conocido de la casa entró nuevamente y, con toda delicadeza, cogió del brazo a la viuda y la separó del grupo de familiares que la rodeaban. Ambos entraron en una sala contigua y el hombre le dijo que no se preocupara, que March los protegería de por vida. Su hijo podría cursar estudios hasta el nivel al que su inteligencia y voluntad le permitieran llegar. El hombre le besó la mano y le repitió el mensaje: nunca pasaría estrecheces. March cumplió su palabra.[35] Nada se supo de los culpables del asesinato de uno de los hombres de la máxima confianza de March.

A lo largo de la vida del banquero March, muchas personas pasaban, a principios de mes, por la caja de la Banca March para cobrar una paga. El director entregaba mensualmente al cajero una lista donde figuraba la relación de las personas y de las cantidades que había que pagarles. Eran hombres y mujeres que habían servido lealmente a March, puntualmente o durante años. En el listado nunca figuró por qué concepto se les retribuía. Había hombres y mujeres que cobraban de por vida, otros durante un período determinado y algunos recibían una única retribución.

Después de este paréntesis que supuso el episodio de la misteriosa muerte de Joaquim Pascual, debemos proseguir cronológicamente el curso de los acontecimientos históricos previos a la campaña electoral de las elecciones legislativas de 1923. Los liberales, los conservadores y los mauristas tenían un objetivo compartido: movilizar a la masa neutra (las clases medias urbanas). Pero los conservadores y los mauristas no introdujeron en su programa ninguna reforma que pudiera atraer a este sector más progresista. En cambio, los liberales, espoleados por sus aliados reformistas, plantearon en un primer momento la supresión del artículo 11 de la Constitución, que decretaba el carácter confesional católico del Estado. Fue una reforma non nata. La oposición de la Iglesia católica fue tan dura que los capitostes del partido decidieron aplazarla sine die.

Otro aspecto que abordaba el programa electoral liberal era la famosa reforma agraria, de la cual siempre se hablaba, pero que nunca se llevaba a término. El abogado de March, Lluís Alemany, que iba de segundo en la candidatura liberal por Mallorca, cuando intervenía en debates en los que se polemizaba sobre la reforma agraria, declaraba que, en las provincias donde el latifundismo aún era el modelo imperante, éste debía sustituirse por uno nuevo basado en la fragmentación de la gran propiedad improductiva, como el que se estaba implantando gradualmente en Mallorca. La manera de llevarlo a cabo sería a través de la parcelación de grandes fincas, que seguían vinculadas a familias de la nobleza y serían adquiridas por gente modesta, gracias a la instauración del pago a plazos y de la introducción de la agricultura comercial. Esta nueva clase de pequeños propietarios era el mejor antídoto contra la revolución social en el campo. Lluís Alemany recalcaba que el principal artífice de esta profunda transformación en el campo mallorquín había sido Juan March. En política exterior, los liberales defendían el Protectorado civil en el norte de África y se sumaban a la propuesta de republicanos, socialistas y reformistas, que exigían responsabilidades políticas por el desastre de Annual.

Cuando corrió el rumor de que March encabezaría la lista del Partido Liberal por Mallorca, los mauristas temieron que su candidato Antonio Maura sufriese su primera derrota electoral. Pero Antonio Maura no estaba desvalido, disponía de una red clientelar tejida pacientemente por sus seguidores, en particular por el político Pascual Ribot. También tenía el apoyo incondicional de la Iglesia católica mallorquina. Su hermano Miguel era eclesiástico y ejercía de rector en el seminario. Los seguidores de Maura prefirieron, para contrapesar la influencia de March en la sociedad debida a su riqueza, poner en marcha una campaña de descalificaciones en su contra a través de los medios escritos afines, en vez de presentar un programa de gobierno que sedujera a los electores.

El diario de Madrid La Acción defendía la política de Maura y era partidario de la injerencia de los militares en la vida política. No se cansaba de repetir que la misión que les esperaba en el futuro era restablecer el orden y acabar con los politicastros corruptos que ensuciaban el noble arte de la política. Defendían la figura del «cirujano de hierro» a la cabeza del Estado, encargado de renovar y depurar la vida política. El periodista Delgado Bárrelo fue el profesional que se mostró más activo en ejercer la crítica mordaz contra March. Inició la campaña de prensa proclamando que no era tolerable que en un país con sensibilidad se consintiera que March, el hombre al que el ilustre político Allendesalazar, en el Senado, había acusado de ser el mayor contrabandista del estado, se presentara para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, con el agravante de que el Gobierno de García Prieto avalaba su candidatura.

En un artículo posterior hacía referencia a la muerte del confidente José Mínguez, en Almería, asesinato que ocurrió en 1914. Dejaba entrever que el inductor podría haber sido March. El asesino escapó de la acción de la justicia porque se embarcó hacia América, «habiéndole facilitado el viaje M.».[36] También se refirió al Decreto del Tribunal Militar de Argel, en el cual se indicaba que el crimen estaba relacionado con un importante decomiso de contrabando de tabaco. La víctima, antes de pasarse a la Arrendataria, perteneció a la organización de March como miembro de la tripulación de uno de sus barcos contrabandistas.

Otro caso, al que Delgado Barreto se refirió repetidas veces, fue al asesinato de Rafel Garau, socio y amante de la mujer de March. Recordó que cuando el juez instructor había reunido suficientes indicios y pruebas para imputar a March, fue apartado del caso de la noche a la mañana: «Los tribunales de justicia son aún el reflejo de la conciencia popular, como lo demostró aquel digno juez de Valencia, que en premio a su sagacidad y a su invencible rectitud fue trasladado gracias al esfuerzo de un ex ministro liberal.»[37]

En otro escrito relató el proceso al que fueron sometidos el padre, el hermano y el cuñado de Rafel Garau, por los tribunales franceses, acusados de espionaje a favor de los enemigos de Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Las pruebas que se presentaron eran dos cartas presuntamente escritas por el representante de la familia Garau en Mallorca y dirigidas al cónsul alemán en Palma, en las que se ponía de manifiesto que los Garau trabajaban en tareas de información para los alemanes. En el transcurso del juicio se pudo demostrar que las cartas eran apócrifas y que March las había entregado en persona al cónsul francés en Valencia con la única finalidad de acabar con los Garau.

Delgado Barreto contaba a sus lectores que un día, esperando ser recibido por el ministro de Hacienda, el conservador Francisco Bergamín, de pronto salió del despacho Juan March. El periodista se extrañó de que a un hombre tan poco recomendable se le permitiera entrevistarse con un ministro. Delgado Barreto preguntó a su acompañante: «“¿Pero March no es dueño de los barcos y de los cargamentos que aprehenden los carabineros?” “El mismo, pero los cargamentos y los barcos son una cosa, y March otra distinta. March está acostumbrado a conferenciar con los ministros y a que los ministros vayan a buscarle.”»[38]

A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, los ataques se hacían cada vez más incisivos. El periodista proclamaba en uno de sus últimos artículos que si March salía elegido, sería un auténtico escándalo, y que el sistema político se tambalearía. «El Congreso, harto tolerante con toda la fauna de vividores que se agita en la charca de la política, todavía no había llevado a sus escaños corsarios sin patente.»[39]

Ante el alud de acusaciones que publicaba diariamente La Acción, Juan March hizo una serie de actuaciones para neutralizar sus efectos negativos. En primer lugar, escribió una carta abierta a la opinión pública, que editó el diario La Libertad, en la que afirmaba que la campaña de difamación puesta en marcha por los mauristas contra él no podía justificarse con el pretexto de que los liberales pretendiesen que el diputado por Mallorca Antonio Maura perdiese su escaño, cosa del todo falsa.

Lo que perseguían los liberales era luchar por la mayoría de los escaños que estaban en juego en la circunscripción de Mallorca (cinco). Y esto significaba obtener tres. «Dejando los dos puestos de la minoría a las derechas monárquicas […] es notorio que no vamos a discutir el puesto de máximo honor a Antonio Maura.»[40] March creía que él y los liberales tenían a la mayoría de la opinión pública a su favor, y quería ratificarlo a través de los comicios. Para acabar, anunciaba que acudiría a los tribunales de justicia para denunciar al periódico que lo había difamado, «en amparo a mi derecho, al respeto a mi nombre». El juez admitió a trámite la demanda y un tribunal condenó al periodista a pasar una corta temporada entre rejas.

El diario El Día lanzó una serie de acusaciones y críticas al adversario político de March. Se acusaba a Antonio Maura de haber permitido que la Salinera Española, propiedad de su amigo Manel Salas, explotara las minas de sal de Torrevieja, de propiedad estatal, durante años, con ganancias millonarias para la empresa y con pérdidas para el Estado. También recalcaba el diario que el ministro de Hacienda había abierto un expediente para examinar si durante aquel período se habían producido irregularidades, de confirmarse las cuales se pasaría el expediente a la jurisdicción ordinaria.

El diario de Verga enumeraba una serie de empresas, que presuntamente habían recibido un trato de favor por parte de los gobiernos presididos por Antonio Maura. Se publicó una relación donde figuraban las sociedades beneficiarías: el Banco de Madrid, el Ferrocarril Central de Cuba, el Banco de Hong Kong y el Banco Austrohúngaro. En ningún caso, se explicitaban las posibles irregularidades, cosa que hace pensar que eran acusaciones falsas o no se tenían pruebas fehacientes. Pero se insinuaba sutilmente que las citadas sociedades podrían haberlo recompensado con la donación de un número indeterminado de acciones y obligaciones.

El Día alababa las virtudes de March como candidato. Sostenía que los pueblos necesitaban que tomaran posesión de los escaños en las Cortes hombres que conocieran de primera mano los intereses y necesidades de la masa social a la que debían representar en el futuro. Esta representación solamente podía recaer en aquellas personas que habían impulsado grandes obras, establecido grandes industrias, creado grandes sociedades comerciales y facilitado el acceso a la propiedad de miles de familias humildes. «¿Se encuentra en este caso don Antonio Maura?, se preguntaba el cronista. Don Antonio Maura tiene hace muchos años perdida la elección. Pero sale elegido una y otra vez por deseo expreso de los gobiernos y una especie de conmiseración que le dedican los hombres influyentes de la política balear.»[41] Una muestra palpable de que las elecciones eran un asunto en manos del rey, de los gobiernos, de sus delegados en las provincias y de la red de caciques rurales que tenían el voto cautivo.

Los hijos de la nobleza, los Morell y los Oleza, que estudiaban en Barcelona, propusieron una acción contra la candidatura de March, a la cual se adhirió un estudiante mallorquín de la clase media, hijo de militar: Llorenç Villalonga, quien se convertiría en el futuro en un buen novelista, autor entre otras de las obras Bearn y Mort de dama.

Se trataba de enviar un manifiesto contra March al diario La Acción, que se publicaba en Madrid, firmado por los estudiantes mallorquines residentes en Barcelona y en la capital del Reino. El texto fue redactado por el futuro escritor. Cuenta en una carta dirigida a su amigo Joaquim Verdaguer, refiriéndose a los autores de la idea, que eran «gente vieja que naturalmente odia a los nuevos ricos, acaso porque ellos son viejos pobres. Claro que el documento lo redacté yo. (Tal vez soy el único que no ignora que haber se escribe con h.)».[42] En este párrafo se transparenta su carácter soberbio y el desdén que sentía hacia la clase aristocrática, en franca decadencia. En Barcelona se recogieron 35 firmas. En Madrid la iniciativa fracasó: ningún estudiante mallorquín quiso firmar el manifiesto.

Pasados unos días, Villalonga escribió de nuevo a Joaquim Verdaguer para comentarle la presentación oficial, en la sede del Círculo Liberal de Palma, de la candidatura de Juan March. El encargado de hacerlo fue el «verguista» Antoni Pou. Éste proclamó que March representaba en el partido la fuerza del dinero. Villalonga comentaba: «Claro. Para comprar votos.»[43] Prosiguió relatando los hechos con una cierta ironía malévola, haciendo comentarios sobre el discurso del presentador. Se extendió en explicar las palabras de Antoni Pou cuando afirmaba que March había sido injustamente calumniado por sus adversarios, que se obstinaban en relacionarlo con el contrabando de tabaco. El amigo de March acabó el discurso de alabanza refiriéndose a la iniciativa parceladora que el candidato había llevado a término. Las parcelaciones habían supuesto un aumento considerable de la producción agrícola de la isla y habían hecho realidad el sueño de cualquier hombre de campo: acceder a la propiedad de la tierra. Pero Llorenç Villalonga matizaba las palabras de Pou y aclaraba que March tan sólo se había preocupado por hacer dinero: «Adquiere fincas a mitad de precio, que vende luego ganando el cien por cien. En suma, el tal discurso tiene el humorismo de una “niña” de una casa de citas que se empeña en sostener su virginidad.»[44]

Villalonga, antes de las elecciones, escribió una última carta a su amigo sobre temas relacionados con March, en la cual se lamentaba del poco éxito de la campaña y daba por hecha la elección de March, a pesar de su historial delictivo. Responsabilizaba del hecho a la sociedad mallorquina y la trataba de desvergonzada. A continuación, narraba la conversación que había mantenido con un tal Solivellas, un joven estudiante que representaba la mentalidad más arraigada en la mayoría de los mallorquines. Éste le había dicho que incluso los seguidores de Maura no habrían firmado aquel manifiesto contra March. Villalonga le contestó que en el secreto de esa prudencia mallorquina estaba que March tenía mucho dinero, y que esos señores pensarían que les podía ser útil algún día.[45] Solivellas le contestó: «Naturalmente, nunca sabemos a quién necesitaremos en el futuro.» Villalonga, indignado, le respondió: «Pues eso se llama desvergüenza.»[46] El hombre no podía creer que esta actitud, que él consideraba sensata, fuera calificada de descarada por su interlocutor. Para concluir, Villalonga se mostraba abatido porque daba por segura la elección del contrabandista. «Otras regiones tendrán diputados ladrones. Ninguna tendrá un señor acusado de asesino por la policía francesa —⁠o poco menos—, y del que se haya dicho en el Congreso “ese gran contrabandista”.»[47]

A pesar de estas gravísimas acusaciones contra March, Villalonga publicó artículos en El Día, diario de March, tiempo después, cuando comenzaba a ser valorado en los círculos literarios isleños. Eran otros tiempos, habría dicho su conocido Solivellas, si le hubieran preguntado sobre el sorprendente cambio de manera de pensar del escritor respecto de March. Villalonga defendería la respetabilidad de March por el simple hecho de haberse convertido en un «honorable» banquero. No olvidemos que Josep Pla decía que la administración de El Día pagaba bien y puntualmente.

El Comité del Círculo Liberal proclamó por unanimidad a March como número uno de la candidatura del Partido Liberal, a pesar de todas las campañas contra la designación promovidas por la derecha social y política, y por la Iglesia católica.

En el acto de proclamación, Juan March tomó la palabra y dijo: «No tengo ambiciones de ninguna clase. Yo estoy convencido de que la Naturaleza dota a cada hombre de cualidades especiales, y según sean éstas, cada hombre tiene que ocupar su lugar. Y mi lugar no es intervenir en polémicas estériles cuyo resultado no es otro que perder el tiempo. Para esto no he nacido (Verga se refería a la campaña de La Acción). Pudiendo dedicarme a mis actividades que se fundan todas ellas en un trabajo incesante, es para mí un sacrificio aceptar la designación. Sin embargo, yo antepongo los ideales del partido a mis intereses personales.»[48] No encaja bien que un hombre que antepone la ideología de un partido a sus propios intereses dijera, cuando dialogaba con alguno de sus colaboradores más cercanos: «Cada día nace un tonto, se trata de encontrarlo.» Está claro que si se topaba con él era para desplumarlo.

Los liberales convocaron un mitin electoral en el Teatro Balear, que se llenó hasta la bandera. La expectación era máxima. Antes de hablar March, lo hizo su abogado, Lluís Alemany, que ocupaba el segundo lugar en la candidatura del partido. Lluís Alemany no tuvo ningún escrúpulo ni miramiento en abordar la crisis de subsistencias que se produjo como consecuencia del estallido de la Gran Guerra y que acabó casi un año después de haberse firmado los diferentes tratados de paz. La principal causa fue la exportación clandestina controlada por el trust exportador de March. Naturalmente, el candidato obvió referirse a las responsabilidades que atañían a su señor en la carestía y en la subida de los precios de los productos alimentarios y el carbón. En cambio, acusó a un ministro conservador de haber condonado las multas a los infractores de la Ley de Subsistencias, que ascendían a tres millones de pesetas. Con esta medida, dijo, todos aquellos que habían comerciado con la miseria y el hambre de la gente más pobre saldrían indemnes.

Lo más prudente habría sido abstenerse de abordar este tema, ya que para los liberales era más recomendable echar tierra sobre el asunto. No fue así, el abogado se limitó a culpar a un ministro conservador por no haber sido implacable con los acaparadores y exportadores en género prohibido. Entonces, ¿qué había que hacer con March? Es una práctica habitual que los políticos populistas ignoren a conciencia la realidad que no les satisface y construyan una más favorable a sus intereses. Realidad que a fuerza de repetirla y de aportar pruebas e informaciones falsas acaba confundiendo a la opinión pública. A menudo la inventada acaba siendo más aceptada que aquélla basada en hechos objetivos y contrastados.

Josep Garau, padre del asesinado Rafel Garau, decía que March era un especialista en tergiversar los hechos: «Si no fuera por temor a incurrir en pecado de blasfemia, podríamos comparar a March con Dios, ya que, como él, sabe hacer mundos de la nada.»[49]

Antes de que sus rivales pudieran acusar a March de acaparador y exportador de productos prohibidos, Lluís Alemany no tuvo escrúpulos y saltó sobre el caballo al galope, en vez de dejarse pisotear por él. La crisis de subsistencias había dejado un fermento de odios y rencores entre las clases que habían padecido las más sangrantes consecuencias en sus propias carnes. Los responsables de la campaña electoral (Juan March, en primer lugar) creyeron que era más oportuno no evitar el tema, naturalmente manipulándolo, ya que de todos modos sus adversarios políticos lo sacarían a colación en los mítines. Acusando a March de haber sido durante los años de la crisis el gran contrabandista de víveres y carbón.

March, en su intervención, hizo un repaso de sus principales iniciativas en el mundo de los negocios: la adquisición de la mayoría de las acciones de la Isleña, que provocó una fuerte oposición en los sectores de la burguesía consolidada, que perdió el monopolio del transporte marítimo, condición imprescindible para controlar el comercio exterior. Los grupos dirigentes de esta clase burguesa consiguieron movilizar a amplios sectores sociales con el lema: «¡No queremos que la Isleña deje de pertenecer a los mallorquines!» Otra vez el patriotismo recurrente. Lo que hizo March fue traspasar las acciones de la Isleña a Trasmediterránea, que se convirtió en la empresa matriz. El objetivo empresarial de March era fortalecer su papel en el consejo de administración de Trasmediterránea, desde la cual seguiría gestionando la Isleña.

El control del transporte marítimo le permitía influir y mantener sujetos a los industriales, comerciantes y campesinos, ya que si querían exportar regularmente y sin obstáculos dependían de la voluntad de March, quien podía abaratar los fletes o encarecerlos, según de quién se tratara. También retrasar el embarque del género cuando le interesaba perjudicar a algún comerciante competidor o rebelde. Gracias al dominio del transporte marítimo pudo ampliar su clientela política. Un ejemplo ilustrativo de esta forma de actuar nos lo ofrece el mismo March, cuando dos días antes de las elecciones hizo saber a los exportadores de tomates del pueblo de Banyalbufar, los de más renombre de Mallorca, que les subiría los fletes si no lo votaban.

Este inciso no nos debe alejar del interior del teatro donde se celebraba el mitin de los liberales. March prosiguió su discurso refiriéndose a la persecución que había sufrido por haber creado la principal industria de Mallorca, la fábrica de Portopí, y de cómo los conservadores y mauristas habían obstaculizado su expansión industrial. Para concluir pidió que pusieran sobre el plato de la balanza las actuaciones que él había llevado a término para el engrandecimiento y progreso de la isla «comparándolo con los de estos patrioteros que no saben vivir más que de la usura y de la mezquindad unos y otros, los más que sólo sirven para cultivar el vicio y evaporar las riquezas que sus antepasados heredaron. Estos fariseos que, considerándose hijos de una raza privilegiada, se creen con derecho y obligados a cometer todas las maldades humanas ante el peligro de perder la hegemonía política, social y principalmente económica».[50]

A March ya le iba bien que los hijos de la nobleza malgastaran el dinero en París, viviendo en el desenfreno, ya que él era su principal prestamista. Gracias al contrabando, March disponía de un importante capital en efectivo. Les dejaba cuanto pedían, eso sí, a cambio de poner a su nombre las propiedades a través de un pacto de retrocesión. Un caso paradigmático fue el del conde de Ayamans, un noble rico poseedor de un importante patrimonio rural y de un palacio en el pueblo de Lloseta. El conde era un bon vivant que viajaba a menudo a París, donde se entregaba sin moderación a los placeres sensuales, como también a los juegos de azar. En la capital francesa despilfarraba su dinero. Le agradaba el champán. No reparaba en el precio de las joyas que regalaba a las mujeres que le gustaban para que le dejaran satisfacer sus fantasías sexuales. Muchas noches las pasaba sentado ante las mesas de juego del casino, donde esperaba recuperar lo que había perdido en días anteriores. De madrugada, cuando abandonaba el casino, nadie habría podido adivinar, mirándolo fijamente a los ojos, que aquella noche la suerte de nuevo le había sido esquiva. Antes de irse a dormir hacía una parada en un bistrot parisiense donde degustaba una taza de chocolate. Mientras se deleitaba bebiendo en pequeños sorbos el líquido dulzón, no se obsesionaba en dar vueltas sobre los avatares de la diosa Fortuna. Después, se retiraba a descansar. Caminaba con señorío por la plaza de la Concorde hasta que llegaba al hotel Crillon, donde se alojaba. Se iba a dormir en una de las habitaciones más lujosas del hotel. Los empleados inclinaban la cabeza en señal de respeto a su paso. Les complacía tenerlo como cliente, era distinguido y desprendido. El conde gastaba con frenesí y March seguía dándole crédito, encantado de la vida. March comentaba con sorna que el hecho de que el conde hablara francés no lo ayudaba a sanear su malparada economía.

Cuando le prestaba una importante cantidad de dinero, March iba al notario con el conde y se realizaba una rutinaria operación de compraventa. March figuraba como comprador de la finca o caserón que servía de garantía para recuperar la cantidad que le prestaba, en el caso de que no se la devolviera en la fecha establecida. La cantidad que pagaba era la que le había pedido prestada el conde. A partir de aquel momento la finca rústica o urbana pasaba a ser legalmente propiedad de March, por tanto, beneficiario de todas las rentas.

March imponía unas condiciones leoninas que al conde, un hombre con el agua al cuello, no le quedaba más remedio que aceptar. Este tipo de contrato de compraventa se llamaba «pacto de retrocesión», en el cual se estipulaba que al vencimiento del préstamo el conde de Ayamans tenía derecho a rescatar sus bienes a un precio que se acordaba en el momento en que se realizaba la operación de compraventa. El precio de rescate era siempre muy superior al valor real de mercado. Esta sobrevaloración la propiciaba el tasador que había hecho la estimación, que era de la cuerda de Verga. El precio de rescate estaba sobrevalorado porque había que sumarle los intereses del préstamo y la subida previsible de valor que experimentarían las tierras o casas por las mejoras efectuadas por March durante el tiempo que las administrara. Por el contrario, no se detraían las rentas que obtendría March durante estos años por diferentes conceptos. Cuando se cumplía el plazo de la deuda y el conde no pagaba, situación que se repitió con frecuencia, no era necesario ejecutar ninguna hipoteca inexistente, ya que los bienes inmobiliarios ya estaban escriturados a nombre de March.

Quien había perdido la oportunidad de rescatarlos era el «ilustre noble». Por no pagar las deudas acabó perdiendo todas sus propiedades. Cuando March tomó posesión del palacio de Lloseta, el conde de Ayamans le escribió una carta rogándole que le dejara retirar los muebles de su dormitorio, que habían pertenecido a sus antepasados, además de sus objetos más personales. Declaraba el conde: «Yo no he tenido más remedio que sucumbir a la coacción que sobre mí ha ejercido el Sr. March […]. Hay que darle una buena lección si es posible, nos ha perjudicado muy mucho y molestado.»[51] No nos extraña que el conde estuviera zaherido y se sintiera estafado, ya que las fincas que se había quedado March se valoraban en 2 390 000 pesetas, mientras que el dinero que había recibido el conde de March, en concepto de préstamo, ascendía a 908 187 pesetas.

El socialista Joan Montserrat Parets respondía a la nobleza que se lamentaba de la actuación de March, cuando se quedaba con sus bienes: «Cuán triste es para los nobles contemplar cómo los predios, las señoriales mansiones, las riquezas todas, pasan a manos de los modernos capitalistas (Juan March).»[52]

Era una señal inequívoca de que agonizaba la preeminencia social y económica de la aristocracia y se abría un nuevo período dominado por los grandes hombres de negocios. Era una prueba innegable de ello que quien antaño había sido un poderoso noble le pidiera a un nuevo rico que le dejara recuperar sus últimas pertenencias de alto valor sentimental, antes de abandonar el palacio que había sido el hogar heredado de sus antepasados. Había perdido un patrimonio que cuando comenzó a gestionarlo parecía inextinguible.

La campaña electoral llegaba a su fin. La noche anterior a la cita electoral March organizó una gran cena en el barrio marinero de Sa Llotja, en Palma. Se sirvió pollo y cochinillo asados y vino a voluntad. Al día siguiente, March, en este distrito electoral, obtuvo una victoria aplastante sobre uno de los más destacados políticos de la Restauración, Antonio Maura. La victoria de la candidatura de March sobre la de su rival tuvo un simbolismo político y social de largo alcance: el relevo de una determinada clase política burguesa que había preferido aristocratizarse antes que crear modelos propios, por otra mercantilista y especulativa que miraba hacia el futuro y trataba de adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas demandas y exigencias del mercado.

Se había iniciado una nueva dinámica económica caracterizada por los cambios acelerados, lo cual hacía que las coyunturas fuesen poco duraderas. Para algunos nobles conservadores este nuevo ritmo era antagónico con la manera de gestionar los negocios familiares que habían fundado sus antepasados, tanto como la explotación de su extenso patrimonio rural. Ignoraban la nueva realidad porque su modelo de vida ocioso y festivo se había construido para perdurar. Arremangarse y trabajar comportaba un cambio de mentalidad dentro de un orden estático, y habría chocado frontalmente con los principios que habían mamado desde su infancia. Era necesario para no arruinarse: esfuerzo, innovación y espíritu emprendedor. Pero eran palabras que nunca habían oído pronunciar en su entorno familiar. Era demasiado tarde para meterse en un mundo que les producía vértigo porque giraba demasiado rápido. ¿Cómo se les podía pedir que se convirtieran en comerciantes? Los nuevos hombres de negocios invertían en los sectores punteros, diversificaban sus inversiones y habían hecho suya la máxima: renovar e innovar para continuar y crecer.

March fue el candidato más votado, seguido a mucha distancia en número de votos por los otros dos candidatos del Partido Liberal. El cuarto fue Antonio Maura, con un 30 % de votos menos que el victorioso March. Por último, el quinto candidato elegido fue el conde de Sallent. Era un conservador próximo a March a quien el millonario había encargado la formación de un grupo ligado al político nacional Sánchez Guerra, el mismo que le había autorizado la reapertura de la fábrica de Portopí. Era una manera de pagar el favor, y de dividir a las fuerzas conservadoras de la isla provocando una fractura en el grupo adversario.

Los mauristas y los conservadores analizaron las causas de su derrota electoral. En primer lugar, constataron que muchos de los caciques que movilizaban una importante partida de votos habían cambiado de bandera y se habían pasado al «verguismo». Los motivos eran varios: por haber recibido favores de March, por intereses económicos compartidos, por el control que ejercía March sobre el transporte marítimo, y porque su capital hacía sentir su fuerza en muchas sociedades mercantiles, en las cuales participaba. Resaltaron, también, la importancia del voto obrero en la victoria electoral de March.

El jefe de los conservadores hacía este análisis: «Hombre de recursos inagotables, no reparó en gastos y fue a su elección con todos los resortes antiguos y modernos: automóviles, comidas, refrescos, esplendidez con los votantes. Todos los elementos necesarios para cautivar el cuerpo electoral que no tiene un ideal fijo en la política. El elector indiferente quiere que se le mime, que se le agradezca su voto.»[53]

El diario católico El Correo de Mallorca hacía referencia explícita a la compra de votos, práctica habitual durante la Restauración. «Corrían los duros a raudales, tanto más veloces que los sesenta autos y motocicletas al servicio de los liberales que estuvieron todo el día en constante trajín.»[54] Fuera de los colegios electorales situados en las circunscripciones obreras se habían instalado sobre una caja de madera unos capazos llenos de duros, el votante podía coger un puñado y con la otra mano cogía la papeleta de voto que se le daba. Eso sí, se le acompañaba hasta pie de urna y, una vez depositada la papeleta, recobraba la libertad de movimientos.

Durante la jornada de los comicios se hacían toda clase de martingalas con tal de hacer cuadrar los resultados con las previsiones gubernamentales. El socialista Llorenç Bisbal se lamentaba de la actuación de los liberales, por la ayuda que habían prestado a última hora al candidato Antonio Maura. Recordemos que el presidente del Consejo de Ministros, García Prieto, aunque era liberal, había recibido la orden del rey de que Antonio Maura no podía ser humillado y quedar fuera de las nuevas Cortes. Bisbal declaraba, dolido: «Una mancha grande y afrentosa para los liberales, llevan las elecciones últimas. Ello es que Maura había de ser desterrado, y ellos le dieron los votos para salvarle.»[55]

Jordi Martí Rosselló, el Mascle Ros, en el semanario satírico que dirigía, con su particular sarcasmo, escribía sobre la reciente hegemonía política conquistada por Juan March: «Antiguamente cuando nos proponíamos una cosa, siempre decíamos: “Si Dios quiere”, unos cuantos años atrás decíamos: “Si lo quiere don Pascual Ribot” (cacique y muñidor de votos del maurismo) y de aquí en adelante deberemos decir: “Si Verga lo quiere.”»[56]

El triunfo de Verga fue objeto de reclamación por parte del candidato conservador Josep Socias, que no había sido elegido. La impugnación se basaba en la presunta incompatibilidad para poder obtener el acta de diputado a causa de que ocupaba una de las tres direcciones de Trasmediterránea y era el delegado de la compañía en Mallorca. Esta naviera tenía contratados con el Estado los servicios de las comunicaciones marítimas, entre las cuales figuraban las rutas entre las islas Baleares que realizaba la Isleña (filial de Trasmediterránea), el gestor de la cual era March como delegado de Trasmediterránea. Según el notario Josep Socias, este supuesto de incompatibilidad estaba contemplado en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Electoral. La reclamación fue presentada ante el Tribunal Supremo, que después de examinarla la desestimó.

En la sesión de apertura de las nuevas Cortes se leyó el dictamen del Tribunal Supremo que no admitió a trámite el recurso porque no se había podido demostrar documentalmente que March ocupaba los cargos que se señalaban en el escrito de impugnación. March siempre solía utilizar testaferros al frente de sus empresas para que jamás se las pudieran embargar o confiscar, en el caso de que cometiera alguna ilegalidad o irregularidad. En la compañía Trasmediterránea, el abogado Salvador Canals era el alter ego de March, y, en Palma, uno de los delegados de las navieras era su lugarteniente Antoni Maria Quès.

A pesar del dictamen del Tribunal Supremo, el caso no se cerró, ya que el diputado electo por Ibiza Caries Román presentó en las Cortes una enmienda contra la aceptación de March en el seno del Parlamento. Caries Román era adversario de Juan March y enemigo, por tanto, del representante de March en Ibiza, Pere Matutes Noguera (abuelo del ex ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de José María Aznar).

Durante la campaña electoral, mientras celebraba un mitin en una plaza pública, había recibido un impacto de bala que le causó una herida leve. El diputado a Cortes lamentaba que no se hubieran podido comprobar documentalmente las alegaciones que habían conformado la base de la impugnación del conservador Josep Socias. A pesar de no haberse podido probar, en Mallorca todo el mundo sabía que March mandaba en la Isleña y en Trasmediterránea, porque de hecho ocupaba la máxima dirección. El diputado no se conformó con tratar el asunto de la impugnación y se refirió, una vez más, a la intervención en el Senado del senador Allendesalazar, en junio de 1916, en la cual calificó a March como el principal contrabandista del estado. A continuación, aseguró que las razones en que el senador fundó sus acusaciones seguían vigentes. El Mediterráneo occidental registraba un intenso tráfico de barcos contrabandistas, cargados de tabaco de las fábricas de March en Argel. El diputado mostró a los demás miembros de la Cámara un paquete de tabaco donde en letras bien perceptibles podía leerse el nombre de March. El diputado y gerente de la Arrendataria, Francesc Bastos, dijo desde su escaño, en voz alta: «Yo tengo almacenes llenos.»[57]

El diputado ibicenco pidió a los diputados que se sometiera a votación si las Cortes podían admitir entre sus miembros a un contrabandista, sin hipotecar su honorabilidad y respetabilidad. El presidente accedió a que se votara la propuesta. Setenta y siete diputados votaron a favor y ocho lo hicieron en contra. Muchos prefirieron no participar para no significarse, y se quedaron fuera del hemiciclo. Finalmente, March fue proclamado diputado.

Para sus enemigos, March había buscado en la elección la inmunidad parlamentaria; otros pensaban que era una manera de estar próximo a las esferas del poder político, lo cual le permitía establecer contactos con los gobernantes, que le podían allanar el camino para conseguir grandes concesiones estatales u obtener información privilegiada.

La candidatura de March provoca divergencias internas en el PSOE de Mallorca

La luna de miel entre los socialistas y March duraba desde 1918, a pesar de que había pasado momentos complicados durante la crisis de subsistencias, ya que mientras March era el dueño del trust exportador, Llorenç Bisbal era el jefe de la Junta prosubsistencias fundada para luchar contra las causas que provocaban la carestía de productos de primera necesidad. ¿Cómo es que no se rompieron estas relaciones cordiales entre quien defendía a las clases populares de la miseria y del hambre y quien era su principal causante? Estas incongruencias son bastante escandalosas, pero se evitó la ruptura gracias a las subvenciones que March hacía llegar mensualmente a las sociedades obreras para que pudieran disponer de un amplio local para sus actividades sindicales y culturales, además de haber adquirido el compromiso de construirles, Dios mediante, una Casa del Pueblo.

El entendimiento de March con el jefe de los socialistas, Llorenç Bisbal, se enturbió a raíz de las elecciones municipales de 1922. Contra todo pronóstico, Bisbal no salió elegido concejal del Ayuntamiento de Palma. A pesar de que previamente se había llegado a un acuerdo tácito entre liberales y socialistas. Los primeros se habían comprometido a ayudar a Bisbal a ser elegido concejal, traspasándole a última hora sus votos sobrantes. El día de las elecciones, los agentes electorales dijeron a los obreros que votaran a su candidato, Barrera, ya que iban juntos con los socialistas y, por tanto, no peligraba la elección de Bisbal. La realidad fue distinta a la esperada, ya que Bisbal quedó fuera del Ayuntamiento de Palma. A partir del incumplimiento del pacto, Bisbal desconfió de los liberales y de March, a quien acusaba de haber engañado a sus votantes.

Este caso nos enseña la estratagema que se ponía en práctica en todas las elecciones. Cuando nos referimos al régimen político de la Restauración es preciso tener en cuenta que era un régimen parlamentario no democrático. A última hora, si hacía falta, se introducía en la urna un puñado de papeletas de la lista en que figuraban los candidatos propuestos por el Gobierno, para ganar las elecciones. Era una manipulación electoral habitual que recibía el nombre de «pucherazo». Los manejos para falsear los resultados no acababan en el colegio electoral, ya que las actas del escrutinio pasaban a manos del gobernador, que en innumerables ocasiones hacía los ajustes necesarios para que los resultados coincidieran con los acuerdos previos establecidos entre los grandes partidos y el Gobierno.

En 1923, Bisbal planteó la necesidad de concurrir con candidaturas propias a las elecciones legislativas, como hacía el Partido Socialista en el resto del estado. Pero topó con diversos dirigentes de peso en el partido que, considerados «verguistas» por los mismos socialistas, se opusieron frontalmente a esta alternativa. Alegaron que el partido tenía nulas posibilidades de obtener un escaño: aún no estaba suficientemente implantado en la sociedad para aspirar a ello.

El otro punto de la discordia entre las diferentes corrientes socialistas era la alianza con los liberales. Quienes defendían esta tesis proclamaban que la victoria de los liberales era el mal menor, porque la otra alternativa representaba la derecha más reaccionaria. Exclamaban que era preciso derrotarla para dejar paso a una burguesía emprendedora y reformista. Para Bisbal esta postura significaba dejar de lado el principio de la lucha de clases que implicaba combatir por igual a todos los enemigos de la clase trabajadora. De manera que los partidos dinásticos que se presentaban a las elecciones lo eran sin distinciones. Proclamaba que el contexto político del momento estaba marcado por una lucha encarnizada entre dos facciones de la burguesía, en la cual los socialistas debían permanecer al margen.

Nuevamente, en el seno del Partido Socialista se generó una polémica entre uno de los principales «verguistas», Montserrat Parets, y Llorenç Bisbal. El primero reseñaba que el primer objetivo de la derecha reaccionaria era perjudicar el potencial económico de March. Proponía que esta táctica debía neutralizarse a través de un «verguismo» de izquierdas. Las elecciones se habían polarizado en torno al candidato March: o se estaba a favor o en contra. Ésta se convirtió en la única alternativa. Montserrat Parets aseguraba que la inhibición de las izquierdas en las elecciones perpetuaría en el poder a la clase más conservadora. Bisbal, ante los argumentos que esgrimía Montserrat Parets, favorables a dar apoyo a los liberales, le respondió con una pregunta: «¿Con qué autoridad podríamos combatir a Verga como capitalista y como político burgués, si en un momento dado hubiéramos alzado la bandera “verguista”?»[58]

Montserrat Parets, que sabía la razón por la que Bisbal estaba enemistado con los liberales «verguistas», le evocó la derrota de las municipales de 1922. Le dijo que, en ningún caso, había que atribuirla a los seguidores de March, sino a la incultura política del pueblo llano y a la división del voto socialista desde que se había producido la escisión de los comunistas.

Bisbal no le respondió sobre la cuestión que había planteado su compañero. En cambio, le dijo que había llegado a una conclusión final: para los obreros, tanto daba que gobernaran unos u otros.

Montserrat Parets le replicó diciéndole que no creía que dar apoyo puntual a partidos burgueses, con los cuales compartían diversos objetivos, supusiera abandonar los principios de la lucha de clases. Para dar solidez a su razonamiento, se remontó a 1909, a la Semana Trágica, cuando se produjo la revuelta de los barceloneses contra el embarque de soldados destinados a la guerra de Marruecos. Recordó la feroz represión que llevó a cabo el Gobierno de Antonio Maura y, en particular, la negativa a conceder el indulto a Ferrer Guardia (condenado a muerte), por haberlo considerado el tribunal responsable intelectual de la revuelta, en un juicio sin las garantías procesales exigibles en un estado de derecho. Ferrer Guardia era un pedagogo anarquista acomodado, fundador de la Escuela Moderna, donde impartió una enseñanza laica destinada a la formación de los obreros.

El fusilamiento de Ferrer Guardia en el castillo de Montjuïc provocó multitudinarias manifestaciones en Barcelona, Madrid y diversas capitales europeas. La movilización social estimuló la creación de un frente anti-Maura, en el cual, por primera vez durante toda la monarquía alfonsina, un partido dinástico, el Liberal, se unía a todos los partidos que rechazaban el régimen monárquico. El rey temió que la protesta, que en un primer momento iba dirigida contra su primer ministro, acabara por afectar a la institución. Entonces retiró la confianza a Maura, que se vio obligado a abandonar el cargo de primer ministro. Se sintió humillado por el rey, ya que había mantenido hasta el final la firmeza de una medida represora impopular porque contaba con el plácet del monarca.

El socialista Montserrat Parets ponía como ejemplo este antecedente histórico para demostrar que, gracias a la unidad de acción, habían conseguido un objetivo común: defenestrar del poder a un hombre que representaba la reacción. Ahora se presentaba una segunda oportunidad de forzarlo a abandonar definitivamente la política, y no se podía dejar pasar.

Llorenç Bisbal siguió inmutable: una alianza electoral con los liberales significaría hipotecar el ideario socialista y perder influencia en el movimiento obrero, que aprovecharían los comunistas y los anarquistas.

El PSOE se fracturó entre los seguidores de la propuesta de Montserrat Parets de dar apoyo a los liberales y los que creían, como Bisbal, que el socialismo no debía respaldar a ninguna de las dos tendencias organizadas de la burguesía.

Se organizaron unas cuantas asambleas para tratar de llegar a un consenso. Como no fue posible aproximar posturas, se hizo necesario votar para decidir cuál de las dos posiciones debía adoptar el Partido Socialista. La defendida por Bisbal resultó ganadora. Montserrat Parets (empleado de March en Portopí), Simó Fullana (redactor del diario El Día), Julià Ferretjans y Josep Romero, el día de las elecciones movilizaron a los trabajadores socialistas para que diesen su voto a March.

Esta indisciplina provocó una escisión en el seno del partido. Incluso un hombre de la honestidad y seriedad de Alexandre Jaume, el primer intelectual con que contó el PSOE en las islas, planteó su renuncia a causa de que la tarde anterior a las elecciones lo habían llamado liberales, conservadores y mauristas para hacer de «hombre bueno» en el reparto del censo electoral del pueblo de Sa Pobla. No pudo negarse, según declaró ante la dirección del partido, porque tanto en el Partido Liberal como en el Conservador había un familiar suyo, hecho que lo convertía en el hombre idóneo para garantizar que el acuerdo firmado la tarde anterior a las elecciones se cumpliera. Éste era un procedimiento que se empleaba cuando había voluntad, en los partidos dinásticos, de llegar a un acuerdo previo sobre cuántos votos había que adjudicar a cada una de las candidaturas. De esta manera, el día de las elecciones no era necesario que los votantes masculinos mayores de 25 años fueran a votar. Los caciques ya habían decidido a sus espaldas su voto.

Alexandre Jaume negaba las teorías de los «verguistas», los cuales aseguraban que la victoria de March suponía un cambio político y social profundo. Pensaba que la pasada lucha electoral no había sido una confrontación entre derechas e izquierdas, «sino de una fuerza contra otra fuerza, de un tinglado contra otro tinglado. La fuerza vencedora no ha sido una fuerza desvinculadora, sino una fuerza que ha derribado la existente y se ha puesto en su lugar».[59]

La dirección del PSOE, encabezada por Bisbal, aceptó a regañadientes la renuncia de Alexandre Jaume, un hombre que había ingresado en el partido gracias a la persistencia de Bisbal. Lo había convencido de que el Partido Socialista era la organización política en la que mejor podría defender y propagar las ideas de igualdad, libertad y justicia social, principios básicos que conformaban su ideología. Los más significados socialistas «verguistas» fueron expulsados del partido. El PSOE perdió importantes federaciones, que siguieron funcionando al margen de la dirección central. Corrían rumores de que los disidentes trataban de formar un partido socialista «verguista» al frente del cual querían colocar a Julià Ferretjans. El proyecto no cuajó porque pocos meses después el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado.

6

La dictadura de Primo de Rivera

March declarado enemigo público número uno del Directorio Militar

En abril de 1923, el rey Alfonso XIII inauguró la sesión solemne de apertura de las nuevas Cortes. March por primera vez ocupaba un escaño en el hemiciclo del Congreso. Todas las campañas en contra de su elección habían fracasado. March podía sentirse satisfecho de haber superado todos los obstáculos y haber colmado su ambición política ligada a sus intereses mercantiles.

La situación política del estado era altamente inestable. La oposición dinástica exigía responsabilidades por el desastre de Annual, y el rey no quedaba al margen. Los liberales se sumarán, pero sin cuestionar la figura del monarca. Ante la presión política y popular, se encargó al general Picasso un informe sobre las posibles negligencias e imprevisiones de los comandantes españoles que habían conducido al Ejército a una derrota aplastante.

El sistema político estaba desgastado y padecía una grave falta de representatividad, ya que los nuevos sectores sociales emergentes no se sentían representados. La inestabilidad institucional se había convertido en un mal endémico; en un régimen que había sido creado para aportar estabilidad, los gobiernos duraban apenas unos cuantos meses, y la injerencia del rey en el quehacer político, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, era cada vez más manifiesta. Para elegir jefe de Gobierno el monarca ya no respetaba la jerarquía interna de los partidos, lo cual provocaba continuas escisiones en los partidos dinásticos, que se habían fragmentado en diferentes facciones, cada una encabezada por un líder distinto.

La guerra interminable de Marruecos, la desintegración del sistema de la Restauración y la agitación social en Barcelona, que se había convertido en guerra social, hizo que el modelo autoritario para las clases acomodadas se percibiera como la solución más adecuada para resolver la crisis. El rey Alfonso XIII, ante el peligro de verse involucrado en el proceso abierto para depurar responsabilidades, no dudó en dar apoyo al golpe militar protagonizado por el capitán general de Barcelona, Primo de Rivera, en el mes de septiembre de 1923. La proclama de Primo causó un efecto dominó: todas las capitanías generales se adhirieron a la asonada. El rey bendijo el golpe.

Al día siguiente de haberse producido la revuelta de los militares, Juan March hizo unas declaraciones al diario Última Hora que son un verdadero tratado de ambigüedad política y que seguramente ha tardado mucho tiempo en ser superado. En sus afirmaciones ponía de manifiesto un individualismo egoísta en el cual la ideología y la rectitud de espíritu no tenían cabida en su código de conducta. Por el contrario, para March, esta clase de principios e ideas no eran más que obstáculos que dificultaban la consecución de sus propósitos. March lo tenía claro, el capitalismo sólo se atenía a las reglas de la competitividad y a la obtención de beneficios.

«¿El movimiento militar? Es difícil de juzgar para mí.

»Si le dijera que me desagrada, no le hablaría sinceramente. Si le dijera que me satisface, no correspondería esta afirmación a mi personal criterio en política ni a mi significación de ex diputado liberal. Como político liberal soy constitucional y demócrata, y en esta significación he de desear que cuanto antes se restablezca en nuestra patria la más absoluta normalidad y que cada clase, cada estamento, ocupe el lugar propio, señalado a sus funciones.

»Pero, yo que he conocido el sistema político que el movimiento militar ha destruido, puedo decirle que ni me satisfacía ni me convenía. Yo no puedo olvidar las campañas personales que contra mí se hicieron en un régimen político enemistado con mi partido, campañas que llegaron incluso a la pretensión de anularme cuantos intereses había acumulado en Portopí.

»Ahora estaban los míos en el poder y podía estar tranquilo, es decir, podía considerarme a salvo de asechanzas del odio y de la rivalidad.

»Pero ¿y mañana? ¿No tenía que aceptar la posibilidad de un cambio de política que me volviera a poner en manos de unos enemigos que no supieron respetar mi nombre ni mis intereses?

El movimiento militar ha destruido el engranaje caciquil y ha abierto un período de justicia al que tienen que temer y del que deben huir quienes han ido de trasgresión en trasgresión y de atropello en atropello tejiendo la historia de su vida; pero a cuyo régimen de justicia nos acogemos quienes lejos de temer una revisión de nuestra pasada historia, la deseamos por cuanto esperamos de ella lo que más aprecio nos inspira: la rehabilitación de nuestro nombre, y el respeto absoluto de todos para nuestros intereses que son tan sagrados como los que más lo sean.»[1]

En cambio, el diario El Día se opuso al golpe de Estado de Primo de Rivera: «¿Significa el acto del general Primo de Rivera, esa paradoja de querer que se restaure la disciplina y cese el desbarajuste mediante una indisciplina?»[2] El diario de March precisaba que el golpe había sido sancionado por el rey sin el apoyo del pueblo, y que el nuevo Directorio Militar carecía de un programa político coherente: «No es un proyecto para justificar el triunfo de una sublevación, la ya manoseada frase de “Salvar España”.»[3] Está claro que March no quería jugárselo todo a una sola carta.

A pesar de sus declaraciones, el general Primo de Rivera había prometido en su primer discurso renovar la política y ponerla al servicio de la sociedad mediante la administración honesta y eficiente de los asuntos públicos. Para eso, había que combatir la corrupción y perseguir a los políticos corruptos. El Directorio Militar convirtió a Santiago Alba en el chivo expiatorio de la política del régimen anterior, y a March en el principal capitalista corruptor. Santiago Alba se autoexilió en París, antes de que los militares lo encarcelaran. Juan March sintió en el cogote el aliento de sus perseguidores. Se reunió en Barcelona con sus más íntimos colaboradores. Miquel Ordinas le aconsejó que abandonara en seguida el país porque le habían informado que en pocas horas se firmaría la orden de busca y captura contra él.

Los militares querían llevar a cabo una acción ejemplarizante que tuviera eco y causara un impacto favorable en la opinión pública. Una manera de dar credibilidad al nuevo régimen. Miquel Ordinas fue al teatro del Liceu de Barcelona y consiguió que le dejaran un hábito de monje. March se lo puso y se cubrió la cabeza con la capucha antes de abandonar la casa donde se había refugiado. La palidez del rostro le realzaba la prominencia de su nariz aguileña. Como era delgado semejaba un fraile que se había mortificado en exceso durante la Cuaresma. El coche que trasladaba a March rodó a toda velocidad para alcanzar la frontera, antes de que la policía se movilizara para detenerlo. Por suerte, cruzó sin problemas el paso fronterizo de Port Bou. El aduanero se fijó en los ocupantes, pero no se atrevió a interrumpir la meditación de aquel fraile que estaba tan abstraído que parecía que hablara con Dios. Pasada la frontera, March se quitó aquellos hábitos y comenzó a pensar en los placeres carnales que le ofrecía París. Cuando llegó, se reunió con su amigo Alba, a quien tuvo que pagar la factura de hotel durante sus años de exilio.

Poco después de la llegada al poder por la fuerza de Primo de Rivera, el informador Ghirelli se trasladó a Mallorca para intentar descubrir cualquier indicio o prueba que permitiera inculpar a March. Se entrevistó con Jaume Ramis, uno de los hombres que había sido socio de Juan March en los asuntos del contrabando, pero con el que se enemistó cuando acabó la Primera Guerra Mundial. En la reunión, Jaume Ramis le confesó que Juan March, en varias ocasiones, se había dedicado «al contrabando de armas y al contrabando de guerra, durante la contienda europea».[4] También le informó que March recibía con frecuencia cartas de Santiago Alba en las cuales, por los comentarios que le hacía mientras las leía, trataban de asuntos relacionados con el tráfico de armas. Una vez leídas las quemaba. El agente Ghirelli le pidió que hablara del asesinato de Rafel Garau. «Jaime Ramis me dijo que, en su época de intimidad con Juan March (1921), éste en varias ocasiones le había declarado que si Garau volviese a vivir, él mandaría de nuevo que lo mataran. Dicen que la causa de la muerte de Garau fueron las relaciones ilícitas que Rafael sostuvo con la mujer de March.»[5] Esta información fue transmitida al general del Directorio Militar que se ocupaba de las cuestiones de justicia. Entre muchos otros asuntos que resolver, el régimen militar tenía asignado por mandato del dictador Primo de Rivera, como prioritario, el cometido de acumular pruebas que inculpasen a March por contrabando de tabaco y tráfico de armas. En todas las Audiencias Provinciales donde pudiera haber alguna probabilidad de encontrar expedientes no resueltos de contrabando de tabaco y tráfico de armas, los jueces debían reabrir diligencias y, además, tenían que revisar las causas en las que March estuviera involucrado. El objetivo era condenarlo a una larga pena de prisión.

Primo de Rivera dio órdenes a los coroneles de carabineros de que castigaran a sus subordinados con severidad si mostraban la más mínima tolerancia con los contrabandistas. Se habían acabado las complicidades con los capos del contrabando. El oficial que se mostrara indulgente o fuera cómplice de los traficantes no volvería a vestir el uniforme y, además, sería recluido en un penal.

El dictador transmitió órdenes precisas a los comandantes de puesto de disparar a matar contra los contrabandistas que no obedecieran las órdenes de alto de los carabineros. Los oficiales que hasta entonces se habían dejado sobornar por los capos del contrabando se reunieron con ellos para informarles de las órdenes que habían recibido. Les advirtieron del peligro que corrían si seguían traficando.

Muchos contrabandistas creyeron que las amenazas no dejaban de ser pura retórica para convencer a la opinión pública que el nuevo régimen actuaría con la máxima firmeza contra los contrabandistas. Seguramente por esta creencia equivocada se produjo un incidente mortal en Cala Mondragó que costó la vida a un contrabandista. Un laúd de 35 palmos cargado de bultos de tabaco entró en la pequeña cala. Esperó a que fuera de noche para comenzar a desembarcar el género en la playa. Al atardecer, cuando hacían la ronda, los carabineros lo divisaron, y decidieron montar guardia a la espera de acontecimientos. Cuando comenzaba a anochecer, el laúd inició la maniobra de aproximación a la orilla y los cargadores abandonaron su escondite para iniciar las labores de descarga. Los guardias les dieron el alto y los estibadores corrieron en desbandada. El patrón no obedeció la orden y dio un golpe de timón para que la barca pusiera proa hacia alta mar. Entonces se oyeron unas cuantas detonaciones. Uno de los contrabandistas cayó al agua cuando intentaba parapetarse detrás de un bulto: acababa de recibir el impacto de una bala en el pecho, que le causó la muerte instantánea. El resto de los contrabandistas pudieron huir agachados en la cubierta y protegidos por los fardos, en los cuales impactaron unos cuantos proyectiles. Los carabineros dispararon con los fusiles máuser que habían utilizado los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial.

Con la llegada al poder de Primo de Rivera, la familia Garau vio la oportunidad esperada durante largo tiempo para vengarse de las fechorías que March había cometido contra la familia. Se asociaron con los hermanos Ramis, ex socios de March, para aniquilarlo. Damià Ramis se puso en contacto con el gerente de la Arrendataria, Francesc Bastos, para anunciarle que existían unas cartas que había escrito Eleonor Servera (esposa de March) a su amante, Rafel Garau, que podrían contener información confidencial sobre los negocios de contrabando de su marido. Ramis le pidió que, a cambio de entregarle estas cartas, la Arrendataria se comprometiera a comprar una importante partida de tabaco de la compañía Garau-Ramis, que tenía fábrica en Orán. Francesc Bastos estuvo de acuerdo, solamente había un obstáculo por salvar: Guillem Santandreu guardaba las cartas que le habían dejado en depósito. Un hombre de honor que había suscrito el compromiso de no entregárselas a nadie sin el visto bueno del padre de Rafel Garau y de Miquel Ordinas (representante de March), quienes se las habían confiado tiempo atrás.

No se sabe por qué, en 1916, tras la muerte de su hijo Rafel, Josep Garau no entregó estas cartas al juez instructor. ¿Ignoraba su existencia? ¿O pensaba que su hijo había deshonrado a March y éste tenía derecho a actuar contra él para recuperar su honor de hombre vejado?

En 1917, cuando la sociedad March-Garau inició los trámites previos a su disolución, el padre de Rafel anunció al representante de March que obraban en su poder las cartas que la mujer de éste había escrito a su hijo y que estaba dispuesto a hacerlas públicas si las negociaciones para liquidar la sociedad se encallaban en pleitos interminables. Un claro chantaje. Pero March encargó a Miquel Ordinas, que mantenía buenas relaciones con Josep Garau, que lo convenciera de que sólo proseguirían las conversaciones para llegar a un acuerdo de reparto de bienes de la sociedad si las cartas las guardaba un hombre de bien. Josep Garau se fió de Miquel Ordinas, porque tenía constancia de que últimamente había dejado de ser un incondicional de March. Josep Garau confió en quien no debía, porque Miquel Ordinas era el ejecutor de la estratagema de March: inmovilizar unos escritos que representaban una seria amenaza para March.

Francesc Bastos ideó una estrategia para apoderarse de las cartas. La misión fue confiada al capitán de la Guardia Civil José Garzón, agente de la Arrendataria, quien viajó a Palma el 12 de octubre de 1923. En cuanto desembarcó, se encaminó a la comandancia de la Guardia Civil, donde se entrevistó con el teniente Gabriel Sastre, responsable jerárquico directo de la agrupación de la Guardia Civil de Santa Margalida. Garzón, después de informarlo del cometido que se le había encargado, le pidió que le escribiera una carta dirigida al jefe de la benemérita de aquella localidad, en la que le instara a ponerse incondicionalmente a sus órdenes, en todo y para todo. Una manera de asegurarse de que lo tendría a su lado si todo se torcía.

Ya era de noche en el pueblo cuando el capitán Garzón, acompañado de Josep Garau, se dirigió al domicilio en Santa Margalida de Guillem Santandreu, depositario de las cartas, quien recibió a aquellos dos hombres con una cierta inquietud. Intuyó que aquella visita era de mal augurio. El dueño de la casa se intranquilizó cuando el capitán le anunció el motivo de su visita: había recibido la orden del Directorio Militar de confiscarle las cartas que guardaba. Guillem Santandreu, en un primer momento, se negó a dárselas. El capitán le advirtió que con su actitud se estaba resistiendo al mandato de la suprema autoridad del Estado y que si persistía en su negativa se vería obligado a arrestarlo. Guillem Santandreu mandó llamar a su cuñado, que era el alcalde del pueblo, para que le ayudara a tomar la decisión más conveniente en aquellas adversas circunstancias. El cuñado, una vez enterado de lo que pretendía el oficial, no dudó en aprobar la conducta de su pariente político de rechazar la pretensión del oficial de la Guardia Civil. Guillem Santandreu había jurado por su honor que tan sólo las devolvería a las dos personas que se las habían confiado, y en aquellos momentos solamente había una, el padre de Rafel Garau. La situación se volvió muy tensa. El capitán amenazó de nuevo a Guillem Santandreu con llevárselo preso si se obstinaba en no colaborar. El depositario de las cartas no sabía cómo salirse de aquella situación crítica. De pronto, se le ocurrió requerir la presencia del comandante de puesto de la Guardia Civil del pueblo, a fin de confirmar la identidad del capitán que iba vestido de paisano. Quizás él podía decirle si sabía algo de esa misión. Cuando llegó, el capitán Garzón se identificó y le dio a leer la carta de su superior inmediato. El suboficial del cuartel de Santa Margalida se puso a sus órdenes. Ante la evidencia, Guillem Santandreu cedió y entregó las cartas. Pero antes exigió un justificante para poder explicar su conducta, que él mismo consideraba deshonrosa, ante Miquel Ordinas, a pesar de haber sido coaccionado por la fuerza de la autoridad.

Francesc Bastos examinó con lupa las cartas con la esperanza de encontrar alguna información sobre los negocios de contrabando de March, que le sirviera como prueba para entregarlo a la justicia. El director de la Arrendataria no encontró ninguna referencia. Eran cartas escritas por una enamorada a su amado.

El golpe de astucia de los enemigos de March no quedaría sin respuesta. Miquel Ordinas, que representaba en Madrid a la compañía Trasmediterránea, como premio a la fidelidad a March, se desplazó a Palma y presentó una denuncia contra el capitán José Garzón por coacciones y por haberse atribuido una representación que el Directorio Militar no le había otorgado. Se reunió con Guillem Santandreu y lo convenció para que también procediera judicialmente contra dicho capitán por haberle arrebatado, con métodos ilícitos, los documentos que unos terceros le habían confiado.

El auditor que instruyó en primera instancia las diligencias consideró, después de ponderar las declaraciones de los testigos, que la actuación del capitán José Garzón no podía considerarse un hecho delictivo, ya que no quedaban probadas las imputaciones que se le hacían. Tan sólo había acompañado a Josep Garau para recuperar unas cartas que eran de su hijo. «El cabo Juan Bestard Oefe de la Guardia Civil en Santa Margalida afirmó que, en su presencia, el oficial no se arrogó misión alguna de carácter secreto.»[6]

El auditor juzgó que los testigos que habían declarado eran todos familiares del denunciante Guillem Santandreu, así que no podían actuar con imparcialidad, por tal motivo estimó que no había pruebas para que continuara la instrucción del caso.

Guillem Santandreu, empujado por March, no dio su brazo a torcer y presentó una segunda denuncia, acompañándola de nuevos elementos de juicio y de nuevas pruebas de carácter presuntamente delictivo referidas al comportamiento del capitán Garzón.

Entregó al juez varias cartas, la primera de las cuales era la que envió a Miquel Ordinas explicándole los hechos. «Mi cuñado, García, como alcalde, quiso hacer presente al capitán la arbitrariedad que suponía tener que entregarle por mí un depósito sagrado, confiado a mi honor de caballero, sin mediar la autorización expresa y escrita del Directorio Militar.»[7]

La correspondencia que había mantenido Miquel Ordinas con el presidente de la Arrendataria, el marqués de Amurrio, también se remitió al juez. En una de las cartas, Miquel Ordinas aseguraba al presidente de la Arrendataria que los documentos sustraídos por el capitán Garzón no afectaban en absoluto a los intereses de la Renta de Tabacos. «Apelo a la actitud y a la caballerosidad de usted, para que vea si puede consentir que la Compañía Arrendataria de Tabacos se mezcle en estas cosas.»[8] Miquel Ordinas responsabilizaba de esta maniobra al gerente de la Compañía, Francesc Bastos, y declaraba que había inducido a cometer un acto ilícito.

El presidente de la Arrendataria le aseguraba, en la respuesta, que él y todos los miembros del Consejo de Administración eran ajenos a los hechos. «Es norma y propósito inquebrantable de esta compañía que presido, no realizar más actos que aquellos objetivos que la defensa de la Renta justifica, pero sin perjuicios ni persecuciones contra persona alguna.»[9] Miquel Ordinas le solicitó que las cartas fueran devueltas al depositario.

El coronel, jefe del Estado Mayor, consideró que las nuevas pruebas aportadas por el denunciante, Guillem Santandreu, obligaban a reabrir el caso. Por tanto, ordenó al auditor que retomara la instrucción y ratificara la orden de prisión contra el capitán José Garzón por haberse apoderado de unas cartas privadas sin mandato explícito de la autoridad militar. El capitán general de Madrid dispuso que se trasladara al detenido a Palma y mandó que se decretara orden de busca y captura contra Josep Garau, por colaboración en el presunto delito de apoderamiento ilícito de documentos privados. La autoridad militar sospechaba que el capitán Garzón había podido actuar incitado por la familia Garau y por los hermanos Ramis, a cambio de una recompensa pecuniaria o por promesas de promoción dentro de la Arrendataria, que le habría hecho el mismo Francesc Bastos.

José Garzón, encarcelado en Carabanchel, se dirigió por carta al general Primo de Rivera para explicarle su personal versión de los hechos. Le certificaba que acompañó a Josep Garau a recuperar unas cartas de su hijo, creyendo que estaba colaborando con la justicia en la resolución del caso de asesinato de Rafel Garau, ya que las cartas podían convertirse en una prueba definitiva para inculpar a Juan March como inductor del crimen. «De su texto podía deducirse un indicio de gran valor para demostrar más o menos la directa participación de Juan March en el delito que produjo la muerte de Rafael Garau.»[10]

El capitán Garzón culpaba a Juan March de haber instigado a Guillem Santandreu a presentar las denuncias en su contra. Su encarcelamiento se debía a las influencias de March cerca de las autoridades militares de las islas Baleares. «Se ha valido, sin duda, para lograrlo, de su amistad con el auditor de aquella región don Ramón Viala.»[11] Acababa rogando al dictador que apartara del caso al instructor, por parcialidad manifiesta.

Mientras se libraba una rencorosa disputa en torno a las cartas que había escrito la mujer de Verga a Rafel Garau, el hermano de éste, Francesc Garau, envió desde Orán una carta al dictador Primo de Rivera, en la que acusaba a Juan March de haber sido el inductor del crimen de su hermano. Insinuaba que el móvil había sido la reparación de un deshonor.

Excmo. Señor:

Entre las grandes esperanzas nacidas en el alma popular desde el advenimiento de V. E. a la gobernación del país, ninguna tan arraigada ni tan legítima como la de ver satisfechas sus ansias de justicia.

1.º: El año 1916 fue asesinado en Valencia el negociante Rafael Garau, vecino de Argel, hermano del recurrente, sin que la justicia pudiera hallar traza de los criminales, aun cuando el juez que en aquellas circunstancias se encontraba en funciones declaró, después de unas cuantas audiencias y en particular tras oír en un interrogatorio a Juan March, que antes de cuarenta y ocho horas se sabría quiénes eran los asesinos. Este magistrado, Excmo. Señor, no pudo conseguirlo porque al día siguiente era trasladado a otra provincia, y poco tiempo más tarde se cerraba la causa sin encontrar a los criminales.

El recurrente se pregunta, Excmo. Señor, a qué secretas maniobras pudo obedecer este relevo repentino y quién pudo ser el instigador. Yo acuso, Excmo. Señor, de este delito de corrupción al mencionado Juan March, a quien la voz pública acusa también de ser el instigador del crimen por móviles que a la justicia no le será difícil aclarar.

2.º: Yo acuso a Juan March, ex diputado liberal por Palma de Mallorca, de haber pretendido hacerme fusilar, en 1918, en compañía de mi anciano padre, José Garau, hoy residente en Santa Margarita (Baleares), denunciándonos al Gobierno francés como espías al servicio de Alemania, según podrá V. E. comprobar por el adjunto documento, habiendo estado por esta causa presos e incomunicados tres meses, con grave riesgo de nuestras personas y notorio quebranto de nuestro crédito industrial y de nuestros intereses.

No hemos pretendido, Excmo. Señor, reclamar justicia por la certidumbre de que Juan March haría estéril nuestra demanda, ora corrompiendo a sus ejecutores, ora ahogando su acción con el peso de su fortuna amasada con las lágrimas y la sangre de sus víctimas; pero hoy que, por ventura para nuestra Patria, se ha vuelto a entronizar en las robustas manos de V. E. el imperio de la Ley, alzamos nuestra voz acusadora, señalando a V. E. y al país a Juan March como un significado malhechor, cuya libertad consideramos una negación de la justicia y una afrenta a la moral.

No dudamos que V. E. se dignará dar a este recurso el trámite que esperamos de la palmaria rectitud con que V. E. viene acogiendo los clamores de cuantos el desenfreno y la corrupción en las esferas públicas habían hecho escépticos y tenía desamparados.

Dios guarde a V. E. muchos años para bien de España.

Argel, 23 de diciembre de 1923[12]

Primo de Rivera dio curso a la denuncia. El fiscal del Tribunal Supremo instó a la Audiencia de Valencia para que reabriese el caso e instruyese las diligencias pertinentes.

«A instancia de José Garau y Tous, vecino de Santa Margarita, interesando se revise la causa instruida por asesinato de su hijo Rafael Garau Planas y que se inicie sumario en persecución de los delitos que puedan deducirse de la denuncia hecha a las autoridades Militares Francesas de Argel [1918] por Juan March Ordinas acusando a su mencionado hijo y a su yerno [s/c] de espionaje contra Francia.»[13]

El juez Francisco Paula Serra fue nombrado para instruir el caso. Después de practicar las oportunas indagaciones, imputó a Juan March y publicó una orden de busca y captura contra él. El acta de procesamiento contemplaba el presunto delito de falsedad documental cometido por Juan March, en 1918, cuando entregó al vicecónsul francés de Valencia unas cartas apócrifas que iban a servir de prueba ante un tribunal de Argel, para inculpar de espionaje a algunos miembros de la familia Garau.

El juez comenzó a recibir amenazas. Primero fueron coacciones, hasta que un día recibió en su despacho a un abogado de Juan March que le repitió una y otra vez que su representado era inocente y que las acusaciones las proferían sus enemigos, impulsados por la envidia y la maleficencia de la venganza. El juez, después de escucharlo, le preguntó si tenía algo más que añadir. El emisario se levantó para despedirse. Cuando parecía que todo estaba dicho, hete aquí que, como si nada, el enviado dejó caer: «¿Dado que todo esto es un complot para hacer daño a March, no habría bastante con 500 000 pesetas para archivar el caso?» El juez, indignado, se levantó y le conminó a abandonar el despacho. El secuaz de March no se alteró y avanzó lentamente hacia la puerta. Pero antes de pasar el umbral, se volvió y miró fijamente a los ojos del juez, que estaba furioso. Con toda naturalidad, le dijo: «Perdone, señoría, no me he explicado con claridad. Quería decir que esta cantidad podría ser la fianza para obtener la libertad condicional de mi representado.» El juez levantó el tono de voz y le dijo que las fianzas no las fijaba el imputado, que eso era competencia del juez. El magistrado lo miró con menosprecio y, mientras se marchaba por el pasillo del juzgado, le dijo: «Haga saber al señor March que aún no puede hacer y deshacer a su gusto en todas las instituciones del Estado.» El juez estaba equivocado. La mano oculta de March llegaba más allá de donde podía pensar un juez de provincias.

Mientras la justicia apretaba de firme, en Maria de la Salut, un pueblo cercano a Santa Margalida, vivía Bartomeu Monjo Rigo, alias Rotget. Era la persona que esperó, en 1916, en el puerto de Valencia, al confiado Rafel Garau. Rotget, a pesar de su buena coartada, siempre fue sospechoso de haber sido una pieza clave en el complot urdido para acabar con la vida de Rafel Garau. Por supuesto, no actuó por su cuenta, se le había encargado esta misión y la había cumplido. En 1923, March había huido a Francia y el nuevo juez instructor, que había reabierto el caso, comenzaba a atar cabos. Bartomeu Monjo, Rotget, era un bocazas y ante el cambio de coyuntura política comenzó a bravuconear y a decir en público que él sabía más que nadie sobre la muerte de Rafel Garau. En seguida corrió la voz. Rotget pasó a representar una amenaza muy seria para quien había sido el inductor. Antes o después, el juez lo citaría a declarar. Los implicados en la trama no las tenían todas consigo, porque podía irse de la lengua.

Con la lluvia de primavera, la gente del pueblo, que en los años veinte pasaba penurias, entrada la noche se ponía a buscar caracoles con una lámpara de aceite. En algunas comarcas los buscadores formaban una procesión de fantasmas con vestimentas negras, ¡qué mal presagio! En aquella época casi todo el mundo iba de luto, bien por la muerte de un familiar próximo o por la de algún pariente lejano. En el segundo supuesto, la duración del duelo se acortaba. Cuando la noche se hacía oscura, se observaba una hilera de puntos luminosos que se balanceaban como péndulos. Todo el tiempo se oía: «Ilumíname aquí que hay un caracol sapenco.» Cuando habían llenado el cesto, los caracoles se guardaban en una jaula, que llamaban «caracolera». El día antes de cocinarlos se les daba harina para purgarlos. Antes de ponerlos al fuego se dejaban en remojo en un barreño. Se removían para que soltaran la baba. Después, se desechaba este líquido viscoso y se volvía a llenar con agua cristalina de la cisterna, y así cuantas veces hiciera falta hasta que el agua permanecía clara.

Un sábado después de Pascua, un mozo del pueblo organizó una cena. Invitó a un grupo de hombres a hacer una «caracolada» en una caseta fuera de la villa. Entre los invitados estaba Rotget, que no podía imaginar que le habían preparado una buena. Delante del porche hicieron un buen fuego, sobre el que pusieron una olla con agua, donde echaron los caracoles a hervir. El cocinero, para que estuvieran sabrosos, había preparado un manojo de hierbas aromáticas: hinojo, mejorana y hierbabuena, que ató al asa de la olla con un cordel. Mientras hervía el caldo, el ramito giraba sobre la superficie por el impulso de las burbujas. Para darles una pizca de picante había añadido dos guindillas. Mientras se cocinaban, en otra cacerola hizo un sofrito en el cual puso costillejas de cerdo troceadas, pedazos de tocino, botifarrón y una tajada de sobrasada. Cuando la carne estuvo bien sofrita y la sobrasada había coloreado el sofrito, con un cucharón vertió el caldo y los caracoles. Esperó a que estuvieran bien cocidos para esparcir sobre el caldo una picada de almendras y ajos.

Aquellos hombres olían la comida y se les hacía la boca agua. Pero entretenían la espera bebiendo tazones de vino, uno tras otro. Aquel vino tenía un regusto áspero, pero nadie reparó en él. Ninguno de ellos era de paladar fino. El cocinero acabada la cocción puso la olla sobre una mesa auxiliar no demasiado lejos de la mesa alrededor de la cual estaban sentados los comensales. Rotget ocupaba la cabecera. Sobre la mesa había un par de escudillas llenas de alioli y una garrafa de vino. Antes de servirle el plato a Rotget, una mano criminal soltó en el caldo de su plato el maldito veneno. La fiesta gastronómica acabó a medianoche y más de uno de los comensales encontró a duras penas el agujero de la cerradura de la puerta de su casa.

Al día siguiente, Rotget comenzó a tener dolores de estómago cada vez más punzantes. Ya no se pudo levantar de la cama. No tenía fuerzas ni para ir al excusado. Los familiares fueron a buscar al médico de Bartomeu Monjo, que era pariente suyo. El médico había participado en la «caracolada» y podía imaginarse qué había pasado. Corría el rumor de que podría haber sido el médico quien proporcionó el veneno para eliminar a un testigo que sabía demasiado. Bartomeu Monjo debía una importante suma de dinero a Juan March. El enfermo empeoraba por horas y los dolores se hacían insoportables. Como si en el vientre tuviera aceite hirviendo que le quemara las vísceras. Al atardecer lo visitó un amigo. Casi no le quedaban fuerzas para hablar, pero hizo un esfuerzo y le cogió del brazo. Con voz apagada le dijo: «Buena me la han hecho.» Podía gritar cuanto quisiera, nadie podía consolarlo. La gente que pasaba por delante de su casa apresuraba el paso para no oír aquellos lamentos que recordaban cuán oportuno es siempre morderse la lengua, antes que hablar sobre ciertos asuntos. Esa misma tarde la agonía acabó su curso y murió entre gemidos ensordecedores. La ley del silencio en Mallorca era más sagrada que la Santísima Trinidad. En seguida se corrió por el pueblo la voz de que había muerto Rotget. Durante el oficio fúnebre la gente no comentó nada, pero todo el mundo sabía que Rotget no había respetado la omertá.

Después de este hecho luctuoso, la vida siguió su curso. March presentó una denuncia contra el gerente de la Arrendataria, Bastos, por la política de abaratamiento de precios en Ceuta y Melilla durante el período previo a la dictadura de Primo de Rivera; aquella estrategia le había hecho una competencia desleal a su negocio de venta de tabaco en el Protectorado, y le había causado importantes pérdidas. Cuando Bastos se enteró de que el contrabandista había puesto una querella contra él, pidió audiencia al dictador y le dijo: «General, estamos delante del mismo caso de un delincuente que acusa al policía de que lo ha perseguido con tenacidad, hasta obtener las pruebas inculpatorias necesarias para entregarlo a la justicia.» Pero hete aquí que el dictador ya tenía dudas sobre lo que había que hacer con March. Después de meditarlo, dio curso a la denuncia presentada por March. El magistrado del Supremo puso término al expediente «con toda clase de pronunciamientos favorables a Bastos», declarando que la denuncia carecía de fundamento y, por tanto, había que desestimarla. Además, el juez añadía en el texto de la sentencia una nota final en la que reclamaba que se reconociera públicamente el importante servicio prestado por Bastos a la Arrendataria.

El 31 de octubre de 1923, la Arrendataria nombró a un nuevo presidente, Luis Urquijo Ussía, marqués de Amurrio. La primera gestión que realizó después de su nombramiento fue visitar al dictador para dar apoyo al gerente de la compañía, Francesc Bastos, que había sido denunciado por el mayor contrabandista del estado.

El dictador se convence de que el Régimen necesita a March

La firmeza del dictador se rompió pronto: dio marcha atrás. Juan March, desde París, movilizó a sus contactos. Un noble catalán habló con el dictador y le recordó que en política siempre había que ser pragmático. Le dio a entender que March podría ser útil a la dictadura si ponía una parte de su capital al servicio del Régimen.

El general San Martín, que tiempo atrás había ocupado la Capitanía General de las Baleares, intercedió a favor de March ante el dictador. Se decidió a escribirle una carta. «En Baleares, cuando estuve de capitán general, entablé amistad con Juan March Ordinas, que me colmó siempre de atenciones. Por lo que ahora pueda imputársele que no le condene sin oírle por V. O. o por el general que usted designe. Yo tengo empleado un hijo en su casa comercial, y si yo sospechase que era un hombre indigno, ya comprenderá usted que no le hubiera dejado entrar a su servicio.»[14]

Los emisarios de March convencieron al dictador de que era más ventajoso para ambos, y para el propio Régimen, establecer una colaboración en vez de seguir enemistados. Todos los procesos judiciales que se habían abierto contra el contrabandista no pasaron de la fase de instrucción. Era el regreso a la «normalidad» y se renovaron los usos y costumbres de antes. La Correspondencia Militar, revista militar que censuraba la corrupción política, acabó siendo subvencionada por el próspero contrabandista y hombre más rico de España. La fuerza del dinero había logrado el milagro.

El juez Francisco Paula Serra fue retirado del caso por la Junta de Gobierno de la Audiencia de Valencia. Se nombró a un nuevo juez, Joan Arnet, «que según parece de los autos era hombre ya caduco, sin energías ni competencia, y como dice en las diligencias uno de los testigos, venía a resultar el más torpe».[15]

Al día siguiente de la sustitución, March se presentó a declarar ante el nuevo juez, sin que hubiera sido citado. Tal como había hecho en 1916 ante el juez Delgado Curto, después de la muerte de Rafel Garau. El juez Joan Arnet le tomó declaración y, cinco días después, anuló el procesamiento contra March y decidió dejarlo en libertad sin cargos. El fiscal se opuso a la medida y pidió que no se archivara el sumario. A pesar de la oposición del Ministerio Fiscal, la Sala de la Audiencia de Valencia dictó el acta de sobreseimiento definitivo.

En el interrogatorio a que fue sometido March durante la República por el director general de Seguridad Ángel Galarza, en el seno de la Comisión de Responsabilidades y en relación con la retirada del caso de Francisco Paula, un juez recto, le preguntó:

«¿Es cierto que en el momento que fue destituido este juez (Francisco Paula Serra) se presentó Vd. en España?»

March: «Sí, creo que dio la coincidencia de que fue el mismo día.»

Galarza: «Es decir, que Vd. se marchó al nombrarse este juez y volvió al ser destituido.»

March: «Es posible.»

Cuando el juez Francisco Paula Serra fue retirado del caso también lo fue el secretario Pedro Sánchez Covisa (antepasado del ultra y jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey durante la Transición). El secretario abandonó España y sustrajo del sumario centenares de folios en los cuales estaban todas las requisitorias que se habían enviado a March.

El sumario sufrió más mutilaciones. Una tarde, los secuaces de March ayudaron a un chaval, sobrino de March, a introducirse en el interior de los juzgados de Valencia por una ventana del primer piso, que algún cómplice había dejado expresamente abierta. Antes de entrar, se le había dibujado un plano de la planta del edificio y se le había señalizado por dónde debía pasar hasta llegar al archivo que guardaba el sumario del caso Garau. Recorrió, silencioso como un gato, los pasillos. Entró en el despacho que le habían señalado y sustrajo las carpetas que le habían indicado.

March declaró, años después, ante la Comisión de Responsabilidades, que al comienzo del Gobierno de Primo de Rivera, el dictador había ordenado que se investigara su pasado en los juzgados susceptibles de tener causas contra March archivadas por razones de índole política. El dictador nombró al magistrado Manuel Fernández para llevar a cabo este cometido, quien se desplazó a Palma para revisar un sumario donde aparecía March como imputado. Pero, cuando March se refirió al caso en la citada Comisión, declaró lo siguiente: «Después de cuarenta días hubo que declarar oficiosa y oficialmente que aquello en vez de un sumario contra mí se convertiría en un expediente de beatificación.»[16]

Una vez que Primo de Rivera y March hicieron las paces, el millonario comenzó a complacer las demandas del dictador. La primera fue financiar la revista La Correspondencia Militar, que estaba en quiebra. Los medios de comunicación del Régimen aseguraron que March había costeado las obras de construcción de una iglesia en Tetuán, y March lo ratificó, pero la jerarquía católica nunca lo ha confirmado. Para consolidar la ocupación española en el Protectorado, a demanda de Primo, también compró tierras en torno a la ciudad de Tánger, para estimular la repoblación española de la zona. A la salida de un Consejo de Ministros, el dictador declaró a los periodistas: «Acabo de comunicar a Su Majestad gratas noticias para la influencia española en Tánger. Ha habido un gran patriota que puso al servicio de la Patria su dinero. Todos deben aprender de este ejemplo.»[17]

A finales de 1931, se localizó en la Presidencia del Gobierno un telegrama enviado en 1927 por el embajador español en París, en el que se comunicaba que en el consejo de administración de una gran empresa francesa se había asegurado el pago por parte de March de 14 millones de francos, para comprar joyas a la reina de España; esto sucedía durante el período en que March pretendía de Primo de Rivera la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla, con la intención de arrebatárselo a la Arrendataria.

March debía de comprar habitualmente joyas de gran valor, porque durante una estancia en el Grand Hotel de París, al lado de la Ópera, recibió una carta de la joyería Boucheron, una de las más selectas de la capital, en la cual le comunicaban estar enterados de su llegada a París: «La Maison Boucheron vous présente les meilleurs compliments et vient à se mettre à vôtre disposition pour vous présenter son unique collection.»[18] La carta comercial remarcaba, en el siguiente párrafo, que era una firma católica: eso a él no le importaba un bledo. La Maison Boucheron le recordaba que era considerada una de las más reputadas del mundo.

Primo de Rivera le dijo a March que se facilitarían las cosas para concederle el tan deseado monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla, si se mostrara espléndido con Su Majestad la Reina. March firmó dos cheques de 125 000 pesetas, cada uno para sufragar los gastos del Instituto del Cáncer, del cual la reina era la presidenta de honor. Los cheques los recogió March en el Banco Español del Río de la Plata, acompañado de Ruiz Albéniz, amigo de March, alias Tebib Arrumi, abuelo del actual alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón. A continuación, Ruiz Albéniz los llevó personalmente al dictador Primo de Rivera, quien en seguida telefoneó a la reina Victoria de Battenberg para anunciarle el donativo que acababa de hacer el millonario March.

Primo de Rivera le dijo: «Señora, ya tenemos salvado el Instituto del Cáncer, el Sr. March, a mi petición, acaba de responder entregándome dos cheques, que yo tendré el honor en poner en manos de V. E. hoy mismo.»[19]

Cuando la reina hizo un viaje oficial a Marruecos, March le prometió públicamente que construiría en Mallorca un sanatorio para tuberculosos, el coste del cual evaluaba en seis millones de pesetas. Cuando se proclamó la República, las obras del hospital estaban a punto de terminarse, pero al ser perseguido por el nuevo régimen ordenó su paralización. Finalmente, se inauguró en 1938, en plena Guerra Civil. En 1955 se transformó en una fundación.

Para acabar de vencer las resistencias del dictador sobre aquella concesión irregular, es decir, sin convocatoria del preceptivo concurso público, March pidió al comandante general de Melilla que escribiera una carta de recomendación al dictador. Como le debía favores, no dudó en satisfacer la petición. El comandante aseguraba al general Primo de Rivera que el Estado se beneficiaría si el monopolio de tabacos quedaba en manos de un solo concesionario (zona del Protectorado y las ciudades de soberanía de Ceuta y Melilla), así se pondría fin al contrabando de tabaco y de armas: proponía premiar al contrabandista y convertirlo en el respetable concesionario de toda la zona del Marruecos español. Era la mejor solución que se le había ocurrido a este general para poner fin al comercio ilegal. Está claro que consideraba más fuerte a March que al propio Estado y, ya se sabe, si no puedes vencer al enemigo, únete a él.

El 19 de diciembre de 1927, después de todos los méritos acumulados ante la reina y el dictador, el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, le concedió a March, conculcando la ley, el monopolio de venta de tabaco en las ciudades de soberanía española al norte de África. Como era previsible, el contrabando desapareció en toda la zona de dominio español en Marruecos. March dejaba de tener competidores.

No solamente se le concedió a March el monopolio en las ciudades de soberanía, Ceuta y Melilla, sino que se le amplió a las localidades de Larache, Alcazarquivir y Arcila. El monopolio no era sólo de tabaco, sino también de kifa y rapé.

Después de obtener lo que tanto había deseado, March fue más exigente con Primo de Rivera. Pidió que el representante del Directorio Militar en la Arrendataria forzara al gerente de la compañía, Francesc Bastos, al que no le quedaban sino unas pocas semanas para su cese, a revelarle detalladamente las personas que integraban la red de informadores que había cuidadosamente organizado, para perseguir más eficazmente el contrabando organizado por March. El delegado de la Junta Militar fue más allá de la solicitud formulada por March y exigió a Bastos que le detallara cómo se habían administrado los fondos reservados destinados a la información y represión del contrabando. Incluso pidió que le mostraran los justificantes de los pagos efectuados a cada uno de los espías que habían trabajado al servicio de la Arrendataria. Bastos tuvo que hacerlo, a disgusto. Era inevitable que pensara que sus revelaciones secretas al militar eran como si se las realizara al propio March, y no se equivocaba. Esta valiosa información sirvió para desmantelar la red de agentes secretos que tenía la Arrendataria en el norte de África, en Marsella y en los puertos españoles, que tan brillantes servicios habían proporcionado a la compañía, gracias a los cuales se habían incrementado las confiscaciones y el número de detenciones de contrabandistas que trabajaban a las órdenes de March.

Bastos había perdido la guerra, a pesar de todos los pronunciamientos favorables de la justicia y del apoyo inicial que recibió del nuevo presidente de la Arrendataria. Pero March tenía el respaldo del dictador y estaba dispuesto a jugar el último as que guardaba en la manga para deshacerse de Bastos.

En 1924, asistió a la junta general de la Arrendataria, en su condición de accionista. A pesar de hacerle la competencia desleal, también era accionista. Pidió el turno de palabra para criticar mordazmente la política empresarial de Bastos. Lo acusó de haber realizado inversiones que mermaron gravemente la capacidad financiera de la compañía. Obvió intencionadamente referirse a la compra de nuevos barcos para perseguir el contrabando que él dirigía. Desaprobó con acritud la venta de tabaco por debajo de su precio de mercado en las ciudades de soberanía española en el norte de África, con el apoyo del ministro de Hacienda Francesc Cambó. March afirmó, con rotundidad, que dicha política empresarial había provocado de inmediato un flujo comercial ilegal hacia la Península, que causó importantes pérdidas al Estado. Evidentemente no dijo que él mismo lo había organizado. El defraudador y contrabandista estaba acusando al honrado gerente, pero en vez de ser rechazados sus argumentos por el resto de los miembros de la junta de accionistas, sorprendentemente sus planteamientos recibirían la aprobación de la mayoría. El Consejo de Administración había sucumbido ante March, no les importaba que quedara desacreditado un eficaz e íntegro gestor. Se estaba librando una pugna soterrada entre March y el presidente de la Arrendataria y del Banco Urquijo.

March sabía que Ruiz Senén, el gerente del Banco Urquijo, había donado 80 000 duros a los concejales del Ayuntamiento de Madrid para que votaran determinadas concesiones de obras en nuevas líneas de tranvías y en la electrificación de ciertos barrios de Madrid, proyectos en los que el banco pensaba invertir capital. El intermediario se quedó con diez mil duros.

Después del pago de los sobornos, se celebró un banquete en que a los postres el conde de Romanones, alcalde de Madrid, dijo a los concejales: «Bueno, granujas, a ver cuándo hacéis algo de balde.»[20] Pocos meses después salía elegido alcalde del Ayuntamiento de Madrid el hijo del conde.

Una de las cosas que más valoraba March era la información confidencial. Entonces, no es de extrañar que en la junta general de la Arrendataria a la que acabamos de referirnos, después de su filípica contra Francesc Bastos, la emprendiera contra Ruiz Senén. March comenzó haciendo alusiones a la práctica de los sobornos en España y a la falta de fidelidad de algunos intermediarios que no correspondían a la confianza que el banco había depositado en ellos. Ruiz Senén empalideció, le pareció haber recibido un impacto de un francotirador en una de las partes vitales de su cuerpo. El presidente anunció a los reunidos que la Junta suspendía sus debates temporalmente. El presidente Urquijo convocó a Juan March a su despacho. March fue directamente al grano: quería que cesara de inmediato a Francesc Bastos, en caso contrario iniciaría una campaña de prensa y pondría al descubierto las prácticas corruptas del Banco Urquijo y de su hombre de confianza, Ruiz Senén. El marqués de Amurrio no dudó en aceptar la exigencia, sabía que March no jugaba de farol. Francesc Bastos no merecía ese final.

En 1927, March presentó una propuesta para concursar en la adjudicación del monopolio del petróleo en todo el estado, que había convocado el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo. Monopolio que se denominó Campsa.

Acudieron tres outsiders; March como gerente de la empresa Petróleos Portopí, un pool de bancos españoles y Horacio Echevarrieta, un millonario vasco, amigo de Indalecio Prieto, con el apoyo de la banca teutona.

Ganó la propuesta que había presentado el grupo de bancos nacionales. Pero el director elegido para ocupar la presidencia de Campsa fue Juan José Dómine, que había sido hasta entonces director de Trasmediterránea. ¿Una manera de contentar a March? Campsa no tenía proveedores y tuvo que recurrir al suministrador de March, la Nafta rusa. March recibió una fuerte indemnización por la expropiación, pero pasaron años antes de que se diera por satisfecho, ya que reclamó en varias ocasiones nuevas reparaciones por considerar insuficiente la cantidad fijada por el Gobierno. Alegaba que además de la parte que le correspondía por la expropiación de las instalaciones de Portopí, el Estado, a través de Campsa, le había usurpado el derecho de compra de petróleo que tenía contratado en exclusiva con la Nafta rusa para el suministro a todo el territorio nacional.

En julio de 1929, Primo de Rivera emitió una nota oficiosa, que publicaron algunos medios de comunicación escritos, halagando a March. Primo estaba muy satisfecho por la ayuda que había prestado al Régimen, que ahora comenzaba a tambalearse. En el manifiesto, el dictador señalaba que la fortuna inicial de March podría tener un origen cuestionable. Pero desde que él mandaba en España este hombre había puesto a disposición del Gobierno todo su capital para cumplir fines patrióticos. Había atendido sin titubear demandas que significaban importantes sacrificios personales. Unas contribuciones habían sido donaciones benéficas y otras intervenciones financieras de interés nacional. Cuando se instaló en el poder el Directorio Militar, proseguía la nota, Juan March era una de las personas más controvertidas de España. Tenía varios asuntos pendientes con la justicia, pero de todas las causas abiertas, en ninguna fue condenado. Así lo había querido el dictador. Primo de Rivera declaraba: «A nadie ha cerrado el Régimen el camino de la restitución del buen nombre, y menos, si por alcanzar tan digna aspiración, se realizan sacrificios compensadores para el interés público de posibles daños inferidos anteriormente. Éste es el caso de Juan March.»[21] Juan March recibió del dictador Primo de Rivera la bendición pontifical urbi et orbe, reservada exclusivamente a los papas. Solamente faltaba beatificarlo. Muchos dictadores acaban creyéndose que están ungidos por Dios, como representantes de la divinidad en la Tierra, del mismo modo que piensa la Iglesia católica del sumo Pontífice. En 1928, March vivía plenamente satisfecho en el marco de la dictadura. Sus amigos socialistas aún consideraban que el régimen autoritario de Primo de Rivera era un paso intermedio en la evolución del capitalismo al socialismo. Del 29 de junio al 4 de julio de este mismo año, celebraron su XII Congreso ordinario, donde se debatió el colaboracionismo del partido con la dictadura. Indalecio Prieto y Teodomiro Menéndez defendieron la instauración de una república democrática y se opusieron a seguir colaborando con el régimen dictatorial. Largo Caballero, que había sido nombrado miembro del Consejo de Estado, enumeró las ventajas que comportaba para la UGT la actual política. El Régimen toleraba las actividades de la UGT y perseguía a los anarquistas. Los argumentos de Prieto no convencieron a la mayoría, que votó a favor de la continuidad de la política posibilista. Julián Besteiro fue nombrado presidente de la ejecutiva. La dirección se articuló en torno a tres dirigentes reformistas: Besteiro, Largo Caballero y Saborit.

Un año más tarde, los socialistas, ante la debilidad manifiesta de la dictadura, debieron replantearse la estrategia seguida durante el período álgido de la dictadura. Era urgente hacer explícita la oposición al régimen de Primo de Rivera y adoptar las tesis de Indalecio Prieto, que en el anterior congreso se habían rechazado. El PSOE hizo público un manifiesto, firmado por Besteiro, Largo Caballero y Saborit, en el cual el partido rechazaba la pretensión del general Primo de aprobar una constitución que consagraba su permanencia en el poder.

«Nosotros —afirmaban los jefes del socialismo⁠—, aspiramos a la implantación de un Estado republicano democrático, en el cual podamos alcanzar el poder político que corresponde a la influencia social y la militancia de nuestras organizaciones obreras.»

El proyecto de Primo de formar una Cámara de representación corporativa con un único partido, Unión Patriótica, controlada por el general, fracasó. Para perpetuarse en el poder y para llevar a término esta alternativa tenía una fuerte oposición a la derecha y a la izquierda del espectro político. Primo de Rivera había sido una solución de emergencia para apuntalar la Monarquía, pero en ningún caso era una opción de futuro. La alternativa deseable era un nuevo régimen parlamentario democrático, a pesar de que las clases dominantes se negaban a asumirla y buena parte del movimiento obrero apuntaba hacia la revolución. Con estos planteamientos tan divergentes se convertía en una labor ardua establecer una república democrática.

7

La inauguración de la Casa del Pueblo

El 20 de enero de 1924, al fin, se inauguró la Casa del Pueblo. Desde que March, en 1918, se había comprometido ante una delegación de las sociedades obreras a pagarla, habían transcurrido ocho años. Durante esta larga espera, cada principio de mes un representante del movimiento obrero socialista iba a casa de Verga a retirar la subvención del alquiler del local donde tenían su sede las sociedades obreras.

El edificio de la Casa del Pueblo se construía lentamente bajo la dirección del arquitecto Guillem Forteza, ex alcalde de Palma y convencido «verguista». El arquitecto elaboró un proyecto que seguía fielmente las pautas de la arquitectura regionalista, movimiento arquitectónico del que fue uno de los principales inspiradores.

Hasta que se aseguró de que el general Primo de Rivera estaba de su lado, March no quiso entregar la Casa del Pueblo a las sociedades obreras.

March mostró un vivo interés porque a la inauguración asistiera el dirigente socialista Indalecio Prieto. Presentía que era uno de los políticos que tendrían más proyección en el futuro, cuando se estableciera un nuevo régimen político, que no tardaría en llegar. March, por lo que pudiera pasar, era un hombre al que le agradaba tener las espaldas cubiertas y prever con antelación las consecuencias de un cambio político.

Pero Prieto se negó. Pablo Iglesias, que tenía un gran ascendiente sobre Prieto, lo convocó para intentar convencerlo de que no rechazara la demanda que le hacían sus correligionarios mallorquines. Prieto, cuando se reunió con el reverenciado padre del socialismo español, le respondió que si iba a inaugurar la Casa del Pueblo, que había pagado March, no se podría negar a aceptar ciertas atenciones y presentes. Si los rechazaba sería descortés con quien lo cumplimentaba espléndidamente. Al mismo tiempo, sería un agravio a los socialistas mallorquines que declarara públicamente que no aprobaba la donación. Prieto le dijo que no quería que le colgaran el sambenito de ser amigo de March.

March no consiguió su propósito. La ausencia de Prieto disminuyó el eco de la noticia en la prensa de la capital del estado.

La inauguración se convirtió en un gran acontecimiento político y social en Palma. Julià Ferretjans abrió el acto pronunciando unas breves palabras de agradecimiento a March por haberles regalado aquel magnífico edificio que permitiría fortalecer la organización y realizar una tarea de formación y culturización de los obreros. March, después de las muestras de gratitud de los socialistas, leyó un discurso donde enumeró algunas de las ideas que conformaban su ideología pragmática. Comenzó diciendo que los sectores conservadores habían querido ofender a los obreros para combatirlo. Sus enemigos no se habían cansado de repetir que la donación del edificio restringía la libertad del movimiento sindical: «Yo invito a cualquier persona solvente en el orden intelectual y moral, a que cite un solo hecho basado en la escritura, que atente en lo más mínimo a la libertad de la clase trabajadora.

»En el régimen de justicia absoluta no se le puede negar al trabajo lo que es suyo… sin embargo, la aristocracia rechaza que con inteligencia y trabajo puedan escalarse las altas cumbres conquistadas por los más insignes representantes de nuestra sociedad.

»Habéis podido experimentar que todavía existe un sector muy extenso de las fuerzas conservadoras derechistas que confunde las ideas de orden y de autoridad con las de su absoluto e indiscutible predominio social; y la de la libertad con la de la facultad privilegiada y sin límites para hacer ellos lo que les plazca.»[1]

March afirmó que ningún liberal podía poner peros o asustarse porque la clase obrera se preparara para tomar parte en todas las manifestaciones de la vida pública: «Yo no puedo compartir íntegramente vuestras reivindicaciones. Pero he sido un trabajador como vosotros, yo he conocido los sinsabores y las amarguras de la inseguridad de la vida. Yo nada debo a la herencia; cuanto tengo me lo ha proporcionado mi trabajo.»[2]

No se debía de referir a la inseguridad y al desasosiego derivado de pasar hambre.

Se puso una venda delante de los ojos, que no le dejó ver una realidad horripilante de miserias, hambre y enfermedades que padecieron los obreros durante la crisis de subsistencias, en la cual March tuvo una gran responsabilidad. Prefirió ignorar las consecuencias negativas que para la gente humilde implicaron sus actividades comerciales ilegales, que le reportaron extraordinarios beneficios. Ahora no era el momento de pensar en las hipotéticas faltas cometidas en el pasado. Pero ¿creía realmente March que había perjudicado a una parte importante de la población haciendo contrabando de subsistencias? Se le podía haber ocurrido pensarlo, si lo hubiera asediado algún remordimiento, cosa más que improbable. Más creíble sería pensar que, reinvirtiendo una parte de las ganancias en la clase trabajadora, March compensaba con creces los efectos negativos derivados de su actuación comercial.

Los obreros presentes estaban agradecidos por la donación y deslumbrados por el tamaño y la funcionalidad del edificio, que se convertía en la sede del movimiento obrero más grande y con equipamientos más modernos de España.

March prosiguió el discurso, sin que ninguno de los presentes diera muestras de descontento. «Pero desde el plano actual de capitalista he podido observar que no siempre el bienestar es fruto o compensación del trabajo realizado.»[3] Ciertamente las personas no tienen la misma igualdad de oportunidades, ni la misma capacidad: inteligencia, voluntad, tenacidad, etc. Tampoco es igual el ambiente social, que ayuda o dificulta su desarrollo como persona. No todo el mundo disfruta de la suerte de tener un buen «padrino» que da amparo a sus patrocinados, los ayuda a promocionarse en el mundo laboral, social y político, y los introduce en los círculos de poder: financiero, mediático y político.

March, aparte del trabajo que desplegaba en el campo de los negocios, conocía profundamente la condición humana, y desde joven sabía que las influencias, muchas obtenidas gracias a los sobornos, eran una palanca que apartaba los obstáculos que se atraviesan en el camino de la vida. Sin escrúpulos, se corre más rápido. ¡Ya me pararán, si pueden!

Concluyó su discurso diciendo: «La Casa del Pueblo será siempre mi mejor obra.»[4]

Los obreros irrumpieron con fuertes aplausos. March era el gran benefactor de la clase obrera, ante los reaccionarios que los explotaban y que no querían que crecieran como personas preparadas y aún menos que consiguieran los derechos y las libertades que ellos habían disfrutado en régimen de monopolio.

Los obreros más despabilados pensaban que cuando se agotara el modelo de capitalismo reformador que encarnaba March, sus hijos implantarían un régimen en que se abolirían las clases y los trabajadores asumirían el poder en una sociedad igualitaria y justa. Una utopía que tenía muchos adeptos. ¿O es que no se tiene derecho a soñar cuando se es explotado, como estaban los trabajadores de principios del siglo XX?

Las alianzas políticas y humanas se tejen en una determinada coyuntura, según las circunstancias que las propician. Los socialistas y March vivieron un período de buena convivencia (1918-1929). Los dirigentes socialistas no analizaron con agudeza los intereses contrapuestos que debían haberlos separado de March durante la crisis de subsistencias.

Los anarquistas siempre recelaron de las intenciones de March y acabaron abandonando la Casa del Pueblo. De alguna manera, este hecho lo había propiciado March. Así, en las cláusulas de la escritura de cesión de la propiedad que hacían referencia a la constitución del patronato que debía regirla, se otorgaba una representación mayoritaria a los socialistas.

March y sus colaboradores, en particular Lluís Alemany, creían factible un régimen capitalista con la incorporación de los socialistas. Pretendían que el socialismo moderado sirviera de colchón al sistema para amortiguar las embestidas revolucionarias de los comunistas y los anarquistas.

Cuando se proclamó la República, las relaciones entre March y los socialistas se rompieron y se convirtieron en enemigos encarnizados. Era otra coyuntura política y, sobre todo, se iniciaba una etapa en que la clase trabajadora ya no se conformaba con reivindicar mejoras laborales y salariales. Estaba dispuesta a luchar por el poder político, y eso sí que espantó a la derecha, que creía que el poder era patrimonio suyo y no quería compartirlo de ninguna manera con los desheredados. Cuando se llega a esta situación en que unos no quieren ceder y otros están hartos de la sumisión, el conflicto está a punto de estallar. Durante siglos, la Santa Madre Iglesia Católica había predicado la doctrina del acatamiento, no es de extrañar que durante el período revolucionario que se acercaba la mayoría de los obreros se declararan anticlericales.

8

El final de la Monarquía

Un régimen que había agotado su recorrido político

En enero de 1930, el dictador Primo de Rivera dimitió al comprobar que no contaba con el apoyo de los capitanes generales del Ejército ni del mismo rey. Los intelectuales y los estudiantes, en los meses anteriores, se habían mostrado beligerantes contra el Régimen, pero ésta no fue ni de lejos la causa principal de la caída del general. La dictadura de Primo de Rivera fue un paréntesis histórico, y el dictador lo quiso alargar todo lo posible. La nueva sociedad de masas reclamaba un régimen político representativo y garante de los derechos y libertades ciudadanas. Primo, que unos años antes había sido una solución de emergencia en una coyuntura de crisis aceptada por una parte importante de la sociedad, acabó convirtiéndose en un obstáculo para salir de ella. Pero la clase dominante estaba atemorizada por la amenaza de la revolución y tenía serias dudas de que la alternativa más adecuada para sus intereses de clase fuera el establecimiento de una democracia en España. Porque se corría el riesgo de perder el control de las instituciones y de que se esfumaran sus privilegios. Por eso, se prolongó la agonía de un régimen que desde hacía tiempo estaba periclitado.

El 29 de enero de 1930, el general Dámaso Berenguer, que ocupaba el Alto Comisariado en Marruecos cuando tuvo lugar el desastre de Annual, sustituyó, al frente del Gobierno, al dimisionario general Primo de Rivera. Su mandato es conocido como la «dictablanda».

El 27 de agosto de 1930, las fuerzas de la oposición republicana se reunieron en San Sebastián para preparar un movimiento de insurrección contra la Monarquía. El PSOE formalmente no participó, a pesar de que algunos de sus dirigentes asistieron a título personal. Ningún miembro de la CNT acudió a las reuniones. Los conspiradores tenían depositadas sus esperanzas en cambiar el régimen monárquico por una república democrática, mediante un golpe de Estado audaz, que debía coincidir con un movimiento de protesta generalizado de la clase trabajadora. Temían que si el protagonismo lo acaparaba el Ejército, sus mandos pasarían a convertirse en los nuevos árbitros de la nueva situación política.

Para llevar adelante esta estrategia los conspiradores pensaron que necesitarían mucho dinero para organizar el complot. A finales de agosto de 1930, Maura y Lerroux, miembros del Comité y amigos de March, lo visitaron en repetidas ocasiones con el propósito de conseguir su apoyo económico. March se negó. Los revolucionarios no se lo perdonarían.[1]

Pero March no rompió los contactos con los revolucionarios y, a través de Ernesto Anastasio y Joaquín Aznar, se mantenía informado. En sus memorias, Azaña escribe que los miembros del Comité comenzaron a sospechar que March era un informador del Gobierno.

A finales de 1930, March se reunió con Lerroux, en casa de éste, tal como contó ante la Comisión de Responsabilidades que meses después lo iba a interrogar. Lerroux le dijo a March: «No le pido dinero para la revolución, déjeme un millón de pesetas y yo le venderé mis fincas y aún me quedará dinero suficiente para ayudar al movimiento revolucionario.» March le respondió: «Siento mucho no poderle atender y no puedo hacerlo porque Vd. me ha dicho que ese millón es para la revolución.»[2] A continuación, le precisó que si accedía a darle la cantidad pedida debía hacerlo sin hipotecar las fincas o sin traspasárselas a través de un «pacto de retroventa». Un préstamo con estas condiciones conociendo al personaje era muy arriesgado. Si se lo concedía, siguiendo los trámites habituales, sería la prueba ante el Gobierno de la Monarquía de que daba apoyo al movimiento revolucionario.

Una noche, Indalecio Prieto y Sánchez Román, en compañía de Manuel Azaña, cenaban en un restaurante de San Sebastián, y hablaban de la manera de dar el golpe de gracia a la Monarquía. En el fondo del local, un hombre vestido de negro, cuyo físico era todo lo contrario al de la pujanza económica, cenaba con una mujer, que según le pareció a Azaña era una de las más hermosas que había visto nunca. March los reconoció y les dijo: «Mientras ustedes están conspirando, la policía duerme tranquilamente en la comisaría.» Prieto, que era el más locuaz de los tres, le contestó: «No dude de que la revolución se hará, si como dicen usted la financia.» March le respondió: «Usted comprenderá que sería una incongruencia, dada mi situación social y económica, ponerme al frente de una revolución.» Prieto le contestó: «Creo que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar.»[3]

Esta versión la contó Indalecio Prieto. March la relató de manera diferente, aunque el contenido de la conversación no varía demasiado. Según March, se había tropezado casualmente con Prieto en San Sebastián y éste le había espetado, sin más preámbulos: «Hombre, ya sé que Vd. va a ser el jefe de la revolución.» March le contestó: «El hecho de que usted lo sepa descarta cualquier posibilidad de que yo esté involucrado. Estas cosas se hacen a escondidas.»[4]

El republicano Ángel Galarza, unos meses antes de la proclamación de la República, se reunió con Ruiz Albéniz, amigo de March, y le dijo: «Te aconsejo que le digas a March que no obstruya el movimiento revolucionario, ni informe al ministro de Gobernación de los preparativos. Ya es la segunda vez que hemos evitado que dos pistoleros venidos de Barcelona lo asesinaran. Que vaya con cuidado porque si no cambia de actitud éste será su final.»[5]

Unas semanas antes de proclamarse la República, en círculos gubernamentales se dudaba de que March pudiera estar al lado de los revolucionarios. Pero March contó, tiempo después, en la Comisión de Responsabilidades, que una mañana recibió una llamada del secretario del ministro de Gobernación, Matos, para decirle que el general Dámaso Berenguer estaba orgulloso de su lealtad y que los Servicios de Información gubernamentales habían podido confirmar que no participaba en el complot. March finalmente declaró que el Gobierno monárquico le había advertido de la orden de asesinarlo que había dado el Comité Revolucionario, motivo por el cual le habían asignado una escolta que él rechazó. Siempre es indispensable poner en solfa las declaraciones de March.

El movimiento de Jaca, previsto para el 15 de diciembre de 1930, fracasó y la mayoría de los miembros del Comité Revolucionario fueron encarcelados. Pero, en vez de ser el final, fue el inicio de un gran movimiento a favor de la República y de repudio contra la Monarquía. El 18 de febrero de 1931, el almirante Aznar sustituyó al general Berenguer. Una de las primeras medidas gubernamentales fue la convocatoria de elecciones municipales para el mes de abril del mismo año. Era el preludio de un final anunciado.

9

La República

Se instaura en España la II República

El 12 de abril de 1931 se celebraron en España las elecciones municipales. La oposición presentó los comicios como un plebiscito a favor de la República. El dinamismo y el espíritu de lucha estaban del bando de los republicanos. Los monárquicos creyeron que se trataba de unas elecciones ordinarias en las que no estaba en juego la continuidad del régimen monárquico. La vieja clase política no se había renovado y sus más distinguidos representantes, como el conde de Romanones, eran ancianos que representaban todos los vicios de un régimen caduco y corrompido. Era una nueva generación la que trajo la República, pero pudo hacerlo gracias a que la Monarquía estaba tan debilitada que ni los mandos de la Guardia Civil y el Ejército quisieron luchar para defenderla.

Manuel Azaña, el político más inteligente y soberbio de la República, después de su proclamación, el 14 de abril de 1931, describe una intervención del conde de Romanones en las nuevas Cortes republicanas. Y lo hace con suma agudeza y sarcasmo. Retrata a uno de los factótums del Antiguo Régimen como reflejo de una clase política que ya representaba el pasado: «En realidad, como a Romanones nadie le tomaba en serio y él mismo no creía ni jota de lo que estaba diciendo, el espectáculo era de una comicidad profunda, seria, y a ratos, cuando el conde se abandonaba a su natural bufo. […] Las Cortes se han reído de buena gana en algunos pasajes del discurso. Y no se reían del conde. Reían sus agudezas a veces involuntarias.»[1]

Hecho este inciso debemos resituarnos cronológicamente en las vísperas de la caída de la Monarquía. Las candidaturas formadas por republicanos y socialistas, que se presentaron en coalición, ganaron de manera aplastante, en la gran mayoría de las capitales de provincia. El 13 de abril, cuando se comenzaron a conocer los resultados, se produjo una conmoción en las filas del monarquismo, que interpretaron acertadamente que el cambio político era inminente. En contraposición, los ganadores no eran conscientes del alcance de su triunfo. En la noche de las elecciones se reunió la ejecutiva del PSOE, para tratar asuntos ordinarios, sin que sus dirigentes pensaran que a la Monarquía le quedaban pocas horas de vida. Al final de la reunión, Fernando de los Ríos comentó los rumores que corrían de boca en boca en la capital sobre los planes inmediatos del Gobierno y del rey. Los socialistas pensaban que la victoria electoral era solamente un buen augurio para las próximas elecciones legislativas que, si se ganaban, podrían implicar el cambio de régimen.

El Comité Revolucionario creyó erróneamente que se necesitaría una suma importante de dinero para desbancar a la Monarquía e instaurar la República. La realidad se encargó de desmentir este supuesto. La Monarquía estaba muy desgastada sin que la mayoría de los monárquicos hicieran nada por apuntalarla. Algunos destacados políticos monárquicos ya habían abandonado el barco cuando comprobaron que hacía aguas.

La Monarquía era una ciudadela, cuyos muros se derribaron con el empuje de las clases populares. Sin que los dirigentes necesitaran las hipotéticas armas que debían comprar con el dinero que habían pedido a March y a Echevarrieta, y que ambos les negaron. No se produjo ningún golpe de Estado, pero la inhibición a intervenir del Ejército y de la Guardia Civil fue decisiva en la caída de la Monarquía, y pocos revolucionarios creían que se pudiera dar esta eventualidad.

Caídas las defensas, las masas populares se hicieron con el control, sin que los cuerpos armados disparasen un solo tiro. El Comité Revolucionario tardó en tomar la iniciativa, pero finalmente los más osados del grupo comenzaron a reaccionar. Todo estaba a su favor, no se había organizado ninguna resistencia para detener el cambio que se aventuraba. Ya sólo había que dar el último paso: proclamar la República.

El entusiasmo popular a favor de la República, desatado en cuanto se confirmaron los resultados, alentó al Comité Revolucionario del que formaban parte los socialistas. La ejecutiva del PSOE se reunió con carácter de urgencia para evaluar la nueva situación creada por las manifestaciones espontáneas cuyo número de participantes aumentaba de hora en hora. Los análisis y las disquisiciones eran secundarios, la cuestión a resolver exigía rapidez de acción. El Comité Revolucionario tenía que hacerse inmediatamente con el poder. Dilatarlo les haría perder fuerza y corrían el riesgo de desperdiciar una oportunidad irrepetible.

Las preguntas que se hacían los miembros del Comité eran: ¿qué hará la Guardia Civil ante el movimiento insurgente? ¿Seguirá leal el Ejército a la Monarquía como había hecho siempre en los momentos de crisis? Sorprendentemente la respuesta la recibieron del mismo jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. El militar entró en el domicilio donde estaba reunido el Comité de los revolucionarios y pidió hablar en privado con Miguel Maura. Una vez solos, le comunicó que la Guardia Civil estaba del lado de la República. Quien recibió la buena nueva era un republicano procedente de las filas del monarquismo e hijo del ilustre político Antonio Maura. Es preciso decir que la noche anterior Lerroux había prometido al general Sanjurjo que seguiría al frente del Instituto armado de la Guardia Civil, si sus hombres no se enfrentaban a las masas y permitían una transición pacífica. La cúpula del Ejército decidió mantenerse neutral, lo cual equivalía a dar el plácet a la proclamación de la República. Unos cuantos miembros del Comité, entre los cuales se encontraban Azaña y Miguel Maura, se dirigieron a ocupar el Ministerio de Gobernación. Era el 14 de abril de 1931. La guardia no opuso ningún tipo de resistencia a su entrada, y se cuadró delante de los revolucionarios que iban a convertirse en los nuevos gobernantes. El rey se quedó solo y decidió abandonar el país.

La población de Eibar fue la primera del estado donde se proclamó la República, después lo hicieron las ciudades de Zaragoza y Barcelona. Poco a poco se sumaron el resto de los pueblos y las ciudades de todo el estado.

En la Ciudad Condal, Francesc Macià, eufórico por la victoria rotunda en las urnas de los nacionalistas de izquierdas sobre los candidatos de la Liga, proclamó la República catalana, que aspiraba a actuar como Estado, incorporándose en una nueva estructura del Estado español de carácter federalista. Éste sería el primer contratiempo grave de los republicanos. Hubo que establecer unas rápidas negociaciones con Esquerra Republicana para reconducir la opción soberanista que podría exasperar a las derechas y a las izquierdas españolistas y abrir una crisis estatal de largo alcance.

En Palma, el designado por el Comité Revolucionario para proclamar la República era Llorenç Bisbal. Debía ocupar interinamente la alcaldía de Palma, mientras no se convocaran las primeras elecciones municipales libres. Este día tan esperado lo sorprendió en la cama, enfermo. Dado que no podía tomar posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Palma, encargó esta misión a Alexandre Jaume. La primera consigna que le transmitió fue la de garantizar el orden público. Había que poner todos los medios que hicieran falta para preservar la seguridad personal y los bienes de las personas e instituciones que habían simbolizado el régimen de la Restauración. Indudablemente, entre las instituciones más susceptibles de ser atacadas por los exaltados estaba la Iglesia católica, bastión ideológico de la Monarquía y ejecutora del control social, a fuerza de predicar la resignación, el respeto a los bienes y a los privilegios de los ricos, ofreciendo, a cambio, a los desheredados, el paraíso después de muertos.

Alexandre Jaume asumió la responsabilidad de preservar el orden público y encargó a las juventudes socialistas y comunistas la protección del palacio de Juan March. Durante la dictadura de Primo de Rivera no necesitó asegurarse la no beligerancia del movimiento obrero. Ya contaba con el Ejército para protegerlo.

El 16 de abril de 1931, el Comité Revolucionario se convirtió en Gobierno provisional. Se reunió el primer Consejo de Ministros de la República, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Indalecio Prieto, que había sido nombrado ministro de Hacienda, informó al gabinete ministerial de la evasión de capitales que se estaba produciendo ante los temores e incertidumbres que había provocado el nuevo régimen en el mundo de los negocios, de las finanzas y en los círculos de la aristocracia. El ministro socialista no descartó que Juan March pudiera estar implicado en la fuga de capitales.

Quince días después de haberse proclamado la República, March se disponía a cruzar la frontera en dirección a Francia, cuando fue detenido por orden del director general de Seguridad. En realidad, quien había ordenado el arresto era el nuevo ministro de Gobernación, Miguel Maura.

Después de la detención, el ministro instó al fiscal general, Ángel Galarza, para que investigara si la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla que el dictador Primo de Rivera había otorgado a March por R. O., en 1927, se había hecho conforme a derecho (la concesión se le había dado sin el preceptivo concurso público). Si se había concedido irregularmente había que emprender las acciones legales oportunas contra el concesionario y contra los ministros responsables. Galarza declaró: «Ese señor no sale de España porque sea millonario sin que haya averiguado todos los delitos que ha podido cometer.»[2]

March se quejó de que lo hubieran detenido sin tener pruebas que lo hicieran sospechoso de haber cometido algún delito. Lo habían arrestado previendo que en el futuro se descubrirían nuevas pruebas que permitirían a los jueces imputarlo. Un procedimiento que consideró del todo anómalo y que iba en contra de la ley. March declaró que era propietario de un banco, la Banca March, y aseguró que la noticia de su detención había causado pánico entre los clientes, que en un solo día retiraron más de doce millones de pesetas.

Pasaron unos meses y Ángel Galarza fue nombrado jefe de Seguridad del Estado. Para su cargo anterior fue designado Francisco Javier Elola, que después de estudiar el expediente de la concesión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla a March se persuadió de que se había cometido un delito, respecto de la Ley de Contabilidad. Por tanto, creía procedente pedir al juez la apertura de diligencias para procesarlo. La Audiencia de Madrid nombró un juez especial para ocuparse del caso. Como March estaba enfermo, el juez fue a su casa. Después de interrogarlo durante dos días, decidió archivar el caso.

Ángel Galarza contó en el seno de la Comisión de Responsabilidades lo que Elola le había dicho: «Estos Jueces son una vergüenza, estoy convencido de que hay indicios para procesarle; pero me ha dicho casi llorando que procesar a este hombre es la pérdida de su carrera y no lo va a procesar.»[3]

March tenía un valedor en el Gobierno, Alejandro Lerroux, pero las cosas a finales de 1931 se ponían muy difíciles cuando el político radical abandonó el Gobierno. Cuenta el padre Palmer, por carta, que March no las tenía todas consigo y temía que en cualquier momento se ordenara su detención. Para evitar que el Gobierno adoptara esta drástica medida, una vez fracasadas las gestiones de Lerroux y del doctor Gregorio Marañen, próximo al Gobierno, March recurrió a los buenos oficios del padre Palmer, ex confesor del rey, pero bien relacionado con la Embajada británica en Madrid: «Durante aquellas lóbregas noches […] me pidieron todos a una y sobre todo V., con cara cadavérica y desfallecido por tan horribles sufrimientos que, como último recurso, interviniera nada menos que delante de la Embajada de Inglaterra.»[4] El padre Palmer, en la carta que escribió a March años después, afirmaba que no dudó en emprender las gestiones oportunas ante el embajador, a pesar de las crueles represalias que el Gobierno podría emprender contra él si se enteraba de la mediación que llevaba a cabo a favor de March. Sus movimientos fructificaron momentáneamente y March no ingresó en prisión.

El fiscal de la República se querella contra March

Ángel Galarza, fiscal general de la República y miembro del Partido Radical-socialista, se convirtió, junto con el socialista Jerónimo Bugeda, en un perseguidor implacable de March. Ambos le pisaban los talones. Hicieron de él un objetivo político: acosarlo y entregarlo a la justicia. Esto les permitiría presentarlo ante la opinión pública como un trofeo de caza conseguido en el bosque de las vanidades políticas.

March no conseguía deshacerse de ellos, a pesar de todos sus apoyos y de los métodos gansteriles que empleó para intimidarlos. Galarza pertenecía a un partido jacobino, y muchas de las ideas que conformaban su ideología hundían sus raíces en la Revolución Francesa: creyó que encarnaba a uno de los grandes líderes de la Revolución, Danton o Robespierre, y pretendió convertir la Comisión de Responsabilidades en un tribunal popular para juzgar y condenar a los grandes enemigos del Nuevo Régimen, entre los cuales March ocupaba el primer lugar de la lista.

Galarza interpretó, como muchos otros republicanos y socialistas, que la proclamación de la República había abierto un proceso revolucionario. En realidad, era un cambio de régimen que inicialmente pretendía instaurar un sistema parlamentario democrático, homologable a los que estaban en vigor en Gran Bretaña y Francia.

Ciertamente, muchos socialistas pensaban que la detención de March supondría ante la opinión pública un golpe de efecto favorable a la República, y que marcaría un antes y un después en la historia política de España. Si un millonario podía ir a prisión, esto quería decir que en el país habían cambiado muchas cosas y que la revolución estaba en marcha. Hombres más moderados, como Manuel Azaña y el socialista Julián Besteiro, dudaban de que éste fuera el camino a seguir.

El fiscal general Galarza presentó una primera querella ante el Tribunal Supremo por el asesinato de Rafel Garau, ocurrido en 1916. «Procedimiento que después de vicisitudes y episodios que alarmaron profundamente a la opinión pública y mataron en las personas deseosas de justicia toda esperanza de alcanzarla, terminó sin sanción alguna, en méritos de sobreseimiento.»[5] En la misma demanda se refería a otro asunto delictivo: las pruebas falsas que había aportado March al vicecónsul francés en Valencia, en 1918. Cartas falsas que sirvieron para acusar de espionaje a diferentes miembros de la familia Garau.

Galarza nunca supo que en los documentos archivados durante el Directorio Militar de Primo de Rivera, se guardaba una información transcrita por el agente estatal Ghirelli, que recogía la información que le había facilitado el ex socio de March, Damià Ramis. Este rapport transcribía la confidencia de que Damià Ramis había acompañado a March al Banco Hispano-Americano y al Crédit Lyonnais para retirar una suma importante de dinero, y que posteriormente estaba presente cuando March lo entregó al ministro de Gracia y Justicia Vallarino (Ramis se equivocaba cuando citaba el nombre, ya que el ministro se llamaba en realidad Ruiz Valarino).

Ramis calculaba que March había gastado 500 000 pesetas, entre 1916 y 1924, para conseguir que nadie pagara por el crimen de Rafel Garau.[6]

En 1936, el Tribunal Supremo decidió imputar al juez Juan Arnet, que había decidido, en 1924, el sobreseimiento del caso por la muerte de Rafel Garau y por falsedad documental en las cartas que acusaban de espionaje a la familia Garau. El Tribunal Supremo, por el contrario, consideró que no había elementos para imputar a los miembros de la Sala de la Audiencia de Valencia que decidieron archivar el caso en 1924. Los togados del Tribunal Supremo interrogaron a los jueces que habían adoptado esta resolución. Uno de ellos, Ricardo García, declaró «que no se dio cuenta de lo que firmaba, y que lo efectuó por estampar su firma primeramente su jefe, el Sr. León y Ramos».[7] A pesar de que pareció, en un primer momento, que el Supremo podría reabrir el caso, la realidad desmintió esta hipótesis. Todo fue un espejismo.

El fiscal Galarza presentó una segunda demanda contra March y los generales que integraban el Directorio Militar, por la concesión del monopolio de venta de tabaco en las plazas de soberanía española en el norte de África. Galarza comentaba sarcásticamente que la entrega del monopolio a March supuso reconocer la manifiesta incapacidad del Estado para acabar con el contrabando en el Marruecos español. Entonces, el dictador Primo, para ponerle fin, se doblegó ante los deseos del contrabandista, que quería arrebatar a la Arrendataria dicho monopolio.

El Tribunal Supremo, constituido por jueces nombrados durante la dictadura de Primo de Rivera o a lo largo del régimen de la Restauración, la mayoría opuestos a la República, después de estudiar la querella, consideraron que no había pruebas que hicieran sospechar de que el Gobierno de Primo de Rivera había prevaricado a la hora de otorgarle a March el monopolio. También rechazaron el supuesto de que lo hubiera conseguido mediante sobornos. Por tanto, no procedía procesar a los responsables políticos de la concesión (Primo de Rivera y su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo) ni tampoco al concesionario Juan March.

Galarza había perdido la batalla legal en los tribunales de justicia. Pero la República había creado la Comisión de Responsabilidades, un tribunal político donde March sería el principal inculpado. La persecución seguía adelante, Galarza no se daba por vencido. La guerra sólo acababa de comenzar. Ahora se trasladaba la lucha del ámbito judicial al político.

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Debate parlamentario entre Gil Robles e Indalecio Prieto sobre el monopolio de tabaco en las ciudades de soberanía en el norte de África

March provoca la polémica parlamentaria

Una de las primeras medidas que tomó el socialista Indalecio Prieto cuando fue nombrado ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la República fue retirar a March la concesión del monopolio de tabaco en las ciudades de soberanía española en el norte de África. Sin duda, la resolución tenía un alto componente político, a pesar de que en el preámbulo del Decreto donde se adoptaba la medida se alegaba, como motivo, que se le hubiera concedido en 1927 sin haber convocado previamente el Gobierno el preceptivo concurso público.

Prieto justificaba la decisión en el Parlamento manifestando que el Gobierno de la República necesitaba transmitir la sensación, dentro y fuera de España, de que no estaba subyugado por March.

«Eso era para el Gobierno de la República, con perjuicio económico o sin él, una razón de inexcusable decencia, y la República, Sres. Diputados, hará muy mal, si recurre a un ciclo idéntico al que recurrió la Dictadura con el Sr. March.»[1]

En el momento en que March dejó de ser el administrador del monopolio transcurrieron algunos meses antes de que el Estado pudiera convocar el concurso público. Por este motivo, durante este período, el Ministerio de Hacienda gestionó directamente la distribución de tabaco en estas dos ciudades.

En la sesión parlamentaria del 14 de junio de 1932, el diputado católico Gil Robles, que había iniciado una relación política y profesional con March, que perduraría en el tiempo, pidió la palabra. Desde la tribuna de oradores hizo una dura crítica al ministro por la administración del citado monopolio, que calificó de nefasta, ya que durante ese período el Estado había perdido 800 000 pesetas.

El diputado Gil Robles proclamó que tenía informaciones fidedignas que avalaban la tesis de que, antes de celebrarse el concurso, el Gobierno ya había decidido conceder el monopolio a una compañía francesa, Le Nil, a pesar de que en las bases del concurso se establecía expresamente que la nueva concesionaria debía ser obligatoriamente una sociedad en que la mayoría de las acciones estuvieran en manos de capitalistas españoles.

Para salvar este escollo, dijo Gil Robles, se fundó la Canariense Marroquí. En la escritura de fundación figuraban como principales accionistas un grupo de capitalistas españoles que, en realidad, actuarían como testaferros de la sociedad francesa Le Nil. El administrador sería el español Luis Aranguren, hombre de confianza de Horacio Echevarrieta, amigo de Indalecio Prieto. De este modo, el parlamentario Gil Robles intentaba demostrar que la compañía había disfrutado de un trato de favor por parte del ministro Prieto.

A continuación, Gil Robles lanzó el tema de la carestía de tabaco que había sufrido la ciudad de Melilla por falta de previsión del Ministerio. Situación que había estado a punto de crear un grave conflicto de orden público en la ciudad.

Indalecio Prieto era un hombre impulsivo y vehemente. Un parlamentario brillante. Calibraba desde el escaño la gravedad de las acusaciones que le formulaba un político con mucha proyección de futuro en la derecha española. Cuando comenzó su réplica, remarcó la extraña coincidencia que existía entre la línea argumental del discurso que acababa de pronunciar su señoría y el artículo publicado en el diario La Nación, subvencionado por March. Esta similitud le serviría de nexo para ligar, desde el principio, la actuación parlamentaria de Gil Robles con los intereses de March.

«Y la exposición que del caso hizo La Nación, es tan sistematizada por el mismo orden en que la exponía el Sr. Gil Robles, que no parece sino que una misma musa inspiradora ha guiado la pluma del Sr. Delgado Barreto y la palabra del Sr. Gil Robles.»[2]

Recordemos que, en 1923, Delgado Barreto trató en la prensa a March como el enemigo público número uno de la patria. Durante la República se convirtió en su acérrimo defensor. El tiempo cambia y los periodistas pueden sufrir metamorfosis, sobre todo cuando hay fuerzas de la naturaleza como Verga, que con dinero transforman las ideas.

De entrada, Prieto abordó el problema de la falta de suministros de tabaco en Melilla, que le acababa de reprochar Gil Robles. Aceptó haber actuado como un incauto por haber confiado en los funcionarios de Hacienda del Protectorado, que trabajaban a favor de los intereses de March en vez de hacerlo por los del Estado. Entonces, por orden de March no informaban al Ministerio de que las existencias de tabaco se estaban agotando en Melilla.

En el contrato de concesión suscrito entre el Gobierno de Primo de Rivera y March (en 1927), figuraba una cláusula en la que el Estado, cuando acabara la vigencia y antes de que una nueva compañía se hiciera cargo del monopolio, se comprometía a que no entrara tabaco en las ciudades soberanas antes de que el concesionario no hubiera agotado las existencias que tenía guardadas en sus almacenes de la zona. Por este requisito, Prieto no dejó que otras compañías aprovisionaran de tabaco a la ciudad de Melilla, a la espera de que se vendieran los remanentes de March.

Cuando se hubo consumido todo el tabaco, el depositario de Hacienda en Melilla envió un telegrama al director general del Timbre, Agustín Viñuales, en el que le avisaba de la grave situación creada y rogaba a sus superiores que suministraran tabaco a la ciudad lo antes posible para evitar alborotos. Intencionadamente, algún funcionario corrupto retrasó la llegada del telegrama a la mesa del ministro de Hacienda, con el propósito de que estallara una revuelta popular. March pretendía no dar tiempo al Estado para encargar el aprovisionamiento de tabaco a una compañía que no fuera la suya. Como March había organizado la treta, su agente Miquel Ordinas presentó en la oficina del Timbre una oferta para aprovisionar la ciudad de Melilla en menos de 24 horas.

El riesgo de desórdenes obligó a Prieto a actuar con celeridad. Desestimó la oferta de March y encargó a la Arrendataria que hiciera un primer suministro de urgencia. Al mismo tiempo, hizo un pedido a la compañía Le Nil, que desde Orán intentó llevar un cargamento por carretera, pero cuando el camión que transportaba el género llegó a la zona del Protectorado español fue interceptado por la gente de March, que le cerró el paso y le impidió llegar a su destino.

Indalecio Prieto dijo, exaltado: «El camión no pudo pasar porque el Sr. March es más fuerte y omnipotente que el Estado español en la zona de nuestro Protectorado.»[3]

A continuación, Prieto rebatió la acusación de Gil Robles de mala gestión del Ministerio y explicó las causas de las pérdidas durante el período de gestión directa del Ministerio de Hacienda, que el parlamentario católico había evaluado en 800 000 pesetas. Prieto aseguró que tal quebranto era consecuencia del contrabando que empezaron a hacer los hombres de March a partir del momento en que dejó de ser el concesionario. «En el último mes que el Sr. March provee de tabaco el Estado español se venden en Melilla 118 500 pesetas. En el mes de noviembre ,mes en que el Sr. March ya no provee de tabaco el Estado, se venden 47 000 pesetas (grandes rumores) y en abril del año siguiente las ventas sólo ascienden a 10 000 pesetas. No se han perdido las 800 000 pesetas… ¡Las ha robado el Sr. March!»[4]

El Ministerio de Hacienda envió a la zona un funcionario recto y diligente, que elaboró un informe en el que aseguraba que el tabaco de contrabando de March se podía adquirir en todos los establecimientos públicos de la ciudad. El informe Castro, así se lo llamó, fue robado por los hombres de March de encima de la mesa del despacho del director general del Timbre. A partir de aquella fecha los agentes de March levantaron acta, en la zona del Protectorado donde él era el concesionario, de diversas confiscaciones de tabaco de la Canariense (compañía concesionaria en las ciudades de soberanía española en Marruecos). A través de estas redadas, March pretendía demostrar que la citada compañía promovía el contrabando en su territorio. Era un prestidigitador capaz de transformar la realidad adversa en favorable. Las confiscaciones eran un montaje. Las organizaba él mismo.

A continuación, Prieto negó que hubiera existido trato de favor hacia la compañía Canariense, cuyo principal accionista era Luis Aranguren, ex gerente del millonario Horacio Echevarrieta, como había recalcado intencionadamente Gil Robles. Prieto no quiso ocultar la profunda amistad que lo unía con el empresario, pero precisó que mientras él había ocupado el Ministerio de Hacienda no había adoptado ninguna medida beneficiosa a favor de su amigo y antiguo patrón.

Manuel Azaña, respecto a lo dicho por el líder socialista, cuenta en sus memorias su versión sobre los hechos: «Tras el cambio de régimen, algunos republicanos despechados habían intentado ejercitar acciones en contra suya, y Echevarrieta se mostraba muy dolido de las que, según él, había sugerido el primer ministro de Hacienda del nuevo gabinete, Indalecio Prieto, quien, como es bien sabido, había sido empleado suyo en los lejanos tiempos de su juventud, en Bilbao. En cualquier caso, ello le había creado grandes dificultades financieras que medio le habían arruinado. […] Según Echevarrieta, había sido Azaña quien lo había impedido y se había pronunciado porque se mantuvieran los contratos en vigor.»[5]

De la misma manera que actuó Prieto contra March por haberse negado a financiar el advenimiento de la República, también quiso pasar cuentas con Echevarrieta, por el mismo motivo, desde el Ministerio de Hacienda. El empresario vasco, por amistad con el rey, se negó a contribuir económicamente a los preparativos del Comité Revolucionario, a pesar de sus simpatías por la República.

Prieto era un político excesivamente impulsivo y no calculaba el alcance de sus decisiones políticas. Azaña, que era un político ponderado, se vio obligado a intervenir para solucionar algunos asuntos que permanecían expresamente bloqueados por el ministro Prieto y que afectaban negativamente a los negocios del empresario Echevarrieta. Pero nadie hace nada por nada. A cambio, Azaña le pidió que aportara una elevada suma de dinero que se destinaría a financiar a los revolucionarios portugueses. El empresario complació al presidente del Consejo de Ministros y compró una partida de armas que debían enviarse al país vecino.

Antes de la aportación de Echevarrieta, March, a través de un emisario, había hecho llegar al presidente del Consejo de Ministros su intención de poner a disposición del Gobierno la cantidad de cinco millones de pesetas para que se destinaran a resolver algún asunto relevante de política internacional. Azaña dudó si aceptar la oferta, ya que pensaba que con dicha cantidad se podría ayudar a los grupos políticos que luchaban contra las dictaduras para implantar regímenes democráticos en sus países. Después de pensarlo, respondió negativamente. Azaña desconfiaba de aquel hombre y creyó que la aceptación de la oferta limitaría la libertad de actuación de la Comisión de Responsabilidades, que intentaba que los presuntos delitos cometidos por March en el pasado no quedaran impunes.

Pero regresemos al hemiciclo del Congreso, donde los diputados socialistas seguían con gran interés el discurso de Prieto. Aumentó la expectación cuando pasó a referirse a los hechos de 1930, cuyos protagonistas habían sido Juan March y Horacio Echevarrieta. El empresario vasco había firmado con March un importante préstamo hipotecario. Entonces, cuando Prieto asumió la cartera de Hacienda, Echevarrieta lo visitó para pedirle que recibiera a March, condición que le había impuesto el prestamista para alargar el vencimiento. Prieto se negó. Este rechazo tuvo graves consecuencias para Echevarrieta, ya que, cuando venció el plazo, March se negó a prorrogarlo y ejecutó la hipoteca.

«Que el Sr. March había hecho […] un préstamo, por seis meses, de dos millones y medio de pesetas en una escritura pública ante el notario D. Mateo Azpeitia, y que el Sr. Echevarrieta estaba en aquellos momentos en circunstancias angustiosas ante el Sr. March. Y yo me negué a recibir al Sr. March, aun conociendo las circunstancias difíciles en que el Sr. Echevarrieta se encontraba […].

»¡Ah! Yo no quería hablar al Sr. March, […] porque no quería que esa entrevista dejara tras de sí esta estela venenosa que sigue a todo lo que el Sr. March toca, y en ese cortejo del Sr. March, entre cuyas vestimentas lo mismo se descubre la casaca del ex ministro, que el bicornio del ex subsecretario, la toga del legislador, la clámide forense y algún que otro indumento de asesino, no quería que se me hiciese figurar».[6]

Cuando acabó el parlamento, Prieto fue aclamado por los socialistas. Había hecho un discurso vibrante, en el que había resaltado los valores éticos de un socialista del pueblo, que se había atrevido a plantar cara a dos de los hombres de negocios más poderosos de España.

Después intervino el hombre que lo había reemplazado al frente del Ministerio de Hacienda, Jaume Carner, quien había trabajado durante mucho tiempo en la Banca Arnús. Azaña, cuando lo nombró, pensó que podría aportar serenidad en el mundo financiero, después del ciclón que se desató con la llegada de Prieto al Ministerio de Hacienda.

El ministro catalán, desde la tribuna, inició su parlamento centrándose en los hechos que sucedieron unos días antes de la celebración del concurso de concesión del monopolio de tabaco. Explicó que March visitó al director general del Timbre, Viñuales, para preguntarle si el Gobierno vería con buenos ojos que se presentara, a pesar de haber sido desposeído meses antes por el ministro Prieto. March se adelantó a recibir la respuesta del director general y le dijo que si el Gobierno se oponía, él no licitaría para obtenerla. En la entrevista, March disertó sobre la situación política nacional y aprovechó para decirle que los republicanos y los socialistas estaban equivocados cuando creían que él era un enemigo de la República. En realidad, desde su proclamación había tratado de no obstruir el programa económico de la República. Para concluir la conversación le aseguró que estaba espiritual y materialmente dispuesto a hacer lo que le sugiriera el ministro de Hacienda para favorecer la labor gubernamental.

Antes de la resolución del concurso, el ministro relató que el gerente y accionista de la Canariense, Bustos, recibió la visita de un importante tabaquero holandés, Sheltema, quien le anunció el interés de March para reunirse con él. Quería hablar de negocios. Bustos, en un primer momento, se mostró reticente y dudó si era prudente entrevistarse con él, pero finalmente aceptó. March fue muy directo y le preguntó cuánto quería para retirarse del concurso. Si se quitaba de en medio, le ofrecía una recompensa del 20 % sobre los beneficios que obtendría, evaluados en 700 000 pesetas anuales. Cuando Bustos le contestó que éste era un tipo de propuesta que nunca aceptaría, March se enfureció y le anunció que su tabaco se vendería de contrabando por doquier, que pondría en marcha una campaña contra la calidad de sus productos y, si era preciso, regalaría el tabaco hasta arruinarlos.

«March llegó a decir:

»“Les arruinaré a ustedes. Dentro de ocho días Lerroux estará en el poder, y a Lerroux lo tengo aquí, aquí […].”

»Y al decir eso se metía los dedos en el bolsillo del chaleco.»[7]

El director general del Timbre informó al ministro Carner del contenido de la entrevista, quien trasladó al Consejo de Ministros la oferta y la disposición de March. Después de las deliberaciones relacionadas con este asunto, se decidió comunicar a March que era preferible que no se presentara.

A pesar de haberse comprometido a no concursar si la respuesta del Gobierno era negativa, March, finalmente, presentó su oferta, pero ésta fue derrotada y la concesión se otorgó a la compañía Canariense.

Carner, cuando acabó el relato de los hechos, contó que pocos días después de haberse celebrado el concurso público, un agente de March lo había visitado para informarle de que los representantes de la compañía Canariense habían hablado con él y le habían ofrecido una cantidad considerable para retirarse del concurso. El ministro de Hacienda calificó este supuesto de inverosímil.

«¿No comprende usted que, dada la posición que March tiene en este asunto, dado quién es March, no puede haber en el mundo nadie tan imbécil que sea capaz de ir a comprar a March para que no acuda al concurso?»[8]

March era un ilusionista que enredaba de tal manera las cosas y creaba semejante estado de confusión que la mentira no dejaba traslucir la veracidad de los hechos. A este rasgo característico de March se refirió el ministro:

«Es que este hombre es un poseído; cree que él es dueño de la verdad; cuando ocurre un hecho de la vida real que no le conviene, él lo borra y lo da por no existente; amontona papeles, aporta actas notariales y cambia y disfraza aquel hecho real. Y este hombre poseído es un hombre formidable; este poseído es el primer propietario territorial de España, este hombre tiene un Banco, este hombre tiene negocios en la mayoría de los sectores industriales […], subarrendado el monopolio de tabacos en la zona del Protectorado, este hombre tiene una porción de cosas que no dispondría de tiempo suficiente en estos instantes para enumerarlas.»[9]

Carner pronunció al final del discurso una frase lapidaria y premonitoria: «O la República somete a March o March someterá a la República.»

Lerroux, el amigo político de March, intervino a continuación para anunciar que el grupo parlamentario radical daría apoyo al Gobierno, porque entendía que Gil Robles, al cuestionar la actuación del anterior y del actual ministro de Hacienda respecto del asunto del monopolio de tabaco en el norte de África había lanzado un desafío a la República. ¿Cómo puede entenderse la reacción de Lerroux? Después de que Prieto hubiera acusado al diputado Gil Robles de estar al servicio de March, éste, en el turno de réplica, le contestó que era mentira y, en cambio, dijo, con cierta ironía malévola, que sentados en el hemiciclo había un cierto número de diputados que se apresurarían a hacerle los favores que les pidiera. Lerroux quiso desmarcarse y lo hizo con un gesto político teatral. Pero al presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña le convino hacer suya la tesis de Lerroux, a pesar de que lo menospreciaba como político y como persona.

Miguel Maura, republicano moderado, hijo del ilustre Antonio Maura, intervino para decir que no dudaba de que las actuaciones de los ministros se hubieran ceñido a los mandatos de la ley. Pero consideraba inadecuado calificar de desafío a la República las denuncias que había formulado Gil Robles, porque tal actitud iría en contra de los fundamentos del parlamentarismo. Y añadió que si cada vez que la oposición criticara la actuación de alguno de los ministros del Gobierno se debía interpretar como un ataque al régimen republicano se estaría pervirtiendo la esencia del sistema.

Acabado el debate, por sugerencia de Azaña, se sometió a votación la moción de confianza que habían presentado los diputados de la mayoría. El Gobierno la ganó por 272 votos a favor y ninguno en contra. Es preciso advertir que los parlamentarios de la oposición se ausentaron de la sala a la hora de la votación.

March, a través de Gil Robles, había provocado que el Gobierno debiera recurrir a la moción de confianza para salvar la actuación de sus dos ministros. Dos factores pusieron contra las cuerdas al Gobierno: la astucia parlamentaria de Gil Robles y la información que le proporcionó March, obtenida por procedimientos irregulares.

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La Comisión de Responsabilidades

El tribunal político se obceca con March

El 27 de agosto de 1931, se publicó en la Gaceta la Ley de Responsabilidades. Era una Comisión Parlamentaria dotada de amplias facultades y funciones para investigar, instruir y determinar las responsabilidades de los militares golpistas que, en 1923, participaron en la asonada del general Primo de Rivera. Un golpe de Estado que acabó con el orden constitucional no democrático del régimen de la Restauración: todo el Ejército le dio su apoyo. La pregunta procedente era: ¿había que juzgar a los oficiales y jefes, o era menos enojoso burocráticamente disolver directamente el Ejército? También se quería investigar a los civiles implicados en la trama sediciosa y a aquellos que colaboraron posteriormente con la dictadura. Además, la Comisión debía ocuparse de revisar las presuntas irregularidades administrativas y políticas cometidas durante el período de las dictaduras (1923-1931). En este capítulo se incluyeron las causas contra March.

Si la Comisión hubiera seguido al pie de la letra los dictados de la Ley de Responsabilidades, los socialistas podían haber salido políticamente malparados. Sus organizaciones, la UGT y el PSOE, no se opusieron al pronunciamiento de Primo de Rivera. Una vez instaurada la dictadura actuaron dentro del régimen militar siguiendo una política posibilista y sin ejercer oposición más que en el tramo final. Esto fue posible gracias a un acuerdo tácito: a cambio de no ser beligerantes con la dictadura, los militares tolerarían, dentro de ciertos límites, la actuación política y sindical de los socialistas, al mismo tiempo que el movimiento anarquista sería reprimido con la máxima dureza. ¿Dónde quedaba la solidaridad de clase? Había que ir con pies de plomo y ser más precisos a la hora de definir este principio que para algunos sigue siendo dogma de fe. En aquel contexto político la rivalidad entre ambas organizaciones primó sobre postulados doctrinales. La UGT mantenía su estructura organizativa intacta, mientras que la CNT era desmantelada. Uno de sus principales líderes de la UGT, Largo Caballero, había sido nombrado por el dictador miembro del Consejo de Estado. Pero de este tema no se habló en el curso de las sesiones de la Comisión de Responsabilidades. No olvidemos que los socialistas eran el grupo que había obtenido más escaños en las primeras elecciones legislativas democráticas de la República y fue el partido al que le correspondieron proporcionalmente más representantes en la Comisión de Responsabilidades. Pura aritmética política.

La Comisión estaba formada por 21 diputados, que decidieron crear subcomisiones, para agilizar su funcionamiento. Simó Bofarull, diputado catalán por el Partido Radical, fue designado para presidir la subcomisión 4.a, que debía examinar los hechos presuntamente delictivos que había cometido March durante el período de las dictaduras. March mantenía sus apoyos en el Gobierno gracias a la presencia de los ministros radicales, cuyo jefe de filas era el inefable Lerroux, un manirroto, March siempre lo sacó de los embrollos económicos mientras creyó que tenía influencia y proyección política.

El 30 de septiembre de 1931, se debatió en el seno de la Comisión de Responsabilidades la conveniencia de adoptar medidas de vigilancia para evitar que March se fugara al extranjero. El diputado radical Guerra del Río pidió que también se adoptaran medidas cautelares sobre sus bienes.

El acceso al archivo particular de Primo de Rivera por parte de los miembros de la Comisión puso al descubierto una serie de documentos que servirían, pensaban algunos de sus integrantes, como pruebas inculpatorias contra March.

Galarza, director general de Seguridad, en una de las primeras reuniones, aportó un documento que según su criterio era una prueba suficiente para inculpar a March de soborno: la concesión, en 1927, del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla.

«Yo dije que sabía que existía en el archivo de Primo de Rivera una carta que comprometía al Sr. March, pero después de examinarla dijeron que no era prueba suficiente para procesarlo. Esta carta era del comandante general de Melilla […] y estaba dirigida al general Primo de Rivera. […] Hablando de la concesión del monopolio de tabacos en Marruecos, decía que era conveniente que se hiciera de otra forma para evitar que se viera claro que se trataba de un asunto poco limpio; pero después añadía que el Estado se había de beneficiar extraordinariamente con esta concesión del monopolio.»[1] Los beneficios serían la supresión del contrabando de tabaco y de armas que realizaba March en el Marruecos español.

El presidente de la Comisión, Simó Bofarull, centró primero su cometido en estudiar la concesión a March del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla. Durante meses, sostuvo que de las indagaciones practicadas no se derivaban indicios racionales para encausarlo. Estaba interesado en demorar mientras pudiera la resolución del asunto, no en vano era diputado del partido que March sostenía económicamente. Simó Bofarull continuó sin alterar su punto de vista. Incluso después de consultar el archivo de Primo de Rivera y leer las cartas que el general le dirigía a March, antes de adjudicarle el monopolio, para pedirle ayuda económica en diferentes causas.

El diputado socialista Jerónimo Bugeda, abogado del Estado que antes había trabajado en la Dirección General del Timbre, plaza que le había posibilitado el acceso al expediente de la concesión del monopolio de tabacos, después de examinar éste con detenimiento, creía que se había otorgado de manera irregular. Además, la lectura de la correspondencia entre March y el dictador le reforzó la convicción de que la conducta de ambos, en este asunto, no se ajustaba a la ley, y en consecuencia proclamó que, si no se decidía el procesamiento de March, él presentaría un voto particular.

Al día siguiente de este debate, el diputado canario Guerra del Río, del Partido Radical de Lerroux, otro truhán de la peor estofa, advirtió a los miembros de la Comisión de Responsabilidades que March era informado puntualmente sobre aquello de lo que se hablaba y discutía en la Comisión, a pesar de que las deliberaciones tenían carácter secreto. El diputado lamentó no poder revelar el nombre de la persona que le había hecho la confidencia porque así se lo había prometido. A continuación, planteó una hipótesis absurda. Alguien ajeno a la Comisión, un diputado o un funcionario habría podido escuchar detrás de la puerta las discusiones y después correr a toda prisa a contárselas a March. Una operación de escucha que, para llevarse a cabo, habría debido contar con un diputado cómplice en el interior de la sala de reuniones, que con la máxima discreción se encargara de dejar entornada la puerta, a fin de que el otro confidente de fuera pegase la oreja para oír las palabras que decían los diputados. Ciertamente no fue una idea en absoluto ocurrente ni nada convincente para explicar la filtración. Además, ningún miembro de la Comisión le había pedido explicaciones sobre la cuestión. Un caso que nos permite repetir el sempiterno excusatio non petita, accusatio manifesta.

Guerra del Río debió de pensar que era una manera de disipar las dudas que planeaban sobre su deslealtad, a causa de las relaciones que en el pasado y en el presente mantenía con Juan March y Santiago Alba.

Pero hete aquí que un diputado conservador consideró verosímil la hipótesis apuntada por su homólogo radical y tuvo la osadía de formular una nueva, según la cual March habría adivinado lo que se discutía en el seno de la Comisión a través de las declaraciones a la prensa de algunos de sus vocales. Ambos diputados querían descartar la existencia de un confidente.

Las revelaciones de Guerra del Río, a pesar de la gravedad que comportaban, pasaron a segundo plano como consecuencia de las que haría, a continuación, Galarza. El director general de Seguridad informó a los miembros de la Comisión que un confidente de la máxima confianza le había comunicado la existencia de un complot para asesinarlos a él y al diputado Jerónimo Bugeda. El plan inicial se había descartado, después de que los instigadores llegaran a la conclusión de que el móvil del doble asesinato se relacionaría con las actuaciones de las potenciales víctimas en la Comisión de Responsabilidades contra March. Entonces, se decidió atentar en primera instancia contra el director general de Seguridad, de esta manera el asesinato podría relacionarse con los grupos de extrema izquierda o con los sectores de la derecha fascista. Así, la acción criminal no se relacionaría con March.

Respecto de la presunta trama, Galarza informó a los diputados que Bugeda lo había visitado, días antes, en el despacho de la Dirección General, y que en presencia del presidente de la Comisión de Responsabilidades, el socialista Manuel Cordero, le había comunicado el robo de la pistola que llevaba en la guantera de su coche. Unos cuantos días después del robo había recibido la inesperada visita de un sujeto en su domicilio, que intentó intimidarlo. Le advirtió que corría un grave peligro si acosaba a March. El diputado socialista Jerónimo Bugeda contó a los reunidos los hechos, con estas palabras: «Me aconseja en tono un poco colérico que cambie de conducta en la Comisión de Responsabilidades; cuando le mando a paseo, me dice que ahora me lo aconseja, pero que después me lo impondrá, y cuando intento abrir un cajón de la mesa del despacho para sacar una pistola, el individuo se escapa de mi casa; desde entonces, no dejo de recibir por teléfono amenazas.»[2] Su esposa, durante aquel período, recibía continuamente llamadas telefónicas amenazadoras. Al final de su intervención, contó lo siguiente: «A los pocos días recibí un anónimo en el que decían: “Canalla socialista, si tú sigues en lo de las responsabilidades, te mataremos a la puerta del Congreso o dentro del Congreso.”»[3]

Galarza avisó a los diputados de la Comisión que las amenazas había que tomárselas muy en serio, ya que disponía de informaciones fidedignas facilitadas por su mejor confidente, «que es persona que sin cobrar sueldo alguno me revela cosas».[4] Sabía que March valoraba la opción de ordenar un atentado contra algunos de los miembros más beligerantes de la Comisión, para intimidar al resto de los vocales y así conseguir que se echara tierra sobre lo que él consideraba una persecución obstinada y del todo injustificada.

El diputado catalán Joan Lluhí intervino para ratificar cuanto había dicho Ángel Galarza y añadió que el director general de Seguridad le había comunicado que March mantenía contactos con pistoleros.

«Dijo Galarza que tenía una persona amiga, llamémosle confidente, que concurría a determinados centros de Madrid donde se reúnen pistoleros, el cual le había dicho que March estaba en relaciones con ellos para realizar ciertas intimidaciones o para lo que fuese.»[5]

March intenta sobornar al presidente de la Subcomisión que se ocupaba de su caso

La Comisión de Responsabilidades era una olla a presión a punto de estallar. Las suspicacias entre sus miembros eran evidentes y las presiones que se ejercían desde el exterior eran constantes. En un ambiente de crispación creciente, se llegó a la sesión del 5 de noviembre de 1931. El diputado socialista Jerónimo Bugeda y los radical-socialistas Ángel Galarza y Eduardo Ortega y Gasset amenazaron con presentar un voto particular, incluso con dimitir, si no se acordaba, en aquella misma sesión, el procesamiento de Juan March por un delito de soborno e inducción a la prevaricación. La actitud pasiva del ponente, Simó Bofarull, que evitaba adoptar ninguna resolución contraria a March, enfureció a los tres diputados. Galarza, que en el pasado había ocupado el cargo de fiscal general de la República, se reafirmó en la creencia de que existían suficientes indicios racionales de culpabilidad para iniciar el procesamiento. Las discrepancias entre determinados miembros de la Comisión se hicieron tan manifiestas que se tuvo la sensación que la ruptura en el seno de la Comisión era inevitable. Galarza, de pronto, se levantó y se encaró con el presidente Simó Bofarull. Se acercó tanto que parecía tener intenciones de agredirlo. Metafóricamente le estaba metiendo el dedo en el ojo. En tono amenazante, le dijo: «Usted no quiere imputar a March. Está dando largas al asunto porque sus correligionarios del partido, que también lo son de March, no le permiten que actúe con imparcialidad. Tiene pánico de enemistarse con ellos. Usted ha conseguido paralizar el proceso.» El diputado catalán, con voz apagada, intentó rebatir sin convicción los argumentos del sulfurado Galarza. Pero, de repente, miró a su alrededor y observó que algunos vocales lo miraban inquisitivamente, como si fuera el protector y confidente de March, incluso algunos diputados se le acercaron, imitando a Galarza, para increparlo. A Simó Bofarull se lo había visto, no hacía mucho, hablando con Juan March en la Cámara de los Diputados. El diputado se sintió desarmado y decidió confesar. Galarza cuenta los momentos previos a la declaración del diputado lerrouxista: «El Sr. Simó durante toda la discusión […] permaneció callado, y yo, que confieso que no tenía recelo alguno contra nadie, aquel silencio del Sr. Simó llegó a producirme un verdadero recelo. “¿Por qué, me preguntaba, este hombre no da su opinión sobre una cuestión acerca de la cual hemos hablado todos? ¿Por qué este hombre está tan callado y con la cabeza baja? ¿Qué hay aquí?”»[6] Simó Bofarull hizo una sorprendente revelación: unas semanas antes, en la Cámara de los Diputados, Emiliano Iglesias, diputado del Partido Radical, el más corrupto de la pandilla de Lerroux y el más próximo a March, se le acercó para preguntarle si la Comisión había decidido imputar a March. A continuación, le confesó que March estaba informado de todas las cuestiones que se debatían en el seno de la Comisión a través del pasante de Guerra del Río: Díaz Aguilar. Luego lo alentó a resistir las presiones que ejercían sobre él determinados integrantes de la Comisión. Le nombró a Galarza, Bugeda y Ortega y Gasset.

El diputado Emiliano Iglesias le advirtió que la animadversión que los tres profesaban a March obedecía a razones personales y políticas. Las dos querellas que había presentado Galarza contra él ante el Tribunal Supremo ponían de manifiesto el odio que le profesaba. A continuación, le contó que Galarza era amigo de Francesc Bastos, que en la década de 1920 había sido el gerente de la Arrendataria. Como creía que lo habían despedido injustamente por instigación de March, quería aprovechar la nueva coyuntura para vengarse. En cuanto a Bugeda, le dijo que era enemigo declarado de March y, por este motivo, lo había atacado reiteradamente en las páginas de la revista Hojas Libres, que se publicaba durante la dictadura de Primo de Rivera y se repartía clandestinamente. Respecto de Ortega y Gasset, le aseguró que actuaba por despecho porque March lo había apartado de la redacción de La Libertad.

Simó Bofarull se agitó porque presagiaba la conmoción que provocaría el final de su relato, pero hizo un esfuerzo por continuar y contar lo que le había propuesto el diputado Emiliano Iglesias: «Hará cinco semanas, que al salir de una reunión de la minoría radical, el Sr. Iglesias me llamó y me dijo que tenían confianza en mi rectitud como presidente de la Subcomisión de Responsabilidades de Gestión, a la cual correspondía la de March, y que machacase las cabezas siempre que hubiese indicios de culpabilidad, pero que si no los encontraba y conseguía eliminar las presiones y coacciones de algunos vocales como Ortega y Galarza, y si terminaba bien el expediente, le daría un cheque de veinticinco mil pesetas.»

Simó Bofarull aseguró que había rechazado la propuesta y le había replicado «que se fuera, que no daba por oídas aquellas palabras, que era pobre pero tenía una gran vergüenza… Iglesias, al hacerle el ofrecimiento no le dijo que actuara como emisario de alguien en particular, aunque como es natural, presume que era March el que le enviaba».[7]

Al día siguiente de haber hecho Simó Bofarull la confesión en el seno de la Comisión de Responsabilidades, el diputado informó a la dirección del partido de todo cuanto había dicho la tarde anterior. Lerroux convocó una reunión de la ejecutiva con carácter de urgencia. Una vez iniciada la reunión, los miembros que la presidían pidieron a Simó Bofarull y a Emiliano Iglesias que salieran de la sala, para poder examinar el caso más libremente. Mientras esperaban fuera, Iglesias, que estaba desolado, le suplicó a Simó Bofarull que lo ayudara a salir de aquel embrollo. Le propuso que dijeran a la dirección del Partido Radical que el dinero que le ofreció iría destinado a sanear el déficit de la Casa del Pueblo que el partido tenía en la localidad de Reus. Cuando se incorporaron a la reunión, Simó Bofarull pidió a los reunidos que aceptaran la propuesta de Iglesias, a fin de mitigar las repercusiones políticas y judiciales que se avecinaban, pero la mayoría declinó suscribir esa ridícula historia.[8] Este nuevo asunto ratificaría la fama de corrupto que se había ganado a pulso el Partido Radical de Lerroux.

Sobre la cuantía que ofreció Iglesias a Simó Bofarull para el sobreseimiento del caso, Manuel Azaña cuenta en las memorias que March le había encargado hacerle una oferta de 200 000 pesetas, mientras que él sólo le ofreció 50 000.

«Según ha dicho Serradell, ex director de Informaciones, la cantidad que March había puesto en oferta era de doscientas mil pesetas. Iglesias cobra buena comisión.»[9]

De Emiliano Iglesias podía esperarse cualquier cosa, sobre todo cuando se trataba de asuntos de dinero. Lerroux, «el emperador del Paralelo», sabía más que nadie que no era de fiar.

Lerroux lo definía de esta manera: «Se inflamaba fácilmente, pero la lontananza del peligro le apagaba. Y, sin embargo, los afrontaba todos cuando le impulsaba la codicia. Defecto de la raza cuando se ha pasado por situaciones de mediocridad con realidades de pobreza y perspectivas de hambre: codicia y avaricia.»[10]

Emiliano Iglesias tenía un pasado salpicado por asuntos de corrupción: ya en 1910 los diputados catalanes Ventosa y Carner denunciaron en el Congreso de los Diputados graves irregularidades en la concesión del proyecto de conducción de aguas a Barcelona y en el monopolio del yeso, la cal y el cemento en el Ayuntamiento de Barcelona. Emiliano Iglesias era, en aquel período, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y portavoz del grupo radical, que era el que contaba con mayor número de concejales.

Lerroux, cuando regresó de Sudamérica, en noviembre de 1909, invirtió las aportaciones dineradas que le entregaron los republicanos españoles que vivían en ese continente en empresas de servicios que obtenían concesiones y contratos públicos en aquellos ayuntamientos donde gobernaban los suyos.

Emiliano Iglesias, abogado, periodista y político, conoció a March a principios del siglo XX en Barcelona. March buscaba un abogado sin escrúpulos que defendiera a sus hombres cuando fueran apresados por delitos de contrabando en las costas catalanas. Le dijo que, cuando pudiera, sobornara a los jueces, que era más práctico que meterse en pleitos.

Después de estos trazos biográficos podemos conocer mejor el perfil corrupto de Emiliano Iglesias. Ahora, regresemos a la cuestión del intento de soborno al diputado Simó Bofarull. Cuando se enteró el presidente de la Comisión de Responsabilidades, el socialista Manuel Cordero, informó del turbio asunto al presidente de la Cámara de los Diputados, Julián Besteiro, quien convocó una sesión secreta para comunicar el presunto caso de corrupción al resto de los diputados. Quería que se debatieran las medidas a adoptar, para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de aquella actuación.

El Partido Radical, a través de su portavoz Martínez Barrio, anunció que daría apoyo a la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Por unanimidad se decidió crearla. La constituyeron siete diputados que iban a examinar la denuncia formulada por la Comisión de Responsabilidades e indagarían hasta averiguar quiénes eran las personas responsables del presunto delito de soborno. Una vez concluida esta fase, la Comisión Parlamentaria elevaría al pleno de las Cortes las propuestas que creyera pertinentes.

Emiliano Iglesias fue el primer diputado al que se citó a declarar ante la Comisión Parlamentaria. En su comparecencia, aseguró que era falso que hubiera ofrecido dinero a Simó Bofarull para evitar el procesamiento de March. A continuación, lamentó que los enemigos de March hubieran sometido a su compañero de partido Simó Bofarull a fuertes presiones, que finalmente le provocaron un estado de confusión que lo impulsó a confesar un imaginario delito de soborno: «Concedida la palabra al Sr. Iglesias manifestó que no podía sospechar que una cosa sin importancia ocurrida entre compañeros pudiera producir efecto alguno […].

«Calificó de inexacta la afirmación de Simó, no de injuriosa, porque le conoce y cree que fue debida al estado de ánimo de dicho Sr., que él mismo, en la reunión de la minoría radical, calificaba de infernal y dantesca, y que quería renunciar a su cargo por las presiones que recibía […].

»El hecho de que se afirmase con tanta insistencia que March compraba a todo el mundo, unido a la declaración que había hecho el diputado radical socialista Sr. Saval, fueron bastante, a juicio del Sr. Iglesias, para crear en el Sr. Simó un estado de ánimo que califica de lío.

«Considera que el Sr. Simó es una persona algo anormal, con tendencia a la exaltación.»[11]

Simó Bofarull se ratificó en los mismos términos en que lo había hecho en el marco de la Comisión de Responsabilidades.

El diputado catalán Lluhí planteó una de las cuestiones que aún no se habían resuelto, ni siquiera se había hablado de ella: ¿quién era el confidente que informaba a March de todo cuanto se discutía en la Comisión de Responsabilidades? Una cuestión que no se resolverá de una manera diáfana en la investigación parlamentaria. ¿Había sido Guerra del Río quien había actuado de confidente en el seno de la Comisión de Responsabilidades? ¿O fue March quien maquinó contra el citado diputado? Recordemos que fue March quien hizo público que su informador era el pasante de Guerra del Río. ¿Quería perjudicarlo por asuntos de negocios? ¿O estaba enfadado porque se había negado a decirle cuanto quería saber? No creemos descabellado aventurar que March contó con más de un confidente. Entonces, descubriendo a Guerra del Río, protegía a aquel que realmente lo había complacido y le había contado todo cuanto quería saber, y al cual le interesaba salvaguardar.

Cuando fue llamado a declarar, Guerra del Río aseguró que, unas semanas antes, se había reunido con March para discutir sobre cuestiones que afectaban a las tabaqueras de Canarias, a las cuales representaba. Pero en ningún momento hablaron de los asuntos que se debatían en la Comisión de Responsabilidades: conociendo a March es imposible que no le tirara de la lengua.

Los diputados Bugeda y Galarza apuntaron en sus declaraciones que el diputado Guerra del Río podría haber hecho alguna confidencia a Santiago Alba, amigo por interés de March, en relación con las cuestiones que atañían a March objeto de debate en la Comisión de Responsabilidades: seguro que aquél se habría afanado en informarle.

Para desviar la atención de los diputados sobre las sospechas que recayeron desde el principio sobre él, Guerra del Río planteó una cuestión sobre el frustrado soborno que hasta entonces nadie había puesto sobre la mesa: ¿por qué Simó Bofarull había tardado más de un mes en destapar este caso? Guerra del Río señaló que Simó Bofarull se había cuidado mucho de decir nada sobre la maquinación de March. Únicamente lo desveló cuando se sintió acorralado por los diputados de izquierdas. De manera que no fue un acto espontáneo de valentía y honradez, sino que debía entenderse como una confesión obtenida bajo intimidación. Por tanto, Simó Bofarull no era un hombre de fiar cuando aseguraba no haber dicho una sola palabra a March sobre los asuntos que se trataban en la subcomisión que presidía.

Cuando la Comisión Parlamentaria requirió la presencia de March, la expectación aumentó; todo el mundo intuía que era él quien había urdido la trama y que Emiliano Iglesias era un simple mandado. En un primer momento, March corroboró que Guerra del Río le había anunciado en una conversación telefónica que le enviaría a su pasante para informarle.

«También he de manifestar que soy amigo del Sr. Guerra del Río, pero es una amistad aparente.»[12]

Respecto de Emiliano Iglesias, afirmó que los unía una antigua amistad, pero negó haber mantenido con el político radical, en el pasado, ningún tipo de relación mercantil o profesional. Si mentir es una práctica despreciable, pero habitual en los seres humanos, March hacía de ella su modus operandi. Utilizó la mentira con el objetivo de crear confusión entre los miembros de la Comisión, para alterar los hechos a fin de que la veracidad quedara envuelta en la espesa niebla del engaño. Prosiguió la declaración afirmando que Iglesias era un hombre pródigo, aseveración que contradecía con rotundidad las manifestaciones de Lerroux, quien lo calificaba de avaricioso.

March explicó que Iglesias no le había informado sobre que pretendiera sobornar a Simó Bofarull porque sabía que eso equivaldría a poner fin a una antigua amistad. Una ocasión más para recelar de las palabras y atenerse solamente a los hechos a la hora de valorar la conducta de cualquier persona.

«No hice al Sr. Iglesias el encargo de ofrecer 25 000 pesetas al Sr. Simó por los motivos que expresó el Sr. Iglesias ni por ningún otro, toda vez que en la mañana de hoy he quedado verdaderamente asombrado al conocer por la prensa el relato de lo ocurrido, que atribuyo a una confusión o a alguna cosa que no sé explicarme, anormal desde luego. No he tenido relaciones de carácter económico en ningún negocio con el Sr. Iglesias, ni jamás éste ha percibido un céntimo mío, y si me ha defendido siempre que me vio perseguido fue noblemente, por considerarme inocente y haciendo honor a la buena amistad que nos une, tal es así que por conocer tanto como conozco al Sr. Iglesias y a su esposa sé que son personas que no solamente son incapaces de cosas de esta naturaleza sino que, por el contrario, son gente de mucha liberalidad, a quienes no duele el dinero.

»De lo ocurrido entre el Sr. Iglesias y el Sr. Simó no tenía la menor noticia, pues el Sr. Iglesias tampoco me lo manifestó, después de hecho el ofrecimiento. Seguramente porque el Sr. Iglesias consideraría que en el caso de ser cierto lo que a este Sr. se le imputa, si me lo manifestaba, sería motivo para romper con él toda relación de carácter personal.»[13]

Respecto de la motivación que indujo a Guerra del Río a informarle, suponía que pensaba adquirir el derecho a pedirle un favor a cambio, cuando lo necesitara.

«Con respecto a las noticias que me facilitó el Sr. Guerra del Río, supongo que lo haría, más que por otra cosa, por aquello de creer que no se perjudicaba a nadie y hacía un favor que le daría méritos quizás en otra ocasión para que pudiera yo hacerle otro favor, en el buen sentido de la palabra, pero sin ninguna otra finalidad.»[14]

March intentó sembrar dudas entre los miembros de la Comisión y les preguntó que si creían honestamente irreprochable la actuación del director general de Seguridad, Ángel Galarza. A continuación, les hizo una segunda pregunta: ¿no piensan sus señorías que el señor Galarza se mueve por el odio y la venganza, en vez de guiarse por la imparcialidad?

«Hará sobre mes y medio o dos meses aproximadamente un buen amigo suyo llamado Santiago Alió, empleado en la Cía. Trasmediterránea (fallecido en la actualidad) le visitó para decirle, muy asustado, que un Sr. de la Dirección General de Seguridad […] sabía, por habérselo oído decir al Sr. Galarza, que estaba dispuesto a poner de su parte cuantos medios pudiera para conseguir procesar al Sr. March.»[15]

El 6 de diciembre de 1931, después de concluir la Comisión Parlamentaria los trabajos de investigación, se reunió el plenario del Congreso de los Diputados en sesión secreta. En primer lugar, habló el diputado Simó Bofarull, que se ratificó con todo lo dicho en anteriores declaraciones en relación con el intento de soborno. A continuación, lo hizo el acusado, que aseguró que el diputado Simó Bofarull padecía una lamentable confusión, ya que él nunca había pedido nada que fuera en contra de la justicia. El presidente sometió a votación el dictamen elaborado por la Comisión, en la que se declaró la incompatibilidad moral de Emiliano Iglesias con las Cortes constituyentes. Un total de 152 diputados votó a favor de la condena, y solamente uno votó en contra.

«A las Cortes constituyentes. La Comisión Parlamentaria encargada de juzgar la conducta del Diputado Sr. Emiliano Iglesias Ambrosio, sobre los hechos denunciados por la Comisión de Responsabilidades en la sesión secreta de hoy, y de proponer a la Cámara la sanción que proceda, oídos los Sres. Simó e Iglesias, entiende que la conducta de Don Emiliano Iglesias, con respecto al único hecho de que con carácter urgente ha conocido, entraña una posible actuación punible en el orden legal que no le corresponde juzgar, y conjuntamente una transgresión de orden moral que le hace incompatible con las Cortes constituyentes de la República.

»Palacio de Congresos, 6 de noviembre de 1931.»[16]

Quien presidía, en noviembre de 1931, el Consejo de Ministros, Manuel Azaña, describe en sus Diarios la sesión parlamentaria secreta, que califica de lamentable, porque había puesto al descubierto ciertas prácticas espurias a las que habían recurrido algunos diputados en las Cortes. Pensaba Azaña que una institución que representaba la soberanía popular no podía admitir en su seno a personajes que con su proceder deshonesto y punible le hicieran perder legitimidad ante el pueblo.

Azaña escribía: «Iglesias ha tenido el culote de aguantar con su presencia la acusación y ha echado un discurso para defenderse. Un discurso bruto. Dice que Simó padece una confusión. Iglesias estaba solo en su banco, y la única persona con quien ha cruzado la palabra después del discurso ha sido con Alba, que se sentaba detrás de él.»[17]

La soledad política de Iglesias en el debate era visible, lo abandonaron incluso los diputados de su grupo, que votaron a favor de la propuesta condenatoria. Fue una escenificación desoladora. Pero la condena moral unánime de la Cámara no supondrá el fin de la carrera de Emiliano, ni tampoco su expulsión del partido. Emiliano Iglesias había ingresado en las filas del movimiento republicano de Lerroux durante el período que su jefe de filas consolidaba un movimiento de masas de carácter españolista y obrerista en Barcelona, a principios del siglo XX. Su misión era hacer de claque en los mítines del caudillo republicano. Cuando Lerroux remataba sus incendiarias proclamas, Iglesias lo vitoreaba y repetía, gritando: «¡Viva el político honrado!» Ninguno de los dos podía alardear de tener escrúpulos ni miramientos; en consecuencia, si se los catalogara de honrados, se estaría mintiendo. Si lo hubieran sido, March no se habría aproximado a ellos.

En las elecciones legislativas de 1933, Iglesias figuró en las candidaturas del Partido Radical y obtuvo nuevamente el acta de diputado. Por desgracia, en el ámbito político, como en muchos otros, para escalar posiciones es más efectivo tener un buen «padrino» que ser talentoso y honrado.

Después de aprobarse la resolución condenatoria contra Iglesias, el diputado Ángel Ossorio intervino para manifestar el desasosiego que le producía que la Cámara no se ocupara de March, a quien él consideraba el instigador del intento de soborno. Por este motivo creía que la Cámara estaba obligada a determinar con celeridad las responsabilidades que le atañían. El presidente de la Cámara le respondió que en el último párrafo de la proposición aprobada quedaba claro que la Comisión seguiría estudiando las ramificaciones del caso.[18]

A la salida de la sesión parlamentaria, el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, que temía que March intentara huir al extranjero, se acercó al presidente del Consejo de Ministros para preguntarle si creía oportuno firmar la orden de detención contra March. Azaña le respondió que antes de hacerlo se pusiera en contacto con el presidente de la Comisión de Responsabilidades. También le recomendó, dada la condición de diputado de March, que fuera prudente antes de adoptar ninguna medida drástica que se pudiera volver en su contra. En las horas siguientes, Casares no consiguió hablar con el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Manuel Cordero, ni con ningún otro de los miembros que la integraban. A pesar de esta circunstancia, firmó la orden de detención de March. Al día siguiente, antes de que se hiciera efectiva, la retiró. March tenía en el Gobierno un buen valedor, el ministro de Estado, Alejandro Lerroux, y lo presidía un hombre prudente y respetuoso con la legalidad.

Después de conocer la resolución de la Cámara, Emiliano Iglesias escribió una carta dirigida al presidente de las Cortes constituyentes, Julián Besteiro, en la cual calificaba la condena de monstruosa, porque se había adoptado de manera contraria a todas las garantías y disposiciones judiciales. Interpretaba que el procedimiento secreto que se había seguido contra él hacía que la condena fuera nula de pleno derecho. Finalmente, ponía énfasis en subrayar la contradicción que suponía que la sentencia la hubiera dictado una Cámara de los Diputados que se había pronunciado reiteradamente contra las actuaciones secretas.

«No ha habido para el acusado ni la más mínima de las garantías. Y para que nada falte en la tenebrosidad política de este acuerdo, los jueces no han votado con arreglo a su conciencia sino por mandato disciplinario, bajo la amenaza de la exclusión política, repitiéndose la historia de aquellos militares que en secreto y por orden superior condenaron a Dreyfus.»[19]

El desvergonzado Emiliano Iglesias se atrevió a trazar un paralelismo entre su caso y la aberración jurídica cometida, en 1894, por un tribunal francés, cuyos miembros estaban imbuidos de un nacionalismo exacerbado y de un declarado antisemitismo, que acusó al capitán Dreyfus de alta traición. La condena moral emitida por las Cortes no tenía nada que ver con la dictada por un consejo de guerra francés contra un militar leal, a quien impuso la pena de degradación y deportación perpetua a la isla del Diablo.

El militar judío fue condenado por alta traición por haber pasado información al enemigo alemán, a pesar de que posteriormente se pudo demostrar que las pruebas, sobre las cuales se basó la acusación, fueron fabricadas por oficiales nacionalistas antisemitas. Emiliano Iglesias, en cambio, era un diputado corrupto que había recibido una condena moral de la Cámara de los Diputados. Incluso el grupo político al que pertenecía no le concedió el favor de la duda y no le dio apoyo parlamentario. A diferencia del militar francés, el diputado radical siguió disfrutando de todos los privilegios y derechos como diputado. Como profesional de la abogacía, pretendía plantear el caso como si se hubiera tratado de un juicio ordinario, cuando lo que realmente se había dado era una resolución política en el seno de la Cámara de los Diputados.

Manuel Azaña comentaba que Iglesias era muy bestia, y los catalanistas de la Liga denominaban a la tropa de Iglesias los nuevos «bárbaros». Unos y otros acertaban en su apreciación.

El 9 de noviembre de 1931, la Comisión Parlamentaria presentó al pleno de la Cámara una propuesta de resolución que preveía una sanción para March similar a la que días antes habían dictado contra Iglesias. Se declaraba la incompatibilidad moral del diputado Juan March con las Cortes constituyentes, por considerarlo inductor del intento de soborno al diputado Simó Bofarull.

«Fue examinada con el mayor detenimiento, la probable intervención del Sr. March, en el ofrecimiento que el señor Iglesias hizo al Sr. Simó, dada su estrecha amistad y los antecedentes varios de dicho Sr. March, y, renunciando, dada la naturaleza del hecho, a la obtención de pruebas demostrativas de que el Sr. Iglesias se movía instigado por el Sr. March, llegaron después de un amplio cambio de impresiones, lleno de ponderación y desapasionamiento a la convicción moral, a la presunción lógica de que el Sr. March no era ajeno a aquel ofrecimiento y por lo tanto que no debía ser objeto de sanción distinta a la impuesta al Sr. Iglesias.»[20]

Después de la votación, Lluís Alemany, diputado por Mallorca y colaborador de March, pidió la palabra para defenderlo. Señaló, en la intervención, que se lo había condenado por suposiciones, ya que en ningún momento se habían podido aportar pruebas concluyentes. Santiago Alba, el otro aliado de March en la Cámara, pidió que se interrogara a Iglesias para descubrir si la oferta a Simó Bofarull la hizo por encargo de March o fue por iniciativa propia. Sostuvo que a March no se le podía retirar el acta de diputado, de manera que debía seguir disfrutando de todos los privilegios y derechos implícitos al cargo electo. Los amigos políticos de March temían que pudiera perder la inmunidad parlamentaria, lo cual facilitaría su detención y procesamiento, que era lo que pretendían los radical-socialistas y los socialistas. El presidente de la Cámara intervino para aclarar que la sanción comportaba sólo una incompatibilidad de orden moral. Después de precisar el alcance de la condena se sometió a votación la proposición. Los diputados presentes introdujeron en la bolsa 191 bolas negras y 4 blancas. La condena moral y política se había ratificado casi por unanimidad.

Después de las dos anteriores condenas, no se dieron por acabados los trabajos de la Comisión Parlamentaria, dado que quedaba por dilucidar si el diputado Guerra del Río había informado sobre el contenido de los debates secretos de la Comisión de Responsabilidades a March, a través de su pasante Díaz Aguilar.

Los radical-socialistas desconfiaban de Guerra del Río, pero no disponían de pruebas definitivas para confirmarlo. En cambio, tenían otros motivos que consideraban suficientes para reclamar su expulsión de la Comisión de Responsabilidades. En el archivo de Primo de Rivera habían localizado una carta del abogado Aguirre Metaca, dirigida al dictador, en la cual denunciaba a Guerra del Río por haberse apropiado de una comisión de 150 000 pesetas que se les había pagado por un trabajo de asesoramiento que habían realizado juntos.

Para mayor abundamiento, Galarza indicó que Guerra del Río había cometido en beneficio propio una deslealtad con los tabaqueros canarios, que habían confiado en él para representarlos. Los radical-socialistas, amparándose en las conductas irregulares, pero no directamente relacionadas con las hipotéticas confidencias hechas a March, pretendían alcanzar un segundo objetivo marcadamente político: la condena de un segundo diputado del Partido Radical en la Cámara de los Diputados. El Partido Radical-Socialista rivalizaba con el de Lerroux para captar el voto de las clases medias urbanas.

En la sesión del 13 de noviembre de 1931, la Comisión Parlamentaria presentó al Congreso de los Diputados una propuesta de resolución que no era en absoluto favorable a Guerra del Río, el tercer implicado en el caso. El hecho de que Guerra del Río, justo antes de estallar el escándalo del intento de soborno, hubiera pedido medidas cautelares sobre los bienes de March en el seno de la Comisión de Responsabilidades y hubiera advertido a sus componentes que se habían producido filtraciones que posibilitaban que March estuviera al corriente de las deliberaciones, no se consideró que los susodichos comportamientos le descartaran.

La Comisión Parlamentaria concedió crédito a la primera declaración de Simó Bofarull, cuando reveló que Iglesias le había dicho que March lo sabía todo gracias a las confidencias del pasante de Guerra del Río. Ciertamente, en los miembros de la Comisión pesaron, a la hora de redactar la propuesta de resolución, las declaraciones de Guerra del Río y de March, en las que ambos afirmaban que se habían visto, días antes, a pesar de que negaran haber hablado del tema de las responsabilidades.

Guerra del Río, bastante emocionado, intervino en la Cámara de los Diputados para negar rotundamente que hubiera proporcionado información a March sobre los asuntos que se trataban en el seno de la Comisión, y explicó que no tenía suficientes elementos de juicio para poder responder de la actuación de su pasante, Díaz Aguilar, pero tenía casi la seguridad de que si tal cosa fuera cierta, habría dicho a March que actuaba por iniciativa propia.

Guerra del Río, desde la tribuna de oradores, proclamó que no podía aceptar la resolución porque llevaba implícita una condena moral.

La propuesta de resolución que redactó la Comisión Parlamentaria era ambigua, dado que por un lado afirmaba que existían indicios para pensar que Guerra del Río había cometido una indiscreción, pero en ningún caso se podía deducir que hubiera actuado por motivos contrarios a la ética.

Así decía la resolución:

«De ciertas declaraciones recibidas, se desprende, no obstante, indicios de que el Sr. Guerra del Río, en una ocasión, cometió la indiscreción de enviar [a] su amigo íntimo, el Sr. Díaz Aguilar, a visitar [al] Sr. March para informarle.

»Tales indicios no son, sin embargo, de calidad y consistencia suficientes para que esta Comisión haya alcanzado la certidumbre de la realidad de aquel hecho […].

»En virtud de todo lo expuesto y ante la necesidad de formular una propuesta, hechas cuantas salvedades sean precisas para no afectar la honorabilidad del Sr. Guerra del Río, y atendiéndose sólo a la situación objetiva creada por las circunstancias ya enumeradas, esta Comisión se cree en el caso de proponer a la Cámara que declare la conveniencia de que el Sr. Diputado D. Rafael Guerra del Río no continúe formando parte de la Comisión de Responsabilidades.»[21]

El Socialista, diario del PSOE, aprovechando la situación creada quiso sacar tajada y publicó un artículo en que proclamaba que los radicales habían quedado desautorizados para gobernar después del intento de soborno a Simó Bofarull y de las filtraciones de Guerra del Río a March.

El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, entendió que si recaía otra condena sobre un segundo diputado del Partido Radical, se haría inviable la continuidad de los ministros de este partido en el Gobierno, de manera que se rompería la coalición gubernamental republicano-socialista y, en consecuencia, también el equilibrio existente en el Gobierno entre republicanos y socialistas.

El socialista Manuel Cordero, presidente de la Comisión de Responsabilidades, influido por Azaña, pidió la palabra para aclarar que la propuesta de resolución no pretendía ir contra ningún partido, sino que se juzgaba, exclusivamente, la conducta personal de un diputado. Fernández Castillejo, presidente de la Comisión Parlamentaria, retiró el dictamen y dijo que lo hacía porque se hacía eco del sentir de la Cámara.

Azaña maniobró hábilmente y persuadió a los jefes de fila de los grupos parlamentarios representados en el Gobierno para que hicieran presión sobre todos los miembros de la Comisión Parlamentaria para conseguir que se rectificara la resolución y se propusiera otra en la que Guerra del Río quedara exento de responsabilidades. Las gestiones dieron los resultados que perseguía el presidente del Consejo de Ministros: salvar a Guerra del Río de la recusación para preservar la continuidad de su Gobierno. La Comisión proclamó la inocencia del diputado.

«La Comisión propone a la Cámara que declare que no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno contra el Sr. Guerra del Río, cuya honorabilidad queda reconocida.»[22]

Mientras que, en la Comisión Parlamentaria, Galarza se había mostrado partidario de que Guerra del Río fuera obligado a abandonar la Comisión de Responsabilidades, en el plenario de las Cortes cambió de opinión a causa de las críticas que le hicieron algunos diputados de la derecha parlamentaria por haber ordenado el seguimiento policial del diputado Guerra del Río. Galarza respondió a la oposición que lo había ordenado después de haber recibido una información según la cual se estaba urdiendo una maquinación contra el diputado radical. Remarcó que, como responsable de la seguridad, tenía la obligación de protegerlo. Manuel Azaña confirmará en sus memorias que el único motivo que forzó a Galarza a cambiar de opinión durante el pleno de la Cámara fueron los ataques que se le profirieron desde los bancos de la derecha, ya que antes de iniciarse la sesión parlamentaria le había comunicado que sospechaba que Guerra del Río era el confidente de March y que lo había hecho seguir para demostrarlo.

Una vez aprobado el dictamen, Manuel Cordero, diputado socialista y presidente de la Comisión de Responsabilidades, dirigió unas palabras de desagravio al grupo radical por el artículo de El Socialista en el cual se decía que los radicales habían quedado deslegitimados para gobernar. Martínez Barrio, portavoz parlamentario del Partido Radical, en el turno de réplica, anunció que su grupo daba por buenas las explicaciones del diputado socialista. Los correligionarios de Lerroux suspiraron porque desde las filas socialistas se les lanzaba una cuerda para que pudieran aferrarse al poder.

Ángel Galarza no da el brazo a torcer

En noviembre de 1931, Galarza ideó un plan similar al que había puesto en práctica Francesc Bastos en 1924. Intentar obtener pruebas contra las actividades contrabandistas de March a través de las informaciones y pruebas que pudiera aportar algún miembro de la familia Garau.

Galarza cometió un primer error, que March, en sus declaraciones ante la Comisión de Responsabilidades, le reprochó: en vez de enviar un agente de policía en activo a Argel, recurrió a un ex agente, un hombre de pasado turbio, Honorio Inglés.

March declaró: «Se le ocurrió al parecer al Sr. Galarza la idea de enviar a Argel a un ex policía y, francamente, siendo director general de Seguridad y teniendo a sus órdenes a tantos hombres leales al director y al Régimen, es algo raro que para una misión tan delicada se valiera de un señor extraño a toda función de orden policíaca, a un policía expulsado.»[23]

Galarza se entrevistó con Honorio Inglés y le encomendó la misión de viajar a Argel para reunirse con Francesc Garau, que estaba al frente del negocio familiar. El objetivo era convencerlo para que viajara a Madrid y aportara las pruebas que guardaba y que permitirían inculpar a March de delitos de contrabando. Honorio recibió 1000 pesetas de la Dirección General. Además, le dijeron que aportara todas las facturas de los gastos que realizara durante el viaje, que se le reembolsarían. Cuando regresó las presentó a nombre de Pedro Sánchez, para evitar que sus ex compañeros policías conocieran su verdadera identidad y descubrieran que trabajaba a las órdenes del director general.

Situémonos cronológicamente en diciembre de 1931, cuando Honorio Inglés partió hacia Argel para verse con Francesc Garau, hermano mayor del asesinado Rafel. Cuando se encontraron, el ex policía le aseguró que si declaraba contra March y aportaba pruebas documentales que ratificaran sus actividades contrabandistas, por un lado, vengaría la muerte de su hermano y, por otro, el Estado lo compensaría comprándole importantes partidas de tabaco. Francesc Garau y Honorio Inglés emprendieron viaje hacia París. En seguida, se dirigieron a la estación de ferrocarriles para coger el primer tren que salía en dirección a Barcelona. Cuando el tren llegó a la estación de la ciudad condal, en el momento en que Francesc Garau pisó el andén, le salió al paso un tal Freixa, antiguo cliente suyo, que se le acercó y sin preámbulos le ofreció un millón de pesetas si regresaba a Argel sin declarar ante la Comisión de Responsabilidades. Francesc Garau rechazó la oferta. Durante el tiempo que esperó en la estación hasta que llegó la hora de embarcar en el tren que debía conducirlo a Madrid, no pudo librarse de ese hombre, a pesar de estar acompañado por el ex policía Honorio Inglés. Le recordaba con insistencia que se le compensaría espléndidamente si retornaba a Argel. Por otro lado, dejaba caer que si persistía en su propósito de denunciar a March, corría un grave peligro. Se lo dijo una y mil veces. Cuando el tren estaba a punto de partir, el tono de la conversación entre ambos contrabandistas se volvió agrio. Hasta entonces, Freixa había sido insistente, pero amable con el propósito de convencerlo. Francesc Garau subió al tren y entró en su compartimiento. Se sentó en el lado de la ventana. Freixa, que no había abandonado el andén, le dijo por última vez que había personas muy influyentes a las que podía disgustarle su conducta. Debía ir con cuidado, ya que los poderosos, cuando alguien más débil los ataca, responden con una acción de castigo que supera con creces el daño que se les ha causado.

Francesc Garau llegó a Madrid y, en compañía de Honorio Inglés, se dirigió al despacho del director general de Seguridad, Ángel Galarza. Allí, Honorio Inglés le rindió cuentas de su misión. Después, Garau mostró al jefe de Seguridad los libros de contabilidad de la ya disuelta sociedad March-Garau. Un documento mercantil que podía resultar capital para inculpar a March de delito de contrabando. Después de revisarlos, los tres se dirigieron al Ministerio de Gobernación, donde los recibió el ministro. Garau le ratificó que estaba decidido a declarar en el seno de la Comisión de Responsabilidades todo cuanto sabía respecto de las presuntas conductas delictivas de March, para conseguir que se le condenara, de una vez por todas. También puso los libros de contabilidad a su disposición para que los expertos pudieran estudiarlos. En la misma reunión, Galarza instó a Francesc Garau para que presentara una demanda contra March por el asesinato de su hermano Rafel, que había ocurrido en 1916.

Galarza interrogó a Honorio Inglés, ante los miembros de la Comisión de Responsabilidades:

«Vd. cuando vino a mi despacho la noche de su llegada a Madrid me dijo que en Barcelona se había acercado un individuo a la estación, y le había dicho (a Garau): “No te conviene seguir a Madrid; te debes marchar otra vez para Argel y yo iré contigo, y si te vuelves a Argel, te daremos un millón de pesetas.”»

Honorio:

«Está Vd. confundido. Quien le habló a Vd. de eso fue Garau. En su despacho, le dije: “Cuente Vd. lo que ha pasado en Barcelona”, y entonces fue cuando lo contó. Dijo quinientas mil pesetas, no un millón.»

Galarza:

«Y que una vez en Madrid le había llamado por teléfono y que ya no eran ofrecimientos sino amenazas. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda Vd. que Garau delante del ministro de Gobernación dijo que una de las amenazas que se le hacían era que dentro de pocos días habría crisis de Gobierno y que subiría al poder Lerroux, que era amigo de March, y que entonces se perseguiría a los que ahora intervenían en contra de March y a sus amigos?»

Honorio:

«Contestó el ministro que esto eran cuentos y habladurías.»[24]

Por el contrario, March dio una versión muy distinta cuando fue interrogado por los integrantes de la misma Comisión. Afirmó que Francesc Garau envió, desde París, un telegrama y una carta a Freixa, que también era conocido de March, en los que le pedía que informara a March de que iba a aportar pruebas que lo inculparían, y las entregaría a la Comisión de Responsabilidades, si antes de veinticuatro horas no le daba 500 000 pesetas.[25] March pidió a Freixa que aportara al notario el telegrama y la carta que había recibido, para que diera fe de su autenticidad. Cuando March los tuvo en su poder, se dirigió al Ministerio de Gobernación, donde, a las dos de la mañana, lo recibió el ministro. Hay que tener mucho poder para que el ministro de Gobernación reciba al ciudadano March, a altas horas de la noche, para notificarle un asunto que tan sólo le afectaba a él. March le enseñó las comunicaciones y le explicó que era objeto de un vil chantaje.

«Yo sólo se lo aviso para que Vd. lo sepa. Se trata de realizar un “chantaje” a ver si me saca dinero, y si no, formular la denuncia.»[26]

¿Eran falsos la carta y el telegrama? No sería la primera vez que March aportara documentos apócrifos. Nos estamos refiriendo a dos personajes, March y Garau, poco escrupulosos y propensos a alterar los hechos, así que conviene hilar fino para reconstruir la historia y no cometer errores en la interpretación de los hechos que nos alejarían de la verdad. El ministro de Gobernación, después de entrevistarse con March, requirió la presencia del director general de Seguridad, Ángel Galarza, para informarle de los documentos que le había hecho llegar March, pero le dijo que no le daba demasiado crédito a lo que decía y hacía un sujeto como March.

March, a preguntas de los miembros de la Comisión de Responsabilidades que investigaban los hechos, explicó que, cuando se urdió la maquinación contra él, el periodista Maraboto le informó de la trama. Le mostró una nota que había recibido del canciller José Cortés, del Consulado español en Argel, que lo ponía al corriente de la intriga.

«Me consta que continúa la persecución de Juan March […].

»En realidad la intención de éste (Francesc Garau) es llegar con J. M. (Juan March) a un arreglo interesado […] o ponerse a disposición del G. (Gobierno). Me subleva la idea de que se acorrale a un hombre atacándole con armas desiguales […] pero de cualquier modo sea Vd. prudente y recatado y destruya en cuanto la reciba esta cuartilla. Yo no he visto a Juan March más que una vez en mi vida y por lo tanto es para mí un desconocido; pero entiendo que las leyes se han dictado para aplicarlas por las vías ordinarias y no por caminos tortuosos […]. Esta nota no lleva pie de imprenta, pero en el aliento que la estoy echando ya sabe Vd. quién soy. ¿No es así?»[27]

Sorprendentemente la comparecencia de Garau ante la Comisión de Responsabilidades no está documentada ni transcritas sus declaraciones en los legajos del archivo del Congreso de los Diputados, a pesar de que en múltiples sesiones de la Comisión se hace referencia a ella. Hemos podido constatar por testimonios de otros investigadores y por nosotros mismos, en el curso de la investigación documental, que han desaparecido legajos, hojas de dosieres y partes de sumarios que contenían información sobre March.

Galarza, aparentemente, parecía tener ganada la partida contra March, con el testimonio de Garau y las pruebas que había aportado, pero cayó en un craso error: confiar en Honorio Inglés. El director general de Seguridad le había encargado la misión de vigilar noche y día a Francesc Garau, pero Honorio no era un hombre sin escrúpulos, se dejó tentar por los secuaces de March y acabó por aceptar el soborno. Este hecho se pudo intuir en el seno de la misma Comisión de Responsabilidades, cuando el presidente Manuel Cordero lo llamó nuevamente a declarar. El presidente se vio obligado a hacerlo con el propósito de aplacar las críticas de los miembros de la oposición, que recriminaban a Galarza haber enviado a cumplir tal misión a un individuo expulsado del cuerpo de policía.

Cordero preguntó a Inglés:

«¿Quién le encargó la gestión?»

Inglés:

«El director de Seguridad. Don Ángel está delante y yo he cumplido una misión que me felicitó por ella.»

A continuación, Galarza lo interrogó:

«¿Me dijo Vd. que conocía muchas cosas referentes a March, así como del asesinato de Garau en Valencia y de asuntos relacionados con el contrabando? ¿Lo dijo usted?»

Honorio Inglés respondió:

«Lo dije porque Vd. me indicó que tenía que ayudarle.»[28]

Las cosas comenzaban a torcerse para Galarza, que pretendía convencer a los diputados de la Comisión que la actuación de Honorio Inglés no obedecía a una iniciativa propia, cosa absurda e inverosímil por cómo habían sucedido los hechos.

Galarza se obstinó en querer demostrarlo y, por tanto, perseveró en el error.

«Vd. fue sin que yo le llamara [se lo ordenara].»

Honorio:

«Vd. sabe muy bien que al día siguiente de lo de la conspiración fue cuando me dijo: “Mañana Vd. sale para Argel”, y entonces fue cuando dije a Herraiz [hombre de confianza de Galarza]: “Me ha dicho Don Ángel que tengo que salir para Argel”, y me dio mil pesetas.»

En el careo, Honorio Inglés contradecía reiteradamente a Ángel Galarza, hasta el punto que acabó diciéndole:

«Don Ángel, yo no quiero venir a declarar contra Vd. Si usted cree que es así, dígamelo, y en paz.»[29]

Honorio estaba poniendo al descubierto la torpe estratagema de Galarza, que iba a salir tocado delante de los miembros de la Comisión. Mientras tanto, Francesc Garau recibió en el hotel donde se alojaba a dos matones que le advirtieron que podía acabar como su hermano, si continuaba declarando contra March, pero que si se avenía a un trato podría sacar provecho de la situación. Le metieron el miedo en el cuerpo. Garau abandonó el hotel y cruzó la frontera francesa a toda prisa, llevándose los libros de contabilidad de la sociedad March-Garau. ¿A qué trato llegó Garau con su enemigo March para huir sin dejar rastro?

En cuanto Garau pasó la frontera, March informó al ministro de Gobernación, Casares Quiroga, a través de Salvador Merino. Pretendía que el ministro abriera los ojos y que admitiera que los hechos ponían al descubierto la engañifa de un vulgar chantajista. En la carta que March hizo entregar al ministro, se podía leer:

Muy distinguido señor mío y respetado amigo, permítame Vd. que añada al relato que verbalmente hube de hacerle el día 2 de los corrientes un epílogo edificante. El domingo por la noche, salió huido de Madrid, sin retirar su equipaje ni pagar la cuenta del hotel, el individuo traído de Argel para deponer en contra mía. Sólo ayer tarde cuando estaba aquél en Francia fue devuelta la llave del cuarto que ocupaba aquél en el hotel Gran Vía, pagada la cuenta y retirado el equipaje. Como esto es la confirmación definitiva de lo que a Vd. manifesté me considero en el deber de comunicárselo, por si no lo supiese por otro conducto, reiterándome su afmo. servidor.

Juan March

8 de Diciembre de 1931.[30]

Unos días después, March recibió una nueva citación ante la Comisión de Responsabilidades. Bastante confiado después de lo que había pasado, narró los acontecimientos que precedieron a la huida precipitada de Garau de Madrid. Francesc Garau se había reunido con su encargado en los negocios de contrabando de la zona de Valencia, Vicente Planells, en la habitación de hotel. Honorio Inglés estaba presente. Desde el primer momento el ex policía intentó persuadir a Planells de que revelara lo que supiera de la muerte de Rafel Garau. Planells le dijo que no sabía nada de ese trágico suceso. Entonces, ante la insistencia del ex policía, Planells comprendió que aquel individuo era una pieza clave de la estratagema que algunos políticos habían urdido contra Juan March. Por este motivo, desaconsejó a Francesc Garau que fuera a declarar contra March en la Comisión de Responsabilidades. Con estas revelaciones March pretendía hacer creer a los miembros de la Comisión que no había tenido nada que ver con la huida de Garau, sino que había sido el mismo encargado de Francesc Garau quien le dijo que la persecución contra March era un asunto de carácter estrictamente político y que era mejor no inmiscuirse. Sorprendentemente, resultaba que los amigos de Francesc Garau le daban la espalda, mejor dicho, March se los ponía en el bolsillo.

March se daba cuenta de que estaba ganando la partida y explicó de forma detallada lo que había pasado:

«Este encargado del Sr. Garau, por los negocios de contrabando a que se dedica con él, es un cliente a gran escala, el mejor que tiene en toda España, y por los antecedentes que de él tengo, se trata de una buena persona. Tanto le insistió Honorio Inglés, que aquel hombre llegó a asustarse y por referencia encontró a un amigo suyo al que le contó lo que le pasaba y el otro le contestó: “Lo que has de hacer es marchar a Valencia a enterar a March porque si no creerá que es un complot que estás tramando con el otro y entonces tú quedarás complicado.”»

Vicente Planells, según confesó March, aquel mismo día decidió enviarle una carta para avisarle del daño que pretendían hacerle:

«Yo le conozco muy poco a Vd. y Vd. no sé si se acuerda de mí porque sólo hemos hablado una o dos veces. Soy Vicente Planells, de Valencia, el amigo de Francisco Garau, […] este amigo mío me ha llamado por un telegrama a Madrid y yo esperaba que me hablara de negocios, lo que pasa es que lo tienen engañado y un policía que le llaman Honorio Inglés le ha hecho creer que si presenta unas denuncias contra Vd. le van a dar negocio de tabacos a lo visto y muchos miles o millones de pesetas y este señor Honorio me ha dicho muchas veces en el hotel que Garau tenía que denunciar a March por la muerte de su hermano y muchas cosas más y que yo tenía que declarar donde fuese contra March.

»Yo le he dicho a este policía que no sabía nada contra Vd. y me ha dicho que no importaba y me he indignado por estas cosas y si no fuera porque aprecio mucho a Francisco les denunciaría a los tribunales porque tengo miedo de perjudicar a Francisco por eso no lo ago [sic]. Pero le digo la canallada que le quieren aser [sic] a Vd. para que Vd. se prepare y para que sepa que yo no soy ningún hombre malo y que no quiero meterme en estas cosas […]. Yo le suplico a Vd. porque soy muy amigo de Francisco que conociendo los buenos sentimientos de Vd. que no aga [sic] nada en contra de Francisco porque comprendo lo ignorante que es y lo están engañando con muchas promesas de millones […].

»Vicente Planells, rubricado

Madrid a 6 de Diciembre de 1931.»[31]

Cuando acabó de leerla la entregó al presidente de la Comisión de Responsabilidades para que la incorporara al sumario. A continuación, presentó una nueva carta que supuestamente le había escrito Francesc Garau a Vicente Planells. Galarza se quedó tan desconcertado que no le habrían encontrado el pulso. La carta la había expedido desde París, pocos días después de haber abandonado España, y en ella le explicaba las razones que lo decidieron a actuar contra March: primero, le prometieron que el Estado le compraría, a través de la Arrendataria, importantes cantidades de tabaco a buen precio; en segundo lugar estaban las coacciones que había ejercido Honorio Inglés sobre su persona. Finalmente, Garau le pedía a Planells en la carta que intercediera ante March para evitar que éste emprendiera acciones judiciales contra él por haber aportado pruebas falsas (los libros de contabilidad de la sociedad March-Garau). «Sr. Don Vicente Planells. Valencia. Mi queridísimo amigo: Aquí me tienes en París por fin. Menudo respiro he dado cuando pasé la frontera. De todos modos no me quedaré tranquilo por completo mientras no te decidas a hacerme un último favor, que es conseguir que March desista de denunciarme a los Tribunales […]. No creo que te sea muy difícil de conseguir si vas a verle y le explicas que yo he sido engañado en todo esto como lo fui la otra vez con la denuncia que me hicieron presentar cuando la Dictadura. Lo que ha ocurrido es que los enemigos de March sabían que yo y él estábamos de mala manera por cuestiones de intereses, y por eso y porque yo he sido muy débil de carácter me he dejado llevar por malos consejos […].

»Ese Honorio Inglés enviado a Argel por el Sr. Galarza sólo para hacerme denunciar contra March, y claro, entre mi propio carácter y que con March seguía contrario por aquellas cuestiones de intereses, y que ese Inglés me decía que me daría mucho dinero, y negocio del tabaco en Marruecos si le denunciaba, me llevaron a Madrid con todos mis papeles. Ahí ya has visto que no me han dejado un momento en paz. Honorio conmigo a todas partes a visitar al director general de Seguridad y luego ese señor en persona me llevó a declarar a la Comisión de Responsabilidades que hay en el Congreso, y decirme también ese señor que tenía que ver al Sr. Ossorio Gallardo que tenía que ser mi abogado en la denuncia contra March. Menos mal que tú y mi abogado de Argel me habéis hecho abrir los ojos a tiempo que si no, en buen lío me meten esos tíos […]. Por todo esto te pido intercedas en mi favor y que March no haga ninguna denuncia y que puede estar tranquilo que, por mucho que nadie me diga, no me prestaré a ninguna denuncia falsa que Inglés me quiera hacer firmar, fuere como fuere porque decía que se lo mandaba el director de Seguridad. Dile a March que yo no pretendo nada y que no volveré a ocuparme de sus cosas, pero que él comprenda de las presiones que me han hecho, y que no presente denuncia contra mí.

»Francisco Garau rubricado.»[32]

Ángel Galarza había empalidecido, su espíritu había abandonado la sala. Unos cuantos vocales de la Comisión, que formaban parte de la coalición gubernamental, comenzaron a cuestionar en voz baja la actuación del director general de Seguridad. Los más alejados ideológicamente, la consideraban intolerable, y pidieron que, para mantener la credibilidad y el buen nombre de la Comisión, se le obligara a abandonarla.

Galarza se repuso como pudo y relató una nueva historia sobre las horas previas que vivió Garau en Madrid, antes de huir de España. Explicó que el hijo mayor de March, Juan, había contado a un amigo que resultó ser un confidente de la Dirección General de Seguridad, que la tarde anterior, Garau, a petición de su padre, había ido a visitarlo a su casa. March lo hizo pasar a su despacho. Detrás del gran ventanal de su despacho se había ocultado un notario para escuchar la conversación que sostuvieron los dos enemigos. Tenía el encargo de transcribir todo lo que dijeran para después dar fe de ello. March le ofreció 200 000 pesetas para no volver a declarar y marcharse del país. Garau pidió 300 000.

March, cuando escuchó este relato, levantó el tono de voz y negó rotundamente que se hubiera producido este encuentro. Galarza certificó a los miembros de la Comisión que, a pesar del desmentido de March, el encuentro había tenido lugar. El confidente le había informado que el hijo de March, estratégicamente situado y escondido, había filmado la reunión. En este punto, se dio por finalizada la sesión de la Comisión de Responsabilidades.

Muchos de los vocales estaban confusos, pero ninguno entendía cómo el máximo responsable de Seguridad no había mandado vigilar a todas horas a los implicados en este embarullado asunto. También se le hizo responsable de haber permitido que March maniobrara libremente y de que hubiese depositado su confianza en un ex policía expulsado del cuerpo por corrupción. Además de no tener controlado a Francesc Garau y no haber transmitido las órdenes pertinentes a los oficiales de fronteras para que lo retuvieran si intentaba huir de España. Otros miembros de la Comisión se quedaron anonadados ante las maniobras y habilidades de March para demostrar que era objeto de una persecución arbitraria, y se preguntaron qué valor podían tener las declaraciones de un hombre amoral como Francesc Garau.

Galarza, a pesar de estar muy cuestionado, no dio el brazo a torcer e hizo un intento por recuperar los libros de contabilidad que se había llevado Francesc Garau en su fuga. Nuevamente encargó la misión a Honorio Inglés.

Garau no tenía escrúpulos y sería una hipótesis probable pensar que había huido de Madrid bajo la amenaza de los secuaces de March y, después de recibir una importante cantidad de dinero. Pero una vez a salvo en Argel siguió la guerra contra March y pensó que podría sacar tajada del Gobierno si remitía nuevamente los libros de contabilidad de la sociedad March-Garau a la Comisión de Responsabilidades.

Honorio Inglés viajó sin ningún sobresalto, con los libros en su poder, de Argel a Madrid, donde se reunió con Indalecio Prieto, ministro y enemigo de March, quien los pasó a Casanueva, director del Tribunal de lo Contencioso, para que estudiara minuciosamente todas las anotaciones y emitiera un informe.

Honorio Inglés, al regreso de su segundo viaje a Argel, fue citado de nuevo a declarar ante los miembros de la Comisión de Responsabilidades. Durante su comparecencia explicó que March había pagado 500 000 pesetas a Francesc Garau para que escribiera a su socio, Planells, la carta que hemos transcrito anteriormente. La entrega de esta cantidad se hizo en el Grand Hotel de París. El hijo mayor de March, Joan, le dio el dinero al abogado de Francesc Garau. Pero el letrado, según aseguró Garau a Honorio Inglés, intentó estafarlo. Trató de convencerlo de que en la aduana francesa, antes de embarcar hacia Argel, los gendarmes se lo habían requisado. Garau lo amenazó de muerte y el abogado claudicó. Le dio una parte en efectivo y el resto que le debía, como no disponía de dinero contante le puso a su nombre una finca de su propiedad.

Casanueva se pasó semanas estudiando la contabilidad de la sociedad March-Garau. Después de un examen riguroso, llegó a la conclusión de que había suficientes pruebas para imputar a March por delitos de contrabando. Redactó un informe de conclusiones dirigido al presidente de la Comisión de Responsabilidades e incomprensiblemente devolvió los libros a Honorio Inglés. A partir de aquel momento desaparecieron y los republicanos y socialistas aún no han averiguado adonde fueron a parar. Aquel hombre turbio se esfumó y nunca más se supo de él.

¿Cómo se puede ser tan ingenuo y tan poco previsor para no haber confiscado los libros de contabilidad de la sociedad March-Garau en el mismo momento en que Francesc Garau llegó a Madrid y se los enseñó a Galarza y al ministro de Gobernación? El director general de Seguridad, Galarza, evidenció que era un aprendiz de aquellos revolucionarios franceses a los que tanto admiraba. Había cometido muchos errores y algunos con contumacia. Pero hay que reconocer que tenía delante a March, un enemigo muy poderoso y listo, que acabó volatilizándosele. Incluso Honorio Inglés, su agente, se había vendido a March, y Galarza no se percató hasta que ya era demasiado tarde.

La Comisión de Responsabilidades disponía ahora del informe de Casanueva, pero no tenía los libros de contabilidad, y, como March lo sabía, cuando lo interrogaron, afirmó que eran falsos. A continuación, declaró que el dictamen del experto se había hecho sobre una documentación apócrifa y, en consecuencia, no tenía ningún valor como prueba. March hizo una apreciación perspicaz: si los libros de la sociedad March-Garau hubieran sido auténticos y hubieran contenido información que permitiera inculparlo en delitos de contrabando, Francesc Garau, al mismo tiempo, habría involucrado a su padre en negocios ilegales.

Los radicales del partido de Lerroux, que formaban parte de la Comisión y que defendían a March tanto como podían, aprovecharon sus declaraciones para ratificar que sin pruebas materiales no podía haber acusación.

Cuando los socialistas y los radical-socialistas, que habían hecho lo imposible para acumular pruebas que inculparan a March por delito de contrabando, se dieron cuenta de que este camino no los conducía a ninguna parte, cambiaron de estrategia. Replantearon el caso: a March no se lo podía inculpar por delitos de contrabando porque eso era competencia de la justicia ordinaria. Había que imputarlo por soborno e inducción a la prevaricación por la concesión irregular del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla, en 1927. Los radicales alegaron que, de haberse cometido esos presuntos delitos, ya habrían prescrito. El diputado radical Sanchís Banús manifestó que, en su opinión, en la concesión no se había producido ningún perjuicio al Estado; por tanto, si no se lesionaron los intereses de la Hacienda pública, se interrogaba: «¿Dónde pudo estar el cohecho?»[33] Interpretó que las ganancias no estaban sujetas al principio de legalidad, pues se podía demostrar que la adjudicación a March había reportado más ingresos al erario público de los que le proporcionaba el anterior concesionario, la Arrendataria.

March declaró en el seno de la Comisión de Responsabilidades que las ayudas y donativos que había hecho al Estado en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera no estaban en absoluto relacionados con la posterior concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla (1927):

«El que me haya gastado 6 millones de pesetas en el preventorio [sanatorio de Caubet, aún hoy funciona como hospital]; el que regalara cincuenta mil duros para el Instituto del Cáncer y para la iglesia de Tetuán, el que hiciera al Ejército, desde 1911 hasta 1930, como se puede comprobar, más de dos millones de pesetas en donativos de tabaco, el que cuando los gobiernos han solicitado de mí que condonara los derechos de todos los regalos que se han hecho del mundo entero al Ejército, que no podían entrar en Marruecos sin pagarme los derechos de aduana, yo he accedido a la condonación de estos impuestos cuyo valor es superior a un millón de pesetas y, en fin, y esto también se me ha criticado, el que yo el año 1917 hiciera la donación de la Casa del Pueblo a los obreros de Palma.»[34]

También hizo referencia a las ayudas que había concedido a la revista La Correspondencia Militar, a petición del dictador Primo de Rivera. Dijo que lo había hecho durante un corto período de tiempo, pasado el cual le dijo al general que ese proyecto editorial no tenía viabilidad y que él no podía seguir colaborando en algo que no tenía futuro.

Después de interminables y agotadoras sesiones, la Comisión de Responsabilidades, en junio de 1932, a través del diputado Rodríguez Piñero, en representación de la Comisión, presentó un suplicatorio al presidente de las Cortes, el socialista Julián Besteiro, para que la Cámara autorizara el procesamiento de March por un presunto delito de inducción a la prevaricación y por soborno.

El 15 de junio de 1932, las Cortes votaron a favor de levantar la inmunidad parlamentaria al diputado Juan March. El mismo día fue detenido y conducido a la prisión Modelo de Madrid. Fue encerrado en una celda de pago individual. Durante el período en que estuvo recluido compartió presidio con muchos detenidos políticos, sobre todo anarquistas y comunistas, con los primeros de los cuales estableció relaciones interesadas que se prolongaron hasta el final de la República. Cuando March necesitó encontrar algunos pistoleros para intimidar a sus enemigos o para protegerse, siempre encontró algún miembro de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) dispuesto a realizar este cometido.

Ante el alud de protestas de organizaciones cívicas, entidades públicas y privadas, y partidos políticos de la oposición en contra de la permanencia de March en la prisión, a las que se añadieron las críticas de los autores de artículos periodísticos especialistas en temas judiciales, que cuestionaban los principios jurídicos de la acusación, a los enemigos de March en la Comisión no les quedó más remedio que revolver en los archivos de Primo de Rivera para intentar encontrar algún nuevo documento que pudiera ser utilizado como nueva prueba inculpatoria. Localizaron una carta que había escrito Juan March, en 1922, dirigida al embajador francés en Madrid, en la que le pedía la intervención del Gobierno francés ante las autoridades españolas, a fin de que se persiguiera el contrabando que desde las plazas de soberanía española (Ceuta y Melilla) se hacía en dirección al Protectorado, donde él era el subarrendatario de la compañía francesa Société Internationale de Régie C-Intéressée de Tabacs de Maroc. En la carta, March señalaba que este tráfico ilegal contaba con el apoyo logístico de las autoridades civiles y militares españolas en el norte de África.

Según las apreciaciones de los miembros más radicales de la Comisión, esta protesta formal habría podido generar un conflicto armado entre los dos países. Por tanto, interpretaron que la actuación de March podía calificarse como un delito de alta traición. En el seno de la Comisión de Responsabilidades se discutió la conveniencia de presentar un nuevo suplicatorio en las Cortes para poder procesar a March por este grave delito. Se sometió la propuesta a votación y ganó por mayoría.

«Entendiendo la Comisión que era constitutivo de un delito de traición del artículo 123 del Código penal de 1932, referente al español que indujera a una potencia extranjera a declarar la guerra a España. O bien de los que comprometan la paz o la independencia del Estado, comprendido en el 134.»[35]

Más que de un contrabando organizado desde Ceuta y Melilla en dirección al Protectorado, March se quejaba, sin explicitarlo en la carta, de que en las ciudades citadas los habitantes habían dejado de comprar su tabaco por la política de abaratamiento de precios de la Compañía Arrendataria, dirigida por Francesc Bastos y aplicada a partir de 1921.

La Comisión de Responsabilidades había cometido una serie de errores: el primero, investigar los presuntos delitos de contrabando cometidos por March, materia propia de los tribunales de la justicia ordinaria. El segundo, incriminar a March de los delitos de inducción a la prevaricación y soborno después de que se habían resuelto favorablemente a March las dos querellas presentadas por Galarza ante el Tribunal Supremo por las mismas causas, cuando ocupaba la fiscalía general del Estado. Al final, no se sostenía judicialmente acusar a March de alta traición, por haber enviado una carta de protesta al máximo representante diplomático francés en España como subarrendatario de la Société Internationale de Régie, aunque el contenido no reflejara la veracidad de los hechos. Alegar que esta acción de protesta formal era motivo suficiente para provocar una guerra con el país vecino era absurdo. Hay que añadir que, antes de que March la hubiera formulado, ya lo había hecho, con anterioridad, en términos similares, la compañía francesa concesionaria del monopolio de venta de tabaco en la zona del Marruecos español, la que lo subarrendaba a March. Ambas quejas fueron tramitadas desde la Embajada francesa por la vía ordinaria. Por tanto, los funcionarios franceses no consideraron que los escritos representaran ningún peligro para la paz.

Es preciso resaltar que la Comisión de Responsabilidades tenía la competencia para investigar los actos, hechos y actuaciones cometidos durante el período de las dictaduras (1923-1931), y la carta que debía servir de prueba para acusar a March de alta traición había sido escrita y enviada en 1922.

12

El golpe de Estado del general Sanjurjo

Los reaccionarios rompen las reglas del juego democrático

En 1932, mientras un sector de la derecha jugaba a la táctica posibilista de obstruir la acción parlamentaria, sirviéndose de una manera perversa de los meandros del reglamento de la Cámara, los militares monárquicos, sulfurados por la reforma de Manuel Azaña, preparaban un golpe militar. Hacía unas semanas que March había ingresado en la prisión y los golpistas ya tenían un banquero para financiar la asonada.

El diputado Layret, de Esquerra Republicana, presentó una queja formal en la Comisión de Responsabilidades por las condiciones de privilegio de que disfrutaba March en la prisión. Contó que un día el director autorizó que un dentista no funcionario atendiera al paciente March, que se quejaba de dolor en una muela. El dentista se presentó en el centro penitenciario acompañado por una despampanante enfermera. Mientras el dentista se dedicaba a curar una imaginaria caries, la señorita daba con sus labios carnosos consuelo al miembro viril, que no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo desatendido. La mujer, con su experiencia y buenas artes, le hizo sentir un placer sensual intenso. March se sintió confortado. Había conseguido aplacar su pasión carnal. En este caso, no fue la mujer, por estar excitada, la que buscó el acercamiento al varón, fue el dinero lo que la aproximó a un hombre amante de los placeres «mundanos».

El general Sanjurjo se había convertido en el jefe de la conspiración: en la milicia se lo conocía como «el león del Rif», un africanista que había combatido contra las cabilias del Rif y que contaba con un gran prestigio entre los oficiales que habían hecho la guerra en Marruecos.

En marzo de 1932, Sanjurjo hacía unas declaraciones a un periodista francés que corroboran la percepción que tenía del Ejército el general: una institución autónoma por encima del poder civil y, por tanto, destinada a intervenir cuando los altos mandos creían que el Gobierno se apartaba de la tradición, el orden establecido, las esencias patrias y los intereses de la institución armada y aquellos de las clases dominantes:

«Serviremos lealmente al gobierno actual, pero si, por desgracia, las presiones de la izquierda conducen a España a la anarquía, rápidamente asumiremos completa responsabilidad para restablecer el orden. Nuestro deber primordial es el mantenimiento del orden público, y lo realizaremos a toda costa. Ningún gobierno revolucionario se instalará en España.»[1]

Muchos militares, príncipes de la milicia, corrían el peligro de perder, con la reforma emprendida por el nuevo ministro de Guerra, Manuel Azaña, el estatus social privilegiado que habían disfrutado durante la Monarquía. Manuel Azaña quería acabar con este cuerpo de elite, intervencionista en temas de política interna y demasiado acostumbrado a mandar fuera del ámbito estrictamente castrense.

Sanjurjo entendía el Estado como una sociedad anónima, de manera que el Consejo de Administración, la oligarquía terrateniente y financiera, y el Ejército, podían sustituir al director general si éste no satisfacía las expectativas y los objetivos fijados por estos poderes tácticos:

«El Estado es como una sociedad anónima: si hay buena gerencia, pues adelante; que hay mala gerencia, pues a cambiarla.»

El coronel Varela, un africanista hostil a la República, que mandaba un regimiento en Cádiz y que se apuntó a la rebelión militar, afirmaba que la República se había transformado en una dictadura civil. Acusaba al Gobierno de insultar al Ejército y recriminaba a la sociedad civil que se hubiera olvidado del patriótico heroísmo del Ejército durante la guerra colonial en Marruecos.

«Comparaba al rechoncho, achaparrado y bon vivant que era Sanjurjo con Cristo […]. La imagen de Sanjurjo como nuevo redentor encaja mal con el hecho, bien conocido entre sus hermanos oficiales, de que durante sus visitas a la capital se pasaba la mayor parte del tiempo en un burdel.»[2]

Los militares monárquicos José Cavalcanti, Emilio Barrera (jefe de la revuelta en Madrid), Fernández Pérez, Luis Orgaz y Miguel Ponte, habían pasado a la reserva como consecuencia de la reforma militar de Azaña, relegados por el Nuevo Régimen. Ninguno de ellos estaba dispuesto a perder su influencia en la vida nacional (esa concepción equivalía para ellos a «dominar nuestro cortijo»).

March conocía a la mayoría de los mandos militares destinados en África, y entre ellos, particularmente al general Sanjurjo. La disciplina militar aplicada a los hijos no es una garantía de buena educación. Al general le salió un hijo golfo que se había metido en unos cuantos negocios que resultaron ruinosos. Estaba cargado de deudas y los acreedores lo acosaban de firme. Sanjurjo recurrió a March para que pagara las deudas y sacara a su hijo de aquella situación tan apurada. March respondió solícito a la demanda. Lo liberó de sus acreedores y, a través de sus influencias, lo colocó como agente de bolsa.

March había informado a los vocales de la Comisión de Responsabilidades que, desde 1911, había tenido negocios en África, y los emplazó a que solicitaran referencias sobre su conducta a todos los altos comisarios y comandantes generales que estuvieron destinados allí. «Tengo el convencimiento de que ninguno de ellos señalará ni la más pequeña falta mía, y no dirá que me haya tenido que llamar la atención en ningún caso.»[3]

La conspiración iba sumando adeptos, y uno de los más destacados fue el inefable Lerroux: prófugo, ex croupier y ex director del diario El País, cargo puramente formal que comportaba el riesgo de ser denunciado por algún lector ofendido a causa del contenido de algún artículo publicado. Si la querella era admitida a trámite por el juez, acabaría sentado en el banquillo de los acusados, y peligraba su libertad. Era la manera de ahorrar este mal trance a quien realmente hacía las funciones ejecutivas de director. Antes de ser elegido diputado a Cortes por primera vez, desembarcó en Barcelona como profesional de la política: demagogo, manipulador de masas analfabetas, vendido a la patronal y furibundo agitador españolista, pagado por el fondo de reptiles del Ministerio de Gobernación para contrarrestar el pujante catalanismo.

Lo escrito es una sucinta síntesis biográfica de quien fuera en más ocasiones, durante la República, presidente del Consejo de Ministros. Después de este paréntesis biográfico, seguimos situados cronológicamente en el año 1932, en plena conspiración. Lerroux fue tentado por los militares para participar en ella. El caudillo republicano nunca había tenido una ideología que fuera más allá del disfrute del poder por el poder y de permanecer en él cuanto más tiempo mejor. Así pues, era lógico que no rechazara la oportunidad. Para él no sería más que un atajo para escalar la cima del poder político.

Si el golpe de Estado triunfaba, Lerroux sería el presidente títere en manos de los militares. Si fracasaba y no era imputado por la justicia, se comprometía a concederles la amnistía cuando asumiera la presidencia del Consejo de Ministros, después de ganar las elecciones que presumía que se convocarían de forma inminente.

En mayo de 1932, tuvo lugar en el palacio del marqués de Quintanar un encuentro de los conspiradores, donde participaron los generales Orgaz y Ponte, y otros jefes y oficiales monárquicos. Entre los civiles que asistieron, se encontraba el representante de March, Juan Pujol, director de Informaciones. El semanario El Obrero Balear, haciendo referencia a la citada reunión, se preguntaba a quién estaba representando el periodista Juan Pujol, «ya que, sin esa representación, su presencia en el movimiento carecía de sentido».[4] El redactor creía razonable pensar que un gran comerciante encarcelado estaba interesado en que la conspiración tomara cuerpo y se llevara a cabo con éxito.

Pujol redactó el manifiesto que haría público el general Sanjurjo, en el momento de iniciarse la revuelta, para conseguir las adhesiones de los capitanes generales de las otras regiones militares.

Lerroux, el 10 de julio de 1932, en un mitin en la plaza de toros de Zaragoza, hizo un discurso claramente anticonstitucional. Afirmó que el Gobierno de Azaña había perdido el apoyo de la nación. Evidenciaba el hecho de que no aceptara, más que cuando le convenía, las reglas de la democracia. Para demostrarlo, habría que haber reclamado al Gobierno una nueva convocatoria de elecciones que ratificaran o desmintieran tales aseveraciones. Pronunció una clara amenaza a Azaña:

«¡Márchate, porque si no, se sublevarán!»[5]

«Quién sabe si se están gestando actos de rebeldía que no bastará la fuerza para reprimirlos, porque aun cuando se reprimieran, quedarían en el fondo como una protesta que se apoya en actos de razón.»[6]

El ministro de Hacienda, Jaume Carner, creía que la radicalización del discurso de Lerroux era consecuencia directa de las presiones que recibía de March desde la prisión:

«Cuentan, además, que ayer le han protestado dos letras a Lerroux; una de 70 000 pesetas, o cosa así, y otra de 7500. El diputado radical Cámara ha llevado el dinero al prestamista para pagar esta última. Sánchez Román ha dicho hoy, delante de varias personas, que March le ha dado a Lerroux 63 000 pesetas para pagar. El discurso de Zaragoza de Lerroux lo atribuyen a influjo de March, que patea en la cárcel; a apuros de dinero, a impaciencia de los leales, a los que desea contentar.»[7]

Azaña, con su ironía ácida, comentaba respecto de la actitud de Lerroux: «Acoge y alienta a los militares descontentos y les hace promesas desatinadas. Nunca verá la política con más elevación que un sargento.»[8]

Dos días antes de la asonada, el Consejo de Ministros adoptó la firme determinación de ordenar el cierre de una serie de expendedurías de tabaco que March había situado en los límites territoriales de las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, y que hacían una competencia desleal a la Canariense. El ministro de Gobernación se debía encargar de transmitir la orden al general Sanjurjo. El general hacía meses que había sido destituido como jefe de la Guardia Civil y nombrado comandante general del Cuerpo de Carabineros, empleo que él había interpretado como una degradación. Una más que probable razón para empujarlo a conspirar. El día antes del golpe militar, el ministro de Gobernación intentó por diferentes conductos ponerse en contacto con el general, pero éste se negó a hablar con él. Pensaba que en aquellos momentos ya no estaba para recibir órdenes, sino para dictarlas.

En la tarde del 9 de agosto de 1932, Lerroux abandonó Madrid, escoltado por agentes de policía involucrados en el golpe. Se refugió en San Rafael de Reyes, donde tenía una casa. Allá esperaría que los militares victoriosos lo reclamaran para ocupar la presidencia del Gobierno.

En la madrugada del 10 de agosto de 1932, fuerzas rebeldes al mando del coronel Muñoz intentaron apoderarse del palacio de Comunicaciones, donde fueron repelidos por las fuerzas leales al Gobierno. Simultáneamente, otro pelotón militar atacó el Ministerio de Guerra, donde esperaba acontecimientos el ministro Manuel Azaña. El Gobierno, que estaba enterado de la asonada, había situado a los guardias de asalto en lugares estratégicos de la capital para hacer frente a los insurgentes. Azaña prefirió no recurrir al Ejército, tal vez recelaba de la lealtad de algunos comandantes. En Sevilla, el general Sanjurjo se autoproclamó capitán general de Andalucía y declaró que la rebelión militar no estaba dirigida contra el régimen republicano, sino contra un gobierno que ya no representaba la voluntad general. El general golpista asumió todos los poderes. Rodeado de militares sediciosos leyó en tono «viril» la proclama, redactada por un empleado de March. Cuando finalizó la lectura, gritó «¡Viva la España indivisible!», lema que fue unánimemente contestado por los presentes con «vivas» a España.

Los militares golpistas pretendían restablecer la legalidad y la justicia a partir de un acto ilegítimo. Querían imponer la paz con una acción violenta, aspiraban a instaurar la libertad a través de la coerción, y querían evitar la descentralización imponiendo a la fuerza el uniformismo centralista.

El general Sanjurjo esperaba que su prestigio fuera suficiente para provocar un efecto dominó, de manera que los capitanes generales de las distintas regiones se solidarizaran con el golpe militar, como solía ocurrir en el siglo XIX. Pero la derrota de los sediciosos en Madrid tuvo un efecto desalentador entre los militares que esperaban pronunciarse cuando ya se entreviera hacia qué lado se inclinaba la balanza. Cuando Sanjurjo fue informado del fracaso del golpe en Madrid, no supo reaccionar y se atrincheró en Sevilla, sin intentar dominar el resto de las provincias andaluzas. En cambio, el Gobierno actuó con prontitud y puso en marcha una columna del ejército leal, que desde Madrid se dirigió hacia Sevilla para cerrar el paso a las fuerzas insurgentes, en el caso de que los rebeldes intentaran avanzar sobre la capital.

El Gobierno, para conseguir el apoyo político de todos los grupos parlamentarios, convocó un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Antes de iniciarse, ya se produjeron algunos incidentes en los pasillos del Congreso, cuando el diputado de extrema izquierda Sediles se dirigió a un grupo de diputados radicales acusándolos de deslealtad con la República, por haberse involucrado en la conjura militar. Durante la celebración del plenario, el diputado catalán Jiménez, sutilmente, hizo cómplice de la rebelión al Partido Radical. Lerroux temió que, si replicaba, podía provocar un alud de incriminaciones de los diputados de la izquierda y de los mismos republicanos sobre su reprochable conducta. Si eso sucedía, significaría el final de su carrera política.

Su lugarteniente, Martínez Barrio, se percató del peligro que corría el partido si ningún diputado de su grupo respondía a las acusaciones que se les acababan de formular. Entonces pidió el turno de palabra al presidente de la Cámara para intervenir por alusiones, es decir, para defenderse de los ataques que les habían lanzado otros grupos parlamentarios. Su parlamento consistió en una defensa de los valores republicanos y democráticos que, según afirmó, eran los pilares en los que se asentaba la acción política del Partido Radical. Negó cualquier tipo de complicidad o vínculo con los sublevados. Martínez Barrio sabía que Lerroux estaba implicado en el golpe, hecho que deja traslucir en sus memorias cuando escribe: «Lerroux, colocado en un escaño cerca del mío, no pestañeó, y yo tuve la sensación neta de que no pensaba ni siquiera replicar. Desdén, puro desprecio a la ruin persona que nos había agraviado. Pero ¡ay! César, embozándose en la clámide, sin justificarse, explica la acción de Bruto.»[9]

El general Sanjurjo, cuando comprobó que no tenía suficientes apoyos, intentó huir hacia Portugal y fue detenido en la frontera. Fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte. Lerroux fue el primer político en pedir el indulto, a pesar de que el secretario del general Sanjurjo, José Matres, pocos días antes había declarado delante del juez instructor que Lerroux estaba implicado en la conspiración.

El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se inquietó por las consecuencias políticas que podían afectar al sistema democrático, si el juez citaba a declarar a Lerroux y lo imputaba.

El Socialista avisaba a sus lectores de que en altas instancias del poder se consideraba su procesamiento como una forma de debilitar la República y de exponerla a ser dominada por las opciones autoritarias. El grupo parlamentario de Lerroux era el más numeroso de la Cámara, después del socialista.

Una práctica habitual que utilizaron los gobiernos republicanos, en absoluto democrática, fue el secuestro de determinados diarios. Después del golpe de Estado de Sanjurjo, el Informaciones de March fue secuestrado. Igualmente lo fueron el monárquico ABC y El Debate, de los Propagandistas Católicos. En cambio, el otro diario de March, La Libertad, pudo seguir publicándose porque se manifestó opuesto al golpe militar. El director de La Libertad, días después de la asonada, escribía que había corrido el rumor de que un financiero que permanecía en la prisión (Juan March) había facilitado apoyo a los golpistas del 10 de agosto. El periodista lo negaba y señalaba que cuando se producían movimientos revolucionarios o reaccionarios, en el estado o incluso en el extranjero (Portugal, Cuba), de forma recurrente se afirmaba que era March quien proporcionaba los fondos económicos para que los insurgentes pudieran alcanzar sus objetivos estratégicos: «Y la verdad es, dígase lo que se quiera, que nunca da dinero.»[10]

El Gobierno se envalentonó después de derrotar con relativa facilidad a los rebeldes y aprovechó la coyuntura favorable para aprobar el Estatuto de Cataluña y una tímida reforma agraria.

A Sanjurjo se le conmutó la pena de muerte, la República no quería hacer mártires antirrepublicanos. Lerroux siguió en la política y por causas extrajudiciales no fue imputado por conspirador, craso error. Los mejores años de su carrera política aún estaban por llegar. March siguió encarcelado y tuvo nuevos compañeros con quienes compartir su soledad: algunos militares acusados de rebelión.

March había perdido la batalla de las armas. Ahora comenzaría una nueva: una campaña de prensa contra el Gobierno que, a la larga, le aportaría mejores resultados que la anterior.

Todo pasa y todo queda. March pensaba que las circunstancias eran cambiantes y que después de unos acontecimientos adversos, como el fracasado golpe de Estado, sobrevendrían otros de signo contrario. No podía dejarse llevar por el desánimo. Había que seguir conspirando y atacando al Gobierno.

En la prisión, la rutina engaña y nos hace creer que el tiempo no pasa, pero no es así, los días se suceden y las estaciones languidecen. No hacía falta salir al patio de la prisión para adivinar que el invierno había llegado. Pocos días antes de la noche de Navidad, uno de los prisioneros escribió una carta que dirigió al director del hotel Palace, del que March era socio. Encargó tantos menús navideños como número de presos recluidos en aquel establecimiento penitenciario. El encargo iba firmado por Juan March, o así lo creyó el director del hotel. El truhán imitó a la perfección la rúbrica del financiero. En la tarde de la vigilia de Navidad, aparcaron delante de la prisión dos camionetas cargadas de víveres, turrones, vinos y cava, todo de primera calidad. Por la noche se organizó una gran cena. A la hora de brindar, todo el mundo agradecía a March su gesto generoso. March correspondía con un leve movimiento de aprobación. Se olía que le habían hecho una jugarreta. Estaba claro que era él quien pagaba la cena sin haberla encargado. Al día siguiente, le informaron qué preso había sido el responsable de la treta y no le hizo ni pizca de gracia. Pero por primera vez, y quizá por última vez, no intentaría vengarse. Bien pensado, era conveniente que los presos le estuvieran agradecidos. Era una manera de tenerlos a su favor.

13

March pone en marcha una campaña de prensa para conseguir su libertad

La prensa adicta a March, un estilete contra el gobierno

March, desde la prisión, consciente de la influencia de la opinión pública en la primera etapa democrática de nuestro país, puso en marcha una campaña de prensa contra el Gobierno. La iniciaron en primera instancia los periódicos de su propiedad, a los cuales se sumó La Tierra, de clara tendencia anarquista. «La Tierra, desde un anarquismo militante, añadió su propia contribución a la erosión del régimen republicano, para contento de March, más que probable financiador del mismo.»[1]

Cuando estaba en libertad, despachaba con sus directores en uno de los salones privados del hotel Palace de Madrid. Cuando fue encarcelado, siguió haciéndolo en un despacho improvisado en un extremo de la celda, en la cual se habían hecho obras de reforma y ampliación para que Verga pudiera atender a sus asuntos junto a sus colaboradores que le visitaban a diario.

March no dejaba nada a la improvisación y discutía a diario con ellos la línea editorial a seguir. Incluso opinaba sobre las noticias que a primera vista no parecían tener demasiada relevancia.

La campaña de prensa pivotó básicamente sobre un eje: March había sido perseguido y encarcelado por negarse a financiar la campaña del movimiento revolucionario contra la Monarquía.

Los diarios consideraban que el régimen de prisión preventiva al que estaba sometido March no se podía calificar de medida cautelar, porque March había tenido, antes de ser encarcelado, ocasión de abandonar el país y no lo había hecho. Seguro que pensó que, si se atrevía a hacerlo, el Gobierno podía iniciar un proceso de expropiación de sus bienes en el territorio nacional. Los articulistas afines insistían en que mantenerlo privado de libertad debía considerarse una revancha.

Mientras la prensa seguía en sus trece, los hombres de March buscaban apoyos entre los miembros de la Comisión de Responsabilidades, el tribunal político de la República. Rodríguez Piñero, del Partido Radical, se convirtió, en el seno de la Comisión, en el primer defensor de March. En un artículo que publicó en La Libertad, informó que el monopolio de tabaco en las ciudades de soberanía, cuando estuvo gestionado por March, resultó para el Estado más rentable que nunca: si hay ganancias, por qué buscarle cinco patas al gato y discutir sobre los meandros de las leyes.

El vocal de la Comisión puntualizaba que, suponiendo que March hubiera cometido un delito de soborno, sólo se le podría aplicar una pena de presión correccional y, por tanto, se le aplicarían los beneficios del indulto que había concedido el Gobierno provisional poco después de la proclamación de la República. El artículo de Rodríguez Piñero tuvo un gran impacto en la opinión pública y entre los miembros de la clase política. Hasta entonces, en el seno de la Comisión, se había mantenido una cierta unanimidad en cuanto a no modificar la condición de privación de libertad de March. Pero Rodríguez Piñero la rompió y sostuvo que sólo se podía poner fin a aquella injusticia dejando al reo en libertad.

Desde los sectores de la derecha y de la extrema derecha, culpaban a los socialistas y a los radical-socialistas de querer forjarse una imagen de incorruptibles, a través de la intransigencia en el caso de March.

Los anarquistas, con su habitual sorna, transcribían en su diario:

«El Sr. March es un escudo, una muestra, un argumento para los que hasta ahora administran la República. Cuando un desacierto provocaba las iras del pueblo, surgía el espantajo del encierro de March. Los profesionales del Gobierno decían: “Ved si somos rectos que no soltamos a March a pesar de sus millones.”»[2]

Los socialistas replicaron a las acusaciones de sus adversarios diciendo que el encarcelamiento de un millonario o de un general había sido hasta entonces un hecho insólito en España. Pero que, de ahora en adelante, había que acostumbrarse a ello. El Socialista proclamaba que este caso iba a cambiar la concepción de la justicia imperante durante la Monarquía: tan reverente con los ladrones de millones como severa con los que hurtaban pan para saciar su hambre.

A medida que transcurrían los meses y la situación de March no mejoraba, tuvo que incorporar nuevos diarios a la campaña contra el Gobierno y a favor de su liberación. ABC y El Debate se adhirieron. En Barcelona corrió el rumor de que el diario católico había recibido de March una subvención de tres millones de pesetas. Si fuera así, comentaba un periodista en la prensa barcelonesa, el escritor Josep Pla, amigo de March, pronto sería nombrado nuevo director.

El diario de extrema derecha La Nación estaba dirigido por Delgado Barreto, un antiguo conocido de March. Cuando March se presentó, en 1923, a las elecciones legislativas, el periodista trabajaba en el diario La Acción e hizo una campaña hiriente contra el candidato. Pero, cuando nos conviene, las personas tenemos memoria selectiva. Y Delgado Barreto, cuando recibió el dinero de March, se olvidó de todo cuanto había dicho contra él en el pasado y se puso incondicionalmente a su lado. Sería interesante recordar lo que había dicho Delgado Barreto unos años antes:

«Se ha equivocado usted, Sr. March. Usted está acostumbrado a que la fuerza de sus millones lo venza todo: voluntades y leyes, hombres y cosas.

»Dos cosas pueden hacerme cambiar mi conducta: el mandato de mi conciencia, advertida de un error, o la muerte.»[3]

El comportamiento de los jefes anarquistas que controlaban la línea editorial del diario La Tierra es un caso particularmente ilustrativo que ayuda a dudar de la solidez de las ideologías cuya doctrina debería guiar buena parte de las actuaciones de quienes las profesan.

Se da el caso de que alguno de los artículos publicados en La Tierra fue escrito por uno de los redactores que trabajaban en el diario Informaciones, cuyo titular era March. El diario anarquista tenía su sede en el local donde tiempo atrás habían estado ubicadas la rotativa y la dirección de Informaciones. A Manuel Azaña no se le escapaba que el diario anarquista La Tierra seguía los dictados de March en sus campañas contra el Gobierno.

«La Tierra es revolucionarísima, pero lerrouxista, porque está sostenida por March.»[4]

El franquista de la primera hora y monárquico de convicción, Pedro Sainz Rodríguez, avala en sus memorias la tesis apuntada por algunos políticos e historiadores según los cuales el director de La Tierra, Cánovas Cervantes, se dejaba sobornar por las fuerzas políticas reaccionarias. Pedro Sainz afirma que él mismo actuó de correo de los monárquicos para hacerle llegar cantidades pactadas.

«Yo personalmente redacté algunos de los artículos que se publicaron en La Tierra, y el Sr. Cánovas Cervantes, director y propietario del periódico, se citaba conmigo […], allí recibía Cánovas Cervantes un sobre en el que iban las directrices de la campaña, textos redactados por nosotros y una muestra de nuestro agradecimiento por esta colaboración política.»[5]

Por la importancia que tuvo el cambio de orientación política de los diarios integrados en el grupo de la Compañía Editorial Española, habrá que hacer una breve mención a las causas que lo motivaron. Al comienzo de la República, Azaña, con la colaboración de Jaume Carner, había propiciado el cambio de titularidad de este grupo editorial, que pasó a manos de un grupo de ideología republicana encabezado por el empresario Luis Miquel. Pero, en 1933, en plena pérdida de credibilidad del Gobierno de Azaña, el empresario pasaba por serias dificultades financieras. La empresa periodística editaba los periódicos El Sol, Luz y La Voz, los cuales, hasta ese momento, habían sintonizado con la actuación política del presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña. Pero la crisis económica de la empresa hizo posible un encuentro entre el administrador de March y el propietario. Los contactos fructificaron. Miquel recibiría un préstamo de March de 500 000 pesetas, a cambio de que sus diarios efectuaran un giro de 360 º en la línea editorial respecto del Gobierno y se sumaran a la causa del financiero. Los periódicos entraron de lleno en la campaña de prensa que perseguía el alejamiento de los socialistas del poder y apostaba por la formación de un Gobierno republicano encabezado por Alejandro Lerroux, lo cual equivalía a que alcanzaran el poder los amigos políticos de March.

Azaña relata en sus memorias que Miquel había perdido tres millones de pesetas: «Es indudable que March y sus íntimos creerán al comprar al empresario de prensa que compran a alguien del Gobierno.» El gerente del diario El Sol, antes de ser destituido y con anterioridad a que se consumara el pase del grupo editorial al bando antigubernamental, preguntó a Azaña si no «se podía ayudar a Miquel para impedir que caiga en manos de March». Azaña contestó, poco pragmático: «No. Ni se puede ni se quiere.»[6]

Una vez que el empresario de prensa quedó ligado al financiero, uno de los hombres de confianza de March, el doctor Marañón, se presentó en Presidencia y ofreció un trato: si su patrocinado obtenía la libertad, los diarios de la Compañía Editorial Española darían de nuevo apoyo al Gobierno.

«March ofrece su prensa, al Gobierno, si le ponen en libertad. Tiene prisionero a Miquel por 500 000 pesetas; y puede “deshacer el mito Miquel” en un momento.»[7]

El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, se lamentaba de los ataques que recibía desde las páginas de los diarios El Sol y Luz, y escribió en sus memorias: «En Luz, donde me aclamaban genio, me llaman ahora estúpido. En El Sol hablan de mi mente como la de un loco o la de un bruto.»[8] Azaña no entendía que un hombre de la categoría intelectual de Ortega y Gasset diera apoyo a una campaña contra el Gobierno.

«No sé qué envenenamiento del amor propio le lleva a Ortega a estas cosas, ni a respaldar personalmente una campaña entablada por los móviles más bajos; y detrás de la cual está March.»[9]

Azaña contaba con que Miquel, antes de estar atado a March, había solicitado al Gobierno una subida del precio de los diarios, para poder superar la crisis financiera que padecía su empresa editorial. El Consejo de Ministros dio una respuesta negativa a la demanda, a causa de las presiones de los ministros socialistas, que temían que si aumentaba el precio de los diarios bajaran las ventas de la prensa socialista regional y las de El Socialista, de ámbito nacional. El editor Miquel, para poner remedio a los desequilibrios en las cuentas de resultados, intentó en vano vender al Estado unos solares de su propiedad en Madrid.

En junio de 1933, cuando hacía justo un año de su encarcelamiento, March incorporó a su órbita los diarios de la Compañía Editorial Española. En las adhesiones a March, el Gobierno había perdido influencia en la prensa de la capital del Estado: tan sólo podía contar con el apoyo del Heraldo de Madrid y de El Liberal, además de El Socialista. Ramón Garriga, biógrafo de Juan March, recoge los comentarios del New York Times, en 1933, según los cuales toda la prensa de Madrid estaba bajo el control de March. No llegó a tales extremos, pero faltó poco para que se convirtiera en un monopolio «verguista».

El diario local La Razón, en agosto de 1933, publicó un monográfico sobre el caso March. El articulista no se mordía la lengua a la hora de defender a March. Los argumentos que empleaba superaban los límites de la decencia y la legalidad: «March es un contrabandista, se me dirá, y respondo yo: como español libre, como ciudadano de un pueblo que soñó siempre en un bienestar que jamás vio logrado, admiro a March, precisamente por esto, porque fue contrabandista. Porque mientras el Gobierno de antes, como el de ahora, consentía que una Compañía Arrendataria intoxicara al pueblo español obligándolo a fumar tabaco pésimo y caro, los contrabandistas le daban una lección que por desgracia no ha resultado provechosa.

»En otra nación, March sería considerado como orgullo de raza por representar al hombre luchador que sabe emanciparse de su pobreza y ascender hasta donde otros, con apoyos o quizá méritos insuficientes para ello, no han ascendido.»[10]

Transcurría el tiempo, con lentitud. La campaña de prensa había erosionado al Gobierno de coalición republicano-socialista. Pero no había alcanzado su principal objetivo: que March recuperara la libertad.

Azorín, adalid de los defensores de March

José Martínez Ruiz, conocido en el mundo literario como Azorín, fue un autor prolífico, escribió ensayo, novela, teatro y artículos periodísticos. Era un enamorado del paisaje español, que integró en la mayoría de sus obras, y un gran admirador de los clásicos, que contribuyó a popularizar. Fue miembro de la Real Academia Española. En 1954 fue galardonado con el premio Juan March de las Letras, y en 1966 se le concedió el Premio Nacional de Literatura.

En junio de 1933, el escritor se incorporó a la nómina del grupo de periodistas que, desde las páginas de los diarios donde trabajaban, se esforzaban por conseguir la liberación de March. Su cometido era criticar encarnizadamente los métodos y las maneras de hacer de la Comisión de Responsabilidades y las actuaciones del Gobierno.

Azorín publicará una serie de artículos en defensa de March en el diario Luz, que reproducirán algunos periódicos de mayor difusión. El escritor presentó su actuación periodística como un deber ético de un profesional comprometido que se rebela contra las injusticias, las denuncia a la opinión pública y asume con valor el riesgo de hipotéticas represalias desde el poder. Obviamente omitió referirse a los incentivos económicos que recibiría por escribir por encargo de March, no fuera cosa de que se mancillara la pureza de su impulso solidario.

Después de anunciar el principio básico que justificaba su actitud, desgranó las razones más concretas que lo habían empujado a denunciar la iniquidad que se cometía contra March. En primer lugar, proclamó de manera taxativa que defendía a March porque le daba la gana, recordemos sus veleidades ácratas durante el período juvenil. En segundo lugar, consideraba que se había cometido una gran injusticia y era necesario que los culpables pagaran la fechoría. A continuación, expresaba la profunda decepción que le causaba comprobar que los individuos que habían llevado a término aquella siniestra persecución eran hombres inspirados por el nobilísimo espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.

Escribía en uno de sus artículos: «No se puede hacer en un país civilizado lo que se ha hecho con don Juan March. España no es un poblado del centro de África. España no es la Polinesia poblada de antropófagos.»[11]

La tercera razón que esgrimió para adquirir el compromiso de apoyar a March fue por su condición de hombre rico. Para explicar el significado de este razonamiento se remontó al siglo XVIII y contó el episodio que le ocurrió a Gaspar Melchor de Jovellanos cuando viajaba por tierras castellanas con un carruaje por caminos polvorientos y pedregosos. De pronto, al atravesar el pueblo de Cañizal, en una curva, el vehículo volcó. Los vecinos del pueblo se movilizaron para auxiliar a los viajeros que acompañaban a tan ilustre personaje. Mientras los más fuertes se esforzaban por enderezar el carruaje, Jovellanos vislumbró, a una cierta distancia, a un vecino que no se había inmutado. Seguía sentado observando atentamente lo que sucedía ante sus ojos. No sintió el impulso solidario de socorrerlos. Jovellanos meditaba sobre el desdén que provocaban los ricos en determinados sectores populares. Azorín se preguntaba: «¿No es ésta una nueva prueba de la desconfianza con que se mira a los que tienen aire de señores?» El escritor no quería encarnar al hombre que se negó a ayudar a quien no pertenece a su misma clase social.

«Yo no he querido ser el hombre que está ante el coche caído sin remediar a los siniestrados. Esta preocupación absurda de que habla Jovellanos ha hecho, en el caso de March, que muchos hombres nobles, inteligentes, generosos, de indudable buen corazón, no hayan querido acercarse a don Juan March para ampararlo […], he procurado hacer, con motivo de este proceso, lo que me ha dictado mi conciencia. No he querido tener en cuenta ni la condición social, [ni la] económica de don Juan March.

»Si mañana otro hombre de distinta condición y de opuestas ideas se hallara en un paso semejante […] le defenderé con el mismo ardor y la misma perseverancia con que he defendido a don Juan March.»[12]

No nos consta que cuando acabó su cometido que le encargó el millonario se dedicara a defender a personas insignes que sufrieron un trato infamante. Uno de los más paradigmáticos sería el trato degradante que recibió Azaña durante la represión que se desató después de la revuelta de Asturias (1934), o la ignominia que supuso la detención y encarcelamiento del noble político socialista Julián Besteiro, en abril de 1939, por los ejércitos de Franco, después de entrar en Madrid. Ni tampoco dio apoyo a los hombres que padecieron en sus carnes la terrible represión, que se hizo interminable, una vez acabada la Guerra Civil.

Sería bueno que, en las escuelas, aparte de hablar de valores éticos, de justicia, de libertad y de solidaridad, los maestros también advirtiesen y previniesen a los alumnos del orden egoísta, plagado de mentiras, que se ha impuesto en la sociedad actual.

La cuarta razón que invocó Azorín para explicar su postura era el españolismo que profesaba, y como consideraba que con el encarcelamiento de March se zahería a la madre patria, no dudaba en rebelarse contra aquellos que le causaban tanto dolor. «Y porque amo a España, me indigna y encoleriza todo cuanto pueda manchar su nombre. El proceso March ha mancillado soezmente su nombre.»[13]

Para concluir, afirmaba que ambos compartían la admiración por el escritor Quevedo, el paladín literario de la sátira. ¿Era verdadera la admiración de March por Quevedo? ¿O este entusiasmo compartido hacia el autor de El buscón formaba parte de la inventiva del literato? Si tal aseveración fuera cierta, no nos causaría extrañeza que el financiero hubiera apreciado el ingenio festivo, burlón e incisivo del escritor al retratar la picardía española. Los relatos del escritor, si realmente los leyó, le parecerían travesuras de inocentes famélicos, si se comparaban con sus procedimientos. También compartiría las sátiras mordaces del autor a los políticos. March decía que los hombres incapaces de administrar de manera eficaz sus negocios elegían la política. En lo que ambos habrían coincidido sería en buscar la complacencia de las hermosas musas de carne y hueso para que les satisficieran sus apetitos sexuales.

El astuto Azorín lanzaba un torpedo en la línea de flotación de quienes habían formado parte del Comité Revolucionario que se había constituido para preparar el advenimiento de la República. Ahora, muchos de ellos ocupaban cargos ministeriales. Recordaba que algunos, al final de la Monarquía, se hacían los encontradizos con March para pedirle ayuda financiera para sacar adelante la revolución —⁠al solicitar la íntima convivencia, pues eso suponía la busca de su colaboración—, se hacían tan dignos como él, y a él, lo hacían tan digno como ellos.»[14]

En relación con la acusación de alta traición que la Comisión de Responsabilidades hacía a March, por haber enviado, en 1922, una carta de protesta al embajador francés en Madrid referente al contrabando que la Compañía Arrendataria supuestamente efectuaba en sus dominios del Protectorado, Azorín afirmaba taxativamente que ningún tribunal imparcial entendería que el ciudadano March, por este hecho, hubiera estado a punto de desencadenar una guerra entre Francia y España. «¿Y puede creer también que si no estalló fue por la prudencia y el espíritu conciliador de Francia?»[15]

La acusación de alta traición podía comportarle, según el artículo 123 del nuevo Código penal, una pena de prisión mayor que lo inhabilitaría para seguir disfrutando del subarrendamiento del monopolio de tabaco en el Protectorado. Azorín aseguraba que eran motivos extrajudiciales los que habían empujado a los miembros de la izquierda en la Comisión de Responsabilidades a formular aquella inculpación. Porque en el momento en que March fuera desposeído del subarrendamiento se podrían unificar de nuevo los monopolios de venta de tabaco en todo el territorio del Marruecos español (Protectorado y ciudades de soberanía española), estas últimas ahora bajo el control de la Canariense, protegida por el Gobierno y participada por capital catalán.

Azorín se quejaba del procedimiento seguido por la Comisión que había imputado a March un delito tan grave sin haberlo interrogado. «Ni aun la Inquisición se permitía tan horrendo desafuero. El último gran proceso de la Inquisición fue el de don Pablo Olavide, en el siglo XVIII, y no se substanció la causa, no se condenó al reo, sin previamente oír a éste ante un numeroso concurso.»[16]

A los miembros de la Comisión les estaba cayendo encima una buena. El socialista Bugeda, uno de los hombres más intransigentes, declaraba a la prensa: «A nosotros se nos ha encargado una misión política y en función de este mandato debemos interpretar la legislación, y dejar de lado el espíritu y la letra de la ley.»

Algunos republicanos y socialistas se obstinaron en convertir a la Comisión en un tribunal político que contravenía uno de los principios básicos de la democracia: la independencia de la justicia respecto del poder político. Ya sabemos que sigue siendo en muchas ocasiones una utopía, pero precisamente esos hombres que inicialmente dirigieron la República eran unos idealistas, o así se proclamaban.

En otro artículo, Azorín se puso a reflexionar sobre la crueldad de la venganza política en España que se ejercía desde el poder contra los opositores. La comparaba con un círculo vicioso que desencadenaba acciones y reacciones a medida que las elites en pugna alcanzaban o eran desalojadas del poder. Enfatizaba que España pasaba por un período de represión implacable contra los opositores de derechas y advertía que, tarde o temprano, las víctimas del presente alcanzarían el poder y pagarían con la misma moneda a quienes hasta hoy habían sido sus verdugos.

«Y si los juzgadores de hoy creen que en ellos termina la dura y secular alternativa hispana —⁠ser víctima o verdugo— y que no han de ser posibles las tornas, darán muestras de un error tan henchido de candidez […]. Nuevos juzgadores depurarán las responsabilidades de los juzgadores actuales. Y tanto como nosotros lamentamos las presentes durezas de los otros juzgadores. Y lo que es más; estaremos dispuestos a defenderlos, consecuentes con que se rompa la cruel trayectoria. Nos aterra pensar el ímpetu arrollador que, en un movimiento de reacción vital, hacia el cual caminamos, tendrá la vindicta de la pasada vindicta.»[17]

Azorín tuvo una premonición trágica que, por desgracia, se materializó en la Guerra Civil.

De entre los artículos que escribió, destaca, por el impacto que causó en la opinión pública, el que tituló «Yo acuso a Juan March», y que se publicó en Luz el 22 de julio de 1933. Pretendía ser una réplica de la famosa catilinaria J’accuse, que escribió Émile Zola y que publicó L’Aurore, por la cual fue juzgado y condenado, en el año 1898. La carta pública de Zola iba dirigida al presidente de la República Francesa y era un alegato en defensa del capitán judío Dreyfus, condenado injustamente por un tribunal militar por espionaje a favor de Alemania. El juicio había sido un acto vengativo para saciar el antisemitismo de los sectores sociales más reaccionarios de Francia. Azorín intentó establecer determinadas similitudes entre la persecución y represión ejercida sobre ambos personajes.

Cuando se refirió a la acusación de soborno para obtener, en 1937, el monopolio de venta de tabaco en Ceuta y Melilla de forma irregular, hábilmente aludió, tan sólo, a una de las pruebas acusatorias: la carta en que March se avenía, a petición de Primo de Rivera, a hacer una donación de 100 000 pesetas a La Correspondencia Militar. Eligió la prueba más fácil de refutar.

«Para don Juan March cien mil pesetas no eran una montaña. Para un cohecho, cohecho del presidente del Consejo, esas cien mil pesetas eran como diez céntimos. ¿Quién soborna a un dictador todopoderoso con diez céntimos?»[18] No mencionó el afer de las joyas que presuntamente March había regalado a la reina.

Después de la caída del Gobierno de Azaña y de los socialistas, en septiembre de 1933, y del paso fugaz por la presidencia del Consejo de Ministros de Lerroux, el 8 de octubre de 1933, Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux, formó un gobierno republicano provisional hasta las elecciones legislativas, convocadas para el mes de noviembre. Azorín dirigió una carta pública al nuevo presidente en la cual le pedía que pusiera fin a la arbitrariedad que suponía mantener a March diecisiete meses recluido, en régimen de prisión preventiva. Se mostraba convencido de que si el presidente accedía a la petición de libertad, se restauraría la tradición del republicanismo, que repudiaba el recurso abusivo a la prisión preventiva.

«Ha tenido vuecencia la modestia de declarar limitada la vida del Gobierno; pero la limitación no es inhibición. No puede inhibirse un presidente del Consejo jamás en asuntos que interesan a la justicia […].

»Con serenidad, con entereza que responda a su carácter, con el mismo gesto amable, modesto y sencillo con que aceptó el Poder, debe imponer vuecencia en este trance, en el proceso inicuo de don Juan March, el respeto a la ley y el culto a la justicia.

»La concordancia entre la realidad actual y la Historia debe restablecerse. Un jefe de Gobierno, animoso y joven, como vuecencia, debe con decisión justiciera poner en libertad a un ciudadano, D. Juan March, preso arbitraria e ilegalmente desde hace diecisiete meses y víctima de la más repulsiva venganza.»[19]

La coalición gubernamental cometió un grave error dejando pudrir el caso March sin que la mayoría republicana socialista en las Cortes asumiera la responsabilidad de juzgarlo o de remitir el caso a los tribunales ordinarios, como se habría hecho en una democracia consolidada. Mantenerlo encarcelado durante tanto tiempo proporcionó argumentos a la oposición política y a la prensa afecta para calificar el proceso de inquisitorial. El éxito de la campaña de prensa consistió en convertir a March en una víctima de la revancha política de la izquierda, por no haber satisfecho la demanda financiera que le habían hecho cuando pretendían instaurar la República. Esta actitud inflexible y poco pragmática de unos cuantos miembros de la coalición gubernamental creó una corriente de opinión favorable a su persona. El presidente de la Cámara de los Diputados, el socialista Julián Besteiro, un hombre sensato y realista, comentaba a Manuel Azaña que los asuntos de las responsabilidades políticas acabarían devorándolos. Se refería indudablemente al caso March.

Justo antes de la aprobación de la Constitución (1932), Azaña señaló, en el seno del Consejo de Ministros, que la Ley de Defensa de la República, una ley de excepción, y la ley que había instituido la Comisión de Responsabilidades eran manifiestamente anticonstitucionales. Pero, como creía que seguían siendo políticamente necesarias, plantearía el caso en las Cortes. «Yo no cargo con la responsabilidad de mantener en vigencia esas leyes ni veinticuatro horas después de votada la Constitución.»[20] Si las Cortes rechazaban la propuesta, pondría en libertad a todos los detenidos por orden de la Comisión, entre los que estaba March, la disolvería y enviaría toda la documentación sobre la instrucción a los tribunales ordinarios. Una actitud antagónica sobre la instrucción de la ideología democrática que profesaba. Aún choca más este comportamiento por dimanar del político que más luchó por consolidar una República democrática. Para millones de españoles Azaña encarnaba las virtudes y los principios del régimen parlamentario democrático. Una mácula en su carrera de político demócrata. Dejando de lado esta cuestión, no puede extrañarnos que los defensores de March rechazaran la continuidad de una Comisión de Responsabilidades ilegal y, en consecuencia, proclamaran la ilegitimidad del encarcelamiento de su patrocinado.

14

El doble crimen de Argel

Otro capítulo de la guerra entre March y la familia Garau

En junio de 1933, Juan March no veía aproximarse el fin de su largo cautiverio al que estaba sometido. Las campañas de prensa que propugnaban su inocencia y la lucha pertinaz de los abogados defensores habían fracasado, porque no habían conseguido su objetivo: conseguir su puesta en libertad. Los socialistas, radical-socialistas y republicanos de izquierda, que eran mayoritarios en el seno de la Comisión de Responsabilidades, se mantenían firmes y no cedían ante las múltiples presiones.

La medida se había vuelto impopular. Los tribunales políticos o de excepción, cuya legitimidad se asienta en la razón de la fuerza, antes de que se inicie el juicio ya han decidido el veredicto, pero, a pesar de ello, intentan enmascararlo. Y dictan una sentencia tan fundamentada como son capaces, con el fin de persuadir a la opinión nacional e internacional de que su actuación ha sido imparcial y ajustada escrupulosamente a los dictados de la ley. Si se designara a cada cosa por su nombre, la política quedaría huérfana de discurso.

March se saltó las reglas e ideó una maquinación para eliminar a los políticos Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, e Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas. A ambos los hacía responsables de las penosas condiciones en que vivía. En el caso de Azaña era del todo incierto.

En el complot pretendía involucrar a Francesc Garau para que fuera inculpado de cómplice del magnicidio: de esta manera se materializaría su venganza. Recordemos que Francesc Garau, en el mes de septiembre de 1931, había viajado a Madrid para declarar contra March ante los miembros de la Comisión de Responsabilidades.

Así lo describe Azaña en sus memorias: «Y hoy Casares me ha contado que uno de varios individuos de la CNT, detenidos el otro día, dijo que si le dejaban suelto contaría cosas importantes. Entre otras cosas ha contado que hay unos sujetos encargados de asesinarme antes del día 5, y añade que están pagados por March. La policía ha detenido al principal de la cuadrilla, pero es de suponer que, aunque fuese verdad lo que declara aquel individuo, no se averiguaría nada […].

»Recibo de Gobernación informes de lo que se prepara. El día 9 estalla una huelga general de la CNT. Se relaciona este asunto con las revelaciones de un sujeto sobre el plan para asesinar al presidente del Consejo y a Prieto.»[1]

La primera actuación que hizo March para que la trama tuviera posibilidades reales de éxito, fue reconciliarse con Jaume Ramis, alcalde de Alcúdia, antiguo socio y hombre que había gozado en el pasado de su máxima confianza. Era un hombre corpulento y atrevido, que cuando se peleó con March abandonó el Partido Liberal, controlado por aquél: los negocios y la política iban de la mano.

Cuando se proclamó la República, ingresó en las filas del Partido Radical-Socialista. Pertenecía a la corriente que acaudillaba Marcelino Domingo. En la campaña electoral de 1931 no se mordió la lengua a la hora de atacar a March.

«Malgré cette inimitié [se refiere a la enemistad temporal entre March y quien antes había sido su lugarteniente, Jaume Ramis] va s’ingénier par tous le moyens possibles a attirer vers lui son ex lieutenant, son ancien ami ramis Jaime, lequel cependant n’est pas tendre pour march puis qu’il déclare, urbi et orbe, que march et un cocu, un bandit, et que si le Gouvernement républicain espagnol désirait ses renseignements, il se tenait a son entière disposition…

»Qui, il y a quelques mois à peine, était a ses yeux un bandit devenait maintenant une innocente victime.»[2]

March y Ramis se reconciliaron y se entrevistaron en la celda donde estaba recluido March en diversas ocasiones. March lo puso al corriente de sus intenciones y le insistió en que debía ser Garau quien les facilitara uno de sus faluchos para recoger a cuatro sicarios, en la costa alicantina, después de haber atentado contra el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, y el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto. Estaba previsto que ambos políticos coincidieran próximamente en la ciudad mediterránea en un acto oficial. De manera que si la policía conseguía interceptar el barco no sospecharía que March estaba involucrado en el magnicidio, dado que Garau era su peor enemigo.

Desde entonces Ramis cambió de chaqueta y comenzó a hacer propaganda a favor del partido de Lerroux. No se reprimía a la hora de formular acusaciones y pronunciar públicamente palabras gruesas contra Azaña y Marcelino Domingo, sus anteriores referentes políticos. Los avatares partidistas e ideológicos, con frecuencia, se han debido a causas relacionadas con los intereses económicos de la persona.

Los representantes del Partido Radical-Socialista en la Comisión de Responsabilidades se habían erigido en implacables fiscales contra March. Pero las circunstancias varían y los intereses también. March necesitaba el concurso del fanfarrón Ramis, y a cambio le ofrecía convertirse en su proveedor de tabaco a unos precios sensiblemente inferiores a los que fijaba el mercado. Jaume Ramis se dedicaba al contrabando y su suministrador era Francesc Garau, propietario de una fábrica de tabaco en Orán, en el barrio de Bab-el-Oued. Francesc Ramis se encargaba de fletar un barco para transportar los bultos de tabaco desde el puerto argelino hasta alta mar. En este punto se efectuaba el transbordo en los faluchos propiedad de Ramis, que los trasladaban a las costas mallorquinas. Francesc Garau era hermano del desgraciado Rafel. March pretendía que Ramis se entrevistara con Francesc Garau, cuanto antes, para pedirle su colaboración.

March estaba enterado de las relaciones comerciales que mantenían Garau y Ramis; ambos habían sido, hasta aquel momento, sus enemigos, de modo que Ramis era la persona más indicada para reunirse con él sin despertar recelos. Cuando March supo que Ramis debía a Garau la suma de 650 000 pesetas, comprendió que esta circunstancia podía forzarlo a aceptar su propuesta.

Ramis viajó a Argel para informar a Francesc Garau del complot que un grupo de contrabandistas había urdido. Expresamente, obvió decirle que tenía tratos con el odiado March. Le justificó la acción por la necesidad de acabar con la política de Azaña, que los llevaba directamente a la ruina. Después le aseguró que, una vez desaparecido el dirigente republicano, la dirección de la política nacional pasaría a manos de Lerroux, que sería más laxo con el contrabando, de manera que los negocios volverían a generar beneficios y podría pagarle la deuda. Discutieron un buen rato, sin ponerse de acuerdo. Garau no se dejó engañar y se negó a facilitarle un barco que debía posibilitar la huida de los magnicidas.

Suponiendo que Garau hubiera decidido cooperar, cabría la posibilidad de que los agentes de March, antes de ejecutarse la acción criminal, hubieran informado a la policía. Eso sería lógico y verosímil, si el último objetivo no era asesinar a los dos políticos, sino perjudicar a Francesc Garau y lograr el reconocimiento del Gobierno, por el valor de la confidencia. Si los hechos hubieran sucedido tal como acabamos de relatar, los hombres de March habrían comparecido ante el Gobierno y habrían presentado a March como la persona que había evitado el magnicidio y reclamarían su inmediata puesta en libertad. Garau sería detenido y encarcelado como cómplice de un magnicidio en grado de tentativa.

Tampoco sería descabellado pensar en que la conjura era real y el objetivo final era acabar con la vida de dos destacadas figuras de la vida política, aunque también en este caso el plan tendría un efecto colateral: el procesamiento de su adversario Garau. Previsiblemente, después de haberse cometido el asesinato, las investigaciones policiales, gracias a la filtración de los secuaces de March, se encaminarían a poner al descubierto la participación de Garau en el complot. Sería detenido y encarcelado. En el juicio posterior debería enfrentarse a una larga condena de privación de libertad.

Desde hacía más de un año, Francesc Garau reclamaba a Ramis saldar la deuda que había contraído por la compra de tabaco, pero el contrabandista le daba largas, porque seguía las indicaciones de March. El hijo de Francesc Garau viajó a Mallorca para intentar recuperar la cantidad que se le debía a su padre. El viaje fue infructuoso y accidentado, ya que no vio ni un duro y, además, fue amenazado de muerte por los secuaces de Ramis.

Transcurrieron algunas semanas antes de que Jaume Ramis decidiera hacer un segundo intento, esta vez acompañado por su socio Bernat Sureda, un contrabandista corpulento y perdonavidas, de 38 años de edad. Unos días antes de emprender el viaje hacia Argel, Jaume Ramis telegrafió a Garau para anunciarle la visita. El domingo 25 de junio de 1933, el barco en que viajaban atracó en el puerto de Orán, donde los esperaba Garau. El encuentro fue poco cordial, frío. Sin ninguna manifestación de afecto ni de amistad por ninguna de las dos partes. Con el coche de Garau se dirigieron hacia la fábrica de tabaco donde tenía su despacho. Jaume Ramis había elegido deliberadamente un día festivo para la cita. Quería evitar que hubiera obreros trabajando en las naves de la fábrica de elaboración de tabaco, para evitar que Garau pudiera pedir auxilio si se organizaba una trifulca.

Antes de entrar en el edificio, los rostros de aquellos hombres denotaban tensión. Sus cuerpos se movían con rigidez. Entraron en el despacho del industrial. Garau se sentó en la silla giratoria, detrás del escritorio, mientras los visitantes se acomodaban en las butacas que había enfrente. Garau presentía que la conversación no iba a ser amistosa. Ramis fue al grano y en tono imperioso le exigió que accediera a satisfacer la demanda que le había hecho en la cita anterior. Le repitió la amenaza: no le pagaría lo que le debía si no cooperaba. Las cosas empezaban a ponerse feas: Garau protestó enérgicamente ante el chantaje al que se lo sometía, pero no se amilanó, porque rechazó proporcionarles la embarcación que le pedían. Respondió Ramis: «Más de medio millón te baila en el asunto.» Garau respondió seguidamente: «Lo que tenéis que pagarme es independiente de vuestros planes. Veo que sois unos criminales y unos bandidos. Ajustemos cuentas, que esto es lo interesante.» Ramis dijo entonces a Sureda: «Pero ¿tú puedes oír esto sin pegarle?»[3]

Sureda se incorporó, avanzó unos pasos hasta tenerle a su alcance. Le propinó un puñetazo, pero Garau había intuido sus intenciones. Se puso de pie y lo esquivó, aunque no pudo evitar que un segundo puñetazo le diera de lleno en la cara. Garau reaccionó y luchó encarnizadamente para liberarse del agresor. De pronto, se retorció y consiguió sacárselo de encima. Tiempo suficiente para coger su revólver automático de 7,65 milímetros que guardaba en el cajón. Disparó sobre el atacante, que cayó malherido en el suelo. Como si un resorte lo hubiera impulsado hacia delante, Ramis lo embistió blandiendo una silla, para desarmarlo, pero Garau disparó de nuevo y lo hirió mortalmente. Mientras tanto, Sureda intentó ponerse de pie y lanzarse sobre el agresor, el cual no dudó en disparar de nuevo. Ramis yacía en el suelo muerto. Sureda estaba gravemente herido. Garau abandonó el despacho y se dirigió corriendo a la comisaría del distrito para entregarse a la policía. Sureda fue trasladado al hospital, donde se le practicó una intervención quirúrgica de laparotomía. A pesar de los esfuerzos médicos falleció pocas horas después.

El abogado José María Pou, que asumió la defensa de Francesc Garau, dijo a uno de los hijos de éste que su padre, después de haber matado a los dos súbditos españoles, tendría que haberse presentado al cónsul español, en vez de hacerlo ante el comisario francés de la localidad. Tenía derecho como súbdito de nacionalidad española. El hijo le dijo que si su padre hubiera hecho tal cosa, habría equivalido a entregarse directamente a March.

El diario La Dépêche Algérienne informó extensamente sobre el doble homicidio y resaltó que se trataba de un importante asunto político y comercial. Estas revelaciones alertaron a las personas que estaban involucradas en la trama. El director del principal diario de Argel recibió una llamada telefónica en la que una voz anónima le advirtió del peligro que corría si seguía especulando sobre la posibilidad de que personas conocidas pudieran estar complicadas en las muertes de Bad-el-Oued. El director no se acobardó y el diario continuó informando sobre el caso, mientras el resto de los diarios franceses de Orán dejaron de hablar de ello.

Francesc Garau declaró ante el juez instructor que Sureda y Ramis seguían las órdenes de March, que pretendía implicarlo en el complot real o fingido, contra Azaña y Prieto, con la finalidad de denunciarlo a la policía si hubiera decidido participar en él.

El defensor declaró ante el juez que Francesc Garau perdía con la muerte de Ramis las 650 000 pesetas que le debía. Por eso, en ningún caso le interesaba matarlo; si lo había hecho, fue porque creyó que su vida corría serio peligro.

«À la vérité, et cela se confirmera de plus en plus dans l’avenir, RAMIS&SUREDA n’ont pu agir qu’à l’instigation du député espagnol March, actuellement détenu dans une prison de Madrid, lequel depuis de longues anées a voué une haine eternelle et implacable à la famille Garau.

»Cette haine remonte à plusieurs années. Elle s’est déjà manifesté en 1916 par l’assassinat à Valence du frère de l’inculpé, Garau Rafael.» [4]

March se puso en contacto a través de emisarios con los políticos Luis Malvy y Boncour para que ejercieran su influencia e impidieran que se diera curso al suplicatorio que había solicitado a las autoridades españolas el juez francés que instruía la causa. También les pidió que presionaran sobre el poder judicial francés para que los magistrados del tribunal que debían juzgar a Garau se mostrasen implacables y lo condenaran a una larga pena de cárcel.

March ayudó económicamente a las familias de las víctimas para que pudieran encargar a los criminalistas Henry Torres y Moro Giaffieri, abogados de gran prestigio, para que actuasen como acusación particular en el juicio contra Francesc Garau.

El enemigo de March fue condenado por un tribunal francés a 5 años de prisión por un delito de muertes excusables [en defensa propia]. Cumplió sólo la mitad. La condena no comportó la expulsión de Francesc Garau de la colonia francesa donde vivía.

En 1934, José María Pou, el abogado defensor de Francesc Garau, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el diputado a Cortes Juan March, después de constatar que el fiscal de la República no había ordenado abrir diligencias por el caso del doble crimen de Argel, a pesar de que él lo había denunciado y había publicado un opúsculo donde describía detalladamente los hechos y enumeraba los indicios racionales que apuntaban a una presunta responsabilidad criminal de March. El 6 de marzo de 1935, el Tribunal Supremo, en primera instancia, se declaró competente para examinar la causa por la denuncia de José María Pou,[5] pero, una vez estudiada, no se inició ningún procesamiento contra Juan March. La guerra entre March y la familia Garau se había cobrado dos nuevas víctimas.

15

March elegido vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales

De preso a vocal del más alto Tribunal del Estado

El 3 de septiembre de 1933, se celebraron en toda España las elecciones a vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales para cubrir las vacantes que correspondían a la representación municipal.

En la fecha señalada, todas las corporaciones locales convocaron una sesión extraordinaria para elegir por sufragio directo de los concejales al vocal que debía representar a las islas Baleares en el Alto Tribunal. En el Ayuntamiento de Palma, el pleno despertó una gran expectación entre la clase política y la militancia de izquierdas. El candidato favorito era, ni más ni menos, ese personaje tan controvertido llamado Juan March, Verga. Además, la elección estaba revestida de una curiosidad morbosa. ¿Qué haría el Gobierno si el candidato, que continuaba en prisión preventiva desde junio de 1932, resultaba elegido?

March ya no estaba recluido en la Cárcel Modelo de Madrid. Por indicación del jefe de Instituciones Penitenciarias había sido trasladado al reformatorio de Alcalá de Henares, para intentar cortar de raíz los continuos intentos de desestabilizar el Gobierno mediante acciones secretas concertadas con militares sediciosos y anarquistas que cumplían condena. Desde la proclamación de la República, los partidos de izquierdas lo habían demonizado, convirtiendo su encarcelamiento en el emblema de la incorruptibilidad de la República.

La sala de plenos del Ayuntamiento estaba abarrotada de público. La sesión se inició cuando el presidente del consistorio comenzó la lectura de los derechos y deberes de los concejales como electores. En cuanto acabó, el jefe de los socialistas mallorquines, Llorenç Bisbal, pidió la palabra y formuló un ruego al alcalde: que leyera también los requisitos legales que debían cumplir los candidatos que optaban a la elección para vocal del máximo organismo de la justicia. Acabada la lectura, intervino el concejal de Acción Republicana, Bernat Jofre, que manifestó que no se podía votar al candidato Juan March Ordinas, porque estaba encausado por un delito de soborno y alta traición. Según el artículo 15, apartado segundo, de la Ley de 14 de junio, no podían presentarse las personas procesadas por delitos perseguibles de oficio.

El concejal socialista Bauzá, en su turno, manifestó que, aparte de los impedimentos legales, la presentación de March como candidato era un claro desafío de la derecha política a la República. El único Régimen que se había atrevido a procesar al contrabandista (en Mallorca cuando la gente de izquierdas hablaba de March lo denominaba «el contrabandista» y la gente de derechas «don Juan»). El concejal puso énfasis en resaltar que al encarcelarlo, la República había puesto de manifiesto que en aquel régimen político no tenían cabida los privilegios ni la inmunidad. «Los que de veras queremos a la República, no podemos consentir que las derechas aprovechen la presente coyuntura para presentar su nombre (Juan March), y que desde el punto de vista moral ni legal puede prosperar su candidatura, ya que no es posible que se vote a un hombre cuya actuación ha hecho que se conceptúe como uno de los mayores timbres de gloria del Régimen republicano, el de haberlo sometido a un procesamiento judicial para juzgar sus delitos.»[1]

El concejal republicano Jofre advirtió a todos los miembros del consistorio que votarlo supondría infringir las leyes vigentes, un hecho inadmisible para quienes eran los representantes legales del pueblo.

El socialista Ignasi Ferretjans, que intervino a continuación, calificó de ignominia el hecho de que mauristas y conservadores se unieran a la minoría «verguista» para votar a favor de March, con el único propósito de desafiar a las fuerzas republicanas.

Evocó el pasado, cuando los representantes de los partidos reaccionarios lo consideraban un contrabandista y el principal responsable de la crisis de subsistencias que azotó a la población de la isla (1914-1919). Dirigiéndose a todos ellos, les preguntó, indignado: «¿Es posible que se pierda tan pronto la memoria sobre unos hechos de consecuencias tan nefastas?»

Ferretjans prosiguió su intervención lamentándose de que profesionales prestigiosos se hubieran dejado deslumbrar por la riqueza de March. «A propósito de los que rodean a March: que tenga éste al uno o al otro, nada tiene de extraño, pero no se explica que médicos, catedráticos y abogados se postren ante él adorando reverentemente con más fervor el becerro de oro que al Dios en que dicen creer.»[2]

El concejal socialista Bisbal, en su segunda intervención, recriminó a los regionalistas que hubieran decidido votar a March, olvidándose, por razones inconfesables, que el político castellano Santiago Alba, tan próximo a March, había sido el parlamentario que más rotundamente se había opuesto en las Cortes a la aprobación del Estatuto de Cataluña. También recordó el rechazo que manifestó la prensa controlada por March, mientras se tramitaba en el Parlamento. Antes de acabar, el líder socialista puso de manifiesto la incongruencia que suponía la alianza de la derecha católica con March, un hombre que no profesaba ningún credo religioso.

Socialistas y republicanos presentaron una moción según la cual los votos de March se declararían nulos. La propuesta fue ratificada por 19 votos a favor y 14 en contra (el centro-izquierda era mayoritario en el consistorio de Palma). Pero a pesar de que la proposición fue aprobada no iba a alterar el resultado, ya que el secretario del Ayuntamiento la desestimó por considerar que la institución municipal no era competente para descartar a ningún candidato. En todo caso, sería el Tribunal de Garantías, cuando se constituyera, el que decidiría si consideraba válida o nula la elección de Juan March.

Los republicanos y socialistas fueron incapaces de presentar un candidato de consenso. La dispersión del voto republicano y socialista favoreció la victoria de March en Palma. Hecho el recuento de votos, Juan March obtuvo 15, Vicente Tejada 11, Juan Manent 6 y Llorenç Bisbal 1.

Los resultados en el resto de los municipios de las islas ratificaron la victoria de March.

Palma
Mallorca
Menorca
Ibiza
TOTAL

Juan March
(derechas y reg.)

15

339

40

46

424

Juan Manent
(republicano)

6

40

45

14

141

Vicente Tejada
(socialista)

11

155

0

10

165

Fuente: El Día, 5-IX-33

La prensa afín a Verga celebró con entusiasmo desbordado la victoria de March sobre el Gobierno de Azaña. El peor enemigo de la República acababa de batir a los candidatos pro gubernamentales y colocaba al ejecutivo en una situación crítica. Un gobierno que se mantenía inestable desde los sucesos de Casas Viejas (enero de 1933). Hechos que habían reavivado la ofensiva mancomunada de los anarco-sindicalistas, de la derecha posibilista parlamentaria y de la golpista. A todo esto, había que añadir la división de los socialistas. En las filas del PSOE había dos corrientes enfrentadas: los que defendían la permanencia en el Gobierno y aquellos que apostaban por abandonarlo. La elección de March y la derrota de los candidatos gubernamentales a nivel nacional precipitaron la caída del Gobierno de Azaña y de la coalición republicana-socialista.

Al día siguiente, los diarios «verguistas», que eran mayoría, reclamaron la inmediata puesta en libertad del preso más famoso de España. Algunos periodistas presentaron la elección como un plebiscito entre March y el Gobierno, que había ganado el primero de una manera apabullante.

«¿Es que los ayuntamientos que proclaman a don Juan March ignoran quién es este hombre? ¿Es que sus paisanos no saben quién es March? Mucho mejor que la Comisión de Responsabilidades. ¿No está reconocida la voluntad del pueblo como fuente suprema de poderes? Pues si todo esto es evidente, ¿cómo la Comisión de Responsabilidades y el Gobierno podrían no escuchar y dejar de atender la voluntad de toda una región, expresada libre y rotundamente?»[3]

Azorín alababa con su prosa vehemente y barroca la decisión del pueblo de llevar al Tribunal de Garantías al mártir de la República. «Y ese pueblo español que […] en un ansia enorme de esa justicia por la que propugnó el doce de abril y propugna todavía ahora, ha llevado al Tribunal de Garantías al símbolo de la justicia irredenta, a don Juan March Ordinas, tipo de perseguido sin causa, del mártir de la opresión.»[4]

Días después de las elecciones March escribió una carta abierta a la opinión pública, que apareció en el diario Última Hora. March, en primer lugar, agradecía que los políticos que antaño se habían distanciado de él por diferencias personales y políticas, en las últimas elecciones se hubieran unido a sus seguidores para hacer posible su victoria.

«Mi persona es la de un hombre de modesto origen que, con las luces y la suerte que Dios tuviera otorgarle y con un trabajo incesante sin hacer daño a nadie, haciendo, por el contrario, cuanto bien pudo, logró crearse una posición social, no para disfrutarla a solas en el egoísmo y la comodidad del rentista dilapidador, sino para mantenerla en constante actividad creadora de muchos y muy difundidos bienes económicos.»[5]

Era un hombre «tan bueno» que nos viene a la memoria una anécdota que lo retrata. March era un comerciante y un gran naviero y, por tanto, era frecuente verlo pasear de un lado a otro del muelle. Casi siempre llevaba un cigarro habano en la mano y, de vez en cuando, aspiraba el humo con delectación. Cuando se percataba de que algún trabajador del muelle lo seguía discretamente para recoger la colilla y disfrutar de las últimas caladas, simulaba no haberlo visto y tiraba la colilla al mar.[6]

Cuando dimitió Azaña (septiembre de 1933), se formó un gobierno republicano presidido por el amigo de March, Alejandro Lerroux. El septuagenario Lerroux era conocido por el pueblo como «el emperador del Paralelo», la avenida de Barcelona donde se habían establecido un número importante de locales nocturnos y de baja nota. El nuevo presidente del Gobierno pretendía aprobar una ley de amnistía como primera medida de su Gobierno. En esta ocasión, estuvo tan poco tiempo al frente del ejecutivo que no le dio tiempo.

Para conocer mejor a Lerroux nos remitiremos a las memorias de Fabià Estapé. En uno de los capítulos cuenta que el político republicano estaba a sueldo de la gran compañía eléctrica La Canadiense, durante el período en que ejercía de agitador en Barcelona y de líder de las masas de trabajadores emigrantes desarraigados que habían ido a buscar trabajo en la ciudad condal. Su misión era evitar que se afiliasen al movimiento anarquista. Cuando, en septiembre de 1933, fue elegido por primera vez presidente del Consejo de Ministros, la «oficina de Londres de Sofina, holding que controlaba la Barcelona Traction, preguntó a la central de Barcelona si el nuevo primer ministro era el mismo líder político que ellos habían contratado cuando se produjo la huelga de La Canadiense, para conseguir que los líderes sindicales la desconvocaran. El director envió un cablegrama en el cual confirmaba que la empresa lo había mantenido en nómina desde 1919. Por tanto, los empresarios londinenses, en buena lógica, considerando la vinculación de Lerroux con la empresa, pidieron a los directivos de la sociedad en Barcelona que en la próxima emisión de obligaciones hipotecarias, le recordaran oportunamente aquel “sueldo mensual” que seguía cobrando y que eximiera del impuesto de los derechos reales y de las comisiones de las obligaciones a la Barcelona Traction.»[7]

March había depositado sus esperanzas de obtener la libertad en la elección y proclamación de vocal del Tribunal de Garantías. Pero esta vía se frustró. Recordemos que los municipios tan sólo elegían un número limitado de vocales, y por esta razón, a pesar del triunfo de la oposición en el ámbito de la representación municipal, no consiguió disponer de mayoría en el alto tribunal. Los vocales elegidos por las entidades e instituciones más representativas del Estado, en mayor número, votaron al republicano Álvaro Sánchez Albornoz como presidente del Tribunal, quien se mostró contrario a validar el acta de vocal de March.

Otro obstáculo que impidió a los radicales de Lerroux liberarlo fue la oposición de cuatro ministros del Gobierno, los radical-socialistas y el representante de Acción Republicana, que amenazaron con dimitir y provocar una crisis de gobierno si se adoptaba una resolución que pusiera en libertad a March.

El 21 de octubre de 1933, el Tribunal de Garantías Constitucionales votó, por mayoría simple, declarar la incompatibilidad de March y Calvo Sotelo para que formaran parte del alto tribunal.

Agotadas todas las vías políticas, March tomó una decisión arriesgada: fugarse de la prisión. Elaboró un minucioso plan y puso a todos sus hombres a trabajar para que dispusieran de los medios y buscaran los apoyos necesarios para que la evasión fuera un éxito.

16

March da por acabado su cautiverio

La evasión

El presidente de la República, el 12 de octubre de 1933, a la vez que firmaba el decreto de disolución de las Cortes, encargó a Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux, la formación de un nuevo Gobierno para gestionar el proceso electoral.

Aunque determinados integrantes del nuevo Gobierno deseaban poner en libertad a March, Martínez Barrio se mostraba prudente por miedo a que, si adoptaba una medida de semejante calado político, se rompiera la unidad en el seno de su Gobierno de coalición republicana. Esto no significaba que determinados altos cargos del Gobierno y de las instituciones armadas y penitenciarias no estuvieran dispuestos a hacer la vista gorda si se enteraban de los preparativos de la fuga. Por esta razón, no adoptaron ninguna medida que supusiera dificultar la huida de March.

El período electoral iba quemando sus plazos y los radicales no querían dar un paso en falso que menguara sus expectativas. Por otro lado, necesitaban el dinero de March para la financiación de la campaña. Liberarlo en pleno período electoral comportaría una crítica acerba de los partidos de izquierdas, que los acusarían de cómplices. Pero también una ventaja, dado que el escándalo rápidamente quedaría relegado a segundo plano por la dinámica propia de la campaña electoral. Durante los períodos electorales, el Gobierno y la oposición desenterraban continuamente asuntos escandalosos, que tenían una vida efímera en los medios de comunicación. Esto se debía a que los estrategas de los partidos destapaban nuevos afers para deteriorar la imagen del adversario y echar tierra sobre los propios. Una estrategia para confundir a la opinión pública.

Probablemente, March empujaba sin descanso a los radicales y les exigía su colaboración, puesto que ya había aflojado la bolsa y todo estaba bien atado.

El nuevo fiscal de la República, Antonio Marsà, había publicado una circular en la que instaba a los jueces a no decretar prisión preventiva, salvo en casos excepcionales, y siempre por un período reducido. Era una manera de hacer presión sobre la Comisión de Responsabilidades que mantenía a March en la prisión.

Por lo que se refiere a los hipotéticos resultados de las elecciones legislativas convocadas para el mes de noviembre de 1933, March no disponía, semanas antes, de suficientes elementos de juicio para prever que sus partidarios, los radicales y las derechas católicas, las ganarían. Se le hacía difícil intuir la realidad política resultante de la disputa electoral.

Para un hombre pragmático como March, era más lógico trabajar a partir de la realidad que deparaba el presente, sobre todo si tenemos en cuenta que la salida del Gobierno de los ministros socialistas le había allanado el camino. ¿Por qué, entonces, esperar y correr el riesgo de seguir en chirona unos cuantos años más, si los socialistas y los republicanos de izquierdas obtenían una nueva mayoría parlamentaria? Otra circunstancia que adelantó la fecha de la huida fue la denuncia que la compañía Canariense de Tabacos de Marruecos interpuso contra él, el 27 de octubre de 1933, por un presunto delito de contrabando. La demanda la presentó, en nombre de la sociedad, el insigne penalista Luis Jiménez de Asúa.

Una cuestión que probablemente hizo acelerar los preparativos de la fuga fue el suplicatorio para interrogarlo, que envió a las autoridades españolas el juez instructor de Argel, que llevaba el caso de asesinato de Jaume Ramis y de Bernat Sureda.

Juan March debía andar con pies de plomo y prever todas las eventualidades antes de ejecutar el plan de evasión. Los guardias de prisiones disparaban con extrema rapidez el arma reglamentaria. La situación resultaba tan peligrosa que el nuevo director general de Prisiones, José Estellés, había anunciado a la prensa que crearía un nuevo cuerpo de vigilancia de prisiones dependiente directamente de la Dirección General.

«Con el objeto de evitar que un reo, por el solo hecho de asomarse a una ventana y proferir algunas frases, reciba un balazo del centinela, crearemos un nuevo cuerpo de vigilantes armados.»[1]

Está claro que March no era un aventurero descerebrado dispuesto a saltar la tapia de la prisión y exponerse a recibir un tiro en el momento en que asomara la cabeza. March era un hombre cauto y calculador que no dejaría nada librado al azar. Sabía perfectamente lo que se jugaba en el envite.

De la vigilancia exterior se encargaba un pelotón armado que pertenecía al Regimiento de Caballería número 2 de la guarnición de Alcalá. March ocupaba unas dependencias en las que, antes de estar recluido, los oficiales iban a descansar cuando estaban libres de servicio. Un espacio que se distribuía en dos estancias, la primera la utilizaba como salón de visitas y despacho, la otra como dormitorio.

«Por ella desfilan diariamente numerosos personajes y algunas señoras, […] en el cuarto hay radiador; sobre una mesa un termo, botellas de licores, copas, vasos, y botes de bicarbonato, […] la cama es grande y con dos colchones de lana.»[2] Después de habernos permitido una licencia heterodoxa, desde el punto de vista del academicismo histórico, a la hora de relatar la cura dental de March cuando estaba encarcelado en la Modelo, dejaremos que el lector imagine por qué acudían aquellas mujeres a visitar a March.

March dormía cómodamente sobre dos colchones de lana en aquella época, en las camas de la mayoría de los dormitorios de las casas del pueblo llano tan sólo había uno, y solía ser de crin o esparto.

A pesar de que las relaciones matrimoniales de March con su mujer, Eleonor, tenían un carácter simplemente formal, alguna tarde recibía su visita acompañada por sus hijos. En ese tiempo, March trataba de negocios con sus más directos colaboradores y daba las oportunas consignas. Cuando ya era de noche, los visitantes abandonaban la prisión. De vuelta a la capital y después de cenar, mientras los hombres de confianza de March escuchaban las cotizaciones de la bolsa por la radio, doña Eleonor jugaba al parchís con amigas, parientes o mujeres del servicio. No soportaba perder, y las demás jugadoras, que lo sabían, procuraban no contrariarla; por este motivo convenía dejarla ganar, no fuera cosa que se enfadara.

March mantenía excelentes relaciones con los anarquistas de la FAI recluidos de manera preventiva en Alcalá de Henares: les hacía préstamos, y, a cambio, los obligaba a firmar un recibo; nunca se puede predecir cuál será en el futuro el momento oportuno para resarcirse de un acreedor.

«Les ha comprado una manta a cada uno. Se habla que a vahos de ellos les ha pagado la fianza que les pedían los tribunales para concederles los beneficios de la libertad provisional.»[3]

March disfrutaba de un régimen especial: mientras el resto de los prisioneros debía levantarse a las 6:30 h de la mañana, él no era molestado y se levantaba hacia las 11 h. Por la tarde, podía recibir visitas hasta las 10 de la noche. Diariamente leía la prensa con el objetivo de hacer un puntual seguimiento de cómo se desarrollaba la campaña a favor de su libertad, que él mismo dirigía.

«Los oficiales se hinchaban de vanidad al contacto de este mundo dorado. Sus relaciones con millonarios colmaban confusas ambiciones. Siendo pobres, sometidos al salario medio del funcionario penal, mostraban con excesiva evidencia su servilismo.»[4] Nunca saboreó el rancho de la prisión, porque todos los días en los fogones de la hospedería El Estudiante se le cocinaba la comida. Dos de sus empleadas se la llevaban al centro de reclusión. Una de ellas, Paula Fernández, era la hija de uno de los funcionarios de la prisión.

Bernabé Pons era su ayudante de cámara y, juntamente con un preso, se encargaba de ordenar y limpiar cada día las dependencias que ocupaba.

El día 3 de noviembre de 1933, al atardecer, March recibió la visita de su mujer, sus dos hijos y los colaboradores más próximos. Todo tenía una apariencia de normalidad. Fuera del establecimiento carcelario estaban aparcados tres coches propiedad de March, un Rolls-Royce, un Ford y un Chrysler. Mientras hablaba con sus familiares, los hombres que debían acompañarlo hacían los últimos preparativos. El médico y periodista Ruiz Albéniz, Tebib Arrumi, nieto del compositor Albéniz, compraba, en la farmacia de la Puerta del Sol, alcohol alcanforado para administrarle a March durante el viaje y paliarle el dolor que le podía causar el largo trayecto: March padecía una afección reumática aguda.

Los chóferes estaban junto a los coches aparcados, esperando órdenes. Raimundo Burguera, el alter ego de March, apoderado, parcelador y administrador de la finca El Tesorillo, en Andalucía, estaba preparado para acompañarlo a Gibraltar. También estaba avisado para viajar con él Manuel Soto Redondo, director de la Unión Naval de Levante (los astilleros de March) y director de Trasmediterránea.

Como es lógico, March no haría el largo y peligroso trayecto sin que lo acompañaran dos hombres armados que le guardasen las espaldas. Tenía dónde elegir. Había hecho muchos favores a los anarquistas y exigió a la FAI (Organización Anarquista Ibérica) que pusiera a su disposición dos pistoleros, los más valientes y rápidos en el manejo de las armas. Uno de los elegidos fue Juan Bautista Albesa Segura, militante de la CNT.

Aparte del coche en que viajaría March, había otro preparado para seguirle hasta la frontera, de manera que, si se producía alguna incidencia, los viajeros pudieran hacer el transbordo y proseguir la marcha.

Unos años después, March contará al doctor Puigvert, cuando lo trató de una grave enfermedad de las vías urinarias, que cuando se planifica una operación siempre hay que asegurar el último eslabón de la cadena. El último detalle del plan de evasión era garantizar un paso seguro por una de las fronteras del territorio nacional. Por una serie de circunstancias que relataremos, se decidió cruzar por el paso fronterizo de Gibraltar.

Casi a diario, Raimundo Burguera entraba en Gibraltar por negocios de contrabando. Por eso era un viejo conocido del servicio aduanero, incluso su coche marca Ford estaba matriculado en la colonia. ¿Consideró March suficientes garantías las relaciones de Burguera en Gibraltar para tener asegurado el paso libre? El historiador Donald McCormick afirma que el NID (Servicio de Inteligencia naval británico), facilitó la huida de March. Mientras que un agente del MI5, el espionaje británico, afirmó que March, a través de sus múltiples contactos con los servicios de inteligencia británicos, había hecho llegar unas valiosas joyas a Su Majestad británica para contar con la colaboración del servicio secreto británico.[5]

El traficante de armas Basil Zaharoff, miembro del servicio secreto británico y amigo de March, habría planeado la evasión,[6] y Matilde Reig, su amante, habría actuado de enlace.

No se conoce con certeza el origen de Zaharoff. Podría haber nacido en una pequeña población, Moujhla, en Asia Menor, como declaró en 1908 cuando el Gobierno francés le concedió la Legión de Honor. En 1921, el periódico británico Sketch publicó un artículo sobre su vida, en el que se ratificaba que era originario de Moujhla. Zaharoff envió una nota de rectificación al diario, en la que aseguraba que había nacido en el barrio más elegante de Constantinopla. Ya no le interesaba destacar, como había hecho antes, sus humildes orígenes. Se había convertido en uno de los hombres más ricos del planeta, gracias a los ingresos millonarios que le reportaba el tráfico de armas. «¿Es griego? ¿Es turco? Lo mismo vende ametralladoras a los turcos para que acaben con los griegos, que bombas a éstos para que aniquilen a los turcos.»[7]

Un buen modelo a seguir para March, que fue su sucesor y amigo. Zaharoff fue el primer vendedor de submarinos de guerra a griegos y turcos. Posteriormente otras potencias europeas se interesaron por la nueva máquina de guerra y la compraron.

El traficante de armas era un personaje misterioso y solitario que vivió los últimos años de su vida en una reclusión voluntaria en el castillo de Balincourt, en Francia. Según informaciones periodísticas, el único amor de su vida fue la duquesa de Villafranca. Una pieza clave en la trama de la evasión fue Matilde Reig, que actuó de contacto entre los agentes secretos británicos y las personas que trabajaban para que la huida de su amante no fracasara.

Matilde Reig, de jovencita, había abandonado el pueblo de Burriana, donde vivía, para huir de la pobreza. La acompañó su hermana mayor. Llegaron a Barcelona y trabajaron en diferentes oficios, hasta que las contrataron para hacer de coristas en una revista musical que se representaba en el teatro Apolo del Paralelo. Es probable que fuera en este cabaret donde March conoció a las hermanas Reig. La primera amante de March fue la hermana mayor, que murió en plena juventud. Su lugar lo ocupó Matilde, desde finales de los años veinte hasta 1962, año de la muerte de March. Durante más de treinta años fue su fiel compañera. ¿Era simplemente su amante? En precisión, podría decirse que fue su pareja.

En Burriana se la conocía por la lima. Señorita, trato que se le daba por ser la «secretaria» de don Juan March. Quienes la recuerdan dicen de ella: «Era una señora y un carácter.» Mujer inteligente que no se acobardaba ante el peligro. En el año 1929, en Marsella, March y Matilde viajaban en el interior del Rolls-Royce, conducido por el chófer de March, cuando unos hombres armados tendieron una emboscada. March fue el primero en disparar con el revólver que llevaba encima. En seguida sacó otro que tenía guardado en la guantera y se lo pasó a Matilde para que también disparara contra los agresores. Y no le tembló el pulso. La intrepidez de los ocupantes del automóvil los salvó de morir en aquel atentado.[8]

Probablemente fue la única mujer por la que el banquero sintió algo más que una atracción física, como prueba el hecho de su larga convivencia. Fue una relación estable y de confianza mutua.

Después de estas pinceladas sobre la biografía de Basil Zaharoff y de Matilde Reig, debemos situarnos cronológicamente en los momentos previos a la salida de March del centro penitenciario. No podemos hablar de fuga, porque lo abandonó por la puerta principal sin que ningún funcionario se lo impidiera.

Eran las 22 horas cuando March se dirigió al coche que lo esperaba. Le abrieron la puerta y se sentó en el asiento de atrás. Hacía un buen rato que el chófer lo esperaba con el motor en marcha, una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios. Con rapidez aceleró. El coche, igual que un caballo que ha recibido un latigazo, arrancó a toda velocidad. March volvió la vista y vio por última vez el vetusto edificio donde había permanecido preso. El coche no había recorrido más de unos centenares de metros cuando el centinela, Manuel Busto, lo obligó a parar. El chófer obedeció la orden y detuvo el vehículo. El soldado de guardia se acercó al automóvil y preguntó a los ocupantes hacia dónde se dirigían. Le respondieron que se encaminaban hacia la hospedería de El Estudiante. Escrutó con la mirada a cada uno de los ocupantes. Fueron unos momentos de máxima tensión. Hubo un largo silencio. Pero el uniformado no les preguntó nada más; con la pinta de señorones que presentaban, ¿quién podía imaginarse que entre ellos estaba el preso más famoso de España? De pronto, les dijo que seguían una dirección equivocada y les indicó la correcta. El vehículo, a gran velocidad, salió en dirección a la carretera general de Andalucía, seguido por el coche auxiliar. Circularon toda la noche sin detenerse, apenas lo necesario. March se mantuvo tranquilo y durante largos ratos durmió con un sueño ligero. Desde Granada continuaron hacia Málaga y posteriormente se encaminaron a Algeciras, para franquear, a continuación, el paso fronterizo de Gibraltar. No hubo ningún contratiempo. Nada había fallado, por fin March podía respirar, de nuevo había recuperado la libertad. Habían recorrido más de 800 kilómetros en menos de diez horas.

En Gibraltar, la expedición se alojó en el hotel Rock, desde donde March no tardó en hacer declaraciones a la prensa:

«Para aparentar estos delitos no se ha detenido en recurrir a toda clase de arbitrariedades, incluso falsificando documentos, mutilando declaraciones, utilizando escritos falsos y empleando los fondos públicos en estimular acusaciones totalmente falsas; declarando peritos o testigos de cargo y premiando luego su actuación con una dirección general; admitiendo informes contrarios a mi defensa hechos por funcionarios públicos, y en fin recurriendo a todas las malas artes imaginables.

»Además es preciso saber que un ministro del gobierno de Azaña indicó a la Asociación Internacional de Tabacos de Marruecos que renunciara a mi contrata, llegando a decir, para convencerles, que yo moriría en la cárcel.

»Igualmente se ha dado el caso de que un juez de los que forman la Comisión de Responsabilidades y que pertenece al Partido Socialista, no se recataba en declarar públicamente que sabía perfectamente que no se podía probar ningún delito contra mí, pero yo tenía que permanecer en la cárcel por los daños que había hecho al Partido Socialista.

»El propósito de la Comisión era que yo encontrase la muerte en la cárcel, y por otra parte no han tenido el menor escrúpulo en confiscar mi patrimonio y aun algunos vieron si podían apoderarse de mis negocios.»[9]

«Cuando vi que no podía esperar que me soltaran por propia iniciativa, decidí no aguardar más. Hablé con el jefe de servicio de la cárcel, señor Arnaiz; en el cual yo había observado un temperamento rebelde a toda injusticia, y le convencí de que si no me marchaba me moriría allí. Mandamos al guardia por tabaco, y salí completamente solo. En la calle me encontré al oficial Vargas, que estaba libre de servicio. Le dije lo que había pasado, y al ver que no podía andar me acompañó hasta el coche, que me esperaba a 500 metros de allí […].

»—¿Usted sabe lo que dice mucha gente en Madrid?

»—No.

»—¡Quién fuera Vargas!

»—Pues puedo jurarle a usted que no le he dado un céntimo. Si él lo tiene en la imaginación, no sé. Pero si todo lo que ve es como hasta ahora, no le deben envidiar.»[10]

Al lector le pediremos licencia para alterar la cronología de los hechos. El funcionario Eugenio Vargas fue desde aquella fecha un mantenido de March durante años. Él y su mujer fueron expulsados del cuerpo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias y Vargas, además, era un prófugo de la justicia. El matrimonio se refugió una larga temporada en Grecia y después viajó a diferentes ciudades de Europa. March, a pesar de ser un hombre inmensamente rico, siempre pasaba cuentas de lo que le costaban las cosas y las personas, por insignificantes que fueran. En 1940, se debió de cansar de mantener a la familia Vargas y consiguió que el régimen franquista los rehabilitara. Vargas fue nombrado administrador de la prisión de Ventas, una plaza hecha a la medida de un corrupto. Dos años después fue nombrado director de la prisión provisional de Comendadoras. «La trayectoria de Eugenio Vargas reviste una importancia singular, no tanto por su perfil de funcionario perseguido por la República y recuperado por el franquismo, sino por la falta de escrúpulos de un régimen capaz de premiar un caso tan escandaloso de corrupción.»[11] Las presas políticas le decían «tío nene». La mujer de Vargas, María Irigaray, también fue readmitida como funcionaria de Prisiones. Instituciones Penitenciarias la ascendió a directora de la prisión donde trabajaba su marido como administrador.

Antes de que Vargas fuera readmitido en el cuerpo de funcionarios de Prisiones (1940), se lo obligó a suscribir una declaración jurada en la cual explicaba su actuación relacionada con la huida de March del Reformatorio de Alcalá de Henares: «Don Juan March Ordinas, persona de quien huelga hablar en estos momentos, al cual se perseguía con saña por el Gobierno socialista, me decidí con riesgo de mi vida, a poner a salvo a dicho Sr. preparándole la fuga y marchándome con él al extranjero. Este hecho a todas luces político dio lugar a mi expulsión inmediata del Cuerpo y a la incoación de sendos procesos que me privaron de volver a España.»

Recuperamos el orden cronológico de los hechos y nos situamos nuevamente en noviembre de 1933, en Gibraltar. En cuanto March llegó a Gibraltar, el embajador británico envió un informe al Foreign Office, en uno de cuyos párrafos se podía leer: «March es una especie de Al Capone y vocal del Tribunal Constitucional, es un hombre sorprendente.»[12]

La presencia de March en Gibraltar, territorio británico, podía provocar un conflicto diplomático entre los dos estados, si se daba el más que probable caso de que España solicitara su extradición. Gran Bretaña, por los servicios que había prestado March a Su Majestad británica durante la Gran Guerra, sería reacia a entregarlo a las autoridades españolas. Además, sería una incongruencia que lo hiciera, dado que los servicios de inteligencia británicos habían colaborado para que la evasión fuera todo un éxito. El día 4 de noviembre, temprano, en el Reformatorio de Alcalá todo transcurría de manera rutinaria, nadie había dado la voz de alarma. Bernabé Pons, el ayuda de cámara de March, hacia las once, cuando entró en la celda, se percató de que el señor se había esfumado y en seguida lo comunicó al director de la prisión. A partir de ese instante, la noticia se propagó como el fuego sobre un reguero de pólvora, provocando una verdadera conmoción en los círculos periodísticos y políticos de la capital. Las redacciones de los diarios comenzaron a preparar ediciones especiales para relatar a los lectores los detalles de un suceso que se prestaba a un tratamiento sensacionalista.

Hasta las dos de la tarde, el director general de Prisiones no comunicó oficialmente la noticia al ministro de Justicia, Botella Asensi, quien había abandonado momentáneamente la reunión del Consejo de Ministros para atenderlo. Cuando se reincorporó a ella, informó al resto de los ministros la noticia que acababan de darle. En el seno del Consejo de Ministros se produjo un fuerte enfrentamiento entre el titular de Justicia y el ministro de Gobernación, Rico Abelló. El primero era militante del Partido Radical-Socialista, varios miembros del cual, presentes en la Comisión de Responsabilidades, se habían distinguido por su beligerancia contra March. Rico Abelló pertenecía al partido republicano de derechas, Al Servicio de la República. Era un hombre ligado a la gran banca y directivo de la patronal asturiana. Siempre se tiene más propensión a solidarizarse con las personas que ocupan el mismo estatus social o nivel profesional. En este caso, se habría podido dar una cierta empatía entre banqueros.

El ministro de Justicia, Botella Asensi, pretendía descargar toda la responsabilidad de los hechos en el ministro de Gobernación, de manera que él quedara exento de culpa. El político, con frecuencia, imputa a su adversario la causa de sus desaciertos. A menudo olvidamos que los integrantes de la clase política tienen los mismos defectos y cometen los mismos errores que el resto de los seres humanos.

Botella Asensi, cuando ya no era ministro, hizo la siguiente declaración: «Yo venía observando que significados elementos radicales patrocinaban en todos los medios la causa del señor March, pretendiendo, por todas las formas a su alcance, sustraerlo de la acción de la justicia.»[13]

Al principio, en los círculos gubernamentales, se creyó que March había huido de España por la frontera de Portugal; más adelante se pudo constatar que había llegado a Gibraltar. El ministro de Gobernación declaró que se tomarían medidas drásticas para aclarar qué había sucedido. Se detendría a los cómplices, se los entregaría a la justicia y, si fuera necesario, se depurarían responsabilidades políticas. El día 4 de noviembre fueron interrogadas las personas del entorno más próximo a March: Cecilio Pinedo, secretario de la Trasmediterránea; Juan March Servera, hijo del evadido; Miquel Ordinas, gerente de La Libertad; Salvador y José Antonio Canals, sus abogados, y Salvador Ferrandi y Rosendo Silva, este último como administrador de La Libertad e Informaciones. Horas después fueron puestos en libertad sin cargos.

La Libertad, en la tarde del día 4 de noviembre, publicó una carta de Juan March:

«Cuando estas líneas se encuentren en su poder ya estaré fuera de mi querida patria, si logro llevar a feliz término mi propósito de liberación, y ustedes que conocen mi amor a España comprenderán cuán intensa es mi amargura al alejarme de ella y cuán poderosas las razones que me han movido a semejante determinación.

»La Comisión de Responsabilidades me encarceló contra toda razón y contra todo derecho, con la consigna de que en la cárcel perecería o me volvería loco, y semejante consigna se hubiera conseguido si yo, al ver que era inútil llamar a todas las puertas en demanda de justicia, no me hubiera decidido a tomármela por mi propia mano, convencido de que unos días más de cautiverio, con el cuerpo deshecho y el alma rota, se hubieran traducido en mi muerte […].

»Vosotros, haciéndoos cargo de que mi resistencia física tocaba a su fin, sabréis disculpar mi gesto rebelde, y ello será suficiente para mi tranquilidad […].

»Y cuando, tras las próximas elecciones, España sea un país habitable, en el que no constituyan un mito los derechos individuales de los ciudadanos, me faltará tiempo para correr a mi patria.»[14]

En plena confusión gubernamental, el ministro de Estado, Sánchez Albornoz, anunció a los periodistas que solicitaría la inmediata extradición de March y puntualizó que el fugitivo no estaba juzgado por delitos políticos. Con estas declaraciones, el ministro cometió un grave error de los que marcan para siempre la trayectoria de un político. La prensa «verguista», como era de esperar, lanzó la siguiente pregunta: ¿si March había sido procesado y encarcelado por un tribunal político, como era la Comisión de Responsabilidades, por qué el Gobierno pretendía ahora convertirlo en un preso común, sometido a la justicia ordinaria? El Gobierno dio un paso en falso. Quedó desacreditado por sostener una incongruencia tan disparatada.

March, Vargas y Ruiz Albéniz abandonaron Gibraltar a bordo del barco Strathaird con dirección al puerto de Marsella, reservaron los pasajes a nombre de Figuerola, Rodríguez y González: quien hizo la reserva no era un hombre imaginativo. Cuando March desembarcó en el puerto de Marsella, los periodistas le preguntaron por qué se había marchado con tanta celeridad de Gibraltar. El fugitivo les respondió que las autoridades de la colonia británica no le habían ordenado abandonar el territorio, pero le habían aconsejado no retrasar su partida: «Cela très amicalement, bien entendu!»

March, entrevistado por los periodistas franceses, repitió los mismos argumentos que durante su encarcelamiento habían esgrimido sus valedores en la prensa: sus enemigos habían formulado acusaciones falsas sin aportar pruebas, sólo para saciar el hambre de venganza por haberse negado a ayudar financieramente al advenimiento de la República.

«En réalité, que me reprochait-on? Mes ennemis ont fait ocurrir les bruits les plus divers: que je m’étais livré à la contrebande des Tabacs; que j’étais “anticatalaniste”; que j’ai, sous le Directoire, acheté la conscience de plusieurs ministres; en fin que j’ai soutenu financièrement la monarchie. Tout cela est archi-faux et n’appuie sur aucun fet, sur aucune preuve.» [15]

Los viajeros llegaron a la ciudad francesa de la Provence el día 7 de noviembre, y dos días después prosiguieron el viaje en tren con dirección a París, donde March se alojó en el Grand Hotel de la Ópera; desde allí anunció a los periodistas que se presentaría a las próximas elecciones legislativas, y descalificó a los políticos Carner, Prieto, Azaña y Marcelino Domingo, a los cuales señaló como sus verdugos. Se refirió, con acritud, a Jaume Carner como al hombre que, aprovechándose de su cargo ministerial, había intentado desposeerlo de sus negocios para transferirlos a capitalistas catalanes. Se atrevió a asegurar que la adhesión de los socialistas al Estatuto de Cataluña fue comprada por los catalanes, a cambio de que los negocios particulares de March pasaran a ser controlados por los hombres de negocios catalanes.

En los mercados extranjeros se inició una fuerte ofensiva contra la peseta. Daba la casualidad de que March se encontraba en París, desde donde se efectuó la operación especulativa que provocó una bajada brusca de la moneda española en las plazas financieras más importantes de Europa. En aquellos momentos, la balanza comercial no justificaba la depreciación de la moneda española. Por otra parte, no había movimientos especulativos contra la divisa española, por las dificultades de orden técnico en que se encontraba siempre una moneda intervenida como la peseta. Todo parece confirmar que la anunciada ofensiva de Verga para crear desconfianza en la moneda española estaba dando los resultados buscados.[16]

Desde París, viajemos con la imaginación a Alcalá de Henares, donde el juez instructor del juzgado de aquella localidad, después de interrogar al oficial Martín Arnaiz, ordenó su encarcelamiento «por un delito de infidelidad en la custodia de presos, previsto y penado en el artículo 367 del Código penal».[17] Arnaiz había declarado que hasta dos horas antes de dejar salir a March desconocía sus propósitos. Confesó que la noche de los hechos estaba trabajando en el despacho del centro penitenciario, cuando el preso, que tenía el privilegio de moverse por el recinto a la hora que quisiera, lo visitó. Le explicó que estaba siendo objeto de una gran iniquidad y que, si no abandonaba la prisión con rapidez, la enfermedad que padecía acabaría con su vida. El funcionario confesó que le había abierto las puertas del centro penitenciario porque retenerlo por más tiempo podría haber sido considerado un hecho ilegítimo, lo cual le habría supuesto cometer una falta grave como funcionario del Estado. Se había aprendido de memoria las tesis expuestas en los artículos de Azorín, que se fundamentaban en los argumentos jurídicos que esgrimían los abogados y diputados que defendían a March. Todos calificaban de ilegal el hecho de que la Comisión de Responsabilidades prolongara el régimen de prisión preventiva de March. En cambio, en las declaraciones a la prensa, el funcionario explotó la vertiente más humana y relató que se había compadecido del preso y decidió anteponer lo que le dictaba la conciencia a su deber como servidor del Estado.

Azorín salió en defensa del oficial de prisiones que había permitido que su señor saliera de aquel lugar inhóspito e insalubre. Lo trataba de héroe, porque había mandado a hacer puñetas las leyes, como quien dice, y se había dejado guiar por los buenos sentimientos. ¿No era éste el mismo escritor que reclamaba días antes el cumplimiento estricto de la ley en un Estado democrático?

«Un buen carcelero (así como en Francia hubo aquel presidente Magnaud, a quien se le llamó el “buen juez” porque actuaba más de acuerdo con su conciencia que con las leyes escritas) franqueó, a quien él creía injustamente encarcelado, la puerta de la cárcel. Después de todo no hacía más que atenerse al justo criterio que acerca de las prisiones preventivas aparece en la reciente circular del fiscal general de la República.»[18]

Pocos días después del encarcelamiento de Martín Arnaiz, el 21 de noviembre de 1933, su abogado presentó una solicitud al juez pidiendo que se le concediera el régimen de libertad provisional, al cual se adhirió el fiscal. El juez consideró favorablemente la demanda y ordenó la puesta en libertad del imputado, previo depósito de una fianza de 10 000 pesetas. Cantidad que se satisfizo de inmediato. Martín Arnaiz tenía crédito ilimitado. Pero al día siguiente, el fiscal, alegando que el caso había creado alarma social, pidió al magistrado que revocara la orden anterior y decretara la prisión incondicional para el funcionario incriminado. A pesar de que no se habían practicado nuevas diligencias, afirmaba en la súplica que se apreciaban grandes indicios de soborno. El juez de Alcalá se negó a satisfacer la nueva solicitud del fiscal y en el escrito de respuesta puso de relieve la incongruencia que comportaba aquel súbito cambio de parecer.

Mientras March se deleitaba en París con la compañía del bello sexo, que se afanaba en saciar un hambre insaciable de apetitos carnales, el proceso electoral estaba en su recta final.

Ante las incertidumbres que planteaba la situación de March como fugitivo de la justicia, respecto a incluirlo en la candidatura de la coalición de derechas al Congreso de los Diputados por Mallorca, como jefe y fundador del Partido Republicano de Centro, se decidió que momentáneamente ocupara su puesto su hijo Juan March Servera. Pero, de repente, el 10 de noviembre de 1933, el heredero renunció para que su padre pudiera encabezar la candidatura. March se jugaba el todo por el todo. El partido aprobó por unanimidad el cambio de candidato, a propuesta de su presidente, Lluís Pascual.

En Mallorca, en la candidatura de derechas, participaban los regionalistas, cuyo candidato era Bartolomé Jofre de Villegas, antiguo adversario de March en el asunto del cierre de la fábrica de Portopí, así como los «verguistas» del Partido Republicano de Centro, y la Unión de Derechas, partido mallorquín ligado a la CEDA de Gil Robles, cuyo dirigente más destacado era Luis Zaforteza Villalonga.

El Día, órgano informativo local de March, publicó la noticia de que, para financiar la campaña electoral de la derecha política en Madrid y en las provincias, un acaudalado comerciante había hecho un donativo anónimo de un millón de pesetas a la CEDA. La vida política mostraba claros signos de polarización que se extremarían durante el bienio negro (1933-1936). ¡Votad a las derechas! ¡Votad contra el marxismo![19] Era el eslogan más repetido por los partidos de derechas.

La campaña de las derechas se centró en cuatro temas: la defensa de la familia patriarcal, la del trabajo (realizado por los trabajadores que nunca cuestionan las órdenes del patrón), la salvaguarda de la propiedad, y el orden de los que habían mandado toda la vida.

El bloque de derechas ganó las elecciones en Mallorca por amplia mayoría, también lo hizo por más estrecho margen en el resto del estado. Juan March, de nuevo y por última vez, fue elegido diputado.

El 23 de marzo de 1934, Juan March, investido como diputado por la circunscripción de Mallorca, regresaba otra vez a España, por Fort Bou. Se había puesto fin a su persecución. Lerroux era el nuevo jefe de Gobierno y Santiago Alba presidía las nuevas Cortes, donde los radicales eran la minoría mayoritaria.

La causa que se había abierto a raíz de la huida de March, en el juzgado de Alcalá de Henares, pasó en 1934 a la sala segunda del Tribunal Supremo, ya que, según el instructor, uno de los inculpados por presunto soborno disfrutaba de inmunidad parlamentaria. La coyuntura política había instalado en el poder a los amigos políticos de March, que copaban todos sus resortes. En abril de 1935 el Supremo estudió el caso. En primer lugar y por lo que concernía al posible soborno, consideró que las 10 000 pesetas que se depositaron de fianza para que el principal inculpado por la huida de March, Martín Arnaiz, pudiera abandonar la prisión, y las 2000 exigidas por posible responsabilidad civil, las entregó su defensor de manera espontánea. Esto significaba que el tribunal no observaba indicios o pruebas de que March se las hubiera dado antes.

«March le tenía encargado al abogado de la casa que el procesado Arnaiz Moreno estuviese defendido lo mejor posible, por la gratitud que le debía desde el instante en que desinteresadamente, y a título de equidad y de justicia, le abrió las puertas de la cárcel.»[20]

En segundo lugar, en las actuaciones practicadas por el instructor del juzgado de Alcalá de Henares, no apreciaba ningún hecho que indicara la concertación previa entre March y Arnaiz. Es decir, que March no le había prometido al oficial ninguna recompensa por dejarlo escapar. Y si March le había hecho dicho ofrecimiento, él no tenía ningún indicio de que Arnaiz lo hubiera aceptado. En conclusión, afirmaba que «de lo actuado no resulta indicio alguno de que tanto los procesados como el Sr. March hayan cometido el delito de cohecho, aun cuando humanamente pensando se suponga otra cosa».[21]

Respecto de la huida de la prisión, tal como había señalado el fiscal en el informe que dirigió a la sala 2.a del Supremo, no se podía perseguir criminalmente a March de acuerdo con el Código penal, a causa de que, cuando se encontraba recluido, lo había estado en calidad de preso y no de penado. Los magistrados hicieron suya la apreciación del fiscal y resolvieron inhibirse y remitir de nuevo el caso a los juzgados de Alcalá, para que prosiguieran la instrucción en lo referente a los funcionarios imputados. La resolución suponía la exculpación de March. La justicia acabó archivando el caso. March nunca fue juzgado por evasión. En realidad, como decían sus admiradores, no había huido de la prisión, la había abandonado como un señor.

Socialistas, radical-socialistas y republicanos de izquierdas habían perdido momentáneamente la batalla que sostenían con el principal capitalista del estado; será en 1936 cuando se librará la definitiva y sangrante guerra.

El escritor y dramaturgo José María Fernán sintetizó en una frase la huida de March. Mientras otros la calificaban de rocambolesca, Fernán afirmaba que era un exponente del mercantilismo imperante.

«Astuto como Ulises y poderoso como Creso, se escapa de la prisión […]. Todo se ha tramitado no como una aventura violenta, sino como un apacible negocio.»[22]

17

El Gobierno de las derechas (noviembre de 1933-febrero de 1936) y el Frente Popular (febrero de 1936-julio de 1936)

March vive un período de placidez política

El temor a la llegada de los radicales al poder, y de las consecuencias negativas que comportaría para la República, ya las había anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña: «Añado que me produce temor la perspectiva de que el lerrouxismo gobierne o prepondere, porque, aparte de que eso sería la resurrección de un partido muerto, significaría la paralización de la reforma agraria, un retroceso en la política de conciliación con Cataluña, la rehabilitación de March y sus contrabandistas, el predominio de los generales y de otros militares hasta ahora sojuzgados por la República, la libertad de Sanjurjo y la amnistía de los conjurados del 10 de agosto, y una era de favoritismo y negocios, según las tradiciones del romanismo (conde de Romanones).»[1]

En las elecciones legislativas de noviembre de 1933, en que las derechas ganaron por una amplia mayoría, por primera vez la mujer pudo ejercer el derecho de voto. Las izquierdas tenían miedo de la influencia que los curas pudieran ejercer sobre las mujeres a la hora de escoger la papeleta. La izquierda estaba dividida, como en muchas otras cuestiones. Escisión que se hizo patente a lo largo de la República. La militante socialista Victoria Kent era partidaria de aplazar la entrada en vigor de la nueva ley por temor a que la derecha fuera la más beneficiada. En cambio, los comunistas, muy minoritarios, apostaban decididamente por que la mujer pasara a ser un elemento activo en el futuro de la política. Una joven militante declaraba: «Yo no creo que sea ningún disparate la concesión del voto a la mujer. Es más, creo que todas las mujeres conscientes están deseando votar. ¿Que muchas son reaccionarias? Es verdad. Pero ¿no van a poder más los cientos de miles de obreras y mujeres de obreros que hay en España?»[2]

En las elecciones legislativas de 1933, irrumpió en el Parlamento la CEDA, un nuevo partido de coalición formado por diferentes agrupaciones provinciales de derechas, de tendencia tradicional, corporativista y católica. En su programa político no se defendía el parlamentarismo democrático. Cuando sus dirigentes eran interrogados por los líderes de los partidos republicanos y socialistas para que se definieran sobre cuál era el sistema político a que aspiraban, se escudaban en la ambigüedad. Declaraban que ésta no dejaba de ser una cuestión meramente accidental. No obstante, conscientes del apoyo popular inicial a la República, decidieron participar en el régimen representativo democrático a través de una estrategia posibilista, aprovechándose de los beneficios que les ofrecía el régimen político imperante. Juan March, que había subvencionado la campaña de la CEDA en Madrid, se había dado cuenta de que el futuro de la derecha ya no estaba en manos de Lerroux, sino que había basculado hacia la derecha católica. Una derecha que acabará por ser tutelada por los militares más reaccionarios. La CEDA contaba con un líder carismático, Gil Robles, al que se auguraba una excelente proyección política. Por esta razón, March se acercó a él. Los resultados de la izquierda fueron desastrosos. Los radical-socialistas, los más encarnizados perseguidores de March en la Comisión de Responsabilidades, pasaron de tener 60 diputados a quedarse con 3 en las nuevas Cortes.

Los partidos de izquierdas atribuyeron la derrota electoral a dos causas: a haber acudido por separado a la disputa electoral, y a la campaña muy activa a favor de la abstención que habían protagonizado los anarquistas, en muchas provincias subvencionados por la derecha.

«¡Obreros! Acudid con vuestras pistolas, con la dinamita.

»Impedid que la gente vote, sobre todo los que pudiesen votar a las izquierdas.

»¡Viva la FAI! ¡Viva la revolución social!»[3]

Antes de la proclamación de los diputados electos, el grupo socialista presentó una reclamación a la Comisión de Actas. Pedía que se aplazara la validación del acta de March, hasta que se resolvieran los expedientes pendientes en el Ministerio de Hacienda, de los cuales se podrían derivar responsabilidades administrativas o penales. La propuesta se votó en el plenario de las Cortes y fue rechazada por 225 votos contra 62.

«Votaron a March, los monárquicos, los “sedicientes republicanos” —⁠alguno hubo que sintió vergüenza y abandonó su escaño—, y los que no son ni una cosa ni otra para ser en cada caso lo que más convenga […].

»Sentimos vergüenza por los que no la tienen, la sentimos también por la República y por las Cortes. Su calidad se corresponde de modo perfecto con la calidad del huésped que se disponen a recibir con todos los honores.»[4]

Cuando ganaron las derechas, March se desentendió de la política y se dedicó a sus negocios, su nombre desapareció de las páginas de los diarios y del Libro de Sesiones en las Cortes. Permanecía en los grandes salones del hotel Palace, rodeado de colaboradores que preparaban las futuras grandes operaciones comerciales, industriales y financieras. Prefería la luz mortecina y débil, y que se hablara con voz tenue. A medida que se iba haciendo mayor, había ido aborreciendo las estridencias. Se refugiaba en los largos silencios, prefería una palabra de menos que una de más. Había acentuado su cautela y desconfianza hacia los seres humanos. La dura experiencia de persecución y encarcelamiento que había vivido durante el trienio reformador había transformado, sin duda, algunos rasgos de su personalidad. Se volvió más exigente a la hora de buscar sus hombres de confianza. Además, a partir de este momento los contactos con los políticos se hicieron a través de personas interpuestas. Al frente de sus negocios figuraban testaferros de lealtad comprobada. Seguía interesado más que antes si cabe por la información en los ámbitos de la política y del mundo de los negocios.

Josep Pla era asiduo de las tertulias del Palace que se celebraban en torno a March. En aquella época era el corresponsal de un diario de Barcelona que lo había destacado en Madrid como cronista parlamentario. El escritor catalán contaba que March llevaba en el bolsillo de la chaqueta una libretita llena de anotaciones donde se combinaban, aparentemente de forma caótica, números, letras y signos. Posiblemente nunca nadie pudo interpretar las claves. Si alguien las hubiera descubierto, habría adivinado cómo estaba tejida la telaraña de sus negocios. Cuando algún colaborador le preguntaba qué hacer ante alguna dificultad surgida en la marcha de los negocios, hojeaba la libreta, cuando encontraba la página donde estaba la información que necesitaba recordar la contrastaba con aquella que le acababan de proporcionar y se ponía a meditar durante algunos minutos. Estaba tan concentrado que parecía que se había abstraído de la realidad que lo rodeaba. De golpe, daba las órdenes precisas a su ayudante. Nadie podía adivinar el proceso mental que se había generado en su cerebro y todo el mundo se sorprendía de la celeridad con que comprendía la complejidad del tema. Lo admiraban por su capacidad, a partir de informaciones tan esquematizadas, de dar las soluciones más adecuadas a cada tema.

Tampoco había disminuido su apetito sexual, y seguía satisfaciéndolo con una cierta promiscuidad. Por las tardes, en un lugar reservado del Palace, se formaba la tertulia habitual donde participaban intelectuales (el doctor Marañón), escritores (Julio Camba, Azorín, Pemán), periodistas (Josep Pla), políticos (Romanones, Alba, Emiliano Iglesias, etc.) y hombres de negocios. Los directores de sus periódicos despachaban en otro lugar y en otro momento.

A veces, en mitad de la conversación, uno de los ayudantes de March se acercaba a la mesa y le hablaba al oído. March se levantaba y, sin dar explicaciones, se dirigía a la suite que tenía reservada permanentemente en el hotel, del cual era accionista. Unos minutos después se podía admirar a una mujer de la vida, voluptuosa y esbelta, que entraba por la puerta del hotel. Llevaba un vestido ajustado que permitía percibir un cuerpo de carnes duras y pechos firmes y voluminosos que sobresalían por el escote. Cuando caminaba se le podían observar unas piernas largas bien contorneadas, que se estilizaban gracias a los altos tacones de sus finos zapatos. La mujer no se detenía en la recepción, el empleado ya estaba enterado de adonde iba. Recorría el pasillo que conducía al ascensor sin prisas. Su amante, mientras esperaba, se acordaba de imágenes lujuriosas vividas en experiencias sensuales anteriores. Parecía que el tiempo había detenido su pulso. Un ansia vigorosa, en los momentos previos, se apoderaba de todo su cuerpo. Un ardor que se desvanecía cuando había satisfecho su pasión. La misma sensación que experimentaba cuando acababa de cerrar un buen trato.

Recuperada la serenidad, regresaba a su mundo mercantil, ya no se sentía perturbado por el deseo carnal. Volvía a la tertulia y reanudaba la conversación en el punto en que se había interrumpido, como si no se hubiera ausentado.

El último pirata del Mediterráneo

Cuando March había conseguido salir de la escena pública, gracias a que estaban en el poder la mayoría de sus acreedores políticos y económicos, en 1934 irrumpió un ciclón que causó destrozos en su imagen pública: la publicación de la obra de Manuel Benavides El último pirata del Mediterráneo. El periodista gallego conocía de cerca, por ser paisano suyo, a Emiliano Iglesias, abogado al que March, cuando comenzó a ejercer su carrera, le encargó la defensa de sus hombres acusados por delitos de contrabando en la costa catalana. El abogado se metió después en política, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputado a Cortes. Por todos los sitios que pasó dejó un rastro de corrupción. La novela histórica de Benavides tiene una vertiente panfletaria contra el núcleo de políticos más corruptos que militaban en el grupo de Lerroux, en el cual Emiliano Iglesias ocupaba el primer puesto. La novela no se ciñó solamente a narrar las vivencias y tribulaciones de este individuo, que gracias al caciquismo dominante en Galicia siempre que se había presentado como candidato a diputado había salido elegido, incluso en las elecciones legislativas de noviembre de 1933. A pesar de que en la legislatura anterior el Congreso de los Diputados lo había declarado culpable de un intento de soborno, motivo por el cual había sido declarado moralmente incompatible con las Cortes constituyentes. El libro no se limita a desvelar la corrupción en el seno de la formación de Lerroux, sino que se entrelaza con la biografía novelada de March. Para March el libro no era más que un libelo que rezumaba odio y pretendía difamarlo, a la vez que intentaba desprestigiar la formación política de Lerroux, a la cual financiaba.

El autor afirmaba que uno de los primeros lectores de su libro en España fue el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Sin embargo, esto no sería impedimento para nombrar primer ministro a Lerroux, poco tiempo después.[5]

Hasta hoy ningún biógrafo de March ha podido demostrar documentalmente la falsedad de los hechos que relata, incluso los más escabrosos y comprometedores. El autor atribuye nombres fingidos a la mayoría de los protagonistas que aparecen en el libro. En aquella época, no había que ser muy despabilado para adivinarlos, sobre todo para la gente de Mallorca. Lo que nadie dudaba era que el Albert de la novela era, en realidad, Juan March. Seguramente utilizó esta estratagema para evitar una posible demanda judicial de Verga. A pesar de estas precauciones, March se querelló contra Benavides por presunto delito contra su honor.

Cuando se publicó, se distribuyó en todas las librerías de la capital y también se puso a la venta en los quioscos donde se vendían diarios, revistas, golosinas, lápices, tabaco, etc. Grupos de seguidores de March comenzaron a apoderarse de los ejemplares utilizando la fuerza bruta, un secuestro ilegal que no topó con ninguna oposición de la policía. Normalmente los inductores pagan bien a estos energúmenos, aunque los hay que para reivindicarse ante sus señores lo hacen gratis y con gusto. Ya llegará el momento de pedirles un favor o una ayuda.

Margarita Nelken, la diputada socialista, escribió que la publicación del libro fue un acontecimiento político de gran calado. Afirmaba que España era un país de pocos lectores, y que ser escritor equivalía a hacer un voto de pobreza. A pesar del reducido número de potenciales lectores, El último pirata del Mediterráneo tuvo una tirada extraordinaria. El Obrero Balear, portavoz de los socialistas mallorquines, lo ofrecía a sus lectores a precio reducido. También lo vendía por correo El Socialista. Toda la prensa socialista realizó una gran propaganda a favor del libro, que despertó la curiosidad de los obreros más politizados. Muchos trabajadores, a pesar de ser analfabetos, lo compraban, porque querían conocer lo que allí se desvelaba. Por eso, confiaban en que se lo leyera algún familiar o amigo que había tenido el privilegio de ir a la escuela una breve temporada y había aprendido a leer y escribir.

El rumor popular dijo que March, por medio de amenazas, llegó a un acuerdo con el editor y le compró todas las ediciones. (Leyenda o realidad, quién podría asegurarlo.) Durante el franquismo, este libro estuvo prohibido a pesar de que unos pocos ciudadanos pudieron hacerse con un ejemplar gracias a las ediciones clandestinas que entraron a España desde México. Quien lo tenía lo guardaba como un pequeño tesoro y sólo se lo dejaba leer a personas de su confianza a las que, antes, les hacía prometer que si la policía se lo incautaba no desvelarían el nombre de quien se lo había prestado. Como si se tratara de propaganda subversiva contra el Régimen. Se extremaban las precauciones a la hora de prestarlo. El miedo se hacía omnipresente en la vida de la población que había vivido la guerra.

En las escuelas de la Unión Soviética, las autoridades académicas recomendaban la lectura de El último pirata del Mediterráneo, o mejor dicho: era obligatorio para los alumnos de lengua castellana. En aquel régimen, como sucedería en España durante el franquismo, todo eran imposiciones y privaciones. Era un ejercicio para inculcar el odio al sistema político democrático, al que consideraban perverso, y al mismo tiempo satanizaban la figura del capitalista.

La revuelta de Asturias (1934) deja malherida a la República

En 1934, March, después de la revuelta de Asturias, un fracaso estrepitoso de los socialistas, vendió el diario La Libertad, que mantenía una línea editorial liberal. La estrategia de enfrentamiento y de polarización que se impuso en la política española después de la insurrección de la izquierda y de la terrible represión de la derecha influyó, sin duda, en su decisión. Dejó de interesarle sostener un diario que hasta entonces había servido de frágil vínculo con la izquierda moderada.

En 1935, España había llegado a un principio de acuerdo con Francia para suscribir un convenio comercial. Cuando los franceses presentaron el borrador del acuerdo, Martínez Velasco, jefe de la representación española, se sorprendió por la inclusión de una cláusula que no se había discutido en la mesa de negociaciones. El artículo comprometía al Estado español a hacer efectiva a Juan March la cantidad de 10 millones de pesetas que supuestamente se le debían en concepto de indemnizaciones pendientes por la expropiación de Petróleos Portopí (sociedad participada por capital francés). A través de sus influencias en el Gobierno consiguió que éste considerara el cumplimiento de esta condición como imprescindible para firmar el acuerdo. Cuenta el presidente de la República que «Martínez Velasco vióse sorprendido por la demanda como condición ineludible, de lo más insólito e incongruente: el compromiso de resolver a favor de un multimillonario y multicontrabandista cierto expediente otorgando a éste una indemnización millonaria».[6] La maniobra era obra del ministro del Partido Radical Luis Malvy, amigo de March. En aquella época el Gobierno francés estaba en minoría en la Cámara de Diputados y dependía de los votos radicales para mantenerse en el poder.

March, antes de que la crisis política degenerara en enfrentamientos armados, había establecido una línea de colaboración con los sectores políticos más derechistas para utilizar a sus militantes como guardia pretoriana. Sabía que a la Falange Española y de las Jons se la podría usar como fuerza de choque para desestabilizar el sistema político, si volvían a gobernar las izquierdas. También se podrían servir de estos grupos paramilitares como fuerza de apoyo al Ejército si se hacía indispensable instigar una revuelta militar. Curiosamente, «José Antonio Primo de Rivera repitió en más de una ocasión la expresión de que, de triunfar su movimiento, una de las primeras cosas que era menester llevar a cabo era el fusilamiento de Juan March».[7] Era pura retórica porque, al mismo tiempo que hacía estas manifestaciones tan amenazadoras, el minúsculo grupo de las Jons, aliado de la Falange, recibía aportaciones económicas de March. La organización fascista había fracasado en incorporar a las masas a su proyecto, y se mantenía gracias a las ayudas de los señorones temerosos de la llegada del bolchevismo. Mientras durara la República, la opción de March pasó a ser la derecha católica tradicional dirigida por el enérgico Gil Robles, después de constatar la debilidad y la incapacidad para gobernar de Lerroux. A partir de septiembre de 1933, las discrepancias entre las diferentes corrientes del socialismo se acentuaron. A March, para debilitar el partido, le interesó agrandar la fractura que se había abierto entre las dos grandes corrientes del PSOE: el sector «caballerista», de Largo Caballero, y los seguidores de Indalecio Prieto, el enemigo de March de más peso político.

«Los moderados (los seguidores de Prieto) dudaban de la licitud de los recursos de Claridad (cuando el semanario de la UGT, controlado por Largo Caballero, se transformó en diario, el 6 de abril de 1936), temiendo que realmente fuera financiado por Juan March para dividir el socialismo. No tenían una constancia clara de la procedencia del dinero que servía para editar el diario Claridad, que por su parte agrupaba a los revolucionarios y no podía soportar la moderación de un partido que entendían entregado al republicanismo burgués.»[8]

El grado de enfrentamiento entre los dos sectores del socialismo era tal que en el acto de toma de posesión de Azaña como presidente de la República, el director Zugazagoitia, de El Socialista, órgano de difusión oficial del PSOE, controlado por Prieto, y el director Araquistáin, de Claridad, representante del sector «caballerista», se insultaron e incluso llegaron a las manos.

El 25 de marzo de 1936, el Comité Nacional del PSOE proclamó que Claridad era un órgano que propugnaba la escisión en el seno del partido, y reclamó a sus directivos que hicieran efectiva la deuda que tenían con la Gráfica Socialista. La dirección de El Socialista, pasado un cierto tiempo, decidió presentar una querella ante los tribunales contra los responsables de Claridad, a causa de no haber saldado la deuda acumulada de 9021 pesetas. El historiador Santos Juliá afirma que para evitar el proceso se pagó en seguida la deuda: «Tirando del talonario, en plan de empresarios yanquis, como no dudó en calificarlos El Socialista.»[9]

El diario Claridad se lamentaba reiteradamente de ser víctima de una ultrajante campaña de desprestigio, «que con violencia jamás igualada se desató contra Claridad, pretendiéndose enlodarnos con la especie de que nuestro periódico es financiado por mortales enemigos de la clase trabajadora (Juan March)».[10]

El denominado bienio negro, que duró de noviembre de 1933 a febrero de 1936, fue un período político dominado formalmente por la formación de Lerroux, quien ocupó en diversas ocasiones la presidencia del Consejo de Ministros y, cuando no lo presidía, ocupaba una cartera ministerial relevante. Pero esta situación política era engañosa. Lerroux cedía ante la pertinaz y fuerte presión de Gil Robles, quien daba apoyo parlamentario, para que desplegara una política impregnada de postulados autoritarios. La debilidad del jefe del partido provocó tensiones en el seno del Partido Radical. Los moderados, encabezados por Martínez Barrio, se sentían cada vez más incómodos con una política que estaba basculando hacia el autoritarismo. Finalmente, acabaron abandonando el Gobierno. Sus antiguos correligionarios y los dirigentes de la CEDA los acusaron de blandos, por resistirse a aplicar una línea dura respecto de la política de orden público. Había que cortar de raíz los movimientos insurgentes de la izquierda. Los disidentes fundaron un nuevo partido, que se llamó Partido Radical Demócrata, dirigido por el mismo Martínez Barrio. Lo siguieron 19 diputados del grupo parlamentario radical. Unos meses después, los escindidos del Partido Radical se unieron al sector mayoritario del Partido Radical-Socialista de Félix Cordón Ordás y constituyeron la Unión Republicana.

A medida que transcurría la legislatura, se ponían de manifiesto las limitaciones y carencias de Lerroux como hombre de Estado, que lo convirtieron en una figura decorativa, un títere en manos del impetuoso, sagaz y competente Gil Robles. Cuando el dirigente católico ocupó el Ministerio de Guerra, se rodeó de los más destacados generales «africanistas». Estos militares ocuparon la cúpula militar, desde donde pudieron situar a sus hombres en los puestos clave del Ejército, a fin de ir conformando una trama conspiratoria ante la más que posible eventualidad de una intervención militar.

Lerroux y los dirigentes destacados del Partido Radical, durante este período (1933-1935), fueron salpicados por los escándalos: el del estraperlo y el caso Nombela.

Fue una aberración política que un hombre como Lerroux llegara a la cima del poder con sus antecedentes y limitaciones. Este hecho, no excepcional, evidencia las miserias, las mediocridades y el cainismo humano. Por desgracia, Lerroux no es un caso aislado en la historia de los gobernantes. ¿Cuántos no lo han superado en desaciertos? ¿Y cuántos, por nefastos, no lo harán digno de elogio en el futuro?

En su carrera política siempre lo acompañaron el escándalo y la corrupción; era un derrochador. Cuando estaba en la oposición, utilizaba la demagogia según le convenía, y tenía la intuición de decir lo que querían oír sus seguidores en las diferentes coyunturas que les había tocado vivir. Su trayectoria política fue de lo más voluble, pasó de pedir a sus seguidores en Barcelona que levantaran los hábitos a las monjas para acabar con su virginidad y elevarlas a la categoría de madres, a reverenciar al dictador Franco, quien marchaba bajo palio.

En enero de 1936, la crisis política se había agravado y el presidente de la República, Alcalá Zamora, confió por segunda vez en Pórtela Valladares, que no tenía grupo parlamentario propio, para formar nuevo Gobierno. Le entregó el decreto de disolución de las Cortes, que implicaba la convocatoria de nuevas elecciones. Con esta decisión, el presidente de la República privaba a ésta de ser dirigida por los auténticos republicanos: Azaña, Prieto, Maura, Sánchez Román, Martínez Barrio, etc. El nuevo Gobierno no contaba con ningún ministro de la CEDA, el grupo mayoritario en la Cámara de los Diputados, antes de la disolución de las Cortes. Era un ejecutivo sin el apoyo de ningún partido mayoritario. Una insensatez política. La elección de Pórtela Valladares era una maniobra más de un presidente de la República que no aceptaba las limitaciones de su cargo y, desde el poder, pretendía que el nuevo primer ministro fuera capaz de formar un partido republicano de derechas, del cual él sería el líder. Esa formación política actuaría de partido bisagra entre los dos grandes bloques de derechas y de izquierdas.

En busca de apoyo, Pórtela Valladares se entrevistó con Juan March. El primer ministro le preguntó a March:

«—¿Cuántos candidatos piensa usted, señor March, presentar en las Baleares?

»—Ninguno —replicó el mallorquín.

»—¿Cómo ha dicho? […] —Se extendió en argumentos y detalles para que el visitante viera claramente que todas las personas de orden, y que tenían algo que perder, forzosamente tenían que prestarse en la operación de dar a las Cortes un grupo centrista que restableciera la convivencia en el país.

»—Ninguno —replicó March—. Mi experiencia ha demostrado que mucho mejor y más barato resulta comprar a los diputados salientes que gastarse el dinero y las energías en candidatos que resulten luego derrotados.»[11]

March, antes del triunfo de las izquierdas en febrero de 1936, se deshizo del diario Informaciones, que siempre había defendido los postulados de la derecha y que desde 1933 fue el portavoz oficioso de los nazis en España. Lo compró Salazar Alonso, del Partido Radical de Lerroux, asociado con un grupo de inversores.

March optó por permanecer en el anonimato y cambiar su estrategia en el mundo de la prensa: ahora, en vez de tener sus propios periódicos, blanco de sus enemigos, se decidió por una política basada en la inversión de capital en las principales sociedades editoras, sin que fuera de dominio público. Cuando lo necesitaba, también primaba a directores o redactores para que defendieran sus intereses.

El Frente Popular

Para algunos historiadores, la revuelta de Asturias fue un ensayo de lo que sería dos años después la Guerra Civil. En la izquierda, los sectores moderados, que aspiraban a consolidar un régimen parlamentario democrático, estaban en minoría política y social en relación con aquellos favorables al cambio por la vía revolucionaria. Las derechas inmovilistas y tradicionalistas pretendían seguir administrando el poder como un patrimonio que les había pertenecido ininterrumpidamente durante siglos. El ejército colonial del norte de África era un foco de permanente inestabilidad para la República democrática. La doctrina de los «africanistas» enaltecía unos valores arraigados en el pasado, donde imperaban la jerarquía, el orden, el autoritarismo y el odio a cualquier corriente de pensamiento extranjera, tanto de carácter socialista como liberal. Los militares colonialistas se convirtieron en aliados inestimables para los sectores de la sociedad civil, dispuestos a recurrir a la fuerza para no perder ninguno de sus privilegios y aplastar los partidos revolucionarios. El ejército de África era la fuerza de choque más aguerrida y con más batallones de soldados profesionales.

La alianza entre el ejército sublevado y la derecha política se puso al descubierto de manera diáfana desde el primer día de la Guerra Civil. Unión que sería bautizada por la Iglesia católica como de cruzada contra el marxismo.

Las elecciones de 1936 fueron un preludio de la lucha armada que se aproximaba, porque la campaña electoral fue una lucha encarnizada entre dos bandos irreconciliables. La izquierda se agrupó y constituyó el Frente Popular, e incluso los anarquistas se apuntaron, a pesar de los esfuerzos de la derecha para que persistieran en su política abstencionista, que se había impuesto en las anteriores confrontaciones electorales. Algunos historiadores se refieren a la compra de las voluntades de dirigentes con influencia en la FAI o la CNT para que promovieran la abstención entre la militancia anarquista. ¿Adónde iba a parar el dinero de la derecha? ¿Qué uso se le daba?

La derecha formó un bloque que englobaba a los posibilistas católicos (en franca decadencia ante la radicalización de la política), a los monárquicos, y a la extrema derecha. Un eslogan electoral bastante ilustrativo de hasta qué punto las opiniones de los extremistas se habían impuesto sobre una política que se debería haber guiado por la sensatez es el siguiente: «¡Votad por el Ejército, por la Guardia Civil y demás agentes de la ley que la revolución combate y quiere destrozar! ¡No seáis traidores con quienes son leales! ¡Elector, recuerda los incendios de las iglesias, los conventos, las fábricas y los cuarteles de Asturias! ¡Vota contra la revolución!»[12]

March jugaba fuerte a favor del bloque reaccionario, sabía que la victoria de las izquierdas le supondría el exilio y la persecución. En la campaña electoral de 1936 fue el principal financiador de la derecha política. Una campaña a la americana por los medios utilizados, inusuales en un país en vías de desarrollo. Pero Verga era un gran magnate, y su fortuna ya era considerada una de las más grandes del continente.

El historiador Donald McCormick asegura que March temía la caída de España bajo el control de los comunistas y consideraba el régimen nazi como una peligrosa necesidad para ayudarlos a aniquilar la amenaza.[13]

«El que fue embajador de EE. UU. en los meses previos a la guerra civil en España refiere algunos pormenores de la intervención de Juan March en la campaña apoyando, si no “moralmente”, lo cual era imposible, sí con su dinero, a las derechas en las elecciones de febrero de 1936. Afirma aquél que Juan March se imponía como dictador de la coalición derechista, contribuyendo con una fortuna al fondo de la campaña y ejerciendo el derecho de veto en las candidaturas.»[14]

El diputado Payá, ex subsecretario de Hacienda, acusó públicamente a March de haber impedido que su nombre figurara en la candidatura por Murcia. La causa fue que tiempo atrás le había denegado una indemnización de 18 millones de pesetas. En la demanda que March formuló al Estado por la expropiación de Portopí Oil Company, cuando se creó el monopolio Campsa. Payá fue a quejarse por la exclusión a Santiago Alba, sin obtener ningún resultado: quien paga manda.[15]

La formación de dos bloques antagónicos no facilitaba el diálogo ni la resolución de las diferencias políticas y antagonismos sociales en el foro parlamentario. La misma creación de milicias armadas en los dos bandos era una prueba evidente de la falta de fe en la concertación social y política. Todo este clima de crispación estaba impregnado de un dogmatismo enceguecedor. Era el preludio de una confrontación violenta: un cielo tan cargado no se aclara sin una tempestad. Se vivía una época en que la violencia se enaltecía y se consideraba un instrumento legítimo para alcanzar los supremos objetivos del nuevo orden. También se había pervertido el lenguaje y se quería dar un nuevo significado a determinadas palabras, embebiéndolas de un misticismo tendencioso: las más utilizadas fueron «patria», «nación», «Estado», «partido», «autoridad», «familia», «unidad de destino» y «heroísmo». Era la grandilocuencia de la vacuidad.

El régimen nazi y el fascista italiano habían instaurado la preeminencia del jefe y del Estado por encima de los individuos, que debían a la fuerza someterse a los intereses superiores de la gran nación. La eliminación física del disidente era una práctica habitual en ambos países comandados por Hitler y Mussolini. Pero los bolcheviques en Rusia no se quedaban atrás, en cuanto a la supresión de los derechos y libertades de los ciudadanos, y a la hora de instaurar una política represiva sanguinaria donde igualmente la discrepancia política se pagaba con la vida. Estas corrientes ideológicas habían calado por doquier. España no pudo evitar el avance irrefrenable de la irracionalidad procedente del este (Rusia y Alemania), políticas donde era notoria la superioridad de los instintos destructores sobre la razón y los valores democráticos y éticos.

Ante el temor de ser detenido por orden del nuevo ministro de Gobernación, March abandonó España y se autoexilió a Francia.

18

La Guerra Civil
March, banquero de los militares rebeldes

Los preparativos del golpe de estado de julio de 1936

El general Mola se había convertido en el director de la conspiración, y desde el primer momento tuvo a su lado a March. Gracias a la cobertura financiera del magnate, éste pudo poner a resguardo a su familia en Francia, unas cuantas semanas antes del golpe de Estado.

El general «africanista» se había percatado de que no podía preparar un levantamiento militar siguiendo la estrategia decimonónica, que fijaba como único objetivo alcanzar el control de alguna región militar, preferentemente Madrid, y provocar el efecto dominó que consistía en que de una manera gradual el resto de las capitanías se pusieran al lado del general sublevado. La sociedad se había hecho más compleja y el poder estaba menos centralizado. En las grandes ciudades los sindicatos y los partidos políticos de izquierdas contaban con poderosas organizaciones y milicias armadas que se opondrían a la revuelta. La CNT superaba el millón y medio de afiliados.

El general Franco era un hombre extremadamente cauteloso y, hasta una semana antes del inicio de la conspiración, lo embargaron dudas sobre si comprometerse con ella o no. Tomás Peire, comandante y ex diputado del Partido Radical, fue el hombre elegido por March para dar garantías económicas a Franco en la eventualidad de que el golpe fracasara. J. A. Sangróniz, ex colaborador de Primo de Rivera, quince días antes de la insurrección, visitó nuevamente a Franco, en Santa Cruz de Tenerife, para ratificarle la promesa que le había hecho el emisario de March.[1]

«Elementos disidentes de Madrid han propalado que Franco, a cambio de ayudar a la rebelión, exigía una garantía financiera similar a la que había sido concedida a Sanjurjo. Según esta historia, el viejo camarada y paisano de Franco, el coronel Camilo Alonso Vega, fue con una carta personal de Franco en la que pedía que se depositaran fondos suficientes en un banco extranjero para garantizar su sueldo de general y el sostén de su familia.

»Aunque esto no estaría en contradicción con el carácter de Franco. La fotocopia de la carta nunca se ha publicado.»[2]

Además de la conspiración militar, había una trama civil en la cual participaban, aparte de March, Gil Robles, jefe de la CEDA, el grupo monárquico, en el que se integraron Fernando Fernández de Córdoba, marqués de Mendigorría, el conde de los Andes, Sainz Rodríguez, Escobar, Zunzunegui y Luca de Tena, entre otros. Gil Robles explica en sus memorias los contactos que mantenían los capitostes de la conjura civil para concretar las actuaciones de apoyo que había que dar a los militares y las presiones que era necesario hacer sobre determinados comandantes militares, que eran reticentes a adherirse a la revuelta. La revista Current History asegura que, en junio de 1936, el almirante Canaris conferenció con March, el general Mola y Gil Robles para conocer detalles de la conspiración y prestarles ayuda desde Alemania. Aún no se preveía que el golpe degenerara en una guerra civil, de modo que no se estableció un plan de apoyo militar continuado.

Los militares golpistas fijaron como un objetivo estratégico el traslado del general Franco de las islas Canarias a Tetuán, para que se pusiera al frente del ejército colonial que debería atravesar el Estrecho y desembarcar en el sur de la Península para avanzar sobre Madrid. El teniente coronel Yagüe, apodado por los izquierdistas como la Hiena de Asturias, que mandaba la Legión, comunicó a Valentín Galarza, enlace de Mola, que solamente participaría en la conjura si Franco asumía el mando del ejército de África. Era, por tanto, imprescindible que se dispusiera de un avión que tuviera la suficiente autonomía de vuelo para este periplo.

Francisco Herrera Oria, a principios de julio, fue el encargado de reunirse en Biarritz con Juan March, a quien solicitó apoyo financiero para comprar o alquilar un avión que reuniera las condiciones para cumplir la misión con las máximas garantías de éxito. March no dudó en responder afirmativamente a la demanda y encargó a Luca de Tena, propietario del diario ABC, que hiciera las oportunas gestiones para llevar a buen puerto la operación.

«Don Juan me dio un cheque en blanco y con el preciado papelito en la cartera emprendí el viaje a la capital de Francia.»[3]

Luca de Tena en seguida estableció contacto con el corresponsal del diario en Londres, Luis Bolín, que requirió el concurso de Juanito de la Cierva, un experto en temas aeronáuticos, para que eligiera el avión más idóneo. Se alquiló un modelo Havilland «Dragon Rapide», pilotado por el capitán Cecil W. H. Bebb, y se contrató una póliza de seguro a todo riesgo a favor de Franco por valor de 10 000 libras. El avión despegó del aeropuerto de Croydon el 11 de julio y, después de diferentes escalas, el 15 de julio aterrizó en el aeropuerto de Las Palmas, donde permaneció a la espera de trasladar al general Franco al norte de África.

El avión pudo aterrizar el 18 de julio sin ningún obstáculo en el aeropuerto de Tetuán, donde los militares sediciosos se habían hecho con el control.

La rebelión militar degenera en guerra fratricida

La revuelta se inició el 17 de julio en las plazas de soberanía y en todo el Protectorado. Rápidamente los sediciosos controlaron la situación sin demasiada resistencia. En la Península, el 18, el golpe no triunfó, pero tampoco fracasó del todo, puesto que un tercio del territorio nacional quedó bajo el control de los golpistas. Las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, permanecieron en manos de las fuerzas leales al Gobierno. La neutralización de los insurgentes en la capital auguraba un rápido restablecimiento de la normalidad constitucional. Así lo entendió el embajador alemán Welczeck, en París, aunque Mola, con la ayuda de 8000 requetés y de las tropas que se habían sublevado en Valladolid, Burgos, Pamplona y Zaragoza se disponía a iniciar un avance relámpago hacia la capital.

El presidente del Consejo de Ministros, Casares Quiroga, intentó, en las primeras horas, que la noticia de la revuelta en el norte de África fuera silenciada por la prensa. Tal vez creyera que si no se divulgaba la gravedad de la insurrección militar, la amenaza dejaría de ser real. Por más que se instaurara la censura de prensa, los diarios anarquistas y «caballeristas» rompieron la mordaza gubernamental y contaron a los lectores la envergadura de la rebelión y la amenaza que representaba para la continuidad de la República.

El 19 de julio, Casares Quiroga presentó la dimisión después de fracasar en la formación de un gobierno de concentración nacional, debido a la oposición de los sindicatos y de Largo Caballero. Intentaba consensuar un programa moderado sugerido por Miguel Maura. Después del vacío de poder que se produjo en la República, el presidente Manuel Azaña nombró primer ministro al republicano Martínez Barrio, quien intentó constituir un gobierno que incorporara al rebelde general Mola. Una manera poco constitucional de desactivar la insurrección. Pero Martínez Barrio debió de pensar que si no se podía doblegar al enemigo, frente a la inminente Guerra Civil, antes de rendirse, era mejor pactar con él. Mola rechazó la propuesta y exigió que se entregara el poder a una Junta militar. En la noche del 19 de julio, Martínez Barrio dimitió y Azaña nombró a José Giral presidente del Consejo de Ministros, el tercer presidente en 48 horas.

El 20 de julio comenzaron las confiscaciones de diarios por parte de los partidos de izquierdas y de los sindicatos. El diario Informaciones, que tiempo atrás había sido propiedad de March, apodado por Prieto como la Jaca del contrabandista, por paradojas de la historia, pasó a manos de los partidarios de Prieto. A partir de aquel momento, los moderados del PSOE controlaron dos diarios, El Socialista e Informaciones, el último de los cuales se especializó en reproducir mensajes cifrados que se interceptaban al enemigo.

«El hombre que ha financiado el criminal movimiento fascista ha sido Juan March.

»Se ha sabido esto merced a un radio del faccioso ex general Franco, dirigido a la Banca March, de Palma de Mallorca, y en el que se decía: “Preguntad urgentemente Banca March domicilio don Juan March en Biarritz.” El radio iba cifrado.»[4]

Ante los ataques reiterados que se lanzaban desde el bando republicano a la financiación del movimiento sedicioso por March, Franco hizo unas declaraciones, en las que aseguraba que todas las aportaciones a la causa nacional tenían un fin exclusivamente patriótico y desinteresado.

«En nuestras filas se combate por la verdadera y nueva España. Una España sin lucha de clases y sin privilegios de castas ni económicos. Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento, como Juan March, no lo han hecho por obtener ventajas, que en ningún momento se les han prometido, lo han hecho para que se llegue a una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa.»[5]

Mientras tanto, en Mallorca, el diario de March, El Día, actuaba de medio propagandista de los rebeldes y difundía las consignas de la nueva España:

«Queremos una España honrada. Una España trabajadora. Una España fuerte. Queremos una España que viva en perfecta unión de todas sus clases.

»¡Abajo la lucha de clases!

»¡Queremos el imperio de la paz, de la justicia y del orden!»[6]

Estas proclamas explicitaban los rasgos ideológicos que los rebeldes iban incorporando en su ideario, de diferentes procedencias. La anatemización de la lucha de clases era un principio del modelo fascista italiano: un Estado corporativo donde la lucha de clases debía dejar paso a la cooperación entre patronos y trabajadores, organizados en el seno de sindicatos verticales. El lema «la España fuerte» rezumaba un nacionalismo españolista que se reavivaría a medida que las tropas rebeldes conquistaran nuevos territorios peninsulares. Proclamaban los propagandistas, al menos retóricamente, que los caballeros cristianos habían iniciado una nueva Reconquista contra el infiel. En esta etapa de la historia contemporánea los musulmanes luchaban al lado de los «buenos». Ahora el enemigo eran «los otros españoles», a los que había que combatir y expulsar del país, por estar contaminados de ideas ateas y comunistas.

Transcurridas las primeras semanas de conflagración bélica sin que ninguno de los dos bandos se impusiera militarmente al otro, el futuro que se vislumbraba era una confrontación incivil larga y de resolución incierta.

Los grandes traficantes internacionales pudieron subir los precios de las armas y municiones porque las diferentes delegaciones que representaban a las organizaciones sindicales o políticas de izquierdas acudían por separado a comprarlas. Entre los grupos integrantes del bando republicano se mantenían las rivalidades como si la revuelta de los militares sediciosos no fuera una amenaza suficientemente grave para dejar de lado las divergencias y constituir un mando unificado para intentar derrotarlos. A causa de estas divisiones los negociantes se podían hacer valer y obligarlos a licitar al alza. Basile Zaharoff, amigo de March y legendario traficante de armas internacional, vendió armas en mal estado y obsoletas al bando republicano, con el objetivo de disminuir la capacidad de fuego de su ejército.

El general Mola, ante la evidencia de que el control del Estado no sería inmediato, necesitaba con urgencia municiones y armamentos para sitiar Madrid. March, una vez más, fue requerido por los oficiales rebeldes. Visitó el cuartel general en Pamplona y, en presencia del coronel del Estado Mayor, Federico Muntaner, encargado de los asuntos financieros, puso a disposición del general valores inmobiliarios internacionales, cuya cotización en los mercados superaba los 600 millones de pesetas, para que los utilizara como aval para la compra de suministros bélicos.

«Le entregó un documento; se trataba de una lista, escrita en papel de barba, de los valores que el financiero ponía a disposición del general para que dispusiera de ellos a fin de obtener dinero. La relación empezaba con acciones de la Chade y del Crédit Lyonnais.»[7]

Antes de que la junta de defensa de los militares rebeldes eligiera el general que debía asumir el mando único de los ejércitos insurgentes, March, gracias a los avales proporcionados a Mola para la compra de armas, ya había obtenido de este general el compromiso de dar apoyo a la candidatura de Franco.[8]

El general Mola, después de la muerte accidental del general Sanjurjo, pasó a ser, aparentemente, el candidato mejor situado para convertirse en general en jefe del ejército rebelde. Pero los acontecimientos bélicos propiciaron una nueva redistribución del poder en el bando rebelde, a causa de que las tropas de Mola no habían conseguido entrar en la capital del estado con la celeridad que se había planificado. En cambio, el avance victorioso desde el sur del ejército africano, comandado por Franco, le había hecho perder muchas opciones de liderazgo.

«Los románticos y los exaltados le odiaban (al general Franco) por sus cálculos; pero por estas mismas características el financiero Juan March, y los que representaban a los negociantes alemanes, portugueses y finalmente los italianos, lo consideraban el más capaz de todos los jefes de la insurrección.»[9]

El Gobierno, consciente de la implicación de March en la conjura, decidió confiscar la mayoría de sus bienes, aunque la medida tuvo unos efectos limitados. Retrasarse en la adopción de medidas drásticas contra los enemigos fue un error de la República, que no se supo corregir a tiempo. Antes del levantamiento militar, el capital de March se había depositado en bancos europeos.

El día anterior al levantamiento militar, March ordenó a los capitanes de la flota de la Trasmediterránea que se hicieran a alta mar y allí esperaran instrucciones, que estarían condicionadas por el curso de los acontecimientos. La mayoría de la flota quedó resguardada, ya que después del 19 de julio pudo amarrar en los puertos que quedaron bajo control de los militares rebeldes. Este transporte marítimo se utilizó para aprovisionar al Ejército y para el transporte de tropas.

El palacio que tenía March en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, fue ocupado por las juventudes republicanas.

«Considerando las responsabilidades contraídas por el señor March en su participación y ayuda al movimiento sedicioso […].

»El ministro de Comunicaciones y Marina Mercante se incautará de todas las acciones y obligaciones de la Compañía Trasmediterránea, que pertenezcan o hayan pertenecido a don Juan March Ordinas y a don Juan March Servera […].

»El Estado se incauta provisionalmente y por causa de interés público, de la Compañía Trasmediterránea, así como del capital circulante y de los depósitos y almacenes de la misma rescindiendo el contrato vigente sin indemnización.»[10]

Los sindicatos pidieron la confiscación de las acciones de March en la Compañía Arrendataria, sociedad concesionaria del monopolio de venta de tabaco. La misma que en el pasado padeció la competencia ilegal del contrabandista.[11]

March vivía en el Grand Hotel de París y tenía como secretario al padre Palmer de la Misión Española en París. Desde la capital francesa pagó una campaña de prensa en los diarios internacionales para crear entre los círculos conservadores un estado de opinión contrario a que el Gobierno francés ayudara militarmente al Gobierno republicano de Giral, tal como éste le pedía.

El padre Gabriel Palmer cuenta la difícil situación que vivió, en París, al lado de March, en 1936, desde donde se daba apoyo internacional a los militares rebeldes: «A primeros de agosto de 1936, albores gloriosos de la Guerra Redentora, estábamos juntos don Juan March y yo [el padre Palmer] instalados en el Grand Hotel […] trabajando sin tregua ni descanso, día y noche, en favor del Generalísimo Franco, hasta con amenazas de muerte. Me solidaricé y a mucha honra con la valiente actitud de V. contra la horda roja, siendo blanco de las iras bestiales de la prensa roja internacional y del odio satánico de la Embajada comunista.»[12]

Antonio Goicoechea, fundador del partido monárquico Renovación Española, hizo, por indicación de Mola, una primera demanda de aviones al Gobierno italiano. Disponer de cobertura aérea era imprescindible para posibilitar el traslado del ejército de África al sur de la Península. Para esta operación necesitaban comprar cazas, bombarderos y aviones de transporte. Una necesidad estratégica perentoria para los rebeldes, a causa de que las tropas de Mola se habían topado con una dura resistencia en su avance hacia Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Ciano, no tenía demasiada confianza en el éxito de los militares rebeldes, por lo cual exigió que los aviones se pagaran al contado. En el bando nacional estaban desesperados. El general Jordana convocó a los directores de los bancos españoles que estaban en la zona nacional, y a Juan March. Cerró el despacho y les dijo: no dejaré salir a nadie antes de obtener el dinero necesario para comprar los aviones. March era el único con los activos y créditos extranjeros capaz de obtenerlo de manera inmediata en Londres. Pidió a la banca Kleinwort que adelantara diez millones de libras esterlinas.

Otro de los problemas que tuvieron que solucionar los militares rebeldes, por la falta de divisas y de reservas de oro, fue la compra de combustible, esencial para hacer rodar la maquinaria de guerra. Ni Alemania ni Italia, aliados de la causa rebelde, disponían de excedentes para proveer al ejército de Franco. En esta coyuntura adversa, apareció Thordkild Rieber, ascendido en 1935 a la presidencia de la compañía Texaco de petróleo de Estados Unidos, que simpatizaba con la causa nazi. Cuando se enteró del golpe militar en España dio la orden de que cinco barcos cargados de petróleo que navegaban rumbo a España descargaran en los puertos controlados por los rebeldes. March se puso en contacto con Rieber. Después de la conversación, el presidente de la petrolera envió un telegrama a la dirección central de la compañía que decía: «No se preocupen por el pago, está garantizado.» Rieber, para continuar el abastecimiento, pidió a Franco que, cuando acabara el conflicto, se le concediera el monopolio de suministro en toda España a la compañía Texaco.

Como los suministros de la Texaco no eran suficientes para cubrir las necesidades del ejército rebelde, los agentes de March, en la ciudad internacional de Tánger, realizaban compras importantes de carburantes en la delegación de la compañía Shell. El sargento radiotelegrafista Santiago Otero presentó un informe al Gobierno republicano sobre estas operaciones: «El doctor Amieva, que fue el médico director del Hospital español de Tánger, y el abogado Adolfo Fesser, miembro y presidente de la Comisión española dentro de la Asamblea legislativa de Tánger (y que es el apoderado en Tánger del bandido de Juan March Ordinas, que es el principal financiador del presente movimiento). Juan March envía a Tánger desde Francia cantidades fabulosas para atender a las compras de todo lo que hace falta para el mantenimiento de los rebeldes, y así pueden comprar impunemente gasolina, lubricantes y comestibles. Pues estos dos señores son los que se personan directa y personalmente en los grandes almacenes de la Shell, y allí contratan la gasolina por cientos de miles de litros y seguidamente emprenden viajes a Tetuán para dar cuenta sin duda de la gran ayuda prestada a su causa. Más de cuatro veces los hemos podido liquidar a tiempo, pero la prudencia se ha impuesto porque la consigna ha sido dada así.»[13]

El gobierno de la República, que aún controlaba la mayor parte de la flota, tenía un reto decisivo que superar si quería ganar la guerra: impedir que el grueso del ejército de África desembarcara en el sur de la Península. Los primeros días de la guerra los barcos contrabandistas de March, que eran comandados por patrones audaces y experimentados en escabullirse del acoso de los barcos de la Arrendataria y de la Marina de Guerra, burlaron la vigilancia de la flota republicana en el Estrecho y transportaron un importante contingente de soldados a la Península.

Más adelante, los aviones alemanes e italianos consiguieron el dominio aéreo de la zona del Estrecho y se inició un puente aéreo que diariamente trasladaba centenares de combatientes al aeropuerto de Sevilla. Asimismo, y disfrutando de cobertura aérea, los barcos de la Trasmediterránea pudieron transportar a diario y sin peligro a un número elevado de soldados hacia los puertos del sur de España.

March se convirtió en el banquero de la revuelta y debemos ceñirnos al significado inequívoco de la palabra «banquero», ya que su cometido fue financiar la revuelta mediante créditos avalados por valores inmobiliarios internacionales, divisas y oro que aportaron simpatizantes de los rebeldes. Evidentemente asumió riesgos, los imprescindibles. Hizo una apuesta osada a favor de los insurgentes, ya que reconciliarse con los socialistas y los republicanos de izquierda, después de lo que había pasado durante el período 1931-1933, era imposible.

Los financieros de las guerras obtienen grandes beneficios a lo largo de la contienda bélica, y si la gana el bando que ellos han sostenido, en el curso de la posguerra se hacen de oro. El altruismo a favor de la causa nacional era un reclamo propagandístico. A la hora de hacer negocios, las ideologías no traspasan las puertas de los despachos.

En diciembre de 1936, March abandonó París y se trasladó a Roma, con sus dos hijos y su nuera, Carmen Delgado. Tuvo que marcharse a causa de la presión de las organizaciones de izquierdas francesas y de las gestiones diplomáticas que hizo el Gobierno de la República ante el primer ministro, Léon Blum, que presidía un gobierno del Frente Popular.

La banca de Londres concedió al Gobierno de Franco créditos por valor de tres millones de libras esterlinas, pero avalados por March. Los créditos estaban garantizados por bonos internacionales que pertenecían a miembros de la nobleza, depositados en la banca Kleinwort. Miembros de la aristocracia y simpatizantes de los nacionales donaron joyas, monedas y oro, como fianza por estos créditos. Los españoles que iban a entregar los objetos de valor formaban colas en la calle delante del banco. Los créditos no se concedían hasta que March daba el visto bueno y los avalaba. March era uno de los grandes clientes y accionistas de la entidad financiera británica.[14] Los militares obtuvieron donaciones a través de un Comité especial, cuyos representantes visitaban las empresas británicas con intereses en España para que transfiriesen divisas a los militares insurgentes.

«La residencia del doctor Marañón era un vivero de hechos en el día a día de la vida de París. Una tarde que el doctor se encontraba escribiendo en su despacho se presentó inesperadamente don Juan March: “Por las circunstancias tremendas de la guerra —⁠confesó—, todos hemos tenido que tomar decisiones rápidas. Yo he puesto un banquito en Londres y voy viviendo.”»[15]

El contrato de suscripción de los créditos era firmado por el general Jordana, de la Junta técnica del Gobierno de Franco, y por Juan March.

«Entre el Excmo. Sr. Francisco Gómez Jordana, presidente de la Junta técnica del Estado Español, ostentando por su cargo la alta representación gubernativa de éste, y de otra parte don Juan March y Ordinas, por sí y como titular único de la Banca March de Palma de Mallorca, se conviene lo siguiente:

»Primero. - El crédito de 500 000 libras concedido por los señores Kleinwort Sons y Co. de Londres con el aval del Sr. March, se ampliará hasta la cantidad de 800 000 libras […] sobre la cantidad convenida en el contrato firmado en 6 de abril del corriente año […].[16]

»El Sr. March ha realizado la gestión de nuevos créditos […] y ha obtenido de la citada banca Kleinworts Sons & Co. las condiciones que podrían regir en la concesión de nuevos créditos por cuantía total de libras 1 500 000.»[17]

Durante 1936, March depositó en la banca Kleinwort 50,5 toneladas de lingotes de oro y 72 toneladas en la Banca italiana. Era tal el poder financiero de March que estaba en condiciones de hacer depósitos del noble metal superiores a las reservas que guardaban los bancos centrales de muchos países.[18]

La Junta técnica del Estado de Franco publicó el 14 de marzo de 1937 un decreto ley en el que obligaba a todos los ciudadanos a entregar las divisas, valores extranjeros y oro en su poder para adquirir material de guerra. Para compensarlos, el Estado les abonaría el valor en pesetas al cambio oficial. Antes de la publicación del citado decreto, los agentes de March ya habían reunido importantes cantidades de divisas a través de las exportaciones de productos españoles en los mercados europeos. Cobraban en divisas que no entraban en España, sino que ingresaban en bancos extranjeros para adquirir los materiales y productos que les encargaban los militares rebeldes.

Las siguientes citas revelan la misión de March en Roma, donde actuaba como el banquero del bando insurgente, incluso en operaciones de pequeña cuantía y de diferente índole.

«Comandancia Militar de Baleares. Coronel Comandante Militar al Embajador de España en Italia, 3 de marzo de 1933.

»Tengo el honor de remitirle a V. E. dos escritos, uno dirigido a la Autoridad y otro a don Juan March Ordinas, suscritos por el auditor-delegado en esta ciudad del Centro de Incautación de Oro y Valores, a fin de que dicho Sr. March, ponga a disposición de V. E. diez mil liras (10 000) cuyo importe en pesetas satisfará mi jefe de Estado Mayor, comandante don Carlos Marín de Bernardo.»[19]

«He recibido de don Juan March, por mediación de la Embajada de España, la cantidad de liras ciento treinta y dos mil, como pago de un suministro de material para calzado destinado a las fuerzas nacionales.

»Roma, 18 de Marzo de 1937.

»N. Espinosa.»[20]

March abrió las líneas de crédito a los rebeldes en Lisboa, Roma, Ginebra y Londres, a través de la banca Kleinwort y de la Société de la Banque Suisse. Se calcula que March concedió créditos a los militares por un valor aproximado de diez millones de dólares, una suma poco importante si la comparamos con las inversiones del Estado italiano y el alemán. Pero fueron créditos y avales estratégicos, porque los primeros que concedió a los sublevados llegaron antes de que las dos potencias europeas, Alemania e Italia, hubieran comenzado a enviar a España material bélico, equipamientos y asesores militares para dar apoyo a Franco.

Fernando Schwartz especula sobre la posibilidad de que March hubiera adquirido un paquete importante de acciones de la fábrica de aviones italiana Savoia, empresa que proporcionó al bando rebelde un número considerable de unidades de diferentes modelos de los aeroplanos que fabricaba.[21]

Uno de los productos básicos durante la Guerra Civil era el tabaco, bien casi tan deseado por los soldados como la comida. «Hay tres cosas por las que suspiran todos los soldados en una guerra estancada: una batalla, más tabaco y una semana de permiso.»[22]

March ya había experimentado durante la guerra de Marruecos los beneficios que se podían obtener con el aprovisionamiento de tabaco a los ejércitos coloniales, y no dejó pasar las oportunidades de negocio que ofrecía la nueva coyuntura bélica para suministrar tabaco a las tropas de Franco. «Que los referidos López [Alonso López y su hijo Carmelo, empleados de la Arrendataria en Orán] están en combinación con el traidor Juan March para los contrabandos de tabaco con destino a los rebeldes.»[23]

La influencia de March no se limitará al ámbito financiero, ya que participará activamente en cuestiones políticas. Juan Pujol, que durante unos años fue director de Informaciones e integrante de la candidatura que encabezaba March para las legislativas de 1933 por la circunscripción de Mallorca, se situó al lado del general Mola desde los primeros días de la revuelta y ocupó la secretaría de prensa.

El diario de Londres The Daily Telegraph, el 22 de mayo de 1937, publicará la noticia de la visita de March, acompañado del duque de Alba, a Mussolini, como emisario de Franco. La misión que se le encomendó era persuadir al Duce de que no retirara los «voluntarios» italianos que luchaban en suelo español.

En 1937, sus agentes, el capitán de Manacor Ladislao López Bassa y el médico militar Sergio Orbaneja, visitaron diferentes regiones para conseguir el apoyo de los dirigentes falangistas provinciales para la unificación de los partidos Falange Española y de las JONS, y Comunión Tradicionalista.

Se quería organizar un partido que, presidido por Franco, aportara contenido político a una junta militar que quedaría huérfana de ideología en tiempos de paz. Al mismo tiempo, se debería convertir en la cantera de la que extraer a los hombres que configurarían la numerosa burocracia, de entre los cuales surgiría la clase dirigente del Régimen.

El Decreto de Unificación situó a Franco al frente de la dirección del partido único, un instrumento político del que carecían los otros generales sediciosos que podían rivalizar con él por la supremacía del poder del Estado, cuando acabara la guerra.

Cuando Franco consolidó su poder, comentaba Antonio Garrigues, embajador en Washington, atribuía al Movimiento (el partido único, Falange Española Tradicionalista y de las Jons) un papel político similar al que se le asigna a la claque durante los espectáculos teatrales.

Los falangistas «camisas viejas», Hedilla y García Venero, acusaron a López Bassa y a su compañero, Vicente Sergio Orbaneja, de estar vendidos a Juan March, que quería que se suprimiera el programa económico y social de la Falange de la primera hora.[24]

Joan Ventosa i Calvet, hombre de la Lliga y muy bien relacionado con la Junta de Burgos, en 1937, dejó de sonar como futuro ministro de Hacienda del primer Gobierno del general Franco, porque Ramón Serrano Suñer, Nicolás Franco y el mismo Juan March se opusieron.[25]

¿Las democracias occidentales fueron solidarias con la República? El inicial buen propósito del primer ministro francés de auxiliar a la República con la entrega de material bélico no se materializó por presiones internas y externas. El Gobierno francés de centro-izquierda de Léon Blum acabó propiciando la estrategia de la no intervención que propugnaba el Gobierno conservador británico de Stanley Baldwin. El secretario del Foreign Office, Anthony Edén, que había viajado a Londres el 22 de julio, advirtió al primer ministro francés sobre los riesgos que debería afrontar Francia si decidía unilateralmente intervenir en la guerra de España. Gran Bretaña era la potencia aliada de Francia. La oposición conservadora francesa, desde las primeras horas de la guerra, se opuso a que Francia diera apoyo a los republicanos españoles, alegando que Francia podría verse arrastrada a una confrontación con Alemania, para la cual no estaba militarmente preparada. Es preciso recordar que algunos sectores de la derecha católica y de la extrema derecha francesa simpatizaban con la causa de los militares rebeldes españoles. Incluso en el seno del Gobierno se produjo una división entre los partidarios de ayudar a los republicanos y los que se oponían. El Partido Radical-Socialista, que participaba en el Gobierno del Frente Popular, uno de cuyos dirigentes más significados era Luis Malvy, amigo de March, defendió con firmeza la no intervención de Francia.

Gran Bretaña, la gran potencia occidental democrática, en julio de 1936, a diferencia de Francia, estaba regida por un gobierno conservador que no dudó en elegir su outsider. Creyeron que los militares sediciosos protegerían mejor los intereses geoestratégicos y económicos británicos en la Península, que un eventual gobierno marxista. Gran Bretaña, durante generaciones, había sido el principal importador de vinos españoles de calidad. Y desde el siglo XIX varias compañías británicas habían invertido en empresas mineras y siderúrgicas españolas. En 1937, el Gobierno de Su Majestad se acercó al Gobierno de Franco para asegurarse la continuidad en las importaciones de minerales procedentes de España, pagando, eso sí, en divisas.

«Si vuelven a leerse ahora […] todas las declaraciones hechas por los representantes británicos desde el 5 de agosto de 1936 hasta todo el 1937 […] podrá comprobarse que la postura británica era aparentemente neutral; y por ser neutral ante un gobierno “legal” y un general “rebelde” significa prepararse para declarar bien pronto que el general representaba un poder “legal” y que el gobierno se había convertido en rebelde.»[26]

Samuel Hoare, primer lord del Almirantazgo, escribió una nota a Henkey (presidente del Comité de Defensa Imperial): «No debemos, bajo ningún concepto, hacer nada que fomente el comunismo en España, teniendo en cuenta sobre todo que el comunismo en

Portugal, país al que probablemente se extendería, y sobre todo en Lisboa, sería un grave peligro para el imperio británico.»[27]

El conflicto civil en Mallorca

El golpe de Estado en Mallorca triunfó casi sin oposición. El principal foco de resistencia se localizó en la base de hidroaviones de Pollença, donde los militares se mantuvieron fieles a la República y combatieron contra las fuerzas sublevadas que los asediaban hasta que se les acabaron las municiones. Los carabineros de Sa Pobla se negaron a adherirse a la revuelta, pero su resistencia fue sofocada rápidamente.

Mallorca, después de los primeros días de la revuelta, permanecía bajo el férreo control de las autoridades militares, que dejaban que los falangistas impusieran el terror entre los opositores políticos que no habían ofrecido ninguna resistencia armada. Pero la situación militar en Mallorca se vio alterada el 17 de agosto de 1936 por el desembarco, entre la zona de Porto Cristo y Punta Amer, de una fuerza expedicionaria comandada por el capitán Bayo, integrada por milicianos que pertenecían a diferentes partidos y sindicatos catalanes. Antes de pisar suelo mallorquín habían reconquistado Ibiza y Formentera.

«Claro está que por la guarnición que posee, su abundante artillería y el moderno material que ha acumulado el millonario Juan March en el feudo suyo desde hace años, la resistencia en ella será fuerte.»[28]

Un viejo contrabandista afirma que antes del inicio de la guerra desembarcaron por orden de March un cargamento de mosquetones en una cala del acantilado de Santanyí, que se guardaron en la iglesia del pueblo. La mayoría de los curas no dudó a la hora de tomar partido por los nacionales. Odiaban al líder republicano Manuel Azaña, que, durante los años que presidió el Gobierno, había pretendido situar a la Iglesia católica en el estricto ámbito de la espiritualidad.

Ante la supremacía aérea y naval de las tropas expedicionarias, el teniente coronel García Ruiz, encargado de la defensa de Mallorca, consciente de que no le llegarían refuerzos de la Península, solicitó ayuda a March. Le pidió que se enviaran a Mallorca aviones italianos para romper la superioridad aérea del enemigo. March actuó con celeridad y el 27 de agosto de 1936 llegaron, con el barco Morandi, tres aparatos de caza CR 32 y tres hidroaviones de caza Macchi 51. Al día siguiente, uno de los cazas italianos hizo blanco en cuatro hidroaviones republicanos amarrados en Punta Amer y bombardeó los barcos anclados en Cala Bona. El 29 de agosto llegaron en vuelo desde Cerdeña tres trimotores S81, que bombardearon a las tropas del capitán Bayo.

El 31 de agosto, en el puerto de Mallorca, se celebró a bordo del barco italiano Fiume una reunión para planificar la estrategia defensiva de la isla, en la cual participaron, entre otros, el teniente coronel García Ruiz, el oficial italiano Margottini, el conde Rossi y Juan March Servera.

La entrada en escena de los aviones italianos dio un vuelco al curso de la contienda bélica en la comarca de Manacor y durante la noche del 4 al 5 de septiembre las fuerzas de Bayo reembarcaron en los barcos de guerra que los devolvieron a Cataluña. La operación militar había fracasado.

El obispo de Mallorca, monseñor Miralles, en una alocución radiofónica desde los micrófonos de Radio Mallorca, agradeció la ayuda de los capitalistas para la compra de aviones que habían impedido el triunfo de los rojos.[29]

Aparte de los suministros de armas procedentes de Italia, llegó a Mallorca, el 27 de agosto, el conde fascista Rossi. Parece que March disponía de inmejorables referencias de este personaje. El conde era un profesional de la represión que se había forjado en las actuaciones violentas de los camisas negras (las escuadras de fascistas italianos) para intimidar y eliminar a los adversarios políticos.

Rossi era un vulgar matón que enaltecía el uso de la violencia porque tenía efectos purificadores, según explicaba a sus secuaces. La misión que se le encomendó era la de elevar la moral de los fascistas mallorquines e imponer un período de terror a fin de evitar cualquier intento de subvertir el nuevo orden establecido el 18 de Julio.

«No le costó nada adiestrar escuadras de jóvenes falangistas, fanáticos y carentes de escrúpulos y darles buenos consejos a partir de su experiencia con el santo manganello (el garrote), el aceite de ricino y la rivoltella (el revólver).»[30]

La prepotencia con que actuaba, y las repetidas injerencias en las decisiones del mando militar, hicieron crecer las suspicacias y el rechazo entre los oficiales respecto de aquel personaje. Se convirtió en un incordio, cuando hasta entonces había sido útil para realizar el trabajo sucio. Pero una vez asegurada la defensa de Mallorca y consolidado el poder político de los militares, ya era prescindible. Lloviendo sobre mojado, tuvo un roce con el hijo de March, Juan March Servera. Rossi consideraba que el hijo del millonario escatimaba su colaboración económica a la causa fascista. Después de este choque, Rossi pidió a las autoridades de su país permiso para arrestarlo. La respuesta fue contundente: que se cuidara de actuar contra el hijo de March.

«Bisogna evitare ogni contrasto con personalità locali.»[31] Rossi tenía los días contados y, en el mes de diciembre de 1936, se le ordenó que abandonara la isla.

El hombre de confianza de March, el abogado Lluís Ramallo, fue encargado por las autoridades militares de Mallorca de trasladar a Roma el dinero: 604 000 pesetas oro confiscadas en la sucursal del Banco de España, los valores internacionales y las joyas que se habían reunido gracias a las donaciones que hicieron los simpatizantes del movimiento insurgente o de aquellos que querían disipar las dudas que planeaban sobre su adhesión inquebrantable al «glorioso Movimiento».

Muchos de los valores y el dinero se depositaron en una cuenta a nombre de Juan March en la Banca italiana, de ellos haría uso para la compra de material bélico y equipamiento para las tropas rebeldes.

«Los valores, cheques y billetes traídos de Mallorca por avión el 29 de septiembre deben depositarse en la Banca italiana a nombre de don Juan March, y para disponer de ellos cuando le convenga y para convertirlos precisamente en liras.»

Los valores inmobiliarios constituirían una parte de la garantía de los créditos que la banca Kleinwort Sons de Londres concedía al Gobierno franquista de Burgos. March era quien, en última instancia, daba la autorización para que se hicieran efectivos. «Por ello interesa que se pueda hacer un depósito en cualquier banco de Italia a la libre disposición de los banqueros londinenses.»[32]

La historiografía franquista deformó los hechos y presentó a March como un patriota leal a la causa nacional. La realidad no tiene nada que ver con esta apreciación subjetiva. Para él la implicación en la guerra no se guió por ideales, fue por encima de todo un gran negocio y una manera de aniquilar a sus enemigos de izquierdas que durante el período reformador de la República lo habían perseguido y encarcelado.

En el mundo de los negocios, cuando se hacen «donaciones» siempre se confía en que los réditos sean elevados. El banquero March avaló créditos a los rebeldes siempre con las correspondientes garantías. Es cierto que al principio de la guerra puso en peligro una parte de sus riquezas, que hubiera perdido en el caso de que los insurgentes hubieran sido derrotados. Pero fue un riesgo que asumió ante el temor de que el Frente Popular, ganador de las elecciones de febrero de 1936, reanudara la persecución contra él y actuara en contra de sus intereses en España y el norte de África.

Tal vez otras entidades de crédito internacionales no hubieran concedido los créditos a los militares que se habían amotinado por considerarlos demasiado arriesgados. Pero March no sólo obtenía rentas financieras sobre los préstamos, sino que también conseguía beneficios colaterales. Gracias al apoyo financiero al bando franquista logró que se le encargara la compra de toda clase de suministros para el Ejército. Además, durante la guerra ejerció un control, casi monopolista, sobre el comercio exterior del Gobierno de Franco. Los primeros meses de la Guerra Civil se podía dudar sobre quién sería el ganador, pero después de la caída de Bilbao, en junio de 1937, y la cada vez más considerable ayuda militar de enorme poder destructivo de Alemania e Italia, las dudas se disiparon. Las esperanzas del bando republicano de reconquistar el terreno perdido pasaron a ser una quimera.

En 1939, una vez acabada la guerra, en el BOE se reconocía la deuda del Estado español con March. Unos meses después, March solicitó a la banca Kleinwort que pidiera al Gobierno de Franco la devolución del préstamo. El embajador español se enfureció con el banco porque no sabía que era March quien lo exigía. El dinero no fue reembolsado y la Kleinwort vendió los bonos internacionales que servían de garantía y el dinero de la venta se ingresó en la cuenta de March. José Mayorga, uno de los principales directivos y amigo de March, declaró: «No era lo que parecía. La banca británica Kleinwort no había puesto su dinero, éste era de March.»

19

La Segunda Guerra Mundial

La expansión comercial y financiera de March

La guerra incivil de España hizo que el país retrocediera décadas desde el punto de vista económico, y siglos respecto de la convivencia entre sus habitantes. La guerra provocó un éxodo humano sin precedentes. Entre este gran número de refugiados estaba la mayoría de los intelectuales y científicos, el capital humano más preparado y valioso del país. Pero a los militares vencedores lo que les importaba era ejercer el poder absoluto con mano de hierro y disfrutar de los pocos privilegios que un estado en ruinas podría ofrecerles, no tanto materiales como de honores y de estatus social.

Eran los ganadores y se disponían a perpetrar una represión brutal durante una larga posguerra con el fin de aniquilar cualquier tipo de oposición. En siglos anteriores, España había sido una gran finca dominada por los grandes propietarios en régimen feudal y ahora el territorio nacional se convertía en un gran cuartel donde los que mandaban y galleaban iban vestidos con los uniformes caquis y las armas al cinto. Los miembros del estamento eclesial, que vestían con sotanas negras, ejercían un poder decisivo en el ámbito ideológico.

En este territorio denominado España, con las fronteras cerradas y barradas, vivían millones de habitantes que habían perdido la categoría de ciudadanos y habían pasado a ser catalogados por el régimen militar como simples súbditos de una «España grande y libre». Los sospechosos de ser subversivos seguían encarcelados, a pesar de que ya habían transcurrido unos cuantos años desde el final de la guerra. 50 000 españoles fueron fusilados durante la posguerra. Otros, que no habían demostrado entusiasmo por el «glorioso Movimiento», agachaban la cabeza y permanecían bajo sospecha. Tan sólo aquellos que habían apoyado desde el principio a los rebeldes no eran perseguidos, pero tampoco disfrutaban, ni de lejos, de los derechos y libertades que habían podido ejercer y practicar durante la República.

Cuando en un país son pisoteadas las libertades y los derechos políticos son violentados, en seguida asoma la cabeza la corrupción. Esto fue lo que pasó en España a partir de 1939. Pero al dictador Franco no era un asunto que le preocupara demasiado, porque el servicio secreto le informaba puntualmente de todo lo que pasaba en un territorio en permanente estado de sitio. En este servicio trabajaban miles de policías, militares y falangistas que disfrutaban de patente de corso para torturar y matar, si era necesario. Toda la información acumulada era un arma en sus manos para tener cogidos por el cuello a los «jerifaltes» del Régimen que pudieran tener en un determinado momento la tentación de rebelarse contra él. Toleraba la corrupción, pero cuando lo consideraba oportuno, hacía saber a los corruptos que conocía sus manejos. A partir de la advertencia quedaban prisioneros de quien podía poner en marcha cuando quisiera la maquinaria policial y judicial para castigarlos con severidad o crueldad. Una fórmula de control perversa que se demostró eficaz durante su prolongado mandato. Es preciso señalar que Franco no lo inventó: si hojeamos el libro de la Historia, tendremos noticias de otros autócratas que hicieron uso de este recurso para mantener sujetos a sus adversarios y a los amigos poco fiables.

Nadie como el «mirlo blanco» de la primera hora del franquismo, Dionisio Ridruejo, hubiera hecho una descripción tan precisa de una España material, intelectual y éticamente vacua. Falangista, escritor e intelectual, durante la guerra fue uno de los inspiradores de los contenidos ideológicos de la propaganda franquista y un hombre con gran influencia y proyección política en el Régimen:

«Todo comenzó a ser “de estraperlo”: el pan y las sábanas, la carne y el hierro para la construcción, el aceite y el algodón en bruto para la manufactura. No haría falta mucho para que también las personas estuvieran en venta.

»El primer obvio resultado de este tejemaneje fue, por supuesto, la miseria desesperada de los más pobres, desvalidos y amedrentados, y la prosperidad inverosímil de los más ricos, protegidos y asegurados por su buena posición política.

»Se trataba ahora de los cupos de materias, sin los cuales no había producción posible, de las autorizaciones industriales y de los permisos de importación. Cualquiera de estas concesiones ponía la fortuna, con seguridad absoluta, en manos del beneficiario […].

»Para el gran negocio aparecieron militares de elevada graduación y personalidades de influencia política importante en los consejos de administración.»[1]

March tuvo que pasar por el aro y sentó en el Consejo de Administración de Trasmediterránea al hermano del Caudillo, Nicolás Franco.

March quiso conocer al prominente y joven falangista. Cuando se reunieron, el potentado le manifestó una cierta preocupación por que se acabara imponiendo una política económica intervenida por el Estado, como propugnaban los falangistas más «revolucionarios». En la entrevista que mantuvieron, March le dijo: «Los hombres de negocios son indispensables y no conviene ponérseles enfrente. Son los que saben manejar la cosa económica, aunque no todos ni mucho menos. En realidad —⁠añadió—, lo que nos interesa no es tener dinero, sino ganarlo. No poner límite a eso de ganar dinero. Pero luego hay que establecer los tributos altos. Éste es el camino.»[2]

El Régimen de Franco no tardó en decepcionar a Dionisio Ridruejo. Trabajando en la sala de máquinas del poder constató que aquel Régimen se había convertido en una dictadura nacionalista, que había arrinconado todos los postulados sociales que contenía el programa de la Falange «auténtica». Desengañado y cada vez más aislado, se apartó de la ortodoxia del Régimen y fue progresando ideológicamente hacia un ideario socialdemócrata.

Mientras España vivía en la miseria, March se preparaba para expandirse en el comercio exterior. Para hacer viable esta política, fundó Aucona (Compañía Auxiliar de Navegación), que fletaría barcos para el transporte de mercancías y de personas, actuaría como aseguradora marítima y se dedicaría a la exportación e importación al por mayor.

En Londres, en 1939, March constituyó la sociedad Juan March and Company Ltd., que se dedicaría a los negocios de importación y exportación de todo tipo de productos y manufacturas. Además, actuaría como agencia de seguros internacionales, agencia de cambio y bolsa y agencia financiera.

El lehendakari José Antonio Aguirre, en febrero de 1939, desde el exilio de París, envió una carta a José Lizaso, jefe de la delegación en Londres del Gobierno vasco en el exilio. Le pedía que hiciera las oportunas indagaciones sobre la compañía que acababa de fundar March. Las actividades de Lizaso consistían en mantener relaciones con los sectores conservadores británicos para obtener el apoyo de Gran Bretaña a la nación vasca, a través de futuras ofertas de ampliación de las participaciones de las sociedades británicas en la siderurgia de Vizcaya. Lizaso les advertía que sus tradicionales inversiones corrían peligro si Franco continuaba en el poder, puesto que estaba facilitando la entrada de capital alemán en sectores donde antes el capital británico estaba bien implantado. Todas las cuestiones económicas relacionadas con España que se cocinaban en la City de Londres despertaban el interés del lehendakari.

El 22 de marzo de 1939, José Antonio Aguirre recibió un informe detallado sobre las personas que formaban la cúpula dirigente de la nueva sociedad de March y de las actividades que desplegaría. El 99 % de las acciones pertenecía a José Mayorga, hombre de confianza de March en la banca Kleinwort, donde March era un importante accionista. Años atrás, Francesc Bastos, gerente de la Arrendataria, comentaba: «El procedimiento seguido por éste (Juan March) en todos sus manejos es ocultar su nombre detrás de asalariados.»[3]

Entre los directores de la sociedad Juan March & Co., Ltd. figuraba Arthur Frederick Loveday, ligado a los servicios secretos británicos. El redactor del informe ponía énfasis en resaltar este aspecto por la importancia que tenía la conexión de March con los servicios de inteligencia de Su Majestad británica.[4]

Estalla la contienda bélica

La política de apaciguamiento de los británicos respecto de Hitler, cuyo padre político fue el premier Neville Chamberlain, resultó un auténtico fracaso, porque el dirigente nazi interpretó que ni Francia ni Gran Bretaña estaban dispuestas a oponerse militarmente a su política de expansión territorial. En 1939, cuando los alemanes lanzaron un ataque relámpago sobre Polonia, estado con el cual los aliados habían suscrito un tratado de defensa, la política de laissez faire, destinada a contentar al dictador y evitar una segunda Gran Guerra, había superado todos los límites. El ataque a Polonia fue la gota que colmó el vaso: Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar.

La paz de Versalles había cerrado en falso la primera Gran Guerra. Las condiciones leoninas que se impusieron a Alemania provocaron, en la década de 1930, el advenimiento de un régimen nacionalista exacerbado que aglutinará los anhelos colectivos de venganza. Sentimientos que se desarrollaron en el marco de una grave crisis mundial que había comenzado en 1929.

March, como despabilado comerciante de guerra que era, adoptó las medidas necesarias para aprovechar las grandes oportunidades de ganar dinero que ofrecían las guerras a los negociantes audaces, sin escrúpulos y bien relacionados en el ámbito internacional. Como siempre, March no se conformaría con prestar servicios y comerciar con uno solo de los bandos en guerra. Había adquirido experiencia en el doble juego durante la guerra de Marruecos y la Gran Guerra, unos precedentes que le habían aportado sustanciosas ganancias.

Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, March intensificó las exportaciones de productos de primera necesidad, tal como había hecho durante la Gran Guerra, con similares consecuencias negativas para la población y descritas en el capítulo que trata de la crisis de subsistencias. Desde luego, hubo una diferencia remarcable respecto de la Primera (1914-1918): la falta de protestas sociales. La causa no fue una menor carestía de productos básicos, sino la brutal represión que ejercía el Régimen cuando se producía cualquier tipo de protesta, a pesar de que a las clases populares les asistiera la razón.

Al principio de la Segunda Guerra Mundial, March se entrevistó, acompañado de José Mayorga, con sir George Mounsey, del Ministerio de Economía y de Guerra de Gran Bretaña. March, de entrada, le recordó que durante la Gran Guerra había facilitado información al Almirantazgo sobre las rutas de los submarinos alemanes en el Mediterráneo occidental, y en otras ocasiones les indicó por dónde encaminarse para conseguirla. Nuevamente se ofreció a reiniciar la colaboración. Le explicó que él controlaba el suministro de petróleo en las islas Canarias y en el norte de Marruecos, y que en breve tendría en sus manos la distribución de carburantes de todo el estado. Le remarcó que las autoridades portuarias, conjuradas con él, facilitarían la información sobre la entrada y salida de barcos enemigos. Siendo como era el socio mayoritario de las compañías Trasmediterránea y Mid Atlantic Stamship Company (compañía fundada por el PCE, durante la Guerra Civil, como tapadera para la importación de armas), dispondría de información privilegiada sobre las rutas de los barcos mercantes que proveían a los países que estaban en guerra. A continuación, le aseguró que contaba con los medios necesarios para obstaculizar el suministro a los submarinos alemanes en aguas territoriales españolas. La información de interés militar se comprometió a transmitirla a Alan Hillgarth, agregado militar en la Embajada en Madrid, conocido suyo, ya que durante la Guerra Civil había ejercido de vicecónsul británico en Palma.

¿Quién era José Mayorga, el hombre que acompañó a March para entrevistarse con sir George Mounsey? De nacionalidad española, a los veinte años decidió marcharse a Londres para hacer fortuna. Entró en la banca Kleinwort como aprendiz: «Tenía un carácter muy zalamero; hacía amigos con mucha facilidad.»[5] Rápidamente, los socios de la entidad financiera confiaron en él y le dieron nuevas responsabilidades. Fue nombrado encargado de las relaciones del banco con Sudamérica, España, Escandinavia e Italia. Era un empleado capaz de cualquier cometido: los trabajadores lo llamaban la Pantera negra. A pesar de ser cojo, tenía una energía ilimitada. En el curso de una de sus frecuentes visitas a Madrid conoció a March, a quien convenció para que se hiciera cliente de la banca que representaba. Según Mayorga, March era un hombre irresistible cuando deseaba algo. Absolutamente irresistible. «Su genialidad era fruto de combinar una capacidad matemática extraordinaria con poderes excepcionales de concentración.»[6]

March tenía una mentalidad fenicia, una concepción según la cual, a cambio de una prestación, había que obtener otras de valor superior. Además, era un experto en extraer beneficios asimétricos de un negocio en cuanto al capital, al tiempo invertido y al riesgo potencial de éste. ¿Cuáles eran los beneficios que pensaba obtener March de la información secreta que pasara a los británicos? No tardó demasiado en comunicárselo al Almirantazgo. Informó a los británicos que en los puertos españoles había retenidos 55 barcos alemanes de 219 000 toneladas, que le interesaría comprar. El importe de la operación de compra se depositaría en entidades financieras españolas en pesetas, y los armadores teutones sólo podrían retirarlas una vez acabada la guerra.

España necesitaba ampliar la flota para comerciar con América y proveerse de cereales y combustibles. En cada uno de los viajes, los barcos reservarían una remesa, que se desembarcaría en los puertos británicos. March aseguró que gozaba de una estrecha amistad con el general Franco. El agregado militar en Madrid, Alan Hillgarth, matizaba esta afirmación: «Eso es cierto hasta cierto punto, pero no podemos precisar hasta dónde llega su influencia.»[7] March afirmó que el general estaba enterado de las negociaciones y no se oponía. March pidió a los británicos que el plan se mantuviera en secreto, ya que algunos ministros eran fervientes partidarios del Eje. Se le interrogó sobre cómo presionaría a los armadores alemanes para que aceptasen unas condiciones tan desfavorables. March replicó: cuando los alemanes se percaten de que la guerra se va a alargar durante años, comprenderán que los gastos de mantenimiento y portuarios a pagar en divisas serán muy elevados, y antes de asumirlos pensarán que lo más conveniente es venderlos.

Antes de salir del despacho del ministro, March preguntó a George Mounsey sobre las relaciones que mantenía Gran Bretaña con Yugoslavia, ya que le interesaba saber si el suministro de armas que se disponía a realizar hacia este país podría ser considerado una acción hostil contra los británicos. El importe de la operación ascendía a 200 millones de pesetas.[8]

Al día siguiente, March fue recibido por el almirante Godfrey, jefe del Departamento de Inteligencia Naval, y le repitió las mismas proposiciones que le había hecho el día anterior a Mounsey. El almirante Godfrey se mostró menos receloso y muy interesado por establecer las bases de una futura colaboración.

«Godfrey s’était montré hereux de recruter un individu jouissant d’une telle influence du côté britannique.»[9]

Acabada la entrevista, el oficial redactó un informe en el que comentaba, en tono irónico, que sin duda March conocía el emplazamiento de las bases de aprovisionamiento de los submarinos alemanes en el litoral del Mediterráneo occidental, porque con toda seguridad él se había encargado de establecerlas durante la Primera Guerra Mundial.

«It is quite possible that bis knowledge of the re-fuelling bases for German submarines is due to the fact that he is suspected of having arranged for them du ring the Great War.»[10]

En los archivos británicos del Public Record Office se guarda un informe que elaboró el DNI (Directory of Naval Intelligence) sobre Juan March, y que dice así: «Posee más de la mitad de las tierras de Mallorca. Antaño se suponía que era pro nazi y pro fascista, pero se dice que ha cambiado de opinión respecto de estas ideologías. Fue enviado por Franco a Italia para negociar el pago de las deudas derivadas de la ayuda italiana que proporcionó Mussolini a la causa franquista durante la Guerra Civil.» El informe proseguía: «Se sabe que March está negociando con General Motors para que la compañía americana instale una factoría en España para fabricar motores de coches, por esta razón se ha peleado con la firma italiana Fiat, que ha intentado sabotear sus planes.»[11]

En un informe posterior relacionado con Juan March se puede leer en uno de los apartados un inventario de las participaciones del magnate en la industria de elaboración de tabaco, en la producción de carbón, en la industria del hierro y de la madera, en el sector petroquímico, en la producción eléctrica, en la construcción naval, en el transporte marítimo, etc. El redactor ponía énfasis en catalogarlo como un importante financiero e industrial con relaciones en todo el mundo. Finalmente, reseñaba que durante la Guerra Civil había actuado a través del comandante Canaris como enlace esencial entre Franco y el Gobierno nazi.[12] Las relaciones de March con Canaris fueron la clave de la colaboración de March con Alemania, mientras que las de March y Hillgarth, más estudiadas, le permitieron establecer una red de contactos y relaciones con el Gobierno de Gran Bretaña, en el mundo de las finanzas y en los servicios secretos de Su Majestad británica.

Alan Hillgarth elaboró un informe sobre las negociaciones que mantuvieron los diferentes departamentos del Gobierno y del Almirantazgo con March. En el texto se refiere a la cláusula restrictiva que exigiría Alemania para autorizar la venta de los barcos retenidos en los puertos españoles: el naviero comprador debía comprometerse a no comerciar con los países enemigos. Cuando se le preguntó a March cómo haría para salvar este escollo, respondió que sus capitanes estaban avezados en burlar las convenciones y las leyes marítimas.

En cuanto a la prohibición del Gobierno de Franco de no comerciar con Gran Bretaña para no romper la ficticia neutralidad, preveía que ésta iba a ser una medida temporal. Aseguró a los británicos que las restricciones sobre el comercio exterior se levantarían en cuanto los ministros del área económica se percataran de que la guerra iba a durar más de lo previsto, e hicieran una estimación de las pérdidas que les ocasionaba esta equivocada política comercial.

Para atraer el interés de los británicos, March se adelantó a las posibles demandas de sus interlocutores y les propuso que, antes de emprender un viaje, se les notificara la ruta, el destino y la carga que iba a transportar cada uno de estos barcos.

Hillgarth alertó a sus superiores de que sería un error confiar plenamente en él: «The second drawback is the character of Señor March. It would be a mistake to trust him an inch. But as long as that is kept in mind and every possibility of trickery proved against, it need not in itself prevent the scheme going through.» [13]

Hillgarth escribía que, cuando alguien se relacionaba con March, debía permanecer en continuo estado de alerta y tener presente que los podría engañar; aunque existiera tal probabilidad, la estrategia pudiera ser ventajosa para los británicos. Finalmente, subrayaba que si los servicios secretos se percataban de que los estaba traicionando, la Royal Navy podría capturar los mencionados barcos en aguas internacionales. El comandante Hillgarth, resumiendo lo que se había dicho, y con una cierta resignación, proclamaba que en tiempos de guerra había que establecer pactos con el mismísimo diablo.[14]

Alan Hillgarth tenía motivos más que sobrados para recelar: March había propuesto simultáneamente la misma operación de compra de los barcos alemanes atracados en los puertos españoles a los alemanes, a través del embajador del Gobierno nazi en Madrid.

El Foreign Office y el Almirantazgo mantuvieron posiciones divergentes respecto de los servicios que les podría proporcionar March. Mientras que en el Departamento de Asuntos Exteriores se desconfiaba bastante del personaje por las informaciones que tenían de él (lo consideraban un hombre sin escrúpulos y leal sólo a sí mismo), los oficiales del Almirantazgo creían que su colaboración podía ser muy valiosa. El primer lord del Almirantazgo, Winston Churchill, en 1939, prescindió del pasado de March y, con su pragmatismo habitual, convino, en un informe dirigido al secretario del DNI (Directory of Naval Intelligence), que March podría facilitarles información muy útil y suministrar armas y municiones a países amigos e incluso lanchas torpederas a la misma Gran Bretaña.

Obvió las actividades irregulares de March durante la Gran Guerra y pasó por alto que había hecho contrabando de guerra a favor de las Potencias Centrales. Churchill comentaba en el informe que March había arriesgado toda su fortuna al comienzo de la batalla contra el bolchevismo en España y se mostraba convencido de que, también en esta ocasión, se la jugaría contra el nazismo, ya que ambos regímenes eran hostiles al capitalismo. Finalmente, expresaba la convicción de que los intereses y las simpatías de March estaban del lado de Gran Bretaña.[15]

El 21 de septiembre de 1939, el agregado militar en Madrid, Hillgarth, se entrevistó con el ministro de Marina de Franco en Burgos, cuartel general de los insurgentes. El motivo era tratar sobre la operación de compra de los barcos alemanes fondeados en los puertos españoles. El ministro le manifestó que March actuaría como representante oficioso del Gobierno y le corroboró el interés que había por incorporar a la flota nacional nuevos barcos para incrementar el comercio exterior con América. El ministro le dio garantías de que las exportaciones de piritas ferruginosas hacia los puertos británicos no se interrumpirían, aunque este comercio era considerado contrabando de guerra.[16]

Durante muchos meses existió una pugna entre el Almirantazgo y el Foreign Office que impidió que se diera luz verde a la operación de compra de los barcos alemanes. Los hombres del Departamento de Asuntos Exteriores temían que la operación pudiera poner en peligro la neutralidad española y diera pie a otros países neutrales a imitar a España con los barcos británicos que se encontraban en la misma situación. Tampoco Alemania autorizó la operación.

Gran Bretaña cortejaba a Turquía para que se convirtiera en su aliada. Los turcos pidieron suministro de material bélico para luchar al lado de los británicos. El Almirantazgo, después de haber recibido la confidencia de March de que se disponía a proporcionar armas a Yugoslavia, creyó que podía ser el intermediario idóneo para abastecer de armas a Turquía. Pero, una vez más, el Foreign Office se interpuso. El alto funcionario R. J. Bowker redactó un informe en el que aseguraba que March era un truhán de la peor estopa: «He is definitely a scoundrel of the deepest dye.» [17] March se definia, según el historiador Stafford, como un «sinvergüenza honesto». El autor del informe, R. J. Bowker, reconocía a favor de March que había sido uno de los primeros españoles en convencer al general Franco de restablecer el comercio con Gran Bretaña. Pero advertía que este consejo era interesado, ya que él ambicionaba monopolizarlo. En abril de 1939, bajo los buenos oficios de March, se había firmado un primer tratado comercial, que se amplió en julio de 1940. A pesar de la reanudación de las relaciones comerciales, el alto funcionario desaconsejaba a sus superiores tratar con el magnate el envío de armas a Turquía. Pensaba que sería más sensato y seguro establecer contactos con el Gobierno español a través de una persona más respetable. Para la misión propuso a Vickers-Armstrong.

El Foreign Office no tardó demasiado en claudicar, después de que el Almirantazgo le informara de que no se podía evitar la intervención de March en el tráfico de armas desde España, porque su poder llegaba muy lejos. Hillgarth cerró la operación gracias a la intermediación de March. El material bélico consistió en cañones antiaéreos y antitanques, artillería de campaña y camiones. Para March el comercio de tabaco había pasado a ser residual, si se compara con los beneficios que le reportaba el tráfico de armas, en el cual operaba desde el comienzo de la guerra de Marruecos.

Los negocios en tiempos de guerra

Mientras duró la Segunda Guerra Mundial, uno de los métodos favoritos de March para hacer buenos negocios era conseguir que el Gobierno del general Franco dictara medidas hostiles contra sociedades extranjeras instaladas en territorio español, preferentemente originarias de los países aliados, para después comprarlas a precios reventados. La filial mallorquina de la General Electric estaba en el punto de mira de March. De 1938 a 1942, fue hostilizada por el Gobierno, hasta que los propietarios resolvieron ponerla a la venta. En las negociaciones previas a la operación de compraventa, el abogado americano que, formalmente, representaba a la parte compradora, una entidad financiera suiza, en realidad actuaba a las órdenes de March.

A principios de 1940, los británicos se mostraban muy preocupados porque el puerto de Vigo se había convertido en una base de aprovisionamiento de los submarinos alemanes. Para obstaculizar estas operaciones se pusieron en contacto con Juan March, a fin de que destacara en Galicia a algunos de sus agentes y se organizara una red de informadores. El objetivo era obtener puntual información sobre los movimientos de las naves de guerra enemigas en el puerto de Vigo. A cambio, lo ayudarían a penetrar comercialmente en la zona del Cantábrico. Hillgarth pensó que la ayuda de March sería muy valiosa, pero insuficiente.[18]

Durante los años 1941-1942, en plena guerra económica, se llevaron a término unos planes secretos en los cuales estaban involucrados Juan March, la Embajada de Gran Bretaña en Madrid, el Foreign Office, el Tesoro de Gran Bretaña y el Banco de Inglaterra.

En 1941, el agregado financiero de la Embajada británica en Madrid, Hugh Ellis-Rees, propuso al embajador británico en España, Samuel Hoare, la compra de unos barcos españoles: unos destructores y mercantes que pretendía adquirir Alemania para rehacer su maltrecha flota en el Mediterráneo, después de la derrota militar en Libia. Brian Clarke, miembro destacado del equipo de guerra económica, dio su visto bueno, pero advirtió que debería pedir prestados los fondos necesarios para financiar la operación de compra. Ellis-Rees recurrió a Juan March para que le facilitara un millón de libras en pesetas. Éste respondió afirmativamente a la demanda y ofreció los servicios de la Trasmediterránea para que actuase de sociedad tapadera en la compra. A cambio, se ingresaría en su cuenta de la banca Kleinwort un millón de libras esterlinas, a nombre de una persona ficticia. El banquero se comprometía a invertir esta cantidad en el área económica de la libra esterlina.

Ellis-Rees consultó con Sydney Waley y Cameron Coobold, directores del Tesoro y del Banco de Inglaterra, sobre sus propósitos. Ambos le advirtieron que la operación era irregular y no querían que el Banco de Inglaterra se viera complicado. A pesar de la negativa de los dirigentes de las instituciones financieras oficiales, la operación se inició a finales de 1941. Durante la guerra se imponen los objetivos militares.

Hoare y Ellis-Rees ampliaron el programa de compra para que los barcos que había a la venta en diferentes países neutrales no cayeran en manos del enemigo. Las diferentes adquisiciones superaron el millón de libras esterlinas, motivo por el cual contrajeron nuevos préstamos con March. Pero el plan topó con una serie de circunstancias adversas a los intereses de aquél. El Ministerio de Comercio español no le concedió las autorizaciones solicitadas para importar yute y asbesto. El Board of Trade británico le retiró la cuota de mercancías que se le habían asignado y el propio MEW desaconsejó que se le proporcionaran más divisas. Ante estos impedimentos, March reclamó a los británicos que le devolvieran el importe de lo que le debían.

La exigencia de March fue imperativa, de modo que Ellis-Rees, el inspirador del plan, sugirió comprar pesetas o dólares en el mercado negro para saldar la deuda con March. La propuesta fue rechazada por Coobold, del Banco de Inglaterra. Ante esta negativa, Ellis-Rees estudió la posibilidad de devolverle la cantidad que se le debía mediante una partida de brillantes propiedad de los servicios de inteligencia de Su Majestad británica. Tanto el MI5 como el Foreign Office se opusieron.

Gran Bretaña dio órdenes directas al embajador en Madrid, sir Samuel Hoare, para que no se suscribieran nuevos empréstitos con March. A pesar de las advertencias, Ellis-Rees le pidió otro millón de libras esterlinas. March se avino porque el acuerdo estipulaba que el reembolso del capital se haría en oro. A cambio, él no exigiría garantías ni percibiría intereses. Cuando los directivos del Banco de Inglaterra se enteraron, pusieron el grito en el cielo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Coobold, escribió una carta al embajador británico en Madrid en la que ratificaba la orden anterior de no concertar ningún otro préstamo con March.

Para liquidar la deuda sugería negociar con «nuestro amigo» (Juan March) una cantidad de oro equivalente a dos millones de libras, pero ponía como condición que el metal precioso quedara bloqueado en Londres hasta el final de la guerra. En noviembre de 1942 el Banco de Inglaterra entregaba, a nombre de Juan March, 236 686 unces troy, unas 7,4 toneladas de oro.

Juan March no vendió el oro hasta 1954, y la cantidad de libras que obtuvo la ingresó en su cuenta de la banca Kleinwort en Londres. La operación le reportó considerables beneficios, ya que, tal como había previsto, las monedas nacionales se depreciaron después de la guerra; la libra esterlina resistió hasta 1947, pero acabó por seguir la tendencia general, mientras el oro subía su cotización.[19]

La estrategia de Churchill para evitar que España entrara en el conflicto bélico

Para mitigar el hambre que hacía estragos en la población —⁠quien no tiene de comer piensa demasiado— y para evitar el colapso de la economía, España necesitaba importar trigo, carburantes, caucho, materias primas para la industria textil catalana, chatarra para la siderúrgica, etc. Los mercados de estos productos estaban controlados por los británicos y los norteamericanos. La dependencia económica respecto de los aliados condicionó la política exterior de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. En la declaración belicista que hizo el Generalísimo ante el Consejo Nacional, el 18 de julio de 1941, se quejó de que Estados Unidos quisiera mediatizar la política exterior española restringiendo las exportaciones de productos estratégicos hacia España. Estados Unidos era su principal proveedor de cereales y petróleo.

España exportaba a Gran Bretaña materias primas, piritas de hierro, wolframio y otros minerales, e importaba maíz, algodón, petróleo y caucho.

El wolframio, en tiempos de guerra, se convirtió en un mineral estratégico para realizar aleaciones que permitían fabricar planchas de hierro de mayor resistencia, destinadas a la fabricación de máquinas de guerra acorazadas. El Estado español fue uno de los principales exportadores hacia la Alemania nazi, lo cual fue una fuente de conflictos con los aliados. Pero no sólo el Estado español comerció con este mineral. Donde había algo que ganar, ahí estaba March, y éste era un negocio que proporcionaba suculentos beneficios. Si el metal se exportaba por vía marítima hacia Alemania, Gran Bretaña lo consideraba contrabando de guerra, pero, si el mineral se descargaba en los puertos británicos, los nazis proclamaban que el wolframio figuraba en la lista de productos que estaba prohibido suministrar al enemigo.

En el verano de 1940, Churchill pensaba que España entraría más pronto que tarde en guerra, al lado de Hitler. Tenía información sobre los planes de Franco y de los alemanes para reconquistar Gibraltar e instalar baterías de gran calibre al otro lado del Estrecho, en la costa marroquí, un modo de impedir la navegación de la flota imperial. Franco pretendía que fuera el Ejército español el que llevara el peso de la operación, con el apoyo militar y logístico de Alemania.

El bloqueo del Estrecho representaría un serio revés para los británicos, que perderían la llave de acceso al Mediterráneo. Y aparte del valor estratégico-militar que representaba este emplazamiento, se estrangularía el comercio británico hacia la India, de suma importancia para su economía.

Los documentos guardados en los archivos británicos y norteamericanos señalan a Alan Hillgarth como el oficial que concibió el plan para sobornar a los generales de Franco, una manera de contrapesar el ansia belicista del dictador. Tuvo la habilidad de convencer de su eficacia al premier británico, Winston Churchill, amigo personal. Alan Hillgarth, que había vivido los años de la Guerra Civil en Mallorca, conocía bien la manera de pensar de aquellos generales, la ética de algunos de los cuales distaba de ser ejemplar. También conocía la escasez que, en mayor o menor medida, sumía en privaciones a toda la población española. Esa circunstancia favorecía la corrupción.

El primer ministro Winston Churchill dio el visto bueno a la operación: se intensificaría la presión sobre Franco para que se mantuviera neutral, acción que llevarían a cabo sus mismos generales y a cambio de la cual recibirían sobornos millonarios.

Una segunda estrategia defendida por el embajador británico en España, Samuel Hoare, consistiría en constreñir las exportaciones de cereales y petróleo en función del apoyo que prestara Franco a Alemania. Esta política evitaría la definitiva entrada de España en la guerra. La interrupción de las importaciones de productos de primera necesidad empobrecería aún más un país devastado por la Guerra Civil. El hambre y la paralización del sistema productivo eran una amenaza real. En estas situaciones, los dictadores están más preocupados por mantenerse en el poder que por paliar las miserias, angustias y privaciones de la población. El miedo a perder el poder a causa de una revuelta generalizada por el hambre fue el principal móvil que guió la política exterior de Franco. Una contradicción flagrante para un hombre al que la propaganda del Régimen presentaba como el glorioso Caudillo que no tenía miedo de nada. Por el contrario, el miedo huía, espantado, ante tan belicoso guerrero.

Para iniciar la operación de sobornos había que contar en España con un hombre bien relacionado en la cúpula militar y conocedor de las sinuosidades de las finanzas internacionales. Hillgarth dijo al premier británico que en España sólo había un hombre capaz de coordinar con éxito la operación secreta: Juan March. Churchill estuvo de acuerdo. Solamente faltaba que Hillgarth hablara con March para darle a conocer los planes de los británicos y comunicarle que contaban con su influencia y sagacidad para ejecutarlos. «L’espagnol sélectionné pour être le principal instrument indigène de cette acquisition des faveurs politiques des généraux fut le riche financer, Juan March.»[20]

March no dudó en asumir el reto y manifestó a su interlocutor que los generales estaban descontentos con el sueldo que cobraban, unas 5000 pesetas mensuales, una cantidad que les habría permitido tener un buen nivel de vida, si la inflación desbocada no disminuyera, mes tras mes, el poder adquisitivo de sus salarios. La depreciación incesante no les permitía vivir holgadamente. Pero hay que señalar que los salarios de los militares no sólo consistían en una remuneración en metálico, además había que sumar toda una seria de privilegios y servicios gratuitos que ningún alto funcionario de Hacienda se atrevía a cuantificar públicamente.

A quienes se creían los salvadores de España, no les parecía que sus emolumentos estuvieran en consonancia con la sagrada misión que habían llevado a cabo con el derramamiento de la sangre de miles de patriotas: liberar España de la amenaza del comunismo. March estaba seguro de que los generales sucumbirían sin poner demasiada resistencia a sobornos de tan elevada cuantía. Sabía lo que decía, era un maestro en doblegar voluntades a través del soborno. Lo había aprendido desde muy joven cuando se metió en el mundo del contrabando. Más de una vez se le oyó decir: «Todo hombre tiene un precio, y si no lo tiene, es que no lo vale.»

La operación se inició en junio de 1940. «La caballería de san Jorge» se puso a cabalgar. Con este nombre se denominaban los fondos reservados destinados a operaciones secretas que ponía en marcha Gran Bretaña fuera de sus fronteras, destinadas a salvaguardar los intereses nacionales. Actuaciones que muchas veces conculcaban las leyes de los países donde se desarrollaban.

El dinero destinado a pagar los sobornos se depositó en la entidad financiera Swis Bank Corporation, de Nueva York. En un primer momento, se ingresaron diez millones de dólares, cantidad que posteriormente se incrementó hasta alcanzar los trece millones. En 1940, el dólar se cotizaba en torno a las 12,56 pesetas, de modo que el montante de los sobornos ascendió a 163 280 000 pesetas. Un importe elevadísimo en una coyuntura económica paupérrima en que vivía la España de la posguerra. Esta inversión evidenciaba el interés de los británicos por preservar la neutralidad de España. ¿Qué cantidad de este dineral pagado por la Corona británica fue ingresada en las cuentas de March, por los servicios prestados? Otro enigma pendiente de resolver de los muchos que jalonan la misteriosa vida de March.

March se encargaría de convencer a los altos mandos militares para que defendieran ante Franco la neutralidad de España. En el caso de que Franco declarara la guerra a Gran Bretaña, debían dar un golpe de Estado para derrocarlo. A cambio, recibirían elevadas sumas de dinero procedentes de un grupo de financieros españoles que querían ahorrar al país los horrores de una nueva guerra. De esta manera, se ocultaba la identidad de quien realmente financiaba la operación.[21]

A pesar de que en 1940 la mayoría de los generales eran favorables a Alemania y creían que su victoria militar era cuestión de meses, cuando el enviado de March, el comandante Tomás Peire, los tanteó, se limitaron a dejarse sobornar y se pasaron al bando de los aliados sin sentir que traicionaban sus anteriores convicciones pro germánicas. Ninguno de los generales que pasaron a formar parte de esta maquinación se devanó los sesos para descubrir si era verdad lo que contaba el emisario de March, en cuanto a la procedencia del dinero. Era mucho dinero que les caía del cielo y creyeron que la postura que menos les inquietaría sus conciencias sería no hacer preguntas y hacerse los crédulos. Los treinta generales que se dejaron sobornar fueron autorizados a retirar, cada seis meses, unas determinadas cantidades. Pero se retendría la parte más elevada del total a repartir, hasta que desapareciera el peligro de la entrada de Franco en la guerra de la mano de la Alemania nazi. En 1941, a las autoridades del Tesoro de Estados Unidos les parecieron sospechosas las operaciones en la cuenta abierta en la Swis Bank Corporation de Nueva York a nombre de Juan March. Temían que el dinero procedente de países supuestamente neutrales se empleara para financiar el espionaje nazi, de modo que decidieron bloquearla. Ante el peligro que suponía para la continuidad de la neutralidad española la interrupción de los pagos a los generales, Churchill ordenó al embajador británico en Washington, lord Halifax, que hiciera saber al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, la importancia que tenía el desbloqueo de dicha cuenta para los intereses militares británicos.

El 4 de noviembre de 1941, Henry Morgenthau Jr., secretario de Finanzas, se reunió con John Pehle, persona muy próxima al presidente Roosevelt, y con Robert Jemmet Stopford, asesor en materia económica del embajador británico en Estados Unidos. En la reunión, Stopford explicó a Morgenthau las conexiones que habían establecido con Juan March y la ayuda que éste les prestaba. Enterado de la operación secreta, el secretario de Finanzas ordenó desbloquear la cuenta bancaria, de manera que de nuevo pudieron pagarse los sobornos.[22] En 1942, se abonaron a los generales entre tres y cinco millones de dólares, cantidad que se superó con creces en 1943. Este año marcó el punto álgido de la operación.

En 1942, el general Aranda era el comandante de la tercera región militar con sede en Valencia. Era el oficial destinado a encabezar una acción de fuerza contra Franco si por otros métodos persuasivos no se lograba convencerlo de que España debía permanecer neutral. Según fuentes británicas, el general podría haber recibido por sus servicios dos millones de dólares. El general Orgaz Yoldi era el alto comisario en Marruecos, y por su destino era quien podía eventualmente movilizar el ejército de África contra Franco. Un informe secreto elaborado en Tánger por un agente secreto y remitido al Foreign Office recomendaba que se emprendieran acciones para acercarlo a la órbita de los intereses estratégicos de Gran Bretaña. El remitente precisaba que cualquier intervención para alcanzar este fin comportaría recompensarlo. Además, para que participara en un golpe de fuerza con el que destituir al dictador, sería necesario hacerle llegar armas y municiones.

El más monárquico y crítico con Franco, el general Kindelán, a pesar de que en 1936 había apostado decididamente para que se lo nombrara Generalísimo de los ejércitos y jefe del Gobierno del Estado español, fue un miembro destacado de la estrategia neutralista. En sus memorias, Kindelán hace un retrato nada halagador del dictador: «Cuco más que perverso, y asimilador de ideas más que productor de ellas. El mal de altura se percibía en él sobre todo porque, como los escaladores que remontan en exceso para sus posibilidades, estaba mareado por lo alto que había llegado partiendo de unas capacidades limitadas.»[23]

El laureado general José Varela, ministro del Ejército, posiblemente debió de recibir su parte, porque se opuso firmemente a la entrada de España en la guerra, aunque al principio del conflicto era pro germánico. Los informes británicos lo señalaban como uno de los generales, juntamente con Orgaz y el general Aranda, de mayor influencia política dentro del Ejército.[24]

Es evidente que una veintena más de generales aceptaron los «complementos salariales» británicos por su actitud inequívoca a favor de la neutralidad. Entre estos generales podrían estar José Solchaga, capitán general de Valladolid; Andrés Saliquet, capitán general de Zaragoza, que estaba bien relacionado en el mundo de los negocios; José Monasterio; Miguel Ponte, capitán general de Sevilla; Heli Rolando de Tella y Cantos, gobernador militar de Burgos, y Espinosa de los Monteros, capitán general de las Baleares. Juan March había recomendado a los británicos que sondearan al coronel Beigbeder, porque podría ser en el futuro un valioso colaborador. Hasta septiembre de 1940 había ocupado la cartera de Asuntos Exteriores, antes de ser sustituido por Serrano Suñer, partidario de los nazis y de la entrada de España en la guerra. El embajador británico en Madrid, Samuel Hoare, contó que Beigbeder era un hombre de los británicos. Gracias al poder de convicción del dinero, se había desembarazado de sus simpatías hacia el régimen nazi. Beigbeder le permitía utilizar incluso el teléfono de su despacho en el Ministerio para hablar con los agentes británicos que operaban en la Francia ocupada.[25]

El coronel fue considerado un traidor por determinados políticos franquistas, que al final de la guerra disponían de informes secretos que les habían facilitado los servicios de inteligencia españoles.

«En mis manos [Serrano Suñer] he tenido cartas autógrafas suyas dirigidas a una señorita en la que, dándole una serie de explicaciones sobre asuntos que no hacen al caso, concluía diciéndole que “todo se arreglará pronto porque se acercaba el momento de derrocar el enano del Pardo”.»[26]

El 18 de julio de 1941, Franco pronunció un belicoso discurso en el Consejo Nacional de la Falange, que encendió las alarmas de los estados mayores aliados. El embajador británico y el americano abandonaron la sala de manera ostensible para evidenciar el desacuerdo con la postura pro nazi de Franco. El Gobierno británico sopesó después de esta proclama la oportunidad de lanzar un ataque aéreo sobre las islas Canarias, previo a un desembarco de la infantería.

Los generales opuestos a la entrada de España en la guerra, incluso el mismo ministro militar franquista Juan Vigón, consideró estas declaraciones una irresponsabilidad y le hicieron llegar su desacuerdo a través del general Luis Orgaz. El general le manifestó que, en el futuro, sería apropiado que los consultara antes de hacer declaraciones que pudieran comportar graves consecuencias para el país. Aprovechó la circunstancia para criticar la política pro nazi que desplegaba el ministro Serrano Suñer, quien, si no se le ponía freno, los conduciría inexorablemente a la guerra.[27]

Los militares veían con malos ojos la acumulación de poder de Serrano Suñer y de la Falange, y no querían perder, de ninguna manera, su influencia en la política del Estado, ya que tenían bien claro que eran ellos quienes habían ganado la guerra, y que la Falange había sido una comparsa para implantar el terror y limpiar de enemigos la retaguardia.

Los generales Varela, Saliquet, Dávila, Ponte y Kindelán manifestaron a Franco que España debía permanecer neutral, porque el Ejército no estaba preparado para entrar en combate y salir victorioso. Era un ejército mal equipado y con una logística precaria.

El general Kindelán pronunció un discurso en la Capitanía General de Barcelona denunciando los manejos de la Falange para conducir a España a la confrontación con los aliados. También criticó la falta de firmeza del Caudillo para cortar de raíz la corrupción generalizada. Con la ayuda de la Embajada británica se distribuyeron copias del discurso de Kindelán, que iba dirigido especialmente a los monárquicos españoles. Este acto de oposición le costó el puesto de capitán general. Días después fue destituido por Franco.

El 24 de julio de 1942, el agente americano Lean informaba desde Madrid que Juan March había sido interceptado cuando la conjura de los generales contra Franco se acercaba al clímax. March había sido detenido durante unas horas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad porque los servicios secretos de Franco tenían algún indicio de que March azuzaba a los militares monárquicos para que conspirasen contra él. Cuando recuperó la libertad, abandonó el país. El espía completaba la información asegurando que había sabido de fuentes fidedignas que el general Aranda buscaba el apoyo de otros generales para desbancar a Franco de la cúpula del poder.[28]

Hillgarth declaró, una vez acabado el conflicto, que era arriesgado asegurar que los sobornos hubieran sido decisivos para preservar la neutralidad de España, y sentenciaba que, posiblemente, a la hora de tomar decisiones respecto de la neutralidad de España, a Franco le había pesado más la marcha de los acontecimientos bélicos que la presión de los generales. A pesar de esta valoración personal, es preciso recordar que, durante el otoño de 1941, Gran Bretaña no atacó las islas Canarias porque confiaba en los resultados de la operación de corrupción. Si se hubiese producido aquel ataque Franco se habría visto empujado a declarar la guerra a Gran Bretaña por presiones internas y externas de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini.

En el otro bando, el embajador alemán en Madrid, Stohrer, informaba a sus superiores que la oposición de algunos generales a Serrano Suñer obligaba a Franco a moderar su beligerancia contra los aliados.

El historiador Denis Smyth cree que los sobornos podrían haber tenido el efecto contrario al deseado, ya que a medida que los generales se enriquecían se volvían más prudentes y menos dispuestos a arriesgarse y perderlo todo en aventuras sediciosas, en el caso de que Franco se decidiera por pasar de la neutralidad a la beligerancia.

«En fait, la triste vérité était que la politique britannique de distribuer des sommes substantielles aux généraux espagnols avait littéralement un effet contraire à celui recherché. Car plus ils s’enrichissaient, moins ils devenaient prêts à risquer leurs profits et leur propriété dans une confrontation directe avec Franco.» [29]

Sería un craso error no valorar los efectos de la presión que ejercieron sobre Franco los generales «neutralistas» para que los ejércitos españoles no entraran en combate, durante los años en que Alemania llevaba la iniciativa en el campo de batalla. ¿Se sabe de algún caudillo que a lo largo de la historia se haya aventurado a participar en un conflicto armado con la oposición de la gran mayoría de sus generales?

Las relaciones de March con los nazis

El 22 de junio de 1940, se firmó el armisticio germano-francés y unas cuantas divisiones acorazadas de la Wehrmacht penetraron en el sudoeste francés y se detuvieron en los límites de la frontera con España. Todo hacía presagiar que la invasión de España por el Ejército alemán, tolerada por Franco, era cuestión de pocas semanas. Mientras tanto, sobre el cielo de Gran Bretaña se libraba una encarnizada batalla aérea. La Luftwaffe bombardeaba noche y día las principales ciudades, las instalaciones militares y los principales puertos y nudos de comunicación ferroviarios de la isla. Pero los británicos seguían firmes en una resistencia numantina. Churchill y sus estrategas militares preveían que Alemania establecería bases militares en el sur de la Península Ibérica, para sitiar la plaza de Gibraltar, antes de emprender el ataque definitivo. El agregado militar de la Embajada de Su Majestad británica en Madrid comunicó al Gobierno español que si Alemania llevaba a cabo sus planes militares, se consideraría un casus belli.

Para contrarrestar la eventual ocupación alemana de determinadas plazas estratégicas en el territorio español, Gran Bretaña promovería la formación de un gobierno de fuerzas conservadoras opuestas al general Franco, que sería inmediatamente reconocido por los aliados. El plan se completaría con la invasión de una de las islas del archipiélago canario por parte del Ejército británico. Operación que recibió el nombre secreto de Pilgrim.

Hitler no quería precipitar el ataque a Gibraltar porque confiaba en llegar a un acuerdo de paz de última hora con los británicos. Dado que el Peñón era un emplazamiento estratégico desde el cual los británicos controlaban el paso del Estrecho, así como una base de suministro y refugio para su flota en el Mediterráneo, una ofensiva germano-española para expulsarlos de Gibraltar cerraba cualquier posibilidad a la paz con Gran Bretaña.

Muchos interrogantes quedan sin resolver respecto de los negocios de March durante la guerra con los alemanes, a causa de la desaparición de los documentos relacionados con el régimen nazi destruidos o depositados en los archivos rusos o norteamericanos. Pero hay algunas pruebas documentales e indicios fiables que corroboran que March repitió la misma estratagema de traficar con los dos bandos a la vez, como había hecho durante la Gran Guerra. Aunque era una de las «niñas mimadas» de la diplomacia británica, no desaprovechó las oportunidades comerciales que ofrecían los mercados alemanes a un comerciante de un país formalmente neutral.

El biógrafo de March, Joan Garriga, afirma que los nazis se negaron a colaborar con March a causa de su supuesto origen judío. Esta información es de dudosa credibilidad. En tiempos de guerra, el hecho de que fuera judío no podría haber sido un obstáculo insalvable, si por ello el Estado Mayor alemán dejaba de recibir unos servicios estratégicos que únicamente podía prestarles ese potentado llamado March.

En 1939, March se reunió con el canciller Stohrer en la misma Embajada alemana de Madrid. En la reunión estuvieron presentes dos banqueros alemanes, dirigentes nazis, desplazados a Madrid expresamente para cerrar un acuerdo de colaboración con March. El encuentro lo había propiciado Christoph Janssen, del Servicio de Inteligencia Naval nazi. El militar creía que March era el hombre indicado para representar los intereses de la Alemania nazi en España, y que podría trabajar de forma coordinada con el Almirantazgo de su país. Proclamaba que los intereses de March coincidían con los alemanes, y por esta razón les era útil, lo mismo que decían los británicos por boca de su premier Churchill.

Recordemos que el diario de March, Informaciones, en la década de 1930 era pro nazi, y publicaba con una cierta asiduidad artículos que proclamaban las bondades del régimen hitleriano.

El magnate March debía actuar como testaferro de los alemanes en la compra del 60 % de las acciones de la petrolera Cepsa, a fin de tener una fuente de suministro asegurada para sus barcos de guerra en el Atlántico. March tenía participaciones en la refinería Cepsa, localizada en las islas Canarias. Exigió a sus interlocutores 25 millones de pesetas para actuar de mediador en la operación secreta. Los alemanes le ofrecían cinco; March no aceptó.[30] A pesar del desacuerdo, durante los años 1942 y 1943 los barcos de la Trasmediterránea proporcionaron fuel a los sumergibles alemanes. Unos encuentros secretos que se producían en el Atlántico o en el Mediterráneo, cuando la oscuridad había engullido los últimos rayos solares del día.

March recibía oro expoliado por los nazis de los bancos centrales de los países conquistados. Lo vendía para obtener los dólares imprescindibles para comprar combustibles y otros productos estratégicos en los mercados internacionales. Sin estos suministros, se hubiera paralizado la maquinaria de guerra alemana y se hubiera producido una bajada brusca en la productividad de su economía. Por cada una de estas operaciones comerciales, March recibía una comisión del 10 %.

A causa de las importantes prestaciones que March ofrecía a los nazis, se sentía en el derecho de exigir que se le entregaran con cierta frecuencia determinados productos que escaseaban por doquier y que se pagaban en el mercado negro a precios desorbitados: barbitúricos, ansiolíticos, bromuro, etc., que March seguramente después vendía al Ejército británico o de contrabando en España.

Poco después de que Alemania declarase la guerra a Estados Unidos, en 1941, el capitán José Albertí Palmer, del barco español Isla de Tenerife, de la compañía Trasmediterránea, fue arrestado en Estados Unidos por vulnerar las leyes americanas. En el interior de las bodegas se habían almacenado rollos de cable eléctrico, cuerdas de cáñamo de Manila, bidones de lubricantes y 40 tubos de fibra de radiotransmisores. Los americanos habían prohibido la exportación de estos productos y artículos para evitar que se les diera un uso militar y que su destino final fuera la Alemania nazi. El cargamento estaba consignado a un directivo de un banco de Lisboa que había trabajado como secretario de March y que gozaba de inmunidad diplomática, como cónsul honorario de Panamá.

Los investigadores americanos pidieron a las autoridades del Tesoro que actuaran enérgicamente contra Juan March y que lo inscribieran en la lista negra de organizaciones y personas que vulneraban las leyes de Estados Unidos. Pero, una vez más, la diplomacia británica ejerció sus buenos oficios ante las autoridades americanas. El barco Isla de Tenerife fue autorizado a abandonar las aguas territoriales americanas, pero, antes, se le confiscó la carga y se le impuso una fuerte multa a su armador, José Mayorga, agente de March.

El citado cónsul honorario hacía un uso perverso de su cargo, porque a través de la valija diplomática, inviolable en La Habana y en Ciudad de México, pasaba de contrabando importantes cantidades de dólares hacia Sudamérica.

Las divisas que March obtenía de los porcentajes de la venta del oro de los nazis, las utilizaba para la compra de tabaco en Sudamérica, que se embarcaba con destino a Argelia y Marruecos, donde él tenía sus fábricas de elaboración de cigarrillos y de tabaco de picadura.

Los capitanes de sus barcos, que hacían las rutas hacia América, ocultaban importantes cantidades de divisas que pertenecían a los nazis y se guardaban en escondites en el interior de las bodegas de los barcos de la Trasmediterránea. Estas cantidades estaban destinadas a los agentes nazis que tenían la misión de subvencionar los movimientos pro nazis en Sudamérica. Un tráfico que contravenía las normas de regulaciones de fondos extranjeros en Estados Unidos.

En 1942, el Tesoro de Estados Unidos descubrió, a través de sus agentes, un nuevo asunto relacionado con el enigmático personaje, Juan March. En un almacén de Nueva Jersey encontraron una importante cantidad de hojalata lista para embarcar. Iba consignada a una fábrica de sardinas en conserva de Lisboa, que exportaba una parte importante de su producción a Gran Bretaña, para la alimentación de sus tropas. Los agentes de Control de Fondos Extranjeros sospecharon que la operación podía ser una tapadera para hacer llegar a los nazis planchas de hierro estañadas, necesarias para la industria alemana. El organismo de Control de Estados Unidos denegó el permiso de exportación. De inmediato, las autoridades británicas ejercieron presiones sobre sus aliados para que revocaran la resolución. Finalmente, se autorizó la expedición hacia Lisboa. Las investigaciones sobre la identidad del organizador de la expedición condujeron a un tal José Mayorga. El citado agente comercial era un súbdito británico de origen español, cuyo padre era directivo de la banca Kleinwort de Londres y amigo de March.

«La firma portuguesa, al parecer, debía considerarse de fiar porque Inglaterra tenía mucha necesidad de las sardinas. Además, el español en cuestión estaba al parecer muy bien relacionado con Franco y, si se le ofendía, podía valerse de su influencia para convencer al Gobierno español de que cancelara las exportaciones de mineral de hierro a Inglaterra, algo para lo que los alemanes ya estaban presionando. La cuestión resultaba crucial para los británicos, puesto que la caída de Noruega les había privado del metal.»[31]

En junio de 1942 sucedió un hecho que probaría que los agentes de March realizaban tráfico de divisas hacia América. El Iciar, barco propiedad de la naviera de March, fue interceptado por los patrulleros norteamericanos. En el curso del registro, los agentes aduaneros localizaron a bordo 330 000 dólares. El barco fue obligado a recalar en Santo Domingo y las divisas fueron confiscadas. Pero los británicos conseguirían por vía diplomática que el barco pudiera atracar en el puerto y estibar la carga, mientras el capitán recibía el correspondiente permiso de las autoridades marítimas americanas para zarpar rumbo a España.

«No obstante, se tenía constancia que ese mismo año March había adquirido la cosecha de tabaco de un año de Santo Domingo a un precio muy superior al que cualquier otro postor estaba dispuesto a ofrecer: clara señal de que poseía millones en moneda estadounidense saqueada por los nazis y comprada en Berlín por una fracción de su valor.»[32]

Por lo que se refiere al suministro de los submarinos alemanes, hay un hecho que confirma que March, como hemos dicho antes, participó en esta modalidad de contrabando de guerra. A finales de 1939, March hizo a los británicos una peculiar demanda: que los barcos que descubrieran suministrando combustible a los submarinos alemanes en los puertos nacionales o en alta mar no fueran atacados por sus barcos o sus aviones de guerra, como habían hecho en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. March pretendía convencerlos de que sería más eficaz y menos desastroso para un país pobre como España que él mismo les informara en el momento en que los sumergibles abandonaran el puerto español, o cuando acabaran las operaciones de suministro en alta mar. Así se evitarían los daños a las instalaciones españolas y a la flota. ¿Quería proteger los bienes nacionales o pretendía salvaguardar los propios?[33]

«[La Trasmediterránea fue] la empresa naviera que participó más activamente en la contienda, dadas las peculiares misiones que desempeñaban sus buques en las líneas que cubrían periódicamente. Peculiaridades que llevaron a Juan March Ordinas a colaborar con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, utilizando sus barcos para que los submarinos de Hitler se abastecieran en alta mar.»[34]

En 1944, mister John M. Coffe, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pronunció un discurso en el seno de la Cámara relacionado con el tráfico ilegal de barcos de un estado formalmente neutral, que en aguas del Atlántico colaboraba con la Alemania nazi. Naturalmente, se refería a los barcos de Juan March: «Los barcos españoles “neutrales” depositan cientos de agentes nazis en cada nación americana. “Los barcos neutrales” dejan miles de toneladas de propaganda nazi en toda Latinoamérica. “Los barcos neutrales” celebran entrevistas con los submarinos nazis que operan en aguas latinoamericanas, los aprovisionan de aceite, de agua y comestibles.»[35]

Otra de las operaciones que se atribuyen a March fue la organización de una red de evasión de judíos de los países ocupados por los nazis. Primero se les facilitaba el acceso a un país neutral, desde donde solían proseguir el éxodo hacia América. Este servicio salvó muchas vidas y proporcionó sustanciosos ingresos al capitalista, cuya presencia se podía rastrear en cualquier ruta que condujera a asuntos donde ganar dinero a espuertas.

El temido Ejército Rojo ya había penetrado en las cercanías de Berlín. Los aliados avanzaban inexorablemente por el oeste, a pesar de la resistencia encarnizada de los soldados alemanes, en algunos casos ancianos y adolescentes. Berlín se había convertido en el escenario de una metafórica ópera wagneriana (Wagner era el músico preferido de Hitler), de tal dramatismo, que los alemanes vivían horrorizados mientras repudiaban el trágico final que se acercaba. Sus líderes les habían hecho creer que el Régimen duraría mil años, y la mayoría del pueblo lo creyó con los ojos cerrados. Pero la ceguera patriótica de los años treinta y principios de los cuarenta había dado paso al desencanto, el resentimiento y el despertar a una realidad cruel. Ahora comprobaban la gran mentira y podían observar estremecidos cómo las paredes y los techos se hundían sobre sus cabezas. El régimen nazi había durado sólo doce años. Berlín ya no era una ciudad, era un espacio colonizado por el fuego y la fuerza destructiva de las bombas que la habían convertido en un campo de ruinas.

Se oían los estertores de la muerte del nazismo. Hitler seguía refugiado en el búnker con sus últimos fieles. La locura de aquellos hombres les hacía creer que se produciría un contraataque del Ejército alemán que daría un vuelco al curso de la guerra. El fanatismo y el instinto de supervivencia del Ejército les hacían sostener esa hipótesis inverosímil.

Permanecer en Berlín era un infierno. Por este motivo, un ex empleado de la Compañía de Ferrocarriles de Mallorca, un tal Mercadal, que había ayudado en el pasado a Juan March, se puso en contacto con él. Le pidió un favor: si podía conseguir que la familia de su hija fuera evacuada de la capital de Alemania. La hija estaba casada con el oficial alemán Newman, que había estado destinado en Mallorca durante la Guerra Civil. Cuatro días después de la demanda, el matrimonio Newman y sus dos hijos ya podían respirar tranquilos. Gracias a los contactos de March, habían podido abandonar una ciudad sitiada y viajar a través de Alemania en dirección a Suiza. Cuando llegaron a la frontera pudieron pasarla sin ningún obstáculo, sanos y salvos.

Unas semanas después viajaron a Mallorca, donde se quedaron a vivir. Con esta acción de repatriación, March demostró que era un hombre de gran influencia en el ámbito internacional. No había olvidado la amistad y el reconocimiento hacia Mercadal, un hombre que por su lealtad lo salvó de verse involucrado en un asunto de contrabando (nos estamos refiriendo a la primera década del siglo XX, a los inicios de March en los negocios de contrabando). Su silencio le había costado el despido de la Compañía de Ferrocarriles. La lealtad era una de las virtudes que más valoraba en los hombres que colaboraban o trabajaban con él. El poder siempre ha valorado la lealtad, que a menudo se confunde con la sumisión.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Godfrey declaraba que había quedado muy satisfecho de la asociación March-Hillgarth, y remarcaba que todas las informaciones que March le había hecho llegar eran de gran valor militar: «Il m’a passé des renseignements précieux, qui n’étaient jamais erronés.»[36]

Hillgarth ratificaba al almirante Godfrey por lo que se refiere a March, como colaborador leal de Gran Bretaña, que los ayudó sin reservas en múltiples acciones, de información y financieras. En 1945 declaró a The Times; «El señor March demostró en repetidas ocasiones ser un amigo fiel de Gran Bretaña. Incluso en los peores días de esta última guerra, cuando muchas veces era difícil encontrar a un neutral que aún creyera en nosotros, el señor March nunca vaciló. Recuerdo que una vez le dijo a un más bien desconfiado e influyente personaje, el cual creía que habíamos perdido irremisiblemente, que no, sino todo lo contrario, que nuestra victoria era segura porque dominábamos el mar y teníamos la rara cualidad de no admitir la derrota. Cualidad que era capaz de entender porque también él la tenía.»[37]

Acabada la guerra, March se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, en buena parte gracias a las extraordinarias ganancias que obtuvo con las oportunidades de hacer negocio que surgieron durante los conflictos bélicos que asolaron Europa y España desde 1914. El diario de Londres The London Times aseguraba en 1943 que March era la séptima fortuna del mundo.

«No es de extrañar que, según se dice, March siga repitiendo con satisfacción su dicho favorito: “Dios es omnipotente, pero el dinero es su ayudante.”»[38]

Mientras la mayoría de la población mundial padecía las graves consecuencias del primer conflicto global, con millones de muertos y desplazados e incalculables pérdidas en bienes materiales y estructurales, March se hacía construir en Palma, durante el período bélico, un palacio que representaba la formalización material de la vigorosa prosperidad de un comerciante de guerra.

El palacio limitaba por uno de sus lados con el Círculo Mallorquín, que durante décadas había sido el centro social de la nobleza y de la burguesía aristocratizada. Pero se había convertido en una entidad que comenzaba a rezumar aires del pasado. En la década de 1920, en el seno de sus salones y en multitud de tertulias, se menospreció a Juan March, que simbolizaba, para esta casta de gente, la figura del nuevo rico inculto al que tan sólo le importaba ganar dinero a espuertas y al que le agradaba hacer ostentación de él con el fin de ser admitido en su círculo restringido de riqueza y poder. Se equivocaron, porque muchos de ellos acabaron vendiéndole sus propiedades y otros tuvieron que doblegarse a su voluntad, porque se habían convertido en sus deudores.

El autor del proyecto del nuevo palacio fue el arquitecto Luis Gutiérrez Soto. La edificación es una construcción que presenta contrastes entre diferentes estilos arquitectónicos opuestos. Desde la fachada pétrea de poniente, que recuerda la arquitectura de Juan de Herrera en tiempos de los Austrias, y la fachada de levante, que evoca un palacio renacentista romano.

Cuando recorre su perímetro, el observador se percata de este antagonismo de estilos, que supone una colisión entre la arquitectura pesada y austera de Castilla y la ligereza y elegancia grácil meridional, que sustituye el hierro y la piedra por las paredes pintadas en tonos rosados, con motivos decorativos y cenefas que parecen guirnaldas de gran sencillez.

El proyectista era un gran aficionado al cine, y mientras se ejecutaba la obra iba modificando el proyecto inicial, influido por algún decorado donde se había rodado alguna escena de las películas que veía en el cine. Después de haber presenciado la película Lady Hamilton, cambió la rotonda de la galería que tenía pensada para el palacio de March por otra que imitaba la del palacio napolitano de cartón piedra donde transcurría una escena del filme.

March negoció con Josep Maria Sert el precio del trabajo de la decoración interior: pinturas al fresco en diferentes estancias del palacio. March le preguntó cuánto le cobraría, y el artista le puso precio. March le ofreció pagarle la mitad. Si aceptaba la rebaja, le abonaría la cantidad en el mismo momento en que iniciara la obra. Sert aceptó y comenzó a esbozar la composición de la cúpula: una alegoría del hombre (Juan March) que lucha contra su destino y acaba triunfando sobre la adversidad. March está acompañado, en el centro, por Ramon Llull, Ramón de Sabunde (teólogo y filósofo) y Cristóbal Colón, tres personajes que representan la fusión de la acción con la sabiduría.

Los beneficios de la guerra y las obras de caridad de la mujer de March, Eleonor Servera

March estaba exultante cuando contabilizaba los beneficios extraordinarios que le reportaba la guerra. Una tarde de 1942 estaba acompañado por su esposa Eleonor y el padre Gabriel Palmer. Dirigiéndose al presbítero, dijo: «Gabriel, estoy contentísimo y admirado del fortunón que he ganado durante estos tres años.»[39] Les anunció que estos ingresos le permitirían poner anualmente a disposición de su esposa un millón de pesetas para obras de caridad y ayudas a congregaciones religiosas, «y a usted y a su hermana Francisca, cuanto quieran», que fue nada.[40]

La mujer de March, Eleonor, mantuvo una relación muy estrecha con los franciscanos, especialmente con el padre Antoni Bauzà, a quien la gente de la calle conocía como el Padre dólar. Doña Eleonor contribuyó con importantes donaciones a la construcción del colegio de Sant Francesc en Palma. El prior de la congregación, cuando tenía dificultades pecuniarias para llevar adelante el proyecto, acudía al padre Bauzà para que le pidiera a la mujer de March nuevas ayudas. Ésta, para él, jamás tuvo un «no». Por eso, los frailes lo bautizaron como el Padre milagros. Cuando se inauguró el nuevo colegio de Sant Francesc, doña Eleonor y el cardenal norteamericano Spellman ocuparon la presidencia de los actos de celebración. Aún hoy, los retratos de ambos personajes cuelgan de las paredes de la sala noble del colegio y convento de los franciscanos en Palma.

Eleonor Servera, también, hizo importantes donativos para la reforma del monasterio de los franciscanos en Randa, donde estudió y vivió Ramon Llull.

Encargó un paso, Nuestra Señora de la Esperanza, que los Jueves Santos es la admiración del público que acude a ver pasar la procesión por las calles de la ciudad. Una Virgen de belleza idealizada, cubierta con una capa bordada con hilo de oro y plata, y rodeada de objetos de plata de gran valor.

Por todas estas obras recibió la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, la más alta condecoración que otorgaba el Vaticano sin carácter caballeresco ni título nobiliario.

Doña Eleonor pasaba los veranos en el palacio de Capdepera, y en el patio de la casona todos los sábados se proyectaba una película. Al cine al aire libre estaba invitado todo el pueblo. La señora casi siempre estaba acompañada de algún cura, y ambos ocupaban un lugar preferente, sentados en una buena butaca. La gente mayor del pueblo iba con una silla plegable, mientras que los más jóvenes se sentaban en el suelo.

Otra de las obras que pagó fue la construcción de unas casitas para sus empleados en el barrio del Vivero, en las inmediaciones de Palma.

Esta manera de ser de la mujer de March, muy diferente de la de su esposo, pone de manifiesto una mentalidad aristocrática compartida en el seno de las buenas familias de Palma, que ignoraba las causas de la problemática social, por ello creía que la sociedad debía seguir estando tutelada por unos cuantos ricos con supremacía sobre una mayoría de gente pobre. Pero sentían el deber y la obligación cristiana de ejercer la caridad entre aquellos que no disponían de lo necesario para sobrevivir. También debían hacer donaciones a la Iglesia católica, que era la institución que atendía a las necesidades de los pobres: los servicios sociales de la época.

Mientras su mujer hacía obras de caridad, March seguía diversificando sus inversiones, producto del capital acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. El 5 de marzo de 1945, se fundó una sociedad con mayoría de capital estatal para gestionar el monopolio de venta de tabaco en todo el territorio español. La nueva empresa se denominaría Tabacalera y sustituiría a la compañía que durante décadas había sido la poseedora del monopolio, la Arrendataria. Una sociedad que había intentado acabar, haciendo uso de todos los medios que los políticos de turno le quisieron facilitar, con la competencia ilegal que le hacía la organización contrabandista de March. Los resultados fueron muy desiguales, en función de quién ocupaba el Ministerio de Hacienda y de quién estaba al frente del Gobierno. March, como hemos explicado en capítulos anteriores, se convirtió en un accionista influyente en el seno de la Compañía Arrendataria, hasta tal punto que consiguió forzar el despido del gerente Francesc Bastos, quien precisamente se había distinguido por su contumacia y efectividad en la lucha contra el contrabando.

Cuando se fundó la nueva sociedad tabaquera, el Estado poseía el 47,7 % del capital de Tabacalera. El otro gran accionista fue el Banco de España. También entraron como accionistas los principales bancos nacionales, la Banca March y la familia March.

En 1955, Eleonor Servera y Juan March eran los quintos accionistas más importantes de Tabacalera, con 16 840 acciones, el 8 % del total.[41]

El conflicto del padre Palmer con la familia March

Recién acabado el conflicto mundial, el padre Gabriel Palmer, que había sido durante muchos años un colaborador próximo de March, un buen día, quiso pasar cuentas con él. El padre Palmer se había hecho mayor y, ante la necesidad, decidió reclamarle la comisión que March le había prometido sobre los beneficios que obtendría en el negocio del tabaco en el Protectorado, por haberlo ayudado en 1920 a conseguir la prórroga del subarrendamiento. La cantidad acumulada, según el criterio del capellán, era millonaria. Las relaciones entre ambos personajes se rompieron del todo cuando el padre Palmer le solicitó por escrito que le pagara la deuda. March ni se molestó en contestarle la carta que le había enviado. El padre Palmer le escribía que el único reproche que se le podría hacer era la tardanza en exigir lo que le debía. «Pero esta observación, lejos de ser motivo de extrañeza a primera vista, es precisamente una prueba irrefutable de mi exquisita gentileza y de mi conducta caballerosa hacia su persona.»[42]

En el párrafo siguiente le aseguraba que los millones que le reclamaba ya no los podría disfrutar a causa de su avanzada edad, pero permitirían que su hermana gozara con comodidad y sin estrecheces los últimos años de su vida en compañía de sus sobrinos, que deberían ocuparse de ella cuando ya no pudiera valerse por sí misma.

Por las poderosas razones que le asistían, creía que March no lo abandonaría en una situación económica tan difícil y le daría «un puñado de millones, que no mermarán ni poco ni mucho la inmensa fortuna que ha ido amontonando con sus titánicos esfuerzos y en la cual me cabe una participación considerable».[43]

El padre iba repasando cada uno de los favores que había hecho a la familia, a lo largo de los años, y no se guardó ninguno, incluso aquellos que podrían molestar a March cuando los leyera. «El de la terrible tragedia que pude evitar, cuando Juanito (el hijo mayor de March), decidido a romper totalmente con la pobre Amelita, lleno de indecible angustia y sobrecogido de muy fundado terror, de que iba a estallar un escándalo formidable, en que todo el mundo, como Vd. mismo y su esposa reconocían, hubiese condenado unánimemente la conducta de Juanito; yo acepté el encargo tristísimo y muy peligroso de amansar la madre y la hija víctimas de semejante brutalidad.

»Puesta toda mi confianza en Dios y resuelto a salvar a todo trance el tesoro que más vale en una familia, que es el honor, pasé los cuatro días más dolorosos y amargos de mi vida, asistiendo a las escenas más tremendas de desesperación y de odio muy justificado (qué amenazas de muerte y de venganza horripilante proferían las dos desgraciadas víctimas); al fin conseguí el visible milagro de resolver pacíficamente el pavoroso problema de enorme responsabilidad moral y material. ¡Loado sea Dios! Qué abrazos y muestras de inmensa gratitud las de Juanito […].

»¡Recuerdo aún como si fuera hoy mismo […] cuando pasé unas horas con usted, cubriéndome con muestras de tan acendrado cariño por haber sacado a la familia March de tan espantoso y desconsolador trance!»[44]

March no se dejó conmover: tal vez ya no necesitaba sus servicios, o creía que ya estaban bien pagados los que en su momento le había prestado.

Un año después, el 14 de marzo de 1946, el padre Palmer decidió enviar una carta a la señora Eleonor Servera, esposa de March, para suplicarle la mediación ante su marido. Intentó llegarle al corazón. Por eso, le hizo continuas referencias a cuestiones de índole religiosa, conociendo la devoción de la señora durante la última etapa de su vida. Primero, le reprochó que no le hubiera contestado a sus dos últimos telegramas, y a continuación calificaba la conducta de su marido como «una insigne grosería al par que una negrísima ingratitud (a más de treinta años de amistad íntima, viviendo enteramente consagrado al cariño de toda la familia queridísima March-Servera)».[45]

A continuación, la amenazó con negarse a absolverlo (a Juan March), si fuera el caso: «Que si manifiesta al confesarse el caso de conciencia, puede estar segurísima que no le daría la absolución a su marido, y, conjunta y solidariamente, tampoco se la daría ni a Vd. ni a sus dos hijos, imponiéndoles la sagrada obligación de pagarme tan sagrada deuda.»[46]

En un momento dado, se pudo percibir que el buen hombre, mientras escribía la carta, intentó sin conseguirlo no perder los estribos y no tuvo ningún miramiento en confesar el sufrimiento que le había causado la falta de religiosidad de su esposo a lo largo de los años que pasó a su lado: «y el olvido casi absoluto de los Mandamientos de Dios y de la Iglesia católica de su esposo […] son causa de que no se ponga de rodillas delante un confesor que le reprocharía su fea conducta y de esta manera no hace caso del testimonio augusto de su conciencia».[47]

A pesar de estas duras afirmaciones, acababa diciendo que seguía rezando por ella y por toda la familia. El padre y su hermana esperaron en vano el cumplimiento de la «sagrada deuda», como la calificaba el presbítero. Ciertamente, todas las deudas son sagradas para quien debe cobrarlas. El capellán y su hermana tuvieron que despabilarse para salir adelante practicando, de grado o por fuerza, la virtud de la austeridad.

March financia la restauración monárquica

El 8 de septiembre de 1943, ocho tenientes generales firmaron una carta, dirigida al general Franco, en la cual se le pedía que proclamara la Monarquía. Los firmantes eran los generales Kindelán, Varela, Orgaz, Ponte, Dávila, Solchaga, Saliquet y Monasterio. El general Varela se la entregó personalmente a Franco. No la firmaron los generales Muñoz Grandes, Yagüe, Serrador y Moscardó.

Franco utilizaría la información de que disponía sobre los oficiales de alta graduación implicados en asuntos de corrupción para reafirmar su poder y debilitar la conjura monárquica. Heli Rolando de Tella y Cantos, general «africanista», fue desposeído de todos los honores militares por «irregularidades administrativas». Franco poseía información sobre las actividades sediciosas en que estaba involucrado.

Francisco Borbón y de la Torre fue acusado de estraperlista de víveres, y también figuraba en la lista de conspiradores monárquicos. Desde septiembre de 1943, tenía sobre la mesa un informe que acusaba al general Orgaz de un presunto delito de corrupción. Este hecho lo separaría definitivamente de la conjura monárquica.

Cuando en 1944 se vislumbraba que la victoria se decantaría del lado de los aliados, a causa del avance imparable del Ejército Rojo, desde el este, y del victorioso desembarco de los aliados en Normandía, se fundó la Alianza de Fuerzas Democráticas, que agrupaba a socialistas, republicanos y anarquistas. Los comunistas no fueron admitidos. Todas las fuerzas de oposición a Franco iniciaban maniobras de convergencia para afrontar una transición que auguraban próxima.

«El triunfo de los aliados, que claramente se iba perfilando, llegó a preocupar tanto a las derechas de todo cariz, que nos bailaban el agua, hasta el extremo de que cuando nos detuvieron a los fundadores de la Alianza, se nos consideró bastante y, medio en serio, medio en broma, se nos decía: “Perdisteis la guerra con las armas en la mano, y ahora la vais a ganar sentados en el petate carcelario.”»[48]

Régulo Martínez, presidente de la Alianza, recibió la visita de Tomás Peire, el enlace de March en Madrid, quien le comunicó que el financiero quería entrevistarse con él por un asunto sin duda interesante para los dirigentes del recién constituido pacto de fuerzas opositoras.

«En un piso “Montesquinza”, donde tenía March una querida, valenciana, se celebró la reunión.»[49]

El encuentro tuvo lugar en Madrid. Participaron, por un lado, March y Tomás Peire, y, en representación de la Alianza de Fuerzas Democráticas: Régulo Martínez, por los republicanos; Egido, por los socialistas; Sigfrido Català, por los confederales; y Sánchez Guerra, por los republicanos moderados. March criticó a Franco y a cuantos le daban apoyo. Cuando March dejó la palabra, Régulo Martínez le preguntó cuál sería su aportación para ayudar a derrocar al dictador. March cogió el talonario de cheques que tenía sobre la mesa del despacho, arrancó uno y lo firmó, dejando el importe en blanco, y lo entregó a Régulo Martínez, que lo miró extrañado. March le dijo: «Anote usted la cantidad.» Ante la mirada atónita de los reunidos, le devolvió el talón y le dijo que no quería dinero en metálico, que lo que pretendían era que, con sus medios, él hiciera propaganda a favor de la República. A continuación, le pidió que financiara la instalación en Portugal de una radio que difundiera los abusos y los negocios sucios de Franco y de la corte de aduladores corruptos que lo rodeaban.

«Sinceramente, esto supone mi fusilamiento o asesinato por la espalda, puesto que de sobra sabe Franco que de varios de esos desafueros y trapicheos sólo yo estoy bien enterado.»[50]

Régulo Martínez y los acompañantes le dijeron que negarse a satisfacer su demanda significaba que no quería de verdad que se materializara la conspiración contra Franco. Tomás Peire arrugó el ceño en señal de descontento y March disimuló la contrariedad que le causaba la actitud del presidente de la Alianza: «Echó a broma nuestro quijotismo.» March, antes de que se marcharan, abrió una caja de cigarros especiales que él fabricaba y los instó a que cogieran uno cada uno.

«Al ser calificados por mí de puros churchillianos, me contestó:

»—No señor; son míos y el propio Churchill me manifestó en una carta, tras haber recibido una caja de regalo, lo que usted leerá.

»Y me enseñó la carta en cuestión, donde Churchill aseguraba a su amigo Juan March “que en su vida había fumado unos puros mejores”.»[51]

De esta entrevista se enteraron los servicios de información de Franco y supuso que se le abriera en la Dirección General de Seguridad una ficha en la cual se anotaba que se había reunido con los líderes de la oposición al Régimen. Esto equivalía a sospechar que March cortejaba a los enemigos del Movimiento, que querían aprovechar la victoria de los aliados para echar del poder a Franco.

Cuenta el arquitecto y urbanista Gabriel Alomar en sus memorias que el dictador, cuando le informaron (noticia falsa, según Alomar) que Juan March había ordenado desviar un petrolero que, en vez de descargar en Vigo, había proseguido la ruta hasta Holanda, Franco, indignado, exclamó: «A éste me lo voy a cargar.» Cuando March se enteró, dijo a sus allegados que en un país donde un gobernante podía disponer libremente de la vida de las personas, no se podía vivir. March se exilió en Estoril.[52] Una vez acabada la guerra mundial se marchó a vivir a Ginebra.

¿Por qué conspiraba March contra Franco? A partir de 1941 ocupó el Ministerio de Comercio e Industria Demetrio Carceller, un falangista defensor de la autarquía económica. Un gran capitalista rechaza las restricciones al libre comercio y al intervencionismo estatal en la economía porque suponen un freno al desarrollo de los grandes negocios internacionales. March se enemistó con el Gobierno por la política económica y porque se sentía defraudado cada vez que le ponían obstáculos a alguna operación comercial o financiera. March entendía la política como un instrumento para facilitarle la consecución de sus objetivos financieros, comerciales o industriales, en ningún caso para que desde el Gobierno dificultaran sus proyectos empresariales. Quería monopolizar el comercio exterior, y Carceller opinaba que el Estado no necesitaba intermediarios.

En febrero de 1946, don Juan de Borbón se estableció por fin en Lisboa, y 458 españoles representantes de las fuerzas vivas firmaron El saludo, porque pensaron que no tardaría en ser el nuevo rey de España. Franco culpó a Kindelán de la maniobra y lo exilió en Canarias. March puso a disposición del heredero de la corona un velero, para combatir la nostalgia de Roma.

«[March] Foi oferecido ao Principe D. Juan e chegará a Lisboa un veleiro de dois mastros, 30 toneladas, com dois homens de tripulação… afin de S. Alteza, no próximo verão, dispor desse barco, para sua diversão predilecta.»[53]

Los británicos, durante el período 1940-1943, fueron los valedores de la restauración monárquica, cuando Gibraltar estaba en peligro de caer en manos de los alemanes, pero en 1945, cuando tenían ganada la guerra, esta cuestión quedó fuera de su agenda diplomática. Ahora estaban preocupados de que en España se pudiera instaurar un régimen afín al vigente en la Unión Soviética si Franco era derrocado.

Churchill había emprendido su campaña contra la expansión del comunismo y fue uno de los defensores de la permanencia de Franco en el poder. Para argumentarlo recordaba que el general no había obstaculizado, en 1943, el desembarco en el norte de África de las fuerzas aliadas que supusieron el inicio de la victoria aliada. Después hacía referencia a las ventajas que comportaría mantener en el poder al dictador, que se convertiría en el guardián del extremo occidental de la Europa anticomunista. No tenía ninguna ventaja pensar en el pasado, era el futuro de Europa el que estaba en juego.

March, una vez más, evidenció su inteligencia, entendida en este caso como la capacidad de adaptarse a situaciones y contextos no deseados. Cuando se percató de que las grandes potencias, una vez iniciada la guerra fría, harían simplemente gestos simbólicos contra el Régimen, adoptó una nueva estrategia basada en un entendimiento frío con el franquismo, un matrimonio de conveniencia. Tampoco a Franco le interesaba, como había hecho erróneamente la República, enfrentarse con uno de los capitalistas más ricos del mundo, que tenía contactos políticos y financieros, al más alto nivel, en Gran Bretaña y Estados Unidos.

20

El asunto de la Barcelona Traction

March se apodera de una de las principales eléctricas del continente europeo

En 1911, el ingeniero Fred S. Pearson, especialista en proyectos de electrificación, llegó a Barcelona para entrevistarse con el ingeniero catalán Caries Montañés, quien tenía un proyecto para la electrificación de Barcelona, a partir de la construcción de presas de agua en los Pirineos. Los saltos de agua accionarían las turbinas que producirían energía eléctrica barata. A Pearson le pareció una excelente idea y un prometedor negocio. Es preciso reseñar que las pequeñas industrias eléctricas existentes funcionaban con carbón, fuente energética de la que Cataluña carecía. La puesta en marcha de una producción hidroeléctrica bajaría los precios y, por tanto, estimularía la demanda. Pearson no se equivocó.

La industria hidroeléctrica sería un elemento básico para impulsar el desarrollo industrial y la modernización de Cataluña. Hasta entonces, había estado en desventaja respecto de Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña, que disponían de importantes yacimientos de carbón, la materia prima indispensable durante la primera industrialización. Las fábricas se construían en torno a las minas de carbón, para ahorrarse los costes del transporte.

Pearson y Montañés buscaron financiación para constituir la empresa que debía conocerse mundialmente con el nombre de Barcelona Traction. Ambos sondearon la posibilidad de que la banca Arnús y la banca Marsans cofinanciaran el proyecto. Ninguna de las dos entidades tenía la capacidad financiera para aportar el capital necesario para sacar adelante un proyecto tan ambicioso, sin precedentes y, a la vez, considerado arriesgado por los banqueros catalanes.

Pearson se percató de que en Barcelona no reuniría el capital necesario para convertir en realidad lo que consideraba un negocio que proporcionaría sustanciosos beneficios. Entonces viajó a Estados Unidos, donde disfrutaba de un gran prestigio en el mundo de las finanzas, logrado gracias a algunos proyectos suyos que habían resultado muy rentables. Pearson informó, en los círculos financieros y a los potenciales inversores, de los objetivos de la futura Barcelona Traction y de las ganancias que podía proporcionar. Poco después, realizó una emisión de bonos y de obligaciones en libras esterlinas para financiar la creación de la que, en el futuro, sería la compañía eléctrica más importante de España y una de las más grandes del mundo. Los bonos y obligaciones fueron adquiridos por múltiples capitalistas de diferentes países. El resultado fue un accionariado atomizado e internacional: había canadienses, americanos, belgas, ingleses, etc. Ningún capitalista español invirtió en la nueva sociedad.

La Barcelona Traction se fundó en la ciudad canadiense de Toronto, ajustando sus estatutos al derecho mercantil canadiense. La nueva sociedad se constituía para explotar los recursos hidroeléctricos de Cataluña.

La Barcelona Traction actuaba en España a través de una serie de filiales, unas creadas en Canadá y otras en España. La compañía matriz tenía su sede social en Canadá. Pero, con el tiempo, la Barcelona Traction formó un conglomerado empresarial internacional que le permitió actuar como grupo de presión ante el poder político, situación que le proporcionó una relativa inmunidad fiscal. A los inspectores de Hacienda les costaba aclararse ante la embrollada situación contable de un entramado empresarial de semejante envergadura. Otra ventaja que les proporcionaba esta estructura empresarial era una relativa libertad para los movimientos de capitales a nivel internacional, sin que los correspondientes estados se dieran cuenta de que, en ciertas ocasiones, se trataba de un tráfico de divisas encubierto. Era una verdadera telaraña empresarial que no tenía nada que envidiar a las grandes multinacionales actuales.

En 1913 finalizaron las obras de la primera presa en el río Noguera Pallaresa, que se construyó en un tiempo récord. La empresa comenzó a ofrecer corriente eléctrica, que generó la creación de nuevas empresas y propició el crecimiento industrial de la zona.

Cuando, en 1914, estalló la Gran Guerra, se interrumpieron las importaciones de carbón de Cardiff (Gran Bretaña). La mayoría de las empresas tuvo que renunciar a las máquinas de vapor, que funcionaban con carbón, y procurarse la electricidad que producía la Barcelona Traction, gracias a la energía hidráulica. Una vez más, la guerra supuso pobreza, desgracias y padecimientos para la mayoría de la población, mientras que a unos pocos les sonrió la fortuna.

En poco tiempo, pasó a ser la principal empresa de España, en volumen de ventas, de activos y de patrimonio. La política empresarial fomentó la absorción de las pequeñas compañías eléctricas de Cataluña y no se detuvo hasta que se convirtió en la empresa que dominó la producción de energía eléctrica en régimen de monopolio.

Pero cuando la empresa estaba en plena fase expansiva, el alma de la sociedad, el ingeniero Pearson, murió en el naufragio del transatlántico Louisiana, que hacía el trayecto de Estados Unidos a Gran Bretaña. El barco fue torpedeado por un submarino alemán. Estos ataques a los barcos de transporte americanos durante la Gran Guerra fueron una de las razones que esgrimió el presidente de Estados Unidos para declarar la guerra a Alemania, y unirse al esfuerzo bélico de Gran Bretaña.

Con la muerte de Pearson, la compañía perdió al hombre de prestigio que estaba muy bien relacionado en los círculos de los grandes negocios internacionales. Había sido el verdadero creador y organizador de la Barcelona Traction, fruto de su espíritu emprendedor y visionario. El hombre que había ayudado al gran desarrollo industrial de Cataluña en las primeras décadas del siglo XX.

La Barcelona Traction, en su época de esplendor, era el espejo de la mayoría de las empresas que pretendían imitar sus políticas empresariales. Los nuevos dirigentes no tuvieron las virtudes de Pearson y la compañía dejó de ser lo que había sido en tiempos de su fundador.

En 1919, estalló la famosa huelga de La Canadiense, nombre con el que se conocía en Barcelona a la gran empresa eléctrica Barcelona Traction. Durante la Primera Guerra Mundial la sociedad vivió un período de bonanza empresarial en el sector eléctrico catalán, lo cual se reflejó en los beneficios extraordinarios que presentaba, año tras año, en la cuenta de resultados.

Los precios de los productos básicos subían de una manera incontrolada y los salarios menguaban de forma abrupta su poder adquisitivo. Además, los obreros hacían jornadas de trabajo cada vez más interminables.

La huelga duró de febrero a abril de 1919. Uno de los grandes líderes del movimiento reivindicativo fue el anarquista Salvador Seguí, el Noi del sucre. Esta huelga tuvo eco nacional e internacional. El Gobierno, para restablecer la paz social, nombró director de la fábrica al gobernador civil de Barcelona. Con este nombramiento, puramente formal, la sociedad pretendía intimidar a los huelguistas y propiciar un acuerdo favorable a la empresa. Después de interminables reuniones entre las partes en conflicto, se firmó un acuerdo histórico en el cual se estipulaba que la duración de la jornada laboral sería de ocho horas. Una condición laboral que sólo se aplicaba en contadas empresas de los países industrializados.

La Barcelona Traction formó una red de empresas asociadas que participaban en el entramado industrial de esta gran sociedad. La AEG alemana era la empresa matriz de Sofina, empresa accionista de la Barcelona Traction, que se integró en este pool. Francesc Cambó fue contratado por los alemanes como representante legal para vigilar los intereses de la AEG en la Barcelona Traction. Posteriormente se convirtió en accionista de la eléctrica. Francesc Cambó era uno de los enemigos cualificados de March y odiado por éste, ya que cuando fue ministro de Hacienda, en el Gobierno de Maura, emprendió una campaña contra el contrabando dirigida por Francesc Bastos.

Antes de que estallara la Guerra Civil, la empresa proseguía su expansión en otros sectores de la economía. Invirtió en el sector del transporte (en la compañía de tranvías, en las compañías de ferrocarriles), en el sector químico y en el metalúrgico.

Cuando comenzó la Guerra Civil, la empresa fue colectivizada y una de las decisiones que adoptó el comité obrero fue dejar de pagar los intereses, los dividendos y no amortizar los títulos cuando finalizaran los plazos estipulados. Medidas que a la larga resultarían nefastas para la sociedad y que provocaron de inmediato que la cotización de los valores de la sociedad se desplomara en los mercados internacionales.

March hacía tiempo que ambicionaba el control de esta importante sociedad. A partir de 1945, comenzó a comprar las primeras obligaciones de la Barcelona Traction. Las pagó a precios reventados. Nadie quería adquirir participaciones de una empresa que no pagaba ningún rédito. Alan Hillgarth, acabada la guerra mundial trabajó a las órdenes de March en la sociedad Helvetia Finance, a través de la cual March compró las obligaciones hipotecarias de la Barcelona Traction Light and Power, que le servirían para reclamar la quiebra de la compañía y adueñarse de ella. Recordemos que Alan Hillgarth fue el hombre que desde la Embajada de Gran Bretaña había sido el enlace de los británicos con March y el artífice de la operación de «les Chevaliers de Saint Georges», para mantener a España fuera del conflicto mundial.

En 1947, March constituyó en la ciudad de Tánger la Sociedad Financiera Tangerina, para la adquisición de divisas y para la compra de obligaciones de la Barcelona Traction. En la década de 1940, Tánger era una de las principales plazas financieras del mundo.

Carles Montañés, uno de los fundadores de la sociedad, aconsejó a March que comprara la empresa. March se reunió en la sede de uno de los grandes bancos de Madrid con Heineman, amigo de Pearson y uno de los principales accionistas de la Barcelona Traction. En la entrevista, March le hizo una oferta de compra que Heineman rechazó. Pero de inmediato le anunció que la negativa que había recibido no significaba que hubiera renunciado a apoderarse de ella. Le informó que había comprado una cantidad considerable de bonos, acciones, pagarés y obligaciones de la Barcelona Traction, y le advirtió que la compañía estaba en una situación de suspensión de pagos y que desde su posición de fuerza como acreedor promovería acciones encaminadas a asumir el control de la eléctrica.

March consiguió poner el miedo en el cuerpo de Heineman, que recurrió a Francesc Cambó para que frenara la operación de piratería económica que March preparaba contra la Barcelona Traction, a través de sus influencias políticas en España. Cambó, que vivía exiliado en Argentina, le contestó que conocía bien a March desde que había sido ministro de Hacienda. No ocultó a su amigo que había perdido la batalla contra March cuando se enfrentó a él para acabar con la gran empresa de contrabando que dirigía. Francesc Cambó sabía las malas artes a las que podía recurrir March cuando se le ponían dificultades a la consecución de sus metas empresariales. Aparte de esta falta de escrúpulos y miramientos, poseía una osadía y una tenacidad envidiables. Cualidades que lo convertían en un enemigo temible. Recomendó a Heineman que estuviera en guardia. Le expresó su desolación por no poder ayudarlo. Desde el exilio poco podía hacer, y además, su influencia sobre el Nuevo Régimen era nula, a pesar de haber ayudado a financiar el bando de Franco durante la Guerra Civil. Finalmente le advertía que si March se había propuesto apoderarse de la Barcelona Traction, por desgracia, nadie se lo podía impedir.

¿El apoderamiento de la Barcelona Traction por parte de March fue una venganza contra Francesc Cambó, que tenía fuertes lazos con la multinacional? Éste no fue, ni mucho menos, el principal motivo. Pero, sin duda, fue un efecto circunstancial muy gratificante para March.

Acabada la Guerra Civil, la Barcelona Traction fue devuelta a sus propietarios, pero continuó sin pagar los intereses, los dividendos y las pertinentes amortizaciones. El Gobierno del general Franco había prohibido la compra de divisas a las sociedades extranjeras implantadas en España. Esta directiva fue aplicada por el Instituto Nacional de Moneda Extranjera, que impidió que la compañía Barcelona Traction pudiera reunir las libras esterlinas que necesitaba para pagar las deudas contraídas con el accionariado. Una compañía cuyos ingresos eran en pesetas, moneda que se depreciaba de manera continuada en los mercados internacionales, y que debía pagar a sus acreedores en libras esterlinas, estaba condenada a la bancarrota. Fue una estrategia de Franco para facilitar la operación de March, que encajaba en su política de nacionalizaciones. Pero en este caso la empresa no quedaría en manos del Estado, sino del potentado March. A pesar de esta circunstancia, el general vería con buenos ojos que la empresa más importante de España permaneciera bajo el control de un capitalista español que lo había ayudado a ganar la guerra.

En 1945, la Barcelona Traction propuso un plan para reembolsar la deuda: una parte en libras y el resto en pesetas. Esta propuesta fue rechazada por el ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes, amigo de March. El Gobierno tampoco permitió que la compañía subiera las tarifas, que habían permanecido invariables desde el inicio de la Guerra Civil. También impidió que se llevaran a término las nuevas inversiones que pretendía realizar la sociedad y se le aplicaron todo tipo de restricciones. Fue una indisimulada persecución en toda regla.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña necesitaba pesetas para pagar el servicio de espionaje en España, la Barcelona Traction y March se las proporcionaron mientras que a la empresa y al capitalista se les abonaba la deuda en libras esterlinas.

En 1947, se hizo en Londres una oferta pública de obligaciones de la Barcelona Traction. El Gobierno británico no puso ningún obstáculo para que March pudiera adquirir un importante paquete.

El 10 de noviembre de 1948, tres acreedores de la compañía (hombres de March) presentaron una demanda de quiebra de la Barcelona Traction ante un juez de Reus. La única vinculación que tenía esta localidad con la sociedad internacional era que los cables de alta tensión de la compañía eléctrica pasaban por encima de su núcleo urbano. Los obligacionistas reclamaban el cobro de sus legítimos derechos en libras esterlinas. Se calculaba que la deuda de la Barcelona Traction con éstos alcanzaba los diez millones de dólares canadienses.

El juez fue sobornado: dos días después, declaró la quiebra y nombró a los preceptivos administradores judiciales para que se hicieran cargo de la empresa. Todos eran hombres de March. El juez no citó a ningún dirigente de la sociedad ni tampoco notificó el auto de quiebra que había dictado, alegando que desconocía la localización de la sede social de la principal empresa de Cataluña, ubicada en el centro neurálgico de la capital, en la misma plaza de Cataluña.

Según el derecho internacional se podría eventualmente declarar la quiebra sobre las filiales de la empresa en España, pero en ningún caso sobre la empresa matriz, la Barcelona Traction. Cuatro años después se celebró la subasta de la Barcelona Traction, el único postor de la cual fue la empresa Fecsa, constituida expresamente por Juan March para esta operación de asalto a la sociedad eléctrica. El precio de compra fue de diez millones de pesetas, cuando la valoración real oscilaba entre los 6000 y los 8000 millones de pesetas. La nueva empresa adquiría el compromiso de reembolsar en libras esterlinas el capital y los intereses de las obligaciones.

Con la máxima celeridad, como si se tratara de un golpe de Estado —⁠desde luego, fue algo parecido—, los hombres de March ocuparon, manu militari, todos los cargos de responsabilidad de la nueva sociedad Fecsa, que sustituía a la Barcelona Traction.

Los accionistas de la compañía, encabezados por el grupo belga, recurrieron la sentencia, pero su iniciativa fue denegada por el juez de Reus. También los Gobiernos de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos intervinieron, por vía diplomática, para defender los intereses de sus súbditos ante el Gobierno de España, pero fue en vano. Es preciso señalar la hipocresía de Gran Bretaña que, por un lado, efectuaba, a través de su embajador en Madrid, gestiones para preservar los bienes de sus ciudadanos y, por el otro, apoyaba a March. Se inició un largo proceso de demandas en diferentes juzgados del Estado español contra la resolución judicial, que los antiguos propietarios consideraron un fraude de ley. Hablando claro, un expolio.

El asunto de la Barcelona Traction se dirime ante el Tribunal de La Haya

Los pleitos se eternizaron, hasta que finalmente, en 1958, el Gobierno belga en defensa de sus ciudadanos accionistas, que habían visto gravemente lesionados sus intereses, recurrió ante el Tribunal Internacional de La Haya. Un punto sobre el que insistió el Gobierno belga a favor de los accionistas de la Barcelona Traction era la denegación de justicia en España. La representación española, por el contrario, negó que este extremo fuera cierto y certificó que se habían abierto a lo largo de este período un número importante de procesos en los diferentes juzgados del Estado (2736 resoluciones, 499 enjuiciamientos y 37 sentencias). Pero, obviamente, ningún tribunal emitió una sentencia a favor de la Barcelona Traction.

Mientras duró la dictadura de Franco, no existió la independencia del poder judicial, y mucho menos en aquellas cuestiones procesales relacionadas con el litigio de la Barcelona Traction. La españolización de la sociedad se había convertido en una cuestión de Estado. ¿En aquel tiempo, había en España algún juez tan osado y ecuánime que se atreviera a desafiar a la vez al Gobierno y al magnate March? Si alguien del colectivo judicial lo hubiera intentado no habría durado un solo día en el cargo. Como era de prever, ninguno de los jueces que intervinieron en los diferentes procesos se desvió un ápice del guión escrito por los ministros relacionados con el afer.

Pocos seres humanos se quieren jugar los garbanzos para defender la ética profesional, o para preservar sus convicciones de orden moral o político. Los intereses materiales acaban por imponerse. No es de extrañar, pues éstos son más tangibles, mientras que las ideas y las convicciones son más etéreas y no están sostenidas por los instintos más primarios. Con la fuerza de que los ha dotado la naturaleza, los instintos acaban por guiar muchas de las conductas y comportamientos humanos, a pesar de que el hombre y la mujer, después de haber actuado, expliquen los motivos de su proceder de la manera que creen que será más aceptada y aprobada por el círculo social en que se relacionan. La delegación belga ante el Tribunal de La Haya pidió la anulación de la sentencia de quiebra, y una indemnización para los accionistas de 78 millones de dólares, más 3 800 000 por la cantidad gastada por los accionistas en defensa de sus intereses desde 1948.

De 1958 a 1962 se entró en una fase de negociaciones. Pero no culminaron en ningún acuerdo entre las partes. Ni March ni el Gobierno español querían ceder después de haberse hecho con el control de la empresa. Ahora March era el dueño y no había nada que pactar. Finalmente, en 1962, el Gobierno belga presentó una segunda demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya y, el 18 de mayo de 1964, se abrió el proceso oral. Según el Gobierno belga, después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las acciones de la Barcelona Traction había sido comprada por ciudadanos belgas agrupados en las sociedades Sidro, la filial de Sofina. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, una parte de las acciones se cedieron a un trust americano, para evitar la confiscación por parte de los nazis. El Gobierno belga alegó ante la Corte internacional que en 1946, acabada la guerra, las acciones se devolvieron a sus legítimos propietarios belgas. Por el contrario, el Gobierno español aseguraba que los americanos eran los verdaderos propietarios de las acciones y negaban que hubiera habido una cesión temporal, el equivalente a una custodia. La Barcelona Traction era un verdadero jeroglífico empresarial.

En el grupo de abogados y especialistas que desde el principio del afer defendió las pretensiones de March sobre la Barcelona Traction estaba, en primera línea, el ex político Gil Robles, que durante la República había sido el líder indiscutible de la derecha tradicional y católica. Gil Robles, cuando se refería a la Barcelona Traction, solía decir: «La Barcelona Traction sucumbió bajo el peso de sus propias culpas.»[1] El prestigioso jurista declaró que era tan complicado el entramado de empresas que constituían la Barcelona Traction que durante el proceso del Tribunal de La Haya no había podido interrogar a ningún accionista belga en carne y hueso.

Gil Robles manifestó en el curso de las sesiones públicas del Tribunal: «No he venido aquí a defender ni una política, ni un Régimen, ni un Gobierno, vengo aquí, pura y simplemente a defender España.»[2]

El patriotismo es un recurso que se emplea tanto para sacralizar un cruento golpe de Estado, como para mitificar una nacionalización industrial. Gil Robles recurrió a él para dar un tono épico a su defensa.

Otro de los hombres clave en este proceso, y que dirigió el grupo de expertos juristas de la defensa de March, fue Rodríguez Sastre, que insistió en las prácticas reiteradas de evasión de capitales y de fraude continuado a los accionistas por parte de la Barcelona Traction.

Cuando la prensa extranjera hostil a March lo atacaba, sus defensores rebatían las arremetidas explicando que March había seguido la misma suerte que todos los hombres que, gracias a su esfuerzo, comenzando de la nada, habían alcanzado la cima de la riqueza. Éste era uno de los triunfos que más difícilmente perdonaban los grupos hegemónicos de la sociedad. En el grupo de abogados que defendían los intereses de la Barcelona Traction trabajaba Serrano Suñer, el artífice de la estructura legal y jurídica del Movimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, era conocido popularmente como el Cuñadísimo (estaba casado con una hermana de la mujer de Franco). Durante un corto período de la interminable dictadura franquista, había disfrutado de un gran poder, mientras la Alemania nazi parecía invencible.

La delegación española acusaba a la belga de politizar el tema, cosa que suele decirse cuando no se dispone de argumentos jurídicos solventes o se duda de que el propio planteamiento del caso no es tan convincente como se pretendía a sus inicios.

Los abogados de March acusaban a la Barcelona Traction de haber instrumentado una campaña de calumnias contra España, contra March, contra el ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes, y contra la Magistratura española, a la cual acusaban de estar supeditada a los intereses del Gobierno y del grupo de presión de March.

Antes de que se pronunciara la sentencia definitiva, el Gobierno belga manifestó a la Corte que la demanda se había presentado en defensa de los intereses de los accionistas belgas y no de la sociedad, tal como pretendía España. Los defensores del Estado belga reiteraron al Tribunal que, a finales de 1945, la Barcelona Traction quiso pactar una fórmula para abonar la deuda, pero el Gobierno español y March rechazaron la oferta. Que las acusaciones de fraude y de quiebra latente de la sociedad, que proclamaba el Gobierno español, eran jurídicamente insostenibles, y que cuando se le adjudicó la empresa a March, por un precio irrisorio, el activo de la empresa era muy superior al pasivo.

Habían pasado veintidós años después de que March asaltara la Barcelona Traction con el visto bueno y el apoyo del Gobierno de Franco. El 5 de febrero de 1970, el Tribunal de La Haya, al fin, se pronunció: negó que Bélgica tuviera el derecho de representar a la totalidad del accionariado de la Barcelona Traction. En realidad, el Estado belga actuó en defensa de sus ciudadanos accionistas, agrupados en las sociedades Sidra y Sofina, mayoritarias en el grupo empresarial de la Barcelona Traction. Así pues, el Tribunal consideró que, dado que la multinacional era una sociedad canadiense, la legitimación para recurrir ante los tribunales la tenía en exclusiva el Gobierno de Canadá. Los magistrados de la Corte resolvieron que por esta causa no era procedente estudiar el fondo de la denuncia.

Cuando el Tribunal Internacional de La Haya pronunció la sentencia definitiva, por 15 votos contra uno, March ya hacía unos cuantos años que había muerto. Fueron su hijo mayor, Juan, y sus nietos, quienes pudieron festejar la sentencia judicial favorable que ponía fin a un largo, complejo y costoso proceso judicial que se politizó por expreso deseo del Gobierno español. Fecsa seguiría siendo la propietaria de los bienes de la Barcelona Traction. En el proceso participaron un número importante de juristas de renombre internacional y se acumularon miles de folios que conformaron el voluminoso sumario.

En el Grand Hôtel des Indes se celebró, en 1970, el triunfo del grupo March. El nieto de March, Caries, aseguró en su parlamento que su abuelo Juan siempre había intentado la negociación, pero los dirigentes de la Barcelona Traction se habían negado. Agradeció especialmente el trabajo incansable de un hombre de la casa, Antonio Rodríguez Sastre.

«Quiero dedicar un emocionado recuerdo a la memoria de mi abuelo. Su vida y sus obras fueron un ejemplo constante e imperecedero de voluntad, exactitud, rectitud y amor a la patria. Él hizo posible este triunfo del que hoy se enorgullece España.

»Ojalá que muchos de los que lo han criticado y atacado pudieran tomar ejemplo de los actos de su vida ejemplar.»[3]

Una vez más sale a relucir el patriotismo que, en este caso, encarna el financiero March. No creemos que el personaje se pueda considerar un ejemplo de amor patrio hacia su país. Lo que realmente motivaba a March eran los intereses de «la casa».

La prensa franquista, en las primeras páginas de sus diarios y en grandes titulares, destacó la noticia de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que todos coincidían en calificar de Victoria para España. El diario Arriba encabezaba la crónica con el siguiente titular, en grandes letras de molde: «¡Ganó España!»

21

La posguerra europea

La inacción de los aliados contra Franco.
March se acomoda al régimen franquista

La entrevista de Franco con don Juan, a bordo del Azor, el 25 de agosto de 1948, fue el último capítulo de una historia de esperanza en la restauración inmediata de una Monarquía democrática, al final de la Segunda Guerra Mundial. March, como siempre, supo leer las claves de la coyuntura y dedujo que en el futuro habría que mantener relaciones interesadas con el Régimen, que se había consolidado y que contaba, de hecho, con el apoyo de las potencias occidentales para evitar la instauración de un régimen comunista en el flanco sur de Europa. La guerra fría imponía nuevas estrategias: la prioridad era contener la expansión de la influencia de la Unión Soviética.

March pasaba largas temporadas en un hotel de Ginebra, ciudad que era uno de los centros financieros más importantes del mundo. Ocupaba una espaciosa suite. Lo acompañaban un médico, para cuidar de su salud, un experto financiero, su criado, Bernat, que le hacía de guardaespaldas, y su chófer, Miguelito. También tenía un cocinero mallorquín que le preparaba las comidas.

Quien había dirigido las obras del palacio de March en la calle Conqueridor de Palma, el arquitecto Gabriel Alomar, desde 1947, tenía la fijación urbanística de hacer una gran avenida porticada en el centro de Palma, que debía convertirse en la vía comercial y residencial más lujosa de la ciudad. Para la financiación de la obra, Gabriel Alomar se reunió con Félix Escalas, mallorquín, que era el director del Banco Español de Crédito en Barcelona. El jefe de la entidad financiera le dijo: «Mire Vd., Alomar, este asunto desde el punto de vista financiero me parece un buen asunto, pero ¿qué dice de esto don Juan March?»[1] El arquitecto sabía que March no estaba interesado porque le había hablado del proyecto urbanístico en diversas ocasiones sin que él mostrara ninguna disposición a financiarlo. Pero, a pesar de que así se lo hizo saber a Félix Escalas, éste insistió: «Yo quisiera saber si le ha propuesto Vd. a don Juan financiar esta sociedad. Si no lo ha hecho, hágalo y tráigame Vd. una carta suya diciéndome que no le interesa. Si me trae esta carta, no se preocupe, tendrá su dinero.»[2]

Cuando regresó a Mallorca, Gabriel Alomar expuso con más detalle el proyecto a March. Le quiso informar sobre el estudio de costes que había realizado un experto, pero March dijo que no tenía necesidad de revisarlo, «él no usaba nunca los papeles escritos, los cálculos los hacía de cabeza».[3] March le contestó que le dejaría el dinero a un interés del 3 %, pero él quería una participación del 50 % en la sociedad que se creara para llevar a término el proyecto urbanístico. Las obras no comenzaron hasta principios de los años cincuenta.

March era un capitalista que tenía intereses en diferentes partes del mundo. Siempre se ha dicho que March no invirtió en hostelería, pero eso es falso. En Acapulco (México), por iniciativa de March, entre 1954 y 1957, se construyó el hotel de lujo Las Brisas de

Acapulco. En su sala de fiestas actuó el trio de Frank Sinatra, Sammy Davis y Dean Martin. Muchos famosos se alojaron en este complejo hotelero: Elizabeth Taylor, John F. Kennedy (antes de ser presidente de Estados Unidos), Henry Kissinger, Mario Moreno, Cantinflas, etc.

¿Verga había dejado el contrabando? Cuando el estraperlo comenzó a decaer, Gasiva, un famoso estraperlista del Maresme, comenzó a hacer contrabando para March, «sobre todo traficaban con tabaco y seda. Hacían el desembarco en la boca del Tordera, porque era tierra de nadie: ni de los guardias de Gerona ni de los de Barcelona».[4] Nunca se sabía cuántos serían: normalmente los cargadores que esperaban en la orilla eran entre veinte y treinta. El barco se quedaba anclado a una milla de la costa y las barcas iban llevando los paquetes que solían pesar unos cincuenta y cinco kilos.

Las relaciones de March con los servidores de la Iglesia católica

Como aspectos curiosos de la vida de March, nos referiremos a las relaciones de índole comercial o política que sostuvo March con diversos curas que, a lo largo de su vida mercantil, colaboraron con él en asuntos materiales y terrenales. Juan March Ordinas nunca fue un hombre religioso, era demasiado materialista para consolarse con la resignación y el sacrificio que predicaba la Iglesia católica, a pesar de ofrecer en contrapartida una felicidad eterna en la otra vida. Era demasiado impaciente e impulsivo para estar dispuesto a cambiar los apetitos sensuales y los placeres terrenales por otros que podrían disfrutarse en un futuro lleno de incertidumbres. La ausencia de fe en las creencias y en los dogmas revelados de la religión católica no le impidió mantener estrechas relaciones con clérigos influyentes que lo ayudaran a allanar el camino que conducía al éxito en determinados negocios. El padre Gabriel Palmer, a través de su influencia ante los gobernantes franceses y los círculos del poder económico, logró que se le prorrogara la concesión del monopolio de venta de tabaco y kifa en el Protectorado español.

El franciscano padre Antoni Bauzà, el Padre dólar, actuó de agente de March en Estados Unidos, donde le compraba partidas importantes de tabaco y se encargaba de enviarlas hacia sus fábricas en el norte de África. También mantuvo excelentes relaciones con los franciscanos de Tánger. Habitualmente pagaba anuncios publicitarios de su tabaco en la revista Mauritania, que publicaba la compañía religiosa en esta ciudad internacional del norte de África.

Dos historias nos enseñan que ni la religión ni las ideologías políticas interfieren en los negocios, a pesar de que el comprador y el vendedor profesen credos opuestos y doctrinas antagónicas. Conociendo cómo era de descreído March en materia religiosa, la historia que relataremos parecerá inverosímil, pero dada la personalidad de March es muy creíble. Sucedió en Mallorca, al comienzo de la guerra mundial. Un cura mallorquín, que vivía en Pensilvania, había viajado a Mallorca para visitar a un familiar. Llevaba dinero que le habían dado sus feligreses americanos para decir misas en sufragio de las almas de sus antepasados, que entregó a la iglesia mallorquina. March se enteró de la presencia de este presbítero y envió a uno de sus agentes para ofrecerle un trato: en adelante, él pagaría las misas y, a cambio, el clérigo le compraría cigarrillos en Kentucky.

Un segundo caso se produjo en Louisville, donde una compañía tabaquera informó a las autoridades de Washington que un sacerdote de Pensilvania compraba millones de cigarrillos que enviaba a España. La denuncia reveló que el sacerdote era proveedor ilegal de March.[5]

La Fundación Juan March

El 4 de noviembre de 1955, se creó, con un capital inicial de un millón de dólares, la Fundación Juan March. Algún familiar historiador ha sugerido que se constituyó en contrapartida por el apoyo que había recibido del Estado español en el asunto de la Barcelona Traction. March copió la manera de hacer de los grandes capitalistas anglosajones, que cuando llegan a la cima de la riqueza buscan el reconocimiento social, el del mundo de la política y de la cultura. En definitiva, March quería perpetuar su nombre entre las futuras generaciones. Siguió el ejemplo de Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, etc. Era una forma de hacer revertir a la sociedad una pequeña parte de sus excepcionales ganancias a lo largo de una vida dedicada a los negocios.

Las fundaciones han fomentado la cultura, la investigación, las bellas artes, las ciencias, etc. La Fundación Juan March, desde el principio, otorgó becas de estudio a jóvenes economistas, a destacados científicos, a artistas, a literatos, etc. Fue una manera de hacer adeptos a «la casa» entre las personas que antes o después se integrarían en las elites dirigentes, o bien de las que ya formaban parte de ellas. También fue un instrumento para recompensar a todos aquellos que fueron fieles, que se prestaron a colaborar con March en momentos cruciales de su vida. Asimismo, sirvió para captar becarios que destacaban en el ámbito profesional de las ciencias económicas y de las leyes para integrarlos en la dirección de sus negocios. Finalmente, la Fundación también fue un modo de rebajar sustancialmente los impuestos a pagar al Estado en concepto de patrimonio y de rentas.

En 1959, Juan March dobló el capital de la Fundación y, días antes de morir, ante el notario Alejandro Bérgamo, en la misma habitación donde estaba postrado después del accidente automovilístico que había sufrido, hizo una aportación de mil millones de pesetas para garantizar su solvencia en el futuro.

En 1963, un año después de la muerte del financiero, la Fundación Juan March era la quinta de Europa por sus actividades y capital. El nieto de Juan March Ordinas, Caries March Delgado, en plena juventud, explicaba en una entrevista que el principal cometido de la Fundación era estimular y fomentar la investigación en el ámbito científico y cultural.

La muerte del magnate

El 25 de febrero de 1962, March viajaba en el asiento posterior de su Cadillac, al lado opuesto del chófer, lo acompañaba su ayuda de cámara, que también le hacía de guardaespaldas. Se dirigía a visitar al ilustre jurista Antonio Rodríguez Sastre, que coordinaba el grupo de asesores y profesionales de la abogacía que tenían el cometido de ganar todos los pleitos que los accionistas de la Barcelona Traction presentaban contra la declaración de quiebra, firmada por un insignificante y desconocido juez de Reus, que supuso la pérdida de todos sus bienes que pasaron a ser propiedad de Fecsa, la empresa matriz de las diferentes sociedades eléctricas de March. El financiero, como casi siempre, estaba concentrado en sus cavilaciones. Por eso no se percató de que un coche que circulaba en dirección contraria inesperadamente había invadido la calzada y se les venía encima. El choque fue muy violento y March resultó gravemente herido.

Fue hospitalizado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción. A pesar de las graves lesiones y del estado de shock, que le duró más de 48 horas, en ningún momento perdió el conocimiento. Tenía traumatismos por todo el cuerpo y, por su edad, 82 años, era muy difícil que pudiera sobrevivir.

Para examinarlo y asesorar al equipo de médicos que lo atendían, lo visitó el insigne traumatólogo catalán doctor Trueta, que se desplazó expresamente desde Londres.

En seguida acudió a su lado su pareja, Matilde Reig, que nunca había sido aceptada ni por los hijos ni por las nueras del capitalista. Cuando alguno de los familiares próximos debía acudir a visitarlo, el ayuda de cámara le pedía a Matilde que se quedara fuera de la habitación mientras duraba la visita.

Fueron a visitarlo varios ministros del Gobierno de Franco, entre los que no faltó el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega. En la clínica se recibieron centenares de llamadas para interesarse por su salud. El jefe de la Casa Civil de S. E. el jefe del Estado, también telefoneó en nombre del «Generalísimo». Ante las personas más próximas, March dijo: «No quiero dormirme para quizá no despertar; prefiero velar y mantener mientras pueda la plena conciencia de mis actos y mis pensamientos.»[6] En los momentos en que remitía el dolor, March pedía que le leyeran los periódicos. Quería seguir informado de cuanto ocurría en el mundo.

Según el presbítero y familiar Juan Francisco March, Juan March intuyó que la muerte se acercaba y pidió al padre Félix García que lo confesara, y después le administró la comunión. Después de recibir los sacramentos se dirigió a uno de sus familiares y le dijo: «Ahora acabo de hacer el mejor negocio de mi vida.» Si March era tan poco creyente, ¿cómo se explica que a última hora hiciera como la mayoría de los católicos? Ciertamente, cabría la posibilidad de que el relato formara parte de la leyenda, pero también podría ser que March, siempre tan pragmático, pensara: «Conviene prepararse, no vaya a ser que haya otra vida después de la muerte, tal como predican los defensores de la doctrina católica.» Ante esta duda existencial quiso asegurarse un puesto en el cielo para poder seguir comerciando; allí no habría posibilidad de hacer malos negocios. La idea de arder eternamente en el infierno no le debió de hacer ninguna gracia, y tampoco tener que compartir el espacio con los perdedores.

Matilde permaneció en la cabecera de su cama todo el tiempo que duró la convalecencia en la clínica, y lo acompañó haciendo sentir al enfermo su amor y sufrimiento mientras avanzaba exhausto por el pasillo de luz tenue, al final del cual lo esperaba la muerte.

El 10 de marzo de 1962, después de 48 horas de agonía, March expiró. Los familiares, antes de anunciar oficialmente su muerte, «invitaron» a Matilde Reig a marcharse. Se desembarazaron de alguien que nunca habían aceptado. Se la vio salir de la clínica. Llevaba una maleta en la mano. Era el fiel reflejo de la soledad. Era orgullosa y supo llevar con dignidad la tristeza del abandono.

Había que ocultar su existencia. No tenía derecho a figurar en la biografía de un hombre que, según sus aduladores, había entrado por la puerta grande de la Historia.

Era preciso rehacer la crónica de su vida para que se ajustara al modelo de un gran capitalista y filántropo, la historia de un mecenas. Para construir una biografía idealizada sobraban muchos pasajes vividos, entre los cuales no se podían incluir las desavenencias matrimoniales y la vida al lado de una corista durante las últimas décadas de su existencia.

La primera muestra de condolencia que recibió la familia fue la del dictador, a través del jefe de la Casa Civil del general Franco; después llegaron muchas otras procedentes de todos los estamentos del Estado, la cultura, la Iglesia católica y el mundo de las finanzas. Los restos mortales de Juan March fueron trasladados al palacio que poseía en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid, que tiempo atrás compró a un noble arruinado. Asumió las deudas, lo liberó de la persecución de los acreedores y se quedó con la casona a un valor muy inferior al que habría debido pagar a precio de mercado. Quien se ahoga se aferra a lo que flota y, si está muy desesperado, a una cuerda, por delgada que sea.

Una de las primeras personalidades que fue al domicilio del difunto para testimoniar su expresión de dolor a los familiares del magnate fue el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón. También fueron a visitar la capilla ardiente el presidente de las Cortes, Esteban Bilbao, el alcalde de Madrid, el conde de Mayalde, el ex ministro republicano Gil Robles, el ex ministro de Comercio J. A. Suanzes, los almirantes Bastarreche y Jáuregui. El primero, tiempo atrás, había sido el jefe de la Comandancia de Marina de las islas Baleares. Además de la representación del estamento militar y político del Régimen, acudieron a despedirse por última vez muchos personajes procedentes de diferentes ámbitos de la vida social, económica, cultural y científica: el presidente de la Real Academia de la Lengua, Menéndez Pidal, los presidentes de los principales bancos nacionales, los directores de las empresas de March, etc.

Cuando los periodistas que hacían guardia a las puertas del palacio preguntaban a los visitantes qué destacarían de March, la mayoría contestaba, por este orden: su inteligencia, su patriotismo y su obra de mecenazgo.

Durante las honras fúnebres, que se celebraron en la misma capilla del palacio, el duelo fue presidido, en nombre del jefe del Estado, por el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega. Al día siguiente, el féretro que contenía los restos del difunto fue depositado en un furgón funerario que se dirigió a Valencia, seguido por una caravana de vehículos donde viajaban familiares, colaboradores, autoridades, etc. En el puerto de Valencia, la comitiva embarcó en el Ciudad de Barcelona, barco de la Trasmediterránea, en el cual hicieron la travesía hasta el puerto de Palma. Cuando a las siete de la mañana del día siguiente el barco atracó en el muelle, una multitud de personas lo esperaba: personalidades de la política, los negocios, la cultura, hombres que habían trabajado para él y muchos curiosos.

Después, el cadáver embalsamado de Juan March fue trasladado al palacio de la calle Conqueridor, donde se colocó sobre un catafalco en medio de una de las grandes salas del edificio, donde miles de ciudadanos pudieron rendirle honores y darle el último adiós a un hombre que ya en vida se había convertido en un mito. Muchos de los que pasaron ante sus restos habrían deseado igualarlo o superarlo en cualquiera de las múltiples facetas que constituyeron la compleja personalidad de March.

Las honras fúnebres se celebraron en la catedral de Palma. Posteriormente fue enterrado en el panteón de la familia, donde estaba sepultada su esposa, Eleonor Servera, que había muerto unos años antes, en 1957.

El escritor José María Pemán escribió, refiriéndose a March: «A don Juan no se le entiende sin el Mediterráneo. Es en su perímetro donde se dan estos hombres que se enfrentan con el mar y su aventura, para acabar poniendo su fortuna al servicio de la Cultura y el Espíritu. Los Médicis fueron de este linaje de hombres. Lo fue Cambó. El Renacimiento todo fue un gran negocio histórico que hicieron conjuntamente banqueros y humanistas.»[7]

Azorín, gran colaborador de March, con ocasión de su muerte, publicó un panegírico sobre la vida de March. En uno de sus párrafos lo equipara en grandeza a Carlos V: «Ha muerto nuestro segundo Carlos V, es decir, nuestro segundo hombre universal. Y gravitaba en todas las Bolsas del mundo. Fui amigo suyo muy sincero. Lamento de todo corazón su muerte.»[8]

En 1962, año de la muerte de March, aún imperaba en España el nacionalcatolicismo, que había impuesto un código de conducta basado en la represión, el sectarismo, el maniqueísmo y en la obligatoriedad de participar en liturgias religiosas rutinarias. La corrupción se había generalizado y seguía siendo vital guardar las apariencias, cosa que a menudo implicaba actuar con hipocresía y contar falsedades y mentiras. Cuando se les pregunta a los ciudadanos qué es lo que más odian de la conducta humana, suelen responder mayoritariamente: la hipocresía, la mentira y el fingimiento. No obstante, el rechazo de dichos comportamientos no impide, paradójicamente, que ellos mismos incurran en estos mismos vicios.

El Régimen estaba obsesionado con la unidad de la patria y la fidelidad inquebrantable a Franco. Perseguía la homogeneidad y unidad de destino de los habitantes del Estado español. Esto implicaba necesariamente estrangular las culturas y la lengua de las diferentes nacionalidades. La idealización del pasado —⁠pura propaganda— fue un factor deformador y contrario a la metodología científica que pretende construir el pasado con rigor. Los censores y propagandistas, mientras tanto, vigilaban para que ningún historiador o profesor se apartara de la ortodoxia que prohibía la crítica y la revisión permanente del pasado, cometido que garantiza la aproximación a la veracidad histórica.

De estos párrafos, retratos de una España que salía de la larga crisis de la posguerra para iniciar un desarrollo económico acelerado y sostenido en el tiempo, debemos regresar a la muerte de Verga. Según The New Yorker era la séptima fortuna del mundo. Los diarios más importantes de Europa y América se hicieron eco de ella. La noticia apareció en la primera página del New York Times. March se había convertido en un hombre universal.

La revista norteamericana Time anunció el óbito de March, poniendo énfasis en señalar que era el hombre más misterioso del mundo y uno de los millonarios más poderosos.

El diario La Nación de Buenos Aires publicó la noticia de la muerte de Juan March en primera página, con un titular bastante halagador: «Falleció Juan March, el Rockefeller español.» En el primer párrafo, el artículo reproducía una frase que había pronunciado March algunos años antes: «Yo no necesito bancos. Los bancos me necesitan a mí.» Estas palabras, dichas por un banquero, titular de la Banca March, pueden parecer contradictorias, pero solamente se entienden a partir de la concepción que tenía March de la banca y que expresó en una entrevista, en 1970, su nieto Caries March Delgado: «Nosotros, siguiendo la línea directriz marcada por mi abuelo, tenemos una gran preocupación por la liquidez, por la tesorería y por no tener que deberle nunca dinero a nadie. Él aplicó este principio como dogma. Yo recuerdo cuando decía que a los banqueros no los entendía, puesto que estaban más contentos cuanto más dinero debían.»[9]

Cuando se le preguntó a Caries March cuáles eran los factores que conducían al éxito, según la opinión de su abuelo, respondió: «En primer lugar, la voluntad, la constancia; después la suerte. Contra lo que se cree, el talento influye menos.»[10]

Años antes de su muerte, el 2 de julio de 1960, March había otorgado testamento ante el notario de Madrid Luis Casanueva Usera. En el documento figura que el testatario era viudo, banquero, vecino de Palma y de 79 años. Instituía heredero a su hijo Bartolomé March Servera, con la legítima estricta que le correspondiera. Esta disposición testamentaria, en absoluto favorable al hijo menor, reforzó la leyenda popular según la cual no era hijo suyo.

El resto de todos sus bienes lo dejaba en la proporción del 60 % a su hijo mayor, Juan March Servera. A sus nietos, hijos de Juan: Joan y Caries March Delgado, un 20 % a cada uno en «desnuda propiedad». El usufructo del 40 %, en «desnuda propiedad», que recibían sus nietos, correspondía de forma vitalicia a su hijo mayor.

En la séptima cláusula del testamento, Juan March quiso que quedara plasmado un testimonio que él consideraba solemne: «Las realizaciones de mi vida se han debido, en gran parte, tanto al esfuerzo personal, como a la lealtad de mis colaboradores íntimos. Toda mi vida ha sido una continua consulta con ellos. A ellos se debe gran parte de lo que es nuestra Casa.»[11]

Los historiadores cuentan que Bartolomé era un bon vivant, coleccionista y mecenas. Alejado del espíritu mercantilista de «la casa March». Un descendiente directo de Juan March nos aseguró que Juan March Ordinas nunca mantuvo una conversación directa, cara a cara, con su hijo menor, que fue el protegido de su madre, Eleonor. Al contrario de su padre, ésta lo instituyó heredero de la mayoría de sus bienes patrimoniales: el palacio de Capdepera y de la calle Conqueridor, donde actualmente está ubicada la Biblioteca y Fundación Bartolomé March.

La disposición testamentaria de Juan March se podría haber adoptado para evitar que el patrimonio se fragmentara y, por eso, nada mejor que instituir un heredero único, el primogénito, como se hacía siglos atrás.

El 20 de septiembre de 1963, se reunió un Consejo de Ministros ordinario, presidido por el caudillo Franco. Un ministro propuso que se concediera un título nobiliario a Juan March, por haber creado la Fundación que llevaba su nombre. El silencio prolongado del dictador significaba una negativa y un aviso de que era hora de pasar a tratar el siguiente punto del orden del día. De esta manera lo contó Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo.

22

Conclusiones

Juan March fue una semilla que germinó en un ambiente familiar de negocios (donde todo el santo día oía repetir frases como: «Comprar a buen precio… Comprar fiado… Lo ofrezco a mucho más de lo que vale… Nos sobra mercancía para quien la quiera comprar… Para venderla tendremos que rebajar el precio…»). Creció en una sociedad de larga tradición comercial, muy ligada al mar, a su localización geográfica y a la intrepidez y el genio comercial de sus pobladores. La experiencia acumulada en el transcurso de siglos fue el sustrato que absorbió March para crecer en el mundo de los negocios. Estaba dotado de una gran inteligencia innata, que le permitió asimilar el pasado y adaptarse a una sociedad en transición. Sus antepasados vivieron en una sociedad estable, al contrario del mundo que le tocó vivir a Juan March, marcado por los cambios acelerados que alteraban el devenir corriente de la sociedad. «Nuevos tiempos, nuevas maneras», debió de pensar March. Había aprendido que no se debían menospreciar las experiencias y conocimientos pasados. Pero para progresar era primordial actuar en consonancia con las exigencias de unas coyunturas volubles y acompasarse al pulso del tiempo, que había cambiado su ritmo.

¿Juan March fue un caso excepcional en el mundo de los negocios? Ciertamente, porque en unas pocas décadas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿cuáles fueron los secretos de tan fulgurante carrera? Él revelaba públicamente que la clave de su éxito era el inconmensurable trabajo y su condición natural para intuir dónde había que invertir y qué estrategia desplegar para hacer un buen negocio. Hilando fino se puede profundizar en el significado de este mérito y de aquella cualidad innata. Cuando March se refería al trabajo no implicaba sólo llevar a cabo una actividad frenética, sino que hacía falta sumarle una dedicación mental durante todas las horas del día que permanecía despierto. Era el tiempo en que pensaba cómo hacer para que el nuevo negocio que tenía en marcha le proporcionara pingües beneficios. Por lo que se refiere al don del que presumía, y con razón, lo complementaba con otro casi tan decisivo para triunfar como el anterior: era un gran conocedor de la condición humana, un valor añadido porque los negocios se cierran con personas. Era un experto en adivinar cómo había que hacer en cada caso para doblegar la voluntad de quien se resistía a sus propósitos, o para ganarse a quien quería tener a su lado.

Algunos historiadores y periodistas han visto a March como un arquetipo de capo de una extensa organización mafiosa. El mismo cónsul británico en Gibraltar pensaba así cuando en 1933 dijo a sus superiores: «Se asemeja a un tipo como Al Capone.» Pero Juan March no tenía el perfil de un jefe de una familia mafiosa, a pesar de que en algunos casos la manera y los modos de manejarse podían parecerse. March era un hombre solitario. Para él la familia no tenía ningún valor instrumental en relación con sus actividades mercantiles. Los lazos de sangre que son cohesionadores en la organización mafiosa no tenían ningún valor para March. Él buscaba la lealtad, la inteligencia y el trabajo de sus colaboradores.

March no era un hombre que se conformara con lo que había ganado, ni se entretenía deleitándose con sus triunfos. Eran hechos del pasado. A él le preocupaban el presente y el futuro, porque tenía necesidad de asumir nuevos retos. A él, cuando se le encendía una pasión carnal, que siempre fue vigorosa, necesitaba aplacarla en seguida para recobrar su aplomo y regresar al mundo constituido por múltiples iniciativas que siempre tenía en marcha en el campo de los negocios. Esta desbordante actividad lo hacía estar presente en la mayoría de los mercados internacionales, donde realizaba importantes operaciones comerciales y financieras. Este frenesí mercantil debía mortificarlo, pero daba sentido a su vida.

March no tenía escrúpulos ni miramientos con tal de alcanzar sus metas. Cuando fue necesario para allanar el camino, supo manejar con mano diestra la corrupción en el mundo empresarial, en el de la política y en el del colectivo de funcionarios del Estado. Los códigos éticos y las leyes no eran más que obstáculos que dificultaban o retrasaban la realización de sus negocios. Por eso, era preciso saltárselos, o, mejor dicho, ignorarlos. Él tenía que salirse con la suya, y aquellos que intentaran cerrarle el paso lo pagarían caro.

March entendía que la política sólo era un medio, una palanca para sacarse del medio aquello que le estorbaba. No profesaba ideologías. Un hombre solitario y egocéntrico tiene la propia, no asume las colectivas. Por esta razón, durante las guerras no fue leal a ninguna de las partes en conflicto, pero prestó servicios a ambas, porque eso era lo que más le convenía económicamente. Los franceses mostraban un gran desconocimiento sobre el personaje cuando se quejaban reiteradamente del doble juego de March y de las traiciones que cometía contra los aliados. March no podía ser un traidor, porque no compartía ninguna ideología, y tampoco desleal, porque no estaba comprometido con ninguna causa.

March tenía un valor supremo y quizás único: hacer dinero. Una clara obsesión que hacía que el cerebro le girara permanentemente sobre esta idea fija. Un fenómeno psicológico que crea angustias y desasosiego. Quien la padece no se conforma con lo que tiene, siempre quiere más. Pero, en cambio, obsesionarse por conseguir un objetivo se convierte en un poderoso estímulo que vigoriza la determinación y la tenacidad. Estas personas no flaquean en la lucha para conseguir lo que se han propuesto, por eso no se desalientan ante la primera dificultad. Se marcan unos hitos que casi siempre son inalcanzables. Aunque a March no le faltaron más que unos pocos años para lograr el objetivo final: ser el hombre más rico del mundo.

Los negocios no tienen patria ni ideología, solamente están en pugna los intereses de las partes contractuales. Su meta es obtener los mayores beneficios. Los valores patrióticos, éticos y solidarios pueden ser útiles para justificar ante la opinión pública lo que moralmente es injustificable. March no dudó en recurrir a ellos cuando lo creyó oportuno y se presentó ante la sociedad como un hombre más preocupado por los intereses de la colectividad que por los propios.

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PERE FERRER GUASP (Alaró, Mallorca, España, 1949). Estudió Filosofía y Letras, especialidad Historia, en la Universidad de las Islas Baleares (UIB), donde se doctoró en 1998 con una tesis sobre los orígenes de la fortuna del gran financiero y estraperlista Joan March i Ordinas.

En la UIB es miembro del equipo investigador del Grupo de Estudio de la Cultura, la Sociedad y la Política en el Mundo Contemporáneo.

Ha publicado una serie de libros y artículos sobre la realidad histórica de Mallorca durante la primera mitad del siglo XX. En 2014 recibió el Premio Miquel de los Santos Oliver de la Obra Cultural Balear y el Premio Jaume II del Consell de Mallorca, ambos por su trabajo de investigación sobre Joan March.

Notas

[1] Padre Antoni Rubí, En aquell temps. La vila abans de 1925, tomo II, Ayuntamiento de Santa Margalida, enero de 2001, p. 51. <<

[2] Archivo particular de Antoni Mas, Santa Margalida, Mallorca. <<

[3] Memorias escritas y no publicadas de Andreu Amengual, hijo de Andreu Fásol, 1995, Santanyí, Mallorca. <<

[4] Ibid. Memorias escritas y no publicadas de Andreu Amengual, hijo de Andreu Fásol, 1995, Santanyí, Mallorca. <<

[5] Archivo particular de Miquel Monjo, Santa Margalida, Mallorca. <<

[6] Es una referencia que hace Manuel Benavides en su libro El último pirata del Mediterráneo. <<

[7] Archivo Militar Regional de Baleares, Signatura: Fondo de causas, caja 19, expediente 246. Sumario instruido por robo de bultos de tabaco en el pueblo de Santa Margalida y agresión a la fuerza de custodia, 29 de marzo de 1909, folio 75. <<

[8] Ibid. Archivo Militar Regional de Baleares, Signatura: Fondo de causas, caja 19, expediente 246. Sumario instruido por robo de bultos de tabaco en el pueblo de Santa Margalida y agresión a la fuerza de custodia, 29 de marzo de 1909, folio 75. TEXTO_ADICIONAL: folio 127. <<

[9] Ibid. Archivo Militar Regional de Baleares, Signatura: Fondo de causas, caja 19, expediente 246. Sumario instruido por robo de bultos de tabaco en el pueblo de Santa Margalida y agresión a la fuerza de custodia, 29 de marzo de 1909, folio 75. <<

[10] Ibid. Archivo Militar Regional de Baleares, Signatura: Fondo de causas, caja 19, expediente 246. Sumario instruido por robo de bultos de tabaco en el pueblo de Santa Margalida y agresión a la fuerza de custodia, 29 de marzo de 1909, folio 75. TEXTO_ADICIONAL: folio 147. <<

[11] Ibid. Archivo Militar Regional de Baleares, Signatura: Fondo de causas, caja 19, expediente 246. Sumario instruido por robo de bultos de tabaco en el pueblo de Santa Margalida y agresión a la fuerza de custodia, 29 de marzo de 1909, folio 75. TEXTO_ADICIONAL: folio 148. <<

[1] Biblioteca del Senado, Libro de sesiones del Congreso de los Diputados, tomo 10 (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.201. <<

[2] Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario 1, asunto 1.032. <<

[3] Ibid. Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario 1, asunto 1.032. <<

[4] Archivo COCIN (Cámara de comercio, Industria y Navegación de las islas Baleares), carpeta 2, año 1916, expediente 6, carpeta 5, mesa 5. <<

[5] Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, Fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario del asunto 1.032. <<

[6] Ibid. Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, Fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario del asunto 1.032. <<

[7] Ibid. Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, Fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario del asunto 1.032. <<

[8] Ibid. Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, Fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario del asunto 1.032. <<

[9] Public Record Office; FO 185/1240 1231. <<

[10] Ibid. Public Record Office; FO 185/1240 1231. <<

[11] Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario 1, asunto 1.032. <<

[12] Ibid. Archivo Central Estatal «Especial» de la URSS, Moscú, 3.a sección, fondo del 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, fondo 7, inventario 1, asunto 1.032. <<

[13] Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. <<

[14] Ibid. Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. TEXTO_ADICIONAL: FO 371/2468, 80541. <<

[15] Ibid. Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. TEXTO_ADICIONAL: FO 371/2468, 40568. <<

[16] Ibid. Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. TEXTO_ADICIONAL: FO 185/1237 749. <<

[17] Ibid. Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. TEXTO_ADICIONAL: FO 185/1237 752. <<

[18] Ibid. Public Record Office: FO 372/715 40624 1082, n.º 61082. TEXTO_ADICIONAL: FO 372/716 113589. <<

[19] Frank Jellinek, La Guerra Civil en España, Madrid, 1977, p. 65. <<

[20] Public Record Office: ADM 223/490. <<

[21] Donald McCormick, Peddler of Death. The Life and Times of Sir Basil Zaharoff, Nueva York, 1965, p. 168. <<

[22] Biblioteca del Senado, Diario de sesiones de las Cortes, n.º 44 y 58, sesión del 5 de agosto de 1916, p. 682. <<

[23] El Sóller, 30 de septiembre de 1916. <<

[24] Última Hora, 10 de mayo de 1916. <<

[25] Foch i Fum, 5 de abril de 1918 y 12 de abril de 1918. <<

[1] El Obrero Balear. <<

[2] La Almudaina, 16 de agosto de 1918. <<

[3] Fabià Estapé, De tots colors. Memòries, Barcelona, 2000, p. 56. <<

[4] Maximiliano García Venero, Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, 1963, p. 280. <<

[5] La Almudaina, 15 de septiembre de 1920. <<

[6] Cultura Obrera, 18 de marzo de 1918. <<

[7] El Abuelo, 5 de julio de 1918. <<

[8] La Vanguardia Balear, 13 de abril de 1918. <<

[9] Última Hora, 21 de enero de 1918. <<

[10] En Tòfol, 20 de noviembre de 1917. <<

[11] El Obrero Balear, 23 de febrero de 1918. <<

[12] Archivo COCIN (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de las islas Baleares), año 1918, carp. 2, exp. 45, carp. 3, mesa 6. <<

[13] La Voz del Pueblo, 21 de febrero de 1919. <<

[14] Archivo COCIN (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de las islas Baleares), año 1919, exp. 17, carp. 5, mesa 6. <<

[15] Ibid. Archivo COCIN (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de las islas Baleares), año 1919, exp. 17, carp. 5, mesa 6. TEXTO_ADICIONAL: Archivo <<

[16] La Vanguardia Balear, 1 de marzo de 1919. <<

[17] Ibid. La Vanguardia Balear, 1 de marzo de 1919. TEXTO_ADICIONAL: Archivo <<

[18] Archivo Municipal de Palma, Libro de Ayuntamientos, actas de 1-1-1919 a 31-111-1920, sesión de 24-11-1919. <<

[19] Ibid. Archivo Municipal de Palma, Libro de Ayuntamientos, actas de 1-1-1919 a 31-111-1920, sesión de 24-11-1919. <<

[20] Ibid. Archivo Municipal de Palma, Libro de Ayuntamientos, actas de 1-1-1919 a 31-111-1920, sesión de 24-11-1919. <<

[21] La Vanguardia Balear, 1 de marzo de 1919. <<

[22] El Obrero Balear, 14 de marzo de 1919. <<

[23] Ibid. El Obrero Balear, 14 de marzo de 1919. <<

[24] El Obrero Balear, 21 de marzo de 1919. <<

[25] Ibid. El Obrero Balear, 21 de marzo de 1919. <<

[26] Biblioteca del Senado, Diario de Sesiones de las Cortes, sesión de 5-VII-1916. <<

[27] Ibid. Biblioteca del Senado, Diario de Sesiones de las Cortes, sesión de 5-VII-1916. <<

[28] Ibid. Biblioteca del Senado, Diario de Sesiones de las Cortes, sesión de 5-VII-1916. <<

[29] Ibid. Biblioteca del Senado, Diario de Sesiones de las Cortes, sesión de 5-VII-1916. <<

[1] Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Tribunal Supremo Reservado, expediente 1. Causa contra don Juan March Ordinas por delito de falsedad (folios 45-52). <<

[2] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Tribunal Supremo Reservado, expediente 1. Causa contra don Juan March Ordinas por delito de falsedad (folios 45-52). <<

[3] Última Hora, 3 de octubre de 1916. <<

[4] Juan Francisco March, presbítero, pariente de Juan March Ordinas, Comunidad del Sagrado Corazón, Palma. <<

[5] Declaración del ahijado de Rafel Garau, en el documental de TV3: Dolors Genovès, Juan March, els negocis de la guerra, Barcelona, 2003. <<

[6] Foch i Fum, 15 de diciembre de 1916. <<

[1] Josep Pla, Calendario sin fechas, «Don Juan March Ordinas», Destino, 17 de marzo de 1962. <<

[2] Ibid. Josep Pla, Calendario sin fechas, «Don Juan March Ordinas», Destino, 17 de marzo de 1962. <<

[3] Joaquín Soler Serrano, Conversaciones con Josep Pla, Madrid, 1975, p. 219. <<

[4] Ibid. Joaquín Soler Serrano, Conversaciones con Josep Pla, Madrid, 1975, p. 219. TEXTO_ADICIONAL: Josep Pla, <<

[5] Testimonio oral, Juan Francisco March, presbítero y pariente de Juan March Ordinas, amigo personal de Mascaró Fornés. <<

[6] Joan Marimó, Joan Mascaró, los múltiples espacios de la sabiduría, Palma, 1990, p. 99. <<

[7] Frank Jellinek, The civil War in Spain, Londres, 1938, p. 123. <<

[8] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República y Guerra Civil, Barcelona, 2000, p. 361. <<

[9] El Financiero, Madrid, 17 de febrero de 1970. <<

[10] Archivo particular de Miquel Monjo Estelrich, Santa Margalida, Mallorca. <<

[11] Archivo COCIN (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de las islas Baleares). <<

[12] El Día, 17 de abril de 1923. <<

[13] Ibid. El Día, 17 de abril de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 23 de julio de 1921. <<

[14] Ibid. El Día, 17 de abril de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 17 de abril de 1923. <<

[15] Ibid. El Día, 17 de abril de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 25 de septiembre de 1921. <<

[16] Libro de Ayuntamientos, actas del 11 de abril de 1921 al 3 de marzo de 1922, sesión, 4 de octubre de 1921. <<

[17] Ibid. Libro de Ayuntamientos, actas del 11 de abril de 1921 al 3 de marzo de 1922, sesión, 4 de octubre de 1921. TEXTO_ADICIONAL: sesión, 10 de octubre de 1921. <<

[18] El Día, 23 de julio de 1921. <<

[19] Ibid. El Día, 23 de julio de 1921. TEXTO_ADICIONAL: 25 de septiembre de 1921. <<

[20] Ibid. El Día, 23 de julio de 1921. TEXTO_ADICIONAL: 8 de octubre de 1921. <<

[21] El Obrero Balear, 14 de octubre de 1921. <<

[22] Ibid. El Obrero Balear, 14 de octubre de 1921. <<

[23] El Día, 14 de junio de 1922. <<

[24] Archivo del Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones de las Cortes, tomo 10 (1931-1932), sesión, 14 de junio de 1932. Intervención parlamentaria de Indalecio Prieto. <<

[25] Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer, carta del capellán a Juan March, 10 de febrero de 1945. <<

[26] Ibid. Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer, carta del capellán a Juan March, 10 de febrero de 1945. <<

[27] Francesc Cambó, Memorias, 1876-1936, Barcelona, 1981, p. 341. <<

[28] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[29] Declaraciones de Francesc Cambó, efectuadas al diario República, 19 de mayo de 1934. <<

[30] El Sóller, 30 de septiembre de 1916. <<

[31] El Día, 31 de mayo de 1921. <<

[32] Ibid. El Día, 31 de mayo de 1921. TEXTO_ADICIONAL: 6 de agosto de 1921. <<

[33] El Obrero Balear, 15 de agosto de 1921. <<

[34] Donald McCormick, Peddler of death. The Life and Times of Sir Basil Zaharoff, Nueva York, 1965, p. 229. <<

[35] Testimonio oral, una parte del relato nos la contó el hijo de Joaquim Pascual. <<

[36] Archivo Histórico Nacional. Informe del juez de instrucción del departamento de la Lonja al presidente de la Audiencia Provincial de Palma, 1 de septiembre de 1923, Fondos contemporáneos, Presidencia del Gobierno. <<

[37] La Acción, 26 de enero de 1923. <<

[38] Ibid. La Acción, 26 de enero de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 24 de enero de 1923. <<

[39] Ibid. La Acción, 26 de enero de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 11 de abril de 1923. <<

[40] La Libertad, 27 de enero de 1923. <<

[41] El Día, 6 de marzo de 1923. <<

[42] Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[43] Ibid. Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[44] Ibid. Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[45] Ibid. Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[46] Ibid. Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[47] Ibid. Archivo particular de Jaume Pomar, epistolario de Llorenç Villalonga con Joaquim Verdaguer, Palma. <<

[48] El Dia, 25 de marzo de 1923. <<

[49] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[50] El Día, 17 de abril de 1923. <<

[51] Archivo Reino de Mallorca, PS Valencia y 45 Exp. 156, Documentación Particular, e13 Exp. DNSD Expediente, Antecedentes 81649. P S Madrid y 47 legajo 779. Documentación referida al conde de Ayamans. <<

[52] El Obrero Balear, 3 de mayo de 1921. <<

[53] La Almudaina, 1 de mayo de 1923. <<

[54] El Correo de Mallorca, 30 de mayo de 1923. <<

[55] El Obrero Balear, 4 de mayo de 1923. <<

[56] Foch i Fum, 4 de mayo de 1923. <<

[57] Archivo de la Cámara de los Diputados, Diario de sesiones, legislatura 1923, sesión 25-V-1923. <<

[58] El Obrero Balear, 4 de agosto de 1923. <<

[59] Ibid. El Obrero Balear, 4 de agosto de 1923. TEXTO_ADICIONAL: 4 de mayo de 1923. <<

[1] Última Hora, 9 de octubre de 1923. <<

[2] El Día, 5 de enero de 1923, texto publicado en el diario El Sol de Madrid y reproducido íntegramente en el diario local. <<

[3] El Día, 14 de septiembre de 1923. <<

[4] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[5] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[6] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[7] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[8] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[9] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[10] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[11] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia de Gobierno, legajo 253, exp. 148. <<

[12] Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, 1977, pp. 135-137. <<

[13] Ibid. Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, 1977, pp. 135-137. <<

[14] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia del Gobierno, legajo 253, expediente 148. <<

[15] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia del Gobierno, Tribunal Supremo. Querella del Fiscal de la República (1931) contra los magistrados de la sala de la Audiencia de Valencia, León Ramos, Alonso García Romero y, subsidiariamente, Juan March. <<

[16] Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo, p. 110. <<

[17] Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, 1976, p. 215. <<

[18] Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer, Palma. <<

[19] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, expediente 28, Martínez Severiano, Concesión del Monopolio de Tabacos en África a Juan March. <<

[20] Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, 1977, p. 127. <<

[21] Dionisio Pérez, La dictadura a través de sus notas oficiosas, Madrid, 1930, p. 272. <<

[1] El Obrero Balear, 25 de enero de 1924. <<

[2] Ibid. El Obrero Balear, 25 de enero de 1924. <<

[3] Ibid. El Obrero Balear, 25 de enero de 1924. <<

[4] Ibid. El Obrero Balear, 25 de enero de 1924. <<

[1] Josep Pla, Historia de la Segunda República, Barcelona, 1940, t. II, p. 54. <<

[2] Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 611, pp. 125-126. <<

[3] Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, 1997. <<

[4] Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 611, p. 126. <<

[5] Archivo del Senado, Diario de sesiones de Cortes, Cámara de los Diputados, t. 4, 1931-1933, sesión 4-IX-1931, n.º 69, p. 2.191. <<

[1] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona, 2000, p. 371. <<

[2] Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 611, p. 130. Declaraciones de Ángel Galarza a la Comisión de Responsabilidades, 25-11-1932. <<

[3] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, legajo 611, p. 130. Declaraciones de Ángel Galarza a la Comisión de Responsabilidades, 25-11-1932. <<

[4] Archivo particular de los familiares del padre Palmer, Palma. <<

[5] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo reservado, expediente 1. Causa contra Juan March Ordinas por delito de falsedad. <<

[6] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia del Gobierno, legajo 253, expediente 148. <<

[7] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia. Tribunal Supremo. Querella del Fiscal de la República (1931) contra los magistrados de la sala de la Audiencia de Valencia, León y Ramos, García Romero y Perrero y subsidiariamente contra March. <<

[1] Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. 10 (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.194. <<

[2] Ibid. Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. 10 (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.194. TEXTO_ADICIONAL: p. 6.185. <<

[3] Ibid. Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. 10 (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.194. TEXTO_ADICIONAL: p. 6.187. <<

[4] Ibid. Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. 10 (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.194. TEXTO_ADICIONAL: pp. 6.187-6.188. <<

[5] Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra, Madrid, 2001, p. 82. <<

[6] Biblioteca del Senado, Libro de sesiones del Congreso de los Diputados, t. 10 (1931-1932), n.º 182, sesión de 14 de junio de 1932, pp. 6.187-6.188. <<

[7] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1976, p. 134. <<

[8] Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.201. <<

[9] Ibid. Biblioteca del Senado, Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados, t. (1931-1932), n.º 182, sesión del 14 de junio de 1932, p. 6.201. TEXTO_ADICIONAL: p. 6.202. <<

[1] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[2] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[3] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[4] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[5] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[6] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[7] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[8] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[9] Manuel Azaña, Obras completas, México, 1966-1968, vol. 4, p. 220. <<

[10] Alejandro Lerroux, Mis memorias, Madrid, 1963, p. 647. <<

[11] Archivo del Congreso de los Diputados. Sesiones secretas, 6 de noviembre de 1931, tomo A. S.7, pp. 43-44. <<

[12] Archivo del Congreso de los Diputados. Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[13] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados. Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[14] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados. Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[15] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados. Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[16] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados. Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[17] Manuel Azaña, Diarios completos, Barcelona, 2000, p. 353. <<

[18] Archivo del Congreso de los Diputados, Sesiones secretas, 1931, pp. 42-54, t. A. S.7. <<

[19] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[20] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[21] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[22] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[23] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 610, carpeta 1. <<

[24] Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. <<

[25] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: p. 114. <<

[26] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. <<

[27] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: p. 113. <<

[28] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: p. 117. <<

[29] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. <<

[30] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: p. 115. <<

[31] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: pp. 115-116. Carta de Vicente Planells enviada a Juan March y presentada por éste a la Comisión de Responsabilidades en la sesión de 25 de febrero de 1932. <<

[32] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones secretas de la Comisión de Responsabilidades, serie General, legajo 611, pp. 25-27. TEXTO_ADICIONAL: Carta de Francisco Garau a Vicente Planells, presentada por Juan March a la Comisión de Responsabilidades, sesión de 25 de febrero de 1932. <<

[33] Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 611, pp. 118-119. <<

[34] Ibid. Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 611, pp. 118-119. <<

[35] Archivo del Congreso de los Diputados, Tribunal Supremo, exp. 49 referente a Calvo Sotelo y al expediente sobre el Monopolio de Tabacos de Marruecos. <<

[1] Stanley Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, París, 1968, p. 246 <<

[2] Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, 1978. p. 252. <<

[3] Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 611, p. 118. <<

[4] El Obrero Balear, 20 de agosto de 1932. <<

[5] El Socialista, 11 de julio de 1932. <<

[6] Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, 1976, p. 333. <<

[7] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1976, pp. 504-509. <<

[8] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona, 2000, p. 789. <<

[9] Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, 1983, p. 144. <<

[10] Artículo publicado en La Libertad y reproducido en el diario El Día, 20 de agosto de 1932. <<

[1] Juan Carlos Mateo Fernández, Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la Guerra Civil, 1936-1939, Universidad Complutense de Madrid, tesis doctoral, Madrid, 1996, capítulo I, p. 26. <<

[2] Publicado en el diario Renovación de Barcelona y reproducido íntegramente en las páginas de El Día, de Palma, 8 de noviembre de 1933. <<

[3] La Acción, 5 de enero de 1923. <<

[4] Manuel Azaña, Diarios, 1932-1933, Barcelona, 1997, p. 159. <<

[5] Pedro Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Madrid, 1977, p. 59. <<

[6] Manuel Azaña, op. cit., p. 382. <<

[7] Manuel Azaña, op. cit., p. 407. <<

[8] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1976, vol. I, p. 62. <<

[9] Manuel Azaña, op. cit., p. 404. <<

[10] La Razón, 24 de agosto de 1933. Número especial dedicado a March. <<

[11] La Libertad, 14 de noviembre de 1933. <<

[12] Ibid. La Libertad, 14 de noviembre de 1933. <<

[13] Ibid. La Libertad, 14 de noviembre de 1933. <<

[14] El Día, 8 de julio de 1933. Transcripción del artículo de Azorín publicado en el diario Luz. <<

[15] El Día, 17 de septiembre de 1933. Transcripción del artículo de Azorín publicado en el diario Luz. <<

[16] El Día, 23 de octubre de 1933. Transcripción del artículo de Azorín publicado en el diario La Capital. <<

[17] El Día, 14 de septiembre de 1933. Artículo de Azorín publicado en el diario Luz. <<

[18] El Día, 13 de julio de 1933, reproduce el artículo de Azorín, publicado en el diario Luz. <<

[19] El Día, 5 de noviembre de 1933, Carta abierta de Azorín al presidente del Consejo de Ministros. <<

[20] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona, 2000, p. 396. <<

[1] Manuel Azaña, Diarios, 1932-1933, Madrid, 1997, pp. 252-253. <<

[2] Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 612, carpeta 5. <<

[3] José María Pou Sabater, El doble crimen de Argel, Barcelona, 1933, pp. 38-39. <<

[4] Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 612, carpeta 5. Carta del abogado de Francesc Garau, Charles Sansonetti, al republicano Francisco Bailada, que la entregó a la Comisión de Responsabilidades. <<

[5] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, Recursos 114/539. Sobre la denuncia del abogado José María Pou i Sabater contra Juan March. <<

[1] Archivo Municipal de Palma. Actas de las sesiones, 26 de junio a 27 de diciembre de 1933, pp. 577-582. Intervención del concejal republicano Bauzá. <<

[2] Archivo Municipal de Palma. Actas de las sesiones, 26 de junio a 27 de diciembre de 1933, pp. 577-582. Intervención del concejal Ignasi Ferretjans. <<

[3] La Libertad, 6 de septiembre de 1933 <<

[4] El Día, 10 de septiembre de 1933. <<

[5] Última Hora, 5 de septiembre de 1933. <<

[6] Andreu Manresa, El País. <<

[7] Fabià Estapé, De tots colors. Memòries, Barcelona, 2000, p. 131. <<

[1] La Vanguardia, 27 de septiembre de 1933. <<

[2] Díaz Nosty, La irresistible ascension de Juan March, Madrid, 1977, p. 250, citando la obra de Giménez Caballero, Manuel Azaña, Madrid, 1975, pp. 352-353. <<

[3] Díaz Nosty, La irresistible ascension de Juan March, p. 250, citando la obra de Giménez Caballero, Manuel Azaña, Madrid, 1975, p. 347. <<

[4] Fernando Hernández Delgado, Mujeres encarceladas, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 209. <<

[5] Donald McCormick, Peddler of Death. The Life and Times of Sir Basil Zaharoff, Nueva York, 1995; A History of the Secret Service, Londres, 1969. <<

[6] Ibid. Donald McCormick, Peddler of Death. The Life and Times of Sir Basil Zaharoff, Nueva York, 1995; A History of the Secret Service, Londres, 1969. TEXTO_ADICIONAL: David Jato, Gibraltar decidió la guerra, Acervo, Barcelona, 1978, p. 198. <<

[7] J. B. «El Hombre misterioso que vende material de guerra a todos los ejércitos del mundo.» <<

[8] Testimonio oral de Francesc March Quès. <<

[9] Diario de Barcelona, 5 de noviembre de 1933. <<

[10] F. Agüera entrevista a Juan March, Crónica, 12 de noviembre de 1933. <<

[11] Fernando Hernández Delgado, Mujeres encarceladas, Madrid, 2003, p. 207 <<

[12] Public Record Office. ADM 223/490. <<

[13] Declaraciones del ex ministro de Justicia, Botella Asensi, al diario El Socialista, 10 de diciembre de 1933. <<

[14] La Libertad, 4 de noviembre de 1933. <<

[15] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, serie Europa, Monarquismo, legajo 904, expediente 21. <<

[16] La Humanitat, 15 de noviembre de 1933. <<

[17] Archivo Histórico Nacional, Recursos 93/122, «Causa de Martín Arnaiz y Eugenio Vargas sobre infidelidad en la custodia de presos, con motivo de la evasión de la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares del diputado Juan March». <<

[18] Artículo de Azorín, El Día, 11 de noviembre de 1933. <<

[19] El Día, 4 de noviembre de 1933. <<

[20] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo. Recursos: 93/122, «Causa de Martín Arnaiz y Eugenio Vargas sobre infidelidad en la custodia de presos, con motivo de la evasión de la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares del diputado Juan March». <<

[21] Ibid. Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo. Recursos: 93/122, «Causa de Martín Arnaiz y Eugenio Vargas sobre infidelidad en la custodia de presos, con motivo de la evasión de la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares del diputado Juan March». <<

[22] José María Fernán, Comentarios a mil imágenes de la Guerra Civil española, Barcelona, 1967, p. 58. <<

[1] Manuel Azaña, Diarios, 1932-1933, Madrid, 1997, p. 208. <<

[2] Ahora, 29 de septiembre de 1931. <<

[3] Solidaridad Obrera, 19 de noviembre de 1933. <<

[4] El Socialista, 15 de diciembre de 1933. <<

[5] Manuel Benavides, El último pirata del Mediterráneo, Moscú, 1953, p. 6. <<

[6] Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, pp. 331-332. <<

[7] Ramón Garriga, March y su tiempo, Barcelona, 1976, p. 34. El autor cita fuentes orales de «camisas viejas». <<

[8] Juan Carlos Mateos Fernández, Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939), tesis doctoral, UCM, Facultad de Ciencias de la Información, 1996, capítulo I, pp. 84-85. <<

[9] Santos Juliá, La izquierda del PSOE, 1935-1936, Madrid, 1977, p. 115. <<

[10] Juan Carlos Mateos Fernández, op. cit., capítulo I, p. 88. <<

[11] Ramón Garriga, March y su tiempo, Barcelona, 1976, p. 370. <<

[12] El Día, 12 de febrero de 1936. <<

[13] Donald McCormick, Peddler of death. The Life and Times of Sir Basil Zaharof, Nueva York, 1965. <<

[14] Guillermo Cabanellas, Preludio a la Guerra Civil, Barcelona, 1977, p. 368. <<

[15] Claude G. Bowers, Misión en España, México D. F., 1955, p. 191. <<

[1] Guillermo Cabanellas, Preludio a la Guerra Civil, Barcelona, 1977, p. 443. <<

[2] Stanley Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, París, 1968, p. 292. <<

[3] Juan Ignacio Luca de Tena, Mis amigos muertos, Barcelona, 1971, p. 83. <<

[4] Informaciones, 25 de julio de 1936. <<

[5] Archivo Fundación Universitaria Española, Fondo Chile, Signatura CH/4-4. Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, 1976, p. 303. Copia de un artículo reproducido en las páginas del diario El Diluvio de Buenos Aires, 4 de marzo de 1937. <<

[6] El Día, 31 de julio de 1936. <<

[7] Ramón Garriga, March y su tiempo, Barcelona, 1976, p. 379. <<

[8] Abel Plenn, Wind in the Olive Trees-Spain from the inside, Book Find Club, Nueva York, 1946, p. 27 <<

[9] Gabriel Jackson, La República española y la Guerra Civil, Barcelona, 1976, p. 265. <<

[10] Gaceta de Madrid, 29 de julio de 1936. <<

[11] Francisco Comín y Pablo Martín, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, 1999, p. 354. <<

[12] Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer, Palma. <<

[13] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sección Archivo Renovado. Fondos del Ministerio de Estado, Política, legajo 000527 (16). <<

[14] El profesor Fabià Estapé comenta, en sus memorias, que Juan March tenía un banco propio en Inglaterra, el Kleinwort. <<

[15] Marino Gómez Santos, Gregorio Marañón, Barcelona, 2001, p. 425. <<

[16] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fondos: Política Exterior, Embajada de España en Roma, legajo R1466, exp. 9. <<

[17] Archivo del Banco de España. Departamento extranjero, Secretaría C. 125. <<

[18] Jeahnne Wake, Kleinwort, Benson. The History of two families in banking, Oxford, 1997, p. 252. <<

[19] Ibid. Jeahnne Wake, Kleinwort, Benson. The History of two families in banking, Oxford, 1997, p. 252. <<

[20] Ibid. Jeahnne Wake, Kleinwort, Benson. The History of two families in banking, Oxford, 1997, p. 252. <<

[21] Fernando Schwartz, La internacionalización de la guerra española, Barcelona, 1971, p. 67. <<

[22] George Orwell, Orwell en España, Barcelona, 2003, p. 106. <<

[23] Informe de José Barceló enviado al Consulado general de España en Oran. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, serie Archivo renovado, despacho 1, legajo R-536. <<

[24] J. Massot i Muntaner, Església i Societat a la Mallorca del segle XX, Curial, Barcelona, 1977, p. 248. <<

[25] Borja de Riquer, El último Cambó. 1936-1947, Barcelona, 1996, p. 161. <<

[26] Roberto Cantalupo, Embajada en España, Barcelona, 1951, p. 139. <<

[27] Gerard Howson, Armas para España, Barcelona, 2000, p. 61, citando fuentes de los Archivos de P. R.O. de Londres. <<

[28] Josep Massot i Muntaner, La Guerra Civil a Mallorca, Barcelona, 1976, p. 70, se refiere al libro publicado por el capitán Bayo, Mi expedición a Mallorca. <<

[29] J. Massot i Muntaner, Església i Societat a la Mallorca del segle XX, Curial, Barcelona, 1976, p. 145. El autor añade, a pie de página: «entre los cuales estaba Juan March». <<

[30] Josep Massot i Muntaner, Vida i miracles del «Conde Rossi», Barcelona, 1988, p. 117. <<

[31] Josep Massot i Muntaner, a pie de página del libro de Georges Bernanos, Els grans cementiris sota la lluna, Barcelona, 1981, p. 214, cita a Coverdale, pp. 132-133. <<

[32] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Política, Embajada de España en Roma, legajo R1466, exp. 9. <<

[1] Dionisio Ridruejo, Escrito en España, Madrid, 1976, pp. 130131. <<

[2] Dionisio Ridruejo, «Un joven influyente», Destino, 28 de diciembre de 1974. <<

[3] Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Gobierno de Primo de Rivera, legajo 233, exp. 6. <<

[4] Archivo del nacionalismo, Artea, Vizcaya, signatura AN-GE463-1. <<

[5] Jeahnne Wake, Kleinwort, Benson. The History of two families in banking, Oxford, 1997, p. 221. <<

[6] Jeahnne Wake, op. cit., p. 250. <<

[7] Public Record Office; ADM 223/490. <<

[8] Ibid. Public Record Office; ADM 223/490. TEXTO_ADICIONAL: Informe de sir George Mounsey del Ministerio de Economía y de Guerra al DNI, sobre la entrevista mantenida con March. <<

[9] Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols». Guerres Mondiales, n.º 62/1991, p. 38, en referencia a Donald McLachlan, Room 39: Naval Intelligence in Action, 1939-1945 y Patrick Beesley, Room 40: British Naval Intelligence, 1914-1918. <<

[10] Public Record Office; ADM 223/490. <<

[11] Ibid. Public Record Office; ADM 223/490. <<

[12] Public Record Office; HS6/966. <<

[13] Public Record Office; ADM 223/490. Informe de Alan Hillgarth, 28 de septiembre de 1939. <<

[14] Ibid. Public Record Office; ADM 223/490. Informe de Alan Hillgarth, 28 de septiembre de 1939. <<

[15] Public Record Office; DNI, ADM 223/490. Directory of Naval Intelligence, B. C.N. S. Informe suscrito por Winston Spencer Churchill y dirigido al Secretario del DNI, 26 de septiembre de 1939. <<

[16] Public Record Office; ADM, 223/490. <<

[17] Ibid. Public Record Office; ADM, 223/490. <<

[18] Public Record Office; ADM 223/490, 13/04/1940. <<

[19] Public Record Office; T236/6154. <<

[20] Public Record Office, Carta del teniente coronel Robert Solborg (agente americano en Lisboa) a su superior, J. Donovan, jefe del Office Of Strategie Service, a quien pasó la información que le había proporcionado Hillgarth, respecto de la operación de soborno a la cúpula militar franquista. Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», Guerres Mondiales et conflits contemporains, n.º 162/ 1991, p. 50. <<

[21] Joan Garcés, Soberanos e intervenidos, Madrid, 1996, p. 7. <<

[22] Stafford, David, Churchill and secret service, Londres, 1977, pp. 202-203. <<

[23] Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, p. 344. <<

[24] Public Record Office; HS 6/966. <<

[25] David Jato, op. cit., p. 41, cita: Hoare, Embajador, p. 104. <<

[26] Serrano Suñer, en el prólogo del libro de David Jato, Gibraltar decidió la guerra, Barcelona, 1978, p. 17. <<

[27] Paul Preston, Franco. Caudillo de España, Barcelona, 1994, p. 551. <<

[28] Joan Garcés, Soberanos e intervenidos, Madrid, 1996, p. 16. <<

[29] Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint-George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», Guerres Mondiales et conflits contemporains, Paris, 1949, p. 50. <<

[30] Charles B. Burdick, «Moro»: The ressuply of German Submarines in Spain, 1939-1942, Central European History, 3, 1968, pp. 256-284. <<

[31] Francis Rufus Bellamy, Blood Money, the story of U. S. Treasury Secrets Agents, Nueva York, 1947, pp. 200-202. <<

[32] Francis Rufus Bellamy, op. cit., pp. 205-206. <<

[33] Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint-George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», Guerres Mondiales et conflits contemporains, Paris, 1949, p. 39. <<

[34] Miguel Valverde Espín, «La Compañía Trasmediterránea: vicisitudes durante la guerra», El Siglo, n.º 502, 2 de abril de 2002. <<

[35] R. Mogrovejo, El dolor de España, México, 1944, p. 235. <<

[36] Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint-George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», Guerres Mondiales et conflits contemporains, Paris, 1949, p. 50. <<

[37] Arturo Dixon, Señor Monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Barcelona, 1985, p. 163. <<

[38] Francis Rufus Bellamy, op. cit., p. 207. <<

[39] Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer. Carta de Gabriel Palmer a Juan March, 19 de febrero de 1945. <<

[40] Ibid. Archivo particular de los sobrinos del padre Gabriel Palmer. Carta de Gabriel Palmer a Juan March, 19 de febrero de 1945. <<

[41] Francisco Comín y Pablo Martín, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, 1999, p. 497. <<

[42] Ibid. Francisco Comín y Pablo Martín, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, 1999, p. 497. <<

[43] Ibid. Francisco Comín y Pablo Martín, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, 1999, p. 497. <<

[44] Ibid. Francisco Comín y Pablo Martín, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, 1999, p. 497. <<

[45] Archivo particular de los sobrinos del Gabriel Palmer, carta del prelado a Eleonor Servera, 14 de marzo de 1946. <<

[46] Ibid. Archivo particular de los sobrinos del Gabriel Palmer, carta del prelado a Eleonor Servera, 14 de marzo de 1946. <<

[47] Ibid. Archivo particular de los sobrinos del Gabriel Palmer, carta del prelado a Eleonor Servera, 14 de marzo de 1946. <<

[48] Archivo Fundación Universitaria Española. Fondo Fernando Valera. Signatura F. V./S7-14, carta de Régulo Martínez (presidente de Alianza Democrática Española) a Fernando Varela, 26 de octubre de 1973. <<

[49] Archivo Fundación Universitaria Española. Fondo Fernando Valera. Signatura F. V./S7-14. <<

[50] Ibid. Archivo Fundación Universitaria Española. Fondo Fernando Valera. Signatura F. V./S7-14. <<

[51] Régulo Martínez, Republicanos de catacumbas, Madrid, 1977, p. 124. <<

[52] Gabriel Alomar Esteve, Memorias de un urbanista. 1939-1979, Palma, 1986. <<

[53] Policia de vigilància. Defensa de Estat. Informaçao, agente, Joao Costa, 16 de marzo de 1946. <<

[1] «Barcelona Traction. Un complicado proceso», El Financiero, Madrid, 1970, p. 25. <<

[2] Ibid. «Barcelona Traction. Un complicado proceso», El Financiero, Madrid, 1970, p. 25. TEXTO_ADICIONAL: p. 49. <<

[3] Ibid. «Barcelona Traction. Un complicado proceso», El Financiero, Madrid, 1970, p. 25. TEXTO_ADICIONAL: p. 111. <<

[1] Gabriel Alomar Esteve, Memorias d’ un urbanista 1939-1979, Palma, 1986, p. 45. <<

[2] Gabriel Alomar Esteve, op. cit., p. 45 <<

[3] Ibid. Gabriel Alomar Esteve, op. cit., p. 45 TEXTO_ADICIONAL: Gabriel Alomar Esteve, op. cit., p. 45 TEXTO_ADICIONAL: Gabriel Alomar Esteve, op. cit., p. 45 TEXTO_ADICIONAL: Gabriel Alomar Esteve, op. cit., p. 45 <<

[4] Gavarres, 6, Otoño-Invierno, «El molino de la pedrera, en el término de Palafolls». <<

[5] Francis Rufus Bellamy, op. cit., p. 200. <<

[6] ABC, 5 de marzo de 1962. <<

[7] José María Pemán, «Juan March y el Mediterráneo», ABC, 12 de marzo de 1962. <<

[8] Azorín, ABC, 13 de marzo de 1962. <<

[9] El Financiero, n.º 132, vol. 12, marzo de 1970. <<

[10] Ibid. El Financiero, n.º 132, vol. 12, marzo de 1970. TEXTO_ADICIONAL: El Financiero, n.º 132, vol. 12, marzo de 1970. TEXTO_ADICIONAL: El Financiero, n.º 132, vol. 12, marzo de 1970. TEXTO_ADICIONAL: El Financiero, n.º 132, vol. 12, marzo de 1970. <<

[11] Archivo General de Protocolos de Madrid, copia del testamento otorgado por don Juan March Ordinas, ante don Luis Casanueva Usera, notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, 1 de julio de 1960. <<